Miércoles, 16 Enero 2019 06:07

Prohíben el glifosato

Prohíben el glifosato

La justicia francesa prohibió ayer la venta y el uso en Francia del Roundup Pro 360, un herbicida que contiene glifosato del grupo Monsanto/Bayer utilizado sobre todo en vitivinicultura. Esta decisión del tribunal administrativo de Lyon, que tendrá efecto inmediato, se produce en pleno debate en Francia y Europa sobre el potencial peligro del glifosato, principio activo del Roundup. En noviembre de 2017, la Unión Europea renovó la homologación del herbicida por un período de cinco años, pero el presidente francés Emmanuel Macron se comprometió a prohibirlo en Francia antes de 2021. El gigante químico alemán Bayer, que compró en 2018 a su competidor estadounidense Monsanto, se declaró sorprendido por la decisión e indicó que estudia las acciones jurídicas necesarias.

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El sector azucarero no beneficia a los vallecaucanos

La producción agroindustrial de caña de azúcar en Colombia y, específicamente en el valle geográfico del río Cauca por parte de unos pocos ingenios que se han apropiado de una de las tierras más fértiles del planeta, está organizada en uno de los gremios económico-políticos más poderosos del país, bajo la sombrilla gremial de ASOCAÑA. Como vocera de este gremio agroindustrial, ASOCAÑA produce y fabrica “informes” en los que argumenta, una y otra vez, los “beneficios” que trae este monocultivo, incluyendo argumentos contra toda evidencia del severo daño ambiental, climático y la intoxicación y degradación de tierras y aguas. ASOCAÑA genera informes falsos, contra toda evidencia, pero son la “verdad histórica” porque tiene el poder económico-político-judicial-intimidatorio-represivo para imponerla.


La Carta Abierta a ASOCAÑA que compartimos acá enumera y contra-argumenta, citando evidencia suficiente, en 9 puntos, la degradación y destrucción ambiental que causa esta industria. Son 9 puntos incontrovertibles, contundentes y definitivos que además responden a las distorsiones, tergiversaciones y falsedades de propaganda del gremio. Por el énfasis en los daños ambientales que son el objeto de esta misiva, apenas se menciona, sin elaborar al respecto, el impacto social aterrador de esta industria. Recomendamos a las y los lectores ver el reportaje Cortar Caña para Sembrar Comida del videasta mexicano Iván Castañeira para Tele-Sur (http://pueblosencamino.org/?p=4722). Las estrategias para despojar al campesinado afro-indígena-campesino de las tierras, la participación impune en asesinatos, judicializaciones, intimidaciones

(blob:https://web.whatsapp.com/39c8de2e-a36c-4d7f-8bf2-286e0ae10c3a) y masacres siempre negadas pero claramente conocidas. La explotación laboral infame e inmisericorde, bajo diversas estrategias, de las y los trabajadores, en particular de los corteros de caña y sus familias.


Este año se conmemora el décimo aniversario del Paro de los Corteros de Caña (ver http://anterior.nasaacin.org/index.php/corteros-por-la-dignidad) que pusieron en evidencia el abuso a costa del cual se generan ganancias obscenas, así como la articulación gremial con toda la clase política, a partir del propio Presidente de la República y la forma en que toda la estructura institucional represiva, judicial y legislativa se puso al servicio del gremio y contra los trabajadores y sus familias. Pero también, de nuevo, quedó a la vista la reconocida relación directa entre los dueños de los ingenios más grandes y poderosos, con los medios comerciales de comunicación. Propaganda, terror, represión, control de la agenda legislativa, poder político-económico directo e indirecto, pero también, naturalmente, compra, captura y división de los movimientos y organizaciones campesinas,

indígenas, afro afectadas individual y colectivamente por el agro-negocio de la caña, logrando aislar denuncias y protestas a nombre de alianzas que han establecido con algunas dirigencias.


Dirigentes y empresarios del gremio, avanzan ahora sobre otros territorios, como lo es la altillanura y Orinoquía de los llanos orientales de Colombia, 6 millones de hectáreas bajo amenaza (ver https://www.las2orillas.co/la-tierra-aceitada-de-manuelita-en-casanare/) con el mismo tipo de estrategias y toda esta experiencia de ocupación para explotar-despojando con otros monocultivos y el mismo tipo de impactos consecuencia de procesos criminales (http://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/cultivo-de-palma-africana-redujo-el-90-de-aves-en-el-piedemonte-llanero-1/). El agronegocio de la caña de azúcar y ASOCAÑA son, a pesar de su propaganda y apariencia, una estructura criminal para la acumulación. Crímenes contra la población, contra trabajadores y familias, pero también contra la tierra, el agua, el aire y la vida. Liberar el valle geográfico del río Cauca de este monocultivo destructivo y del crimen organizado que lo mantiene y expande haciendo justicia a las víctimas de ahora y de antes y reparando los daños causados, es un imperativo absoluto si es que hay alguna esperanza de futuro: agua, comida, tierra, trabajo, vida en este territorio. Si ASOCAÑA y el agronegocio permanecen, la muerte es presente y futuro. ¡Así No! ¡No Más! Pueblos en Camino


Señor
Juan Carlos Mira
Presidente Asocaña


Cordial saludo;


Teniendo en cuenta su condición de vocero del gremio que representa al Sector Agroindustrial de la Caña, y con ocasión de una misiva que usted dirigió a uno de los candidatos presidenciales; la Alianza Ambiental Estratégica conformada por el Círculo de Pensamiento Ambiental (Fundaciones Biodiversidad, Nueva Luz, Solar de Celina, Huella de Agua, Monaya, Veeduría Santiago de Cali, e Ideó), el Centro de Asistencia Legal Ambiental y el Centro de Pensamiento Estratégico Democracia y Postconflicto; nos permitimos objetar sus conclusiones sobre supuestos beneficios del sector azucarero, en virtud de las siguientes consideraciones:


1. La agroindustria de caña de azúcar consume el 90% del agua subterránea que se usa con fines agrícolas, mientras que la población de los 42 municipios vallecaucanos consume la tercera parte de dicha oferta (IDEAM, Informe del Agua 2014 y Anuario del Valle del Cauca 2014), aún así, en la preocupante sequía de los 10 municipios del norte de este departamento del 2016, Asocaña no aportó su capacidad hidráulica instalada para calmar la sed de estos coterráneos.


