Revocatoria. El año en que haremos historia

Como buen camaleón esperó 16 años resguardado en diferentes partidos. Ahora, algunos confundidos y con amnesia político-histórica de los abusos por él cometidos en su primera administración, le dan la oportunidad de repetirlos. Enrique Peñalosa II, ejemplo de lo que el pueblo no debe aceptar.

 

Los que siempre se lucraron del esfuerzo de todos/as, los que han manejado esta ciudad como si fuera propiedad privada, necesitaban recuperar lo parcialmente perdido durante 12 años. Y para ello no ahorraron esfuerzos, logrando su propósito en las elecciones de 2015.

 

No ocultan su ambición ni mezquindad. Desde los primeros días de la nueva alcaldía Peñalosa fueron con todo contra las políticas y logros que favorecían a los sectores populares capitalinos. Por ello, desde esas primeras semanas, diversos sectores ciudadanos preocupados por la ciudad que vamos a heredar a las futuras generaciones, nos dimos cita para fijar un qué hacer.

 

Para fundamentar nuestro propósito asistimos al Concejo de Bogotá, donde, sin gran discusión 32 concejales militantes de los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical, la U, parte del Verde, Centro Democrático, le aprobaron al “nuevo” Alcalde el cuestionado y demandado Plan Distrital de Desarrollo, en el cual, entre otras perlas, resalta su artículo 133 numeral 3. Otras fuentes de financiación “tales como la venta de acciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), entre otros, de tal forma que le permita generar recursos en el corto y mediano plazo”.

 

Carta blanca. Ese entre otros significa “lo que quiera vender”, además que lo facultan a reestructurar lo que desee del Distrito, llevando a cabo una campaña de despidos y desconocimiento de lo actuado por anteriores administraciones. De esta forma la actual administración está en contravía del artículo 259 de la Constitución Política, que explicita sobre el funcionario elegido de manera popular, y su plan de gobierno “[...] imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato”, que para el caso del capitalino el tipo de procederes aquí comentados nada tienen que ver con lo anunciado en su plan de campaña. Es más, el hoy Alcalde también entregó al Concejo Territorial de Planeación Distrital un documento diferente, violando así la ley 152 de 1994.

 

Es por ello que los ciudadanos reunidos de manera voluntaria decidimos asumir, de acuerdo a la Constitución Política y su artículo 103 “La revocatoria del mandato”, a la par de las leyes 131 y 134 de 1994 y la 1757 de 2015, que son las que regulan la participación ciudadana.

 

Para darle vía a este propósito, y de acuerdo a lo estipulado por la Ley, decidimos: 1. Organizar el comité “Unidos revoquemos a Peñalosa”, y así poder realizar el proceso respectivo, 2. Recolectar los apoyos necesarios, en total 271.818 firmas del censo electoral, equivalente al 30 por ciento de los 906.058 votos obtenidos para llegar al cargo, 3. Pasar a la verificación de lo recogido por parte de la Registraduría y su viabilidad constitucional, 4. Que ésta convoque a la votación popular en Bogotá, 5. Movilizar a la ciudadanía para que se acerque a las urnas con una participación no inferior a 1.092.230 bogotanos lo cual equivale al 40 por ciento de los votos válidos del total obtenidos el 25 de octubre de 2015 y de estos votos 548.000 deben ser por el SÍ, lo cual equivale a la mitad mas uno del dato anterior, 6. Una vez convalidada esta votación, liderar una nueva elección, en esta ocasión por alguien que encabece la alcaldía de la capital del país colocando al frente un proyecto de ciudad colectivo, elaborado con la ciudadanía, para que de verdad favorezca a las mayorías de quienes acá habitan.

 

El propósito de este año es hacer historia, por nuestros hijos y nietos. Por primera vez en la “democracia más antigua de América”: revocar lo que estorba y elegir a quien le sirve al pueblo y no a los intereses del gran capital.

 

Esfuerzo nada fácil pero que SÍ es posible. A la par que avancemos tras este empeño, sus aliados tratarán de cambiarle la imagen: entregarán viviendas en Bosa con Germán Vargas Lleras; aprobarán y harán efectiva la entrega de dinero –con Juan Manuel Santos al frente– para diferentes proyectos urbanos. Lo ensalzarán, con el apoyo de los grandes medios de comunicación. En fin, harán lo posible y lo imposible para dividir y boicotear este proceso, pero pese a todo ello debemos avanzar como un solo cuerpo en pro de su Revocatoria.

 

* Dirigente CUT-Bogotá.

Publicado enEdición Nº231
Domingo, 20 Noviembre 2016 07:26

En EE.UU. manda la mesa chica de Trump

En EE.UU. manda la mesa chica de Trump

Ante la mirada atónita de algunos de sus detractores más optimistas que esperaban una versión pasteurizada del magnate una vez que ganara la Casa Blanca, el ahora líder republicano ratificó sus promesas de campaña.

 

Donald Trump no pulirá las puntas más filosas de su plataforma política y será menos incisivo en su gestión que lo que mostró durante la campaña, según puede deducirse de sus declaraciones y decisiones durante los primeros diez días como presidente-electo ante la mirada atónita de algunos de sus detractores más optimistas que esperaban una versión pasteurizada del magnate una vez que ganara la Casa Blanca. Lejos de suavizar sus posiciones, el ahora líder republicano ratificó sus promesas de campaña y, a través de señales y nombramientos, mostró que el camino que tomará para cumplirlas: de la mano del partido con el que parecía haber quemado todas las naves en la previa de los comicios, utilizando plenamente las mayorías en las dos cámaras del Congreso para impulsar su agenda y la Corte Suprema para defenderlas y un gabinete moldeado a su imagen y semejanza, compuesto por ejecutivos y veteranos políticos de la línea más dura del conservadurismo norteamericano.

Mientras se espera que termine de confirmar los nombres de los funcionarios que ocuparán las primeras líneas de su gabinete, con nombres más amenos al establishment, como el líder del Comité Nacional Republicano, Reince Preibus, confirmado como jefe de Gabinete; el senador por Alabama Jeff Sessions, futuro fiscal general; el representante por Kansas Mike Pompeo, designado al frente de la CIA e incluso el ex candidato presidencial Mitt Romney, que se reunió esta semana con Trump y al que le habría sido ofrecida la crucial Secretaría de Estado; en un segundo plano el presidente-electo junta figuras menos presentables y que formarán parte de la mesa chica en la toma de decisiones. Aún sin cargos formales o con cargos menos importantes en los papeles, este grupo de colaboradores resultarán tanto o más influyentes en el rumbo del país los próximos años que los nombres que estarán en las primeras planas los próximos días, a medida que se vayan confirmando más nombramientos.


El caso más destacado es el de Steve Bannon, quien fuera jefe de Campaña del candidato republicano desde agosto, en el peor momento de la carrera presidencial para Trump, a quien finalmente hizo ganar la elección. Ex director del portal de noticias alt-right Breitbart, y resistido incluso dentro de sectores del GOP (Grand Ol´Party: Partido Republicano) por sus posiciones públicas xenofóbicas y antisemitas, Bannon trabajará “de igual a igual” con el jefe de Gabinete, según el presidente electo. “No soy un nacionalista blanco; soy un nacionalista”, se defendió Bannon ante los cuestionamientos por su designación como jefe de asesores. “La oscuridad es buena. Dick Cheney. Darth Vader. Satán. Eso es poder”, agregó en la primera entrevista que dio desde la victoria del martes 8, en la que también dijo que, en caso de que este mandato tenga éxito, espera que los conservadores mantengan el poder “durante cincuenta años”.


El ‘Durán Barba’ de Trump, antes de conducir la campaña presidencial y de dirigir Breitbart, fue miembro de la Marina de los Estados Unidos y trabajó para Goldman Sachs, además de ser, por una extraña carambola financiera, dueño de parte de los derechos de la sitcom clásica de los 90s ‘Seinfeld’. Siempre polémico, en una entrevista hace dos años no dudó en definirse como leninista: “Lenin quería destruir el Estado y ese es mi objetivo también. Quiero tirar todo abajo y destruir todo el establishment de hoy en día”, explicó. Su designación despertó críticas en organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y sectores políticos tanto de la oposición demócrata como desde el oficialismo republicano.


Otra figura cercana a Trump que tendrá un cargo de asesor en el nuevo gabinete pero cuyo consejo pesará más que el de varios ministros es el ex General de tres estrellas Michael Flynn, un fanático anti-islamista, demócrata registrado, que trabajó junto a Barack Obama hasta que una renuncia rodeada de escándalos interrumpió su carrera hace cuatro años. Ferviente apoyo del presidente electo durante la campaña e incluso tanteado como posible candidato a vice, Flynn será jefe de asesores en materia de Seguridad Nacional, una especie de segundo secretario de Defensa con menos ataduras formales. Quienes lo respaldan lo definen como “uno de los cuadros militares más brillantes de esta generación”; quienes lo critican apuntan contra su islamofobia: “Temer a los musulmanes ES RACIONAL”, tuiteó desde su cuenta de Twitter en plena campaña, en febrero de este año. De una forma u otra, si se confirma su designación será una de las personas con más contacto cotidiano con el presidente, lo que lo volverá uno de los funcionarios más poderosos del país.


Sin embargo, lejos de los focos, la figura más poderosa detrás de Trump podría no tener ningún cargo formal en la Casa Blanca, debido a legislaciones anti-nepotismo con más de medio siglo de antiguedad que incluso al presidente se le puede complicar pasar por alto: se trata de su yerno, Jared Kushner, casado con Ivanka Trump y padre de tres nietos del presidente electo. El joven multimillonario de 35 años tiene una historia de vida similar a la de su suegro: heredó una empresa constructora de un padre con fortuna y en pocos años la hizo crecer varias veces; criado en los suburbios neoyorquinos (de Jersey en el caso de Kushner); incluso tiene sus oficinas en un rascacielos que mandó a construir él mismo, la 666 Fifth Avenue, a pocas cuadras de la Trump Tower. Cultor de un perfil bajo, los medios locales lo señalan como el más influyente consejero del magnate recientemente devenido político.


Según se publicó esta semana, Kushner sería el responsable del desplazamiento de Chris Christie, el gobernador de New Jersey que durante la campaña ocupó un rol central junto a Trump y que esperaba ser el jefe del equipo de transición y posiblemente el Fiscal General del gobierno de Trump hasta que, la semana pasada, cayó en desgracia. Si bien públicamente se adjudicó el retroceso del gobernador al escándalo del Washington Bridge, un caso de corrupción que este mes terminó con condenas a dos de sus funcionarios más cercanos, el motivo real sería otro, más pedestre: en 2005, Charles Kushner, padre de Jared, fue condenado a dos años de prisión por evasión impositiva y amenaza a testigos. El fiscal que llevó adelante la acusación fue Christie.

Publicado enInternacional
Miércoles, 26 Octubre 2016 09:56

Ejercicio de Cronopolítica

Ejercicio de Cronopolítica

Caracterizar cualquier gobierno tiene un doble propósito: a) reconocer el campo de opciones establecido por la coyuntura para la toma de decisiones y, b) reconocer las restricciones que limitan ese campo de opciones. Al caracterizar el gobierno de Juan Manuel Santos es necesario tener en cuenta esta dialéctica. En la globalización es necesario atender de modo especial las condiciones internacionales en las cuales tiene que actuar el gobierno. Sobre este aspecto presento las siguientes consideraciones sobre el gobierno de Santos y de Uribe.

 

La elección de Uribe en el 2002 tuvo como horizonte el acontecimiento del 11 de septiembre de 2001. La necesidad de un castigo a quienes organizaron el acto suicida contra las torres gemelas en Nueva York, fue asumido por la ciudadanía internacional como un sencillo acto de justicia. La intervención contra el gobierno de los talibanes en Afganistán tuvo un respaldo internacional sin reservas.

 

Sin embargo, el gobierno de Bush asumió el reconocimiento como un respaldo para cometer desafueros sin antecedentes en la historia reciente. El peor de ellos fue la invasión de Iraq. Se apeló a burdas mentiras para justificar esa decisión bélica. La expectativa de alcanzar una victoria rápida y un control político de largo plazo en Oriente Medio no se cumplió, y en un lapso relativamente breve el gobierno se empantanó con esa aventura.

 

Así las cosas, lo que fue un respaldo internacional casi unánime se convirtió en un rechazo creciente. El campo de opciones creado por el acontecimiento del 11 de septiembre paulatinamente se fue transformando en un campo de restricciones. El gobierno de Bush, en esas condiciones, tuvo que enfrentar sin éxito la crisis de la burbuja inmobiliaria de 2007 y el efecto en cadena que afectó todo el sistema financiero norteamericano, expandiéndose hasta la comunidad económica europea en el 2010.

 

Los republicanos perdieron la confianza de los norteamericanos, situación que derivó en el relevo presidencial. Los demócratas, contra todos los pronósticos, ganaron con un candidato de raza negra, gobierno de nuevo tinte que tuvo que enfrentarse a una crisis sistémica sin antecedentes. La guerra contra el terrorismo heredada de Bush, se convirtió en un lastre de difícil superación en el corto plazo. Las medidas extremas de carácter económico tomadas por Bush también pesaron como un yunque que le colgó a Obama restricciones muy fuertes para desarrollar su política.

 

Por último, así como el 11 de septiembre de 2001 fue un punto de inflexión en la política internacional, el 15 de abril del 2010 se produce otro punto de inflexión. Ese día colapsó en el Golfo de México la plataforma petrolera llamada “Macondo”, acontecimiento sin antecedentes en la historia de la humanidad, y de consecuencias hasta ahora impredecibles, que desbordó al gobierno de Obama y a la British Petroleum, propietaria de ese complejo de explotación petrolera.

 

Sucesos, políticas globales y locales, crisis e intentos de recuperación, todos los cuales van conjugando un sentimiento de impotencia que se apodera de los norteamericanos. El éxito como experiencia valorativa fundamental en es cultura está en crisis, situación que aprovechan los republicanos. Sara Palin, su candidata a la vicepresidencia en la campaña del 2008, levanta la bandera del racismo y la xenofobia y llama a recuperar el orgullo de potencia hegemónica.

 

 

Los republicanos, directos responsables de esta crisis, se presentan entonces como salvadores y en la lógica de buscar un chivo expiatorio convierten el asunto de la inmigración en un problema que puede profundizar la crisis sistémica en curso. La problemática de los migrantes puede llegar a tocar las premisas mismas de la nación norteamericana al actualizar acontecimientos que se daban por definitivamente clausurados, como las anexiones de territorios de México llevadas a cabo en el siglo XIX.

