Fuentes: PxP [Foto: Instalaciones de fracking en Vaca Muerta, Argentina. Crédito: Eduardo Carrera para PxP.]

El fracking (o fractura hidráulica) avanza en América latina. O, al menos, eso es a lo que aspiran algunos de sus gobiernos. No obstante, pese al impulso que intentan darle y a los millonarios subsidios estatales que se han otorgado a la actividad en los últimos años, esta no ha tenido hasta ahora la misma fuerza en la región que en los Estados Unidos.

Esta técnica, resistida por sus efectos negativos sobre la salud tanto de las personas como del ambiente, permite extraer gas y petróleo no convencionales. Para ello, perfora el subsuelo a miles de metros e inyecta grandes cantidades de agua, arena y químicos a gran presión para extraer los minerales de la roca madre.

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Argentina y México son los países que más han apelado a ella. Se les suma Chile, que cuenta con una pequeña explotación en el sur. Pero no son los únicos que sueñan con esta tecnología sospechada hasta de provocar sismos: en Colombia y Uruguay, rigen dos moratorias, mientras que los petroleros bolivianos añoran tener su propia Vaca Muerta a pesar de la resistencia de comunidades indígenas y campesinas. 

 

Qué no, que sí

 

El 1º de diciembre de 2018, horas después de asumir como presidente, Andrés Manuel López Obrador presentó sus 100 compromisos de gobierno, entre los que se incluye el “no al fracking”. Se diferenció así de su antecesor, Enrique Peña Nieto, que en 2013 había realizado una reforma para estimular la explotación de hidrocarburos no convencionales.

Tras su asunción, en principio sólo continuaron operando los pozos autorizados con anterioridad. Y, según el último reporte oficial, el compromiso del mandatario ha sido cumplido. 

Sin embargo, la Alianza Mexicana contra el Fracking, que integran más de 40 organizaciones, publicó en mayo de 2020 una investigación que detectó que, “a lo largo de 2019, fueron aprobados seis planes de exploración de hidrocarburos en yacimientos no convencionales”. Abarcan una superficie de 800.000 kilómetros cuadrados en los estados de Veracruz y Puebla.

La investigación también encontró que, en sintonía con lo que Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció en su Plan de Negocios 2019-2023, los presupuestos nacionales de 2019 y 2020 asignaron recursos a dos proyectos de la empresa estatal que requieren de fracking.

A la par, según la Alianza, entre septiembre de 2018 y marzo de 2020, se presentaron ocho iniciativas en el Congreso para prohibir la fractura hidráulica en México, lo que podría ser la puerta para que López Obrador selle su compromiso. Hasta ahora, ninguna avanzó. 

 

Explotación frenada

 

Otro presidente que dijo “no” al fracking durante la campaña electoral fue el colombiano Iván Duque. No obstante, desde entonces se ha mostrado ambivalente, mientras el movimiento ambientalista impulsa una ley que ponga definitivo fin a la técnica.

La explotación de yacimientos no convencionales está frenada en el país por una medida cautelar ordenada en noviembre de 2018. Fue a partir de una presentación ante el Consejo de Estado realizada por la Alianza Colombia Libre de Fracking, integrada por más de un centenar de organizaciones —incluidos sindicatos del sector—, que pidió la nulidad de un decreto y una resolución que en 2013 regularon el uso de la fractura hidráulica.

“Argumentamos que infringen normas constitucionales y convenios internacionales, y violan el principio precautorio, que ordena que, en caso de duda científica sobre la posibilidad de que una actividad pueda causar un daño grave e irreversible a la salud humana y al ambiente, el gobierno nacional debe suspender o aplazar esa actividad hasta tanto haya certeza”, precisa una de las abogadas que trabajó en la presentación, Yeny Rodríguez, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). 

 

Caballo de Troya

 

Actualmente, no hay fracking en Colombia. Pero, para ello se necesitó otra resolución judicial. La Alianza detectó que los proyectos que ya estaban utilizando la técnica continuaron operando a pesar de la medida cautelar, por lo que se promovió una nueva demanda ante el Consejo de Estado, que finalmente ordenó su paralización en todo el territorio.

El gobierno no se quedó de brazos cruzados y creó una “comisión de expertos”, que un puñado de meses después aconsejó hacer proyectos piloto en yacimientos no convencionales. “La comisión pagada por el gobierno hizo un estudio en el que no dijo ni ‘sí’ ni ‘no’, pero dio la apertura a una supuesta investigación científica”, dice Andrés Gómez, un ingeniero que trabajó para algunas petroleras y hoy es parte de la ONG CENSAT Agua Viva.

 

Crédito: Pablo Iglesias para PxP.

 

Ese informe fue incorporado al expediente iniciado ante el Consejo de Estado, que, cuando se reunió en pleno para confirmar la medida cautelar que paralizó el fracking, aclaró que esa decisión no frenaba los planes del gobierno. 

En ese marco, en febrero de 2020, el Ministerio de Minas y Energía expidió el Decreto 328, a través del cual abrió el juego a los llamados “Proyectos Piloto de Investigación Integral” sobre yacimientos no convencionales. Hasta ahora se confirmaron dos de esos proyectos, llamados Kalé y Platero, ambos en el municipio de Puerto Wilches, en el departamento de Santander. Fueron adjudicados a Ecopetrol y ExxonMobil, respectivamente. 

Ahora bien, Puerto Wilches tiene una larga tradición ligada al extractivismo.

Nadie puede decir que el fracking va a generar desarrollo en una región que lleva un siglo de explotación de hidrocarburos y tiene los indicadores sociales más bajos del país. Andrés Gómez, CENSAT Agua Viva.

Además de una historia de contaminación, en Puerto Wilches también hay problemas con los derechos humanos. Por la oposición al fracking, ya hubo amenazas y hostigamientos, y dos personas tuvieron que abandonar la zona. Con 64 víctimas fatales, Colombia fue en 2019 el país con más ambientalistas asesinados del mundo, según el último informe de Global Witness.

 

Crédito: Pablo Iglesias para PxP.

 

El objetivo de esos proyectos experimentales es evaluar la viabilidad del fracking y sus efectos, pero el movimiento ambientalista cree que son un Caballo de Troya. “El Gobierno y las petroleras van a ser juez y parte. Dentro de este supuesto análisis, las petroleras harán la ciencia, juzgarán la ciencia e incluso lo que extraigan lo van a poder comercializar”, advierte Gómez.

 

¿La nueva Vaca Muerta?

 

Bolivia está libre de fracking, pero la cuestión está latente. La técnica puso un pie en el país en 2013, luego de que un informe de la Agencia de Información Energética de los Estados Unidos advirtiera el potencial en la materia de las llanuras del Chaco.

Lo que siguió fue una tarea de lobby y algunos esfuerzos concretos de las autoridades para incitar su explotación. Ese año se firmó un acuerdo de cooperación entre la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la argentina YPF para trabajar en el tema, y la empresa Halliburton realizó una “minifractura” en el departamento Chuquisaca, donde descubrieron reservas de tight oil.

A eso se sumó que, entre 2014 y 2017, hubo un proceso de flexibilización legislativa. “Bolivia depende de los hidrocarburos, es un país exportador. Cuando caen los precios del petróleo, se reconfiguró la normativa, se flexibilizaron los estándares ambientales, se modificaron el tiempo y las características de las consultas previas, y se abrió la actividad a las áreas protegidas”, repasa la abogada Claudia Velarde, de AIDA, una de las organizaciones que promovió en 2014 la Alianza Latinoamericana contra el Fracking.

En 2018, se firmó un acuerdo entre YPFB y la canadiense CanCambria Energy —de la que casi no hay referencias— para explorar y explotar el bloque Miraflores, en el Chaco boliviano, ubicado alrededor de un 90% en el municipio Macharetí, departamento de Chuquisaca. La empresa estima que las reservas allí podrían ser mucho mayores a las de Vaca Muerta, aunque no son pocos los que creen que el dato es exagerado. Lo cierto es que informó que iba a perforar 800 pozos, pero no habría avanzado. 

No obstante, el fracking necesitaría de un marco legal. “No existe en Bolivia ningún instrumento jurídico que lo regule. Con CanCambria se pactó que se iba a construir una estructura administrativa, pero hasta ahora las autoridades no han hecho públicos sus planes”, comenta el investigador Oscar Camapnini, del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib).

 

De área protegida a…

 

En Macharetí, conviven una decena de comunidades indígenas guaraníes y campesinos, que no cuentan con agua potable y temen que el fracking afecte, entre otras cosas, sus pozos. Parte del bloque Miraflores está ubicado, a su vez, en la Reserva Municipal Histórica y de Vida Silvestre “Héroes del Chaco”, un área protegida de 269.000 hectáreas de bosque con mucha riqueza de flora y fauna, que actúa como regulador de clima local y que además tiene un valor histórico por haber sido escenario de la Guerra del Chaco.

