Violencia y pobreza, principales razones para migrar de Centroamérica: ONU

Ginebra. De cara a la conmemoración del Día del Migrante este viernes, la Organización de Naciones Unidas (ONU) reveló ayer que una de cada cinco familias que migran desde Centroamérica lo hace debido a contextos de violencia y pobreza.

Cerca de 20 por ciento, de los más de 3 mil 100 entrevistados que se desplazaron en unidades familiares, identificaron ambas cuestiones como la razón principal de su huida, según encuesta de la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

El número aumenta hasta 30 por ciento en el caso de menores que viajan solos, de acuerdo con el estudio.

Los resultados de la encuesta también revelan el “alarmante! aumento de detenciones en las unidades familiares a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, que se disparó 456 por ciento, de casi 77 mil 800 en 2018, a más de 432 mil para 2019.

Las amenazas de muerte, el reclutamiento de pandillas, la extorsión y la violencia doméstica, entre otras formas de agresión selectiva, son los principales factores que impulsan a más familias del norte de Centroamérica a huir de sus hogares y buscar protección en otros países, asegura una investigación.

Durante la pandemia del Covid-19, las estrictas restricciones al movimiento en los territorios y el cierre de las fronteras han limitado las opciones para que las personas huyan, particularmente en El Salvador, Guatemala y Honduras, destaca el informe.

Jean Gough, directora del Unicef para América Latina y el Caribe, advirtió que es probable que el aumento de la pobreza y la violencia hagan que más familias abandonen sus hogares en las próximas semanas y meses ante la crisis sanitaria del Covid-19 y tras el impacto de los huracanes Iota y Eta en la región.

De acuerdo con la ONU, a finales de este año más de 800 mil personas de El Salvador, Guatemala y Honduras buscaron protección dentro de sus países o habían cruzado fronteras para encontrar asilo.

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Viernes, 18 Diciembre 2020 05:50

La mira puesta sobre los ricos

 El 1 por ciento más rico de la región concentra el 41 por ciento de la riqueza.  ________________________________________ Imagen: Leandro Teysseire

Latindadd recomienda aplicar un impuesto a la riqueza en toda la región

La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social realiza un recorrido sobre la desigualdad en América Latina y los mitos alrededor de esta tributación. 

 

Bajo el título "Ahora o Nunca", un informe elaborado por la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) realiza un recorrido sobre la desigualdad social estructural de América Latina y los mitos alrededor de la tributación para justificar la aplicación de un impuesto a la riqueza en toda la región, que podría "recaudar un mínimo de 26.504 millones de dólares al año entre una veintena de países, suficientes para combatir el hambre en personas de extrema pobreza o garantizar la cobertura universal y gratuita a la vacuna contra la Covid-19", asegura el informe.

Una de las  causas por las cuales el efecto de la Covid-19 en América Latina es especialmente peligroso es que impacta sobre la sociedad más inequitativa del mundo en la distribución del ingreso: el 1 por ciento más rico de la región concentra el 41 por ciento de la riqueza, y el 10 por ciento más rico concentra el 72 por ciento. Otra causa que menciona el informe son los altos niveles de informalidad laboral (54 por ciento de los y las trabajadoras de la región). Si a este escenario se le suman 45 millones de nuevos pobres, el cierre de 2,7 millones de empresas formales y una caída del PIB regional de 9,1 por ciento; las posibilidades de revertir la situación son cada vez más lejanas. 

"Las bajas presiones tributarias dan como resultado Estados nacionales con poca capacidad de incidir en la distribución del ingreso, en la garantía de derechos económicos, sociales y culturales y, por lo tanto, también en la respuesta a la crisis. Ante la pandemia se ha hecho evidente el importante rol que juega el Estado para la garantía de los derechos y la protección de la población no solo para las personas más vulnerables sino para la sociedad en su conjunto", puntualiza el informe. 

Con la visibilidad  que la crisis económica mundial dio a problemáticas sociales que estaban naturalizadas en muchos países, crecieron los reclamos sociales para lograr una mayor equidad ante la creciente desigualdad. Y estos reclamos ponen en el centro de la escena la necesidad de sistemas tributarios acordes a este objetivo. Hubo un consenso general en la comunidad a favor de los mismos: desde economistas que en general se manifiestan a favor de la equidad como Thomas Piketty, hasta organismos multilaterales que no suelen apoyar este tipo de políticas como el FMI o la OCDE. En la práctica muchos países comenzaron a tratarlo: en Argentina está aprobado, pero también Perú, Bolivia y Chile presentaron proyectos de ley al respecto.

Es un mito

Con su tratamiento también renacieron mitos históricamente instaurados para proteger el patrimonio de los ricos:

- Los impuestos a la riqueza reducirán el ahorro, la inversión y, por tanto, el crecimiento: El informe intenta rebatirlo citando a los premios Nobel de Economía Banerjee y Duflo (2020), que establecen que “no hay evidencias de que las rebajas de impuestos de Reagan o el aumento de la tasa marginal de Clinton, o las rebajas fiscales de Bush, hicieran nada por cambiar la tasa de crecimiento de largo plazo”.

- Gravar el capital aumenta la fuga: "En Uruguay aplica un impuesto al patrimonio desde 1967 con modificaciones y variantes en las tasas y en los montos imponibles. Siempre estuvieron grabadas las empresas, las personas físicas y sucesiones indivisas. En ninguna de sus modificaciones de tasa o base imposible se ha podido mostrar una relación con la salida de capitales del país, a pesar de que ha mantenido una política abierta de entrada y salida libre de capitales",asegura.

- Los impuestos a la riqueza duplican el gravamen a rentas que ya habían tributado:  este fenómeno ocurre habitualmente en el sistema tributario. Por ejemplo, el salario de una trabajadora se grava múltiples veces (impuesto a la renta personal, contribuciones de seguridad social, el IVA u otros). "Esto sin embargo no genera rechazos por los grandes detractores de los impuestos sobre la riqueza", determina.

Finalmente, analiza posibles usos de la recaudación potencial resultante de la aplicación del impuesto, enfocadas a combatir el hambre y fortalecer el sistema de salud pública."La baja inversión pública dejó servicios públicos de baja calidad para millones que no consiguen romper las barreras de la desigualdad. Las necesidades son inmensas", concluye el informe. 

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Por sus obras los conoceréis: la culpa, el soberano y un anarcopetrismo molecular

Por eso os pido, per deos obsecro, que nadie se incline ante mí, porque entonces no danzaré. Søren Kierkegaard

 

Slavoj Žižek suele decir que los motivos sociológicos nunca pueden exculpar a nadie que haya cometido grandes atrocidades. Para ello se sirve del predecible ejemplo de Hitler: ¿si conociéramos las razones sociológicas que hicieron de él lo que fue, realmente lo exculparíamos? Su respuesta es evidentemente que no. El problema de Žižek no es dar un ejemplo que permite pensar poco, que silencia de antemano, a lo cual nos tiene acostumbrados porque sin ello no sería un eterno trending topic (la redundancia afectiva constituye la incontrovertible “verdad” del marketing), el problema es que los motivos sociológicos nunca han roto con la culpa, sino que la desplazan hacia el “mundo”: ¿hay realmente una diferencia tan abismal entre culpar a un individuo y, en contraste, culpar a la sociedad que lo hizo ser quien fue? Yo creería que no; creería, de hecho, que de culpar al “mundo” -en sus diversas versiones- a odiarlo hay solo un pequeño paso. En general, la culpa es hermana del odio, ambas son pasiones tristes, y transitar de una pasión triste a otra siempre ha sido cosa fácil. Eso el cristianismo dominante lo entendió a la perfección: culpar a alguien comienza o termina siempre en un desprecio del mundo entero.