2. La siembra de la caña de azúcar en el valle geográfico del río Cauca (Valle del Cauca, Cauca y Risaralda), ocupa 240 de las 300 mil, transformando la otrora fértil planicie en un desértico monocultivo que arrinconó al sector horticofruticola, además de desecar ingente cantidad de humedales que servían para la biodiversa migracion de aves, y arrasar con la rica oferta de Bosques Secos Tropicales que ofrecía este valle (reduciéndolo al 3%), una de las 5 regiones del país que albergan este bioma en peligro de extinción (Instituto Humboldt, 2014).


3. La quema de los cañaduzales, genera gran cantidad de calor (635°C), alterando parámetros como la temperatura, humedad relativa, evapotranspiración y ciclo de lluvias, contribuyendo al calentamiento global, desprendimiento material particulado y sustancias de interés sanitario que causan enfermedades respiratorias en la población infantil de los municipios circunvecinos a la quema, además esteriliza los estratos superiores del suelo, en donde residen los microorganismos fijadores de nutrientes (E.I.A. Universidad de La Salle, 1991), además de los estragos que causan las vinazas de la producción del alcohol carburante a los suelos y cuerpos de agua, de acuerdo con el IGAC (2012, 2015), el efecto más severo de la quema es la destrucción de los contenidos de materia orgánica del suelo, el componente más importante de este recurso.


4. A los cultivos de Asocaña se hace aspersión con Glifosato, para acelerar su maduración y cosecha, desecando los pequeños cultivos de pan coger, atentando contra la salud de los vallecaucanos por los efectos cancerígenos y mutagenéticos de este agroquímco (OMS, 2015).


5. No hay una educación promovida por Asocaña, sobre los efectos nocivos a la salud por el alto consumo de azúcar en gaseosas y demás productos de la canasta familiar, por ejemplo la creciente diabetes.


6. Los grandes beneficiarios económicos de la agroindustria azucarera son los pocos dueños de los ingenios La Cabaña, Carmelita, Central Tumaco, Incauca, Manuelita, María Luisa, Mayagüez, Pichichí, Providencia, Riopaila-Castilla, Risaralda, y San Carlos, siendo el único sector agrícola del país que recibe 3 subsidios estatales: a) Protección al precio interno respecto al bajo valor internacional; b) El antes uribista agro-ingreso seguro, hoy santista desarrollo rural con equidad; c) La obligatoria mezcla de alcohol carburante con la gasolina, elevando el precio del metanol al del derivado petróleo.


7. Si bien es cierto, se deben actualizar estos estudios, el cultivo de caña y la producción de azúcar generan efectos sobre emisión de Gases de Efecto Invernadero y por lo tanto sobre el Cambio Climático. Si suponemos con relativo alto nivel de certeza que las condiciones climáticas cambiaran, pero no sobre la oferta de agua. Asumimos que el calentamiento y la pérdida de páramos disminuirá esa oferta. Por su fisiología de compuestos de 4 carbonos, la caña se beneficia con el aumento de temperatura, lo que posibilita subirse a cotas cada vez más altas. Esta situación permite concluir que ese cultivo exigirá más agua por exigencias de temperatura como por aumento del área cultivada.
8. La presencia permanente del representante de la agroindustria cañera en el Consejo Directivo de la C.V.C. ha contribuido, directa o indirectamente, a la conducta omisiva de la autoridad ambiental en la implementación de las disposiciones legales sobre la franja forestal protectora de 30 metros paralela al cauce permanente o línea de mareas máximas de los ríos y humedales en el Valle del Cauca. Los cañaduzales llegan hasta el borde de las playas fluviales. La autoridad ambiental tampoco ejerce control de las gravosas externalidades provocadas por la quema de la caña, tanto para las personas como para el suelo. Tampoco ejerce el debido control hacia todas las industrias vallecaucanas.
9. La ecuación costo beneficio de estos indicadores ambientales, nos permiten concluir con la mayor responsabilidad y objetividad, que son más los aportes al deterioro del entorno vallecaucano y su oferta de recursos naturales, que la contribución a una mejor calidad de vida de este grandioso pueblo. La agroindustria de la caña tiene una deuda social y ecológica con los vallecaucanos, como lo han demostrado los investigadores Mario Pérez y Paula Álvarez (Semillas, 2009).


Atentamente,


Armando Palau Aldana – Cirpa
José Ma Borrero Navia – Cela
Alberto Ramos Garbiras – CPE


Publicado originalmente en Pueblos en Camino

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Miércoles, 28 Noviembre 2018 06:02

Fracking causa escasez del agua en EU

Fracking causa escasez del agua en EU

En su demoledor libro Saudiamérica: La verdad sobre el fracking y cómo está transformando al mundo (https://amzn.to/2yG6QCj), la connotada investigadora Bethany McLean había exhibido el canibalismo del fracking, la toxicidad del agua usada y su estafa financiera (https://bit.ly/2QlHUdZ), a sabiendas de sus efectos deletéreos que causan mayores daños que beneficios cuando "cada barril de petróleo significa cuatro barriles de agua tóxica", lo cual conlleva un costo adicional de seis dólares por barril para su "eliminación" (https://bit.ly/2SfXSDP).

Cada vez surgen mayores defectos del fracking cuando se considera(ba) que la toxicidad del agua era su mayor problema, lo cual de por sí era debatible, ya que las secretas sustancias químicas cancerígenas y la mayor frecuencia de sismos, que se han triplicado, no son nada menores.

Science Advances, del AAAS (American Association for the Advancement of Science), de la que fui miembro, realizó un estudio perturbador en el que expone que el fracking puede causar escasez de agua después de su sobrexplotación hasta en 800 por ciento (¡megasic!) en las partes desérticas del occidente de Estados Unidos (EU), en donde coincidentemente abundan los súperfuegos de incendios incontrolables, como el de California (https://bit.ly/2QqfL5q).

La escasez de agua que provoca el fracking por doquier es un factor limitante para esa industria polémica que extrañamente no gana dinero, sino que pareciera una carta que usa EU en su guerra geoestratégica contra China y Rusia.

Existe un incremento masivo hasta de mil 440 por ciento (sic) en la cantidad de agua desechable tóxica generada en los primeros años de operación del fracking –que per se está condenado a la muerte, ya que requiere de grandes cantidades de agua que son pirateadas de las regiones circundantes.

Los autores del estudio de Science Advances –Andrew J. Kondash, Nancy E. Lauer y Avner Vengosh– advierten que la intensificación acelerada del fracking, como sucede en algunas regiones, desembocaría en una grave "escasez de agua" en 2030, cuando podría alcanzar 50 veces mayor uso hidráulico.

