Los jóvenes de Colombia, con poco o nada que perder, protagonizan uno de los estallidos con mayor represión policial de los últimos años en América Latina

Los jóvenes de Colombia, con poco o nada que perder, protagonizan uno de los estallidos con mayor represión policial de los últimos años en América Latina.

 

Ropa cómoda, documento de identidad, tarjeta bancaria, botella de bicarbonato con agua, pañoleta, mascarilla, algo de comer, agua, cuaderno, cámara, chaleco, máscara antigás, casco y carné de prensa. Esto es lo que guarda en su mochila Julieth Rojas, de 20 años, cada vez que va a cubrir las manifestaciones que empezaron el 28 de abril. Miles de personas, en gran parte jóvenes, salieron a las calles en contra de una reforma tributaria que pretendía ajustar el cinturón fiscal a los hogares más pobres, que suman más de la mitad de la población y que ya tenían serios problemas económicos antes de la pandemia. La represión policial no tardó en llegar, pero Rojas es firme: “La gente tiene más miedo a quedarse callada que a que la maten”. 

La presión de las protestas obligó al Estado a retirar la reforma tributaria tras cuatro días de movilizaciones y 21 homicidios de manifestantes, según publicó la ONG Temblores. El ministro de Hacienda y la titular de Exteriores dimitieron y el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció una mesa de negociación con el comité nacional del paro nacional, donde se agrupan las organizaciones convocantes, y también con el resto de sectores que participaban en la protesta. Sin embargo, muchos jóvenes han seguido en las calles al no sentirse representados y algunos exigieron reformas más profundas, como la de la policía.

Las oportunidades de futuro para la juventud colombiana se han ido reduciendo si se observa el deterioro de sus condiciones sociales y su percepción sobre lo que pasa en el país. Según datos oficiales de 2019, el 43% de los jóvenes menores de 24 años son pobres, ocho puntos más que la tasa nacional. La falta de oportunidades también es evidente con un desempleo juvenil que rozó el 30 por ciento durante los primeros meses de confinamiento. Esto se suma al clima de inseguridad en el que viven. Durante 2019, el homicidio fue la primera causa externa de muerte entre la población de 15 a 24 años, con casi 4.000 casos. 

Primera línea

Julieth Rojas es voluntaria en Primera Línea, un medio alternativo que nació durante las protestas de noviembre de 2019 para contar los abusos del Escuadrón Móvil de Antidisturbios (ESMAD), unidad especial de la policía que se despliega para contener manifestaciones y que hace uso excesivo de la fuerza de forma sistemática. Según un informe del observatorio de violencia policial de Temblores, la policía cometió 289 homicidios entre 2017 y 2019. Uno de los primeros reportajes de Rojas fue sobre una de estas muertes. 

Julieth Rojas es la más joven de las cuatro fotoperiodistas que tiene este medio, que con más de 300.000 seguidores en su cuenta de Instagram es toda una referencia dentro del movimiento. Esta estudiante precisa que el nombre del medio también hace referencia a los manifestantes que se colocan con escudos artesanales frente al ESMAD cuando hay cargas policiales para dar tiempo al resto de manifestantes a buscar refugio. Esta estrategia también se usó en las protestas de Chile de 2019.

Rojas y su equipo se reúnen cada vez que hay manifestaciones para revisar los lugares de las convocatorias y así repartirse las zonas para hacer una mejor cobertura. En su caso, suele cubrir la Plaza Bolívar. En este punto se encuentra el Congreso, el Palacio de Justicia y también el ayuntamiento de Bogotá. Esto hace que haya una mayor concentración policial. La joven explica que te pueden “encerrar muy fácil” por el tipo de calles que hay alrededor. Cuando se le pregunta por qué elige siempre esta zona, tras una pequeña risa, responde: “Uno se vuelve masoquista”. 

A pesar de tener chaleco y carné de prensa, le han “gaseado terriblemente”, explica refiriéndose a los gases lacrimógenos, y recuerda que al principio no tenían equipo de protección y terminaban “ahogados”. Es justo en ese momento cuando entran en juego las botellas que guarda en su mochila. “Cuando hay tropel (cargas policiales), pongo el bicarbonato con agua en la pañoleta y me lo pongo en la cara, eso ayuda muchísimo”, reconoce. La joven fotógrafa relata cómo, en sus primeras coberturas, se ponía cerca del ESMAD buscando protección pero aún así no se libraba del gas ni de que le apuntaran con sus armas aturdidoras. “Uno piensa que el chaleco y el carné de prensa ayudan, pero a ellos no les importa nada”.

La policía también tiene casos abiertos sobre violencia sexual a manifestantes, por lo que para jóvenes como Rojas documentar este tipo de protestas supone un riesgo mayor. “Da mucho más miedo”, reconoce mientras que recuerda un caso en el que la policía retuvo a una chica en un Comando de Atención Inmediata (pequeñas comisarías que hay en cada barrio). “Le hicieron firmar un documento para que no dijera nada de lo que había pasado”. Por eso, siempre sale en compañía de algún amigo u otra periodista de su equipo.

Esta estudiante de último año de periodismo consigue pagar “con las uñas” los 5.000 euros que vale la matrícula en su universidad privada. Cuando habla con gente de su universidad sobre la protesta, siente que muchos lo viven con cierta distancia: “Son personas que tienen muchos privilegios, la guerra no les atacó directamente ni la falta de oportunidades”. Rojas siente que el gobierno y los medios ocultan lo que pasa en el país: “Feminicidio, desplazamientos forzados, asesinatos de líderes sociales…”. Cuando llegó la reforma tributaria, según dice, los medios alternativos mostraron lo que podría pasar si se aprobaba y “la gente se puso las pilas, ese fue el detonante”. Aunque cree que los cambios van a llevar mucho tiempo, espera que al final “merezca la pena” haber salido a las calles. Reflexiona un momento cuando se le pregunta con qué imagen se quedaría de lo que ha visto hasta ahora, pero en seguida dice: “El amor de las personas por Colombia”. 

“Nos están matando”

La Defensoría del Pueblo, institución del Estado responsable de velar por el cumplimiento de los derechos humanos, documentó 42 fallecidos durante las primeras dos semanas de protestas. Por su parte, la ONG Temblores registró 40 casos de homicidios cometidos presuntamente por la policía. Las redes sociales se llenaron de vídeos donde se denunciaban los abusos policiales con mensajes como “Nos están matando” y “SOS Colombia”.

Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, fue el escenario de algunas de las manifestaciones más importantes del país, en su gran mayoría pacíficas. Pero también fue el epicentro de enfrentamientos entre manifestantes y el ESMAD que la llevaron a ocupar las portadas de los medios internacionales. “Cali ha sido la punta de lanza de la resistencia”, afirma David Erazo, estudiante de sociología que también trabaja como repartidor de comida a domicilio, con lo que gana unos tres euros a la semana. Erazo se unió a la protesta desde el primer día y fue testigo de algunas de estas situaciones. 

 “Estábamos desayunando y un compañero nos dijo por WhatsApp que venía una tanqueta”, dice con tono calmado, mientras aclara que es algo habitual ver tanquetas en las universidades públicas y que “tiene experiencia previa” sobre lo que hay que hacer. Erazo continúa explicando que en ese momento, algunos de sus compañeros que tenían escudos caseros, algunos hechos de las mismas señales de tráfico, hicieron una primera línea de defensa “para evitar los ataques más directos”. Confiesa que, aunque trató de registrarlo con su cámara, lo principal en estas situaciones es “correr a un lugar lejano” y esperar a que todo se calme.

En esta ocasión tuvo suerte y también se escapó de las balas de goma, algo que no pasa siempre. Recuerda que una vez recibió impactos en los hombros. Estos enfrentamientos duran horas, explica, y aunque se supone que la policía tiene la orden de no apuntar a zonas sensibles del cuerpo, “ellos disparan directamente a la cara”. Los cuerpos policiales en Colombia dependen del Ministerio de Defensa y no del de Interior, por lo que hay una alta impunidad de los abusos policiales. Según Temblores, solo dos de las 127 investigaciones abiertas por homicidio entre 2017 y 2019 acabaron con una condena en firme.  

Erazo destaca cómo la juventud de los barrios más pobres de la ciudad salió de forma espontánea y que, según él, los jóvenes son los que más “han nutrido” a la protesta. Continúa explicando que Cali es una ciudad donde se concentran muchas personas que fueron desplazadas por el conflicto y llegaron a zonas “con acceso casi nulo a servicios básicos como alcantarillado y electricidad”. Según datos de 2018 del ayuntamiento de Cali, 205.000 personas desplazadas residen en la ciudad tras huir de la guerra. Cree que “la exclusión y la falta de oportunidades” que enfrentan estos jóvenes puede explicar que fueran ellos quienes se “abanderaron del paro”. En 2022 hay elecciones presidenciales y este manifestante tiene esperanzas de que sea el momento para “focalizar toda esa rabia en un gobierno popular”.

Dispuestos a llegar hasta el final

Nia prefiere no decir su apellido, tiene 20 años y ni estudia ni trabaja. Forma parte de ese grupo que se conoce como “Nini”, y que representa el 33% de la juventud entre 14 y 28 años. Vive en uno de los barrios más pobres de Cali. Antes trabajaba poniendo etiquetas a botes de pintura en una empresa pero la despidieron cuando llegó la pandemia. Durante la protesta, se unió a Escudos Negros, un grupo urbano que forma parte de la primera línea de resistencia y que realiza bloqueos en algunas calles de la ciudad.

