El gobierno del Líbano busca aplacar la protesta social

El movimiento de protesta comenzó el jueves pasado tras el anuncio de un nuevo impuesto a los llamados efectuados a través de las aplicaciones de mensajería de internet como WhatsApp, una decisión finalmente anulada.

 

El gobierno de Líbano, que enfrenta una movilización popular inédita en años, adoptó este lunes varias reformas bloqueadas desde hacía tiempo, pero no logró templar los ánimos de los manifestantes contra una clase política acusada de hundir el país.

Tras un Consejo de Ministros extraordinario, el primer ministro Rafic Hariri anunció ante la prensa que la coalición gubernamental que lidera adoptará "medidas esenciales y necesarias".

En este sentido, prometió un "presupuesto para 2020 sin impuestos adicionales para la población", una bajada del 50 por ciento de los sueldos del presidente y de los expresidentes, de los ministros y los diputados, y nuevos impuestos para los bancos.

Hariri afirmó que apoyaba el reclamo de los manifestantes de celebrar elecciones anticipadas. "Los hemos escuchado. Si su petición es elecciones parlamentarias anticipadas [...] yo, Saad Hariri, estoy con ustedes en esta petición", declaró.

Las últimas elecciones legislativas tuvieron lugar en mayo de 2018.

 

 "Mentira"

 

Pero los anuncios de Hariri, retransmitidos en directo por altavoces por el centro de Beirut, en los principales puntos de encuentro de los manifestantes, no parecieron convencer demasiado.

Miles de manifestantes respondieron al grito de "¡revolución, revolución!" y "el pueblo quiere la caída de régimen", principales lemas coreados en estos cinco días de protestas.

"Mentira, es una mentira", declaró Chantal, una manifestante de 40 años, que llevaba la bandera libanesa pintada en la cara. "Es puro maquillaje. ¿Quién puede garantizar que las reformas se aplicarán?", preguntaba.

"Estas decisiones no se tomaron como moneda de cambio", declaró Hariri en la rueda de prensa. El gobierno "no pretende pedirles que dejen de manifestarse y de expresar su indignación", agregó.

"Ustedes son la brújula, son ustedes quienes hicieron actuar al Consejo de Ministros, es su movimiento el que condujo a estas decisiones", sostuvo Hariri.

Pero esto no hizo que los manifestantes cambiaran de postura, y el lunes por la noche continuaban pidiendo que toda la clase política dimitiera, acusándola de incompetente y corrupta. "¡Todos quiere decir todos!", se escuchaba en las calles.

El movimiento de protesta comenzó de manera espontánea el jueves tras el anuncio de un nuevo impuesto a los llamados efectuados a través de las aplicaciones de mensajería internet como WhatsApp, una decisión finalmente anulada, pero el malestar siguió.

"Es difícil apagar el volcán con soluciones de último minuto", declaró Imad Salamey, profesor de ciencias políticas de la Universidad Libanesa Americana de Beirut, entrevistado el lunes antes de que se anunciaran las reformas.

 

 Escasez de agua y de electricidad 

 

Según la prensa libanesa, el objetivo es provocar un "shock" prometiendo la puesta en marcha de reformas que fueron imposibles por disputas y divisiones políticas.

En los últimos años, la vida cotidiana de los libaneses se ha degradado, con incesantes cortes de agua y electricidad, 30 años después del fin de la guerra civil (1975-1990). Más de una cuarta parte de la población vive bajo el umbral de la pobreza, según el Banco Mundial.

Desde la mañana del lunes, manifestantes cortaron varias rutas en todo el país para impedir que los empleados puedan ir a sus lugares de trabajo, mientras que en las redes sociales se multiplicaban las convocatorias para salir a las calles.

Bancos, universidades y escuelas estaba cerrados este lunes, en medio de este movimiento de protesta que paraliza al país.

El domingo, cientos de miles de libaneses salieron a las calles en todo el país, reclamando un cambio radical de un sistema político acusado de corrupción y clientelismo, en medio de la crisis económica.

En un ambiente festivo, los manifestantes apuntaron directamente contra sus líderes, otrora tan temidos y respetados. Algunas veces, incluso, las críticas surgieron en sus propios feudos electorales, algo inusual hasta la fecha.

También el dirigente chiíta Nabih Berri, que lleva casi 30 años como presidente del parlamento, fue blanco de las críticas, acusado de haberse aferrado al poder. "¿Qué había antes de Nabih Berri? ¡Adán y Eva!", rezaba una pancarta en la capital.

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Cacerolazos, saqueos y represión en Chile

Continúan las movilizaciones y los saqueos en el país, con los militares sofocando las manifestaciones. El presidente Piñera volvió a declarar el toque de queda y afirmó: "estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable" en alusión a los grupos que causan barricadas, robos e incendios.

Crece la protesta social y la violencia en las calles de Chile. Según datos oficiales, ocho personas murieron y más de 200 resultaron heridas, la gran mayoría de ellas en la capital, Santiago. La Fiscalía Nacional informó que hasta este domingo son 1462 los detenidos tras las protestas que iniciaron este viernes como producto del rechazo al aumento del boleto de subte, que fue finalmente suspendido el sábado. Sin embargo, se extienden las movilizaciones y los cacerolazos en el país, se producen nuevos enfrentamientos entre civiles y fuerzas militares y policiales, y se repiten los saqueos en varios puntos de la ciudad. El presidente Sebastián Piñera volvió a declarar el toque de queda y dijo que el país está "en guerra contra un enemigo poderoso e implacable", en relación a los grupos violentos que han sumido al país en un estado de emergencia que ya se ha cobrado varias vidas humanas.

"Estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible", dijo Piñera en una comparecencia pública ante la prensa. El mandatario conservador afirmó que entiende que los ciudadanos se manifiesten por lo que les preocupa, pero agregó que las personas que están causando incendios, barricadas y saqueos son "verdaderos criminales". 

Los muertos reconocidos hasta el momento fallecieron en circunstancias similares. Por un lado, dos mujeres murieron en medio de un saqueo a un supermercado en la comuna de San Bernardo, y una tercera persona permanece internada en grave estado, con el 75 por ciento de su cuerpo quemado. También el sábado por la noche, un hombre murió en otro incendio dentro de un supermercado, esta vez en la comuna de Quinta Normal. Mientras tanto, el domingo por la tarde el cuerpo de bomberos de la comuna de Renca informó la muerte de cinco personas, cuyos cuerpos se encontraron calcinados en las bodegas de Kaiser. La tienda de ropa interior femenina fue primero saqueada y luego incendiada. Los fallecidos no serían trabajadores del local.

El Ministro Chadwich sostuvo además que dos civiles fueron heridos de bala, pero no dio más detalles al respecto. La Fiscalía Nacional informó que, hasta este domingo, son 1462 los detenidos en Chile. El ministerio público dijo que del total de detenciones, 614 ocurrieron en Santiago y 848 en el resto del país.

Violentos enfrentamientos entre policías y manifestantes volvieron a desatarse el domingo en varios puntos de Santiago. Un cacerolazo popular, que sonó fuerte en gran parte de la capital, volvió a derivar en enfrentamientos con las fuerzas militares y los carabineros, que reprimieron a los manifestantes con gases lacrimógenos y disparos de balas de goma. 

Frente al caos en las calles, el presidente Sebastián Piñera decretó por segundo día consecutivo el toque de queda. Esta vez el inicio de la medida se adelantó a las 19 horas, extendiéndose hasta las 6 de la mañana del lunes. "El toque de queda regirá a partir de las siete de la tarde; estén en calma y estén todos en sus casas", dijo el general Javier Iturriaga, al anunciar la medida tomada en medio del "estado de emergencia" que rige para cinco regiones de Chile.

Luego de mantener una reunión en casa de gobierno con los presidentes de la Cámara de Diputados, el Senado y la Corte Suprema, Piñera dijo: "La democracia no solamente tiene el derecho, tiene la obligación de defenderse usando todos los instrumentos que entrega la propia democracia y el estado de derecho para combatir a aquellos que quieren destruirla".

“Un verdadero oasis”

El jueves, cuando el malestar social empezaba a verse reflejado en las estaciones de metro, el presidente dio una entrevista al Financial Times donde calificó a Chile como “un verdadero oasis en medio de esta América Latina convulsionada”. Antes, el Ministro de Trabajo Nicolás Monckeberg había sugerido entrar al trabajo a las 7.30 para llegar más rápido, y el Ministro de Economía Juan Andrés Fontaine recomendaba tomar el metro a las 7 para evitar las subas. Los distintos funcionarios no hicieron más que avivar el conflicto.

Los incidentes estallaron con fuerza el viernes tras el alza en las tarifas del pasaje del metro, medida suspendida por el gobierno el sábado. Sin embargo, el anuncio no fue suficiente porque las protestas derivaron en diversos reclamos sociales. Detrás de una supuesta estabilidad política y de las cifras macroeconómicas positivas que exhibe el país, amplios sectores sociales quedaron excluidos, evidenciando una profunda desigualdad social.

Muchos en Chile recordaron los años de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) por la imponente presencia de militares en las calles, que no sólo custodian los puntos críticos de la ciudad (centros de reunión de manifestantes y todas las estaciones del subte), sino que además patrullan las calles con tanquetas y jeeps. Aviones militares completan el escenario sobrevolando las calles de Santiago, mientras se extienden las barricadas en las calles.

Los protagonistas de las manifestaciones que coparon las calles de Santiago son en su mayoría los jóvenes, que recorren las calles en grupos y con pañuelos en el cuello. "Tenemos que traer estos pañuelos no para taparnos la cara sino para protegernos de los gases", explicó Elisa. Otro de los jóvenes manifestantes llevaba un cartel que decía: "El robo y el saqueo lo hacen ustedes, HDP". "El pueblo unido jamás será vencido", gritaban a coro los estudiantes, repitiendo una consigna que se hizo popular durante las protestas contra la dictadura de Augusto Pinochet.

Prácticamente todos los comercios permanecen cerrados y hay escaso transporte público, en tanto se repiten suspensiones y cancelaciones de vuelos. Hay además cortes de luz y se registra falta de agua en algunas regiones de Chile. Los estudiantes llaman a seguir movilizando en las próximas horas. Para el lunes, la mayoría de las universidades y los colegios ya suspendieron sus clases.

 


 

El “Chile despierto” cuestiona el modelo de país heredado tras la dictadura

 

El sábado y el domingo, Chile estalló. Las revueltas se fueron haciendo más intensas una vez que Piñera cedió el control político a los militares y decretó medidas extraordinarias nunca vistas en democracia.

Andrea Ana Gálvez

@Ana_Gaher

El Salto

2019-10-21 11:00

 

Son tiempos convulsos para América Latina. Apenas nos habíamos recuperado de las protestas masivas por el paquetazo de ajustes de Ecuador, cuando pocos días después el gobierno chileno anunciaba la subida del pasaje del metro. Este hecho fue leído por amplias capas de la sociedad como el detonante del descontento social acumulado, que se vio intensificado con las políticas económicas del actual gobierno. Las revueltas estudiantiles de inicios de siglo y la contundencia del movimiento feminista de los últimos tiempos hicieron soñar al pueblo chileno con un sueño antiguo, que se manifestó con intensidad estos días en las calles del país.

