Lunes, 10 Febrero 2014 06:10

¿Qué pasó?

En las calles de Harlem, afroestadunidenses, latinos y anglos bailaban; en Chicago un espléndido mosaico masivo de gente escuchaba palabras que provocaban lágrimas de alegría, y jóvenes, muchos por primera vez, pensaban que veían el alba de algo nuevo que permitía recuperar la esperanza, mientras por todo el país, de hecho por todo el mundo, se hablaba de un cambio histórico largamente esperado en la nación más poderosa del planeta. Todo porque Barack Obama había ganado la elección presidencial con la consigna de cambio real y el lema sí se puede.
Cinco años después nadie baila, llora o habla de un momento histórico, y muchos de los que estallaron en júbilo hace tan pocos años más bien lamentan que no se pudo. ¿Qué pasó?


Parte de la respuesta es que la lista de las promesas y expectativas no cumplidas es cada vez más larga.


Aunque la invasión de Irak se llevó a su conclusión, la guerra más larga en la historia del país, en Afganistán, continúa. Guantánamo sigue operando. Se amplía la presencia militar estadunidense en Asia, se multiplica el uso de nuevas tecnologías y tácticas militares, incluidos los asesinatos en otros países por medio de drones, y el presupuesto militar sigue en niveles estratosféricos.


La impunidad por crímenes de guerra así como por el mayor fraude financiero de la historia, sigue imperando. Nadie acusado de tortura, o de haberla ordenado, ha sido sujeto a proceso judicial. Ningún alto ejecutivo de los bancos más grandes está en la cárcel por el fraude financiero que detonó la peor crisis económica desde la gran depresión.


La promesa de una reforma inmigrante no se ha cumplido, mientras el gobierno de Obama marca récord de deportaciones: casi 2 millones en 5 años.


Obama, quien prometió el gobierno más abierto y transparente, es percibido por muchos defensores de derechos humanos y libertades civiles como líder de un régimen que ha ampliado las operaciones secretas y ha acusado con base en la Ley de Espionaje a más del doble de funcionarios (entre ellos Chelsea Manning y Edward Snowden) que todos sus antecesores desde 1917. Periodistas (incluido el Comité para la Protección de Periodistas) consideran a su gobierno como uno de los más hostiles contra la prensa en asuntos de seguridad nacional.


La lista de la desilusión continúa con organizaciones ambientalistas por su tibio esfuerzo en torno a la crisis del cambio climático; por millones de maestros y padres de familia que al apoyar a Obama no pensaban que votaban a favor de continuar con las políticas de la llamada reforma de educación de modelo empresarial implementadas por Bush; víctimas de la violencia incesante con armas de fuego, y sus familiares, aún no entienden cómo no ha logrado imponer mayores controles en el país más armado del mundo; opositores a las políticas de libre comercio (sindicatos, ambientalistas, organizaciones de protección del consumidor, granjeros y más), ante la promoción de más de lo mismo por esta Casa Blanca, y muchos suponían que habría una reforma penal en el país con más encarcelados del planeta (y la muy documentada disparidad racial en ese sistema), así como un cambio ante el fracaso de la guerra contra las drogas de los últimos 40 años.
La Casa Blanca y defensores de Obama subrayan que no es por falta de voluntad que no se haya logrado mucho

más, y señalan un Congreso dividido, donde los republicanos se dedican a derrotar casi toda iniciativa del presidente. Otros indican que la cultura política de Washington también logró imponerse sobre las buenas intenciones del presidente para estancar o limitar cualquier cambio a fondo. A la vez, resaltan que la reforma de salud –logro máximo del presidente– es uno de los avances de política social más ambiciosos en tiempos recientes; sin embargo, el propio Obama no ha logrado convencer de eso a la opinión pública hasta ahora.


La sabiduría convencional, como le dicen, es que 2014 es el último año que le queda al presidente para definir su legado, ya que a partir del próximo año se empezará a debilitar día con día al aproximarse al fin de su mandato y el arranque del ciclo electoral presidencial de 2016.
Aparentemente Obama ha decidido enfocar el fin de su mandato sobre la creciente desigualdad económica (sin precedente desde antes de la gran depresión), a la que llama el tema definitorio de nuestros tiempos, como su gran tema para concluir su mandato. Esto en medio de las ganancias empresariales más altas desde la Segunda Guerra Mundial, la mayor concentración de riqueza en el 1 por ciento más rico y una dramática brecha entre ellos y todos los demás, tendencias que se han acelerado durante la presidencia de Obama.


En su extenso perfil del presidente, David Remnick, el director de The New Yorker, reporta que en una de las cenas anuales con historiadores estadunidenses a las que convoca Obama en la Casa Blanca, solicitó al grupo que lo ayudara a buscar el vocabulario para abordar el problema de la creciente desigualdad económica sin ser acusado de promover la guerra de clases.


El economista Paul Krugman, en su columna en el New York Times, recordó recientemente que Franklin Delano Roosevelt, en un famoso discurso en 1936, habló del odio que enfrentaba por parte de las fuerzas del dinero organizado y cómo esa clase lo denunciaba. Respondió: le doy la bienvenida a su odio.


