El no tan saludable cultivo de los superalimentos

 

Considerados como pilares de las actuales dietas saludables de Occidente, superalimentos como el aguacate, la quinoa o la leche de coco atesoran historias tan turbias como denunciables en sus países de origen. Conocemos las diferentes miradas desde Tailandia a México, con escala en los salares de Bolivia.

 

A menudo lo vemos en Instagram. Bowls colmados de yogur, cacahuetes y frutas tropicales bajo hashtags como #foodporn que viralizan una determinada tendencia o alimento. De Nueva York a Hong Kong; de Helsinki a Tel Aviv. En la era de lo masivo, la demanda de un producto puede dispararse en cuestión de horas, especialmente cuando prima el espíritu de vida sana que encuentra respuesta en ciertos alimentos antaño desconocidos en un mundo desglobalizado. Y hoy, los más cotizados son los llamados superalimentos.

Producto de marketing o no, el Santo Grial de la comida sana se compone de ciertos alimentos como el aguacate, la quinoa o la leche de coco convertidos ya en referentes del estilo de vida occidental dadas sus muchas propiedades. Sin embargo, esta voraz demanda también suscita daños colaterales (y directos) en diferentes rincones del mundo.

Lugares donde cultivos antaño reservados a las pequeñas familias hoy se expanden hasta el horizonte al mando de grandes multinacionales y todas las consecuencias que ello supone.

Cuando los cocoteros son demasiado altos

Todas las mañanas, Kulap despierta en la trastienda de una vieja fábrica del sudeste asiático. Antes del amanecer, ya viaja en el remolque de una furgoneta para ser conducido a un campo de palmeras donde desempeñar una misión que nunca eligió: recolectar los cocos de las copas de los árboles que no alcanzan los humanos. Kulap es un mono, uno de los muchos utilizados como esclavos agrícolas en la provincia de Chumphon, al sur de Tailandia.

El uso de monos amaestrados para la recolección de cocos supone una antigua tradición cuyos vestigios aún laten en las zonas rurales del país asiático. Así al menos lo demuestra un documental grabado con cámara oculta y difundido por PETA, la organización de derechos de los animales más poderosa del planeta. La grabación, alentada por un previo encuentro entre activistas de la organización y diferentes granjas de cocos en julio de 2019, muestra la realidad de muchos de estos animales: algunos lucen encadenados en jaulas a merced de las lluvias tropicales, mientras otros son golpeados por terratenientes impasibles que les susurran órdenes al oído.

“Según nuestros informes, muchos monos son secuestrados ilegalmente de sus familias y hogares cuando tan solo son bebés”, cuenta a El Salto Elisa Allen, Directora de PETA. “Monos como Kulap son equipados con rígidos collares de metal y permanecen atados durante largos períodos bajo la lluvia, en granjas o enormes vertederos. Además, son obligados a realizar duras tareas desde altas alturas y, si se rebelan, pueden llegar incluso a extraerles los dientes caninos”, continúa. Una realidad que doblega al medio sin tener en cuenta los efectos: “Cuando a los monos se les niega la libertad de movimiento o relacionarse con otros semejantes van perdiendo la cabeza poco a poco hasta enloquecer. De hecho, un mono en su hábitat natural puede llegar a vivir hasta 25 años. Bajo estas condiciones, apenas supera los 15 años de vida.”

La presencia del documental de PETA no solo ha suscitado la ira del gobierno de Tailandia, el cual ha tildado de “fraude” el material, sino que más de 15.000 tiendas en Reino Unido ya han retirado de sus estantes diferentes marcas de leche de coco. Concebido como uno de los principales superalimentos al ser rico en fibra y minerales, la leche de coco supone más de 400 millones de dólares para la industria de Tailandia, el principal exportador de esta bebida utilizada en típicos zumos y platos de foodies e influencers. A miles de personas abiertas al consumo de productos llegados, de forma masiva, desde cualquier lugar del mundo.

El impacto del documental de PETA ha llevado también a numerosos establecimientos a rechazar ciertas marcas y apostar por otras como Theppadungporn, productora de marcas como Chaokoh o Mae Ploy que sí emplean equipos humanos para recolectar cocos de las copas de los árboles.

“Tanto en otras zonas de Tailandia como en regiones de países como Brasil o Colombia, los cocos se cosechan utilizando métodos humanos como elevadores hidráulicos, sistemas de cuerdas y escaleras. Incluso hay personas que escalan los árboles o plantan cocoteros de menor tamaño”, continúa Elisa. “Los estudios demuestran que estos métodos son superiores al uso de monos, ya que estos no pueden distinguir entre los cocos maduros e inmaduros, ya que los maduros suelen romperse en cuanto caen al suelo”.

Quinoa: el superalimento vulnerable

Si aterrizas en Medellín y preguntas a un taxista dónde probar el mejor café de Colombia, posiblemente te conteste “en Nueva York”. Algo que también sucede con otros productos como el açai de Brasil, los plátanos de Honduras o, especialmente, la quinoa real que se cultiva entre los altiplanos y salares de Bolivia.

Antaño tildado como “plato de indios”, la conocida como “quinua” por la población quechua es hoy un famoso grano integral oriundo del territorio inca cuya importancia es evidente: cuenta con el doble de proteína que el arroz y aporta calcio, magnesio, potasio, sodio, fósforo y vitaminas B y C.

Un diminuto superalimento que desde principios del siglo XXI se ha convertido en un obligado en los platos de medio Occidente, especialmente tras su introducción por parte de los mejores chefs y su posterior auge en las dietas fit.

El cambio climático supone el principal problema para el cultivo de la quinoa, un superalimento típico del altiplano boliviano donde las lluvias ya no son tan previsibles, las altas temperaturas ahogan cosechas enteras y las plagas agujerean esta planta milenaria.

Cultivada en el departamento de Potosí, no lejos del turístico Salar de Uyuni, la quinoa se nutre de un suelo acariciado por llamas y flamencos cuyas condiciones son idóneas para su cultivo: temperaturas entre – 4º y 38 º y un margen de humedad entre el 40% y 70%. Características propias de un microcosmos a 4.000 mil metros de altura rico en suelos salinos y volcánicos rebosantes de nutrientes. Un margen vulnerable dilatado estos últimos años por el nuevo enemigo de los cultivos: el cambio climático.

Aunque décadas atrás los agricultores eran capaces de anteponerse a los caprichos del clima, hoy el altiplano potosí sucumbe a inclemencias impredecibles, en las que un mismo mes las heladas pueden enlazar con lluvias y el aumento de polillas o mariposas devorar plantaciones enteras en apenas unos días.

“Actualmente el altiplano boliviano vive afectado por fuertes corrientes de viento y cambios extremos de temperatura que congelan la planta de la quinoa obstruyendo el ciclo”, cuenta Maxi Noel López, productor de quinoa en Potosí. “También tenemos problemas con el agua, ya que algunas zonas no cuentan con la cantidad de lluvia suficiente y esto implica que los suelos con bajas humedades pierdan porcentaje de producción de la quinoa. También el aumento de las temperaturas combinadas con lluvia producen granizo y las plagas agujerean las plantaciones. Todos estos problemas siempre han existido, pero ahora se han incrementado con el cambio climático.”

Aguacate: la naturaleza es secundaria

El pasado 13 de enero, el activista mexicano Homero Gómez González desapareció sin dejar rastro. Dos semanas después, su cadáver fue hallado en un pozo agrícola en el municipio de Ocampo, en el estado de Michoacán, México. Homero era un fiel protector de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, el mayor reducto de este insecto de todo el mundo ubicado en esta zona. El activista llegó a denunciar en múltiples ocasiones el daño que el cultivo masivo estaba provocando en este ecosistema, algo que quizás no gustó a las muchas personas interesadas en las 125.000 toneladas de aguacates exportadas a Estados Unidos para la Superbowl de 2020.

