Así "satura" Volkswagen la justicia alemana para evitar pagar más por el dieselgate

La compañía automovilística solo indemniza a los ciudadanos si denuncian. Cuando llega la demanda, la empresa suele proponer un montante de dinero al afectado para alcanzar un acuerdo que obliga a retirar la denuncia

 

"Con su actual estrategia, Volkswagen puede acabar pagando 2.000 o 3.000 millones de euros, pero no más de 10.000 millones que es lo que correspondería por los dos millones de coches afectados", explica un abogado

 

Aldo Mas

 

El último coche que se ha comprado Christoph Lütgert es un híbrido. No es del fabricante alemán Volkswagen. Su anterior vehículo, sin embargo, sí que era de los que fabrica el consorcio germano con sede en Wolfsburgo. Era, de hecho, uno de los afectados por el dieselgate, en el que el fabricante alemán trucó los motores de sus vehículos diésel para que parecieran menos contaminantes.

Lütgert es de los clientes que han conseguido recibir una compensación en Alemania tras adquirir un coche con el motor trucado. Sin embargo, solo lo logró después de casi dos años y medio de batalla judicial. Su caso, que tuvo que pasar por dos instancias y una apelación antes de que Volkswagen tirara la toalla, es uno entre decenas de miles que hay en curso en Alemania.

Ante el juez, a Lütgert lo representó con éxito Lars Murken-Flato, letrado del gabinete de abogados Hahn, en Hamburgo. "En Alemania, Volkswagen está viéndose obligado a pagar a los consumidores pero solo cuando estos denuncian ante la justicia. Es decir, que tienen que denunciar y estar dispuestos a llevar un proceso judicial contra Volkswagen, algo que suele alargarse en el tiempo", dice Murken-Flato a eldiario.es. "Ahora mismo hay miles de denuncias que tienen que ser procesadas por la justicia, una justicia que ya de por sí está sobrecargada", explica el abogado de Lütgert.

La estrategia de Volkswagen, según señala este letrado, nada tiene que ver con cómo la firma alemana lidió con el dieselgate en Estados Unidos. "En Estados Unidos hubo mucha presión de los políticos a la empresa, y entonces la empresa diseñó un sistema para recomprar los vehículos o pagar un dinero por cada coche", indica Murken-Flato. Esa "solución" americana al ' que evitaba los tribunales tuvo, junto a multas compensaciones y acuerdos con autoridades estadounidenses, un coste estimado en unos 25.000 millones de dólares (cerca de 23.000 millones de euros).

"En Estados Unidos las autoridades han sido más duras con Volkswagen que en Europa, allí la situación es mucho mejor que aquí para este tipo de actuaciones. En Europa apenas ha habido presión de las autoridades como en Estados Unidos. La presión aquí se ha ejercido desde las asociaciones de consumidores", dice a eldiario.es Axel Friedrich, experto en cuestiones de movilidad con años de experiencia en la Agencia Federal para el Medioambiente de Alemania (UBA).

Estimaciones recientes apuntan a que se han procesado unas 61.000 denuncias contra Volkswagen relacionadas con los motores diésel trucados. Según afirmaban recientemente fuentes del consorcio germano al diario generalista berlinés Der Tagesspiegel, unos 33.000 casos ya han sido resueltos. La gran mayoría han acabado con el final deseado por la compañía, según han apuntado desde Volkswagen.

Esto se explica por la estrategia adoptada por la firma una vez que hay proceso judicial. La empresa suele proponer un montante de dinero al afectado para alcanzar un acuerdo que obliga a retirar la denuncia. A Christoph Lütgert, por ejemplo, la empresa le ofreció en su momento 17.000 euros por su Volkswagen Golf. Pero Lütgert y Murken-Flato, su abogado, no dieron su brazo a torcer. Continuaron la pelea en los tribunales. Y ganaron, obligando al consorcio ha pagar algo más de 20.000 euros, después de más de casi 30 meses de batalla judicial.

En vista de casos como el de Lütgert y cómo se están eternizando los procesos judiciales, Friedrich considera responsable a Volkswagen de plantear "una enorme carga sobre los jueces". Así lo afirmaba hace unos días al Der Tagesspiegel Murken-Flato: "Como Volkswagen evita una solución similar a la de Estados Unidos, los afectados germanos tienen que denunciar, y esto es una sobrecarga para la justicia". "Todo el proceso va muy lento", constata Friedrich a este periódico.

 

Evitar una solución como en EEUU

 

Aun así, la actitud de Lütgert y Murken-Flato no está al alcance de todos. En los tribunales, el tiempo también es oro. Porque para acudir frente al juez hay que estar dispuesto a pagar abogados y costes judiciales. "Muchos deciden no pagar y no denunciar", comenta Murken-Flato. Para él, la estrategia de Volkswagen está clara. "Ellos dicen: 'sin jueces de por medio, no pagamos nada, pagamos solo cuando nos denuncian'", abunda el letrado.

En Estados Unidos, el número de coches afectados por el escándalo rondaba el medio millón. Sin embargo, solo en Alemania se estima que hay unos dos millones de vehículos afectados. "La estrategia en Alemania de Volkswagen funciona así: si en Alemania se decidieran a tomar una salida como en Estados Unidos, tendrían que pagar a todos los afectados. Pero en Alemania hay más de dos millones de coches afectados. Si Volkswagen tuviera que pagar a todos, pongamos 5.000 euros de media, eso ya significaría una suma por encima de los 10.000 millones de euros", comenta Murken-Flato. "Con su actual estrategia, Volkswagen puede acabar pagando 2.000 o 3.000 millones de euros, pero no más de 10.000 millones", abunda.

A Volkswagen incluso le viene mejor, antes que encontrar una solución a la americana, hacer frente a la denuncia en grupo que reúne a cerca de medio millón de usuarios afectados que estos días se dirime en el Tribunal Regional Superior de Braunschweig.

De aquí a que ese tribunal de Braunschweig acabe resolviendo esa denuncia pueden acabar pasando años, según los expertos. Hasta que eso no ocurra, Volkswagen no podrá olvidar del todo el dieselgate en Alemania.

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El proyecto de Vaca Muerta, basado en el contaminante método del fracking, amenaza los acuíferos, territorios indígenas y parques naturales de la Patagonia argentina.

Al mismo tiempo que el rechazo popular está haciendo retroceder en terreno europeo la polémica técnica del ‘fracking’, las multinacionales del viejo continente multiplican la inversión en proyecto de fractura hidráulica en países empobrecidos.

 

Mientras el fracking lleva en espera o prohibido en gran parte de Europa, las empresas del continente parecen tener pocos remilgos en utilizar estas técnicas en América Latina. Concretamente, en el yacimiento de Vaca Muerta, en la patagonia argentina, siete empresas europeas operan en la formación de gas, según el Observatorio Petrolero Sur (Opsur). Las tres más importantes provienen de los países europeos que primero se posicionaron contra el fracking: Francia, Alemania, Holanda y Reino Unido y que hoy son algunos de los países embajadores de la causa medioambiental. Las críticas al proceso de externalización de las sociedades occidentales parece hacerse más eco en la ONU, que después de 15 años de discusiones, podría aprobar este año un Tratado vinculante de regulación de las trasnacionales.

¿EL ‘FRACKING’ EN EUROPA ES COSA DEL PASADO?

La técnica extractiva de hidrocarburos no convencionales con agua, químicos y arenas lleva paralizada, adormecida o prohibida por algo menos de diez años en casi todos los países europeos.

