El océano ha recibido el calor de 3,600 millones de bombas atómicas

Madrid. Un nuevo análisis muestra que los océanos fueron los más cálidos en 2019 que en cualquier otro momento en la historia humana registrada, especialmente hasta 2 mil metros de profundidad.

El estudio, realizado por un equipo internacional de 14 científicos de 11 institutos en todo el mundo, también concluye que los últimos 10 años han sido los más cálidos registrados para las temperaturas oceánicas globales, con los recientes cinco años con el récord más alto. La temperatura global del océano no sólo está aumentando, sino que también se está acelerando.

Según el estudio, la temperatura del océano en 2019 es de aproximadamente 0.075 grados Celsius por encima del promedio de 1981-2010. Para alcanzar esta temperatura, el océano habría recibido 228 mil trillones de julios de calor.

De hecho, son muchos ceros. Para que sea más fácil de entender, hice un cálculo. La bomba atómica de Hiroshima explotó con una energía de aproximadamente 63 billones de julios. La cantidad de calor que hemos puesto en los océanos del mundo en los últimos 25 años equivale a 3 mil 600 millones de explosiones de bombas atómicas de Hiroshima, dijo Cheng Lijing, autor principal del artículo y profesor asociado del Centro Internacional de Ciencias del Clima y el Medio Ambiente del Instituto de Física Atmosférica (IAP), de la Academia de Ciencias de China.

Una prueba más

Este calentamiento oceánico medido es irrefutable y es una prueba más del calentamiento global. No existen alternativas razonables aparte de las emisiones humanas de gases que atrapan el calor para explicar este calentamiento, asegura en un comunicado de la Academia de Ciencias de China.

Los investigadores utilizaron un método de análisis relativamente nuevo del IAP para tener en cuenta datos potencialmente escasos y discrepancias de tiempo en los instrumentos que se utilizaron previamente para medir el calor del océano, sobre todo desde la superficie del mar hasta 2 mil metros de profundidad. Los nuevos datos disponibles permitieron a los investigadores examinar las tendencias del calor que se remontan a la década de 1950.

Este estudio también incluye cambios en la temperatura registrados por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Los dos conjuntos de datos independientes indican que los pasados cinco años han sido los más cálidos para las temperaturas oceánicas globales.

Los investigadores también compararon el periodo de registro de datos de 1987 a 2019 con el de 1955 a 1986. Descubrieron que en las últimas seis décadas, el calentamiento más reciente fue alrededor de 450 por ciento superior al del calentamiento anterior, lo que refleja un aumento importante en la tasa de cambio climático global.

Según los investigadores, los humanos pueden trabajar para revertir su efecto sobre el clima, pero el océano tardará más en responder que los ambientes atmosféricos y terrestres. Desde 1970, más de 90 por ciento del calor del calentamiento global se fue al océano, mientras menos de 4 por ciento del calor calentó la atmósfera y la tierra donde viven los humanos.

Publicado enMedio Ambiente
Domingo, 29 Diciembre 2019 05:52

Planeta saturado

Planeta saturado

Según el doctor en demografía José Eustáquio Diniz Alves, de la Escuela Nacional de Ciencias Estadísticas (Instituto Humanitas Unisinos, 31 de octubre de 2019; Ecodebate, 30 de octubre de 2019), la humanidad ya ha agotado la biocapacidad de la Tierra. En 1961, el mundo tenía un superávit ambiental de 2 mil 600 millones de hectáreas globales (gha). Debido al crecimiento demoeconómico, el superávit se transformó en déficit a partir de la década de 1970. En 2016, la huella ecológica total de 20 mil 600 millones de gha ha superado la biocapacidad total de 12 mil 200 millones de gha. Por tanto, el déficit ecológico es de 8 mil 400 millones de gha. La Tierra tiene una sobrecarga del 70%.

Es erróneo creer que la devastación ambiental solo es resultado del consumo de las naciones ricas. La sustentabilidad ecológica depende también de la cuestión demográfica, agravada, sobre todo, por las naciones más pobres. Según el Global Footprint Network, en 2016 la población de altos ingresos era de mil 130 millones de habitantes, con una huella ecológica per cápita de 6 gha (la huella ecológica de los Estados Unidos es de cerca de 8 gha). Es un índice elevado, aunque menor a los 8 mil 400 millones al déficit global existente ese año.

Alves señala que aunque se eliminara todo el consumo de los ricos, el resto de la población mundial (sin los ricos) seguiría teniendo un déficit ambiental de cerca de mil 600 millones de gha. O sea, si las personas de altos ingresos del mundo fueran “eliminadas mediante un pase de magia”, aun así el resto de la población mundial tendría una huella ecológica total de 13 mil 800 millones de gha, para una biocapacidad global de 12 mil 200 millones de gah. Sin los ricos, el planeta continuaría teniendo un déficit ambiental del 13% (un gasto correspondiente a 1,3 planetas).

El autor nos propone que nos imaginemos un mundo con el mismo nivel de consumo. Y que, gracias a los avances tecnológicos y un estilo de vida frugal, el impacto fuera mucho menor; por ejemplo, una huella ecológica de solo 2 gha por habitante (inferior a la huella ecológica de 2,75 gha del mundo en 2016).

Considerando que la biocapacidad total de la Tierra es de 12 mil 200 millones de gha, ¿existiría sustentabilidad ambiental en ese escenario de una huella ecológica media de solo 2 gha? Sí, habría un superávit ambiental si la población fuera inferior a los 6 mil 100 millones de habitantes. Pero una población de casi 8 mil millones como la que se avizora, viviría con un déficit ambiental. Aunque la huella ecológica per cápita mundial fuera de 1,75 gha (como la de Papúa Nueva Guinea en 2016), solo se produciría un superávit ambiental con una población inferior a los 7 mil millones de habitantes.

Por tanto, la solución consiste en reducir el número de emprendimientos con fines de lucro para posibilitar la restauración de la vida natural. Y superar una dualidad: ¿reducir el consumo o el crecimiento de la población? Es necesario reducirlos ambos, aunque sin adoptar políticas que den por resultado el exterminio de los pobres.

Según Thodore P. Lianos (2018), el punto de equilibrio ambiental estaría en una población global de cerca de 3 mil millones de habitantes. H. Daly (“Ecologies of Scale”, New Left Review 109, 2018) sugiere que la población debería mantenerse estable en un nivel compatible con el equilibrio ecológico, o sea, 3 mil millones de habitantes. Eso sería posible si se estimulara a cada familia a tener menos de dos hijos. Lo que se obtendría elevando el nivel de educación de la población en general.

Desde el punto de vista climático, el mundo tiene de plazo hasta el año 2030 para reducir a la mitad las emisiones de CO2, y hasta 2050 para eliminar las emisiones líquidas, porque el “presupuesto de carbono” se agotará.

El decrecimiento poblacional es necesario para evitar el colapso ambiental y aminorar los daños de una grave crisis ecológica. Pero no es suficiente. Es necesario también reducir el consumo y cambiar el estilo de vida.

En resumen, no basta con culpabilizar a los ricos y victimizar a los pobres. El esfuerzo encaminado a evitar el colapso ambiental tendrá que ser de todos, aunque haya responsabilidades diferenciadas.

Por Frei Betto; autor, entre otros libros, de A obra do artista – uma visão holística do Universo (José Olympio).

29 diciembre 2019 |

www.freibetto.org/> twitter:@freibetto.

Traducción de Esther Perez

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Publicado enMedio Ambiente
La guerra química en Colombia tiene nombre de glifosato
 Publicamos una selección de los artículos más leídos durante el 2019. Fueron seleccionados de los periódicos desdeabajo ediciones 253-264 y Le Monde diplomatique, edición Colombia ediciones 185-196.