Pero no nos vayamos por las ramas, a Žižek le respondería entonces que el problema no es obviar o no los motivos sociológicos, sino todo lo contrario, presumir que podemos llegar a conocer demasiado bien ora a un individuo ora a una sociedad o un mundo entero. Si soy incapaz de culpar con plena seguridad a alguien, o en el límite al mundo entero, es porque nunca acabaré de conocerlo, de entenderlo, de hacerlo mío: esa es la base ontológica y fenomenológica del rechazo a la pena de muerte, del rechazo al poder soberano. Detrás de todo “se lo merecía” o “no se lo merecía”, sea psicológico, jurídico, sociológico, teológico o naturalista, se esconde un pequeño o gran soberano que juzga con el dedo porque cree conocer con suficiencia al otro, porque el otro ya no es otro, ya ha perdido su potencia creativa, su singularidad irreductible ante mí, y se ha convertido en otro-para-mí, es decir, en simplemente mío. Espero que jamás deba hacerlo, pero nunca diré que no vaya a matar a un ser humano; sin embargo, tengo la absoluta certeza de que de mí nunca saldrá una ley, una sentencia, una pena de muerte: eso se lo dejo a la razón de Estado, allí donde aparezca (en el militar, el sacerdote, el funcionario o el político, pero también en la eventual turba que lincha o en el revolucionario decidido). Creo que queda claro por qué soy anarquista y por qué muchos anarquistas me parecen tiranos.

Esta discusión es absolutamente relevante para un mundo signado por el desprecio a lo que se supone que este es, pero también para un mundo en el que la excepción ha devenido norma, que es nuestro mundo telúrico, pero especialmente nuestro territorio nacional. Si las y los anarquistas que hemos nacido en el territorio ocupado por el Estado colombiano tenemos un reto -y ocupado en su retiro o ausencia estratégicos para aparecer con rostros aún más terribles de los que habitualmente enseñan las teorías del Estado-, si nosotras que hemos nacido aquí tenemos un desafío, es el de contribuir a la desactivación de la máquina soberana, de ese poder de decretar la muerte del otro, preséntese donde se presente. Tenemos el reto de desactivar la máquina soberana por amor al mundo entero. En ese sentido, debo decir que aprecio infinitamente unas palabras que le escuché hace poco a Gustavo Petro y que dan cuenta de que el corazón libertario del M-19 no ha perecido, pese a su progresiva burocratización.

Petro manifestó no desear la muerte de Uribe, pero tampoco su encarcelamiento. Ni el de él ni el de Sergio Fajardo. Se resistió a sentenciarlos a muerte o prisión, llamó a que nos sumáramos a una “política de la vida y del amor, no del odio”, y a que tratásemos al uribismo como a un otro con el que se puede entrar en tensión, disputar, luchar, pero nunca exterminar o pretender extirpar soberanamente. En efecto, para ello tendríamos que encontrarnos ante un nuevo uribismo cuyos aspectos mortíferos, soberanos, hayan sido a su vez desactivados. Lo importante es que al uribismo no se lo desea eliminar ni encarcelar, sino transformar radicalmente para poder luchar contra él, para poder danzar, así sea bruscamente, con él. Me atrevería a decir que eso es lo que posibilita tomar distancia de cualquier política fascista. Ahora bien, lo relevante no es si las palabras de Petro fueron o no sinceras, si obedecen o no al cálculo político -me resisto a emitir un juicio de esas características-, lo que me importa es que él se encuentra contribuyendo a poner a circular un tipo de afectividad imprescindible para salir de la guerra, para abandonar el ciclo vicioso que permite la aparición del estado de excepción indefinido y sus correspondientes actos soberanos. En este punto, prefiero el anarquismo molecular que descuella en el gestoalegre de Gustavo Petro, y que rebasa su nombre propio, al anarquismo molar, identitario, de aquel anarquista convencido de que Uribe merece la muerte y de que el voto convierte a todos en borregos culpables de su esclavitud. Quizás esos anarquistas estén gozando demasiado con su uribismo molecular. Quizás yo sea, de tanto en tanto, ese anarquista y ese fascista de los que me deseo apartar.         

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Martes, 15 Diciembre 2020 05:24

Anarquismo y Reformas

Anarquismo y Reformas

 Una breve reseña de nuestro primer número en el periódico comunista con base en Nápoles, Prometeo, trata principalmente de un artículo de Merlino*, y el reseñante reflexiona sobre la incomprensión básica de quienes afirman saberlo todo y que nunca se equivocan. Dice, ‘Aunque la definición parezca extraña, existe sin dudas una categoría de anarquista reformista’.

Claramente Prometeo cree haber hecho un descubrimiento.

A pesar de lo implacentero de la palabra, que ha sido abusada y desacreditada por los políticos, el anarquismo siempre ha sido y nunca podría ser otra cosa que reformista. Preferimos usar la palabra reformador para evitar toda confusión posible con quienes oficialmente se les clasifica de ‘reformista’y que luchan por mejorías pequeñas y con frecuencia ilusorias para hacer que el régimen sea más aceptable, ayudando por lo tanto a reforzarlo; o quienes, de buena fe, buscan eliminar los males sociales mientras reconocen y respetan (en la práctica y si es que no en la teoría) las instituciones políticas y sociales mismas que han dado pie y alimentan aquellos males.

La revolución, en el sentido histórico de la palabra, significa la reforma radical de las instituciones, ejecutada raudamente por medio de la insurrección violenta del pueblo contra el arraigado poder y privilegio.

Y somos revolucionarios e insurreccionarios porque queremos no solamente mejorar las instituciones que existen ahora, sino destruirlas completamente, abolir todas y cada una de las formas de poder del humano sobre el humano y todo parasitismo, de todo tipo, sobre el trabajo humano. Porque, también, queremos hacerlo tan rápido como sea posible y porque estamos convencidos de que las instituciones nacidas de la violencia se mantienen con la violencia y solo caerán si se les opone violencia suficiente.

Pero la revolución no puede ocurrir a pedido. ¿Debemos, entonces,  permanecer como espectadores pasivos, esperando que el momento correcto se presente. E incluso tras una insurrección exitosa, podremos realizar repentinamente todos nuestros deseos y que por algún milagro convirtamos el infierno del gobierno y el capitalismo en el cielo del comunismo libertario — esto es, la libertad completa del individuo en solidaridad de intereses con otros?

Estas son ilusiones que echan raíz en suelo autoritario; pues los autoritarios ven a las masas del pueblo como materia prima a ser manipulada hacia el molde que sea que ellos quieran a través del ejercicio del poder por decreto, por la pistola y las esposas.

Pero aquellas no son ilusiones anarquistas. Necesitamos del consentimiento del pueblo y debemos por lo tanto persuadir por medio de la propaganda y el ejemplo. Debemos educar y buscar cambiar el ambiente de tal modo que la educación sea accesible para un número siempre creciente de personas.

Todo, tanto en la historia como en la naturaleza, ocurre gradualmente. Cuando una represa revienta (es decir, muy rápido, aunque siempre bajo la influencia del tiempo) es porque o bien la presión del agua ha crecido demasiado para que la represa siga conteniendo o por la desintegración gradual de las moléculas del material del que está hecho la represa. De igual modo, las revoluciones estallan bajo la creciente presión de aquellas fuerzas que buscan el cambio social y ese punto se alcanza cuando el gobierno existente puede ser derrocado y cuando, por procesos de presión interna las fuerzas del conservadurismo se debilitan progresivamente.

Somos reformadores hoy en tanto buscamos crear las condiciones más favorables y el mayor número posible de personas responsables y conscientes necesario para desencadenar una insurrección popular exitosa.

Hemos de ser reformadores mañana, cuando la insurrección haya triunfado y la libertad se haya obtenido, en tanto hemos de buscar, por todos los medios que la libertad disponga — por la propaganda, el ejemplo y la resistencia — incluyendo la resistencia violenta contra quienes destruirían nuestra libertad — ganarnos a un número siempre creciente de personas hacia nuestras ideas.

Pero nunca hemos de reconocer — y aquí es donde nuestro ‘reformismo’ difiere de aquel tipo de ‘revolucionismo’ que termina sumergido en las urnas de votación de Mussolini o de otros de su especie — nunca hemos de reconocer las instituciones [existentes]. Hemos de llevar a cabo todas las reformas posibles en el espíritu en el que un ejército avanza siempre arrebatando en su camino el territorio ocupado por el enemigo. Y siempre hemos de permanecer hostiles a todo gobierno — ya sea monarquista como el de hoy o republicano o bolchevique, como el de mañana.

