La Iniciativa de biomonitoraje COVID-19 investiga el movimiento de los animales, su comportamiento y niveles de estrés antes, durante y después del confinamiento. En la imagen, una gacela de Mongolia con sistema de seguimiento. / Thomas Mueller

Una alianza global de científicos analiza los efectos de la disminución de la actividad humana en el comportamiento de los animales en busca de formas de compartir el planeta más beneficiosas para todos.

 

A la costa oriental de la India cada año llegan en primavera miles de tortugas de Ridley, en grave peligro de extinción, para desovar. Este año, sin embargo, se ha producido un hecho insólito en décadas: la mayoría de los millones de los animales nacidos ha logrado llegar al mar, sanos y salvos.

El confinamiento humano debido a la pandemia de la covid-19 redujo a mínimos el tráfico en las grandes carreteras cercanas a esas playas, cuyas luces suelen despistar y atraer a estos reptiles, y provocar que muchas tortugas mueran, machacadas. Tampoco faenaban los barcos de pesca, de manera que, al menos esta vez, no se quedaron atrapadas en sus redes, una de las causas más importantes de mortalidad.

Que los humanos hayamos pasado casi tres meses encerrados en casa para detener la expansión del SARS-CoV-2 ha afectado a la vida salvaje del planeta y ha brindado a los científicos una oportunidad única y sin precedentes para estudiar el impacto que nuestra actividad tiene sobre nuestros vecinos.

Por ello, investigadores de todo el planeta se han unido en una ambiciosa iniciativa sin precedentes, a la que han llamado "Iniciativa de biomonitoraje COVID-19", y que tiene por objetivo investigar el movimiento de los animales, su comportamiento y niveles de estrés antes, durante y después del confinamiento. Para ello, usarán los datos obtenidos mediante dispositivos electrónicos en miniatura colocados en los animales y sistemas de satélite que biólogos en todo el planeta ya utilizaban antes de que comenzara la pandemia del coronavirus para estudiar especies.

"Este proyecto no responde a una visión romántica de ‘vamos a ayudar a los animales del mundo’. Entender el impacto que la actividad humana tiene en la vida salvaje es una cuestión de crucial importancia no solo por temas de conservación, sino también para prevenir futuros problemas de propagación de enfermedades", explica a SINC Christian Rutz, investigador del Centro para la biodiversidad biológica de la Universidad de St Andrews (Reino Unido) y autor principal del artículo científico que anuncia esta iniciativa, publicado en Nature Ecology & Evolution.

Este consorcio internacional, formado bajo el paraguas de la Sociedad internacional de biomonitoraje (Bio-Logging Society) en colaboración con la plataforma de investigación Movebank y el Centro Max Planck-Yale para el movimiento de la biodiversidad y el cambio global, integrará una ingente cantidad de resultados de una gran variedad de especies marinas, de aves y mamíferos para captar una imagen global de los efectos del confinamiento.

"Animales y humanos formamos parte de un complejo ecosistema que, si está sano, nos proporciona innumerables beneficios y servicios", insiste Rutz, que añade: "Dependemos de la naturaleza críticamente como especie y esperamos obtener datos que nos permitan, aplicando pequeños cambios en nuestra actividad, encontrar formas de vivir en este planeta beneficiosas para todos".

Una alianza global de científicos

Durante el confinamiento, este biólogo empezó a ver a través de redes sociales fotos y vídeos de animales que disfrutaban de espacios hasta entonces ocupados por humanos: desde pumas en el centro de Santiago de Chile a delfines en las aguas costeras inusualmente calmadas de muchas ciudades del globo.

Entonces lanzó un mensaje a través de la web de la Sociedad Internacional de Biomonitoraje, de la que es el presidente, proponiendo a la comunidad científica sumar esfuerzos para estudiar los cambios en especies en las distintas partes del mundo. A los pocos días había recibido respuesta de cientos de investigadores sumándose al proyecto y ofreciendo más de 200 co

Uno de los grupos de trabajo que se unieron a la iniciativa es PAN-Environment, liderado por el biólogo español Carlos Duarte, al frente del Centro de Investigación del Mar Rojo, de la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdullah, en Arabia Saudí.

"Evaluaremos el impacto de la movilidad y actividad humana en especies y ecosistemas. Integraremos una enorme variedad de información procedente de programas de monitorización de especies, de áreas protegidas, redes de sensores y ciencia ciudadana", explica este investigador, que apunta que también pretenden analizar impactos como el aumento de plásticos de un solo uso utilizados para fabricar productos para la protección humana en la pandemia; o el efecto de la caza ilegal.

"La COVID ha dejado a mucha gente en la pobreza y en parques naturales de Estados Unidos han registrado un aumento del furtivismo; en la Gran Barrera de coral de Australia, en este confinamiento han puesto el mayor número de multas por pesca ilegal en un mes que en todo el pasado", señala.

¿Qué esperan aprender?

Este consorcio internacional de investigadores analizará los datos obtenidos y los compararán con periodos de tiempo de años anteriores y futuros. También esperan obtener datos en alta resolución de movilidad humana para poder cuantificar con exactitud el impacto de la actividad. Y para ello, apelan a que grandes compañías, como Google o Apple, les cedan esos datos para investigación.

