Viernes, 02 Septiembre 2016 06:12

El escenario regional después de Dilma

El escenario regional después de Dilma

La destitución de Dilma Rousseff por el Senado más conservador desde 1964 (año del golpe de Estado contra João Goulart) cierra el ciclo progresista que se inició con la asunción de Luiz Inacio Lula da Silva el primero de enero de 2003. Siendo Brasil el país más importante de la región y el que marca tendencias, estamos ante una inflexión irreversible en el corto plazo, donde las derechas conservadores imponen su agenda.

El panorama regional sudamericano aparece claramente dominado por la alianza entre el capital financiero, Estados Unidos y las derechas locales, que muestran un dinamismo difícil de acotar a corto plazo. Hay que remontarse a principios de la década de 1990 para encontrar un momento similar, pautado por el triunfo del Consenso de Washington, el auge del neoliberalismo y el derrumbe del bloque socialista.

Sin embargo, sería equivocado pensar que estamos volviendo al pasado, por más que algunos analistas crean que se están perdiendo "conquistas". La realidad indica que la región camina hacia adelante pero, en lo inmediato, lo que tenemos enfrente no es la sociedad igualitaria y justa con la que soñamos, sino un inminente choque de trenes entre los de arriba y los de abajo, y luchas entre clases, razas, géneros y generaciones. Hacia ese desenlace va la humanidad, y ese es el futuro a mediano plazo que se avizora en la región.

En rigor, este panorama ya se venía perfilando desde hace varios años, cuando aún gobernaban los progresistas, por la creciente alianza de hecho entre las clases medias (viejas y nuevas) y los más ricos, en gran medida por el triunfo de la cultura consumista, despolitizadora y conservadora que impulsaron esos mismos gobiernos. Pero lo que importa, mirando hacia adelante, es el mentado choque de trenes.

Una nueva derecha se ha impuesto en la región. Una derecha que no tiene escrúpulos legalistas, que no está dispuesta a respetar los modos de las democracias, que pretende arrasar los sistemas educativo y de salud tal como los conocimos. En Brasil la nueva derecha ha puesto en pie el movimiento Escola Sem Partido, que ataca la educación pública, vapulea el legado de Paulo Freire y pretende controlar estrictamente a los docentes.

Habrá que volver con más detalle sobre este "movimiento", que promueve la disociación entre "educar" (responsabilidad de la familia y la Iglesia) e "instruir" (transmisión de conocimiento, que es la tarea de los profesores). Si los proyectos de ley que ingresaron al parlamento fueran aprobados, una porción de los docentes podría ser sancionada por "adoctrinamiento ideológico", por hablar de la realidad del país, ya que en las aulas, pregonan, no debe existir la libertad de expresión. En esa realidad no sólo entra lo político, sino incluso la violencia contra las mujeres. Apenas una muestra de lo que viene.

Para comprender por dónde va la nueva derecha no hay que mirar atrás, o sea, el periodo de las dictaduras, sino a personajes como la primera ministra británica, Theresa May, quien asegura estar dispuesta a usar armas nucleares aunque le cuesten la vida a inocentes (The Guardian, 18/7/16). O como Hillary Clinton, que considera a Vladimir Putin el "nuevo Hitler". No son declaraciones aisladas o fuera de contexto, es el estado de ánimo de las nuevas derechas, guerreristas, dispuestas a arrasar naciones enteras, como ya hicieron con media docena de países en Asia y Medio Oriente.

Para que haya choque de trenes tiene haber dos fuerzas antagónicas en disputa. Eso es lo que se viene perfilando en la región. Hemos recorrido las nuevas luchas estudiantiles y populares en Brasil (goo.gl/Bz9OBD), los movimientos que ganan protagonismo en Colombia (goo.gl/DfboIk) y las nuevas resistencias negras (goo.gl/GTQPzQ), entre otras.

A ellas deben sumarse la renovada fuerza del movimiento campesino en Paraguay; la resistencia al modelo soyero-minero en Argentina, y, en los últimos meses, al ajuste del gobierno de Macri; las importantes movilizaciones de las mujeres contra la violencia machista, como la realizada en Perú en agosto; la persistencia de los movimientos indígenas en Ecuador y Bolivia.

Se abren nuevas e imprevistas resistencias. En agosto hubo enormes movilizaciones en Chile, dos grandes marchas de más de un millón de personas contra el sistema privado de pensiones (Afp), y un cacerolazo, que anuncian el comienzo del fin de un sistema que fue la clave de la acumulación de capital en el régimen pospinochetista. Nueve de cada 10 jubilaciones son menores de 220 dólares, o sea, menos de 60 por ciento del salario mínimo, por lo que la población reclama el fin del sistema privado.

Lentamente se va abriendo paso entre los sectores populares la convicción de que la corrupción es sistémica, como el narco y los feminicidios, y que no importa si gobierna la derecha o la izquierda, porque las cosas seguirán más o menos igual. La prometida reforma educativa en Chile, que el Partido Comunista utilizó como argumento para abandonar la calle e ingresar al gobierno de Michelle Bachelet, se diluyó en las negociaciones con el empresariado y se sigue priorizando la enseñanza privada, como denuncia la nueva ofensiva estudiantil.

En esta etapa, el sistema no puede realizar reformas en favor de los pueblos, porque no tiene margen económico ni político. La economía funciona como una máquina que extrae, expropia y concentra los bienes comunes. La política se reduce a fuegos de artificio y deja paso, cada día con mayor evidencia, a la policía para dirimir los conflictos. La principal diferencia entre los colores que gobiernan es de velocidades en la aplicación de un modelo que no deja otra alternativa que la resistencia.

La destitución de Rousseff por un Senado infestado de corruptos podría ser la ocasión para reflexionar sobre la inconveniencia de seguir confiando en los mal llamados "representantes", que están allí para devolver favores al capital, y apostar con mayor energía a la organización. Nadie lo hará por nosotros.

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Martes, 30 Agosto 2016 06:43

Bolivia frente a sí misma

Bolivia frente a sí misma

El conflicto entre el gobierno boliviano y los cooperativistas mineros no es novedoso en su dinámica pero sí en su escala: la brutal muerte de un viceministro a golpes, luego de ser secuestrado, causó conmoción en un país acostumbrado a la radicalidad de las protestas sociales. Además, el crimen pone en duda los avances en la creación de un «Estado fuerte», la meta de Evo Morales desde 2006: ni siquiera durante la guerra del gas de 2003, que acabó con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se llegó a una agresión semejante contra un funcionario de tan alto nivel.


Como viceministro de Régimen Interior, y parte del círculo presidencial desde 2006, Rodolfo Illanes fue a la localidad de Panduro (185 kilómetros de La Paz) a negociar con los cooperativistas mineros, donde fue retenido y luego asesinado a golpes mientras caían dos mineros víctimas de la represión policial para desbloquear las rutas. «Ya no vamos a negociar con él [por el ministro de Gobierno Carlos Romero], que presente su carta [de renuncia]; si no, vamos a colgar a su viceministro y yo me voy a encargar», había declarado a la prensa uno de los líderes mineros en medio de los intentos del gobierno de retomar el diálogo.


La dinámica bloqueos de caminos-represión- enardecimiento-escalada de violencia es parte de las luchas sociales en Bolivia. Pero desde su llegada al poder, el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) logró reducir los conflictos sociales, aunque hubo momentos críticos como las movilizaciones contra el «gasolinazo» de 2010 o las protestas contra la construcción de una carretera en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en 2011. En esa ocasión el canciller David Choquehuanca fue «retenido» por los indígenas y utilizado como escudo frente a la policía, no obstante las cosas no pasaron a mayores. Pero hoy, a diferencia de esos días, el gobierno enfrenta el desgaste político de la derrota en el referéndum del 21 de febrero de 2016, con una pérdida significativa de apoyo en las grandes ciudades. A ello se suma la baja de los precios de los minerales y menores recursos en el Tesoro.


Estas cooperativas son uno de los tres grandes actores de la minería boliviana junto con la estatal y la transnacional, y están acostumbradas a disputar vetas de minerales de manera aguerrida e incluso violenta, como quedó claro en 2006 con el enfrentamiento entre cooperativistas y mineros estatales con un saldo de 16 muertos. Sobrevivientes de la crisis de la minería estatal en los años 80, las cooperativas crecieron bajo todos los gobiernos, pero lo hicieron en mayor medida en esta década al calor del aumento de los precios internacionales de los minerales. Los cooperativistas también participaron del ciclo de luchas populares de los años 2000, y estuvieron entre quienes impidieron, en Sucre, que asumiera un «neoliberal» tras la renuncia del presidente Carlos Mesa en 2005. Ya durante la Asamblea Constituyente lograron que un artículo de la nueva Constitución Política del Estado (2009) indique que «El Estado reconoce y respeta los derechos pre-constituidos de las sociedades cooperativas mineras, por su carácter productivo social».


Hoy los cooperativistas son unos 119.000 trabajadores, frente a 8.000 de la minería privada y 7.500 de la estatal), aunque su productividad es menor y su trabajo más artesanal. En un artículo titulado «Cría cuervos», el ex-viceministro de Régimen Interior Rafael Puente escribió que «las ‘cooperativas’ mineras no tienen nada de cooperativas; en realidad son empresas, cuyos dueños son los llamados ‘socios’ (y ni siquiera todos) que manejan y explotan a una enorme masa de obreros que no tienen ni seguro social, ni seguro industrial, ni jubilación, ni nada. Y ni siquiera hablamos de las mujeres y del trabajo infantil».


En efecto, aunque se use la figura de la cooperativa, ello opaca un mundo de asimetrías y relaciones entre «socios» y peones, además de contratistas y otros actores. «La cooperación se restringe a la reunión de socios para acceder al yacimiento que luego parcelan, predominando el trabajo individual de baja productividad y no la organización del trabajo con base en la cooperación», señala el investigador Pablo Poveda Ávila en un artículo sobre la historia del cooperativismo minero.


Una de las razones de las protestas actuales fue, precisamente, rechazar una ley que permitiría sindicalizarse a los peones de las cooperativas, lo que es rechazado por los «socios».Otra causa de la radicalización del sector es el impedimento que tienen para suscribir acuerdos con empresas para operar sus yacimientos. Y una tercera es la demanda de flexibilización de las regulaciones ambientales. Por eso, el gobierno los acusa de querer asociarse a las transnacionales y de ser patrones disfrazados de cooperativistas. No obstante, eran hasta ahora parte del bloque político y social «del cambio», e incluso consiguieron embajadores, diputados y senadores. El primer ministro de Minería de Evo Morales, Walter Villarroel, pertenecía a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) y su gestión potenció el conflicto entre estatales y cooperativistas.


