Sábado, 04 Julio 2015 07:06

El contrasentido común

El contrasentido común

En 1926, el poeta irlandés W. B. Yeats lamentaba: "A los mejores les falta convicción, mientras que los peores están llenos de intensidad apasionada". Esta afirmación resulta más verdadera hoy que entonces. Supongamos, hipotéticamente, que los mejores en el plano personal, moral, social y político son la mayoría de la población y que los peores son una minoría. Como vivimos en democracia, no debería preocuparnos el hecho de que los peores estén llenos de convicciones que, precisamente por ser adoptadas por los peores, tenderán a ser peligrosas o perjudiciales para el bienestar de la sociedad. Al fin y al cabo, en democracia son las mayorías las que gobiernan. La verdad es que hoy se viene generalizando la idea de que las convicciones que dominan en la sociedad son las suscritas apasionadamente por los peores, y que esto es la causa o consecuencia de estar gobernados por los peores. La conclusión de que la democracia está secuestrada por minorías poderosas parece ineludible.

Pero si a los mejores les falta convicción, probablemente también no están convencidos de que esta conclusión sea verdadera, por lo que les será difícil movilizarse contra el secuestro de la democracia. Es, por tanto, urgente averiguar de dónde viene en nuestro tiempo la falta de convicción de los mejores.


La falta de convicción es la manifestación superficial de un malestar difuso y profundo. Surge de la sospecha de que lo que se difunde como verdadero, evidente y sin alternativa, de hecho, no lo es. Dada la intensidad de la difusión, se vuelve casi imposible para el ciudadano común confirmar la sospecha y, a falta de confirmación, los mejores acaban paralizados en la duda honesta. La fuerza de esta duda se expresa como aparente falta de convicción. Para confirmar la sospecha, el ciudadano común tendría que recorrer a conocimientos a los que no tiene acceso y no ve divulgados en la opinión publicada, porque también está al servicio de los peores. Veamos algunas de las convicciones que se están convirtiendo en sentido común y que, por ilusorias y absurdas, constituyen el nuevo contrasentido común:


La desigualdad social es la otra cara de la autonomía individual. Por el contrario, más allá de ciertos límites la desigualdad social permite a quienes están en los niveles más altos cambiar las reglas del juego con el fin de controlar las opciones de vida de quienes están en los más bajos. Sólo es autónomo quien tiene condiciones para serlo. Para el desempleado sin prestación de desempleo, el jubilado empobrecido, el trabajador precario, el joven obligado a emigrar, la autonomía es un insulto cruel.


El Estado es por naturaleza mal administrador. Muchos Estados (europeos, por ejemplo) de los últimos cincuenta años demuestran lo contrario. Si el Estado fuera por naturaleza mal administrador, no sería invocado tan a menudo para resolver las crisis económicas y financieras provocadas por la mala gestión privada de la economía y la sociedad. El Estado es considerado mal administrador siempre que pretende administrar sectores de la vida social donde el capital ve oportunidades de beneficio. El Estado sólo es verdaderamente mal administrador cuando quienes lo controlan consiguen ponerlo impunemente al servicio de sus intereses privados por medio del fanatismo ideológico, la corrupción y el abuso de poder.


Las privatizaciones permiten eficiencia que se traduce en ventajas para los consumidores. Las privatizaciones pueden o no generar eficiencia, siendo siempre cuestionable lo que se entiende por eficiencia, qué relación debe tener con otros valores y a quién sirve. Las privatizaciones de los servicios públicos casi siempre se traducen en aumentos de las tarifas, sea en el transporte, el agua o la electricidad. Las privatizaciones de los servicios esenciales (salud, educación, seguridad social) se traducen en la exclusión social de los ciudadanos que no pueden pagarlos. Si lo privado fuese más eficiente, las sociedades público-privadas deberían haberse traducido en beneficios para el interés público, al contrario de lo que ha sucedido. El engaño de la proclamada excelencia del sector privado en comparación con el público alcanza el paroxismo cuando una empresa del sector público de un Estado es vendida a una entidad pública de otro Estado, como ocurrió recientemente en Portugal en el sector eléctrico, vendido a una empresa pública china; o cuando la adquisición de un bien público estratégico por parte de un inversor extranjero puede ser financiada por un banco estatal de ese país, como ocurre en el caso de la venta en curso de la compañía aérea TAP (Transportes Aéreos Portugueses), con la posible financiación de la compra del inversor brasileño por parte del banco estatal brasileño BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).


La liberalización del comercio permite crear riqueza, aumentar el empleo y beneficiar a los consumidores. Tal como se ha venido negociando, la liberalización del comercio concentra la riqueza que crea (cuando la crea) en una pequeñísima minoría, mientras que los trabajadores pierden empleo, sobre todo el empleo decentemente remunerado y con derechos sociales. En las grandes empresas norteamericanas que promueven la liberalización, los directores ejecutivos ganan 300 veces el salario medio de los trabajadores de la empresa. Por otro lado, las leyes nacionales que protegen a los consumidores, la salud pública y el medio ambiente serán consideradas obstáculos para el comercio y, sobre esa base, cuestionadas y probablemente eliminadas. Hay en marcha tres importantes tratados de libre comercio: el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), el Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TiSA) y el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (conocido como TTIP). Por las razones expuestas crece en Estados Unidos (y en Europa, en el caso del TTIP) la oposición a estos tratados.


La distinción entre izquierda y derecha ya no tiene sentido porque los imperativos globales de gobernanza son inevitables y porque su alternativa es el caos social. Mientras haya desigualdad injusta y discriminación social (y ambas han aumentado en las últimas décadas), la distinción tiene pleno sentido. Cuando se dice que la distinción no tiene sentido, sólo es puesta en cuestión la existencia de la izquierda, nunca la de la derecha. Sectores importantes de la izquierda (partidos socialistas) cayeron en la trampa de este contrasentido común, y es urgente que se liberen de ella. Los "imperativos globales" no permiten alternativas hasta verse obligados a ello por la resistencia organizada de los ciudadanos.


La política de austeridad busca sanear la economía, disminuir la deuda y llevar el país al crecimiento. En los últimos treinta años, ningún país sujeto al ajuste estructural consiguió tales objetivos. Los rescates se han hecho en interés exclusivo de los acreedores, muchos de ellos especuladores sin escrúpulos. Por eso los ministros que aplican "con éxito" las políticas de austeridad son frecuentemente contratados por los grandes agentes financieros y las instituciones a su servicio (FMI y Banco Mundial) cuando abandonan las funciones de gobierno.


Portugal es un caso de éxito; no es Grecia. Este es el mayor insulto a los mejores (la gran mayoría de los portugueses). Basta leer los informes del FMI para saber lo que le está reservado a Portugal después del saqueo de Grecia. Más recortes en las pensiones, más reducción de salarios y mayor precarización del empleo serán exigidos y nunca serán suficientes. Las "arcas llenas"[1] pregonadas por el actual gobierno conservador portugués son para vaciarse ante el primer estornudo especulativo.

Portugal es un país desarrollado. No es verdad. Portugal es un país de desarrollo intermedio en el sistema mundial, condición que tiene hace siglos. Esa condición hizo que Portugal fuese simultáneamente el centro de un vasto imperio y una colonia informal de Inglaterra. Debido a esa misma condición, las colonias y excolonias tuvieron a veces un papel decisivo en el rescate de la metrópoli. Así como Brasil rescató la independencia portuguesa durante las invasiones napoleónicas, la inversión de una excolonia (Angola) viene hoy tomando a su cargo los sectores estratégicos de la economía de la exmetrópoli. En los últimos treinta años, la integración en la Unión Europea creó la ilusión de que Portugal (también España y Grecia) podía superar esa condición semiperiférica. El modo en el que está siendo "resuelta" la actual crisis económica y financiera muestra que la ilusión se deshizo. Portugal está siendo tratado como un país que se debe resignar a su condición subalterna. Los portugueses deben contribuir al bienestar de los turistas del Norte, pero deben contentarse con el malestar del trabajo sin derechos, de la creciente desigualdad social, de las pensiones públicas desvalorizadas y sujetas a constante incertidumbre, y de la educación y la salud públicas reducidas a la condición de programas pobres para pobres. El objetivo principal de la intervención de la troika fue bajar el nivel de protección social a fin de crear las condiciones para un nuevo ciclo de acumulación de capital más rentable, o sea, un ciclo en el que los trabajadores ganen menos que antes y los grandes empresarios (no los pequeños) ganen más que antes.


La democracia es el gobierno de las mayorías. Ese es el ideal, pero en la práctica nunca fue así. Primero, se impidió que la mayoría tuviese derecho al voto (restricciones al sufragio). Después, se intentó con varios mecanismos que la mayoría no votase (restricciones fácticas al ejercicio del voto: voto en día laborable, intimidación para no votar, costos de transporte para ejercer el derecho al voto, etcétera) o lo haga en contra de sus intereses (propaganda engañosa, manipulación mediática, inducción al miedo por las consecuencias del voto, encuestas sesgadas, compra de votos, interferencia externa). En los últimos treinta años, el poder del dinero pasó a condicionar decisivamente el proceso democrático, especialmente a través del financiamiento de los partidos y de la corrupción endémica. En algunos países la democracia ha sido secuestrada por plutócratas y cleptómanos. El caso paradigmático es Estados Unidos. ¿Y alguien puede afirmar de buena fe que el actualCongreso brasileño representa los intereses de la mayoría de los brasileños?


Europa es el continente de la paz, la democracia y la solidaridad. En los últimos ciento cincuenta años, Europa fue el continente más violento y aquel en el que los conflictos causaron más muertes: dos guerras mundiales, ambas provocadas por la prepotencia alemana, el holocausto, y los genocidios y masacres cometidos en las colonias de África y de Asia. El prejuicio colonial con el que Europa continúa mirando al mundo no europeo (incluyendo las otras Europas dentro de Europa) vuelve imposibles los diálogos verdaderamente interculturales, generadores de paz, democracia y solidaridad. Los valores europeos del cristianismo, de la democracia y de la solidaridad son en teoría generosos (pese a ser etnocéntricos), pero han sido frecuentemente usados para justificar agresiones imperiales, xenofobia, racismo e islamofobia. El modo en el que la crisis financiera del sur de Europa ha sido "resuelta", el vasto cementerio líquido en el que se transformó el Mediterráneo, el crecimiento de la extrema derecha en varios países de Europa, son el desmentido de los valores europeos. En Europa, como en todo el mundo, la paz, la democracia y la solidaridad, cuando son apenas un discurso de valores, buscan ocultar las realidades que los contradicen. Para ser vivencias y formas de sociabilidad y de política concretas, tienen que ser conquistadas por la vía de las luchas sociales contra los enemigos de la paz, la democracia y la solidaridad.


[1] Se refiere a la expresión de la ministra de Estado y de Finanzas de Portugal, Maria Luís Albuquerque, quien recientemente afirmó que su país tiene las "arcas llenas" para honrar compromisos en la eventualidad de que surjan perturbaciones en el funcionamiento del mercado (nota de los traductores).