Krugman comenta que desafortunadamente Obama no ha hecho nada cercano a lo de Roosevelt para ganarse el odio de los no merecedores ricos. Aunque señala que sí ha logrado más de lo que algunos de sus críticos progresistas le conceden, aconseja que Obama y los progresistas deberían, en general, darle la bienvenida a ese odio porque es una señal de que están haciendo algo bien.
Tal vez si Obama dejara de preocuparse por las acusaciones de los ricos y defensores de más de lo mismo, y decidiera atreverse a dar la bienvenida al odio de aquellos que se oponen a mayor igualdad, menos guerras, a los derechos de los inmigrantes, el futuro ecológico del planeta y más, la gente tal vez bailaría de nuevo en las calles al final de su mandato.

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Encuesta Decenal de Cultura: ¿Mockus otra vez?

Corpovisionarios presentó el pasado 24 de septiembre en el Auditorio Mario Laserna de la Universidad de los Andes, los resultados de una Encuesta Decenal de Cultura (2003-2013), que logró resonancia mediática. ¿Qué dice el estudio frente al comportamiento de la ciudadanía?, ¿Qué silencios guarda ante el fenómeno urbano sobre los sujetos? Al presentar la encuesta, ¿No se tratará más bien del retorno de Antanas Mockus para incidir en el juego electoral?

 

La encuesta, compuesta por 54 preguntas, distribuidas en seis bloques, explora opiniones, percepciones, actitudes, hábitos y reacciones sobre distintos aspectos de la vida cotidiana de Bogotá.

 

El estudio surge de un mandato del Concejo Distrital, que reclama que la inversión de recursos en cultura ciudadana exige contar con instrumentos que permitan evaluar su impacto. Una tarea que Corpovisonarios, como centro de pensamiento y acción con el propósito de lograr cambios voluntarios en los comportamientos colectivos, ha tomado como propia. Como se conoce, al frente de esta Organización No Gubernamental (ONG), figura como presidente y máximo líder Antanas Mockus.

 

En el evento Mockus, al referirse al estudio afirmó: "Estamos transitando de una propuesta ética a una egoísta". Su propuesta política es recuperar la confianza en las instituciones como bandera fundamental, dado que la desconfianza en lo público como institución aumenta la ilegalidad. Para lograr un buen comportamiento de la ciudadanía, propone lograr acuerdos de calidad. Así, la seguridad en la ciudad se obtiene en la medida que la ciudadanía respete y acepte el orden establecido. En el fondo es una apuesta por la solidificación de procesos de institucionalización.

 

El estudio se basó en la Escala Likert, también conocida como "Método de evaluaciones sumarias", que consiste básicamente en valorar el acuerdo o desacuerdo frente a una declaración. Como se puede deducir, un estudio nada innovador, basado en lo desarrollado por Rensis Likert en 1932, un teórico organizacional que se enfocó en aspectos de la gestión corporativa. Desarrollos más contemporáneos se encuentran en el análisis factorial o en el análisis multivariado, para condensar núcleos de representación colectiva.

 

La presentación propiamente dicha estuvo a cargo de Henry Murraín, director de proyectos de Corpovisionarios y mano derecha de Mockus. Como fiel pupilo, además de seguir el discurso de su tutor, aprovechó el evento para elogiar la gestión de las dos alcaldías de Mockus, "los niveles de convivencia no han vuelto a ser los mismos desde que se descuidó el enfoque". Pero ¿cuál es la novedad en el estudio sobre la convivencia en la ciudad?

 

Seguridad, convivencia y violencia intrafamiliar

 

En la encuesta se exploran, entre otros aspectos, realidades como las del atraco, los homicidios y las situaciones conflictivas entre ciudadanos. Entre los datos arrojados por ésta se concluye que en Bogotá las riñas terminan más en homicidio que los atracos. Para el 2012, por ejemplo, una riña tenía 20 veces más de probabilidades de terminar en muerte que el mismo atraco. Lo anterior, ligado al hecho que entre la gente hay una actitud de validar la justicia por mano propia, más si es por asuntos de familia o de honor.

 

Estas afirmaciones van acompañadas en el estudio de infografías donde se indica, por ejemplo, que dos de cada diez ciudadanos acepta el linchamiento a un ladrón. Podemos recapitular que este espíritu de "renegado justiciero" ambienta un mayor acuerdo social sobre el porte de armas. Desde una perspectiva de género, la encuesta identifica la presencia de una cultura machista violenta que la denominan: "cultura del macho machito", el simio alfa que no se la deja montar de nadie. Esta, que es una evidencia simple y cotidiana para la mayoría de la gente de a pie, fue presentado por la ventana mediática como el último hallazgo sociológico, titulado por la prensa como "Una ciudad de machitos". Lo que sí llama la atención en los resultados entregados es que este comportamiento entre hombres tiende a predominar, sobre todo, en las nuevas generaciones.

 

Frente a la violencia intrafamiliar, la conclusión: Bogotá registra los niveles más altos del país, lo que escandaliza a los responsables del estudio. La Encuesta Decenal de Cultura señaló que un cuarto de los casos de este tipo de violencia ocurren en Bogotá. Aunque son preocupantes las cifras, no se reflexiona, por ejemplo, que quizás esta realidad refleje que en la capital del país se denuncia este tipo de violencia mientras en el resto del país se silencia porque se asume como un asunto privado.

