Lunes, 26 Octubre 2020 11:31

Pulmones del #MalAIRE

Pulmones del #MalAIRE

En el Área Metropolitana del Valle de Aburrá respiramos un #MalAIRE. Lo respira Gloria, en Guayabal, en la parada del bus; lo respira Andrés cuando juega con sus compañeros en la escuela; lo respira Sandra, en la Alpujarra, mientras le expiden un certificado; lo respira Ángela en la movilización que pasa por la Oriental; lo respira Coco, el gato de Julián; lo respira la bromelia que tiene Alba en el balcón. El #MalAIRE nos afecta a todas y todos porque todas y todos respiramos.


¿Por qué tenemos #MalAIRE en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá?

A lo largo del siglo XX, la ciudad tuvo varios episodios de contaminación atmosférica debido a la generación de basura particulada producida, principalmente, por los sistemas de extracción y utilización de energía. El aumento paulatino de nuevos medios de transporte incrementó los agentes contaminantes, los contaminadores y los efectos socioambientales.

Las actividades fabriles e industriales transformaron los suelos, la atmósfera y el paisaje de nuestro Valle en toda su cuenca, por la expulsión de vertimientos y la emanación de residuos gaseosos a la atmósfera que producen la combustión de madera, carbón, petróleo y derivados. Los impactos, dilemas y peligros que enfrentamos, y que se materializan en el #MalAIRE que respiramos, son el resultado de nuestro modo de habitar, de nuestro sistema productivo y reproductivo, que se expresa en una alta densidad de población y un elevado intercambio de servicios comerciales e industriales.

Si bien desde hace 50 años conocemos este problema, en el 2016 se declaró la primera contingencia atmosférica en el Valle de Aburrá, cuando el #MalAIRE se hizo más visible para la opinión pública. Por contingencia se entiende un episodio de contaminación severa en el que las concentraciones de las micropartículas suspendidas en el aire ponen en riesgo la salud humana y la integridad de los ecosistemas; el término, además, alude al conjunto de medidas que implementa la institucionalidad.

Desde entonces, el Área Metropolitana ha venido declarando las primeras alertas por la mala calidad del aire (naranja y roja), que tiene graves efectos en la salud humana, en las plantas y en los animales. Sin embargo, la zona rural está marginada de esas mediciones que hace dicha entidad porque son competencia de CORANTIOQUIA.

Los datos e información científica del SIATA (Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá) indican que las condiciones geográficas del Valle, sumado a los épocas del año en las que las nubes están más bajas, reducen la cantidad de radiación solar, por lo que los contaminantes, entre ellos el famoso PM2.5, se quedan concentrados en el aire.


A mayor cantidad de contaminantes, mayor riesgo para la salud. El ICA (Índice de Calidad del Aire) reporta los niveles de condensación de contaminantes en el aire por medio de colores: el verde, buena; amarilla, moderado; naranja, dañina a población vulnerable; roja, dañina a la salud; morado, muy dañina.


Según el Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire -PIGECA-, la contaminación del aire es el mayor riesgo ambiental para la salud pública en nuestros días (p. 14), lo que genera un aumento de la morbilidad y una crisis del bienestar y el buenvivir social. Las vías respiratorias, el torrente sanguíneo, los vasos circulatorios, el corazón, el cerebro y en general cualquier órgano son altamente afectados por la ecotoxicidad de los contaminantes presentes en el aire.


Sumado al #MalAire que respiramos, la contaminación auditiva y los olores ofensivos afectan nuestra salud física y mental, genera problemas auditivos, estrés, fatiga Y pueden afectar el sistema cardiovascular. Los vacíos normativos frente al ruido y los malos olores profundizan la pérdida de bienestar, en una ciudad con problemas de planificación, porque se construye o ubica en zonas residenciales a fábricas, talleres, bares, supermercados, etc.

Estas situaciones afectan los ciclos biológicos de la estructura ecológica de soporte urbana, que se entiende como el conjunto de elementos bióticos y abióticos que sostienen los procesos ecológicos esenciales del territorio (Decreto 3600, 2007). Esto tiene efectos en la variabilidad climática y podría alterar la temperatura por el efecto invernadero, tal como lo argumenta el Panel Intergubernamental de Cambio Climático -IPCC-, que considera que los contaminantes de vida corta -CCVC-, entre los que se incluye el carbono negro, son responsables de más del 30% del calentamiento global.

Los CCVC son uno de los principales componentes del material particulado -MP-, tanto MP10 como MP2.5, que contamina el aire. Por otro lado, se afirma que estos dañan el rendimiento de los cultivos, lo que comprometería a la seguridad y soberanía alimentaria, así como cuantiosas pérdidas económicas para el sector de la agricultura.

Todos estos son, sin duda, asuntos alarmantes que para la Organización Mundial de la Salud (2019) son un factor primario en la provocación del cambio climático, con desencadenantes como malnutrición, paludismo, diarrea y estrés calórico (OMS, 2015).

Esta información, en sí misma, no es suficiente. Necesitamos más datos y acciones que nos lleven a un despertar ecológico activo. Eso solo es posible si en el relato que construimos en torno al #MalAIRE reconocemos que somos los humanos los causantes de esas emisiones nocivas, consecuencia de las decisiones comerciales, políticas y económicas que hemos tomado.

No obstante, siendo todos responsables, es necesario, obligatorio y constitucional que los gobiernos (elegidos por nosotros en la democracia) y los entes públicos protejan los derechos constitucionales, tomen las decisiones pertinentes y promuevan una campaña descentralizada acorde con la dimensión del problema.

Un problema de estas dimensiones involucra numerosos factores relacionados con la salud pública, la movilidad, el uso de tecnologías y de fuentes energéticas, así como la planeación y el ordenamiento ambiental del territorio, el modelo de desarrollo imperante, la producción industrial y la provisión de servicios. Estos son asuntos directamente relacionados con los paradigmas instalados en la sociedad, con la historia de la ocupación, las ideas y los valores que prevalecen en ella.


En el imaginario colectivo, la percepción de la gravedad del problema de la calidad del aire en el Valle de Aburrá se relaciona, principalmente, con los dos períodos del año de la contingencia ambiental: el primero, entre marzo y abril, y el segundo, entre septiembre y octubre, los cuales coinciden con los cambios de temporada seca a húmeda y viceversa.


Durante estas dos temporadas (cuatro meses, un tercio del año) nos vemos obligados a respirar tanto la contaminación que producimos como la que llega al Valle por factores externos al territorio. Sin embargo, al pasar estos períodos, la percepción y la conversación ciudadana en torno al problema pasa a un segundo plano. Estos ciclos de percepción retrasan y entorpecen las soluciones de fondo para el problema, pues insertan en el discurso colectivo una sensación de que el resto del año “estamos bien”. En otras palabras, se administra el problema pero no se resuelve.

La degradación del territorio y de la calidad de vida en nuestro Valle de Aburrá, que se ha ido convirtiendo en un “Valle de Humo”, muestra que tenemos un modelo insustentable de vida en el mediano y largo plazo. Esto se evidencia, por ejemplo, en el aumento del parque automotor y en la débil regulación de las emisiones que hacen las industrias.

Es un aire comercial. Es un aire industrial. Es un aire demencial. Un aire que está siendo privatizado y sobreexplotado. ¿De quién es el aire? Este asunto se vuelve más preocupante de cara al proceso de súper conurbación que traerá mayores congestiones vehiculares y el incremento de las emisiones de fuentes móviles. La planeación del territorio no puede seguir dependiendo de las fuerzas del mercado, de la incapacidad de planeación del Estado y de la afectación de los ciclos biológicos cuando se supera la capacidad de carga del territorio. Preocupa la “automovilización de la vida”, el aumento de las emisiones y del gasto de energía que proviene de fuentes fósiles energéticas, que agravan, sin duda, la crisis climática.

Ciudadanía activa por el aire

Ciudadanas y ciudadanos, con motivaciones, intereses y anhelos divergentes, hemos apelado al principio de participación política y al derecho al acceso a la información para exigir datos y acciones corresponsables que conduzcan a ese despertar ecológico.

Hemos promovido acciones simbólicas y jurídicas. Hicimos un #SOSporelAire, declaramos a Medellín, #Medehollín e instamos a los gobernantes a tomar #DecisionesValientes. El colectivo Unloquer diseñó y creó un sensor móvil de calidad de aire, con hardware y software de código abierto de bajo costo, para hacer ciencia ciudadana, pedagogía y experimentación a través de una red e intercambia esfuerzos y herramientas con la red CanAirIO (Bogotá). Otra iniciativa que promueve la cultura de datos abiertos y realiza talleres con organizaciones sociales, en Medellín y Calí, es MAKAIA. Por su parte, Melodistas, una iniciativa de periodismo independiente que combina “Periodismo & The Music”, organizó la campaña #HinchasDelAire e invitó a la ciudadanía a hacerse La Prueba del Aire.

Hace tres años, el 10 de mayo de 2017, inconformes con el #MalAIRE, los abogados Luis Guillermo Mesa y Lucas Andrés Quintero, y el ciudadano Daniel Suárez interpusieron la Acción Popular que otorgó medidas cautelares dadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia, confirmadas por el Consejo de Estado al Municipio de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Del 10 al 13 de marzo del 2020 se realizó la audiencia de prácticas de pruebas, en la que el Área Metropolitana, la Alcaldía de Medellín y Ecopetrol le respondieron a la ciudadanía por qué las medidas para mitigar la contaminación del aire no han sido suficientes. La Acción Popular permitió decretar una medida cautelar (aún vigente) que consiste en una protección provisional ante la evidencia de que si no se ordena, se podría generar un riesgo grande o pasar de ese riesgo a un daño severo. Por lo tanto, ninguna de las estaciones de medición de toda el Área Metropolitana puede llegar a estar en naranja.

Desde entonces, las instituciones responsables de dar respuesta deben enviar, mes a mes, informes periódicos al magistrado sobre los avances en la mejora de la calidad del aire. Otro adelanto importante que se deriva de la Acción fue la creación de las Zonas Urbanas de Aire Protegido (ZUAP) en los dos perímetros más contaminados del Valle de Aburrá. Una está ubicada en el centro de Medellín y otra en los límites de La Estrella y Sabaneta. La Acción Popular está en etapa probatoria (testimonial). Se espera que el Tribunal Administrativo reprograme la fecha de audiencia para la recepción de esos testimonios, ya que fue suspendida en marzo, ante la emergencia del Covid-19.

Esta Acción Popular no ha sido la única, el abogado Cristian Zapata y el Colectivo Más Conciencia de Girardota interpusieron el 6 de marzo de 2018 la Acción Popular por el Aire de Girardota, ante el Tribunal Administrativo en Medellín. La demanda busca proteger el derecho al ambiente sano y a la salud de los girardotanos, ubicados en la zona norte del Valle de Aburrá donde están instaladas diversas industrias, para un total de 288 fuentes fijas. La Acción fue denegada por el Tribunal y actualmente se encuentra en trámite de segunda instancia ante el Consejo de Estado.

Por otro lado, ciudadanos que hacen parte de la Veeduría Ciudadana al Medio Ambiente, Desarrollo Territorial y Patrimonio de Itagüí, la Corporación Integral para la Acción Social (CIPAS) y la Iniciativa por el Aire Limpio, el Comité Cívico Belén Nodo 3 y la Veeduría “Somos Licencia Social” se pronunciaron a raíz del convenio celebrado entre CORANTIOQUIA y la Universidad de Antioquia, en el segundo semestre de 2019, para aunar esfuerzos en el fortalecimiento de buenas prácticas ambientales en el sector de arcillas rojas. En dichos comunicados solicitaron la creación de un espacio de participación denominado Mesa Intersectorial, para incentivar el diálogo ciudadano entre todos los actores implicados: ladrilleras, canteras, autoridades ambientales, autoridades municipales, academia y ciudadanía.

La solicitud se hizo en el el marco de ese acompañamiento, ante las afectaciones que derivan de la actividad ladrillera, de canteras y la coexistencia problemática de usos del suelo, en las veredas El Ajizal y Los Gómez del corregimiento El Manzanillo, Itagüí, y el corregimiento Altavista, Medellín, lugar que impacta de manera directa a Belén, comuna 16. Por lo tanto, las decisiones territoriales comprometen tanto a CORANTIOQUIA, como al Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

El viernes 23 de octubre de 2020 se llevará a cabo la audiencia pública virtual: “Calidad del aire en el Valle de Aburrá y sus afectaciones a la salud pública”, aprobada en sesión plenaria de la Cámara de Representantes el 1 de octubre de 2020. Se efectuará entre las 2:00 p.m. y las 6:00 p.m., y contará con la participación de las comunidades de Belén e Itagüí afectadas por las ladrilleras, los vecinos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Bello que no soportan los olores “ofensivos”, los amantes de la movilidad en bicicleta, los defensores del arbolado urbano “Túnel Verde”, el colectivo Más Conciencia de Girardota con su problema de chimeneas o fuentes fijas, entre otros colectivos y movimientos defensores de una mejor calidad del aire para el Valle de Aburrá. También contará con la participación de profesores e investigadores que trabajan esta problemática y diferentes autoridades del Estado, para que den respuesta a los planteamientos presentados.