El área fue declarada como reserva por la alcaldía de Macharetí, que ahora tiene la llave para cerrarle el candado al fracking en la zona, pues el municipio inició un proceso autonómico y se encamina a incluir en su estatuto la prohibición de la fractura hidráulica.

No obstante, CanCambria ya ha manifestado su intención de explotar también otros dos proyectos dentro del Chaco boliviano y hay miradas atentas a la Amazonía, donde algunas exploraciones hallaron un gran potencial para hidrocarburos no convencionales. 

Al igual que en otros países, el principal argumento de los promotores del fracking en esas zonas es el supuesto desarrollo económico. “Si los bolivianos decidimos no hacerlo, seguiremos en la pobreza en la que vivimos, que tampoco es amigable con el medioambiente”, alardeó el expresidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBHE), Carlos Delius, en un artículo sobre el tema publicado en Mongabay y Página Siete.

 

Más y más dicen “no”

 

Prohibiciones como la que impulsan a nivel nacional los movimientos ambientalistas en México y Colombia ya rigen en varios lugares del mundo. Francia y Bulgaria picaron en punta al vetar la técnica en 2011 y 2012, respectivamente. Le siguieron Luxemburgo, los estados de Vermont y Nueva York, en los Estados Unidos, además de tres condados de California.

Algunos países también ordenaron las primeras moratorias, como Escocia, Gales y los Países Bajos. Lo mismo ocurrió en Alemania, que sólo autoriza las perforaciones con fines de investigación, como ocurre, de hecho, en Colombia. Con el tiempo se sumaron prohibiciones a nivel regional en distintos países, como en la provincia argentina de Entre Ríos o el estado de Paraná, en Brasil, donde desde 2013 la Agencia Nacional de Petróleo ha estado subastando bloques para exploración. 

Una situación análoga ocurre en Uruguay, donde rige una prohibición temporal. Se estableció por cuatro años a través de una ley que se logró tras una serie de proyectos fallidos sobre hidrocarburos no convencionales y que entró en vigencia el 28 de diciembre de 2017. El plazo vence a fin de año.

 

Paredes rajadas

 

“Hasta los 35 años, nunca había sentido un temblor en la ciudad”, dice Antonio Hernández, un biólogo de Monterrey, capital del estado mexicano de Nuevo León. En la zona se han explotado hidrocarburos convencionales en las últimas seis décadas. Por eso, cuando Pemex instaló las primeras torres de fracking, en 2013, a nadie le llamó la atención. “Lo que detonó el ojo crítico fue la sismicidad”, recuerda el biólogo.

Por esas perforaciones de Pemex se presentó una petición internacional ante la Comisión para la Cooperación Ambiental, que vela por el cumplimiento de las leyes ambientales en los países que firmaron el T-MEC, el tratado de libre comercio entre México, Canadá y los Estados Unidos. “La empresa se retiró y con eso nos dejaron los sismos, pero la vida ya no volvió a ser la misma”, indica el escrito de representantes de la localidad de Hacienda El Carrizo.

Paredes rajadas, producto de los sismos que genera el fracking. Crédito: Eduardo Carrera para PxP.

 

La denuncia, presentada en 2018, menciona que sus pozos de agua se secaron y que tuvieron que hacer nuevas excavaciones, pero que el agua sale contaminada. No se lo atribuyen al fracking, por falta de pruebas, pero sugieren que podría haber sido la causa. También aseguran que ya no pueden sembrar maíz y frijoles, y que se secaron sus nogales y naranjos. “Algo pasa con el agua que no les sirve a las plantas”, describe.

La petición fue ampliada el 21 de febrero de 2019, cuando se presentó un escrito que alegó que Pemex nunca presentó una manifestación de impacto ambiental. Y así, finalmente, el Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental recomendó que se inicie una investigación. Será una instancia internacional la que revise el caso. 

 

Más de 130 en un año

 

A 7780 kilómetros de Hacienda El Carrizo está el pueblo de Sauzal Bonito, sobre el yacimiento Vaca Muerta, en la Argentina. Tras el aumento del uso del fracking en la zona, sus vecinos no tardaron en percibir que los sismos eran frecuentes y que las paredes de sus casas se agrietaban. Fueron más de 130 movimientos telúricos sólo en 2019.

En febrero de 2020, técnicos del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) publicaron un artículo en su sitio Shale en Argentina en el que se preguntaron si la estimulación hidráulica podría activar fallas geológicas y generar terremotos de magnitud. La respuesta fue que esa posibilidad es “nula o extremadamente poco probable”.

Sin embargo, varias investigaciones rebaten esa idea y algunos países, como los Estados Unidos, el Reino Unido y China, tomaron medidas al respecto. En la Argentina, un estudio divulgado recientemente detectó que en una zona de Vaca Muerta, entre 2016 y 2020, hubo 62 movimientos telúricos de más de 3º en la escala de Richter, a raíz de uno por mes. “Es muy difícil que eso haya sucedido en 40 años”, afirmó el investigador Sebastián Correa Otto al divulgar en La Mañana de Neuquén los datos que detectó y que coinciden con otros trabajos hechos en la zona. 

¿Sin vecinos?

Vaca Muerta comenzó a operar en 2010. Una década después se habían perforado más de 2000 pozos. Es la “estrella” del fracking en América latina. Es la segunda reserva más grande del mundo de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional. 

Su explotación le demandó al Estado grandes erogaciones de dinero, debido a que el fracking necesita financiamiento constante, pues los pozos tienen una vida útil de entre tres y cinco años, mucho menos que los convencionales.

Para 2017, los subsidios [a los combustibles fósiles en la Argentina] implicaron un 5,6% del presupuesto nacional. Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Una de las cuestiones que suelen destacar a la hora de buscar inversores es que no hay poblaciones en la zona. Falso: sólo en su área de influencia, hay casi 40.000 habitantes. 

Sobre el potencial impacto negativo del fracking en la salud de esas poblaciones cercanas hay muchos estudios. Por caso, la Universidad de Yale detectó en Pensilvania (Estados Unidos) que la frecuencia de los problemas de salud aumenta a medida que las personas viven más cerca de los pozos. Otros trabajos académicos vinculan a la técnica con la tasa de hospitalizaciones y con un aumento de hasta un 600% en la mortalidad infantil, bajo peso al nacer y defectos congénitos.

Es posible que parte de esos problemas tengan que ver con los compuestos orgánicos volátiles, gases potencialmente cancerígenos que emiten los pozos de fracking, pero que suelen pasar desapercibidos, pues son invisibles, como benceno, metano y propano. 

Mientras el sector petrolero argentino propone una nueva ley de inversiones, en mayo de 2020 el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, afirmó que la situación ambiental en Vaca Muerta es “alarmante”. Lo hizo tras una inspección de su cartera.

Otro informe de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) destacó que “los incidentes ambientales en Vaca Muerta se incrementaron junto a la expansión de la actividad”. En concreto, “se registraron 863 eventos en 2015, 868 en 2016, 703 en 2017 y 934 en 2018”. Uno de los más conocidos fue un derrame petrolero, durante 16 horas, en el área de Loma Campana, que operan YPF y Chevron. También en Alto Valle de Río Negro, en Allen, hubo varias fugas, al menos dos de las cuales alcanzaron cuerpos de agua.

 

Basureros en la mira

 

Hay, a su vez, dos basureros petroleros con denuncias por contaminación en Vaca Muerta. La primera la presentaron en diciembre de 2018 las organizaciones Greenpeace y la Confederación Mapuche de Neuquén, contra la empresa Treater Neuquén SA, que entre sus directivos tuvo a tres dirigentes ligados al expresidente Mauricio Macri. Uno de ellos, Edgardo Cenzón, fue recaudador de su campaña en 2015 y Ministro de Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires.

El basurero es un repositorio de cutting que recibía supuestamente lodos de perforación de las empresas Shell, Total y la estatal YPF. De acuerdo a la denuncia, no está impermeabilizado ni tiene un canal de drenaje adecuado. El fotógrafo alemán Stefan Borghardt denunció formalmente que fue “golpeado, pateado e insultado” por la policía tras ser demorado mientras retrataba la zona. 

Sumado a ello, un informe publicado recientemente reveló la grave historia de contaminación de otro de estos basureros petroleros: Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A. (Comarsa), una de cuyas plantas está ubicada en la ciudad de Neuquén, la más poblada de la Patagonia. A fines del año pasado, una denuncia de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina desnudó el desmadre que es, en realidad, la gestión de los residuos. Lo novedoso es que, por primera vez, la información oficial confirma esta actuación ante la justicia

Crédito: Eduardo Carrera para PxP.

 

Mil ciento ochenta y cuatro páginas de actas de las inspecciones realizadas a Comarsa fueron remitidas por la cartera de Ambiente al diputado del Frente de Izquierda, Andrés Blanco. Estas fueron analizadas por el Observatorio Petrolero Sur, Taller Ecologista y La Izquierda Diario, y son una radiografía de los basureros petroleros en Vaca Muerta. 