 

El estudio resalta, además, la violencia de pareja, con los celos como principal causa. ¡Vaya novedad! No hace falta ir a una Comisaria de Familia para enterarse de primera mano de esta realidad.


Movilidad y espacio público

 

Aunque mencionan la larga realidad de contar con una malla vial deteriorada, las conclusiones sobre la materia señalan que en accidentes de tránsito (año 2012) los principales afectados fueron peatones, especialmente adultos mayores. Como sus principales causantes se registran los conductores de buses del transporte público. Lo interesante no es el dato sino que debería ser la pregunta: ¿qué pasa con la movilidad urbana de personas adultas o ancianas, que han perdido agilidad, requieren apoyo o ayudas semejantes, y para las cuales no hay consideración alguna de parte de los conductores del transporte ya indicado?

 

La encuesta acierta al identificar las motos como vehículo asociado a las muertes de peatones en un 13%, conductores en un 66% y pasajeros en un 30%. Pero en el estudio no se involucra el creciente negocio de comercialización de estos vehículos, sin restricción alguna. Un hecho categórico: señalar que entre todas las muertes por accidentes de tránsito en la ciudad, la mitad son producidas por la violación de las normas de tránsito. Al parecer, para disminuir las muertes por conducir automotores, obliga a la superación en nuestra cultura comercial aquello de ser "rápido y furioso".

 

Cultura tributaria, confianza y acuerdos

 

Aunque hay espíritu para desobedecer la ley –bajo la lógica de hacer trampa–, concluyen en la encuesta una mejor actitud tributaria, como lo llama Copovisionarios. Un informe para decir que estamos pagando.

 

Frente a quienes generan menos confianza dentro del conjunto social, las respuestas señalan a los funcionarios públicos; en el Congreso y los políticos la mala imagen.

 

Sólo para los funcionarios, desde el 2011, el 87% de los ciudadanos considera que más de la mitad son corruptos. Sin embargo hay un grado de tolerancia con esta realidad al valorarla como algo normal, tolerancia tan laxa que incluye también a los narcotraficantes. Sin embargo poco se habla de las consecuencias derivadas para la nación del largo periodo de traquetización del país, reflejadas en el respeto, admiración y deseo de ser un capo, ahora amplificado por el entretenimiento televisivo. Pero, peor aún, también se percibe a los mismos ciudadanos con disposición a la corrupción bajo la concepción generalizada que Corpovisionarios llama "justificación prosaica". Un eufemismo de individualismo para referirse a la búsqueda de objetivos propios y beneficios personales, bajo la creencia que en el país hay pocas probabilidades de resultar castigado. Lo que en realidad sintetiza una creencia generalizada en el país: el torcido sale, o el delito paga.

 

Participación y valoración de lo público

 

La participación para la gente es algo tan lejano como inexistente. En lo que más se participa en Bogotá: la organización de eventos culturales, recreativos y deportivos. En este aspecto, que pasa el informe de agache, es donde se evidencia de verdad la ausencia de una cultura ciudadana preocupada por los temas de lo público y empoderada para ejercer incidencia y control frente a las instituciones.

 

En general los resultados de la encuesta se basan en la institucionalización regida por la autoregulación. Es decir, que además de las sanción de la norma, el sujeto coopere de manera voluntaria, fortalecido con la mutua regulación "que entre todos nos corrijamos". A esto denomina cultura ciudadana el movimiento de Mockus, como si cultura no existiera en las otras formas de identidad o expresión, en el lenguaje callejero o formas de apropiar el territorio que trasciende lo normativo. Pero preocupa esta forma de cultura corporativa del comportamiento humano, donde la institución siempre debe ser respetada.

 

Después de revisar los resultados, el mérito de sus conclusiones parece perder valor, al descubrir que el enfoque del mismo ya estaba predeterminado, pues Corpovisionarios editó un libro con financiación del Banco Interamericano1 donde gira sobre los mismos asuntos. Tanto bombo para un refrito que les ha permitido mantenerse mediáticamente activos, y que les brinda una ventana para que Sayra Aldana integrante de esta ONG, al referirse a la protesta la considere como un simple vandalismo, porque no hay respeto por lo público. Para completar, agrega, que para la efectividad de la autoridad policial, el recurso se debe invertir en educación pero impartida a los ciudadanos en el respeto a la institucionalidad.

 

Una encuesta que porta algunos datos relevantes, pero en general otros muchos ya conocidos y todos ellos sin el análisis de contexto que permitan explicaciones y comprensiones de los sucesos. Extraña, por tanto el eco mediático que recibió, como extraña el silencio de esos mismos medios de comunicación ante investigaciones urbanas de verdad rigurosas. Ante tal realidad, un interrogante que no puede dejar de plantearse, ¿No será que tanta alharaca con estos estudios es el simple impulso para mantener vivo en el escenario político al profesor Mockus, o a quien su bendición corpovisonaria delegue?