Los científicos asientan que “el uso del agua para el fracking y la producción del agua desechable en las regiones de producción de gas/petróleo esquisto se ha incrementado dramáticamente: de 2011 a 2016, el uso del agua por pozo se incrementó 770 por ciento, mientras que el redireccionamiento del agua y los volúmenes de agua generados en el primer año de producción se incrementaron hasta mil 440 por ciento”.

Hoy el peor problema del fracking es la disposición del agua desechable.

Los tres científicos sentencian que “el continuo incremento de la huella hídrica del fracking con el tiempo implica que las operaciones no convencionales de petróleo y gas requerirán mayores volúmenes de líquido para la fractura hidráulica, que resultará en mayores volúmenes de agua desechable producida”. ¡El fracking ha puesto en peligro a la hidrosfera local/regional/global!

A mi juicio, una de las maneras de detener el caníbal fracking es impedir el uso del agua desde sus fuentes.

The Independent sentencia que “más agua es requerida en los sitios de fracking conforme los pozos son excavados cada vez más profundamente en el subsuelo, lo que explica porqué el uso del agua se ha incrementado pese a que la producción de petróleo y gas no-convencional ha declinado ampliamente en EU” (https://ind.pn/2vVwAdp).

Por cierto, la reinyección de agua desechable en el subsuelo en EU es una práctica prohibida en Gran Bretaña conforme ha sido vinculada a terremotos en algunas localidades, según The Independent.

En México, donde destila azufre el fracaso de la Conagua, urge la preservación de las aguas nacionales –desde la Huasteca, pasando por Jalisco, hasta el binomio Tabasco/Chiapas que provee 30 por ciento del agua del país con sus ríos Usumacinta y Grijalva– que el depredador y hoy agónico modelo neoliberal pretende hurtar y desviar para el expoliador proyecto Monterrey VI, con el fin de desarrollar el gas/petróleo esquisto del noreste y así conectarlo al proyecto itamita de "integración energética de Norteamérica".

AlfredoJalife.com

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Trump sobre el informe del cambio climático: “No me lo creo”

El presidente de EE UU niega el impacto sobre la economía del que avisa un documento de la propia Casa Blanca



"No me lo creo". Con estas cuatro palabras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tumba 1.656 páginas de un informe que detalla los devastadores efectos del cambio climático en la economía, la salud y el medio ambiente. Poco o nada le importa al mandatario que el estudio esté respaldado por 300 científicos de 13 agencias federales diferentes y se haga por ley. La Casa Blanca no cree en la Casa Blanca. Nunca antes fue tan obvio que existe una diferencia entre la Casa Blanca y el presidente. Douglas Brinkley, historiador presidencial en la Universidad de Rice, asegura en el diario The New York Times que la Casa Blanca tiene “abogados y expertos que no están dispuestos en pasar a la historia por falsear datos”.


El informe es brutal y no se ha suavizado en lo más mínimo a pesar de que el actual inquilino de la Casa Blanca sea un negacionista del cambio climático. Sin ir más lejos, la pasada semana, Trump tuiteaba con ironía lo siguiente respecto a la avalancha de frío que se cernía sobre la costa Este del país: “¿No era que había calentamiento global?”. Hoy ha sido mucho más explícito respecto al contenido del informe en cuanto a los efectos catastróficos que anuncia sobre la economía: “No me lo creo”.


Algún consejero presidencial con suficiente visión política para saber que la historia pasa factura -y con Lyndon B. Johnson en el disco duro de su memoria- recordaría el precio que se paga cuando se miente a los ciudadanos. Johnson mentía al pueblo sobre la Guerra de Vietnam cuando aseguraba que todo marchaba bien. Hasta que los papeles del Pentágono probaron lo contrario.


En este caso no ha hecho falta investigación periodística. Son más de 1.600 páginas bajo el título de Evaluación Nacional sobre el Clima, el estudio científico má completo que existe hasta la fecha en el que se detalla con precisión casi milimétrica los efectos que el cambio climático va a tener en las infraestructuras, la economía, la salud pública y las costas del país. Las temperaturas extremas “ya se han hecho más frecuentes y duran más tiempo”, asegura el informe. Desde 2015, Estados Unidos ha roto récords debido a los efectos dañinos del clima por valor de cerca de 400.000 millones de dólares.


La Casa Blanca publicó el informe en medio de un puente festivo para intentar ocultar la falta de sintonía entre Trump y los firmantes del documento a sueldo de la Administración
En un acto casi pueril, lo que hizo la Casa Blanca para intentar ocultar la falta de sintonía entre Trump y los firmantes del informe a sueldo de la Administración fue publicar el informe el pasado viernes al mediodía, siendo ese viernes el día después de Acción de Gracias, también ya mundialmente conocido y extendido como Black Friday. Quizá así minimizaban el impacto, nadie estaría pendiente de las noticias. El informe tenía prevista su puesta de largo para el público en el mes de diciembre.


“El cambio climático está transformando dónde y cómo vivimos y presenta un desafío creciente para la salud pública y la calidad de vida, la economía y los sistemas naturales que nos ayudan a vivir”, se lee en el reporte. Pero hay más: “Se proyecta que las pérdidas anuales en algunos sectores de la economía se cuenten por cientos de miles de millones de dólares para final de este siglo, mucho más que el actual PIB de la mayoría de los Estados de la Unión”. Debido al aumento del nivel del mar, las áreas costeras son especialmente vulnerables, por las tormentas y porque se devaluará mucho el valor de la propiedad. Lugares como Alaska o Luisiana se verán forzados a trasladar a su población tierra adentro debido al riesgo de inundaciones.


Existen dos estudios anterior a este. Uno es del año pasado. El otro data de 2014 y es igual de preciso en sus conclusiones científicas pero no en los costes económicos y en los efectos tangibles que ya se notan en todo el país, sea en forma de huracanes o en devastadores incendios en California.


Una ley de 1990 obliga al Gobierno federal a realizar un informe sobre el clima cada cuatro años. Pero hasta 2014 y la Administración de Barack Obama no existían regulaciones, por lo que la pelea política no existía. A finales de 2015, Obama tuvo un papel central en la negociación del Acuerdo de París, que establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En 2016, Donald Trump llega al poder haciendo campaña en contra de esas regulaciones y anuncia que acabaría con la guerra “contra el carbón” de Obama y se retiraría del Acuerdo de París. Desde entonces, el presidente no solo ha peleado para acabar con las restricciones que salvaguardan el medioambiente si no que como ha hecho ahora niega la mayor, un informe escrito bajo su Administración. Dice que no se lo cree.