"Vamos a poder responder preguntas que antes era imposible incluso plantearnos. Investigaremos, por ejemplo, si los movimientos de los animales en los paisajes actuales se ven afectados de forma predominante por las construcciones o la presencia humana", afirma en una nota de prensa Matthias-Claudio Loretto, investigador del Instituto Max Planck de Comportamiento Animal en Radolfzell.

También esperan identificar qué especies están muy afectadas por la actividad humana pero aún tienen capacidad de responder al cambio y cuáles son muy vulnerables; asimismo, pretenden establecer los umbrales críticos a partir de los cuales las alteraciones causadas por las personas tienen efectos perjudiciales en el comportamiento animal, alteran las dinámicas en los ecosistemas y eso, a su vez, tiene un retorno negativo en el bienestar humano.

"En este confinamiento, los humanos hemos sufrido el impacto psicológico y emocional de estar confinados, de no poder disfrutar de la naturaleza. Esperemos que eso nos haga entender mejor y sentir más empatía por animales confinados habitualmente debido a nuestra presencia y actividad, para que eso impulse un nuevo arranque, que debería ser verde y azul, y más compasivo con las especies con que compartimos el planeta", concluye Duarte.

23/06/2020 11:01 Actualizado: 23/06/2020 11:11

CRISTINA SÁEZ (SINC)

Desregulación, ayudas a multinacionales y récord de milmillonarios: las recetas de Trump para la pandemia

La administración Trump ha centrado los paquetes millonarios de rescate por la covid19 en las multinacionales y ha aprovechado la pandemia para desregular sectores como el energético. Mientras que 45 millones de personas han perdido su empleo en la pandemia, los milmillonarios han incrementado sus fortunas un 20%.

 

Donald Trump declaró el estado de emergencia ante la expansión del coronavirus en Estados Unidos el 13 de marzo. En estos 99 días, el paro (en cifras testimoniales en febrero) ha contagiado a 45 millones de personas y 120.000 estadounidenses han fallecido a causa de la covid-19. Entretanto, los milmillonarios han aumentado su fortuna en 584.000 millones de dólares (un 20% más) mientras que 29 nuevos nombres se han añadido a la lista, que pasa a tener 643 miembros.

Junto a esto, la administración Trump ha aprobado sotto voce reformas legales para desregular sectores como el energético o el industrial o atacar los derechos de los transexuales, y ha aprobado tres paquetes de ayudas dotados con más de dos billones de dólares (prepara un tercero de 3 billones), una cuantía que ha sido orientada hacia las grandes corporaciones en vez de a las familias y las pymes, en virtud de la vieja fórmula de Ronald Reagan: alimentemos las grandes bocas y que los pajarillos se coman las migajas. Varias organizaciones vinculan esta gestión política al hecho de que al menos siete ministerios clave de la administración Trump están en manos de exmiembros o antiguos lobistas de grandes corporaciones, que ahora hacen caja con la crisis.

Así lo denuncia Public Citizen, una organización con sede en Washington que investiga la labor de los lobbies y sus relaciones con el gobierno. El Departamento del Tesoro, clave en la gestión de los paquetes de ayuda por la covid-19, está en manos de Steven Mnuchin, que viene de Goldman Sachs; Comercio lo dirige Wilbur Ross, un banquero millonario con inversiones en las industrias textil, del carbón, el acero o la automoción; al frente de Salud está Diane Foley, exejecutiva de la industria farmacéutica y opuesta al derecho al aborto; el director de la Agencia de Protección Ambiental es Andrew Wheeler, un exlobista del carbón; Interior lo dirige Michaela Noble, exlobista del sector petrolero; Defensa, el general Mark Esper, que lo fue de Raytheon, una de las firmas contratistas de defensa militares más grandes de Estados Unidos; y la Comisión Federal de Comunicaciones la dirige el exabogado de Verizon Ajit Pai, defensor a ultranza de la desregulación.

Prácticamente todos ellos han estado envueltos en polémica en las últimas semanas. El caso más sonado ha rodeado a Mnuchin, al frente del Tesoro. Éste se ha negado ante el Congreso a dar la información de cómo se estaban repartiendo las cuantiosas ayudas públicas fijadas en los paquetes de emergencia de la covid-19. Las dudas se centran especialmente en los 700.000 millones de dólares supuestamente destinados a las pymes y que muchas asociaciones de empresarios dicen que no se están recibiendo. Mnuchin alegó ante el Congreso que no puede dar esa información porque, dijo, es "de los dueños" y "confidencial". Se ha ganado con eso una demanda del Centro para la Integridad Pública, una ONG que investiga "la democracia, los privilegios y el poder", según se autodefinen en su página web.

El gobierno está gastando miles de millones de dólares para afrontar el impacto económico de esta crisis y el público merece saber quiénes se están beneficiando de esas ayudas y quiénes no, puesto que la pandemia amenaza con empeorar la desigualdad de Estados Unidos", explica en un comunicado la directora de esta organización, Susan Smith Richardson, que denuncia que "el programa de cheques de ayuda se previó para ofrecer préstamos cancelables a pymes de menos de 500 empleados, sin embargo, varias compañías grandes, como Shake Shack y Ruth's Chris Steak House, han revelado que han recibido millones de dólares bajo ese programa mientras que numerosas pymes no lo han hecho".