 

Evasiones masivas y desobediencia civil

El jueves comenzó la tensión en Chile, después de que el gobierno anunciara la subida del billete de metro días antes. El viernes comenzaron las protestas y las primeras evasiones masivas en el metro de Santiago de Chile. Ante esto, La Moneda tachó a las primeros impagos en las estaciones de metro como “delincuencia pura y dura”. Este discurso fue extendiéndose, de la misma manera que lo hacía el cansancio de amplios sectores del país. La olla empezó a hervir gradualmente, hasta que las protestas, los disturbios y los saqueos se intensificaron en el territorio.

El sábado y el domingo, Chile estalló. Las revueltas se fueron haciendo más intensas una vez que Piñera cedió el control político a los militares y decretó medidas extraordinarias nunca vistas en democracia: el Estado de Emergencia y el toque de queda total en algunas provincias. Estos hechos fueron leídos por la sociedad civil como una suerte de reminiscencia de la dictadura que vivió Chile durante casi veinte años.

Mientras los tanques y los soldados trataban de controlar la ciudad, el desacuerdo crecía exponencialmente por todo Chile, los manifestantes decidieron quedarse en las calles durante estos dos días a pesar del toque de queda, para exigir que los militares se replegaran.

Hasta el momento y según el balance oficial del gobierno, el Ministro del Interior de Chile, Andrés Chadwick, informó que por los disturbios del sábado y el domingo, hay al menos ocho muertos, más de sesenta y cinco heridos, cuarenta saqueos y casi mil detenciones.

 

“No son 30 pesos, son 30 años”

Esta es una de las consignas que se gritaban con más fuerza en las revueltas de Chile estos días. Las protestas comenzaron con la punta del iceberg que supuso la subida del precio del pasaje del metro, una chispita que cayó sobre un bidón de gasolina.

Según el sociólogo Carlos Ruiz, “el país lleva sumido en una fuerte privatización y mercantilización de las condiciones de reproducción de la vida cotidiana desde los años 60 y que continuó intensificándose después de la llegada de la democracia. Como explica Carlos y denuncian más de 300 organizaciones sociales en un comunicado emitido el domingo, el aumento del pasaje es el detonante para un país que sufre la precarización generalizada de la vida y las privatizaciones de los suministros básicos como el agua, la energía, la educación y la salud. A esto se añaden salarios y pensiones muy bajos en amplios sectores de la población.

El modelo chileno, admirado por su solvencia y estabilidad económica, “es hoy el país más desigual y con mayor concentración de riqueza de la OCDE, no sólo de América Latina”, nos cuenta Carlos en una entrevista para El Salto.

“El chileno es un individuo privatizado que no tiene ningún sistema de protección, al revés, hay subsidios estatales para la acumulación privada, para que el individuo pueda acudir a una clínica privada para curarse. Estos niveles no se dan en ningún lugar de América Latina ni de Europa”. Por eso hay una propensión a la movilización muy alta que tiene que ver con esa privatización excesiva que asfixia la vida. Esto podría ser una de las fuentes del descontento social que hoy se expresa en las calles, continúa el sociólogo Carlos Ruiz.

 

Cuando la sociedad desborda la política

Una de las cosas que más llama la atención en las revueltas de Chile es la ausencia de dirigencia política. Según las fuentes consultadas y algunos vecinos y ciudadanos de diversa clase, las protestas fueron protagonizadas por amplias capas de población sin necesariamente una tutela partidaria. Son jóvenes profesionales, estudiantes, mujeres, escolares, trabajadores, gente mayor la que está protestando en las calles del país. “Yo estuve en el cacerolazo anoche cerca de mi casa y estaba la gente con sus niños en el cochecito, abuelos, gente en sillas de ruedas. Es el pueblo chileno, es la generalidad de la gente, inclusive hay personas de los sectores altos que nunca antes se habían manifestado y que hoy también han estado en la calle pidiendo sobre todo la retirada de los militares en las calles”, cuenta María Emilia Tijoux que participó en la acción de su barrio durante el toque de queda de la noche del sábado.

“Nosotros teníamos una boda y de camino a la celebración vimos cómo la gente se empezaba agolpar con sus cacerolas, empezaron las hogueras y después las barricadas, una vez que el gobierno declaró el toque de queda también en Valparaíso. La gente se fue uniendo de manera espontánea, sin ninguna dirigencia, era una suerte de revuelta popular que expresaba el cansancio que se había acumulado durante mucho tiempo” cuenta una de las vecinas de Valparaíso que fue sorprendida por el toque de queda en su ciudad.

Carlos Ruiz sugiere que una de las claves para entender estas revueltas, vendría de la mano de este divorcio entre política y sociedad que se lleva incubando en Chile. “La política no está recogiendo los procesos sociales, y esto no es sólo un problema del gobierno actual sino también del anterior. Los últimos dos gobiernos tienen un respaldo de un cuarto del electorado posible. Este es un país que desde hace mucho tiempo no está con grandes mayorías políticas y tiene las tasas más bajas de participación electoral que hay en América Latina. Hay una desindentificación con la política muy fuerte y esto no ha sido canalizada por ningún partido hasta el día de hoy, ni siquiera por el Frente Amplio (fuerza de izquierdas alternativa a los partidos mayoritarios)”.

Ahora bien, continúa Carlos, esto no debiera ser leído por un desinterés en la política de una sociedad anestesiada, sino que desde los 2000 en adelante, las huelgas estudiantiles, las manifestaciones contra el sistema de pensiones y las marchas feministas estarían advirtiendo de un cansancio acumulado que requeriría de algún tipo de respuesta política.

Estos reclamos sociales y este descontento que llevaban expresándose con mayor contundencia estas dos últimas semanas fueron de alguna manera dejados a un lado por el presidente chileno que leyó las protestas como “una marcha más” y según cuenta Lucía Dammert, experta en seguridad y gobernabilidad, “esta indolencia del ejecutivo pudo provocar la rapidez del estallido”. Según sugieren las investigadoras Dammert y M. Tijoux las tensiones podrían haberse aliviado si el gobierno hubiera optado por el diálogo político, sin embargo el presidente decidió una respuesta policial y militar sin precedentes desde la venida de la democracia explica la socióloga Lucía Dammert.

 

¿Y cómo continúa la historia?

Las protestas siguen en Chile, las cacerolas no vuelven a sus casas, las ciudades chilenas a pesar del toque de queda siguen bullendo en varios puntos del país. Los sindicatos están evaluando un paro nacional y huelga para las próximas jornadas.

Ante esta situación, desde las organizaciones sociales han emitido una carta en la que señalan la necesidad de “un nuevo pacto social” que toque los temas que se quedaron enquistados durante la Transición. Según las analistas consultadas, la sociedad civil está pidiendo resultados en el presente, algún tipo de señal a favor del clamor ciudadano si no será muy difícil que Chile abandone las revueltas. Después de la virulencia de los disturbios y de las acciones represivas que han dejado muertos, baleados, calcinados, heridos y casi mil detenidos, algunos piden la renuncia del Presidente.

Con este tablero, la gran incógnita será cómo gestionará esta situación Piñera. Chile en tan solo un mes celebrará dos eventos internacionales de gran seguimiento mediático: la Cumbre del Clima y la Final de la Copa Libertadores. “El presidente tiene que encontrar una estrategia si quiere sobrevivir con algo de legitimidad y yo creo que es ineludible hacerse cargo del llamado ciudadano, pero por otro lado no hay que olvidarse que en Chile también existe una derecha económica muy dura que valora el control y el orden, tampoco es tan claro que el presidente vaya a firmar un nuevo contrato social porque puede perder una base importante de su electorado”, afirma Lucía Dammert.

Lo que sí parece que se dibuja es que, como dicen los chilenos, “el país ya no es el mismo”, las protestas tocaron la sociedad chilena en profundidad, atravesaron generaciones y revivieron antiguos terrores.

Las preguntas y los debates son muchos, ¿cómo será canalizada esta revuelta popular por las instituciones? ¿será posible un diálogo entre el gobierno y la sociedad civil movilizada que asiente las bases para un entendimiento?
El Chile del crecimiento y la estabilidad económica parece hacer aguas con virulencia y con una sensación de no retorno en uno de los contextos más complicados de su historia democrática.

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El escritor Paul Kingsnorth en una imagen de archivo. CEDIDA POR EL AUTOR

El escritor publica una colección de ensayos en los que asegura que la crisis climática es inevitable y en los que critica las dinámicas de los verdes

"Necesitamos asumir que los cambios que necesitamos generar conllevarán vivir de una forma más austera. Y no creo que estemos dispuestos a hacerlo"

Paul Kingsnorth (Inglaterra, 1972) soñó que la sociedad acabaría despertando. Que más pronto que tarde abriría los ojos, buscaría soluciones o cambiaría su vida para evitar las consecuencias de la crisis climática. Soñó que como activista podría salvar la Tierra y evitar el 'ecocidio'. Pero él fue el que acabó despertando. Fue él el que tuvo que asumir que entre mantener una vida plagada de comodidades o renunciar a algunas de ellas para frenar la destrucción ambiental, la humanidad había optado por lo primero.

"Después de años trabajando en el ecologismo para 'salvar el mundo', había dejado de creer que la lucha tradicional fuera efectiva", escribe el activista en Confesiones de un ecologista en rehabilitación (errata naturae, 2019). En esta colección de ensayos Kingsnorth –exeditor de la revista The Ecologist, de las publicaciones de Greenpeace y de openDemocracy– asegura que la crisis climática es inevitable y explica por qué cree que el movimiento ecologista ha olvidado cuál es su objetivo. Les critica que hayan sido "absorbidos" por los partidos de izquierdas, que abandonaran el ecocentrismo en favor del utilitarismo y el capitalismo o que su mensaje se base en una "obsesión monomaniaca": el CO2 y la reducción de emisiones.

En sus ensayos es bastante crítico con el movimiento ecologista. Reconoce que han logrado colocar sus reivindicaciones en el centro del debate social y político, pero también asegura que esos éxitos "le han costado el alma". ¿En qué se equivocaron?

Ese es uno de los grandes interrogantes que se plantean en el libro. Y lo que siento es que durante mucho tiempo los verdes han tenido miedo de tratar a la Tierra como a un ser vivo más o de hacer valer los derechos del resto de seres vivos sobre los de los humanos. A medida que ha ido pasando el tiempo, los verdes se han ido volviendo cada vez más utilitaristas. Creo que esto era inevitable porque están intentando cambiar una sociedad que no habla de otra cosa que no sean números y que no está interesada en nada más allá del crecimiento. Pero quizás esto está empezando a cambiar de nuevo.

¿No supieron ver que estaban adoptando un discurso cada vez más utilitarista o no quisieron verlo?