Gracias a las advertencias de diferentes activismos, investigadores y organismos medioambientales el fracking es una técnica muy poco utilizada en suelo europeo. Lo que no está tan claro es si la regulación europea está interesada en prohibir esta técnica en otros suelos como, por ejemplo, en Vaca Muerta, la primera reserva latinoamericana de hidrocarburos no convencionales.

Junto a la crisis de Ucrania y los conflictos geopolíticos en Oriente Medio, el suministro de gas y petróleo peligraba en Europa, por lo que en la primera década del siglo y animados por el “éxito de la técnica” en EE UU, comenzaron las primeras exploraciones en territorio inglés, polaco, español, alemán y francés.

Los resultados preliminares fueron positivos para la mayoría de estos países. De hecho, según Michel Barron, director de la consultora Eurasia Group, las reservas estimadas de gas y petróleo esquisto en territorio europeo podrían suponer un 80% de las que existen en el país que lidera esta técnica: Estados Unidos.

Aún con el “potencial” energético de gas y petróleo esquisto en las rocas de pizarra europeas, las dificultades geológicas de extracción, los impactos socio-ambientales y los altos costes económicos, hicieron que el fracking fuera prohibido o paralizado en casi toda Europa.

En 2011, Francia fue el primer país del mundo en prohibir la técnica. Unos años más tarde se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza, República Checa. Reino Unido paralizó las extracciones y España lo prohibió por regiones o lo hizo imposible a través de requisitos que se lo ponían muy difícil al fracking.

‘FRACKING‘ SÍ , PERO FUERA

 

A partir de las dificultades que se fueron encontrando en Europa, las empresas con casa matriz en el continente emprendieron un nuevo viaje hacia el sur global.

En torno al 2010 empresas como la francesa Total Austral, Wintershall, Shell, Equinor, Gazprom o PAE empezaron sus andanzas no convencionales en la explotación masiva de Vaca Muerta.

Si bien la mayoría de estas empresas ya tenían presencia en el país desde la última dictadura cívico-militar en Argentina, a partir de la primera década de este siglo fueron ampliando su interés por el fracking que en sus países estaba prohibida por los impactos en el medioambiente y en la salud de la población.

Este sendero se facilitó con la liberalización del mercado de los hidrocarburos que se produjo en 2015 cuando asumió el Gobierno de Mauricio Macri. “Desde la cartera de Energía se implementaron políticas tendientes a la liberalización del sector: tarifas energéticas acopladas a las fluctuaciones del mercado, dolarización de los precios de la energía, flexibilización y precarización laboral, apertura de la exportación de hidrocarburos, entre otras”, confirman desde el Observatorio Petrolero Sur.

Unido a esto, varios ex ejecutivos petroleros comenzaron la carrera política con el actual Gobierno. Es el caso de Juan José de Aranguren, que pasó de CEO de Shell Capsa a Ministro de Energía y Minería de la Nación.

Según el informe de los investigadores del OPsur Martín Álvarez y Hernán Scandizzo para el boletín Ejes, son siete las empresas europeas que tienen actividad en la reserva de Vaca Muerta: la francesa Total, la alemana Wintershall, la anglo-holandesa Shell, Equinor (antes Statoil) de Noruega y la rusa Gazprom Rusia. También PAE, que es parcialmente controlada por la británica BP, y Phoenix Global Resources, firma a la que están vinculados dos empresarios argentinos —Daniel Vila y José Luis Manzano—, pero que tiene casa matriz en el Reino Unido y participación mayoritaria del holding suizo Mercuria.

En el informe se destaca a la alemana Wintershall vinculada comercialmente con la rusa Gazprom, que hoy es una de las principales proveedoras de gas de la UE. Y sobre todo la francesa Total Austral, el quinto grupo petrolero del mundo, con presencia en más de 130 países, y que desde 2010 se convirtió en la segunda productora de gas de Argentina, en la empresa europea con mayor superficie acumulada en Vaca Muerta, y en la tercera en términos generales, detrás de las empresas nacionales YPF y GyP.

La presencia de Wintershall, Shell o Total Austral, como empresas de “fuerte identificación” con países como Alemania, Holanda, Reino Unido y Francia dejarían de manifiesto aspectos paradójicos en la gestión y control de las economías de estos países.

Según el informe de Ejes, Total Austral no solo desarrolla su actividad de fractura hidráulica (fracking) en la formación de Vaca Muerta, sino que además opera en un área natural protegida, Auca Mahuida, zona de preservación de especies y yacimientos arqueológicos y de valor histórico para el pueblo Mapuche, que lleva dando la batalla desde hace ya tiempo contra las extracciones. Las localidades cercanas a los pozos de extracción se vieron afectadas por esta situación, sobre todo aquellas familias que vivían principalmente de la tierra y de la ganadería, su actividad económica empeoró y muchas tuvieron que emigrar hacia centros urbanos. Otras familias campesinas lograron negociar alguna contrapartida económica con la empresa en cuestión.

Desde la Dirección de Áreas Naturales Protegidas de la provincia de Neuquén ya advirtieron en su día que no se autorizarán los pozos de perforación no convencional dentro de la zona protegida. Incluso en 2014 se llevó a la junta de accionistas de Total Austral en París. “Allí se cuestionó que mientras en el país de origen de la empresa el fracking está prohibido, la compañía no solo la aplica fronteras fuera sino peor aún, en un área natural protegida”, afirman Martín Álvarez y Hernán Scandizzo en su informe para Ejes.

AVANCES QUE ESPERAN A 2019

¿Qué dice la normativa de la UE sobre las empresas cuya actividad es ilegal en el país de origen?

Actualmente no existe ningún mecanismo eficaz que actúe a nivel global para controlar a las megacorporaciones, de hecho estas pueden eludir con facilidad legislaciones nacionales a través de complejos entramados societarios.

La Comisión de Desarrollo Sostenible del Eurolat, Asamblea Parlamentaria entre América Latina y Europa, aprobó un documento con fuertes críticas a esta técnica, sin embargo no votó positivamente la recomendación de una moratoria al fracking en ambos continentes. Esta Asamblea es la mediación más importante entre las dos regiones, los informes que se emiten desde ahí no son vinculantes, pero sus recomendaciones son utilizadas para blindar algunas decisiones geopolíticas.

Parece que el escenario más favorecedor para la prohibición del fracking en Vaca Muerta y en otros lugares del mundo, corre a cargo de la ONU. Gracias a décadas de discusiones y movilizaciones, las organizaciones sociales consiguieron que en 2017 empezaran las negociaciones en este organismo multilateral para elaborar un tratado vinculante que obligue a las empresas trasnacionales a cumplir con los derechos humanos. Un año más tarde comenzaba la cuarta ronda para sacar adelante este instrumento jurídico. En esta ocasión se pudo elaborar un borrador que algunas organizaciones como el Observatorio de Multinacionales de América Latina (Omal) califican de insuficiente y poco exhaustivo.

La Campaña Global para reivindicar “la soberanía de los pueblos, desmantelar el poder de las empresas transnacionales y poner fin a la impunidad”, sostiene que 2019 parece ser el año clave. Entre el 14 y el 18 de octubre tendrá lugar la quinta Sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta (OEIGWG) en Ginebra para lograr un tratado que sea jurídicamente vinculante que regule la actividad de las trasnacionales en suelos que tienen escasa normativa socio-ambiental. Este tratado no solo regulará el fracking en Vaca Muerta, es un acuerdo que obligará a la actividad de las empresas trasnacionales a cumplir una serie de principios y requisitos de acuerdo con la Declaración de los Derechos Humanos.