Estas acciones simbólicas y jurídicas son nuestros recursos ciudadanos para llamar la atención sobre la urgencia que tenemos como sociedad de impulsar e implementar políticas orientadas a las variables activas, que son las raíces del problema, las fuentes de las emisiones, y no exclusivamente a las variables críticas, que son las contingenciales. Las medidas a inmediato y corto plazo son necesarias para reducir el daño “del ya”, pero a la par necesitamos acciones consecuentes con el trabajo y el conocimiento basado en datos y con la construcción de protocolos, políticas públicas y diálogos ciudadanos.

Desde la política y la juntanza queremos apostarle al ideal de vivir juntos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos con la totalidad de la vida, por eso, como ciudadanía creemos necesario poner la vida en el centro para abarcar a la naturaleza como sujeto de derecho y, en ese sentido, reivindicamos al aire, al #BuenAIRE, como un bien común digno de ser protegido y defendido.

 

 

FIRMAN

Ciudadanos por el Aire


Movimiento por el Aire y la Salud Pública
Colectivo Más Conciencia, de Girardota
Corporación Integral para la Acción Social (CIPAS)
Iniciativa por el Aire Limpio, de Itagüí
Vecinos de la 80
Veeduría Ciudadana al Medio Ambiente, Desarrollo Territorial y Patrimonio de Itagüí
Comité Nodo Cívico Belén Nodo 3
Veeduría “Somos Licencia Social”
Mesa Ambiental El Poblado (MAP)
Mesa Ambiental La América Comuna 12, de Medellín
Mesa Ambiental Comuna 13, de Medellín
Mesa Ambiental de San Cristóbal, Medellín
Mesa Triunfo Arrayanes Comuna 6 (Castilla), Medellín
Colectivo SiCLas
Melodistas
Corporación Viva la Ciudadanía
Instituto Popular de Capacitación (IPC)
MISEREOR
Extinction Rebellion Medellín
La Ciudad Verde
Las Marias al Aire
Fundación Más Urbano
Asociación Médica Sindical Colombiana Seccional Antioquia (ASMEDAS)
Red Nacional Ciudadana por la Calidad del Aire
Corporación Fernando González - Otraparte
NoCopio
Colectivo Morada
Corporación Distrito Candelaria
El Derecho a No Obedecer
Red de Cooperación Ambiental (Cúcuta)
Lunes de Ciudad
Comisión Ambiental de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común
Eco-synergia consultores
Concervezatorio
Vecinos de la PTAR de Aguas Claras, Bello
Corporación Centro Patrimonial de Desarrollo Cultural Plazarte
Colectivo Túnel Verde
Mesa Ambiental de Envigado (MAE)
ECO Humedales ONG
Desde Abajo (Medellín )

Publicado enColombia
Solo la guerra de clases puede detener el cambio climático

Un nuevo informe muestra que el 1 por ciento más rico del mundo es responsable del doble de las emisiones de toda la mitad inferior del planeta. El mensaje es claro: para luchar contra el cambio climático, tenemos que luchar contra la clase dominante.

Nuestro nuevo número, "AfterBernie", ya está disponible. Nuestras preguntas son simples: ¿qué logró Bernie, por qué fracasó, cuál es su legado y cómo debemos continuar la lucha por el socialismo democrático? 

Mientras los incendios arden en California, el permafrost se derrite en Siberia, las olas de calor azotan Europa y los huracanes y tifones se hacen cada vez más fuertes, existe una necesidad urgente de una acción climática ambiciosa. La pregunta es cómo será y quién soportará el peso de una transición hacia un mundo más sostenible.

Desde hace varias décadas, el mensaje ambiental dominante para el público ha sido la acción individual. Nos dijeron que para resolver la crisis climática, necesitábamos cambiar nuestras bombillas, cambiar a electrodomésticos de bajo consumo, comprar vehículos híbridos o eléctricos, aislar mejor nuestros hogares, dejar de usar bolsas de plástico y alterar nuestro consumo personal de otras formas.

Estas cosas son, sin duda, cambios positivos, pero no son suficientes para abordar la escala de la crisis que enfrentamos y pueden llevar a conclusiones perversas sobre dónde radica realmente la culpa de la crisis climática.

Existe un creciente argumento de que una de las fuerzas impulsoras de la crisis climática es la población mundial. El mundo está superpoblado, dicen estas personas, y por eso las emisiones son tan altas. Esta opinión la expresan con mayor frecuencia los  eco-fascistas , que creen que se necesita un genocidio para reducir la población humana. Pero la superpoblación también ha sido citada por destacadas figuras liberales como la primatóloga Jane Goodall  y el naturalista  Sir David Attenborough , lo que ha contribuido a generar conclusiones engañosas y preocupantes sobre lo que está alimentando el cambio climático.

Si bien centrarse en el consumo personal nos impone la responsabilidad a todos por igual, centrarse en el crecimiento de la población traslada la culpa a los países de África y Asia, donde la población ha seguido creciendo en las últimas décadas. Sin embargo, estas personas tienen una de las huellas de carbono más bajas del mundo, y cuando miramos qué jurisdicciones han  emitido los gases de efecto invernadero  que están calentando el planeta, la respuesta es definitiva: Estados Unidos y Europa.

Pero incluso culpar por completo a los estadounidenses y europeos es perder el panorama general. Un nuevo informe de Oxfam concluye que el 1 por ciento más rico de las personas por sí solo es responsable del doble de emisiones del 50 por ciento más pobre de la población mundial. Eso significa que incluso si la clase trabajadora del Norte global tomara todas las acciones individuales recomendadas o forzáramos a los pobres del Sur global a dejar de tener hijos, eso no resolvería el problema.

Nuestro presupuesto de carbono restante está siendo sacrificado para que la élite mundial pueda mantener su lujoso estilo de vida, mientras  llevan aviones privados a conferencias sobre el clima para dar la impresión de que les importa. El fundador de Virgin, Richard Branson, ha sido un líder en este lavado verde multimillonario, haciendo  promesas climáticas  que no cumplió mientras expandía su negocio de aerolíneas. Del mismo modo, ElonMusk  afirma preocuparse por el clima para vender más automóviles, mientras  critica el transporte público  y trata de  detener los proyectos de trenes de alta velocidad .

Pero quizás el más prominente de estos multimillonarios que lavan de verde sus actividades insostenibles es Jeff Bezos. A principios de este año, el CEO de Amazon fue elogiado en la prensa por su Bezos EarthFund de $ 10 mil millones; ¡incluso compró los derechos para  cambiar el nombre de un estadio de Seattle después de su promesa climática! Pero aún no  se han otorgado subvenciones del fondo, mientras que Amazon continúa  ayudando a las empresas de petróleo y gas a  extraer combustibles fósiles de manera más eficiente.

Estos multimillonarios afirman que el capitalismo puede resolver la crisis climática y sus inversiones están ayudando a crear una nueva forma de "capitalismo verde" que reducirá las emisiones y marcará el comienzo de un futuro sostenible. Los gobiernos también están cayendo en este mito y lo están colocando en el centro de sus planes de recuperación ante una pandemia.

En julio, el gobierno británico  anunció un plan de recuperación de 350 millones de libras esterlinas para poner al país a la vanguardia de la “innovación verde”, una gota en el océano de la inversión necesaria. Como era de esperar, no incluía ninguna sugerencia de asumir las emisiones de los ricos reduciendo su riqueza, prohibiendo los aviones privados o eliminando las industrias contaminantes de las que se benefician.

Mientras tanto, en los Estados Unidos, el presidente Donald Trump no tiene un plan climático, pero incluso JoeBiden se enfoca en las energías renovables y los autos eléctricos, mientras promete nuevas carreteras con estaciones de carga y se  niega a prohibir el fracking . Al norte, el reciente discurso en el trono del primer ministro Justin Trudeau  prometió hacer de la acción climática una “piedra angular” de la recuperación pandémica de Canadá, mientras se centra en los vehículos eléctricos, extrae más componentes para ellos e invierte más en energía hidroeléctrica. Guardó silencio sobre los  impactos ambientales   de esas iniciativas.

El capitalismo verde nunca facilitará la escala de acción necesaria para mantener el calentamiento por debajo de 1,5ºC o incluso 2ºC porque se niega a enfrentarse a las personas e industrias poderosas que están alimentando la crisis climática en primer lugar. Continúa asegurando que los beneficios fluyan hacia la cima mientras vaciando a la clase media y produciendo narrativas climáticas que transfieren la carga de la responsabilidad a aquellos que tienen poco poder para hacer los cambios necesarios: el público, si no los pobres del mundo.

El tipo de acción climática que necesitamos requiere enfrentar a los ricos y organizarnos en torno a una visión para un tipo diferente  de sociedad. Eso significa no solo hacer que los ricos paguen impuestos más altos, sino desmantelar activamente las estructuras económicas que facilitan su acumulación de riqueza, tratar al planeta como una abundancia ilimitada de materias primas gratuitas y generar todas las emisiones que calientan el planeta.

O nos enfrentamos al capitalismo y sus vencedores, o seremos incapaces de detener el cambio climático descontrolado, ayudar a los refugiados climáticos que creará o detener el mito eco-fascista de la superpoblación que surgirá como resultado. Nuestra elección es el socialismo o la barbarie, como dijo una vez Rosa Luxemburg. El capitalismo verde no nos salvará.

Publicado enMedio Ambiente
Fuentes: La marea climática [Foto: Manifestación por el clima en Madrid. EDUARDO ROBAINA]

Los movimientos por el clima Fridays For Future y Extinction Rebellion no afrontan su mejor momento fruto de la pandemia y las restricciones sanitarias.

 

El interés por los efectos del calentamiento global ha sido un constante ir y venir. Sin embargo, hace un par de años el cambio climático vivió una auténtica explosión de atención mediática. gracias, principalmente, a los movimientos por el clima como Fridays For Future y Extinction Rebellion. Ahora, con la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, que monopoliza las vidas y las conversaciones, el clima vuelve a estar, contra su voluntad, en un segundo plano. A su vez, las restricciones sanitarias hacen que los movimientos, cuyo éxito reside en tomar las calles, se encuentren en un limbo en el que no esperaban encontrarse. Ante esta tesitura, ¿ha llegado, por lo menos en España, el fin de los movimientos juveniles por el clima tal y como los conocemos?

Una fría mañana de invierno en Madrid, el 19 de enero de 2019, un grupo de ocho personas se reunieron para impulsar la rama española de Extinction Rebellion (XR), un movimiento de desobediencia civil que había surgido un año antes en Reino Unido para denunciar la inacción climática del gobierno. Uno de los que asistió a ese primer encuentro, y responsable de redactar la primera ‘Declaración de Rebelión’, es el escritor, activista y psicólogo español Antonio Cutanda Morant, conocido como Grian. Sobre por qué decidió meterse en esta aventura, asegura a Climática que «sabía que había que hacer algo con el tema del cambio climático, y que había que hacerlo ya. La situación es tan grave que no podía pensar en mi propio bienestar».

Desde el 31 de octubre del año pasado, ya no forma parte de la coordinadora estatal de XR. Lo dejó, explica, porque «los grupos no son fáciles de gestionar, y los movimientos sociales, con su horizontalidad, aún menos». Según explica, «un movimiento social, donde entra todo tipo de gente, puede llegar un momento en que te supone un gasto emocional y energético excesivo, y necesites buscar otras líneas de lucha dentro de la organización». Aun así, cuenta que todo ese desgaste no fue lo que le llevó a abandonar, sino que fue el hecho de «ser coherente con lo que había propuesto»: «Al buscar espacios libres de conflicto he conseguido mantenerme en XR y he seguido siendo útil en distintos ámbitos», zanja.

Grian ha visto crecer el movimiento y ha vivido sus acciones más notorias, como las desarrolladas durante la Cumbre del Clima celebrada en Madrid o las del 7 de octubre de 2019. Ese día, cientos de activistas de Extinction Rebellion España y la plataforma 2020 Rebelión -formada por activistas de Ecologistas, Greenpeace, Fridays…- bloquearon durante horas un puente situado sobre el Paseo de la Castellana, en Nuevos Ministerios (Madrid), al mismo tiempo que se formaba una acampada frente al Ministerio para la Transición Ecológica que duró cuatro días. Para el activista, acciones como estas hacen que el movimiento haya «servido de mucho». En este sentido, tiene muy claro que la «perspectiva con respecto al cambio climático tuvo como catalizadores a Fridays for Future y Extinction Rebellion». Y añade: «Aunque no hagamos ya nada más (que vamos a seguir haciendo), ya habríamos cumplido con nuestro papel».