Tal vez un poco de ambas. Para los primeros grupos ecologistas fue una decisión pragmática adquirir ese discurso –el del utilitarismo, el crecimiento o el capitalismo– porque querían ser tomados en serio por el poder. Pero en muchos casos el poder acabó masticándolos y escupiéndolos. Los verdes necesitan ser muy transparentes en esto y dejar claro que no solo están haciendo frente a la tecnología y a los acuerdos políticos, sino que están contra toda la cosmovisión que existe detrás de las sociedades basadas en el crecimiento industrial: el progreso, el crecimiento, el antropocentrismo o el individualismo. Es muy difícil de hacer, pero es lo que hay que hacer.

También les critica el haber optado por un "enfoque reduccionista" a la hora de plantear cómo debemos afrontar el desafío que supone la crisis climática.

Hay una tendencia –y esto podemos verlo en los grupos radicales más nuevos– a enfrentar a lo que llamamos "la gente" con otra cosa que llamamos "la élite". Pero, en el caso del discurso ecologista, hay que afrontar que "la gente" –nosotros incluidos– no está dispuesta a renunciar a sus smartphones, a la comida rápida, los viajes 'low cost', la ropa barata, los automóviles o la tecnología. Necesitamos asumir que los cambios que necesitamos generar conllevarán que todos nosotros tengamos que empezar a vivir de una forma más simple y más austera. Y no creo que estemos dispuestos a hacerlo.

No creo que se pueda culpar a los verdes de intentar generar esos cambios sistémicos y fracasar en la mayoría de las ocasiones. En retrospectiva es muy fácil criticarles o quejarse, pero fui activista durante décadas, así que yo soy tan responsable como cualquiera de todo esto. No se les puede culpar porque se están enfrentando a un sistema muy poderoso, que tiene un alcance global y en el que están encerradas millones de personas.

¿Fue un error que los verdes se acercaran a la política?

Sus reclamos son políticos, eso es inevitable. Lo que yo lamento es el hecho de que se aliaran de forma tan estrecha con los partidos de izquierdas. La política ecológica debería estar mucho más allá del eje izquierda-derecha, al menos tal y como lo entendemos ahora. Pero también es verdad que los partidos de derechas han adoptado una posición generalmente hostil frente a los reclamos de los verdes. Desde la política se puede generar un cambio sistémico, pero no creo que este tipo de cambios sean posibles.

Sostiene que ya no se puede evitar la crisis climática, que reducir las emisiones no resolverá el problema.

Debemos hacer lo que sea necesario para reducir las emisiones lo máximo posible, pero ya hay demasiado CO2 en la atmósfera. Ahora que todos estamos masivamente comprometidos con el cambio climático tenemos que hacer lo que esté en nuestra mano para reducir todos los impactos, pero no podemos revertirlo ni evitarlo. Reducir las emisiones es bueno. Pero si alguien te dice que evitará la crisis climática reduciendo las emisiones, no te está diciendo la verdad.

Usted propone apartarse de la lucha, dejar atrás la acción y pasar a la inacción. ¿En qué debería consistir ese proceso de reflexión?

Nuestras sociedades necesitan aprender a parar. Deja de crecer, deja de expandirte, deja de consumir, deja de crear. Vive, y hazlo de forma austera y simple, presta atención e intenta reducir tu impacto en el mundo. Ya sabemos lo que hay que hacer, pero las estructuras de crecimiento que existen en nuestras sociedades lo hacen prácticamente imposible.

Otra de sus propuestas pasa por construir relatos que hablen del futuro, que nos sirvan para entender la naturaleza como un valor en sí misma. ¿Se puede cambiar el mundo a base de relatos?

No sé si podemos hacerlo, pero sí sé que ya existen relatos que podrían ayudarnos. Las sociedades tribales y las culturas de bajo impacto climático se los han estado contando durante milenios. Son historias en las que la Tierra tiene un valor en sí misma, en las que las personas solo somos un animal más y en las que existe un vínculo espiritual entre los humanos y el resto del planeta. Tenemos que volver a aprender a vivir a pequeña escala, y esos relatos pueden ayudarnos.

¿Se puede convencer a las sociedades modernas de que la naturaleza debe entenderse como un valor en sí mismas y no como un medio para alcanzar un fin?

Probablemente, no. Pero tenemos que intentarlo porque si la sociedad no empieza a entender esto, colapsará y lo aprenderemos de una forma bastante más difícil.

¿Ha cambiado algo desde que escribió estos ensayos?

Todo ha cambiado mucho. Y estos cambios, como la aparición de algunos grandes movimientos activistas –como Extinction Rebellion o Friday For Future–, han dejado claro que el acuerdo neoliberal posterior a 1990 se está derrumbando y está surgiendo algo diferente. Además, los impactos del cambio climático son cada vez más rápidos y difíciles de negar. Estamos viviendo en lo que Winston Churchill llamó "la era de las consecuencias". Ahora hay que ver a dónde nos conduce.

Matías de Diego

Por 20/10/2019 - 22:01h

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Las decisiones antipopulares condujeron a manifestaciones masivas. Foto: Al-Mayadeen.

Desde el jueves 17, miles de libaneses protestan en las calles contra medidas económicas que el Gobierno aplicará a algunos productos, aumentando el impuesto al valor agregado para 2021 y 2022.

Los manifestantes exigen una inmediata respuesta del gobierno, tras conocerse los debates del Consejo de Ministros para el presupuesto de 2020 que valora subida de impuestos y tarifas.

Durante las manifestaciones se han suscitado enfrentamientos entre manifestantes y agentes antidisturbios, así como la quema de neumáticos y el bloqueo de carreteras en la capital Beirut.

Algunos de los participantes han resultado heridos, en las que han sido catalogadas como unas de las protestas más grandes que se han visto en años en el país.

Manifestantes opinaron que las protestas masivas de las últimas horas constituyen el despertar de la ira popular contenida durante años. “Hemos prendido fuego para que se escuchen nuestras voces”, dijo Mazen, de 24 años de edad.

Y agregó: “todos deben venir y apoyarnos para deshacernos de los ladrones”.

Y aunque algunos manifestantes no aprueban los métodos como Magalene Mrad, de 23 años de edad, quien consideró “vergonzoso lo que está sucediendo”, señala que “la culpa recae en los gobernantes al empujar a la población al borde del abismo”.

“El mundo se cerró para El Líbano”, añadió; “y todo lo que hacen los políticos es gravar más a los pobres; en algún momento tendremos que pagar por el aire que respiramos”.

El descontento popular que llevó a manifestantes a lanzarse a las calles en El Líbano, ha sido nombrado por algunos medios de prensa como la “Revolución de WhatsApp”.

Sobre las medidas económicas

El gobierno libanés declaró una medida de emergencia económica después de que el país entrara en una profunda recesión implantando una serie de medidas, todas impopulares, incluyendo el aumento del IVA hasta el 15% en 2022.

Aunque a esta medida ya se le dio marcha atrás, fue el detonante de las manifestaciones populares: se trata del anuncio de que el Líbano cobraría 20 céntimos diarios por las llamadas de voz hechas por WhatsApp. Horas después, se dio marcha atrás debido a las demostraciones. El impuesto no solo hubiese afectado a WhatsApp, también a otras aplicaciones de voz sobre IP como Skype, FaceTime o Hangouts.

Sin embargo, las protestas no se limitan a una aplicación, sino a la situación general del país y la erosión social debido a grandes casos de corrupción y la terrible administración de los fondos públicos del país, denunciada por los manifestantes.

Igualmente, el Gobierno decidió aplicar una nueva tarifa a los productos del tabaco, tanto local como importado, y aumentar el impuesto al valor agregado en dos puntos en 2021 y otros dos puntos adicionales en 2022, para alcanzar el 15 por ciento.

El primer ministro del Líbano, Saad Hariri, envió un mensaje televisivo en el que pide una respuesta explícita sobre el anuncio del alza en los impuestos que lo convenzan a él, a la población, a la comunidad internacional y a todos los que expresan su enfado en las calles.

Además, dio un plazo de 72 horas para que los partidos políticos solucionen el descontento que ha generado la medida.

Hariri indicó que el enfado es real y que el pueblo libanés ha dado “más de una oportunidad” a los políticos para hacer reformas. “El dolor de los libaneses es verdadero y lo veo, y apoyo cualquier movimiento para expresarlo”, recalcó y no se responsabiliza por la situación del país.

Posiciones con respecto a las medidas

La ministra del Interior, Raya al-Hassan, aseguró a Al-Mayadeen que la mayoría de las manifestaciones en el país fueron pacíficas y destacó que la alternativa a las medidas de austeridad era el colapso de El Líbano.

Al-Hassan expresó considera necesario que el gobierno equilibre esas medidas y alivie su impacto en los ciudadanos.

Por su parte, el presidente del Partido Socialista Progresista, el exdiputado Walid Jumblatt, dijo al canal televisivo, que todos los componentes del gobierno se responsabilizarán de lo que está sucediendo y nadie es más responsable que el otro.

El miembro del bloque Lealtad a la Resistencia en el Parlamento libanés, el ministro Hussein al-Haj Hassan, confirmó el sesgo del bloque a las demandas populares y subrayó la necesidad de una reforma real en el país.

Por su parte, la ministra de Estado para el Desarrollo Administrativo, May Chidiac, consideró que lo que está sucediendo refleja un resentimiento popular a la luz de la incapacidad de los ciudadanos para pagar los impuestos.

El canciller de El Líbano, Gebran Bassil, defendió al Gobierno de las protestas en marcha, al decir que el descontento popular surgió de causas abandonadas por Ejecutivos anteriores.

Según el jefe de la diplomacia, es entendible lo de las manifestaciones que eran de esperarse por crisis acumuladas.

Es una “descarga eléctrica” necesaria para el país, que debería impulsar medidas contra la corrupción y el despilfarro, apuntó.

Bassil pidió la aprobación de leyes para recuperar fondos públicos saqueados, una de las demandas clave de los manifestantes

Por su parte, el secretario general de Hizbullah, Sayyed Hassan Nasrallah, ha rechazado una eventual renuncia del gobierno en El Líbano debido a una situación popular explosiva e incontrolable.

A juicio del dirigente de la Resistencia, la idea de dimisión del Ejecutivo para escoger otro, no resolverá la crisis económica que conduce al colapso del país.

“Cualquier gobierno de tecnócratas no durará mucho y los que piden hoy un gobierno así serán los primeros en pedir su derrocamiento. Cualquier nuevo proceso electoral parlamentario reproducirá la misma asamblea actual”, expresó.
La situación financiera actual no es el resultado de ahora, ni de este año, ni del corriente mandato presidencial, apuntó, sino de una acumulación de décadas.

“Todos tenemos que asumir la responsabilidad incluso nosotros mismos, aunque es relativo y con porcentajes diferentes”, señaló. “Es vergonzoso que se quiera eludir culpabilidad en lo que ocurre, en especial de aquellos participantes en anteriores gobiernos”, acotó.

El periódico libanés Al-Akhbar reveló el jueves la aprobación del gabinete de una propuesta del ministro de Comunicaciones, Mohamed Choucair, para imponer un impuesto a la aplicación de WhatsApp y a los cigarrillos, y para discutir la posibilidad de imponer una nueva tarifa sobre derivados del petróleo y aumentar el impuesto al valor agregado.