 

1 Mockus, Antanas; Murraín, Henry y Villa María (Coords.) (2012) "Antípodas de la violencia: desafíos de cultura ciudadana para (in)seguridad en América Latina" Banco Interamericano de Desarrollo, Corpovisionarios, Washington.

 


 

 

Recuadro

 

La base del pensamiento mockusianso está en las teorías desarrollados por Jon Elster, investigador social que desarrolla la teoría de elección racional desde una perspectiva del individualismo metodológico donde existe una relación fundamental de condicionar a los individuos a sus comportamientos. Sin embargo, Elster discute con el funcionalismo de Talcott Parsons, al señalar que el mecanismo sirve para explicar la variabilidad de discursos sobre el comportamiento de los sujetos en función de otros factores. Pero Elster se dedicó en vano a integrar el marxismo y compatibilizarlo con su teoría, pues en general, la teoría de elección o acción racional ha sido utilizada al comportamiento social y económico, donde el individuo siempre se va a comportarse de manera egoísta.

Publicado enEdición N°197
Jueves, 19 Septiembre 2013 08:26

Los deberes de los ciudadanos

Los deberes de los ciudadanos

La defensa de los derechos de la ciudadanía nunca fue tan urgente como hoy, en un contexto en el que los derechos más básicos están siendo violados de forma brutal e hipócrita. El 'bienestar' colectivo 'concedido' a los portugueses por los aventureros del Gobierno no es más que la suma del malestar que infligen al 99% de la población. A la vista de esto, tal vez extrañe que yo me dedique a señalar los deberes de los ciudadanos. Somos parte de una cultura que privilegia derecho en detrimento de deberes, lo que parece insensato, pues es evidente la simetría entre derechos y deberes: cualquier derecho es un espejismo si no le corresponde el deber de alguien que garantice que el derecho sea ejercido. Una de las razones por las que tendemos a hablar más de derechos que de deberes es que, en las democracias, está asumido que el deber de garantizar la vigencia de los derechos pertenece al Estado y que a los ciudadanos corresponde disfrutar y defender sus derechos. Es lo que ocurre cuando el Estado deja de cumplir ese deber, como sucede ahora: corresponde a los ciudadanos el deber colectivo de defender los derechos por todos los medios pacíficos que tengan a su alcance.

 

Lejos de ser un deber abstracto, éste es un deber concreto y situacional. Su ejercicio conlleva riesgos porque, cuando el Estado se desentiende de su deber, las instituciones son víctimas de una patología insidiosa: siguen vigentes, pero dedicándose a realizar la misión contraria a aquélla para la que fueron concebidas. Es así como el Estado social se transforma en un Estado antisocial y la seguridad social, en inseguridad social. Por esta razón, el deber de los ciudadanos tiene que ser ejercido fuera de las instituciones y, cuando es ejecutado dentro de ellas, asume un carácter de contracorriente que exige coraje y determinación. Paso ahora a ejemplificar situaciones y deberes específicos de grupos de ciudadanos.

 

Los ciudadanos jueces y magistrados del Ministerio Público tienen el deber de hacer cumplir los derechos hasta el máximo de su jurisdicción. En un Estado democrático, el modo de destrucción de los derechos actualmente en curso sólo fue posible en el pasado instaurando la dictadura, por ejemplo, en el Chile de hace cuarenta años. Sólo cumpliendo el citado deber, el poder judicial no tendrá un día que pedir perdón a los portugueses por haber faltado a su deber, como sucedió recientemente con los magistrados de Chile y Argentina. Los ciudadanos militantes del Partido Socialista (PS) tienen el deber de revolverse contra un liderazgo incapaz de proyectar una visión del país y de Europa más allá del infierno neoliberal, pusilánime hasta el punto de que parece que sólo querría el poder si se lo dieran y de que no lo concibe con ningún rasgo que lo distinga del poder que está en el poder. Urge un congreso extraordinario después de las elecciones autárquicas en la que los socialistas rebeldes puedan decir al ciudadano Antonio Acosta que en política, hay crímenes que se cometen por omisión.

 

Los ciudadanos activistas de sindicatos, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil tienen el deber de unirse en protestas intensas y turbadoras para los aventureros del poder. Unirse como si la democracia –hoy agonizante- se fuese a morir mañana y, en el caso de que no se hubiesen unido, se lamentasen de que sólo hubieran tenido la voluntad de unirse después de dejar de tener poder para hacerlo. Los ciudadanos intelectuales públicos tienen el deber de defender la dignidad de todos los portugueses, también contra los intereses poderosos que quieren seducirles; y el deber de mostrar que la deuda es impagable y que la austeridad y el neoliberalismo son las manos que sacan el dinero de los bolsillos de los pobres y de las clases medias y los introducen en los bolsillos de los ricos y súper-ricos. Los ciudadanos autárquicos tienen deberes específicos que cumplir en las próximas elecciones. Los de mi ciudad, Coimbra, tienen el deber de castigar ejemplarmente al PS por su incapacidad de renovar su liderazgo y por insistir en un candidato mediocre que durante diez años entregó a la ciudad a la vorágine del sector inmobiliario y a la polución de los residuos tóxicos (co-incineración). Finalmente, los ciudadanos en su conjunto tienen el deber de salir a la calle y dar voz a sus aspiraciones de una democracia diferente para una vida decente. Y el deber de quedarse en la calle hasta que los políticos vayan a escuchar. Cuando dejemos de ir a sus elecciones y ellos sí vengan a nosotros, tal vez empiecen a pensar seriamente en representarnos.