 

Sucesos que no pasan sin dejar huella social. Por ejemplo, la crisis económica empobreció a millones de norteamericanos, desatando un crecimiento acelerado de la delincuencia y el consumo de sustancias sicotrópicas. Con coletazos. La política republicana de guerra contra el narcotráfico se tornó irrelevante. En este contexto, el informe de los expresidentes Zedillo, Gaviria y Cardozo sobre el narcotráfico, adquiere una importancia sin antecedentes.

 

Un forastero en la casa

 

Esta dinámica macro engloba el proceso político colombiano de lo que podemos llamar el intervalo Uribe, quien en el 2002 logró canalizar los sentimientos de impotencia y de rabia por el colapso de los esfuerzos de paz en el Caguán. Fue así como Uribe Vélez pasó de ser un candidato marginal, apoyado por sectores de extrema derecha con nexos con las autodefensas, a convertirse en presidente.

 

Triunfo con claras consecuencias. Las Farc fueron responsabilizadas por el fracaso del Caguán, y de insurgentes con finalidades políticas pasaron a ser caracterizados como terroristas puros. El pulso de ocho años entre el gobierno de Uribe y la dirección de las Farc gravitó como asunto decisivo en las decisiones gubernamentales. El grupo uribista fue paulatinamente mostrando una pretensión inesperada: restaurar las formas culturales, sociales y políticas que acompañaron el proceso centenario de la Constitución de 1886; tarea restauradora que llevó a la primera reelección, e intentar una segunda reelección. En sus presupuestos temporales el uribismo se planteó un proceso que debía prolongarse hasta el año 2019 para culminar la tarea de desmontar la Constitución de 1991.

 

Los desafueros de tal Gobierno, guardadas las especificidades nacionales, son del mismo tipo que las llevadas a cabo por Bush. En el caso criollo, el cristalizado más evidente de esos desafueros fue la creación de lo que algunos llamaron la formación de un para-estado, para acallar toda oposición. Pero así como en Norteamérica la lucha contra el terrorismo se fue convirtiendo en razón de los abusos totalitarios, un verdadero campo de restricciones a las libertades individuales y derechos colectivos, así también sucedió en Colombia.

 

Uribe, que había logrado modificar la Constitución para hacerse reelegir en el 2006, fracasó en su intento de imponer una segunda reelección: 2010-2014. En el debate electoral, el candidato del uribismo, el actual presidente Juan Manuel Santos, tuvo que enfrentar una dura crítica del legado de su antecesor. En el curso de la campaña se creó una situación política que puso en peligro su elección. La llamada ola verde mostró un horizonte distinto para la ciudadania, pero ese acontecimiento no pudo transformarse en opción de gobierno. Antanas no tuvo la pericia política de Obama.

 

El candidato uribista y hoy presidente, Juan Manuel Santos, logró superar la amenaza creada por la ola verde. Santos entendió que el deslinde respecto del gobierno de Uribe tenía como premisa las nuevas condiciones internacionales. En su propuesta de gobierno redujo a un segundo plano la lucha contra el terrorismo, resaltando como idea fuerza de su futuro gobierno la búsqueda de la prosperidad económica, teniendo en cuenta los recursos de la bonanza minera. Uribe confrontó a Santos, planteando que las Farc representaban el mayor peligro terrorista para la seguridad continental, y acusó al gobierno de Chávez de ser aliado de esa guerrilla y del Eln.

 

Santos, una vez posesionado, puso en marcha una política internacional de distancia frente a la doctrina de Bush, e incluso del gobierno de Obama. Tomó dos decisiones de fondo: recomponer las relaciones diplomáticas con el gobierno de Chávez, y adelantar su primera gira internacional por Europa. En su reciente intervención ante la ONU, planteó un protagonismo estatal en política internacional sin antecedentes en la historia reciente del país.

 

Tener en cuenta tales hechos era indispensable para poder establecer las opciones y restricciones del aún Gobierno Santos y, en consecuencia, poder definir con mayor precisión sobre cuales asuntos ejercer la oposición y las políticas por respaldar.

 

Septiembre de 2010

 

Enero 9 de 2012, retomo el ejercicio de cronopolítica. En el curso del año 2011, el expresidente Uribe y su grupo asumieron que Juan Manuel Santos los traicionó, valoración que muestra el carácter primitivo de la llamada doctrina uribista. En los últimos días del año 2010, el calificativo de traidor adquirió vehemencia especial. El personaje encargado de sostener tal acusación fue el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo.

 

Los uribistas consideran que la política global sigue funcionando con arreglo a la lógica impuesta por el expresidente Bush después de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. La doctrina uribista, como la califica José Obdulio Gaviria, es incapaz de captar y valorar los contundentes acontecimientos en curso: la llamada Primavera Árabe, el surgimiento de los indignados en España, la profundización de la crisis económica en Europa, el movimiento ocupa Wall Street en Estados Unidos y las movilizaciones y paros generales en Inglaterra, Portugal e Italia.

 

Esta falta de visión frente a los hechos es altamente significativa y la oposición, que de allí se deriva al gobierno de Santos, está destinada al fracaso. Situación altamente preocupante para quienes pertenecemos al Polo, no por la ceguera de los uribistas, sino por la que evidenció una y otra vez, la dirección del PDA, con una incompetencia total en el ejercicio de la oposición. Los resultados de las elecciones lo dejaron en una situación de extrema debilidad. Sin embargo, en el discurso se afirma que todo se debe a una conspiración contra el Polo. No existe una sola línea escrita por esa dirección que busque avanzar en una valoración sensata de lo ocurrido, y de las tareas por emprender. La convocatoria del Comité Ejecutivo a la Conferencia Programática es de una pobreza insuperable. Se requiere, pues, un cambio de rumbo, y la conferencia programática y el posterior Congreso del Polo son dos escenarios para producirlo. Pero es necesario un horizonte distinto al propuesto por el Comité Ejecutivo.

 

Septiembre 1 de 2012

 

El 26 de agosto el Gobierno y las Farc-ep firmaron un documento guía para iniciar conversaciones en busca de la paz. El título: “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera". La noticia, si bien sorpresiva, resulta inteligible si se tienen en cuenta las decisiones políticas tomandas por el presidente Santos. Los uribistas han levantado el fantasma del Caguán.

 

 

 

 

Febrero 6 de 2016

 

Los presidentes Santos y Obama celebraron los quince años del Plan Colombia, acordado por Clinton y Pastrana en 1999. Era el momento político más singular de la historia contemporánea. Manuel Marulanda Vélez, jefe histórico de las Farc, había sido una persona definitiva en la elección del presidente Andrés Pastrana. El proyecto de una solución negociada al conflicto armado y la perspectiva de la paz había volcado el respaldo ciudadano a favor de Pastrana. La consecuencia de ese acontecimiento político fue la negociación del Caguán. La negociación fracasada se resolvió cuatro años después con la elección de Álvaro Uribe.

 

Para entonces (septiembre de 1998) Álvaro Vásquez, dirigente del Partido Comunista, escribió un documento titulado: “Sobre el conflicto armado y su solución política” (borrador de trabajo) y con un subtítulo: “En la antesala del Caguán”, el cual es pertinente retomar con el favor del paso del tiempo.

 

El autor enfoca, desde la teoría política de Marx y Lenin, los posibles desenlaces de esa negociación. Sobre la salida política anotó: “No se parte de cero. Ya la burguesía ha recorrido, bajo la presión múltiple de la opinión, del crecimiento de la guerrilla y de los repetidos fracasos de los cuerpos militares, un contradictorio camino que ha desembocado en la conveniencia de la negociación. A su vez, un sector de la clase dominante considera que es posible hacer determinadas concesiones”. Y agregaba: “De allí que hayan surgido sobre todo propuestas de financiación de la paz. Fondos de paz, ayudas de gobiernos amigos, colaboración de las Naciones Unidas, nuevo Plan Marshall para Colombia, etcétera, son algunas muestras de la preocupación de ciertos dirigentes empresariales y estatales con vistas a las soluciones sociales. Pero todas ellas tienen una intención contrainsurgente. Sin condenar esas iniciativas, lo principal hay que buscarlo en la calidad de los posibles acuerdos en cuanto a los cambios políticos incluyendo la propia política económica del sistema”.

 

Reconocidas esas condiciones generales de la negociación, en un parágrafo titulado: “Opciones del movimiento armado”, escribió lo siguiente: “Sintetizando sus opciones podrían concretarse las siguientes:

 

a) priorizar la lucha armada y avanzar por esa vía como única opción.
b) consolidar el dominio de determinadas zonas que sirvan de bases territoriales a una larga confrontación.
c) buscar un acuerdo con el sistema para arrancarle en esta etapa, determinadas posiciones y logros”.

 

Decía sobre cada una de las opciones, y lo que llamó modelos que las sustentaban, lo siguiente: “El primero es el modelo cubano; el segundo (una forma a mayor plazo y en varios periodos del primero) es el modelo chino o vietnamita; el tercero se asemeja a los modelos surafricano o centroaméricano”.

 

¿Cuál de esas opciones asumir? La decisión, sostenía, “[...] sólo puede ser el resultado de un análisis maduro que rebase los enfoques militares y tenga en cuenta el porvenir de todo el movimiento popular, como las condiciones nacionales y externas”.

 

Establecidas estas premisas, planteó lo siguiente sobre la primera opción: (priorizar la lucha armada y avanzar por esa vía como única opción): “En nuestra experiencia, el movimiento armado, que cuenta con un largo periodo de desarrollo, y que ha pasado por diferentes etapas, incluyendo las negociaciones, los ceses de fuego, las treguas, etcétera, aún cuando ha tenido avances cada vez más significativos, está lejos de un desenlace definitivo inmediato. Tampoco puede decirse que ha logrado imponer un poder revolucionario completo en un determinado territorio, como el de las zonas liberadas en Vietnam, o las llamadas zonas fronterizas de la revolución china. En cambio, la experiencia colombiana se caracteriza por su duración y por la extensión del conflicto a prácticamente todo el territorio nacional, lo que la diferencia de otras formas, incluyendo la cubana.

 

En la prolongación del enfrentamiento actual es necesario tener en cuenta, además de las aspiraciones revolucionarias, otros factores. Uno de ellos es la fatiga de la población por la confrontación. Otro es la dificultad para atraer a las posiciones políticas de la lucha armada a diversos sectores progresistas. La influencia política del movimiento guerrillero no avanza en la proporción en que sería necesario para tender un puente sólido entre las guerrillas y el resto de la población. Está bastante generalizada la tesis de que la lucha social y política no tiene que ver con la armada. Es decir, hay un cierto grado de distanciamiento de las luchas sociales del movimiento guerrillero. Mientras las guerrilla decretó la abstención, no sólo aumentó la votación sino que la repercusión de una tal actitud no fue significativa”.

 

Sobre la segunda opción, señaló: “En cuanto al modelo chino-vietnamita, caracterizado por la dominación creciente de un territorio importante, exigiría que la organización guerrillera pasara a crear la base de poder en tal territorio, realizar una reforma agraria decidida por los campesinos, se establecieran órganos de poder y se elaborara una estrategia para defender las posiciones territoriales, organizando dentro de sus fronteras la vida social y laboral. Una tal variante implicaría un enorme gasto de energías tanto militares como políticas”. Y concluía: “Esta formulación tiene varios puntos débiles: implicaría un difícil equilibrio con el poder nacional, que trataría de hegemonizar la situación; dependería también de la financiación nacional en lo fundamental; estaría expuesta a los cambios políticos generales; y seguramente que no tendría capacidad de expansión y de arraigo permanente. En la práctica, congelaría un determinado momento de la situación, cuyo cumplimiento y respeto serían inviables para el gobierno y las guerrillas”.

 

La tercera opción se presentaba así: “La negociación en las condiciones actuales, podría lograr posiciones y beneficios democráticos, avances en la integración del poder, reconstrucción del movimiento obrero y popular, desarrollo y fortalecimiento de la alianza progresista, diversificación de la organización en todos sus aspectos y acumulación de fuerzas para nuevos desarrollos revolucionarios. Desde luego sería necesario un nivel de seguridad y garantías para los cuadros revolucionarios y modificaciones estructurales del ejército y la policía”. Y agregaba: “El proyecto político de una salida democrática y popular a la crisis nacional no podrá lograrse en Colombia, en ésta etapa, por la sola acción del movimiento guerrillero. Tal proyecto implica la acción de masas en todas sus posibilidades, las alianzas de los diversos frentes de la lucha social y revolucionaria, el surgimiento de un tipo de organización popular, cualquiera sea el nombre que se le dé, que trabaje con un programa de profundos cambios y que logre atraer a la lucha a las masas en su conjunto”. En conclusión decía: “Por eso, parece más racional y efectiva una formulación que mantuviera la idea de la pluralidad de poder en nuevas condiciones de amplitud democrática y que permitiera a los sectores obreros y populares luchar en el futuro por posiciones y hegemonía en el conjunto nacional”.

 

Clausurada la experiencia del Caguán, esta elaboración conceptual muestra cómo la opción que se impuso y fracasó fue la de un incipiente modelo vietnamita o chino de cerco de la ciudad por el campo.

 

Ahora que la élite celebra los quince años del Plan Colombia, tenemos que esa conmemoración se presenta al mismo tiempo como la condición de un nuevo plan que Obama llamó “Paz Colombia”. Es una situación parecida a la presentada al inicio de la negociación en el Caguán, cuando se hablaba de una especie de Plan Marshall para la paz, pero ahora como remate de un proceso de negociación exitoso.

 

Esta declaración de Obama hay que valorarla desde una visión retrospectiva de la política exterior de los Estados Unidos, y del modo como ella ha influido en el diseño de la política exterior de los gobiernos colombianos. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Truman presidente de los Estados Unidos y Churchill, primer ministro de Inglaterra, declararon la llamada Guerra fría. El asesinato de Gaitán (9 de abril de 1948) se interpretó en clave de Guerra Fría: una conspiración del comunismo internacional. La participación del ejército colombiano en la guerra de Corea (1950-1952) fue una consecuencia del alineamiento del gobierno de Laureano Gómez con la política exterior norteamericana.