A aquella primera reunión que sirvió de germen para impulsar el movimiento en España, asistió también Nicolás Eliades, quien fue elegido coordinador de comunicación. Como Grian, Elades ya no forma parte de la organización de XR España. Reconoce que los comienzos fueron duros, y dice estar «decepcionado» con el recibimiento que les dieron otras organizaciones y movimientos. No obstante, considera que todos estos dos años han valido la pena, y que volvería a involucrarse, porque han conseguido algunos de los objetivos propuestos, asegura. Se refiere principalmente a la asamblea ciudadana que el Gobierno se comprometió a llevar a cabo en los cien primeros días de mandato, pero que debido a la pandemia no se ha podido hacer aún realidad.

 

«El movimiento debe reinventarse»

 

Los movimientos son organizaciones complejas, así lo ha dejado patente Grian. En una línea similar se expresa Elades: «Un movimiento como XR tiene que lograr sus objetivos rápido, antes de que se empiece a organizar y burocratizar». Y es ahí, en la ‘burocratización’, donde el movimiento nacido en Reino Unido se ha perdido, según el activista. Asegura que desde que esto ocurrió «ha habido poco impacto» y se ha «perdido la diversidad», lo que ha provocado  que el movimiento se haya «ido diluyendo». Además, cree que un problema de raíz del movimiento ha sido la falta de personalismos.

Preguntado por los errores que se han podido cometer, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, Nicolás Elades no duda en señalar «la tendencia hacia las luchas sociales». Según explica, «no tenemos tiempo para resolver el problema palestino. No se ha resuelto en cien años, y no se va a resolver en ocho años, que es el tiempo que nos queda para abordar la crisis climática, según el IPCC. Lo mismo con el racismo. Aunque todos parten de un sistema que hace que el cambio climático sea posible, estamos en el punto en que primero hay que aliviar los síntomas para ir luego de fondo a la cura de la sociedad en sí». Y remata: «El movimiento ha llegado a su límite y debe reinventarse». Un pensamiento similar al destilado por Grian: «El movimiento creció muy rápido, y los árboles que crecen rápido no son milenarios. De modo que creo que no durará mucho. Pero, si cumple sus objetivos, no hace falta que se eternice».

Extinction Rebellion no llegó oficialmente a España hasta comienzos de 2019, pero su primera acción se produjo meses antes. El 11 de noviembre de 2018, un pequeño grupo se concentró frente al Congreso de los Diputados. Entre los presentes estaban gente de la talla de Yayo Herrero, Luis González Reyes y Jorge Riechmann. Este último es uno de los que más activo se ha mantenido, ya que ha participado en varias de sus acciones hasta el punto de ser detenido en una de ellas.

Para Riechmann, la aparición de estos movimientos ha dado un nuevo impulso a un ecologismo «algo estancado, demasiado reducido a organizaciones con más peso orgánico popular». Según el filósofo, estamos en lo que define como ‘Siglo de la Gran Prueba’, «haciendo frente a una situación histórica y del todo excepcional». En este punto, sostiene que lo fundamental no es tanto que una generación se active políticamente en torno a ciertos temas, sino que la vivencia de esta generación enlaza una amenaza ecológica extrema con el bloqueo de sus expectativas vitales.

Desde XR España consideran que, si bien las organizaciones ecologistas «han tenido a lo largo de los años un papel clave en la divulgación de está cuestión y en la búsqueda de alternativas, movimientos como el nuestro o FFF han logrado que permee a muchas más capas de la sociedad, y por fin la población en general ha pasado a considerarla como una de las grandes amenazas». Aun así, reconocen no haber logrado sus objetivos más ambiciosos en todo este tiempo, aunque avisan: «El movimiento tiene recorrido».

 

De Greta a Girona

 

El viernes 18 de enero de 2019, un día antes de la primera reunión de Extinction Rebellion, tuvo lugar la primera huelga por el clima en España. Fue en Girona, frente a la sede de la Generalitat. La inspiración llegó desde Suecia, de la mano de la activista por el clima Greta Thunberg.  Fueron sus discursos más significativos los que motivaron a cinco jóvenes a llevar a cabo una primera concentración. Rápidamente, el movimiento se extendió a Barcelona, Madrid y otros puntos de España. Más tarde nacería, fruto de la iniciativa de tres jóvenes, Juventud por el Clima, que sirve de paraguas para todos los nodos que más tarde fueron surgiendo por el territorio. Frente al personalismo de Greta Thunberg  y Fridays For Future, Juventud por el Clima se caracteriza por no tener un solo nombre que lidere la lucha.

Lucas Barrero, estudiante de Ciencias Ambientales, fue uno de los cinco de Girona. Para él, Fridays tuvo mucha fuerza durante el primer curso escolar, «como si fuese un geiser». Luego, afirma, se ha ido agotando y no se ha sabido «movilizar igual de bien. No hemos conseguido mantener la tensión mediática».

El joven activista apunta a la COP 25 como el punto de inflexión en el cual el movimiento empezó a perder fuerza; aunque asegura que ya antes se vislumbraba un importante bajón, «sobre todo en términos de participación, no así de movilización». 

Las restricciones sanitarias ocasionadas por la crisis de la COVID-19 han sido claves en ese desplome:  «Se han intentado hacer movilizaciones y mantener los grupos, pero las restricciones de movilidad han hecho más difícil la labor». Asimismo, se muestra pesimista en cuanto al rasgo más característicos de identidad de Fridays For Future-Juventud por el Clima: las huelgas estudiantiles de cada viernes. No cree que deban -y vayan- a seguir «porque ya no generan la misma tensión. (…) Tenemos que ser sinceros y ver hasta qué punto somos capaces dentro de España de movilizar gente con el modelo de las huelgas estudiantiles», cuenta. Finalmente, afirma que Juventud por el Clima ha servido para que muchos jóvenes, aunque ya no sigan dentro del movimiento, puedan tejer redes con otros movimientos sociales.

 

Expectativas vs. realidad

 

Llegados a este punto, ¿es acertado decir que los movimientos por el clima juveniles han sido flor de un día? «Ni muchísimo menos», responde Emilio Santiago, reciente ganador de la primera plaza de antropología climática que ha creado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Este tipo de interpretaciones, cuenta, «son el péndulo lógico de haber esperado demasiado de ellas, lo cual es muy típico de cierta mirada izquierdista». «Algunos piensan que el cambio social es una pleamar que no cesa, pero no: la movilización social funciona con olas que suben y bajan. Y que, además, suelen tener mucha más incidencia como mutaciones del sentido común que como contrapoder alternativo realmente efectivo», asegura Santiago.

Por tanto, teniendo en cuenta lo que expone el doctor en Antropología Social, el problema está en haber puesto sobre movimientos como Extinction y Fridays unas expectativas que no se corresponden con la realidad. «Las explosiones sociales alteran los imaginarios sociales y el sentido común, y de ahí surgen, por un lado, nuevas posibilidades institucionales y, por otro lado, experiencias micro, moleculares, intersticiales, que van abriendo pequeñas brechas, tanto ideológicas como prácticas, en el camino de la guerra cultural». En este sentido, apunta a España como un país muy movilizado puntualmente, pero cuyas movilizaciones dejan poco poso organizativo.

Como ya han apuntado varias fuentes, la pandemia ha contribuido a que los movimientos y la acción climática hayan perdido fuelle. Aquí, Emilio Santiago va más allá y detecta dos problemas derivados de la actual emergencia sanitaria. Por un lado, el confinamiento y las restricciones han cortado de raíz la reunión presencial y, por tanto, «la autoorganización de esas experiencias alternativas que, por pequeñas que sean, son imprescindibles». Por otro lado, asegura que «el clima de receptividad social ha mutado», ya que en estos momentos resulta realmente complicado hacer comunicación o divulgación climática.

En este punto, Santiago presenta dos posibilidades. La primera sería regañar a la población y poner como argumento que el cambio climático es peor, más grave y que mata más que la pandemia. Esta opción, no obstante, la considera «un error político de enorme magnitud». La segunda opción, a su juicio más acertada, es pasar a lo que llama un «estado de hibernación en la militancia climática». Es decir, mantener un perfil más bajo, en el que la crisis climática siga siendo noticia, pero entendiendo que la atención del debate público está puesta en otro problema. Y hace un vaticinio: «El foco climático volverá. Con él volverá a emerger parte de la energía de cambio del 2019, aunque no seguramente en forma de grandes movilizaciones»

Quien también conoce y es capaz de ofrecer un análisis acertado de la situación actual en torno a la acción climática es Gemma Teso, profesora y experta en comunicación del cambio climático. Reconoce la importancia de los movimientos por el clima, porque antes de su aparición «carecían de vías para expresar su preocupación y de fórmulas para canalizar sus reivindicaciones». 

Para ella, los movimientos sociales por el clima aún tienen mucho camino por recorrer, aunque coincide con el resto en el hecho de que se transformarán: «Su influencia irá consolidándose en iniciativas que pueden institucionalizarse de formas diversas, como sucedió con el 15M». En esta línea, afirma que las reivindicaciones sociales se mantendrán en el tiempo porque «los impactos del cambio climático son cada vez más evidentes y severos a la vez que el conocimiento científico es más robusto y los escenarios de futuro son perfilados con gran precisión». 

Aunque pueda parecer que lleven más tiempo, los movimientos por el clima surgieron hace apenas dos años en España. No obstante, a pesar de su corta edad, Fridays For Future y Extintiction Rebellion se enfrentan, como apunta Teso, a una «inevitable» transformación fruto de una sociedad «compleja y cambiante». En definitiva, queda asistir con atención al devenir de estos movimientos, pero un hecho es seguro, y es que las reivindicaciones no cesarán, pues como resalta Gemma Teso, «el derecho a vivir en medio ambiente cuidado y saludable es un derecho fundamental de la ciudadanía».

Por Eduardo Robaina | 24/10/2020

Fuente: https://www.climatica.lamarea.com/estado-movimientos-por-el-clima/

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El método desarrollado permite usar el gas hidrógeno obtenido de los residuos plásticos como combustible limpio. Foto tomada del Twitter de @OxfordChemistry

 

Químicos de Oxford han desarrollado un método para convertir los desechos plásticos en gas hidrógeno que se puede utilizar como combustible limpio y carbono sólido de alto valor.

Esto se logró con un nuevo tipo de catálisis desarrollado por el grupo que utiliza microondas para activar partículas de catalizador para "extraer" el hidrógeno de los polímeros de manera efectiva.

Los hallazgos, publicados en Nature Catalysis, detallan cómo los investigadores mezclaron partículas de plástico pulverizadas mecánicamente con un catalizador susceptor de microondas de óxido de hierro y óxido de aluminio. La mezcla se sometió a un tratamiento con microondas y produjo un gran volumen de gas hidrógeno y un residuo de materiales carbonosos, la mayor parte de los cuales se identificaron como nanotubos de carbono.

Este rápido proceso de un solo paso para convertir plástico en hidrógeno y carbono sólido simplifica significativamente los procesos habituales de tratamiento de residuos plásticos y demuestra que más del 97 por ciento del hidrógeno del plástico se puede extraer en muy poco tiempo, en un método de bajo costo sin carga de CO2.

El nuevo método representa una solución potencial atractiva para el problema de los residuos plásticos; en lugar de contaminar nuestra tierra y océanos, los plásticos podrían usarse como materia prima valiosa para producir combustible de hidrógeno limpio y productos de carbono con valor agregado, según un comunicado de la Universidad de Oxford.

Europa Press | miércoles, 14 oct 2020 10:58

Sábado, 10 Octubre 2020 06:15

Premio Nobel a la guerra genética

Premio Nobel a la guerra genética

No deja de tener cierta ironía que el premio Nobel de química de 2020 –nombrado así por Alfred Nobel, el inventor de la dinamita y una de las mayores fábricas de armas del globo– se haya otorgado a las investigadoras que encontraron una forma de ingeniería genética –CRISPR-Cas9–, cuyas aplicaciones podrían causar un efecto tan explosivo en la naturaleza y la gente, que hasta se le ha llamado bomba genética (https://tinyurl.com/y2rsr5on).

CRISPR en sí no es una invención, es una forma natural de las bacterias para reconocer virus. Las galardonadas J. Doudna y E. Charpentier publicaron en 2012 la forma de replicar esa construcción sintéticamente y agregarle un sistema asociado (Cas9), que permite reconocer un sitio específico en los organismos donde se introduce y allí cortar las hebras del ADN. De esa forma se pueden silenciar genes o introducir nuevo material genético, o sea, transgénicos.

Parecía ser una forma más rápida y aparentemente más exacta que otras de ingeniería genética anteriores, que no tienen control del sitio donde se inserta material genético foráneo. Pero en poco tiempo se demostró que CRISPR tampoco es exacta. Aunque puede llegar a un sitio determinado en el genoma –lo cual da una falsa imagen de precisión– también altera otros sitios del mismo, con el potencial de producir una multitud de "efectos fuera de blanco", borrar o reacomodar largas secuencias fuera del sitio objetivo, provocando cambios que pueden causar daños y enfermedades graves.