Por Errico Malatesta

Marzo de 1924

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Lunes, 14 Diciembre 2020 06:04

Vacunas

Vacunas

Los gobiernos están aprobando con rapidez el uso de las vacunas contra el Covid-19. Se han desarrollado varias de ellas. Son tres las que se consideran generalmente, las creadas por: Pfizer, Moderna y Astra Zeneca (véase la útil reseña publicada sobre ellas en https://elpais.com/ciencia/2020-11-23/ las-diferencias-abismales-entre-las -vacunas-de-pfizer-moderna-y-oxford.html ?prm=enviar_email).A esas habría que añadir la Sputnik V, de Rusia.

En medio de la larga pandemia y sus severas consecuencias en materia de salud, el alto número de los fallecimientos producidos, las presiones sobre los sistemas sanitarios, los efectos adversos en la educación y los muy altos costos económicos y cuyo saldo negativo aún no se conoce, la disponibilidad de vacunas resulta un suceso relevante.

Hay, sin embargo, elementos de suspicacia al respecto. Una tiene que ver, por supuesto, con su eficacia. Fueron desarrolladas con mucha celeridad tratándose de un producto complejo con las características de una vacuna y que, usualmente, requiere de más pruebas clínicas que fueron obviadas y una idea de sus consecuencias en lo que se llama inmunidad de rebaño y en distintos individuos.

En este caso, según se sabe, no se conocen suficientemente las formas variadas en las que ataca el virus al cuerpo humano; así se registran casos que van desde los asintomáticos –pero contagiosos–, los leves, los difíciles, los graves, hasta los que provocan consecuencias duraderas y, claro, los que producen la muerte.

En cuanto a la relación de esto con el patrón de los contagios también hay vacíos. Esto se asocia con la forma agresiva en que se propaga el virus y las recurrentes acciones de prevención impuestas por las autoridades.

También se vincula con las reacciones de ciertos grupos que ven en la vacunación una forma de represión de las libertades individuales, que se ligan sobre todo con las medidas de confinamiento, pero también con el simple uso de un cubrebocas, que es un medio de obstaculizar la propagación del virus, aunque haya un negacionismo testarudo al respecto entre algunos gobernantes y segmentos de la población.

La investigadora belga Els Torreele que trabaja ahora en el Instituto para la Innovación y la Utilidad Pública en Londres, donde se investiga sobre la reforma del sistema mundial de desarrollo de medicamentos, critica en una entrevista la falta de transparencia en la creación de las vacunas contra el Covid-19.

Primero, apunta Torreele al hecho de que se gasten más de 4 mil millones de euros de dinero público en un resultado económico privatizado. Hay, pues mucha inversión pública, pero el control sigue en el ámbito privado, es decir: propiedad intelectual, fijación de precios, ensayos clínicos y los datos que se hacen públicos.

Al respecto, señala que en el Reino Unido el gobierno aprobó recientemente el uso de la vacuna de Pfizer a partir de información publicada en una nota de prensa de la propia empresa. Claro que la pregunta obvia es acerca de la función de los órganos especializados en salud y regulación de los gobiernos y cómo actúan. Hay incógnitas acerca de la duración del efecto de inmunidad que generan las vacunas y de las posibilidades de una nueva fase de contagios.

La vacuna de Pfizer, recientemente autorizada por Cofepris en México debe mantenerse a temperaturas ultra frías de alrededor de 70 grados bajo cero. ¿Existe esa capacidad de almacenamiento, mismo que se vincula directamente con los medios efectivos de distribución en el desigual territorio del país? Por otra parte, está el proceso mismo de vacunación; esta vacuna se administra en dos dosis con diferencia de 21 días y la inmunidad se alcanza hasta una semana después de la segunda dosis. Hay que repetir el proceso y hacer que la gente vaya dos veces a inyectarse.

El problema logístico será enorme y las posibles fallas, desastrosas. Y, sin embargo, en el planteamiento que se ha ido creando por largo tiempo con respecto a la naturaleza misma de la pandemia, las consecuencias que ha provocado y en buena medida la discutible gestión política emprendida, estamos encaminados a seguir el curso de las decisiones que se han tomado con respecto de las vacunas y en un contexto de mucha incertidumbre.

Cuando menos, estemos conscientes de la situación en que estamos ahora y admitamos que no tenemos muchas opciones. Pero sí tenemos el derecho de exigir a los responsables de la gestión de esta etapa de la pandemia y de la vacunación una efectiva responsabilidad con la población.

Gobierno y ciudadanos, a los que no se puede forzar a vacunarse, hemos de estar conscientes de lo que todo esto significa, en cuanto a las expectativas que se generan, el desempeño y cumplimiento de todas las partes involucradas en el proceso y las adaptaciones que esta nueva etapa va a exigir, sobre todo ahora que la nueva ola de contagios y fallecimientos se ha agravado.

En materia de la economía y en el marco de la pandemia, el gobierno ha rentabilizado lo que se ha llamado como una “austeridad subsidiada”, por medio de las abundantes remesas que se reciben y el aumento de las exportaciones demandadas por la industria de Estados Unidos. En cuanto a la cuestionable gestión de la pandemia y ahora el proceso de vacunación, no hay de donde subsidiarse.

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Domingo, 13 Diciembre 2020 05:51

La ira en las entrañas del odio

	 La Policía guatemalteca reprime a manifestantes que exigen la renuncia del presidente, Alejandro Giammattei. Afp, Johan Ordóñez

CON LA INVESTIGADORA Y FEMINISTA GUATEMALTECA ANA COFIÑO

Antropóloga, historiadora, animadora de medios, militante social, feminista, Ana Cofiño evoca en esta entrevista las protestas recientes en Guatemala, poniéndolas en el contexto de un país que alguna vez Eduardo Galeano definiera como «el rostro, torpemente enmascarado», de gran parte de América Latina.

 

Durante dos fines de semana seguidos, los dos últimos de noviembre, miles de guatemaltecos salieron a las calles. Primero para protestar por la aprobación por el Congreso, el 17 de noviembre, de un presupuesto para 2021 que, en vez de reforzar las prestaciones sociales en un país cada vez más hundido en la pobreza, recortaba el dinero para salud y educación (y en plena pandemia de covid-19), reforzaba al sector privado y aumentaba el gasto de los propios parlamentarios. Era el presupuesto más alto en la historia reciente del país (unos 13.000 millones de dólares, 25 por ciento mayor al anterior) y se manejaba con esas bases. Los manifestantes pedían también la renuncia del presidente, Alejandro Giammattei, no sólo por haber aprobado ese presupuesto, sino por su gestión de la pandemia (Guatemala es el país con más infectados y muertos de América Central) y la corrupción creciente de su gobierno. Y pedían la disolución del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente.

La represión de las manifestaciones fue tan brutal y desproporcionada, «justificada» por la quema por parte de un grupo de manifestantes de instalaciones del Parlamento, que, a la semana siguiente, a las reivindicaciones anteriores se les sumó el pedido de destitución del ministro de Gobernación (Interior), el militar retirado Gendri Reyes. Las marchas fueron otra vez violentamente reprimidas y el escándalo llevó a que la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigiera una investigación de todo lo sucedido. Previamente Giammattei había reclamado que quien interviniera fuera el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, invocando la carta democrática del organismo y acusando a los manifestantes de buscar derrocarlo y propiciar un golpe de Estado. Dios los cría.

Las manifestaciones terminaron logrando que el presupuesto para 2021 fuera anulado.

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«¿Cómo no va a haber ira en este país?», dice Ana Cofiño. Y destaca que lo del presupuesto del Congreso era una vergüenza horrorosa: con casi el 60 por ciento de la población en la pobreza y un desempleo enorme, se congelaba el gasto social. Se pretendía, por ejemplo, suprimir un programa que combatía la desnutrición infantil. Al mismo tiempo, se aumentaban los gastos de los propios congresistas en dietas para alimentación y se destinaban enormes fondos a apoyar a empresas pertenecientes a los dueños del país.