Washington 27 NOV 2018 - 02:34 COT

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Martes, 13 Noviembre 2018 08:58

La dura pelea contra el fracking en Colombia

La dura pelea contra el fracking en Colombia

Desde su época como candidato a ocupar la primera magistratura, el hoy presidente de Colombia, Iván Duque, nunca asumió una actitud crítica al uso del fracking en el país como una alternativa para la ampliación de las reservas de hidrocarburos. Todo lo contario. Duque se ha mostrado dispuesto a considerar esta técnica como parte del desarrollo de lo que ha denominado la “economía naranja”. Este eufemismo ha sido útil para ocultar el verdadero plan de su gobierno: la producción y explotación de recursos naturales y la reducción de impuestos a las clases privilegiadas en detrimento de las clases medias.

 

En efecto, la nueva ministra de Minas, María Fernanda Suárez, aseguró que uno de sus principales propósitos será “convencer al presidente Duque de que el fracking se puede hacer de manera responsable y segura” (https://www.elespectador.com/noticias/nacional/es-posible-hacer-fracking-de-manera-responsable-ministra-de-minas-articulo-805901). Mediante esta técnica según la ministra, Colombia podría aumentar sus reservas de gas y petróleo en 19 y 8 años respectivamente. La pregunta central es ¿qué consecuencias traería la ampliación de las reservas de estos recursos? Pues el gobierno actual quiere vender el fracking como la nueva panacea en la reactivación de la economía de los hidrocarburos pero ignora, al mismo tiempo, las nefastas secuelas de esta técnica que han sido referenciadas en otros artículos de este portal (http://laotraopinion.net/recursos-naturales/petroleoygas/el-gran-dano-del-fracking-a-colombia/). Los costos naturales y humanos de esta forma de explotación no se justifican para que unos pocos empresarios foráneos obtengan las ganancias y el gobierno pueda llenarse diciendo que “aumentó la inversión extranjera”. No puede una administración hablar de beneficiar a sus habitantes con proyectos que a todas luces dejarán grandes daños medioambientales.

 

El debate más reciente en la materia lo ha ocupado la instalación de maquinaria pesada en tres provincias de Boyacá por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en junio de 2108. Los rumores de la llegada del fracking a este departamento despertó la alarma de sus habitantes que pronto iniciaron las protestas para combatir toda acción no consultada, por lo que la gobernación pidió suspender las actividades de la agencia petrolera (https://www.dinero.com/pais/articulo/boyaca-debate-la-llegada-del-fracking-a-su-territorio/259594).

 

A pesar de que la empresa negó el desarrollo de fracking en la región argumentando que sólo se utilizará la maquinaria para “obtener información del subsuelo”, las sospechas están fundamentadas pues los intereses de la empresa polaca Geofizyka Torún están involucrados. Según la información recabada, la empresa extranjera fue contratada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos para realizar estudios de sísmica en la región y no para la explotación de petróleo. Sin embargo, ¿para qué se realizan estos estudios sísmicos? La respuesta salta a la vista: para determinar la viabilidad y potencial que un territorio tiene en materia de hidrocarburos. En otras palabras, están en una fase exploratoria que tiene como fin último -si todas las condiciones técnicas lo permiten– explotar el petróleo y gas mediante el fracking.

 

A esto se suma el hecho de que en Colombia existen 48 bloques de yacimientos no convencionales, 9 de los cuales se ubican en el departamento de Boyacá (https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/hay-o-no-hay-fracking-en-boyaca-crece-la polemica-articulo-795479). Por esa razón, la presencia de las compañías petroleras ha despertado las sospechas de los habitantes de 14 municipios del departamento, quienes a través del gobernador Carlos Amaya han manifestado que “nunca permitirán el fracking en el departamento pues parte de la columna vertebral de su política es el cuidado del ambiente y los recursos naturales”. De hecho, la polémica reside en que las exploraciones se hicieron en inmediaciones de la laguna de Tota por lo que las implicaciones socio-ambientales y arqueológicas podrían ser adversas. Al margen de las consideraciones de las empresas y su aparente intención de “conocer las condiciones del subsuelo”, es claro que el propósito fundamental es analizar la viabilidad para iniciar cuanto antes la implementación de la fractura hidráulica. Dicho de otro modo, los estudios sísmicos sólo conducen a establecer las condiciones para comenzar con el fracking que desde el alto gobierno ya ha recibido la aprobación, de ahí la importancia de la resistencia ciudadana.

 

El conflicto social en Boyacá por la explotación del petróleo puede adquirir nuevas dimensiones pues el caso de la provincia de Sugamuxi en el oriente del departamento ha comenzado a cobrar importancia en los medios de comunicación. En este lugar desde 2012 se viene explorando petróleo a manos de la empresa Maurel & Prom. Ya son dos pozos en los municipios de Tota y Pesca dentro de un proyecto llamado área de interés exploratorio muisca (https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/sogamoso-y-el-proyecto-petrolero-que-incendiaria-a-boyaca/36724). A pesar de la rotunda oposición de sus habitantes, la compañía francesa continúa con las exploraciones y solicitó al gobierno la modificación de su licencia ambiental para aumentar su influencia en la región. El problema fundamental es que en esta zona se encuentran 410 nacederos, de los cuales se extrae agua potable para cerca de los 7.000 habitantes de la provincia. En caso de otorgarse la licencia las consecuencias serían catastróficas para una población que ya ha comenzado a evidenciar las secuelas producto de los estudios sísmicos y la deforestación.

 

 

En contravía de las manifestaciones populares, Ecopetrol ha pretendido negociar con los campesinos y habitantes de Boyacá mecanismos conjuntos que permitan la exploración de recursos sin generar afectación socio-ambiental. No obstante, esta propuesta es una contradicción en los términos pues toda forma de explotación de hidrocarburos genera secuelas medioambientales que terminan por convertirse en problemas de salud pública. La única alternativa viable para los campesinos es que las empresas abandonen sus territorios para poder iniciar un proceso de recuperación. Desde luego, debido a los mezquinos intereses económicos, las empresas extranjeras con el consentimiento y apoyo de Ecopetrol no dejaran abandonada una actividad rentable que, bajo la nueva administración, encontrará vientos a favor. Sin embargo, existe una fuerte oposición a estos planes que no es mencionada con mucha regularidad por los medios oficiales por lo que es necesario presentar algunas de las denuncias de los habitantes de la región.

