Economía y vida: paradigma del cuidado frente al extractivismo

«Al parecer ya no creemos tener una tarea o misión que realizar en el planeta y tampoco hay un legado que nos sintamos obligados a preservar o del que seamos guardianes.» 

Zygmunt Bauman: El arte de la vida (p. 55)

La catedral de Notre Dame en llamas. Una de esas imágenes que ya quedará indeleble en los anales como uno de los siniestros más traumáticos de Francia, Europa, el mundo... ¿Cómo pudo ocurrir? Un accidente, se dice, mientras se trabajaba en su restauración, siempre postergada, siempre insuficiente. Un símbolo gravemente dañado, materia que nos hablaba más allá de su ser físico, evocando un universo de significados que trasciende los límites espacio-temporales de una vida humana; y, sin embargo, producto de la vida, plasmación de su belleza cuando los hombres obran el milagro de revelar su esencia y transfigurarla en arte, a mayor gloria de la humanidad por más que se confunda con el delirio de la divinidad.


De tantas cosas que se ha dicho y han sido escritas con ocasión de tan malhadado acontecimiento a mí me ha llamado la atención una, mencionada de paso cuando se informaba sobre el propósito en seguida manifestado de volver el monumento a su integridad previa al incendio. Era una noticia de radio en la que el locutor destacaba la presta disposición de una gran cantidad de ciudadanos, de diversa condición y clase, a donar dinero con el fin de volver a contemplar la catedral de París como parte de esa estampa estereotipada de la capital de Francia. De pasada decía que contrastaba esta actitud con la racanería mostrada durante décadas por las instituciones encargadas de su conservación, lo que por cierto tampoco había suscitado significativas protestas por parte de la ciudadanía. Ahora, sin embargo, es el momento de la gesta, el instante que descuella y rompe con el monótono devenir de los días idénticos del cuidado. Cuando había que cuidar el monumento mediante un trabajo callado y anónimo, sin lustre heroico, parecía no existir estímulo para la generosidad ciudadana ni para el interés político, pues no luce en el escaparate de las pantallas. Un gran incendio sí que luce ofreciéndonos ese dramático punto de inflexión en el que se da pie a la gloria del rescate. El trabajo del cuidado, por comparación, es aburrido. Donde se ponga un golazo de Cristiano que se quite la lección del maestro que logra que algunos de sus alumnos aprenda algo tan cotidiano como leer.


El cuidado es la esencia del cultivo, actividad que transformó la vida de homo sapiens sobre la faz de la Tierra con la revolución neolítica. De esa actividad –expresada en latín con la palabra colere cuya forma de supino es cultum y de aquí «cultura»– se derivó un cambio determinante de una forma de vida que estableció la base material para la creación de la civilización. El inculto es el no cultivado, el que está por civilizar, el que no ha sido cuidado como es debido para llegar a ser plenamente humano. Casos extremos de esa falta de cultivo son los llamados «niños salvajes», como el famoso Víctor de L´Aveyron, cuya historia fue magistralmente plasmada por François Truffaut en su película L'Enfant sauvage. La educación, en efecto, es una de las versiones del cuidar, esencial en igual medida que la agricultura para el sólido cimiento de la civilización, y complemento inseparable de la puericultura, es decir, el cuidado del niño (del puer latino).


Frente al paradigma del cuidado, el de la extracción. La pesca y la caza seguramente son las más ancestrales actividades representativas del paradigma de la extracción. Y también, por supuesto, la guerra. Trabajos todos ellos abonados para la gesta.


Los trabajos del cuidado no son apreciados como notables. Tienen algo de naturaleza negativa en el sentido de que no producen, sino que evitan que ocurra el mal. Toda inversión en ellos parece no lucir, pues se trata de conservar en buen estado lo dado. Por contra, los trabajos de extracción traen a la esfera de nuestro poder lo que no nos era dado. No hay drama en el cuidado que sí hay en la extracción, en el cazador que expande el territorio en busca de la presa y, en general, en el buscador de recursos que ha de luchar por arrebatárselos a la naturaleza o a otros, incluso si es menester mediante el recurso a la guerra. El tiempo del cuidado es aburrido, tedioso, incluso ingrato. Nulo margen hay en él para el reconocimiento de la heroicidad humana. Digamos que no es viril, sino femenino. La extracción, el botín, siempre fue cosa de hombres. Su tiempo es el corto plazo, que conlleva la gratificación inmediata. El tiempo del cuidado es el largo plazo en cuya dimensión se diluye la entidad del beneficio que depara.


El científico y excelente divulgador norteamericano Jared Diamond dedica una parte muy importante de su entretenido libro ¿Por qué es divertido el sexo? a la lactancia, capítulo principal de la puericultura. «Dar de mamar a los gemelos humanos –nos dice– es un gasto de energía tal que el presupuesto de energía de una madre de gemelos se acerca al de un soldado en un campo de entrenamiento» (p. 73). Me pregunto cuál de las dos conductas se valora más cuando la segunda de ellas está institucionalizada en la esfera pública en tanto que la primera es asunto del hogar, que incluso se debe mantener dentro de sus límites si se atiende a cierto pacato sentido del pudor.


La dicotomía que aquí presento entre los paradigmas del cuidado y de la extracción tiene su plasmación desde la perspectiva sociológica. La recientemente galardonada con el Premio Nacional de Sociología, pionera en la investigación del trabajo dentro del hogar, la socióloga María de los Ángeles Durán, ha acuñado el término «cuidatoriado» para nombrar la clase social de los que cuidan. Importante, sin duda, para el reconocimiento de una realidad que si no se nombra no existe. Su labor investigadora de los últimos cuarenta años da cuenta de un fenómeno en el que se demuestra una vez más lo difícil que resulta desligar la economía de la ideología, el machismo en este caso. Pues lo que ya empezamos a peinar canas sabemos muy bien que todavía en los ochenta del siglo pasado era mayoritaria la idea de que ese trabajo de cuidados confinado al espacio del hogar era cosa exclusiva de mujeres que lo tenían por «sus labores», no por un trabajo al que le correspondiese un valor económico; y así era –¿y es?– para todos ya que no es generador de riqueza. Pero –a poco que se repare en ello– se trata de un trabajo de enorme valor vital, aunque no tenga el debido reconocimiento económico, que aún hoy realizan en un ochenta por ciento las mujeres.


Según los cálculos de la mencionada socióloga, habría que subir un 70% el IRPF para pagar parte de los cuidados que hoy se hace gratis (declaración en entrevista del diario 20minutos de 12 de febrero de 2019). De tal magnitud es su valor económico. En cualquier caso, una necesidad social que nuestro Estado del bienestar no cubre, que puede comprar quien tiene recursos; pero quien carece de ellos recurre al «cuidatoriado», los que se dedican principalmente a cuidar siendo la mayoría trabajadores no remunerados en absoluto o insuficientemente remunerados. Los remunerados suelen ser mujeres inmigrantes con condiciones laborales peores que todos los demás trabajadores. Pero el grueso de esta clase social son mujeres que no cobran por cuidar, sino que lo hacen por afecto o por sentimiento de obligación familiar. Sin derecho a la seguridad social están condenadas a la miseria y a la dependencia.


Con un país inmerso en un «invierno demográfica», que envejece a toda prisa, con una de las esperanza de vida más altas del planeta, el sector del cuidado es el gran negocio; si no fuera porque pocas familias pueden pagar lo que cuesta una plaza en una residencia o una persona que cuide interna al dependiente. Es la confusión de mercado y economía la que lleva al desprecio del trabajo de cuidados, que poco tiene que ver a simple vista con la producción y la generación de riqueza. Se calcula lo que cuesta una vacuna infantil, el salario del personal sanitario que la suministra, las instalaciones donde se practica; pero queda al margen de los números, lo que más valor tiene, a saber: el tiempo de la persona que deberá dejar de trabajar para acompañar al niño y que, seguramente, al día siguiente tendrá que quedarse en casa cuidándolo.


El cuidado queda fuera del PIB por el mercadocentrismo que denuncia el economista Ha-Joon Chang en su libro Economía para el 99% de la población. En él critica la miopía de la escuela neoclásica actualmente dominante en la ciencia económica. Según su concepción, la economía se reduce a una red de relaciones comerciales que conforma el mercado. «La focalización en el mercado –nos advierte Chang– ha propiciado que la mayoría de los economistas no presten atención a ámbitos cruciales de nuestra vida económica, con importantes consecuencias negativas para nuestro bienestar» (p. 409). Diríase que nos hemos vuelto des-cuidados, desatendiendo aspectos tan vitales como la calidad del trabajo y el equilibrio entre la vida privada y el trabajo. Aquí residen las claves para identificar las causas últimas del invierno demográfico que dicen padecemos. Mujeres trabajadoras, a menudo mal pagadas y demasiado estresadas sin la seguridad de una cierta estabilidad, a las que se les exige cargar con el cuidado de la prole y puede que también con el de sus mayores y dependientes. ¿Es ético exigirles tamaña abnegación? ¿Cabe esperarla de ellas por decisión voluntaria conforme se van liberando de la tradicional moral cristiana del sacrificio femenino?
Ya lo dijo Robert Kennedy el 18 de marzo de 1968 en el fragor de la campaña electoral: «el PIB lo mide todo excepto lo que hace que valga la pena vivir la vida». Por eso no mide el cuidado, quedando este trabajo, esencial para gozar de una vida buena, al margen de valoración y ninguneado en la agenda política.


En cuanto a la relación entre valor social de un trabajo y remuneración recibida por su desempeño, el heterodoxo antropólogo británico David Graeber lo tiene claro: «cuanto más ayuda y beneficia un trabajo a los demás, y por tanto mayor valor social crea, menos se suele pagar por él» (p. 275). Es la sentencia que encontramos en su libro Trabajos de mierda. Una teoría. Según algunas investigaciones a las que nos remite, una de las profesiones que mayor valor social aporta es la de maestro de primaria, no especialmente bien pagada como todos sabemos, mientras que la que más valor social sustrae es la de los profesionales del sector financiero, los cuales, sin embargo y como muy bien sabemos, están excelentemente bien pagados. Y dado que la actividad financiera es un exponente flagrante de extractivismo (se trata de extraer la poca riqueza de unos muchos para incrementar la mucha riqueza de unos pocos) tenemos otra constatación más de ese desequilibrio económico entre el cuidado y el extractivismo que venimos analizando. De este desequilibrio económico fueron síntoma evidente los recortes salariales aplicados a partir de la crisis de 2008 a casi todos los sectores públicos que proporcionan beneficios claros e inmediatos a la población (sanidad, educación, dependencia, etc.) entretanto se mostraba sin pudor una actitud realmente indulgente con las crecientes remuneraciones de los responsables de las entidades financieras cuya gestión había sido la causante en gran medida del desastre económico.


Al mismo tiempo, el trabajo se ha ido convirtiendo en un valor en sí mismo; quien no trabaje, aunque sea en algo que no le guste y en lo que sea explotado e invirtiendo en ello la mayor parte de su tiempo, es un gorrón, un gandul, un parásito indigno de simpatía y de ayuda pública. Así se achica el espacio y se merma el tiempo dedicado al cuidado, que –como hemos dicho– queda al margen de la matematizada valoración económica.


La pregunta es cómo se decide el valor del trabajo, en función de qué criterios. La respuesta ortodoxa que resuelve dogma en ristre la cuestión echando mano del mercado –animal metafísico donde los haya– es cuando menos discutible por cuanto desprecia consideraciones de orden vital que ya han sido expuestas. El aludido David Graeber ensaya la formulación de un criterio: «cuando un servicio o producto responde a una demanda o mejora de alguna manera la vida de la gente se puede considerar que tiene verdadero valor, pero no así cuando solo sirve para crear demanda, haciendo que la gente se sienta gorda y fea o engañándola para endeudarse y luego cobrar intereses por ello» (p. 267).