 

El debate sobre el glifosato continúa en Colombia, a pesar de que en muchos países ya prohíben su uso. De ello dio cuenta la Audiencia Pública de seguimiento realizada en Bogotá el pasado 7 de marzo a la sentencia de la Corte Constitucional T-236 de 2017, en la cual se decidió suspender las aspersiones aéreas con este herbicida, fundamentándose en el principio de precaución*. Una de las intervenciones escuchadas en la Audiencia estuvo a cargo de la doctora Lilliam Eugenia Gómez Álvarez**, que con elocuencia sustentó las consecuencias del uso de este químico. Este artículo es una versión para prensa de lo sustentado por ella.

 

Ante el narcotráfico, sus bases y derivaciones, ¿ir al núcleo de la problemática o seguir por las ramas? ¿Revisar los resultados arrojados por la “guerra contra las drogas o negar las evidencias? Parece que nada de esto, y mucho más, se cuestionan en la Casa de Nariño, para cuyos inquilinos, con el yunque de los Estados Unidos apurando sus gargantas, hay que persistir en lo mismo: envenenar grandes extensiones del territorio nacional, para lo cual es necesario, según Iván Duque, reactivar el Programa de erradicación de cultivos ilícitos con glifosato, pasando por encima de la vida y salud de quienes allí habitan, así como del conjunto de la naturaleza misma. Destruir, para ellos no hay otra opción.

Glifosato en Colombia


El glifosato es un herbicida patentando por Monsanto bajo la marca comercial Roundup®, que sirve para la eliminación de plantas y plagas. Este químico se ha convertido en el más utilizado en el mundo; su consumo ha crecido de manera continua en las últimas décadas, como lo evidencian las cifras en Estados Unidos, con un consumo multiplicado por dieciséis entre 1992 y 2009. Se estima que en la última década se han aplicado alrededor de seis mil millones de kilogramos del mismo en todo el mundo.

Una utilización que deja sus huellas de todo tipo, entre ellas el estar asociado con varios tipos de enfermedades (Ver recuadro 1), por ejemplo el cáncer, el más estudiado en humanos es el Linfoma No Hodgkin –cáncer del tejido linfático–. Se estima, asimismo, que causa afectaciones en los ecosistemas donde se aplica.

 

 

Los daños por su aplicación, así sea controlada, cuenta con evidencia en diversos países, pero para Colombia –el único país del mundo que utiliza la aspersión aérea de herbicidas como parte de la erradicación de cultivos ilícitos– es peor, toda vez que la lluvia que sueltan las naves aéreas del mismo caen sobre las plantas por destruir, pero también sobre toda la vegetación existente alrededor, así como sobre fuentes de agua, y todo lo allí asentado. Otros países como México y Afganistán utilizaban esta estrategia, pero su uso fue descontinuado por sus altos costos económicos y sociales.

Asómbrese. El uso comercial de consumo e importación de plaguicidas en Colombia durante los últimos 20 años creció en un 360 por ciento, mientras que en los últimos 45 años la utilización del suelo para siembra aumentó solo en un 29 por ciento. ¿Quién gana con este negocio? ¿Quién pierde con el mismo?

Breve historia de la erradicación en el país

El negocio de las drogas en Colombia arrancó en los años setenta con el cultivo de marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta, lo que dio lugar a la denominada bonanza marimbera. Ante las presiones del presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter, se inició la primera acción de erradicación de cultivos de uso ilícito con el químico Gramoxone, cuyo ingrediente activo es el Paraquat. Fue Julio César Turbay quien emprendió en 1978 la “Operación Fulminante”, que además de la utilización del químico insertó 10 mil soldados a la Sierra Nevada para acabar con el 65 por ciento de la marihuana que ingresaba al país del norte, cultivada en alrededor de 30 mil hectáreas.

Como efecto de la presión ejercida por diferentes sectores contra el uso del Paraquat, fue prohibido en programas de fumigación y mediante la Resolución 3028 de 1989 del ICA, el gobierno nacional decidió suspender en igual año su utilización.

Cuatro décadas después de iniciada la siembra de cultivos ilícitos, y de grandes inversiones económicas para combatirlos se implementa el Plan Colombia, reactivándose las aspersiones aéreas, esta vez con el uso del glifosato, afectando así más de 1.753.386 hectáreas sembradas, lo que no significó una afectación significativa a la producción de cocaína en el país.

Efectividad de la erradicación con glifosato

Generalmente se cree que el número de hectáreas fumigadas expresa la efectividad del “Programa de erradicación de cultivos ilícitos”, pero si se analiza con detenimiento puede verse que esto no es tan cierto, pues aspersiones aéreas no significan erradicación definitiva. Ejemplos de estos son los trabajos de Pascual Restrepo, del Massachusetts Institute of Technology y de Sandra Rozo, de la University of California, quienes evidencian que por cada hectárea de coca fumigada con aspersión aérea con glifosato, apenas se reduce un 0,035 de la hectárea. Lo que quiere decir que, para acabar con una hectárea sembrada de coca mediante aspersión aérea, se necesita fumigar 30.

¿Por qué sucede así? Porque este método de fumigación no da completamente en las hojas de coca (Ver recuadro 2). De igual manera, los costos económicos son completamente inviables pues es una desproporción de 60 a 1, ya que el costo de erradicación por hectárea es de alrededor de 72 mil dólares, mientras que la ganancia obtenida por los cultivadores es de apenas 1.200 dólares cada dos meses, puesto que la sembrada de una hectárea (unos 1.250 kilos) genera apenas una pasta básica de cocaína de 2 kg aproximadamente durante esas 8 semanas.

Todo un despropósito, es evidente, por tanto, que los gastos generados para acabar con los cultivos de uso ilícito necesitan de la exploración de otras alternativas de erradicación menos lesivas y rentables económicamente, tanto para quien erradica como para el Estado.

Una nueva política de desplazamiento forzado

La reactivación de la política de fumigación con glifosato es sinónimo de la activación de una guerra química contra los sectores que habitan la ruralidad del país –campesinos, indígenas, afrocolombianos–, pues con los datos anteriormente expuestos se evidencia que el mecanismo de aspersión no ataca realmente el narcotráfico ni a los narcotraficantes, por el contrario, lo que genera es que los habitantes del campo tengan que abandonar sus tierras por afectaciones de salud o por el deterioro del suelo que no permite sembrar alimentos limpios (Ver recuadro 3).

Estamos, por tanto, ante una nueva guerra contra los habitantes del campo. Además de la reactivación del conflicto armado en la ruralidad, se aproxima la guerra ambiental, pues este gobierno busca ahondar lo iniciado durante el gobierno Santos: la locomotora minero-energética.

Una política para el campo que responde a intereses globales. Rusos, chinos, árabes y gringos están en disputa global. Ya se escuchan los gritos de la bestia denominada Fracking, ya se acercan como carroñeros los capitales transnacionales, que felices por no encontrar a las Farc en las zonas estratégicas, tienen vía libre para buscar los recursos ambientales que necesitan para fortalecer la industria del capitalismo y agudizar la disputa por el control del sistema mundo.

Sin organización social los efectos de esta guerra serán devastadores para todo el país, en especial para los marginados de siempre.

* El principio de precaución es el elemento estructural del derecho ambiental para evitar los daños graves o irreversibles que pueda sufrir el medio ambiente. La Corte Constitucional declaró cinco elementos fundamentales para llegar a esto, a saber:
i) Que exista peligro de daño
ii) Que éste sea grave e irreversible
iv) Que exista un principio de certeza científica, así no sea absoluta
v) Que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la degradación del medio ambiente
vi) Que el acto en que se adopte la decisión sea motivado
** PhD. Universite de Touls, Ecología y etología. Presidenta del Consejo seccional de plaguicidas de Antioquia

Publicado enColombia
La agencia europea lanzará en 2025 su primera misión para retirar basura espacial

La Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) ha encargado para 2025 la construcción y lanzamiento de ClearSpace-1, primera misión dedicada a eliminar escombros espaciales de la órbita terrestre.