 

El acontecimiento de la caída de Batista (31 de diciembre de 1959) y la instalación de un gobierno dirigido por Fidel Castro en Cuba, llevó al presidente Eisenhower a una política de intervención que fue avalada por los gobiernos del Frente Nacional (1958-1974). La guerra contra las drogas declarada por Nixon llevó a la fundación de la DEA en 1973, agencia federal que terminaría por convertirse en un recurso intervencionista en la definición de la política del gobierno colombiano. El último movimiento de ese proceso histórico fue el alineamiento del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) con el de Bush (2000-2008) y su guerra contra el terrorismo.

 

El gobierno de Barack Obama (2008-2016) desarrolló los lineamientos de una nueva política exterior de los Estados Unidos. En ese diseño, el cierre del ciclo de la Guerra Fría es un propósito que tiene en el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, su punto culminante. Asimismo, el gobierno de Obama planteó que el daño causado por los actos terroristas no puede asumirse como actos de guerra. El terrorismo es un tema de inteligencia, de policía y de intervenciones militares acotadas. La política de guerra contra las drogas está siendo revaluada.

 

La clausura de esas tres políticas de guerra: contra las drogas, contra el terrorismo y contra el comunismo, es un proceso gubernamental que todavía no se constituye en política del Estado norteamericano, pero que crea un campo de opciones privilegiadas en el desarrollo de las negociaciones para la terminación del conflicto armado en Colombia. La clausura de esas tres guerras crea premisas inéditas para la tarea de construcción de una paz estable y duradera en nuestro país, con el impacto que ese hecho tendrá para todo el continente americano.

 

 

 

 

Octubre 2 de 2016

 

El No gana el plebiscito contra todos los pronósticos. ¿Y qué se hace en esos casos? Esta fue la pregunta de un joven pariente en una reunión familiar. ¿A quién echarle la culpa y a quién atribuirle la victoria? Claro: a Santos y a Uribe.

 

Aquí es necesario que recordemos algunos acontecimientos. El expresidente Uribe decidió, desde que fue público el inició de la negociación con las Farc, enfrentar con beligerancia esa opción. Su tesis central –ampliamente difundida y conocida por cualquier persona con una mínima información del proceso en Colombia y en el exterior–, sostenía que no debía negociarse con bandidos y narcotraficantes. La tarea del ejército era eliminarlos y esa tarea estaba prácticamente cumplida cuando él respaldó a Juan Manuel Santos para que lo reemplazara en la presidencia. La iniciativa de negociar para superar el conflicto armado, y construir una paz estable y duradera, la presentó como una traición y una entrega de la república a un enemigo a punto de ser eliminado.

 

Esa retórica la mantuvo durante los primeros dos años de la negociación, pero luego fue matizando su postura. Uribe comenzó a pregonar que él también quería la paz y que quienes lo acompañaban eran amigos de la paz pero no a cualquier costo. El viraje fue cristalizando en la tesis de que la negociación era un tratado de concesiones inadmisibles a las Farc. La razón de esas concesiones inconcebibles era el deseo insensato del Presidente de pasar a la historia o de ganarse el Premio Nobel de Paz, y esa debilidad presidencial era hábilmente manipulada por los jefes de las Farc, a quienes calificaba del mayor cartel de narcotraficantes. Luego enriqueció su retórica con el pronóstico de una inminente sustitución de la democracia por el castrochavismo. En los días en que el acuerdo, producto de las negociaciones, llegaba a su elaboración final, incorporó en el arsenal de sus alegatos que la ideología de género y la homosexualidad se convertirían en política de estado, maltratando los sentimientos religiosos de las diferentes iglesias y cambiando la definición eterna de la familia.

 

El partido de Uribe, el Centro Democrático, asumió esa retórica con una vehemencia y una perseverancia sorprendente. En las semanas que precedieron al 2 de octubre, día de las elecciones, agregó a su retórica que en los acuerdos se establecía una policía política y una justicia parcializada para perseguir a la “gente de bien”. La jurisdicción especial para la paz se caracterizó como un golpe de estado a la Constitución de 1991, y así lo proclamó el expresidente Andrés Pastrana quien se sumó al uribismo. El compromiso con la verdad, la justicia y la reparación que sostiene la jurisdicción especial, fue tergiversada por el uribismo y presentada como una herramienta policíaca contra las libertades ciudadanas. Al final, el alegato de Uribe y de sus seguidores, concluyó en que el acuerdo era un contrato entre los jefes guerrilleros de las Farc y un señor llamado Juan Manuel Santos, en consecuencia un papel sin valor ninguno. Las personalidades políticas y los representantes de las instituciones que asistieron en Cartagena a la firma del acuerdo, contemplaban desconcertados las declaraciones de los uribistas y con discreción de huéspedes evadían un juicio negativo y saludaban con esperanza el casi seguro triunfo del Sí en el plebiscito.

 

La valoración del acuerdo como un acontecimiento espurio fue asimilado por sectores que durante el periodo 2014-2017 se sintieron lesionados con la política económica del presidente Santos: los campesinos paperos, los cafeteros agrupados en dignidad cafetera, los camioneros que sostuvieron un paro durísimo, los taxistas que rechazan el servicio Uber y que asumieron que serían expropiados para beneficiar a guerrilleros desmovilizados, los pequeños y medianos propietarios que creyeron que iban a ser sometidos a una expropiación por la dictadura castrochavista que seguiría después de firmado el acuerdo.

 

La derrota del Sí, fue alimentada por las mentiras del expresidente Uribe y por el malestar de quienes sintieron que el presidente Juan Manuel Santos no atendía sus intereses y, al contrario, los lesionaba. El triunfo de Uribe parece inexplicable pero existen antecedentes de líderes como él. Hanna Arend en un texto titulado La mentira en política. Reflexiones sobre los documentos del Pentágono, planteó la siguiente tesis: “El mentiroso que puede salir adelante con cualquier número de mentiras individualizadas, hallará imposible imponer la mentira como principio. Esta es una de las lecciones que cabe extraer de los experimentos totalitarios y de la aterradora confianza que los líderes totalitarios sienten en el poder de la mentira, en su habilidad, por ejemplo, para reescribir la Historia una y otra vez con objeto de adaptar el pasado a la “línea política” del momento presente o para eliminar datos que no encajan en su ideología”.

 

La experiencia que estamos viviendo en Colombia con un personaje como Álvaro Uribe, muestra que el experimento que él intentó en sus dos gobiernos, y que ahora nos presenta como la opción frente al acuerdo, es de una gravedad extrema.

 

Retornemos a la pregunta de nuestro joven pariente: ¿Qué se puede hacer en estos casos? Movilizarse y promover la discusión democrática para impedir que la mentira en la política se consolide como principio. Esa tarea es condición para poder defender el acuerdo logrado y para asumir con alegría la obra de construir una paz estable y duradera con verdad, justicia y reparación. Afortunadamente la coyuntura internacional nos es favorable. El interés que hoy existe sobre el futuro del proceso de paz en Colombia está vinculado con la posibilidad de clausurar un conjunto de guerras hoy agotadas.

 

En la sociedad planetaria en proceso de configuración es posible decir No a la Guerra Fría y Sí a la diplomacia entre los Estados para resolver los conflictos. No a la guerra contra las drogas y Sí a políticas de salud pública que prevengan y reparen el daño que causan las adiciones. No a la guerra contra el terrorismo y Sí a políticas de seguridad humana que neutralicen los atentados de terrorista desesperados que se proclaman mártires.

Campaña presidencial en EU: el capital financiero se mantiene

Ante el cambio presidencial. Estados Unidos vive por estos días una intensa polarización social y electoral. Los dos debates realizados hasta la fecha de escribir esta nota (octubre 11) entre la demócrata Hillary Clinton, y el republicano Donald Trump, candidatos del prolongado bipartidismo norteamericano, los han visto por televisión un promedio de 65 millones de personas, y tuiteado más de 15 millones, algo nunca visto en una campaña presidencial en ese país.

 

El martes 8 de noviembre se realizarán las 58 elecciones presidenciales de este país-potencia, en donde los votantes –por medio del voto popular– elegirán a los compromisarios quienes, a su vez, elegirán al Presidente y vicepresidente de la nación. Esto sucederá a través del Colegio Electoral que para este 2016 estará compuesto por 538 miembros; para que un candidato gane la presidencia debe contar con 270 votos electorales.

 

En la contienda electoral se enfrentan seis candidatos, aunque a la hora de la verdad solo cuentan dos, el Demócrata y el Republicano, cosa que no debería ser así. Las primarias, que transcurrieron desde el 1 de febrero y hasta junio, también fueron unas elecciones indirectas pues sirvieron para elegir una lista de delegados, que a su vez seleccionaron al candidato presidencial del respectivo partido.

 

En esas primarias Donald Trump logró 13,7 millones de votos –el 44,6% del total– que le significaron 1.542 delegados de 2.472 posibles, logrando la nominación Republicana.

 

Hillary Clinton obtuvo 16,5 millones de votos –el 55,5% del total– que le valieron 2.219 delegados, 558 súper-delegados, para un total de 2.383 delegados.

 

Por su parte, Bernie Sanders reunió 12,6 millones de votos, expresados en 1.832 delegados, y 49 súper-delegados o sea, 1.881 delegados, que en el acuerdo oficializado con Hillary terminó por aportarlos para que ella fuera la candidata demócrata a la presidencia. En los EU, según datos de 2013, existen 240.926.000 millones de personas aptas para votar.

 

Campaña polarizada

 

Esta campaña presidencial traduce al mundo la polarización y fragmentación de la sociedad norteamericana, en especial de los obreros y trabajadores, los pobres urbanos y rurales, y la clase media, por cuenta de las políticas de austeridad capitalista de la administración Obama para las mayorías y el crecimiento sin precedentes, que beneficia a la minoría, del Wall Street, los grandes monopolios y el capital financiero. Proceso acrecentado desde la presidencia republicana de George. W. Bush, y ahondado después de la crisis económica y financiera mundial de 2008.

 

Polarización producto del desempleo, la marginalidad y desigualdad social, así como la pérdida de oportunidades, sobre todo para la clase media, que ha generado desilusión y desconfianza de la sociedad estadounidense en el sistema político y en la administración Obama (que ha gobernado a favor del %), situación que ha conducido a multiplicar la inconformidad social expresada, por un lado, votando por Bernie Sanders (socialdemócrata) y Hillary Clinton, y por otro lado a los Republicanos del Tea Party con candidatos a la derecha fascista como Cruz, Carson, Fiorina, Rubio y Trump. Inconformidad que también ha propiciado el surgimiento y pervivencia de candidatos como Trump, “esperanza” de recuperación para amplios sectores populares y de clase media, así como para los sectores que pudieran identificarse con la raíz de la sociedad gringa.
Rechazo e insatisfacción social que también puede estar mostrando el giro hacia la facistizacion de las instituciones y sociedad estadounidense, en creciente desde Reagan, Bush I, Clinton (hasta cierto punto), y Bush II, así como Obama (hasta cierto punto), en contraste con los sectores que por múltiples razones votaron por Sanders en las primarias, y que hoy se debaten entre votar por Hillary –para trancar a Trump– o abstenerse, pues su programa para resolver la agenda interna no es, en definitiva, el que lidera la candidata demócrata.

 

La iniciativa y liderazgo de Sanders, al defender e impulsar que el pueblo de los EU tiene derecho a una vida mejor, traducido en un programa de demandas concretas que contiene, entre otros aspectos, reivindicaciones como derecho al cuidado médico universal, salario mínimo de 15 dólares hora, defensa del bien público, matrículas gratis para la universidad pública, escuelas públicas, oficina de correos público, quedan pendientes de concreción pues ninguna de ellas será liderada por Clinton.

 

“Hagamos a América grande otra vez”

 

Recuperar el esplendor de los Estados Unidos, la promesa de Donald Trump como candidato presidencial, dando a entender que el país perdió su pujanza porque los inmigrantes latinos, negros y musulmanes lo están destruyendo, ha pesar de no reposar en realidad alguna, es bien recibido por los sectores más tradicionales de este país-potencia. De ahí que se atreva a prometer un muro impenetrable entre México y los EU, por donde ni el sol penetre, deportando a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven allí, prometiendo revisar la Constitución para que los que llama “bebes ancla” –los “nacidos sin papeles, es decir, los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos allí– no sean considerados ciudadanos gringos, lo que afectaría entre 4-5 millones de niños.
Propuesta que en parte ya es realidad, pues durante la administración Obama han deportado a más de dos millones de inmigrantes, incluyendo a mujeres y niños, 400.000 por año según lo programado, y según un artículo del New York Time de 01/09/15; lo que no es casual: el presupuesto para la patrulla fronteriza fue incrementado en 4.000 millones de dólares año, su personal fue duplicado desde el 2004 hasta los 21.000 efectivos actuales, y han levantado más de 650 millas de muro con sensores y bajo vigilancia de aviones no tripulados. Entonces, estamos ante una política de las clases dominantes, pero hoy liderada por el sector más derechista de los republicanos.

 

Propuestas que también llaman la atención porque, a pesar de ser levantadas por Donald Trump, no son precisamente conservadoras, pues desde las toldas del Partido Republicano cuestionan las posiciones del candidato oficial. Es necesario recordar que un conservador en los EU se opone al poder centralizado y apoya la libre empresa, posición que manifiesta oponiéndose a las políticas demócratas de regulaciones económicas e incremento de los impuestos. Con sus propuestas sobre la salud, y las regulaciones a cierto tipo de capitalismo, Trump viola estos principios; además, para un republicano es repulsivo que exista un líder que represente el poder autoritario centralizado, que es como sectores conservadores ven a Trump con sus aires de grandeza.

 

Las propuestas de Trump, sin embargo, suenan bien en cierto ambiente de “izquierda”. Entre lo prometido está: renegociar el Nafta, acabar con el Tratado Transpacífico-TPP, exigirle a la Otan pago por las inversiones de los EU, o acabarla si no es capaz de controlar el Medio y Próximo Oriente, exigirle a Japón que devuelva parte de la ayuda de EU., bloquear a China, dejar de apoyar la deslocalización industrial, priorizando la industria doméstica para generar empleos, inexistentes por culpa de los poderosos de Wall Street.

 

Propuestas que, aunque parecen progresistas, resumen todo un programa imperialista orientado hacia adentro, para poder fortalecerse y desde allí enfrentar al mundo.