En 2018, un estudio del Karolinska Institutet (que otorga el premio Nobel de Medicina) mostró que la manipulación de células humanas con CRISPR puede causar cáncer (E. González, https://tinyurl.com/yyj4umsx). Otros estudios científicos han mostrado una serie de impactos dañinos del uso de CRISPR en animales, vegetales y células humanas, al punto de que Georges Church, pionero de biotecnología de la Universidad de Harvard, en 2019 llamó a CRISPR "un hacha desafilada", cuyo uso es "vandalismo genómico" (https://tinyurl.com/vanda-geno).

No obstante, desde su puesta en circulación en 2012 –y pese a la agria disputa de patentes que surgió poco después con otro equipo estadunidense que reivindica también haber sido el inventor–, la tecnología se ha licenciado y aplicado a gran cantidad de experimentos con células humanas, en humanos (experimento ilegal en China con mujeres embarazadas, al menos una de las cuales dio a luz gemelas), animales y plantas. Doudna y Charpentier han ganado millones con la tecnología y han creado o están vinculadas a diversas empresas.

En 2016, un informe de la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos clasificó CRISPR y la edición genética como "armas de destrucción masiva" (https://tinyurl.com/crispr-armas). El gobierno asignó 65 millones de dólares a la agencia de investigaciones de la defensa de Estados Unidos (DARPA) para el proyecto Safe Genes, con el propósito de desarrollar bioarmas supuestamente para defenderse de las bioarmas que otros podrían crear con CRISPR (https://tinyurl.com/yc5s7oed).

En realidad es para desarrollar las bioarmas de las que supuestamente se tendrían que defender. En ese contexto financian proyectos de investigación en varios países para el desarrollo de "impulsores genéticos", una aplicación de CRISPR para cambiar las leyes de la herencia y lograr que los genes manipulados sean autorreplicantes y dominantes en una especie, por ejemplo, para que sólo nazcan machos, lo cual extinguiría la especie. La Fundación Bill y Melinda Gates financia el desarrollo de la misma tecnología, aunque no lo llama bioarmas, sino proyectos de salud. La ONU intentó establecer una moratoria a esta peligrosa aplicación, pero el dinero de Gates lo saboteó (https://tinyurl.com/y3jzz8oe).

La propia Jennifer Doudna ha manifestado que CRISPR tiene usos tremendamente peligrosos, incluso refiere que tiene una pesadilla en la que Hitler le pide la fórmula de CRISPR (https://tinyurl.com/y62hfmcu). Tanto los proyectos financiados por DARPA y la Fundación Gates, como los experimentos con humanos, transgreden fronteras éticas, ecológicas y políticas de enorme trascendencia, cuyo desarrollo no se debe permitir.

Aún más inmediata es la presión de las trasnacionales para liberar comercialmente la llamada edición genética (son transgénicos) en plantas y animales para la industria agropecuaria. La industria de transgénicos ha hecho una engañosa campaña para hacer creer que los productos de tecnologías como CRISPR no necesitan pasar por evaluaciones de bioseguridad o al menos deberían ser más laxas que las existentes. Lo han logrado en Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Honduras, Guatemala y Costa Rica, países lacayos de los agronegocios transgénicos y de Estados Unidos, en varios casos aprovechando las restricciones por la pandemia. La Unión Europea, gracias a las protestas y demanda de Vía Campesina y otros, se opuso a estos cambios.

CRISPR y todas las formas de edición genética introducen nuevos riesgos al ambiente y la salud, por lo que las normativas de bioseguridad, al contrario de lo que sostiene la industria, son altamente insuficientes. Estas nuevas formas de manipulación de nuestro ambiente y alimentos no se deben permitir.

Por Silvia Ribeiro. Investigadora del Grupo ETC

Sábado, 10 Octubre 2020 05:59

El motor del capital

Protesta fuera de la Suprema Corte de Nueva York durante el primer día de juicio a Exxon Mobil. AFP, ANGELA WEISS

Exxon Mobil y sus compromisos con el cambio climático

 

Una reciente filtración de documentos internos del gigante petrolero Exxon muestra que la firma planea para los próximos cinco años un masivo aumento de su producción y de sus emisiones contaminantes, a sabiendas de sus consecuencias devastadoras en el clima. Mientras tanto, continúa haciendo promesas de responsabilidad empresarial.

Hace ocho años, 20 gobiernos encargaron una investigación acerca de las potenciales víctimas mortales del cambio climático si no se toman medidas para mitigarlo. Se examinaron las diferentes maneras en las que el fenómeno puede resultar en una catástrofe en masa: el hambre, el calor, los desastres «naturales» y las enfermedades. De acuerdo a las proyecciones obtenidas por el Foro de Vulnerabilidad Climática y la ONG internacional DARA se estimó que, para 2030, 700 mil personas alrededor del mundo morirán anualmente por causas directamente vinculadas al cambio climático.

Y eso tan sólo serán las víctimas fatales inmediatas. Cientos de millones de vidas humanas serán radicalmente transformadas por fenómenos climáticos extremos, la desertificación y el creciente nivel del mar. Esto causará, se estima, nuevos patrones migratorios, especialmente entre los miles de millones que viven en la pobreza, muchos de ellos en zonas de alto riesgo climático. A ello le seguirán nuevos conflictos geopolíticos. Ningún Estado será invencible y ningún estilo de vida será inmune a ese proceso.

Sin embargo, el país que hoy es el mayor productor mundial de petróleo y gas natural está, con Donald Trump a la cabeza, en plena cruzada desreguladora en materia de política ambiental, en franca oposición a cualquier consejo de la comunidad científica (no muy diferente a lo que hace por su parte su aliado Jair Bolsonaro, véase «Marcadoafuego», Brecha,2-X-20). Los grandes productores petroleros estadounidenses operan prácticamente librados a su buena voluntad. Y, como demostración de sus buenas intenciones, no escatiman en bellas promesas.

 

ECOLOGISMO PETROLERO

 

El año pasado, en un encuentro de la Business Roundtable (BP) –una asociación de gerentes generales estadounidenses–, varias compañías petroleras se comprometieron a «respetar a los miembros de nuestras comunidades y proteger el ambiente adoptando prácticas sustentables en nuestros emprendimientos». También en 2019, los ejecutivos de BP, Exxon Mobil y otras empresas del ramo publicaron un comunicado conjunto en el que prometen tomarse muy en serio el cambio climático.

Pero las corporaciones existen para un propósito y se someten a una única disciplina: la de generar ganancias. Pueden ceder voluntariamente frente a dilemas éticos por la simple razón de mejorar sus relaciones públicas, restaurar la confianza del público y así remover varios obstáculos (por lo general de índole político) en su carrera por la maximización de ganancias. Si en cambio sienten que sus compromisos públicos no están siendo del todo útiles para ese fin, no dudan en romperlos.

Un buen ejemplo es el de Exxon Mobil; en 2015 la compañía se volvió centro de un escándalo de proporciones mayúsculas cuando periodistas e investigadores revelaron que sus ejecutivos sabían sobre la amenaza que representaba el cambio climático desde los años setenta. A pesar de ello, Exxon Mobil se dedicó durante décadas a mentir de forma reiterada, quitarle gravedad al problema, financiar a negacionistas del cambio climático y continuar como si nada con sus devastadores operaciones petrolíferas.

La revelación y el escándalo resultante llevaron a una petición firmada por 350 mil personas para que el Departamento de Justicia estadounidense investigara a la empresa. En plena campaña electoral, los dos candidatos demócratas de aquel momento, Hillary Clinton y Bernie Sanders, se hicieron eco del reclamo.

Para Exxon Mobil fue una catástrofe. En pos de paliar los daños a su imagen, sus ejecutivos empezaron a hacer promesas, una detrás de otra. Ahora en la web de la compañía puede leerse: «Creemos que los riesgos asociados al cambio climático demandan acciones concretas y se necesita de todos nosotros –empresas, gobiernos y consumidores– para lograr un progreso real».

En una maniobra no falta de ingenio (o de inconmensurable cinismo), la firma petrolera ahora presenta sus viejas investigaciones internas –otrora celosamente escondidas– como una muestra de su compromiso con la causa: «Los científicos de Exxon Mobil han estado por décadas en la primera línea de la investigación climatológica, trabajando junto con los mayores expertos mundiales en la materia».

 

PLAN DE EMISIONES

 

Pero ¡sorpresa!: Exxon Mobil nos ha vuelto a mentir. Una explosiva filtración publicada por la consultora empresarial y agencia de noticias Bloomberg este lunes 5 revela que la empresa «ha venido planeando un incremento anual de sus emisiones de dióxido de carbono del tamaño de lo emitido anualmente por Grecia» y que «las estimaciones realizadas por la propia Exxon de su nueva estrategia de inversión de 210.000 millones de dólares indican un incremento anual de sus emisiones de 17 por ciento para 2025». La estimación sólo tiene en cuenta las emisiones generadas durante las operaciones de producción petrolera, no lo que ocurrirá luego, cuando el producto sea vendido y quemado por sus compradores.

La compañía se centrará en producir en cinco mercados clave: «Petróleo de esquisto en la cuenca Pérmica (Texas y Nuevo México), extracción offshore en aguas de Guyana y Brasil, y explotación de gas natural en Mozambique y Papúa Nueva Guinea». Los periodistas de Bloomberg Kevin Crowley y Akshat Rath apuntan que «los 21 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono anuales que resultarán de este incremento productivo eclipsan las proyecciones elaboradas por Exxon acerca de sus esfuerzos para reducir la contaminación, como el desarrollo de energías renovables y el entierro de ciertas cantidades de dióxido de carbono».

¿Por qué esta falta de apego de Exxon Mobil a sus promesas? Quizás la respuesta se encuentre en otra proyección: para 2025, la compañía espera duplicar sus ingresos.

Megan Day
9 octubre, 2020

    (Publicado originalmente en Jacobin como «We CantTrustOilCompaniestoRegulateThemselves». Traducción y titulación de Brecha.)

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Europa exporta venenos prohibidos en sus propios países

Los pesticidas europeos invaden los cinco continentes. Para las multinacionales agroquímicas con sede en el Viejo Mundo no importa si sus productos no son autorizados para la venta en la misma Europa. Todo vale y la deontología, para ellas, no existe en el diccionario de la rentabilidad.

 

En 2018, grandes empresas de los países de la Unión Europea (UE) exportaron más de 81.000 toneladas de pesticidas prohibidos a la venta en el propio mercado continental por contener sustancias que afectan seriamente la salud humana o el medio ambiente.

Los principales exportadores fueron empresas del Reino Unido con 32.187 toneladas; de Italia 9.499; de Alemania 8.078; de los Países Bajos 8.010. En igual período, desde Francia se vendió fuera de la UE, 7.663 toneladas; desde España 5.182 y desde Bélgica 4.907. El destino: unos 85 países – las tres cuartas partes catalogados como “en desarrollo” o emergentes. Entre los cuales, en América Latina, Brasil, México, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Honduras, por citar solo algunos.

Entre los principales destinatarios de esos químicos prohibidos en suelo europeo se encuentran países que, paradójicamente, nutren, a la postre, a la Unión Europea con productos agrícolas. La UE permite así a sus empresas químicas y agroquímicas exportar desde su territorio sustancias que luego se encontrarán residualmente en las comidas consumidas por su población. Perversa práctica boomerang de mercado.

Dichas empresas aprovechan así de actividades económicas en naciones donde las reglamentaciones y controles son menos severos y los riesgos más elevados que en la misma UE, concluye la investigación elaborada por la ONG suiza Public Eye (el Ojo Público) en colaboración con Unearthed, célula de investigación de Greenpeace de Gran Bretaña. El estudio, cuyos resultados iniciales fueron develados a inicios del 2020, vuelve a ocupar hoy el espacio mediático a través de detalles y complementos difundidos a fines de septiembre.

Una pesquisa inteligente

Para evitar las respuestas edulcoradas de las multinacionales agroquímicas, durante varios meses, los investigadores de las dos ONG solicitaron informaciones, directamente, a la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA), encargada de regular las sustancias químicas y biocidas en el mercado continental.  Esta instancia procesa expedientes de ese tipo de productos y observa si respetan las normas. Se dedica también, en colaboración con los gobiernos nacionales, al análisis de las sustancias más peligrosas y en ciertos casos, pone el foco en aquellas que obligan a una mayor gestión de riesgos para proteger las personas o el medio ambiente. Colabora, además, con un centenar de organizaciones “acreditadas” ligadas a la producción, al medio ambiente, académicas, sindicales (https://echa.europa.eu/es/about-us/partners-and-networks/stakeholders/echas-accredited-stakeholder-organisations), entre las cuales, Greenpeace.