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Viernes, 17 Diciembre 2010 08:25

Una respuesta a las posiciones xenófobas

“No hay vuelta atrás con relación al Mercosur”, aseguró ayer el canciller Argentino Héctor Timerman en su intervención durante la reunión previa al encuentro de presidentes que sesionará hoy. Los integrantes del organismo regional dieron un importante paso para la integración política del bloque al dar inicio a la conformación de un Estatuto de la Ciudadanía de la región que tendrá un fuerte impacto y facilitará la migración entre países. La discusión sobre el tinte racista y xenófobo de algunas declaraciones que se escucharon en los últimos días a propósito de la ocupación del Parque Indoamericano se coló en la cumbre y los presidentes firmarán hoy una declaración conjunta condenando la intolerancia, contraria a la integración del bloque.

Casi como una respuesta a las declaraciones del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, sobre la supuesta existencia de una “inmigración descontrolada”, el Mercosur sancionará hoy un acuerdo por el que se establecerá un Estatuto de la Ciudadanía para los nacidos en los países del bloque. Si bien se firmó un primer plan de acción, “la discusión y el armado del estatuto es un avance muy importante para la integración política”, señaló a Página/12 un funcionario de la Cancillería.

En el texto del documento elaborado por los ministros de Relaciones Exteriores de la región se pone como objetivos “ampliar y consolidar un conjunto de derechos básicos y beneficios para todos los ciudadanos de los Estados miembros del Mercosur”. La iniciativa consiste en un plan de acción a imponer en el término de diez años y que tendrá “un impacto directo en la vida cotidiana de decenas de millones de ciudadanos del Mercosur, el alcance, entre otros, los ámbitos del empleo, el bienestar, la educación, la libre circulación de personas, las normas comunes para la identificación de personas y vehículos en las tasas de telecomunicaciones y de consumo”. Por ello, detalla que se establecerá “un estándar de documento de identidad y la armonización de los documentos de información” y “la mejora de la Declaración Sociolaboral del Mercosur”.

El acuerdo por el estatuto tuvo un rápido tratamiento, ya que había sido propuesto en la cumbre anterior, en San Juan. La propuesta fue impulsada por los brasileños que hoy entregan la presidencia pro témpore a Paraguay. En el documento que será ratificado hoy por los presidentes se deja en claro que “parte de los esfuerzos para crear una ciudadanía del Mercosur, el Plan de Acción es en el contexto de promover el pilar de la ciudadanía del bloque con miras a desarrollar un Mercosur de los Pueblos”. A su vez recuerda que ya se han alcanzado altos grados de comunión porque con políticas en marcha como la “exención del pasaporte para viajar al interior del bloque y asociados, se facilitó la obtención de residencia permanente, la recepción de las pensiones y las prestaciones de jubilación de aportaciones realizadas en diferentes países del bloque”.

Alto Representante

“Es necesario contar con una figura que pueda cumplir el rol de representante del Mercosur ante terceros y que a su vez tenga la capacidad de observar el proceso de integración desde una perspectiva diferente a la de los negociadores de los Estados partes”, señaló Timerman al anunciar la creación del cargo del Alto Representante del Mercosur que también será ratificado por los presidentes. La idea de un coordinador del espacio político común venía cobrando fuerza y en estos meses la impulsó Brasil para dar mayor “institucionalidad”. Se mantuvo en reserva el candidato para ejercer el cargo, aunque el saliente canciller Celso Amorim se autoexcluyó y también lo hizo con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien hoy será protagonista excluyente al participar por última vez de esta cumbre.

Anteriormente, el representante del bloque era el presidente de la Comisión de Representantes Permanentes por el que pasaron sucesivamente el ex presidente Eduardo Duhalde y el ex vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez, por dos períodos.

Cumbre Social

Con la tónica impuesta desde la Cumbre Social que se desarrolló en forma paralela durante estos días, se creó la Unidad de Apoyo para la Participación Social. Creada como un “órgano auxiliar del Alto Representante”, estará orientada a fortalecer la participación social “en el proceso e integración”. Los presidentes dieron un fuerte espaldarazo al participar anoche por primera vez en el cierre del encuentro que reúne a los movimientos sociales de la región. Allí aprobaron el “Plan Estratégico de Acción Social”: plantea la erradicación del hambre y la pobreza y combatir la desigualdad social; la garantía de los derechos humanos, asistencia humanitaria y la igualdad étnica, racial y de género y garantizar el acceso a un trabajo digno y derechos sociales. El secretario de Comercio Internacional, Luis María Kreckler, señaló que la cumbre de Foz de Iguazú “es tan importante como la que se realizó en San Juan, ya que se ha avanzado hacia la institucionalización política del mercado común”. En tal sentido, se logró el acuerdo para el criterio de representación que determinará el número de bancas que cada país tendrá en el Parlamento del Mercosur: Brasil contará con 75 parlamentarios, Argentina con 43, Paraguay y Uruguay con 18 cada uno. En los próximos años la elección de los parlamentarios se realizará por el voto directo de cada país. Queda por resolver el ingreso de Venezuela al Mercosur, aún estancado en el Senado de Paraguay.