 

La candidata del Wall Street

 

Hillary, la candidata del Wall Street, de los poderosos del capital financiero, no tiene las intenciones de Trump pues sabe muy bien que hoy la economía mundial está en el sureste de Asia, sobre todo en China, de ahí que su estrategia tenga que ver con el control de Asia, para lo cual necesita el TPP. Sabe que para los sectores dominantes el Nafta es clave, que América Latina es necesaria. Sabe que la recuperación transitoria de la economía de los EU le da la posibilidad de manejar la inversión pública, pero centrada en el capital financiero especulativo. Y también sabe que su posición servirá para contener el avance del fascismo.

 

El control de armas

 

Este es un tema de mucha repercusión en el país del Norte, pues no solo toca con ámbitos constitucionales sino también y, por ello mismo, con derechos civiles y poderosos intereses económicos y militares. Donald Trump apoya y es apoyado por la Asociación Nacional del Rifle, opuesta al control de armas; cuando el candidato republicano dice que deben controlarse las armas, no se refiere a esas armas sino a las que por cualquier razón están en manos de inmigrantes o de afro-americanos.

 

Realidad compleja. El movimiento de milicias de derecha es tal vez el más grave problema de seguridad que hoy tienen los EEUU. Movimiento integrado por fundamentalistas cristianos opuestos al control de armas y al poder centralizado; hombres y mujeres de entre 20 y 40 años, blancos, cristianos y enemigos de todo lo que no sea “americano”. Se dice que desde que comenzaron a operar, a mediados de la década de los noventa del siglo pasado, han crecido hanta conformar 602 “grupos de odio” activos, dentro de los cuales están las 221 milicias armadas, con más de 70.000 integrantes.

 

Estos grupos, a su vez, tienen dentro de sus metas atacar o bloquear objetivos como las clínicas para interrumpir embarazos, las organizaciones feministas, las organizaciones de defensa de derechos humanos, de defensa de los inmigrantes, de diversidad sexual, de diversidad cultural; actúan en pro de la defensa de la supremacía blanca y contra los inmigrantes, atacan al gobierno central y a lo que llaman “judeo-bolchevismo”. Estos grupos tienen apoyo del sector “duro” del Partido Republicano, como las arengas anti mujeres de Fiorina, las campañas anti musulmanas de Carson, o las anti latinas de Cruz, etcétera.

 

Así que la candidata demócrata, que dice regulará el control de armas, la tiene bien dura, podrá hasta cierto punto frenar los atentados terroristas de los últimos tiempos, pero no podrá acabar con ellos; cuando Trump le dice a la Asociación del Rifle que dispare contra Hillary, no es un chiste de humor negro, no, en el actual contexto de los EU no lo es. Entonces, la tendencia a la fascistizacion de la sociedad estadounidense no parece pura especulación de “izquierdistas trasnochados”.

 

La población blanca se reduce

 

Otra de las inquietudes de los dos candidatos presidenciales, expresada de distintas maneras, se refiere a las condiciones de la población apta para votar.

 

La población total de los Estados Unidos está estimada en 324 millones, pero resulta que la población blanca no latina, apta para votar, es de 156 millones, mientras que las minorías suman 70 millones, o sea un total de 226 millones aptos para votar. La blanca no latina tiende a disminuir, mientras la asiática, latina y afroamericana, asciende.

 

Los electores blancos no latinos, que en 1972 registraron el 89 por ciento, para el año 2012 alcanzaban al 72 por ciento, mientras crecen la población latina en un 17 por ciento, la asiática en un 16, la afroamericana en un 6 por ciento, y la población blanca no latina en un 2 por ciento. Esto se debe a que la población blanca no latina está compuesta básicamente por gente de edad, mientras que la latina es bastante joven. Esta es una de las razones para que Donald Trump, y los fascistas o supremacistas, pero también el gobierno de Obama y los demócratas, consideren muy peligrosa la llegada de inmigrantes, y razón de los debates sobre este tema que incluiría la condición de 11 millones de ellos, indocumentados. En los Estados Unidos viven 53 millones de latinos, 32 millones de ellos mejicanos.

 

En fin, para las elecciones de noviembre el pueblo de los Estados Unidos se debate entre una candidata demócrata de los poderosos del Wall Street y de Silicón Valley, y un candidato republicano expresión de la derecha fascista. A la par de ello, o en el subfondo, como topos, vastos sectores que desconfían de estas opciones, prosiguen su labor en pro de mejores tiempos.

Publicado enEdición Nº229
“El modelo de Correa es de hecho posneoliberal, pero aún no poscapitalista”

Noticias Aliadas

 

Nacido en Bélgica, François Houtart —sacerdote católico, destacado promotor de la Teología de la Liberación, sociólogo, profesor— conoce el Ecuador desde los años 70, pero reside en Quito desde el 2010. Actualmente, es profesor en el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), institución universitaria pública de especialización de postgrado.

 

Paolo Moiola, colaborador de Noticias Aliadas, conversó en Quito con esta reconocida figura del movimiento altermundista. A continuación presentamos un extracto de este diálogo en el que Houtart analiza aquello que él define como la “crisis multidimensional” (económica, ambiental, de valores) del mundo moderno y hace un balance del gobierno del presidente Rafael Correa (quien fue su alumno en la Universidad de Lovaina) con quien dice tener una correspondencia bastante frecuente, “incluso si no estamos de acuerdo en varios aspectos”.

 

La Constitución del Ecuador, aprobada en el 2008 durante el primer mandato del presidente Rafael Correa, es realmente innovadora.

 

Tal vez contenga demasiados artículos, pero es realmente vanguardista. En ella, se han introducido los conceptos de país plurinacional y pluricultural. Y luego, única en el mundo, los derechos de la naturaleza. Ciertamente, una cosa es escribir una Constitución, y otra cosa es aplicarla. Es, en este sentido, también aquí en Ecuador, donde hay un abismo entre el texto y lo que sucede en la realidad. Como me comentaba con ironía un amigo boliviano: “En Bolivia tenemos una Constitución magnífica, pero todas las leyes son anticonstitucionales”. Esto es obviamente una exageración, pero el problema existe.

 

En el mundo es evidente tanto el fracaso destructivo del sistema económico neoliberal, como el rápido agravamiento de la cuestión ambiental. Esta crisis no se cura con más neoliberalismo.

 

Actualmente se vive en el mundo una crisis multidimensional, una crisis que es a la vez financiera, económica, alimentaria, energética, climática, una crisis de sistema, valores y civilización. Y sin embargo en Asia el neoliberalismo aparece como una oportunidad de desarrollo. Asimismo en África, en Medio Oriente y en la propia Europa, donde las medidas contra la crisis son, simplemente, más neoliberalismo.

 

No digo que se deba llegar súbitamente a un nuevo paradigma, a aquello que yo llamo “el bien común de la humanidad”. Sería utópico e ilusorio. Pero sí se podrían dar pasos en esta dirección. Hasta ahora, sin embargo, sólo ha habido adaptaciones del sistema a las nuevas demandas sociales y culturales.

 

Hasta hace poco tiempo América Latina parecía el lugar de la experimentación y de la alternativa. Entonces todo comenzó a derrumbarse. De Venezuela a la Argentina, pasando por las derrotas (aunque diversas) de Dilma Roussef en Brasil y de Evo Morales en Bolivia.

 

Pero América Latina era el único lugar donde se intentó realizar un cambio, como sucedió en Ecuador. Aquí se ha hecho algo notable: reconstruir el Estado y los ciudadanos; dar más importancia a los servicios públicos como la salud y la educación. El modelo de Correa es de hecho un modelo postneoliberal, pero aún no postcapitalista, como él mismo reconoce.

 

El problema es que la mayoría de los líderes políticos están todavía en la antigua visión del desarrollo intenso que se entiende como la explotación de la naturaleza y dentro de una modernidad vista como el rechazo de las diferentes tradiciones y culturas. No han entrado en esta nueva perspectiva donde la naturaleza y la cultura son elementos fundamentales del desarrollo humano. Necesitamos formar nuevos líderes, pero sin demasiada demora porque esta situación puede convertirse en un desastre.

 

Naturaleza como recurso por explotar versus naturaleza como fundamento de desarrollo. La Constitución del Ecuador ha hecho una elección clara dedicando cuatro artículos a los “derechos de la naturaleza”.

 

La primera dificultad está en definir lo que significa derecho de la naturaleza. Sólo en la cosmovisión indígena la naturaleza es un ser vivo que percibe sensaciones. Los árboles, los ríos, los animales son nuestros hermanos y hermanas. Esta visión es magnífica, pero no se adapta a la mentalidad de la mayoría de la gente de hoy en día. En la Conferencia Mundial por los Derechos de la Madre Tierra, en Cochabamba, Bolivia, en el 2010, hubo más de 30,000 indígenas hablando de cosmovisión, cambio climático y derechos de la Madre Tierra, de la Pachamama. Se intentó adoptar un texto, pero hubo una fuerte oposición, por ejemplo, de Vía Campesina.

 

¿Cuál es el problema? La integración de los derechos de la naturaleza en una perspectiva jurídica, porque la naturaleza, como resulta evidente, no puede defender sus prerrogativas. Son solamente los seres humanos quienes pueden reconocerlos y por tanto defenderlos. O, por el contrario, violarlos o destruirlos. Por lo tanto, el derecho de la naturaleza es —como se ha dicho— un “derecho vicario” del cual no se puede hablar sin la intermediación del hombre. Y esto nos lleva a la toma de conciencia de la responsabilidad humana ante la naturaleza.

 

Estoy trabajando en el sector agrario y veo una agricultura campesina e indígena completamente abandonada. Estoy visitando la Amazonia en varios países y me quedo impresionado por su destrucción sistemática y por las consecuencias [medioambientales y sociales] que eso conlleva. Del tema ambiental habla también la encíclica del papa Francisco, pero no sé cuántos la han leído realmente.

 

La Constitución del Ecuador dedica un espacio importante a los pueblos indígenas. ¿Cómo es su situación?

 

Hubo un renacimiento de la identidad indígena. Su cultura salió de la clandestinidad. Por ejemplo, hoy los chamanes son reconocidos. Yo he participado con ellos en ceremonias públicas, vestido de sacerdote católico. Su participación en las últimas elecciones ha sido masiva. Esto muestra claramente los méritos de Monseñor Leonidas Proaño [teólogo de la liberación ecuatoriano conocido como el Obispo de los Indígenas que falleció en 1988].

 

En esta sociedad los indígenas tienen un peso importante aunque en los últimos 30 años ha habido un cambio estructural importante con el crecimiento de la clase media, especialmente con Correa, que ha podido beneficiarse de muchos ingresos.

 

Hubo una creciente urbanización y al mismo tiempo un abandono del campo y en especial de la agricultura campesina. Una gran parte de la población indígena vive en áreas urbanas. Y ahí los jóvenes se interesan ciertamente más por sus celulares que por sus orígenes indígenas. Es un proceso de cambio cultural. Las organizaciones han perdido por lo tanto una parte de su base social y de su fuerza política.

 

El presidente Correa y su gobierno impulsan lo que han llamado Revolución Ciudadana que considera a los indígenas ciudadanos como los demás.

 

Lo que no es un proyecto socialista. Rafael Correa y Alianza País [coalición de sectores de izquierda y de derecha] hablan de un capitalismo moderno. Quieren tener a todos los ciudadanos con los mismo derechos y deberes al interior de una sociedad modernizada.

 

Sí [considera ciudadanos a los indígenas], pero ciudadanos “atrasados”, como afirma el presidente, que se deben modernizar, y que no se reconocen como pueblos. Pero está la Constitución que, en su artículo 1, habla de plurinacionalidad. Está la definición y el reconocimiento de los territorios indígenas. Los indígenas más conscientes —los agrupados en la CONAIE [Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador]— sufren mucho por esta agresión cultural y política. Por eso, después de haber apoyado a Correa, poco a poco han tomado distancia.

 

Las últimas leyes —aquellas del agua [junio 2014] y de la tierra [enero 2016], por ejemplo— excluyen a los grupos indígenas, a pesar de un vocabulario que parece favorable a ellos. Promueve una agricultura para la exportación, de monocultivos, haciendo desaparecer los pequeños productores y campesinos indígenas. De esta manera, la fractura con el gobierno se fue ampliando cada vez más. El peligro es que, por causa del conflicto con Correa, una parte del movimiento indígena pueda cerrar un acuerdo con la derecha, una derecha que nunca los defenderá, pero que quiere tan solo utilizarlos.

 

El lenguaje utilizado por Correa hacia los indígenas es a menudo vulgar. Y es una verdadera lástima porque Rafael Correa es el único líder político [en Ecuador] que habla kichwa.

 

De la bellísima (pero a menudo no aplicada) Constitución a la bellísima promesa de Correa (en marzo del 2007) de no tocar el Parque Nacional Yasuní, verdadero tesoro mundial de la biodiversidad, pero también importante reserva petrolífera. Al parecer, estamos frente a una promesa rota.

 

El Ecuador decidió hacer una propuesta a la comunidad internacional de no tocar aquel petróleo si esta ayudaba pagando, por un cierto número de años, la mitad de aquello que el país habría podido ganar con los beneficios de aquellos yacimientos. Hubo comentarios positivos, sobre todo de parte de Alemania. Luego, todo decayó con la llegada al poder de [Angela] Merkel. En ese momento, el presidente Correa dijo que la comunidad internacional no había respondido a la propuesta del Ecuador y que, por lo tanto, comenzaría a explotar el petróleo.

 

En realidad, este plan B ya existía porque había intereses económicos locales que promovían la explotación de esos yacimientos. El gobierno dijo que iría a explotar solamente un poco más del 1% del parque, utilizando tecnología de punta. De acuerdos a mis informaciones, parece que la destrucción local es bastante mayor que la que el gobierno afirma.

 

En el parque y en las inmediaciones viven por lo menos tres diferentes grupos indígenas: los Shuar, los Kichwa y sobre todo los Huaorani. Contra la decisión de iniciar la explotación petrolífera del Yasuní, se han producido protestas indígenas, pero no con una voz al unísono.

 

El gobierno ha obtenido el apoyo de la mayor parte de los sindicatos del territorio —unos 40, muchos de los cuales son indígenas—, prometiéndoles que una parte sustancial de las ganancias irían a la municipalidad.