Estos bloqueos son una estrategia de este tipo de grupos para presionar al gobierno ya que provoca desabastecimiento de alimentos, medicinas y gasolina en la propia Cali pero también en otras ciudades principales del país. Por su parte, el presidente de Colombia remarcó que son ilegales y dejó clara la postura del ejecutivo: “Aunque no se hagan con armas o agresiones físicas, son en sí mismos unos actos que son violentos”.

Nia se dedica a apoyar a diferentes bloqueos de la ciudad y tiene unas funciones muy específicas cuando hay un enfrentamiento con el ESMAD. “Ayudo a devolver gases (botes de gases lacrimógenos), con la leche y el agua con bicarbonato”, explica. Cuando se le pregunta qué opina de quienes critican esta forma de protesta, en su contestación se nota rabia: “Les diría que dejen de ser tan tibios, poco empáticos e ignorantes, que no les importa el país ni lo que está pasando”. 

Las demandas de estos grupos son variadas. Para ella, lo que quieren es un “verdadero diálogo de cambio” y si eso no pasa, pide la renuncia de Duque y Uribe. “Que se les baje el sueldo al salario mínimo a los congresistas, senadores y toda la gente del gobierno para que vivan con 800.000 pesos (180 euros) a ver si son capaces [de vivir] como el pueblo”, señala con ánimo encendido. El salario mínimo en Colombia en 2021 está fijado en unos 202 euros, seis euros más que el año anterior. 

Se despide con una declaración breve pero decidida: “Todos nosotros estamos dispuestos a llegar al final, dispuestos a dar la vida”.  

Resistencia desde la tierra

Los pueblos indígenas son un foco de resistencia en cualquier nueva movilización y en esta ocasión también se unieron a la protesta. Juan Sebastián Salazar, de 23 años, forma parte de la guardia indígena del pueblo Kite Kiwe, cuyas tierras están en una de las regiones más golpeadas por la guerra. Salazar es uno de los 20.000 defensores de la tierra que tiene esta guardia en esta zona y su función es velar por los derechos humanos en el país. “Este gobierno nos tiene doblegados por eso nos unimos al resto de los sectores y llegaremos victoriosos como pueblo”, afirma. Colombia es uno de los peores países para defender los derechos humanos pero esto es aún más peligroso para jóvenes como Salazar ya que son los tipos de liderazgo más perseguidos durante los últimos años. Entre la firma de los acuerdos de paz en 2016 y abril de 2021, hubo 317 homicidios de líderes indígenas, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y La Paz (Indepaz). 

Para Salazar, participar en política más que un derecho, es una tradición. “Desde los ocho años, empezamos con formación política en la escuela”. Quizás por eso hoy es uno de los líderes de su comunidad y como tal, tiene sus propias reclamaciones para su pueblo: “Un territorio donde no haya violencia por los grupos armados ilegales, con nuevas oportunidades, eso es lo que como jóvenes soñamos”, expone, al tiempo que exige que se respeten sus “usos y costumbres”. Sin embargo, considera que es difícil con un gobierno que “llega a la negociación y luego no cumple” mientras que en cada protesta son ellos los que se ponen “en riesgo”.

Este estallido no fue la excepción. Ante los constantes enfrentamientos que había con la policía en Cali, una caravana de unas 300 personas de la guardia indígena decidió salir de sus tierras y acompañar a los manifestantes en el epicentro de la protesta. Un poco antes de llegar a la ciudad, civiles armados atacaron al grupo, presuntamente bajo la permisividad de la policía que presenció el ataque sin defender a los manifestantes. “Llegamos a un sitio donde no nos dejaron pasar, nos bajamos a dialogar con las personas y ahí fue cuando coches de marca Toyota blindados se tiraron encima de nosotros”, refiere Salazar.

Doce personas resultaron heridas, entre ellas una lideresa que recibió dos impactos de bala en el abdomen y tuvo que ser ingresada en cuidados intensivos. “Fue una experiencia muy dura, porque nosotros como guardia indígena solo tenemos los bastones de autoridad, y tener enfrente personas armadas da mucha rabia”. El líder indígena también es de los que cree que esta protesta ha sido la primera para muchos jóvenes y remarca cómo el ejemplo de lucha de los pueblos indígenas pudo ser importante para esto. “Nosotros somos referentes en hacer la resistencia, entonces los jóvenes se animaron a sumarse a esta gran causa, a esta gran lucha”, reflexiona.

Juvenicidio directo

La generación de jóvenes que tiene poco que perder se sienten cansados de ser los invisibles de este sistema. Esto hace que la confianza hacia el Estado esté muy fracturada. Según señala una encuesta del Observatorio de la Juventud en Iberoamérica, un 72% siente que el Estado es “poco o nada democrático”.

Para Germán Muñoz, profesor e investigador sobre juventud en la Universidad Nacional, hay una intencionalidad directa en provocar esta fractura: “Es una política de Estado contra los jóvenes, de asesinato sistemático y planificado”. Muñoz también es miembro de la Red Iberoamericana de debate y acción colectiva frente al juvenicidio y un estudioso de los estallidos sociales de los últimos años en la región. Explica que en Colombia hay un “levantamiento popular” de la juventud de los barrios más pobres. “Tienen hambre, rabia, están hastiados de la violencia policial, ya no aguantan más”. También critica los métodos del Estado: “Es una guerra de piedras contra armas sofisticadas de última generación de alta letalidad”. Muñoz se refiere a las tanquetas equipadas con municiones aturdidoras y perdigones que son “municiones letales” y que fueron creadas para enfrentamientos entre ejércitos, no contra manifestantes, según argumenta.

Por su parte, Rayén Rovira profesora e investigadora de la Universidad Nacional y también miembro de esta red, dice que hay un “juvenicidio directo”. Lamenta cómo la militarización de las ciudades está provocando que los hijos de las familias desplazadas por la guerra hacia las capitales sean ahora quienes están sufriendo “esa violencia que sus padres vivieron en los pueblos”.

El estallido de Colombia fue el primero de relevancia tras el parón que sufrieron las protestas que se extendían por Ecuador, Chile o Haití antes de la pandemia. Rovira piensa que el ejemplo colombiano puede “dar valor” a otros movimientos de América Latina para salir a las calles de nuevo: “Los jóvenes de Colombia fueron la chispa, quién sabe si de algo más que está por venir”.

Por Víctor Linares

6 jun 2021 06:00

Publicado enColombia
El ministro de Finanzas de Japón Taro Aso y el presidente del Eurogrupo Paschal Donohoe. — REUTERS

Los ministros de Finanzas de siete superpotencias occidentales acuerdan apoyar un impuesto de mínimo y planetario "de al menos el 15%" que, a falta de mayor concreción, aspira a sentar las bases para comenzar a regular la tributación del capitalismo global, aunque mantiene las incógnitas sobre sus efectos reales en las haciendas estatales y los consumidores.

 

La reunión de ministros de Finanzas del G-7 cumplió las expectativas y solventó con un anuncio tan ambiguo e inconcreto como solemne la sesión preparativa de la cumbre de jefes de Estado de la semana que viene: el ministro británico, Rishi Sunak, fue como anfitrión el encargado de explicar al mundo que su país, EEUU, Canadá, Japón, Alemania, Francia e Italia, las siete principales potencias económicas del mundo siempre que se obvie a China e India, han acordado apoyar el establecimiento de un impuesto global sobre los beneficios empresariales “de al menos el 15%”.

Irónicamente, el mundo se enteraba del acuerdo "histórico" para "reformar el sistema fiscal global" y adaptarlo a la era del capitalismo tecnológico a través de un tweet, es decir, mediante los servicios de uno de esos "gigantes tecnológicos" de los que el ministro considera "crucial" asegurar que "pagan el impuesto adecuado en el lugar correcto", algo que, matizó, tiene "un precio enorme para el contribuyente británico".

La secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, se pronunció en términos similares cuando aseguró que "esta tasa mínima global pone fin a la carrera a la baja del impuesto de sociedades y garantiza justicia para la clase media y los trabajadores de Estados Unidos y de todo el mundo".

La ambigüedad de ambos anuncios, a la espera de que los jefes de Estado de esos siete países amplíen su posicionamiento, resulta tan esperanzadora como inquietante, tanto por lo que dicen como por lo que no.

La ambigüedad como baza de la geopolítica tributaria

Lo que dicen es que esos siete países apoyan que el Impuesto de Sociedades tenga en todo el mundo un tipo mínimo del 15%, y que se trata de una medida que va a resultar positiva para sus respectivas públicas.

Lo que no dicen es cuál va a ser la letra pequeña de esa norma, de lo que dependen en la práctica su eficacia y su equidad.

Y lo que ya estaba dicho de antemano es que se trata de un pronunciamiento de siete países, para nada actores secundarios en el concierto internacional pero que han participado en un foro informal, sobre un asunto que, en todo caso, no comenzará a ser trasladado al terreno práctico antes de los próximos plenarios del G-20 y la OCDE, que sí disponen de capacidad normativa, y que después tendrán que poner en marcha otros como la UE.