 

*Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez

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Sábado, 04 Julio 2015 07:00

La estrategia destituyente

La estrategia destituyente

Las aporías del Grexit. Si se sigue con un poco más de atención la estrategia que ha seguido Syriza (en los últimos seis meses) frente a las instituciones europeas para enfrentar la crisis social que cobra su auge en 20013, cabría hacerse una pregunta que probablemente aún no tiene –ni tendrá en los próximos tiempos– respuesta: ¿cómo es posible que una nación tan pequeña –y un conjunto tan reducido de votos en el parlamento de Bruselas– mantengan en estado de hiato al conglomerado europeo? Si el Eurogrupo deja caer a Grecia, bloqueando sus flujos de sustentabilidad, otros países leerían el mensaje de una manera elemental: esa informe amalgama entre la Comisión Europa y el Eurogrupo –¿alguien podría definir de qué forma política se trata?– no es capaz, en caso de catástrofe, de proteger a la parte afectada de la ciudadanía (en este caso ya europea). Este mensaje no sólo alentaría las dudas de las franjas de la izquierda, sino de cualquier coalición gubernamental. Si por el contrario, cede frente a las demandas de Syriza –léase: limitar los pagos de la deuda a una política de no austeridad–, tendría que aceptar que la doxa impuesta por la deuda como tecnología del control es falible. Esta aporía, este problema sin solución, que podría redundar en una situación en Grecia tan dramática como condenable (la mayoría de los mandatarios europeos han emprendido la campaña por el sí para alentar a la extrema derecha griega a que dé pasos más firmes), muestra el amplio rango de vulnerabilidad que hasta ahora no habían exhibido los controles de las instituciones globales –y, por ende, la forma en que pueden ser contrarrestadas–.


Desde 2006, el Eurogrupo apostó –y no podía ser de otra manera– a que en Grecia existía un poder constituido –el Estado griego– para hacer el trabajo sucio que garantizara la legitimidad de instituciones unificadas no por un acta de derechos humanos, por ejemplo –cómo se podría esperar después de la agreste historia europea del siglo XX–, sino en torno a una ¡moneda! La idea del poder constituyente se remonta a la revolución francesa. Un Estado que garantizara salidas frente a cualquier tipo de crisis: una invasión extranjera, una guerra civil, una catástrofe natural, una epidemia..., y que podían poner en peligro la integridad de la nación. Pero la forma en que intervienen los poderes globales hoy en día socava permanentemente todo aquello que constituye a la parte constituyente del poder. Actúan manteniendo a este poder en una situación constante de crisis. Es más: la crisis se ha convertido en una tecnología de gobierno. Se desestabiliza todo para mantener la estabilidad de instituciones flotantes. Esa ha sido la experiencia de Grecia, pero también de Argentina, España y México. Las ideas tradicionales que explicaba al poder moderno como mecanismo de contención de lo ingobernable han perdido sentido. Hoy el poder induce la crisis y se erige como el piloto que pretende navegar en ella. Este es el principio actual de gubernamentabilidad. Agamben lo llamó recientemente: el Estado de seguridad. El término es una ironía, porque supone que el Estado garantiza la seguridad de aquello cuya seguridad ha socavado él mismo. Una ironía efectiva porque hoy se gobierna no sobre la base del principio de certidumbre, sino sobre la máxima del menor riesgo. Es decir, riesgo, al fin y al cabo de cuentas.


Cuando Syriza enfrentó el dictum del riesgo con la opción de un referendo, desbancó (voluntaria o involuntariamente) el principio bajo el cual una técnica de control político se legitimaba con argumentos económicos. Lo último que puede admitir un banco frente a una letra vencida, ¡es una votación! Y, sin embargo, no tuvieron otro remedio que aceptarlo. Lo otro significaba el pogromo contra Grecia.


Se trata de una estrategia destituyente: o se modifica el estatuto europeo o los griegos son lanzados de Europa. Y nadie mejor que ellos sabe que esta última es la mejor de las opciones. Sólo que ahora, seis meses después de la medición de fuerzas, los responsables serían las instituciones europeas. Una estrategia que Alejandro Nadal definió recientemente de manera sucinta: ¿cómo salir de la jaula sin morir en el intento?


Es curioso cómo todo el mundo se pregunta: ¿y con quién irá a parar Grecia? ¿Con Rusia o con China? Son preguntas que no hacen más que repetir la falibilidad de la respuesta que presagian.


El sustento de toda la negociación de Syriza no está en los dirigentes ni en los expertos en economía, está en la radical recomposición de la sociedad griega en los últimos años. En ella emergieron formas de un poder destituyente que no requiere a los partidos ni las expresiones políticas para subsistir, y que conjura la posibilidad misma de que se transformen en andamiajes del Estado. Son miles de redes de apoyo que nacieron al amparo de la revuelta y que garantizan comida, salud, educación, acaso inspiradas en el movimiento neoanarkhe, y que representan el secreto mejor conocido de todo el trance griego –del cual por cierto muy pocos hablan–. Y acaso el fundamento de la fuerza para enfrentar al conglomerado europeo.

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Viernes, 03 Julio 2015 06:36

Lenin (el monumento)

Lenin (el monumento)

La aparición masiva de monumentos de Lenin por toda la URSS en los años 50 y 60 –hasta aquel entonces menos populares que los de Stalin– marcaba un claro giro ideológico iniciado por el 20 Congreso del PCUS (1956) cuando Jrushchov denunció los crímenes de su predecesor.


Los escultores soviéticos los producían en serie apenas con pequeñas variaciones: con la mano en alto o en el pecho, con gorra y sin gorra; tanta era la fiebre que el creador de uno de los Lenines en Dnipropetrovsk (hoy Ucrania) no se percató que el suyo acabó con... dos gorras: una en la cabeza y la otra en la mano.


Hace poco también éste cayó víctima de otro tipo de fiebre (y backlash político): las masivas caídas de monumentos de Lenin en toda Ucrania que marcan un giro ideológico hacia el anticomunismo tardío y la criminalización de ambos totalitarismos (que en la práctica rehabilita al fascismo).


Desde finales de 2013 ya fueron derrumbadas 740 estatuas de Lenin (http://leninstatues.ru/leninopad).


En mayo de 2015 el presidente Poroshenko institucionalizó estas prácticas surgidas espontáneamente tras el Euromaidan con un decreto de descomunización –fruto de la nueva política histórica a servicio de la guerra en Donbas– que estipula la quita de todos los monumentos comunistas en seis meses.

En lugar de Lenin aparecen los atamanes cosacos o líderes nacionalistas; uno quedó sustituido por el monumento a... los soldados ucranios combatiendo a los separatistas pro-rusos (¡sic!).


En los bochornosos tiempos de Goodbye Lenin, welcome the 'stormtroopers'! es mejor estudiar varias revaluaciones de su figura que –a contrapelo– hubo en los recientes años (más allá de la demonización revisionista/liberal y del culto oficial pre-1989) y si bien difieren en muchos puntos subrayan su actualidad. Echémosles un ojo a algunas:

• Lenin... ¡la repetición! Una de las primeras que en cierto modo rompía el tabú –Marx todavía, ¡¿... pero Lenin?!– fue hecha por Slavoj Zizek (Revolution at the gates. Selected writings of Lenin from 1917, Verso, 2002) que alabando su valentía de abrazar al momento revolucionario a pesar de la situación catastrófica demostrando que no existen fases, ni condiciones objetivas y que no hay que esperar a que la situación madure sino ¡saltar!, llamaba a repetirlo (Kierkegaard): "recobrar el mismo impulso en la constelación de hoy, no para seguirlo –'¡Lenin está muerto!'– sino salvar su potencial"; para Zizek esto significa mantener el campo abierto, acto vital para la izquierda de hoy, que a diferencia de Lenin ya dejó de cuestionar la forma política del capitalismo: la democracia liberal y teme ensuciarse las manos (New Statesman, 29/10/09), cuando debería –estudiando las contradicciones del sistema– volver a Lenin y empezar desde el principio (New Left Review, núm. 57, 5-6/09).

• Lenin... la deconstrucción. Lars T. Lih –desde una postura menos política– ofreció nuevas miradas a: sus ideas reinterpretando al famoso ¿Qué hacer? (1902), para resaltar mejor su tono no tan elitista y objetivos más básicos: construcción de un partido estilo SPD (Lenin rediscovered, Haymarket Books, 2008); a su figura llevándonos por sus tres etapas –socialdemócrata (1894-04), bolchevique (1904-14), comunista (1914-24)– para concluir que era menos frío y más romántico de lo que se cree (Lenin, Reaktion Books, 2011); a las cosas que se suelen decir de él (" The lies we tell about Lenin", en The Jacobin, 23/7/14) e incluso al relato habitual en la izquierda de su gran ruptura con Kautsky que lo llevó a estudiar a Hegel y renovar radicalmente su marxismo, ambas historias mucho menos drásticas (El extraño caso de Lenin en el armario, en SinPermiso, 14/12/14).

• Lenin... las lecciones. En una nueva introducción a sus viejas conferencias 1972-3 (Factory of strategy. 33 lessons on Lenin, Columbia University Press, 2014), Toni Negri subraya un detalle crucial: Lenin fue el único político que seriamente planteó la extinción del Estado (vide: El Estado y la revolución, 1917) y asegura que el leninismo (sic) puede ser configurado como forma política adaptable a diferentes realidades, algo "urgente en contexto del despertar social desde Occupy, Primaveras hasta Grecia"; una confirmación de estas palabras fue el debate suscitado por Ian Birchall ( Lenin: yes! Leninism: no?, en RS21, 2/8/14), dónde resonó también la cuestión "que si Lenin se hubiera acercado a algo tan 'impuro' como Syriza" (véase: Louis Proyect, Goodbye leninism, en Counterpunch, 14-16/11/14).

• Lenin... la reconstrucción. Tamas Krausz en su imponente biografía ( Reconstructing Lenin: an intellectual biography, Monthly Review Books, 2015) ofrece, más que un punto central, clarificaciones acerca de sus contribuciones políticas y teoréticas, para concluir que su legado no es cosa del pasado, ya que la tradición leninista del marxismo es la única que, al menos por un tiempo, ofreció una alternativa al capitalismo, aunque según Krausz –contrario a lo que quiere por ejemplo Paul Le Blanc (Unfinished leninism, Haymarket Books, 2014) que defiende también el uso de leninismo frente a Birchall (" Leninism, no?", en Socialist Worker, 6/8/14)– Lenin lo hizo "sin crear un otro 'ismo', sólo re-energizando y profundizando los elementos del marxismo que trataba de sepultar el mainstream socialdemócrata".


Algunos de ellos analizan en su breve introducción al pensamiento marxista (The three sources and three component parts of marxism) escrita para el 30 aniversario de la muerte de Marx.