Es la revelación oficial de que el 10% de los bolsones de arenas silíceas utilizadas para la fractura hidráulica se rajan o descosen en el proceso de estibaje. No se trata de un dato menor si se considera que cada pozo puede utilizar 13.000 toneladas de este material, que debido al tamaño de sus partículas puede permanecer en suspensión y ser fácilmente transportado por los fuertes vientos de la zona. La exposición al sílice prolongada en el tiempo puede provocar silicosis.

 

La cultura del gas

 

Otro país en el que se utiliza en fracking en América latina, pero a mucho menor escala, es Chile. Detrás de la explotación hay una cuestión cultural. Así lo explica el abogado Maximiliano Proaño, co-coordinador del grupo de trabajo Energía y Equidad: “Chile no es un país productor, sino importador. Las reservas que tiene están en la región de Magallanes, la más austral, donde hay toda una identidad vinculada a los hidrocarburos”.  

Magallanes es la única región del sur donde la calefacción es a gas. En 2010 y 2011, hubo una crisis por el agotamiento de las reservas y dos años después, en 2013, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció el hallazgo de reservas de gas no convencional en el bloque Arenal, que se empezó a explotar en 2014 para abastecer a las 150.000 personas que viven en la zona. 

“Es una producción chica, pero grande para la escala chilena. Se estiman reservas que duplican la producción histórica de ENAP”, aclara el abogado. Eso sí: nada se dijo sobre el método que usaba. Proaño coordinó en esos años la “Mesa Ciudadana de Energía para Magallanes”.

Nos dimos cuenta que se producía mediante fracking, que no está específicamente regulado en Chile y que no se hacían estudios de impacto ambiental, sino meras declaraciones. Maximiliano Proaño, grupo de trabajo Energía y Equidad.

El tema tuvo escaso rebote en la población, en parte porque el bloque Arenal está muy alejado y porque la producción es relativamente chica. Sin embargo, Proaño estima que las reservas permitirían ampliar el servicio a otras regiones, lo que podría tener otro tipo de consecuencias.

Fuente: https://www.periodistasporelplaneta.com/blog/fracking-en-america-latina-entre-las-promesas-de-expansion-y-las-denuncias/

 
Publicado enInternacional
BMW, Volkswagen, Audi y Porsche multados por paralizar una tecnología para reducir emisiones

Bruselas multa con 875 millones de euros a las cuatro empresas. La sanción es la primera en Europa por restringir el uso de tecnología.

Estaban desarrollando la tecnología para reducir las emisiones contaminantes de los motores diesel, llamada AdBlue, pero decidieron coordinarse y pactar para frenar su desarrollo. Esa es la conclusión de la Comisión Europea (CE) que ha acabado con un multa de 875 millones de euros a BMW y Volkswagen, incluidas Porsche y Audi, que pertenecen al grupo de este segundo.

El grupo Volkswagen deberá pagar 502 millones de euros y BMW 370 millones, tras ver reducidas sus multas un 55% y un 10% por admitir su participación en el cartel y aceptar el pago. Otra empresa de coches, Daimler, también participó en el cartel de empresas, pero Bruselas le ha librado del pago por colaborar con la CE en la investigación.

Restringir el uso de tecnología

Esta sanción marca un hito histórico para las normas de competencia europea: es la primera vez que se multa a un cartel por restringir el uso de una tecnología. La responsable de Competencia europea, Margrethe Vestager ha sido clara: “Las compañías deben competir para beneficiar a los consumidores y no hacerlo es ilegal”. Según ha descubierto la investigación, “Volkswagen, Audi, Porsche, Daimler y BMW tenían la tecnología necesaria para reducir las emisiones nocivas más allá de lo exigido legalmente por las normas sobre emisiones de la UE, pero evitaron hacerse competencia al no hacer uso de todo su potencial”, ha declarado Vestager.

El cartel se reunió varias veces entre 2009 y 2014 para pactar cuestiones sobre la tecnología AdBlue y sobre el consumo medio estimado de dicha tecnología. También se les acusa de intercambiar información comercial sensible sobre dicha tecnología.

Publicado enMedio Ambiente
Domingo, 27 Junio 2021 05:42

¡El momento de luchar es ahora!

¡El momento de luchar es ahora!

Filtración del borrador del 6º informe del GIEC

 

"La vida en la Tierra puede recuperarse de un cambio climático importante evolucionando hacia nuevas especies y creando nuevos ecosistemas. La humanidad no”.

Eso es lo que dice el borrador del informe del IPCC (6º informe de evaluación, que normalmente se espera para febrero de 2022).

El texto es inequívoco en cuanto al umbral de peligro que no se debe cruzar: ir más allá de 1,5°C conllevará "consecuencias progresivamente graves, durante siglos, y a veces irreversibles". Entre otros fenómenos, la dislocación de las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida sería irreversible a escala histórica. Sin embargo, la desaparición de los glaciares amenazados en estas regiones (para algunos glaciólogos, el proceso ya ha comenzado y no se detendrá) provocaría un aumento del nivel de los océanos en unos 13 metros en los próximos siglos.

"Lo peor está por llegar"

El acuerdo de París fijó el objetivo de "mantener el calentamiento muy por debajo de los 2 ºC y continuar los esfuerzos para no superar los 1,5 ºC". Los expertos del IPCC no están satisfechos con esta fórmula ambigua. Según el texto, deberíamos quedarnos muy por debajo de 1,5°C; de hecho, "incluso a 1,5°C, las condiciones de vida cambiarán más allá de la capacidad de adaptación de algunos organismos", se lee en el informe. A modo de recordatorio, el aumento medio de la temperatura con respecto a la era preindustrial es ya de 1,1°C y la Organización Meteorológica Mundial advierte que, al ritmo actual de emisiones, existe un riesgo del 40% de que la superación del umbral de 1,5°C en un año se de en 2025.

“Lo peor está por llegar", escribe el IPCC, "con implicaciones para la vida de nuestros hijos y nietos mucho más que para la nuestra". Si no se adoptan medidas antiliberales radicales, en diez años 130 millones de personas más caerán en la pobreza extrema. Con 2°C de calentamiento, el número de personas hambrientas aumentará en 80 millones para 2050, y cientos de millones de personas en las ciudades costeras sufrirán inundaciones más frecuentes, lo que provocará una mayor migración. Incluso con 1,5°C, el número de habitantes urbanos expuestos a la escasez de agua aumentará en 350 millones para 2050.

Hay que repetirlo una y otra vez: los pobres y los países pobres serán los más afectados por la intensificación del desastre. El proyecto de informe señala que "se espera que por encima de los 2°C los costes de adaptación para África aumenten en decenas de miles de millones de dólares al año". ¿Quién pagará? A modo de recordatorio, más de diez años después de la COP de Cancún (2010), los países ricos todavía no han cumplido su promesa de pagar 100.000 millones de dólares anuales al fondo climático destinado a ayudar a los países del Sur global. Este es uno de los puntos conflictivos de las negociaciones de cara a la COP 26, prevista para finales de año en Glasgow. Así, lentamente, con la discreción cuidadosamente mantenida por el personal financiero y político, se está preparando un crimen contra la humanidad sin precedentes. Un crimen contra los pobres, que no tienen casi ninguna responsabilidad en el cambio climático.

¡Es hora de luchar!

El texto filtrado a la prensa no es el borrador del informe propiamente dicho, sino el borrador del Resumen para Responsables Políticos. La práctica habitual del IPCC -un organismo intergubernamental, no lo olvidemos- es que este resumen sea objeto de negociaciones -a menudo feroces- entre los científicos que redactaron el informe completo y los representantes de los Estados. Parece probable que quienes filtraron el documento lo hicieron para que el texto original circule antes de que los representantes de los Estados impongan la suavización o eliminación de las formulaciones más alarmantes. Esta hipótesis es muy probable, porque el lobby capitalista de los combustibles fósiles lleva décadas esforzándose por negar o minimizar el peligro y dispone de poderosos resortes políticos (por ejemplo, China y Arabia Saudí han conseguido que la prensa y las ONG no asistan a los debates preparatorios de la COP 26). La filtración es, por tanto, una doble señal de alarma: por un lado, sobre la extrema gravedad de la situación objetiva; por otro, sobre el peligro de que la versión final oculte en parte esta extrema gravedad a la opinión mundial.

Sea como fuere, no hay que escurrir el bulto: más que nunca, los movimientos sociales deben hacer sonar la alarma con toda su fuerza y movilizarse lo más ampliamente posible para obligar a los Estados a adoptar inmediatamente las medidas radicales indispensables para estabilizar el calentamiento muy por debajo de 1,5°C, basadas en la justicia social y la justicia Norte-Sur (respeto estricto del principio de "responsabilidad común pero diferenciada"). Sin juego de manos, sin rebasamiento temporal, sin recurrir a tecnologías de aprendiz de brujo y desplegando únicamente medidas compatibles con la protección imperativa de la biodiversidad.