 

Hubo una reacción muy fuerte de la juventud, especialmente urbana. Se creó el movimiento ‘Yasunidos’. Ha tenido un éxito extraordinario, logrando reunir más de 700,000 firmas contra la explotación petrolera. Sin embargo, la auditoría gubernamental redujo las firmas válidas a menos de 300,000. [De esa manera, el gobierno logró impedir la consulta popular].

 

Finalmente, ¿qué opinión le merece Correa?

 

Felizmente ha renunciado a la reelección. Tal vez por razones más familiares que políticas. Sin embargo, ya que es joven, podría darse cuatro años de reposo y después representarse nuevamente. No tengo ninguna objeción a eso, pero espero que aproveche de este período para leer, conocer gente, para viajar por el mundo y sobre todo para transformar su visión adaptándola a la realidad del mundo actual. Es un hombre sincero. A veces demasiado sincero. Y a veces también un poco prepotente, porque no acepta consejos. Pero es un hombre de valores y un gran trabajador.

 

 

 

Publicado enPolítica
Ser un ciudadano colombiano en un estado de guerra
Colombia se encuentra sumida hoy por hoy bajo un estado coyuntural, en el cual se debate de fondo un conjunto de factores y circunstancias
que determinarán su nuevo rumbo.

 

 “Mi nombre es Eduardo Abril Galán [*], nací el 16 de noviembre de 1944 en la Ceja, Antioquia. Me crie en el campo; desde muy pequeño, recuerdo que trabajaba en la finca de mi papá; yo no estudié porque en ese tiempo no había quien me diera un cuaderno y además mi papá insistía en que para el trabajo de campo los libros no son necesarios; me acuerdo que cuando mi papá salía al pueblo aprovechaba para jugar con mis hermanitos.

 

Siempre nos levantaban a las cuatro de la mañana porque teníamos que ir a revisar el ganado, a ordeñar las vaquitas y a mirar que los cultivos estuvieran bien. Cuando llegaba la hora del almuerzo, teníamos que rezar el rosario todos juntos y evitar la risa porque sino mi mamá o mi papá nos cascaba, eso de irrespetar a Diosito era muy delicado en la casa. Después, con ese sol que golpeaba fuerte la nuca y la cara, tocaba ir arriar el ganado otra vez; yo me acuerdo mucho cuando llegaban los diciembres que me gustaba mucho ir a la casa de una tía que tenía en la ciudad de Medellín, pero, como éramos muy pobres, mandaban uno cada año porque éramos ocho hijos (ja, ja, ja). Mis papás no perdían el tiempo, ¿cierto?

 

Cuando cumplí quince años no me aguanté más las pelas de mi papá, entonces me fui de la casa y me dieron trabajo en Santa Rosa de Osos, por allá todo era muy duro, no es como ahora que todo es plata, pero la pasé bueno por esa tierra; yo era muy buen mozo, tenía novias y me vagabundeé mucho, tomaba aguardiente, como me pagaban bien, invitaba a las mujeres a salir; luego el patrón me llevó para Urabá, por allá me quedé trabajando administrando unas bananeras, pero eso era selva y no tenía las carreteras; mijo, usted no sabe todo lo que viví allá.

 

Lo que siguió después fue la tragedia; como queriendo no dar tregua, la guerrilla se tomó muchas zonas, luego, en los noventa, se agudizó la violencia y a uno lo mataban hasta por decir “hola”. A mi mujer la mataron malarios, yo no sé si guerrilla o paras, la cosa es que está ya muerta, eso fue muy duro; tuvimos un solo niñito y, cuando recién cumplía seis años, se me murió de paludismo. Quedé destrozado y aburrido, algo cansado y piedro con el destino. Después de unos años más de trajinar en Antioquia, decidí que lo mejor era mirar nuevas tierras y me vine a los santanderes, me gustó mucho el municipio de Piedecuesta y de ahí me instale definitivamente, hacia el año 1996, en el municipio de Los Santos. En esta tierrita encontré la paz y la tranquilidad, no me quise volver a casar y le bajé un poco al trago; en parte me vine escapando de la violencia, decir que uno es colombiano y no sentirse ciudadano es muy verraco”.



 

 Como Eduardo Galán, miles de colombianos más, o tal vez cientos de miles, migran cada día, todos los días, durante cada año, hace ya más de cuarenta años, a través de todo el territorio nacional; es un éxodo que pareciera nunca acabar y que, al final, solo es atestiguado por los senderos, por las trochas y la vías improvisadas de arena, donde estos olvidados, donde estos individuos dejan de ser ciudadanos y se transforman en marginados. Vivir en Colombia no es fácil, más aún cuando es el campo el que, en ocasiones, impide el reconocimiento político y social y la falta de visibilidad de las necesidades de sus pobladores, esto es, de los campesinos.

 

El investigador Hugo Quiroga, quien es el director del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario y profesor de Teoría Política en la Facultad de Ciencia Política de la misma universidad, desarrolló un texto titulado "El ciudadano y la pregunta por el estado democrático". Dicho texto puede ser un referente imprescindible para entender por qué en Colombia persiste una asimetría que no es solo política, social, económica o cultural, sino que apunta, ante todo, hacia la comprensión de las fronteras invisibles, donde solo unos pocos adquieren el atributo de ciudadanos.

 

Hablar de ciudadanía y hacerlo en un espacio que sea sostenible respecto a un estado democrático, como se conceptúa en el caso de Colombia, donde se reitera bajo la constitución que somos un estado social de derecho; implica desarrollar una visión que medie entre las tensiones que se derivan de la democracia para un estado social de derecho y aquello que se denomina ciudadanía incompleta.

 

Resulta entonces imperativo encontrar una postura, o mejor aún, hallar un término medio que concilie las preguntas en torno a si existe o es viable y legítimamente deseable hablar de una democracia real, cuando a través del estado de hechos en Colombia se manifiesta solo una suerte de democracia ideal, que tiene un fuerte respaldo teórico, mas no una considerable articulación práctica; es decir, se habla de democracia continuamente, se alude a formas de organización democrática en algunos estados latinoamericanos, siendo Colombia un referente y un claro ejemplo de ello y, sin embargo, sigue operando la asimetría socio–económica, que es tan solo una de las formas en que se expresa la desigualdad. La guerra aún persiste.

 

Sumado al anterior problema, esto es, el de la democracia fallida o fracturada, dirá Vargas Llosa, es posible observar que, de forma interrelacionada, emerge la pregunta por la existencia de la igualdad ciudadana, es decir, se plantea la cuestión de si, en efecto, dentro de un estado llamado democrático, como en el caso colombiano, realmente son los ciudadanos iguales entre sí. De ahí que se evidencie entonces por qué con justa razón la noción de democracia, y junto a ésta de ciudadanía, contienen en sí mismas cierto grado de tensión, en tanto que aquello que está en juego en última instancia es el papel y la función que cumple un ciudadano dentro de un estado democrático sitiado por la guerra y, por vía inversa, cuál es el fundamento y el rol de la llamada democracia al interior de un estado y del colectivo de ciudadanos que le configuran.

 

En este orden de ideas, se reconoce fundamentalmente el carácter problemático del asunto en torno a la democracia y al concepto de ciudadanía en un contexto como lo es el colombiano, debido, en parte, a la complejidad misma que se deriva de este tema y a la cantidad de factores que intervienen en el proceso mismo de construcción de la ciudadanía y la democracia como un efecto del estado organizado e institucionalizado bajo preceptos de igualdad y equidad. Para ello es entonces necesario reconocer que existen cuatro nociones básicas que se hallan, de manera inextricable, relacionadas y que son explicadas de forma interdependiente. Dichos conceptos, o mejor aún categorías, son: igualdad, derecho, ciudadanía y democracia.

 

Pues bien, uno de los aspectos problemáticos de la democracia (en Colombia al menos) es justamente su carácter polisémico, lo que le da gran variedad de matices interpretativos según sea también el contexto, sin embargo, a juicio del autor Quiroga, es necesario puntualizar aquella noción que apunte a empatar la resignificación de la democracia bajo el precepto de libertad e igualdad con el de ciudadanía o ciudadano como instrumento de integración en el colectivo.

 

Para dirimir el asunto de la democracia y el ciudadano inserto en un estado democrático, es necesario considerar que las sociedades actuales, en especial en Latinoamérica y como caso puntual Colombia, exhiben a ciudadanos denominados nominales o incompletos, es decir, aquellos ciudadanos que no pueden ejercer plenamente los atributos correspondientes a la condición y categoría de ciudadano, y la existencia de esos ciudadanos incompletos se debe a las condiciones imperantes que son en sí mismas deficientes a nivel económico, cultural y social, esto es lo que agudiza la pregunta por el estado democrático, pero, a su vez, es el punto de inflexión a partir del cual es posible una reinterpretación del ciudadano y la democracia como proceso participativo y de acceso deliberativo en un Estado como el nuestro.

 

Así pues, al considerar lo que implica ser un ciudadano colombiano en un estado de guerra, surge una interpelación no solo en un sentido socio–económico o simplemente político, sino también filosófico respecto a la democracia como un proceso dinámico y rico en posibilidades, donde la configuración de una forma de organización social debe ir más allá del mero ejercicio político y apuntar hacia un proceso de transformación del colectivo, donde se reivindique el papel activo del ciudadano y la trasformación del mismo a través de la reinterpretación y revaloración de sus derechos humanos, de sus derechos fundamentales, en tanto que individuo y ciudadano. Así pues, las categorías de campesino, indígena o marginado deben ser reformuladas para poder romper esas barreras invisibles que permanecen en el imaginario de los colectivos colombianos, donde les cuesta aceptar que aún impera el clasismo y el arribismo en muchos sectores de nuestra sociedad.

 

Ahora bien, sumado a lo anterior, se debe reconocer que la sociedad colombiana se encuentra sumida hoy por hoy bajo un estado coyuntural, en el cual, al margen de polarizaciones por parte su población y la comunidad internacional en torno al posconflicto como proceso y realidad alcanzable, se debate de fondo un conjunto de factores y circunstancias que determinarán el nuevo rumbo de la sociedad nacional en su conjunto. A efectos prácticos y sin pretender incurrir en reducciones simplistas respecto al tema político, social y cultural, resulta totalmente procedente hablar de transición política en el país, y más aún, de un proceso de transformación sustancial respecto del Estado colombiano, el cual, pese a ser conceptualizado como un estado social de derecho, aún no logra sus objetivos trazados de equidad, inclusión social y estabilidad nacional, debido, en parte, claro está, al conflicto armado.

 

De ahí que sea más que imperativo llevar a cabo interpelaciones en torno a una cuestión tan sensible, como lo es la pregunta respecto a cómo es que en un contexto de posible transición política del conflicto armado en Colombia (tal cual es el caso del tiempo presente), y atendiendo al derecho a los procesos de verdad, ¿qué papel debe tener la sociedad en el proceso de reparación y transición política y social?

 

Lo que se trata de exponer aquí es, aunque sea someramente, cuál es el papel de la población civil colombiana en el proceso de reparación de victimas a la luz de la transición política del conflicto armado. Dicha formulación precisa de aportes y análisis, por lo demás bastante específicos, en torno a lo que como rol y función está llamada a desempeñar la sociedad colombiana respecto al proceso de reparación de las víctimas derivadas del conflicto armado. Colombia aún se halla sumida bajo la figura de un estado en guerra y, como si esa situación fuere insuficiente, aún miles de colombianos son invisibles, miles son los olvidados, los que no son reconocidos como ciudadanos.

 

En efecto, se habla de violencia y perspectiva del Estado respecto al conflicto armado en Colombia. Como quiera que sea, se trata de dos puntos angulares que se hallan interrelacionados para poder entender cuál es el sentido y alcance que el conflicto adquiere. A su vez, tanto la violencia y sus diversas y reprochables formas de expresión y manifestación, confluyen precisamente en el marco de la sociedad. Es decir, es en el ámbito de la sociedad donde se desarrolla y desenvuelve el drama de la violencia general o sistematizada y, a su vez, es donde el Estado centra su atención para desarrollar apreciaciones y juicios de orden estratégico en torno a cómo desarrollar la lucha contra los grupos armados, al tiempo que emergen bandas delincuenciales en zonas urbanas. Y, sin embargo, resulta paradójico a la luz del tema aquí planteado, que tal y como el autor Nicolás Espinosa advierte en su texto Política de vida y muerte. Etnografía de la violencia diaria en la Sierra de la Macarena:

 

“La perspectiva que tiene el Estado colombiano sobre el conflicto no distingue entre campesinos, guerrilleros y narcotraficantes. La retórica oficial es fuerte y la respuesta militar lo es de manera proporcional, afectando de forma directa a los campesinos. La vinculación de la lucha antidrogas en la lucha antisubversiva ha implicado para los campesinos, según testimonios que he reunido, detenciones masivas, cuando no, arbitrarias, allanamientos sin orden judicial ni acompañamiento, bombardeos, bandas criminales, constantes señalamientos y atropellos. Las acciones oficiales se traducen en el descrédito de la institucionalidad y, en términos de la violencia de todos los días, implican nuevos marcos reguladores de las relaciones sociales”. (Espinosa, 2010; pág. 71).

 

Con acierto se puede colegir de las observaciones expuestas por Nicolás Espinosa que, en relación con el papel de la población civil colombiana en el proceso de reparación de victimas a la luz de la transición política del conflicto armado, resulta imperativo, y por lo demás deseable, tratar de comprender que el Estado debe ser incluyente dentro de su marco interpretativo para poder lograr, de forma eficiente, el tránsito político requerido para abordar y comprender en términos más dúctiles el conflicto armado.

 

Es decir, no será a través de la lucha frontal, pero tampoco del desistimiento tácito, como se logrará un nuevo marco regulatorio, sino que será la población civil de Colombia, a través de un ejercicio de inclusión donde se reconozca además la ciudadanía de todos por igual, ya sea que se trate de actores directos e indirectos, para poder cohesionar las relaciones entre el Estado y la sociedad, lo cual, a su vez, permitirá otorgar una nueva vos, donde sea la comunidad, la población (y en especial aquellos que han sido olvidados o marginados) misma, la que formule, postule y proponga un nuevo marco programático para abordar el conflicto armado a través de la generación de espacios críticos y condiciones de posibilidad, para que el Estado reconsidere su tradicional y sesgada postura de amigo y enemigo, y evite así incurrir en señalamientos que pudiesen resultar lesivos para la población civil.