Etiquetas como #HoraDePasarLaCuenta (traducción de la original en árabe) han llegado a ser los más cotizados en Twitter, por activistas que expresaron su enojo por los nuevos impuestos y las malas condiciones de vida a la luz de la crisis del dólar en el país.

Solidaridad internacional con la causa del pueblo libanés

En Londres, Los Ángeles, Barcelona, Milán, Berlín, Toronto, Boston, Niza, París, Ginebra, Madrid, Países Bajos y Lyon, se concentraron decenas de personas para solidarizarse con la causa del pueblo libanés.

Desde el jueves y hasta hoy, se han hecho visibles muchas muestras de respaldo universal a los miles de libaneses que salieron a las calles para protestar por el deterioro económico nacional, contra la corrupción y en demanda de cambios en el Gobierno y el Parlamento.

Ayer, en Nueva York y Montreal se reunieron cientos de personas para expresar su apoyo al pueblo libanés.

(Tomado de Al-Mayadeen)

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Domingo, 20 Octubre 2019 06:12

El analista de arriba y la calle

El analista de arriba y la calle

 Los pueblos y los sectores populares, las mujeres y los varones de abajo, están ganando las calles en todo el mundo. En Barcelona y en Hong Kong, en París y en Quito, y en un largo etcétera imposible de abarcar en pocas líneas. A mi modo de ver, este sólo hecho da para celebrar, para el regocijo de quienes deseamos el fin del capitalismo, porque éste no sucederá sin confrontación y lucha de calles, entre otras formas similares de pelea.

La poderosa reorganización de los aparatos represivos los ha hecho casi invulnerables a la protesta, de modo que desbordes como los que vimos en periodos anteriores (siempre recuerdo el mítico Cordobazo de 1969, cuando obreros y estudiantes derrotaron en la calle a la policía del régimen militar), son cada vez más infrecuentes. Por eso la lucha de calles, es tan importante, como escuela y como horizonte.

Es cierto, por otro lado, que con marchas y acciones directas no es posible trascender el sistema, que hacen falta por lo menos dos cuestiones centrales: una crisis sistémica profunda, como las que se registraron en Europa hacia el final de la guerra de 1914-1918, y una potente organización de los pueblos, no sólo para afrontar la crisis, sino de modo muy especial para construir los mundos otros llamados a expandirse mientras vamos deshidratando la hidra capitalista.

Los pueblos organizados y los militantes celebramos las pequeñas victorias, la multiplicación de caracoles en Chiapas o el frenazo al paquetazo del FMI en Ecuador. Nos conmovemos con esos miles que arañaron las piedras, literalmente hasta sangrarse, para erigir barricadas con adoquines y trozos de edificios en Quito. Nos indignamos con la represión que provocó una decena de muertos y mil 300 heridos.

Festejamos los avances. "En Loja y Azuay se crearon asambleas populares autónomas, espacios organizativos de abajo para construir poder popular, dar continuidad al proceso y articular planes y acciones", nos dice un militante contra la minería del sur. Valora, de forma muy especial, que los 12 días de lucha hayan sido la primera experiencia para toda una generación, porque no está pensando en tomar el palacio, sino en la continuidad de la pelea.

Otros compas estiman la trascendencia de que haya emergido una nueva generación de militantes y dirigentes indígenas y populares, así como la importancia del protagonismo masivo de las mujeres. En paralelo, se emocionan con los estudiantes que armaron centros de acopio, albergues y cocinas comunitarias, "integrando así una lucha campo-ciudad".

Son los temas estratégicos que deberían preocuparnos, porque de ellos depende el futuro, y no si la acción favorece a tal o cual potencia global, a tal o cual político que quiere llegar o volver al palacio.

Por eso nos indigna, por lo menos a quien esto escribe, cuando el analista de arriba se limita, desde su escritorio, a censurar a los dirigentes, sean de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), del pueblo mapuche o del EZLN, porque no hicieron lo que ellos consideran oportuno o necesario.

Los pueblos no son acarreados por los dirigentes, como suele creer el analista de arriba, porque no se molesta en preguntar y, sobre todo, en escuchar razones de la gente común. Si lo hiciera, descubriría una lógica propia, diferente por cierto a la del académico o del político profesional, porque responde a necesidades concretas que no pasan por la academia y la literatura especializada.

Sinceramente, me parece insignificante, por decirlo en tono amable, si la lucha nuestra beneficia a China, a Rusia o a Estados Unidos. Son tres potencias imperiales que están dispuestas a masacrar pueblos, para seguir acumulando poder y capital.

Me parece igualmente poco importante si una lucha de abajo, con toda su cuota de dolor y sangre, termina beneficiando a tal o cual candidato a la presidencia. No es ése el camino de los pueblos. Todo lo que fortalezca el protagonismo y la organización de los de abajo es muy positivo, más allá de consecuencias que nunca se pueden medir a priori.

Hubo un tiempo en que el analista de arriba era, sistemáticamente, parte del sistema. En las pasadas décadas, sobre todo a partir de la caída del socialismo real y de las derrotas de la revoluciones centroamericanas, han surgido multitud de analistas que se dicen de izquierda, pero no se manchan las manos, ni ponen el cuerpo en las barricadas, ni escuchan a los pueblos.

Se sienten portadores de la verdad, cuando deberían ser apenas trasmisores del pensamiento y la acción colectivas. No puede haber análisis valederos que subestimen a los pueblos. Siempre fue y será una actitud propia de la derecha, funcional al sistema.

No se vale que unos pongan los muertos y otros usen los cuerpos ultrajados como escaleras, materiales o símbolos. "No queremos ser escaleras de ustedes", dicen los aymaras a los políticos corruptos. Sólo sirven los análisis nacidos del compromiso, no con los de abajo, sino abajo y a la izquierda.

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Cientos de personas han salido a las calles nuevamente para exigir la renuncia del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ante la actual crisis sociopolítica que vive ese país.

 Las protestas populares en Haití son un episodio de las consecuencias, cada vez más estructurales y catastróficas, de una historia de saqueo y olvido.

 

En Haití la crisis de régimen se agudiza luego de semanas de protestas ininterrumpidas. Los disturbios actuales son la culminación de más de un año de agitación y casi tres años de descontento con el actual mandatario, Jovenel Moïse. Los manifestantes se aglutinan en el Palacio Nacional, en las oficinas de la ONU y en las calles para demandar la renuncia del presidente. La crisis política no es nueva sino que condensa, cuanto menos, los dos últimos gobiernos del Partido Haitiano Tet Kale (PHTK). Su fundador, Michel Martelly (2011-2016), al igual que su discípulo Moïse, son acusados de desviar los fondos de la ayuda internacional de las dos últimas catástrofes climáticas que azotaron la isla. Como consecuencia, la población fue condenada al hambre, la pandemia y el debacle de su economía. Lucrar con la desgracia de millones de compatriotas parece ser la receta del “capitalismo del desastre”[1]. Una vez más, tal como lo hiciera en su origen como “la otredad incómoda” de la Revolución Francesa, Haití muestra que, por encima de cualquier valor universal de humanidad, para la comunidad internacional los “negocios son negocios”[2].



Haití presenta uno de los mayores niveles de inseguridad alimentaria del mundo, con más de la mitad de la población –y el 22% de los niños del país- con desnutrición crónica. Su Índice de Desarrollo Humano la posiciona entre los últimos puestos, no sólo de la región sino del mundo: 168 sobre 189 países[3]. Los indicadores de la calidad de vida de la población son apabullantes y, además, Haití debe hacer frente a las catástrofes naturales que azotan el Caribe. El Índice de Riesgo Climático Global de 2019 coloca a Haití en cuarto lugar de entre los países más afectados por los desastres climáticos anuales, ranking que encabezan Puerto Rico –donde se logró en las calles la renuncia de su gobernador[4], también acusado de malversar fondos de ayuda- y Honduras, sobre cuyo presidente pesan graves acusaciones de fraude, corrupción y narcotráfico[5].

A casi diez años del terremoto más devastador y mortífero de su historia, Haití no sólo sigue sin recuperarse de esos destrozos, sino que sufre una nueva crisis política y social que se agravó desde mediados de septiembre. En un contexto de inflación del 15%, un déficit de $89,6 millones de dólares, y una moneda (gourde) en rápida devaluación, se espera que este año la crisis humanitaria solo empeore. Sumado a esto, la crisis del suministro de electricidad, debido a la falta de gasolina, terminó por desatar el descontento social frente a una cotidianeidad desbaratada: no funcionan el transporte público, el comercio ni las escuelas.

Así, las habituales catástrofes naturales han terminado por naturalizar las consecuencias sociales de los problemas políticos, los cuales involucran a actores locales que de ningún modo lograrían sortear la crisis sin la venia de los intereses internacionales y la invisibilización de la crisis por parte de sus vecinos latinoamericanos, concentrados en la situación venezolana.

Un presidente ilegítimo, el origen de la crisis actual

Moïse llegó a la política como un outsider[6], representando a la elite agraria gracias a su rol como dirigente de Agritrans, una empresa bananera del nordeste. Su experiencia política previa era nula, pero fue escogido por Martelly (PHTK) como su sucesor. En las elecciones primarias de octubre de 2015 Moïse obtuvo el primer lugar con un 32,81%. Sin embargo, los comicios estuvieron signados por las denuncias de fraude, intimidación de votantes y protestas callejeras, por lo que finalmente fueron anulados. Martelly, con el apoyo de los Estados Unidos (EE. UU)., la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de otros gobiernos extranjeros, quería cuanto antes resolver el traspaso del Gobierno a su sucesor. Sin embargo, los funcionarios electorales -debido a las persistentes protestas sociales y una nueva catástrofe, el paso del huracán Matthew- demoraron en tres oportunidades consecutivas una nueva votación ante la amenaza de violencia incontenible[7].

El malestar social que aglutinó al arco opositor, líderes religiosos y empresariales, así como miembros de la diáspora haitiana y organizaciones de derechos humanos, se condensó en la falta de transparencia de los procesos electorales y la necesidad de reformar el proceso de votación. Entre febrero de 2016 y febrero de 2017 se estableció un Gobierno interino a cargo de Jocelerme Privert, quien fue electo por la Asamblea Nacional para llenar el vacío de poder tras la finalización del mandato de Michel Martelly. Unas nuevas elecciones se desarrollaron en noviembre de 2016 y, a contrapelo de la coyuntura, Moïse resultó electo en primera vuelta con el 55,67% de los votos[8]. Nuevamente, la denuncia de fraude empañó unos comicios que demoraron más de un mes en ser validados.

Sumada a la escasa legitimidad de origen, el incremento de la conflictividad social y la crisis política tienen tres elementos clave: (1) la crisis del combustible; (2) un gran recambio institucional y (3) la manifiesta corrupción de sus funcionarios.