"Cero emisiones netas", una política criminal

Pero seamos claros: este no es en absoluto el escenario que traman los gobiernos cuando nos prometen la "neutralidad del carbono" (o "cero emisiones netas")[1] para 2050. En el mejor de los casos, estos gobiernos preparan un escenario de "rebasamiento temporal" de 1,5°C con el incremento de las "tecnologías bajas en carbono" (nombre en clave de la energía nuclear) y el despliegue de las llamadas "tecnologías de emisiones negativas". Aunque la mayoría de estas tecnologías sólo están en fase de prototipo o de prueba, se nos hace creer que enfriarán el planeta eliminando enormes cantidades de CO2 de la atmósfera en la segunda mitad del siglo y almacenándolo bajo tierra. En realidad, estos escenarios de ciencia-ficción sólo pretenden mantener intacta la vaca sagrada del crecimiento capitalista y proteger los beneficios de los principales responsables del desaguisado: las multinacionales del petróleo, del carbón, del gas y de la agroindustria.

El reciente informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) sobre "emisiones netas cero" señala el camino de esta política criminal. De hecho, según la AIE, para esperar alcanzar las "emisiones netas cero" en 2050 sin tocar el crecimiento, necesitaríamos: duplicar el número de centrales nucleares; aceptar que una quinta parte de la energía mundial siga procediendo de la quema de combustibles fósiles, que emiten 7,6Gt de CO2/año; capturar y almacenar esas 7,6Gt de CO2 bajo tierra cada año en depósitos geológicos (cuya estanqueidad no puede garantizarse); dedicar 410 millones de hectáreas al monocultivo de biomasa energética (¡lo que equivale a un tercio de la superficie agrícola en cultivo permanente!); duplicar el número de grandes presas; destruir todo -incluso la Luna- para monopolizar las "tierras raras" indispensables para las "tecnologías verdes", etc.

Con variantes, es esta insana política productivista la que aplican los países y grupos de países que ahora se precipitan hacia el capitalismo verde... Su objetivo no es salvar el planeta, sino ofrecer a los capitalistas la mayor cuota posible de mercado de las nuevas tecnologías, la mayor cuota posible de beneficios... ¿Es necesario señalar que esto implica también, para atraer a los inversores, continuar con las políticas neoliberales de destrucción de los derechos sociales y democráticos?

Ecolo-groen, portadores de agua del capitalismo verde

La voluntad declarada del gobierno belga de salir de la energía nuclear no debe inducir a error: efectivamente, actúa en este marco neoliberal del capitalismo verde. Utilizar las centrales de gas para compensar las centrales nucleares es un crimen contra el clima y un insulto a las decenas de miles de jóvenes que se manifestaron en nuestro país en respuesta al llamamiento de Greta Thunberg. Ofrecer millones de euros a las multinacionales de la energía que construirán estas centrales inútiles y dañinas es un insulto a los cientos de miles de trabajadores sometidos a una asfixiante austeridad salarial. Capturar el CO2 producido por estas centrales y enterrarlo en los acuíferos del Mar del Norte (¿a costa de quién?) es tan irresponsable con las generaciones futuras como enterrar los residuos nucleares en capas geológicas profundas, como en Bure (en Francia) o en otros lugares. Y la compra de derechos de emisión, de la "compensación de carbono en el Sur global es tan colonialista como el saqueo directo de los recursos de estos países en la época de Leopoldo II y sus sucesores.

Lo que necesitamos es otra política. Una política social y ecológica que rompa con este crecimiento capitalista que genera tanta desigualdad y destrucción... que genera y generará aún más desigualdad y destrucción. El productivismo es un callejón sin salida. Ya es hora, para nosotros y sobre todo para nuestros hijos, de derribar los muros que nos impiden inventar otro futuro, uno que valga la pena vivir. La manera de vivir mejor, de vivir bien-Buen vivir, el camino hacia un futuro posible y deseable es producir menos, consumir menos, transportar menos, compartir más y cuidar. Compartir la riqueza, el trabajo necesario, el tiempo y el espacio, a escala planetaria; cuidar a los humanos, a los no humanos y a los ecosistemas, a escala planetaria. O abrimos este camino anticapitalista a través de nuestras luchas, de la articulación de nuestras luchas, o seguiremos hundiéndonos en la oscuridad de una terrible catástrofe.

El 10 de octubre tendrá lugar en Bruselas una gran manifestación por el clima. Reunamos todas las fuerzas, todos los colectivos, todos los individuos -feministas, sindicalistas, antirracistas, ecologistas- que estén dispuestos a dirigirla en esta dirección.

Daniel Tanuro

26 junio 2021

https://www.gaucheanticapitaliste.org/pour-le-climat-pour-la-vie-pour-nous-et-nos-enfants-cest-maintenant-quil-faut-se-battre/

Publicado enMedio Ambiente
«La gran estafa» de las grandes contaminadoras con la neutralidad climática

Un informe revela cómo las promesas de neutralidad climática de las empresas que más contribuyen al calentamiento global no están respaldadas por ninguna sustancia real.

 

El último año ha estado repleto de grandes promesas y supuestos planes encaminados a frenar la crisis climática. Las empresas superemisoras –las que más contribuyen al calentamiento global– han impulsado una agenda cero neto -también denominado neutralidad climática, es decir, compensar lo que se emite- y, a través de acciones poco realistas que miran a muy largo plazo, han colocado esa máxima en el centro de sus estrategias climáticas. Ahora, un informe revela cómo esas promesas ocultan «de manera grotesca» planes climáticos insuficientes que, lejos de suponer una contribución, retrasarán la acción climática.

La Gran Estafa es un estudio publicado este miércoles y elaborado por las organizaciones Corporate Accountability, The Global Forest Coalition y Amigos de la Tierra Internacional. Su principal conclusión es que los grandes contaminadores promueven una agenda cero neto para «retrasar, negar y engañar»Tanto la comunidad científica como la academia y el activismo han mostrado ya sus preocupaciones sobre centrar las políticas climáticas en la neutralidad climática. Consideran que este tipo de planes no van en la línea de conseguir el principal objetivo del Acuerdo de París: limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 1,5 ºC.

De este informe se extrae que los objetivos de las empresas para lograr la neutralidad climática no suelen estar respaldados por ninguna sustancia real. Muchos de ellos son demasiado ambiguos y no implican una reducción de emisiones real o comportan una aritmética imposible en la que no hay suficiente tierra disponible para las compensaciones que se necesitarían para lograr el cero neto.

Promesas vacías para continuar emitiendo

El informe está construido a partir del análisis de los planes de una serie de industrias contaminantes clave, como las de los combustibles fósiles y de energía, la industria de la aviación y tecnológica, la de venta y distribución de bienes de consumo o la financiera y la agroindustria. También hace una revisión de algunas de las estrategias utilizadas por esas industrias para asegurar que su agenda cero neto se convierta en el punto más importante de la respuesta global a la crisis climática. 

Respecto a los planes, la investigación pone el foco en Shell –la primera compañía obligada por la justicia a asumir su responsabilidad en la crisis climática–. Para el 2030, la petrolera planea adquirir compensaciones de emisiones en un volumen mayor a las disponibles en toda la capacidad del mercado mundial de compensaciones voluntarias de carbono en 2019. 

Según el estudio, el plan climático de Walmart también es «completamente negligente con las emisiones de su cadena de valor». Estas representan alrededor de un 95% de la huella de carbono de la corporación. Mientras, el mayor gestor de inversiones en el mundo, BlackRock, se ha comprometido a lograr la neutralidad climática para 2050 a pesar de que en 2020 proyectó la venta de la mayoría de sus acciones de combustibles fósiles “en el futuro cercano”. El banco todavía posee 85 mil millones de dólares en carbón.

Otro de los planes que analiza el estudio es el del gigante de la carne en Brasil JBS. Una compañía implicada en la deforestación de la Amazonía brasileña que ha prometido acabar con esta práctica en su cadena de suministro para 2035. Hasta entonces, durante 14 años, seguirá contribuyendo a la deforestación en lugar de ponerle fin de manera inmediata.

Presiones a instituciones académicas de renombre

La investigación también hace una revisión de algunas de las estrategias utilizadas por esas industrias para asegurar que su agenda de cero neto se convierta en el punto más importante de la respuesta global a la crisis climática. Una de las principales pasa por encargar estudios académicos para influir en las normas relativas a los compromisos de cero neto de manera que se debilite su eficacia general

Así, el informe revela cómo estas compañías vinculadas a los combustibles fósiles y la aviación ejercieron una gran presión para garantizar la aprobación de un crédito fiscal en los Estados Unidos, llamado 45Q, que subsidia la captura y almacenamiento de carbono. «Es probable que esas mismas corporaciones hayan obtenido millones de dicho crédito, a pesar de no contar con los requisitos que se solicitaban para ser beneficiarios», dice el informe.