La falta de concreción sobre la medida responde, aparentemente, a dos claves lógicas: la reserva de la zona central de la escena para los jefes de Estado y la certeza de que ese posicionamiento de los siete no es el final de un camino sino una de sus primeras etapas, a falta de posteriores negociaciones en eso foros, y eso requiere disponer de un margen para negociar. Siempre que uno esté dispuesto a hacerlo, claro.

Y así está uno de los aspectos clave: el promotor de la iniciativa, el estadounidense Joe Biden, que está trabajando en un tipo del 28% para su país, comenzó en abril proponiendo uno global del 21% que ya se ha quedado en el 15%. Y eso, a falta de que entren en la sala actores como Singapur, Holanda e Irlanda, que han hecho de los impuestos low cost un componente clave de su negocio-país. Todo, mientras otros como China mantienen un estruendoso silencio.

Esa inconcreción impide al mismo tiempo, y más allá de la previsible cantinela liberaloide sobre el riesgo de que las empresas repercutan en sus precios sus costes impositivos, atisbar las consecuencias que una medida de este tipo puede tener para unos ciudadanos convertidos en el principal objeto de negocio de unos gigantes digitales que les dan la apariencia de usuarios. "Si es gratis, es porque el producto eres tú", reza el máximo aforismo de la mercadotecnia virtual.

¿Cuál era el problema a resolver?

La combinación de los paraísos fiscales y los países de baja tributación han servido en las últimas cuatro décadas como base para la generalización de una serie de tinglados societarios que permiten a los grandes emporios canalizar sus beneficios hacia los estados de baja tributación a base de que sus sedes regionales les facturen a las locales cifras millonarias como servicios cuando, en realidad, se trata de meras transferencias.

El impuesto de sociedades global tiene como objetivo evitar ese escaqueo tributario y hacer que las empresas transnacionales paguen impuestos a las haciendas locales en función del negocio realizan y de los beneficios que obtienen en cada territorio.

Esa es la teoría. La práctica dependerá de la letra pequeña, que debe establecer si el impuesto se aplica sobre los beneficios contables o sobre las bases impositivas una vez aplicadas las deducciones, algo que en España permite bajar de un teórico 25% de los beneficios a un 8.3%; cómo será el cobro en cada país y qué parte del negocio puede transferirse a la sede de la empresa, y qué ocurre con los impuestos actuales, ¿Irlanda subirá su 12,5% actual y Suiza su 8,5% al 15%? ¿España restará diez puntos su 25% y Francia bajará a la mitad su 30%?Esos detalles están pendientes de lo que salga del G-20 y la OCDE, y de cómo se interprete esa partitura en la UE o Mercosur amén de las versiones locales, aunque estudios como el reciente de Simulaciones para la UE del cobro del déficit tributario de las multinacionales, elaborado por el Tax Observatory de Gbriel Zucman, dan pistas: los principales beneficiarios de un impuesto global sobre los beneficios empresariales serían los miembros del G-7, con EEUU la cabeza (164.000 millones de euros de 460.000 con un tipo del 25%), mientras que con niveles como el anunciado (15%), otros como España ingresarían 700, que son menos de los estimados para las polémicas tasas Tobin (850) y Google (1.200).

"Sin acuerdo no se puede imponer un tributo a las multinacionales no residentes"

Julio López Laborda, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza y uno de los principales expertos del país en materia tributaria, destaca que "se está dando mucha importancia al establecimiento de un tipo mínimo pero también es relevante el segundo componente, que pretende atribuir a los países el derecho de gravar parte de los beneficios de las multinacionales generados en su territorio", algo que permitiría "avanzar bastante en la limitación de la competencia fiscal y la deslocalización ficticia de los beneficios o profit shifting hacia territorios de baja tributación como los paraísos fiscales, así como en el reparto más justo de la recaudación del IS entre los países".

En este sentido, anota, EEUU ha pasado de rechazar ese segundo componente, el de la presión local, a apoyarlo "esperando que también se traduzca en un aumento de ingresos tributarios para el país", aunque "es importante advertir de que los resultados dependerán mucho de la ambición de las medidas que se acuerden: por ejemplo, no es lo mismo un tipo mínimo del 12,5% que del 21%".

La implementación del impuesto no resultaría, en cualquier caso, sencilla, ya que los Estados pueden "adoptar el Pilar 2 e imponer a sus multinacionales residentes un impuesto equivalente a la diferencia entre el tipo mínimo acordado y la tributación efectiva de las mismas en otros países", pero, al mismo tiempo, "sin acuerdo no puede imponer a las multinacionales no residentes que tributen por los beneficios generados en España, porque no lo permiten las normas vigentes de fiscalidad internacional, en particular, los denominados convenios de doble imposición". Las primeras serían Telefónica, Iberdrola o ACS; las segundas, Amazon, Twitter o Facebook.

"El listón queda tan bajo que cualquier empresa podrá saltárselo"

Así, apunta, "los acuerdos no podrán ser muy ambiciosos, ni en la determinación de las empresas afectadas (sectores, tamaños) ni en el importe del tipo mínimo que se fije. Pero, en todo caso, será un avance con respecto a la situación actual".

Por último, López Laborda rechaza que pueda hablarse de un intento de "armonización global" del Impuesto de Sociedades, aunque sí considera que "las propuestas en las que está trabajando la OCDE a instancias del G20 pueden tener efectos de largo alcance". Entre otras causas, añade, porque "los países más grandes han estado desde el principio detrás de los trabajos de la OCDE, en especial, Francia y Alemania, y ahora tienen más interés que nunca en que salgan adelante, porque les pueden proporcionar ingresos adicionales que precisan para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia".

Por su parte, Íñigo Macías, responsable de Investigaciones de Oxfam-Intermon, calificó de "decepcionante e incluso absurdo que el G-7 declare que esto es una ‘transformación integral’ del sistema fiscal internacional", ya que "un mínimo global del 15% se queda corto, no marcará ese punto de inflexión para acabar con el uso abusivo de los paraísos fiscales ni en la competencia fiscal".

"Nos hubiera gustado poder reconocer que este era el gran momento histórico de la reforma del sistema fiscal impulsado por las grandes economías del mundo para que las grandes corporaciones lleguen a pagar los impuestos que les corresponde donde les corresponde", anotó, pero "con este 15% en realidad no hacen más que alinearse con los paraísos fiscales como Irlanda, Suiza o Singapur. El listón queda tan bajo que casi te tropiezas con él y cualquier gran empresa se lo saltará".

05/06/2021 18:03

Eduardo Bayona@e_bayona

Publicado enEconomía
Sábado, 05 Junio 2021 06:43

Negocios contra la naturaleza

Negocios contra la naturaleza

A casi medio siglo de que Naciones Unidas declarara el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente –en su primera conferencia sobre Medio Humano en 1972, en Estocolmo– el panorama ambiental global es mucho peor que entonces.

La ONU ya advertía que la devastación del medio ambiente debido a la sobreexplotación y contaminación de ecosistemas en tierra, mar y aire, así como el avance del cambio climático tendría serios impactos sociales y económicos. En décadas posteriores se multiplicó la institucionalidad ambiental a nivel internacional, con más de 500 instancias oficiales, pero no cambió el rumbo.

Al contrario, aparecieron nuevos impactos, como el surgimiento cada vez más frecuente de epidemias y pandemias de origen zoonótico, como la de Covid-19, relacionados a la devastación de ecosistemas, como reconoce la ONU (https://tinyurl.com/vzcsxt8a).

Desde 2009, el Stockholm Resilience Center planteó que existen nueve grandes "límites ecológicos planetarios", cuya transgresión pone en peligro nuestra sobrevivencia. Se refieren al cambio climático, la erosión de la biodiversidad, la acidificación de los mares, el uso de agua dulce, la destrucción de la capa de ozono, la erosión de suelos, la disrupción de los ciclos de fósforo y nitrógeno, la contaminación atmosférica y la contaminación química y por "entidades nuevas", como compuestos de nanotecnología, plásticos, transgénicos y agrotóxicos.

Todos esos límites se han transgredido o están muy cerca de traspasar un umbral mínimo de seguridad. Una revisión de 2015 mostró que en cambio climático, erosión de la biodiversidad, erosión de suelos y alteración de los ciclos de fósforo y nitrógeno la situación es realmente muy grave, pero podría serlo también en otros sobre los que no hay suficientes datos.

Esto no sucedió por falta de conocimiento sobre su impacto, sino pese a ello. Por ejemplo, más de las tres cuartas partes de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que causan el cambio climático fueron emitidas después de 1972. Décadas antes se sabía que los combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón) son el mayor factor de esas emisiones. Cien empresas ligadas a la extracción y producción de esos combustibles (empresas de energía y construcción), la mayoría trasnacionales, son causa de las dos terceras partes de emisiones globales de GEI. Gases que también son causa de la acidificación de los mares.

El sistema alimentario agroindustrial (desde semillas industriales a supermercados) basado en extensos monocultivos, con uso intensivo de maquinaria, semillas híbridas y transgénicas, fertilizantes sintéticos y agrotóxicos, está directamente ligado a la transgresión de límites planetarios: por uso y contaminación de agua dulce (la agricultura industrial usa y contamina 70 por ciento del agua dulce disponible), por disrupción de los ciclos naturales de nitrógeno y fósforo (ambos componentes de los fertilizantes sintéticos), por erosión y pérdida de suelos, por erosión de la biodiversidad agrícola y forestal, por deforestación (más de 70 por ciento de la deforestación global es a causa de la expansión de la frontera agropecuaria industrial), por contaminación con agrotóxicos, plásticos, transgénicos y otras sustancias químicas.