En primera instancia, de acuerdo con Patricia Corredor, vocera del colectivo de la defensa de la provincia de Sugamuxi, el proceso de sísmica genera secuelas irreversibles en los territorios. Por ejemplo, por acción de esta técnica se secaron más de 210 nacimientos de agua y 70 familias perdieron sus hogares a causa de los agrietamientos. Además de lo anterior, los campesinos han perdido su forma de sustento pues sin cuerpos de agua para regar los campos, la agricultura que es un eje fundamental en la economía de Boyacá ha perdido paulatinamente su impulso (https://www.elcampesino.co/los-mas-afectados-con-la-sismica-y-el-fracking-son-los-campesinos/). La consecuencia natural ha sido la profunda protesta social que ha desencadenado en represión por parte de la fuerza pública.

 

La problemática es aún más compleja si se toma en cuenta la directriz del nuevo ministro de defensa que busca “regular la protesta social” lo que en plata blanca significa reprender cualquier tipo de manifestación contraria al gobierno de turno. Este escenario resulta preocupante toda vez que las comunidades sólo cuentan con las manifestaciones como el mecanismo más efectivo para visibilizar sus problemas. Pero si el gobierno insiste en constreñir cualquier movimiento anti-fracking, el panorama para los defensores de los derechos humanos es inviable.

 

Como lo ha manifestado la organización No al fracking en Colombia, esta técnica ha generado afectaciones a los ecosistemas, evidenciado esto en la reducción de los cuerpos hídricos que pueden generar el aumento en los conflictos socio-ambientales, pues existen sectores que buscan un acceso equitativo y sostenible que permita una adecuada distribución del agua en el país (https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2017/03/2017-03-14-carta-presidente santosfinalconlogos.pdf). Por eso las posturas enfrentadas son muy claras: una defiende la explotación de recursos a toda costa, en beneficio de los negocios privados y cuyas retribuciones en materia de regalías no son suficientes para cubrir los daños causados, y otra que respalda el uso responsable del agua y el medioambiente como centro de una relación equilibrada con la naturaleza.


Las protestas no sólo se dan en Boyacá sino en varios de los 100 municipios donde potencialmente se podrá realizar fracking. Uno de los casos más emblemáticos es la puja entre la comunidad indígena U’wa que quiere por fuera de sus territorios ancestrales a Ecopetrol. Este resguardo, ubicado en Norte de Santander, busca que la empresa de hidrocarburos no intervenga con sus proyectos en zonas protegidas (https://www.elespectador.com/noticias/economia/los-uwas-no-quieren-ecopetrol-sus-territorios-ancestral-articulo-644102). Como este podrían reproducirse miles de ejemplos de colectivos de ciudadanos que se oponen a la explotación de hidrocarburos y que progresivamente han recibido atención por parte de los medios de comunicación.

 

El reconocimiento a los opositores al fracking es tal que actualmente cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley para prohibir esta técnica en el país. El propósito es impedir la exploración y explotación de yacimientos no convencionales y pretende que el país inicie un proceso de transición para que dejen de usarse combustibles fósiles. El proyecto cuenta con el respaldo de la lista de los Decentes, el Polo Democrático y la Alianza Verde, así como algunos cuadros del partido de la U, el Liberal y el Conservador. La propuesta espera hacerle frente a una de las banderas del gobierno Duque por lo que se convertirá en un auténtico conflicto político (https://www.elespectador.com/noticias/politica/radican-proyecto-de-ley-para-prohibir-fracking-en-colombia-articulo-803549). La situación es compleja debido a las mayorías que ostenta el Centro Democrático, el partido pro-fracking en el Congreso, razón por la cual la lucha en contra de esta técnica deberá continuar a través de diversos medios y mecanismos. Con todo, el caso de Boyacá abre una esperanza para que el foco de atención se centre en la ciudadanía y en las demandas que pretenden acabar con el fracking en Colombia.

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Alternativas reales frente al cambio climático

Existen alternativas reales, justas y saludables para frenar el cambio climático y estudios científicos recientes lo demuestran, contrariamente a los que proponen opciones especulativas, teóricas y altamente riesgosas como la geoingeniería climática.

El informe Missing Pathways to 1.5 (Caminos que faltan para 1.5 grados), muestra que garantizar los derechos indígenas y campesinos, restaurar bosques naturales y la transición hacia áreas de cultivo agroecológico, junto con un cambio hacia dietas con menos carne, pueden reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050. Estiman un potencial de reducción de cerca de 23 gigatoneladas anuales de dióxido de carbono o equivalente, lo cual elimina la supuesta necesidad de usar técnicas de geoingeniería. Son, además, cambios positivos para la biodiversidad, las comunidades indígenas y campesinas, y para la salud de todas y todos. (https://tinyurl.com/y8l4wgfr)

El documento se basa en una amplia y detallada revisión de documentos científicos recientes y fue publicado en octubre 2018 por una coalición de 38 organizaciones que trabajan por la justicia ambiental y social, el derecho a la tierra y a la alimentación y por la agroecología y la conservación de bosques. Las autoras principales son Kate Dooley y Doreen Stabinsky, con la revisión y colaboración de la alianza CLARA (Climate Land, Ambition and Rights Alliance).

El estudio sale al mismo tiempo que el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) publica un nuevo informe sobre cómo limitar el calentamiento global a 1.5 °C con respecto a niveles preindustriales, un límite que plantean crucial para evitar un cambio climático catastrófico. En tres escenarios, el IPCC considera el uso de técnicas de geoingeniería para remover dióxido de carbono de la atmósfera, pero en otro plantea que con medidas basadas en las funciones de los ecosistemas –algunas como las que plantea el estudio de CLARA– sería posible también alcanzar esa meta. (Ver más en "Caos Climático, capitalismo y geoingeniería", La Jornada 13/10/18; https://tinyurl.com/y96xudje )

Más de la mitad de las reducciones de gases de efecto invernadero planteadas en el estudio de CLARA vendría de la restauración y protección de bosques naturales y turberas (un tipo de humedal que retiene altas cantidades de carbono y nitrógeno orgánicos). El resto se puede lograr con cambios en la agropecuaria industrial –que es el mayor factor de deforestación y destrucción de humedales–, con la recuperación de suelos y agroecosistemas, a través de disminuir el uso de fertilizantes sintéticos, apoyar sistemas agroecológicos y locales, y de parte de los consumidores, cambiar la dieta.

El informe afirma que los "derechos comunitarios sobre la tierra y bosques, son la acción climática mas efectiva, eficiente y equitativa que los gobiernos pueden ejercer para reducir su huella de carbono y proteger los bosques del mundo". Enfatiza la necesidad de afirmar los derechos a tierra y territorio de las comunidades y pueblos indígenas para lograr los objetivos planteados. Todos los bosques del mundo están habitados por comunidades indígenas, que son las principales cuidadoras de los bosques. A escala global, la mitad de esos territorios tienen reclamos de tenencia por parte de comunidades, pero solamente 20 por ciento tiene reconocimiento legal.