El trabajo de cuidados es el fenómeno que desafía la autenticidad de la conexión entre economía y vida. Cabe preguntarse si el actual paradigma económico globalmente vigente no ha permitido una expansión excesiva de su componente extractivo, ya sea de recursos naturales, ya de recursos financieros mediante el procedimiento del endeudamiento crónico. Si es así, la economía pone en peligro su genuina razón de ser, que tiene que ver, básicamente, con una administración de los medios materiales, siempre limitados, que posibilite que los humanos estemos en disposición de alcanzar el disfrute de una vida buena. A juzgar, sin embargo, por los efectos bien evidentes a estas alturas del proceso de globalización sujeto a la providencia del libre mercado (trasunto actual de la de Dios) diríase más bien que la esfera económica se ha constituido en un mundo independiente con leyes propias al margen de las de la materia y las de la vida.


Recientemente la antropóloga Yayo Herrero, prestigiosa investigadora en los ámbitos ecologista y feminista, participó en un diálogo radiofónico en el que ofrecía su visión del momento actual que vivimos, congruente con las ideas aquí expuestas (emitido por la Cadena Ser el 14 de abril de 2019 en el programa A vivir, que son dos días). Transcribo parte de su intervención: «Estamos viviendo un momento, yo diría, en el que hay una triple guerra, en el que se combinan una guerra convencional, por los recursos, como las que ha habido siempre, mucho más intensificada en un momento de declive de energía, de declive de minerales que intensifica ese extractivismo del que hablaba Silvia; una guerra también contra los derechos laborales y sociales, que precariza a las personas, que las reduce básicamente a la situación de consumidores, y si eres un consumidor fallido básicamente ya no cabes; y una guerra también sutil y dura contra los vínculos y las relaciones». A su entender, para enfrentar esa triple amenaza es menester colocar en el centro del horizonte humano lo que es prioritario para sostener la vida, y no cualquier vida (al estilo de los fanáticos provida) sino vidas que merezcan la pena y la alegría de ser vividas. Considera esta investigadora social que el modelo de capitalismo extractivista supone una guerra contra la vida, y que es suicida por cuanto para que haya producción –la actividad material esencial de la economía real– es necesaria como condición previa la producción de la vida, que se realiza en la naturaleza y en los trabajos que cotidianamente tenemos que llevar a cabo para mantener las vidas; es decir, lo que he venido llamando el cuidado. Es estúpido sacrificar todo lo que constituye la genuina vida humana al crecimiento económico tal como es entendido dentro del paradigma del capitalismo global de libre mercado y extractivista. La historia de homo sapiens demuestra que uno a uno los individuos somos vulnerables y que siempre es un error soslayar la evidencia de que somos cuerpo y pertenecemos a una misma especie.


El desarrollo ideológico de las últimas décadas ha llevado a cabo un continuado y efectivo trabajo de erosión de toda apreciación del vínculo social, del sentido de comunidad al margen del entramado económico. «No existe lo que se llama sociedad. Hay hombres y mujeres individuales y hay familias», decretó la Primera Ministra británica Margaret Thatcher hace cuarenta años. Desde entonces, carece de sentido preocuparse por la sociedad y pensar en el bien común, mientras que lo tiene todo que cada individuo trabaje más y haga lo posible por ganar más. Quiere decirse también que la solidaridad no es productiva; o sea, que es inútil unir fuerzas y subordinarlas a una causa común. Toda apelación al principio de responsabilidad comunal por el bienestar de los miembros integrantes de una sociedad se condena como lo propio de un Estado paternalista que debilita la capacidad de emprendimiento de los individuos, máxima virtud promotora del crecimiento económico. Se asume que el cuidado de otros, por contra, es el vicio que conduce a una dependencia aborrecible y detestable. A la postre, el debilitamiento del sentido del cuidado da lugar a sociedades fracasadas en las que el consumismo y el extractivismo se retroalimentan con el convencimiento de que no hay alternativa.


El agotamiento de los bienes materiales y el agotamiento de los cuerpos, procesos en el que nos ha instalado el paradigma extractivista nos lleva a vivir en el tiempo de la inminencia, en el que todo puede cambiar radicalmente o todo puede acabarse definitivamente. Es lo que la filósofa Marina Garcés en su sugerente ensayo titulado Nueva ilustración radical denomina «el límite de lo vivible», el apocalipsis por agotamiento de la vida. Su definición de dicho límite: «Ese umbral a partir del cual puede ser que haya vida, pero que no lo sea para nosotros, para la vida humana. Vida vivible es la gran cuestión de nuestro tiempo. (...) vida vivible es vida digna. Sus límites son aquellos por los que podamos luchar» (p. 15-16). ¿Acertará cuando afirma que nuestro tiempo no es ya el de la posmodernidad sino el de la insostenibilidad? ¿Será verdad que vivimos en la prórroga desde que en 1972 el Club de Roma en su informe Los límites del crecimiento advirtiera de la imposibilidad del crecimiento ilimitado, horizonte verdaderamente utópico del capitalismo en un planeta finito?


¿Es esto vivir? Es la pregunta a la que cualquiera puede recurrir en cualquier contexto de vida, según señalara el filósofo Etienne de La Boétie en el siglo XVI. No tiene que ver con una objetividad calculable, sino que apela a una dignidad que siempre puede ser puesta en cuestión. Según Marina Garcés de nuevo, «es una pregunta que se puede compartir pero no delegar, porque lo que expresa es que la vida consiste en elaborar el sentido y las condiciones de lo vivible» (p 58). En ella, en fin, se halla la semilla de la insubordinación a toda servidumbre voluntaria, también la promovida por un paradigma económico cuya ansia extractivista menoscaba la relevancia vital del cuidado.

Por  José María Agüera Lorente
Rebelión


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:


BAUMAN, ZYGMUNT: El arte de la vida. De la vida como obra de arte. Editorial Paidós. Barcelona, 2017.
CHANG, HA-JOON: Economía para el 99% de la población. Editorial Debate. Barcelona, 2015.
DIAMOND, JARED: ¿Por qué es divertido el sexo? Círculo de Lectores. Barcelona, 2007.
GARCÉS, MARINA: Nueva ilustración radical. Editorial Anagrama. Barcelona, 2017.
GRAEBER, DAVID: Trabajos de mierda. Una teoría. Editorial Ariel. Barcelona, 2018.

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Miércoles, 24 Abril 2019 06:31

Volkswagen, el escándalo de las emisiones

Volkswagen, el escándalo de las emisiones

En 2011 Martin Winterkorn, presidente ejecutivo de Volkswagen (VW), dio a conocer su plan para que la compañía se convirtiera en el primer productor de automóviles del mundo. La estrategia era un alarde de audacia. Volkswagen estaba desarrollando un plan para triplicar sus ventas en Estados Unidos para 2021. Eso le permitiría rebasar a Toyota y convertirse en el productor número uno de automóviles en el planeta.


El anuncio de Winterkorn se hizo en la inauguración de una nueva planta de Volkswagen en Chattanooga, en el estado de Tennessee. Era la primera fábrica construida por el fabricante alemán en Estados Unidos en años. La penetración en el mercado estadunidense le permitiría alcanzar en 2018 la cima de la industria automotriz mundial. Lo que nadie sabía en esos días es que la ambición del grupo Volkswagen ya tenía tiempo cocinando uno de los peores escándalos corporativos en la historia del capitalismo.


El plan de VW descansaba en las líneas de autos con motores diésel para hacer frente a la competencia. Esos motores permitirían alcanzar niveles de alto rendimiento y economía de combustible, sin aumentar las emisiones. La empresa japonesa Toyota había tomado un derrotero distinto, con vehículos híbridos-eléctricos como el Prius. Muy pronto los ingenieros de VW vieron que no era posible reducir las emisiones a los estándares estadunidenses. En lugar de rectificar, la empresa recurrió al engaño.


En 2015 los altos funcionarios de VW admitieron que habían instalado en 11 millones de autos un dispositivo y un programa de computadora para burlar los instrumentos de los centros de verificación de emisiones. Muchos de estos vehículos fueron armados en la planta de VW en Puebla. El programa podía detectar cuando el vehículo estaba siendo sometido a pruebas de verificación y activaba el dispositivo que capturaba emisiones. Al regresar a condiciones normales de manejo, en ciudades y carreteras, el dispositivo se desactivaba. Eso permitía regresar a los niveles de rendimiento que enorgullecían a VW, pero con emisiones de contaminantes hasta 40 veces superiores a lo permitido.


La estrategia de VW estaba basada en una contradicción. Los motores diésel tendrían mejor desempeño en kilometraje, pero producirían una mayor cantidad de emisiones y contaminantes. Eso chocaba con las regulaciones en Estados Unidos (más estrictas que las de la Unión Europea). El fraude orquestado por los directivos de VW permitía a la empresa evadir la regulación más estricta, ahorrarse el costo de instalar equipo anticontaminante y penetrar el mercado estadunidense.


Volkswagen ha tenido que pagar ya más de 33 mil millones de dólares en multas, tanto en Estados Unidos como en Europa. Los costos de reparar los vehículos que vendió al amparo de este engaño son astronómicos. Los ejecutivos de VW, comenzando con el señor Winterkorn y sus cómplices en la jerarquía de la empresa, son los responsables de este episodio.


Los delitos que cometieron no son sólo de índole económica. Aquí hay un crimen que atenta en contra de la salud pública. Hoy, Winterkorn tiene ya un proceso penal en Estados Unidos, pero la constitución alemana prohíbe la extradición de ciudadanos de ese país. Sin embargo, hace una semana este ejecutivo y otros cuatro de Volkswagen fueron acusados de cometer fraude con agravantes en un tribunal en Braunschweig, Alemania. De ser encontrado culpable, Winterkorn podría ser sentenciado a 10 años de cárcel.


El expediente oficial de la fiscalía muestra que la historia del delito se remonta a 2006, cuando comenzó a fraguarse el engaño sobre las emisiones de los motores que VW planeaba utilizar en su estrategia comercial. Esto contradice la versión inicial de VW de que sus directivos ignoraban el engaño y sólo se enteraron cuando la empresa fue confrontada por las autoridades ambientales de Estados Unidos en 2015.


Volkswagen no es la única empresa alemana que se encuentra involucrada en un escándalo de esta índole. El fraude sobre las emisiones y la conspiración para mantenerlo en secreto son la materia de escándalos similares que afectan a muchos grupos corporativos en Alemania. Hace 10 años el de la empresa Siemens, fabricante de equipo para la industria eléctrica, sacudió a la sociedad alemana. Por su parte, las omnipresentes maniobras de lavado de dinero de Deutsche Bank, el banco alemán más importante, han terminado por acostumbrar al público a este tipo de prácticas. Tal parece que el capitalismo corporativo alemán también prospera en una cultura de corrupción y codicia.


Epílogo. Muchos de los autos que fueron dotados de dichos dispositivos engañosos fueron fabricados en la planta VW en Puebla. Y muchos de los que no se pudieron vender en Estados Unidos fueron regresados a nuestro país para colocarse en el mercado mexicano. Si aquí no estalló el escándalo es porque la normatividad mexicana en materia de emisiones es tan laxa, que ni siquiera hubiera sido necesario operar el fraude de Volkswagen para cumplirla.