La destrucción de bosques, manglares, humedales y praderas naturales, debida a esas industrias (agropecuaria-alimentaria industrial y de extracción y producción de energía fósil) junto a mineras, megaproyectos viales y urbanización descontrolada, producen una devastación de la biodiversidad sin precedente, que también es origen de enfermedades zoonóticas. Esos ecosistemas son además fundamentales para absorber el exceso de carbono en la atmósfera.

Por ello, Naciones Unidas declaró una Década de la Restauración de Ecosistemas (2021-2030), comenzando este 5 de junio. El reconocimiento de la importancia de ecosistemas como bosques, manglares y humedales, así como la urgencia de su restauración es fundamental. No obstante, las industrias que han provocado su destrucción están en una carrera para hacer nuevos negocios, lo cual aumentará la devastación. La receta se llama ahora "soluciones basadas en la naturaleza". Es una nueva ola de venta de servicios ambientales, de expropiación y privatización de bosques, tierras y territorios, inventando áreas para "secuestrar" carbono, para imponer desde transgénicos a monocultivos y plantaciones de árboles. Intentan acceder a nuevas áreas naturales y territorios, para generar bonos transables en mercados de carbono o "compensaciones por biodiversidad", lo cual también podría conllevar la expulsión de las comunidades que allí viven. Como señala el Movimiento Mundial por los Bosques en su boletín 255 sobre este tema, no son "soluciones", sino despojos basados en la naturaleza (https://tinyurl.com/2wum6kxw).

Los principales actores para la restauración de ecosistemas son las comunidades rurales campesinas e indígenas, que con sus formas de vida los han cuidado e impedido que haya una destrucción aún mayor. Por ello es imprescindible que se respeten todos sus derechos y se les apoye a partir de sus propias formas de organización y de sus decisiones, no de programas externos o para integrarlos a esos negocios que destruirán aún más la naturaleza y a las propias comunidades.

Por Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC

Publicado enMedio Ambiente
La pandemia aumenta en 108 millones los trabajadores pobres en el mundo

Los empleos perdidos durante la pandemia no se recuperarán fácilmente, advierte la Organización Mundial del Trabajo.

 

Los resultados del covid-19 a nivel laboral han supuesto la pérdida de cinco años en términos de la lucha por la erradicación de la pobreza. 108 millones de personas más han pasado desde 2019 a ser extremada o moderadamente pobres, es decir, trabajadores pobres que viven junto con sus familias con menos de 3,20 dólares al día en términos de paridad de poder adquisitivo.

Es una de las principales conclusiones del informe Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2021, publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 2 de junio. El informe calcula que en 2020 se perdió el 8,8% del total de horas de trabajo, el equivalente a 255 millones de trabajadores a tiempo completo, si bien los esquemas de permisos obligatorios —en España, los ERTE— han llevado a que la pérdida neta de empleos en 2020 se estime en 114 millones.

En el nivel monetario, en 2020 se estima que se perdieron ingresos laborales por valor de tres billones de euros. La pérdida es del 8,3% respecto a la estimación de masa salarial mundial de no haberse producido la pandemia.

El coronavirus se ha dejado notar también en lo que llevamos de 2021, en los dos primeros trimestres se han perdido respectivamente 147 y 121 millones de equivalentes en horas a jornadas completas.

Con la vista puesta en la recuperación, la OIT informa de que se crerán 100 millones de puestos de trabajo netos en 2021 y otros 80 millones en 2022. Las cifras indican que, pese a que se confía en la creación de empleo, no se alcanzarán los objetivos marcados antes de la pandemia. “El déficit mundial de puestos de trabajo inducido por la crisis —explica el informe— se situará en 75 millones en 2021 y en 23 millones en 2022”.

El desempleo de personas activas, que en 2019 afectaba a 189 millones de personas, subió a 220 en 2020, se mantendrá en esa misma cifra en 2021 y descenderá hasta 205 en 2022, por lo que el balance final, el año que viene, seguirá arrojando un resultado de 16 millones de puestos menos que antes de la pandemia.

“El crecimiento previsto del empleo será demasiado débil para ofrecer suficientes oportunidades de empleo a quienes perdieron su empleo o abandonaron la fuerza de trabajo durante la pandemia y a las cohortes más jóvenes que se incorporan al mercado laboral y que han sufrido importantes interrupciones en sus estudios y formación”, concluye la OIT.

Redacción El Salto

2 jun 2021 10:53

Publicado enInternacional
Martes, 01 Junio 2021 05:58

Colombia o la hipocresía europea

Funeral en el Cauca durante las movilizaciones contra el Gobierno de Iván Duque. Xavi Suler

Colombia sigue los pasos de Israel en su grado de impunidad y violación sistemática a los derechos humanos, con la única diferencia de que, si el segundo opera contra el ocupado pueblo palestino, Colombia lo hace contra su propia población.

 

Un régimen que criminaliza la protesta social y que en su respuesta a la misma suma un reguero continuo de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Un régimen que ha añadido a la represión policial, que causa ya decenas de muertes, cientos de asesinados y miles de detenciones, nuevas formas de terror contra la población. Se generalizan así las desapariciones de manifestantes jóvenes que, semanas después, van apareciendo con signos de torturas y baleados en campos y cunetas; se cuentan también por decenas las personas que reciben disparos en los ojos, quedando de esta brutal manera marcados para el resto de sus vidas. Pero este es un régimen que también hace uso de las violencias machistas como herramienta para la represión social y se cuentan ya por decenas las mujeres jóvenes que han sido secuestradas y violadas por elementos policiales, llevando a alguna de ellas al suicidio.

Leyendo el párrafo anterior es posible que algunos se hayan situado inmediatamente en Venezuela. Una más, habrán pensado, del bárbaro régimen bolivariano que lleva años reprimiendo a la democrática oposición y sosteniéndose en su tiránico poder (esperamos se entienda la ironía). Al fin y al cabo, esto es lo que llevan años contándonos, y por lo tanto moldeando así la opinión pública, desde las tribunas mediáticas que controlan las élites económicas y políticas de Europa y América. En ese continente Venezuela encarna el mal y tiene su antónimo en el país vecino: Colombia, quien es suma de los valores de la democracia y el respeto más escrupuloso a los derechos humanos. Donde no hay intereses oligárquicos ni mezquinos que, desde posiciones ultraderechistas, sigan pugnando por enterrar el fallido proceso de paz, por estigmatizar a la población indígena, afro y campesina desde evidentes posiciones clasistas y racistas, estén detrás de la muerte de cientos de liderazgos sociales o sean la razón, con sus políticas económicas, del continuo empobrecimiento de la mayoría de la población colombiana que se ve abocada a mal vivir en su propio país o emigrar en busca del inexistente paraíso donde, por lo menos, quizá le respeten la vida.

Pero, dejemos de lado el sarcasmo y la ironía. La situación en Colombia es escandalosamente grave y este país ya no se puede clasificar ni tan siquiera como democracia de baja intensidad. Sabemos que su gobierno, así lo ha sido durante décadas, está protegido por los intereses geoestratégicos norteamericanos y europeos, que le permiten desarrollar una política de tierra quemada contra su propia población. No pretendemos entrar en una reiterada revisión de las causas más visibles de la protesta social, aquellas que tienen que ver con un nuevo intento por hacer pagar más a quienes menos tienen, mientras los que más tienen siguen engordando unas cuentas de beneficios que les permiten pasear el país en helicóptero o hacer las compras en Miami. Tampoco revisaremos las causas menos visibles, aquellas que se refieren a un régimen oligárquico que durante décadas ha respondido a una concepción patrimonial del estado, que hoy combina con los dictados más ortodoxos del modelo neoliberal. Sobre todo ello se ha escrito ampliamente en estas semanas, y se seguirá escribiendo en las venideras.

Sin embargo, hacemos aquí un alegato contra la hipocresía europea, especialmente de su clase política. Una clase siempre dispuesta para la denuncia del gobierno de Venezuela, o para poner el grito en el cielo por las detenciones de golpistas en Bolivia y a hacer votos por el respeto escrupuloso a sus derechos bajo amenazas al gobierno soberano de este país de sanciones de todo tipo. Y, sin embargo, una clase política que mira sistemáticamente para otro lado mientras en Colombia la juventud sale a las calles para denunciar la falta absoluta de perspectivas, no de futuro, sino en este presente duro al que ha sido condenada sin juicio alguno. Una clase política que mira para otro lado mientras se superan los 1000 liderazgos sociales asesinados desde la firma de unos Acuerdos de Paz (2016) que el gobierno de Iván Duque incumple sistemáticamente. Clase política europea que, acompañada de la económica y mediática, mira para otro lado desde que el 28 de abril la sociedad colombiana decidió optar por la protesta sostenida y pacífica, que ha sido respondida por la represión más salvaje y la militarización del país en un no declarado estado de excepción que suspende libertades y derechos, mientras se protege desde esos cuerpos policiaco-militares a civiles armados que asesinan impunemente manifestantes en las calles.