Allí, casi en el principio, incluye una valiente, incluso soberbia frase que siempre me encantaba: La doctrina de Marx es omnipotente, porque es verdadera (que igual dice simplemente que este es el mejor método para analizar la sociedad en que vivimos...).


¿Pero no es justo un tipo de osadía política e intelectual de la que carece hoy y la que le haría falta a mucha parte de la izquierda que ya aceptó los básicos correlatos ideológicos del mainstrea m democrático-liberal?
Recuperarla sería el mejor monumento a Lenin y a su legado.

Twitter: @periodistapl

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Viernes, 26 Junio 2015 06:41

El cambio es así en España

El cambio es así en España

El bipartidismo español demuestra su incapacidad para abordar el presente político. Lo manifiesta cada día sustituyendo cualquier discusión sobre la actual situación socio-económica con una vuelta al pasado rebuscando cualquier tuit debajo de la alfombra. PSOE y PP evitan entrar al campo de la (verdadera) política porque han dejado de controlar monopólicamente ese espacio. Prefieren la confrontación en la arena de la parapolítica aprovechándose de su gran eco mediático y sin necesidad de explicar aquello que afecta diariamente a la gente de a pie.


La disputa es demasiado asimétrica entre los guardianes de lo viejo y los que pretenden un cambio a favor de la mayoría. Mientras el bloque histórico usa todo su poder para pelear fuera del verdadero ring social que preocupa a la ciudadanía, Podemos como partido-movimiento opta por situar su propuesta en el centro del cuadrilátero. La guerra de posiciones está servida para estos meses venideros. El sistema político tradicional sufre una crisis de representatividad; ha dejado de percibir cuál es el sentido común de época en la sociedad española de los últimos años. Los de arriba no saben qué decir de la corrupción ni de los desahucios, ni de los que no pueden pagar la electricidad a final de mes, ni del desempleo juvenil. Los representantes de las elites procuran reinventar una centralidad que no coincide con el centro de gravitación de las demandas de la mayoría social. Prefieren la campaña del miedo porque han dejado de ser creíbles como políticos capaces de crear esperanzas.


Frente a ello, Podemos sigue empecinado acertadamente en centrar la atención en aquello que afecta la vida cotidiana de los hogares españoles, devolviéndoles las ganas y creando ilusión. Esta estrategia podemista es lo que más incomoda a unas elites que prefieren marear la perdiz en vez de tener que hablar de la deuda social creciente en España ni de la falta de expectativas (el 63 por ciento cree que en los meses próximos seguirá todo igual o incluso peor que hasta ahora).


La trampa tendida desde el bipartidismo en contra de Podemos se basa en buscar como sea que éste hable de sí mismo. Todo vale por parte del bipartidismo para que se eluda discutir de lo que sigue pasando social y económicamente en cada rincón del país. El régimen ambiciona llevar el debate a un callejón sin salida tentando a la alta cuota de intelectuales en el entorno de Podemos para que la sobredosis de podemología merme las fuerzas para el verdadero objetivo marcado: pensar cómo adentrarse por la ventana abierta de esta oportunidad histórica.


La otra gran estrategia aplicada por las elites procura forzar a Podemos a luchar contra la campaña del miedo impidiéndole que siga cómoda y decididamente por la hoja de ruta del cambio. Este es uno de los objetivos del bipartidismo: hacerle zancadillas constantemente a Podemos obligándolo a que den más explicaciones de las necesarias sobre aquello que interesa poco a la ciudadanía. Las elites políticas buscan arrinconar a Podemos elevando el tono de voz; creen que con más decibelios van a llevar más razón, o van a tener más capacidad de silenciar lo que hoy ya es un grito de la mayoría. Sin embargo, Podemos no cede la agenda.


El nuevo consenso emergente es el meollo de este tira y afloja fruto de un cambio de época que ya es una realidad. Es muy de agradecer que la democracia se oxigene gracias a estas tensiones que permiten reacomodar los equilibrios de fuerzas políticas. El PP le apuesta todo a la recuperación económica aunque ésta sea desigual, y a enterrar como sea a todo aquello que tenga tufo a nuevo; el PSOE escoge una operación más cosmética, con tono moderado, para llegar al mismo puerto. Y frente a ello, a Podemos sólo le queda proseguir con su tarea de ampliar y construir ese imaginario del cambio que tanto se ha cristalizado en las pasadas elecciones del 24M. Su éxito dependerá en gran medida de cómo evite entrar al trapo de un régimen aún hegemónico que se niega a tirar la toalla. No será fácil, pero quién ha dicho que cualquier cambio a favor de las mayorías haya sido fácil a lo largo de la historia. Eso sí, a pesar de los intentos de hablar de tweets y de protestas en capilla, el cambio en España ya es un hecho político irreversible.



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El fin del relato progresista en América Latina

Las protestas contra Dilma Rousseff marcan un punto de inflexión en la ruptura entre gobernantes y gobernados en Brasil, un proceso que paulatinamente se extiende a los países latinoamericanos.

¿Se puede hablar de final de ciclo para los gobiernos progresistas en América Latina? Cuando triunfos electorales se sucedieron recientemente en Uruguay, Brasil, El Salvador y Bolivia, la pregunta pareció disiparse. Pero vuelve por otros caminos. No necesariamente el de también recientes derrotas en grandes ciudades o regiones del Brasil, Ecuador, Argentina o Bolivia. Estas han tenido cierto peso simbólico pero parecen remitir a un nuevo equilibrio más que a la interrupción del apoyo a nivel nacional. Lejos de las urnas, más bien, un posible momento de cambio todavía indeterminado parece sentirse en el agotamiento de un modelo y en la transformación interna de la narrativa política progresista, plurinacional o bolivariana.
Tanto a la izquierda como a la derecha del espacio político en que los gobiernos progresistas se establecen como centro, asistimos una reorganización de fuerzas y movilización en varios países. El mapa de la situación política no es homogéneo ni puede generalizarse, pero cierta inquietud se transmite desde la razón "gobernista", término utilizado en Brasil para referirse a la defensa militante del gobierno que no asume ni la más mínima crítica. En ese país, después de las primeras medidas de gobierno que siguieron al triunfo por mínima diferencia en las elecciones de octubre de 2014, el "gobernismo" muestra una notable dificultad para sostener el "relato" en que se sustenta.


De hecho, quizás sea Brasil donde el problema del fin de ciclo se muestra con mayor claridad. Al final, las movilizaciones opositoras de cuño expresivamente conservador en Argentina y Venezuela se vienen sucediendo sin que el apoyo hacia los gobiernos deje de ser firme y probablemente suficiente para ganar otra elección. Fuertes movilizaciones campesinas e indígenas en Ecuador y Bolivia, por otra parte, no merman hasta ahora el voto mayoritario de Morales y Correa. En Brasil, las últimas mediciones de abril y mayo sobre imagen positiva de Dilma Rousseff llegaron al 7% en uno de los grandes institutos y en cerca de 10% en otros. Lula da Silva, probable candidato para 2018, no deja de estar afectado por el descontento. Es que, además de una oposición indignada, la crítica al gobierno alcanzó rápidamente la masa de votantes propios. Para el "gobernismo" más cínico, sin embargo, el neoliberalismo es una fase ya dejada atrás y la falta de popularidad se debe exclusivamente a una crisis en la que no tienen responsabilidad, y al trabajo de los grandes medios.


En realidad, la popularidad de Dilma Rousseff ya había sido baja en el estallido de junio de 2013 y durante la copa del mundo, dos momentos en que la indistinción del PT con el poder empresarial y los partidos conservadores con los que cogobierna, o de la oposición, se mostraban evidentes desde las calles. Esta imagen de frente conservador donde el progresismo se integra es la base de la situación política que quiebra el relato. En sentido opuesto, la elección presidencial de 2014 permitió al PT recuperar sus votantes históricos en una notable polarización del electorado que eliminó a Marina Silva asociándola al neoliberalismo, y a Aecio Neves a fuerza del foco en lo social. Un voto desencantado, sin embargo, fue seguido por una verdadera indignación frente a la formación del gabinete de ministros y las primeras medidas. La presidenta asumió políticas de ajuste y austeridad, en sentido notablemente contrario de lo prometido en la campaña electoral que todavía resonaba en los oídos.


Por intermediación de Lula el PT incorporó al responsable económico del programa de la oposición, y dio lugar a un recorte de gastos que pesaría especialmente sobre la clase trabajadora y la educación. Otro nombramiento de impacto fue el de Katia Abreu en el Ministerio de Agricultura, homenajeada tiempo antes por los pueblos indígenas con el premio de "Miss Motosierra de Oro", por su papel en la defensa de crímenes ambientales y el avance del agronegocio sobre tierras indígenas, dos causas de amplia sensibilización en la ciudad.


Al mismo tiempo, los gestos hacia los mercados no sirvieron para neutralizar manifestaciones de cientos de miles de personas que pedían la destitución de Dilma, que con un discurso anti-corrupción señalizan la posibilidad de un cierre del ciclo por el camino más conservador. Estas voces que salieron a la calle, se expresan también en un congreso donde aumenta la influencia de la bancada "de la Bala, el Buey y la Biblia (BBB)", con control de la cámara de diputados y con mucha más influencia sobre el gobierno que los movimientos sociales. Sectores conservadores en la base del gobierno y la oposición consiguieron que el gobierno frenara iniciativas educativas anti-homofóbicas en curso, y se preparan esta semana para aprobar una enmienda constitucional que reduzca a 16 años la edad de la mayoría penal, después de haber aprobado la generalización de la tercerización para todos los sectores de la economía, antes restringida.


Habiéndose alejado del proyecto de cambios que lo llevó al poder, sin capacidad para movilizar ni para frenar institucionalmente reformas conservadoras, y siendo partícipe de las mismas en algunos casos como el del deterioro de los derechos del trabajo, el fin de ciclo se da con el progresismo en el comando, que incluso podrá volver a ganar desde un enfrentamiento electoral con los sectores con los que, en realidad, co-gobierna.


Culto a la tecnocracia


Aunque una derrota en Venezuela o Argentina sería significativa para la liga de presidentes del espacio que inauguró Chávez en 1999 y hoy gobierna varios países, el fin de ciclo pasa en los distintos países por la aceptación de un modelo conservador evaluado como condición necesaria para la estabilidad y continuidad política. Las encuestas y el cálculo electoral determinan así el proyecto político, que tiende al culto de lo institucional y la tecnocracia, aunque mantenga un discurso que construye su electorado a partir del énfasis en lo social. En Argentina, en ese sentido, el kirchnerismo se dispone a defender en la campaña a un candidato que nunca gozó de su confianza, pero que se acepta por medir mejor en las encuestas. Daniel Scioli, lanzado políticamente por Menem, demuestra que el peronismo sigue siendo más que el kirchnerismo y se presenta desde posiciones políticas que no se diferencian de las de sus rivales del espacio conservador.