Twitter: @anadaloficial

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Tres ríos en el mundo tienen derechos. Uno es este y ‘vive’ amenazado

Una sentencia ordenó hace dos años proteger el Atrato, en la región colombiana de El Chocó, por su biodiversidad. Pero el enorme impacto de la minería, el conflicto armado, el narcotráfico y la sobreexplotación lo llevan al colapso ecológico


En el río Atrato, el nacimiento de un niño es un gran acontecimiento. Los indígenas embera, en cuanto saben la buena nueva, corren a bañarse en sus aguas para desear que ese nuevo ser abandone la pereza tras haber estado tanto tiempo en el vientre de la madre y sea activo. Las mujeres afrodescendientes también lo celebran repartiendo dulces y compartiendo una botella de aguardiente mientras lavan la ropa en la orilla. Para las comunidades negras e indígenas que habitan desde tiempos ancestrales en está zona del Pacífico colombiano, su río lo es todo. Es su despensa para pescar, su vía para transportarse, el lugar donde realizan sus acciones más cotidianas como preparar la comida y lavar los platos, el espacio de encuentro para charlar o donde los niños y niñas juegan a todas horas. La vida en este vasto territorio interétnico de la región de El Chocó está íntimamente relacionada con las aguas del Atrato.


Desde hace algunas décadas, la plácida vida en este río que recorre la selva de la segunda región más biodiversa del mundo hasta desembocar en El Caribe empezó a desvanecerse. El Chocó se convirtió en un teatro de guerra. Llegaron los actores armados: guerrilla, paramilitares y ejército que dejaron miles de muertos, desaparecidos y desplazados. Llegó también el narcotráfico y la explotación salvaje de sus recursos naturales. El río se llenó de dragas y retroexcavadoras para buscar oro y lo contaminaron de ingentes cantidades de mercurio. La minería se apoderó del río y el pescado empezó a escasear. Todo, sumado a un permanente abandono estatal, unas altas condiciones de pobreza y a una nueva reconfiguración del conflicto armado tras la firma de la paz por parte de las FARC. Los territorios abandonados por la antigua guerrilla fueron copados por otros grupos, como bandas criminales herederas del paramilitarismo y la guerrilla del ELN. El Atrato tuvo que pedir auxilio y las comunidades dijeron basta.


Una demanda al Estado colombiano interpuesta por diferentes organizaciones que defienden el territorio chocoano terminó en 2016 con una sentencia histórica de la Corte Constitucional instando a diferentes instituciones competentes a proteger, conservar, mantener y restaurar el Atrato. Era la tercera vez en el mundo que un río era reconocido como sujeto de derechos. Antes, lo habían sido el Ganges en La India y el Wanganui de Nueva Zelanda. Sobre el papel, la sentencia sostiene que el Atrato es una entidad viviente de la que dependen otras formas de vida y culturas por lo que otorgarle derechos supone de facto proteger a las comunidades que habitan su cuenca. El auto pone el acento en el tema de la seguridad alimentaria y ambiental, en el control de la minería y en el análisis de la toxicidad del río.


Tras la resolución, más allá del diagnóstico, apenas ha habido algunos avances para tratar de articular la participación de las comunidades con la intención de ver qué tipo de desarrollo se pretende. También se encargó un macroestudio para tomar muestras que permitan saber el alcance de la contaminación de las aguas y poder implementar, de ser necesario, un plan integral de salud para la población. Los resultados del estudio no se conocerán hasta dentro de dos años. Otros informes realizados, de carácter más limitado, determinaron ya altos niveles de contaminación por mercurio que obligaron a poner en marcha algunas alertas comunitarias que restringieron el consumo de peces. Existe también mucha preocupación por los efectos que ese mercurio pueda tener en la leche de las madres lactantes.


La sentencia es esperanzadora, pero también hay serias dudas sobre si conseguirá revertir la situación. Para garantizar su implementación, la Corte creo la figura de los guardianes del Atrato, entre los que se encuentran varias instituciones y ministerios gubernamentales como el de Ambiente, así como siete hombres y siete mujeres en representación de las comunidades indígenas y negras. Nixon Chamorro, líder indígena embera, es uno de los guardianes. No deja de ser escéptico, pero reconoce que la sentencia es una gran oportunidad. “Aquí tenemos claro que debemos dejarle a nuestros hijos el mismo río que nos dejaron nuestros abuelos. Tanto los territorios indígenas como los de las comunidades afro son territorios colectivos reconocidos por ley y como tales debemos ejercer nuestra autonomía. No podemos seguir replicando sistemas económicos que destruyen nuestra naturaleza. Tenemos que construir una propuesta de desarrollo económico propio sin depender de la extracción de recursos” , asegura.


Alexander Rodríguez es también guardián del Atrato. Como líder social de Cocomacia, una organización étnico territorial de la cuenca media del río que representa a 123 comunidades negras, considera igualmente que el futuro de la región pasa por el respeto de su autonomía y por más inversión social. “No es solo que llegue la fuerza pública, sino que construyan escuelas y hospitales. Deben ejercer una política pública que permita desarrollar nuestro territorio acorde con nuestra cosmovisión y nuestra cultura, no hecha desde un despacho en Bogotá”, señala.


La misión de los guardianes será hacer pedagogía de la sentencia en los territorios y ahondar en el tema de la conservación, especialmente entre los niños y niñas. “Parte de la responsabilidad de como está el río es también nuestra porque nos falta mucho sentido de pertenencia y apropiación. Es fundamental, por ejemplo, que aprendamos a manejar el tema de las basuras”, afirma Fausto Palacios, de la organización Ascoba y guardían del Atrato.


Un río de oro


Pero la sentencia se enfrenta en la práctica a una dura realidad y es que buena parte del río se encuentra ya concesionado a la minería de extracción de oro, su principal fuente de contaminación. La Corte no la prohíbe, solo habla de regularla y de ejercerla con responsabilidad social y ambiental. Según datos de 2017 del Ministerio de Minas, existen 251 títulos mineros vigentes ya otorgados que está previsto poner en marcha en el Atrato. Casi el 50% pertenece a potentes multinacionales como Anglo Gold Ashanti, Continental Gold o la Newmont. “No hubo un pronunciamiento de la Corte sobre las concesiones mineras. El río Atrato sigue corriendo así mucho riesgo si se ponen en marcha todos los títulos y proyectos mineros que están otorgados y donde las empresas siempre amenazan con demandas millonarias al Estado si no les dejan hacer. Entonces, cómo se planifica en un territorio que está concesionado”, se pregunta Viviana González, abogada de Tierra Digna, la organización que acompañó a las comunidades del Chocó en la defensa de su río.


En el Chocó hoy coexiste la minería artesanal con la gran minería y con la ilegal, muy ligada a las actividades delictivas de los grupos al margen de la ley. Un contexto muy complejo porque finalmente la extracción de oro se convirtió en una fuente de trabajo para mucha gente en una región donde la minería artesanal forma además parte de su cultura. “Ha sido la gran minería la que ha acabado con todo y se debería combatir la ilegal, pero el Gobierno tendría que legalizar al pequeño minero artesanal. Es verdad que la gente se acostumbró a que con una máquina retroexcabadora saca mucha más cantidad de oro en un día que con la batea y esta parte si debería mitigarse”, explica Alexander Rodríguez.


Para Viviana González, de Tierra Digna, la minería acabó generando una gran dependencia, destruyó la zona y perjudicó a la agricultura y la pesca, así como a la cultura de las comunidades. “Un minero gana en una semana lo que puede ganar un agricultor en un año. Los jóvenes ya no quieren saber nada del campo. Romper esa lógica es muy difícil. Entre la subsistencia y vivir algo más holgadamente siempre gana lo segundo. El desafío del Estado es dejar de tratar a los grupos étnicos en términos de subsistencia y hacerlos acreedores de una mejor calidad de vida acorde a lo que ellos quieren, un desarrollo propio”, argumenta.


Nadie sabe con certeza si el río Atrato se podrá recuperar porque el modelo de desarrollo no da demasiado margen. No es solo la minería. Hay otros grandes intereses económicos que se proyectan en la región en forma de megaproyectos de infraestructura. “Es una pelea que no queremos dar por perdida porque, ademas, el 80% del territorio pertenece a las comunidades afro e indígena y eso les da un derecho. El Estado no ha entendido que los resguardos indígenas y los consejos comunitarios afrodescendientes son territorios colectivos y que por tanto son como una propiedad privada que se les otorgó legalmente. Entonces, si alguien tiene un interés en sus territorios es con ellos con quienes deben hablar y para cualquier proyecto se debe realizar la pertinente consulta previa con las comunidades, como señala la propia Corte”, sentencia la abogada Viviana González de Tierra Digna.

Por MILO DEL CASTILLO Y JAVIER SULÉ ORTEGA
Quibdó (Colombia) 20 ABR 2019 - 17:06 COT

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 Activistas representan una extinción en el Museo de Ciencias Naturales este lunes. En vídeo, imágenes de las protestas este fin de semana en Londres. AFP | ATLAS

Un movimiento de desobediencia civil paraliza la ciudad al bloquear localizaciones clave durante una semana y visibiliza la crisis ambiental. Más de mil personas han sido detenidas

 

Algo extraño está sucediendo para que el lunes de Pascua de 2019, un 22 de abril, los policías que vigilan los alrededores de Marble Arch, el histórico cruce de caminos en el corazón de Londres, vayan en manga corta y aguanten estoicos el sol de plomo que cae sobre la capital británica. Vigilan a más de 1.000 activistas acampados en el césped que rodea la estatua de bronce de una enorme cabeza de caballo que bebe agua, la obra de Fiddian Green que se ha convertido en el centro de todas las manifestaciones y protestas que acoge la gran urbe.

Londres ha acaparado estos días el protagonismo de un nuevo movimiento de desobediencia civil —con incidencia más moderada en otras capitales europeas como París y Berlín— que ha relanzado la lucha ciudadana por el futuro del planeta. Se llama Extinction Rebellion (ER) y suma fuerzas al movimiento estudiantil, que de Australia a Sudamérica está denunciando a través de miles de protestas la desidia de los adultos ante la amenaza —más presente que futura— del calentamiento global. Bajo una carpa improvisada con lona naranja y tablones de madera, unas 50 personas combaten el calor y escuchan las instrucciones del equipo de ER, que ha conseguido paralizar el centro de la ciudad con una semana de protestas no violentas. Desde cortes de tráfico y bloqueos de infraestructuras clave hasta performances sobre la extinción de la humanidad que se han saldado con más de 1.000 detenciones. Quieren medidas extremas para combatir el cambio climático y han decidido que el tiempo se ha agotado.


—“Primero nos ignorarán, luego se reirán de nosotros, más tarde nos combatirán y, finalmente, habremos ganado. ¿Sabéis quién dijo estas palabras?”, pregunta uno de los oradores.


—“Ghandi”, responde con timidez una chica de apenas 16 años.


Sonríe ante la aprobación de su interlocutor y del resto de los convocados. Escucha con ojos abiertos las instrucciones de los activistas. “Mostrad respeto al resto de ciudadanos; no recurráis nunca a la violencia, ni verbal ni física; no os ocultéis el rostro; asumid la responsabilidad y las consecuencias que conlleva saltarse la ley; y nada de alcohol ni de drogas en estas premisas”, explica Nick Onlley, uno de los voluntarios fundadores de ER.


“Creo que el resultado esta primera semana ha sido positivo, pero esto es una carrera a largo plazo”, explica Onlley a EL PAÍS. “Y no nos cansaremos de pedir perdón al resto de ciudadanos londinenses. Sabemos que están irritados por las irrupciones en el tráfico y por el modo en que hemos alterado su día a día. Pero lo que más nos anima es la coletilla con la que siempre acompañan sus reproches: ‘Tenéis razón, y yo estoy de vuestro lado, pero tenéis que darnos un respiro’. La clave está en que comparten nuestros objetivos”.


El propio alcalde, el laborista, Sadiq Khan, ha mostrado cierta comprensión hacia el movimiento. “Comparto la pasión de los que combaten el cambio climático con sus protestas, y apoyo su derecho democrático a la protesta legal y pacífica. Pero todo esto está pasando factura a nuestra ciudad —a las comunidades de vecinos, a los comercios y a la Policía—. Está siendo contraproducente para la causa y para nuestra ciudad. (...) Mi mensaje hoy a todos los manifestantes es claro: dejad que Londres vuelva a su vida de siempre”, escribía Khan este domingo en un comunicado. La trampa, denuncian los activistas, está en la última frase del texto, que en su idioma original suena altamente sospechosa: “Let London return to business as usual”. Business as usual. Que todo siga igual.