¿Qué capacidad tendrá este Tratado respecto a las legislaciones nacionales? ¿Cómo y por quién se juzgarán las infracciones y delitos? Son muchas las preguntas puestas encima de la mesa. Las organizaciones ambientales y colectivos sociales lo ven como un claro avance para mitigar las injusticias que suceden en comunidades, bosques y territorios con escasa regulación socio-ambiental.

EXTERNALIZAR COSTES Y CERRAR BENEFICIOS

Escribía el sociólogo Stephan Lassenich en un artículo de opinión publicado por El País, que las sociedades occidentales habían racionalizado las prácticas extractivas y las asimetrías socio-ecológicas y económicas hacia regímenes transnacionales políticos: el FMI, la OMC, hasta el Acuerdo de París. A través de su poderío militar y sus posiciones geopolíticas “ha sido posible construir una estructura socioeconómica que solo funciona a costa de terceros”. A esto se llama externalización. Quiere decir que una vez que los recursos humanos, naturales y sociales ajenos son utilizados por estas sociedades, los costes económicos, ecológicos y sociales son exteriorizados.

“De esta manera se reserva la productividad de este modelo de reproducción para las economías más competitivas, mientras que la destructividad es procesada por las economías más vulnerables”, continúa el sociólogo. Y para evitar que las repercusiones negativas puedan recaer en las propias sociedades externalizadoras cierran su espacio económico y social.

Este proceso en el que nos encontramos es visible en Vaca Muerta. Una vez utilizados los recursos naturales, el beneficio viaja hacia el país de origen, mientras que en los suelos de la cuenca neuquina los derrames contaminan la tierra y los cultivos, las placas tectónicas se mueven y los gases de efecto invernadero ascienden a la atmósfera. Mientras que desde el G7 o el Acuerdo de París se reprocha a “los países periféricos” por sus prácticas poco limpias, los países occidentales en muchos casos serían sus promotores.

Ante esta situación el Tratado vinculante que se firmaría en Ginebra podría reducir estos costes, la pregunta sería si se lograrían incluir términos exhaustivos que puedan aplicarse a nivel jurídico o el Tratado seguiría insistiendo en artículos generales que podrían posibilitar vacíos legales en beneficio de las corporaciones, como se denuncia desde OMAL.

En el momento de escribir este artículo, la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero (OPIC) de EE UU respaldó con más de 400 millones de dólares a dos empresas petroleras en Vaca Muerta.

Por Andrea Ana Gálvez

@Ana_Gaher


publicado

2019-09-27 06:00

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Miércoles, 25 Septiembre 2019 06:12

Cambio climático: urge la transición energética

Cambio climático: urge la transición energética

En la actualidad la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera alcanza unas 445 partes por millón (ppm). Cada año se añaden otras 2.5 partes por millón. Si no se logran las metas de reducciones de emisiones a finales del siglo XXI se habrán añadido unas 300 ppm y habremos alcanzado el nivel de 750 ppm hacia finales del siglo.

Ese nivel de acumulación de gases de efecto invernadero nos arroja un resultado alarmante. Los modelos sobre cambio climático más rigurosos nos dicen que ese nivel de acumulación de gases de efecto invernadero (GEI) nos da una probabilidad de 50 por ciento de que la temperatura promedio aumente unos cinco grados centígrados con respecto de la que prevalecía a mediados del siglo XIX. La última vez que el planeta fue escenario de temperaturas tan elevadas fue hace cerca de 30 millones de años.

Desde que terminó la pequeña edad de hielo, hace unos 12 mil años, el clima se ha mantenido relativamente estable. Eso permitió la consolidación de la agricultura y el advenimiento de lo que hoy llamamos "civilización". Hoy esa pequeña banda en la que la temperatura se mantiene benigna se encuentra amenazada.

Hoy los científicos advierten que nos estamos dirigiendo hacia un cambio de temperatura de tres grados centígrados. Y eso depende de si se logran las metas de reducciones de los principales países contaminantes. Con ese cambio climático nuestro planeta será muy diferente al que conocemos hoy. Desertificación, sequías, incendios forestales, eventos meteorológicos más violentos y más frecuentes, así como migraciones masivas serán algunos de los efectos de ese cambio.

Pero lo más grave es que ese cambio es capaz de detonar otros procesos de generación de más gases de efecto invernadero. Una parte importante de la superficie terrestre cercana al Ártico se compone de permafrost. Esa tierra congelada acumula enormes reservas de carbono orgánico y al descongelarse podría liberar millones de toneladas métricas de metano y bióxido de carbono. Este efecto de retroalimentación positiva conduciría a un incremento incontrolable en la acumulación de gases invernadero. Teniendo su propia dinámica, ya no dependería de nuestras acciones.

La conferencia de Naciones Unidas en Nueva York esta semana tiene por objeto concientizar a la humanidad entera sobre el peligro que corre. No estamos frente a una serie de catástrofes hipotéticas. Aquí y ahora la humanidad corre el riesgo de su propia extinción. Y tampoco se trata de un evento catastrófico en un futuro lejano que afectaría a generaciones que todavía no nacen. Hoy podemos intercambiar miradas con la generación que será afectada directamente por el cambio climático. Las niñas y niños que están hoy en la escuela primaria los que van a sufrir los efectos de estos procesos. Ese es uno de los mensajes más poderosos de la intervención de Greta Thunberg y su generación en la sede de Naciones Unidas.

Tiene razón en estar enojados esos jóvenes que vivirán los efectos del cambio climático. Los acuerdos internacionales para reducir las emisiones de gases invernadero son a todas luces insuficientes para limitar el cambio climático a niveles que no sean peligrosos. Aun si se cumplieran las promesas de reducciones de GEI en el marco del Acuerdo de París el cambio climático alcanzará entre 3 y 4.5 grados centígrados para finales del siglo. Ese aumento de temperatura es una amenaza real sobre la humanidad.

Hoy las emisiones de GEI no están reduciéndose. Después de unos tres años de estabilizarse, las emisiones han vuelto a aumentar. Los países con más emisiones son China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón y Alemania. El nuestro ocupa el duodécimo lugar en el plano de emisiones de GEI. Lo que haga México en este terreno no solamente será una contribución importante a escala mundial, también tiene que ver con el bienestar y la seguridad de nuestra población, pues más de la mitad de los municipios de nuestro país se encuentran marcados por una severa vulnerabilidad frente al cambio climático (datos de Semarnat).

Frente a este escenario, la política energética de México debe hacer a un lado la nostalgia por el mundo de los combustibles fósiles y dar prioridad a la transición energética hacia las energías renovables. Por ejemplo, otorgar la máxima prioridad a la difusión masiva de páneles solares y calentadores solares no es un lujo, es una necesidad urgente. El precio de los páneles solares se ha reducido de manera extraordinaria en los 15 años recientes y con esquemas de financiamiento adecuados estas tecnologías podrían difundirse de manera acelerada.

México no puede continuar la lógica actual de producción de recursos petrolíferos bajo la premisa de usarlos como "palanca del desarrollo" y al mismo tiempo cumplir sus compromisos de reducción de emisiones. Por ello una estrategia de transición energética debería ser una de las máximas prioridades del gobierno en México. Después de todo, los que más van a sufrir el impacto del cambio climático son los pobres.