Lula fue el encargado de cerrar la jornada anoche, acompañado por los presidentes de Paraguay, Fernando Lugo, y de Uruguay, José Mujica. La presidenta Cristina Kirchner no podía llegar antes por motivos de agenda, según informaron voceros del gobierno argentino. “Todas estas conquistas sólo fueron posibles por el clima de entendimiento y de verdadera fraternidad. Sabemos de la importancia de la solidaridad y la justicia social, que deben ser la puerta de entrada de nuestros pueblos”, señaló.

Por Julián Bruschtein
Desde Foz de Iguazú
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A pesar de estar habitada por una inmensa cantidad de jóvenes (12.057.369), en Colombia no encuentran oportunidades para su realización. Varios botones lo confirman: la tercera parte de éstos no está vinculada al sistema educativo ni laboral; sólo el 52,4 por ciento logra título de bachiller; ni qué decir de la educación superior. Además, el desempleo afecta al 21 por ciento de los jóvenes. ¿Impulsará políticas justas y efectivas el actual Gobierno para dar al traste con esta realidad?

El garrote

El proyecto1 presentado para expedir el Código Nacional de Convivencia Ciudadana debiera ser objeto de amplia deliberación pública por su contenido y las consecuencias para la libre expresión ciudadana. Ejemplo de ello, este texto: “Toda reunión o desfile público que altere o atente contra la convivencia, la libre movilidad o los derechos fundamentales, especialmente los de los menores de edad, será disuelto por la Policía Nacional. De la misma forma, ésta podrá impedir la realización de reuniones, marchas o desfiles públicos que no hayan sido comunicados oportunamente o cuando éstos no cumplan las condiciones señaladas por la autoridad”2.

Para las diversas expresiones de los jóvenes en los ámbitos urbanos, es decir, las llamadas culturas o subculturas juveniles, y en general para la población joven, serán objeto de sanciones si presentan conductas como:

–    Emplear indebidamente o permitir que menores de edad utilicen las telecomunicaciones de emergencia para dar información falsa o inútil. La medida se impondrá al representante legal del menor o al tutor;
–    Escribir o fijar en lugar público o abierto al público, postes o en fachadas de propiedades públicas o privadas, leyenda, propaganda, pasacalles, dibujo o grafitis sin autorización. En tal caso se impondrá la medida de desarrollar actividad que ayude al aseo, el ornato, la tranquilidad y la salubridad;
–    Usar indebidamente la bandera, el escudo nacional, cualquier otro símbolo patrio, o no izar el pabellón nacional en fiestas patrias o cuando lo dispongan los gobiernos nacional, departamental, distrital o municipal;
–    Realizar actos sexuales, obscenos, exhibicionistas o insultantes para la dignidad personal y la moralidad pública, en sitios públicos o abiertos a éste, o que, siendo privados, trasciendan a lo público, tales como clubes sociales, corporaciones, fundaciones sin ánimo de lucro y sociedades comerciales;
–    Ocupar indebidamente o hacer mal uso de los bienes del espacio público;
–    Perturbar, en vía pública o en privado cuando trascienda a lo público, la convivencia mediante juegos o cualquiera otra actividad;
–    Permitir que los menores afecten la convivencia del vecindario con sus juegos o travesuras;

Preocupado el legislador por las alarmantes cifras de criminalidad juvenil en el país, pues, según informes oficiales de la Policía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en 2009 fueron detenidos 4.357 menores de edad, 3.601 menores (14-18 años) ingresaron al Sistema Penal para adolescentes, cifra que aumentó respecto a 2008, cuando hubo 3.141 casos3.

Además, la explicación del ICBF a esta situación, que suponemos soportada en investigaciones científicas, es: “Cuando los adolescentes conocen el tipo de castigo al que se exponen al cometer un delito y encuentran que los beneficios son superiores a los riesgos, se genera un incentivo a reincidir, incrementando así la cifra total de delitos. Esto impacta principalmente los delitos contra el patrimonio económico como el hurto, por lo que se puede observar un incremento para 2009 en este delito del 24,4 por ciento con relación a 2008”4. La afirmación preocupa y tiene lamentables consecuencias para los jóvenes; por tanto, se necesita conocer los soportes en los cuales está fundamentada. Como respuesta, se presenta el Proyecto de Ley5, incrementando las penas y endureciendo los sitios de reclusión donde los jóvenes pagan por sus delitos.

La iniciativa legislativa se inscribe en “un conjunto de normas cuyo objetivo es la orientación de la política pública criminal juvenil, que inspirado en la necesidad que la sociedad impone frente a los nuevos retos de seguridad ciudadana (sic)”6.

El nuevo Partido Verde7 no se queda atrás y participa en el espíritu que hoy inspira al Congreso de la República. La forma como responde al entusiasmo juvenil con sus propuestas en las pasadas elecciones es ésta8.