Entretanto, cubriéndose con el espesor de la crisis del coronavirus, la administración Trump ha seguido desmontando la legislación ambiental, que está dejando al país con la estructura normativa que tenía incluso mucho antes de la era Obama. Según la cadena de radios públicas NPR, en las últimas semanas se han eliminado las regulaciones que afectaban a la eficiencia de los combustibles fósiles en coches y camiones, sobre contaminación del aire por la actividad de las centrales de energía y sobre la contaminación de aguas, y se están expandiendo las actividades de fracking en Alaska, todo ello con el visto bueno de la Agencia de Protección Ambiental y otros departamentos vinculados.

En Estados Unidos la Constitución no reconoce la salud como derecho fundamental, de manera que el acceso a la sanidad se realiza de manera general a través del contrato de trabajo, una de cuyas condiciones, además del salario, es el vínculo con una póliza médica privada. Pero con la crisis del coronavirus hay ya 45 millones de parados (y subiendo) en el país, de los que más de 25 millones habrían perdido su cobertura; éstos se suman a los más de 80 millones que o no tenían cobertura o la tenían muy mala. Ante esta situación, frente a la propuesta del senador Bernie Sanders de lanzar un plan de emergencia para implantar una sanidad gratuita y universal mientras dure la pandemia, el gobierno de Trump optó por repartir ayudas millonarias entre los hospitales y el sector de salud privado con el argumento de que es un sector esencial que no puede quebrar.

El resultado ha sido que estas empresas están llenando sus arcas al tiempo que a millones de estadounidenses se les limita el acceso a la salud en una situación crítica como la actual. El grupo United Health, la primera aseguradora médica del país, hizo en abril balance del primer trimestre del año: obtuvo 164 millones de dólares en beneficios, un 3,4% más que en el mismo período de 2019. La compañía admitió que la pandemia de la covid-19 está teniendo un "impacto mínimo" en sus objetivos y, de hecho, afirmó que el grupo "mantiene sus perspectivas de ganancias […] para todo el año en 2020".

En la misma línea, Public Citizen advierte en un comunicado de que "después de recibir un rescate de mil millones de dólares de fondos federales, la Corporación Estadounidense de Hospitales (HCA Healthcare, en inglés) está despidiendo o recortando el sueldo de decenas de miles de médicos y enfermeros mientras que su director general está perdiendo menos del 1 por ciento de su compensación anual". La HCA obtuvo 7.000 millones de dólares en beneficios en los últimos dos años.

No sólo la administración Trump está atacando y desreglando sectores productivos con la excusa o bajo la espesa crisis de la covid-19, también está haciendo lo mismo con la legislación que afecta a asuntos ideológicos. El último zarpazo llegó a finales de la semana pasada, cuando el gobierno liderado por el magnate neoyorkino desmanteló las políticas de Obama que prohibían a las compañías de seguros médicos privadas discriminar a los pacientes transgéneros y a las mujeres que buscaban abortos. Según el medio Político, la Casa Blanca trabajaba con denuedo a finales de abril en esta medida, justo cuando Estados Unidos sumaba cada día 30.000 nuevas infecciones por coronavirus.

En cuanto al nuevo paquete de ayudas, éste fue ya aprobado por la Cámara de los Diputados, de mayoría demócrata, el 15 de mayo, pero el Senado, cámara que controlan los republicanos, aún no han fijado la fecha de su debate y votación. La propuesta aprobada por la cámara baja fijó una dotación inicial de tres billones de dólares, pero los republicanos en el Senado quieren dejarlo en un billón, mientras que Trump apuesta por dos. En cualquier caso, el paquete salió de la Cámara de los Diputados lastrado por el voto en contra de más de una docena de demócratas progresistas, entre ellos, Pramila Jayapal, la promotora en esa cámara de el proyecto de sanidad pública gratuita y universal, que Bernie Sanders lidera en el Senado.

Jayapal explicó entonces en un comunicado que ese paquete de ayudas "no proporciona el suficiente alivio económico a las empresas, sobre todo las pymes, ni mantiene a los trabajadores en sus puestos de trabajo ni garantiza las nóminas. No podemos esperar a que la tasa de desempleo suba al 40% o 50%, lo que sucederá si no actuamos con audacia. Este es el nivel más alto de desempleo que hemos visto desde la Gran Depresión".

Además, la congresista denunció que el paquete de ayudas "tampoco garantiza una atención sanitaria asequible y accesible para todos. Más de 27 millones de personas han perdido su seguro médico porque perdieron su trabajo y se suman a los 87 millones de personas que ya estaban sin seguro o con seguro insuficiente. Ahora, más que nunca, la gente necesita saber que su acceso a la atención médica está garantizado". Si la propuesta ha salido así de una cámara demócrata no parece probable que los republicanos del Senado o la administración Trump vayan a mejorar mucho el enfoque hacia el sentido reclamado por Jayapal y el sector progresista demócrata.

Así que la red de seguridad social de los paquetes de ayudas se ha puesto, pero fundamentalmente por arriba, donde hacen negocio las grandes bocas de Reagan. Según el Instituto de Estudios sobre Políticas, los milmillonarios de Estados Unidos (aquéllos cuyas fortunas superan los mil millones de dólares) han incrementado su riqueza un 20% desde que empezó la pandemia; esto es, han acumulado 584.000 millones de dólares más. Ajenos a cualquier crisis, desde el 18 de marzo se han añadido a la lista de milmillonarios 29 nombres nuevos y ya componen ese club 643 nombres. Sus fortunas acumulan un total de 3,5 billones de dólares, es decir, siete veces el presupuesto de gasto de España de 2019.