Twitter: @anadaloficial

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Un hombre sujeta un Smartphone de Apple, cuya carcasa posterior está agrietada./ REUTERS

Un informe de la European Environmental Bureau (EEB) estima que alargando un año la vida a los aparatos electrónicos se podría reducir la emisión de cerca de 4 millones de toneladas de CO2 al año, una cifra que equivaldría a eliminar dos millones de coches de las carreteras europeas. 

 

La vida se vuelve cada vez más dependiente de la tecnología y las grandes marcas lo saben. Cuanto menos duren los aparatos, antes regresarán los consumidores a los mercados. Esta premisa tan abstracta y certera es la denominada obsolescencia programada: el tiempo de vida útil que las empresas calculan y planifican para sus productos tecnológicos. Los teléfonos, las tabletas, los portátiles, las impresoras y hasta las lavadoras están destinadas a una muerte cada vez más temprana

Detrás de esta realidad se esconde un nuevo problema ambiental que implica, según cálculos de la European Environmental Bureau (EEB), la emisión anual de algo más de 48 millones de toneladas de CO2. Estas cifras gigantescas se deben a un aumento del consumo de energía y recursos para satisfacer la creciente demanda de productos tecnológicos y para la eliminación de los anteriores aparatos. “Este estudio es una prueba más de que Europa no puede cumplir con sus obligaciones climáticas sin abordar nuestros patrones de producción y consumo. El impacto climático de nuestra cultura de teléfonos inteligentes desechables es demasiado alto”, valora Jean-Pierre Schweitzer, oficial de Políticas para la Economía Circular en EEB.

La mayor parte de las emisiones que hay detrás de los aparatos electrónicos se vincula, no tanto a la energía que puedan consumir durante su funcionamiento como a la contaminación que se genera durante toda su fabricación. Buen ejemplo de ello son los teléfonos móviles, en tanto que el 75% de los gases de efecto invernadero que llevan asociados se corresponden con todo el proceso productivo, con el transporte y la distribución comercial. Es decir, tres cuartas partes de las emisiones que un teléfono móvil lleva agregadas se realizan antes de que el consumidor los desembale de la caja.

El tiempo medio de vida útil de un Smartphone y un portátil está entre los 3 y los 4 años. En el caso de una lavadora, su longevidad ronda los 11 años y si hablamos de aspiradoras –otro electrodoméstico común– seguramente terminen obsoletas al cumplir los 4 años. Tan sólo con alargar un año la vida de estos productos se conseguiría reducir 4 millones de toneladas de CO2 al año. Algo que, según la EEA, equivaldría a eliminar de golpe cerca de dos millones de coches de las carreteras de Europa.

Al problema de los gases de efecto invernadero se debe añadir el problema de residuos de que se vincula a las cortas vidas de móviles y otros objetos del mismo calibre. Tanto es así, que se estima que sólo en España se generan al año cerca de 930.000 toneladas de basura procedente de aparatos electrónicos. En Europa, las cifras oscilan entre las diez y las doce toneladas, según la propia Comisión Europea.

“Más allá de lo que supone para los bolsillos, creo que hay pocos ciudadanos que tengan conciencia de lo que la obsolescencia programada supone a nivel ecológico. Apenas hay informaciones gubernamentales sobre lo que significan medioambientalmente estás prácticas”, explica a Público Benito Muros, presidente de la Fundación de Energía e Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada.

La tiranía del diseño

Además de la programación deliberada de los años de vida de los aparatos electrónicos, existen otras limitaciones estéticas que refuerzan esa idea de obsolescencia programada. La tiranía del diseño de la mayoría de los productos provoca que las reparaciones sean más costosas de los que eran antes. Según Laura Rubio, portavoz de Recuperadores de la Economía Social y Solidaria (RESS), la forma en la que se fabrican los artefactos supone una “barrera importante para la reutilización y la reparación”.

“La mayoría de las veces el consumidor, por lo que le cuesta repararlo, decide comprar un objeto nuevo, con lo que ya pasamos a generar basura electrónica”, añade Muros. La sustitución del atornillado por el pegamento en los teléfonos del actual mercado es un ejemplo de cómo se esconden las piezas a los usuarios. Si la sustitución de una pequeña batería de litio era algo factible y asequible hace unos pocos años, el ensamblaje actual hace que sea prácticamente imposible.

Muros, por su parte, pone en evidencia los problemas que puede generar que la denominada transición ecológica esté fiando todas sus esperanzas en una revolución tecnológica que precisamente no garantiza que “todos los productos sean reparables y actualizables tanto en software como en hardware”.

"Etiquetado de durabilidad"

Combatir la obsolescencia “es complicado, pero no imposible”, explican desde Amigos de la Tierra. La organización ecologista –que ha impulsado la campaña alargascencia para luchar contra la muerte programada de los productos electrónicos– reclama medidas legislativas a nivel nacional para que se ponga fin a esta práctica que genera tantas cantidades de contaminación. “La Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado de Italia multó a Samsung con 5 millones de euros y a Apple con 10 millones” por acortar la vida de los productos, citan desde la organización. Este, quizá, es uno de los caminos a seguir, opinan.

Rubio, por su parte, reclama que se impulse un “etiquetado de durabilidad” para garantizar que el consumidor sepa lo que compra y que los productores “se responsabilicen de la gestión de los residuos”. Si se obligase a que las compañías pagasen por los residuos “espabilarían” y harían que sus productos fuesen más propensos a la reutilización, comenta la experta del REES.

Desde la Fundación de Energía e Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada reclaman que se incremente la ley de garantías de dos a cinco años y que se elimine la letra pequeña de las garantías ya que establecen numerosas restricciones que impiden que los aparatos sean reparados en caso de defecto.

“Es imprescindible tratar de reparar el objeto o aparato que se nos haya estropeado, si no se puede ver el uso que le damos y valorar si nos lo pueden prestar o si se puede alquilar y, por último, antes de comprar nada nuevo, siempre está la opción de adquirirlo de segunda mano”, argumentan desde Amigos de la Tierra, para poner énfasis en el poder que tienen los consumidores y el valor de la economía circular

madrid

25/09/2019 07:46 Actualizado: 25/09/2019 07:46

alejandro tena

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El calentamiento global es más rápido de lo previsto

Las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por los combustibles fósiles están calentando la superficie de la Tierra más rápidamente de lo previsto, según nuevos modelos de proyección llamados a reemplazar las herramientas actuales de la ONU.

En 2100, al ritmo actual de emisiones, la temperatura media podría aumentar entre 6,5 y 7 ºC respecto de los niveles preindustriales, según dos modelos presentados este martes por sendos centros de investigación de referencia en Francia. Esto supone hasta 2 ºC más de lo que previó el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) en su Quinto Informe de Evaluación de 2014.

Los nuevos cálculos también apuntan a que los objetivos del Acuerdo de París de limitar el cambio climático a un aumento "bien inferior" a los 2º C y a 1,5 ºC de ser posible, serán todavía más difíciles de alcanzar.