Una cuestión anexa a esta crisis es el uso de la dinamita en las protestas. En 2012 el gobierno la prohibió, pero más tarde la volvió a autorizar dado que es parte de la identidad minera. El propio vicepresidente, Álvaro García Linera, dijo hace un tiempo a un grupo de estudiantes de Porco, Potosí, que «Si alguien de aquí a cinco a 10 años quiere venir a quitar el petróleo, la electricidad, pónganse sus cartuchos de dinamita y vayan a botarlos a patadas». «La dinamita es la esencia de los trabajadores, sobre todo de los mineros; con ella podemos enfrentar a los gobiernos neoliberales», señaló el secretario ejecutivo de la Confederación General de Trabajadores Fabriles, Víctor Quispe, en mayo pasado al celebrar la abrogación del decreto que prohibía su uso. Y el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Guido Mitma, también destacó la medida. «¿Cómo se llegó a recuperar la democracia? Gracias al arma que tenemos los trabajadores en su conjunto para defendernos de la derecha neoliberal». Pero como se ve con este conflicto, la minería no solamente remite a las heroicas luchas de los trabajadores de los socavones –como la Revolución de 1952 o las luchas por la democracia en los años 70 y 80– sino a las disputas por la renta en un país fuertemente corporativo y sostenido en una economía extractiva.


Que los cooperativistas sean parte del MAS tampoco es una anomalía. El MAS es un partido de pequeños productores (más que de comunarios) que incluye a cocaleros y comerciantes informales («gremiales»), pero en este caso los intentos oficiales de fortalecer la minería estatal desataron diversas tensiones, que culminaron en la escalada actual. Ahora, tras estos hechos luctuosos, posiblemente el gobierno emprenda cambios más profundos en la minería. Por lo pronto, se anunció que los cooperativistas ya no contarán con representación en la Corporación Minera Boliviana (Comibol).


Si bien muchas cosas se modificaron desde 2005, muchas otras permanecieron con escasos cambios y una de ellas es la dificultad para que los conflictos sociales puedan procesarse de manera institucional. Al mismo tiempo, la dinámica del conflicto social boliviano muestra a menudo precariedad estatal (por ejemplo, un viceministro que va con escasa custodia a negociar con un grupo radicalizado) junto a una policía que suele ser letal a la hora de despejar caminos, por una combinación variable entre armamento inadecuado o escaso, fuerzas policiales insuficientes o temor a sectores sociales a menudo armados con piedras o dinamita.


Si bien Evo Morales tuvo la autoridad para normalizar en gran medida el país, sus principales escollos fueron sus propias bases, ese «veto social» difícil de contrarrestar, más aún que la oposición de derecha a la que pudo derrotar sucesivas veces en las urnas –y en las calles–. Una ventaja con que que contó el gobierno en este caso fue que no se sumaron otros sectores a las demandas de los cooperativistas y que estos últimos cosechan escasa simpatía social. Pero haría mal en leerlo en términos conspirativos en lugar de abordarlo como un síntoma de un nuevo momento y como una amenaza a futuro. Otra vez, un conflicto toma el carácter de guerra civil en pequeña escala, y esta vez con una baja del entorno del presidente.


Quizás el asesinato de Illanes marque un antes y un después, sin que aún podamos dimensionar ese «después», es decir la forma en que el gobierno utilizará este desborde para recuperar iniciativa y poder.

 

Por Pablo Stefanoni
Nueva Sociedad

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Chocó. “Cuando el pueblo se une, en una causa justa, no hay quien lo detenga”

Tras siete días de paro, las negociaciones encaminadas a poner fin al Paro Cívico (PC) prosiguen. Gobierno y representantes de organizaciones sociales aún no han llegado a un acuerdo definitivo pero se han alcanzado acuerdos parciales, relacionados con la culminación de vías terrestres, el saneamiento financiero del Hospital San Francisco de Asís, la construcción de cuatro nuevos centros de atención hospitalaria y el caso de Belén de Bajirá, cuya pertenencia al Chocó se comprometió a defender el Ejecutivo ante el Congreso de la República. La redacción de uno o varios Conpes parece ser la única vía para asegurar la credibilidad y el cumplimiento del Gobierno.

 

El pasado domingo abrieron sus puertas almacenes y tiendas en Quibdó, capital chocoana. Habían estado cerradas desde el miércoles 17 de agosto, cuando inició el PC que ha logrado movilizar a parte importante de la población del departamento. Los chocoanos salieron masivamente a las calles en busca del aprovisionamiento necesario para seguir con el paro indefinido, decretado para exigir al Gobierno el mejoramiento de las pésimas condiciones económicas, sociales, de infraestructura y servicios públicos que viven desde hace décadas (Consultar, Lanzado paro indefinido en el Chocó: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/29526-lanzado-el-paro-civico-indefinido-en-el-choco.html ).

Los alimentos y productos adquiridos fueron insumos necesarios para la gran jornada de movilización que sobrevino el pasado lunes 22 de agosto. Denominado día D, el lunes trajo consigo una movilización masiva de más de 70.000 personas que se volcaron una vez más sobre las calles de Quibdó para manifestar su descontento y expresar que antes que desanimarse, permanecían en pie de lucha ante la actitud dilatoria con la cual el Gobierno estaba manejando la situación. Ese día no ‘volaron’ las piedras, no se registraron mayores incidentes de alteración del orden público, las calles del Chocó fueron tapizadas con arengas, música y representaciones dramáticas que acompasaron la protesta.

Al tiempo que esto sucedía, medios de comunicación informaban que había sido pactado un preacuerdo con el Gobierno para levantar el PC. Desinformaban una vez más, pues esto solo sucedería horas después . Tal “preacuerdo” no era más que el ofrecimiento por parte de un grupo de funcionarios, de una serie de medidas basadas en las exigencias de los líderes del paro, muy cierto, pero hecha en una mesa de trabajo que contaba con la presencia del Gobernador del Chocó, de dos representantes a la Cámara por el departamento, sin contar con la presencia de delegados del Comité Cívico por la Dignidad del Chocó, principal organización de esta protesta.

Ante la molestia generada entre los manifestantes y voceros, por las propuestas surgidas de la mesa de trabajo entablada entre los días sábado 20 y domingo 21 de agosto, el viceministro del interior Guillermo Rivero, quien ha liderado por cuenta del Estado la mesa de negociación se refirió : “Lo que hicimos entre sábado y domingo fue afinar las respuestas del Gobierno, obtener la información más detallada posible de cada uno de los temas que están contenidos en el pliego de peticiones, para poder venir y ofrecer respuestas concretas y bien estudiadas".

No hay humo blanco aún

El Chocó completa, al momento de escribir esta nota –martes 23 de agosto– su séptimo día de movilización, y hasta el momento las negociaciones no han conducido a un acuerdo entre el Gobierno y los líderes y voceros del paro. Por el contrario, el Gobierno entabló una mesa paralela con la que prefabricó unos acuerdos para llevar, a través de sus delegados, como oferta a las organizaciones que lideran la movilización en el territorio.

Olvidó la delegación gubernamental que quien convocó la jornada de movilización no fue ni el gobernador, ni los representantes a la cámara, sino una serie de organizaciones sociales con la cuales de manera paradójica, no se había sostenido un diálogo fluido y serio desde fines de la semana anterior, y con las que había que sentarse a elaborar la propuesta. Otra muestra de que el Gobierno, al igual que en el paro de los camioneros  http://desdeabajo.info/colombia/item/29246-inmoviles-siguen-los-camioneros-en-las-vias-del-pais.html  y el paro de los maestros del Cauca http://desdeabajo.info/colombia/item/29246-inmoviles-siguen-los-camioneros-en-las-vias-del-pais.html , sigue conservando su amañado estilo de negociación antes que sentarse a la mesa directamente con los actores y llegar a acuerdos serios, definitivos, que pongan fin a las situaciones que las generan.

Las negociaciones en Quibdó, entre la delegación gubernamental liderada por el viceministro Rivero y lideres del Comité Cívico por la Dignidad del Chocó, continuaron el día lunes y prosiguen hoy martes. El documento de “preacuerdo” (Ver recuadro 1) construido entre la delegación oficial y dignatarios del departamento en el Palacio de Nariño ha sido, a pesar de la manera como fue construido, el insumo de discusión sobre el que se han logrado algunos acuerdos provisionales.

El gobierno se comprometió a girar 720 mil millones de pesos al departamento para la culminación de los 70 kilómetros faltantes a las vías Quibdó/Medellín y Quibdó/Pereira. Dicho compromiso contempla que estos recursos sean asegurados a través de un documento Conpes que será elaborado por el gobierno nacional como hoja de ruta para la finalización de estas obras reclamadas por el Chocó en movilización. También se logró un acuerdo provisional para que el Estado sane fiscalmente al Hospital San Francisco de Asís, asumiendo un pasivo del orden de 37.000 millones de pesos, además de construir un hospital de tercer nivel en Quibdó, y tres de segundo nivel en otros lugares del departamento. En otro de los acuerdos importantes, el Gobierno se comprometió a defender ante el Congreso de la República la pertenencia del Chocó de Belén de Bajirá municipio en disputa con Antioquia.

El resto de las reivindicaciones que brindan gasolina a este paro continúan en debate entre el Gobierno y los líderes locales en Quibdó.

Para precisar este particualr, hacía las cinco de la tarde de este martes 23 de agosto desdeabajo logró establecer contacto con Feliciano Moreno, integrante del Foro Interectnico de Solidaridad Chocó, vocero autorizado, que nos concedió la siguiente entrevista:

desdeabajo (da). ¿El Paro Cívico continua?

Feliciano Moreno (FM). Hasta el momento hemos avanzado en un 80 por ciento en las mesas, en el abordaje de las diez mesas que nosotros tenemos constituidas como comité del Paro Cívico. Se ha llegado a unos preacuerdos, pero todavía no se ha definido si el paro continúa o no. Estos preacuerdos tienen que ser llevados a la mesa de la asamblea del comité (máxima instancia) para que en pleno sea tomada la decisión. En ese orden de ideas, el paro sigue, hay muy buenas perspectivas de avanzar en la negociación, pero hasta el momento estamos en el proceso de terminar las diez mesas.

(da). ¿Cuál ha sido la posición del gobierno en esta negociación? ¿Han mostrado voluntad reciente de llegar a un acuerdo?

(FM). Pienso que después de esa marcha del lunes, donde salieron más de 50.000 personas a las calles, el Gobierno se dio cuenta de que no era capricho de un comité ni de unos poquitos chocoanos, sino del Chocó todo, y eso llevó a que fuera mucho más sensible, mucho más asequible. Al principio habían dicho que no. Eso ha permitido que hayan tenido más apertura y allí vamos avanzando.

(da). ¿Cuál es el tiempo mínimo necesario para llegar a los acuerdos restantes?

(FM). Si las cosas siguen como van, y el informe de los voceros de las comisiones esta noche son acordes a la perspectiva que tiene la población chocoana, y el comité en pleno dice que está satisfecho con la negociación que hicieron sus voceros, inmediatamente se procede a levantar el paro. Esperemos que las cosas sigan como van; pienso que de pronto esto permite que lo más rápido posible pueda levantarse el paro.