Cuestiona también el uso del concepto de "emisiones negativas", un término absurdo que no existe en ningún idioma. Fue inventado para justificar mantener la emisión de gases de efecto invernadero, que se contrarrestarían, supuestamente, con medidas tecnológicas para remover el carbono de la atmósfera (geoingeniería). Una opción de alto riesgo que carga el problema a las generaciones futuras, colocándolas en dependencia con los dueños de las tecnologías.

En contraposición, este informe plantea formas de evitar las emisiones antes de que se generen, y remover el excedente de carbono ya acumulado en la atmósfera mediante la expansión de los bosques naturales con especies nativas y aumentar la agroforestería comunitaria, entre otras medidas.

Con respecto al sistema agroalimentario, que es el factor de mayores emisiones de GEI, plantea reducir los desperdicios (que la FAO estima hasta en 40 por ciento de lo cosechado), disminuir los transportes de alimentos, aumentar la producción y consumo local, disminuir el uso de fertilizantes sintéticos y agroquímicos; reducir y mejorar la ganadería, terminando con la cría confinada de vacas, cerdos y aves, y basarla en alimentación de pradera. Complementariamente, ven como esencial reducir el consumo de carne, que es muy desigual en el mundo por lo que se dirigen especialmente a los que más consumen. La gran mayoría de la producción industrial y consumo de carnes se concentra en sólo seis países.

Señalan también el error de enfocarse solamente en limitar la temperatura, planteando la crisis climática como fenómeno aislado. Necesitamos respuestas holísticas a las crisis ambientales, sociales, de salud y otras y sólo los enfoques múltiples y sinérgicos aportarán las verdaderas soluciones, tal como demuestra este estudio.

Silvia Ribeiro, Investigadora del grupo ETC

 

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Schlumberger alerta: evanescente productividad del shale gas/petróleo en EU

Mientras el “México neoliberal itamita” (http://bit.ly/2CZ3XRF) importa 1.4 millones de barriles de petróleo en forma kafkiana –lo cual exhibe el cataclismo de la "reforma energética" del que advertí hace 10 años– (http://bit.ly/2D2V89x) otro espejismo neoliberal, sobre el milagro tecnológico del caníbal fracking y la "productividad" del shale gas/petróleo, se desmorona en la legendaria Cuenca Pérmica en la parte occidental de Texas, según Schlumberger (FT; 19/10/18).

Schlumberger, como Halliburton, no goza de óptima reputación en México: es la principal trasnacional de servicios petroleros en el mundo con más de 100 mil empleados en 85 países y con sedes policéntricas en París/Houston/Londres/La Haya (http://bit.ly/2CYab40).

Dejo de lado sus múltiples depredaciones, como el superlativo desastre ecológico Deepwater Horizon en el Golfo de México en colusión con British Petroleum (http://bit.ly/2PNiAKA), pero perturba que su mandamás Paal Kibsgaard advierta sobre la evanescencia productiva del shale gas/petróleo debido a "problemas emergentes (sic)", sumados de la “escasez de oleoductos que frena el crecimiento en la Cuenca Pérmica de Texas y Nuevo México, corazón del auge del shale de EU”.

Resulta que “se ha vuelto más difícil incrementar la producción conforme los campos petroleros de shale maduran y los nuevos pozos se hunden (sic) en áreas ya exploradas”.

Según Paal Kibsgaard, las "amenazas al crecimiento de la producción del petróleo de EU" se debe a los pozos "infantes" (child) explorados en áreas que tienen ya existentes pozos "padres" (parent).

En mi conferencia magistral en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, aduje que la curva de producción del shale gas/petróleo es de corta duración cuando se compara a la más longeva curva "convencional" (Fracking en México y EU; http://bit.ly/2PRiJfQ).

El "gran secreto mexicano" para no sucumbir a la trampa del caníbal fracking (http://bit.ly/2ykYXCE) radica en defender las aguas "nacionales": desde los 20 municipios de la Huasteca, pasando por Jalisco, hasta los ríos chiapanecos/tabasqueños Usumacinta y Grijalva.

El prototipo del declive se ha gestado en el área shale de Eagle Ford, al sur de Texas, que "declina en forma continua" debido a la “creciente proporción de pozos child que ahora representan 70 por ciento de todos los nuevos pozos explorados”.

En la Cuenca Pérmica, en la formación Midland Wolf Camp, donde se ha exagerado la exploración, “la proporción de pozos child alcanzó 50 por ciento”, lo cual se parece al declive que padece Eagle Ford.

Ed Crooks, del Financial Times (6/9/18), afirma que “el auge del shale de EU empieza a enfriarse” con la ralentización de la producción en los nuevos pozos, lo cual ya es archisabido hasta por los leguleyos.

Hasta la vilipendiada trasnacional estadunidense de servicios petroleros Halliburton, tercera en el mundo en su género, con múltiples ecocidios a cuestas, entre ellos la explosión de Deepwater Horizon en el maltratado Golfo de México, confiesa el declive de la mítica Cuenca Pérmica.

El fraude financiero –desde la gasera Enron hasta toda la industria del caníbal fracking– ha sido ampliamente expuesto por la investigadora Bethany McLean (https://amzn.to/2yG6QCj). Suena aberrante que la industria del caníbal fracking decline mientras que el barril del petróleo haya alcanzado 80 dólares por barril (aunque hoy declinó 5 por ciento en forma artificial).

Nick Butler –profesor del King’s College de Londres– (Financial Times; 9/9/18) comenta en forma persuasiva que las "ambiciones de Trump para el gas tiene fundamentos tambaleantes (sic)" cuando EU pretende “dominar el mercado global del gas natural licuado (GNL) con las crecientes exportaciones del gas producido de las rocas shale” gracias al caníbal fracking.

Trump chantajea a la prodigiosa industria automotriz alemana, en vísperas de las negociaciones de su acuerdo comercial, con el fin de violentar a Europa a comprar su GNL y así golpear la exportación gasera de Rusia mucho más barata por simple logística, como aduje en mi entrevista a Russia Today (http://bit.ly/2PNiAKA).