Pero no es sólo eso: dice que, en los diez meses que lleva en el gobierno, Giammattei ni ha rozado, a pesar de que dijo que algo haría, las estructuras que conducen a la reproducción de la corrupción y la miseria. Desde que se inició la pandemia, el Congreso pidió préstamos por 3.800 millones de dólares y no se sabe en qué se utilizaron. A los guatemaltecos les llegó menos del 15 por ciento. Los parlamentarios y el Ejecutivo manejaron la pandemia con la misma opacidad con que definieron el presupuesto para el año próximo, sin dar cuenta a la oposición, por ejemplo. «En ese comportamiento errático y opaco del gobierno y el oficialismo, se vio que había una robadera, que la corrupción lo permeaba todo», agrega.

El huracán Iota, el mes pasado, fue otro ejemplo de «lo poco que le importa la gente a este Estado». Si alguien prestó asistencia a las decenas de miles de personas que todo lo perdieron por las inundaciones, por los deslaves, fueron las propias comunidades. El Ejecutivo tardó un mes en nombrar una comisión especial para ver qué hacía. Y es que, además de haber sido creado por y para las elites y estar asentado en un racismo estructural –Cofiño lo remarca: un racismo estructural–, el Estado guatemalteco tiene casi todas sus estructuras cooptadas por las mafias: las aduanas, el organismo de contralor fiscal, la Corte de Constitucionalidad, el organismo electoral, las fuerzas de seguridad… Este año debían ser cambiados los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y ahí siguen.

La única institución pública que funciona adecuadamente e intenta proteger a los ciudadanos es la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), a cargo del abogado Jordan Rodas, que ha protestado por la represión y se ha sumado a los pedidos de destitución del ministro de Gobernación. En el próximo presupuesto, no por azar, a la PDH se le iban a bajar los rubros. Después de que el año pasado, bajo el anterior gobierno de Jimmy Morales, fuera desmantelada la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada en 2006 bajo el auspicio de la ONU y que consiguió llevar a la cárcel a decenas de corruptos, la Procuraduría ha quedado sola, atacada desde todas partes. Es un islote que intenta no ser arrasado.

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Hay que ver de dónde viene Giammattei. El actual presidente saltó a la fama por una matanza, en 2006, cuando era director del sistema penitenciario. En la madrugada del 25 de setiembre de ese año, unos 3 mil policías entraron a la Granja Penal de Pavón, una cárcel de las afueras de la capital. El objetivo, se aseguraba, era restituir el orden en una prisión que estaba en manos de narcos. Ocho presos murieron en la operación y Giammattei, su coordinador, se ganó galones como hombre de mano dura que sabe poner en su lugar a los delincuentes. Desde ahí, como tantos otros, catapultó su carrera política. Luego la CICIG descubrió que el verdadero objetivo de la toma de la cárcel era liquidar a los ocho detenidos. No había habido enfrentamiento alguno, como dijo el hoy presidente, y salió a la luz que los asesinados habían sido previamente torturados y se les había disparado a quemarropa. Giammattei estuvo unos meses detenido. Se declaró «preso político». Y al tiempo volvió al ruedo.

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Cofiño es antropóloga y, como tal, además de como militante social, ha trabajado largo tiempo entre las comunidades indígenas en un país donde prácticamente la mitad de sus casi 15 millones de habitantes se autoidentifica como descendiente de mayas, garífunas y otros pueblos originarios. Trabajó, por ejemplo, en Comalapa, comunidad de algo menos de 50 mil habitantes, que Giammattei visitó en julio. La idea del presidente, según él mismo dijo, era «dialogar con los indígenas, saber sus inquietudes». Cofiño cuenta que el alcalde de Comalapa lo recibió «con esa gentileza, ese decoro formal y modesto que distingue a los indígenas», pero en un momento de su discurso tuvo la osadía de decir que el principal problema que tenían en el municipio, «además» de la pobreza, era la actividad de las empresas mineras, que estaban arrasando el territorio, y que a esas empresas su comunidad las rechazaba. Indignado, Giammattei «le respondió al alcalde como un patrón de finca», dice Cofiño.

Rigoberto Pérez, líder de un consejo que reúne a varias nacionalidades indígenas, relató a la revista digital Mongobay cómo, de a poco, los megaproyectos mineros e hidroeléctricos y los monocultivos se han ido comiendo las tierras donde viven esas comunidades y que el aparato del Estado no sólo promueve las actividades de las empresas que los llevan a cabo, sino que cubre a los matones que amenazan, golpean y, cada vez más a menudo, matan a quienes se les resisten. La Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos señaló, a mediados de año, que en 2020, en las zonas donde funcionan los megaproyectos, esos ataques se han incrementado: 677 entre enero y junio, contra unos 500 en todo 2019. El año pasado, 111 de los ataques habían sido dirigidos directamente contra indígenas (es.mongabay.com, 16-IX-20).

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Hay una idea de Guatemala como país resignado. Es un país sometido y empobrecido, es cierto, pero no ha parado de luchar, insiste Cofiño. No por nada durante los 30 años de guerra el Ejército masacró a tanto «rebelde» (la Comisión de Esclarecimiento Histórico habló de 200 mil asesinados y 45 mil desaparecidos). En 2015 fue la gente, con sus protestas en las calles, la que logró la caída del presidente, Otto Pérez Molina, y su vice, Roxana Baldetti, por armar una trama de corrupción, apunta Cofiño. La acción de la CICIG los llevó a la cárcel. Y este movimiento de ahora «no fue espontáneo»: «Venía calentando, calentando, y lo del presupuesto encendió la mecha. El propio gobierno creó las condiciones de la indignación. Muchos jóvenes quieren quemarlo todo. Cómo no lo querrían». También es cierto, dice, que no hay una articulación de los movimientos sociales con suficiente fuerza como para que las cosas cambien en lo político. Hay ira, rabia. Falta un proyecto unificador. Algún grupo de izquierda por aquí, otro por allá, más o menos tibio, más o menos «radical»… Cuando cayó el general Pérez Molina, «las elites, las cámaras empresariales y varios partidos, todos apoyados por la embajada de Estados Unidos, negociaron y pusieron a un presidente provisorio de derechas; luego convocaron a elecciones, bajo una ley esencialmente antidemocrática». Las ganó el evangelista Morales. Y luego, en enero, vino Giammattei.

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Cofiño es feminista y la fundadora y animadora de un colectivo llamado La Cuerda, surgido en 1998, dos años después de la firma de los acuerdos de paz. Al salir de la guerra, la situación de las mujeres era particularmente terrible en el país. Pero lo era también antes. Y lo sigue siendo hoy. Guatemala tiene uno de los índices de violencia contra las mujeres más altos del mundo. Para empezar, de femicidios, la punta más bestial del iceberg, de la espiral. Desde 2008 los femicidios no han bajado de los 650 por año, con picos de hasta casi 900, según las estadísticas publicadas por el Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM). Entre 2000 y abril de este año el GGM relevó 12.188 muertes violentas de mujeres, un promedio de 610 por año. Y están las formas de violencia que no llegan al asesinato. En lo que va de 2020, rememora Cofiño, hubo 55 mil violaciones y embarazos de niñas menores de 13 años.

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Desde el pique La Cuerda se quiso transversal, abierta no sólo a las distintas corrientes del feminismo (su creadora se dice ecofeminista; otras se definen como feministas decoloniales), sino también a la confluencia con otros movimientos sociales. «No queremos ser vanguardia de nada: eso ya se demostró que va al fracaso. Queremos articular con otras, con otros. Y proponer», dice la antropóloga. Tampoco cree que haya que limitarse a exponer la violencia padecida: «Las mujeres aquí han vivido siglos de opresión, una opresión que ha ido cambiando de forma, pero nunca de fondo. Y, al mismo tiempo, han resistido, creando redes de resistencia, que hay que mostrar tanto como se muestran las estadísticas y las imágenes de la violencia». Piensa que en Guatemala La Cuerda ayudó a sacar al feminismo del clóset y sirvió para que confluyeran colectivos de mujeres que habían participado en los movimientos de los sesenta, los setenta, los ochenta (como ella, que tiene 65 años) y la posguerra.