El ya conocido como “oro verde” es uno de los superalimentos más codiciados del mundo. Estrella de las principales recetas veganas e ingrediente esencial del guacamole que hace años se coló en la liga del fast food, el aguacate es un alimento tan versátil como adorado gracias a sus ingestas cantidades de “grasa buena”, además de propiedades como fibra o potasio.

México abastece un 75% de las exportaciones de aguacate de Estados Unidos, concretamente desde el mismo estado de las mariposas monarca: Michoacán, donde el auge de las exportaciones en los años 90 introdujo los conocidos como “testículos de los dioses” por los antiguos aztecas en la carrera occidental de la exportación. Hoy, zonas como Uruapan, el principal epicentro del aguacate de Michoacán, adolece de un sobrecultivo que ha absorbido parte de sus lagos y bosques.

 “El impacto del cultivo masivo en Michoacán es negativo y brutal sobre los ecosistemas. Por poner un ejemplo, en los últimos años se han pasado de 3 millones de hectáreas de bosques a 1.182.000; se ha perdido un 68% de nuestros bosques y la principal causa es el monocultivo del aguacate”, cuenta a El Salto Pavel Guzmán, coordinador del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, una de las víctimas que ve su tierra mutar sin que nadie haga nada: “La situación es compleja porque ninguna autoridad federal, estatal o municipal quiere enfrentarse a este problema. Dejan al pueblo y las comunidades locales abandonadas. Además, se suspenden las asambleas generales, impidiendo a los agricultores el cambio de uso de suelo o el cultivo por cuenta propia”.

Además de la erosión medioambiental, durante los últimos años otro frente se suma al interés por los cultivos de Michoacán: los cárteles como principal nexo entre el reparto de esta tierra fértil y los intereses de las grandes empacadoras. En verano de 2019, 9 cuerpos mutilados aparecieron colgados en un puente de la ciudad de Uruapan bajo el cartel “¡Gente bonita, siga con su rutina!”. El asesinato fue atribuido por el propio Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cual domina ciertas zonas de Michoacán. Un primer atisbo de que las matanzas ya no son resultado exclusivo de las guerras por la droga, sino por un dominio del control de la tierra donde crecen los nuevos “diamantes” verdes del planeta tan codiciados por las naciones avanzadas.

"El gran beneficiario de la siembra masiva de aguacate son las grandes multinacionales que acaparan el fruto y que imponen los mercados, precios y las políticas agroindustriales en Michoacán”, asegura Pavel. “El oro verde, el dinero. Eso es lo único que parece importar.”

Por Alberto Piernas

@AlbertoPiernas

16 ago 2020 06:30

La imagen de Google Earth muestra la deforestación alrededor de Parakanã en el estado de Pará en la Amazonía brasileña.

El más reciente estudio realizado por la Universidad de Maryland, y publicado por Global Forest Watch, identifica a los diez países con la mayor pérdida de bosques primarios durante 2019. Cinco de estas naciones se encuentran en América Latina.

 

Entre los datos más impactantes que ofrece este informe es que cada seis segundos se pierde un área de bosques tropicales que equivale a un campo de fútbol. El estudio también destaca que la pérdida de bosques primarios se incrementó en 2.8 % en 2019, si se compara con el año anterior.

En América Latina, la presión sobre los bosques puede incrementarse en los próximos meses, sobre todo a partir de que los gobiernos de la región buscan formas de incentivar la economía ante la crisis provocada por la pandemia del COVID-19.

¿Cuáles fueron las cinco naciones de América Latina que perdieron bosques durante 2019? ¿qué actividades han propiciado el incremento de la deforestación?

1. Brasil: políticas que afectan a los bosques

El país sudamericano alberga una de las más importantes superficies de bosques tropicales en el mundo: 60 % de la selva amazónica se encuentra dentro de su territorio. Brasil, es también la nación que registra la deforestación más intensa a nivel mundial: en 2019 perdió un millón 361 mil hectáreas.

El análisis de Global Forest Watch resalta que la pérdida de bosques primarios en Brasil representa un tercio de la cobertura boscosa que dejó de existir en todo el mundo durante 2019. Las principales causas de la intensa deforestación que se vive en Brasil son la expansión de la agricultura, los incendios forestales y la tala selectiva.

Paulo Barreto, investigador asociado del Instituto del Hombre y Medio Ambiente de la Amazonía (Imazon), explica que la la pérdida de bosques ha ido en aumento en los últimos años desde que en 2012 el congreso aprobó una ley que “perdonaba” la deforestación ilegal.

Esta situación se agravó a partir del 1 de enero de 2019, cuando llegó a la presidencia de Brasil Jair Bolsonaro y promovió la aprobación de normas que abren, aún más, la puerta a la minería y a la extracción de petróleo y gas dentro de los territorios indígenas.

El informe de Global Forest Watch resalta que la deforestación se ha acelerado en áreas indígenas de Pará y en territorios de pueblos originarios, donde también ha crecido el acaparamiento de tierras.

2. Bolivia: las cenizas que dejaron los incendios

El fuego tuvo una presencia importante en los bosques de América Latina en 2019. Brasil y Bolivia —este último alberga 6 % de la selva amazónica— fueron dos de los países más afectados por los incendios forestales.

Los incendios fueron, en el caso de Bolivia, una de las causas que contribuyeron a que el país se ubique en el cuarto lugar, a nivel mundial, de naciones con mayor pérdida de bosques primarios durante 2019. El informe de Global Forest Watch resalta que este país sudamericano perdió alrededor de 290 000 hectáreas de bosques primarios. Estudios realizados por la Fundación Amigos de la Naturaleza muestran que, entre 2015 y 2018, Bolivia registró una aceleración de pérdida de bosques que supera las 440 000 hectáreas por año.

Una de las regiones más afectadas por la deforestación en Bolivia es la Chiquitanía, en especial la provincia de Santa Cruz, epicentro de la agricultura a gran escala en el país altoandino. “La agricultura a gran escala es un importante impulsor de la deforestación en Bolivia, particularmente para la soja y la ganadería”, se resalta en el informe del Global Forest Watch.

3. Perú: minería y cultivos ilegales

El 13 % de la selva amazónica se encuentra dentro del territorio del Perú, país que a nivel mundial ocupa el quinto lugar entre las naciones que más bosques primarios perdieron durante 2019.

En ese año, el territorio peruano se quedó sin 162 000 hectáreas de bosques primarios, una cifra que supera en 20 000 hectáreas las cifras de 2018, de acuerdo con datos del Global Forest Wath.

Otro estudio realizado por el Instituto del Bien Común (IBC), basado en imágenes satelitales tomadas entre 2001 y 2015, muestra que durante ese periodo se perdieron 1 932 872 hectáreas, de las cuales 33 708 se encontraban dentro de comunidades nativas tituladas en la Amazonía peruana. Sandra Ríos, investigadora del IBC, destaca que la ilegalidad y la informalidad en la Amazonía son las principales causas de la pérdida de bosques en Perú; así como la minería ilegal y los cultivos ilícitos.

En 2019, Mongabay Latam realizó un recorrido por la zona de Puerto Nuevo, en Ucayali, en el que comprobó que grandes extensiones de bosques han sido invadidas y taladas para sembrar coca de manera ilegal.

4. Colombia: expansión ganadera

En Colombia se encuentra el 79 % de la selva tropical del Chocó (la más húmeda del mundo), así como 8 % de la Amazonía. Y aunque las cifras de la deforestación de bosques primarios han ido a la baja en los últimos años, el país sigue ubicándose entre los diez que más pérdidas registran: en 2019 se ubicó en el séptimo lugar a nivel mundial.

En 2019, de acuerdo con Global Forest Watch, Colombia dejó de tener 115 000 hectáreas de bosques primarios, una cifra que está por debajo de las 157 000 hectáreas que perdió en 2018 y las 128 000 registradas en 2017.

El informe destaca que entre las causas de la pérdida de bosques primarios está el acaparamiento de tierras y la expansión de la ganadería, sobre todo dentro de áreas naturales protegidas.