A través de la ECHA lograron recolectar “miles de notificaciones de exportaciones”, es decir, los formularios que, según la legislación europea, las empresas deben completar cuando se trata de productos que contienen sustancias químicas prohibidas para la comercialización en la Unión Europea. “Si a veces dichas notificaciones pueden diferir de los volúmenes efectivamente exportados, esa documentación constituye la fuente de información más completa” señala el estudio. Resultado: las dos ONG lograron elaborar una cartografía hasta ahora inédita de las exportaciones pesticidas prohibidas que salen de los diferentes países de la UE. (https://www.publiceye.ch/fileadmin/doc/Pestizide/202009_EU-export-pesticides_worldmap_FR.pdf)

Identifican un total de 41 productos de esa categoría. De los cuales se reconocen oficialmente algunos de los efectos más graves: toxicidad aguda; malformación genética; problemas reproductivos o del sistema hormonal; cáncer; contaminación de fuentes de agua potable; impactos perversos para los ecosistemas.

Como parte de la investigación, Public Eye y Greenpeace contactaron también a unas 30 empresas, de las cuales quince – incluida Syngenta- respondieron formalmente. Las mismas coinciden en cuatro argumentos retóricos repetidos: que sus productos son seguros; que están comprometidas con la reducción de riesgos; que respetan las leyes de los países donde operan – y que éstos deciden libremente sobre los pesticidas más adecuados para los agricultores locales. Y, en particular, que es normal que numerosos pesticidas vendidos al extranjero no sean registrados en la UE dado que el clima y el tipo de agricultura son diferentes a los europeos.

Círculo macabro: semillas de laboratorio y pesticidas

Producido por la transnacional química suiza Syngenta en su fábrica inglesa de Huddersfield, el Paraquat está prohibido desde 1989 en Suiza y desde el 2007 en la Unión Europea.

En 2018, funcionarios británicos la autorizaron a exportar nada menos que 28.000 toneladas de un producto que incorpora dicho veneno vendido en muchos mercados bajo el nombre de Gramoxone. La mitad, destinada a Estados Unidos, donde la multinacional agroquímica es acusada ante los tribunales por campesinos que padecen del Mal de Parkinson. La otra mitad, en dirección, principalmente de los principales consumidores mundiales como Brasil, México, India, Colombia, Indonesia, Ecuador y África del Sur. Aunque su comercialización se expande en buena parte del planeta, incluido muchos países latinoamericanos.

Primer productor de pesticidas del mundo y tercer fabricante de semillas, Syngenta constituye, junto con Monsanto, el símbolo de la agricultura industrial. En 2018, la organización suiza Multiwatch publicó la versión francesa de su Libro Negro de los Pesticidas. Esa asociación que se dedica a denunciar las políticas ilegales de las transnacionales, describe en su publicación que las tres cuartas partes de la actividad de Syngenta está consagrada a productos fitosanitarios y un cuarto a organismos genéticamente modificados (OGM).  “Asistimos a la apropiación de la naturaleza por parte de las multinacionales con el fin de constituir monopolios en el mercado de semillas y pesticidas”. Y denuncia el mecanismo diabólico que lleva a los campesinos, fundamentalmente en el Sur, a tener que comprar las semillas, “con el gran riesgo de aumentar sus deudas y de disminuir la biodiversidad”. Y de estar obligados a usar pesticidas, de las mismas multinacionales, responsables de la degradación de la salud de ellos y de las poblaciones expuestas a esos productos. Los ejemplos, no faltan: de Pakistán a Hawai, de la India al continente africano y en toda América Latina. Multiwatch dedicó este libro al militante social brasilero Keno, dirigente del MST (Movimiento de Trabajadores rurales sin Tierra) asesinado en el 2007 en Santa Tereza do Oeste, Estado de Paraná, por miembros de una sociedad privada de seguridad contratada por Syngenta, quien ocho años después fue condenada por tal hecho.

En esa publicación los militantes helvéticos retoman cifras que provienen de la misma ONU. El organismo internacional calculaba ya en el 2017 alrededor de 200 mil decesos anuales resultantes del uso de pesticidas. Y subrayan la gran capacidad de las multinacionales de cambiar de ropaje cuando el descrédito amenaza sus intereses. De la misma manera que la estadounidense Monsanto desapareció en 2017 al ser absorbida por el gigante alemán Bayer, la Syngenta suiza fue formalmente vendida en el 2016 a la Chemchina, aunque su sede principal sigue estando en Basilea, capital suiza de la industria química.

Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de septiembre del 2019 indicaba, por otra parte, que cada 40 segundos se produce el suicidio en una persona en algún lugar del planeta. El envenenamiento con pesticidas es uno de los tres métodos más usados. Y concluye que “la intervención con mayor potencial inmediato para reducir el número de suicidios es la restricción del acceso a los plaguicidas que se utilizan para la intoxicación voluntaria”.

Concesión a las multinacionales

En julio del año en curso Baskut Tuncak, por entonces todavía Relator Especial de las Naciones Unidas sobre productos tóxicos, pidió a los países ricos que pongan fin a la “deplorable” práctica de exportar productos químicos y plaguicidas tóxicos prohibidos a las naciones más pobres que carecen de «capacidad para controlar los riesgos».

Su declaración fue sostenida por otros 35 expertos del Consejo de Derechos Humanos. Entre ellos David Boyd, Relator Especial sobre derechos humanos y medio ambiente, Tendayi Achiume, Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, Francisco Cali Tzay, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, y Michael Fakhri, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación.

Tuncak explicó que las naciones más ricas suelen aplicar un mecanismo cuestionable “que permite el comercio y el uso de sustancias prohibidas en partes del mundo donde las regulaciones son menos estrictas, externalizando los impactos sanitarios y ambientales en los más vulnerables… Estos vacíos legales son una concesión política a la industria”, que permite a los fabricantes de productos químicos aprovecharse de trabajadores y comunidades envenenadas en el extranjero… Hace mucho tiempo que los Estados deberían haber finalizado con esta explotación, concluyó.

Veneno para muchos -especialmente campesinos de países periféricos-, rentabilidad extrema para las grandes multinacionales agroquímicas. Cara y cruz de una realidad planetaria que sin embargo no se queda solo en la sanción sanitaria y ambiental del Sur. Va y viene, como un enorme boomerang interoceánico, y llega también, inexorablemente, al plato diario del consumidor europeo.

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Sábado, 03 Octubre 2020 06:03

El aire que (ya no) respiramos

El aire que (ya no) respiramos

Hace mucho que el aire que respiramos es una gran cámara incógnita, un espacio repleto de partículas insomnes que subvierten silenciosamente nuestros cuerpos. Partículas lanzadas ahí por la única ley universal que rige a la sociedad de mercado: la producción de desechos como fin. Porque únicamente si desechamos debemos consumir más, y mientras más se desecha es mayor el vértigo del consumo. Ninguna industria actual (con sus desechos), ningún Estado (con sus omisiones) toma en cuenta que el aire era una bien común. Ahora es un banal tiradero, una cámara de gases y elementos venenosos que atascan nuestros sentidos, que inhabilitan las más elemental de las sustancias que nos habitan.

Durante la pandemia actual, un nuevo inquilino ha poblado esa sustancia: el Covid-19. Un inquilino invisible y fatal, digno de la atención del planeta, del que se cree nos acecha por doquier. Es la llamada de una mutación en nuestra más próxima cercanía. Ahora se trata de un aire que pensamos irrespirable y del que huimos o pretendemos huir. Todos los gestos barrera (el cubrebocas, el distanciamiento, el autosecuestro ...) están para testimoniarlo. Una mirada a la microfísica de esa intimidad arroja-ría la verdadera geografía donde ese cerco imaginario y real pone la vida en trance: hijos atrapados durante meses con sus padres y viceversa; parejas que descubren que la estrechez es la otra manera de lo irrespirable; la devastadora muerte de alguien cercano; la parálisis de quien súbitamente perdió el ingreso o quebró; el paso de la aglomeración en casa al abandono; escuelas clausuradas y niños y adolescentes recluidos en cuatro muros. Casi aprisionados. En su intimidad más elemental, nadie saldrá ileso de esta reclusión.

Por doquier se escucha a gobiernos, políticos y empresas haciendo llamados a salir. A poblar las calles y los centros de consumo de nuevo. Y nadie o casi nadie parece escucharlos. La economía se derrumba y la población permanece impávida, indiferente al derrumbe. En Alemania, donde el índice de defunciones es menor que el de cualquier contagio convencional, la gente no regresa a las calles, ni a los cafés, ni a los malls. Tampoco en Uruguay, ni en Austria, ni en Australia. No retorna a la vorágine que dividía la vida entera en trabajar y en salir en búsqueda de placer (ir a consumir, a la cantina con los amigos, a restaurantes, al cine, al estadio deportivo, etcétera). Trabajo y placer: tal parece ser que la delirante división de las vidas cotidianas que distinguió a la modernidad tardía. Y súbitamente, la segunda mitad de este orden simplemente se desplomó.

Los nudos de tráfico que de nuevo enhebran a la ciudad o las aglomeraciones de gente en los centros donde se abastece al comercio, son porque el trabajo los llama. A los que lograron preservarlo. Pero ninguna señal de retorno a los viejos hábitos de consumo desaforado (para quien contaba con recursos) o apenas consumo desesperado (para los más pobres): los restaurantes están prácticamente vacíos, los cines despoblados, los bares somnolientos de tanto vacío, el turismo recluido en unos cuantos confines, los centros comerciales abandonados.

La pregunta es si la gente –la población en general– no atraviesa por un estado de desgano generalizado, por una suerte de llana indiferencia a lo que daba –o abotagaba– el sentido de sus vidas hace unos cuantos meses. Consumir por placer, consumir para aislarse, consumir como paréntesis que interrumpen formas de trabajo en su mayoría inocuas, que no dignifican a nadie.

Vivimos acaso un estado de desmovilización general frente a la razón de ser de la lógica elemental del capital: la seducción producida por el fetichismo de sus creaciones. La primera interpretación de esta retracción general es que la gente tiene miedo. Miedo a contagiarse. Al aire que súbitamente se volvió de tóxico en irrespirable. Pero es una explicación banal. En Estados Unidos, en México o en Brasil es comprensible que la población tema el contagio. ¿Pero en Austria, España, Canadá, Uruguay, Japón…?

Tal vez asistimos a la primera huelga involuntaria, no declarada, ni siquiera pensada contra las formas de vida del incandescente consumo. Sería una auténtica revolución, la más profunda de todas, la kryptonita de la sociedad del mercado. Una revolución provocada por un hecho elemental. Todo el poder virológico, la nueva forma del poder soberano, está fundado en inducir a la población a su propio autocontrol. Es decir, en una forma de metacontrol. Pero la deriva de todo control es que vuelve inánime al sujeto que pretende controlar. Le quita la fuerza y el espíritu. Lo llena de tristeza. Este sujeto es inservible para los vértigos del mercado. Pero a la vez resultó en su deriva en una situación de excepción.

Pedro Serrano, el poeta, advirtió que el furor de los años 20 después de la Primera Guerra Mundial tal vez provino del enclaustramiento provocado durante tres años por la gripe española. Igual podría suceder en los años 20 que nos aguardan. Y, sin embargo, quedará la pregunta por la desmovilización actual como un acto acaso profético.

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Pandemia y extractivismo: una contaminación colonizadora cruzada

 

«Nuestra tesis es que, aunque de forma más compleja y sutil hoy, un patrón similar, un entramado de extractivismo-pandemia-imperialismo colonizador, está desarrollándose en América latina. Un tramado complejo donde la enfermedad fortalece la captura de los territorios y poderes políticos por parte de las empresas extractivas, en su mayoría multinacionales, mientras despoja a la población local y la deja padecer en condiciones abyectas las consecuencias del virus bajo un discurso bien articulado en el cual las acciones de las empresas extractivas y sus operadores se presentan como una contribución al bien común. El extractivismo colonizador justificaba su invasión por la necesidad de “salvar” almas indígenas mediante su evangelización. El extractivismo actual se escenifica como “el salvador” de la economía—el alma de la sociedad capitalista».

¿Será que la historia se repite? La respuesta obviamente negativa a esta pregunta no debe hacernos perder de vista que siempre corremos el riesgo de repetir errores desastrosos del pasado si olvidemos que joyerías de vidrio pueden esconder un robo y una masacre.

Cuando los colonizadores europeos llegaron a las Américas, tenían un afán de ciertos minerales que les hizo destrozar civilizaciones y culturas, esclavizar a la población indígena para explotarla, y erradicar militarmente a los que se resistían [ii]. Sin embargo, las enfermedades que trajeron los colonizadores resultaron ser más mortales que sus pulsiones extractivistas, pues sus barcos llevaban pandemias letales que se encargaron de la labor “necrófila” de eliminar pueblos indígenas, facilitando el establecimiento de poderes coloniales en el continente.

Nuestra tesis es que, aunque de forma más compleja y sutil hoy, un patrón similar, un entramado de extractivismo-pandemia-imperialismo colonizador, está desarrollándose en América latina. Un tramado complejo donde la enfermedad fortalece la captura de los territorios y poderes políticos por parte de las empresas extractivas, en su mayoría multinacionales, mientras despoja a la población local y la deja padecer en condiciones abyectas las consecuencias del virus bajo un discurso bien articulado en el cual las acciones de las empresas extractivas y sus operadores se presentan como una contribución al bien común. El extractivismo colonizador justificaba su invasión por la necesidad de “salvar” almas indígenas mediante su evangelización. El extractivismo actual se escenifica como “el salvador” de la economía—el alma de la sociedad capitalista.