El grupo se abrió a que en el medio que editan (lacuerda.com) escribieran hombres, pero tal vez uno de los mayores  signos de la «voluntad de articular» que las impulsa desde el principio fue que en 2007 comenzaron a tener una coordinación estable con representantes del movimiento indígena campesino. «Ese que en la teoría marxista es el movimiento social más conservador, pero que, además, está marcado por una ideología patriarcal. No fue fácil ir por un camino así, pero ha sido bastante fructífero. Y es que no sólo somos feministas: la nuestra es una propuesta emancipatoria para toda la sociedad, y en Guatemala cualquier propuesta emancipatoria pasa por combatir al mismo tiempo la esencia clasista de este Estado, el patriarcado y el racismo. Todo junto», apunta Cofiño. El racismo «ha herido a todos», aunque con las mujeres la saña haya sido tan particular, tan perfilada, tan dedicada.

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Cofiño es consciente de la inviabilidad inmediata de las reivindicaciones de las movilizaciones de noviembre: «En el contexto político de este país son casi imposibles de lograr en el corto plazo. Imaginate pretender que el Congreso se autodisuelva, se suicide para convocar a una asamblea constituyente… La derecha nos llama comunistas por, entre otras cosas, proponer eso, que es apenas un comienzo de algo distinto, que en sí mismo no tiene contenido, pero tenemos que plantearlo. Tenemos que ir poniéndolo en la agenda, aunque suene loco». Y si locas suenan esas propuestas instrumentales, cómo sonará la idea de una sociedad otra: «La invasión estadounidense del 54 y las masacres que siguieron después destruyeron el tejido social. Consolidaron el Estado elitista, patriarcal, racista. Y una herencia de todo eso es que hoy Guatemala es un país con mucha desconfianza, mucho recelo, mucho rencor. Nos odiamos. Y eso hace tan difícil todo». Hay un odio que se explica, dice. Y una ira abajo que ídem. Cuestión, tal vez, de darles sentido.

Por Daniel Gatti
11 diciembre, 2020

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Los manifestantes se enfrentan a la policía durante una manifestación contra el gobierno del presidente chileno Sebastián Piñera.

Los jóvenes de Chile, Guatemala, Perú y Argentina han estado en primera línea de los movimientos sociales que han sacudido buena parte del continente latinoamericano en los últimos meses

María García Arenales

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12 de diciembre de 2020 21:50h

Las protestas lideradas por jóvenes en este último tiempo han generado cambios importantes en países como Chile, que redactará una nueva Constitución; Guatemala, que suspendió la aprobación de unos polémicos presupuestos; o Perú, donde el presidente interino Manuel Merino tuvo que renunciar. Esta nueva generación, principalmente personas que han nacido a partir de los años 90 y que por tanto no han vivido los traumas de la dictadura, protestan contra un sistema que consideran injusto y corrupto.

El estallido social como consecuencia del descontento ciudadano no es ninguna novedad, y menos en América Latina, una de las regiones más desiguales del mundo. Sin embargo, la frecuencia de las protestas multitudinarias ha ido en aumento en los últimos años, sobre todo desde que en 2015 los precios de materias primas como el petróleo, el cobre o la soja se desplomaron, provocando un efecto devastador en la región. A partir de ese año no solo crecieron las tasas de pobreza en Latinoamérica, sino también los movimientos neopentecostales y la extrema derecha, lo que generó un contexto mucho más incierto en una situación de descrédito de la democracia por su incapacidad de dar respuestas adecuadas a los problemas de la población.

Los jóvenes, al igual que ocurrió en épocas pasadas en América Latina, están siendo ahora los grandes protagonistas de las movilizaciones sociales que ha habido en países como Chile, Perú, Ecuador, Bolivia o más recientemente Guatemala. Protestan por la desigualdad, la corrupción, la fragilidad institucional, la falta de oportunidades o la informalidad laboral y lo hacen de diversas formas, desde caceroladas y protestas pacíficas en plazas hasta saqueos y destrucción de mobiliario público. 

Una nueva generación

A diferencia de los jóvenes de generaciones anteriores, los de esta han nacido inmersos en un entorno digital y no tienen ni miedo ni traumas por haber vivido en dictadura, si bien, se han criado en un ambiente de crisis y precariedad constante. Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para sus reclamos.

"Hay tres aspectos importantes. El primero es que se trata de personas nacidas y educadas en la era digital, con todo lo que eso implica en términos de sociabilidad, y lo segundo es que son jóvenes que no han vivido la dictadura en primera persona como sus padres o abuelos. Eso marca una diferencia y hace más difícil que la precariedad de estas democracias que se están viviendo convenza a estos sectores de la población", explica a elDiario.es la uruguaya Yanina Welp, investigadora del Centro para la Democracia Albert Hirschman con sede en Ginebra.

El tercer elemento que diferencia a los jóvenes de esta nueva generación, tiene que ver con unas expectativas socioeconómicas "muy deterioradas". "Si en el mundo en el que yo era joven la expectativa era que los hijos viviríamos mejor que nuestros padres y abuelos, ahora esto ya no se da", dice Welp, integrante de la Red de Politólogas. En algunos países los jóvenes de entre 18 y 30 años son quienes están impulsando verdaderos cambios en sus democracias.

¿Cuáles son los casos más significativos?

En Chile, la juventud ha tenido un papel clave en la movilización social y en el cambio de ciclo político que se ha producido desde el año 2000. El gran auge de los movimientos sociales comenzó en 2006 con el denominado "movimiento pingüino", en el que estudiantes de educación secundaria protestaron contra la privatización de un sistema impuesto en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Ese movimiento abrió las puertas para que en 2011 se movilizaran los universitarios. Esta movilización fue un fenómeno tan importante que tiempo más tarde generó nuevos liderazgos políticos como Camilla Vallejo o Gabriel Boric, ambos diputados actualmente, y nuevas formaciones políticas.  

"No hay duda de que los jóvenes son quienes han empujado el cambio político en Chile en los años recientes. Esta generación no tiene la experiencia de crecer en dictadura, no tienen esa carga ni esos traumas, y son mucho más exigentes. No tienen miedo y eso se vio el año pasado cuando desafiaron el toque de queda durante el estado de excepción que decretó el Gobierno Sebastián Piñera", explica a este medio Claudia Heiss, directora de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile. 

La politóloga hace referencia al estallido social que se produjo en Chile en octubre de 2019, a raíz de que el Gobierno anunciara una subida en el precio del metro de Santiago y los estudiantes comenzaran a protestar. Pero más allá del alza de precio en el transporte, la población chilena comenzó a salir a las calles de forma masiva para pedir un aumento de las pensiones y del salario mínimo, además de cambios profundos en el sistema educativo y en salud. En definitiva, cambios para reducir las desigualdades. "En esas marchas hubo muchos jóvenes y fueron ellos quienes estuvieron en primera línea y se enfrentaron con los carabineros (policía militarizada), pero también hubo un grupo muy importante de gente de mediana edad endeudada con la educación", aclara Heiss.

Tras esas intensas protestas de 2019 contra la precariedad de los servicios públicos, el Gobierno chileno se vio obligado a convocar un referéndum en abril de este año para que la población decidiera si se redactaba una nueva Constitución que sustituyese a la vigente, heredada de la dictadura. Y en esta votación, que se aplazó hasta octubre debido a la pandemia del coronavirus, una aplastante mayoría (78%) votó a favor de cambiar la Carta Magna. "Por primera vez los jóvenes de entre 18 y 25 años, que son quienes menos votan en las elecciones por lo general, se movilizaron de manera masiva para votar en los comicios del 25 de octubre para cambiar la Constitución. De alguna manera era la movilización que ellos habían impulsado en la calle", recuerda la politóloga chilena.