La vieja política también se introduce en el MAS de Bolivia, desde una visión hegemonista que lo empeña hace tiempo a recurrir a figuras mediáticas o recicladas de la oposición, como si las decisiones electorales y acuerdos no tuvieran consecuencias en la gestión y rumbo político. Así, se abandonan objetivos que vayan más allá de la ocupación de las instituciones, sustituyendo la movilización popular por la incorporación de posiciones, visiones y demandas del enemigo, dejando atrás los tiempos que siguieron a la elección de Evo Morales en los que hubo intentos de proponer reformas más contundentes o cuestionar la forma y funcionamiento del Estado, más allá de quién ocupara el sillón.


La imposibilidad de regeneración y vuelta a los orígenes, por otra parte, se limita desde la propia dinámica del sistema político, que financia las campañas desde el sector empresarial; o en la dependencia estatal de ingresos producto del peor desarrollo y el extractivismo, base también de alianzas espurias con caudillos locales y capital multinacional sin responsabilidad ni horizonte más allá de la búsqueda de retorno más rápido posible de las inversiones. Buena parte de las políticas sociales son fruto de estos ingresos, por lo que la marca y popularidad de estos gobiernos se asocia íntimamente con estos tipos de explotación económica sumamente dependiente del precio internacional y con consecuencias ecológicas desastrosas.


En un balance deben destacarse medidas importantes, como el avance en la articulación regional; la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad de la dictadura y la asignación universal por hijo en Argentina; algunos elementos de las constituciones de Bolivia y Ecuador; negociaciones soberanas de la deuda; reducción de la pobreza y la intervención social y de infraestructura en barrios. El final de ciclo también se relaciona con la interrupción de esas agendas, sin embargo, con un aumento de la pobreza en Argentina, y de la desocupación en Brasil, además de los límites de las luchas emprendidas, que no incorpora en el reconocimiento de derechos y defensa de garantías a las periferias y pueblos indígenas que enfrentan grandes obras y expulsiones de territorios. Algunos tabús de esta época se rompieron con negociaciones de pactos bilaterales en Ecuador, y con el encarcelamiento de opositores en Venezuela. El balance también es negativo en la prometida industrialización y salida del modelo de economía primaria dependiente de precios de commodities.


A la hora de hablar de modificaciones estructurales de la desigualdad y la matriz económica, los gobiernos progresistas parecen transformados por el poder y las instituciones, antes que lo inverso. Mientras recetas ortodoxas anuncian nuevamente su llegada, alejan definitivamente la posibilidad de fortalecer procesos que desde el Buen Vivir apuesten por otro desarrollo. Al mismo tiempo, un nuevo marco ideológico asumido por buena parte del progresismo para encarar la fase política actual, garantiza popularidad y la permanencia en el poder, pero a costa de abandonar principios anticapitalistas y demandas venidas de las movilizaciones que abrieron el ciclo político progresista. Esto es claro si vemos el avance de tres elementos: la ideología del consumo, el consenso del desarrollo y la agenda política traída por sectores religiosos.


La propaganda "gobernista" presenta el crecimiento en índices de consumo como acceso de millones a la clase media. Además de abandonar agendas campesinas, indígenas y obreras, la discusión deja de lado la revisión de prioridades en la economía y la forma de distribución –que continúa beneficiando mayormente a los más ricos–. Tampoco complementa el acceso al consumo con un acento en el acceso a salud, educación y transporte de calidad, que permanecen ajenos a las mayorías.


La llegada del papa Francisco al Vaticano, días después de la muerte de Chávez, ya cosechó retrocesos en la legislación progresista, frenando cambios en el Código Civil argentino, y dando legitimidad a la ruptura de gobiernos con luchas de minorías que históricamente la izquierda defendió, cortando incipientes avances en algunos de los países. La transformación que convirtió a Bergoglio de autoridad de una iglesia conservadora que cierra muestras de arte o no asume una posición crítica durante la dictadura, a líder del progresismo, no habla solamente de una operación comunicacional, sino también del fin de ciclo del progresismo como lo conocimos hasta ahora. Consumo y agenda conservadora se conectan con la incorporación de un punto de vista estatal e hiperpresidencialista, articulando con identidades políticas nacionalistas, con sus variantes batllistas en Uruguay, peronista en Argentina, emenerrista en Bolivia, cuando no de las propias dictaduras, si enfocamos en el modelo desarrollista adoptado.


Quizás deba tomarse en serio la propuesta de fundar una nueva internacional liderada por el papa Francisco, presentada por Gianni Vattimo y aplaudida por actores del progresismo "gobernista" nucleado en el Foro por la Emancipación y la Igualdad que en marzo de 2015 en Buenos Aires. Rafael Correa, en esa dirección, asumió este año una defensa sobreactuada y repentina contra lo que llamó "agenda abortista", para impedir la regulación legislativa de este tema, y de "ideología de género" contra derechos de minorías. El posicionamiento se suma a sus ya clásicas diatribas contra ambientalistas e indígenas.


La política que interviene en los antagonismos sociales, raciales y de ímpetu descolonizador, es así sustituida por valores conservadores desde una idea de confraternización y conciliación que en el fondo deja de lado la lucha contra la desigualdad, más allá del asistencialismo que encuadra y desmoviliza los sectores populares desde el paternalismo estatal o religioso. El nuevo horizonte viene acompañado de un tratamiento de la disidencia como radicalismo contrario a los intereses de la nación.

En el plano geopolítico, el aumento de la represión y criminalización de disidentes se articula con la visión hacia oriente, acercándose en el discurso y la economía a regímenes autoritarios como el de Rusia y China, también ya desprovistos de un horizonte anticapitalista y emancipador.


Sustituyendo clase trabajadora y movimientos sociales o indígenas por familia y clase media; el progresismo y la izquierda en el poder dejan de serlo por el camino de la seguridad y el consumo de nuevos nacionalismos desarrollistas. Este movimiento es claro en Nicaragua, donde Daniel Ortega y el sandinismo regresa al gobierno en 2007. El acercamiento con la iglesia que lo enfrentó en los 70, se da junto a la aprobación de una ley que prohíbe el aborto en cualquier situación. A finales del 2014, el congreso aprueba también sin debate ni socialización de información una ley que da origen a la construcción de un canal interoceánico, cediendo derechos soberanos por 50 años a una empresa china, reprimiendo y criminalizando campesinos y poblaciones que serán desplazadas. El ciclo político también se interrumpe cuando la política del desarrollo acerca gobiernos bolivarianos, progresistas o de izquierda a las gestiones nacionalistas y liberales del Perú, Colombia o México, sin distinción en la instrumentalización del poder estatal para garantizar un modelo para nada progresista.


Más que un horizonte anti o post extractivista como alternativa de poder en un nuevo ciclo, vemos aparecer nuevas derechas con discursos renovados "para la gente" y "post-ideológicos" con la bandera que perdió la izquierda de la ética contra la corrupción. Sin participación y búsquedas de otra política que conecten luchas territoriales con luchas en las ciudades, el nuevo ciclo acabará cediendo lugar a un régimen autista e individualista que combine o alterne un nacionalismo social de discurso religioso y un republicanismo individualista de discurso anti-estatal indignado.

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Jueves, 18 Junio 2015 18:37

La ladera grita, resiste y construye

La ladera grita, resiste y construye

Un gigantesco anfiteatro bordeado por montañas. Abajo, en lo profundo del valle atravesado por el río Medellín, edificios que señalan el centro, autopistas repletas de coches y, a medida que la mirada asciende por las laderas, miles de viviendas apiñadas, colgadas de barrancos, quebradas y desfiladeros que las sucesivas oleadas de migrantes domeñaron, convirtiéndolas en una suerte de ciudad vertical.

Doble migración. La histórica, del campo a la ciudad, que arranca durante La Violencia (1946-1958) que sometió al país a la guerra civil entre liberales y conservadores con un saldo de entre 200 y 300.000 muertos. Recién en 1957 la violencia amaina, aunque no la persecución del campesinado, que crea las condiciones para un rebrote del conflicto con la aparición de las guerrillas en la década de 1960.


Pero que continuó en sucesivas ondas, que arrancaron a cientos de miles de campesinos de sus tierras codiciadas por terratenientes, narcos y paramilitares. La última se registró, en el oriente de Antioquia, entre 1998 y 2007, siete años que dejaron la tierra arrasada, según un detallado estudio del municipio de San Carlos, a 100 kilómetros de Medellin.


En números, el despoblamiento del municipio es alucinante. En 1985 tenía 29.156 habitantes que se reducen a 13.000 en 2005, en lo que se describe con "una danza de guerra", en la que "los paramilitares masacraban indiscriminadamente a los habitantes del municipio, mientras las guerrillas atacaban los cascos urbanos de todas las localidades de la región, sostenían enfrentamientos con el ejército en las áreas rurales y mataban a los pobladores que consideraban informantes o auxiliadores de los paramilitares" .


En esa pequeña población, se produjeron 36 masacres, a razón de cuatro por año, más de 500 personas fueron asesinadas y 152 sufrieron desaparición forzada. Los combatientes dejaban los cuerpos de las víctimas en caminos, calles y aceras para escarmentar. En el peor momento de la guerra, hasta el 80% de la población huyó hacia otros municipios, una parte retornó cuando la matancera amainó hacia 2007.


Así se fueron poblando las laderas de Medellín, donde la población desplazada fue llegando, abandonada a su suerte. Cuatro de cada diez habitantes llegaron desplazados por el conflicto. Las clases sociales están definidas por la geografía. Los más pobres viven en las comunas más alejadas del centro. Los más cercanos a las cumbres fueron los últimos en llegar.

 

Bello Oriente: barrios en (auto)construcción

 

La buseta trepa las laderas con un quejido ronco, pega vueltas bruscas en una avenida sinuosa y estrecha. Tropieza con un tránsito lento, con decenas de transeúntes que cruzan y caminan bordeando la avenida, con otras busetas, camiones de basura y de reparto de mercancías. Llevamos una hora y media desde que salimos de San Benito, en el centro, cuando las casas de ladrillos y techos de chapa comienzan a ralear.


Entramos en la zona más alta de comuna 3, el barrio de Bello Oriente, desde donde se puede divisar, allá abajo el centro, más arriba la ladera occidental plagada de casitas y en el horizonte las cumbres verdes y brumosas. Bajamos frente a una casona en medio de un prado, una casa comunal donde medio centenar de personas –ocho de cada diez mujeres- esperan en ronda el comienzo de la reunión.


La casona de dos pisos lleva por nombre El Paraíso y los vecinos la tienen desde hace 18 años. Allí se reúnen movimientos y colectivos de las laderas, hacen bazares de venta de ropa y electrodomésticos que intercambian por trueque, se junta la red huertas de la zona, los diversos grupos que funcionan en el barrio y realizan festivales gastronómicos como forma de recoger fondos.


Comienza la reunión. Cada quien se presenta: jóvenes de comunicación (Señales de Humo), Mujeres Aventureras gestoras en derechos, la Red Barrial Social de Bello Oriente integrada por varios colectivos e instituciones , grupos culturales y artísticos, estudiantes universitarios, el Comité de Población Desplazada de Comuna 13 y la Mesa Interbarrial de Desconectados.