La pandemia se presenta como la crisis perfecta para justificar el estado de excepción, es decir la suspensión de los frágiles espacios de contra poder que son también la poca democracia que existe en nuestros sistemas políticos. Con este, se aplica una terapia de shock extractivista, un cambio de las reglas en medio de la crisis para profundizar la penetración del extractivismo. La pandemia requiere del confinamiento de la población por razones sanitarias. Lo problemático es que sirve también a élites económicas y políticas que quieren contener las protestas y los deseos de movilización. La transformación del mandato “quédate en casa” en mandamiento anti-movilización es una manera de silenciar las oposiciones, y sirve para crear condiciones más favorables para expandir las actividades extractivas, debilitar o eliminar las pocas reglamentaciones ambientales existentes mientras las multinacionales y las empresas de este sector toman la oportunidad para limpiar su imagen corporativa.

El propósito de este artículo es llamar la atención sobre la forma en que, desde el Norte hasta el Sur del continente, la crisis actual está siendo instrumentalizada para responder a las necesidades del sector extractivo, con un patrón común que designamos como la terapia de shock extractivista.

La terapia de shock extractivista

Mirando lo que está pasando con el sector extractivo de varios países (Canadá, Chile, Ecuador, Honduras), y escuchando lo que señalan las y los defensoras de las comunidades y territorios, notamos un patrón común [iii] de terapia de shock extractivista. Naomi Klein [iv] acuñó la expresión “terapia de shock” para describir una dinámica fundamental del capitalismo de las últimas décadas, inventada por Milton Friedman, mediante la cual se aprovechan de los momentos de crisis y trauma colectivos para imponer rápidamente cambios importantes e irreversibles a favor de las grandes empresas que no se podrían imponer en tiempos normales. La terapia de shock extractivista es este mismo proceso aplicado para promover los intereses de las empresas extractivas. En la actualidad, esta articula varias dimensiones alrededor de una acción discursivo-ideológica por parte de las empresas hacia la cual confluyen actores estatales y partes de las élites económicas no vinculadas al sector. Este discurso presenta las empresas extractivas como salvadoras frente a las varias crisis, naturaliza su proximidad con el Estado, otorga la continuación de la extracción mientras se paran otros sectores económicos y favorece la profundización de sus actividades con menos escrutinio público. De esta manera, aprovecha la crisis para acertar contundentemente la centralidad del sector y descartar las oposiciones y alternativas legítimas promovidas por las poblaciones afectadas.

Su discurso

La terapia de shock extractivista se articula alrededor de un discurso en el cual las empresas se presentan como salvadoras, tanto frente a la crisis sanitaria como a la crisis económica. Prometen generar riquezas y brindar las tecnologías que permitan curar a los enfermos, redistribuir las ganancias a las víctimas de la crisis, y ser la fuente de reactivación de las economías una vez terminada la pandemia. Expresiones tales como “minería verde” y “minería responsable” resurgen ahora en el discurso de las mineras mediante campañas que buscan limpiar la imagen de empresas ambiental y socialmente desastrosas, que ahora se presentan como promotoras de la “salud y [del] bienestar” [v], o más aún comprometidas con la “resiliencia comunitaria” [vi] frente a la pandemia.

Durante la crisis sanitaria, los Estados, principalmente en el Sur global, enfrentan problemas para conseguir los recursos necesarios para apoyar a la población y proveer lo necesario al personal de la salud. En este contexto, las empresas extractivas han desarrollado una imagen de “salvador”, multiplicando las donaciones de equipamiento médico y comida para establecerse como ayuda de primera línea y pulir su imagen corporativa frente a la sociedad. Por ejemplo, la empresa minera canadiense Barrick Gold, quién encabeza el controvertido proyecto Pascua Lama, entregó un hospital de campaña de un valor aproximado de US$ 13 millones al Estado chileno en el contexto de la pandemia [vii]. En Ecuador, mientras el Estado carecía de recursos médicos en sus hospitales para asegurar la protección de los trabajadores de la salud, ciertas empresas extractivas promocionaban donaciones de insumos médicos en sectores cercanos a sus actividades, y donaciones de alimentos a poblaciones vulneradas por la crisis [viii].

Estas contribuciones tienen impactos reales en tiempo de pandemia, cuando el acceso rápido de poblaciones vulnerables a servicios y tratamientos puede marcar la diferencia entre la vida y muerte. No obstante, un análisis crítico de aquellas “contribuciones”, generalmente agrupada bajo el lema de la responsabilidad social empresarial, devela las contradicciones e ineficiencias que conllevan, y las desigualdades sistémicas que profundizan. Esta filantropía empresarial encubre el hecho de que estas mismas empresas presionan a los Estados para minimizar sus aportes fiscales, aún en tiempos de crisis. Por ejemplo, en Chile, las empresas mineras lograron que se liberen sus depósitos de garantía, originalmente destinados para cubrir los costos de sus planes de cierre de faena, recuperando así US$ 3 mil millones de dólares [ix]. Las empresas logran hacer contribuciones propias y específicas porque tienen plata, pero no quieren pagar impuestos al Estado porque prefieren a la ayuda desinteresada aquella por la cual controlan el momento y el objeto de las donaciones, y así, maximizan el impacto positivo sobre su imagen corporativa, especialmente en contextos en los cuales comunidades locales se oponen a su implementación en el territorio. Además, tales contribuciones revelan un desequilibrio de poder: multinacionales del “Norte global” logran conseguir acceso a insumos médicos esenciales que hacen falta a Estados del “Sur global”. De tal manera, empresas privadas compiten con los Estados por el rol de defensor del bien común.

Comparar esta situación con la de los colonizadores europeos que llegaron ofreciendo la fe cristiana para salvar el alma de los pueblos y naciones indígenas a cambio de su trabajo, de sus vidas, de sus territorios y de las riquezas que contenían, está lejos de ser absurdo. En ambos casos, la contraparte del despojo sirve para limpiar la imagen del despojador y tornarlo en salvador.

Este discurso al nivel de la salud se articula muy bien con el discurso económico, de aún mayor importancia para las operaciones de las empresas extractivas, las cuales supieron presentarse cómo la solución también frente a la crisis económica relacionada a la pandemia. En esta crisis, se argumenta, es necesario facilitar todas las iniciativas extractivas porque su contribución a la actividad productiva es esencial para relanzar la economía amputada por el cierre epidemiológico [x].

Este argumento ha sido adoptado enteramente por los gobiernos de los países tratados en este artículo, quienes asumieron el discurso presentando las empresas extractivas como salvadoras frente a la crisis económica. En Canadá, el gobierno de Justin Trudeau, que se presentaba como el defensor del medio ambiente después de su primera elección en 2015, anunció que levantaba la obligación de evaluación de impacto ambiental para las perforaciones marítimas exploratorias frente a las costas de Terranova-Labrador [xi]. La justificación era clara: “la capacidad de Terranova y Labrador de recuperarse al salir de la pandemia de COVID-19 dependerá en grandes medidas de la capacidad del sector [petrolero]” [xii]. En Honduras, el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente agilizó, en medio de la pandemia, un portal virtual para minimizar los trámites y facilitar los proyectos extractivos.

Estas medidas materializan el discurso de las empresas extractivas adoptado por los gobiernos que presenta a la actividad extractiva como fuente de recursos para resolver la crisis económica relacionada a la pandemia. Además, como los gobiernos están acumulando deudas públicas para enfrentar la crisis, los ingresos provenientes del sector son presentados como fuente de divisas absolutamente esenciales para pagarlas. Sin embargo, la importancia relativa del sector, y lo que retorna localmente, difícilmente puede presentarse como solución. El sector extractivo tiende a emplear relativamente pocas personas, y en Latinoamérica, exporta sus productos brutos a otros países para su transformación, lo que conlleva pocos encadenamientos productivos locales. En Honduras, el sector extractivo no representa ni el 1% del PIB. Más preocupante que las pequeñas rentas mineras que se quedan en este país, son los impactos negativos que las actividades extractivas tienen sobre otras actividades económicas y de sustento local como la agricultura.

Además del impacto ambiental negativo del sector y del rechazo por parte de muchas comunidades que no quieren de estas actividades en el territorio que ocupan, las empresas extractivas difícilmente representan una solución económica mágica. Más bien, los problemas económicos relacionados con la expansión del sector han sido la base para el desarrollo de toda una literatura que describe la maldición de la abundancia (Acosta 2009) o habla de enfermedad (The Economist 2017 [1977]) y de paradojas de los recursos (Karl 1997). Esta literatura advierte que el sector extractivo tiende a producir efectos económicos negativos que socavan sus beneficios.

En resumen, las grandes empresas extractivas han aprovechado la pandemia para pulir su imagen, y presentarse como salvadoras tanto al nivel sanitario como ecológico. Considerando que este discurso es muy dudoso, vale la pena reflexionar críticamente sobre su puesta en marcha.

La puesta en marcha del discurso y la cercanía Estado-empresas extractivas

El desarrollo de este discurso por parte de las empresas, y su adopción acrítica por parte de los gobiernos, esconde algo muy preocupante por la naturalización de la cercanía Estado-empresas extractivas que genera. Mientras que el discurso liberal sobre el Estado nos lo presenta como un actor neutral y un árbitro imparcial frente a varios grupos con intereses divergentes, la imagen que nos refleja el sector extractivo actualmente es de una cercanía exclusiva con el Estado que no siente la necesidad de avergonzarse ni de esconderse. Sus discursos se mezclan de tal manera que se confunde quién representa el bien común, y desaparece del discurso el hecho fundamental que las empresas extractivas velan, antes que nada, por los intereses privados de sus accionistas, mayormente ubicados en el Norte global. Se trata así de aislar el discurso de las comunidades que rechazan las incursiones de las empresas extractivas en el territorio que ocupan, y se revierte la dinámica como si fuesen ellos quienes defienden un interés particular-privado.

En los países presentados en este artículo, resulta muy difícil diferenciar el discurso de las empresas y el del gobierno con respeto al sector extractivo porque están alineados en casi todos sus puntos. En Chile, la empresa minera Barrick Gold afirmaba al periódico El Mercurio estar en contacto constante con el gobierno para avanzar en sus proyectos, prometiendo miles de millones para salvar la economía chilena de la pandemia [xiii]. En Honduras, la situación es tal, que desde 2018 el Estado decidió mantener en secreto las decisiones con respeto a los permisos ambientales, demostrando que para el Estado, más importante que defender su legitimidad frente al público es proteger sus relaciones con las empresas mineras.

Esta cercanía y el discurso del sector extractivo como salvador permite explicar por qué, en muchos países, mientras buena parte de la actividad económica fue parada por razones sanitarias, la producción en el sector extractivo no se detuvo, aunque queda por demostrar la necesidad de muchos de estos minerales en tiempos de pandemia. En Honduras, se ha pedido el reconocimiento de la actividad extractiva como actividad esencial para permitir que siga operando durante de pandemia, pedido que fue aceptado por el congreso. En Ecuador, las mineras fueron designadas como actividades estratégicas que tenían que seguir produciendo durante la crisis. Las que bajaron sus actividades lo hicieron sin que sea obligación estatal, sino por voluntad propia, y reanudaron rápidamente sus actividades [xiv]. Esto no paró a Lundin Gold-Aurelian Ecuador que opera Fruta del Norte de producir el primer lingote de oro durante la pandemia [xv]. Comunidades indígenas denunciaron que ciertas mineras que seguían con sus actividades trataban de traspasar el control comunitario establecido por comunidades que querían aislarse para protegerse de la enfermedad. En el valle del Huasco chileno, se sospecha que la persistencia de la actividad extractiva, que implicaba la circulación de trabajadores de otros sectores del país, contribuyó a la propagación del virus en la región [xvi]. Es decir, así como el colonialismo europeo trajo enfermedades, el extractivismo que sigue durante la pandemia también contribuyó a la propagación más reciente del virus [xvii]. El discurso de las empresas extractivas como salvadoras en tiempo de crisis, así como la distribución de material sanitario, es muy útil para producir un contra-discurso a la realidad tajante que los caminos del extractivismo contribuyen históricamente al contagio. Sirve también para difuminar la frontera entre el Estado y las empresas extractivas, y que estas últimas aparezcan como las defensoras del bien común al igual que los Estados.

Profundización del extractivismo

La combinación de una cercanía Estado-empresas extractivas con el discurso de este sector como salvador no sirvió sólo para que continúe la extracción durante la pandemia, sino que fue utilizado para expandir las actividades del sector, y profundizar la penetración del extractivismo en la política y el territorio en contra de la voluntad de los pueblos. Esta profundización, construyéndose sobre siglos de colonialidad del poder—es decir un poder que se apoya sobre y reproduce jerarquías raciales [xviii]—tiende a invadir zonas habitadas por pueblos racializados, expulsándolos o alterando su vida de manera indeseada, reproduciendo así las jerarquías raciales del continente.