"Con nuestros dos modelos, vemos que el escenario (...) que nos permitiría permanecer bajo los 2 ºC no nos sirve", dijo Olivier Boucher, director de investigación del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia (CNRS, por sus siglas en francés). Con un calentamiento de apenas +1 ºC hasta ahora, el mundo ya está sufriendo olas de calor más intensas, sequías, inundaciones, entre otros fenómenos extremos. El informe se basa en las simulaciones de varios escenarios socioeconómicos, desarrolladas por climatólogos, oceanógrafos, especialistas de la atmósfera y de cálculo, cuyas conclusiones contribuirán al sexto informe del IPCC, anunciado para 2021. Los nuevos modelos presentados por el Centro Nacional de Investigaciones Meteorológicas y el Instituto Pierre-Simon Laplace de Francia, forman parte de una nueva generación de sistemas que servirán como base para elaborar el próximo gran informe del IPCC en 2021.

Puntos de inflexión

Uno de los hallazgos clave de estos dos modelos es que el aumento de los niveles de CO2 en la atmósfera calentará la superficie de la Tierra más fácilmente de lo que habían previsto los anteriores cálculos. Los modelos franceses son los primeros en publicarse, pero los demás están llegando a la misma conclusión, incluidos los "más respetables de todos los que presenta Estados Unidos y del Met Office", la agencia meteorológica británica, según Boucher.

"Un calentamiento más acentuado nos dará menos tiempo para adaptarnos y hará más probable que alcancemos los 'puntos de inflexión', como el derretimiento del permafrost, lo que acelerará el cambio climático", escribieron este año en un blog Boucher y otros dos científicos británicos, Stephen Belcher, del Met Office, y Rowan Sutton, del Centro Nacional de Ciencia Atmosférica británico.

Entre un tercio y 99% de la capa superior del permafrost podría fundirse en 2100 si no se frena la contaminación por CO2, soltando en el aire miles de millones de toneladas de gases de efecto invernadero, según el borrador de un informe del IPCC sobre océanos.

"Desafortunadamente, nuestro fracaso global a la hora de implementar acciones eficaces (...) en las últimas décadas nos ha dejado en una situación en la que lo que debemos hacer para mantener el calentamiento a un nivel seguro es extremadamente simple", dijo Joeri Rogelj, profesor asociado del Imperial College de Londres y colaborador del IPCC. "Las emisiones globales de efecto invernadero deben declinar hoy en vez de mañana y las emisiones de CO2 deben reducirse a cero neto", concluyó.

Escenarios socioeconómicos

Los científicos lo achacan a una reacción más fuerte sobre el clima del aumento de gases invernaderos de lo que mostraba el estudio anterior. "Según el escenario más pesimista (crecimiento económico rápido alimentado por energías fósiles), el aumento de la temperatura media global alcanzaría los 6 o 7 grados centígrados en 2100, y superaría en más de un grado a las estimaciones precedentes", establecen.

Tan solo uno de los escenarios socioeconómicos, el de un panorama de cooperación internacional que dé prioridad al desarrollo sostenible, lograría cumplir con el objetivo de que el calentamiento se limite a 2 grados para esa fecha.

Los modelos de simulación climática utilizados han sido aplicados en Europa y en el Océano Índico, donde los expertos han logrado representar de manera más realista fenómenos como olas de calor o ciclones. Los datos se han obtenido también gracias a las mejoras técnicas, como una resolución espacial más precisa o el modelado de distintos sectores del sistema climático (el océano, la atmósfera, los glaciares, etc.).

Las simulaciones han permitido además estudiar con mayor fiabilidad las condiciones climáticas de Francia y Europa occidental en los últimos años, donde los científicos han constatado que las olas de calor son cada vez más frecuentes y que han aumentado de manera evidente en las últimas décadas. Confirman además que, independientemente del escenario socioeconómico utilizado, las olas de calor continuarán en las décadas siguientes.

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Miércoles, 04 Septiembre 2019 06:20

La fiebre del oro arrasa la Amazonia venezolana

La fiebre del oro arrasa la Amazonia venezolana

El furor por el metal precioso, estimulado por Nicolás Maduro, en una región controlada por mafias, sindicatos y grupos guerrilleros deja un saldo de deforestación y violencia

 

En el norte del Amazonas arde otro incendio desde hace años. La minería ilegal se ha disparado en Venezuela en la última década y en mayor proporción desde la firma en 2016 del decreto del Arco Minero del Orinoco, por parte del régimen de Nicolás Maduro, que abrió la extracción de oro y otros minerales con concesiones a empresas extranjeras y nacionales, con la intención —fallida— de regularizar la minería ilegal, un mal endémico en el sur del país.

El 85% de los puntos de minería ilegal que hay en ese pulmón, que mantuvo en vilo al mundo desde que se iniciaron los voraces incendios en Brasil y Bolivia, están en la pequeña porción de la Amazonia venezolana. "El Arco Minero del Orinoco, que ocupa un 12% del territorio nacional, es nuestro incendio en el Amazonas", señala el ambientalista Alejandro Álvarez, de la organización Clima 21. "Lo que se hacía en pequeña escala, ahora es a gran escala. Y es complejo medirlo con satélites pues debes interpretar qué está ocurriendo en una zona donde hay nubosidad todo el año, donde los árboles de 30 metros de altura tapan la minería y las grandes excavaciones alrededor de todas las cuencas de Guayana y donde se está usando el mercurio para separar el oro de otros minerales, ya presente en todos los ríos".

La Red Amazónica de Información Socioambiental Georeferenciada (RAISG) monitorea desde hace varios años la pérdida de cobertura boscosa de este gran ecosistema transfronterizo que abarca nueve países. La investigación regional apunta que para enero de este año se concentraban 1.781 puntos de minería en la porción venezolana del Amazonas, de 345 kilómetros cuadrados, una superficie que equivale a dos veces la ciudad de Madrid. Es una superficie que ha venido creciendo desde 2010, asegura Bibiana Sucre, directora de Provita, organización que junto a la ONG Watanibe participa en el monitoreo de la RAISG. Los mapas están disponibles en línea y evidencian que al sur del enorme río Orinoco hay, literalmente, un campo minado.

Esa es una de las mayores preocupaciones de los investigadores. La minería ilegal atomizada y la que ha sido permitida por el Gobierno de Maduro, aunque no hay información pública sobre la distribución de los yacimientos ni transparencia sobre los volúmenes de la extracción que, según investigaciones periodísticas en la zona, en su mayoría se va por los caminos verdes y no llega a las arcas del Banco Central de Venezuela. Para Álvarez, el cuadro se ha agravado y salido de control en medio de la profunda crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela.

"Hace 20 años la minería de oro estaba concentrada en el municipio Sifontes del Estado Bolívar. Por la geología de la región ahí están las vetas de oro más importantes y ocurría una minería artesanal de muy pequeña escala en la que estaban involucradas algunas comunidades indígenas. Lo de ahora está relacionado con dos efectos: el aumento del precio del oro en el mundo —que la guerra comercial entre EE UU y China estimula— y la debacle económica de Venezuela, que ha impulsado una minería de supervivencia con una devastación masiva del ambiente y con violaciones de derechos humanos", dice Álvarez.

"Se deforesta para que acampen los mineros y en el borde de los ríos, por el tipo de extracción. Se arrasan entre dos y 10 hectáreas por punto minero. Así se hace muy difícil hacer una categorización de los mineros, que solo en poquísima cantidad son artesanales. La mayoría está usando máquinas, motobombas y mercurio con reportes de población contaminada a través de la bioacumulación de la sustancia en peces de consumo", señala Vilisa Morón, bióloga y presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología. "Para tener estos números de deforestación y esta situación tienes que tener a muchísima gente haciendo minería y esa es una de las grandes vergüenzas que tenemos al sur del Orinoco", lamenta.