 

Finalmente, se puede argüir que a la pregunta ¿cómo superar las contradicciones de los ciudadanos incompletos?, al interior de un estado democrático, como el Colombiano, se debe apuntar, señalando tal cual lo refiere el autor Hugo Quiroga, hacia aquello que se denomina “el espacio público civil”, pues es al final, en este ámbito, donde tiene lugar la esfera de afirmación democrática, no solo en el sentido primero del término y en su aspecto teórico, sino, más aún, a un nivel elemental que se funde con la praxis, donde el ejercicio de la ciudadanía ha de volverse una realidad del todo constatable. Solo en este punto habrán de surgir las prácticas solidarias y los espacios plurales de deliberación y control.

 

De otra parte, cabe añadir entonces que solo hasta el momento en que la sociedad colombiana se concientice en torno al carácter fundamental de los tres pilares de trabajo necesarios para lograr la transición política, los cuales son justicia, verdad y reparación; será posible reconocer y dar el sentido y valor que amerita el proceso mismo desde lo social, junto a un claro marco jurídico, al tema de reparación víctimas, pero para ello igualmente resultará necesario la articulación y el establecimiento de un diálogo más directo y sin ambages entre el Estado y la población civil.

 


 [*] Nombre cambiado a solicitud del entrevistado.

Referencia:

 

"Política de vida y muerte. Etnografía de la violencia diaria en la Sierra de la Macarena". Nicolás Espinosa Menéndez. Instituto de Antropología e Historia. Bogotá (2010).


La violencia en Colombia. Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña Luna. Tomo I. Punto de lectura.
Ahí les dejo esos fierros. Alfredo Molano. El Ancora Editores (2009).


"El ciudadano y la pregunta por el estado democrático". Hugo Quiroga. Versión PDF.

 

 

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Hablar de Etb es hablar de la historia de Bogotá, de Colombia y el continente americano

Hablar de ETB es hablar de la historia de Bogotá, de Colombia y el continente americano. ETB nace a las 3 de la tarde del 28 de Agosto de 1884 bajo el gobierno del cartagenero Rafaél Nuñez, su nombre fue el de Compañía Colombiana de Teléfonos. Ubicada en la Calle de la Concepción (Calle 13 con Carrera 7ª ) de la ciudad de Bogotá, inicia labores con tres empleados, dos conmutadores y 200 líneas telefónicas inicialmente de uso estatal.

 

ETB nace 8 años después de la patente del teléfono, ETB fue fundada por un cubano y su antigüedad adquiere un valor histórico cuando entendemos que fue una de las primeras empresas de teléfonos del continente americano, ETB nació nueve años antes que la transnacional de telefonía norteamericana AT&T fundada en 1893, también es más antigua que las históricas TELCO Argentina, Chile y Brasil fundadas para finales del siglo XIX, igualmente es más antigua que la histórica TELECOM Colombia fundada el 23 de Mayo de 1947 y lastimozamente privatizada en la década del 90.

 

ETB nació, se expandió y un incendio la devoró en 1900, pero solo bastaron seis años para renacer bajo el nombre de The Bogotá Telephone Company (1906), con nueva sede ubicada en la plaza de Las Nieves, la sede actual en la que se levantó el emblemático edificio que hoy nos da sombra a todos los caminantes del septimazo de Bogotá.

 

ETB fue vendida en 1912 a la empresa norteamericana General Electric en cuya posesión duró aproximadamente 28 años; años de duras huelgas sindicales en donde un estudiante de derecho llamado Jorge Eliécer Gaitán representó a los telefonistas para ese entonces ya sindicalizados. Para 1940 ETB es comprada por el entonces municipio de Bogotá, bajo la presidencia de Eduardo Santos, abuelo del actual presidente Juan Manuel Santos. Para ese entonces con poco más de 8 mil líneas telefónicas la hoy conocida Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB vive los estertores de la innovación tecnológica de la época, pasa de operadoras manuales a automatización en tan solo 5 años, extiende cableado y saca el teléfono de las casas para volverlo bien público con los teléfonos de monedero de calle. Para ese entonces - 1960 - solo los ciudadanos de 4 ciudades capitales de américa latina poseían esos beneficios de comunicación: Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago de Chile y Bogotá, ETB fue la segunda en avanzar en accesibilidad de comunicaciones, la primera fue Brasil. Para la década del 70, ETB contaba ya con 400 mil usuarios, para finales de la misma ya eran más de 600 mil.

 

La historia de las telecomunicaciones de Colombia se debe gracias a los técnicos y técnicas que han hecho vida en ETB. Encargados de las telecomunicaciones, luego responsables de la semaforización de Bogotá, 40 años después son los responsables de la primera datacenter pública tier3 de Colombia, la segunda antena de televisión digital más tecnologizada del continente, y el tendido de cable FTTH (Fibra Óptica) que hoy cubre el 80% del territorio de la tercera ciudad más grande de América Latina, igualmente de ser los encargados del sistema de telefonía pública 4G de la ciudad, entre otros.

 

A lo largo de sus 132 años de vida, ha ETB no le han faltado los enemigos. Han sido 13 los intentos de privatización,13 intentos de privatización que se han traducido en 13 victorias de lo público, por supuesto. Sin duda ETB podría ser uno de los paradigmas de la lucha social ciudadana por la tenencia de lo público, efectivamente lo es.

 

Hoy ETB avecina un nuevo intento de privatización, ahora bajo la Alcaldía de Enrique Peñalosa y la presidencia de la compañía en nombre de Jorge Castellanos, el primero se lanza al segundo round de privatización (1998 - 2016), el segundo ya posee títulos: fue el privatizador del banco público Bancafé.

 

ETB atraviesa la historia de Bogotá, de Colombia y de América Latina. ETB nació en los albores de la segunda revolución tecnológica del siglo XIX y en dicho contexto la intentaron arrebatar a la ciudadanía, varias veces. Hoy, en el siglo XXI ETB salta de la telefonía estática a internet, a las centrales de datos, a la televisión interactiva, al 4G y nuevamente asoman sus enemigos históricos, los de ayer, los de hoy.

 

Se avecinan grandes luchas en Bogotá, ya son más de 4 generaciones las que han protegido a la ETB para garantizarle a las generaciones venideras sus frutos, hoy nos toca a nosotros defenderla, nos debemos al pasado y queremos que el futuro nos vea con ojos de agradecimiento. Los ciudadanos del ayer gozaron de sus beneficios, de sus innovaciones y nos tendieron el camino que hoy gozamos: internet. ETB es Internet y tecnología de última generación, ETB es el epicentro escudo que protegerá a los ciudadanos de hoy y de mañana de las guerras de cuarta generación en Bogotá, ETB es la infraestructura desde la cual podemos garantizar un nuevo escenario de resistencia en territorio público, ETB es más que teléfonos, es el epicentro de una generación histórica de luchas por la tenencia pública de las telecomunicaciones, un bien estratégico para todo país y ciudad que piensa en su futuro.

 

 

Stitio web de la Fundación Casa del Bosque: http://fcbosque.org/

 

 

 

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Viernes, 08 Mayo 2015 10:40

El santo y seña de Porto Alegre

El santo y seña de Porto Alegre

Porto Alegre revolucionó las políticas municipales de participación ciudadana. El presupuesto participativo, una herramienta creada en la ciudad gaúcha, se ha convertido en una referencia mundial de gestión pública.

El pasado noviembre los vecinos de Restinga se despertaron con ruido de bocinas. Treinta y cuatro ómnibus recién salidos de la fábrica se amontonaban en un aparcamiento al aire libre. Finalmente podrían desplazarse al centro de la ciudad sin tener que hacer entre dos y tres trasbordos para llegar al trabajo. En los últimos 25 años los habitantes de esta región de la zona sur vieron cómo sus deseos se cumplían. Primero el saneamiento básico, después electricidad, guarderías, cursos de formación profesional para adultos. La gran fiesta llegó con el primer hospital y ahora dos nuevas líneas de ómnibus.

Si el presupuesto participativo (PP) es el símbolo de la gestión municipal de Porto Alegre, Restinga es quizás el barrio que mejor lo representa. Pero "democratizar la democracia", como define el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos a esta iniciativa, lleva mucho trabajo, discusiones, compromiso y grandes dosis de paciencia.

Los ciudadanos reunidos en 17 asambleas regionales con un líder comunitario que las representa discuten sobre seis áreas temáticas. El ciclo del presupuesto participativo se desarrolla en tres etapas: las reuniones preparatorias, las asambleas regionales y temáticas –donde se eligen las prioridades para el municipio y a los delegados de cada comunidad– y la asamblea municipal, donde se presentan las demandas más votadas. De este modo la población decide y acompaña de forma directa la aplicación de los recursos en obras y servicios que serán ejecutados por la administración municipal.

 

LA INTENDENCIA EN EL BARRIO

 

El PP surge en los ochenta. Movimientos sociales y vecinales que habían luchado contra la dictadura, y nuevas formaciones, como el Partido de los Trabajadores (PT), crearon el caldo de cultivo para una nueva gestión municipal basada en la participación ciudadana. Pero fue la Constitución de 1988 la que permitió materializar las ideas, gracias a un nuevo marco de autonomía que otorgaba más competencias a los gobiernos locales.

En 1989, bajo el gobierno del PT, con Olivio Dutra como alcalde, el PP se instaló en la Intendencia de Porto Alegre para quedarse. "Les explicamos a los vecinos que la Intendencia vendría a sus barrios, y que ahora seríamos los ciudadanos, y no unos pocos políticos, los que elegiríamos lo mejor para nuestra comunidad", recuerda Íria Charão, militante del PT y una de las precursoras de la iniciativa. "Al principio los vecinos se enfadaban mucho porque sus demandas tardaban en cumplirse, poco a poco entendieron cómo funcionaba el organigrama de ejecución y vieron que los presupuestos no eran tan laxos, y que no bastaba con deliberar, sino que también había que acompañar de cerca la ejecución", explica Charão en el portal gaúcho Sul21.

La década del 90 y los primeros años del nuevo siglo fueron su época dorada. Los cuatro gobiernos consecutivos del PT, con Olivio Dutra y Tarso Genro como figuras principales, apostaron por esta nueva herramienta. Sociólogos y politólogos del mundo entero vieron cómo sus teorías salían del papel y se aplicaban en esta ciudad del sur de Brasil. El mensaje se propagó en 2001 durante el primer Foro Social Mundial que se celebró en la ciudad gaúcha (véase recuadro). El presupuesto participativo se convirtió en una de las banderas políticas de los movimientos sociales, como ejemplo de autogestión, empoderamiento ciudadano y de lucha contra la exclusión social. "Hoy a nivel global los presupuestos participativos están muy lejos de ser una regla, pero se puede decir que ya no son marginales", asegura el francés Yves Sintomer, profesor de ciencia política de la Universidad París VIII.

RECONQUISTAR EL TERRITORIO

Los éxitos de esta política municipal son más conocidos fuera que en casa. La líder comunitaria de la región de Eixo Baltazar Laura Elisa Machado asegura a Brecha que siempre han sido "maltratados" por la prensa local: "Es triste que venga gente de fuera a pedirnos consejos y que aquí no valoren nuestro trabajo", se queja.

Al silencio mediático que denuncia Machado se unió la salida del PT del gobierno (2005) y una última década en la que el presupuesto participativo sufrió paulatinos recortes que generaron más retrasos en la ejecución de las demandas. Si en los noventa la media de entrega era entre dos y tres años, en la actualidad pueden llegar a pasar más de diez.

La escasez de resultados de la última década provocó la desconfianza de los gaúchos y duplicó el trabajo de los líderes comunitarios. "Algunos dejan de venir a las reuniones porque no ven cumplidas sus demandas, y otros, una vez que tienen lo que quieren, dejan de participar", señala Machado.

Boaventura de Sousa Santos ha sido uno de los mayores defensores del PP. "En varias ocasiones nos habló de la importancia que tenía atraer a gente más joven y a su vez conseguir que las demandas fueran más realistas", cuenta Machado. En 2012 consiguieron concretar las sugerencias de Boaventura. A finales de ese año se aprobó cambiar el ciclo de las reuniones para que fuera en paralelo con el calendario del presupuesto municipal y así tener una idea real de los recursos que podrían manejar. "Las propuestas que hemos hecho desde entonces son totalmente realistas porque somos conscientes del dinero exacto que tenemos y del costo de cada ejecución, ahora es mucho más fácil exigir su cumplimiento."

Desde entonces el número de participantes ha ido aumentando, y aunque predomina un perfil más maduro, cada vez se incorpora un mayor número de jóvenes. Las demandas también han evolucionado. Si en las primeras décadas lo habitacional y el saneamiento básico eran las prioridades, en la actualidad la asistencia social e incluso la cultura están entre las más votadas en diversas regiones de la ciudad. "Entre los jóvenes que participan hay mucha gente de la cultura del hip-hop, estamos cambiando la estética de muchos barrios con grafitis y llevando la música a los más pequeños", dice entusiasmada la líder de Eixo Baltazar. Han ido reconquistado el terreno y en 2014 consiguieron un récord de participación: 17.359 ciudadanos en una capital que llega al millón y medio de habitantes. Machado es consciente de que es muy poco y que hay que generar más interés.

Según el francés Sintomer, el presupuesto participativo cobra ahora más importancia que nunca: "La insatisfacción ciudadana y la desconfianza en las democracias representativas es cada vez mayor. Que unos pocos puedan definir el bien común es una idea totalmente anacrónica. Los presupuestos participativos devuelven la política a los ciudadanos y aumentan la transparencia. No es una solución milagrosa y enfrenta muchos desafíos, pero hay pocas dudas de que es uno de los caminos a explorar".

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"Los ciudadanos hacen política cuando intentan controlar problemas en su vida cotidiana"

Es sociólogo de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París y sus temas de investigación buscan entender qué pasa cuando la gente se asocia y moviliza en torno de una situación problemática. El feminismo, las Madres de Plaza de Mayo, la ecología, el papel de los medios, las redes sociales.

 

 

La publicación de El público y sus problemas, escrito por John Dewey en 1927, es considerado un momento fundacional del enfoque pragmático de los problemas públicos, que fue extensamente discutido en las décadas del '80 y del '90. El interés por el pragmatismo tocó la puerta del sociólogo Daniel Cefaï a comienzos de 1990. Fue entonces cuando este investigador de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales (Ehess) inició una búsqueda de "alternativas a las teorías de la acción". Página/12 entrevistó a Cefaï en su visita a Buenos Aires, invitado por el Idaes-Unsam para dictar un seminario sobre "Publicidad, públicos y contra-públicos". En una discusión encendida, defendió su postura respecto del estudio de el/los "público(s)" y, desde allí, se negó a caracterizar la labor de los medios de comunicación en su cobertura de los asuntos públicos como construcción o encuadre. "Simplemente hay que seguir a la gente y describir sus actividades para entender cómo progresivamente hay una transformación de sus experiencias", sostiene el intelectual francés.