Claudia Serna, abogada activa en la Mesa, explica que se creó en 2009 para agrupar a los que no tienen acceso al agua, la energía y vivienda digna, y que agrupa vecinos de seis comunas. Jairo, un señor mayor de la Red Barrial, explica que "el Megraproyecto nos va a desplazar", en referencia al proyecto de Cinturón Verde del municipio que pretende impedir que se sigan construyendo barrios en las laderas, para lo que propone desalojar a los que ocupan áreas que consideran críticas.


"Lo que proyectan en realidad es venderle la ciudad a los extranjeros y al turismo", explica quien se considera desplazado "intraurbano", ya que tuvo que abandonar su vivienda en el centro porque no pudo seguir pagando el alquiler. Pero aclara que algunos de sus vecinos sufrieron tres y hasta cuatro desplazamientos, primero del campo a la ciudad y luego en ésta, cambiando de lugar hasta encontrar en Bello Oriente un espacio que ahora quieren desalojar.


Bello Oriente tiene 5.000 habitantes e integra junto a otros cinco barrios la llamada Franja Alta de la comuna 1-Manrique, que en su conjunto tiene 155.000 habitantes. La Franja Alta tiene alrededor de 30.000, es la zona de población más reciente, la que tiene peores servicios o no tiene, y la que el municipio quiere desalojar. Alrededor del 55% de la población fue desplazada por el conflicto armado, la mayoría son trabajadores informales y desocupados.


La mayor parte de las familias están integradas por mujeres, jóvenes y niños, no tienen escrituras de sus viviendas, muchos han sido desconectados de servicios como agua y luz por no poder pagar. Las calles "han sido construidas por los habitantes mediante convites" y la comunidad "ha improvisado servicios artesanales no convencionales como alcantarillados comunitarios, conexión informal a las lámparas de alumbrado público y acueductos comunitarios de agua no tratada".

 

Entre el poder narco-paramilitar y el poder popular

 

Esa amplia red de colectivos incluye, además, espacios de formación y educación, mercados informales de intercambio y venta, y las huertas comunitarias y familiares. Algunas comenzaron con apoyo de programas del municipio, pero luego de un tiempo siguen solas. La mayor de Bello Oriente está a unos 200 metros de la casona: un amplio espacio de 100 metros por 50 donde trabajan 12 familias. "Se trabaja comunitariamente, una parte es para las familias y el resto se vende", explica un hombre mayor que viene del campo y se siente feliz de volver a trabajar la tierra.


Uno de los comentarios inevitables de los vecinos alude a "los muchachos". Si la red comunitaria es una suerte de poder popular, "los muchachos" encarnan lo opuesto. Están arropados en "estructuras paramafiosas" como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, llamadas también "Urabeños", que ejercen fuerte control territorial y social y, en los hechos, son un cogobierno en la ladera. Donde el Estado tiene escasa presencia, las bandas paramilitares o combos son un poder antipopular, aliado a los de arriba.


En Medellín hay unos 350 combos que controlan el 70% de la ciudad, en las que participan 13.000 "muchachos" . En Bello Oriente "son ejemplo vivo de este control territorial, social y económico", a través de un grupo que se llama "La 30", que además domina varios barrios aledaños. El grupo armado mezcla el negocio del pequeño tráfico de drogas con "vacunas" (impuestos ilegales) a los comercios y a la venta de huevos, cigarrillos marca Ibiza, arepas, gas y al transporte colectivo.


Se cubren diciendo que "ofrecen seguridad", pero el que no quiere cooperar puede terminar en una cuneta con un disparo en la nuca. Dominan los centros de acopio y como controlan el "centro móvil de reconciliación y convivencia" resuelven problemas de matrimonios, deudas, linderos y hasta los inevitables chismes. Todo a pura amenaza.


Un ejemplo. Hace dos años convocaron una reunión de microempresas de arepas y les informaron que la "vacuna" pasaba de 50.000 a 300.000 pesos mensuales (de 20 a 120 dólares). Muchos no pudieron pagar y el resultado fue que "en Bello Oriente de 10 microempresas de arepas que existían, no quedan más de cuatro" . El resultado es que regulan el mercado avalados por el Estado, ya que en la zona el CAI (Comando de Atención Inmediata) de la Policía Nacional no interfiere en sus negocios.


El foro "La ladera le habla a la ciudad", abordó también este tema. Sostiene que los combos actúan presionando a la población para desplazarla allí donde el municipio va a realizar obras. "Con la construcción del metrocable en la comuna 1, muchas personas fueron amenazadas para que abandonaran sus casas, justo donde se estaban realizando obras para la construcción de las torres y las estaciones".


El vasto proyecto de control social de la población pobre y de internacionalización de la ciudad (grandes eventos y turismo), supone no sólo la creación del Cinturón Verde en la cresta de las montañas sino un conjunto de inversiones en infraestructura: metrocable, escaleras mecánicas, edificios emblemáticos como los parques-bibliotecas y otras que suponen intervenciones verticales en la trama urbana, como Biblioteca España.


"Las comunas han sido construidas por la gente, no se puede olvidar que a estas comunidades les costó hacer el territorio, para que lleguen otros a sacar provecho de esta situación", dicen las organizaciones sociales . Gracias a su trabajo la tierra se ha valorizado, por eso reclaman que en caso de que se vean forzados a desplazarse nuevamente, la familias deben recibir una "plusvalía social" compensatoria.

 

Desconectados: lucha por el agua y la dignidad

 

Un parte de la población de Medellín no tiene acceso a los servicios básicos. Se calcula un déficit habitacional de 50.000 viviendas, además de 30.000 en zonas de alto riesgo (peligro de deslizamientos) y 35.000 hogares que han sido desconectados del agua potable y la energía eléctrica, o sea unas 300.000 personas que no han podido pagar y perdieron esos servicios . Ese sector, alrededor del 15% de la población de la ciudad y más de un tercio de quienes viven en las comunas populares, sería desplazado para desarrollar una ciudad para la especulación inmobiliaria y financiera.


Claudia Serna analiza con rigor los planes municipales: "Medellín busca posicionarse como una ciudad regenerada en su trama urbana, pacificada y abierta al mundo a través de mega eventos internacionales, cuyos mensajes buscan caracterizar una ciudad segura para la inversión". Pero esa seguridad, añade, "se traduce en alta inversión en equipamiento militar en las comunas para que ellas también ofrezcan ese potencial turístico", que se apoya en obras como el metrocable.


La militarización de los barrios populares tiene, entonces, dos lógicas: una micro, insertada en la cotidianeidad, en base a los combos que controlan a la población; y otra macro, vinculada a la presencia policial-militar y la construcción de equipamiento: en seis años, señala Serna, en los barrios que se quieren desalojar, se construyeron seis subestaciones de policía, cinco estaciones y nueve CAI, "con la que se pretende controlar barrios con altos niveles de conflictividad".

Pero ese mega control, la suma del control micro y macro, está al servicio de proyectos de infraestructura que lubrican la acumulación de capital a la vez que refuerzan el control social. La contrapartida es que "en menos de diez años la administración reubicó alrededor de 40.000 personas en cubículos de sólo 42 metros cuadrados" . Pero en lugares alejados, donde sus estrategias de sobrevivencia ya no valen y donde la nueva trama urbana se les vuelve en contra.


La Mesa Interbarrial de Desconectados es una de las coordinaciones entre comunas más importantes de Medellín. Se define como "una articulación de organizaciones barriales y comunitarias en el tema de la desconexión de los servicios públicos domiciliarios y vivienda digna, que reivindica e incide por los derechos fundamentales en pro de la vida digna de los sectores populares".


La Mesa tiene una "escuela interbarrial" itinerante, un espacio de formación de los vecinos de las comunas en base a la educación popular, cuenta con asesoría jurídica para defender a los vecinos en casos de desalojos, espacios de mujeres, culturales (realizan un Carnaval, radionovelas, grupos de audiovisuales), de producción en huertas, organizan Encuentros de Desconectados y publican la revista Vida Digna.


En abril de 2014 impulsaron el Foro Social Urbano Alternativo y Popular, en paralelo al VII Foro Urbano Mundial organizado por ONU-Habitat, en el que participaron decenas de colectivos de base de Medellín, Colombia y América Latina, en cuatro jornadas de debates.

 

Pobreza, agua y vida digna

 

Decir que los habitantes de las laderas, como los de la comuna 1, son pobres, no es suficiente para comprender su realidad. Un relevamiento casa por casa hecho en 2010 por la Red de Instituciones y Organizaciones Comunitaria de los Barrios La Cruz y La Honda (RIOCBACH), pegados a Bello Oriente, revela la profundidad de esa pobreza .


En el 20% de las familias no trabaja ninguno de sus miembros. El 7% de los hogares no tienen ningún ingreso. El 32% recibían menos de 45 dólares mensuales por hogar y el 65% ingresaban menos de 142 dólares por mes y hogar . Sólo el 4% de las familias ingresaba más del salario mínimo (515.000 pesos o 245 dólares en 2010).


El 22% son trabajadores informales, sólo el 11% tienen contrato fijo, pero el 38% hacen "rebusque" o "el recorrido", que consiste en un trayecto por plazas de mercado o el centro para conseguir gratuitamente alimentos y otras prestaciones necesarias para la vida, una especie de mendicidad apenas encubierta .


En la Franja Alta de las comunas la mitad de la población no tiene servicio estatal de agua potable y se abastece con acueductos comunitarios. En la ronda de organizaciones de El Paraíso, Jairo explicó que en Bello Oriente el municipio no les abastece de agua porque piensa desalojarlos con el Cinturón Verde. "Tenemos un acueducto comunitario que recoge los derrames del tanque de la empresa, pero no es potable".
En Colombia hay una larga tradición de acueductos comunitarios, tanto en veredas o comunidades rurales como en los barrios de las ciudades. Como señala la revista Vida Digna, "son construcciones populares en torno a la gestión del agua", común entre indígenas, comunidades negras, campesinos y sectores populares urbanos.


"Sus orígenes se encuentran en la vecindad, la solidaridad, el respeto por el medio ambiente y en los usos y costumbres de cada una de las comunidades que de manera ancestral unieron sus esfuerzos para suplir las necesidades" . En Colombia hay más de 11.000 acueductos comunitarios y en Medellín varias decenas. Son poderes que reflejan y afirman la autonomía de los sectores populares. Por eso los combaten a sangre y fuego.

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¿Representan los gobernantes a los gobernados?

En el discurso oficial reproducido en los mayores medios de información del mundo occidental, democracia es aquel sistema político en el que es la ciudadanía la que, a través del sistema representativo, escoge a sus gobernantes para que, en su nombre, gobiernen el país, aplicando las medidas que la población desee. Ahora bien, lo que está ocurriendo en gran parte de los países de este mismo mundo occidental es que la distancia entre lo que la mayoría de la población desea y lo que el gobierno lleva a cabo es cada vez mayor. Es decir, que la distancia entre lo que los gobernantes hacen y lo que los gobernados –teóricamente la fuente de autoridad de los primeros- desean es cada vez mayor. En realidad, en muchas ocasiones hacen precisamente lo contrario. La evidencia de que ello es así es contundente.