Si todo continúa como va, esta noche se tiene que dar un informe de los voceros y no sabemos al final cuál será la determinación de la votación. Sería irresponsable en decir que hoy en la noche, mañana en la mañana, porque como te digo las comisiones son diez y no nos hemos escuchado entre todas las comisiones, entonces nos tenemos que escuchar entre todas. En unas se puede haber avanzado y en otras no.

(da). ¿Qué o cómo se garantizará que en esta oportunidad el Gobierno, a diferencia de otras oportunidades en el Chocó, cumpla con lo pactado?

(FM). Pienso que los chocoanos nos hemos preparado para generar el mecanismo para que cumplan lo que prometen. Por eso ha sido muy ardua la negociación, porque se está tratando que los compromisos se cumplan, y no dilatar los compromisos. Vamos a tratar de tener unos garantes que nos puedan ofrecer la oportunidad de que esas cosas se vean reflejadas y, bueno, hay la posibilidad de una veeduría ciudadana independiente, donde todas las personas tengan la facultad y facilidad de acceder a las cosas que se logren. Vamos a generar los mecanismos para que el Gobierno cumpla y que lo firmado se vea reflejado.

(da). ¿Cómo evalúa la participación de la ciudadanía chocoana frente a la movilización?

(FM). Ustedes han visto por los medios, la mejor respuesta del pueblo frente a todo esto es la masa, la salida a la protesta. Hay una credibilidad del pueblo frente a su Comité, y el pueblo ha respondido. No es fácil que en menos de dos meses, entre el 20 de julio y el 22 de agosto, en un mes y dos días se logre movilizar, en una primera oportunidad casi 40.000 y el día lunes casi 70.000 personas. Entonces, esto significa que el pueblo le está respondiendo a las iniciativas del comité y además el comité es consciente que las luchas son justas, que es un Gobierno que históricamente le ha dado migajas al Chocó, y pienso que es el momento de pedir cosas que puedan por lo menos reivindicar y generar impacto entre la población chocoana, que es una población pacífica. Pienso que el pueblo ha sido determinante, inclusive para que el Gobierno pueda ceder a las peticiones presentadas.

(da). ¿Cuáles son los aprendizajes de este proceso de movilización?

(FM). El aprendizaje es que cuando el pueblo se une, no hay quien lo detenga, y cuando el pueblo se une en una causa justa, mucho menos hay quien lo pueda echar para atrás. Está demostrado que el departamento del Chocó, desafortunadamente para obtener cosas, tiene que movilizarse, afortunadamente son movilizaciones pacíficas que no dejan nada que lamentar por ahora; cuando el pueblo se une logra las cosas.

 

(Recuadro 1)
Documento de trabajo creado entre comisión Gubernamental y delegados políticos del departamento entre el sábado 20 y domingo 21 de agosto del presente año.

firmas

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Martes, 09 Agosto 2016 06:35

El mito ecológico del coche eléctrico

El mito ecológico del coche eléctrico

Los automóviles abastecidos por energía eléctrica distan mucho de ser una alternativa verdaderamente respetuosa con el medio ambiente a corto plazo.

 

El coche eléctrico está llamado a ser el sustituto ecológico del automóvil tradicional. Pero el reemplazo del parque móvil de vehículos de combustión por unidades con motor eléctrico dista de ser una realidad cercana por sus limitaciones técnicas. Asimismo, el debate acerca de si este tipo de vehículos pueden ser considerados completamente ecológicos está servido.
En 2010, la Unión Europea planteó como objetivo para 2020 que el 10% del parque automovilístico europeo fuera eléctrico. Sin embargo, ese escenario, así como el que plantean el coche eléctrico como alternativa real y ecológica del automóvil tradicional, queda todavía muy lejanos.


La implementación del coche eléctrico en España es aún escasa. En 2015, se matricularon 1,03 millones de vehículos nuevos, de los cuales, tan solo 2.342 eran puramente eléctricos. Si sumamos los automóviles con motor híbrido, con un total de 19.231 unidades vendidas, observamos que eléctricos e híbridos suponen un discreto 2% del total de vehículos matriculados en 2015.


Una presencia limitada


“El coche eléctrico es más una promesa que una realidad. Hay muchas expectativas, pero prácticamente no se venden coches puramente eléctricos en España”, afirma Paco Segura, coordinador estatal de Ecologistas en Acción. Las razones detrás de la presencia tan discreta de este tipo de vehículos en España tienen que ver con sus limitaciones técnicas, que les impide sustituir por completo al automóvil tradicional, además de su elevado precio.


Algunos fabricantes como Renault o BMW tratan de impulsar la creación de puntos de recarga en las ciudades. No obstante, todavía queda mucho camino por recorrer. En Madrid la gestión de los puntos de recarga en la vía pública está en manos de dos empresas privadas, IBIL y GIC, tras la firma de un convenio en 2014 que incluía al Ayuntamiento, a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y a estas dos empresas.


Luis Pérez, experto en transporte la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), hace hincapié en la escasa autonomía que posee el coche eléctrico: “Los que más autonomía tienen, como mucho, alcanzan los 200 kilómetros. Además, no todo el mundo tiene un garaje con un punto de recarga”. Es necesario añadir que una recarga completa suele oscilar entre las cinco y las ocho horas, lo que también condiciona el uso y disfrute de estos vehículos.


De esta forma, la presencia de automóviles eléctricos se ve reducida a las ciudades. Tal y como apunta el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, “el coche eléctrico, por su problema de autonomía, no puede sustituir al coche tradicional, sino que lo complementa”. El otro gran inconveniente que tienen los automóviles eléctricos es su precio. “Uno de sus principales hándicaps es que no todo el mundo tiene 30.000 euros para gastarse en un segundo coche”, asevera Segura.


En los países nórdicos, los gobiernos apuestan de manera muy clara por este tipo de vehículos. Entre otros factores, gracias a las ayudas gubernamentales, en Noruega un 5% del parque automovilístico es eléctrico. En Dinamarca, por ejemplo, Pérez afirma que es habitual ver coches de la marca Tesla en las ciudades danesas, un fabricante de automóviles eléctricos de gama alta. El precio de mercado en España del Tesla Model S, la unidad más asequible de este fabricante, no baja de 60.000 euros.


“En Dinamarca, los coches no eléctricos tienen unos impuestos a la compra que alcanzan el 100%, es decir, un automóvil tradicional cuesta el doble allí que en nuestro país. En cambio, los eléctricos no tienen esos impuestos, lo que favorece mucho su venta. En España, tenemos algunas ayudas a su compra, pero no compensan”, sentencia Pérez.


El debate en torno a la energía


Segura indica que las baterías más eficientes para este tipo de vehículos, así como las más comunes, son las de ion-litio. No obstante, el litio es un material relativamente escaso, de modo que si el objetivo es alcanzar en el futuro una mayoría de coches eléctricos en el mundo, duda seriamente de que exista la cantidad suficiente de ese material para lograr dicha meta.


Este tipo de baterías, además, “son residuos tóxicos y peligrosos, y en casi todos los países del mundo no son tratados debidamente, terminan en cualquier tipo de vertederos sin el control apropiado, generando contaminantes, sin el tratamiento adecuado”, lo que matiza la concepción del coche eléctrico como medio de transporte ecológico.


El planteamiento del coche eléctrico como alternativa de transporte completamente respetuosa con el medio ambiente está sometido a un fuerte debate. Pérez matiza que “en la ciudad, sí es una solución ecológica. La electricidad proviene de distintas fuentes y, en España, una buena parte de la energía eléctrica proviene de centrales térmicas de carbón que, en efecto, contaminan, pero no contaminan en la ciudad, sino allá donde estén”.


En este debate, Segura va un paso más allá. “No lo es en absoluto. Es un cuento que nos están vendiendo que no tiene ni pies ni cabeza. Quiero decir, los coches eléctricos tienen algunos efectos ambientales positivos, como puede ser el hecho de que en las ciudades no emiten algunos contaminantes que dan problemas en la ciudad, como el dióxido de nitrógeno, pero la producción de electricidad no es inocua, ni mucho menos”.


Para evaluar si el coche eléctrico es realmente una solución ecológica, es necesario evaluar cómo producimos la energía eléctrica. Red Eléctrica de España recoge en su informe del sistema eléctrico español de 2015 que el total de electricidad generado mediante energías renovables está en un 36,9%.


El coordinador estatal de Ecologistas en Acción continúa con este argumento bajo la evidencia de las fallas asociadas a las energías no renovables. “Si la produces en centrales nucleares, todos sabemos el problema que hay ligado a los residuos radiactivos. Si la produces en centrales térmicas, las emisiones de un coche eléctrico, haciendo un balance completo de todo el ciclo, pueden ser peores que las de un modelo muy eficiente de gasolina, sobre todo si el mix eléctrico está basado en energías no renovables”.


Segura también evidencia el impacto al medio ambiente que viene asociado a la producción de cada coche. Fabricantes como Toyota calculan que cerca de la cuarta parte de la energía total gastada por un vehículo en su vida útil es la que se emplea para fabricarlo. De este modo, concluye, la sustitución del parque móvil por automóviles eléctricos no es planteable como una solución a corto plazo que resulte significativamete benficiosa para el planeta.


Transporte público y car sharing


Algunas voces plantean que la solución más idónea a este debate no pasa por la sustitución del automóvil de combustión por otro tipo de coche, sino que es más cercana a la racionalización de los usos del transporte. Una de las maneras más eficaces para lograr ese objetivo es el transporte público, en el que además ya existen alternativas eléctricas, como el Metro, tren de Cercanías, o algunos autobuses con motor híbrido.


Otra opción es el car sharing. “El alquiler de coches compartidos por uso es una alternativa interesante, pues satisfacen necesidades concretas, como puede ser transportar algún bulto o llevar a una persona al hospital, usos perfectamente razonables del transporte privado. En el área metropolitana podemos canalizar los usos del automóvil al coche eléctrico, pero siempre tratando de limitar su utilización general y actual”, sentencia Segura.

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¿Está el Estado del Bienestar muerto? Crítica a Yanis Varoufakis

Siempre leo con gran interés los escritos de Yanis Varoufakis. Y frecuentemente cuelgo en mi blog sus entrevistas o conferencias que me llegan, tanto aquellas con las que estoy de acuerdo como aquellas con las que estoy en desacuerdo. Naturalmente que coincido con sus críticas a la Troika y al comportamiento del Eurogrupo (los ministros de Economía y Finanzas de los países de la Eurozona), y muy en especial en el caso griego, aunque en este último caso difiero respecto a algún componente de su crítica y de las conclusiones a las que llega en base a tal crítica, como consta en el artículo escrito hace ya casi un año en Público (“Crítica amistosa a Varoufakis y a sectores de las izquierdas sobre lo ocurrido en Grecia”, 19.10.15). Saludo también el establecimiento de un movimiento europeo que él ha fundado, y que ahora lidera, cuyo objetivo es la democratización de la gobernanza de Europa, gobernanza carente hoy de las más mínimas reglas de convivencia democrática, aunque ahí tenga yo también algunas diferencias con él. Tales diferencias alcanzan su máximo nivel cuando en una conferencia reciente, que detallaré más tarde en el artículo, ha hecho la acusación de que los Estado del Bienestar en los países capitalistas desarrollados están ya muertos, junto con los partidos socialdemócratas que los establecieron, proponiendo en su lugar que se establezca la Renta Básica Universal (RBU), de la que es uno de los máximos promotores. No hay duda de que la socialdemocracia en Europa está en declive. Pero asumir que el Estado del Bienestar está también muerto me parece un gran error. En ambas “muertes” Varoufakis atribuye tal situación a que los Estados-nación ya no pintan nada, pues han perdido toda soberanía. Y ahí está la raíz de nuestro desacuerdo.