–¿En qué consiste el enfoque pragmático de los problemas públicos?
–A finales de los '80 surgieron en Francia nuevas formas de entender y practicar la sociología. Uno de los lugares más importantes para la transformación de la disciplina fue la colección "Raisons pratiques" (Razones prácticas), publicada en la EHESS, en Francia. Empezamos a buscar alternativas a las teorías de la acción, experiencia o situación. Mi interés por el pragmatismo data de comienzos de la década de 1990, a partir de leer La cultura de los problemas públicos (1981), de Joseph Gusfield, en el Centro de Investigaciones sobre los Movimientos Sociales. Y lo relacionamos con El público y sus problemas, de John Dewey. El pragmatismo es una filosofía norteamericana, cuyos protagonistas más famosos son Charles Sanders Peirce, William James, George Herbert Mead y John Dewey.


–¿Qué encuentra en esos autores a los que sigue?
–Mead era un activista progresista en los Estados Unidos y profesor de la Universidad de Chicago. Su libro Espíritu, persona y sociedad (1934) tuvo una influencia significativa en la sociología para describir la relación entre conciencia colectiva, interacciones sociales y formación de las personalidades. Dewey fue un gran psicólogo y pedagogo, y abordó cuestiones políticas tales como la existencia o no de un "público" en democracia. Tuvo una controversia épica con Walter Lippmann a propósito de eso. Una idea central en el pragmatismo es que los ciudadanos hacen política cuando intentan definir y controlar situaciones problemáticas en su vida cotidiana.


–¿Qué observa en esos procesos?
–Para enfrentar juntos un problema las personas se deben asociar, discutir y cooperar con el objeto de encontrar soluciones. Deben indagar, investigar, preguntar, definir qué es lo importante, buscar las causas, describir las responsabilidades y, a partir de todo eso, definir la situación problemática y encontrarle soluciones prácticas. Las nociones de investigación y experimentación son muy importantes para descubrir, conocer, reorganizar y controlar el medioambiente.


–¿Podría dar un ejemplo de una situación problemática que permita graficar lo que expresa?
–Pienso en la contaminación del Río de la Plata o la corrupción de los funcionarios ¡y la de los ciudadanos también! A escala local podemos ejemplificarlo con la destrucción de un barrio tradicional; a escala planetaria, con el calentamiento climático. De hecho, es posible referirse a todos los puntos de conflicto que resultan en movilizaciones colectivas, y que se pueden propagar en los sectores mediático, administrativo, científico, judicial... Esos puntos de conflicto se tornan problemas públicos, ganando nuevas codificaciones en cada sector y reorganizando ambientes institucionales a su alrededor.


–¿Cómo define el concepto de "público"?
–Existen distintos tipos de público. En la idea de opinión pública, aquellos que están en una situación de recepción y que se ven afectados por los mensajes enviados por una organización podrían movilizarse en respuesta a estos mensajes. Las Madres de Plaza de Mayo, por ejemplo, constituyen un público. Tienen razones diversas para juntarse con otra gente, con la que comparten sentimientos, memorias e intereses. Ellas consiguen, incluso, sensibilizar y movilizar a personas que no necesariamente sufrieron la desaparición de algún familiar en manos de la dictadura militar. Todas estas personas, las que están directamente involucradas en la situación problemática y las que no lo están, se movilizan pidiendo verdad y justicia, alertando a la opinión internacional, exhortando a los jueces e historiadores a realizar nuevas investigaciones, presionando al Estado a dar soluciones a esa crisis política. A esto me refiero con la idea de público.


–¿Qué otros ejemplos encuentra en su país o en Europa que ilustren esta noción de "público"?
–En este momento, en Europa hay un problema ecológico con las abejas. Es una situación problemática a partir de la cual se están haciendo consultas, averiguaciones, indagaciones, tratando de descubrir las posibles causas del problema. Los apicultores, preocupados por este asunto, se pusieron en contacto con los científicos que están investigando en diferentes áreas del campo para descubrir qué está pasando. Ahora que han identificado uno de los principales factores –un tipo de pesticida conocido como "El Gaucho"–, muchos optaron por movilizarse exigiendo que la empresa Monsanto detenga su venta y uso. Se han presentado denuncias contra esa compañía en los medios, en el Parlamento Europeo, en las redes ambientalistas. Los primeros pasos los dieron los colmeneros cuando constataron la muerte de los enjambres, pero luego se sumó un público, incluyendo a químicos, zoólogos y agrónomos, abogados, sindicalistas, lobistas, ciudadanos escandalizados, y diputados de Bruselas y Estrasburgo.


–Para que se forme un público, ¿sus integrantes deben compartir un mismo interés?
–El concepto de público es muy interesante porque moviliza a una cantidad de personas que no necesariamente están afectadas directamente por el problema en cuestión. Para un pragmatista, los intereses se constituyen y se comparten en el interior de la movilización. Es decir que el interés común que une a los miembros de un público no existe de antemano.


–¿Entonces qué motivación los une?
–No es un hecho concreto; el interés común nace y crece a medida que se va formulando la definición de dicho problema y se van agrupando colectivos comprometidos, concientizados y organizados alrededor de éste. Sin embargo, si uno se moviliza con otros, de alguna manera comparte esa problemática. Soy parte del público porque siento preocupación y no por haber tenido un interés material previo o una determinada creencia ideológica. Es posible imaginar que no me importe que las Madres de Plaza de Mayo hayan perdido a sus hijos, no es mi problema. Ahora, si el tema me empieza a preocupar, si siento compasión, si salgo a la calle, me uno a sus protestas y también envío peticiones o lo que fuere, entonces pasaré a ser parte de ese público. Esta forma de proceder constituye un compromiso público.


–¿En qué se diferencian la perspectiva de los problemas públicos y la de la construcción de los problemas sociales?
–No se trata sólo de una "construcción"; hay que comenzar por entender desde la experiencia de la gente. Esto marca una gran diferencia. No son meros grupos sociales que luchan por imponer sus intereses y alcanzar sus objetivos. Esto último es importante para entender el juego estratégico de las organizaciones pero no dice nada sobre lo que fue el trabajo de la experiencia y el esfuerzo de experimentación de las mujeres en el movimiento feminista, por ejemplo. Tenemos que estudiar eso: lo que sienten, sus vivencias, la forma en la que cuentan lo que les pasa en la vida cotidiana, el modo en que se ven afectadas por situaciones que resultan problemáticas para ellas, como la "dominación masculina", el imaginario que tienen en relación con todo eso, su crítica hacia las desigualdades en el ámbito laboral, los abusos de poder, etc. Todas estas son dimensiones del contexto de la experiencia colectiva que se tornan públicas cuando surge indignación o reivindicación. Por eso hablo de "experiencia" y no sólo de "construcción". Hay que tomar en cuenta las vivencias de la gente y lo que hace cuando las expresa.


–¿Qué relación existe entre esa experiencia y la formación del público?
–Los problemas públicos y el público crecen juntos. La noción de "lucha social" se limita a analizar diferentes grupos que luchan uno contra el otro para imponer sus intereses y alcanzar sus objetivos. Cuando se utiliza la noción de público, lo que está en juego es la cosa pública: el conflicto está subordinado a cómo promover bienes públicos y rechazar males públicos. Es el significado más básico de la "república".


–¿Y el sentido de la publicidad como visibilidad?
–Según La cultura de los problemas públicos, que la editorial Siglo XXI acaba de publicar, el problema público existe gracias a una actividad dramatúrgica y retórica y es, asimismo, un proceso escenográfico y argumentativo. Hacer ver donde no se entendía nada. Dar visibilidad a las cosas, definir situaciones, identificar causas y atribuir responsabilidades, y así dirigirse a las audiencias... Y también dar cuentas y responder por hacer ver lo que estaba escondido, como los secretos del Estado.


–¿Cuán fundamentales son los medios de comunicación a la hora de dar visibilidad a un problema determinado?
–Los medios de comunicación son vectores importantes de "publicitación", pero son sólo uno de los elementos activos en la arena pública. A modo de ejemplo, lo que hoy llamamos "violencia doméstica" no existía como categoría de sentido común, cuestión jurídica y política, ni como modo de organizar una experiencia, hasta la década de 1970. ¿Cómo empezó todo? Diversos grupos de mujeres comenzaron a reunirse sin la presencia de los hombres para hablar de sus experiencias personales. De esta manera encontraron puntos en común entre ellas y advirtieron una situación que no había sido evidente hasta entonces. Iniciaron un proceso de indagación, realizaron consultas y preguntas abiertas a otras mujeres y, de a poco, fueron descubriendo experiencias que implicaban formas de violencia doméstica que hasta ese momento ignoraban. Ellas crearon la categoría y después decidieron denunciar el problema y reivindicarlo en público. La gente tiene sus ojos muy puestos en los medios de comunicación, pero éstos suelen representar la dimensión última en la historia de un problema público, aunque, a veces, son el actor que hace emerger un escándalo. Hoy en día, los medios de comunicación son muy importantes y, entre ellos, Internet cada vez lo es más, dado que muchos problemas públicos no pueden existir sin su mediación. Pero reitero, los medios son un elemento entre varios otros. La experiencia tiene una importancia significativa en estos procesos. Compartir experiencias, dar forma a un problema dado, configurarlo y, luego, hacerlo público en el sentido de darle visibilidad. Cuando estas mujeres comenzaron a reclamar lo hicieron de maneras muy diversas: marchando, escribiendo carteles contra la violencia doméstica, creando casas editoriales, organizando reuniones entre ellas y con líderes y organizaciones, buscando intermediarios en los centros académicos y en las agencias gubernamentales. Por eso sostengo que los medios de comunicación son solamente uno de los diferentes ámbitos en los que puede trascurrir un proceso de problematización y "publicitación".


–Su análisis diverge de aquellos para quienes la labor periodística supone un proceso de construcción de la realidad...
–No quiero utilizar la palabra "construcción"; creo que es una forma perezosa de enfocar las cosas, al decir eso no se dice nada. El periodista observa, escucha, describe, recoge testimonios, corrobora informaciones, busca causas, cuenta relatos... ¿Por qué reducir todas esas actividades a una "construcción de la realidad"?


–Sin embargo, los periodistas hacen cierto recorte en el que algunos aspectos ingresan en sus relatos y otros quedan afuera.
–Simplemente hay que seguir a la gente y describir sus actividades para entender cómo progresivamente hay una transformación de sus experiencias; cómo se conocen en el terreno a través de la experiencia. Está claro que no soy un sociólogo constructivista. La cuestión de los marcos –una idea que viene del frame analysis (análisis del encuadre) de Erving Goffman– puede ser interesante si se piensa en una organización en la que hay líderes que planifican sus estrategias con el objetivo de tener mayores impactos sobre el público. Allí sí corresponde y de hecho se hace: producir o fabricar noticias de una manera estratégica para impactar de un modo particular en una determinada audiencia. Pero no basta. Es como decir que la violencia doméstica es sólo un montaje inventado en la década de 1970 por grupos feministas con el objeto de luchar contra la violencia y la desigualdad. La vivencia y la experiencia de la violencia y de la desigualdad no son una "construcción"...


–¿A qué refiere entonces el concepto de "poder simbólico"?
–Ciertos grupos, organizaciones o instituciones poseen más dinero, crédito y conexiones que otros y, por tanto, un mayor poder para influir y establecer qué es un problema y qué no. Cuando diferentes grupos luchan en torno de la definición de problemas públicos, evidentemente algunos tienen más "poder material y simbólico" para elevar su voz, para presionar sobre el decisor, para invertir más recursos en medios de marketing o de propaganda, e imponer así su definición. Pero la efectividad de ese "poder" depende también de la capacidad colectiva de los públicos de aprobar o rechazar la versión de un problema, y de proponer alternativas. El poder material y simbólico no siempre resulta suficiente. ¡Los condenados de la tierra a veces se rebelan!


–¿Qué rol juegan las redes sociales en todo esto?
–Internet cambió la forma de coordinar y divulgar noticias y de movilizar a las masas también. Las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información son recursos matrices de experiencia pública que permiten dispersar rumores muy rápidamente. Me referí recién a la importancia de la indagación y la investigación. Es muy difícil investigar y enfrentar los rumores en la red, que se enmarcan –ahora sí utilizo el concepto– para intoxicar al público. Por eso subrayo la importancia de hacer investigación. Tratar de identificar quién es responsable de un problema dado, cómo fue que surgió y creció ese problema, cómo fue que adoptó determinada forma y demás. La investigación es fundamental para un público que desea saber qué es verdad y qué no. El rumor, en cambio, es una especie de publicidad perversa que no está sometida a investigación. El rol de las redes sociales es ambiguo: permiten una cooperación y comunicación a gran escala y respaldan una inteligencia colectiva del público; al mismo tiempo, crean oportunidades de divagación y manipulación que no habían sido alcanzadas hasta ahora. ¿Herramientas de emancipación o de alienación?

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¿La Revolución ciudadana tiene quién la defienda?

Los intelectuales de América Latina, entre los que me considero por adopción, han cometido dos tipos de errores en sus análisis de los procesos políticos de los últimos cien años, sobre todo cuando contienen elementos nuevos, ya sean ideales de desarrollo, alianzas para construir el bloque hegemónico, instituciones, formas de lucha, estilos de hacer política. Por supuesto, los intelectuales de derecha también han cometido muchos errores, pero aquí no me ocuparé de ellos. El primer error ha consistido en no hacer un esfuerzo serio para comprender los procesos políticos de izquierda que no encajan fácilmente en las teorías marxistas y no marxistas heredadas. Las primeras reacciones a la Revolución cubana son un buen ejemplo. El segundo tipo de error ha consistido en silenciar, por complacencia o temor de favorecer a la derecha, las críticas de los errores, desviaciones y hasta perversiones por las que han pasado estos procesos, perdiendo así la oportunidad de transformar la solidaridad crítica en instrumento de lucha.