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El caníbal fracking en EU y México: concepto itamita de Norteamérica

El demoledor libro de Bethany McLean –quien exhumó el fraude financierista de la gasera texana Enron– sobre el canibalismo del fracking (fracturación hidráulica), la toxicidad del agua usada y su estafa financiera (https://amzn.to/2yG6QCj), todavía le dio pocos años de vida a la mítica cuenca Permian: suprema productora de shale gas/petróleo en Texas (http://bit.ly/2ykYXCE).

 

Kevin Crowley, de Bloomberg –cercano al Partido Demócrata y enemigo del filo-petrolero Trump– diluye el vino embriagante del "auge del petróleo en la cuenca Permian" que "exhibe señales de sobrecalentamiento ,escasez de arena, gasoductos y mano de obra que pueden poner en peligro el futuro de EU como una superpotencia energética"(https://bloom.bg/2yF4Ry0).

 

La cuenca, que abarca 90 mil millas de roca sedimentaria entre Texas y Nuevo México, lleva seis años de auge gracias a los "avances en perforación".

 

Jessica Summers y Sheela Tobben, también de Bloomberg, catalogan a la cuenca Permian como la "mayor parcela de petróleo en el mundo (sic) que está a punto de superar la producción de Irán": produce 3.18 millones de barriles al día(mbd) y puede alcanzar 4 mbd en 2023, mientras el campo Ghawar de Arabia Saudita, el máximo del mundo, produce casi 6 mbd (https://bloom.bg/2yIJX13).

 

Según Kevin Clowley, "EU se volvió una superpotencia energética gracias a la cuenca Permian y está a punto de superar a Arabia Saudita y a Rusia como el mayor productor de petróleo del mundo", lo cual "tendrá implicaciones políticas y económicas de largo alcance en la política exterior de EU".

 

Jerarcas del petróleo de EU vaticinan el auge de la cuenca Permian de "una o dos décadas por lo menos (sic)" gracias a la doble tecnología del fracking y la perforación horizontal que inyectan arena, agua y químicos.

 

Harold Hamm, mandamás de Continental Resources y confidente del presidente, alardea que con Trump, EU tiene sus "propios petrodólares" y se puede dar el lujo de propinar sanciones a Irán.

 

Pero no todo es color de rosa con la cuenca Permian que "exhibe señales de sobrecalentamiento" cuando la "arena se ha vuelto una preciosa materia prima que se cotiza a 60 dólares la tonelada".

 

El dinero corre a raudales y hoy un conductor de camión obtiene 150 mil dólares al año y han convertido los caminos para "tráfico agrícola en las más peligrosas de EU", sumado de los cuellos de botella de su transporte a refinerías y tankers en el Golfo.

 

La "Nueva California" o el "Nuevo Oeste" es hoy la cuenca Permian cuyo "máximo desafío" es la "escasez de plomeros y electricistas".

 

La parte fundamental del "éxito" caníbal del fracking radica en las grandes cantidades de agua que requiere cuando por cada barril de petróleo se producen cuatro barriles de agua tóxica y cuyos "manejadores" no saben como disponer de ella y no toman en cuenta los daños deletéreos que provoca, sin contar los sismos, la contaminación del gas metano y la toxicidad del agua potable.

 

El caníbal fracking epitomiza la bisagra de dos privatizaciones especulativas: la del petróleo y la del agua, en donde convergen los megabancos y las principales corredurías de Wall Street y la City, como Morgan Stanley/Goldman Sachs/Citigroup.

 

Se trata de un cuádruple negocio circular de banca/energéticos/agua/alimentos y que ha divulgado ICA (por sus siglas en inglés) encabezada por la DIA y la CIA (http://bit.ly/2yGbAb5).

 

El caníbal fracking epitomiza el concepto geoestratégico de integración energética de "Norteamérica" (http://bit.ly/2yHFviW) propalado por Goldman Sachs (http://bit.ly/2yL6A4M), CFR (https://on.cfr.org/2yHgPY4) y el ITAM (sic) para derrotar a China, según Joseph Nye (http://bit.ly/2yJdEiv).

 

El misterio del fracking, notable fracaso financiero, fue develado por McLean quien expuso que se trata de una burbuja financierista de la Reserva Federal y de la bancocracia de Wall Street y la City.

 

El mito transfronterizo del fracking en EU y el noreste de México lo abordaré en una conferencia magistral en el auditorio Barros Sierra de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, hoy miércoles a mediodía (http://bit.ly/2yKEqH0).

 

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Miércoles, 10 Octubre 2018 06:23

Calentamiento global para el premio Nobel

Calentamiento global para el premio Nobel

La humanidad está en el umbral de un fracaso de proporciones colosales en su intento por mantener el calentamiento global en un nivel moderado. Si se quiere evitar que el cambio de la temperatura mundial alcance una cota superior, lo que llevaría a un desastre de dimensiones cataclísmicas, se requiere que todas las economías del mundo apliquen medidas sin precedente para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Es la principal conclusión del informe especial del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) dado a conocer el pasado 6 de octubre. El IPCC es el brazo científico de Naciones Unidas sobre el tema del calentamiento global.

El informe especial del IPCC se concentra en los efectos de un calentamiento global de 1.5 grados centígrados sobre los niveles preindustriales. El Acuerdo de París lo considera un nivel moderado, muy por debajo de la meta de 2 grados que se considera objetivo alcanzable si todos los países cumplen sus promesas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Desgraciadamente, los datos para 2017 muestran que las emisiones han seguido aumentando.


En 2006 se publicó el informe Stern, en Inglaterra, sobre la economía del cambio climático. El análisis fue por encargo del Tesoro británico y fue bien recibido por la mayor parte de los expertos sobre cambio climático, pero no así entre los economistas del medio académico.


Una de las principales conclusiones del informe Stern era que se necesitaban inversiones cuantiosas para mitigar los futuros daños del calentamiento global.
En el futuro, el impacto negativo del calentamiento global podría alcanzar entre 5 y 20 por ciento del PIB. Por tanto, era importante aplicar medidas para reducir las emisiones de GEI, ya fuera mediante un impuesto sobre las toneladas de carbono emitidas o vía un (muy controvertido) mercado de cuotas transferibles o algún otro mecanismo que penalizara las emisiones de GEI.


El mensaje central era: es necesario incrementar los precios del carbono para reducir las emisiones de GEI.
La estimación de daños que hizo el informe Stern para los perjuicios en el futuro fue considerada por muchos economistas como una exageración que buscaba justificar el monto de las inversiones necesarias en la actualidad para mitigar los daños futuros. Así fundaba Stern su conclusión de que las emisiones de GEI debían reducirse drástica e inmediatamente.