Además, algunas corporaciones han hecho contribuciones financieras masivas a instituciones académicas de renombre, como el Instituto de Tecnología de Massachusetts, la Universidad de Princeton, la Universidad de Stanford y el Imperial College de Londres para delinear y ejercer determinado tipo de influencia sobre las investigación que se llevan a cabo sobre el cero neto.

El de Exxon Mobil –la petrolera ha sido ampliamente señalada por negar el cambio climático a pesar de que llevaba décadas sabiéndolo– es un ejemplo: se reservó el derecho de revisar formalmente las investigaciones antes de que fueran terminadas y, en algunos casos, lo hizo con el propósito de incluir a su propio personal en el equipo de investigadores del Proyecto Global del Clima y la Energía de la Universidad de Stanford.

 

Por Alba Mareca | 17/06/2021

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Fuentes: La marea climática [Foto: Celia López Cañizares]

Entrevista a Celia López Cañizares, bióloga responsable del área de ciencia ciudadana de la Red Europea de Información sobre Especies Exóticas (EASIN).

Decenas de miles de cotorras argentinas llegaron como mascotas. Hoy compiten con gorriones y palomas por cualquier resto de alimento (y casi siempre ganan). Los huevos de mosquito tigre entraron por un puerto ocultos en un neumático. Hoy, la especie está bien asentada en Italia y el este de España, lo que conlleva un aumento del riesgo de transmisión de enfermedades como el dengue. La avispa asiática o velutina aterrizó en Francia en una partida de cerámica, y en 15 años parecer haber puesto contra las acuerdas a las poblaciones de abejas europeas.

Las especies exóticas invasoras amenazan la biodiversidad, y pueden impactar en la salud y las actividades humanas. Para concienciar sobre este problema en España y Portugal, entre el 29 de mayo y el 6 de junio se ha organizado la primera Semana Ibérica sobre Especies Invasoras, en la que colaboran unas 80 entidades, desde centros de investigación y universidades a ONG e instituciones europeas.

Celia López Cañizares conoce bien la biodiversidad ibérica y los riesgos que suponen las especies invasoras. Esta bióloga es parte del equipo de la Red Europea de Información sobre Especies Exóticas (EASIN), donde trabaja como responsable del área de ciencia ciudadana.

En el buscador de EASIN aparecen cerca de 14.000 especies exóticas. ¿Todas suponen el mismo nivel de riesgo?

No, las 13.918 especies exóticas recogidas en el catálogo de EASIN son especies introducidas, también llamadas exóticas o alóctonas. Entre un 10% y un 15% pueden considerarse invasoras, es decir, pueden tener un impacto relativo en los ecosistemas, las actividades humanas o la salud. Es sobre estas especies que es necesario establecer una serie de estrategias de control.

¿Cómo llegan estas especies exóticas?

Las vías de entrada son muy variopintas. Pueden ocurrir a nivel accidental, como por ejemplo las especies marinas que llegan al Mediterráneo en el agua de lastre de los buques de mercancías de otras zonas del planeta. Otro caso paradigmático es el del mosquito tigre, de origen asiático, que se introdujo en Europa a través del transporte de neumáticos en los que este insecto había depositado sus huevos. Una vez aquí, eclosionaron y se asentaron.

Muchas otras especies se introducen con un propósito, porque tienen un valor ornamental o gastronómico, por ejemplo. Si esas especies encuentran espacio de crecimiento y su comportamiento se vuelve muy diferente al que tienen en su hábitat natural, pueden acabar convirtiéndose en invasoras.

¿Hay alguna que llegue de forma natural, por su propia forma de desplazamiento?

Una cosa son las migraciones naturales. Las especies ocupan diferentes territorios. Los animales se mueven y las plantas dispersan sus semillas de forma natural. Es así que llegan nuevas especies a los ecosistemas, especies que con el tiempo se adaptan y acaban convirtiéndose en nativas. Pero las especies consideradas exóticas siempre llegan a través de actividades humanas.

¿Qué hace que una especie pase a ser considerada como invasora?

Una especie exótica puede llegar a un sitio y no ser capaz de sobrevivir porque las condiciones del hábitat no sean idóneas, o sobrevivir y naturalizarse, formando poblaciones estables. De las especies que se naturalizan, algunas empiezan a provocar impactos negativos sobre la biodiversidad nativa, las funciones del ecosistema, la salud humana o las actividades socioeconómicas. Estas son las que denominamos invasoras.

¿Cómo se decide a cuál prestar atención?

Se hace un estudio de análisis de riesgo, un balance de todos los factores negativos. Este estudio lo lleva a cabo un comité de expertos sobre las especies invasoras y las potencialmente invasoras. En función de estos estudios se crea un listado de priorización, que marca qué acciones son más urgentes y sobre qué especies.

Estas listas pueden hacerse a varios niveles. Volviendo sobre el caso del mosquito, este puede formar parte de una lista de priorización en España o en las regiones del Mediterráneo, pero estar fuera de esta lista en Polonia, por ejemplo.

¿Qué especies son más preocupantes ahora mismo a nivel europeo?

La Unión Europea, través del Reglamento 1143 de 2014, ha establecido una especie de lista negra de especies invasoras detectadas en Europa. En esta lista hay 66 especies de animales y plantas. [El mapache, la rana toro, varias especies de cangrejo, o la avispa asiática o velutina forman parte de dicha lista].

Hay varias especies que coinciden en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras y en esta lista de la Unión Europea. Por ejemplo, el camalote o jacinto de agua, muy presente en el río Guadiana y que acaba de ser detectado en el Guadalquivir. Es una especie de planta acuática originaria de Sudamérica. Se ha expandido de tal manera que ocasiona problemas ecológicos y está afectando a las actividades socioeconómicas que se desarrollan en el río.

¿Qué estrategias hay para frenar la expansión de estas especies?

La acción más importante es siempre la prevención. Es la más viable, la más barata y la más eficiente. Bajo el paraguas de la prevención englobamos acciones como la regulación del comercio de animales y plantas, el control de las fronteras y la firma de acuerdos internacionales. Cuando a pesar de estas medidas llegan especies exóticas que se convierten en invasoras, hay que recurrir a otras medidas.

Si los impactos no han sido evaluados, lo primero es monitorizar, hacer un seguimiento de las nuevas especies. Si se estima necesario, se puede apostar por la erradicación (hacerlo en su totalidad es prácticamente imposible) y el control, sobre todo, en las zonas más sensibles, como los parques naturales.

Monitorizar puede ser muy complicado con algunas especies. ¿Qué dificultades presenta el rastreo?

La monitorización es esencial para estudiar la dinámica de la especie en el tiempo y en el espacio, y por eso requiere de protocolos científicos muy exhaustivos. En ellos colaboran autoridades, investigadores y empresas especializadas. En muchos casos la colaboración ciudadana es fundamental.

En el caso del mosquito, por ejemplo, existen aplicaciones de móvil para que cualquier persona pueda informar sobre el avistamiento de cualquier mosquito. EASIN también tiene su propia app (AndroidiOS) para reportar la presencia de las especies invasoras de la lista negra europea.

Cuando la erradicación es imposible, ¿cómo se trabaja para mejorar la convivencia con la nueva especie?

La mejor estrategia sería mantener el control sobre la expansión de la especie. Además, toda acción encaminada a eliminar la especie en determinadas zonas debe ir siempre asociada a acciones de restauración del hábitat nativo. Es decir, si retiramos, por ejemplo, caña, una especie muy invasora en los ríos del Mediterráneo, debemos restaurar el bosque de rivera natural. La vegetación nativa hará que el ecosistema sea más resistente y frene la expansión de la caña. Si no se rellena el espacio que se deja con la eliminación, la especie invasora volverá a ocuparlo.

¿Cómo se afronta la restauración de un ecosistema?

Lo más importante es conocer el comportamiento de la especie invasora, su etiología. No es solo arrancarla y listo. Volviendo sobre el ejemplo de la caña, lo que se hace es eliminarla y en los huecos que deja se plantan directamente especies nativas del bosque de río mediterráneo, sobre todo, especies que hagan sombra, porque sabemos que la ausencia de luz limita mucho el crecimiento de la caña.

Las actuaciones se hacen siempre en base a estudios previos y a metodologías probadas. Cualquiera podría ponerse a arrancar caña, pero probablemente no tendría mucho éxito en controlar la expansión de la especie.

Antes hablabas de las diferentes rutas de entrada de especies exóticas. ¿Cuáles son las más habituales?

Lo más habitual es que entren a través del comercio de animales exóticos como mascotas. El caso típico es el de las tortugas de Florida de orejas rojas. Se pusieron de moda hace bastantes años, pero luego la gente se cansó de ellas y empezó a abandonarlas. Otro ejemplo muy conocido es el de la cotorra argentina, que ha invadido los parques de casi toda España. En el caso de las plantas, sucede algo similar con especies adquiridas para usos ornamentales, como el plumero o hierba de la Pampa, totalmente extendido en el norte de España.