Heiss asegura que el Gobierno que lidera Piñera no solo está debilitado por las protestas, sino también porque "ha perdido toda capacidad de regular lo que hace el Congreso". Ejemplo de ello, continúa, "es que el Parlamento acaba de aprobar un proyecto de ley que permitirá a los ciudadanos un segundo retiro anticipado del 10% de sus fondos de pensiones, algo a lo que en principio se negó el Gobierno", pero "ha sido incapaz de hacer frente a la situación económica generada por la pandemia y al desempleo y se ha visto obligado a hacerlo".

"Es una derrota, es una agenda que va en contra de las políticas y convicciones del Gobierno. Se da, además, en un contexto de completo descrédito. En la práctica, la Constitución de 1980 ya no sirve para el propósito para el que fue creada, que era impedir reformas que avanzaran en una dirección más redistributiva o que desafiara el modelo neoliberal. Está deslegitimada tanto por la movilización social como por la derrota aplastante de la votación de octubre", concluye Heiss.

En Guatemala continúan las protestas

Andrea Reyes tiene 30 años, es de Guatemala, y además de abogada, desde hace algún tiempo también es experta en protestar. Esa habilidad la adquirió mientras estudiaba en la universidad, pero fuera de las aulas, cuando en 2015 se unió a las masivas manifestaciones que obligaron a renunciar al entonces presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos acusados de liderar una red de corrupción aduanera. Para un país como Guatemala, históricamente dividido entre clases sociales y etnias y que aún sufre las consecuencias de una guerra civil de 36 años, esa revolución pacífica gestada en las redes sociales y en la que los jóvenes tuvieron un papel destacado, supuso todo un hito. "Los estudiantes de universidades privadas de Guatemala nunca habían salido a la calle a manifestarse y en 2015 no solo lo hicieron, sino que se unieron a los de las públicas. Todos salimos a protestar contra la corrupción y el Gobierno de Pérez Molina, al igual que otros muchos sectores de la sociedad", recuerda Reyes a elDiario.es.

Cinco años después, las intensas protestas han vuelto a la nación centroamericana terminando incluso con una parte del Congreso en llamas. Esta vez el estallido se produjo después de que el 18 de noviembre el Congreso aprobara los polémicos presupuestos generales para 2021, que implicaban recortes en áreas como salud, educación y ayudas sociales en plena pandemia. Sin embargo, la aprobación de estos presupuestos solo ha sido la gota que ha colmado el vaso, ya que en estas últimas semanas la población también se ha manifestado contra la corrupción y la gestión del Gobierno que lidera el conservador Alejandro Giammattei.

"Algunas autoridades pensaron que ya no iba a despertar la plaza otra vez, se habían confiado, pero volvió a ocurrir. La convicción de los jóvenes es impresionante y la forma en que fueron reprimidos solo va a tener el efecto de fortalecer esa convicción", dice por su parte el procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas. A raíz de estas protestas, el Congreso tuvo que dar marcha atrás y suspendió la aprobación de esos presupuestos. Aún así, las manifestaciones contra el Gobierno y el Legislativo continúan en Guatemala, que vive un contexto muy diferente al de años atrás, agravado por la pandemia. En este país de 17 millones de habitantes el coronavirus ya ha dejado más de 4.170 fallecidos y más de 122.000 contagios.

Andrea Reyes confía en que estas nuevas movilizaciones sociales también generen cambios en el país, pues asegura que el Estado guatemalteco está cooptado por las mafias de las élites empresariales y del crimen organizado. Además, tampoco hay que olvidar que la situación ha empeorado desde que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), auspiciada por la ONU, tuviera que abandonar el país en 2019 tras 12 años de intenso trabajo contra la corrupción después de que el anterior Gobierno de Jimmy Morales (2016-2020) decidiera no renovar el mandato de ese organismo.

El caso peruano

Perú también ha vivido este mes de noviembre protestas masivas en las calles como no se recordaban en años. La crisis política y social se desató en el país andino el pasado 10 de noviembre, cuando el Congreso destituyó a Martín Vizcarra como presidente por presunta corrupción cuando ejercía como gobernador de Moquegua (2011-2014). Vizcarra fue reemplazado por Manuel Merino, hasta entonces presidente del Congreso, pero tan solo aguantó unos días en el cargo, ya que tuvo que renunciar tras las intensas movilizaciones que se produjeron en el país.

Después de una semana de convulsión política, el liberal Francisco Sagasti asumió el cargo como presidente interino y por delante tiene el importante reto de mantener la tranquilidad en el país y garantizar la celebración de las elecciones generales el próximo mes de abril. En el caso de Perú, un país con graves problemas estructurales como la corrupción y la informalidad laboral, los jóvenes también han tenido un papel protagonista en este estallido social producido en plena pandemia –que ya ha dejado más de 36.000 fallecidos y cerca de un millón de contagios–. Pese a la fuerte represión policial que provocó dos muertos y numerosos heridos en las movilizaciones, los manifestantes no se rindieron y siguieron exigiendo durante días cambios en la Constitución y el fin de la corrupción.

En estas protestas fue especialmente notoria la presencia de jóvenes de entre 18 y 24 años de clase media que "han aprendido a organizarse y politizarse a través de redes sociales", asegura Matheus Calderón, periodista del portal Comité de Lectura. "Es una generación que salía a protestar por primera vez, que ha aprendido a marchar fijándose en experiencias extranjeras a través de redes sociales, que ha aprendido incluso a apagar una bomba de gas lacrimógeno a través de Youtube, Tik Tok o Instagram", explica este joven de 26 años que ya ha participado en anteriores movimientos de protesta en Perú.

Sin embargo, Calderón considera que los verdaderos cambios llegarán a Perú cuando se politicen otros sectores de la población más allá de la clase media, porque de lo contrario, "solo habrá parches".

Movimiento feminista en Argentina

En los últimos años en países como Argentina el movimiento feminista, referente en toda América Latina y en el que las mujeres jóvenes tienen especial protagonismo, no solo ha llenado plazas en todo el país para reclamar igualdad, sino que también ha logrado marcar la agenda política. La inmensa Marea Verde que pide la legalización del aborto en el país ha continuado su incansable lucha después de que en 2018 el Senado argentino rechazó aprobar la ley que pretendía despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo y ahora el país podría estar más cerca que nunca de lograr que esta práctica sea legal, segura y gratuita. 

Este viernes, la Cámara de Diputados ha aprobado el proyecto de ley para legalizar el aborto, que ahora tendrá que pasar por el Senado. El proyecto que se votó esta madrugada autoriza a realizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. También reconoce la objeción de conciencia de los profesionales que no quieran realizar esta práctica médica.

Ya sea la desigualdad, la falta de oportunidades o la corrupción los motivos por los que protestan, está claro que las nuevas generaciones en América Latina no están dispuestas a quedarse calladas y utilizarán todas las herramientas a su alcance –participación política, manifestaciones o redes sociales– para lograr esos ansiados cambios.

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 Esta imagen, publicada en 2017 por Nature Communication, muestra al planeta a través del tiempo: rojo, muerto y seco a la izquierda, y el mismo paisaje cubierto de agua, al principio de la historia del cuerpo celeste, hace más de 3 mil millones de años.Foto Afp

Electrolizador de salmuera proveerá 25 veces más de ese gas que Moxie, equipo que la NASA tiene programado utilizar

 

La NASA pretende aterrizar astronautas en Marte en la década de 2030, pero ahí el oxígeno es sólo 0.13 por ciento de la atmósfera, en comparación con el 21 de la terrestre y no es viable transportar suficiente oxígeno y combustible en una nave.

La forma en que la NASA planea abordar el problema es mediante Moxie (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment), un cubo del tamaño de una batería de auto, que pesa alrededor de 17 kilos y su principal objetivo es producir oxígeno a partir de la atmósfera marciana. El sistema está en fase de prueba en el robot Mars Perseverance, lanzado en julio. Convertirá el dióxido de carbono, que constituye 96 por ciento del gas en la atmósfera, en oxígeno.

Sin emargo, esta semana se presentó en Proceedings, de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, un sistema de electrolisis para salmuera que ha demostrado la capacidad de extraer oxígeno e hidrógeno en las condiciones simuladas de la superficie marciana: -36 grados Celsius.