Washington

22/06/2020 07:45 Actualizado: 22/06/2020 09:07

Por Manuel Ruiz Rico

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El impuesto a los ricos como sentido común

Un fantasma recorre América Latina en forma de nuevo sentido común de época: los superricos deben aportar una parte de sus colosales recursos para afrontar la crítica situación económica y social que vivimos. Se trata de un consenso emergente nacido en medio de esta pandemia y que ha tomado forma de iniciativa tributaria en muchos países. Con gran variedad de términos y con especificidades legales propias de cada país, esta propuesta de política pública cuenta hoy en día con gran aceptación en la región.

En Chile, el impuesto a los más altos patrimonios es una iniciativa del Partido Comunista, y ya ha sido aprobada en el Congreso; en Argentina, se viene discutiendo desde hace semanas la propuesta del Frente de Todos del impuesto a las grandes fortunas, y está a las puertas de entrar a debate en la Cámara legislativa; en México, el subsecretario de América Latina ha propuesto públicamente una contribución extraordinaria que afectaría a los grandes patrimonios; también ha aparecido en Brasil como iniciativa en el Senado por parte del Partido de los Trabajadores; en Perú, se ha presentado como proyecto de ley en el Congreso; en Bolivia, lo ha expuesto el candidato presidencial por el MAS, Luis Arce.

Lo interesante de este fenómeno regional es que no está disociado de lo que piensa la gente. Es decir, no son propuestas legislativas sin base ciudadana. Y es por ello que tienen mayor fuerza y posibilidades para que sean plenamente implementadas.

Si observamos las tres últimas encuestas realizadas por el Celag en los pasados dos meses, en Argentina, Chile y México existe un gran acuerdo sobre esta temática: 1) en Argentina, 78 por ciento estaría de acuerdo con el impuesto a las grandes fortunas; 2) en Chile, este valor es de 72 por ciento; 3) en México, de 67 por ciento. En todos los casos observados hay, como mínimo, dos tercios de la ciudadanía que apoyan esta política pública. Y seguramente esto responde no sólo a un criterio de justicia sino también de eficiencia. Recuperar la economía también se logra gracias a este tipo de medidas que permiten poner a circular recursos ociosos, que en la mayoría de los casos no son utilizados para el buen desempeño económico, social y productivo de un país.

El impuesto a los superricos no es un hecho aislado en este nuevo tiempo. La explicación está en sintonía con la mayor demanda de más Estado en medio de esta pandemia. Según datos de las encuestas del Celag, en Argentina 90 por ciento cree que el Estado debe intervenir y estar presente en la economía; en Chile, 68 por ciento, y en México, 60 por ciento.

Como casi siempre ocurre en la Historia, cada idea o propuesta es fruto de sus circunstancias. Como ocurrió luego de la gran crisis de 1929 con la subida de los tipos impositivos marginales para las rentas más altas (tal como lo describe Piketty en Ideología y capital), ahora sucede algo similar: lo que hasta hace poco era una idea minoritaria, ahora se transforma en idea mayoritaria.

*Por Alfredo Serrano Mancill, doctor en economía, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica.

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Lunes, 22 Junio 2020 05:33

Trump, en la cuerda floja

Trump, en la cuerda floja

Luego de superar con éxito el juicio político ( impeachment) que intentaron realizarle los legisladores demócratas, el presidente estadunidense, Donald Trump, parecía encaminarse a una relección inevitable, sin más obstáculos que un candidato opositor tan gris e insustancial como ex vicepresidente Joe Biden.

Sin embargo, los acontecimientos de los tres meses recientes han colocado al magnate neoyorquino en una súbita posición de debilidad, que tuvo su más reciente expresión en el desastre político ocurrido en Tulsa, Oklahoma, donde el republicano realizó un mitin de campaña en un auditorio con capacidad para 19 mil personas al que sólo asistieron poco más de 6 mil, pese a que el propio Trump había alardeado que había recibido un millón de solicitudes para ingresar al acto.

Se afirma que el mandatario fue víctima del troleo de jóvenes que reservaron lugares en masa por medio de la red social TikTok con la consigna de no asistir a fin de dejar semivacío el local, una versión que los estrategas republicanos desmienten de manera enfática.

Lo cierto es que, haya sido por una jugarreta de adolescentes o por falta de capacidad de convocatoria, la campaña de Trump hacia la relección arranca en una situación de acentuada vulnerabilidad. Otro factor de debilidad del presidente es la divulgación de algunos pasajes de las memorias de John Bolton –un prominente halcón de la ultraderecha estadunidense y ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca– en el que se describe a Trump como corrupto, incompetente, errático y en extremo inescrupuloso.

Para empeorar las cosas, el magnate ordenó al Departamento de Justicia que impulsara la censura del libro, petición que fue rechazada por el Poder Judicial.