Del millar de personas detenidas durante las protestas de la semana, medio centenar ha sido acusado formalmente de actos vandálicos. Los manifestantes han bloqueado localizaciones clave de Londres como Oxford Circus, Waterloo Bridge, los alrededores del Parlamento. O la plaza de Marble Arch, donde las autoridades han preferido hacer la vista gorda y permitir, bajo estricta vigilancia policial, que centenares de activistas acampen, organicen asambleas, monten cantinas y zonas improvisadas de letrinas y den así color y presencia al movimiento.

Este domingo les visitó Greta Thunberg, la activista sueca adolescente que ha impulsado la revolución climática global de los estudiantes y agitado más conciencias que cualquier cumbre oficial contra el calentamiento del planeta. “Nos enfrentamos a una crisis existencial, a una crisis climática y a una crisis ecológica que nunca antes fueron abordadas como crisis. Las han ignorado durante décadas”, dijo a los manifestantes. Thunberg se reunirá a lo largo de la semana con relevantes políticos británicos como el líder laborista, Jeremy Corbyn.
Protagonistas del mundo de la cultura, como la actriz Emma Thompson, han visitado también a los acampados y les han mostrado su apoyo. “Marquemos nuestra misión con el objetivo necesario: movilicemos al 3,5% de la población para cambiar el sistema”, dice uno de los carteles que preside la asamblea de Marble Arch. Se inspira ER en la teoría de la politóloga estadounidense, Erica Chenoweth, quien lleva años defendiendo que basta con lograr el apoyo de ese porcentaje de la población, a través de la desobediencia civil, para derribar a un dictador o acabar con un sistema.


Siempre ha habido voces bienintencionadas pero escépticas que han puesto en duda estos movimientos tan improvisados y asamblearios. “No llegarán a ningún lado, porque no saben qué quieren realmente”, dijeron políticos veteranos ante las protestas del 15-M español. La diferencia radique quizás en esta revolución surgida en Londres en medio del sofocante calor de la Semana Santa, en que en este caso se sabe perfectamente lo que se persigue. Un Reino Unido libre de emisiones de dióxido de carbono para 2025, un cuarto de siglo antes de lo que proponen los sesudos analistas oficiales del Gobierno británico. Y la estrategia cuenta con tres patas muy sólidas.


Una alianza de jóvenes y no tan jóvenes que han sabido distinguir lo importante de lo urgente y arrancar del enredo del Brexit el debate público, para centrarlo en el cambio climático. El peso y autoridad de alguien tan venerado en esta isla como Sir David Attenborough, quien a sus 92 años realizó una impactante “llamada a las armas” esta semana en la BBC, con su documental Climate Change: The Facts (Cambio Climático: Los Hechos). “Sé que puede sonar aterrador, pero las evidencias científicas nos dicen que si no tomamos medidas drásticas durante la próxima década, podemos enfrentarnos a un daño irreversible de la naturaleza y al derrumbe de nuestras sociedades”, alertaba Attenborough en un tono que hasta la prensa conservadora británica ha elogiado como necesario. Y como tercera pata, una clase media moderada dispuesta a aprovechar el impulso de las protestas en la calle —“el efecto del flanco radical”, lo llaman los sociólogos— para colocar en primera línea de la agenda política la amenaza más grave del siglo XXI.


Dependerá todo ese optimismo que hoy desborda el campamento de Marble Arch de que ER sostenga en el tiempo su campaña, evite cualquier atisbo de violencia y logre desviar la irritación de los londinenses tres kilómetros al sureste de la ciudad, hacia Westminster, donde se halla el Parlamento británico.


 Adoptar medidas urgentes o no llegar


Evitar el desastre. La acumulación de gases de efecto invernadero es tal que el calentamiento no se puede revertir, solo dejarlo dentro de unos límites manejables. La meta es tratar de que la subida media de la temperatura no supere los 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales en 2100, aunque los expertos temen que esto ocurra entre 2030 y 2050 si el mundo sigue el ritmo actual de emisiones.


Océanos en peligro. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC), calcula que el nivel del mar se elevó a un ritmo de 1,7 milímetros por año durante el siglo XX. En este siglo, estiman, que el océano ascenderá, de media, entre 0,22 y 0,44 metros respecto a los niveles de 1990.


Objetivos en duda. La utilización de energías renovables es imprescindible para poner freno al calentamiento, pero la Comisión Europea pone en duda que Austria, Alemania, Letonia, Eslovenia, Eslovaquia y España puedan cumplir con el objetivo de empleo de ese tipo de fuentes. Naciones Unidas emitió un informe en marzo elaborado por 250 científicos en el que se dice que la no adopción de medidas urgentes está teniendo repercusiones potencialmente irreversibles en el medio ambiente y la salud humana.


 "Necesitamos una reacción emocional de los ciudadanos"

Por Rafa de Miguel


Boudewign Dominicus (Londres, 28 años) es de origen holandés pero se ha criado en Londres y se siente de esta ciudad más que de ninguna parte del mundo. Trabaja en una ONG pero se ha tomado unos días de vacaciones para colaborar voluntariamente con la campaña de movilizaciones impulsada por Extinction Rebellion. Forma parte del equipo que puso en marcha este movimiento hace un año.


Pregunta. ¿Quién va a decidir las acciones de protesta de los próximos días?


Respuesta. No tenemos una dirección centralizada. Se organizarán en las próximas horas pequeños grupos de asambleas y serán ellos los que tomen las decisiones. Cada activista decidirá en cuál quiere participar y hasta qué punto desea comprometerse. Tenemos una oficina central en Londres, pero nuestro objetivo es que en los próximos días sean las distintas asambleas repartidas por todo Londres las que estudien cuáles serán las acciones que más les convienen.


P. ¿No temen provocar un efecto contrario en los ciudadanos de Londres?


R. Somos conscientes de que la gente se ha enfadado y se seguirá enfadando, pero vamos a seguir siendo respetuosos con todos. Y con los primeros, con la policía, que está realizando su trabajo escrupulosamente. Ni siquiera hacemos una enmienda a la totalidad a nuestros políticos. Sabemos se han hecho avances en la lucha contra el cambio climático, y que se han tomado medidas correctas. Pero han bajado el ritmo, y algunas promesas correctoras, como los subsidios a energías más limpias, se han echado atrás con excusas presupuestarias. Por eso no podemos reducir la presión.


P. ¿Quieren que este sea un movimiento global? ¿Están coordinados?


R. Tenemos un coordinador internacional, y sabemos que la corriente está cobrando alza en otros países como Francia u Holanda. Pero no podemos hablar de coordinación propiamente dicha. Al ver cómo rebotan nuestros mensajes en otros países a través de las redes sociales nos damos cuenta del impacto que está logrando ER, pero ten en cuenta que, por ejemplo, los consejos que damos aquí a nuestros activistas para responder legalmente ante una detención o una carga policial no valen para otros lugares donde la ley es diferente.


P. ¿Cuál sería su objetivo final?


R. Lograr una reacción emocional de la gente. No somos ni antisistema ni antigobierno. De hecho, en nuestro credo está sostener que esta causa está por encima de la política. Queremos que esto se convierta en un asunto público de primer orden, y que la gente nos diga, estoy cabreado pero estoy de acuerdo con vosotros.

Por Rafa de Miguel
Londres 23 ABR 2019 - 03:15 COT

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La India destruye un satélite propio y causa un incidente internacional

La NASA se queja del incremento de basura espacial que puede dañar la Estación Internacional



Sobre el sector espacial se podría decir que para los pioneros no hay nada peor que los imitadores, pero también que en cualquier momento el espacio se puede convertir en un escenario bélico peligroso para todos en vez de un lugar común protegido. Las fuerzas armadas de la India destruyeron el pasado 27 de marzo un pequeño satélite propio recién lanzado, cuyo supuesto objetivo era el espionaje. Lo hicieron para demostrar que el país puede defenderse de ataques a sus activos espaciales, según recalcó el primer ministro indio Narendra Modi en un mensaje especial televisado.


El éxito del simulacro de ataque, a 300 kilómetros de altura, provocó que numerosos fragmentos del satélite pasaran a formar parte de la nube de basura espacial que rodea la Tierra. La NASA puso el grito en el cielo, y nunca mejor dicho. "Lo que ha hecho la India es algo horrible", aseguró James Bridenstine, su director. "Son actividades incompatibles con el futuro de las misiones tripuladas".


La agencia espacial estadounidense ya tiene estimados 400 fragmentos del satélite y localizados 64 de gran tamaño, de los cuales 20 están por encima de la órbita de la Estación Espacial Internacional (ISS), que alcanza los 410 kilómetros de altura máxima. Esto supuso un incremento notable del riesgo existente para la base espacial, que está continuamente habitada, asegura la NASA.


El Gobierno indio dijo que la inmensa mayoría de los fragmentos, al estar en órbita baja, caerá en las próximas semanas, quemándose en la atmósfera sin mayores efectos. Un especialista indio señaló, por su parte, que la maniobra no sirve para demostrar nada, porque los chinos podrían ya destruir cualquier satélite indio mientras que esto no se cumple a la inversa.


Este escenario de lenguaje prebélico, sin una razón inmediata aparente, indica la fragilidad de la situación en el espacio, falto de un marco legal suficiente. La India reconoció esta vez que quería sumarse al selecto club de países que han demostrado sus armas antisatélites, o sea imitar a Rusia, Estados Unidos y China. Este país realizó una maniobra similar, en 2007, causando igualmente una nube de basura espacial nueva. Estados Unidos hizo lo mismo en 2008, con la excusa de que un satélite que terminaría cayendo a la Tierra portaba combustible tóxico.


El hecho es que Estados Unidos y sus socios (Rusia, Canadá, la Unión Europea y Japón) no pidieron permiso a nadie para poner en órbita su Estación Espacial, ahora amenazada por sus imitadores. También sucede que el programa espacial chino está reproduciendo los de estadounidenses y rusos de hace casi cincuenta años, con un fuerte componente de orgullo nacional, y además es el mayor contribuyente a la basura espacial. Pero cuando se quejó Bridenstine de la acción india, acababa de anunciar que intentan que vuelvan astronautas de Estados Unidos a la Luna para 2024. La razón principal es, una vez más, política, porque así lo quiere el presidente Trump.


De los 23.000 elementos de basura espacial de más de 10 centímetros, en órbita baja, que rastrean las principales potencias espaciales, casi un tercio se atribuye a la maniobra china de 2007 y al choque de un satélite ruso y otro estadounidense en 2009. Los militares estadounidenses se quejan de que su capacidad de rastreo y de aviso del peligro, considerada la mejor del mundo, es solicitada, y obtenida gratis, por los mismos que producen intencionadamente basura espacial. De hecho, todos los países con actividades espaciales han puesto en peligro a los habitantes de la Tierra alguna vez, en especial cuando se han producido reentradas de naves o etapas de cohetes grandes, por accidente o no, aunque el riesgo sea muy pequeño.


La Agencia Espacial Europea (ESA) hizo el año pasado un repaso sistemático del exterior de su módulo laboratorio Columbus, que forma parte de la ISS, en busca de desperfectos, causados por los micrometeoritos naturales y la basura espacial, que pudieran poner en peligro la base. Se encontraron varios centenares de pequeñas marcas de impacto, aunque sin consecuencias. En la NASA, los especialistas rastrean todos los trozos errantes considerados peligrosos para la ISS y la desplazan cuando es necesario para evitarlos.
En el caso de la destrucción del satélite indio, un día después de la declaración del director de la NASA el Departamento de Estado de Estados Unidos se apresuró a limar asperezas con la India, aduciendo su condición de aliado estratégico con el que seguirán cooperando. Las cosas no parecen que vayan a cambiar mucho por ahora en el gran escenario espacial, aunque se esté jugando con fuego, al menos mientras no se produzca un accidente grave.