Veamos los datos y analicemos lo que ocurre, por ejemplo, en el sistema democrático de EEUU, presentado por muchos liberales como el modelo democrático por excelencia. Leyendo las declaraciones de los dirigentes de aquel país (que constantemente dan lecciones de democracia a otros países, incluso sancionando a algunos por su supuesta falta de democracia), EEUU es un faro que ilumina al mundo en la navegación hacia un sistema en el que la soberanía derive del pueblo, principio que retóricamente aparece en todas (repito, todas) las Constituciones de los países que se definen como democráticos. La propia Constitución estadounidense comienza con la espléndida frase de que "nosotros, el pueblo, decidimos..."("We, the people, decide..."), frase de la narrativa oficial que entra en clara contradicción con la realidad, que muestra que, en verdad, el pueblo decide muy poco.


Veamos primero qué es lo que los gobernados desean. Según las recientes encuestas del New York Times y de la cadena de televisión CBS, publicadas recientemente por tal rotativo ("Inequality Troubles Americans Across Party Lines") hace dos semanas, la población en EEUU cree, por amplia mayoría (que va del 66% al 85% de la ciudadanía), que 1) en EEUU las desigualdades de rentas y de riqueza son excesivas; 2) el sistema económico vigente es injusto; 3) el gobierno debería reducir tales desigualdades; 4) las grandes empresas (large corporations) tienen excesiva influencia en las instituciones políticas y representativas del país; 5) el gobierno debería gravar las grandes fortunas mucho más de lo que lo hace; 6) el gobierno debería proteger a los trabajadores mucho más de lo que lo hace, promoviendo sus derechos laborales; 7) se debería establecer un salario y/o compensaciones máximas a los ejecutivos de las grandes empresas, que limiten las enormes desigualdades existentes entre las élites gerenciales y directores, por un lado, y el resto de la fuerza laboral, por el otro; 8) el gobierno debería regular el comercio, incluyendo el internacional, que afecta negativamente el bienestar de los trabajadores; 9) los tratados de libre comercio deberían dejar de favorecer a las grandes empresas a costa de las medianas y pequeñas empresas y de los consumidores; y 10) el Congreso y el gobierno federal de EEUU deberían dejar de favorecer a los intereses de las grandes corporaciones a costa de los intereses de la ciudadanía en general. Hasta aquí lo que los gobernados desearían que los gobernantes hicieran. Le podrá sorprender al lector que este sentir sea bastante generalizado en un gran número de países democráticos, incluida España. La diferencia es que en algunos países se le pregunta a la ciudadanía este tipo de información, y en otros no. En España, debido al enorme dominio de los medios por parte de los conservadores y liberales, tales preguntas raramente se hacen en las encuestas. Pero las pocas que existen confirman que, en general, la opinión de la ciudadanía es muy semejante a la que muestra la ciudadanía estadounidense al otro lado del Atlántico.

Lo que los gobernantes hacen


Veamos ahora lo que los gobernantes han estado haciendo, y veremos que las políticas públicas aprobadas y llevadas a cabo por el gobierno federal y el Congreso de EEUU han sido una de las mayores causas del crecimiento de las desigualdades en EEUU (lo mismo, por cierto, ocurre en España). La Agencia Tributaria de EEUU (IRS) acaba de publicar un informe (citado en "Who Pays Taxes in the U.S.? Everyone but the Super-Rich", Truthout, 05.06.15) que muestra cómo los más ricos entre los super-ricos, es decir, los más ricos entre el 1% más rico del país (que ingresan 62 millones de dólares al año) pagan proporcionalmente menos en impuestos (nominalmente el 20% de sus ingresos) que las familias que reciben más dinero en la mitad inferior de la población estadounidense (36.000 dólares), que pagan el 28%. Esta desigualdad ha alcanzado incluso mayores niveles durante la crisis actual, en la que el 1% de renta superior ha absorbido el 95% de todo el crecimiento de la renta nacional ("Paul Street: Privilege-Serving Story Placement", ZNet Articles, 07.06.15), un porcentaje sin precedentes en EEUU desde principios del siglo XX, cuando se inició la Gran Depresión. Una situación semejante ocurre con el salario mínimo. El gobierno federal no ha tomado medidas encaminadas a incrementar el salario mínimo para recuperar el nivel que ya tenía antes de la crisis (en realidad, el salario mínimo ha permanecido muy por debajo de lo que existía en los años setenta del siglo pasado).


En España los gobiernos presididos por el Sr. Zapatero, antes y por el Sr. Rajoy ahora, han estado aplicando políticas públicas, sumamente impopulares, que no tenían ningún mandato popular, puesto que no estaban en las ofertas electorales de los partidos gobernantes. Estas políticas, tanto en la reforma laboral que tenía como objetivo la bajada de salarios y el aumento de la precariedad, como los recortes de gasto público social que han deteriorado los servicios públicos del Estado del Bienestar de una manera muy marcada, han dañado la calidad de vida de las clases populares enormemente. Y, repito, sin que tuvieran ningún mandato popular. ¿Por qué?

La corrupción del poder político


La raíz de que esta gran distancia entre gobernantes y gobernados exista es, como bien percibe la mayoría de la población, el enorme poder que el mundo empresarial (lo que en EEUU se llama la Corporate Class) ejerce sobre las instituciones políticas, poder que se realiza, bien directamente, a través de las contribuciones (legales e ilegales) que las grandes empresas realizan a partidos e instituciones políticas (hecho facilitado por el proceso electoral estadounidense, que es financiado predominantemente con fondos privados), bien indirectamente, a través del control de los medios de información y persuasión del país. Es imposible, en el llamado sistema democrático estadounidense, poder presentarse a unas elecciones (sean del nivel que sean, locales, estatales o federales) sin tener muchísimo dinero para poder tener acceso a la televisión (que está desregulada y vende tanto espacio televisivo como el candidato pueda comprar). Y a eso lo llaman democracia. Debería haber un movimiento internacional protestando por la falta de democracia en EEUU. El gobierno federal de EEUU tiene poquísima credibilidad y legitimidad para abanderar la lucha por la democracia.

La situación en España


Ni que decir tiene que España y EEUU son países muy diferentes y, sin embargo, tienen características muy comunes. Entre ellas está la enorme distancia entre lo que los gobernados desean y lo que los gobernantes hacen. EEUU y España están entre los países donde esta distancia es mayor. Y la lista de temas en que tal gran distancia toma lugar es muy semejante en ambos países. Y la respuesta de los gobernantes es también similar. Y las causas son parecidas: la enorme influencia de los poderes económicos y financieros y de las clases pudientes sobre las instituciones representativas. La respuesta a este fenómeno, sin embargo, ha sido distinta. En España el movimiento masivo de protesta 15-M, que surgió en rebelión a esta captación de la democracia representativa por grupos económicos y/o financieros y por las clases dominantes (que son más que el famoso 1%), fue seguido por el establecimiento de movimientos y partidos políticos tales como Podemos, Las Mareas, y otros, que pasaron de las protestas a la realización de propuestas, hecho, este último, que no ha ocurrido en EEUU. En aquel país apareció el Occupy Wall Street –OWSM- (en cierta manera inspirado por el movimiento 15-M), pero tales instrumentos y movimientos de propuestas no han surgido en EEUU, y esto se debe, en gran parte, a la falta de la articulación del OWSM con el Estado, constituyéndose en un movimiento de protesta que nunca tuvo vocación de gobierno. Una de las causas de que ello no haya ocurrido es el sistema electoral, que al no ser proporcional en EEUU dificulta enormemente la aparición de nuevos partidos, lo cual no ocurre en España en las elecciones municipales y explica la diversidad de partidos que han surgido en las últimas elecciones municipales, sistema proporcional muy limitado, en cambio, en las legislativas en España, que favorece, como en EEUU, el sistema bipartidista. Hoy el sistema llamado democrático está experimentando una enorme crisis, siendo EEUU y España dos de los países donde las instituciones representativas están más desacreditadas, precisamente debido a la enorme distancia entre los gobernantes y los gobernados.


Para resolver esta situación se tendrán que hacer cambios profundos, mucho más sustanciales que los que se están proponiendo en los programas electorales de los partidos (tales como primarias, listas abiertas, y otras propuestas). Sin minimizar la importancia de tales propuestas, estas se quedan muy cortas, en realidad, cortísimas, pues se necesitan cambios mucho más profundos, como que 1) el sistema electoral sea auténticamente proporcional de manera que el voto de cada ciudadano tenga el mismo peso, lo cual dista de ser así en ambos países; 2) con la introducción de formas de democracia directa, como referéndums vinculantes; 3) eliminando además las contribuciones y donaciones privadas a los partidos y a los representantes; y 4) hacer cumplir el mandato constitucional que exige la diversidad ideológica en los medios (tanto públicos como privados), de donde las izquierdas están sistemáticamente excluidas. Hoy existe en la práctica una dictadura mediática, donde las voces críticas son prácticamente inexistentes, siendo vetadas o marginadas constantemente. Así es este país, donde las estructuras de poder conservadoras son enormemente dominantes. La reacción de personajes representantes de este poder, como son los grandes banqueros de este país, frente al terremoto político que ha pasado en las últimas elecciones municipales, es característica de ello. En 1936, estimularon un golpe militar. Esperemos que ahora no se atrevan a hacerlo. Pero supongo que sus instintos antidemocráticos les están empujando para hacer todo lo posible (legal e ilegal) para parar el gran deseo popular de alcanzar mayor democracia que la existente hoy en el país.

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La red ciudadana que sostiene a Grecia

Desde 2011 el movimiento ciudadano no cesó de tejer redes solidarias que cubren las necesidades básicas que el sistema público dejó al descubierto, efecto de las políticas de ajuste.


Mientras vigila de cerca los movimientos entre Syntagma y Bruselas, el pueblo griego sigue en lo suyo: ayudarse mutuamente a sobrevivir. Para hacer frente a los efectos devastadores de la austeridad impuesta por la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI) y los anteriores gobiernos, la ciudadanía se autoorganizó en múltiples redes solidarias que garantizan lo que el Estado ya no puede: salud, comida, vivienda, educación.


Grecia es el Estado de la Unión Europea (UE) con mayor número de habitantes por debajo del umbral de la pobreza (el 23 por ciento de la población) y su tasa de desempleo, que es del 26 por ciento y roza el 60 por ciento entre los jóvenes, aumentó un 273,7 por ciento desde que en 2010 empezaran a sentirse los efectos del programa de rescate. Los severos recortes en gasto público que el Banco Central Europeo, el FMI y los países miembros de la UE impusieron como condición dejaron en situación de riesgo a un amplio sector de la sociedad que perdió, además del trabajo, su derecho a la asistencia médica y a las pensiones.