Pero los hechos que más han erosionado la posición del mandatario republicano son, sin duda, sus propias acciones, tanto su desastrosa actuación como jefe de Estado para enfrentar la pandemia de Covid-19 como sus impresentables reacciones frente a las protestas en contra del racismo que detonaron a raíz del asesinato, el pasado 25 de mayo, del ciudadano afroestadunidense George Floyd a manos de varios policías de Minneapolis, Minnesota, y se expandieron por más de un centenar de ciudades de Estados Unidos.

Lejos de manifestar su solidaridad con la población negra del país, oprimida y discriminada desde siempre, y de adoptar decisiones sustantivas para combatir el racismo que predomina en las instituciones y en buena parte de la sociedad de Estados Unidos, Trump se atrincheró en la descalificación de las protestas y buscó reprimirlas incluso con las fuerzas armadas, a lo que el propio secretario de Defensa se opuso de manera contundente.

Por lo que hace a la pandemia, ha resultado indignante y estremecedor observar a un mandatario en permanente conflicto con sus asesores médicos, empecinado en recomendar fármacos que las propias instancias de salud del país vecino consideran peligrosos e inadecuados, e insensible ante las decenas de miles de muertes ocasionadas por el nuevo coronavirus y ante el sufrimiento de millones de personas que han quedado en el desamparo económico total a raíz de la epidemia.

En forma previsible, conforme se aproxima la culminación del proceso electoral de este año, la peligrosidad de Trump –su sobrina Mary Trump lo describe como "el hombre más peligroso del mundo" en un libro de próxima aparición– tenderá a aumentar, habida cuenta de su afición a las huídas hacia adelante y a la creación de tensiones al límite como recursos distractores de su catastrófica gestión presidencial. Es de prever, por ello, que el mundo se encamina a vivir meses difíciles y riesgosos.

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Un mundo acelerado ¿Bipolaridad o nueva Guerra Fría?

Más que cambiar el mundo, la pandemia de covid-19 acelerará tendencias preexistentes en el plano global. Puede que estemos asistiendo a los inicios de un «bipolarismo entrópico» entre Estados Unidos y China. De esta relación depende parte del futuro global. Y América Latina no es la excepción en ese proceso.

 

Los principales expertos en relaciones internacionales parecen haber llegado a un consenso: más que cambiar el mundo, la pandemia de covid-19 acelerará tendencias preexistentes en el plano global. Los desacuerdos están en la intensidad, la velocidad y el alcance que puedan adquirir esas tendencias, así como también en la posibilidad de controlarlas en mayor o menor medida.

Para dar respuesta a estos interrogantes es preciso comprender dos características centrales del orden internacional actual, cuya configuración es previa a la pandemia, pero que con la emergencia del covid-19 quedaron evidencia e incluso tomaron mayor fuerza. Estas dos características están íntimamente vinculadas con dos procesos simultáneos de transformación en el poder global que tienen lugar en el siglo XXI y fueron oportunamente identificados por el académico estadounidense Joseph Nye en su libro The future of power publicado en 2011. La primera de las características se vincula con el carácter entrópico (desordenado) del mundo actual, naturalmente asociado al proceso de «difusión del poder», en tanto que la segunda se refiere a la bipolaridad emergente entre Estados Unidos y China, vinculada con el proceso de «transición del poder».

A la hora de describir la agenda y la distribución del poder en la política internacional, Nye recurre a una analogía muy gráfica y sugiere pensar en un ajedrez tridimensional, en el que es posible jugar tanto horizontal como verticalmente, con un tablero militar, otro económico y, por último, uno transnacional. Es justamente en el tablero transnacional donde el poder se vuelve difuso, la agenda se torna difícil de aprehender para cualquier actor y los Estados tienen poco o casi nulo control sobre las dinámicas que se generan. En este tablero se incluyen aquellas amenazas que trascienden la lógica estatal tradicional, tales como el crimen organizado, el terrorismo y los desafíos a la seguridad cibernética, entre otras. Al mismo tiempo se agregan nuevas amenazas como el cambio climático y las pandemias. La ampliación de este tablero y sus dinámicas puso claramente de manifiesto el carácter entrópico del mundo actual y mostró su peor rostro en 2020 mediante la rápida propagación por todo el globo del covid-19.

El Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) con sede en Basilea, advirtió a inicios de este año que los gobiernos, empresas, bancos, fondos de inversión y aseguradoras debían prepararse para afrontar la emergencia de los denominados «cisnes verdes», entendiendo a estos como eventos disruptivos vinculados a desequilibrios medioambientales, sociodemográficos y de salud ambiental, entre otros aspectos. En estos días, el BIS incluyó al covid-19 en la categoría de «cisne verde». El avistamiento de esta nueva especie promete ser más frecuente e impone nuevos desafíos para el mundo.

Tal como se destacó, el carácter entrópico resultante del proceso de difusión del poder no es la única característica relevante a considerar en el orden internacional actual: también es necesario prestar atención a la bipolaridad emergente. El vertiginoso ascenso de China en el escenario internacional y la identificación en el interior de Estados Unidos de que tal fenómeno representa una clara amenaza a su primacía global, colocan la co-evolución del vínculo entre Washington y Beijing en el centro de la escena de la política internacional. Esto fue así antes del covid-19, lo está siendo durante y lo será también en la pospandemia.