 

¿Ha muerto el Estado-nación?

 

Creo que una de las raíces de este desacuerdo es su visión de los Estados-nación, a los que considera carentes de poder y capacidad de decisión, especialmente aquellos que forman parte de la Eurozona. Así, en un interesante libro publicado en 2016, Un plan para Europa, de Icaria Editorial (escrito conjuntamente con Gerardo Pisarello –una de las mentes más claras en el movimiento progresista catalán–, con cuyas tesis estoy totalmente de acuerdo), Varoufakis, en la parte del libro en la que expone sus tesis en forma de entrevista, indica que los Estados-nación han perdido toda su soberanía, habiéndose convertido en parte del problema en lugar de la solución. Así, señala que los gobiernos hoy “transmiten a los parlamentos lo que queda decidido a nivel del Eurogrupo (o de la Cámara Europea o del Consejo Europeo) y los parlamentos solo están para que se les ordene lo que deben hacer” (p. 66).

 

Ni que decir tiene que la pertenencia de España al Eurogrupo establece unas limitaciones graves en cuanto a lo que el Estado español puede hacer o dejar de hacer. Pero encuentro su posición extrema (aunque comprensible por su experiencia en el caso de Grecia), pues los Estados-nación continúan jugando un papel clave. El Estado alemán, por ejemplo, juega un papel determinante y dominante entre los Estados-nación de la Eurozona. Y la relación inter-Estados juega también una labor esencial. La supeditación y docilidad del gobierno Rajoy hacia el gobierno alemán se expresa en su interdependencia con las políticas realizadas por tales Estados.

 

Lo que parece olvidarse con excesiva frecuencia es que los Estados continúan reproduciendo las relaciones de poder existentes en un país, incluyendo las relaciones de poder de clase social. Es importante recuperar las categorías analíticas que han desaparecido en gran parte de los estudios de lo que está ocurriendo en la Eurozona. Las clases sociales y el conflicto entre ellas, dentro de cada Estado, son esenciales para entender el comportamiento de tales Estados. Las ausencias de estas variables en los análisis de Varoufakis limitan su comprensión de la supuesta pérdida de soberanía de los Estados. Hay que concienciarse de que la burguesía española, por ejemplo, tiene más cosas en común, en cuanto a sus intereses, con la burguesía alemana, que con las clases populares españolas. De ahí que el Estado español, hoy instrumentalizado por la burguesía española, esté aplicando políticas auténticamente reaccionarias bajo el argumento de que no tiene libertad para llevar a cabo otras (como Varoufakis parece creer), cuando es obvio que sí que hay políticas alternativas. En España, por ejemplo, el presidente socialista Zapatero congeló las pensiones para conseguir 1.200 millones de euros, a fin de corregir el déficit del Estado, cuando podría haber conseguido muchos más revirtiendo la bajada de impuestos de sucesiones (2.552 millones) o manteniendo el de patrimonio (2.100 millones). Y el presidente conservador Rajoy podría haberse evitado recortar 6.000 millones de euros de la sanidad pública revirtiendo la bajada del impuesto de sociedades de las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, y que representan solo el 0,12% de todas las empresas. El Estado siempre aplica políticas de clase, y el tema fundamental es de qué clase social. No es cierto, pues, que el Estado-nación no pueda hacer nada. Decir que los Estados-nación no pueden hacer nada es darle la razón a Zapatero o a Rajoy cuando dicen que no hay otras políticas públicas posibles. ¡Sí que las hay! ¡Hay alternativas a las políticas de austeridad! El gran problema de Grecia es, como subrayé en el artículo citado anteriormente, que era un Estado pequeño y fallido, que lo hizo enormemente vulnerable a las presiones del Estado alemán. Y además de ser un Estado muy débil, estaba muy solo. Pero hoy ya hay un número creciente de Estados, con mayor peso, que pueden variar estas políticas. Y parte de la solución serían las alianzas entre Estados en contra de estas políticas, que no ocurrirán a no ser que cambien las relaciones de poder dentro de cada Estado.

 

La externalización de responsabilidades como justificación de las políticas impopulares

 

Pero existe otro punto de desacuerdo con Varoufakis, relacionado con el desacuerdo anterior. El ningunear al Estado-nación lleva a abandonar una lucha a nivel de dicho Estado-nación, creando un vacío que lo están aprovechando movimientos nacionalistas de ultraderecha, algunos de claro carácter fascista y/o nazi. Hoy, como el mismo Varoufakis ha acentuado, uno de los mayores peligros existentes en la Unión Europea es la eclosión de movimientos nacionalistas de ultraderecha en cada uno de sus países. Y una de las causas de que ello esté ocurriendo es precisamente la desatención que las izquierdas han dado a algunos de los temas más movilizadores entre las clases populares, que solían ser la base de su apoyo electoral. No solo los partidos conservadores y liberales, sino también los partidos socialdemócratas, por ejemplo, justifican las políticas de austeridad y las reformas reaccionarias de los mercados de trabajo bajo el argumento de que son las únicas posibles, pues otras son de imposible aplicación debido a la globalización, o a la integración europea, o a cualquier factor externo. La externalización de responsabilidades es la medida más común hoy utilizada por los gobiernos de sensibilidad liberal o socioliberal (que son la mayoría). Admiten que sus políticas son impopulares pero subrayan que son las que exigen Bruselas o Frankfurt. Y aquí en Catalunya, el gobierno de derechas catalán indica que la culpa es de Madrid. No es extraño, pues, que veamos hoy votantes del Partido Comunista votar a partidos de ultraderecha.

 

Los cinturones rojos de las grandes ciudades en Francia que votaban al PCF han pasado a votar a Le Pen. Pero esto no solo ocurre en el país galo, pues una de las causas de esta situación es precisamente el auge del nacionalismo en muchos países de la Unión Europea, es decir, el incremento del sentido identitario nacional frente al establishment político-mediático que gobierna la Eurozona, que es percibido como el responsable de la pérdida de identidad y poder de decisión conocido como soberanía nacional, cedida a dicho establishment europeo por las clases dominantes de cada país, que consiguen el desmantelamiento del Estado del Bienestar y el descenso salarial a través de aquel establishment europeo, lo que no podían conseguir a nivel estatal.

 

La supuesta muerte de la socialdemocracia y de su Estado del Bienestar

 

De esta percepción del Estado-nación como carente de capacidad de decisión, Varoufakis concluye que la socialdemocracia y el Estado del Bienestar que creó están muertos y sin capacidad de reacción. Permítanme que resuma su último discurso (que incluyo en este enlace) sobre este tema. Comienza haciendo aseveraciones que, tanto en su tono como en su contenido, pueden considerarse provocadoras (lo cual parece ser de su agrado, pues le gusta hacerlo con gran frecuencia). La primera es la de afirmar que las políticas públicas que han caracterizado a la socialdemocracia occidental (o el New Deal en EEUU) son demodé, es decir, no tienen futuro, pues son políticas insostenibles. De ahí que señale que “la socialdemocracia está muerta”. La segunda provocación (que se deriva de la anterior) es su afirmación de que “el Estado del Bienestar está (también) muerto”, ya que las transferencias públicas y los servicios públicos del Estado del Bienestar no pueden financiarse y mantenerse, pues al estar financiados con las rentas del trabajo (es decir, con las cotizaciones sociales derivadas del salario) y su financiación depender de la existencia de puestos de trabajo, ello determina que la desaparición de un número significativo de tales puestos de trabajo (como resultado de la revolución digital, incluyendo intervenciones tecnológicas, como la robótica, que está causando la destrucción masiva de gran parte de los puestos de trabajo), haga insostenible tal Estado del Bienestar. Esta destrucción de los generadores de los fondos con los cuales sostener tales transferencias y servicios públicos es la causa de que el Estado del Bienestar no tenga futuro, pues no puede financiarse. De ahí la necesidad de responder a la enorme crisis social que se ha ido desarrollando en estos años de recesión (que alcanza niveles de depresión en los países del sur de Europa como España, Grecia y Portugal) a través de la Renta Básica Universal, que es la distribución de una renta básica por parte del Estado a todos los ciudadanos y residentes de un país.

 

Las consecuencias de la financiarización de la economía

 

Otra razón que –según Varoufakis- justifica el establecimiento de la RBU es la financiarización de la economía en el capitalismo actual. Durante estos años hemos estado viendo la expansión del sector financiero a costa de la economía productiva, lo cual complica todavía más la sostenibilidad del Estado del Bienestar, pues al disminuir la economía productiva disminuye también la fuerza laboral, que es la que financia el Estado del Bienestar. Según Varoufakis, la actividad financiera está, pues, sustituyendo a la producción de bienes y al consumo, sujetos de la economía real o productiva, y con ello a los puestos de trabajo y a los trabajadores, dificultando todavía más la financiación del Estado del Bienestar, basada –como se ha señalado antes- en la gravación de las rentas del trabajo. En EEUU, esta transformación del capitalismo aparece en el traslado del centro de poder de Chicago (centro manufacturero) a Wall Street (centro financiero). Esta financiarización de la economía determina que al disminuir el trabajo disponible, también disminuye la demanda, causa del decrecimiento económico que conocemos como la Gran Recesión.

 

La solución a esta gran crisis social y económica es –de nuevo, según Varoufakis- gravar a las rentas superiores (derivadas en gran parte de la gran expansión del sector financiero), distribuyendo los ingresos públicos obtenidos a partir de esta medida a todos los ciudadanos y residentes, asignando a cada persona la misma cantidad, una renta básica que permita a la persona vivir con dignidad.

 

La aplicación de esta medida tendría –según él- varias consecuencias. Una sería la de eliminar la pobreza y reducir las desigualdades sociales. Otra, la de incentivar la demanda (pues las clases populares consumen más que ahorran, ya que tienen una gran cantidad de necesidades insatisfechas, mientras que las clases más pudientes ahorran más que consumen). Y una tercera consecuencia, de gran importancia también, sería el empoderamiento de la población trabajadora, pues la RBU la haría más resistente frente a las demandas de los empleadores, ya que sus necesidades mínimas estarían ya cubiertas. Hasta aquí el resumen de su argumentación a favor de la RBU.