En Space19 +, el consejo ministerial de la ESA, que se efectuó en Sevilla a fines de noviembre, los ministros acordaron firmar un contrato de servicio con un proveedor comercial para eliminar de la órbita terrestre baja de forma segura un objeto inactivo propiedad de esta agencia.

Después de un proceso competitivo, un consorcio liderado por la empresa suiza ClearSpace, compañía derivada establecida por un equipo experimentado de investigadores de desechos espaciales con sede en el instituto de investigación Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), será invitado a presentar su propuesta final antes de comenzar el proyecto en marzo, informa la ESA.

“Éste es el momento adecuado para tal misión”, señaló Luc Piguet, fundador y director ejecutivo de ClearSpace. “El problema de los desechos espaciales es más urgente que nunca. Hoy tenemos casi 2 mil satélites en vivo en el espacio y más de 3 mil fallidos”.

La misión ClearSpace-1 se destinará a retirar de la órbita la etapa superior Vespa (adaptador de carga secundaria del cohete Vega) que quedó en una órbita de aproximadamente 800 kilómetros por 660 kilómetros de altitud después del segundo vuelo del lanzador Vega de la ESA en 2013.

Con una masa de 100 kilos, la Vespa es cercana en tamaño a un satélite pequeño, mientras su forma relativamente simple y su construcción robusta lo convierten en un primer objetivo adecuado.

El nuevo cazador de escombros espaciales y Vespa se desorbitarán finalmente para arder en la atmósfera.

Martes, 10 Diciembre 2019 06:03

COP25, se intensifica el "lavado verde"

COP25, se intensifica el "lavado verde"

En la Cumbre de París de 2015, las empresas transnacionales fueron incluidas por primera vez dentro de la organización y la financiación de ésta. Después de años de inoperancia, de obstaculizar las empresas transnacionales (ETN) cualquier avance, de lobbies, de control de instituciones y gobiernos, las ETN accedían al control absoluto. Si hasta entonces los resultados de las Cumbres por el Clima habían sido pobres, desde entonces aún más: las esperanzas de resoluciones fueron truncadas (1). Las siguientes, más de lo mismo, sobre todo la última de Katowice (Polonia) y la anterior de Bonn, utilizadas para garantizar la continuación del carbón en la matriz energética, o la de Marrakech que ahondó en las presuntas soluciones financieras.

Fue vergonzoso ver en París cómo los principales contaminantes se presentaban como parte de la solución y secuestraban la COP (Conferencia de las Partes). Estos incluían fabricantes de automóviles como Nissan o Volkswagen, de la nuclear EDF, Ikea que depende de grandes movimientos de mercancías, la aerolínea Air France, o bancos que financian la industria del carbón como BNP-PARIBAS. Si la utilización de todas estas ETN de la COP de París fue nauseabunda, aún lo fue más en el caso de Volkswagen, pues 3 meses antes había sido noticia por el escándalo de la alteración de emisiones contaminantes de los coches que fabrica, por medio de un software diseñado específicamente con ese fin. Premeditación total. Se contabilizaron unos 11 millones de automóviles fabricados por esa empresa entre 2009 y 2015 que superaban los límites de emisiones y que todavía andarán por ahí contribuyendo con sus humos a esta emergencia. Porque además de contaminar más de lo que debieran, porque como saben, además de lo que emite su fabricación, de lo que emiten como transporte individual, tenemos que la industria automotriz, siempre en alianza con la petrolera, establecen ellos mismos los niveles de eficiencia de los motores. Claro está, lo hacen de forma que no repercuta en sus ventas y sigamos quemando más petróleo (2). Esto significaba, esto demostraba, que en lugar de reducir las emisiones lo que les interesa ha sido producirlas. ¡Incluso transgrediendo el marco legal que les ampara!! Ahora, se presentaban como la solución a la emergencia climática?

A París también fue Iberdrola, en avión. Pero mandaron un equipillo en bici para crear alrededor de ellos propaganda verde de la empresa con diarias retransmisiones y crónicas de su periplo que era comprada por todos los medios de comunicación. O vendida. Como fueron a Bonn, anunciando a los cuatro vientos que abandonaban el carbón como medida climática. Pero en realidad ya estaban cerrando las centrales por anticuadas y porque se metieron tanto en las de gas que sobre-dimensionaron su inversión y su producción. Además entraron en conflicto con el gobierno, pues por lo precipitado de su anuncio, pues no lo habían discutido ni acordado previamente. En la de Katowice repitió fórmula: bicis y posición anti-carbón, pero no contra las demás causantes de la emergencia climática. Las Cumbres del Clima son el escenario perfecto para hacer estallar su arsenal propagandístico.

Después de que las movilizaciones en Chile y la brutal represión provocarán que el gobierno de ese país desconvocara la COP siendo asumida por el gobierno español, las empresas españolas no tardaron en mostrar su interés. Sí, como para Volkswagen y las demás en París, la COP de Madrid es una ocasión única para las empresas estatales para su lavado de cara, para su "lavado verde". Ellas, tan habituadas a esta práctica, no pueden dejar pasar la ocasión, y así hace una semana ya anunciaron Iberdrola y Endesa que entraban como patrocinadoras de la COP. Y esto es capitalismo, amigas: nadie da dinero a cambio de nada. El financiar la COP les supondrá el que su nombre aparezca continuamente asociado a la COP, creando en el personal la idea de que se preocupan por la emergencia climática. Como cuando Endesa patrocina la liga de baloncesto desde 2012 y la selección de baloncesto, o Iberdrola la femenina (3), o la selección de fútbol (Iberdrola pagaba 3,5 millones de euros por temporada (4)), o los bancos la de fútbol. Ambas Iberdrola y Endesa se prestaron raudas a la financiación de la COP 25 aportando 2 millones de euros cada una. Señal que lo entienden rentable.

O al revés, porque la mayoría se da cuenta de sus burdos intentos por transmitir una imagen contraria a la real. Ayer Endesa compraba todas las portadas de los principales diarios nacionales, pero sobre todo en los catalanes que es donde se centra su negocio (junto a Andalucía, Asturias y Aragón). ¡¡Un pastón!! En el 2016, denunciando similar lavado verde de Iberdrola, el anuncio de una página entera costaba 49.400 € en El País y 10.000 € en El Correo Español(5).

Pero ¿por qué semejante despliegue? Quizás porque Endesa es la máxima emisora de gases invernadero del estado español con 30.237.155 toneladas de CO2 (2018), lo que equivale al 10% de las emisiones totales estatales!! ¡Normal que quiera invertir tanto para mostrarse como lo contrario!

Añadir también que las empresas fueron contactadas por el mismo gobierno que precisa unos 70 millones de euros para organizar la COP. Con lo cual tenemos que el gobierno también ve con buenos ojos este lavado verde y que el oligopolio participe en la COP. Una vez más la connivencia del gobierno con las transnacionales, y una vez más una nueva desligitimación de este gobierno que empezó planteando cosas como el Ministerio para la Transición Ecológica pero que luego no ha cumplido la expectativa. Recordar que a lo poco realizado, a la incineradora de Donostia, ahora le sumamos el permiso de exploración de fracking, y hoy mismo el inicio de esta técnica en Sevilla, o la no intervención en el control transnacional de la tarifa eléctrica.