Colombia es un país en el que, en situación de pandemia, con índices de contagios y muertes provocadas por el virus de los más altos de América Latina, la gente prefiere salir a la protesta y asumir el riesgo que ello conlleva. Como se decía en los primeros días, este es un país en el que la gente teme más las decisiones perversas del gobierno que los efectos mortales de un virus. Al fin y al cabo, Colombia es país especializado en vivir en medio de múltiples virus: el de la violencia, el de la pobreza, el de la injusticia social, el de la desigualdad, el del neoliberalismo…

Pero para Europa nada de esto es grave. No habrá grandes conciertos de música solidaria, no habrá medidas que presionen al gobierno para frenar la represión, no habrá misiones de verificación de la situación de los derechos humanos, no sea que hagan su trabajo y le digan a la vieja Europa que Colombia es uno de los países donde esos derechos son más sistemática y masivamente violados. Esto, igual no se podría seguir escondiendo, y complicaría la consideración de Colombia como un país aliado, democrático y, sobre todo, donde la internacionalización de nuestras empresas puede seguir adelante, aunque ello no deje ningún beneficio ni entienda los intereses y demandas de la población.

En este escenario, la tónica general de Europa, tantas veces escuchada y sufrida, suele ser del tipo: “expresamos nuestra preocupación por la situación”, “seguimos de cerca la evolución de los acontecimientos”, o “llamamos a un diálogo para construir consensos”. Todo, como si lo que se estuviera produciendo fuera una discusión un poco subida de tono entre vecinos. Todo, obviando que el actual gobierno colombiano está en manos de la extrema derecha que representa el uribismo, contrario a la paz y que aboga por seguir considerando Colombia como su finca particular en la que se imponen, bajo una máscara de aparente sistema democrático, medidas siempre en detrimento de la vida de las grandes mayorías del país y, cuando éstas, protestan, se las reprime a sangre y fuego. Por supuesto, el rasero que se aplica a Colombia con miles de muertos e índices de pobreza en continua progresión no tiene nada que ver con las presiones diplomáticas, sabotajes, bloqueos económicos, denuncias internacionales y toda la larga serie de acciones y medidas concretas contra, por ejemplo, el gobierno venezolano.

Colombia sigue los pasos de Israel en su grado de impunidad y violación sistemática a los derechos humanos, con la única diferencia de que, si el segundo opera contra el ocupado pueblo palestino, Colombia lo hace contra su propia población. Y Europa, esta vez sí, aplica el mismo rasero en uno y otro caso: mirar para otro lado y dejar hacer.

por Jesús González Pazos

31 may 2021 12:48

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Cargas policiales durante el Paro Nacional en Bogotá. Foto: Colombia Informa

La pandemia esta siendo un parteaguas en las sociedades latinoamericanas. Las opresiones y corrupciones quedan en evidencia mientras la calidad de vida y de los servicios se deterioran de forma ostensible. Los pueblos se rebelan y las derechas y la represión se radicalizan.

 

El fin del ciclo progresista no fue seguido por la instalación de gobiernos de la derecha, algo que realmente sucedió pero de forma diferente a la habitual, ya que se abrió un período de crisis de la gobernabilidad. 

Lo que nos enseñan las gestiones de Jair Bolsonaro en Brasil, de Lenín Moreno en Ecuador y en su momento de Jeannine Añez en Bolivia, al que podría sumarse el de Sebastián Piñera en Chile, es la enorme dificultad para estabilizar sus gobiernos. Esta nueva realidad no se desprende mecánicamente de la situación económica, porque encontraron sociedades poco dispuestas a aceptar el autoritarismo y la profundización del neoliberalismo extractivista.

Incluso antes de la pandemia, hubo levantamientos populares que cuestionaron los planes de las derechas, en particular en Ecuador y en Chile, mientras en Bolivia una fenomenal sucesión de bloqueos en agosto de 2020, impidieron que el gobierno golpista siguiera dilatando la convocatoria electoral. En Brasil, a diferencia de los países señalados, la manifiesta incapacidad del Gobierno cívico-militar está en la base de su progresivo deterioro.

Sin embargo, en los países gobernados por el progresismo, con especial destaque de Argentina, la gobernabilidad tampoco goza de buena salud. Aunque el modelo de gestión de la pandemia es completamente diferente al de Bolsonaro, con largos períodos de restricciones similares a los de Europa, los contagios se han disparado incluso por encima de lo que sucede en Brasil, si podemos confiar en las cifras que aportan las autoridades.

La baja performance de Alberto Fernández en el manejo de la pandemia, con una nueva ola de contagios y una lentísima evolución de la vacunación, enseña una población reacia a las restricciones y, más aún, dispuesta a saltarse las prohibiciones: entre las clases medias, con sonoras manifestaciones en vehículos privados, mientras entre los sectores populares se verifica la imposibilidad de atenerse a las recomendaciones de distancia y permanencia en los hogares.

Sociedades en movimiento

Luego de un año de pandemia, América Latina está movilizada. Desde los pueblos originarios de México y Centroamérica hasta las clases populares de toda la región, que parecen turnarse en el rechazo no solo a los gobiernos, sino de un modelo depredador de la vida que deja a millones de jóvenes a la intemperie, sin el menor futuro que no sea deambular entre las más variadas formas de precariedad: desde la laboral hasta la de salud, pasando por la vivienda y la propia vida, acechada más que por virus, por la violencia institucional y paramilitar.

En espacios muy alejados de la atención mediática, sucede algo similar. Un desborde incontenible desde abajo. Para muestra, Wall Mapu [territorio habitado por el pueblo mapuche en Chile y Argentina]. El Ministerio del Interior informó que en el primer trimestre de 2021, las recuperaciones de tierras —que califica de “usurpaciones”— aumentaron un 688% respecto al año anterior. En los primeros tres meses del año se registraron 134 tomas de terrenos, frente a las 17 ocurridas en el mismo periodo de 2020.

Mi impresión es que la revuelta comienza en los márgenes y gradualmente va llegando hasta las grandes ciudades. Así sucedió en Colombia. En octubre de 2020 una impresionante Minga Indígena, Negra y Popular nació en el Cauca, recorrió más de 500 kilómetros y llegó a Bogotá donde fue recibida de forma multitudinaria.

La revuelta colombiana fue precedida por protestas en 2017 en ciudades medianas del Pacífico, que configuran el levantamiento en curso: “Se organizaron con comités de médicos, de alimentación, realizando un aprendizaje sobre los modos  de presionar al Estado pero también aprendieron a negociar. Se articularon medios alternativos locales y consiguieron que las autoridades fueran a su territorio a negociar, ellos no se movieron de sus ciudades y comunidades y siguieron los mismos pasos que los indígenas del Cauca”, reflexiona el investigador Alfonso Insausty desde Medellín. 

El paro de un mes es un punto de inflexión en un país donde la protesta se había ceñido a las áreas rurales en las últimas siete décadas, quedando las ciudades como espacios dominados por las grandes empresas y los cuerpos policiales. Sin embargo, desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC en 2016, las grandes ciudades se fueron convirtiendo en el nuevo epicentro de una movilización protagonizada por jóvenes que no tienen futuro en la economía neoliberal y que por vez primera están conociendo la peor arista del sistema.

Derechas radicalizadas

En toda la región las derechas se abroquelan, se muestran cada vez más intransigentes con los pueblos, enseñan su cara genocida. Este cierre autoritario tiene varias facetas: desde la puramente represiva, como la de Colombia y Chile, hasta una creciente militarización de la sociedad, de las instituciones estatales y hasta del sistema educativo y de salud.

Lo que debemos comprender, y el caso mapuche es elocuente, es que estamos ante una reacción defensiva ante el avance de los pueblos, como lo atestigua el caso mapuche. Cuando el Gobierno de Piñera decide militarizar Wall Mapu es porque no encuentra otro modo de frenar el ascenso de las recuperaciones de tierras. No solo envía militares a controlar las comunidades, sino que alienta a los civiles a armarse para enfrentarlas.

El 1 de agosto de 2020 sucedió algo que puede considerarse un viraje profundo en la Araucanía. “Centenares de civiles, armados de piedras, palos, garrotes, bates e incluso armas de fuego, llegaron hasta las municipalidades de Curacautín y Victoria para desalojar a comuneros mapuches, que habían ocupado las dependencias municipales, en apoyo a la huelga de hambre de una veintena de comuneros, entre ellos el machi Celestino Córdova”.

Exactamente la misma reacción que se ha visto en Cali por parte de las elites de la ciudad, que reaccionaron con violencia contra la Guardia Indígena y las juventudes negras y populares. Un informe de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz sobre la existencia de fosas comunes y “casas de pique” —donde se descuartizan personas para hacerlas desaparecer— en las periferias de Cali.

Estamos ante un nuevo escenario, bien distinto al que caracterizó las dictaduras de la década de 1970. Ahora el Estado no tiene ni la capacidad ni la voluntad de controlar las sociedades, ha cedido el monopolio de la violencia para que otras agencias —narcotraficantes, paramilitares y personas armadas ocasionalmente— hagan uso de las armas ante la complicidad de las fuerzas represivas legales.