En junio del 2020, la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible en Colombia informó que hasta el 15 de abril se había deforestado más de 75 000 hectáreas de la Amazonía colombiana. Esta organización identificó que en las zonas más deforestadas hay presencia de grupos armados e invasión de territorios indígenas, en donde va en aumento actividades ilegales como el cultivo de coca.

La pérdida de bosques primarios en este país aumentó, sobre todo, a partir de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.

5. México: un año crítico

En la lista de países que más bosques primarios perdieron durante 2019, México ocupa el noveno lugar, al presentar una deforestación de 65 000 hectáreas, casi los mismos números que se registraron en países como Laos o Camboya, de acuerdo con los datos de Global Forest Watch.

La pérdida de bosques primarios registrada durante 2019 es la más alta que se ha documentado desde 2001, de acuerdo con los análisis de Global Forest Watch. En 2018, por ejemplo, el país perdió poco más de 45 000 hectáreas de bosques primarios y 55 000 en 2017. Desde 2001 hasta 2019, México ha perdido 602 000 hectáreas de bosques primarios.

El mapa de Global Forest Watch muestra que una de las regiones en donde el país más ha perdido bosques es la Península de Yucatán, territorio en donde se encuentra la selva maya y en donde, en los últimos diez años, se han instalado granjas para la producción cerdos y se ha incrementado la agricultura extensiva. Además, se ha deforestado la selva para instalar campos de generación de energía solar y desarrollos turísticos.

La selva maya forma parte de las selvas tropicales mesoamericanas que, en total, tienen una extensión de 51 millones de hectáreas de cobertura arbórea; incluidos 16 millones de hectáreas de bosque primario.

México es el país que alberga la mayor extensión (39 %) de la cubierta forestal primaria de Mesoamérica, seguido por Guatemala (13 %), Honduras (11 %), Panamá (11 %), Nicaragua (10 %) y Costa Rica (9 %).

6 julio 2020 

Publicado originalmente en Mongabay Latam 

Publicado enMedio Ambiente
Colombia celebra su biodiversidad mientras la deforestación se desboca en medio de la pandemia

El Gobierno de Iván Duque fue el anfitrión del Día Mundial del Medio Ambiente

 

Con sus bosques bajo asedio, y en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, el Gobierno de Colombia puso su mejor cara para celebrar la reconocida biodiversidad de su territorio. En un 2020 marcado a fuego por la pandemia del coronavirus, el país fue elegido este año como “anfitrión” este viernes del Día Mundial del Medio Ambiente, promovido por la ONU. El presidente, Iván Duque, aprovechó esa vitrina –originalmente programada como un evento presencial en Bogotá– para hacer una pausa en la gestión de la emergencia y debatir de manera virtual con líderes y expertos mundiales sobre desafíos como la lucha contra la deforestación.

“No podemos pretender estar sanos en un mundo que está enfermo. Las heridas provocadas a nuestra madre Tierra son heridas que sangran también en nosotros”, reflexionó el papa Francisco en una comentada carta que envió al mandatario para la ocasión. El mensaje del pontífice se hace eco cinco años después de su encíclica Laudato Si. “No podemos permanecer mudos ante el clamor cuando comprobamos los altísimos costos de la destrucción y explotación del ecosistema. No es tiempo de seguir mirando hacia otro lado, indiferentes ante los signos de un planeta que se ve saqueado y violentado, por la avidez de ganancia y en el nombre –muchas veces– del progreso”, señaló en la misiva.

Los colombianos recitan de memoria algunas de sus muchas riquezas ambientales. Es un país con costas en dos oceános, que alberga cerca de la mitad de los páramos del planeta, con la mitad de su territorio revestido por selvas tropicales y bosques y un 30 por ciento de territorio amazónico, como recordó Duque. “Nuestras especies son un patrimonio incalculable”, dijo en una ceremonia virtual que contó con la participación del secretario general de la ONU, António Guterres. Cerca del meridiano de sus cuatro años de mandato, el presidente de Colombia señaló que se propone pasar de 50 a 2.500 megas de capacidad instalada de energías renovables, postuló al país para liderar la transición de la movilidad limpia en América Latina y recordó la meta de sembrar 180 millones de árboles para agosto de 2022, cuando entregue el poder –en 2019 se sembraron 34 millones, según las cifras del Gobierno–.

Uno de los anuncios del día fue el aporte de 288.000 millones de pesos por parte del Reino Unido para apoyar la conservación de los bosques tropicales de Colombia por medio del programa ‘Territorios Forestales Sostenibles’. De acuerdo con el ministro de ambiente, Ricardo Lozano, es la mayor donación bilateral en materia ambiental que ha recibido la administración Duque.

Pero otras señales no son tan prometedoras. La gran paradoja radica en que Colombia escenificó esa celebración de sus riquezas naturales justamente en momentos en que varios ambientalistas advierten que, a pesar de las medidas obligatorias de confinamiento decretadas por el Gobierno durante una cuarentena nacional que duró más de dos meses, la deforestación está desbocada. Esa es la principal causa de cambio climático en el país sudamericano, donde los bosques naturales cubren casi 60 millones de hectáreas.

El anterior Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) esperaba que el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC, sellado a finales de 2016 tras casi cuatro años de arduas negociaciones, se tradujera muy pronto en dividendos ambientales. Sin embargo, luego de la firma de los acuerdos la deforestación aumentó en varias regiones, hasta alcanzar un máximo de unas 220.000 hectáreas en 2017. En un primer momento, el Gobierno Duque utilizó esa cifra récord como referencia en una movida criticada por los ambientalistas. Pero con el apoyo de Alemania, Reino Unido y Noruega, estableció metas algo más ambiciosas para reducir el fenómeno en la cumbre del clima de Madrid de finales del año pasado. Se comprometió a mantenerla en límites de hasta 100.000 hectáreas o menos para el 2025, y 155.000 hectáreas o menos para el 2022.

Colombia ya ha reducido la destrucción de bosques con respecto a ese pico de 2017, pero todas las alarmas están encendidas por lo que ha ocurrido en este año. “La deforestación en la Amazonia no se detiene”, concluía un reciente monitoreo de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) que registró más de 75.000 hectáreas arrasadas solo hasta el 15 de abril. “Las carreteras que están abriendo frontera agropecuaria son una alerta temprana de lo que se puede venir para los próximos años”, advertía en una reciente entrevista con este periódico Rodrigo Botero, director de la FCDS.

A la espera de los reportes oficiales sobre deforestación, diversas fuentes señalan que el fenómeno está desvocado y sigue afectando importantes enclaves de biodiversidad, incluyendo los territorios amazónicos, señalaba el mes pasado la Fundación Ideas para la Paz (FIP). “Las autoridades ambientales y organismos de control han manifestado su preocupación porque quienes están talando y tumbando los bosques —actores armados, colonos y acaparadores de tierras, entre otros— están sacando provecho de la emergencia sanitaria. Mientras tanto, las autoridades ambientales se encuentran con las manos atadas debido a las restricciones en la movilidad”, señalaba en su informe sobre las dinámicas de la confrontación armada y su impacto ambiental en los primeros cuatro meses de 2019.

La pesada herencia de la guerra agrava el panorama. Las disidencias de las FARC que se apartaron del proceso de paz han distribuido panfletos amenazantes en los que rechazan los proyectos de cooperación ambiental en varias regiones y han expulsado de áreas protegidas en la Amazonia al personal de Parques Nacionales Naturales (PNN). “No podemos cantar victoria”, suele repetir el presidente Duque en sus intervenciones diarias sobre los esfuerzos por contener el coronavirus. Un mensaje que bien podría replicar también en alusión a los desafíos ambientales.

Por SANTIAGO TORRADO

Bogotá - 06 JUN 2020 - 11:07 COT

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El líder de la etnia yanomani acusó a presidente de Brasil en la ONU

Denuncia urgente a la depredación de  Amazonia

Viajó a Suiza a delcarar en la comisión de DD.HH. que preside Bachelet. Denuncian que los pueblos originarios corren riesgo de genocidio por las políticas de Bolsonaro.