Esa connivencia se evidencia también en las puertas giratorias. En el caso de Endesa es bochornoso que el gobierno que la privatizó, el del PP, el de Aznar, entrara luego en su dirección beneficiándose de sus suculentos sueldos. El mismo Aznar fue su asesor de 2011 a 2014 con honorarios de 300.000 y 400.000 euros. El ultimo presidente de Endesa, Borja Prado ganaba 3,61 millones, que supusieron un sueldo acumulado de 43 millones (en mayo fue sustituido por Juan Sánchez-Calero). El de Iberdrola, Sánchez Galán, fue de 9,5 millones en 2018. Son cifras obscenas y que ayudan a entender estas grandes inversiones publicitarias, este empecinamiento por desvirtuar la realidad y los verdaderos intereses de este negocio millonario monopolizado por una minoría.

Endesa, actualmente propiedad de Enel, es una de las tres grandes compañías del oligopolio español, el monopolio energético (eléctrico) que conforma junto a Iberdrola y Naturgy (la fusión de Gas Natural y Unión Fenosa). Entre las tres dominan en torno al 90% del mercado estatal. El control se reduce en unas pocas, los beneficios también. Endesa posee 5 térmicas de carbón, 12 de gasoil, y 6 de ciclo combinado de gas, todas ellas grandes emisoras de gases de efecto invernadero (GEI). A ellas sumar las nucleares no exentas de responsabilidad climática y además de gran impacto ambiental. Ambas Iberdrola y Endesa también comparten la propiedad del parque nuclear español, siendo copropietarias de 4 de las 5 centrales nucleares actuales (6), como antes lo fueron de Garoña. También cuentan con hidroeléctricas tampoco exentas de responsabilidad climática que contabilizan por 6, pero que sin duda tuvieron su máxima expresión e impacto durante su actividad en Chile (ahora continuada por Enel, propietaria de Endesa).

En Chile poseía 16 hidroeléctricas, y 12 térmicas (4 de carbón y 8 de fuel y gas). La más polémica fue Ralco en Patagonia, y el proyecto Hidroaysén (financiado por BBVA) que se consiguió paralizar por todos los impactos que suponía, como ya probaban Ralco y otros. Pese al desastre que auguraba, Hidroaysén también se planteaba desde la óptica climática, justificándose porque la energía que produciría equivalía a 7 centrales térmicas (2.750 MW) con lo que deducían que reemplazaría a 16 millones de toneladas de CO2 (equivalentes a las emisiones de todo el parque automovilístico de Chile!). Pero esa es una óptica rentabilista, no seriamente ecológica, ni climática, ni mucho menos ética. Pese a todas esas emisiones y energía altamente contaminante y nociva, Endesa recibió la mejor calificación entre las eléctricas en el 2000 en el índice de Sostenibilidad Internacional Dow Jones (DJSI World). Sé lo que piensas: si Endesa es la mejor como serán las demás. Pero debes entender que estos índices, como los premios que se intercambian son otra triquiñuela más que cran entre ellas para su lavado verde.

Con todo ello tenemos un modelo energético superconcentrado, monopolizado, que depende de grandes proyectos de gran impacto ambiental, climático y social, que se sirve de otros países y economías para incrementar sus beneficios, y que invierte grandes sumas de dinero en publicidad y lavado verde. Este oligopolio, los que financian esta COP y se proyectan como solución climática y ambiental, son los que acuerdan el precio de la luz que sube año tras año, o incluso tras mes. El recibo de la luz ha subido 85,7% en los últimos 15 años (7). Actualmente la media de la factura eléctrica se sitúa en 79,79 euros (enero 2019). Estos precios prohibitivos tienen como resultado la pobreza energética que ya afecta en el estado a 6,8 millones. Y como ya decíamos: "Hay pobreza energética... porque hay riqueza energética" (8).

Recordemos que Iberdrola fue condenada por manipular los precios de la luz en 2013, o en 2016 fue multada por quemar gas para cobrar subvenciones a las renovables (9). Por su parte Endesa protagonizó seis de cada diez reclamaciones contra compañías energéticas en FACUA durante 2018. Endesa y Naturgy también fueron condenadas este año 2019 por alterar fraudulentamente el precio de la luz, igual que en 2018 por altas fraudulentas. Ese año fue elegida la Peor Empresa del Año por consumidores.

Pero este año Endesa, Iberdrola y Naturgy, pese a controlar el 85% del mercado, perdieron 463.000 clientes (8 junio), lo que también explica su continuo acoso, hipocresía e insistencia climática.

Endesa en Chile

Pero algo de este despliegue mediático del oligopolio pero sobre todo de Endesa también choca: mientras Iberdrola se introducía Brasil y Mexico y también en Guatemala y Bolivia de donde era expulsada, Endesa, como decimos, hacía lo propio, primero en Argentina, en el año especial para reanudar el colonialismo: 1992. En 1994 hizo lo propio en Perú apropiándose de la Compañía Peruana de Electricidad y Distrilima, y en Chile en 1997, de Enersis. Se da la coincidencia que en Chile ya existía otra empresa con el mismo nombre creada en 1944 – no muy difícil: Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad Anónima (10). Durante la dictadura de Pinochet Endesa fue privatizada (1987-89). Endesa también absorvió a la Endesa chilena en 1999. Así Endesa controló el 53% del sistema eléctrico chileno y 83% de los derechos del agua (11). Tras la adquisición de Endesa por Enel, la Endesa chilena aparece como Enel Generación Chile, operando también en Brasil y otros 3 países. La producción latinoamericana de Endesa contabiliza por 41% de su capacidad instalada (14.715 MW).

Cuando Endesa se introdujo en Chile no hizo ascos a las condiciones favorables para hacerse con empresas, que no eran otras que las impuestas por la dictadura de Pinochet y el experimento neoliberal de los Chicago Boys, sumándose a ello los ajustes estructurales para (en teoría) solventar su deuda. La dictadura dejó un Código de Aguas muy favorable a las transnacionales y que se modificó en 2017 para favorecerlas aún más. Eso explica también el gran control hídrico de Endesa. Actualmente, además de las empresas eléctricas e hidroeléctricas, las mineras y la agricultura industrial controlan el agua chilena, lo que ha provocado una situación crítica con sequías y la consecuente falta de cosechas, alimentos, etc. Sin duda, ésta es una de las razones, unidas a todas esas medidas neoliberales que beneficiaron a empresas como Endesa, por la que el pueblo chileno se ha echado a la calle en los pasados días, y por ende, la razón por la que la Cumbre del Clima fuera suspendida en Chile por el gobierno y para que pasara a Madrid. Irónico entonces que ahora Endesa nos venda que tiene voluntad de hacer frente a la emergencia climática, cuando es responsable de tantas emergencias.

La verdadera solución… no son las transnacionales

Desde TRADENER y Ekologistak Martxan tenemos claro que sobre todo estas grandes transnacionales (estas y otras) no son la solución sino el problema. Parafraseando a Jorge Riechmann, "el cambio climático es el síntoma pero la enfermedad es el capitalismo", que no es otro que las grandes transnacionales. La solución no puede venir de ellas porque solo les importa los beneficios y su puesto en la lista Forbes. No les importa gastar en publicidad, ni en macro-sueldos de directivos, pero nos suben la factura todo el tiempo, y no tienen piedad. Llevan años demostrando que no les importa ni el clima ni el medio ambiente, ¿por qué ahora?

El pasado octubre distintas organizaciones de todo el mundo acudimos a Ginebra a la 5ª sesión del OEIGWG, la negociación en las mismas Naciones Unidas de un instrumento jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos. Porque parecerá mentira, pero no existe una legislación internacional para las transnacionales. Así siguen haciendo lo que quieren sin importarles, sin pagar por ello, transfiriendo los costos a las instituciones (como ahora que el gobierno vasco compro la central nuclear de Lemoiz), y perjudicando a clientes y comunidades (12).