En Brasil hay 6.157 militares en activo o en la reserva ocupando cargos civiles en el Gobierno de Bolsonaro, lo que representa un aumento del 108% respecto a 2016, el año en que fue destituida la presidenta Dilma Rousseff. La militarización del Estado alcanza niveles insospechados en áreas como la educación, como lo revela el informe del Sindicato Nacional de Docentes de Enseñanza Superior (Andes) de Brasil, titulado “Militarización del gobierno Bolsonaro e intervención en las instituciones federales de enseñanza”. 

Los militares ocupan los principales escalones del sistema de salud y avanzan sobre la educación con la creación de “escuelas cívico-militares” y con la intervención en  universidades para vetar y controlar la elección de rectores. El informe destaca que se están creando 216 escuelas primarias cívico-militares que utilizan “el modelo basado en las prácticas pedagógicas y en los patrones de enseñanza de los colegios militares del Comando del Ejército, policías militares y cuerpos de bomberos militares”.

Más allá del caos y la represión

Es posible que la pandemia esté siendo un parteaguas en las sociedades latinoamericanas. Las opresiones y corrupciones quedaron en evidencia mientras la calidad de vida y de los servicios se vienen deteriorando de forma ostensible. Pese a las medidas excepcionales y la serias restricciones a la movilidad y los encuentros, los movimientos no sólo no se debilitaron sino que están lanzando desafíos impensables años atrás.

La radicalización de las derechas y la creciente movilización de los pueblos permite aventurar algunas hipótesis. La salida represiva está sobre la mesa, con una intensidad que nos retrotrae a los años 60, con escuadrones de la muerte y cementerios clandestinos. Sin embargo, no parece la salida más probable, además de ser profundamente indeseable.

Existe la posibilidad de nuevos gobiernos progresistas, como el de Gustavo Petro en Colombia y Pedro Castillo en Perú. Pero no tendrían la menor chance de apaciguar a las clases dominantes, ni conseguirían desmovilizar a los pueblos. Algo similar puede decirse en el resto de los países. Quien gobierne, tendrá el terreno acotado arriba y abajo, por lo cual los cambios serán mínimos, por lo menos a corto plazo.

Es una buena chance para que los pueblos tomen iniciativas en otras direcciones. Los proyectos autonómicos son una posibilidad real. Que los jóvenes urbanos de Cali hayan llamado a la Guardia Indígena para su defensa, que la bandera mapuche sea la más ondeada en la revuelta chilena muestran que los territorios autónomos en resistencia se han convertido en alternativa real y concreta para amplios sectores de las sociedades.

Por Raúl Zibechi

27 may 2021 06:00

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Trabajadores sanitarios celebran el cierre de un hospital temporal en Wuhan. TPG via ZUMA Press / dpa

Aunque la teoría principal sobre el origen del virus señala que este saltó de un animal al ser humano, la información de las agencias de inteligencia sobre la hospitalización de varios investigadores en noviembre de 2019 y la existencia de pruebas todavía sin examinar han empujado a Biden a pedir un nuevo informe

 

El coronavirus SARS-CoV-2 se detectó por primera vez en la ciudad china de Wuhan a finales de 2019. Desde entonces se ha extendido por todo el mundo, al menos 3,5 millones de personas han muerto por el virus y al menos más de 168 millones se han contagiado (estas son sólo las cifras de casos confirmados). Sin embargo, las investigaciones aún no han logrado identificar el origen del virus, un debate que sigue generando enfrentamientos políticos a nivel internacional y que vuelve a acaparar toda la atención tras la petición de Joe Biden a los servicios de inteligencia de "redoblar" sus esfuerzos e informarle en 90 días de sus conclusiones.

Aunque la teoría principal según la investigación de la OMS sigue siendo que el nuevo coronavirus saltó de un animal (el murciélago u otro) a los humanos pasando por un animal intermediario, de pronto, la teoría que sitúa el origen del virus en el laboratorio de Wuhan –inicialmente calificada por muchos como una conspiración sin fundamento– ha vuelto a cobrar relevancia.

¿Qué dice la investigación de la OMS sobre el origen del virus?

Un equipo internacional compuesto por 17 expertos chinos y otros 17 expertos internacionales llevaron a cabo este año un estudio conjunto sobre el origen del virus tras la resolución alcanzada en la Asamblea Mundial de la Salud. Tras una investigación en Wuhan de 28 días, de los cuales 14 los pasaron en cuarentena en un hotel, el equipo no alcanzó unas conclusiones definitivas y dejó todas las posibilidades abiertas. La investigación examinó cuatro posibles teorías y les asignó diferentes grados de probabilidad.

  • Transmisión zoonótica directa a los humanos: "considerado entre posible y probable"
  • Introducción en humanos a través de un animal intermediario: "probable a muy probable"
  • Mediante la cadena alimentaria o productos congelados: "posible"
  • Incidente en el laboratorio de Wuhan: "extremadamente poco probable"

Además, el informe final señala que aunque "muchos de los primeros casos estaban asociados con el mercado de mariscos de Huanan, un número de casos similar estaba asociado con otros mercados y algunos, con ninguno". "Actualmente no se puede trazar una conclusión firme sobre el papel del mercado de Huanan en el origen del brote o cómo entró la infección en el mercado", concluía.

¿Por qué EEUU quiere investigar el laboratorio?

Este miércoles, el presidente Joe Biden pidió a los servicios de inteligencia un informe en 90 días que intente aclarar el origen del virus, incluida la hipótesis de que hubo un accidente en el laboratorio. "Poco después de convertirme en presidente pedí a la comunidad de inteligencia preparar un informe con su análisis más actualizado del origen de la COVID-19, incluido si salió del contacto humano con un animal infectado o de un accidente en un laboratorio. Recibí ese informe este mes y he pedido un seguimiento adicional", dijo Biden. 

A día de hoy, la comunidad de inteligencia del país, compuesta por 18 organizaciones diferentes, contempla los dos escenarios. Dos de estas organizaciones se inclinan por la hipótesis del contacto humano, otra lo hace por la del laboratorio, aunque con un nivel de confianza bajo o moderado, y la mayoría cree que "no hay información suficiente para afirmar que una es más probable que la otra". 

La petición de Biden se produce después de que miembros de la comunidad de inteligencia informaran a la Casa Blanca de que todavía tienen una serie de pruebas sin examinar que requieren un análisis informático que podría aportar algo de luz al misterio del virus, según ha informado este viernes The New York Times citando fuentes de alto rango del Gobierno. Las mismas fuentes han rechazado describir ese tipo de pruebas.

China ha criticado el anuncio estadounidense, señalando que es una decisión política. "Esto muestra que la parte estadounidense ignora los hechos y la verdad y que tampoco está interesada en un rastreo serio y científico, sino que quiere utilizar la epidemia para estigmatizar, manipular políticamente y eludir responsabilidades", ha señalado el portavoz de Exteriores chino, Zhao Lijian.

¿Qué otros factores recientes promueven esta posibilidad?

The Wall Street Journal publicó el domingo una exclusiva citando un informe de inteligencia que afirmaba que tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan enfermaron en noviembre de 2019 y tuvieron que acudir al hospital. Según China, el primer caso detectado de coronavirus fue el 8 de diciembre.

Un día después de la publicación del artículo, Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergología y Enfermedades Infecciosas de EEUU, dijo: "No estoy convencido [de que se desarrollase de forma natural]. La gente que lo ha investigado dice que probablemente emergió de un animal que después contagió a personas, pero puede haber sido otra cosa".

La información del periódico coincide con lo publicado por la Administración Trump pocos días antes de dejar la Casa Blanca. El entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, declaró: "El Gobierno tiene razones para creer que varios investigadores del Instituto de Virología de Wuhan enfermaron en otoño de 2019, antes del primer caso identificado, con síntomas consistentes tanto con la COVID-19 como con enfermedades estacionales comunes".

Por otro lado, el 14 de mayo un grupo de 18 prestigiosos científicos publicó un artículo en la revista Science en el que solicitaban que se investigase con mayor atención la teoría del laboratorio. "Las dos teorías no recibieron una consideración equilibrada. Solo 4 de las 313 páginas del informe [de la OMS] abordan la posibilidad de un accidente de laboratorio". "Debemos tomar en serio las dos hipótesis hasta que tengamos información suficiente".

La extraña muerte de tres mineros en 2012

La información del Departamento de Estado sobre el personal del laboratorio enfermo también mencionaba el caso de la mina en la provincia de Yunnan.

Según una investigación de The Times, en abril de 2012 seis mineros enfermaron con síntomas similares a la neumonía tras entrar en una mina a limpiar excrementos de murciélago. Tres de ellos murieron. Poco después, científicos chinos del Instituto de Virología de Wuhan investigaron el caso y extrajeron muestras de los murciélagos en la mina. Así identificaron el que hasta ahora es el virus más parecido al que causa la COVID-19

A falta de localizar el animal que pudo haber hecho de intermediario para el contagio de humanos –según la teoría más probable en la investigación de la OMS–, muchos han vuelto la mirada al laboratorio, que ha trabajado con este tipo de coronavirus a raíz de lo ocurrido en 2012. Según informa The Guardian, identificar los animales intermediarios en brotes anteriores de coronavirus ha sido un proceso largo, complicado e incierto.