Sustituto del bolívar

Hay casi 80 puntos de minería en parques nacionales. Se ven en Canaima, en Yacapama, en la cabecera del Caura que hasta hace poco era un sitio prístino, incluso en la Reserva de Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare, un tepuy a 1.300 metros de altura, denuncia Morón. El oro, junto con el dólar, ha sustituido al devaluado bolívar como moneda en la economía del sur de Venezuela, donde se puede pagar con gramas de oro —pepitas del mineral— ropa, zapatos y teléfonos móviles en cualquier tienda. Esta semana un gramo de oro se cotizaba entre el equivalente a 27 y 36 euros, treinta o cuarenta veces el salario mínimo.

"Todos los países que conforman la panamazonía son responsables de esta zona, donde viven 30 millones de personas. Ni siquiera hay que pensar en el efecto a largo plazo, porque el problema es hoy", señala Álvarez. "Hay un montón de personas que está sufriendo las consecuencias de la falta de controles y políticas ambientales equivocadas promovidas tanto por populismos de derecha como de izquierda. La cantidad de millones de dólares que salen de ahí no compensan lo que va a costar esto en salud y en muertes. Apostar a largo plazo a la minería es insostenible porque en los ecosistemas amazónicos los costos de recuperación son enormes. Y Venezuela ya no es la de 1999, ahora es un país pobre".


 Un deterioro creciente en cada lustro

En las leyes venezolanas está totalmente prohibida la minería en el Estado Amazonas. Tampoco está permitido en los parques nacionales y áreas protegidas y ya se da en todos. Fuera de la zona donde están las grandes vetas, el mineral se encuentra en pequeñas cantidades y su extracción implica la remoción de grandes extensiones de terreno para poder sacar el botín, con consecuencias ambientales más devastadoras. El furor del oro ha hecho que Venezuela sea el único país en la región que aumentó su tasa de deforestación entre 2000 y 2015, según las mediciones de RAISG cada cinco años.

En esos 15 años se perdieron 5.265 kilómetros cuadrados de bosque en la Amazonia venezolana de los siete millones del ecosistema. Esta pérdida de cobertura boscosa fue incrementándose cada quinquenio: el 17% de la deforestación ocurrió entre los años 2000 y 2005; el 29,4% entre 2006 y 2010; y en el siguiente quinquenio se registró el 53,6% de la pérdida de cobertura boscosa.

Por Florantonia Singer

Caracas 3 SEP 2019 - 12:07 COT

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La OMS urge a investigar el impacto de los microplásticos en la salud

Las pruebas toxicológicas de microplásticos se han centrado en el ecosistema marino dejando a un lado el riesgo en humanos

Con las investigaciones actuales – pocas y no todas fiables- es imposible conocer el riesgo que puede comportar la ingesta de microplásticos en los humanos, advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un informe publicado hoy. Se necesita “urgentemente saber más, porque esas partículas están por todas partes incluso en el agua potable y hay que detener su aumento en todo el mundo”, señala María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente del organismo. La información actual sobre detección de las diminutas partículas plásticas en agua dulce, potable o residual aparece en 50 investigaciones (solo nueve se centran en el agua potable), pero al no seguir métodos estándar para el muestreo y análisis son “difíciles” de comparar, juzga el informe Microplásticos en agua potable.

Hay estudios que sugieren una absorción e impacto muy limitado de mircroplásticos de menos de 50 micras (0,05 milímetros) en animales de laboratorio a altas concentraciones, “pero se desconoce el impacto en seres humanos”. Las pruebas toxicológicas se han dirigido principalmente a organismos acuáticos. Además, según un análisis que resume los últimos conocimientos sobre la materia, "no es probable que los microplásticos de más de 150 micrómetros sean absorbidos en el cuerpo humano y se espera que la entrada de partículas más pequeñas sea limitada". "Sin embargo", añade la OMS,  "la absorción de partículas microplásticas muy pequeñas, incluso en el rango de tamaño nano, puede ser mayor, aunque los datos son extremadamente limitados".

A pesar del desconocimiento, la OMS llega a unas conclusiones preliminares. Parten del hecho de que los humanos consumen desde hace décadas estas sustancias “sin que existan indicaciones de efectos adversos sobre la salud”. Además, se han desarrollado métodos de depuración, que lograrían poner freno al 90% de los microplásticos en las aguas residuales, plantea el informe como solución. Una medida que choca con el grado de implementación de esa tecnología, que disminuye en países con ingresos medios y bajos. En ellos, el 67% de la población “carece de acceso a las conexiones de alcantarillado y alrededor del 20% de las aguas residuales domésticas que llegan a los colectores no se somete a tratamiento (UNICEF / OMS, 2019)”. En un contexto donde, además, prima la lucha contra la exposición a patógenos de aguas no tratadas, que provocan enfermedades diarréicas mortales, los microplásticos quedan relegados a un plano secundario.

Tampoco es fácil encontrar datos de qué ocurre con los desechos del tratamiento de las aguas ni del impacto que provocan en el entorno. “Los plásticos no se destruyen totalmente, sino que se transfieren de una parte a otra”, igual que ocurre con los lodos de las depuradoras que se usan como abono agrícola, concreta la OMS. Al final pueden acabar en los oceános, “el sumidero definitivo de gran parte de los restos plásticos del mundo”. En estas aguas, las piezas de plástico grandes se convierten en perjudiciales para la vida marina. “Es importante aclarar que los riesgos para el ecosistema acuático no equivalen necesariamente a peligros para la salud humana”. Las dudas se aclararían con "investigaciones bien diseñadas" que permitieran comprender mejor de dónde proceden los microplásticos que se detectan en el agua potable, además de la eficacia de diferentes procesos de tratamiento", pide la OMS.

Julio Barea, responsable de la campaña de plásticos de Greenpeace, corrobora esa falta de datos. "Nosotros llevamos años pidiendo más estudios y nos alegramos de que instituciones de este tipo den la voz de alarma", comenta. El problema fundamental de los microplásticos, en su opinión, es su capacidad de que se les adhieran otros contaminantes y químicos. Recuerda el caso del bisfenol A, un compuesto químico muy utilizado en la fabricación de plásticos que está reconocido como un "disruptor endocino". "Ya sabemos que hay que eliminarlo y se ha prohibido en los biberones, pero continua utilizándose en otros muchos envases", explica. Son sustancias capaces de alterar el sistema hormonal y generar su disfunción, provocando desde cánceres a problemas en la función reproductora, trastornos metabólicos o cardiovasculares, entre otras dolencias.

La producción mundial de plástico ha aumentado de forma más o menos exponencial desde la década de 1950. El millón y medio de toneladas de entonces se convirtió en 322 millones en 2015 en Europa y en 348 en 2017, según datos de la Unión Europea. Si se añaden las fibras, la cantidad sube a 381 millones de toneladas. Al ritmo de crecimiento actual tanto de población como de consumo, se prevé que la fabricación se duplique en 2025 y se triplique en 2050, según la FAO. Un nivel de crecimiento que si se confirma, aumentará los riesgos tanto para el medio ambiente como para los humanos, asegura la OMS.

Por Esther Sánchez

Madrid 22 AGO 2019 - 03:16 COT

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Metano del fracking exacerba el calentamiento global: Cornell University

Ni las vacas ni los pantanos son culpables del calentamiento global, como predican los vulgares desinformadores lubricados por la industria texana del gas lutita ( shale gas).