 

Desde Brasilia.Los pueblos originarios de la Amazonia ante el riesgo de genocidio. Una delegación integrada por el líder de la etnia yanomani, Davi Kopenawa, y ONGs brasileñas viajó a Ginebra, Suiza, para alertar sobre la situación dramática que se vive en la floresta tropical más extensa del mundo ante la invasión de las reservas, las quemadas y los asesinatos.

"Los hombres blancos (..) se contentan con atacar nuestra floresta, que no es la tierrra de ellos pero ellos declaran que les pertenece, ellos piensan ´ les vamos a arrancar el oro y cortar sus árboles ´ ", dijo Kopenawa ante el plenario de la 43a. Sesión de la Consejo de Derechos Humanos en la que deploró al presidente Jair Bolsonaro.

El organismo, dirigido por la ex presidente chilena Michelle Bachelet, ya recibió desde el año pasado numerosas denuncias de las comunidades amazónicas sobre la política de tierra arrasada y el riesgo de "genocidio" y "etnocidios" . Dijo Davi Kopenawa, "el nuevo presidente de Brasil, yo no lo menciono su nombre" desde que llegó al Palacio del Planalto se ha dedicado a decir "vengan los hombres blancos que quieran dinero" para enriquecerse a través de la "contaminación de nuestros ríos, la quemada de los árboles".

El gobierno del ex capitán del ejército es el primero desde el fin de la dictadura militar, en 1985, que lleva a cabo una una política abiertamente hostil hacia las comunidades originarias de la Amazonia, agregó la antropóloga Manuela Carneiro da Cunha. "El Poder Ejecutivo realiza una campaña ostensiva envalentonando a los ocupantes ilegales de tierras, a los madereros, a los explotadores de recursos minerales que amenazan de genocidio a los pueblos indígenas", aseguró a Página/12 Carneiro da Cunha. "Empleamos la palabra genocidio porque es la palabrqa que corresponde", remarcó.

Las ONGs Comsión Paulo Evaristo Arns y el Instituto Socioambiental, acompañaron al cacique Kopenawa en su visita a Ginebra, y este martes participaron en un encuentro con otras entidades de la sociedad civil internacional donde se volvió a tratar la realidad de los pueblos originarios. La situación más grave la enfrentan unos "ciento veinte pueblos indígenas aislados que son muy vulnerables al primer contacto" con las personas ajenas a sus territorios, ya que les pueden transmitir enfermedades para las que no tienen defensas, precisó Carneiro de Cunha.

En noviembre de 2019, la Comisión Arns solicitó al Tribunal Penal Internacional (TPI), en La Haya, la apertura de una "investigación preliminar" sobre las medidas del gobierno brasileño que amenazan la supervivencia de los pueblos originarios.

Aquella iniciativa ante el TPI tuvo el respaldo del Colectivo de Abogacía y Derechos Humanos, y puede dar lugar a un proceso que continuaría en pie "incluso luego de que Bolsonaro deje la presidencia", apunta la antropóloga. Debido a sus posiciones de ultraderecha, los insultos a dirigentes indígenas y la devastación de la Amazonia, Bolsonaro se ha convertido en uno de los líderes más repudiados del mundo.

Lo cual se comprueba a poco de repasar su agenda internacional. O su no-agenda internacional. El año pasado se vio obligado a suspender un viaje anunciado a Nueva York para evitar vérselas con las protestas de ambientalistas y de activistas del movimiento LGBT. Más tarde prometió pero al final no cumplió realizar viaje a Italia, que dejó sin efecto ante la caída de su amigo, el ex ministro del interior Matteo Salvini, también de extrema derecha.

En enero último canceló sobre la hora su participación en el Foro Económico de Davos, posiblemente advertido de los cuestionamientos que la prensa y ONGs le habían preparado por la depredación de la Amazonia. El desprestigio del presidente perjudica su "credibilidad" ante la opinión pública y organismos internacionales como el TPI y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU "que aún conserva su fuerza moral", apuntó Carneiro da Cunha en este diálogo telefónico desde San Pablo.

Al respecto la investigadora recordó la polémica entre el gobernante y el actor Leonardo DiCaprio sobre las quemadas de la floresta en 2019, cuando la superficie incendiada fue el 90 por ciento más extensa que en 2018. "Bolsonaro llegó a acusar a DiCaprio de fomentar los incendios, una cosa que causa risa y nadie creyó a nivel internacional, fue algo burdo porque se sabe que Bolsonaro tiene una gran afinidad con los grupos que desmatan e incendian".

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 Un indígena guaraní fuma una pipa junto a un árbol talado por desarrolladores en Sao Paulo. Andre Penner AP

La norma propuesta debe ser aprobada por el Congreso y enfrenta el rechazo de los pueblos originarios y los ambientalistas, quienes la consideran "genocida"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció esta semana que presentará un proyecto de ley en el Parlamento que permitiría la explotación de recursos en tierras indígenas protegidas. La iniciativa —que incluye la minería, la extracción de petróleo y gas, la construcción de hidroeléctricas y la exploración de tierras para agricultura, ganadería y el extractivismo forestal— será enviada al Congreso para su tramitación, donde se enfrentará al rechazo de la comunidad indígena y de los ambientalistas, que califican la propuesta de “genocida”. La Constitución de Brasil prevé la minería en estas reservas, pero hasta el momento no se ejecuta porque prescinde de un desarrollo normativo que la regule y además debe contar con la aprobación de la población indígena. Por estas causas, no hay declarada ninguna mina oficial en las 619 áreas indígenas localizadas en el país, aunque esté probada la existencia ilegal de decenas de ellas, principalmente en la región amazónica, donde mineros que practican la actividad de forma ilícita han asesinado a indígenas de la región.

El proyecto de Bolsonaro también prevé que se permita la exploración de tierras de los pueblos originales para el turismo, la agricultura, la ganadería o el extractivismo forestal. Y sugiere que el Parlamento consulte a los indígenas sobre su propuesta, pero que se les impida ejercer su derecho a veto, una solicitud que iría en contra de la Constitución del país.

El presidente, que anunció la incitativa durante la celebración de sus 400 días en el poder, presionó al Legislativo para que apruebe su propuesta y declaró que, si pudiera, encerraría a los ambientalistas en la Amazonia. “Este gran paso depende del Parlamento, que sufrirá la presión de los ambientalistas. Esos del medio ambiente”, dijo con su habitual estilo de desprecio a los defensores de la naturaleza. “Si un día pudiera, los encierro en la Amazonia, ya que les gusta tanto el medio ambiente, así dejan de molestar a los amazónicos aquí desde dentro de las áreas urbanas”, señaló.

En su discurso alegó que los indígenas son “seres humanos”. “Exactamente iguales que nosotros. Tienen corazón, sentimientos, tienen alma, deseos, y son tan brasileños como nosotros”, añadió. La frase refuerza la idea del actual Gobierno —que evoca al pasado de la dictadura militar— de que los indígenas deben “integrarse” a la sociedad no indígena.

Según el comunicado emitido por el Ministerio de la Casa Civil, las comunidades indígenas afectadas por la industria minera percibirían indemnizaciones de las empresas que exploten las áreas y se contaría con consejos de vigilantes que estarían compuestos únicamente por indígenas. El texto prevé también que los indígenas puedan explorar las áreas en las que residen. El pasado enero, el Ministerio de Minas y Energía brasileño ya había realizado una reunión para presentar el proyecto a todos los embajadores europeos en Brasilia y dejar claro que Bolsonaro va a insistir en su objetivo.