Digamos que el uso que hacemos a nivel individual de las especies animales y vegetales es la vía de entrada más importante. Hablando más en general, cualquier actividad ligada a la globalización, como el comercio, los viajes o el transporte, es una puerta abierta a la entrada de especies exóticas. Hay muchas especies invasoras que forman ya parte de la memoria colectiva de la gente. Llevan tanto tiempo entre nosotros que cuesta que la población las perciba como exóticas.

¿Qué otros factores intensifican la presencia de especies invasoras?

El cambio climático y todos los fenómenos globales que están cambiando las dinámicas de los ecosistemas están influyendo en la presencia de especies exóticas. Primero, porque influye en las especies nativas, que se mueven en busca de climas más adecuados para su supervivencia y dejan espacio ecológico para las especies invasoras. Cuando restauramos un ecosistema, tenemos muy en cuenta las condiciones que el hábitat va a tener dentro de 20 o 30 años.

A medida que cambien las condiciones climáticas, veremos la entrada de nuevas especies. Lo estamos viendo. El año pasado se publicó un estudio que analizaba, por ejemplo, las 10 especies exóticas que tenían más probabilidades de asentarse en la Antártida durante la próxima década. En el Ártico está pasando lo mismo, intensificado, además, porque el deshielo está abriendo nuevas rutas de transporte y nuevas vías de entrada para especies exóticas.

Por Juan F. Samaniego | 03/06/2021

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Lunes, 31 Mayo 2021 06:02

Shell

El director de Milieudefensie, Donald Pols, visiblemente feliz con el veredicto.

La sentencia de la corte de distrito de La Haya del pasado 26 de mayo ordena a la compañía anglo-holandesa de energía Shell que actúe para reducir, en el periodo hasta 2030, sus emisiones netas de carbono en 45 por ciento con respecto a los registros de 2019. "El grupo Shell", dijo la jueza responsable, "debe poner de su parte para contener la amenaza del cambio climático".

La demanda fue interpuesta por la organización Milieudefensie, la versión holandesa de Amigos de la Tierra. El argumento de base en este caso fue que los productos de Shell provocan cada año emisiones del orden de mil 600 millones de toneladas de dióxido de carbono, asociado con el llamado "efecto invernadero", equivalentes a 3 por ciento de las emisiones en el mundo y nueve veces más que toda Holanda.

El asunto ya había sido planteado por la propia Shell, que preveía disminuir las emisiones generadas por sus productos en 6 por ciento para 2023, 20 por ciento para 2030, 45 para 2035 y por completo en 2050 (con base en los niveles registrados en 2016).

La sentencia establece un precedente relevante para el control del calentamiento del planeta, cuya referencia política es actualmente el Acuerdo de París firmado en diciembre de 2015 en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Shell argumentó que el problema en cuestión no debe tratarse en los tribunales pues, siendo una cuestión global, requiere de un amplio esquema de inversiones, la transformación tecnológica en la industria energética, la adecuación de toda una enorme serie de productos y servicios relacionados, así como la modificación de los patrones de consumo de la población.

Antes ya, una corte holandesa ordenó al gobierno de ese país acelerar las rebajas en las emisiones de carbono para 2020 hasta 25 por ciento respecto al nivel de 1990; la primera decisión de ese tipo en Europa. Es interesante apreciar el entorno de las iniciativas y las inevitables resistencias políticas y económicas con respecto al tema general del medio ambiente y en especial al impacto sobre el clima.

En esa sentencia se hacía explícito que las causas y consecuencias del cambio climático no pueden limitarse a un solo país, pero que: "el Estado no debe esconderse detrás del argumento de que la solución a este problema global no depende sólo de los esfuerzos holandeses". Al respecto, hay otros argumentos que se exponen en diversos países que eluden las exigencias y disposiciones en el campo energético para contrarrestar el calentamiento global.

En estos asuntos quienes participan en el debate sobre el clima son los gobiernos, los organismos internacionales, las grandes empresas del sector de la energía y organizaciones relacionadas con el activismo por el medio ambiente. No son claras aún las formas en que las sociedades, con toda su diversidad y estructuras desiguales participarán de modo amplio en esta cuestión y los mecanismos que tendrán disponibles para contar con la información adecuada y expresarse al respecto.

Las grandes empresas que explotan el carbón, el petróleo y el gas operan con criterios de distinta índole, pero claramente la rentabilidad es uno de crucial importancia. En el caso de las empresas que son públicas, es decir, que cotizan en los mercados de valores, podría ser que la postura de segmentos de los accionistas presionase para que haya un vuelco en las estrategias medioambientales. No necesariamente ocurre lo mismo con las empresas estatales en la que esas decisiones, con significativos efectos económicos, ocurren con base en criterios políticos, en un sector por naturaleza claramente politizado alrededor del mundo.

Esto representa un conjunto de fricciones en cuanto a la consecución de los objetivos de afectar de modo positivo al cambio climático. Las decisiones son de largo plazo pues el viraje productivo que esto representa es complejo y abarca un amplio conjunto de actividades, mercados e intereses.

Se trata efectivamente de una cuestión global, pero el alineamiento de los intereses privados y estatales es conflictivo. Piénsese en la producción de energías bajas en carbono: electricidad –incluyendo la recarga de vehículos eléctricos–, el uso de hidrógeno, las energías renovables o los biocombustibles. Los patrones de ajuste de una mayor demanda con una mayor producción es el quid de la cuestión. Las medidas para conseguirlo abarcan una gran variedad de acciones del orden privado y público. La energía es un bien de consumo masivo.

Lo que se consigna es una tendencia hacia la mayor presión de los inversionistas para un ajuste ecológico de las empresas del sector de la energía, una creciente acción regulatoria de los gobiernos, el incremento de la conciencia social sobre las emisiones de gases y el efecto invernadero. Los intereses en disputa son muy grandes. Habrá que ver cómo se irá forjando la dinámica en el mercado, en las políticas gubernamentales y entre los movimientos ciudadanos. El objetivo que se ha fijado ahora es contener el promedio de la temperatura en la Tierra por debajo de 2 por ciento.

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Protesta contra la emisión de gases de Shell en un gasolinera de La Haya. — EFE

 

Un tribunal exige a la petrolera que reduzca sus emisiones un 45% para 2030.

 

La Justicia de Países Bajos he sentenciado este miércoles que la petrolera Shell es responsable directa de la crisis climática. Un tribunal del distrito de La Haya exige a la compañía una reducción neta de sus emisiones del 45% para 2030 ya que considera que "puede" y "debe" adherirse al Acuerdo Climático de París.

La sentencia supone un respaldo sin precedentes a la denuncia de la ONG Amigos de la Tierra (Milieudefensie, en neerlandés) y puede sentar las bases para futuras demandas contra otras empresas. El tribunal establece que Royal Dutch Shell tiene una responsabilidad directa en la lucha contra la crisis climática, incluido a través de sus políticas empresariales, lo que la obliga también a buscar relaciones con los consumidores que reduzcan las emisiones de CO2.

Shell debe cumplir con el límite establecido por el Panel Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, que recomienda reducir las emisiones para mantener el objetivo del Acuerdo de París de no superar un aumento de la temperatura del planeta de 1,5 grados a final de siglo.

Esto da la razón a Milieudefensie, que solicitó en diciembre a la Justicia neerlandesa que exija a la petrolera reducir sus emisiones de CO2 en un 45% para 2030 en comparación con 2019, porque "emite sustancialmente más que todas las empresas y ciudadanos neerlandeses juntos", lo que la compañía consideró un tema para los gobiernos y no los tribunales. "Esto se aplica a todo el mundo, incluido a Shell", consideró la jueza, en referencia al porcentaje de reducción de emisiones, un objetivo para el que la empresa dispone de medios y conocimientos, según la Justicia.

Esta sentencia puede tener consecuencias directas en otras compañías porque sirve de precedente judicial para futuras denuncias de ONG

La Corte recordó el impacto que tiene Shell en la crisis climática por su nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que va contra la responsabilidad indirecta de la compañía al respeto de los derechos humanos, independientemente de las acciones del Estado, según las directrices de la OCDE y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNGPs), señaló el tribunal.

Esta sentencia puede tener consecuencias directas en otras compañías porque sirve de precedente judicial para futuras denuncias de ONG que decidan llevar a los tribunales a empresas con altas emisiones de CO2, tanto en Países Bajos como en el extranjero.

Seis organizaciones, entre ellas Greenpeace, además de más de 17.000 ciudadanos se habían sumado a la denuncia. Consideran este caso como "único" porque es el "primer juicio legal que ordena a una corporación transnacional contaminante reducir sus emisiones de acuerdo con los objetivos climáticos globales".