La solución pasa por modelos descentralizados, en poder de las comunidades, organizados horizontalmente, renovables, que satisfagan las necesidades locales y concretas, que no derrochen ni energía en los tendidos, ni en su transporte ni en medios económicos para publicidad, patrocinios, macro-sueldos, etc. y que tengan como fin satisfacer las necesidades básicas y no las económicas de una minoría. Estas soluciones reales y prácticas están en marcha, fuera de su control. Por ello, las entienden como una amenaza y por eso han tratado de bloquearlas, por eso copian nuestras reivindicaciones, por eso gastan millones en portadas de diarios y en financiar las COP. Son soluciones que probamos a diario son factibles y que tienen éxito. Seguiremos denunciando su cinismo, y seguiremos creando alternativa.

Por Martintxo Mantxo

Rebelión

 

Notas:

(1) ver https://www.ecologistasenaccion.org/31337/la-cumbre-de-paris-se-dirige-hacia-un-acuerdo-de-minimos/

(2) gara.naiz.eus/paperezkoa/20070605/22097/es/El/poder/industrias/automovilistica/petrolera

(3) Iberdrola ya nos bombardea con sus anuncios en los que combina ambos temas, medio ambiente y renovables, con deporte femenino e igualdad de género: “Son pura energía (mujeres deportistas de competición). Por eso les propusimos un reto: seguid haciendo historia mientras nosotros cuidamos el terreno de juego. Iberdrola: un líder mundial en energía renovable impulsando la igualdad a través del deporte”

(4) Ver "Iberdrola invierte millones en publicidad: FUTBOL" https://ibertrola.blogspot.com/2014/06/iberdrola-invierte-millornes-en.html

(5) Junta de Iberdrola 2016: una crónica verde (visceral) https://ibertrola.blogspot.com/2016/04/junta-de-iberdrola-2016-una-cronica.html

(6) Ascó (Endesa 85 % -Iberdrola 15 %), Vandellós (Endesa 72 % -Iberdrola 28 %), Almaraz (las 3 del oligopolio, Iberdrola, Naturgy, Endesa) y Trillo (igual + EDP). A ellas sumar Confrents propiedad de Iberdrola y la recientemete cerrada de Garoña

(7) “El recibo de la luz medio ha subido 85,7% en los últimos 15 años” ( 18-9-2018 ) www.rtve.es/noticias/20180918/recibo-luz-medio-subido-857-ultimos-15-anos-segun-facua/1801548.shtml

(8) “Hay pobreza enérgetica... porque hay riqueza enérgetica” (23-10-2014) Rebelion.org/noticia.php?id=191155

(9) por no contar tantos otros como el último de pagar al comisario Villarejo

(10) la Endesa española también fue creada como empresa pública

(11) Ahumada, José Miguel. 2010. La inversión española en Chile: auge y caída de Endesa. Revista Pueblos, nº 43. http://omal.info/spip.php?article809

(12) Coordinadas en la Campaña Global para Reclamar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner fin a la Impunidad ( www.stopcorporateimpunity.org ). El resultado final de dicha sesión se puede consultar aquí: declaración final de la Campaña Global para Reclamar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner fin a la Impunidad en relación a la V sesión del OEIGWG

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Manifestante durante las protestas de Hong Kong EFE

En los seis meses que llevan las protestas, la policía ha arrojado grandes cantidades de gas lacrimógeno, compradas a China, sin aclarar cuál es su composición

El Gobierno dice que los gases hacen menos daño que el humo de una barbacoa. La OMS alerta de que las dioxinas como un compuesto altamente tóxico.

"Se han hecho esfuerzos mínimos para proporcionar pautas de descontaminación y protección de la salud", denuncia el artículo de la revista médica The Lancet


En estos días, Angel Chan tiene más cuidado a la hora de elegir los lugares de juego de sus dos hijos, de tres y cinco años. "La policía ha arrojado gases lacrimógenos por toda la ciudad y algunas de las personas con las que tengo amistad dicen que a sus hijos les han salido ronchas", afirma. "Sencillamente ya no sé dónde encontrar un lugar seguro".

Su preocupación es algo común entre las madres y padres de Hong Kong que temen el efecto nocivo del gas lacrimógeno sobre la salud de sus hijos. La semana pasada, el grupo Madres de Hong Kong afirmó haber registrado 1.188 afecciones, entre las que había tos, alergias cutáneas y pacientes tan jóvenes como un bebé de dos meses. El grupo ha pedido al Gobierno que haga pública la lista de químicos que componen el gas lacrimógeno usado por la policía.

En los seis meses que lleva la crisis política y los violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, la policía ha arrojado unos 10.000 botes de gas lacrimógeno en casi todos los barrios de esta ciudad superpoblada.

El miedo por el efecto nocivo que los gases pueden tener sobre la salud de los residentes se ha disparado tras el hallazgo de pájaros muertos en varios de los barrios donde la policía los arrojó. También, por una enfermedad cutánea por exposición a dioxinas (cloracné) contraída por un periodista en la primera línea de los enfrentamientos.

Hasta ahora, el Gobierno ha dicho que no hay ningún indicio de riesgos para la salud pública o el medio ambiente debido a los gases lacrimógenos, pero se niega a publicar el detalle de su composición química alegando que se comprometería la "capacidad operativa" de la policía.

El secretario de Bienestar Social y Trabajo, Law Chi-kwong, insistió este miércoles en la legislatura de Hong Kong en que el gas lacrimógeno hace menos daño que encender una barbacoa. Según dijo, sólo causa una leve irritación en la piel y vías respiratorias.

"En cuanto a las dioxinas resultantes de los gases lacrimógenos, creo que la literatura demuestra que son mínimas o incluso inexistentes", respondió a los legisladores que preguntaron sobre los posibles efectos en la salud, de acuerdo con un informe de la cadena pública de televisión RTHK. Repitiendo lo que otras autoridades habían dicho antes, Chi-kwong responsabilizó de las dioxinas tóxicas a las vallas de plástico quemadas en las carreteras por los manifestantes.

La secretaria de Alimentación y Salud, Sophia Chan, también dijo en el Parlamento que las estaciones de monitoreo del Departamento de Protección Medioambiental en las zonas donde se habían lanzado gases no estaban detectando anomalías en los niveles de partículas en suspensión. "Esto demuestra que los gases lacrimógenos no causan ningún aumento significativo en la concentración de partículas en suspensión", dijo.

La Organización Mundial de la Salud cataloga las dioxinas como un compuesto altamente tóxico que puede causar problemas reproductivos y de desarrollo, dañar el sistema inmunológico, alterar las hormonas y provocar cáncer.

Después de que varios países occidentales como el Reino Unido dejaran de exportar gas lacrimógeno a Hong Kong, la policía informó en octubre que lo estaba adquiriendo en China. Kenneth Kwong, exprofesor de química de la Universidad China de Hong Kong, afirma estar particularmente preocupado por el uso de gases fabricados en China, donde se queman a una temperatura superior que en Occidente por lo que sus componentes (entre los que hay cloro, materia orgánica y metales) pueden transformarse en dioxinas altamente tóxicas.

Según Kwong, las dioxinas se acumulan en el cuerpo humano y no pueden eliminarse. "El Gobierno debería enseñar las pruebas en lugar de hacernos adivinar", dice. Los residentes de Hong Kong y miembros de la legislatura no entienden el motivo de la opacidad y exigen que el Gobierno hable claro para recuperar la confianza. "No nos dicen cuál es la composición del gas y esperan que pensemos que está todo bien, ¿creen que somos estúpidos?", sostiene Angel Chan.