 

¿Cuáles son los problemas de esta argumentación?

 

Antes de comenzar la crítica debo subrayar que hay elementos de este análisis, como la creciente financiarización de la economía, con los que estoy totalmente de acuerdo. Pero con otros no. Y uno de ellos consiste en sus observaciones sobre lo que él considera los límites y la imposibilidad de desarrollar políticas socialdemócratas, así como políticas de expansión del Estado del Bienestar, a los dos lados del Atlántico Norte. Esta tesis está basada, en parte, en la pérdida de soberanía de los Estados, y, en parte, en su criterio (erróneo a mi manera de ver) para definir socialdemocracia y Estado del Bienestar. Me explicaré, comenzando con la discusión de los supuestos límites de la socialdemocracia. Pero para ello es necesario señalar que el gran fracaso de los partidos socialdemócratas (que, recordemos, estaban enraizados en el mundo del trabajo en su objetivo de establecer el socialismo) no se debe a la socialdemocracia en sí, sino más bien lo contrario, es decir, a su abandono. Es una realidad bien documentada que a partir de Blair & Co. (aunque algunos podrían indicar que se había iniciado ya con Mitterrand) hubo un claro abandono del proyecto socialdemócrata.

 

El socialismo era y continúa siendo el proyecto de establecer una sociedad cuyo objetivo es distribuir los recursos según la necesidad de los ciudadanos, financiados según la habilidad y capacidad de cada ciudadano, siendo necesidad, habilidad y capacidad definidas democráticamente. Este objetivo continúa siendo vigente y aplicable. Casi el 78% de la ciudadanía de los países de la UE está de acuerdo con el principio de que “a cada uno según su necesidad, y de cada uno según su habilidad y capacidad”. Y estamos viendo a los dos lados del Atlántico Norte la aparición de movimientos político-sociales, como el movimiento liderado por el candidato Sanders en EEUU, y los movimientos contestatarios en Europa, como Unidos Podemos, que están adquiriendo gran importancia, y que están comprometidos claramente con este principio socialista, a alcanzar a través de la vía democrática, proponiendo políticas públicas que solían identificarse con la socialdemocracia antes de que esta dejara de serlo.

 

El Estado del Bienestar que describe Varoufakis es el cristianodemócrata, no el socialista

 

Varoufakis parece desconocer que hay varios tipos de Estados del Bienestar. Y el que describe no es el Estado del Bienestar enraizado en la tradición socialdemócrata. Bismarck fue el fundador del Estado del Bienestar que Varoufakis describe y define erróneamente como “el Estado del Bienestar”. En este Estado del Bienestar, el de Bismarck, la financiación corre a cargo de las cotizaciones sociales basadas en el mercado del trabajo. Es este Estado del Bienestar cuya sostenibilidad depende de la situación del mercado de trabajo. Y el deterioro de este mercado de trabajo crea un problema de sostenibilidad grave, como estamos viendo hoy en España.

 

Pero en los países escandinavos del norte de Europa, de tradición socialdemócrata, donde el mundo del trabajo históricamente ha sido fuerte, la financiación de la mayoría de transferencias y servicios del Estado del Bienestar no viene de las cotizaciones sociales basadas en el mercado de trabajo, sino de los fondos generales del Estado, y por lo tanto de la voluntad popular. Dependiendo del grado de influencia que los distintos actores de la sociedad (entre los cuales los más determinantes son el mundo del capital y el mundo del trabajo) tienen sobre el Estado, encontramos Estados del Bienestar bien desarrollados, y otros poco financiados. En general, a mayor influencia del mundo del capital, menores son los ingresos al Estado, y, como consecuencia, el Estado del Bienestar está menos desarrollado, tal como ocurre en el sur de Europa. Es fácil de entender que el nivel de gravamen de las rentas del capital es una variable política, es decir, que depende de las relaciones de poder en cada país. En todos los países del sur de Europa, sus Estados del Bienestar están subfinanciados, asignando el Estado a los temas sociales muchos menos recursos públicos de los que debería y podría gastar. En realidad, todos ellos tienen los recursos para financiar mejor sus Estados del Bienestar. Tienen el dinero, pero el Estado no tiene la voluntad de recogerlo. Y ahí está uno de los desacuerdos entre Varoufakis y yo. Varoufakis asume que los Estados-nación no tienen alternativas a las políticas neoliberales que se les imponen, y yo creo que sí que las tienen.

 

Que graven más o menos depende de las relaciones de poder de cada país. Asumir, como hace Varoufakis, que los Estados-nación no tienen poder de decisión, habiendo perdido toda soberanía, es, como he dicho antes, dar la razón a los gobiernos que imponen políticas de austeridad altamente impopulares, cuando las justifican diciendo que no tienen otras alternativas.

 

¿Qué soluciones hay?

 

Cualquier solución a la crisis actual pasa por un aumento de los ingresos al Estado, lo que requiere un cambio en los actores que configuran las políticas públicas de tales Estados. No creo que haya mucho desacuerdo en este punto. El desacuerdo, pues, es probable que radique no tanto en los ingresos, sino en los gastos. Y es ahí donde Varoufakis desatiende el Estado del Bienestar demasiado rápidamente. Según él, el dinero debe ir a cada ciudadano o residente, siéndole transferida la misma cantidad de dinero a cada persona, sea ciudadano o residente. Pero, ¿por qué la misma cantidad? Si el objetivo de la RBU es reducir la pobreza, es fácil mostrar que los países que han sido más exitosos en reducir la pobreza han sido aquellos países escandinavos que han seguido precisamente las políticas de tradición socialdemócrata, mediante transferencias y servicios públicos, lo cual implica también garantizar unos ingresos a cada ciudadano que le permitan una vida digna mediante la transferencia de fondos y servicios públicos que representan una cantidad superior a la que recibiría mediante la RBU.

 

Un tanto igual ocurre en cuanto a la reducción de las desigualdades. Los países que han sido más exitosos, y que han conseguido alcanzar los niveles de desigualdades más bajos en la UE y en Norteamérica, han sido aquellos que han utilizado las medidas redistributivas y han utilizado las políticas laborales y sociales para alcanzar tal fin. Si se quiere reducir la pobreza y las desigualdades, no tiene sentido dar la misma cantidad de dinero al pobre que a todos los demás. Se le debería dar más. Por otra parte, el coste de la RBU sería considerable: muy probablemente unos porcentajes del PIB de varios puntos. Añádase a esta consideración el hecho de que el déficit social de los países del sur de Europa es enorme. ¿Sería la RBU además o en lugar de la corrección de este enorme déficit social? Pedir como prioritaria la implementación de la RBU hoy en estos países es dejar de cubrir el enorme déficit social que tienen. Podría argumentarse que la RBU podría tener sentido una vez los elementos básicos del Estado del Bienestar estuvieran satisfechos. Pero en el sur de Europa distan mucho de serlo. ¿No cree Varoufakis que en estos países es mucho más urgente resolver este enorme déficit social que implementar la RBU? Esperaría que pudiéramos estar de acuerdo en ello.

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Sábado, 30 Julio 2016 06:38

Miedo a pensar

Miedo a pensar
Desde hace tiempo la autocensura se ha convertido en la forma de actuación por excelencia de las sociedades humanas. No importa cuáles sean sus raíces culturales. Las religiones han impuesto su sello a la hora de presentar el mundo y de castigar a sus herejes.

 

 

Las grandes civilizaciones se han visto enfocadas a un relato histórico y un patrón de análisis difícil de romper. Y no me refiero a las cuestiones de método, no es una crítica al racionalismo, el empirismo o el constructivismo. Tampoco un asunto de subjetividades o pragmatismo metodológico. Hay cierto vacío intelectual cuando se trata de aplicar el juicio crítico y la reflexión. Se prefiere la complacencia, cuando no directamente rehuir el ejercicio de pensar más allá del poder instituido. El mejor ejemplo: la educación. Las exigencias de Paulo Freire para articular una pedagogía de la libertad y una ruptura, en lo que hoy se conceptualiza como colonialidad del pensar, se aleja del horizonte mediato en pro de un conocimiento instrumental ligado con las necesidades de la economía de mercado.

 

Escuchamos que la filosofía, la historia y ahora ciertas ramas de la matemática, como el álgebra, el cálculo y la trigonometría, no aportan conocimiento real para enfrentar los problemas rutinarios de la vida contemporánea, y lo mejor sería suprimirlas de la formación de los estudiantes de secundaria. Es más, su enseñanza a los jóvenes los somete a tensiones innecesarias y sufren depresión y angustia al no resolver problemas abstractos, quedándoles una sensación de frustración que arrastran el resto de su vida. Un hándicap difícil de superar. Mejor aprender cómo funciona la bolsa de valores, montar un negocio y tener éxito como emprendedores. El resto es prescindible, cuando no irrelevante. Las reformas educativas llevan este sello. Se generalizan hasta convertirse en una verdadera plaga en todos los niveles educativos: primaria, secundaria y superior. El saber como instrumento para el mercado. Es una ruptura en la construcción del mundo que habitamos.

 

En las universidades, la libertad de pensamiento, donde se presume la fluidez en el debate crítico, se produce una clausura de la teoría en favor de un conocimiento sin mordiente e incapaz de proyectar ideas que interpreten los cambios sociales y los nuevos saberes provenientes de las ciencias de la vida y la materia, las tecnociencias y los sistemas complejos autorregulados. La universidad está siendo desarmada y desmantelada. Los criterios de evaluación son un indicativo del tipo de académico que buscan.

 

Mucho ruido y pocas nueces. El neoliberalismo aboca a la universidad a una posición peligrosa, censurando la capacidad de hacer teoría; mejor dicho, renunciando directamente a ella. Ahora prevalece la opinión personal, la lectura periodística y superficial, instalándose una especie de tabú cuyo principio es: prohibido conocer el conocimiento.

 

Hay rechazo a cualquier propuesta que cuestione la realidad y rompa la mediocridad en la cual se encuentra sumida la producción de teoría. Y entiendo por teoría la relación entre la experiencia y la capacidad de lectura de la realidad. Un mecanismo que nos permite comprender e interpretar nuestras acciones y dar sentido a nuestra vida. En otras palabras, el lenguaje como praxis de vida sobre la cual construimos nuestros mundos, sueños, esperanzas. En definitiva, nuestro horizonte histórico. Asistimos a modas intelectuales que poco tienen que ver con el trabajo riguroso sobre el cual pensar las transformaciones de la sociedad contemporánea. De allí que los autores sean producto del mercado editorial; emergen de la misma manera que desaparecen. Infinidad de títulos vacuos utilizados para rellenar huecos y cubrir expedientes, con una característica peculiar: parcos en el lenguaje y pobres en vocabulario.