En cuanto al precio del combustible, desde 2005 el Gobierno de Hugo Chávez creó el Programa Petrocaribe, el cual permitió a Haití comprar, desde 2006, petróleo a precio subsidiado. Los fondos liberados por este beneficio permitían favorecer al desarrollo de infraestructura y programas sociales, de salud y educación. Producto del bloqueo y la crisis económica que atraviesa, en marzo de 2018 Venezuela detuvo los envíos de barriles a precio subsidiado. Sumado al fin del beneficio, el Gobierno haitiano anunció en julio del mismo año la eliminación de los subsidios a la energía. Esta impopular medida estuvo en consonancia con lo acordado en febrero de 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI): un paquete de reformas estructurales a su economía, eufemismo utilizado para nombrar el ajuste. A cambio, el organismo prometió préstamos financieros por 96 millones de dólares para ayudar al país a pagar su deuda[9]. El ciclo de una nueva crisis política comenzó con el aumento del petróleo y sus derivados: 38% la gasolina, 47% el diesel y 51% el kerosene[10]. Frente a ello, la calle volvió a estallar, las protestas se masificaron y la policía reprimió, generando más muerte y más caos. Finalmente, la medida fue derogada.

Como consecuencia del ajuste impulsado por el FMI, se agudizó la crisis institucional caracterizada por un recambio permanente de funcionarios, especialmente del primer ministro, cargo que tiene como función la mediación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para lograr gobernabilidad y consenso. Luego de la oleada masiva de protestas de julio de 2018, Jack Guy Lafontant presentó su renuncia. Moïse, entonces, buscó reemplazarlo con un conocido abogado y exrival presidencial, Jean-Henry Céant, intentando de esta forma lograr la unidad con la oposición. Tan sólo seis meses después, Céant fue removido. Su sucesor fue Jean-Michel Lapin, quien duró apenas cuatro meses en el cargo para finalmente presentar su renuncia proclamando la falta de acuerdo entre los actores políticos. Horas más tarde, el presidente Moïse nombró a su cuarto primer ministro, Fritz-William Michel, portador de un perfil más tecnócrata y hasta entonces funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas. A diferencia de sus antecesores, Lapin ni siquiera consiguió la ratificación de su cargo por parte del Senado –no porque el oficialismo careciera de mayoría sino debido a los disturbios ocasionados-, por lo que formalmente todo el Gabinete carece de institucionalidad. La última intentona de lograr la designación de Lapin, en septiembre de este año, culminó con un senador del oficialismo, Jean-Marie Ralph Féthière, descargando un arma de fuego contra los manifestantes en el Parlamento con el saldo de un fotógrafo y un guardaespaldas heridos[11].

Por último, en febrero de 2019 estalló el escándalo de corrupción popularizado como #PetroCaribeChallenge. El hashtag se originó mediante un tweet que preguntaba en creole: ¿Dónde está el dinero de PetroCaribe? Desde entonces comenzaron el activismo por una auditaría colectiva y una nueva oleada de movilizaciones contra el Gobierno haitiano, acusado de malversar miles de millones de dólares provenientes del subsidio venezolano. Como corolario de la gran movilización ciudadana, a fines de mayo el Tribunal de Cuentas entregó al Senado un informe mediante el cual concluyó que al menos 14 exfuncionarios malversaron más de 3.800 millones de dólares del programa Petrocaribe entre 2008 y 2016. Sobre el actual mandatario, el informe detalla que Agritrans fue adjudicataria de contratos para construir proyectos bananeros y carreteras que jamás fueron realizados, a pesar de recibir el dinero para tales fines[12].

¿Ayuda o injerencia internacional?

¿Es Haití un Estado fallido? Desde su independencia y su primera Constitución, en 1804, Haití pasó por 30 golpes de Estado y tuvo 20 constituciones. Actualmente, vive una de sus mayores crisis sociopolíticas desde la ocurrida en su bicentenario (2004) con el golpe a Jean Bertrand Aristide, luego de que éste manifestara que Haití exigiría una reparación histórica a Francia, su exmetrópoli. Finalmente, Francia tomó la iniciativa en la solución de la crisis haitiana y forzó la dimisión de Aristide. En febrero de 2004 el mandatario abandonó Haití en un avión estadounidense, escoltado por militares de ese país. Desde entonces y hasta octubre de 2017 el país fue intervenido por la ONU (Organización de Naciones Unidas) mediante la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas para Haití (MINUSTAH)[13]. Posteriormente, se adoptó la forma de Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH), una misión que buscó estandarizar el sistema de administración de Justicia de Haití a los modelos implementados en las últimas dos décadas en la región. La MINUJUSTH garantizó un contingente policial como forma de “alivianar” el uso de la fuerza. No obstante, con la tendencia regional de militarización de las fuerzas de seguridad esto se traduce en el mantenimiento de la ocupación y la represión. La prórroga de existencia de la misión concluyó su mandato el 15 de octubre de 2019, lo que no implica que la ONU abandone Haití sino, más bien, que busque nuevas formas de injerencia[14][15].

Si bien laayuda humanitaria tiene como objetivo proporcionar alimento, asistencia sanitaria y psicológica con aprobación del Gobierno y sin violar su soberanía -especialmente frente a catástrofes naturales- en la práctica ha sido desvirtuada paraintervenir militarmentenaciones, derrocar gobiernos y apoderarse de su riqueza natural[16]. Luego del terremoto de 2010, la MINUSTAH “colaboró” con una comisión de 7 mil soldados y policías. El saldo: cientos de denuncias de abusos sexuales y una epidemia de cólera causada por quienes fueron a brindar “asistencia”[17][18].

De acuerdo al exdirector del Fondo de Asistencia Económico y Social (FAES) de Haití entre 2012 y 2015, Klaus Eberwein, sólo el 0,6% de las donaciones internacionales terminó en manos de organizaciones haitianas, un 9,6% en manos del Gobierno haitiano y el 89,8% restante fue canalizado a organizaciones no haitianas. Lamentablemente, Eberwein fue hallado sin vida con un disparo en la sien en un hotel en Miami antes de comparecer frente a una comisión anticorrupción del Senado haitiano sobre los fondos de Petrocaribe y las malas prácticas de la Fundación Clinton[19].

Los fondos se tradujeron en la proliferación de ONGs que comenzaron a proveer funciones que solía cubrir el Estado, consolidando una nueva etapa en la agenda del sistema neoliberal. Mientras las ONGs avanzaban el Estado se retraía, incidiendo tanto en la soberanía como en la autodeterminación del país[20]. La intermediación de las organizaciones permite que quienes las financian, como el Banco Mundial, el Gobierno de EE. UU. , el Fondo Monetario Internacional o empresas transnacionales, obtengan la liberación de las barreras arancelarias, lo que termina por devastar la producción interna y, por tanto, la economía del país mediante la privatización de los servicios públicos y la contratación de empresas privadas internacionales para ofrecerlos. Este mapa configura lo que la economista Naomi Klein ha denominado como “capitalismo de desastre”, que opera junto con la “doctrina del shock”. Según su tesis las crisis derivadas de catástrofes, como en el caso de Haití, habilitan oportunidades de negocios para la inversión privada, así las potencias y los intereses de las multinacionales consiguen anclarse en el territorio arrasado de la mano de las ONGs.

A modo de conclusión

El PHTK es el actual garante de los negocios del capital internacional, fundamentalmente mediante el traspaso de tierras campesinas a transnacionales estadounidenses. Para ello sólo cuenta con un escueto sector de la oligarquía local, quien se beneficia con una parte del desvío de fondos a expensas de la mayoría de la población. La exacerbación de la dependencia de la ayuda internacional combina el tradicional colonialismo con una nueva fase del neoliberalismo como gestor del desastre. La influencia norteamericana consolidó una economía haitiana predominantemente extractiva -aproximadamente 2.000 millones en depósitos minerales explotados principalmente por corporaciones estadounidenses y canadienses-[21]. Actualmente, dicha influencia es el único sostén de un presidente impopular, cuya dimisión sigue exigiendo el pueblo en sus protestas masivas.

Mientras los líderes de la oposición llaman a los manifestantes a no claudicar hasta obtener la renuncia de Moïse, la consigna se hace carne: “les estamos diciendo a las personas que viven en el área de Cité Soleil y a la población haitiana que se levanten para derrocar a este Gobierno” afirmó Francois Pericat, un participante en las protestas del 27 de septiembre a The Associated Press en alusión a un barrio pobre y sobrepoblado de Puerto Príncipe.”El presidente Jovenel Moïse no está haciendo nada por nosotros, sólo nos está matando”[22]. Moïse asumió la Presidencia un 7 de febrero, fecha emblemática que recuerda el final de casi 30 años de dictadura (1957-1986) de la familia Duvalier, François (Papa Doc) y su hijo Jean-Claude (Baby Doc), quien finalmente huyó de la isla producto de las protestas generalizadas. Luego del anuncio del cierre de la MINUJUSTH, Moïse ha afirmado que no presentará su renuncia y dice no querer tener otro 1986 [23]; sin embargo, la sublevación popular está cada vez más cerca de repetir la hazaña.

 

Por Bárbara Ester

CELAG

 

Notas:

[1] Naomi Klein, La doctrina del shock. El auge del capitalismo de desastre, Paidós, Argentina, 2008.

[2] https://www.celag.org/haiti-herida-abierta-de-america-latina/

[3] https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Haiti%20Country%20Brief_%20August_2019.pdf

[4] https://www.celag.org/puerto-rico-afilando-cuchillos/

[5] https://www.celag.org/honduras-una-decada-de-golpes-e-inestabilidad/

[6] https://www.voanoticias.com/a/haiti-presidente-moise-investidura-trump-eeuu/3705034.html

[7] https://www.nytimes.com/es/2016/02/06/editorial-haiti-democracia-en-pausa/

[8] https://www.celag.org/informe-electoral-haiti/

[9] https://www.nodal.am/2019/10/decadas-de-neoliberalismo-neocolonialismo-e-injusticia-climatica-han-llevado-a-haiti-al-limite-por-keston-k-perry/

[10] https://pulsonoticias.com.ar/8911/el-fmi-agita-las-llamas-de-la-insurreccion-en-haiti/

[11] https://www.ap.org/ap-in-the-news/2019/ap-photographer-wounded-in-haiti-shooting

[12] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48711839

[13] http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE-131.pdf

[14] https://news.un.org/es/story/2019/10/1463911

[15] https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201910161088993267-mision-de-paz-de-la-onu-concluye-mandato-en-haiti-sin-impedir-brotes-de-violencia/

[16] https://www.theguardian.com/world/2019/oct/11/haiti-and-the-failed-promise-of-us-aid

[17] https://www.celag.org/haiti-resultado-intervencion-humanitaria/

[18] https://www.nytimes.com/2017/06/26/world/americas/cholera-haiti-united-nations-peacekeepers-yemen.html

[19] http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/08/08/hallan-muerto-a-un-funcionario-de-haiti-que-iba-a-denunciar-a-la-fundacion-clinton/

[20] https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37614689

[21] https://www.nodal.am/2019/10/decadas-de-neoliberalismo-neocolonialismo-e-injusticia-climatica-han-llevado-a-haiti-al-limite-por-keston-k-perry/

[22] https://www.nytimes.com/2019/09/28/world/americas/haiti-protests-moise.html

[23] https://www.jornada.com.mx/2019/10/16/mundo/026n4mun

Fuente: http://www.celag.org/haiti-protestas-interminables-en-una-republica-olvidada/

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Sábado, 19 Octubre 2019 06:18

Medio millón de catalanes sale a la calle

Cataluña realizó su manifestación más multitudinaria y pacífica este viernes. Imagen: EFE

La contundencia y unanimidad del rechazo civil a las sentencias contrastó con la fractura que se percibe entre las fuerzas políticas soberanistas.