En opinión del legislador Kenneth Leung, el Gobierno está disparando piedras contra su propio tejado y los temores por la salud podrían desencadenar otra crisis política: "Un problema de salud pública se está convirtiendo en un problema político, se está profundizando la desconfianza de la gente en el Gobierno y aumentando su descontento".

En un artículo publicado en octubre por la revista médica The Lancet, la profesora de Medicina de la Universidad China de Hong Kong Emily Chan sostiene que el lacrimógeno arrojado en estaciones de metro, cercanías de centros comerciales y zonas de alta densidad residencial podría haber dejado a la población expuesta a altas concentraciones del gas durante períodos prolongados. "Se han hecho esfuerzos mínimos para proporcionar pautas de descontaminación y protección de la salud", denuncia el artículo.

Un grupo formado por miembros actuales y anteriores del consejo asesor medioambiental publicó una carta abierta pidiendo a la líder de la ciudad, Carrie Lam, una evaluación de las posibles consecuencias para la salud pública del uso extensivo de gases antidisturbios y la implementación de medidas que reduzcan la crisis y el uso de estas sustancias.

Por Verna Yu - Hong Kong

08/12/2019 - 21:02h

Traducido por Francisco de Zárate

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Vista parcial de la mina El Cerrejón, Guajira-Colombia

Las minas de carbón están cerradas por orden Europea desde el 31 de diciembre de 2018, pero algunas centrales siguen operativas e importan el carbón para funcionar

El carbón que se consume en España, que produce aún un 14,1% de la electricidad, viene principalmente de Colombia, Rusia, Indonesia y Sudáfrica

Greenpeace denuncia que el carbón se extrae en estos países con un coste inasumible: para la salud de las comunidades locales, medioambiental, en derechos humanos y con amenazas y violencia contra la población

España viven una situación paradójica con el carbón. La UE ordenó que para el 31 de diciembre de 2018 las minas nacionales estuvieran cerradas. Y se cumplió. Pero las centrales siguen operativas –aunque está ya previsto el cierre de la inmensa mayoría de las centrales que quedan en España–, y por supuesto necesitan carbón para operar. De algún sitio tiene que salir.

En el caso de España, esos sitios son Colombia, Rusia, Indonesia y Sudáfrica, principalmente. Y, según Greenpeace, el coste que pagan las poblaciones locales por la extracción de cabrón para exportar es alto. "Tiene altos costes para la salud, el medio ambiente y los derechos humanos de sus habitantes. La represión, la persecución, las amenazas y la violencia a las comunidades acompañan la extracción de carbón", asegura la ONG en su informe Heridas del Carbón, que ha hecho público este lunes.

En España, el 14,1% de la producción eléctrica procede de centrales térmicas, según Greenpeace. Para ello se importaron 16.435.474,33 toneladas de carbón en 2018. Esta actividad generó casi 40 millones de toneladas de CO2 el pasado año. 

El principal proveedor español en 2018 fue Indonesia, de donde importamos más de un cuarto del carbón que utilizamos (un 27,34%). Le siguieron Rusia (22,48%) y Colombia (21,17%). En los últimos años, a estos actores se sumaban Sudáfrica, Alemania, Países Bajos y Francia, que a su vez lo importaban de los mismos países que España.

Pagar un precio muy alto

Pero la extracción afecta gravemente a ciudadanos de estos países. "En lugares remotos de Indonesia, Rusia, Colombia y Sudáfrica hay personas que pagan un precio muy alto por la energía contaminante que se genera en centrales térmicas de carbón de España y Europa", asegura Greenpeace.

El problema añadido, continúa la organización, es que todo esto ocurre "con el apoyo de las autoridades, que se amparan en el mantra del desarrollo económico del país", pese a que el desarrollo "no se produce en las comunidades donde se instalan; allí las promesas de las mineras se convierten en problemas".

La vida de Yana Tannagasheva ejemplifica el problema en Rusia. Esta indígena, del pueblo shor, en la región de Kemerovo (Siberia), uno de los grupos étnicos minoritarios del país, con una vida muy pegada y dependiente de la tierra, ha visto cómo "con la llegada de las primeras compañías del carbón, el pescado comenzó a desaparecer. El agua se volvió inadecuada para beber, las minas devastaron los terrenos de caza", relata.

La situación se agrava por otras circunstancias, explica Greenpeace: por ejemplo, que las compañías extractoras explotan el carbón lo más cerca que pueden de los pueblos porque es más barato. "En muchos casos, la mina ha llegado hasta las localidades, obligando a la gente a ser reubicada o a quedarse escuchando las explosiones a lo largo del día", según explican activistas locales.

En la otra punta del planeta, en Colombia, la situación es muy parecida. "En general, las inversiones de minería se hacen sin el consentimiento de la gente y ese es el punto crítico: cómo se insertan estas actividades sin informar a la gente (...). Bajo el discurso del desarrollo económico del país, la gente local rara vez se beneficia", ilustra Alejandro Parellada, experto en Derechos Territoriales y Gobierno Indígenas Autónomos del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígencas (IWGIA).

El ejemplo más sangrante para Greenpeace está en La Guajira. "Está la mina abierta más grande del mundo. Allí está la comunidad Wuayú, que se está viendo exterminada por la mina de Cerrejón. Es una mina que gasta al día más de 30 millones de litros de agua mientras que la gente se está muriendo de sed", denuncia Diego Alejandro Rojas Fonseca, del colectivo Arbelaez. Expropiaciones de tierra, contaminación del aire o pérdida de suelo agrícola llegaron de la mano de la minería.

Una mina en el paraíso

En Indonesia, los Dayak Basap llevan siete generaciones viviendo en una granja de selva de 300 kilómetros. Hasta hace poco vivían de la caza de ciervos y jabalíes y de cultivar arroz y verduras en un fértil suelo. Todo es más difícil ahora.

En los últimos 15 años, la producción de carbón en el país ha aumentado exponencialmente favorecida por un crecimiento caótico, dice Greenpeace, de la concesión de licencias. Con esta expansión llegó la corrupción, la minería ilegal, la deforestación, reclamaciones por la tierra o la esterilidad del terreno.

"Las comunidades afectadas no sabían nada de la capacidad destructiva de las minas de carbón. Las empresas que se reunieron con las comunidades locales nunca les hablaron de los daños, solo de que les iban a dar trabajo y bienestar", explica Alwiya Shahbanu, un activista del país. Su ONG, Jatam, calcula que el 43% de la superficie de la zona de Kalimantan Oriental ha sido entregada a empresas mineras.

En Sudáfrica la minería no es cosa nueva. En parte es responsable de que sea el país más potente económicamente del continente. Allí las violaciones de derechos humanos se repiten, asegura Greenpeace. "Falta información a las comunidades locales, desplazamientos sin compensación, persecución y daños ambientales con afecciones directas en la salud de los habitantes", denuncia la ONG.

Las propuestas

Pero Greenpeace no solo denuncia y afea. La organización concluye su informe con una serie de recomendaciones dirigidas a todas las partes: desde las empresas y países de origen hasta las compañías y gobiernos de las naciones importadoras.

A los exportadores, la ONG les propone que establezcan un marco normativo "que incluya estándares  obligaciones en temas de transparencia y acceso a la información", uno de los principales escollos que se ha encontrado la organización a la hora de recabar información.

También les pide que protejan y promuevan el goce efectivo de los derechos humanos de las comunidades que sufren los impactos negativos del negocio del carbón y que se establezcan mecanismos efectivos de reparación de los abusos que se puedan cometer. Además, solicitan que se analicen sistemáticamente los niveles de contaminación ambiental y que se aceleren los procesos de rendición de cuentas. Y todo ello sin perder de vista el objetivo final de implementar un modelo energético 100% renovable y democrático.