 

Somos en las palabras: de su riqueza depende nuestra capacidad de transformar el mundo y construir alternativas. En la medida que nuestro vocabulario se reduce a un estándar de palabras cuyo significado muchas veces son artilugios, operativos para andar por casa, la pobreza llega a la teoría. No hay palabras, se dice; vivimos bajo mínimos. El diccionario ha perdido su importancia. Su uso es marginal. Hay incapacidad para expresar sentimientos, describir estados de ánimo, emociones y, lo más peligroso, explicar la realidad que nos circunscribe. Nuestro mundo acaba siendo un reducto para el mercado, cuyo lenguaje es limitado, pobre y excluyente.

 

La gramática de la vida, la semántica de los hechos, las metáforas, las hipérboles y las analogías han quedado convertidos en residuos de un mundo en el que el miedo a pensar se une al rechazo a la praxis teórica y la autocensura como mecanismo para justificar la ignorancia que nos rodea. El poder es consciente, promueve la ignorancia colectiva, generaliza el miedo a la crítica reflexiva, hasta hacerla irrelevante. Pensar trae consecuencias. Mejor no hacerlo. Es peligroso y subversivo.

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II Encuentro Sudamericano  “La economía de los/as trabajadores/as"

 

El II Encuentro Sudamericano “La Economía de los/as trabajadores/as”, por realizarse entre los días 20-22 de octubre próximo, tendrá por sede Montevideo, capital de Uruguay.

 

Los asistentes al Encuentro debaten, como tema principal, los problemas y las potencialidades de lo que se ha denominado “La economía de los/as trabajadores/as”, basada en la autogestión y la defensa de los derechos e intereses de la población que vive de su trabajo, en el marco de las actuales condiciones del capitalismo globalizado.

 

Hasta el momento cinco son los capítulos tenidos por este Encuentro: Buenos Aires (2007 y 2009), Ciudad de México (2011), João Pessoa, Brasil (2013) y Venezuela (2015). En ellos participaron delegaciones de unos 30 países de América, Europa, África y Oceanía.

 

En el año 2014 surgieron los Encuentros regionales, realizados en Europa (en la fábrica recuperada francesa Fralib, Marsella), en América Central y del Norte, así como en América del Sur. En este último caso el encuentro tuvo lugar en la fábrica recuperada Textiles Pigüé, de Argentina.

 

Los ejes del debate han sido las experiencias de autogestión: empresas recuperadas, movimientos cooperativistas de trabajadores, control obrero y cogestión, economía solidaria, economía popular y otras luchas por la auto-organización del trabajo y la autogestión de la economía. Una discusión cada vez más necesaria, en la que los nuevos y viejos problemas de la clase trabajadora, actualizados a estos tiempos de hegemonía neoliberal mundial, deben ser rediscutidos y recreados.


En esta ocasión, se trata de darle continuidad a la experiencia de los encuentros regionales, habiéndose propuesto a Uruguay como anfitrión del Segundo Encuentro Regional Sudamericano. En las semanas siguientes, además, sesionará el Segundo Encuentro Euromediterráneo en la fábrica Vio.Me, en Tesalónica, Grecia, y el Segundo Encuentro de América del Norte, Central y el Caribe en la Ciudad de México.

 

El Encuentro “La economía de los/as Trabajadores/as” se propone como un espacio para contribuir al debate contemporáneo sobre el ideal autogestionario y las prácticas concretas de economía solidaria, sus logros y limitaciones, así como su contribución en la lucha por construir sociedades más justas y sostenibles, en el contexto suramericano, en el cual se deben coordinar y articular las luchas de los trabajadores para resistir a las transformaciones regresivas y consolidar los pocos avances democráticos logrados con enorme esfuerzo durante los últimos años.

 

Comité organizador regional Colombia: Copran (Corporación Proyección Andina) y Red de Cooperativas.


Mayor información en: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Facultad de Ciencias Sociales/ Departamento de Sociología Of 519/ Martínez Trueba 1502/11200 Montevideo, Uruguay.

 


 

Ejes temáticos y metodología

 

1) Re-estructuración económica, ciclos de lucha y horizontes utópicos para la autogestión y el cooperativismo en el actual contexto político latinoamericano.
2) Estados latinoamericanos y políticas públicas para la economía de los/las trabajadores/as.
3) Los desafíos para el sindicalismo y la organización de los trabajadores en la defensa de sus derechos y la construcción de plataformas comunes.
4) Autogestión en tensión: contradicciones y desafíos. Formación y autodesarrollo, producción y economía de la intermediación, innovación sociotécnica, producción y reproducción para la vida, la organización democrática.
5) Precarización e informalización del trabajo: ¿exclusión, inclusión o reformulación de las formas del trabajo en el capitalismo global?

A lo largo de los diferentes encuentros internacionales y regionales, se ha desarrollado una metodología de debate y coordinación organizada en diferentes instancias que tienen la finalidad de facilitar la participación y la discusión profunda de los ejes arriba detallados. Estos ejes tienen el objetivo de organizar el debate pero no limitan las posibilidades a los temas estrictamente explicitados. Las distintas instancias de discusión son: mesas con expositores seleccionados por el comité organizador local e internacional; mesas de trabajo con ponencias y distintos insumos y aportes para el abordaje de temas especiales; y comisiones de trabajo. Además, se contará también con algunos espacios de actividades culturales para fomentar el intercambio de manera menos estructurada..

Presentación de resúmenes y propuestas audiovisuales: hasta el 15 de setiembre de 2016.

 

Publicado enEdición Nº226
La revolución digital, el trabajo humano y la izquierda

 

Es un clamor que va creciendo: la izquierda necesita construir urgentemente un nuevo paradigma. Para ello, añado yo, tiene que sacudirse el “buenismo”, muchos tópicos de lo que es políticamente correcto, y enfrentarse sin prejuicios a la cruda realidad. “Epater les bourgeois!”, la caracterización que utilizaban los jóvenes del 68, puede que vuelva ahora a ser necesaria.


Es frecuente escuchar en la izquierda que la revolución digital es un tema tecnológico, extraño y ajeno, que tiene un efecto neutro sobre el empleo, porque se siguen generando tantos empleos, o más, de los que destruye, y que la prueba del nueve de su escasa relevancia es que no ha producido los efectos de productividad que se esperaban de ella. Pero los datos no se corresponden con estas afirmaciones y negar la importancia de la revolución digital, ciega a la izquierda una de las avenidas más importantes para construir esa alternativa que tanto se demanda.


Por supuesto se ha hablado mucho de la “paradoja de la productividad”, es decir, que el rápido ritmo de innovación tecnológica digital no ha coincidido con ganancias importantes de productividad. Pero los bien pensantes de la izquierda deberían echar una segunda mirada a los datos en los EEUU (que es en los que se basan): esa paradoja y el debate correspondiente en torno a la misma, se produjo en las dos últimas décadas del siglo XX, cuando Robert Solow acuñó su famosa frase de “Vemos ordenadores por todas partes menos en las estadísticas de productividad”.


Lo cierto es que el estancamiento de la productividad terminó en los años 90. Si el crecimiento de la productividad (US Bureau of Labour Statistics) fue como media de 1,7% en 1971-80, y del 1,5% en 1981-90, pasó a 2,3% en 1991-2000 y 2,4% en 2001-2010. Las estadísticas del Department of Labor de los EEUU lo confirma: si entre 1973 y 1995 la productividad creció 1,5, en 1995-2004 lo hizo al 3,1. Por ello, hablar del estancamiento de la productividad como demostración del escaso impacto de la digitalización económica no es una afirmación basada en datos empíricos existentes.


Pasemos a la cuestión de si las tecnologías digitales, como algunos aseguran, no tienen un efecto apreciable en el trabajo porque no destruyen más empleo del que se crea en otros sectores de la economía. Para responder otra vez con brevedad, examinemos la evolución de la productividad y el empleo entre 1972 y 2012 en los EEUU. Nos encontraremos con una gran sorpresa: desde comienzos de los años 2000 se produce un desacoplamiento entre el crecimiento de la productividad del trabajo, que continúa creciendo, y la creación de empleo, que se estanca y retrocede– mucho antes de la gran recesión de 2008.


La sorpresa sería aún mayor si proyectáramos esta serie hacia atrás durante los últimos 200 años. Comprobaríamos entonces que ese desacoplamiento no se ha producido nunca hasta ahora. Yo entiendo que es muy fuerte apostar por dar fe a una tendencia reciente, de apenas 12 años, frente a 200 años de la tendencia contraria. En este terreno, además, la izquierda defiende que el neoliberalismo trajo consigo desde comienzos de los años 90 la destrucción del poder organizado de los trabajadores y con él la aparición de salarios a la baja, el retroceso de las rentas de las clases trabajadoras y la aparición del trabajo que empobrece, el “precariado”.


Yo comparto esa visión, por otra parte ampliamente documentada. Pero esa realidad política debería haber producido como resultado un crecimiento a la baja de la productividad y un aumento del empleo, en la forma del precariado. Sin embargo, la productividad ha crecido debido a la digitalización de la economía y el empleo comienza a ser destruido (no vía estadísticas de empleo, sino de población activa, que es lo que está ocurriendo en los EEUU)! La única explicación posible es que ambas realidades, el modelo neoliberal y los efectos de la digitalización de la economía no son fenómenos excluyentes, sino complementarios: hoy nos vamos enfocando, al mismo tiempo, a una sociedad en la que una parte importante de los trabajadores son precarios y otra parte importante parados tecnológicos.


Hasta aquí algunas reflexiones basadas en datos. Sin embargo, lo peor de adoptar una posición desdeñosa frente a la revolución digital y sus efectos en el trabajo, es que cierra las puertas a muchos temas cruciales que deberían ser parte de la agenda de la izquierda. Estos aspectos están muy bien reflejados en dos recientes trabajos que deberían ser tenidos muy en cuenta desde la izquierda: “The Second Machine Age de Brynjolfsson y McCaffee, y las nuevas tesis de Paul Mason en “Postcapitalism: a Guide to our Future”.


Se pasa por alto muchas veces que frente a la primera revolución industrial (la ocasionada por la máquina de vapor), y la segunda (iniciada con la electrificación), la digitalización de la economía se refiere a la utilización de un nuevo input productivo, la información, con características muy especiales: la información es infinita y quiere ser libre, porque su reproducción digital implica costes decrecientes que tienden a cero.


Dicho de otro modo, y se me perdonará que aborde estos temas taquigráficamente, la economía digital, en la medida en que va penetrando el tejido económico, va destruyendo la necesidad del trabajo en el mercado actual (capitalista). Naturalmente es una tontería decir que el trabajo va a desaparecer, porque los humanos seguiremos utilizando nuestra creatividad para producir valor social. Pero no es una tontería decir que la economía digital va a prescindir de una cantidad creciente de trabajo asalariado. Si no lo remediamos, muchos de los expulsados del mercado seguirán malviviendo con trabajos residuales y contratos basura: esa realidad es tan omnipresente que, en el fondo, explica el estancamiento secular al que se ve abocado el neoliberalismo hoy. Pero también en las sociedades desarrolladas comienzan a aparecer segmentos importantes de ciudadanos que combinan empleos parciales con nuevas formas de actividad socialmente útiles, o se decantan por nuevas actividades que tienen poco que ver con el capitalismo: Wikipedia, los “Creative Commons”, el software libre y las nuevas iniciativas descentralizadas de economía colaborativa, social y solidaria son, quizás, el embrión de un modo de producción diferente y alternativo al capitalismo. Esta es una tesis fuerte que, de confirmarse, abre la posibilidad de una transición a un nuevo sistema productivo y es ahí donde se podría encontrar el núcleo duro de un nuevo paradigma de la izquierda.