La petrolera, que admite los peligros de la crisis climática, ha defendido que está ya invirtiendo en proyectos verdes y que ha formulado objetivos para reducir emisiones de CO2 causadas por sus actividades, pero considera que no son los tribunales, sino los gobiernos, a través de acuerdos internacionales, los que deben contrarrestar el calentamiento global. El año pasado, en una sentencia revolucionaria, el Tribunal Supremo de Países Bajos dio la razón a la ONG Urgenda, condenando al Estado neerlandés a reducir a finales de 2020 las emisiones en un 25 % con respecto a 1990. 

LA HAYA

26/05/2021 16:29 Actualizado: 26/05/2021 16:31

Público / EFE

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Sábado, 24 Abril 2021 05:35

El medio ambiente en la agenda de la OMC

La OMC busca incentivar las energías renovables.

Debate propuestas para que las políticas comerciales contemplen la cuestión

Analizan la liberalización del comercio en bienes y servicios vinculados al medio ambiente, como por ejemplo todo lo relacionado a energías renovables. 

En la Organización Mundial del Comercio (OMC) se debaten propuestas para que las políticas comerciales como aranceles, regulación sobre subsidios y áreas de libre comercio contemplen a la cuestión medioambiental. Hay varios canales de trabajo sobre este tema, dentro de los cuales se destaca el panel de Discusiones Estructuradas sobre Comercio, Medio Ambiente y Sustentabilidad (TESSD por sus siglas en inglés) integrado por 53 países y un “Club del Clima” liderado por Nueva Zelanda junto a Costa Rica, Fiji, Islandia Noruega y Suiza. La próxima cumbre de la OMC a fines de este año va a consolidar a estos grupos mientras se espera que el apoyo de la administración de Joe Biden termine de inclinar la balanza.

La cuestión medioambiental está encaminada a imprimir cambios en la institucionalidad global. El FMI viene haciendo hincapié en esta materia, con una serie cada vez más larga de documentos, declaraciones y promesas. Hasta ahora, lo más fuerte es la propuesta del Fondo junto al Banco Mundial para que las políticas de los países en la lucha contra el cambio climático tengan impacto positivo en el alivio de sus deudas externas. “Para los países que tienen poco espacio para emitir deuda, el financiamiento del crecimiento verde requiere garantías y préstamos que pueden ser incrementados gracias a alivios de deuda o reperfilamientos. Si estos temas no se toman en cuenta de forma conjunta, tanto la vulnerabilidad macroeconómica como el cambio climático representan riesgos sistémicos para la economía global", dice el documento conjunto que se va a presentar formalmente en la próxima cumbre climática de la ONU, en noviembre de este año.

Otra de las grandes instituciones globales es la OMC, en donde circulan iniciativas que vinculan el comercio con la cuestión medioambiental. Se destaca el panel de Discusiones Estructuradas sobre Comercio, Medio Ambiente y Sustentabilidad (TESSD por sus siglas en inglés), creado en noviembre pasado por 53 miembros de la OMC entre los cuales están la Unión Europea, Australia, Canadá, Chile, Costa Rica, Japón, Corea del Sur, México, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza y el Reino Unido. El grupo se reunió el mes pasado y se puso como objetivo discutir en la cumbre de la OMC de este año la liberalización del comercio en bienes y servicios vinculados al medio ambiente, como por ejemplo todo lo relacionado a energías renovables. También está en carpeta la descarbonización de las cadenas de valor y la economía circular.

“Los países que asuman ese compromiso podrían facilitar entre sí el comercio de bienes reciclables y viceversa, castigar a los ni reciclables, así como también la suba de aranceles para los orígenes de mercaderías y servicios que no tengan compromisos de reducción de emisiones de carbono o liberalizar el comercio vinculado a tecnologías verdes”, explican desde la OMC.

En el organismo ven que a mediano plazo puede llegar a tener impacto la modalidad de los “Clubes del Clima”, que son países que acuerdan un paquete de normas para facilitar el comercio de bienes y servicios relacionados al medio ambiente. En esa línea se inscribe el Acuerdo sobre Cambio Climático, Comercio y Sustentabilidad (ACCTS por sus siglas en inglés), un “club” formado por Nueva Zelanda, Costa Rica, Fiji, Islandia, Noruega y Suiza.

Los países del ACCTS buscan avanzar para “remover los aranceles en bienes y servicios medioambientales, lo cual implica que serán más baratos en nuestros países, acelerando los procesos de incorporación a las economías”. En segundo lugar, quieren establecer disciplinas para eliminar los subsidios a los combustibles fósiles –como es el Plan Gas vigente en la Argentina hasta 2024--. “Se requiere en la OMC el uso de reglas de comercio sobre los subsidios a los combustibles fósiles, igual que como sucede en el caso de los subsidios a bienes industriales y en la agricultura”, indican. Por último, buscan promover la aplicación del etiquetado verde.

Por otro lado, hay una iniciativa en la OMC liderada por China para frenar el ingreso a ese país de residuos plásticos y electrónicos, lo cual viene trayendo problemas a otros destinos como Filipinas, Vietnam y Malasia. En el fondo, es una posición que choca con los Estados Unidos y Canadá, principales exportadores de esos residuos.

Por Javier Lewkowicz

24 de abril de 2021

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Los impactos de la crisis climática empeoraron en 2020 pese a la covid-19

El Informe sobre el Estado del Clima Global, que publica la Organización de Naciones Unidas, refleja que el clima extremo combinado con la covid-19 fue "un doble golpe para millones de personas en 2020".

 

Los impactos e indicadores de la crisis climática, al sumarse el clima extremo a la covid-19, empeoraron durante el año 2020, que fue uno de los tres años más cálidos desde que hay registros a pesar del enfriamiento generalizado que provoca el fenómeno La Niña, según concluye un estudio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y otros organismos.

El Informe sobre el Estado del Clima Global, que publica la Organización de Naciones Unidas, refleja que el clima extremo combinado con la covid-19 fue "un doble golpe para millones de personas en 2020" y que la desaceleración económica relacionada con la pandemia no logró frenar los impulsores de la crisis climática y la aceleración de los impactos.

En concreto, el estudio señala que la temperatura media a nivel mundial de 2020 estuvo 1,2 grados centígrados (ºC) por encima de los valores preindustriales (1850-1900) y concluye que los últimos seis años, desde 2015, han sido los más cálidos jamás registrados, al tiempo que, en su conjunto la década transcurrida entre 2011 y 2020 fue la década más cálida nunca antes observada.

En rueda de prensa, el secretario General de la OMM, Petteri Taalas, ha destacado que han pasado ya 28 años desde que la organización emitió su primer informe del estado del clima, en 1993, por las "preocupaciones planteadas en ese momento sobre el cambio climático proyectado".

Así, ha subrayado la "solidez de la ciencia climática basada en las leyes físicas que gobiernan el comportamiento del sistema climático" ya que "todos" los indicadores climáticos clave y la información de impacto asociada que se proporciona en este informe destacan "el incesante y continuo cambio climático, una creciente ocurrencia e intensificación de eventos extremos y graves pérdidas y daños que afectan a las personas, las sociedades y las economías".

Por ello, alerta de que la tendencia negativa del clima seguirá en las próximas décadas independientemente del éxito en la mitigación e incide en la importancia de invertir en adaptación. "Varios países menos desarrollados tienen importantes lagunas en sus sistemas de observación y carecen de servicios meteorológicos, climáticos y de agua de última generación", recuerda el secretario general de la OMM.

En esta línea, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien ha defendido que el informe muestra que no hay tiempo que perder porque el clima está cambiando y los impactos "ya son demasiado costosos". "Este es el año de la acción. Los países deben comprometerse con emisiones netas cero para 2050. Deben presentar, mucho antes de la COP26 en Glasgow, planes climáticos nacionales ambiciosos que recorten colectivamente las emisiones globales en un 45% en comparación con los niveles de 2010 para 2030. Y deben actuar ahora para proteger a las personas contra los efectos desastrosos del cambio climático", ha reclamado.

Empeoran los datos

El Estado del clima 2020 refleja que las concentraciones de los principales gases de efecto invernadero siguieron aumentando en 2019 y 2020. El promedio mundial de las fracciones molares de dióxido de carbono (CO2) ya ha superado las 410 partes por millón (ppm), y si se mantiene la tendencia de la concentración de CO2 de los años anteriores, podría alcanzar o superar las 414 ppm en 2021, según se desprende del informe.

En cuanto a los océanos, la OMM explica que su acidificación y la desoxigenación ha seguido produciéndose, lo que incide en los ecosistemas, la vida marina y la pesca. En 2019, el contenido calorífico de los océanos alcanzó el nivel más alto del que se tenga registro, y es probable que esta tendencia se haya mantenido en 2020.