Al Gobierno español, Greenpeace le pide que fije una fecha vinculante para acabar con la producción de electricidad con carbón, que cierre las centrales térmicas que no se han adaptado a la normativa europea para 2020 y que vigile que las que sigan operando cumplan con los límites de emisiones establecidos.

Para las empresas importadoras de carbón hay cinco peticiones: que asuman públicamente el compromiso de respetar los derechos humanos y el medio ambiente; que implementen procesos de diligencia debida para prevenir y mitigar los efectos adversos provocados por sus actividades; que utilicen su capacidad de influencia para prevenir las consecuencias las consecuencias negativas sobre los derechos humanos y contribuyan a una transición energética y que mejoren la transparencia e identificación de riesgos en la cadena de suministro del carbón.

Por Daniel Sánchez Caballero

09/12/2019 - 09:05h

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La ONU certifica el fracaso del acuerdo del clima de París y reclama recortar las emisiones de CO2 un 8% cada año hasta 2030

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) presenta hoy en Ginebra su Informe de Emisiones de 2019, en el que asegura que incluso aunque todos los compromisos adoptados por los países en el Acuerdo de París sean completamente implementados, el objetivo de limitar el incremento de la temperatura mundial a 1,5 grados estará fuera de alcance antes de 2030.

No han pasado ni cuatro años desde que fuera aprobado y la ONU da por muerto el Acuerdo del Clima de París. Para tratar de limitar el incremento de las temperaturas mundiales a 1,5 grados -lo acordado en la capital francesa por 195 países- será imprescindible tomar medidas mucho más contundentes y de manera inmediata. Entre ellas, recortar las emisiones de CO2 un 7,6% cada año entre 2020 y 2030, la decarbonización del sector de la energía y la construcción y cambios en los estilos de vida.

El Acuerdo de París ya no sirve de nada: el informe asegura que, aunque se implementaran todos los compromisos alcanzados por los países en diciembre de 2015 en la capital francesa, las temperaturas se incrementarían este siglo al menos 3,2 grados, más del doble del objetivo de 1,5 grados fijado por el acuerdo.

Llevar el planeta a ese aumento de las temperaturas causará “impactos climáticos más extensos y destructivos”, asegura el documento, que ha sido elaborado por un panel internacional de científicos climáticos.

Para tratar de que el mundo no se salga de la horma del 1,5 de incremento durante este siglo, el Informe de Emisiones de 2019 del PNUMA estima imprescindible actuar de forma urgente y contundente: recortar las emisiones de CO2 un 7,6% anual entre 2020 y 2030.

El documento critica que las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado esta década un 1,5% cada año. “No haber comenzado a reducir las emisiones en 2010”, lamentan los científicos, “provoca ahora que haya que acometer mayores reducciones anuales de emisiones para poder cumplir los objetivos”.

“Estos datos demuestran que los países no pueden sentarse a esperar para redoblar sus acciones hasta finales de 2020, cuando estaba previsto tomar nuevos compromisos climáticos”, asegura la directora ejecutiva mundial del PNUMA, Inger Andersen.

“Cada país, cada ciudad, cada región, cada negocio, cada individuo tiene que empezar a actuar ya. Tenemos que ponernos al día con los años en los que pospusimos tomar medidas. Si no hacemos esto, antes de 2030 se habrá agotado la posibilidad de lograr el objetivo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 grados este siglo”, recuerda Andersen.

El informe del PNUMA presentado hoy ve necesario realizar transformaciones sociales y económicas de envergadura en la próxima década para compensar la inacción del pasado, incluidos, afirma expresamente, la rápida decarbonización de la energía y de los sectores de la construcción y el transporte, así como cambios en los estilos de vida y en el sector agroalimentario.

Los países del G20, en el punto de mira

El Informe de Emisiones 2019 de Naciones Unidas pone en la mirilla especialmente a las principales economías mundiales, causantes de la gran mayoría de la contaminación mundial.

“Las naciones del G20 colectivamente suman el 78% del total de las emisiones, sin embargo”, critica el documento, “siete de ellas ni siquiera han desarrollado todavía políticas para cumplir a tiempo con los compromisos adoptados en París para 2030”.

Y advierte: “Los países desarrollados no pueden pretender reducir sus emisiones nacionales simplemente exportando su producción de carbón a economías emergentes. La huella ecológica mundial tiene que reducirse”.

Las emisiones per cápita en el mundo siguen estando lideradas por Estados Unidos -20 toneladas por persona-, país al que siguen Rusia, Japón, China y la Unión Europea -con ocho toneladas-.

El documento reclama también compromisos económicos contundentes y da las cifras: la transición hacia una economía y una sociedad decarbonizadas requerirá de inversiones anuales mundiales por valor de entre 1,6 a 3,8 billones de dólares anuales entre 2020 y 2050, en función de cómo de rápido se avance en eficiencia energética.

De manera indirecta, el informe marca una senda clara e inevitable: que los países se comprometan a un plan que los lleve al escenario de cero emisiones. Sobre esto, el documento de UNEP asegura que sólo “cinco miembros del G20 -la UE y cuatro países más- han realizado ese compromiso de cero emisiones a largo plazo [la UE lo ha anunciado para 2050], dos de ellos incluso ya con la legislación al respecto aprobada. Sin embargo”, lamenta, “aún hay 15 miembros que no han realizado ningún compromiso para alcanzar el objetivo de cero emisiones”.

Este informe es la puntilla que le faltaba por recibir al ya muy tocado Acuerdo del Clima de París después de que a primeros de noviembre Estados Unidos notificara oficialmente su salida del acuerdo, que se hará efectiva en noviembre de 2020, justo un mes antes de la Cumbre Mundial del Clima de Glasgow, la cita destinada a cerrar los acuerdos de reducción de emisiones para hasta 2030.

La próxima cumbre mundial del clima, la llamada cumbre Chile-Madrid, se celebrará en la capital española del 2 al 13 de diciembre después de que Chile tuviera que renunciar a acogerla por los disturbios sociales que se llevan produciendo en el país desde hace varias semanas.

En principio, los temas estrella de la cumbre se preveía que fueran los océanos -se quieren introducir de manera legal en los acuerdos climáticos internacionales-y las finanzas -será la primera vez que decenas de ministros de economía acudan a la cita-.

Sin embargo, tras la publicación del Informe de Emisiones 2019 del PNUMA, el inicio de la negociación de medidas concretas, contundentes, efectivas e inmediatas para la reducción de emisiones se antoja como un objetivo ineludible de la cita madrileña.

Para poder implementar los recortes reclamados por el documento de UNEP del 7,6% anuales entre 2020 y 2030, estas medidas de recorte de CO2 deberían cerrarse, como máximo, entre la cumbre Chile-Madrid y la próxima cumbre mundial del clima, que se celebrará en Glasgow (Escocia) en diciembre de 2020. El documento presentado hoy en Ginebra por UNEP es la décima edición de los informes sobre emisiones mundiales que realiza esta agencia de Naciones Unidas.

WASHINGTON

26/11/2019 09:01 Actualizado: 26/11/2019 09:01

MANUEL RUIZ RICO

 @ManuelRuizRico

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Qué supone la salida de EEUU del Acuerdo de París

 El Gobierno de Trump ha comunicado de manera oficial a la ONU que abandona el tratado internacional contra el cambio climático. Su salida puede suponer un aumento de las emisiones y vuelve a activar las alertas por un posible efecto contagio en otros gobiernos negacionistas del planeta.

 

Trump ha dado el paso. Lo que ya anunció hace dos años se hace oficial y Estados Unidos inicia los trámites para abandonar el Acuerdo de París, el acuerdo internacional contra la crisis climática que fue firmado por 195 estados en 2015 en el que se establecía una hoja de ruta para tratar de evitar que la temperatura del planeta aumente más de dos grados a finales del siglo XXI.