Además de su poderío económico y militar, ambos países son los únicos en el planeta que comparten simultáneamente la disputa por el liderazgo de la denominada Cuarta Revolución Industrial, también llamada «industria 4.0» (5G, inteligencia artificial, internet cuántica, automatización, etc). Asimismo, son los únicos actores en todo el globo que cuentan con recursos suficientes y capacidad para ofrecer bienes públicos globales e impulsar proyectos de alcance planetario (atlantismo versus Ruta de la Seda).

Tal como lo hemos señalado en otras oportunidades, estamos presenciando una nueva bipolaridad pero no una nueva Guerra Fría. La disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue una manifestación de un particular orden bipolar, más no el único posible. Son múltiples las diferencias entre aquel período y el actual, siendo una de las más importantes el alto grado interdependencia alcanzada. La relación entre Estados Unidos y China es probablemente hoy el vínculo bilateral más imbricado del mundo. Intentar hacer una cirugía allí -como pretende Trump- es algo sumamente difícil y complejo, además de altamente riesgoso. En 1945, lo único que unía a Estados Unidos y la Unión Soviética era el espanto del nazismo. Desaparecida esta amenaza, la Cortina de Hierro no fue inicialmente traumática ni costosa.

Otra gran diferencia radica en el hecho de que el mundo bipolar propio de la Guerra Fría estaba signado por un alto grado de certidumbre y, en consecuencia, por una menor complejidad, tanto en lo que refiere a las agendas como a los actores y sus dinámicas. Ya en las décadas de 1950 y 1960 las dos potencias tenían un control relativo sobre las dimensiones externas, en tanto que las esferas de influencia de cada actor estaban perfectamente delimitadas. Poco quedaba fuera de ellas.

Bipolarismo entrópico

El mundo de hoy es diferente. La crisis del covid-19 deja en evidencia un mundo desordenado y caótico, en el que la yuxtaposición de actores, agendas y dinámicas reflejan un inaudito grado de incertidumbre. Por otro lado, es posible identificar dos polos de poder estatal bien definidos, de cuya dinámica de cooperación o conflicto dependerá el manejo y el nivel de control de las tendencias globales disruptivas que emergen con cada vez mayor frecuencia. La combinación de ambas características nos permite advertir la configuración de un orden internacional signado por un «bipolarismo entrópico». A diferencia de la Guerra Fría, muchos aspectos de la compleja dinámica internacional actual desbordan a las potencias. Están lejos de tener el control sobre todo su entorno. Pero incluso en un mundo entrópico, existen dos actores estatales que tienen cada vez mayor influencia para cambiar resultados, modificar acciones y moldear las preferencias de otros actores.

Richard Haass advierte correctamente que buena parte de los mayores desafíos y amenazas que enfrenta el mundo en general y Estados Unidos en particular, son de carácter transnacional y van más allá de China y de la lógica estatal. Ahora bien, también es cierto que ninguna de las nuevas amenazas de un mundo entrópico pueden ser manejadas y controladas de manera efectiva sin el concurso de ambos poderes.

La cuestión del cambio climático constituye un claro ejemplo en este sentido. La falta de acuerdo entre las dos grandes potencias ha impedido el logro de cualquier avance sustantivo. En el futuro inmediato parece utópico pensar en un verdadero acuerdo político global sin el entendimiento de los dos grandes emisores de CO2. El tablero estatal está profundamente entrelazado con el transnacional. En otro plano, pero con la misma lógica, es posible apreciar la forma en la que esto se ha vuelto muy claro para las empresas multinacionales, que han comenzado a moverse cada vez más al ritmo de la geopolítica global. La relocalización productiva y la reorganización de las nuevas cadenas globales de valor ya no se enfocan solo en el tradicional análisis de costos laborales, logísticos y transaccionales, sino que también incluyen en la ecuación a los costos y riesgos derivados del entorno político. Los deseos de Washington y Beijing, así como los niveles de tensión bilateral, están en cualquier plan de negocios de toda firma multinacional.

En otras palabras, el proceso de difusión del poder y el desorden remiten a la mayor complejidad de las agendas, mientras que el proceso de transición del poder y la configuración de una dinámica bipolar remiten a los desafíos para gestionar las diferentes agendas. Es aquí en donde la relación bilateral entre Estados Unidos y China se torna clave y central para la evolución del orden internacional en un ambiente claramente entrópico.

Probablemente, uno de los principales desafíos inmediatos que enfrentará el mundo en la pospandemia sea el de evitar caer en la «trampa de Kindleberger». Charles Kindleberger, uno de los arquitectos intelectuales del Plan Marshall, sostuvo que la década desastrosa de 1930 se originó cuando Estados Unidos sustituyó al Reino Unido como la mayor potencia global pero no pudo asumir el rol del Reino Unido como proveedor de bienes públicos globales (liderazgo). Hoy, en un contexto global en crisis, no alcanza con que una potencia cumpla ese rol. Eso no es suficiente.

En los tiempos que corren, la relación sino-estadounidense es indispensable para gestionar y controlar la intensidad, la velocidad y el alcance del proceso de aceleración de los riesgos y desequilibrios globales. Estos desequilibrios pueden, de hecho, afectar seriamente a América Latina. La actual pandemia parece ser un primer gran test para un orden internacional impregnado por un «bipolarismo entrópico». Todavía no está claro que sucederá.