De acuerdo con el Servicio de Vigilancia Medioambiental Marina de Copernicus de la Unión Europea, la tasa de calentamiento de los océanos en el último decenio fue superior a la media a largo plazo, lo que indica una absorción continua del calor atrapado por los gases de efecto invernadero. Durante el año 2020 en más del 80 por ciento del océano se produjo, al menos, una ola de calor marina y el porcentaje del océano en el que se registraron olas de calor marinas "fuertes" (45%) fue superior al correspondiente a las olas de calor marinas "moderadas" (28%).

De hecho, desde 1993 se ha observado un aumento del nivel medio del mar a escala mundial. Las temperaturas del aire en superficie del Ártico se han elevado, al menos, dos veces más rápido que la media mundial desde los años 80, algo que el informe alerta de que podría tener importantes consecuencias para el clima mundial.

Respecto a 2020, informa de que el valor mínimo de extensión del hielo marino en el Ártico tras el deshielo estival fue de 3,74 millones de km2; desde que se tienen registros, esta fue la segunda vez que se ha reducido a menos de 4 millones de km2. Las temperaturas máximas récords que se registraron al norte del círculo polar ártico en Siberia provocaron una aceleración del derretimiento del hielo marino en el mar de Siberia oriental y el mar de Laptev, en los que se produjo una ola de calor marina prolongada.

En Groenlandia la capa de hielo siguió perdiendo masa por desprendimientos de témpanos se situó en el extremo superior del registro satelital de 40 años. En la Antártida se observa una fuerte tendencia a la pérdida de masa desde finales de los años 90 que se aceleró desde 2005. Las lluvias intensas y las inundaciones afectaron también a grandes zonas de África y Asia y provocaron una plaga de langostas del desierto en África, mientras que en Asia se registraron precipitaciones inusualmente elevadas en diferentes momentos del año.

En América del Sur, una grave sequía afectó en 2020 especialmente en el norte de Argentina, Paraguay y zonas fronterizas de Brasil un país que tuvo pérdidas agrícolas de casi 3.000 millones de dólares. También en el sur de África hubo una sequía prolongada, sobre todo en Sudáfrica.

madrid

20/04/2021 10:37

Actualizado: 20/04/2021 10:50

Agencias

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Sábado, 17 Abril 2021 05:47

La energía renovable tiene un líder

La energía renovable tiene un líder

China está por mucho a la vanguardia de las nuevas tecnologías

 

China es el líder mundial en energía renovable. Esto no solo remite a la velocidad en la que avanza la energía limpia en el país asiático sino que también se vincula a su presencia como exportador de equipos y tecnología, y como financista de proyectos en otros países. A pesar de que China es todavía el principal emisor de dióxido de carbono, la revolución industrial asociada al nuevo paradigma climático tiene color rojo.

La Agencia de Energía Internacional calculó que a nivel mundial, el año pasado la potencia de generación eléctrica proveniente de energías renovables aumentó unos 200 gigavatios, un incremento del 4 por ciento frente a 2019. De esos 200 GW adicionales, 85 corresponden a China, seguido de lejos por Estados Unidos (29 GW) y la UE (26 GW). Para 2021 se espera una nueva expansión del 10 por ciento en la potencia, con un aporte del lado de China de otros 82 gigavatios. Para tener una dimensión de estos números cabe recordar que la potencia total instalada en la Argentina (correspondiente a todas las fuentes de generación eléctrica, no sólo renovables), es actualmente de casi 42 GW. Es decir que en 2020 China incorporó en renovables el doble de potencia total con la que cuenta la Argentina.

El cuadro energético chino

La matriz energética de China tiene como elemento principal al carbón, aunque con una participación que viene en baja. Medido en términos de consumo energético, el carbón pasó de representar el 73,6 por ciento del total consumido en 2007 hasta el 57,6 por ciento actual. Al mismo tiempo, la participación de la energía renovable en el consumo energético pasó del 6 al 15 por ciento. Si se mide sólo la matriz eléctrica, casi el 30 por ciento de la electricidad consumida en 2020 provino de fuentes renovables.

La potencia instalada de generación eléctrica en China es de 881 GW (21 veces la potencia argentina). La potencia en renovables es actualmente del 18,8 por ciento y el Estado chino planea que su participación suba hasta el 20 por ciento para 2025 y al 25 por ciento para 2030. China explica cerca de una cuarta parte de la inversión global en energía renovable.

“La estrategia económica de China es llegar a un crecimiento económico más lento y de mayor calidad, con eje en la innovación y los servicios, más que en la manufactura de bajo costo y más contaminante. Esto favorece a sectores de baja intensidad de carbono y más dinámicos, como la energía renovable y la movilidad eléctrica”, indicó a Página/12, Sam Geall, CEO de la organización China Dialogue.

La primera fuente de generación de energía renovable es la hidroeléctrica, en donde sobresale la represa de las Tres Gargantas, terminada en 2012 a un costo de 37 mil millones de dólares, con una potencia de 22.500 megavatios, un 60 por ciento más grande que la represa de Itaipú, la segunda más grande del mundo. China cuenta con cuatro de las diez represas más grandes del mundo.

En el campo de la energía eólica, China cuenta los cinco parques más grandes del mundo. A la cabeza está el parque Gansu, que cuenta con una potencia de unos 8 GW pero que planea llegar a 20 GW. En la energía solar, China cuenta con el parque Hunaghe, de 2,2 GW, cuyo costo estimado fue de más de 2 mil millones de dólares. Este emprendimiento de China compite con Australia y Abu Dhabi entre los más grandes del mundo. China es además el proveedor del 70 por ciento de los paneles solares que se instalan en el mundo.

China también muestra un fuerte avance en la energía nuclear, que no es energía renovable pero sí mucho más limpia que los combustibles fósiles y el carbón. Actualmente operan en el país 49 reactores nucleares, con una potencia estimada en 50 GW. China ya es el tercer país en la carrera nuclear, detrás de Francia y los Estados Unidos.

Más allá del citado “liderazgo” de China en renovables, lo cierto es que el país asiático tiene una larga carrera por recorrer en la energía verde: en la actualidad China es el principal emisor de dióxido de carbono --el CO2 contribuye con el 80 por ciento de los GEI --. El país asiático es responsable por el 29 por ciento de las emisiones globales en 2018. El primer factor que explica las emisiones de CO2 de parte de China es el uso del carbón como fuente de energía. Se estima que desde 2011 China consumió más carbón que el resto del mundo en conjunto. A la vez, la electrificación de la matriz energética en China es todavía baja, del orden del 40 por ciento. La electrificación permite avanzar en la generación limpia.

 “Hay una clara estrategia de hacer punta tanto en energías renovables como en la movilidad eléctrica y en baterías de litio porque los chinos están convencidos del círculo virtuoso de la economía verde. Hay muchas empresas chinas que están muy bien ubicadas en el mercado gracias a sus bajos costos y a sus competidoras de Estados unidos y Europa se les hace difícil sostenerse. Por otro lado, China tiene una política de inversiones en el exterior, con financiamiento atractivo para la adquisición de equipamiento chino. La pata financiera es otra ventaja comparativa frente a la competencia”, explicó a este diario Juan Pablo Zagorodny, profesor de la maestría en Gestión de la Energía de la Universidad de Lanús.

Más allá de la carrera tecnológica vinculada a las nuevas formas de energía que China está convencida en liderar, hay también otros motivos que explican el desarrollo de las renovables. Lauri Myllyvirta, investigador principal del Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) indicó a Página/12 que “China tiene fuertes razones para preocuparse por el cambio climático. La seguridad alimentaria de China, los recursos de la agricultura y el agua son particularmente vulnerables al cambio climático, de modo que definitivamente el país tiene un interés propio en perseguir una estrategia de desarrollo con bajas emisiones. Por otro lado, no hay duda de que China también quiere liderar y ser proveedor clave de la tecnología del futuro basada en bajas emisiones de carbono. Alinear la estrategia industrial y económica del país con los esfuerzos en materia climática es simplemente buena política económica”.

Otro factor involucrado en el fenómeno de la energía verde en China es la seguridad energética de la potencia asiática. China es el principal importador del mundo de petróleo, al superar en 2017 a los Estados Unidos, favorecidos por la extracción no convencional. Cerca del 65 por ciento del petróleo que consume China proviene de las importaciones. La mitad de esas importaciones proviene de Medio Oriente. Asimismo, China importa gas natural desde una serie de gasoductos que transportan el recurso proveniente de Rusia, mientras que también China es el principal importador de GNL.

“La seguridad energética es una preocupación muy importante para los líderes chinos, especialmente la reducción de la dependencia del petróleo que se importa a través del Estrecho de Malaca, que patrulla la marina estadounidense. Es decir que hay una política muy clara de diversificación de las fuentes de energía y de las rutas de tránsito. Y la forma más efectiva en el largo plazo de llegar a la seguridad energética es la producción de electricidad de forma renovable. Esta estrategia también va a mantener el uso del carbón, dado que China tiene amplias reservas”, agrega Sam Geall, de China Dialogue.

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