Desde 1998, con la llegada de Hugo Chávez al poder, la izquierda latinoamericana ha vivido el período más brillante de su historia y tal vez uno de los más brillantes de la izquierda mundial. Obviamente, no podemos olvidar los primeros momentos de las Revoluciones rusa, china y cubana ni tampoco los éxitos de la socialdemocracia europea durante la posguerra. Pero los gobiernos progresistas de los últimos quince años son particularmente notables por varias razones: se producen en un momento de gran expansión del capitalismo neoliberal ferozmente hostil a proyectos nacionales en divergencia con él; son internamente muy diferentes, dando cuenta de una diversidad de la izquierda hasta entonces desconocida; nacen de procesos democráticos con una elevada participación popular, ya sea institucional o no institucional; no exigen sacrificios a las mayorías en nombre de un futuro glorioso, sino que tratan, por el contrario, de transformar el presente de quienes nunca tuvieron acceso a un futuro mejor.


Escribo este texto siendo muy consciente de la existencia de los errores mencionados y sin saber si tendré éxito en evitarlos. Además, me centro en el caso más complejo de todos los que constituyen el nuevo período de la izquierda latinoamericana. Me refiero a los gobiernos de Rafael Correa en Ecuador, en el poder desde 2006. Para empezar, algunos puntos de partida. En primer lugar, se puede discutir si los gobiernos Correa son de izquierda o de centroizquierda, pero me parece absurdo considerarlos de derecha, como pretenden algunos de sus opositores de izquierda. Dada la polarización instalada, creo que estos últimos sólo reconocerán que Correa fue en última instancia de izquierda o centroizquierda en los meses (o días) siguientes a la eventual elección de un gobierno de derecha. En segundo lugar, es opinión ampliamente compartida que Correa ha sido, "a pesar de todo", el mejor presidente que Ecuador ha tenido en las últimas décadas y el que ha garantizado mayor estabilidad política después de muchos años de caos. En tercero, no cabe duda de que Correa ha emprendido la mayor redistribución de la renta de la historia de Ecuador, contribuyendo a la reducción de la pobreza y al fortalecimiento de las clases medias. Nunca tantos hijos de las clases trabajadoras llegaron a la universidad. ¿Pero por qué todo esto, que es mucho, no es suficiente para tranquilizar al "oficialismo" y convencerlo de que el proyecto de Correa, con o sin él, proseguirá después de 2017 (próximas elecciones presidenciales)?


Aunque Ecuador vivió en el pasado algunos momentos de modernización, Correa es el gran modernizador del capitalismo ecuatoriano. Por su amplitud y ambición, el programa de Correa tiene algunas similitudes con el de Kemal Atatürk en la Turquía de las primeras décadas del siglo XX. Ambos están presididos por el nacionalismo, el populismo y el estatismo. El programa de Correa se basa en tres ideas principales. La primera es la centralidad del Estado como conductor del proceso de modernización y, vinculada a ella, la idea de soberanía nacional, el antiimperialismo estadounidense (cierre de la base militar de Manta; expulsión de personal militar de la embajada de Estados Unidos; lucha agresiva contra Chevron y la destrucción ambiental que ha causado en la Amazonia) y la necesidad de mejorar la eficiencia de los servicios públicos. La segunda, "sin perjudicar a los ricos", es decir, sin alterar el modelo de acumulación capitalista, consiste en generar con urgencia recursos que permitan llevar a cabo políticas sociales (compensatorias, en el caso de la redistribución de la renta, y potencialmente universales, en el caso de la salud, la educación y la seguridad social) y construir infraestructuras (carreteras, puertos, electricidad, etc.) con el fin de volver la sociedad más moderna y equitativa. En tercer lugar, por estar todavía subdesarrollada, la sociedad no está preparada para altos niveles de participación democrática y ciudadanía activa, que pueden resultar disfuncionales para el ritmo y la eficacia de las políticas en curso. Para que esto no ocurra, hay que invertir mucho en educación y desarrollo. Hasta entonces, el mejor ciudadano es aquel que confía en el Estado, que conoce bien cuál es su verdadero interés.


¿Este vasto programa choca o no con la Constitución de 2008, considerada una de las más progresistas y revolucionarias de América Latina? Veámoslo. La Constitución apunta a un modelo alternativo de desarrollo (e incluso a una alternativa al desarrollo) fundada en la idea de buen vivir, una idea tan nueva que sólo puede formularse correctamente en una lengua no colonial, el quechua: sumak kawsay. Esta idea presenta desdoblamientos muy interesantes: la naturaleza como ser vivo y, por tanto, limitado, sujeto y objeto de cuidado, y nunca como recurso natural inagotable (los derechos de la naturaleza); la economía y la sociedad intensamente pluralistas, orientadas por la reciprocidad, la solidaridad, la interculturalidad y la plurinacionalidad; Estado y política con un carácter altamente participativos, involucrando diferentes formas de ejercicio democrático y de control ciudadano del Estado.
Para Correa (casi) todo esto importante, pero se trata de un objetivo a largo plazo. A corto plazo, y de manera urgente, es necesario crear riqueza para redistribuir los ingresos, realizar políticas sociales e infraestructuras esenciales para el desarrollo del país. La política tiene que asumir un carácter sacrificial, dejando de lado lo que más valora para que un día pueda rescatarlo. Así, es necesario intensificar la explotación de recursos naturales (minería, petróleo, agricultura industrial) antes de que sea posible depender menos de ellos. Para ello, es preciso llevar a cabo una agresiva reforma de la educación superior y una vasta revolución científica basada en la biotecnología y la nanotecnología para crear una economía del conocimiento a medida de la riqueza de la biodiversidad del país. Todo esto sólo dará frutos (tenidos como ciertos) muchos años después.


A la luz de esto, el Parque Nacional Yasuní, tal vez el más rico en biodiversidad del mundo, tiene que ser sacrificado y la explotación petrolera realizada, a pesar de las promesas iniciales de no hacerlo, no sólo porque la comunidad internacional no colaboró en la propuesta de no explotación, sino sobre todo porque los ingresos previstos derivados de la explotación están vinculados a inversiones en curso y su financiación por países extranjeros (China) tiene como garantía la explotación petrolera. En esta línea, los pueblos indígenas que se han opuesto a la explotación son vistos como obstáculos al desarrollo, víctimas de la manipulación de dirigentes corruptos, políticos oportunistas, ONG al servicio del imperialismo o jóvenes ecologistas de clase media, ellos mismos manipulados o simplemente inconsecuentes.


La eficiencia exigida para llevar a cabo tan amplio proceso de modernización no puede verse comprometida por el disenso democrático. La participación ciudadana es bienvenida, pero sólo si es funcional y eso, de momento, sólo puede garantizarse si recibe una mayor orientación del Estado, es decir, del Gobierno. Con razón, Correa se siente víctima de los medios de comunicación que, como ocurre en otros países del continente, están al servicio del capital y la derecha. Trata de regular los medios de comunicación y la regulación propuesta tiene aspectos muy positivos, pero a la vez tensa la cuerda y polariza las posiciones de tal modo que de ahí a la demonización de la política en general hay un corto paso. Periodistas son intimidados, activistas de movimientos sociales (algunos con una larga tradición en el país) son acusados de terrorismo y la consecuente criminalización de la protesta social parece cada vez más agresiva. El riesgo de transformar adversarios políticos, con los que se discute, en enemigos que es necesario eliminar, es grande. En estas condiciones, el mejor ejercicio democrático es el que permite el contacto directo de Correa con el pueblo, una democracia plebiscitaria de nuevo tipo. Al igual que Chávez, Correa es un comunicador brillante y sus habituales apariciones semanales en los programas de radio y televisión de los sábados ("sabatinas") son un ejercicio político de gran complejidad. El contacto directo con los ciudadanos no tiene como objetivo que estos participen en las decisiones, sino más bien que las ratifiquen mediante una socialización seductora que se presenta desprovista de contradicción.


Con razón, Correa considera que las instituciones del Estado nunca han sido social o políticamente neutrales, pero es incapaz de distinguir entre neutralidad y objetividad en base a procedimientos. Por el contrario, piensa que las instituciones estatales deben involucrarse activamente en las políticas del Gobierno. Por eso es natural que el sistema judicial sea demonizado si toma alguna decisión hostil al Gobierno y celebrado como independiente en caso contrario; que la Corte Constitucional se abstenga de decidir sobre cuestiones polémicas (como en el caso de la comunidad de La Cocha en materia de justicia indígena) si las decisiones pueden perjudicar lo que se juzga el interés superior del Estado; que un dirigente del Consejo Nacional Electoral, encargado de verificar las firmas para una consulta popular sobre la no explotación de petróleo en Yasuní, promovida por el movimiento Yasunidos, se pronuncie públicamente contra la consulta antes de efectuar la verificación. La erosión de las instituciones, típica del populismo, es peligrosa sobre todo cuando estas no son fuertes desde el principio debido a los privilegios oligárquicos de siempre. Y es que cuando el líder carismático abandona la escena (como ocurrió trágicamente con Hugo Chávez), el vacío político alcanza proporciones incontrolables debido a la falta de mediaciones institucionales.
Y esto resulta aún más trágico en cuanto es cierto que Correa ve su papel histórico como la construcción del Estado-nación. En tiempos de neoliberalismo global, el objetivo es importante e incluso decisivo. No obstante, se le escapa la posibilidad de que este nuevo Estado-nación sea institucionalmente muy diferente del modelo de Estado colonial o Estado criollo y mestizo precedente. Por eso la reivindicación indígena de la plurinacionalidad, en vez de ser manejada con el cuidado que la Constitución recomienda, es demonizada como peligro para la unidad (es decir, la centralidad) del Estado. En lugar de diálogos creativos entre la nación cívica, que consensualmente es la patria de todos, y las naciones étnico-culturales, que exigen respeto por la diferencia y autonomía relativa, se fragmenta el tejido social, centrándose más en los derechos individuales que en los colectivos. Los indígenas son ciudadanos activos en construcción, pero las organizaciones indígenas independientes son corporativas y hostiles al proceso. La sociedad civil es buena siempre que no esté organizada. ¿Una insidiosa presencia neoliberal dentro del postneoliberalismo?


Se trata, por tanto, del capitalismo del siglo XXI. Hablar del socialismo del siglo XXI es, por el momento, y en el mejor de los casos, un objetivo lejano. A la luz de estas características y contradicciones dinámicas que el proceso dirigido por Correa contiene, centroizquierda es quizá la mejor manera de definirlo políticamente. Tal vez el problema resida menos en el Gobierno que en el capitalismo que él promueve. Paradójicamente, parece componer una versión postneoliberal del neoliberalismo. Cada remodelación ministerial ha producido el fortalecimiento de las élites empresariales vinculadas a la derecha. ¿Será que el destino inexorable del centroizquierda es deslizarse lentamente hacia la derecha, tal y como ha sucedido con la socialdemocracia europea? Si esto ocurriese, sería una tragedia para el país y el continente. Correa generó una megaexpectativa, pero perversamente la manera en que pretende que no se convierta en una megafrustración corre el riesgo de apartar a los ciudadanos, como quedó demostrado en las elecciones locales del pasado 23 de febrero, en las que el movimiento Alianza País, que lo apoya, sufrió un fuerte revés. Cuesta creer que el peor enemigo de Correa es el propio Correa. Al pensar que tiene que defender la Revolución ciudadana de ciudadanos poco esclarecidos, malintencionados, infantiles, ignorantes, fácilmente manipulables por políticos oportunistas o enemigos procedentes de la derecha, Correa corre el riesgo de querer hacer la Revolución ciudadana sin ciudadanos, o lo que es lo mismo, con ciudadanos sumisos.Los ciudadanos sumisos no luchan por aquello a lo que tienen derecho, sólo aceptan lo que les es dado. ¿Puede aún Correa rescatar la gran oportunidad histórica de llevar a cabo la Revolución ciudadana que se propuso? Pienso que sí,pero el margen de maniobra es cada vez más reducido y los verdaderos enemigos dela Revolución ciudadana parecen estar cada vez más cerca del Presidente. Para evitar esto, y en solidaridad con la Revolución ciudadana,todos debemos contribuir a impulsarla.


A tal efecto,identifico tres tareas básicas. En primer lugar, hay que democratizar la propia democracia, combinando democracia representativa con verdadera democracia participativa. La democracia que se construye únicamente desde arriba siempre corre el riesgo de convertirse en autoritarismo en relación a los de abajo. Por mucho que le cueste, Correa tendrá que sentirse suficientemente seguro de sí mismo para, en lugar de criminalizar el disenso (siempre fácil para quien tiene el poder), dialogar con los movimientos, las organizaciones sociales y con los jóvenes yasunidos, aunque los considere "ecologistas infantiles". Los jóvenes son los aliados naturales dela Revolución ciudadana, de la reforma de la educación superior y de la política científica, si esta se lleva acabo con sensatez. Alienar a los jóvenes parece un suicidio político.


En segundo lugar, hay que desmercantilizar la vida social, no sólo a través de políticas sociales, sino también a través de la promoción de economías no capitalistas, campesinas, indígenas, urbanas, asociativas. Ciertamente, no está en consonancia con el buen vivir entregar bonos a las clases populares para que se envenenen con la comida basura que inunda los centros comerciales. La transición al postextractivismo se hace con cierto postextractivismo y no con la intensificación del extractivismo.El capitalismo,abandonado a sí mismo,sólo conduce a más capitalismo, por trágicas que sean las consecuencias.


En tercer lugar, hay que compatibilizar la eficiencia de los servicios públicos con su democratización y descolonización. En una sociedad tan heterogénea como la ecuatoriana, hay que reconocer que el Estado, para ser legítimo y eficaz, tiene que ser un Estado heterogéneo, conviviendo con la interculturalidad y, de manera gradual, con la propia plurinacionalidad, siempre en el marco de la unidad del Estado garantizada por la Constitución. La patria es de todos, pero no tiene que ser de todos de la misma manera. Las sociedades que fueron colonizadas todavía hoy están divididas en dos grupos de poblaciones: los que no pueden olvidar y los que no quieren recordar. Los que no pueden olvidar son aquellos que tuvieron que construir como suya la patria que comenzó siéndoles impuesta por extranjeros; los que no quieren recordar son aquellos a los que les cuesta reconocer que la patria de todos tiene en sus raíces una injusticia histórica que está lejos de ser eliminada y que es trabajo de todos eliminarla gradualmente.


* Traducción de Antoni Aguiló

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