 

El movimiento independentista de Cataluña realizó su manifestación más multitudinaria y pacífica este viernes en una huelga general que coincidió con la confluencia de cinco columnas de manifestantes que partieron el martes desde diversas ciudades catalanas para concluir en Barcelona.


Más de 500 mil personas se reunieron en la capital de la comunidad para rechazar la sentencia que condenó por sedición a los dirigentes independentistas que organizaron el referéndum ilegal de octubre de 2017. Entre ellas, numerosos estudiantes que se adhirieron al paro, y, en menor medida, funcionarios, trabajadores y comerciantes.
La contundencia y unanimidad del rechazo civil al juicio que condenó a los dirigentes independentistas contrastó con la fractura que se percibe en estos últimos días entre las fuerzas políticas soberanistas.


La promesa del presidente del Gobierno catalán, Quim Torra, de celebrar un nuevo referéndum durante su mandato abrió grietas con sus socios de Esquerra Republicana de Catalunya, y sumó pedidos de dimisión de parte del Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista Catalán.  El líder del Gobierno regional camina en la cuerda floja. Por un lado, busca mantenerse dentro del marco de la ley para evitar que se intervenga la región y, por otro, no puede ocultar que los disturbios alimentan la épica de la confrontación entre el independentismo y el Gobierno español.


El presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, reafirmó una vez más que su apuesta es por la proporcionalidad, y no lo que reclama la oposición que es intervenir el Gobierno catalán o aplicar la Ley de Seguridad Nacional para hacerse con el control de la policía autonómica. “Creo que estamos en un momento en el que la moderación y la ponderación de las medidas contribuyen a calmar los ánimos, a reconducir las situaciones y, por tanto, eso es lo que hace el Gobierno de España”, dijo el mandatario socialista en rueda de prensa desde Bruselas.


La postura de Sánchez pasa también por no oponerse a las cientos de miles de personas que durante esta semana han manifestado su rechazo a la sentencia de forma pacífica. El problema es que los disturbios y los choques con la policía regresaron esta tarde, y prometen extenderse. El ministro del Interior en funciones advirtió que la noche de este viernes llegarían grupos “radicales” del País Vasco y del extranjero para participar de las protestas. “Estamos ante una situación de violencia minoritaria, pero muy organizada”, dijo Fernando Grande-Marlaska, para restarle trascendencia.


Ciudadanos y Partido Popular no piensan igual. Albert Rivera comparó el incendio de coches y los destrozos de la noche del miércoles con Bagdad y Alepo, para luego exigir la intervención del Gobierno catalán que dirige Torra. La dirigente del PP, la argentina Cayetana Álvarez de Toledo se enfrentó a manifestantes en Barcelona, para decirles que la huelga era “golpista” e “inútil”.


En paralelo, la Audiencia Nacional ordenó el cierre de la web de Tsunami Democratic que el movimiento independentista utilizaba para coordinar las protestas, y que, presuntamente, planificó la paralización del Aeropuerto de El Prat el lunes. La investigación que se abrió es por el delito de “terrorismo”.


En este contexto, las perspectivas del Gobierno español de que la tensión disminuya no parecen tener mucho fundamento. Este sábado, la organización Òmnium Cultural, cuyo presidente fue condenado en el juicio, convocó una nueva marcha en Barcelona. Otro marco en el que pueden germinar los disturbios que hemos visto estos días. Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, convocó otra marcha para el domingo con el lema de “Basta Ya, Justicia y Convivencia”, para oponerse a que Torra les diga “lo que tienen que hacer”.


El marco en Cataluña es impredecible, y las multitudinarias manifestaciones pacíficas de este viernes recuerdan que, cuando pase la tensión, la política volverá a estar en el centro de la solución, o del problema.

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Quito vuelve a la calma tras 11 días de marchas y protestas. Imagen: EFE

La académica Stoessel reflexiona sobre la situación de Ecuador tras el acuerdo entre el gobierno y los sectores populares; el rol de los medios y de las Fuerzas armadas así como la persecución al correísmo.

Soledad Stoessel es profesora de sociología y politóloga en la Universidad Nacional de La Plata y en FLACSO-Ecuador. Siguió de cerca las jornadas de paro y movilización que se prolongaron durante 11 días y que dejaron, producto de la represión estatal, un saldo de ocho muertos, 1152 detenidos y 1340 heridos. según cifras de la Defensoría del Pueblo. En diálogo con Página/12, analiza las consecuencias de la derogación del Decreto 883, el rol de los medios y las Fuerzas armadas a lo largo del conflicto, la ruptura de Lenín Moreno con el correísmo y su futuro inmediato.

-¿La derogación del Decreto 883 constituye una victoria para el pueblo ecuatoriano?

-Creo en primer lugar que la derogatoria del decreto es el resultado de una negociación pública inédita para la historia de Ecuador, aunque se trata de una victoria parcial del campo popular. El decreto era el núcleo duro del paquetazo. Todavía persisten propuestas adicionales tales como la eliminación del impuesto a la renta, y la reforma laboral que el gobierno está intentando enviar al Congreso. Se trata de una reforma sumamente regresiva en términos de derechos laborales, que disminuye el salario, reduce las vacaciones, habilita el despido de empleados públicos y permite privatizar la seguridad social. Es decir que el resto de las demandas quedan subsumidas a la derogación de ese decreto, con lo cual todavía queda mucho camino por recorrer.

-¿Qué escenario se abre ahora para el gobierno de Lenín Moreno?

-Moreno promovió una estigmatización profunda del indígena, de los sindicatos, de los estudiantes, en suma los sectores populares. Se encargó de abrir una brecha entre el campo popular y su propio gobierno. Todo este proceso de crisis constituye un punto de inflexión para un gobierno que ya venía debilitado por distintas medidas de ajuste tras el acuerdo con el FMI en marzo, mediante decreto. La propia Constitución ecuatoriana prohíbe acordar con el FMI sin que el pueblo se entere de los detalles de dicho acuerdo.

Como decía, se trata de un gobierno muy debilitado que perdió capacidad. La Asamblea ha dejado de sesionar y recién ahora retomará las sesiones. El gobierno queda muy expuesto, y ahora tendrá poco margen para aplicar políticas públicas. El otro hecho a considerar es que todavía faltan dos años para las próximas elecciones. Se abre un momento de mucha incertidumbre. Y hay que tener en cuenta que la única agenda política de Moreno consiste en perseguir al correísmo. De hecho, lo primero que hace Moreno después de derogar el decreto, es comenzar a perseguir a referentes del correísmo (la Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, fue detenida el lunes por fuerzas policiales sin orden judicial y tras un allanamiento ilegal).

-Moreno culpa a Rafael Correa de estar detrás de su destitución. ¿En qué momento se quebró la relación entre ambos?

-Hay distintas hipótesis al respecto. Lenín Moreno ganó en segunda vuelta en 2017 por un margen bastante ajustado. Evidentemente estaba interesado por el discurso de esa derecha que no ganó. Apenas asume, se monta sobre ese discurso, buscando gobernabilidad. Por eso genera un pacto con los mismos banqueros que habían generado la gran crisis de 2009. Empieza a acercarse a las elites y adopta el panorama económico del establishment. Sus tres grandes aliados pasan a ser, a partir de ese momento, el poder económico concentrado, las Fuerzas Armadas y los medios de comunicación.

-En ese sentido, ¿cuál fue el rol de la prensa durante los 11 días de protesta?

-Moreno ha sido el presidente más blindado por los medios desde el retorno democrático. En esta coyuntura, eso se volvió aún más nítido. No mostraron ninguna de las protestas, se alinearon con el marco del gobierno en torno a la conspiración correísta, bajo la idea de que todo era mafioso o vandálico. Por suerte, la contracara fue un gran número de medios alternativos y plataformas virtuales que transmitieron todo on line y en vivo.

-Mencionó también a otro de los grandes aliados del gobierno, las Fuerzas Armadas, que cumplieron un rol fundamental durante estos 11 días de conflicto.

-Fuimos testigos de una represión brutal por parte de las fuerzas del orden. Jamás se ha visto en Ecuador tamaño nivel de agresión. Se trata directamente de violaciones a los derechos humanos. La Ministra de Gobierno María Paula Romo, que comandó la represión, y el Ministro de Defensa Raúl Oswaldo Jarrín, con una larga trayectoria militar, son los principales responsables. De hecho una de las principales exigencias de los movimientos indígenas consistía en el pedido de revocación de estos dos ministros, pedido que obviamente nunca fue cumplido.

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Masiva marcha y paro en Quito contra el ajuste

Mientras el gobierno ecuatoriano pedía abrir el diálogo, por otro lado enviaba a la policía y los militares a reprimir, amparados en el toque de queda.

 Decenas de miles de personas marcharon a Quito en el marco del paro nacional contra el ajuste que lleva adelante el gobierno del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, siguiendo las recetas del FMI. La multitud estuvo encabezada por el movimiento indígena, pero también se plegaron sindicatos, estudiantes, colectivos de mujeres y organizaciones sociales. Mientras el gobierno pedía abrir el diálogo, por otro lado enviaba a la policía y los militares a reprimir. En un mensaje transmitido por la TV pública, Moreno manifestó su confianza en encontrar una pronta solución a las protestas. Continúa el toque de queda.

Miles de manifestantes llegaron desde la mañana a la capital de Ecuador, pese al toque de queda con el que el gobierno buscó detener la circulación en todo el país. El llamado principal a la jornada de paro nacional vino desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE). A ellos se sumaron estudiantes de secundarios, universidades, miembros de organizaciones sociales y políticas, así como el colectivo de mujeres. Muchos venían acamparon desde hace días en distintos puntos de Quito a la espera de la marcha del miércoles. Durante toda la jornada reclamaron la renuncia de Lenín Moreno y que dé marcha atrás al el ajuste que quiere aplicar con el apoyo del FMI. "Que se vaya el gobierno. Ha tenido suficiente tiempo para demostrar qué puede hacer por este pueblo y no ha hecho nada", señaló Diana Guanatuña, integrante de la comunidad indígena de Zumbahua, ubicada en la región andina de Ecuador.

Durante la noche del martes Moreno decretó el toque de queda que rigió hasta la mañana del miércoles. Pero aún antes de que entre en vigencia, policía y militares atacaron con gases lacrimógenos los campamentos de los manifestantes. No discriminaron entre hombres, mujeres, ancianos y niños, muchos de los cuales debieron ser trasladados a los hospitales cercanos. Ante estos hechos las universidades cercanas abrieron sus puertas para recibir a cientos de personas. Organismos de derechos humanos denunciaron la detención irregular de 83 personas, que fueron trasladadas a un cuartel de policía en Pomasqui, a las afueras de Quito. Recién hoy al mediodía pudieron acceder a una atención legal.