Las organizaciones ecologistas denuncian a Shell por su contribución al calentamiento global

Una coalición de organizaciones medioambientalistas ha demandado a la compañía petrolera por no actuar y descender las emisiones vinculadas a sus actividades empresariales.


Las actividades empresariales de Shell están en el punto de mira de las organizaciones ecologistas. Tanto es así, que este viernes una coalición de ONG's ha demandado a la compañía petrolera por su contribución al calentamiento global. Con ello, se inicia un proceso legal que busca, entre otras cosas, evidenciar la inacción de la empresa para descender su porcentajes de contaminación.


La denuncia ha sido presentada por una coalición de agrupaciones ecologistas holandesas, entre las que destacan Amigos de la Tierra, ActionAid, Both ENDS, Fossielvrij, Greenpeace, Jóvenes Amigos de la Tierra, Waddenvereniging, además de un grupo de 500 co-demandantes.


La noticia es la culminación de la campaña iniciada por Amigos de la Tierra Países Bajos, que hace un año reclamó a Shell medidas para poner fin a la destrucción del planeta que estaban ocasionando sus actividades empresariales. Unas advertencias que, según las ongs, fueron omitidas por los dirigentes de la compañía. Tanto es así, que los denunciantes señalan que los objetivos climáticos de la compañía "sobrepasan el umbral de 1,5ºC".


"Los directores de Shell aún no quieren decirle adiós al petróleo y al gas; arrastrarían al mundo a un colapso antes de renunciar a sus operaciones. Ahora la justicia puede evitarlo”, ha explicado Donald Pols, director de Amigos de la Tierra Países Bajos. Un razonamiento que lleva a los ecologistas a hablar de una "negligencia perjudicial" para el planeta.


En virtud de ello, sostienen que Shell está violando sus obligaciones de "proteger los derechos humanos" al no intentar siquiera reducir sus emisiones, que contribuyen al calentamiento global de manera directa. De hecho, la denuncia, compuesta por más de 230 páginas, expone que el comportamiento comercial de Shell supone una violación de "los artículos 2 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos: el derecho a la vida y el derecho a la vida privada y familiar".


"A pesar de que la propia empresa ha reconocido la contribución de la industria de los combustibles fósiles al calentamiento global y afirma que apoya plenamente el Acuerdo de París, sigue sin actuar, y continúa presionando en contra de las medidas que favorecen al clima y el interés general, e invirtiendo miles de millones en la extracción de petróleo y gas", explican en un comunicado los grupos ecologistas.


"Shell sigue eligiendo las ganancias sobre las personas y el planeta, es hora de usar las leyes para detenerlo y hacer que la compañía se ponga en marcha", opina Joris Thijssen, director de Greenpeace Holanda, que reclama que la compañía asuma "la responsabilidad de sus acciones y cambie de rumbo" para poder tener "un planeta habitable".
"Si esta demanda llega a buen término, podría ser la primera vez que una de las multinacionales más grandes del mundo se vea obligada a modificar sus operaciones empresariales", ha afirmado Roger Cox, quien se encarga de esta demanda contra Shell.


"Si los tribunales obligan a Shell a reducir sus emisiones de CO2 en un 45% antes de 2030 basándose en los niveles de 2010, y reducirlas a cero antes de 2050, de conformidad con el Acuerdo de París sobre el Clima, esta victoria sentaría un precedente e incrementaría la presión para que las empresas de combustibles fósiles modificasen sus conductas",opinan desde la coalición ecologista que ha impulsado la denuncia.


La denuncia contra Shell llega después de que su nombre apareciera en el último informe de InfluenceMap, que demuestra como las cinco grandes firmas petroleras destinaron en el último año cerca de 200 millones de dólares para bloquear y retrasar las iniciativas orientadas a combatir el cambio climático.


Esta no es la primera vez que las Ong ponen el foco en Shell por sus mala práxis empresarial. En 2017, el nombre de la compañía estuvo salpicado por una denuncia de Amnistía Internacional en la que se pedía una investigación contra el gigante del petroleo por presuntas violaciones y torturas en Nigeria.

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La guerra química en Colombia tiene nombre de glifosato

El debate sobre el glifosato continúa en Colombia, a pesar de que en muchos países ya prohíben su uso. De ello dio cuenta la Audiencia Pública de seguimiento realizada en Bogotá el pasado 7 de marzo a la sentencia de la Corte Constitucional T-236 de 2017, en la cual se decidió suspender las aspersiones aéreas con este herbicida, fundamentándose en el principio de precaución*. Una de las intervenciones escuchadas en la Audiencia estuvo a cargo de la doctora Lilliam Eugenia Gómez Álvarez**, que con elocuencia sustentó las consecuencias del uso de este químico. Este artículo es una versión para prensa de lo sustentado por ella.

 

Ante el narcotráfico, sus bases y derivaciones, ¿ir al núcleo de la problemática o seguir por las ramas? ¿Revisar los resultados arrojados por la “guerra contra las drogas o negar las evidencias? Parece que nada de esto, y mucho más, se cuestionan en la Casa de Nariño, para cuyos inquilinos, con el yunque de los Estados Unidos apurando sus gargantas, hay que persistir en lo mismo: envenenar grandes extensiones del territorio nacional, para lo cual es necesario, según Iván Duque, reactivar el Programa de erradicación de cultivos ilícitos con glifosato, pasando por encima de la vida y salud de quienes allí habitan, así como del conjunto de la naturaleza misma. Destruir, para ellos no hay otra opción.

Glifosato en Colombia


El glifosato es un herbicida patentando por Monsanto bajo la marca comercial Roundup®, que sirve para la eliminación de plantas y plagas. Este químico se ha convertido en el más utilizado en el mundo; su consumo ha crecido de manera continua en las últimas décadas, como lo evidencian las cifras en Estados Unidos, con un consumo multiplicado por dieciséis entre 1992 y 2009. Se estima que en la última década se han aplicado alrededor de seis mil millones de kilogramos del mismo en todo el mundo.

Una utilización que deja sus huellas de todo tipo, entre ellas el estar asociado con varios tipos de enfermedades (Ver recuadro 1), por ejemplo el cáncer, el más estudiado en humanos es el Linfoma No Hodgkin –cáncer del tejido linfático–. Se estima, asimismo, que causa afectaciones en los ecosistemas donde se aplica.

 

 

Los daños por su aplicación, así sea controlada, cuenta con evidencia en diversos países, pero para Colombia –el único país del mundo que utiliza la aspersión aérea de herbicidas como parte de la erradicación de cultivos ilícitos– es peor, toda vez que la lluvia que sueltan las naves aéreas del mismo caen sobre las plantas por destruir, pero también sobre toda la vegetación existente alrededor, así como sobre fuentes de agua, y todo lo allí asentado. Otros países como México y Afganistán utilizaban esta estrategia, pero su uso fue descontinuado por sus altos costos económicos y sociales.

Asómbrese. El uso comercial de consumo e importación de plaguicidas en Colombia durante los últimos 20 años creció en un 360 por ciento, mientras que en los últimos 45 años la utilización del suelo para siembra aumentó solo en un 29 por ciento. ¿Quién gana con este negocio? ¿Quién pierde con el mismo?

Breve historia de la erradicación en el país

El negocio de las drogas en Colombia arrancó en los años setenta con el cultivo de marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta, lo que dio lugar a la denominada bonanza marimbera. Ante las presiones del presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter, se inició la primera acción de erradicación de cultivos de uso ilícito con el químico Gramoxone, cuyo ingrediente activo es el Paraquat. Fue Julio César Turbay quien emprendió en 1978 la “Operación Fulminante”, que además de la utilización del químico insertó 10 mil soldados a la Sierra Nevada para acabar con el 65 por ciento de la marihuana que ingresaba al país del norte, cultivada en alrededor de 30 mil hectáreas.

Como efecto de la presión ejercida por diferentes sectores contra el uso del Paraquat, fue prohibido en programas de fumigación y mediante la Resolución 3028 de 1989 del ICA, el gobierno nacional decidió suspender en igual año su utilización.

Cuatro décadas después de iniciada la siembra de cultivos ilícitos, y de grandes inversiones económicas para combatirlos se implementa el Plan Colombia, reactivándose las aspersiones aéreas, esta vez con el uso del glifosato, afectando así más de 1.753.386 hectáreas sembradas, lo que no significó una afectación significativa a la producción de cocaína en el país.

Efectividad de la erradicación con glifosato

Generalmente se cree que el número de hectáreas fumigadas expresa la efectividad del “Programa de erradicación de cultivos ilícitos”, pero si se analiza con detenimiento puede verse que esto no es tan cierto, pues aspersiones aéreas no significan erradicación definitiva. Ejemplos de estos son los trabajos de Pascual Restrepo, del Massachusetts Institute of Technology y de Sandra Rozo, de la University of California, quienes evidencian que por cada hectárea de coca fumigada con aspersión aérea con glifosato, apenas se reduce un 0,035 de la hectárea. Lo que quiere decir que, para acabar con una hectárea sembrada de coca mediante aspersión aérea, se necesita fumigar 30.

¿Por qué sucede así? Porque este método de fumigación no da completamente en las hojas de coca (Ver recuadro 2). De igual manera, los costos económicos son completamente inviables pues es una desproporción de 60 a 1, ya que el costo de erradicación por hectárea es de alrededor de 72 mil dólares, mientras que la ganancia obtenida por los cultivadores es de apenas 1.200 dólares cada dos meses, puesto que la sembrada de una hectárea (unos 1.250 kilos) genera apenas una pasta básica de cocaína de 2 kg aproximadamente durante esas 8 semanas.

Todo un despropósito, es evidente, por tanto, que los gastos generados para acabar con los cultivos de uso ilícito necesitan de la exploración de otras alternativas de erradicación menos lesivas y rentables económicamente, tanto para quien erradica como para el Estado.

Una nueva política de desplazamiento forzado

La reactivación de la política de fumigación con glifosato es sinónimo de la activación de una guerra química contra los sectores que habitan la ruralidad del país –campesinos, indígenas, afrocolombianos–, pues con los datos anteriormente expuestos se evidencia que el mecanismo de aspersión no ataca realmente el narcotráfico ni a los narcotraficantes, por el contrario, lo que genera es que los habitantes del campo tengan que abandonar sus tierras por afectaciones de salud o por el deterioro del suelo que no permite sembrar alimentos limpios (Ver recuadro 3).

Estamos, por tanto, ante una nueva guerra contra los habitantes del campo. Además de la reactivación del conflicto armado en la ruralidad, se aproxima la guerra ambiental, pues este gobierno busca ahondar lo iniciado durante el gobierno Santos: la locomotora minero-energética.

Una política para el campo que responde a intereses globales. Rusos, chinos, árabes y gringos están en disputa global. Ya se escuchan los gritos de la bestia denominada Fracking, ya se acercan como carroñeros los capitales transnacionales, que felices por no encontrar a las Farc en las zonas estratégicas, tienen vía libre para buscar los recursos ambientales que necesitan para fortalecer la industria del capitalismo y agudizar la disputa por el control del sistema mundo.

Sin organización social los efectos de esta guerra serán devastadores para todo el país, en especial para los marginados de siempre.