Las primeras reacciones masivas en contra de las políticas de austeridad llegaron en verano del 2011 con miles de personas ocupando las principales plazas del país y, desde entonces, el movimiento ciudadano no dejó de expandirse. La emergencia disparó también la solidaridad y, conscientes de las fisuras del actual sistema democrático, personas de todas las edades se encontraron –tras las plazas– en asambleas barriales para configurar una alternativa a la debacle. Cooperativas, clínicas y farmacias sociales, tiendas solidarias, bancos de tiempo (usan monedas alternativas) o campañas antidesahucios (contra los desalojos) comenzaron a hilar allí un resistente tejido social que hoy, cuatro años después, sigue manteniendo en pie a un pueblo que cada vez más procura autoabastecerse.


Las redes de salud


"Te dan paraguas cuando hay sol y te lo sacan cuando empieza a llover", se queja Neny, dentista que trabaja como voluntaria en The Athens Community Polyclinic and Pharmacy (ACP&P), una de las 40 clínicas sociales que funcionan actualmente en Grecia. Neny califica de absurdas las medidas que excluyeron a más de tres millones de personas de la seguridad social por haber perdido el empleo y las menciona como factor determinante para la creación de esta red de centros médicos que –abiertos por los propios ciudadanos– ahora intentan suplir la carencia del sistema público.


Cuando nació la primera clínica solidaria, en 2011, el propósito era la atención de inmigrantes indocumentados y refugiados que no disponían de cobertura sanitaria. Pero ya en 2012 la exclusión del sistema de salud pública se convirtió en un fenómeno masivo y los centros comunitarios empezaron a recibir también a cientos de pacientes griegos. Desbordados por la demanda, médicos, enfermeros, dentistas y otros voluntarios pusieron manos a la obra y crearon en menos de tres años una verdadera red de clínicas a lo largo de todo el país, pasando de ser sólo tres en septiembre del 2012 a 40 en la actualidad.


En la región de Atica –con Atenas como capital, la más poblada de Grecia– son 750 los voluntarios que cada día dedican gran parte de su tiempo a colaborar en alguno de los dieciséis centros que allí funcionan. Neny, por ejemplo, tiene 62 años, está retirada y ahora coordina el área de odontología de ACP&P, clínica que se ubica justo detrás del Ayuntamiento de Atenas.

"Tenemos todas las especialidades –ginecólogos, otorrinos, psicólogos, cirujanos, etc.– y las que nos faltan las conseguimos gracias a la colaboración de hospitales privados", cuenta Neny. "Muchos médicos que trabajan allí –también otros profesionales, incluso directivos– nos apoyan y aceptan gratis a pacientes que les mandamos", relata.


La ayuda va y viene. En un sistema sanitario público arrasado, donde el gasto farmacéutico se redujo en un 56 por ciento desde 2009 y los impuestos a las medicinas aumentaron un 70 por ciento, los hospitales ya no disponen de material suficiente para los tratamientos y mucha gente tampoco del dinero necesario para comprarlo. Frente a esto, las campañas de recolección de medicamentos llevadas a cabo por la red de farmacias solidarias resultaron tan exitosas que no sólo surten a las clínicas sociales de medicinas, sino que alcanzan también para proporcionar fármacos a los centros estatales. "Nosotros mandamos remedios contra el cáncer a varios hospitales ¡porque nos sobraban!", exclama Neny, emocionada por la respuesta masiva de la población.


Las clínicas y farmacias solidarias se mantienen gracias a las donaciones privadas –que llegan, incluso, desde el extranjero– y el voluntariado de cientos de profesionales que, una vez acabada su jornada laboral, se acercan a los centros para abordar el flujo constante de personas que allí solicitan asistencia. Se calcula que, sólo en los dieciséis centros de la región de Atica, se reciben al mes dos mil pacientes por clínica, y Eleni, la recepcionista de ACP&P, da fe de ello enseñando un libro de citas que no tiene un solo hueco en decenas de páginas.


"Cada vez hay más demanda de psiquiatras y psicólogos, sobre todo infantiles, porque los niños sufren mucho al no ver futuro para sus padres", relata Neny. Tanto la dentista como el resto de los colaboradores de la clínica ateniense se muestran verdaderamente sobrecogidos ante el drama humanitario que los rodea pero, al mismo tiempo, no pierden la esperanza de que algo pueda cambiar con Syriza en la presidencia. "El nuevo gobierno declaró que no va a tomar más medidas de austeridad y yo no sé qué va a pasar con las negociaciones pero creo que Tsipras tiene un compromiso honesto", confiesa Neny. "Debemos apoyarlo y aguantar hasta que pueda recuperarle a la gente sus derechos sociales."


Las redes de comida


Para regenerar la economía de un país que en tan sólo cinco años vio cómo la quinta parte de su población se quedaba con sus necesidades básicas al descubierto, la búsqueda de un comercio justo, con precios más bajos para los consumidores y mejores condiciones para los productores, no parece una mala idea. Así lo pensaron –y lo vienen haciendo desde 2012– los 45 grupos de distribución "sin intermediarios" que funcionan en toda Grecia.


Tonia Katerini, arquitecta y desocupada de larga duración (como la mayoría de los arquitectos en este país, según ella misma apunta), forma parte de una tienda que en Exarchia, popular barrio del centro de Atenas, vende más de 300 productos adquiridos a granjeros locales por 25 por ciento más del monto que recibirían de los supermercados y son ofrecidos al público por un precio 25 por ciento menor que el de los grandes negocios. "Conectamos con los productores directamente, sin intermediarios, y creamos cadenas de distribución alternativas –además de que no usamos publicidad ni envases caros–, lo cual nos permite tener precios más bajos que el resto del mercado", explica Tonia.


Si bien el principal objetivo es que todo el mundo pueda acceder a alimentos básicos de buena calidad, Katerini insiste en que la importancia de esta clase de proyectos radica, sobre todo, en "la creación de un nuevo tipo de sociedad, al fomentar una producción y un consumo responsables". Ellos mismos se acercan a las granjas para asesorar a los trabajadores en técnicas más cuidadosas con el medio ambiente, a la vez que se encargan de explicar a los vecinos por qué es conveniente apoyar a los productores griegos.


Por otro lado, estas tiendas funcionan como cooperativas que, pese a estar constituidas mayoritariamente por voluntarios, dada su creciente popularidad, empiezan a ver sus frutos también como generadoras de empleo. "Ahora tenemos algo de beneficios y podemos pagar al primer trabajador full time", cuenta orgullosa Tonia, quien entiende que el comercio sin intermediarios ayuda así a regenerar el tejido productivo del país.


Cada agricultor que participa en estas cooperativas debe donar entre el 2 y el 5 por ciento de sus ventas diarias a gente sin recursos y, de esta forma, no sólo 2169 familias están actualmente llenando su cesta, sino que la autoorganización ciudadana se solventa y da una puntada más en su red también gracias al aporte del comercio solidario.


Plataforma promovida por Syriza


Dentro de un aparato estatal prácticamente consumido, la llegada de nuevas fuerzas políticas a veces puede resultar revitalizante. Syriza, al menos, lo intenta desde que en 2012 ocupó un lugar en el Parlamento y, como forma de apoyo hacia las cerca de 200 redes ciudadanas que entonces existían en toda Grecia, decidió que sus diputados donaran un porcentaje del salario para la creación de un fondo solidario.


Así surge Solidarity for All (S4A), una estructura que pretende ser un punto de encuentro para todos los movimientos ciudadanos que trabajan en la reconstrucción social del país, así como una forma de darles visibilidad pública. "En octubre del 2012 hicimos una llamada general en distintas ciudades de Grecia a la gente que formaba parte de las redes solidarias y organizamos grandes encuentros para crear este espacio facilitador de iniciativas, dar documentación, asesoría y empezar a buscar lugares físicos donde reunirnos, con el objetivo de volver esta labor comunitaria más efectiva", explica Christos Giovannopoulos, miembro de Solidarity for All. "Nosotros no coordinamos ni representamos a ningún colectivo o partido específico –remarca Christos—, esta plataforma es producto de la confluencia de las necesidades de las redes solidarias y la propuesta de Syriza de crear este fondo económico para ayudar a solventarlas."


Ante las críticas de ciertos sectores, que acusan a S4A de mera base de captación de votos, Giovannopoulos defiende que el propósito de Syriza nunca fue el de crear su propia organización solidaria sino el de "promover la idea de la autoorganización de la sociedad, abierta a todos". Por eso, los fondos de los que disponen se utilizan sólo para los sueldos de una decena de trabajadores que gestionan la plataforma desde una oficina en el centro de Atenas y para cubrir necesidades puntuales de los diversos colectivos, mientras que el resto se sigue manteniendo con donaciones y voluntariado. "Así, si estos fondos se acaban o se retiran, el movimiento solidario no se verá demasiado afectado y podrá continuar funcionando como antes", sostiene Christos. "El objetivo es que los grupos permanezcan independientes y no esperen un dinero que venga desde el centro."


Otra de las funciones de Solidarity for All es la de estar atentos a los nuevos focos de emergencia que siguen surgiendo como consecuencia de la crisis humanitaria disparada por las políticas de austeridad. "Si vemos un problema venir, organizamos asambleas para abordarlo y hacer algo al respecto. Así es como, por ejemplo, nació la campaña en contra de los desahucios y la pérdida de la vivienda por impago de alquileres, para la cual tomamos como modelo lo hecho por las PAH (Plataforma Afectados por la Hipoteca) españolas", relata Giovannopoulos.


También recuerda muy especialmente cómo lo marcaron, en los años posteriores al 2001, las noticias que le llegaban desde Argentina, e incluso confiesa que el documental de Pino Solanas Memoria del saqueo fue para él determinante en su trayectoria dentro del activismo social. "Mientras veía esas imágenes de la crisis en Argentina ni se me ocurría que acá podría algún día pasar lo mismo", reflexiona Christos. "Nosotros siempre los tenemos presentes y su país es todo un referente en solidaridad y lucha."


A largo plazo, la iniciativa de Syriza lo que busca es desarrollar un nuevo paradigma de hacer política y de resolver las necesidades básicas, "conseguir el cambio social, antes que el político", según declara el portavoz de S4A. "Queremos promover nuevas formas de organización y de participación que luego puedan ser generalizadas al ámbito público y al funcionamiento del Estado", afirma.


Se trata de un largo camino, en el que la macroestrategia de los 400 colectivos que en la actualidad trabajan con la contribución de S4A está muy clara, pero también las duras limitaciones con las que se topan para llevarla adelante. "Ahora estamos a la espera de cómo seguirán las negociaciones con la Troika. Si ellos cierran el grifo y no tenemos más dinero, posiblemente estas estructuras solidarias se vuelvan aún más organizadas", augura Christos Giovannopoulos, quien recuerda que el primer eslogan que los lanzó a las plazas –"No dejar a nadie solo ante la crisis"– continúa guiándolos.