Ante la presencia de policías y militares apostados por todo el centro histórico de Quito, los manifestantes marcharon portando banderas de Ecuador y también la multicolor de los pueblos ancestrales. "Violento no es el pueblo que lucha sino el Estado que reprime", se podía leer en uno de los tanto carteles que portaban. También manifestaron su rechazo a Moreno, a la corrupción, el FMI y Estados Unidos. “Los grandes medios están diciendo que ya nos vamos, y no! Acá estamos y seguiremos! Somos un pueblo y una sola lucha”, manifestó en diálogo con el medio comunitarios Wambra, una militante indígena.

En el transcurso de la tarde, organizaciones de derechos humanos informaron que los hospitales no entregaban información sobre heridos. Alegaron que por el estado de excepción que rige en el país todos los datos debían pasar previamente por la Secretaria de Comunicación del gobierno. Estudiantes universitarios formaron brigadas de primeros auxilios para atender a los cientos de heridos que dejó el accionar policial. Se estima que durante la jornada más de 100 personas resultaron heridas. Las manifestaciones se replicaron en 21 de las 24 provincias del país. 

Lenín Moreno se trasladó desde Guayaquil a Quito donde lo mantuvieron al tanto del operativo seguridad. “Sin duda alguna, esto se va a solucionar muy pronto", dijo el mandatario en un video retransmitido por un canal estatal de televisión. Ministros de su gobierno buscaron apaciguar la situación convocando al diálogo. También lanzaron un plan de medidas orientado hacia el sector agrícola. Así lo anunció el Secretario General de la Presidencia, José Agusto Briones, que dio los detalles de los seis puntos que componen la medida: propone trabajar en sistemas de riego parcelario, reestructurar la deuda para aquellas asociaciones que no hayan podido pagar sus parcelas, un seguro agrícola, la condonación del 100% de deudas que se mantienen con la Secretaría del Agua, ‘kits’ tecnológicos y cuatro centros de acopio de productos. Briones sostuvo que se encuentran en diálogo con organizaciones sociales y esperan llegar pronto a un acuerdo, según el diario El Comercio de Ecuador. El gobierno también decidió paralizar el transporte de petróleo de uno de sus oleoductos principales, la mayoría del cual está destinado a la exportación.

Ecuador entró en estado de ebullición el jueves pasado, luego de que Moreno anunciara varias medidas económicas por decreto, haciendo que entren en vigencia de inmediato. También impulsó una reforma laboral que deberá ser discutida por el Congreso ecuatoriano. De estas medidas la que generó mayor rechazo fue la liberación del precio de los combustibles, vehiculizada a través de la quita de subsidios. El rechazo del pueblo ecuatoriano se da por una simple motivo: el aumento de los combustibles conlleva el aumento del precio del transporte público y de los alimentos de primera necesidad. Detrás de estas medidas está la mano del FMI. El gobierno de Moreno tiene pautado un préstamo por 4.200 millones de dólares con el organismo, a cambio de una reducción drástica del déficit fiscal.

El sector transportista respondió con un paro nacional que se prolongó durante dos días y estuvo acompañado por movilizaciones en todo el país. Moreno decretó el estado de excepción que le permitió hacer uso de las Fuerzas Armadas para reprimir la protesta social. También decretó el traslado de la sede de gobierno a Guayaquil, centro económico y ciudad más poblada del país. Las agrupaciones indígenas y movimientos sociales convocaron a un paro nacional para el miércoles. Las protestas continuaron llegando a su pico más alto el martes cuando los manifestantes lograron ingresar a la sede de la Asamblea Nacional. Esa noche Moreno decretó el toque de queda que duró hasta la madruga del miércoles.

 Hasta el momento, el saldo de la feroz represión que se empezó el jueves pasado es de aproximadamente 800 personas detenidas, centenares de heridos y dos fallecidos, según informaron organizaciones de Derechos Humanos.


El Gobierno de Ecuador propone una agenda de diálogo en un intento de desactivar las protestas

 

F. MANETTO

Quito 10 OCT 2019 - 02:13 COT

El Gobierno de Lenín Moreno propuso la tarde de este miércoles una agenda de diálogo a las organizaciones indígenas que llevan una semana encabezando las protestas por el alza del precio de la gasolina. Una marcha masiva, en la que participaron también cientos de estudiantes, sindicalistas y activistas, desfiló pacíficamente desde las once de la mañana por las calles de Quito, hasta llegar al centro de la capital. Allí, sin embargo, la jornada dejó también imágenes de duros choques entre un sector de los manifestantes y las fuerzas de seguridad, a las que achacan desde hace días episodios de represión y por los que ha reiterado su preocupación también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El secretario general de la presidencia, José Agusto Briones, ha ofrecido a las comunidades indígenas un plan con "seis ejes de acción en la ruralidad". El objetivo, ha dicho, consiste en "compensar los efectos del fin del subsidio a los combustibles" y generar nuevas oportunidades. El Gobierno, que plantea una mediación con la intervención de Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal, pone sobre la mesa, por ejemplo, facilitar el acceso al agua a través de un sistema de riego parcelario; reestructurar deudas de las organizaciones que no estén al día en los pagos del financiamiento de sus terrenos; financiar el seguro agrícola; o condonar el 100% de las multas impuestas por la Secretaría del Agua. Las autoridades también prometen construir centros de acopio y distribución de productos agrícolas, reabrir escuelas para distintos grados e incrementar el número de profesores bilingües.

Briones formuló esta propuesta horas después de que el presidente Moreno regresara a Quito desde Guayaquil, donde el pasado lunes, en medio de un clima de alarma social, había decidido instalar la sede del Gobierno. Este lanzó un mensaje a través de las redes sociales asegurando que el diálogo está cada vez más cerca y que la crisis se resolverá pronto. Sin embargo, el jefe de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Jaime Vargas, asegura que la lucha de las comunidades se mantiene de momento en la calle.

"He venido a la ciudad de Quito con el fin de extender mi mano y poderles manifestar que ya tenemos primeros buenos resultados con respecto al diálogo", mantuvo el mandatario. "Los ecuatorianos somos gente de paz, queridos amigos, estamos obteniendo los mejores resultados de diálogo con los hermanos indígenas. Sin duda alguna esto se va a solucionar muy pronto. Me alegro mucho de que todos en conjunto, tantos hermanos indígenas cuanto habitantes de todas las ciudades estén pensando fundamentalmente, en mantener la constitucionalidad, la democracia y la paz", continuó antes de dirigirse a la mayoría de manifestantes. "Hermanos indígenas, jamás les he ofendido, nunca les he ofendido, siempre les he tratado con respeto y cariño y ahora quiero hacerlo nuevamente. Darles un abrazo sincero de agradecimiento por haber llevado esta marcha en paz, por haberse librado de los elementos perniciosos. Esos nunca más volverán. Con ustedes siempre, queridos hermanos indígenas", cerró.

Moreno lleva días culpando a su antecesor, Rafael Correa, de estar detrás de las protestas al igual que Venezuela, aunque aún no ha presentado evidencias de ello. El expresidente sí se ha empleado en jalear las movilizaciones y ha pedido un adelanto de las elecciones por "conmoción social". Esta tarde, tras disolverse la gran marcha indígena, el centro de Quito, en las proximidades del palacio de Carondelet —sede del Gobierno— se convirtió en escenario de duros enfrentamientos entre grupos de manifestantes y las fuerzas de seguridad. En el corazón de la protesta, hay un sector que está dispuesto a negociar con el Ejecutivo, aunque en los últimos días uno de los lemas más escuchados en las manifestaciones que pedían su renuncia fue "¡Fuera, Moreno!".

Publicado enCrisis Ecuador
Crónica desde Quito, capital de la revuelta contra Lenin Moreno

La revuelta de los sectores populares e indígenas contra las medidas neoliberales del Gobierno de Lenin Moreno abre un nuevo escenario en el Ecuador post-Correa donde todo es posible.

 

El pasado jueves 3 de octubre, la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó, junto a sectores del sindicalismo tradicional, un paro nacional con el objetivo de expresar su discordancia respecto a las últimas medidas económicas establecidas por el Gobierno.

El anuncio de la Conaie conllevó el inicio de una serie de movilizaciones en distintas localidades del país y asambleas permanentes en territorios con fuerte presencia indígena bajo el objetivo de coordinar una gran movilización a Quito demandando la derogación del Decreto 883, que incluía el alza de precios de los combustibles en todo el país.

El antecedente de dicha medida se encuentra en los acuerdos establecidos por el Gobierno ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mediante el cual este organismo financiero multilateral exige a las arcas públicas una optimización económica del 1,5% de su PIB mediante reformas de carácter tributario a cambio de otorgarle algo más de 10.000 millones de dólares en concepto de financiamiento durante los próximos tres años.

El problema de desequilibrio económico del Ecuador no es nuevo: ya en 2016 —última fase de la década de mandato de Rafael Correa— existían informes que recomendaban un ajuste fiscal asertivo para preservar la estabilidad macroeconómica y financiera del país fruto del desequilibrio entre gastos e ingresos existentes en esta economía dolarizada desde inicio de siglo. El Gobierno correista decidió en aquel momento mantener en reserva dichos informes y no hacerlos públicos ante su población.

Dos opciones tuvo que manejar el Gobierno presidido por Lenín Moreno ante tales exigencias fondomonetaristas: o incrementar el IVA en tres puntos porcentuales —medida que según los medios de comunicación parecía ser la más probable y en principio más regresiva— o la que definitivamente fue aprobada.

A priori la opción tomada por el Gobierno ecuatoriano parecía ser la menos conflictiva. La escasa eficiencia de un modelo de subsidio que carecía de focalización y que mayormente beneficiaba a grandes empresas con alto consumo de combustible, grandes flotas de transporte y sectores de las élites económicas que disponen de más de un vehículo por unidad familiar, parecía ser la que menos rechazo social podría generar.

De esta manera el presidente Lenín Moreno decretó el fin de los subsidios, lo que implicó un notable incremento de precios de la gasolina “extra” —la más usada en el país— pasando el galón de 1,45 a 2,41 dólares. De igual manera la gasolina Eco País (extra con etanol) de 1,45 a 2.53 dólares y la Súper de 2,3 a 3,07 dólares.

La reacción inmediata fue el bloqueo de carreteras por parte del sector del transporte y de vías urbanas por parte de los taxistas, aunque al día siguiente se desconvocó el paro tras negociar con los huelguistas un incremento de tarifas. El sector del transporte está acostumbrado a acomodarse de forma sistemática a los distintos gobiernos que han transitado en el poder en Ecuador. Durante la época correísta llegaron incluso a legalizar una formación política en connivencia con el partido de gobierno y ocupar curules en el legislativo.