"Hoy comenzamos el proceso formal de retirada del Acuerdo de París. Estados Unidos está orgulloso de su tradicional liderazgo mundial en la reducción de todas las emisiones, impulso de la adaptación, crecimiento de nuestra economía y garantía de energía para todos nuestros ciudadanos", anunciaba este lunes Mike Pompeo, secretario de Estado del país norteamericano.

Nada más llegar al poder, el político republicano, en un alarde de sus planteamientos negacionistas, anunció que abandonaría los acuerdos de París de 2017 tan pronto como la legislación se lo permitiera. Y así ha sido, en tanto que este tratado expone que cualquiera de las partes puede retirarse a partir del 4 de noviembre de 2020, siempre y cuando envíe una notificación formal a la ONU un año antes. Trump no ha fallado en los tiempos y ha anunciado a las Naciones Unidas que abandona los compromisos climáticos que se acordaron en 2015 en la capital francesa. Pero, ¿qué supone la salida de EEUU?

Sin frenos a las emisiones

Estados Unidos es, a nivel mundial, el segundo país más contaminante del mundo, sólo por detrás de China. Tanto, que se calcula que el país norteamericano es el responsable de cerca del 15% de las emisiones globales. Ante esto, el Acuerdo de París se presenta como uno de los escasos mecanismos internacionales que establece mecanismos para la reducción de las emisiones. Tanto, que Obama –el presidente que firmó el tratado– fijó compromisos para una reducción de las emisiones de CO2 de algo más del 25% para 2030. Sin embargo, la retirada de EEUU hace que ese escenario se vuelva aún más lejano.

“En parte el negacionismo de Trump tiene que ver con los vínculos de su administración con la industria de los combustibles fósiles”, opina Héctor de Prado, responsable de Justicia Climática de la organización Amigos de la Tierra, que señala a las repercusiones que puede tener su salida en cuanto a los compromisos financieros del tratado parisino que establecía, a grandes rasgos, que los países más contaminantes deberían destinar un porcentaje de sus fondos a financiar la adaptación y la resiliencia al cambio climático de los estados del cono sur.

“Es importante porque Estados Unidos aporta cerca del 21% del replenishment de los fondos del Global Environment Facility (Fondo para el Medio Ambiente Mundial) que empezó en París. Su retirada puede tener consecuencias nefastas para muchos países”, expone el ecologista. "La moraleja aquí es que uno de los mayores 'donantes' se retira, y lo que es peor, antes de haber completado íntegramente su promesa, con las evidentes implicaciones que eso conlleva tanto a países como a inversores", añade.

"Trump tiene vocación de genocida y usa la salida del Acuerdo de París para desviar de los problemas político que enfrenta con el impeachment.  Su decisión va a afectar a la vida de millones de personas en todo el mundo, perjudicando gravemente los derechos humanos, como el derecho al agua, a la alimentación, a la salud, entre otros", valora Tom Kucharz, miembro de Ecologistas en Acción.

La salida no es irrevocable

No todo es negro. En esta noticia que reafirma la línea discursiva de Trump en materia climática hay algunas aristas a las que la sociedad norteamericana –y el resto del mundo– puede agarrarse. Tanto es así que, el abandono del acuerdo no es irrevocable. Es decir, la llegada de un nuevo presidente a la Casa Blanca, sea de manera anticipada o no, podría suponer que los EEUU volvieran a ratificar los compromisos de París.

En cualquier caso, la decisión de abandonar el multilateralismo medioambiental podría contrarrestarse dentro de los propios poderes estatales de EEUU, ya que los gobiernos de los diferentes estados tienen capacidad de impulsar sus propias medidas anticontaminación, como el reciente caso de la ciudad de Nueva York, que ha prohibido la circulación de coches en una de las avenidas principales de Manhattan. “Vemos que hay estados con políticas ejemplares en cambio climático y otros que son todo lo contrario. Quizá, esa capacidad interna sea más relevante a veces que estar en el acuerdo de París”, opina Javier Andaluz, portavoz de Ecologistas en Acción.

"Hay decisiones del gobierno de Estados Unidos que agravarán igual o mas el calentamiento global que la salida del Acuerdo de París, como por ejemplo la reactivación de proyectos como los oleoductos Keystone XL y Dakota Access Pipeline en tierras sioux o el Plan Energético América Primero, una apuesta decidida por la extracción y el uso sin límites de los combustibles fósiles. La administración Trump ha eliminado o está intentando eliminar restricciones a las tecnologías de perforación del fracking y reduciendo el gasto en las agencias públicas de regulación y control de temas medioambientales", añade Kucharz.

Efecto contagio

La posibilidad de que el discurso de Trump pueda calar en otros gobiernos conservadores como el de Bolsonaro en Brasil vuelve a saltar a la palestra. Pero no solo eso, sino que algunos estados euroescépticos pueden sumarse a la situación de bloqueo. Sobre todo, si se tiene en cuenta que EEUU no saldrá del acuerdo hasta el próximo año, por lo que Trump mantendrá su asiento en la próxima Cumbre del Clima de Madrid (COP 25) desde el que podrá incendiar los debates y frenar la ambición de los acuerdos que se puedan alcanzar. “El hecho de que desde dentro propague la idea de que la lucha contra el cambio climático es una patraña es muy peligroso”, argumenta De Prado.

En cualquier caso la salida de Trump, que hasta ahora era un gran escollo en este tipo de cumbres, puede tener aspectos positivos de cara a las futuras negociaciones. “No es necesariamente una mala noticia para el cambio climática. Él fortalece claramente los intereses negacionistas y, en ese sentido, que se vaya puede suponer que se desatasquen algunas de las negociaciones por el clima”, opina Andaluz, centrándose en cómo podrían transcurrir las futuras cumbres sin la presencia de representantes estadounidenses.

No obstante, el abandono de EEUU y de cualquier otro estado que decida seguir sus pasos debería llevar a la ONU, según los colectivos ecologistas, a activar mecanismos sancionadores para aquellos ejecutivos que no cumplan en materia climática. 

madrid

05/11/2019 17:53 Actualizado: 05/11/2019 18:42

alejandro tena

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EEUU notifica formalmente su salida del Acuerdo de París contra el cambio climático

El Gobierno estadounidense inicia los trámites legales para abandonar el esfuerzo internacional para frenar el calentamiento global

El presidente norteamericano Donald Trump renegó del acuerdo durante su candidatura, anunció que sacaría al país en 2017 y ha aprovechado la primera oportunidad legal

eldiario.es

04/11/2019 - 21:57h

EEUU ha formalizado este lunes su salida del Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático, según informan medios estadounidenses. El Gobierno norteamericano ha hecho oficial el anuncio que realizó hace algo más de una semana: comienza la desconexión legal del país del acuerdo alcanzado en la capital francesa en 2015. Un largo deseo del presidente Donald Trump.

Trump ha aprovechado la primera ventana legal para iniciar los trámites. El propio texto internacional marcaba que las partes que lo hubieran ratificado solo podrían salirse pasados cinco años. En 2020 se cumple el primer lustro de vigencia y EEUU ha comunicado oficialmente que se marcha. 

El Donald Trump candidato llamo "cuento chino" al cambio climático. Luego, una vez tomó posesión, ha admitido que hay algún problema con el clima, pero en junio de 2017 realizó una proclamación solemne sobre su intención de abandonar el Acuerdo de París para salvaguardar la economía de su país. 

Mientras ha llegado esta puerta legal de salida, las delegaciones estadounidenses han acudido a las diferentes cumbres climáticas de la ONU y ha intentado introducir el nuevo discurso de su administración sobre los combustibles fósiles. La COP25 del próximo diciembre en Madrid puede ser la última a la que asistan.

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