Entidades vinculadas a las comunidades indígenas protestaron contra la medida y recordaron que Bolsonaro está obligado a respetar los derechos constitucionales de los indígenas, incluido el de mantener las particularidades de sus modos de vida. La ONG Observatorio do Clima advirtió a los presidentes de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia; y del Senado, David Alcolumbre, de que rechazarían este tipo de propuestas. “Esperamos que cumplan sus palabras y no acepten este proyecto genocida. Ambos se habían comprometido a no someter a votación aquellas propuestas que amenazasen a los bosques ni a los pueblos tradicionales. Es hora de poner a prueba esa determinación”, escribió la asociación en una nota.

Desigualdad

Para estas poblaciones, la explotación económica traerá como consecuencia la desigualdad en las comunidades, la devastación forestal acelerada y la desaparición de especies nativas del planeta. El último informe de la ONU, de 2019, sobre la velocidad con la que las especies se están extinguiendo —una de cada ocho está amenazada—, subraya que esta destrucción de la naturaleza es más lenta en las tierras donde viven los pueblos indígenas.

El proyecto de exploración de áreas indígenas no es el único punto del Gobierno de Bolsonaro que preocupa a los indigenistas. Las últimas semanas, su gestión fue objeto de varias críticas por haber designado al exmisionero evangélico Ricardo Lopes Dias como nuevo coordinador de indígenas aislados. En un comunicado, el Consejo Indigenista Misionario (CIMI) afirmó que el presidente ha dejado de respetar la existencia libre de los pueblos indígenas y que fomenta el genocidio de dicha población.

Por Afonso Benites

Brasilia 6 FEB 2020 - 22:36 COT

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Viernes, 06 Diciembre 2019 06:15

Bolsonaro privatiza tres parques nacionales

Bolsonaro privatiza tres parques nacionales

Incluye el lado brasileño de las Cataratas de Iguazú

Los parques fueron incluidos en el Programa Nacional de Desestatización (PND) a través de los cual el Presidente brasileño espera generar nuevos ingresos. Este es sólo el comienzo un plan más amplio de privatizaciones, dijo el Ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes.

 

A través de un decreto el presidente de Brasil Jair Bolsonaro privatiza tres parques nacionales, entre ellos el lado brasileño de las Cataratas de Iguazú. Los parques fueron incluidos en el Programa Nacional de Desestatización (PND) a través de los cual el presidente brasileño espera generar nuevos ingresos. Se trata de los parques nacionales de Lençois Maranhenses (noreste), Jericoacoara (noreste) e Iguazú (sur). Estos espacios naturales paradisíacos podrán ser privatizados y entregados en concesión. Este es sólo el comienzo un plan más amplio de privatizaciones, dijo el Ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes.

El decreto fue publicado por el Diario oficial de la Unión (boletín oficial) el martes y tiene vigencia inmediata. Establece que las empresas que obtengan las concesiones tendrán que brindar apoyo para las visitas públicas. También deberán prever costos y generar acciones de apoyo a la conservación y gestión de los parques. La privatización recae tanto sobre los servicios como la infraestructura, así como la liberación del mercado aéreo a empresas extranjeras. El PDN en el cuál fueron incluidas estas privatizaciones está vigente en Brasil desde la década de 1990. Ese programa fue usado por varios gobiernos para dar en concesión bienes y servicios públicos al sector privado.

La medida contempla promover la llegada de más turistas al país. Para eso otorgará facilidades en la obtención de visas turísticas a ciudadanos de Australia, Canadá, China, Japón y Estados Unidos. Además establece la contratación del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) para que estudie las concesiones. Esta entidad también deberá llevar a cabo acciones de apoyo para la supervisión de servicios técnicos y la revisión de proyectos.

Según la legislación de Brasil, los parques nacionales son unidades de conservación federal. Esto quiere decir que son áreas naturales creadas y protegidas por el poder público. El uso de sus recursos naturales sólo se puede realizar de forma indirecta.

El Parque Nacional de Iguazú, ubicado en la frontera con Argentina, es internacionalmente conocido por las cataratas del mismo nombre. Es un área protegida de gran biodiversidad, con miles de especies de plantas y unas 400 de aves. Hasta hoy el gobierno de Brasil cobraba entradas para las visitas. La empresa responsable de su cuidado dependía de un órgano gubernamental. Con el decreto el estado se desprenderá de su gestión. Recibe a cerca de 1,7 millones de turistas por año.

El Parque de los Lençois Maranhenses tiene unas 160.000 hectáreas. Se caracteriza por las interminables dunas que a mediados de año, en la transición de las lluvias a la temporada seca, se llenan de agua dulce formando unas piscinas naturales. Es visitado por más de 100.000 visitantes al año. El Parque de Jericoacoara, de 8.850 hectáreas, tiene unas inmensas playas de aguas cálidas que cada año reciben a miles de turistas extranjeros. Se encuentra rodeado por extensas dunas de arena fina y blanca. Recibe cerca de 150 mil visitantes anualmente.

El Gobierno de Brasil lanzó un amplio plan de privatizaciones y concesiones. Con estas medidas busca generar ingresos para las arcas del estado y reequilibrar las cuentas públicas del país. Brasil intentará "vender todo" para lograr este objetivo, expresó el Ministro de Economía, Paulo Guedes. No obstante, admitió recientemente que el plan de privatizaciones está siendo más difícil de llevar a cabo que lo previsto. Hasta ahora lograron ingresos por unos 100.000 millones de reales (23.810 millones de dólares), según informó Guedes. El Ministro señaló que están estudiando un proyecto de privatización para generar otros 250.000 millones de reales (cerca de 60.000 millones de dólares), aunque evitó dar detalles del mismo. En la actualidad Brasil recibe un promedio de 6,5 millones de turistas por año, y espera poder duplicar esa cifra en 2022.

Bolsonaro es un negacionista del cambio climático. Durante los incendios en la Amazonia culpó a grupos ecologistas de haberlos incitado. En otras oportunidades se expresó a favor de la explotación comercial de tierras indígenas y áreas protegidas.


Opinión

 

Así es la política ambiental de Bolsonaro

 Por Eric Nepomuceno

Una reunión ocurrida el pasado seis de noviembre pero solamente revelada ahora explica la base de la política ambiental aplicada en Brasil desde la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia.

En aquella ocasión, el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, recibió en su despacho a cuatro integrantes del Congreso, todos vinculados al sector rural, acompañados por cinco propietarios rurales del estado amazónico de Acre.

Luego de la reunión, Salles – quien sigue asegurando que no hay devastación en la Amazonia – determinó que se suspendiese totalmente la fiscalización en la reserva ambiental Chico Mendes.

De esa forma, Salles acató y cumplió lo prometido por el ultraderechista Jair Bolsonaro a lo largo de la campaña electoral y luego reforzado cuando se instaló en la presidencia: terminar con lo que clasifica como ‘industria de la multa’, o sea, la fiscalización ambiental.

Junto a sus ataques furiosos a la extensión de las reservas indígenas, las áreas de protección ambiental son foco permanente de críticas de Bolsonaro, ahora llevadas a la vida real por el ministro del sector.

Solamente entre enero y fines de octubre de este año, la reserva Chico Mendes tuvo 75 kilómetros de floresta totalmente devastados, un aumento de 203% en comparación con todo el año pasado.

De los cinco propietarios participantes del encuentro, todos infractores ambientales, cuatro fueron a las barras de los tribunales. Son conocidos por acciones ilegales en la Chico Mendes, bautizada con el nombre del militante ambientalista asesinado hace 21 años.

Uno de los activistas más respetados y reconocidos globalmente en su época, Mendes defendió la creación de una reserva natural de protección en Xapuri, municipio de su estado natal.

Nunca la vio: fue muerto por orden de dos propietarios rurales que habían invadido tierras públicas y por él denunciados y luego presos.

Los presentes hicieron duras denuncias de "actos truculentos" llevados a cabo por los fiscales responsables de preservar la mata de la región. Por "actos truculentos" se referían a la fiscalización que impide, o trata de impedir, actividades prohibidas, de la creación de ganado a la extracción ilegal de madera.