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España gira a la izquierda en todos los municipios

En los municipios de todo el territorio español se confirmó ayer la revolución silenciosa, que está cambiando definitivamente el tradicional bipartidismo heredado de la transición a la democracia de 1978. Madrid, Barcelona y Valencia, así como decenas de pequeñas y medianas ciudades, vivieron una jornada histórica con el pueblo, que de nuevo llenó las plazas públicas para vitorear a sus nuevos mandatarios, quienes se convirtieron en los estandartes del cambio, que pretende regenerar la democracia y expulsar para siempre la corrupción, el nepotismo y el abuso de poder.


Mientras el derechista Partido Popular (PP) quedó impotente ante la pérdida de numerosos bastiones de su poder territorial, convertido en la formación con la que nadie –o casi nadie– quiere pactar por sus políticas de austeridad y, sobre todo, por la proliferación de casos de corrupción en su seno.


El cambio histórico que se vivió en esta jornada, en la que se conformaron los nuevos gobiernos municipales resultantes de los comicios del pasado 24 de mayo.


Manuela Carmena se convirtió en la nueva alcaldesa de Madrid gracias a una coalición de izquierda impulsada por la formación Podemos y otros partidos como Equo, que contó con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).


Carmena puso fin a 24 años de hegemonía de la derecha en la capital española. Un hito que se celebró con una verbena popular, en la que la nueva alcaldesa inauguró una nueva forma de ejercer el poder: más cercana a la población y con un nuevo escalafón de prioridades, situando en primer lugar la asistencia a los sectores más desfavorecidos por la crisis y con el objetivo firme de poner fin a los desahucios.


Ada Colau, nueva alcaldesa de Barcelona, impulsó su carrera política desde su activismo valiente y frontal en la lucha contra los desahucios, como vocera de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, movimiento que enarbola la lucha de los más golpeados por el sistema financiero y legal, y le arrebató el poder al nacionalista conservador de Convergencia i Unio (CiU), Xavier Trias.


El tercer nombre del cambio es Joan Ribó, veterano activista de la lucha social que recibió el bastón de mando municipal de Valencia con el apoyo de su coalición y de dos partidos más, también de izquierda, Compromis y el PSOE. Valencia pone fin a 24 años de gobiernos del PP, en los que, sobre todo en años recientes, hubo gravísimos casos de corrupción y desfalco al erario. Su anterior alcaldesa, la veterana conservadora Rita Barberá, decidió renunciar a su acta de concejal unos días antes para evitarse el trago de entregar el bastón de bando al candidato de la izquierda.


En su cuenta de Twitter, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, dijo que felicitaba a los concejales del PP. Mi apoyo a los que aún ganando no han podido ser alcaldes por pactos excéntricos y sectarios.


En números se ve con claridad la pérdida de poder del PP en las principales ciudades del país: de las 50 capitales de provincia, gobernaba hasta ahora 43, pero a partir de hoy sólo tendrá el poder en 17. De las cuales logró formar gobierno gracias al apoyo del partido emergente Ciudadanos, quien junto con Podemos se ha convertido en el principal árbitro del nuevo mapa territorial español. El PSOE gobernará 16 capitales de provincia, siete más que hasta ahora. Estas son: Lugo, Valladolid, Segovia, Toledo, Ciudad Real, Córdoba, Sevilla, Huelva, Alicante, Castellón, Teruel, Lérida, Huesca, Soria, Palma de Mallorca y Las Palmas.


En Asturias se confirmó el peor de los vaticinios para la izquierda, que fue incapaz de llegar a un acuerdo con Podemos –que se cerró en banda a dar su apoyo al PSOE–, con lo que finalmente seguirá gobernando en Oviedo y Gijón el PP con el apoyo de Foro Asturias, de extrema derecha.


En Galicia, región tradicionalmente del PP y con estructuras caciquiles, se registró uno de los vuelcos más llamativos de la jornada, con la llegada al poder de los candidatos aupados por las llamadas Mareas Atlánticas, integradas por movimientos ciudadanos y diversas organizaciones políticas de izquierda. Así ocurrió en A Coruña, donde fue investido alcalde Xulio Ferreiro con el apoyo añadido del PSOE, y en Santiago de Compostela, donde gobernará Martiño Noriega, de la coalición Compostela Aberta.


En el País Vasco, el Partido Nacionalista recuperó el poder de las tres capitales de provincia: Bilbao, que lo mantiene; San Sebastián, que se lo arrebató a EH-Bildu, y Vitoria, que lo tenía hasta ahora el PP.

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La protesta contra los partidos predominantes

En los países donde existen elecciones impugnadas, comúnmente hay dos partidos predominantes que se consideran cercanos al centro o en los alrededores de la visión de los votantes en dicho país. En los últimos años ha habido un número relativamente grande de elecciones donde un movimiento de protesta gana la elección o por lo menos gana los suficientes escaños como para que deba conseguirse su respaldo de modo que pueda gobernar un partido predominante.


El ejemplo más reciente de esto es Alberta, en Canadá, donde el Nuevo Partido Democrático (NPD), compitiendo en una plataforma razonablemente hacia la izquierda, de un modo inesperado y sorprendente, desbancó del poder a los Conservadores Progresistas, partido de ala derecha que había gobernado la provincia sin dificultad por muy largo tiempo. Lo que hizo de este hecho algo más sorprendente fue que Alberta tiene la reputación de ser la más conservadora provincia de Canadá, y es la base del primer ministro canadiense, Stephen Harper, en el cargo desde 2006. El NPD ganó inclusive 14 de 25 escaños en Calgary, la residencia y bastión del propio Harper.


Alberta no es el único caso. El Partido Nacional Escocés (PNE) arrasó en las elecciones en Escocia, tras una historia de ser un partido marginal. El ultraderechista partido polaco Justicia y Ley derrotó al candidato de lo que se había considerado un partido conservador pro-negocios, la Plataforma Cívica. Syriza, en Grecia, haciendo campaña con una plataforma anti-austeridad, está ahora en el poder, y el primer ministro, Alexis Tsipras, lucha por alcanzar sus objetivos. En España, Podemos, otro partido que combate la austeridad, de manera constante sube en las encuestas y parece empeñado en dificultar –si no es que impedir– que permanezca en el poder el gobierno del partido conservador, el Partido Popular. India está celebrando un año en el poder de Narendra Modi, que compitió en una plataforma que se dedicó a desbancar del poder a los partidos y las dinastías del establishment.


Estas plataformas de protesta, todas, tienen algo en común. Todas utilizaron una retórica de campaña que podríamos llamar populista. Esto significa que aseguraron estar luchando contra las élites del país, aquellas con demasiado poder que ignoran las necesidades de una vasta mayoría de la población. Estas plataformas enfatizaban las brechas (en salud y bienestar) entre las élites y todos los demás. Deploraban la caída del salario real de los estratos medios. Enfatizaron la necesidad de proporcionar empleos, usualmente en instancias en las que ocurría un aumento significativo del desempleo.


Además, estos movimientos de protesta siempre señalaron la corrupción en los partidos en el poder y prometieron ponerle un freno, o al menos reducirlo. Y todo esto, junto, lo presentaron como un llamado al cambio, a un real cambio.


No obstante, tenemos que mirar más de cerca estas protestas. No son, de ningún modo, parecidas. De hecho, hay una división fundamental entre ellas, algo que notamos tan pronto como miramos el resto de su retórica. Algunos de estos movimientos de protesta se sitúan a la izquierda –el NPD en Alberta, Syriza en Grecia, Podemos en España, el PNE en Escocia. Y algunos están claramente a la derecha: Modi en India, el Partido Justicia y Ley en Polonia.


Quienes se sitúan a la izquierda enfocan sus críticas, centralmente, en torno a aspectos económicos. Los situados a la derecha primordialmente hacen aseveraciones nacionalistas, por lo común con énfasis xenófobo. Aquellos a la izquierda quieren combatir el desempleo con políticas gubernamentales que promuevan la creación de empleos, incluida, por su puesto, una mayor colecta fiscal entre los más acaudalados. Quienes se sitúan a la derecha quieren combatir el desempleo evitando la migración, aun al punto de expulsar a los migrantes.


Una vez en el poder, a estos movimientos de protesta –sean de izquierda o derecha– les resulta muy difícil cumplir las promesas populistas que hicieron para resultar electos. Las grandes corporaciones tienen instrumentos importantes con los cuales limitar las medidas que se tomen contra ellas. Actúan a través de esta entidad mítica llamada mercado, auxiliadas e instigadas por otros gobiernos e instituciones internacionales. Los movimientos de protesta encuentran que, si empujan muy duro, el ingreso del gobierno se reduce, por lo menos en el corto plazo. Pero para quienes votaron por ellos, el corto plazo es la medida de su aprobación continua. El día de gloria de los movimientos de protesta corre el riesgo de estar muy limitado. Así que entran en arreglos, lo que enoja a la mayoría militante de sus simpatizantes.


Uno debe recordar siempre que los simpatizantes de un cambio en el gobierno son siempre una multitud abigarrada. Algunos son militantes que buscan un extenso cambio en el sistema-mundo y en el papel que su país juega en éste. Algunos sólo están hartos de los partidos predominantes tradicionales, que son vistos como que se cansaron y dejaron de ser responsivos.

Algunos dicen que un nuevo grupo en el poder no puede hacer nada peor que quienes estaban antes. En resumen, estos movimientos de protesta no son un ejército organizado, sino una inestable alianza flotante de muchos grupos diferentes.
Son tres las conclusiones que podemos extraer de esta situación. La primera es que los gobiernos nacionales no tienen un poder ilimitado para hacer lo que quieren. Están en extremo constreñidos por la operación del sistema-mundo en su totalidad.


La segunda conclusión es que, no obstante, pueden hacer algo para aliviar los pesares de las personas ordinarias. Pueden hacerlo, precisamente mediante reasignaciones del ingreso vía impuestos y otros mecanismos. Tales medidas minimizarán las penurias de quienes son los beneficiarios. Los resultados pueden solamente ser temporales. Pero de nuevo les recuerdo que vivimos todos en el corto plazo y que cualquier ayuda que podamos obtener en el corto plazo es un avance, no un retroceso.


La tercera conclusión es que si un movimiento de protesta va a ser un participante serio en el cambio del sistema-mundo no debe limitarse a un populismo cortoplacista, sino que debe involucrarse en una organización de mediano plazo que afecte la lucha mundial en este periodo de lucha sistémica y de transición a un sistema-mundo alternativo, uno que ya comenzó y está en curso.


Es solamente cuando los movimientos de protesta de izquierda aprenden cómo combinar las medidas de corto plazo, que minimizan las penurias, con los esfuerzos de mediano plazo por inclinar la lucha bifurcada en pos de un nuevo sistema, que podremos tener la esperanza de arribar al resultado que deseamos: un sistema-mundo relativamente democrático y relativamente igualitario.


Traducción: Ramón Vera Herrera

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