Robert W. Howarth, del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la prestigiosa Universidad Cornell (Nueva York), publica en Biogeosciences (https://bit.ly/2KALVaJ) el descomunal incremento del metano atmosférico, producto del caníbal fracking (fracturación hidráulica) del gas lutita ( shale gas) –que adelanté hace seis (https://bit.ly/2KHi4gM) y cinco años (https://bit.ly/2YVp9Do).

Robert W. Howarth expone que el metano, segundo más importante gas invernadero detrás del bióxido de carbono que provoca el cambio climático, "se ha incrementado rápidamente en la atmósfera en la pasada década", contribuyendo al calentamiento global.

El tan vilipendiado fracking caníbal provoca el "pico global en el metano atmosférico".

Howarth demuestra que “el metano de la producción del gas lutita ( shale gas) en Norteamérica (sic) en la pasada década puede (sic) haber contribuido en más de la mitad (¡mega-sic!) de todas las emisiones aumentadas de los combustibles fósiles globalmente y aproximadamente la tercera parte (¡mega-sic!) del total de las emisiones incrementadas de todas (sic) las fuentes globales en la pasada década”.

"Norteamérica" es el entreguista concepto itamita de forzada integración energética de México (https://bit.ly/2KUvy7U) al triple esquema militar/geopolítico (https://on.cfr.org/31IJcle/) financierista (https://bit.ly/2KG1GNF) de EU.

Howarth comenta que "la atmósfera responde rápidamente (sic) a los cambios en las emisiones de metano". Moraleja: hay que centrarse en la disminución del metano antes que en el dióxido de carbono.

El científico Robert W. Howarth sentencia que “reducir el metano ahora puede dar una manera instantánea para disminuir el calentamiento global y conseguir el objetivo de la ONU de conservar al planeta debajo del incremento de 2 °C.

Más allá de que el metano "también contribuye a la formación de ozono (sic) en la superficie terrestre, con inmensas consecuencias adversas para la salud (sic) humana y la agricultura", a juicio de Howarth,"el reciente incremento del metano es masivo" y "globalmente significativo" al haber contribuido "a parte del incremento del calentamiento global", donde el gas lutita es el principal culpable.

¿A alguien de los desalmados financieristas de Wall Street que armaron la burbuja subsidiada del gas lutita mediante el fracking caníbal (https://bit.ly/2F0ZCgu), primordialmente en la Cuenca Pérmica de Texas, le importa en algo la "salud" ajena y la agricultura?

Dejo de lado los cálculos de isotopos y financieros de Robert W. Howarth –el "costo social" del metano es 40 a 100 veces mayor que el dióxido de carbono: 2 mil 700 dólares por tonelada del metano comparado a 27 dólares por tonelada de dióxido de carbono– cuando su estimación basal por "el incremento de emisiones del gas lutita de 9.4 teragramos (TG: mil millones de toneladas) al año, corresponde a un daño a la salud pública (sic), a la agricultura y al clima de 25 mil millones a 55 mil millones de dólares anuales".

Sus conclusiones especifican que el "incremento de las emisiones de metano de los combustibles fósiles probablemente excedan al de las fuentes biogénicas en la pasada década (desde 2007). El incremento en las emisiones del gas lutita (quizá en combinación con las del petróleo lutita) arrojan más de la mitad del total del incremento de las emisiones de los combustibles fósiles" cuando "la comercialización del gas/petróleo lutita en el siglo XXI ha incrementado en forma dramática el metano global".

No es ningún secreto propalar que la mafia petrolera/gasera texana tiene puesto el ojo en la Cuenca de Burgos del noreste de México, curiosamente carente de agua.

Resulta incomprensible que, ante tanta evidencia científica al más alto nivel, se permita continuar con su pernicioso fracking caníbal a los especuladores financieristas de Wall Street y a los mercaderes de hidrocarburos de Texas y anexas, en detrimento del bien común (https://bit.ly/2SfXSDP).

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Estelas de aviones impactan más el clima que los gases emitidos por sus turbinas

Las nubes generadas por ese fenómeno triplicarán su aporte al calentamiento global en 2050 respecto de 2006, según estudio

 

Un estudio publicado por la revista Atmospheric Chemistry and Physics, de la Unión Europea de Geociencias, señala que las estelas de condensación de los aviones –líneas blancas que dejan en el cielo– tienen un fuerte impacto sobre el calentamiento global que podría ser mayor al generado por los gases de efecto invernadero que emiten sus turbinas.

Conocidas como contrails(condensation trails, senderos de condensación, en español), estas estelas se producen como consecuencia de la alta temperatura de los gases que salen de los motores de los aviones. El gas caliente provoca la condensación del vapor de agua de la atmósfera fría y, por tanto, la formación de dichas líneas.

Dependiendo de la humedad y la temperatura, la estela puede disiparse o aumentar de tamaño hasta convertirse en una nube. A diferencia de las cirros formadas de manera natural por vapor de agua, que absorben eficientemente el calor del planeta, pero no la luz del Sol, las estelas de condensación atrapan el calor saliente y dejan pasar el entrante. Esto ocurre, en parte, debido a la presencia de diminutos cristales de hielo que intensifican el efecto invernadero.

Demanda del medio de transporte

Las autoras del estudio, Lisa Bock y Ulrike Burkhardt, del Centro Aeroespacial Alemán (DLR, por sus siglas en alemán), estiman que las nubes generadas por ese fenómeno triplicarán su aportación al calentamiento global en 2050 respecto de 2006, año que usaron como punto de partida para su investigación, si el incremento en la demanda de este medio de transporte continúa como hasta ahora y no se toman medidas al respecto.

Una investigación anterior de Burkhardt indica que 0.61 por ciento del cielo está cubierto por contrails. Sin embargo, en las regiones de mayor tráfico aéreo, como Europa y Norteamérica, la cifra va en aumento, llegando incluso a 10 por ciento en el este de Estados Unidos o el centro de Viejo Continente.

Aunque los resultados de este estudio indican que los contrails han abonado más al cambio climático que los gases expedidos por los motores de las aeronaves, el constante crecimiento en la demanda del medio de transporte y las emisiones más dañinas debido a la presencia de óxido de nitrógeno, azufre, humo y vapor de agua, además de dióxido de carbono, hacen que estos contaminantes sigan siendo un problema a tener en cuenta. La Agencia Federal del Medio Ambiente en Alemania (UBA) asegura que el impacto generado por el tráfico aéreo es el causante de 5 por ciento mundial de la emisión de gases de efecto invernadero.

Reportes de empresa sueca

A diario alrededor de 200 mil aviones vuelan por el mundo, según datos de FlightRadar24, empresa sueca que rastrea con información detallada en la materia. Tan sólo en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México se han realizado 224 mil 967 vuelos comerciales en lo que va del año, según datos de la terminal.

En un estudio del Instituto Mexicano del Transporte (IMT) se señala que en 2010, los aviones que circularon por territorio nacional produjeron 8 millones 213 mil 580.9 toneladas de dióxido de carbono (CO2), 4 mil 437.6 de óxido de azufre y 86 mil 734.8 de óxido de nitrógeno.

De acuerdo con una herramienta de Atmosfair, organización alemana dedicada a la mitigación de las emisiones de dióxido de carbono, un vuelo redondo de la capital mexicana a Madrid, España, genera alrededor de mil 500 kilos de dióxido de carbono, lo que en más de 60 países es mayor a lo que un individuo promedio produce al año.