Uno de los presentes, Rodrigo Santos, amenazó de muerte a un funcionario del Instituto Chico Mendes, responsable por preservar la región demarcada por ley. Fue su respuesta a la denuncia presentada por el fiscal, probando que Santos, además de haberse apoderado de tierras públicas mediante documentación falsa, había desmatado 69 hectáreas protegidas.

Otro, un ex procurador-general de Justicia del estado de Acre, Jorgenei Ribeiro, el pasado septiembre fue denunciado por el Ministerio Público por haber desmatado 71 hectáreas de la floresta protegida para abrir la ruta, destinada al transporte de madera extraída ilegalmente.

Ya Gutierri da Silva fue condenado por extracción ilegal de maderas nobles, y recurre de la sentencia en libertad. Fátima Sarkis, por su vez, tiene creación de ganado en área protegida, o sea, creación ilegal, e igualmente responde a una acción en la Justicia.

Uenderson de Brito es blanco de una denuncia oficial por ocupar 400 hectáreas dentro de la reserva para creación ilegal de ganado.

De los políticos presentes, una diputada y un senador preparan un proyecto de ley destinado a reducir drásticamente el área de la reserva ambiental, ya ocupada por vastas zonas de pecuaria ilegal. Una senadora es pastora evangelista, condenada en segunda instancia por improbidad administrativa.

Que un ministro reciba a acusados y condenados por acciones contra su cartera ya sonaría a algo absurdo.

Pero que luego de oírlos atienda de inmediato a sus demandas, violando lo establecido por ley, rompe cualquier límite de decencia.

Mejor dicho: rompería. Porque no hay una sola señal, un vestigio ínfimo de decencia en todo lo que se refiere a Bolsonaro y su gobierno fétido.

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Incendios en el Amazonas, este agosto. Imagen: NASA

Los autores de un estudio alertan de que la presión económica de la agricultura intensiva sobre el Amazonas puede tener consecuencia en los glaciares de la cordillera de los Andes, y sobre las comunidades que viven de sus aguas.

 La biomasa incendiada en la cuenca del Amazonas es un factor determinante para el derretimiento de los glaciares de la cordillera de los Andes, según han demostrado seis investigadores en un informe publicado a finales de noviembre en la revista Nature.

“Observamos que existe un efecto medible en la pérdida de masa de hielo”, explican los autores, después de trabajar en una combinación de enfoques de observación y modelado. Por primera vez, explican, han examinado científicamente la posible relación entre los incendios de biomasa y la fusión de hielo y glaciares y han llegado a la conclusión de que las columnas de humo de la cuenca del Amazonas “pueden superar la barrera orográfica y llegar a los glaciares andinos tropicales”. Cada año, explican, los incendios en las masas forestales latinoamericanas emiten 800.000 toneladas de nanopartículas de “carbono negro” a la atmósfera.

La deforestación a gran escala de la cuenca del río Amazonas es una consecuencia directa de las prácticas económicas y la ocupación humana de este área, también los incendios de biomasa. De esos incendios, generados por el avance inexorable de las extensiones agrícolas en las extensiones de la selva amazónica, surge el carbono negro, que, según ha quedado demostrado en investigaciones en Groenlandia, el Himalaya y China, precipita la fusión sobre capas de hielo y glaciares.

La enorme cantidad de carbono negro, que casi duplica la cantidad emitida en la Unión Europea a través de combustibles fósiles y biofósiles, se traslada, merced a los vientos predominantes en los meses de agosto, septiembre y octubre, a las crestas de Ecuador, Peru, Bolivia, y el norte de Chile, pero también se expande hacia otros territorios. El estudio se ha centrado en el glaciar Zongo, en Bolivia, escogido por sus condiciones estables. En ese punto ha sido donde el equipo de investigadores ha determinado que los incendios de 2010 incrementaron un 4,5% la velocidad de fundición del hielo depositado allí.

El estudio, que fue realizado sobre la base de todos los incendios sobre las riberas amazónicas entre el año 2000 y 2016, no abarca la situación tras la catástrofe ambiental provocada por el incendio masivo de bosques en el Amazonas el pasado verano. El informe alerta sin embargo del incremento de las quemas que, a partir de 2013, afectan a los territorios amazónicos de Brasil y Bolivia. 

 “Las proyecciones futuras del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), apuntan a una climatología más seca del este de la Amazonía: este es un escenario favorable para el aumento del riesgo de quema de biomasa”, explican los investigadores en su estudio. Añaden como factores de riesgo los cambios en el ciclo hidrológico sudamericano que pueden generar más aridez, así como los riesgos económico-políticos derivados de la “demanda mundial de alimentos, que puede conducir a una expansión progresiva de los dominios agrícolas brasileños, lo que da como resultado una mayor proyección de las emisiones de carbono negro y CO2”. 

La fundición de estos glaciares y hielos tiene efectos sobre las comunidades que se proveen del agua de esas cordilleras. Por ese motivo, la pérdida de biodiversidad que provoca el aumento de incendios en el Amazonas, tiene implicaciones a nivel continental, según los autores del estudio.

2019-12-03 05:40

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Domingo, 03 Noviembre 2019 05:37

Pacto por la Casa Común

Pacto por la Casa Común

Evocando el llamado "Pacto de las Catacumbas", por el que un conjunto de obispos católicos latinoamericanos se comprometieron a partir de 1965 a vivir una vida sencilla, cercana a los pobres y alejada de riquezas, propiedades y privilegios, los participantes en el Sínodo Pan-Amazónico, que concluyó el 20 de octubre, decidieron acordar –también ese día– ante las iglesias que conforman los nueve países de la región, las de América Latina y El Caribe, y las solidarias de África, Asia, Oceanía, Europa y el norte de América, un pacto por una Iglesia con rostro amazónico, pobre y servidora, profética y samaritana, que denominaron Pacto de las Catacumbas por la Casa Común.

Dada la trascendencia social amplia que puede traer consigo su puesta en práctica, me parece oportuno traer a colación los 15 compromisos eclesiales que decidieron asumir:

  1. Ante la amenaza del calentamiento global y el agotamiento de los recursos naturales, el compromiso de defender sus territorios y la selva amazónica en pie.
  1. Reconocer que no somos los dueños de la madre Tierra, sino sus hijos e hijas, f ormados del polvo de la Tierra (Génesis 2:7-8), huéspedes y peregrinos (1 de Pedro 1:17b y 1 de Pedro 2:11), llamados a ser sus celosos cuidadores y cuidadoras (Génesis 1:26). Para ello se comprometen con una ecología integral en la que todo está interconectado, el género humano y toda la creación, porque todos los seres son hijas e hijos de la Tierra y sobre ellos aletea el Espíritu de Dios (Génesis 1:2).
  1. Acoger y renovar cada día la alianza de Dios con todo lo creado.
  1. Renovar en las iglesias la opción preferencial por los pobres, especialmente por los pueblos originarios, y junto con ellos garantizar su derecho a ser protagonistas en la sociedad y en la Iglesia. Ayudarlos a preservar sus tierras, culturas, lenguas, historias, identidades y espiritualidades. Crecer en la conciencia de que éstos deben ser respetados local y globalmente y, en consecuencia, fomentar por todos los medios que sean acogidos en pie de igualdad en el concierto de los demás pueblos y culturas. 5. Abandonar, en consecuencia, todo tipo de mentalidad y postura colonialista, acogiendo y valorando, en un diálogo respetuoso con todas las tradiciones espirituales, la diversidad cultural, étnica y lingüística.
  1. Denunciar todas las formas de violencia y agresión a la autonomía y a los derechos de los pueblos originarios, a su identidad, a sus territorios y a sus formas de vida.
  1. Anunciar la novedad liberadora del Evangelio en la acogida al otro y a lo diferente.
  1. Caminar ecuménicamente con otras comunidades cristianas en el anuncio inculturado y liberador del Evangelio. Y en solidaridad con los pueblos originarios, con los pobres y los pequeños, caminar con otras religiones y personas de buena voluntad en la defensa de sus derechos y en la preservación de la Casa Común.
  1. Instaurar un estilo de vida sinodal, donde representantes de los pueblos originarios, misioneros y misioneras, laicos y laicas, en razón de su bautismo y en comunión con sus pastores, tengan voz y voto en las asambleas, en los consejos, y en todo lo que concierne al gobierno de las comunidades.
  1. Empeñarse en el urgente reconocimiento de los ministerios eclesiales ejercidos por agentes pastorales, catequistas indígenas, ministras y ministros de la Palabra, ya existentes en las comunidades, valorando en particular su cuidado frente a los más vulnerables y excluidos.