El planeta rojo es muy frío; el agua que no está congelada está casi con certeza llena de sal, lo que reduce su temperatura de congelación y complica la extracción de sus componentes fundamentales para sostener la vida o producir combustible.

Nuestro electrolizador de salmuera marciana cambia radicalmente la estimación logística de las misiones a Marte y más allá, señaló Vijay Ramani, líder del equipo de la Universidad de Washington en Saint Louis, autor del estudio.

Esta tecnología es igualmente útil en la Tierra, donde abre los océanos como una fuente viable de oxígeno y combustible, agregó en un comunicado.

Desde 2008 Mars Express, de la Agencia Espacial Europea, ha descubierto varios estanques subterráneos que permanecen en estado líquido gracias a la presencia de sal (perclorato de magnesio).

El sistema desarrollado en el laboratorio de Ramani puede producir 25 veces más oxígeno que Moxie usando la misma cantidad de energía, al mismo tiempo que hidrógeno, que podría usarse como combustible para el viaje de retorno de los astronautas.

Nuestro electrolizador de salmuera incorpora un ánodo de pirocloro de rutenato de plomo desarrollado por nuestro equipo junto con un cátodo de platino sobre carbono. Estos componentes, cuidadosamente diseñados, junto con el uso óptimo de los principios tradicionales de la ingeniería electroquímica, han producido este alto rendimiento, precisó Ramani.

EEUU demanda a Facebook por monopolio y pide que desinvierta en Instagram y WhatsApp

Según la demanda, la empresa dirigida por Mark Zuckerberg lleva años manteniendo su "monopolio" en el sector de las redes sociales mediante conductcas anticompetitivas.

 

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos  en conjunto con una coalición de fiscales de 46 estados del país ha presentado este miércoles una demanda contra Facebook que aspira a reducir el tamaño de la empresa y su posición de mercado.

Según la demanda, la empresa dirigida por Mark Zuckerberg lleva años manteniendo su "monopolio" en el sector de las redes sociales mediante conductcas anticompetitivas.

Así, acusan a Facebook de privar a los consumidores de los beneficios de un mercado competitivo y de mejores protecciones de privacidad mediante la adquisición de dos de sus principales competidores, Instagram y WhatsApp.

Entre las medidas que buscan destaca la posibilidad de que los tribunales fuercen a Facebook a deshacerse de esas dos populares aplicaciones, que compró por miles de millones de dólares.

"Durante casi una década, Facebook ha usado su dominio y poder de monopolio para aplastar a rivales más pequeños y terminar con la competencia, todo en perjuicio de los usuarios cotidianos", señaló la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, que lideró la demanda estatal.

El director de la Oficina de Competencia de la FTC, Ian Conner, apuntó en un comunicado que el objetivo del Gobierno es frenar la "conducta de Facebook" y "restaurar la competencia" en el mercado.

La empresa californiana pagó en 2012 unos 1.000 millones de dólares para hacerse con Instagram y en 2014 desembolsó 19.000 millones para comprar WhatsApp, ambas operaciones aprobadas en su momento por la misma agencia reguladora, la FTC, que ahora presenta la demanda.

Las autoridades defienden que con esas compras Facebook ha podido controlar la competencia, dictar los términos para los desarrolladores que usan esas plataformas y ganar miles de millones de dólares con la venta de publicidad

La red social Facebook respondió este miércoles a las demandas antimonopolio presentadas en su contra por el Gobierno federal.

"Tras haber aprobado nuestras adquisiciones hace años, ahora el Gobierno quiere un segundo intento sin importarle el impacto que un precedente así tendría para el conjunto de la comunidad empresarial o para la gente que elige usar nuestros productos cada día", indicaron desde esa red social en un comunicado

san francisco

09/12/2020 22:21 Actualizado: 09/12/2020 22:38

agencias

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Anticapitalismo ¿Otro mundo es posible?: el anticapitalismo en el siglo XXI

El último libro de Erik Olin Wright estudia las posibilidades de derrocar el capitalismo en pos de una sociedad socialista. Cómo conseguirlo, cuál es la función del Estado y cuál debería ser, y qué retos plantea el siglo XXI al sistema son algunas de las cuestiones que el sociólogo intenta responder en Cómo ser anticapitalista en el siglo XXI.

 

Reconceptualizar la vida se torna necesario, cuasi obligatorio, en un momento de desestabilización mundial. Un virus asola la faz de la Tierra y la maquinaria capitalista se endurece: la gente no tiene que ver cuán endeble es el sistema. Hace algo más de un año que falleció Erik Olin Wright, uno de los más eminentes sociólogos marxistas, no sin antes dejar para la posteridad su último libro: Cómo ser anticapitalista en el siglo XXI (Akal, 2020).

La búsqueda de alternativas al sistema de producción predominante en la mayoría de los países del mundo fue el faro de guía durante los últimos años de vida del autor. Esta monografía de reciente publicación, con un vocabulario sencillo y atractivo, con un índice conciso pero bien estructurado, intenta ser la continuación de otra de las obras culmen del académico, la que tituló Construyendo utopías reales (Akal, 2014). Si antes mostraba hacia dónde tiene que ir la Humanidad, ahora desarrolla el cómo, la estrategia.

Tres binomios vertebran todo un postulado posterior: igualdad/equidad; democracia/libertad; y comunidad/solidaridad. A partir de ellos, el sociólogo emprende un viaje al interior del anticapitalismo. "Esos pares que él presenta al principio evocan la triada de libertad, igualdad y fraternidad. Así es como refleja que el proyecto socialista no es algo exótico, sino que conecta con preocupaciones ampliamente compartidas. Prácticamente, nadie se opone a esas parejas de conceptos, y quienes defendemos el proyecto socialista democrático tenemos que partir de amplias ideas compartidas", aduce Jorge Sola, profesor de sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y antiguo alumno de Wright.

El escritor plantea cinco posibilidades para aplacar o, como mínimo aminorar, los efectos del capitalismo. Se debate entre aplastar, desmantelar, domesticar, resistirse y huir del capitalismo. De esta forma, la primera de ellas será descartada, pues las condiciones actuales no posibilitan una verdadera revolución que abola el sistema. Wright llega a afirmar que "aplastar el capitalismo queda rechazado por las experiencias trágicas que se dieron en el siglo XX en torno al comunismo".

Después, el sociólogo comenta algunos aspectos de las demás, sin llegar a decantarse por ninguna de ellas. Así lo ve Sola: "Hace tiempo, en un artículo defendió que los socialistas hemos perdido demasiado tiempo y energía discutiendo qué vía es mejor, cuando existen muchas de ellas y no tienen por qué ser incompatibles. Él defiende un pluralismo estratégico".

¿Otro mundo es posible?

La denominación que Wright realiza de los aspectos a tener en cuenta de cara a un cambio de paradigma, tanto productivo como social, se relaciona con los "ingredientes básicos de un destino democrático más allá del capitalismo". Una ristra de lugares comunes, pero que el sociólogo consigue articular de tal forma que parece que el derribo del capitalismo está a la vuelta de la esquina una vez se hayan conseguido.

A saber: la renta básica universal (RBU); una economía de mercado cooperativa; una economía social y solidaria; la democratización de las empresas capitalistas; y la conversión de la banca en una empresa de servicio público. En este sentido, aunque pudiera parecer que esos objetivos aún son lejanos, Sola incide en que la prioridad es "vencer el escepticismo de la gente, hacer ver que otro mundo es posible". Y lo explica: "En realidad, una parte de ese mundo deseado ya existe en el que tenemos, son como semillas que tienen que florecer. La gente ya participa en estructuras institucionales alternativas, por lo que tan solo habría que extenderlas a todas las esferas de la vida social".

En este sentido, el imaginario colectivo que la ciudadanía es capaz de crearse para sí es una de las cuestiones primordiales. Los límites de lo que se percibe como posible o deseable son muy inestables y se desplazan continuamente, tal y como apunta el sociólogo de la UCM. Esta realidad, que puede ser tanto positiva como perjudicial a la hora de efectuar cambios sociales de alto alcance, se materializa en ideas tan básicas como la democratización de las compañías capitalistas.