Un día de noviembre en 2009, el economista William Nordhaus (de la universidad de Yale) escribió una nota a su colega Nicholas Stern, en Londres, autor del informe que lleva su nombre. En el mensaje, Nordhaus señalaba a Stern que su trabajo se había adelantado unos 50 años. Y no era un elogio. Nordhaus estaba decididamente en el bando de los académicos que criticaron la metodología y las principales resultados del informe Stern. Quizás dentro de 50 años, bromeaba Nordhaus, las conclusiones a las que llegaba Stern podrían justificarse, pero no ahora.


Ayer recibimos la noticia de que William Nordhaus ha recibido el premio Nobel por sus trabajos sobre la economía del cambio climático. Es irónico que casi el mismo día que se anunció este premio se hubiera dado a conocer el informe especial del IPCC. Para este economista, la principal falla del informe Stern era que al utilizar una tasa de descuento muy baja justificaba la necesidad de realizar grandes inversiones para reducir las emisiones y mitigar los efectos del cambio climático.


Un ejemplo permite aclarar por qué la tasa de descuento es el número más importante en la economía del cambio climático. Supongamos que se van a necesitar 100 millones para indemnizar a las generaciones futuras por los daños que estamos provocando con el cambio climático. Tendríamos que depositar cierta cantidad hoy en el banco para obtener esos 100 millones en unos 60 años. ¿Cuál es la suma de dinero que necesitamos poner hoy en el banco si quisiéramos obtener 100 millones dentro de 60 años? El valor presente de esos 100 millones con una tasa de descuento muy baja, digamos de uno por ciento, es de 55 millones, pero si la tasa es de 3 por ciento sólo necesitamos 17 millones, porque esa tasa de interés compuesto alta es lo que va a realizar el trabajo de obtener los 100 millones dentro de 60 años.


El informe Stern considera que la tasa de descuento debe ser de 1.4 por ciento, pero Nordhaus considera que debe ser más cercana a 3 o 4 por ciento, porque debe estar cerca de las tasas comerciales y de equilibrio de largo plazo. Aquí el flamante premio Nobel patina, porque las decisiones sobre inversiones de interés público relacionadas con el cambio climático no pueden equipararse a las de las inversiones privadas en el sistema financiero. En síntesis, para Nordhaus las inversiones que hoy se requieren para mitigar el daño futuro son modestas. Su conclusión va radicalmente en contra de lo que recomienda con un grito de emergencia el informe especial del IPCC.
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El futuro de la industria del automóvil frena la ambición climática en la UE

Los ministros de Medio Ambiente de la UE deben cerrar un acuerdo para fijar un porcentaje en la reducción de emisiones de CO2 procedentes de los coches y las furgonetas para 2030.

 
De un lado van las evidencias científicas; del otro, la realidad política. Un día después de que el mayor panel de expertos sobre cambio climático haya advertido de que son necesarios cambios “sin precedentes”, hay serias dudas de que los gobiernos europeos vayan a superar la prueba.


En un encuentro celebrado a puerta cerrada en Luxemburgo, los ministros de Medio Ambiente de los 28 no han cerrado un acuerdo para fijar un porcentaje en la reducción de emisiones de CO2 —el principal gas de efecto invernadero— procedentes de los coches y las furgonetas para 2030. Pero las previsiones más optimistas se han desinflado antes de incluso de que comenzara la reunión.


España, el segundo fabricante de vehículos de la Unión Europea y una voz clave en las negociaciones, ha confirmado a primera hora de este martes que no iba a apoyar la postura más ambiciosa que hay sobre la mesa: una rebaja del 40%, liderada por Francia y apoyada por otros países como Reino Unido, Italia o Bélgica. Del lado opuesto se sitúa Alemania, que junto a República Checa, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria y Hungría pretende un recorte muy inferior, de tan solo del 30%. El gobierno español, con peso para empujar la balanza, ha optado finalmente por una postura intermedia (del 35%) que es la que plantea Austria, en la presidencia europea durante este semestre.


"Nuestra posición es clara con respecto a la necesidad de incrementar el nivel de ambición en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en este sector, pero clara también con respecto a la necesidad de salir con un objetivo que sea consensuado por todos", ha justificado la ministra, Teresa Ribera, que ha reconocido lo “llamativo” de que Francia y Alemania, tradicionalmente aliadas en la ambición climática, representen ahora a bloques enfrentados.


Aunque Alemania ha abanderado desde hace años las políticas más verdes de la Eurozona, el temor a la pérdida de cientos de puestos de trabajo en la industria del automóvil la han alejado de la posición gala. Según un informe de la Comisión Europea, un recorte del 40% en las emisiones de coches y furgonetas se traduciría en la pérdida de 12.000 empleos en Europa.


"El esfuerzo del sector del automóvil y de los sindicatos en estos años ha sido importante, pero es verdad que junto con la industria principal, hay un porcentaje relevante de industria auxiliar que probablemente se vea afectado por una revolución en marcha en nuestros parámetros de movilidad", ha reconocido Ribera, al ser preguntada por los posibles efectos en España.


El del automóvil es uno de los sectores estratégicos para la economía europea (sobre todo para Alemania, España y Francia, principales fabricantes), pero también uno de los que más contribuye a la emisión de gases contaminantes. Aproximadamente un 26% de las emisiones globales proceden del transporte, y el 50% de ellas del transporte por carretera. Por eso el acuerdo resulta crucial para definir la estrategia de una economía baja en carbono. El Parlamento Europeo (que defiende un recorte del 40%), la Comisión Europea (que se sitúa en el 30%) y los estados miembros tienen hasta finales de año para fijar una postura común.


“Los científicos acaban de estimar que para el año 2045 tenemos que tener una economía descarbonizada, y si no le hincamos el diente al transporte vamos muy mal. Nos parece muy razonable la petición del 40% porque si no, no llegamos”, dice Paco Segura, experto en transporte y calidad del aire de Ecologistas en Acción. "Otro factor muy importante es que está claro por dónde van a ir los mercados, los motores más contaminantes no van a tener cabida. La apuesta estratégica inteligente para que nuestra industria no se quede obsoleta es apostar por vehículos muy eficientes", añade.


“Esta reunión era la primera oportunidad para demostrar que se toman en serio la advertencia de los científicos. Si realmente nos creemos lo que estamos defendiendo hay que ir al máximo, porque si no el discurso no se adaptar a los hechos”, ha reaccionado por su parte el diputado de Equo Juan López de Uralde, que había pedido ambición al Gobierno.

09/10/2018 17:32 Actualizado: 09/10/2018 23:34
lucía villa
@Luchiva

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