En octubre de 2016 se firmó un convenio mundial para reducir el impacto ambiental del transporte aéreo, con el apoyo de la Organización de Aviación Civil Internacional de las Naciones Unidas, el cual pretende solventar la ausencia de medidas en el Acuerdo de París de 2015, mejorar la eficacia energética y evaluar el nivel que alcanzarán las emisiones de dióxido de carbono en 2020.

El oro, fuente de pobreza, engaño, especulación y lujuria

Mientras los bancos centrales del mundo incrementan sus reservas en oro, en los países productores, miles de familias mineras están expuestas a insalubridad, enfermedades, inseguridad y violencia. Al otro extremo, en los Emiratos Árabes Unidos, la lujuria por consumir postres bañados en oro está a la orden del día por miles de dólares.

 

La percepción de riesgos geopolíticos ha provocado que en 2018 varios bancos centrales en el mundo incrementaran sus reservas de oro en 657 toneladas. Estas compras fueron un 74% superiores a las de 2017 y se estima que la demanda va al alza.

Según la ONU, cada año se extraen en el mundo más de 2.700 toneladas de oro. El 20%, que corresponde a más de 500 toneladas, es producido por mineros artesanales y en pequeña escala, la mayoría de ellos en países en desarrollo, que trabajan en condiciones duras, sin la protección de las regulaciones de la industria en materia de pago, salud o seguridad.

Según la misma fuente, a nivel global, en las minas de oro trabajan unos 15 millones de personas usando agentes químicos peligrosos, entre ellas 4,5 millones de mujeres y más de 600.000 niños.

La minería en Latinoamérica es una actividad importante desde la época del saqueo colonial español. Pero en los últimos años se ha expandido, tanto por el incremento de los precios internacionales como por la búsqueda de un medio de subsistencia por parte de miles de familias.

Sumergidos en el agua durante horas o, a cientos de metros bajo tierra, sin protección alguna, los mineros buscan el preciado metal con desesperación, arriesgando su salud y la vida con la esperanza de encontrar la veta que les saque de la miseria.

Contrabando, descontrol y estadísticas dudosas

El Banco Central de Ecuador por ejemplo, informa que si se compara el volumen de la producción de oro con el de exportación, hay una gran diferencia entre esas dos variables, las exportaciones superan ampliamente la producción registrada.

Esto se explica principalmente por el hecho que la pequeña minería y artesanal está al margen del control gubernamental, así como también por los elevados niveles de contrabando.

En Bolivia, la situación en la extracción del oro aluvial es preocupante para el Gobierno, toda vez que las empresas mineras auríferas operan sin cumplir con la legislación minera, no cuentan con concesiones o contratos de arrendamiento con el Estado, y sus condiciones de operación no cumplen normas básicas de explotación, de contratación de mano de obra y mucho menos de responsabilidad ambiental.

Desde Perú se informa que "el PBI minero es casi todo ilegal, no hay aportes a los ingresos del Estado, sino a altas mafias mundiales y, por ende, al fomento del terrorismo y de la delincuencia".

Ni hablar del impacto ambiental que generan estas explotaciones, que afecta a otras actividades, especialmente agropecuarias.

Estos son apenas unos ejemplos de una situación que se repite en los muchos de los países latinoamericanos mineros.

La pobreza, un círculo vicioso

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los datos del 2018 revelan la persistencia de importantes déficits de trabajo decente.

Se estima que más del 53% de la población empleada en Latinoamérica y el Caribe permanece en el empleo informal y de baja calidad. Las tasas de informalidad son cercanas al 80% en varios países de ingresos medios bajos y ronda el 50% en países de ingresos medios altos y altos.

Por lo tanto, no es sorprendente ver que en América Latina y el Caribe, los países con las tasas más altas de informalidad también son los que informan la mayor incidencia de "pobreza multidimensional", entendida como un índice que identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación y el nivel de vida.

Mientras que algunas Instituciones internacionales y Gobiernos se jactan de sus porcentajes de crecimiento del PIB, según la OIT no se espera que el fuerte repunte del crecimiento económico conduzca automáticamente a mejoras proporcionales en el mercado laboral en América Latina y el Caribe.

Según el nuevo informe de Naciones Unidas, sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2019, el hambre está creciendo en América Latina y el Caribe, y en 2018 llegó a afectar a 42,5 millones de personas, el 6,5% de la población regional.

El mismo informe indica que el 80% de los países en los que el hambre aumentó son países con economías muy dependientes de productos básicos primarios, como minerales, menas, metales, combustibles, materias primas agrícolas y alimentos para la exportación y la importación.

La FAO advierte que, "dadas estas cifras y las tendencias observadas durante el último decenio, lograr el objetivo del hambre cero para 2030 parece un desafío cada vez más abrumador".

Postres, aparatos electrónicos y especuladores

Pero el mundo sigue girando, y no precisamente a favor de los trabajadores mineros auríferos, que como otros millones llamados trabajadores informales, no tienen esperanza de vivir mejor que sus padres y sus hijos tampoco tienen un futuro promisorio.

Mientras unos dejan sus pulmones en las minas, otros se alimentan de postres bañados en oro, como el Frrrozen Haute Chocolate, que tiene un precio de 25.000 dólares y contiene cinco gramos de oro comestible de 24 quilates y cuya receta incluye 14 de los cacaos más raros y caros del mundo, procedentes de África y Sudamérica.

Para evitar críticas o sanciones, las multinacionales anuncian "productos ecológicos, libres de sangre, sostenibles y producidos de forma ética y humana".

Pero esto no sería plenamente cierto, pues en el caso de Apple, Canon, Nokia y más de 500 empresas las certificaciones que garantizan minerales libres de conflictos se diseñaron teniendo en cuenta a los pequeños mineros, no a las multinacionales, que en algunos casos tienen un historial de abusos a los derechos humanos y daños ambientales.

Al otro lado del tablero aurífero mundial, los inversores han optado por comprar lingotes de oro en lugar de los bonos para protegerse de cualquier crisis que pueda sufrir el mercado bursátil estadounidense. Este sería un factor importante del incremento de la demanda del metal.

¿Quién fabrica y custodia los lingotes?

Son pocas las empresas en el mundo que fabrican barras de oro "con las máximas exigencias de calidad". Los suizos, por ejemplo, dominan la fabricación de lingotes de oro de bancos en Europa y Oriente Medio.

Es bastante habitual que los bancos centrales solo custodien una parte de sus reservas de oro, mientras que el resto se encuentran en otras instalaciones de otros países (habitualmente Londres o Nueva York).

Tal es el caso de Venezuela, cuyas reservas de oro se encuentran depositadas en el Banco de Inglaterra, que ahora se niega a devolverle, siguiendo instrucciones del Gobierno de EEUU.

De ese modo, al típico estilo de los cowboys o los piratas, pero sin máscara, se despoja a países de su riqueza.

Son los intermediarios, los países importadores del metal precioso, las empresas que producen lingotes de oro, los fabricantes de joyas y postres bañados de oro comestible, los especuladores financieros y los bancos que custodian las reservas de oro, al final, los que siempre ganan. 

Esta parece ser la maldición del oro, que arrasa consigo a la pobreza y la inseguridad a miles de familias en los países de latinoamericanos, cuyos Gobiernos no pueden encontrar aún fórmulas adecuadas para formalizar la actividad, hacerla menos riesgosa y menos contaminante.

 

04:03 01.08.2019(actualizada a las 06:45 01.08.2019) URL corto

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