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Venezuela 2020: autoritarismo político y pragmatismo económico

Las expectativas de una salida rápida del poder de Nicolás Maduro difundidas por la oposición se desvanecieron una vez más en Venezuela luego del «efecto Guaidó». Hoy el país asiste a una combinación de militarización autoritaria con un pragmatismo económico que llevó a una dolarización de hecho de la economía, que al tiempo que hizo «aparecer» nuevamente los productos en las tiendas y permitió reducir las tensiones sociales, es una nueva fuente de desigualdades. Entretanto, el coronavirus puede ser un factor de endurecimiento de los mecanismos de control social.

 

La oposición venezolana dio como un hecho que la debacle económica y la crisis humanitaria llevarían a masivas protestas de calle, las cuales, junto con la proclamación del líder opositor Juan Guaidó como «presidente encargado» y, más recientemente, con las sanciones y el bloqueo económico por parte de Estados Unidos, posibilitarían un cambio político. Pero esto no solo no ha ocurrido, sino que la oposición se encuentra debilitada, mientras el régimen encabezado por Nicolás Maduro ha logrado sobrevivir adaptándose a una de las peores crisis de la historia venezolana mediante la «liberalización» de la economía y el fortalecimiento de la represión y la militarización, ahora en el marco de la pandemia.

Crisis multidimensional, cambios económicos e incertidumbre política

El escenario venezolano de 2020 es sumamente complejo y cambiante. Se caracteriza por una gran incertidumbre, en el marco de la cual la crisis multidimensional de carácter económico, político, social y humanitario ha venido agravándose desde la llegada de Maduro al poder en 2013. A ello se suma la aplicación de sanciones económicas por parte de EEUU. Para enfrentar tal crisis, el gobierno ha desplegado desde fines de 2019 un nuevo discurso y ha implementado prácticas económicas que algunos economistas identifican como un «giro neoliberal». Su rasgo más significativo, pero no el único, es la acentuación de la dolarización, que venía dándose en la práctica, aunque en menor escala y de manera informal.

La nueva narrativa y el laissez faire económico de facto se apartaron más del proyecto discursivo de Hugo Chávez. Aunque estos no se plasmaron formalmente en una reforma económica, la dolarización, junto con la desregulación de los precios y la apertura hacia el sector privado, constituyó una válvula de escape que respondió a una estrategia de supervivencia política dirigida a ganar tiempo para desactivar las tensiones y aliviar la presión social, de forma de ejercer el control político y mantener el poder. «Gracias a Dios que existe la dolarización», llegó a decir el presidente, que la consideró una «bendición». No obstante, las recientes protestas e intentos de saqueo resultantes de una cada vez más crítica escasez de alimentos a raíz de la pandemia de covid-19 llevaron nuevamente al gobierno a tratar de regular los precios, esta vez en dólares, de los productos de la canasta básica y otros rubros.

En contra de la expectativa de la oposición, que consideraba estas transformaciones económicas atadas al cambio político, el escenario de este año no ha variado; por el contrario, la tendencia hacia el autoritarismo y el control militar se han acentuado. Dada la fragilidad económica y política del régimen, una estrategia para mantenerse en el poder ha sido establecer alianzas con el sector económico y el militar. Para sobrevivir a la crisis y al bloqueo económico, se «dejó hacer» en la economía, y para mantener el poder, se reprimió con más fuerza a los disidentes en un intento por desactivar los liderazgos políticos y las redes de influencia. Por otro lado, en contraste con la unidad de la oposición alrededor de Guaidó del primer semestre de 2019, en 2020 esta se encuentra más debilitada, dividida, desmovilizada y centrada en la búsqueda de soluciones individuales.

A partir de enero de 2019, la prensa internacional, EEUU, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Lima, entre otras instancias, dieron visibilidad a la crisis política, económica y humanitaria de Venezuela a raíz del desconocimiento del segundo periodo presidencial de Maduro y del reconocimiento de Guaidó por más de medio centenar de países. Si bien a comienzos de 2020 otros conflictos regionales e internacionales desplazaron en importancia al caso venezolano, en plena crisis del covid-19 Venezuela volvió al primer plano debido al recrudecimiento de la crisis humanitaria, al embargo petrolero, al endurecimiento del bloqueo económico y, sobre todo, a estar en el medio de la disputa geopolítica entre EEUU y Rusia. Algunos analistas internacionales destacan que tal interés proviene del hecho de que Venezuela es considerada una amenaza a la paz y seguridad de la región y de algunos países del hemisferio occidental.

Mientras que los esfuerzos de los diferentes países y bloques que han reconocido a Guaidó y concuerdan en la necesidad de «una salida democrática, pacífica y electoral» para Venezuela no han rendido su fruto hasta el momento, la estrategia del gobierno de implementar algunos de los cambios económicos largamente demandados por la oposición, junto con la agudización de la represión y el control militar, parecen haberle servido para mantenerse en el poder. Se trata, sin embargo, de un equilibrio precario, pues los cambios económicos no han permitido superar la grave crisis humanitaria, que la comunidad internacional ha calificado de «emergencia humanitaria compleja»; además, hasta el momento, poco han beneficiado a los sectores populares, los más afectados por la crisis, quienes continúan dependiendo del sistema clientelar de bonos y bolsas de alimentación que el gobierno viene implementando desde hace años. Adicionalmente, estos cambios están contribuyendo a profundizar las diferencias sociales entre quienes pueden participar de una economía dolarizada y quienes no, al mismo tiempo que sirven para afianzar las lealtades de los sectores populares hacia al gobierno a través del control «biopolítico».