En Canadá, el gobierno Federal anunció nuevos créditos para trabajos en el gasoducto Costal Gaz Link. Este proyecto había sido bloqueado por protestas de la nación Wet’suwet’en al inicio del 2020 apoyadas por varios otros pueblos y naciones indígenas y no indígenas que habían bloqueado el ferrocarril en todo el país en oposición a aquel proyecto. En Honduras, se transfirió la responsabilidad de aprobación y fiscalización de los proyectos desde el Instituto Hondureño de Geología y Minas hacía el Ministerio de Economía para facilitar sus avances. Esto significó la suspensión de muchos procesos de consulta a la población que estaban en camino, y la clara afirmación que la aprobación depende de criterios económicos y no geológicos, ambientales, y menos aún democráticos.

Estos avances cristalizan la idea de terapia de shock: la instrumentalización de la crisis para promover fines que difícilmente se podría alcanzar en otros contextos. Como lo decía el ministro del Ambiente de Jair Bolsonaro, Ricardo Salles: “ahora que la prensa está dando un poco de tregua sobre los otros temas, [es tiempo de] de aprobar las reformas infralegales de desregulación y de simplificación en materia, todas aquellas reformas de las que tenemos necesidad” [xix]. En Chile, el ministro de Minería afirmaba que era tiempo de avanzar con todos los proyectos en carpeta, mientras justamente estos proyectos estaban frenados por cuestiones ambientales y resistencias comunitarias. De manera similar, el ministro de Minas de Ecuador afirmaba al inicio de la pandemia que iba a dar mayores facilidades a empresarios privados en ciertos campos petrolíferos para que avancen sus proyectos.

Todos los signos indican que la crisis está siendo instrumentalizada para profundizar el extractivismo, aprovechando el confinamiento y las restricciones de las libertades promulgadas en este tiempo para hacer reformas que benefician al sector y que van a permanecer vigentes después de la crisis. Las modificaciones legislativas y reglamentarias que levantan las limitaciones y controles de las actividades permitirán avances de proyectos que difícilmente se podrán deshacer después.

Las actividades extractivas se focalizan en recursos no renovables, lo que nos lleva a un punto sin retorno y cuyo impacto social y ambiental deja huellas indelebles. Los Estados, tanto del Norte como del Sur, han mostrado repetidamente su incapacidad en controlar las actividades de las empresas extractivas lo suficiente para evitar desastres. En Canadá, el derramamiento de Mount Polley en 2014, donde la ruptura de una represa de residuos mineros dejo escapar 4,5 millones metros cúbicos de agua contaminada, tuvo consecuencias ambientales difícilmente medibles. En 2018, un incidente similar en Brumadinho, Brasil, obtuvo la atención internacional con imágenes terribles del derrame que costó la vida de entre 130 y 250 personas, además de contaminar más de 300 km de ríos y modificar significativamente su ecosistema. Al inicio de la pandemia, la ruptura de un oleoducto en Ecuador contaminó un río afectando a aproximadamente 118 000 personas según la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la cual subrayaba que el Estado y la empresa operadora de la tubería tomaron hasta 10 días para llevar agua potable a las comunidades afectadas [xx].

Estos eventos tienen consecuencias irreversibles, y la profundización del extractivismo con menos controles por parte del Estado anuncia la multiplicación de casos dramáticos como estos. De la misma manera que el colonialismo europeo en la región, las destrucciones resultantes del extractivismo son irreversibles, e inolvidables.

Resistencias y represión

En todos los países estudiados, hemos encontrado signos fuertes de resistencia por parte de las comunidades afectadas, de ambientalistas, y de organizaciones de varias tendencias políticas, así como indicios indudables del fortalecimiento de solidaridades internacionales respeto al tema. Como parte de la terapia de shock extractivista, la alianza entre empresas extractivas-Estado, combate estas resistencias mediante la consolidación de su discurso que presenta al sector como salvador frente a las crisis, la represión y persecución de opositores, y la desregulación permisiva que facilita la profundización de la colonización extractivista del territorio.

Pero las alternativas existen tanto para la salud como para la economía. Durante la pandemia, se han visto en el Ecuador campesinos indígenas que, pese a haber perdido su acceso a los mercados públicos por el confinamiento, decidieron dar productos en barrios pobres para proveer de alimentos a los más afectados. Otro ejemplo es la comunidad de Putaendo en Chile organizó marchas y eventos durante la pandemia para oponerse a los avances del proyecto minero Vizcachitas de la Andes Copper. Así como estos, podemos encontrar múltiples ejemplos en varias regiones del continente, donde comunidades indígenas, campesinas y rurales gestionaron el riesgo de la pandemia mediante respuestas comunitarias. Los movimientos socioambientales de defensa del territorio crean espacios para voces diversas que debaten sobre el bien común, y la coyuntura actual también ha abierto nuevos espacios y oportunidades de colaboración. Es decir: hay resistencias y hay propuestas alternativas que emergen desde los pueblos.

 Al nivel regional, un grupo variado de intelectuales presentó el Nuevo Pacto Ecosocial del Sur, una invitación a que las organizaciones y comunidades sumen sus esfuerzos para producir una respuesta contra terapia de shock, basada en la justicia social, de género, étnica y ecológica [xxi]. Esta iniciativa resalta cómo la pandemia reveló la falsa y repetida consigna de que la economía de mercado es imparable. Durante la pandemia, no sólo se paró la actividad productiva en varios sectores, también muchas fábricas convirtieron su producción para responder a las necesidades del momento. Si ha sido posible parar y reorientar la economía en tiempo de pandemia, es posible hacerlo en cualquier momento.

En vez de entender este llamado al cambio como una difícil pero necesaria reorientación de nuestras relaciones con el medio ambiente y la economía, los gobiernos aliados a las empresas extractivas eligieron la vía fácil del discurso mágico del salvador extractivista. Y para sostenerlo tuvieron que recurrir, rápidamente, a la fuerza para callar los opositores. Las noticias de represión, y de protección policial y militar a las empresas, nos vienen de todos los rincones del continente.

Contra las “salidas fáciles” y las falsas promesas

Nos corresponde producir, debatir y difundir otras narrativas a la del discurso articulador de la terapia de shock extractivista, que ha sido producidas por aquellas empresas que se presentan como salvadoras. El extractivismo no va a excavar un túnel de escape frente a las crisis actuales. La pandemia y sus consecuencias no son agentes externos a nuestra realidad que vinieron interrumpir nuestra normalidad: en buena parte es el producto de aquella normalidad.

Más allá de los casos de corrupción, no es simple entender por qué hay un consenso de los gobiernos de diversos matices sobre la necesidad del extractivismo [xxii], ni cómo el sector logra tal penetración política. Un elemento de respuesta reside en la promesa de una “salida fácil” e indolora a la crisis multidimensional que enfrentan todas las sociedades de nuestro continente. El sector promete ingresos fiscales que no requieren que los gobiernos se enfrenten a las élites económicas nacionales para redistribuir una parte de sus riquezas. El sector es tan lucrativo que permite el pago de rentas que parecen importantes. Impulsar el sector evita una pelea contra los gobiernos del Norte global que apoyan ampliamente a las empresas extractivas, la mayoría ubicadas legalmente en sus territorios. La única pelea que genera el extractivismo es contra las comunidades locales, y se puede tornar en una confrontación de pueblo contra pueblo, contraponiendo los potenciales beneficios económicos del sector presentado como salvador frente a las crisis, al “inmovilismo” de los opositores. Sin embargo, el carácter multidimensional de las crisis (económica, ambiental, social y política) revelado por la pandemia no da para este tipo de facilidad, y requiere de soluciones complejas que reorganicen lo contagioso-tóxico de nuestra relación a la economía y el medio ambiente. Ver lo ilusorio y lo peligroso de las promesas del sector extractivo presentado como salvador frente tanto a la crisis económica como pandémica es un paso importante. El próximo paso es que la organización y la movilización de las comunidades logre transformar a los sectores populares en una fuerza más poderosa que aquella acumulada por las élites y las empresas extractivas con sus discursos de que el extractivismo se ha mutado en una industria “virtuosa, inclusiva, y sustentable” [xxiii] que permite vencer pandemias.

A la hora de soñar con una nueva normalidad, que incluiría otra economía y un mayor cuidado del planeta, nos despierta la pesadilla de la realidad, donde domina la normalidad y donde lo nuevo toma la forma de una terapia de shock extractivista impuesta con el mayor grado de autoritarismo adquirido por los sistemas políticos del continente. La promesa que las rentas del sector podrán solucionar la crisis económica es falsa, y las empresas extractivas, siendo parte del problema, nunca van a ser parte de la solución. La destrucción causada por los afanes que guiaban la colonización europea no va a ser la salvación hoy, así como no lo fue para los pueblos indígenas hace 500 años.

Texto escrito con la colaboración de James Alejandro Artiga-Purcell y Alejandra Watanabe-Farro  [i] para el Grupo de investigación sobre la economía política cultural crítica del extractivismo, Universidad de California en Santa Cruz

29 septiembre 2020

Referencias:

[i] En junio, el Grupo de investigación sobre la economía política cultural crítica del extractivismo organizó un webminario que contó con la participación de Constanza San Juan, de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto de ChilePedro Landa del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de Honduras, y Blanca Chancosode la CONAIE del Ecuador. Las tendencias identificadas en este artículo surgieron de esta conversación, y muchos de los ejemplos relatados inspirados de aquella. Agradecemos a Fernando Leiva, del grupo de investigación, por su apoyo en la conceptualización de este texto, sus comentarios y revisiones.

[ii] Los distintos poderes coloniales adoptaron diferentes estrategias de colonización. Sin embargo, su impacto sobre las poblaciones que ocupaban el territorio es complementario.

[iii] Organizaciones de Canadá, Estados Unidos y Gran Britania llegaron a conclusiones similares en una investigación basada en la revisión de casi 500 artículos de fuentes periodísticas: Voces desde el territorio disponible en: <https://miningwatch.ca/sites/default/files/voces_desde_el_territorio_final.pdf>

[iv] Klein, Naomi. 2007. The Shock Doctrine. New York: Metropolitan Books.

[v] Ver el sitio web de Barrick Gold  <https://www.barrick.com/English/about/covid-19/default.aspx>.

[vi] Ver el sitio web de Newmont: < https://www.newmont.com/operations-and-projects/health-and-safety/default.aspx>.

[vii] Ver el comunicado de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto sobre el tema :  https://www.mapuexpress.org/2020/06/10/asamblea-por-el-agua-del-guasco-alto-la-mineria-es-una-pandemia-barrick-no-salva-vidas-las-pone-en-riesgo/

[viii] Ver las múltiples ocurrencias en los hilos tweeter de LundinGolg y Ecuacorriente, por ejemplo: < https://twitter.com/LundinGoldEC/status/1277700961222393856?s=20>

y < https://twitter.com/CorrienteEcua/status/1283401420591554561?s=20>

[ix] “Ministerio de Minería anuncia que mineras ya pueden utilizar seguros de garantía para sus planes de cierre de faenas”, Portal minero, 06/07/2020: < https://www.portalminero.com/wp/ministerio-de-mineria-anuncia-que-mineras-ya-pueden-utilizar-seguros-de-garantia-para-sus-planes-de-cierre-de-faenas/>.

[x] Mccopa, “Minería salvará economía peruana de la recesión”. Minería Pan-Americana, 20/08/2020. < https://www.mineria-pa.com/noticias/mineria-salvara-economia-peruana-de-la-recesion/>.

[xi] Alexandre Shield, “Forages en mer exemptés d’une évaluation environnementale”,Le Devoir, 5/06/2020, < https://www.ledevoir.com/societe/environnement/580160/forages-en-mer-exemptes-d-une-evaluation-environnementale>.

[xii] Ver el comunicado del gobierno canadiense: < https://www.canada.ca/fr/ressources-naturelles-canada/nouvelles/2020…nt-visant-a-ameliorer-le-processus-dexamen-du-forage-exploratoi.html>.

[xiii] Denunciado por la Asamblea por el Agua del Guasco Alto < https://www.mapuexpress.org/2020/06/10/asamblea-por-el-agua-del-guasco-alto-la-mineria-es-una-pandemia-barrick-no-salva-vidas-las-pone-en-riesgo/>

[xiv] < https://twitter.com/LundinGoldEC/status/1242861473241747458?s=20>

[xv] < https://twitter.com/Ian_H_Lundin/status/1274799403451244557?s=20>

[xvi] Movimiento Socio-Ambiental del Huasco: «La gran minería primero nos mata por contaminación, ahora nos mata por Covid», 29/06/2020. < https://www.facebook.com/AsambleaGuascoAlto/posts/2664294710476714>.