En 2018, una delegación diplomática estadounidense visitó el laboratorio de Wuhan. "Los investigadores mostraron que varios coronavirus del estilo SARS pueden interactuar con ACE2, el receptor humano para los coronavirus SARS. Este hallazgo sugiere que los coronavirus de tipo SARS de los murciélagos pueden ser transmitidos a los humanos", señalaron posteriormente en telegramas diplomáticos enviados a Washington. También alertaban del peligro y problemas de seguridad en el laboratorio.

Peticiones de una nueva investigación internacional

"Estados Unidos seguirá trabajando con socios afines de todo el mundo para presionar a China para que participe en una investigación internacional completa, transparente y basada en pruebas, y para que facilite el acceso a todos los datos y pruebas pertinentes", afirmó el presidente Biden el miércoles ante la falta de respuestas del primer informe.

Otros países como Australia, Japón y Portugal también han mostrado durante la Asamblea Mundial de la Salud, que se reúne esta semana, su deseo de seguir investigando el origen del virus.

La investigación de principios de año solicitada por la OMS ha recibido críticas por supuesta falta de transparencia, así como falta de acceso a información relevante. También ha habido solicitudes para que la Asamblea Mundial de la Salud decida los próximos pasos en la investigación.

Por su parte, el Panel Independiente de Preparación y Respuesta a la Pandemia creado por la OMS ha solicitado a la Asamblea Mundial de la Salud que dé más poderes a la OMS "para investigar patógenos con potencial pandémico en todos los países, con acceso a corto plazo a los lugares pertinentes, suministro de muestras y visados permanentes para la entrada de expertos internacionales a los lugares donde se produzcan los brotes".

Por Javier Biosca Azcoiti

27 de mayo de 2021 22:09h

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Miembros del Comité del Paro durante las negociaciones con el Gobierno. / Colprensa

Líderes sindicales que asistieron al sorpresivo encuentro convocado por las autoridades nacionales en la noche de este jueves señalan que desde la administración nacional están demostrando intenciones de dilatar la aprobación del preacuerdo de garantías para la protesta.

Miembros del Comité del Paro durante las negociaciones con el Gobierno. / Colprensa

Más le tomó al Gobierno nacional pedir modificaciones al preacuerdo que adelanta como parte de la mesa de negociaciones del paro nacional, que al comité de este en contestar de forma negativa a dicha petición. Esto, después de una reunión privada convocada de forma inesperada por funcionarios del Estado este jueves 27 de mayo.

Al terminó de la misma, el líder presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Francisco Maltés, ofreció una escueta rueda de prensa en la que aseguró que, “lamentamos que el Gobierno nacional no nos tenga una respuesta sobre el documento de garantías para ejercer la protesta social pacífica en Colombia”.

El líder sindical recordó que dicho texto se viene trabajando como preámbulo a las verdaderas negociaciones que ambos bandos esperan adelantar como resultado de 30 días de manifestaciones a lo largo y ancho del país. El mismo había sido aprobado de forma unánime por todos los miembros del Comité del Paro desde el pasado lunes 24 de mayo, sin respuesta alguna del Estado hasta este jueves.

“Lo que vemos es una acción dilatoria del Gobierno para cumplir, para firmar lo acordado. Y por lo tanto, esa actitud dilatoria, que no entiende la complejidad que vive el momento, hace que el responsable del paro, por supuesto, sea el gobierno del presidente Duque, que se niega a firmar el acuerdo de garantías y no nos ha dado por lo tanto una respuesta sobre en qué fecha se debe iniciar el pliego de emergencia”.

Dicho esto, Maltés confirmó que habrá una nueva reunión el próximo domingo a las 10 de la mañana, mismo día en que se espera que el Gobierno nacional haga la entrega de sus lineamientos para dicho preacuerdo.

Valga recordar que, fruto de la misma reunión, se conoció que las autoridades nacionales buscan que los miembros del comité rechacen los bloqueos que se han presentado en las últimas semanas y que han afectado la economía del país, mientras que el comité se mantiene en su posición de exigir las garantías necesarias para que se desarrolle una manifestación pacífica.

“Dichos bloqueos vulneran, entre otros, los derechos a la movilidad, el trabajo, la alimentación, la salud, el desarrollo económico, social y cultural (...) los bloqueos afectan de manera negativa a millones de colombianos. Para el Gobierno nacional es perentorio garantizar también los derechos del resto”, manifestó Emilio Archila, consejero para la Estabilización y nuevo líder del equipo negociador del Gobierno.

Archila agregó que, “algunos miembros del Comité del Paro han insistido en promover de manera exclusiva la figura de los corredores humanitarios, sin condenar los bloqueos. Para el Gobierno nacional este punto no es negociable”.

Quien dejó más claro el panorama fue el excongresista Alirio Uribe, uno de los representantes del Comité del Paro, quien señaló que el Gobierno no ha sido claro con cuáles puntos presenta inconvenientes.

“El Gobierno nos cita para decirnos que tiene objeciones al documento que acordamos, pero no dice cuáles, ni entrega ningún documento de objeciones. Y nos cita para el domingo para discutir las objeciones que no conocemos”, sostuvo Uribe.

Con ello, Maltés advirtió que “el Comité Nacional de Paro aspira a que el domingo lleguemos a un acuerdo sobre las garantías para ejercer la protesta social, sobre la metodología que debe desarrollarse para la negociación del pliego de emergencia y que se instale la mesa de negociación del pliego de emergencia”. Concluyó diciendo que esperan que el Gobierno tome dichas expectativas con seriedad.

28 de Mayo de 2021

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Origen del coronavirus: China denunció a Estados Unidos por "manipulación política" y le pidió que abra sus laboratorios

Tras el pedido de investigaciones en Wuhan 

"El mundo conoce desde hace tiempo la oscura historia de los servicios de inteligencia estadounidenses", aseguró Zhao Lijian, vocero de la Cancillería china. 

China apuntó este jueves contra la "oscura historia" de los servicios de inteligencia estadounidenses, luego de que el presidente Joe Biden les encargara una investigación sobre los orígenes del coronavirus. La Cancillería china negó las responsabilidades del gigante asiático y denunció que Estados Unidos se vale de la pandemia "para participar en la estigmatización y la manipulación política". El miércoles Biden reabrió las heridas entre ambas potencias al ordenar a las agencias de inteligencia estadounidenses que le informen en un plazo de 90 días si la covid-19 surgió por primera vez en China de una fuente animal o por un accidente de laboratorio. 

China apuntó este jueves contra la "oscura historia" de los servicios de inteligencia estadounidenses, luego de que el presidente Joe Biden les encargara una investigación sobre los orígenes del coronavirus. La Cancillería china negó las responsabilidades del gigante asiático y denunció que Estados Unidos se vale de la pandemia "para participar en la estigmatización y la manipulación política". El miércoles Biden reabrió las heridas entre ambas potencias al ordenar a las agencias de inteligencia estadounidenses que le informen en un plazo de 90 días si la covid-19 surgió por primera vez en China de una fuente animal o por un accidente de laboratorio. 

"Los motivos y propósitos de la administración Biden son claros", dijo Zhao Lijian, vocero del ministerio de Relaciones Exteriores de China, en rechazo a una nueva investigación sobre la pandemia y la teoría del origen en un laboratorio, hipótesis que fue calificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como "extremadamente improbable". "El mundo conoce desde hace tiempo la oscura historia de los servicios de inteligencia estadounidenses", aseguró Zhao en referencia a las falsas acusaciones de Washington sobre armas de destrucción masiva que justificaron su invasión a Irak.

Zhao acusó a Estados Unidos de querer "utilizar la pandemia para participar en la estigmatización y la manipulación política y eludir responsabilidades”, y aseguró que al gobierno del demócrata Joe Biden "no le importan los hechos y la verdad, ni le interesan los hechos, ni el rastreo de origen científico serio".

En sus declaraciones, el vocero de la Cancillería china fue incluso más allá e hizo referencia a una teoría que sostiene que el ejército estadounidense creó el coronavirus. En ese marco, le pidió a Washington "hacer lo mismo que China e inmediatamente cooperar con la OMS en la investigación de rastreo de origen de manera científica".

China es muy sensible a las acusaciones de que podría haber hecho más para detener la propagación de una pandemia que ya dejó más de 3,5 millones de muertos y paralizó economías en todo el mundo desde que se conoció el primer caso en la ciudad china de Wuhan a fines de 2019. Beijing rechaza constantemente la teoría de que el virus pueda haber surgido de un laboratorio de virología en Wuhan y acusa a Estados Unidos de "vender conspiraciones", "politizar la pandemia" y desviar la atención de sus "propios fracasos" para frenar al nuevo virus.

Volver a la teoría de la fuga de un laboratorio "es una falta de respeto a la ciencia y también una alteración en la lucha mundial contra la pandemia", planteó Zhao. La idea de que el virus salió de un laboratorio de Wuhan, no obstante, está ganando cada vez más adeptos en Estados Unidos.

Citando un informe de los servicios de inteligencia estadounidenses, The Wall Street Journal informó el domingo que tres personas del Instituto de Virología de Wuhan fueron hospitalizadas con una enfermedad estacional en noviembre de 2019, un mes antes de que Beijing revelara la existencia de un misterioso brote de neumonía.