De los 10 artículos que integran el Proyecto de Ley, en dos de ellos se expresa claramente el espíritu de la iniciativa legislativa, a saber:

“Artículo 8. Incorpórese el artículo 187A a la Ley 1098 de 2006 que dirá:
“Artículo 187ª. La privación de la libertad en establecimiento carcelario para adolescentes. En los casos en que los adolescentes mayores de catorce (14) y menores de dieciocho (18) años sean hallados responsables de los delitos de que trata el parágrafo primero del artículo 148 de este código9, la privación de la libertad será en establecimiento carcelario para adolescentes y tendrá una duración de cinco (5) hasta quince (15) años. Si estos delitos son cometidos contra niños o niñas menores de catorce (14) años, la sanción podrá ser aumentada hasta en una tercera parte.
“Si estando vigente la sanción de privación de la libertad el adolescente cumpliere los dieciocho (18) años, éste deberá continuar el cumplimiento de la sanción separado de los menores de dieciocho (18) años. Los adolescentes tendrán una atención diferencial entre los adolescentes menores de dieciocho (18) años y aquellos que alcanzaron su mayoría de edad. Esta atención deberá incluir su separación física al interior del establecimiento carcelario”10.

Es asombrosa, por decir lo menos, la fe de la senadora Gilma Jiménez11 (Partido Verde) en que la privación de la libertad “reformará a los jóvenes”, lo cual la lleva a definir entre 5 y 15 años la pena para quienes cometen un delito, y, si se dan las condiciones, puede llegar hasta los 20 años, cuestión que ni siquiera se vislumbró en el Legislativo para las personas señaladas de crímenes de lesa humanidad en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

Según la Senadora, después de 15 o 20 años de estar privado de la libertad un joven, podrá convertirse en ciudadano de bien para la sociedad, cuestión que está lejos de cumplirse, ya que no hay relación proporcional entre el incremento del castigo y la conducta “adaptativa”, más aún si tenemos en cuenta recientes estudios12 sobre los resultados de aplicar el Código de Infancia y Adolescencia al cumplirse cerca de cuatro años de su aprobación, que señalan las fallas protuberantes en la aplicación del Código en materia de recursos técnicos y económicos, formación, coordinación institucional, etcétera.

Además, la Senadora no se pregunta13 por la procedencia del joven que comete estos delitos14 ni por las causas que determinan tales conductas y menos por la responsabilidad estatal en la materia. Sólo le interesa aplicar “penas ejemplares”, que supuestamente garantizan la no repetición del delito.

Así, la sed de justicia de la Senadora no queda satisfecha y requiere que los padres también sean privados de la libertad, como se ve en seguida:

“Artículo Transitorio: El Gobierno Nacional, dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de esta Ley, tramitará ante el Congreso de la República un Proyecto de Ley que modifique el Código Penal para establecer los tipos penales en los que incurrirán los padres, representantes legales y adultos que induzcan, constriñan, financien, faciliten o determinen directa o indirectamente, por acción u omisión, a un niño o un adolescente a cometer cualquier delito, especialmente los señalados en el parágrafo primero del artículo 148 de este Código”15.

Además de los argumentos esgrimibles en cuanto al poco tiempo de aplicación del Código de Infancia y Adolescencia, para someterlo a una reforma en su articulado que no conviene jurídica y políticamente. Es urgente la necesidad de no seguir con la política de “control y represión” como fórmula para enfrentar situaciones complejas crear en el país un espacio para la reflexión de los sectores relacionados con la población joven, a fin de analizar las múltiples dimensiones de su situación e implementar reformas jurídicas y políticas, programas y proyectos que se demandan con urgencia para que ellos accedan a una vida digna, de la cual no gozan hoy en Colombia en sus grandes ciudades y menos en las zonas rurales.

La zanahoria

Para disminuir los homicidios y el rapto de menores, y recuperar a los secuestrados, se plantea luminosamente por parte del legislador la creación de la “Alerta Luis Santiago”16. Con tal propuesta se espera reducir las infracciones.

Además, no se presenta un balance de políticas y programas orientados al joven de “alto riesgo”. Igualmente, estamos ante conceptos que estigmatizan la situación del joven en el país y no contribuyen a profundizar en su comprensión y su explicación. En el Congreso se estudia un proyecto de ley17 para la rehabilitación y la inclusión social para los jóvenes en ciertas circunstancias.

A pesar de las fallas de la iniciativa, es transparente lo relativo a estímulos tributarios: “Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que contraten personas objeto de la presente ley, que hayan sido rehabilitados, aptos para el trabajo y capacitados previamente, podrán deducir de su renta el 125% (ciento veinticinco por ciento) [porcentaje absurdo] del valor total de los salarios efectivamente pagados durante el respectivo año gravable, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno”18. Es probable que el desempleo no disminuya, así los estímulos se apliquen con rigor.

Finalmente, está el proyecto de objeción de conciencia al servicio militar19, que busca materializar una propuesta que los jóvenes luchan desde hace años, pues no quieren continuar como actores de un teatro de sangre en que sus vidas se limitan a una polaridad en que se ve al otro como enemigo al cual se debe perseguir, capturar, eliminar, y posteriormente recibir reconocimientos. Ello sucede en cualquier bando en conflicto, en que la gente es sometida por el imperio de la muerte y las armas, que niegan la vida. A esto no quieren seguir apostándole los jóvenes del mundo.