Sin embargo, por experiencia histórica, el pueblo ecuatoriano es consciente de que el incremento de precios del combustible afecta al bolsillo del conjunto de la sociedad sean propietarios o no de vehículos. Los precios de los productos básicos y los indicadores de inflación suelen ser afectados de manera indirecta por este tipo de medidas.

El descontento generalizado entre la sociedad no hizo cambiar la posición Lenín Moreno, quien ha manifestado de forma permanente que la liberalización del precio del combustible a costos internacionales es una política —entre otras— necesaria para el mejoramiento e las finanzas públicas y sobre la cual “no hay marcha atrás”.

Las organizaciones sociales ecuatorianas definieron las medidas económicas establecidas por el Gobierno como un “paquetazo” neoliberal, argumentando que forman parte de un modelo de políticas públicas que beneficia fundamentalmente a sectores empresariales, flexibiliza el mercado laboral y achica al Estado enviando al desempleo a cada vez mayor número de funcionarios públicos sin que estos sean posteriormente demandados por el sector privado.

Así las cosas, durante todo el pasado fin de semana se sucedieron movilizaciones y asambleas indígenas en gran parte del territorio nacional pese a que el Gobierno Nacional optó por declarar el estado de excepción buscando suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilios, libertad de tránsito, libertad de asociación y de reunión. Con movilizaciones cada vez de mayor afluencia en todos los territorios afectados por la convocatoria, las resoluciones fueron unánimes: se determinó una gran movilización indefinida en el conjunto del país en rechazo a las medidas económicas y en defensa de los territorios indígenas, ríos, agua, páramos, la justicia indígena, la educación intercultural, salud, transporte y radios comunitarias.

300 cortes de carretera

Los cortes de carretera se sucedieron por gran parte de la red vial nacional, llegándose a contabilizar 300 cortes de carreteras al mismo tiempo durante diferentes momentos del pasado sábado y domingo. En paralelo, el Gobierno intentó combinar dos estrategias disímiles. Por un lado, se intensificaba la represión bajo el eufemístico argumento del uso de la fuerza progresivo. Por otro, sus interlocutores buscaban desesperadamente el diálogo con los manifestantes intentando establecer propuestas de compensación a los sectores movilizados (créditos productivos a bajo tipo de interés, apoyo para la adquisición de maquinaria agrícola, reconocimiento de autoridades locales…). Nada sirvió, la dirigencia nacional de Conaie manifestó públicamente que el diálogo con el régimen está totalmente cerrado. “No habrá ningún acercamiento con ningún representante del Estado hasta que se revea el decreto que eleva el precio de los combustibles”, manifestaron de forma homogénea todos sus voceros. El conflicto se agudizó a lo largo y ancho de la geografía nacional, llegándose a retener en diversos territorios indígenas a unidades militares y policiales para posteriormente ser entregadas tras haberse liberado extraoficialmente a civiles detenidos en dichas comunidades. La Conaie, bajo el principio de autodeterminación de los territorios indígenas, también había declarado su estado de excepción, prohibiendo la entrada de infiltrados y grupos armados pertenecientes a los aparatos de seguridad del Estado.

Amaneció el lunes más tranquilo, los voceros del Gobierno Nacional —titulares de muy diversas carteras ministeriales— salieron a los medios de comunicación a autofelicitarse. El número de detenidos civiles ya sumaban más de 320 en aquel momento. De los 300 cortes de vías se había bajado a cincuenta, de igual manera el número de movilizaciones en diferentes localidades del país también había bajado… el paro indígena y las movilizaciones urbanas en diferentes partes del país aparentemente estaban en retroceso. “Se impone paulatinamente la normalidad”, llegó a aseverar en su ignorancia María Paula Romo, ministra del Interior. Sin embargo, la versión indígena era radicalmente distinta. Según Jaime Vargas, presidente de la Conaie, “la represión de la fuerza pública permitió la movimiento fortalecerse y coordinar con sus bases y otras organizaciones sociales en cada provincia para poder desplazarnos hacia la capital”.

Apenas un par de horas más tarde comenzaban los mensajes de alerta en la capital. La Policía Nacional y el servicio de inteligencia del Estado detectaban fuerte movimiento en carreteras desde las provincias indígenas de la Sierra Central hacía Quito. La reacción no pudo ser más desafortunada, el ministro de Defensa, un general del Ejército en servicio pasivo que responde al nombre del Oswaldo Jarrín amenazó directamente a los movilizados: “Que no se provoque a la fuerza pública, no la desafíen o sabremos responder…”. Estas declaraciones encendieron aún más los ánimos de los movilizados.

Durante todo el día de este lunes 7 de octubre llegaron diversos contingentes de indígenas a la capital ecuatoriana y de forma sorpresiva también a Guayaquil, segunda ciudad en importancia del país. En diversos barrios populares de la periferia quiteña los indígenas fueron recibidos con actos de solidaridad por los pobladores locales, pese a una fuerte campaña de desprestigio y racismo posicionada por influencers de perfil ideológico conservador en las redes sociales. Con los acceso de entrada a las ciudades altamente custodiadas por las fuerzas de orden público —militares y cuerpos de élite de la policía nacional— los enfrentamientos se sucedieron por doquier. Más manifestantes detenidos, más violencia en medio de llamados poco creíbles llamados al diálogo e incluso algún que otra tanqueta policial incendiada durante las reyertas.

Distintas puntos geográficos de la capital ecuatoriana se convirtieron en focos de conflicto entre movilizados y fuerzas del orden público. El presidente Moreno anunció una cadena televisiva gubernamental que fue tres veces aplazada y los periodistas destinados a cubrirla desalojados por los militares del palacio presidencial de Carondelet.

Las movilizaciones populares, tanto en Quito como en Guayaquil, se combinaron con actos de vandalismo protagonizados por grupos organizados que aprovechaban la protesta para sus fines delictivos. De igual manera, militantes políticos que responden a la tendencia correísta se infiltraron en las movilizaciones protagonizando asaltos de edificios públicos —Asamblea Nacional y Contraloría General del Estado— que fueron censurados por la Conaie y otras organizaciones sociales convocantes de la marcha. En otras provincias, los movilizados ocuparon instituciones públicas tales como la Gobernación o el Consejo de la Judicatura en la provincia de Bolívar. Las movilizaciones fueron permanentes en las provincias amazónicas y en la Sierra Central, todas ellas con fuerte ascendencia indígena.

A las 21 h del lunes por fin se produjo la tan esperada cadena nacional. El presidente Lenin Moreno, custodiado por su vicepresidente a la derecha y su ministra de Defensa a la izquierda, junto a los jefes de los diferentes cuerpos militares atrás, manifestaba —con cierto nerviosismo— que el pueblo ecuatoriano está asistiendo a un intento de “golpe de Estado” con asideros en un complot internacional. “El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización”, aseveró el mandatario ecuatoriano, insistiendo en que las medidas tomadas “no tienen marcha atrás” y que “los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el Gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático”.

Para sorpresa de los ecuatorianos la cadena nacional se emitió desde la ciudad de Guayaquil, lo que implica que el Gobierno Nacional abandonó el Palacio de Carondelet en la capital quiteña para, recordando lo que hizo Charles de Gaulle en mayo de 1968, instalarse en otra ciudad.  

La estrategia política y comunicacional del Gobierno de Lenín Moreno no pudo ser más desacertada. Nuevamente una escenografía de fuerza, el presidente de la República rodeado de militares, que realmente emitía comunicacionalmente toda su debilidad —un Gobierno sin base social que tiene un credibilidad inferior al 16%—. En paralelo, un confuso llamado al diálogo en medio de soflamas sobre que bajo ningún concepto se revisará el Decreto 883. Por último, una alerta sobre una supuesta trama internacional desestabilizadora tan poco creíble como las anteriormente posicionadas por Rafael Correa ante cada levantamiento indígena o paro obrero.

La noche quiteña fue larga, el vandalismo se apoderó de algunas zonas de la ciudad mientras manifestantes indígenas y estudiantes universitarios portaban carteles y pancartas cuya consigna era “Ni Correa ni Moreno”, buscando desmarcarse de la pretendida capitalización política correísta de las movilizaciones.

Con la situación al límite, los movilizados se repartieron para pasar en la noche en tiendas de campaña situadas en parques públicos, en coliseos universitarios y locales de organizaciones sociales.

Sectores sociales ciudadanos solidarios con los movilizados suministraron en la noche alimentos y mantas a los recién llegados, estudiantes universitarios de enfermería atienden a los heridos y el periodismo alternativo trata de hacer coberturas coherentes sobre el qué y el porqué de lo que demandan los movilizados. En paralelo, otros sectores de ciudadanos capitalinos expresan su miedo ante la algarabía y convocan para hoy una movilización de rechazo a las movilizaciones, supuestamente para defender Quito. Mensajes xenófobos corren por las redes sociales y líderes conservadores llaman a movilizarse supuestamente contra el correísmo, intentando a su vez desmarcarse oportunistamente de Moreno, pero claramente antagónicos a lo que consideran una invasión de su ciudad por parte de “indios ignorantes”.

Así amaneció el día hoy, martes 8 de octubre, un país donde en estos momentos todo puede pasar… Al cierre de la redacción de esta crónica, los movilizados comienzan a agruparse en zonas aledañas al centro de la ciudad Quito mientras van recibiendo nuevos contingentes de compañeros que van llegando a la capital.

Hoy posiblemente las movilizaciones serán calientes, mañana está convocada huelga general.

40 años de democracia, 7 presidentes y tres constituciones

El pasado 10 de agosto, Ecuador cumplió 40 años de democracia tras una dictadura militar que tuvo distintas fases políticas y que se extendió entre 1972 hasta 1979. En ese período se han desarrollado 11 contiendas electorales, tres constituciones —1978, 1998 y 2008— y una década de desestabilización política que comenzó con la caída Abdalá Bucaram y que perduró hasta la llegada de Rafael Correa a la poltrona presidencial del Palacio de Carondelet. Durante esa década Ecuador asistió a como siete personajes, cada cual políticamente más deplorable, cruzaron sobre su pecho la banda presidencial.

La década correísta estabilizó políticamente el país, si bien terminó decepcionando notablemente a la mayoría del pueblo ecuatoriano y desinstitucionalizando aun más Ecuador, tras haber implementado el predominio del poder Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado.

La última fase de deterioro económico del país comenzó en el año 2014, momento en el que la caída de los precios del petróleo comenzó a golpear fuertemente a la economía nacional. Fue durante la última fase del Gobierno de Rafael Correa cuando el país comenzó a entregarse al Fondo Monetario Internacional. El Presupuesto General del Estado pasó de 44.300 millones de dólares en 2014 a 37.600 millones en 2016, el endeudamiento público —interno y externo— pasó de 2,8% del PIB en 2012 al 8,1% en 2016 y 9% en 2017, las urgencias por obtener financiamiento internacional hizo que el Gobierno correísta llegase incluso a negociar parte de la reserva nacional de oro con Goldman Sachs. Incluso se firmó un tratado de libre comercio con la Unión Europea y llegó a hipotecar el petróleo aun no extraído del subsuelo ecuatoriano con China y Tailandia.


publicado

2019-10-08 21:14

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