* El principio de precaución es el elemento estructural del derecho ambiental para evitar los daños graves o irreversibles que pueda sufrir el medio ambiente. La Corte Constitucional declaró cinco elementos fundamentales para llegar a esto, a saber:
i) Que exista peligro de daño
ii) Que éste sea grave e irreversible
iv) Que exista un principio de certeza científica, así no sea absoluta
v) Que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la degradación del medio ambiente
vi) Que el acto en que se adopte la decisión sea motivado
** PhD. Universite de Touls, Ecología y etología. Presidenta del Consejo seccional de plaguicidas de Antioquia

Publicado enColombia
La guerra química en Colombia tiene nombre de glifosato

El debate sobre el glifosato continúa en Colombia, a pesar de que en muchos países ya prohíben su uso. De ello dio cuenta la Audiencia Pública de seguimiento realizada en Bogotá el pasado 7 de marzo a la sentencia de la Corte Constitucional T-236 de 2017, en la cual se decidió suspender las aspersiones aéreas con este herbicida, fundamentándose en el principio de precaución*. Una de las intervenciones escuchadas en la Audiencia estuvo a cargo de la doctora Lilliam Eugenia Gómez Álvarez**, que con elocuencia sustentó las consecuencias del uso de este químico. Este artículo es una versión para prensa de lo sustentado por ella.

 

Ante el narcotráfico, sus bases y derivaciones, ¿ir al núcleo de la problemática o seguir por las ramas? ¿Revisar los resultados arrojados por la “guerra contra las drogas o negar las evidencias? Parece que nada de esto, y mucho más, se cuestionan en la Casa de Nariño, para cuyos inquilinos, con el yunque de los Estados Unidos apurando sus gargantas, hay que persistir en lo mismo: envenenar grandes extensiones del territorio nacional, para lo cual es necesario, según Iván Duque, reactivar el Programa de erradicación de cultivos ilícitos con glifosato, pasando por encima de la vida y salud de quienes allí habitan, así como del conjunto de la naturaleza misma. Destruir, para ellos no hay otra opción.

Glifosato en Colombia


El glifosato es un herbicida patentando por Monsanto bajo la marca comercial Roundup®, que sirve para la eliminación de plantas y plagas. Este químico se ha convertido en el más utilizado en el mundo; su consumo ha crecido de manera continua en las últimas décadas, como lo evidencian las cifras en Estados Unidos, con un consumo multiplicado por dieciséis entre 1992 y 2009. Se estima que en la última década se han aplicado alrededor de seis mil millones de kilogramos del mismo en todo el mundo.

Una utilización que deja sus huellas de todo tipo, entre ellas el estar asociado con varios tipos de enfermedades (Ver recuadro 1), por ejemplo el cáncer, el más estudiado en humanos es el Linfoma No Hodgkin –cáncer del tejido linfático–. Se estima, asimismo, que causa afectaciones en los ecosistemas donde se aplica.

 

 

Los daños por su aplicación, así sea controlada, cuenta con evidencia en diversos países, pero para Colombia –el único país del mundo que utiliza la aspersión aérea de herbicidas como parte de la erradicación de cultivos ilícitos– es peor, toda vez que la lluvia que sueltan las naves aéreas del mismo caen sobre las plantas por destruir, pero también sobre toda la vegetación existente alrededor, así como sobre fuentes de agua, y todo lo allí asentado. Otros países como México y Afganistán utilizaban esta estrategia, pero su uso fue descontinuado por sus altos costos económicos y sociales.

Asómbrese. El uso comercial de consumo e importación de plaguicidas en Colombia durante los últimos 20 años creció en un 360 por ciento, mientras que en los últimos 45 años la utilización del suelo para siembra aumentó solo en un 29 por ciento. ¿Quién gana con este negocio? ¿Quién pierde con el mismo?

Breve historia de la erradicación en el país

El negocio de las drogas en Colombia arrancó en los años setenta con el cultivo de marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta, lo que dio lugar a la denominada bonanza marimbera. Ante las presiones del presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter, se inició la primera acción de erradicación de cultivos de uso ilícito con el químico Gramoxone, cuyo ingrediente activo es el Paraquat. Fue Julio César Turbay quien emprendió en 1978 la “Operación Fulminante”, que además de la utilización del químico insertó 10 mil soldados a la Sierra Nevada para acabar con el 65 por ciento de la marihuana que ingresaba al país del norte, cultivada en alrededor de 30 mil hectáreas.

Como efecto de la presión ejercida por diferentes sectores contra el uso del Paraquat, fue prohibido en programas de fumigación y mediante la Resolución 3028 de 1989 del ICA, el gobierno nacional decidió suspender en igual año su utilización.

Cuatro décadas después de iniciada la siembra de cultivos ilícitos, y de grandes inversiones económicas para combatirlos se implementa el Plan Colombia, reactivándose las aspersiones aéreas, esta vez con el uso del glifosato, afectando así más de 1.753.386 hectáreas sembradas, lo que no significó una afectación significativa a la producción de cocaína en el país.

Efectividad de la erradicación con glifosato

Generalmente se cree que el número de hectáreas fumigadas expresa la efectividad del “Programa de erradicación de cultivos ilícitos”, pero si se analiza con detenimiento puede verse que esto no es tan cierto, pues aspersiones aéreas no significan erradicación definitiva. Ejemplos de estos son los trabajos de Pascual Restrepo, del Massachusetts Institute of Technology y de Sandra Rozo, de la University of California, quienes evidencian que por cada hectárea de coca fumigada con aspersión aérea con glifosato, apenas se reduce un 0,035 de la hectárea. Lo que quiere decir que, para acabar con una hectárea sembrada de coca mediante aspersión aérea, se necesita fumigar 30.

¿Por qué sucede así? Porque este método de fumigación no da completamente en las hojas de coca (Ver recuadro 2). De igual manera, los costos económicos son completamente inviables pues es una desproporción de 60 a 1, ya que el costo de erradicación por hectárea es de alrededor de 72 mil dólares, mientras que la ganancia obtenida por los cultivadores es de apenas 1.200 dólares cada dos meses, puesto que la sembrada de una hectárea (unos 1.250 kilos) genera apenas una pasta básica de cocaína de 2 kg aproximadamente durante esas 8 semanas.

Todo un despropósito, es evidente, por tanto, que los gastos generados para acabar con los cultivos de uso ilícito necesitan de la exploración de otras alternativas de erradicación menos lesivas y rentables económicamente, tanto para quien erradica como para el Estado.

Una nueva política de desplazamiento forzado

La reactivación de la política de fumigación con glifosato es sinónimo de la activación de una guerra química contra los sectores que habitan la ruralidad del país –campesinos, indígenas, afrocolombianos–, pues con los datos anteriormente expuestos se evidencia que el mecanismo de aspersión no ataca realmente el narcotráfico ni a los narcotraficantes, por el contrario, lo que genera es que los habitantes del campo tengan que abandonar sus tierras por afectaciones de salud o por el deterioro del suelo que no permite sembrar alimentos limpios (Ver recuadro 3).

Estamos, por tanto, ante una nueva guerra contra los habitantes del campo. Además de la reactivación del conflicto armado en la ruralidad, se aproxima la guerra ambiental, pues este gobierno busca ahondar lo iniciado durante el gobierno Santos: la locomotora minero-energética.

Una política para el campo que responde a intereses globales. Rusos, chinos, árabes y gringos están en disputa global. Ya se escuchan los gritos de la bestia denominada Fracking, ya se acercan como carroñeros los capitales transnacionales, que felices por no encontrar a las Farc en las zonas estratégicas, tienen vía libre para buscar los recursos ambientales que necesitan para fortalecer la industria del capitalismo y agudizar la disputa por el control del sistema mundo.

Sin organización social los efectos de esta guerra serán devastadores para todo el país, en especial para los marginados de siempre.

* El principio de precaución es el elemento estructural del derecho ambiental para evitar los daños graves o irreversibles que pueda sufrir el medio ambiente. La Corte Constitucional declaró cinco elementos fundamentales para llegar a esto, a saber:
i) Que exista peligro de daño
ii) Que éste sea grave e irreversible
iv) Que exista un principio de certeza científica, así no sea absoluta
v) Que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la degradación del medio ambiente
vi) Que el acto en que se adopte la decisión sea motivado
** PhD. Universite de Touls, Ecología y etología. Presidenta del Consejo seccional de plaguicidas de Antioquia

Publicado enEdición Nº255
Lunes, 01 Abril 2019 08:27

Agua que no has de beber…

Agua que no has de beber…

Al igual que el aire, el agua es un recurso fundamental para la vida, el que hasta hace algunos años muchos consideraban infinito. La evidencia actual es lo contrario. ¿Ante cuál realidad se enfrenta la humanidad en este particular?, y, ¿cuáles son los retos que nos plantea la misma?

 

La vida necesita del agua. En el subsuelo y superficie de nuestro planeta, no todo son minerales, también poseen otros componentes, el agua como el más importante de todos ellos. Y no es poca, aunque no toda es potable: alrededor del 72 por ciento de la superficie terrestre está compuesto por este líquido vital para nuestra vida. Líquido que está en los océanos, mucho más allá de lo que alcanzan a percibir nuestros ojos pues alcanza profundidades de hasta 4 km. Esta agua, salada, representa el 96,5 por ciento de la totalidad acuífera existente; otro 2 por ciento está en los glaciares, 0.6 por ciento es agua de ríos y lagos, agua subterránea 0.6 por ciento. El 1 por ciento de agua del planeta es dulce en condiciones inmediatas para su consumo, pero está distribuida con desigualdad geográfica ya que hay sitios áridos por falta del vital líquido.

El agua que podemos consumir, más allá de lo que cotidianamente nos dicen los medios de información, la consume y derrocha en mayor porcentaje la industria, así como la agricultura; otro porcentaje se pierde en el aseo de automotores y maquinarias, así como calles y ventanales de edificios; es tal este gasto que solo el 10 por ciento del agua potable está destinada para uso doméstico.

Como sabemos, el agua sufre procesos contaminantes, por uso y por abuso, lo que la infesta con agentes patógenos, afectándola también en su color, olor, sabor, turbidez; fuentes de agua dulce (como ríos, arroyos, lagunas) que consideramos limpios pueden estar cargados de sustancias peligrosas allí disueltas por distintas vías; es por todo ello que nos vemos obligados a someterla a tratamiento de purificación. Para garantizar su consumo debemos eliminar: bacterias, contaminantes e impurezas.
Purificación para el consumo

Existen estudios y aplicaciones para obtener agua apta para la vida humana. Para cumplir con su purificación lo aplicado frecuentemente es ozono o cloro –por su poder oxidante–: el cloro es añadido en la primera etapa de purificación del agua de ríos, cascadas, vertientes naturales; puede dejar un sabor fuerte, como el que caracteriza el agua en las piscinas. El cloro –Cl2– colocado en el agua forma el ácido hipocloroso (HClO) que oxida y elimina las bacterias. Es un método muy difundido, de largo tiempo de retención y acción. Desinfecta pero no purifica, se utiliza en cantidades de 0.2 a 0.5 ppm (partes por millón); evita enfermedades como difteria, tifoidea, cólera.

El ozono O3, oxida por sí mismo las bacterias. Es más efectivo y no tiene sabor alguno. Es más caro que el cloro y tiene tiempo de retención corto. Asegura que el agua permanezca libre de contaminación microbiológica por un tiempo más largo.

 

Frente a la escasez del líquido vital

 

El agua es un recurso finito. Su alta presencia en los diferentes procesos industriales incrementan su escasez. En la actualidad se están buscando métodos de destilación de grandes volúmenes de agua, considerando para ello la del mar por la cantidad que representa. Las investigaciones avanzan y actualmente contamos con procesos y diseños con diferentes rendimientos, algunos ya en aplicación, otros en estudio y experimentación como la filtración por óxido de grafeno, que procede del carbono del grafito.