La hipótesis del origen natural, respaldada como la más probable por el equipo de expertos de la OMS que recientemente visitó China, sostiene que el virus surgió en los murciélagos y luego pasó a los humanos, probablemente a través de una especie intermediaria. Esta teoría es ampliamente aceptada, a pesar de que con el paso del tiempo los científicos no han encontrado un virus ni en los murciélagos ni en otro animal que coincida con la firma genética del SARS-CoV-2.

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Colombia: un mes de paro y un futuro incierto

No es extraño que la juventud colombiana –cada vez más afectada por la desocupación y la pobreza– sea uno de los sectores más activos en las protestas. Sin embargo, está poco representada en las negociaciones. La estrategia del gobierno, que apuesta a una mezcla de represión y diálogo, ha venido contribuyendo a la erosión de la credibilidad de las instituciones, mientras los actores políticos comienzan a mirar hacia las elecciones presidenciales del próximo año.

En el último año, 3,6 millones de personas ingresaron a la condición de pobreza y 2,78 millones a la condición de pobreza extrema en Colombia. En 2020, 42,5% de la población vivió en condiciones de pobreza, lo que indica un aumento de 6,8 puntos porcentuales frente a la cifra del 2019 (35,7%). Hoy, en total, son más de 21 millones de personas las que subsisten con menos de 331.688 pesos mensuales (aproximadamente 88 dólares)  y 7,47 millones de colombianos viven con menos de 145.004 pesos (aproximadamente 39 dólares). Las estimaciones sugieren que se ha retrocedido al menos una década de lucha contra la pobreza en el país.

Fueron las grandes ciudades las que más sufrieron los efectos de la pandemia y de las políticas de confinamiento. En Bogotá, por ejemplo, el número de personas que viven en condición de pobreza es de 3,3 millones; le sigue Antioquia (cuya capital es la segunda ciudad más importante del país, Medellín) con un total de 2,32 millones, Valle del Cauca (su capital es la tercera más importante del país, Cali) con 1,67 millones, Bolívar (1,71 millones), Córdoba (1,092 millones) y Atlántico (1,04 millones).

Dos de los sectores más afectados por la crisis en Colombia son las mujeres y los jóvenes. 46,7% de las mujeres en Colombia hoy vive en situación de pobreza, mientras que en el caso de los hombres el porcentaje es de 40,1. Según el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), «la brecha de género aumentó durante la pandemia y esto necesariamente golpea la incidencia de pobreza en aquellos hogares donde la mujer es cabeza de hogar». La situación de los jóvenes también se precarizó: la tasa de ocupación para el total de personas entre 14 y 28 años fue de 42%, con una disminución del 1,6% comparado con el trimestre enero-marzo de 2020 (43,6%). El desempleo joven fue 23,9%, con un un aumento de 3,4% frente al trimestre enero-marzo de 2020 (20,5%). 

Esto último explica por qué los jóvenes han sido los protagonistas de la movilización social en Colombia, que se reactivó contra la reforma tributaria en abril pasado y prosiguió con otras reivindicaciones como el rechazo a la reforma sanitaria del gobierno. En las protestas del 2019 se habían organizado para llamar la atención sobre una situación que la pandemia solo contribuyó a empeorar. No solo estaban viendo sus expectativas de trabajo reducidas, sino que adicionalmente, sus posibilidades de obtener educación superior estaban decreciendo. Las universidades públicas no contaban con suficiente inversión estatal para ampliar sus cupos y el ingreso a universidades privadas los estaba dejando altamente endeudados. Para colmo, la pandemia no solo contribuyó a expulsar a los jóvenes del mercado laboral sino también del sistema educativo: en el 2020 un total de 243.801 estudiantes desertaron del sistema escolar oficial y no oficial, lo que corresponde al 2,7 %.

Si se ponen todos estos datos juntos es fácil entender por qué los barrios más pobres de las grandes ciudades han sido aquellos donde la movilización se ha tornado más multitudinaria. Se trata de una situación mala que ha empeorado ostensiblemente gracias a la pandemia. En muchos casos, además, estos son lugares en los que operan grupos ilegales (ya sean disidencias de la guerrilla, grupos dedicados al microtráfico o a otras formas de criminalidad) y que ven en estos jóvenes posibilidades de reclutamiento. Estos barrios recibieron y siguen recibiendo familias víctimas del desplazamiento forzado que lo abandonan todo para buscar protección en el anonimato que les brindan las ciudades grandes. Los jóvenes pertenecientes a estas familias sufren de un desarraigo que solo termina de acentuarse gracias a la falta de oportunidades laborales y de educación. 

Por si todo lo anterior fuera poco, su relación diaria con la policía puede ser definida como una de tensión constante en la que el asedio, la detención ilegal y los abusos son el pan de todos los días. Lo que ya era un problema endémico solo empeoró durante la pandemia en virtud de los poderes adicionales que se le entregaron a la fuerza pública para hacer que el confinamiento y las medidas de bioseguridad se cumplieran. Mientras estos jóvenes y sus familias no hacían sino empobrecerse encerrados y sin posibilidad alguna de que esta difícil situación cambiara en el futuro más inmediato, en la calle la policía era cada vez más poderosa y más dueña del espacio público. Así las cosas, cuando la desesperada situación económica no se pudo contener más, el choque entre la frustración de estos jóvenes y la fuerza policial fue de una brutalidad sin precedentes en el pasado reciente colombiano.

Hay un problema adicional que dificulta aún más la situación y sus posibilidades de solución. La ciudadanía colombiana ha venido desarrollando una creciente desconfianza ante las instituciones estatales y ante los partidos políticos. En 2004, según el Observatorio de la Democracia, la satisfacción con la operación de las instituciones era de un 57,7% y hoy es de solo 18,2%. La falta de credibilidad de las instituciones estatales está acompañada, además, por una caída en la confianza frente a los medios de comunicación e incluso frente a las mismas organizaciones sociales.

Así las cosas, la única forma en la que muchos creen que se puede tratar de obtener respuestas frente a sus demandas es a través de la protesta. Han perdido la fe en que una respuesta adecuada se pueda lograr a través de la democracia representativa. La consecuencia inmediata es que los canales de comunicación entre el gobierno y la gente que protesta en las calles están taponados y truncados. Todos insisten en que la única salida a la actual situación, después de un mes de paro, es la negociación. Pero no es una tarea fácil identificar a los interlocutores. Si bien hay un Comité del Paro con quien el gobierno está intentado dialogar, la queja constante de quienes protestan es que los miembros del comité no los representan. Y no es un capricho. Para dar solo un ejemplo: la única persona joven allí representada es una activista del movimiento estudiantil universitario y ello contrasta con el hecho de que muchos de los jóvenes que protestan están saliendo del sistema escolar y tienen remotas posibilidades de ingresar a la universidad.

El gobierno, mientras tanto, ha preferido apostar con más vehemencia a una estrategia de orden público para tratar de contener la movilización. Constantemente criminaliza la protesta, hace un énfasis desproporcionado en el daño material que produce el paro, se presenta como víctima de intereses electorales y, haciendo uso de todas estas estratagemas, solo contribuye a restarle agencia y voz a quienes protestan. Si a eso se le suma su complicidad y nula actitud crítica frente al abuso policial, es fácil deducir que es el gobierno mismo quien ha contribuido a que el paro se prolongue y la protesta se haga cada vez más masiva.

La inmensa debilidad de la administración Duque, a quien ni siquiera su propio partido acompañó a sacar adelante la propuesta de reforma tributaria que desencadenó las manifestaciones, es el principal obstáculo para salir del atolladero. No tiene capacidad de convocatoria para liderar un diálogo de concertación alrededor de las medidas que es necesario adoptar y, por tanto, su única salida es muy poca zanahoria y grandes dosis de garrote en las calles. El garrote produce más escenarios de posibilidad para la violencia policial y la reacción de la comunidad internacional ante las violaciones a los derechos humanos lo hacen ver acorralado. Al punto que en una decisión sin precedentes, el gobierno nacional ha rechazado el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer una visita in loco que les permita evaluar la situación de derechos humanos en el país después de un mes de paro. Y luego señaló que sí, pero «no por ahora».

Lo más dramático es que cada día que pasa es un día que se pierde en el proceso de adoptar e implementar medidas de emergencia para ayudar a paliar la desesperación económica de tantas familias empobrecidas. Cada día que pasa, la estrategia del gobierno contribuye a minar más la confianza de la gente en las maltrechas instituciones colombianas. Los organismos de control que deberían velar por el respeto a los derechos de los ciudadanos han sido cooptados por el gobierno y perdido toda su capacidad de constituirse en entes de vigilancia del comportamiento del gobierno y de la fuerza pública.

La clase política, por su parte, parece sumida en un sueño profundo provocado por los intereses electorales ya activados con miras a las votaciones del año entrante. La izquierda partidista, siempre protagonista de las reivindicaciones sociales, ahora es cautelosa porque quiere evitar que la acusen del caos y los desmanes de la protesta. La derecha hábilmente espera al acecho porque sabe que una protesta degradada y desgastada es su mejor oportunidad para re-encauchar el discurso anti-«castrochavista» y el poder de la mano dura. Y, finalmente, el centro político ha tomado la decisión de iniciar su desvertebramiento justo en esta coyuntura. Las posibles salidas lucen remotas y el liderazgo político colombiano parece a la baja, ya con pocas dosis de imaginación

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