11 . Hacer efectivo en las comunidades el paso de una pastoral de visita a una pastoral de presencia, asegurando que el derecho a la Mesa de la Palabra y a la Mesa de la Eucaristía sea real.

  1. Reconocer los servicios y la auténtica diaconía de gran cantidad de mujeres que hoy dirigen comunidades en la Amazonía, y buscar consolidarlas con un ministerio adecuado de animadoras de comunidad.
  1. Buscar nuevos caminos de acción pastoral en las ciudades, con el protagonismo de los laicos y los jóvenes, con atención a sus periferias y a los migrantes, los trabajadores y los desempleados; con atención a los estudiantes, educadores, investigadores, y al mundo de la cultura y de la comunicación.
  1. Asumir ante la avalancha del consumismo un estilo de vida sobrio, sencillo y solidario con los que poco o nada tienen; reducir la producción de basura y el uso de plásticos; favorecer la producción y comercialización de productos agroecológicos, y utilizar más el transporte público.
  1. Ponerse al lado de los que son perseguidos por su servicio profético de denuncia y reparación de injusticias, de defensa de la tierra y de los derechos de los pequeños, de acogida y apoyo a los migrantes y refugiados. Cultivar verdaderas amistades con los pobres. Visitar a las personas más sencillas y a los enfermos, ejerciendo el ministerio de la escucha, del consuelo y del apoyo, que traen aliento y renuevan la esperanza.
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La Amazonia no es el pulmón del mundo ni la única zona afectada: cinco claves de los incendios

Después de la atención mediática y social recibida este verano, muchas cuestiones relativas a la situación vivida en Brasil quedaron pendientes de aclaración, ya que, por ejemplo, Paraguay y Bolivia también sufrieron graves incendios. 

 

Los incendios de la Amazonia acapararon todo tipo de tuits, publicaciones y portadas este verano. Sin embargo, fruto de la compleja naturaleza del fenómeno que se vive en suelo brasileño, muchas cuestiones relacionadas quedaron pendientes de una necesaria aclaración.

Más allá de los porqués relativos a este fenómeno en concreto, otros aspectos permanecían pendientes de respuesta: ¿es realmente la Amazonia el pulmón del planeta y produce el 20% del oxígeno mundial? ¿Hay otras zonas afectadas más allá de Brasil? ¿Qué pasa con las otras 'zonas rojas' del planeta que muestran los satélites?

La contestación a estas dudas resulta necesaria para comprender la verdadera dimensión de los incendios de este verano y desentrañar por qué han trascendido de manera global.

 

Los incendios no han afectado solo a la Amazonia

 

Los incendios producidos por las ‘queimadas’, práctica agrícola basada en la tala y posterior quema del terreno para su refertilización y utilización con fines agrícolas, no solo han afectado al Amazonia. Incluso dentro de Brasil, ha habido otras zonas que han sufrido daños iguales o incluso mayores que esta selva. Así lo demuestra el estudio Expanding the Soy Moratorium to Brazil’s Cerrado, que pone el foco sobre otro bosque primario del país que también está siendo afectado por la expansión de las fronteras agrícolas y ganaderas.

Esta investigación, publicada en la revista especializada Science Advances, propone expandir la Moratoria de Soja, iniciada en 2006 y renovada de manera permanente en 2016, al Cerrado –sabana tropical que se extiende hasta Bolivia, Paraguay y Argentina–, pues actualmente solo protege territorio amazónico. Según lo revelado por el estudio, entre el año 2000 y 2014 alrededor del 30% de la expansión del cultivo de soja en el Cerrado tuvo lugar a costa de la vegetación nativa, un porcentaje similar a las cifras relativas a la deforestación que precipitaron la aprobación de la Moratoria de Soja hace más de quince años. 

Más allá de Brasil, otros países de Sudamérica también se han visto afectados por esta tendencia recientemente, como es el caso de Paraguay o Bolivia. “La situación ha sido tan o más grave que en el Amazonas, ya que si sumamos las 900 mil hectáreas de todo el Paraguay, a las casi cuatro millones de hectáreas que estiman en todo Bolivia, ya estamos llegando a las 5 millones de hectáreas quemadas”, asegura Óscar Rodas, Director de Cambio Climático y Políticas de WWF Paraguay.

En estos dos países, los incendios también han sido provocados por la falta de control gubernamental. En el caso de Paraguay, son consecuencia de una ley de prevención, la 4014/10, “que ha demostrado ser poco eficaz ante la luz de la evidencia", asegura Rodas. En cuanto a Bolivia, “Evo Morales ha autorizado directamente la quema de cinco millones de hectáreas”, asegura Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña de bosques de Greenpeace España.

 

Las diferencias con otros incendios del mundo

 

En los momentos de máxima atención, fueron difundidas a través de las redes sociales muchas imágenes satélite de plataformas de monitorización de incendios como FIRMS, dependiente de la NASA. De estas capturas, llamaba la atención el silencio mediático y social que había sobre otras zonas que, según los indicadores de focos de incendios mostrados a través de un punto rojo, estaban incluso más afectadas que la Amazonia.

Si se comprueban estas mismas imágenes satélite, la situación sigue siendo similar. Sin embargo, pese a que haya zonas afectadas por fenómenos similares a los vividos en Sudamérica como Siberia o el sudeste asiático a causa del aceite de palma, es necesaria una evaluación cualitativa de dichos focos, pues no todos representan lo mismo.

El sur de África es uno de los más llamativos, teñido de rojo casi por completo por la cantidad de alertas. Sin embargo, Soto aclara que son fuegos completamente distintos a los vividos en la Amazonia. “Las zonas de Angola, de la República Democrática del Congo, Zimbaue o Mozambique son bosques ya transformados o zonas agrícolas y ganaderas. Estamos hablando de que no arde bosque primario, no arde bosque virgen”, asegura el responsable de Greenpeace.

Además, en esas regiones, al no disponer de satélites y mecanismos de monitoreo propios como en el caso de Brasil, son instituciones internacionales como la FAO las encargadas de hacer la evaluación de la evolución del terreno, teniendo que esperar más tiempo para que sus informes dicten si la deforestación avanza o disminuye en África.

 

Las emisiones por la quema de bosques vírgenes

 

Más allá de la pérdida de las especies vegetales y animales que en ellos habitan, el hecho de que las regiones quemadas sean bosques vírgenes resulta especialmente nocivo para todo el planeta. Estos acumulan una gran cantidad de biomasa y por ende CO2, por lo que las emisiones de efecto invernadero en este tipo de incendios son mucho mayores.

Al mismo tiempo, al desaparecer estas regiones boscosas y selváticas se pierden grandes sumideros de dióxido de carbono y generadores de oxígeno y vapor de agua. Este último factor es uno de los más ignorados, pero al mismo tiempo más fundamental, pues la emisión de vapor a la atmósfera sirve para regular las condiciones locales del clima.

De esta manera, si se pierden bosques vírgenes se pueden reducir las lluvias en determinadas zonas, como en este caso el cono sur, llegando incluso a provocar desabastecimiento de agua y refugiados climáticos en los casos más extremos.