Ya se hace destilación de agua salada, Israel posee una de las más grandes plantas para este tipo de procesamiento. El método es más o menos así: se calienta el agua del mar en una serie de recipientes entubados interiormente y entre sí, sumergidos en contenedores con vacío parcial. A presión atmosférica reducida, el agua hierve instantáneamente, su vapor es condensado en contacto con conexiones enfriadas por agua marina. El calor desprendido por el agua condensada sirve para precalentar más agua salada.

Este proceso también puede adelantarse por Ósmosis, que es el movimiento de las moléculas hasta equilibrar concentraciones diferentes de dos soluciones, a través de una membrana semipermeable. Las soluciones ejercen presión en la membrana (presión osmótica) provocada por el paso del solvente puro o con menos sal, hacia la solución concentrada (mayor cantidad de sal). Es la ósmosis directa.

Pero la ósmosis inversa se aplica al agua salada, se somete esta agua a alta presión, se procura detener la sal y provocar el paso sólo del agua sin sal para desalinizarle y permitir el uso doméstico, de la siguiente manera: a la solución de agua marina recolectada le aplican una alta presión junto a la membrana semipermeable de etanoato de celulosa (papel celofán), forzando al agua salada a atravesar la membrana dejando la sal en ella. Al realizar este proceso debemos asegurarnos que la membrana sea efectiva tanto por su semipermeabilidad, como por su resistencia a las altas presiones aplicadas, de manera que permita así un flujo constante de agua dulce. Comercialmente se utiliza una membrana de un metro cúbico a una presión de más de 70 atmósferas, el paso del agua desalinizada, frecas, puede alcanzar un volumen aproximado de 250.000 litros diarios.

Otro proceso posible de seguir es el conocido como intercambio iónico, que es la eliminación de sales insolubles del agua (se depositan en el interior de las tuberías). El proceso químico de interrelación iónica, procurando aislar la sal mediante cambios de su composición original, sirve para separar la sal marina modificando su composición química, por sustitución de iones positivos (cationes) por hidronio H+, e iones negativos (aniones) por hidroxilo OH-.


Al realizar este proceso, hacemos pasar el agua de mar por columnas con estructuras naturales de silicatos o resinas sintéticas de intercambio iónico. Los iones hidrógeno H+ (hidronio) se cambian con iones de sodio Na+, mientras que los iones OH- (hidroxilo) se cambian con iones de cloro Cl-(cloruro) en el agua marina.

Las columnas de separación iónica pueden renovarse con ácido sulfúrico, para el intercambio de resinas catiónicas y sodio; los hidróxidos son para el intercambio de resinas de aniones. Se genera así un agua de buena calidad, pero esta aplicación es relativamente costosa.

 

El oxígeno, componente básico

 

Aire y agua son fundamentales para la mayoría de los organismos, incluida la especie humana. El oxígeno está presente en estos dos elementos, primordiales para la vida. La mayoría de animales y plantas acuáticas necesitan oxígeno para su respiración aeróbica, son valores pequeños, la máxima solubilidad de oxígeno en el agua es apenas 9 ppm (0.009 gramos por litro).

Los peces tienen el mayor requerimiento: 3ppm para sobrevivir y las bacterias el mínimo, inferior a 3ppm. Para mantener el balance en la diversidad acuática el contenido de oxígeno en el agua no puede ser inferior a 6 ppm.

La necesidad bioquímica del oxígeno disuelto se abastece por la descomposición acuática de materia orgánica en un tiempo aproximado de cinco días como máximo. El agua tiene una alta demanda biológica de oxígeno, que se mantiene por la retroalimentación atmosférica de este gas. Si no existiera este proceso, terminaría rápidamente la supervivencia acuática.

En los ríos esto lo facilita la movilidad del agua, que recibe oxígeno por ser agua corriente. Los lagos tienen una oxigenación mucho más lenta o ninguna. El agua pura tiene una demanda bioquímica de oxígeno de menos de 1 ppm, si este valor de demanda bioquímica de oxígeno se incrementa sobre 5 ppm, es agua contaminada.

La acumulación de residuos orgánicos en el agua causa la proliferación de ciertas especies, proceso conocido como eutrofización del agua, que es un fenómeno producido por el uso excesivo de fertilizantes artificiales y detergentes acumulados en lagos, que actúan como nutrientes y aumentan el crecimiento de plantas y algas que al vivir tal proceso reproductivo evita el ingreso de oxígeno del aire en el agua: es un proceso que también está presente en aguas marinas de movilidad lenta.

Este tipo de procesos también pueden tener otras consecuencias. Por ejemplo, cuando plantas y algas mueren, se descomponen aeróbicamente produciendo óxido carbónico y agua. Si el crecimiento excesivo de ellas y el oxígeno presente no están equilibrados, ocurre la descomposición anaeróbica, formando residuos de gases tóxicos como H2 S (gas sulfhídrico), NH3 (amoníaco), CH4 (metano), que no solo tienen un olor desagradable, sino que envenenan el agua. Mientras más especies mueren hay mayor descomposición anaeróbica y el lago no tiene vida acuática.


El océano también produce oxígeno a través de algas marinas y plancton, que pueden morir con la contaminación de su hábitat por los residuos de basura, plástico, redes de pesca, chatarra, etcétera, arrojados al mar por los seres humanos. Para cuidar el agua marina debe protegerse especialmente a los arrecifes de coral, pues producen el 80 por ciento del oxígeno indispensable para la vida marina, el calentamiento global provocaría la muerte del 35 por ciento de las corales.

El calentamiento global ocasionado por las actividades humanas ha generado un aumento aproximado de 0,6 °C en la temperatura media del planeta. Muchas industrias descargan agua caliente, sobretodo en ríos, provocando la contaminación termal. La contaminación por la variación de la temperatura del agua afecta también al oxígeno, ya que su solubilidad depende de ella, si aumenta la temperatura, baja la solubilidad del oxígeno; así como la demanda de los organismos acuáticos que terminan muriendo.

 

Reciclar y cuidar el agua

 

En muchas ciudades sus basuras van a dar a los ríos y mares, basura inorgánica que va acumulándose y basura orgánica que puede ser degradada por microorganismos, los que necesitan tiempo para este proceso; se produce así la contaminación del agua en general y de las concurridas playas en particular. Hay personas que colocan la basura en recipientes cerrados pero que en el agua se abren o rompen, dejando materia flotante, suspendida, coloidal y un rango de microorganismos.

Los residuos contaminantes y perjudiciales deben ser removidos con tratamientos concretos: para retirar residuos sólidos conviene pasar el agua por filtros mecánicos diseñados para detener objetos relativamente grandes como palos, papel, condones y bolsas. Continúa el proceso con filtros de menor gradación para detener objetos más pequeños con filtros de arena o grava de diferente espesor y tamaño, permitiendo entonces el depósito o sedimentación que queda en un recipiente apropiado, así se asienta el agua con tierra y lodo. Entonces, viene el tratamiento químico de floculación, en el que se ponen compuestos de hidróxido de calcio Ca (OH)2 y sulfato de aluminio Al2(SO4)3 que precipitan aglutinados de tierra o lodo, factibles de ser retirados mecánicamente.

Para completar la purificación del agua y disponerla para el consumo humano: se incorpora el purificador de Carbón Activado granular que por adsorción química (sustancias orgánicas especialmente volátiles, se adhieren a la superficie del gránulo de carbón) y así se eliminan restos de pesticidas, plaguicidas, compuestos orgánicos volátiles, también retira el sabor a cloro. La aplicación de rayos ultravioletas –UV–, después del cloro, proporciona un esterilizante efectivo para microorganismos en el agua.

El agua se utiliza en varios procesos productivos. Aunque no sea indispensable que toda el agua dulce del planeta sea para calmar la sed, cocinar alimentos o el aseo de los seres humanos, se debe proyectar posibles formas de una utilización responsable de este recurso natural, por ejemplo, en procesos industriales un adecuado manejo del agua permitiría que la utilizada para enfriar plantas industriales, por ejemplo, podría reciclarse procurando recogerla en reservorios y utilizarla luego para regar zonas agrícolas, solucionando dificultades ambientales.

 

El agua responsabilidad de todos/as

 

Tenemos los humanos con el agua, un problema de vida o muerte, problema que, como es conocido, puede traducirse en conflictos internos en cada uno de los países que integran la comunidad global. Para aportar, así sea un poco al cuidado del agua, cada uno de nosotras/os podría incorporar hábitos simples, como: procurar utilizar el mínimo de agua tanto en el inodoro como en la limpieza personal, abriendo la llave de agua de manera intermitente para su menor gasto posible. Regar las plantas de maceteros con agua ya utilizada en la cocina, por ejemplo (la que lava sin jabón), utilizar tuberías de mejor calidad y menor capacidad de distribución. Procurar hacer el lavado de los autos con el mínimo de agua tratada para el consumo humano. No debemos olvidar que el proceso de descontaminación, desinfección y purificación del agua necesita instalaciones y adecuaciones precisas, lo que resulta costoso y, por tanto, inviable para ser utilizada en limpieza de calles, automotores y otros.

Y como reto colectivo en cada uno de nuestros países, hay que lograr la efectiva regulación de las empresas privadas en el uso industrial del precioso líquido; merecen especial énfasis las empresas industriales del campo, las cuales consumen agua subterránea, muchas veces a su libre albedrío, así como las empresas que embotellan agua, o procesan gaseosas, cervezas, jugos y similares, todas ellas grandes consumidoras y derrochadoras de un recurso natural que es finito, además de colectivo, aunque en ocasiones apropiado –por ahora– por empresas privadas.

 


 

 

Recuadro

Multinacionales, grandes responsables de la producción de plásticos

 

En 2018, cerca de 10.000 voluntarios y 1.300 organizaciones realizaron la recolección de residuos en más de 42 países para identificar la procedencia de 187.851 piezas de plástico, encontrados en más de 238 cuerpos de agua de los seis continentes. El movimiento global “Break Free From Plastic 1” (Librarse de los plásticos), impulsor de esta iniciativa presentó en su informe* los resultados de los altos grados de contaminación del agua. Sobre la situación de los océanos en el mundo se comprueba que las multinacionales Coca-Cola Company, Pepsico y Nestlé son las empresas que fabrican la mayor parte de los productos plásticos que terminan en los mares. La producción global de plástico ha superado los 330 millones de toneladas métricas por año, en menos de dos décadas habrán más formas plásticas que seres vivos en los océanos lo que pone en peligro la existencia de la vida misma.

 

* https://www.breakfreefromplastic.org/

 
 

 

Publicado enEdición Nº255
Irrespirable. La crisis es del modelo urbano

De amarilla a naranja, entre alerta y alerta por crisis ambiental, a este punto ha llegado Bogotá, así como Medellín; otras ciudades capitales también se enrutan hacia este resultado. Las cifras de enfermos y muertos por esta realidad llaman la atención sobre paradigmas quebrados: el supuesto desarrollo –que no es tal– el modelo de ciudad, y el sistema de transporte, que colapsaron.

Las cifras son escandalosas: 17.549 muertos al año en Colombia por contaminación del aire, exposición a combustibles pesados y la mala calidad del agua, según datos del Instituto Nacional de Salud (INS).

Esta irrespirable realidad viene al caso por las anunciadas emergencias ambientales declaradas, en Bogotá, con alerta amarilla el pasado mes de febrero para una parte de la capital del país, y retomada de nuevo el 7 de marzo pero con un agravante: alerta amarilla para toda la ciudad y alerta naranja en el polígono delimitado del suroccidente de la urbe; en Medellín –primeros días de marzo– las restricciones vehiculares ampliadas son la respuesta ante evidencias de que las condiciones del aire son cada día más críticas; igual en Bucaramanga y su área metropolitana.