Esperamos que el proyecto curse favorablemente su trámite, aunque el ambiente guerrerista que prima en la sociedad, al cual el escenario del Congreso no es ajeno, le pronostique un futuro incierto.

La manipulación

Las causas de la participación partidista y las que se expresan en el espacio político mediante el voto20 son complejas y ameritan una investigación seria en el país. Un estudio de esas características permitiría conocer las causas de la apatía y el rechazo de los jóvenes hacia los partidos políticos. Razones no faltan, algunas de ellas suficientemente conocidas. Igual comportamiento se ve ante el tema electoral, cuando se han intensificado los delitos electorales y la serie de irregularidades presentadas, justifican su posición al respecto.

Por tanto, el tema no se soluciona con proyectos de ley21 que otorguen derecho a sufragar a los 16 años. Así, sólo se incrementa el voto en blanco y la abstención, pues la gente no cree que los partidos y el voto transformen a la sociedad. La cultura política y la conciencia ciudadana requieren leyes más sustantivas para enfrentar la crisis, y no proyectos que responden a un fervor electoral, expresado en los medios a nombre de un partido.

Qué dice “Colombia Joven”

El programa presidencial para velar por los derechos del joven debiera pronunciarse. Promover debates públicos en todas las regiones, con la población que se verá involucrada en estos proyectos si se aprueban. Por ahora, prima el silencio.

Y los jóvenes, ¿dónde están?

Sorteando azarosa e inciertamente su trágico presente y su futuro, algunos de manera lúdica, creativa y con espíritu reflexivo, habrá aquellos que, adaptados a la sociedad que les tocó vivir, sólo esperan cumplir con el libreto. Ello acontece mientras los proyectos de ley siguen su curso hasta llegar como relámpago a sus vidas, para iluminarlas o profundizar su desesperanzadora grieta, que tiende a una ser constante en la sociedad colombiana.

1    Proyecto de Ley Nº 113 de 2010-Cámara, “por la cual se expide el Código Nacional de Convivencia Ciudadana y se dictan otras disposiciones”. Gaceta del Congreso Nº 739, miércoles 6 de octubre de 2010.
2    ibíd.., p. 3.
3    Gaceta del Congreso Nº 669 de 2010.
4    ibíd.., p. 9.
5    Proyecto de Ley Nº 148 de 2010-Senado, “por el cual se modifica la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, en lo referente al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes”. Gaceta del Congreso Nº 669 de 2010, martes 21 de septiembre de 2010.
6    Íd.
7    Los dos proyectos anteriores son presentados por el Gobierno y el Partido de la U, respectivamente.
8    Proyecto de Ley Nº 153 del 2010, “por medio del cual se modifica el Libro segundo, Título 1, del Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006 y se dictan otras disposiciones”.
9    Los delitos a que hace referencia el parágrafo primero en mención son: homicidio doloso, secuestro, delitos agravados contra la libertad, la integridad y la formación, sexuales, extorsión, lesiones personales agravadas y hurto calificado.
10    íd.
11    También del senador Roy Barreras Montealegre, quien presenta el Proyecto Nº 148 de 2010.
12    Evaluación del Código de Infancia y Adolescencia. Alianza por la Niñez. 2010.
13    Tampoco lo hace el senador Roy Barreras en su Proyecto de Ley Nº 148.
14    Cuando se estaba debatiendo la aprobación del nuevo Código de Infancia y Adolescencia, el porcentaje mayor de jóvenes que cometían los delitos por penalizar drásticamente con la ley pertenecían a los estratos socioeconómicos 1 y 2.
15    íd.
16    Proyecto de Ley Nº 019 de 2010-Cámara, “por medio del cual se dictan medidas para la prevención del rapto de menores y se dictan otras disposiciones”. Gaceta del Congreso Nº 452 de 2010.
17    Proyecto de Ley Nº 109 de 2010-Cámara, “por medio de la cual se establecen estímulos tributarios y otros, con el fin de adoptar medidas especiales para la rehabilitación e inclusión social de jóvenes con alto riesgo de emergencia social, pandillismo y violencia juvenil”. Gaceta del Congreso Nº 722, de jueves 30 de septiembre de 2010.
18    ibíd.., p. 2.
19    Proyecto de Ley Nº 66 de 2010m, “por la cual se dictan normas sobre el ejercicio del derecho de objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, se crea el servicio social sustituto, se modifica parcialmente la Ley 48 de 1993 y se dictan otras disposiciones”. Gaceta del Congreso Nº 492, de jueves 5 de agosto de 2010.
20    A pesar de tal situación, los jóvenes participan del escenario político, entendido como el espacio donde se piensan los problemas del país y se formulan alternativas, en medio de las relaciones de poder. Esto se constata en las múltiples expresiones juveniles y las diversas propuestas en el ámbito de la cultura.
21    Proyecto de Acto Legislativo Nº 06 de 2010, “por el cual se reforma el articulo 99 de la Constitución Política de Colombia”. Gaceta del Congreso Nº 501 de 2010, de lunes 9 de agosto de 2010.

Publicado enEdición 163
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