 

Ni el pulmón del planeta ni productor del 20% del oxígeno

 

Ardía la Amazonia y con ella un pulmón del planeta que generaba el 20% del oxígeno mundial. Esta era una de las frases más repetidas este verano. Pues bien, ni esta región se comporta como un pulmón ni genera tales cantidades de oxígeno. El símil con los pulmones sirve para mostrar, especialmente a nivel escolar y educativo, el proceso por el cual las plantas fijan CO2 y emiten oxígeno. Sin embargo, desde el punto de vista científico no es cierto que se comporten como pulmones, pues nosotros inspiramos oxígeno y expulsamos CO2, precisamente la transferencia opuesta.

Además, los cálculos basados en su extensión que estiman que la Amazonia produce un 20% del oxígeno mundial tampoco son completamente ciertos desde un punto de vista más estricto. “Las plantas también respiran, hacen la fotosíntesis y por lo tanto consumen oxígeno”, recuerda Soto.

 

La influencia del crisis climática

 

También han sido habituales las conexiones que situaban a los incendios de la Amazonia como una consecuencia directa de la crisis climática. Lo cierto es que en muchas regiones afectadas las condiciones de sequedad no fueron especialmente duras, por lo que no se trata de una causa directa, aunque sí estrechamente relacionada.

Los incendios, al igual que otras catástrofes medioambientales, son cíclicos e inevitables. No obstante, lo que la crisis climática produce es, fundamentalmente, un agravamiento de sus consecuencias e intensidad, como ha sido el caso de este año. “Han sido más importantes, debido a su intensidad, complejidad, potencia y duración. Además, estos incendios transfronterizos que se dieron entre Paraguay y Bolivia, son una muestra palpable de como el cambio climático exacerba los fenómenos extremos”, comenta Rodas con respecto a los incendios en Paraguay.

 

madrid

22/10/2019 08:07 Actualizado: 22/10/2019 08:07

 

juan corellano

@corellanojuan

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Paz para el pueblo y guerra para la selva: la deforestación en Colombia aumenta tras el fin de la guerrilla

Las cifras de la tala ilegal venían mejorando hasta que el gobierno de Santos comenzó a negociar el acuerdo de paz

La ausencia de las FARC ha creado un vacío aprovechado por quienes se apoderan de la selva para actividades como la minería, la ganadería y el cultivo de coca

En 2016 se perdieron 179 mil hectáreas de bosque en Colombia, cifra que ha ido a más en los siguientes años

El acuerdo de paz que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC el 24 de noviembre de 2016 fue un hito para la sociedad colombiana, desangrada por 52 años de conflicto. También fue un punto de inflexión para las selvas de un país que, tras una década de mejoras en la tasa de deforestación, perdió ese año una superficie de bosque comparable a la de Toledo, Guipúzcoa o Almería: 179.000 hectáreas.

Según los datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el ritmo de la deforestación en la Amazonia colombiana y otras reservas forestales del país llevaba diez años bajando de forma casi ininterrumpida. Pero en 2016 la tasa comenzó a acelerar de nuevo, con una subida de 44% en la superficie deforestada de ese año y otra del 23% en la del siguiente. La ganadería, el oro, la madera y la coca protagonizan gran parte del aumento de un fenómeno que, según los datos del IDEAM, es la principal fuente de gases de efecto invernadero de Colombia (debido al CO2 que se libera al talar los árboles). Por no hablar del daño irreversible al hábitat de las comunidades indígenas, además de la dramática pérdida en biodiversidad y recursos hídricos.

De acuerdo con el profesor y consultor medioambiental Manuel Rodríguez Becerra, que en 1993 fue el primer ministro de Medioambiente de Colombia, para entender lo ocurrido hay que distinguir entre el año del acuerdo de paz y lo que vino después. Según él, el aumento de la deforestación durante 2016 se explica por la negociación con las FARC, un momento en que el Gobierno quiso alejar fuentes de conflicto: "La mayor tolerancia que hubo ese año con las FARC les permitió aumentar la deforestación para los cultivos de coca". 

Paradójicamente, Rodríguez Becerra también atribuye el incremento del 2017 a las FARC, aunque esta vez el motivo fue su retirada de la zona. "Una vez hecho el proceso de paz el gobierno de Santos no tomó el control efectivo del antiguo territorio de las FARC y algunas regiones se convirtieron en tierra de nadie y comenzaron los procesos de apropiación". La explicación es la siguiente: en su último año, las FARC aprovecharon la tregua negociadora para aumentar las plantaciones de coca, pero en la década anterior habían ejercido de vigilantes impidiendo que los campesinos deforestaran. Entre otros motivos, porque así dificultaban el acceso del ejército colombiano a su área.

Terminado el miedo a una represalia de las FARC, en 2017 llegaron los grandes capitales. Como dice Rodríguez Becerra, "se puede ver claramente el tamaño de los deforestadores, porque en tres meses talan hasta 1.500 hectareas en áreas perfectamente trazadas y hacer eso significa una capacidad grande, tener mucho dinero".

Según Brigitte Baptiste, que hasta julio dirigió el Instituto Humboldt para la Investigación sobre la Biodiversidad de Colombia, uno de los factores de la impunidad de los responsables es la falta de claridad de los títulos de propiedad. A principios de los años 40, explica, "se instituyó un mecanismo para proteger a los campesinos y fue que tras 20 años de ocupación, si presentaban pruebas de desarrollo productivo, eran reconocidos como propietarios".

"Lo que era una ley con buena intención acabó convirtiéndose en un incentivo para el robo de tierras del Estado", concluye Baptiste. Agrega que hay procesos históricos de ocupación que aún no han sido resueltos, con comunidades agrícolas viviendo hace décadas en reservas forestales sin títulos: "Sólo los cafeteros fueron apoyados por el Estado con títulos claros desde principios del siglo XX, por eso casi no hay conflictos en tierras cafeteras".

Al abuso de la ley se añade la falta de reacción estatal por la dificultad de hacer valer la ley en un territorio con escasa implantación de las fuerzas de seguridad. "Las autoridades regionales no tienen personal o están cooptadas por los ilegales", resume Baptiste. "Y tampoco es que puedan hacer mucho, si tratas de llegar sin respaldo a una zona donde se está deforestando, no tienes ninguna opción de salir vivo".

La alternativa a castigarlos con la ley es eliminar los incentivos económicos de la deforestación. La venta de la coca ilegal ya está prohibida, pero el veto se podría extender a la ganadería de tierras deforestadas. Una medida elemental, según Baptiste, "que algunos congresistas y senadores resisten pidiendo hacer un punto de corte para que solo afecte a lo deforestado a partir del año 2016". Sostiene: "Me da la idea de que quienes lo piden están envueltos en la corrupción".

Según Rodrigo Botero, de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, la responsabilidad de muchos poderes públicos se hace evidente cuando hacen llegar servicios como carreteras o electricidad a tierras no formalizadas, "generando un estímulo a la apropiación de tierras que luego son incorporadas a la frontera agropecuaria".

Pero también hay motivos para el optimismo. A principios de 2018, un grupo de niños y jóvenes ayudados por la ONG DeJusticia presentaron una demanda contra el Estado colombiano exigiendo que les garantizase una vida libre de catástrofes medioambientales. Un año después, la Corte Suprema les dio la razón, exigiendo al Gobierno cumplir con sus promesas de frenar la deforestación en la Amazonia colombiana. 

Los activistas esperan que la presión del fallo contribuya a que el nuevo gobierno de Iván Duque acelere la dotación de recursos para capturar y castigar a los responsables de la deforestación. Tras los aumentos de 2016 y 2017, el ritmo de deforestación mejoró en 2018. Aunque sigue en niveles catastróficos, las 197.000 hectáreas del año pasado representan una reducción de 10% con relación al 2017. Según Baptiste, el Gobierno ha desplegado recientemente fuerzas en algunas zonas y ha habido señales de control en el Amazonas pero aún es pronto para saber si 2019 confirmará la tendencia con nuevas bajas. "Como la deforestación es una actividad tan estacional, hay que esperar a que termine la temporada de lluvia, en las próximas semanas veremos en los satélites si sigue aumentando o no".

Por Francisco de Zárate

30/09/2019 - 22:03h

Publicado enColombia
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