Es una realidad ante la cual los gobernantes y especialistas en el tema siempre recurren a lo mismo: ampliar el pico y placa, y otras medidas similares que la evidencia demuestra no van al fondo del asunto, solo distraen o sirven para que los funcionarios de turno, con cara de doctos, brinden declaraciones de prensa. La jornada del día sin carro celebrada en Bogotá el pasado 7 de febrero así permite reafirmarlo, pues una semana después, el día 15, la urbe –en especial las localidades de Kennedy, Bosa y Tunjuelito–, quedó sumida en emergencia ambiental. Tras unos pocos días y con la ampliación del pico y placa la medida fue levantada, pero tras otros días más la crisis vuelve a un pico crítico.

Unas medidas pedagógicas, que como la del día sin carro –que en realidad es un pico y placa ampliado– no logran efecto positivo alguno, a pesar de extenderse por todo el país en su aplicación, en meses y días diferentes de acuerdo a la ciudad que la adopta. Así lo desnuda la demanda de vehículos particulares en Bogotá, la cual no para de crecer y crecer (ver cuadro).


No es para menos. La ciudad moderna fue diseñada, en la distribución de espacio y la construcción de avenidas y calles, para la veloz circulación de mercancías –donde la fuerza de trabajo es la fundamental–, que es lo que explica la pervivencia y ampliación del culto al automotor. No es que no se pueda colocar límite al vehículo, esto es posible, pero lo imposible es detener –al menos para el capital– la circulación cada vez más rápida de mercancías, pues ello le colocaría un dique a la incesante y creciente multiplicación del capital mismo.

El capitalismo no se detiene, podríamos decir, y así procede sin importarle las consecuencias que ello tenga sobre la salud y vida misma de millones de personas. No de otra manera puede entenderse el ocultamiento por años de los efectos que sobre la salud tiene la emisión de gases por parte de los vehículos, los cuales continúan en venta ascendente, ni que las multinacionales, como Volkswagen, Mercedes Benz, Porsche, Audi y otras, adulteren los medidores de gases de que están dotadas las máquinas por ellos fabricadas, para ocultar así la real contaminación del aire que producen las mismas al prender y rodar.

Una acción, consciente y malintencionada que responde de manera perversa a los siete millones de víctimas que cada año produce el aire contaminado en todo el mundo, según datos del 2018 de la Organización Mundial de la Salud (OMS)*. Informe en el cual también asegura que 9 de cada 10 personas del total de quienes habitan nuestro planeta respiran aire contaminado. Para la OMS, en partículas tóxicas como los sulfatos, nitratos y el hollín, recae la responsabilidad por la muerte de una cuarta parte de personas que sufren enfermedades cardiacas y derrame cerebrales, al igual que un 43 por ciento de las enfermedades pulmonares obstructoras crónicas, al tiempo que de un 29 por ciento de la variedad de cáncer con epicentro pulmonar. Acción consciente y malintencionada que dibuja al capitalismo en su real catadura: la muerte sobre la vida, la ganancia sobre la naturaleza.

Para la jefe de citado informe, María Meira, en gran parte de las megaciudades donde hoy se amontona la población mundial la contaminación alcanza a estar hasta cinco veces por encima de lo recomendado por la organización de la salud de las Naciones Unidas.

Es una realidad que permite concluir, sin duda alguna, que medidas como el pico y placa, así como el día sin carro, son simples distractores para la real crisis en que están envueltas las ciudades todas, lo que nos invita a ahondar en la realidad que nos ahoga, para identificar el trasfondo o causas de esta crisis, y así poder proponer medidas que vayan a la raíz del asunto.

 

El imposible que ya llegó

 

La imagen no me abandona: unos van en bicicleta y otros a pie, varios llevan el rostro protegido por máscaras que les permiten respirar mejor; son pobladores de ciudades europeas y asiáticas que atraviesan avenidas, junto a ellos, calles atestadas por cientos de carros cuyos exostos emiten gases que ahogan a los transeúntes; una toma posterior –aérea– de aquellos centros urbanos los muestra cubiertos por una espesa capa producto de la contaminación estacionada en la atmósfera.

Lo primero que pensé al ver tal registro televisivo, hace ya 40 años, era que aquello era un barbaridad, ¿cómo podía vivir la gente así? ¿cómo podrían haber llegado aquellas gentes a tan degradante realidad?

La respuesta que encontraba para ello es que esa era la realidad de megaciudades cada vez más “prósperas”. Ciudades de 5, 8, 10 y hasta 15 o 20 millones de personas, la inmensa mayoría de las cuales padecen un hacinamiento insoportable. A eso había llegado la ciudad, uno de las principales creaciones de la humanidad en toda su historia.

Para ese entonces las nuestras eran buenos vivideros, ciudades de 1 o 2 millones de personas, con excepción de Bogotá que sumaba un poco más. Cuarenta años después, todo es distinto, ahora nosotros también salimos con temor a la calle, nos protegemos de los gases que expiden los automotores, y sufrimos sin descanso el irrespirable aire que nos dejan. Nuestras urbes han dejado de ser un buen vividero, las soportamos, pero deseamos no estar en ellas, al menos de manera permanente.

Como los del resto del mundo, nuestros centros urbanos han sido diseñados y dispuestos para la “eficiencia” del motor a gasolina o alguno de sus derivados; el afán permanente, el ir y venir de miles de carros y motos es la nota dominante; el aire apesta y ataca la salud de nuestros cuerpos, el ruido daña nuestros oídos, los ojos arden y lagrimean, la piel se reseca y envejece de manera prematura, y el cuerpo todo sufre afectación, no solo con enfermedades que atacan nuestros pulmones y vías respiratorias en su totalidad (enfermedades respiratorias agudas), propiciando cáncer, sino también potenciando otras como diabetes, alzheimer, entre las identificadas con tal origen.

El aire apesta, y nosotros sin saberlo respiramos partículas en suspensión –invisibles– que fluyen en el ambiente, como la PM2.5, SO2 (dióxido de azufre), además de NO2 (dióxido de nitrógeno), Pb (plomo), O3 (ozono troposférico) y CO (monóxido de carbono), es decir, veneno puro pero que actúa de manera lenta, razón por la cual muchas veces no nos preocupamos, solo con el paso del tiempo y consumidos por alguna de las enfermedades propiciadas por estos gases, venimos a comprender que padecemos las consecuencias de un modelo urbano trazado de acuerdo a las necesidades y lógicas del capital, y de sus propietarios, cabeza de multinacionales, unas más poderosas que otras. Al final de la vida comprendemos que padecemos los efectos “desarrollo”, máxima del capitalismo y sus multinacionales, bonanza para unos pocos y cruz de millones por todo el mundo.

Multinacionales éstas, que con su control extendido sobre diferentes esferas de la sociedad global manipulan y engañan sobre el real sentido del trabajo, el descanso, la comodidad, el goce, el placer, el consumo, la justicia, el medio ambiente, el sentido y uso de los vehículos, lo público, lo privado, el bienestar, en fin, sobre la razón y sentido de la vida misma.

 

Irracional

 

Atender las enfermedades derivadas de esta realidad de contaminación ambiental le significó al sistema de salud colombiano 20,7 billones de pesos, según datos del ministerio del ramo para el 2017. “Dentro de estos costos, la contaminación del sire urbano aportó el 75 por ciento, con $ 15,4 billones de pesos (1,93% del PIB de 2015) asociado a 10.527 muertes y 67,8 millones de síntomas y enfermedades”, informó el Simón Gaviria, director de Planeación nacional de entonces.

Un gasto inmenso e irracional, toda vez que el origen del problema está identificada, lo que permite interrogar, ¿una vez conocido el origen del problema no es mejor prevenir que curar? Esto es, estamos como sociedad –no solo la colombiana sino el conjunto global– ante el reto de replantearnos el mismo modelo urbano hoy imperante y dentro de éste la función y características del sistema de transporte dominante.

Como es sabido y sufrido, nuestras ciudades crecieron al ritmo de la violencia padecida en el campo –por acción de terratenientes, las direcciones de los partidos tradicionales y sus aliados–, y los millones de campesinos de allí expulsados producto de la misma. Año tras año, en ocasiones a chorros, tales campesinos dieron forma a centenares de barrios, corriendo con el costo de levantar sus casas, trazar vías y resolver los servicios públicos.

Crecimiento potenciado por intereses económicos específicos, como lo planteó Lauchlin Currie en los años 60, producto de lo cual tomó forma un sistema de financiación de vivienda como el recordado Upac, que potenciaron el sector bancario colombiano al apropiarse del ahorro de cientos de miles de familias, a la par de otras medidas que sustentaron modelos de urbanización por varias décadas. Un modelo y una realidad producto de la cual pasamos de gozar ciudades a padecerlas, en una explosión en su crecimiento que las extendió, en el caso de las capitales de departamento, sobre los municipios vecinos, incorporándolos a su territorio, y conformando extensas zonas metropolitanas.

Un crecimiento sin sentido humano que llevó a que los trabajadores de distinto oficio quedaran obligados a cruzar cada día –ida y regreso– las ciudades de habitación en procura de su sitio de trabajo. Un desgaste de energía en el cual se consume la vida misma, tanto en horas de transporte día, mes, año, como en la inhalación de gases carburantes expedidos por buses en mal estado. Un desgaste de energía que para el caso de Bogotá le implica a cada una de las personas que lo padece, al sumar las horas diarias gastadas en ello, el equivalente a 11 días del año encerrado en un bus.

Tratando de salir de tal padecimiento, miles, millones, terminaron endeudados para adquirir un carro privado que les ahorrara horas de transporte y les hiciera menos penoso el trabajo diario. Beneficios inmediatos y particulares que ocultan los perjuicios colectivos, la crisis ambiental y los problemas a ella asociados como parte de un modelo de ciudad que terminó ampliando vías, levantando puentes, haciendo intersecciones, profundizando túneles, etcétera, en beneficio del carro particular y en perjuicio de los peatones y el necesario acceso pleno al espacio público. Sin cuestionar la precariedad de lo público ni el negocio privado oculto en ello, miles, millones, con sus compras y decisión por lo particular potenciaron el mismo modelo que precariza sus vidas.

Es una irracionalidad que coloca a sociedades como la colombiana, ante el inaplazable reto de repensar y rediseñar sus centros urbanos, aprovechando para ello el cúmulo de ciudades intermedias con que cuenta y que aún permiten un crecimiento planeado y bien proyectado, ciudades máximo de un millón de pobladores, donde cada uno de quienes allí hagan su vida tengan su vivienda cerca de su sitio de trabajo y estudio, con acceso también razonable, por su distancia, a sitios de recreación y esparcimiento, así como salud y otros que complementan el amoblamiento urbano. Ciudades, cada una de estas, donde el transporte sea público y lo más amable posible con el medio ambiente, al tiempo que los desplazamientos urbanos casa-trabajo o casa-estudio puedan hacerse a pie. Centros urbanos que cuestionen el reinado del petróleo y sus derivados y asuman el uso preferente de otras fuentes de energía. Centro de habitación donde el concepto del tiempo entre en cuestión, así como el de acumulación-ganancia, relantizando la vida toda, para poder vivir y gozar, quebrando al trabajo como centro orientador de la vida.

Al así pensar decenas de nuevos, o potenciados centros urbanos, la crisis ambiental deberá encontrar un punto de resolución radical, para lo cual el carro particular debe dejar de impactar el medio ambiente, abriendo condiciones para que la vida sea más amable, recuperando la esencia de la convivencia y de lo público, todo ello como soporte de una sociedad profundamente humana, reconciliada con la naturaleza, donde alimentación y salud, trabajo y estudio, descanso y recreación, ambiente y gasto de energía, serán abordadas dentro de un solo proyecto: vivir en felicidad.

 

 

* Otros informes, como el publicado el 11 de marzo en el European Heart Journal eleva a 9 millones los decesos por esta causa, 800000 de ellos en Europa.
 

 

 

 

Publicado enEdición Nº255
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