El propio Wright recoge en el volumen publicado por Akal que la ley alemana estipula que los trabajadores pueden elegir casi al 50% del consejo de dirección en empresas que emplean a más de 2.000 trabajadores, y un tercio en aquellas empresas que tienen entre 500 y 2.000 trabajadores. "Aquí, que eso nos parece imposible, en Alemania es normal; pero la sanidad pública, que aquí nos parece normal, en Estados Unidos es imposible", ejemplifica Sola.

Diagnosticando las dolencias y los procesos de crisis y autodestrucción que comporta para sí mismo el capitalismo, muchas veces apaciguados por el propio Estado, Wright defiende que la emergencia climática y la revolución tecnológica serán los dos retos a los que la sociedad tendrá que enfrentarse durante el siglo XXI. Los dos aspectos abren la puerta a que los valores democráticos, igualitarios y solidarios, el mantra repetido a lo largo de la monografía, se impongan sobre los demás.

En este sentido, Sola arguye que la crisis climática es una oportunidad para afrontar cambios más profundos, pero a su vez también constituye una mala noticia, ya que exige a los humanos cierta urgencia y radicalidad en las acciones. En cuanto a la revolución tecnológica, él prefiere ser escéptico ante los "discursos apocalípticos de las máquinas" ya que "durante los últimos años hemos presenciado procesos similares y hemos podido ver que el problema está en la distribución de las riquezas que genera la tecnología, por lo que no deja de ser un problema político".

En cuanto a la agencia colectiva, un concepto que describe la posibilidad y poder que tiene la sociedad para revertir ciertas dinámicas perniciosas para la misma, Wright desarrolla tres segmentos que habría que tener en cuenta para que el cambio se materializara. Por un lado, las identidades, importantes para "forjar la solidaridad dentro de un actor colectivo", por otra parte, los intereses, para "modelas los objetivos de la acción colectiva", y por último, los valores, importantes para "conectar diversas identidades e intereses dentro de los significados comunes".

Sola se adhiere a estas premisas dado que "la clase trabajadora no nace homogénea, sino como algo que se crea a través de muchos estímulos que hay que coaligar políticamente", en sus propios términos. Crear una base común y articular los aspectos compartidos es, en opinión del sociólogo de la UCM, la clave para afrontar la diversidad "con espíritu constructivo y superar las divisiones que obstaculizan el surgimiento de estos actores".

Wright cierra su ensayo aportando algunos parámetros que, desde su punto de vista, son imprescindibles para la creación de actores colectivos capaces de sostener la acción política. Superar las vidas privatizadas; construir solidaridad de clase dentro de estructuras de clase complejas y fragmentas; y forjar políticas anticapitalistas en presencia de formas de identidad diversas y rivales, no basadas en la clase, son los indicadores que el sociólogo marca para cimentar un posible cambio que conduzca a ese socialismo democrático al que aspira.

Qué fue antes, ¿el trabajo o la vida?

Sara Porras, también profesora de sociología en la UCM, aporta algunas concepciones que completan Cómo ser anticapitalista en el siglo XXI. Algo a lo que recurre Wright en su obra es articular la construcción de una sociedad socialista en base a la economía que se da en el contexto de la producción, un hecho que responde a la tradición teórica del marxismo. "El mercado sería la institución fundamental que ordenaría la vida política y social, pero teniendo en cuenta la coyuntura actual, donde una pandemia ha trastocado y acelerado la vida en la mayoría de sus vertientes, creo que es buena ocasión para repensar hacia dónde queremos llegar y cómo pretendemos lograrlo", introduce la académica.

"Cuando Wright da herramientas concretas, como el establecimiento de la RBU, a mí me gustaría ir más lejos y plantear el debate de cuáles son los trabajos socialmente necesarios, una parcela del mercado en la que se puede observar una correlación muy clara: aquellos empleos que son socialmente imprescindibles son los peor valorados y a los que más afectan algunas escalas. Primero en cuanto a la feminización de los mismos y, después de ella, la racialización que experimentan", agrega la profesora de la UCM, quien defiende que la obra del sociólogo recientemente fallecido estaría más completa si introdujera estas identidades (etnia, raza, género, etc.) como significantes dentro de la propia identidad de clase.

Ciudad y cuidados, las claves para el cambio

A partir de la publicación, Porras adhiere tres ejes en torno a los que circularía la creación del nuevo paradigma socialista. En primer lugar, situar la vida y la responsabilidad colectiva como espina dorsal del cambio anticapitalista, una realidad que se podría dar con la RBU o la adopción de la jornada laboral de cuatro días a la semana. Por otra parte, ella incide en la potencialidad que, en la actualidad, tienen las ciudades como espacio de socialización, representadas como el principal territorio en el que los diversos actores colectivos se ven interconectados y el vecindario puede conocerse y organizarse.

Por último, esta socióloga también remarca la transformación a la que tendría que someterse el Estado como principal institución reguladora de una nación: "El Estado no solo tendría que ser el principal sostén de la parte social de la ciudadanía sino que para garantizarla debería comenzar a ser un actor económico y social de gran envergadura, en el que también reviertan las ganancias económicas que propicia con su financiación, sobre todo ahora que nos encontramos en un contexto global donde el desfalco fiscal es enorme".

A su vez, sí que coincide en el postulado que Wright esgrime en su obra en torno a la emergencia climática. En palabras de Porras, "esta emergencia nos supone huir del debate entre si queremos que esto cambie o no, para llevarnos al debate sobre en qué lugar nos vamos a posicionar en este cambio que ya es obligado". Poner la vida en el centro abre un amplio abanico de posibilidades, una miríada de opciones por descubrir que se irían perfeccionando mientras se practican.

Para ello, el aspecto de los cuidados es fundamental: "No se trata de ver cuántas horas producimos en el mercado laboral y cuántas nos quedan para nuestra vida; es todo lo contrario. Primero tendríamos que tomar conciencia de cuánto tiempo necesitamos para suplir los cuidados que todas las personas requerimos en nuestra vida, ya que aquel individuo que afirma no necesitarlos se corresponde con un sujeto que tiene una mujer racializada en su casa durante ocho horas resolviéndole las tareas mientras él produce en el mercado. Más acertado que la mano invisible de los mercados, es hablar de la mano invisible de los cuidados", agrega al respecto.

De esta forma, la socióloga afirma que "situar la vida en el centro supone un espacio privilegiado para demostrar la fragilidad del sistema capitalista y la potencia del cambio justo en un momento en el que desaparecerán miles de empleos y una gran expulsión de muchas personas del mercado debido a la revolución tecnológica". Un dato: "El 80% de los cuidados que requiere una persona y que no supone su hospitalización son desarrollados por una mujer o por entidades privadas", agrega Porras.

Cuestión de identidades

Respecto a la teoría clásica de la identidad que Wright defiende en su última obra, la profesora de la UCM advierte que se encuentra algo desfasada. Y así lo explica: "Las identidades son necesarias para sostener un proceso de transformación, pero que se basen únicamente en el contexto de la producción las debilita. La gente se identifica más con sus aspiraciones que con la realidad estructural que los ocupa. Cuando le pregunto a mi alumnado cómo se describen, lo hacen poniendo por delante su condición de estudiantes de sociología que la condición de trabajadores precarios. Tenemos que ser capaces de imaginar y construir un espacio en el que puedan conectar las identidades subrepticias para conectarlas en su complejidad y fragmentación, y eso lo permite mucho más la ciudad que el Estado".

En conclusión, Cómo ser anticapitalista en el siglo XXI aporta algunos cimientos en los que fortalecer la lucha contra el sistema preponderante a nivel global, pero también posibilita la creación de un nuevo imaginario a partir del que construir. Wright, con esta obra, se despide de una forma abrupta, prematura incluso, pero en la que se puede percibir ese talante transformador y meritorio que le ha hecho ser uno de los sociólogos más reconocidos de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI.

Madrid

09/12/2020 08:35 Actualizado: 09/12/2020 09:27

Por Guillermo martínez

@Guille8Martinez

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