Para terminar, solamente si le concedemos a la digitalización de la economía el rango de característica sobresaliente de la nueva economía política del siglo XXI podremos dar todo su sentido a demandas políticas cada día más importantes, como la necesidad de reducir las horas de trabajo más allá, incluso, de las 30 horas semanales, o el establecimiento de una renta básica universal, que solamente en una perspectiva que tiene en cuenta los efectos de la economía digital cobra todo su sentido...

 

*Economista

 

 

Raffaele Simone: “Somos totalitarios por instinto”

El pensador italiano sostiene que la izquierda está en vías de extinción y que el sistema democrático se ha vaciado de contenido

Fraguó su prestigio como lingüista, pero últimamente Raffaele Simone (Lecce, 1944) da más que hablar por sus controvertidos ensayos políticos. “Sigo una tradición ilustre de lingüistas dedicados a la política, desde Humboldt a Chomsky”, explica. “Pero no soy politólogo, lo que hago es análisis de la modernidad”. Lo aborda desde una posición inclasificable, que bebe tanto de Ortega —“una de mis pasiones teoréticas principales”— como de Pasolini. “Me he ganado reputación de pesimista, pero creo que no la merezco”, bromea Simone en su pequeño despacho de la Universidad de Roma III. Esa fama se ha acrecentado con sus dos últimos libros, que desprenden el frío metálico de una autopsia: el primero, El monstruo amable (2008), opera sobre el cadáver de la izquierda; el segundo, El hada democrática (ambos en Taurus) sobre la democracia misma. El hada es la idea de democracia como un ente benefactor y lleno de principios nobles que, según Simone, ha colapsado.


Pregunta. ¿La democracia siempre ha tenido un componente utópico?


Respuesta. Es evidente, sus orígenes son utópicos. El paradigma democrático tiene dos fuentes, la socialista y la liberal, pero la contribución fundamental es la primera. Todo el mundo ha creído en este elemento utópico, pero, con el cambio de siglo, algunos mitos se han caído. La democracia se sostiene en ficciones, en ideas que no se pueden realizar, pero que adoptamos como ciertas y en las que tenemos que creer. Ahora hemos comprendido que algunas eran ficciones, sobre todo la idea de representación, que está completamente cuestionada.


P. ¿La democracia entra en crisis al descubrir que lo que prometía no era posible?


R. Hay tres motivos. Primero, el propio paradigma democrático era frágil por lo que yo llamo el pensamiento político natural, que instintivamente no es democrático, sino totalitario. Se ve en el comportamiento primario de los niños, que crean entre ellos jefes, gregarios, dinámicas de poder... La democracia se basa en la negación de ese elemento natural. Luego viene la construcción histórica del paradigma. Por ejemplo, la idea de representación, que ya Ortega definía como “acrobática” porque supone que mil personas, al no poder ejercer directamente su soberanía, la transmiten a otras diez que se consideran idénticas a las mil. Es un salto lógico audacísimo, que podría tener consecuencias muy nobles, pero que está ya despojado de toda nobleza: por la corrupción, los privilegios de los políticos, el descuido frente a las necesidades del pueblo... Y el tercer motivo: una serie de acontecimientos planetarios que han impactado durísimamente en la democracia.


P. ¿Comparte ese análisis izquierdista de que el desarrollo del capitalismo ha asfixiado la democracia?


R. Sí, claro, pero no es una posición izquierdista, es una posición obvia. Que el mando del mundo está en manos del supercapital es evidente. Hay hechos emblemáticos, como el conflicto entre Apple y el FBI: un poder político institucional no puede hacer nada contra una corporación.


P. ¿Debemos resignarnos a lo que usted llama una “democracia de baja intensidad”?


R. Es lo que parece que nos espera. Necesitaríamos ciertas dosis de imaginación institucional, inventar cosas nuevas. Por ejemplo, la elección de cargos por sorteo, inviable en el ámbito nacional, podría serlo en otros. ¿Por qué no recuperar una tradición antigua para rechazar a un representante que demuestra que no merece esa función? Es una medida pequeñísima, pero de gran interés, como también lo sería pedir su opinión a los ciudadanos sobre asuntos de gran trascendencia. Aunque solo sea por fragmentos, se puede devolver a los ciudadanos algo de su soberanía.


P. Parte de su análisis coincide con lo que usted llama el movimentismo, en referencia a Cinco Estrellas y a Podemos. Pero también es muy crítico con ellos.


R. Tengo más simpatía por Podemos, porque ha tenido la voluntad de proclamarse un partido. Cinco Estrellas no tiene ni estatutos, van fijando las reglas arbitrariamente. Los movimientos cristalizan los deseos del pueblo de participar y en este sentido son importantes. Pero su punto débil es que son genéricos: no tienen programa ni reivindicaciones precisas. No son más que agregados de personas que protestan. Tienen energía pero no dirección. Podemos sí ha elegido ser un partido de izquierda, pero intransigente, no se pone de acuerdo con nadie. Y la democracia exige el compromiso como elemento fundamental, que todos renuncien a algo por el interés general. Pero es un fenómeno interesante. La política necesita un reinicio, una tarea para políticos con imaginación.


P. ¿Esa respuesta puede venir de los partidos tradicionales?


R. No me parece posible. En los acontecimientos humanos hay momentos en que las cosas recomienzan desde el origen. Este es uno de ellos. Lo que estamos viviendo ya no es democracia. Los partidos tradicionales han agotado su papel histórico.


P. Una de sus ideas más controvertidas es que considera demasiado generosa la política de inmigración.


R. La inmigración puede disolver Europa. El paradigma democrático contiene un principio ficción fundamental, que yo llamo de inclusión ilimitada: cualquiera se puede presentar a mi puerta, sobre todo si está escapando de la represión, y encontrará hospitalidad. Es un principio sacrosanto, pero se puede aplicar solo a individuos. Aquí tenemos el caso de subcontinentes enteros que se transfieren a Europa. Ese choque es fatal desde el punto de vista económico, porque va a gravar nuestros presupuestos sociales, y cultural, porque la inmensa mayoría son islámicos. Y provienen de países con una cultura del trabajo débil o inexistente; la mayoría son varones que plantearán problemas de acompañamiento sentimental, por decirlo así, y tienen un ritmo de reproducción mucho más alto. Se han inventado mitos, como que, al sufrir Europa una crisis demográfica, los recién llegados van a compensarlo. Pero son islámicos y esa es una diferencia radical. Ante esto, la izquierda ha adoptado la filosofía de “que vengan todos”. Pero eso no es una filosofía, es la renuncia a tomar una decisión. Y ha hecho un regalo monumental a la derecha. De ahí que el futuro de países como Francia, Austria o los escandinavos esté definido por la mala gestión del tema de la inmigración. Y Europa se desplazará hacia la derecha.


P. Usted también es muy crítico con la herencia sociocultural de mayo del 68.


R. No soy crítico, soy descriptivo. Es necesario tener algún concepto de autoridad y ya no tenemos ninguno. El 68 conectó morfológicamente autoridad con autoritarismo. Y prácticamente la única autoridad que se reconoce es la de la policía, y ni siquiera ella. En la escuela, la idea que se ha difundido de que la educación la pueden hacer solo los alumnos es absolutamente loca. Las estructuras humanas necesitan que alguien tenga una responsabilidad de coordinación.


P. ¿Es la cultura de masas la que socava los viejos conceptos de autoridad intelectual y moral?.


R. Está pasando exactamente lo que ya describió Ortega en los años veinte en La rebelión de las masas. La masa no tiene la aspiración de convertirse en clase cultivada, no; impone su incultura. Eso es lo perturbador, que desaparece la aspiración a mejorar. Y eso no es democrático, porque la democracia supone elevación cultural de todos.


P. Su libro tiene un último capítulo terrorífico sobre Italia. De ahí parece concluirse que Berlusconi ha dejado el país moralmente devastado.


R. Así es. Conectándose a un clima general planetario de masificación, Berlusconi ha trastocado completamente la moral pública, el lenguaje público, las relaciones entre ciudadanos e instituciones, el concepto de lo público y lo privado. Es un fenómeno históricamente importantísimo y del que se derivan consecuencias sociales y políticas. El perfil de Renzi [Matteo, primer ministro, del Partido Democrático] es autoritario, berlusconiano. Hasta los analistas reconocen que es un Berlusconi sin dinero propio. Tiene su grupo de amigos, compañeros del colegio, que han crecido con él y actúa con él políticamente, entre los que ha distribuido los cargos. Nuestra transformación ha sido radical.

 

 

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Cumbre Agraria envía carta al Presidente de la República

Dos indígenas muertos, uno desaparecido, cinco detenidos, un centenar de heridos y siete procesos de judicialización, es el lamentable saldo arrojado hasta el momento por la represión de que han sido objeto las movilizaciones que están en curso por todo el país en el marco de la Minga que lideran indígenas, campesinos y comunidades afrocolombianas. El lamentable saldo fue entregado por voceros de la Cumbre Agraria en rueda de prensa llevada a cabo en la sede de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia –Onic– en la mañana del 2 de junio. Aumenta la represión del Estado y también la disposición de lucha de los marchantes que dicen permanecer firmes hasta que el Gobierno cumpla los acuerdos pactados desde el 2013. En carta enviada al Presidente de la República exigen garantías y convocan al dialogo. Cumbre agraria, campesina, étnica y popular dispuesta a permanecer movilizada el tiempo que “sea necesario” para lograr los objetivos trazados.

 

 

Hablan los voceros de la Cumbre agraria, campesina, étnica y popular

 

En rueda de prensa que tuvo lugar en horas de la mañana en las instalaciones de la Onic, voceros de la Cumbre Agraria, campesina, étnica y popular, entregaron a la opinión pública un balance de las movilizaciones y la jornada de paro decretado desde el pasado domingo 29 de mayo. A su vez, leyeron a los medios de comunicación una carta remitida al Presidente de la República y luego procedieron a radicarla en las instalaciones del Palacio de Nariño.

Los reportes entregados informan que hasta el momento son dos los indígenas asesinados (uno en la carretera Cali–Buenaventura, otro en el Norte del Cauca), un desaparecido, cinco detenidos, 130 heridos y 7 procesos de judicialización, hechos dolorosos que siembran la indignación entre indígenas y campesinos manifestantes.