[xvii] El Informe “Voces del territorio” (op. cit.) identificó casos claros en Brazil, Canadá y Panamá donde la contaminación de trabajadores en las minas afectó las comunidades adyacentes a las minas.

[xviii] Quijano, Aníbal. 2014. Cuestiones y Horizontes. De la Dependencia Histórico-Estructural a la Colonialidad/Decolonialidad del Poder. Editado por Danilo Assis Clímaco. Antologías. Buenos Aires: CLACSO.

[xix] Citado en Emiliano Terán Mantovani, “Coordenadas del extractivismo en la pandemia en A. Latina”, ALAI, 27/07/2020. < https://www.alainet.org/es/articulo/208103?utm_source=email&utm_campaign=alai-amlatina>.

[xx] Comunicado de la CONAIE “René Ortiz impulsará la minería a gran escala en medio de covid 19”, 23/04/2020.< https://conaie.org/2020/04/23/gobierno-de-ecuador-reforzara-politicas-extractivistas-en-medio-de-covid-19/>.

[xxi] <  https://pactoecosocialdelsur.com>

[xxii] Svampa, Maristella. 2013. “«Consenso de los Commodities» y lenguajes de valoración en América Latina”. Nueva Sociedad 244: 30–46.

[xxiii] Carolina Pizarro, “El futuro de la minería al 2035” La Tercera,11/01/2015. < https://www.latercera.com/noticia/el-futuro-de-la-mineria-al-2035/>

Publicado enEconomía
 La geoquímica Hope Jahren Mariano García/@iloveshoot

La autora del libro 'El afán sin límite' sostiene que  "todas las necesidades y el sufrimiento del mundo surgen de nuestra incapacidad de compartir, no de la incapacidad de la Tierra para producir"; y advierte de que el consumo desbocado del 10% de la población "ha influido en la expansión de la COVID-19"

 

Hope Jahren (Austin, EEUU, 1969) publicó la primera edición en inglés de El afán sin límite: Cómo hemos llegado al cambio climático y qué hacer a partir de ahí (Paidós) el 3 de marzo de 2020, es decir, cuando gran parte del mundo empezaba a estar afectada por la pandemia de coronavirus a la que se está todavía enfrentando. Precisamente este libro, al igual que la mayoría del trabajo académico de esta científica, tiene que ver con las condiciones que han llevado a nuestro planeta a ser un lugar amenazado por peligros como el virus que tiene en jaque a gran parte de la humanidad en estos momentos.

"La COVID-19 tiene un componente que está estrechamente ligado al consumo y a los patrones de consumo de los que hablo en mi libro. Por ejemplo, hace un año, antes de la crisis, el número de aviones que despegaban a diario en todo el mundo era el doble que diez años antes. Diez años es un periodo muy corto para un crecimiento tan increíblemente rápido. La COVID-19 emergió como muchas enfermedades infecciosas en el pasado. Pero la posibilidad de viajar de Wuhan a Milán, de Milán a Nueva York, después Seúl y Tokio en un plazo de diez días, ni siquiera existía hace diez años", explica Jahren, una de las cien personas más influyentes del mundo según la revista Time, en una entrevista con elDiario.es por videoconferencia desde Noruega. Es donde reside desde que comenzó a trabajar en el Centro para la Evolución de la Tierra y la Dinámica de la Universidad de Oslo en septiembre de 2016.

La geoquímica declara que "el aumento y el cambio en el patrón de consumo en todo el mundo ha alterado drásticamente la evolución de la COVID-19" y esta modificación ha otorgado menos tiempo para poder preparar determinadas regiones del mundo antes de que la pandemia llegase a sus puertas. "Esto es un ejemplo de cómo el patrón de consumo que lleva al cambio climático tiene un efecto directo en en catástrofes naturales o sanitarias que puedan surgir", remarca. Rechaza responder si además de en la expansión, piensa que los hábitos alimentarios o sanitarios pueden haber incidido en el paso del virus de los animales a las personas: "No soy una experta en ese asunto", zanja.

Para hablar de consumo ha investigado sobre los patrones concretos que han surgido y han variado durante sus cinco décadas de existencia. Jahren ha catalogado y cruzado los datos que reflejan el aumento de la población, la intensificación de la agricultura y lo mucho que ha aumentado el consumo energético en este periodo.

Cree que "solo después de ver dónde estamos podemos preguntarnos oportunamente si es aquí donde queremos estar". Y en concreto, el lugar donde nos sitúa es tan irracional como que "el colosal consumo de alimentos y combustibles por parte de solo el 10% de la población está amenazando seriamente la capacidad de la Tierra de producir los productos básicos que el otro 90% necesita para vivir". Un problema que la autora define como el "más complejo y exclusivo de nuestra generación".

El doble de personas, el triple de producción y consumo

En cuanto al análisis de los datos que han formado parte de la investigación de la geoquímica, hay uno que considera especialmente relevante. "La población se ha duplicado en los últimos 50 años, hay el doble de personas en el planeta, pero la producción de cereales y de carne se ha triplicado, la producción de azúcar se ha triplicado, el consumo de combustibles fósiles se ha triplicado y el consumo eléctrico se ha cuadruplicado. Entonces, la gente por lo general sabe que ha habido un cambio demográfico, pero lo que no sabe es que la cantidad de servicios, bienes, alimentos, energía que consumimos, las cosas que compramos y vendemos, han crecido mucho más de lo que ha aumentado la población. Mientras yo reunía todos estos datos, lo que más me impresionó fue que se repetía constantemente este patrón de que ha aumentado la población, pero lo que consumimos, lo que gastamos, lo que necesitamos, ha aumentado muchísimo más", explica.

Los fenómenos migratorios no escapan a esta dinámica. "Las ciudades del mundo seguirán creciendo; en todos los continentes habitados, la gente está migrando de las zonas rurales a las ciudades. Incluso en lugares como Europa y Norteamérica, donde más del 80% de la población ya vive en las ciudades, la gente sigue migrando para alejarse del campo". Una de las consecuencias de la despoblación de las áreas rurales, paralela al crecimiento de la población, es que "hará falta más de todo en general, en particular en lo que se refiere al suministro de alimentos. Lo que nos obliga a preguntarnos: cuando todo el mundo se haya mudado a las ciudades ¿quién quedará para encargarse de las granjas? La respuesta es que casi nadie".

Jahren calcula que en el año 2100 podría haber 10.000 millones de personas en el planeta, pero no tiene claro hasta qué cifra puede el planeta aguantar un crecimiento exponencial como el que se está viviendo en las últimas décadas. "No sé si realmente tenemos la respuesta a esa pregunta", reconoce. "Las necesidades básicas en la vida son la vivienda, la alimentación, el agua. Creo que la verdadera pregunta es: ¿cuánta gente sobre la tierra puede vivir bien, con todas sus necesidades físicas colmadas y posibilidades de tener una buena salud?". En lo que no tiene dudas es en que el reparto de los recursos es la clave. "A día de hoy, incluso siendo más de 7.000 millones de habitantes en la Tierra, con la producción actual podríamos alimentar a todos los habitantes. E incluso más", zanja.

De hecho, Jahren sostiene que "hemos creado un tipo de agricultura que genera más comida de la que necesitamos. Producimos tres veces más que hace unas décadas, pero hay gente que consume diez veces más de lo que hacía hace 50 años. Increíblemente, tenemos que aprender a producir menos comida, no más", nos asegura. Una vez más, la clave está en la distribución: "Algunos tienen que consumir menos, pero hay otras partes del planeta en las que se necesita consumir más. Y sin duda tenemos suficiente producción", remarca.

Lo tiramos todo a la basura

Uno de los capítulos de El afán sin límite está dedicado al desperdicio de comida. "Francamente, no sé si el hecho de que la magnitud del desperdicio global equivalga en muchos sentidos a la necesidad global me deprime o me da esperanzas", admite Jahren. Por ejemplo, la cantidad total de cereales que se tira es similar al abastecimiento anual de cereales disponible en La India, y la cantidad de fruta y verdura que se pierde todos los años supera el abastecimiento anual de estos alimentos en todo el continente africano.

"Cuanto más comemos, más desperdiciamos: en 1970, cada estadounidense desperdiciaba una tercera parte de medio kilo de comida a diario, de media. Hoy, la cifra ha ascendido a dos tercios. El 20% de lo que las familias estadounidenses mandan al vertedero a diario es, o era hasta hace muy poco, comida que se podría consumir perfectamente". A estas costumbres se añaden situaciones como los vegetales que se rechazan por ser demasiado grandes o demasiado pequeños, los cereales que desbordan las cintas transportadoras, la leche que se estropea en los camiones o la fruta expuesta que se pudre.

Una realidad que define como "una gran tragedia", ya que todos los días mil millones de personas pasan hambre, mientras otros mil millones echan a perder deliberadamente suficiente comida para alimentar a los primeros. "Vivimos en un momento en el que podemos comprar unas zapatillas de un almacén que está en la otra punta del planeta y recibirlas en nuestro domicilio en menos de 24 horas; que nadie me diga que la redistribución global de alimentos es inviable", señala.

Y añade otro ejemplo para concluir que "todas las necesidades y todo el sufrimiento del mundo surgen de nuestra incapacidad de compartir, no de la incapacidad de la Tierra para producir": si todo el combustible y toda la electricidad que se emplean en la actualidad se redistribuyeran de forma equitativa entre los más de 7.000 millones de habitantes del planeta, el consumo energético de cada persona equivaldría al consumo medio de un suizo en los años setenta.

El consumo de agua es otro de los temas que la científica analiza en su investigación, que señala que a nivel global ya se están viendo consecuencias negativas del mal uso y desperdicio de agua. "No estoy muy informada sobre cuál es el caso de España, pero sí puedo decir que en California, por ejemplo, se ha extraído tanta agua subterránea que se han registrado terremotos porque la tierra se ha desplazado para cubrir lo que ahora es un hueco y que antes estaba lleno de agua. Realmente es una cuestión muy, muy importante. Se está utilizando muchísima agua para regar campos de golf o para alimentar a ganado en la industria cárnica. Hay cosas que podríamos hacer. Hay áreas concretas desde las que se podría reducir el uso antes de quedarnos sin agua potable. Va a ser una cuestión muy importante para los próximos 100 años. Lo único que tendrá un impacto diferente según la región del mundo", explica.

La esperanza de Hope

A pesar de todos estos datos, Hope Jahren dice hacer honor a su nombre ("esperanza" en inglés) y prefiere mostrarse optimista sobre el futuro, sobre todo porque le parece más útil a la hora de revertir las tendencias más perversas. "Somos fuertes y somos afortunados. Nuestro planeta es el hogar de muchas personas que luchan por sobrevivir con demasiado poco. El hecho de pertenecer al grupo que dispone de alimento, refugio y agua limpia nos obliga a no perder la confianza en el mundo al que hemos puesto en peligro. El conocimiento es responsabilidad". Hace un llamamiento al 10% del mundo que utiliza la mayoría de sus recursos (nosotros) y le pregunta qué hará con la década adicional de vida que disfrutará en comparación con sus padres: "Debemos empezar a desintoxicarnos del consumo, ya que de lo contrario las cosas no mejorarán jamás", subraya.

A este respecto, los meses de pandemia y confinamientos le suscitan una reflexión que introduce en el prólogo de la edición española: "2020 nos ha enseñado que jamás debemos confiar en quien se diga capaz de predecir el futuro, pero lo más importante que he aprendido es que de todas las veces que conducimos y consumimos y nos reunimos y compramos y volamos y viajamos, muchas han resultado ser opcionales. Hemos pasado tres meses enteros sin recurrir constantemente a los hábitos que los últimos cincuenta años de consumo instauraron en nosotros y, en general, hemos sobrevivido".

Por eso el mensaje final es de optimismo, aunque reconoce que esta es "una cuestión muy personal", un rasgo de la personalidad y de su lugar en el mundo. "Creo que soy una persona que tiene esperanza porque soy profesora. Me dedico a compartir información con otras personas y veo cómo esas personas al recibir esa información crecen, evolucionan, toman nuevas decisiones, mejores decisiones y se convierten en personas nuevas", se entusiasma. Y destaca que en su libro no solamente señala las cosas malas que han pasado en los últimos cincuenta años, sino también las cosas positivas. "Hemos ganado en salud, estamos más interconectados. Creo que cada generación tiene una lucha y la lucha que nos ha tocado a nosotros es el cambio climático. Pero no, no tengo un sentimiento de falta de esperanza. Creo que hay mucha gente muy inteligente a la que sí le importan estos problemas y que cuanto más averiguan y más saben, más les interesa. Creo que al fin y al cabo, esta lucha se trata del planeta en el que vivimos, pero también de la comida que ponemos en nuestros platos, de los parques por los que paseamos, los coches que conducimos y al fin y al cabo es una historia, es la historia de nuestras vidas. Se trata de nuestro propio planeta. Pero más aún, se trata de nuestra propia vida".

Por Marina Estévez Torreblanca

26 de septiembre de 2020 22:59h

@marinaestevezt

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