El mensaje al Gobierno fue claro y preciso. Los manifestantes exigen: 1. Garantías para la movilización, cese de la represión y del tratamiento militar a la movilización, 2. Instalación de la mesa de negociación por el Presidente, su bancada de ministros y miembros de la Cumbre Agraria, étnica y popular el 3 de junio en Cali, 3. Cese de la campaña de estigmatización y desinformación a la opinión pública sobre la marcha, 4. Liberación de indígenas y campesinos que fueron capturados y están siendo judicializados en el desarrollo de la minga.

Los voceros expresaron también su desacuerdo con los frecuentes intentos por dividir la marcha, así como los recurrentes intentos por denominarlo un paro armado y asociarlo con el Eln. Exigen del Gobierno plenas garantías para que la protesta se lleve a cabo de manera pacífica.

 

Una movilización preparada para todo.

 

Ricardo Herrera, presidente del Coordinador Nacional Agraria (CNA) participe de la Cumbre Agraria, opinó en entrevista para el periódico desdeabajo: “Nuestra posición como organizaciones campesinas agrarias, que hacemos parte del CNA, del Congreso de los Pueblos y de la Cumbre Agraria, Campesina étnica y Popular, es que respaldamos, saludamos, estamos en un total acuerdo de los diálogos que se están desarrollando entre las Farc y el gobierno nacional y nos parece muy importante en la medida que se podrán resolver algunos problemas, algunas situaciones que se viven en el país, pero decimos que esto no es suficiente, porque es con una parte, con un sector del pueblo colombiano, no es con el conjunto ni con la mayoría del pueblo colombiano”.

Por esto el líder campesino solicitó la creación de un espacio más amplio de participación para otros sectores con reivindicaciones y propuestas para modificar la política del país. Herrera precisó: “En el caso concreto de nosotros como organización agraria, pedimos que se nos tenga en cuenta el tema de la tierra, el tema del derecho a la tierra y sus posibilidades y sus mecanismos para ponerla a producir. Si vemos la negociación de La Habana, los diálogos de La Habana, este tema ha sido muy tímido, no satisface la gran mayoría del sector agrario, del sector popular, quienes estamos exigiendo que el problema agrario se solucione a nivel nacional, a nivel de país”. Es claro que en los acuerdos entre Gobierno y Farc muchos sectores no se sienten incluidos.

El líder campesino enfatizó que en las negociaciones entabladas con el Gobierno no van a tratarse temas nuevos, sino que va a hablarse sobre acuerdos pactados desde el 2013, los mismos que el Gobierno ha incumplido. Sus palabras reflejan que la posición de Cumbre Agraria es mantenerse firme en la exigencia del cumplimiento por part del Presidente, así como la refrendación de lo pactado a través de mecanismos que impidan otro incumplimiento por parte del Estado.

Ricardo Herrara dice que la marcha está preparada para prolongarse indefinidamente. En cuanto a los tiempos se refirió: “Nosotros iniciamos el treinta de mayo, inclusive algunas comunidades empezaron a salir desde el 28, el 29 [...] llevamos ya cuatro días. Hasta hoy –dos de junio– llevamos ya cuatro días de movilización, de paro. El tiempo que duremos nosotros en los sitios de concentración, de las carreteras, en las principales ciudades, en las vías, todo depende de la respuesta que de el Gobierno, a quien le estamos exigiendo que nos sentemos a mirar ese mecanismo de respuesta inmediata de las exigencias. Puede ser, como lo está planteando, mañana, la otra semana, en diez días, en quince días, pero nosotros tenemos la capacidad en este momento de estar como mínimo de quince a veinte días en las carreteras, en la principales vías de este país, denunciando y visibilizando nuestra problemática”.

Además, agregó: “También esta Minga tiene la característica que la vamos a hacer escalonadamente: si los que salieron el treinta de mayo estamos quince o veinte días, pues vendrán otras comunidades, vendrán otros compañeros a relevarnos y a seguir hasta que el Gobierno nos d una respuesta satisfactoria”. Dura prueba al gobierno nacional que en esta oportunidad parece se mide a una movilización estructurada, con voluntad inquebrantable por mantenerse en pie de lucha hasta que los compromisos pactados sean finalmente cumplidos.

 


La carta enviada al Presidente de la República.


Bogotá, 01 de Junio de 2016

 

Doctor
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República de Colombia
ESD

 

Señor Presidente, reciba un atento saludo.

 

Desde el 25 de junio, fecha en que nos reunimos con usted para presentarle un balance del estado de la negociación del Pliego MANDATOS PARA EL BUEN-VIVIR, POR LA REFORMA AGRARIA ESTRUCTURAL, TERRITORIAL, LA SOBERANÍA, LA DEMOCRACIA Y LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL, así como del cumplimiento de los acuerdos suscritos en el acta del 13 de mayo de 2014, no ha sido posible avanzar en el cumplimiento de los compromisos hechos por usted, señor Presidente, para avanzar en los dos sentidos: el pronto cumplimiento de los acuerdos y la definición e implementación de una ruta para destrabar la negociación de los puntos del pliego priorizados: Economía Propia, Minería-Energía y Ruralidad y Cultivos de Uso Ilícito.

No obstante, que la Cumbre Agraria ha presentado propuestas concretas para avanzar en los dos sentidos mencionados, la precariedad en materia de resultados no dista, en lo sustancial, del balance que le presentamos en la mencionada reunión.

Para el día 14 de abril estaba acordada una sesión de la Mesa Única Nacional, precedida de tres mesas técnicas que adelantaríamos el 13 de abril sobre los temas: Economía Propia, Minería – Energía y Ruralidad, y Cultivos de Uso Ilícito. A través del Ministerio del Interior, el 12 de abril, nos informaron que la Agenda se reducía al tema de Cultivos, incumpliendo el acuerdo suscrito el 10 de marzo que incluía a los tres puntos aludidos. También se había acordado que el Ministerio de Minas y Energía daría respuesta, por escrito, a las cinco propuestas presentadas por la Cumbre Agraria sobre el punto de Minería – Energía y Ruralidad, compromiso que tampoco fue honrado por parte de la Ministra Encargada. En conclusión, la sesión fue desmontada, de manera unilateral, por parte de la representación del gobierno en la mesa. Por tal razón, consideramos que no era útil participar en sesiones de la Mesa Única Nacional que no conducen a resultados satisfactorios y en las que se incumple, por parte del Gobierno, hasta lo más mínimo: dar curso a una Agenda previamente pactada.

Estos hechos evidencian, una vez más, la sistemática estrategia de dilación y desgaste a que ha sido sometida la negociación, por parte de la delegación gubernamental. Cumplidos dos años de haberse iniciado no hay resultados efectivos que den cuenta de la supuesta voluntad política de paz de su gobierno. Políticas como la ley de ZIDRES; el Plan de Desarrollo la Ley de Seguridad Ciudadana, el proyecto de ley de reforma tributaria, la venta de ISAGEN, entre otras, van en contravía de una paz con justicia social.

El 83.5% de los 250 mil millones para proyectos productivos con cargo a la vigencia fiscal del 2014, no han sido desembolsados, en medio de obstáculos solapados bajo argumentos técnicos y jurídicos en contravía de los acuerdos sobre un Manual Especial para la Cumbre Agraria. Los recursos de las vigencias fiscales 2015 y 2016 están pendientes en su totalidad incumpliendo el compromiso de principio de anualidad. La estructura de los proyectos de infraestructura es extremadamente lenta, a la fecha no hay ningún proyecto estructurado.

En el tema de derechos humanos el avance es nulo no obstante los compromisos de su gobierno para brindar garantías y acordar alternativas penales para las y los judicializados, en razón del ejercicio legítimo de los derechos a la movilización y la protesta. Asistimos a un contexto de incremento de violación sistemática de los mismos que se traduce en nuestras comunidades en asesinatos, persecución política, desplazamientos, criminalización de la protesta social y amenazas a defensores de DDHH y líderes sociales.

No obstante se han generado algunos escenarios de participación en el proceso de paz adelantado entre el gobierno nacional y las FARC, en los que los movimientos sociales y populares y la sociedad en general hemos presentado importantes propuestas, estas continúan siendo parte de una agenda social pendiente. Por tal razón, consideramos necesaria e inaplazable la participación autónoma, vinculante y decisoria de la sociedad en el proceso de paz, prioritariamente de esa parte marginada de las decisiones políticas y económicas excluyentes que constituyen las causas estructurales del conflicto que padecemos en Colombia. Nuestros pliegos deben ser considerados como parte de una agenda social para la paz y la mesa nacional, las mesas regionales, sectoriales y temáticas como parte de los mecanismos de participación de la sociedad y de negociación del conflicto social.

En síntesis, el gobierno ha profundizado la crisis de la Mesa Única Nacional. Las mesas regionales no corren mejor suerte, están estancadas y la mayoría de acuerdos también han sido incumplidos.

Tal como está acordado en la metodología de la negociación lo convocamos a usted, señor Presidente, desde el pasado 13 de abril a una reunión para presentarle, nuevamente, un balance de la negociación. La respuesta inicial del Ministro del Interior fue que no será posible hasta finales del mes de junio. Sin embargo, reafirmamos nuestra disposición al diálogo en el entendido que, posteriormente, el gobierno nos informó que estaría interesado en reunirse con la Cumbre Agraria antes de la fecha señalada por el Ministro. Para tal efecto, le proponemos que se instale inmediatamente la mesa de negociación de la minga en la ciudad de Cali y que sea rotativa en otras regiones, manteniendo a Bogotá como el centro de seguimiento y monitoreo.

Debido al panorama descrito anteriormente, la Cumbre Agraria está adelantando una Minga Agraria, Campesina, Étnica y Popular como ejercicio legítimo de los derechos a la movilización y la protesta social y ciudadana en medio de la cual aspiramos a que con el gobierno nacional encabezado por usted, señor Presidente, discutamos, las propuestas priorizadas y desarrolladas en el marco del Pliego Único Nacional que se discute en la Mesa Única Nacional, que presentamos en el documento adjunto.

Exigimos plenas garantías por parte del gobierno para continuar adelantando pacíficamente la Minga y para iniciar la negociación, que cesen la estigmatización gubernamental, los intentos de dividir la Cumbre Agraria y el tratamiento militar con abuso de autoridad, que se le ha venido dando a la Minga con el lamentable saldo de muerte del hermano Willintong Quibarecama Nequirucama y decenas de heridos, contusos, detenidos y judicializados en medio de las arremetidas violentas del ESMAD y la Fuerza Pública contra las comunidades movilizadas en el Valle del Cauca, Huila, Risaralda, Cauca, Córdoba, Meta, Nariño, Chocó, Norte de Santander, Antioquía, Arauca, Huila y otras regiones.

Finalmente, el presidente del Senado, Doctor Luis Fernando Velasco, ha propuesto adelantar un debate político sobre la problemática agraria en el país que consideramos pertinente y oportuno. Lo invitamos, señor Presidente, a que acepte esta convocatoria.

 

Atentamente,

CUMBRE AGRARIA, CAPESINA, ÉTNICA Y POPULAR

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