Pragmatismo económico: causas e impactos del giro ¿neoliberal?

Han pasado más de 20 años desde el arribo al poder de Chávez, quien propuso el proyecto bolivariano y, años más tarde, el denominado «socialismo del siglo xxi», con el fin de sustituir al modelo económico neoliberal. Sin embargo, ambos se han ido desdibujando debido a la inviabilidad del modelo económico rentista petrolero subyacente. A ello debe agregarse, según la oposición, la incapacidad gubernamental para reorientar la economía, el elevado gasto público y la corrupción y, según el gobierno, la «guerra económica» de EEUU y la caída de los precios del petróleo, los cuales recientemente se han desplomado aún más por la pandemia de covid-19. La crisis económica ha profundizado la crisis humanitaria a punto tal que el gobierno no es capaz de cubrir las necesidades de alimentación, salud y servicios básicos de una gran parte de la población.

El colapso de la actividad petrolera y la fuerte contracción de la industria manufacturera, de construcción y del sector privado han llevado a una gran fragilidad externa y a la caída brusca del pib: según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), se contrajo 35% en 2019 y se contraerá 15% en 2020; otras fuentes, como Asdrúbal Oliveros, de la consultora y firma de investigación Ecoanalítica, pronostican 25% si se incluye el impacto del coronavirus. De acuerdo con Petróleos de Venezuela (PDVSA), la actividad petrolera experimentó un repunte el último trimestre de 2019, con un total de producción de 907.000 barriles diarios. Sin embargo, ello representa una disminución de 40% con respecto a la producción del año anterior; además, este crecimiento no se sostuvo en el primer trimestre del año 2020 pues la producción petrolera disminuyó a unos 700.000 barriles diarios en febrero. Los economistas y expertos petroleros estiman que el impacto del coronavirus, junto con las estrictas sanciones para exportar el petróleo, podría reducir la producción aún más debido a las severas limitaciones que existen en Venezuela para el almacenamiento del crudo. No solo han mermado los ingresos petroleros sino que también se han reducido, como resultado de la pandemia, los ingresos no petroleros formales e informales, así como los provenientes de remesas y minería.

En el contexto de la reducción de los precios internacionales del petróleo resultante de la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, que ha afectado más a Venezuela que a otros países debido a las sanciones y al bloqueo económico, el 19 de febrero de este año Maduro decretó la «emergencia energética», a los fines de «adoptar las medidas urgentes y necesarias para garantizar la seguridad energética y proteger a la industria de la agresión imperialista»1.

Adicionalmente, ante la imposibilidad de diversificar el aparato productivo, la estrategia del gobierno ha sido diversificar el extractivismo acelerando el megaproyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO), que abarca una extensión de 111.842 kilómetros cuadrados, lo que representa un poco más de 12% del territorio nacional. El AMO se ubica en una zona de gran diversidad biológica y cultural, rica en minerales como oro, diamantes y coltán, entre otros; se estima que participan unas 150 empresas provenientes de 35 países en su desarrollo. Dado que su explotación es relativamente reciente, del año 2017, y que no existen datos oficiales, se desconocen los niveles de producción y su aporte al PIB. Según algunos investigadores, gran parte de la regulación legal que rige la explotación minera en esta zona es violatoria de la Constitución, lo que facilita «una peligrosa vinculación entre intereses asociados a la minería ilegal y actores estatales»2. Entre las consecuencias del desarrollo del AMO se encuentran el reforzamiento del papel de las transnacionales y el control por parte de los militares sobre las áreas mineras, aunque esto no ha impedido la acción de «grupos irregulares».

La inflación, que a fines del año anterior mostraba una tendencia descendente, sigue ahora un rumbo incierto. En ausencia de datos fidedignos del Banco Central de Venezuela (BCV) para este año, la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional estimó que la inflación acumulada en los primeros tres meses fue de 145,3%. A pesar de haberse cuasi estabilizado el valor del dólar con respecto al bolívar a comienzos del año, desde que el país entró en la cuarentena ordenada por Maduro a mediados de marzo se observa un aumento vertiginoso del valor de la moneda estadounidense, que de unos 74.000 bolívares por dólar pasó a 176.000 bolívares para el 29 de abril, según el BCV, lo que supone una variación de 237% en un mes y medio.

Frente al recrudecimiento de la crisis económica, en noviembre de 2019 el presidente Maduro aceptó públicamente la dolarización que ya se venía dando informalmente, señalando que «ese proceso que llaman de dolarización puede servir para la recuperación y despliegue de las fuerzas productivas del país y el funcionamiento de la economía». A raíz de estas declaraciones, se comenzaron a aplicar nuevas reglas de juego caracterizadas por el pragmatismo y la adaptación a la crisis. A la flexibilización cambiaria de facto, pues la legislación que la regula aún no se ha completado, se sumaron medidas como la eliminación de aranceles, la apertura hacia el sector privado, la eliminación de los controles de los precios de los productos y la comercialización del oro y del petróleo no solo por vías formales, sino también informales. Ecoanalítica ha señalado que, a fines de 2019, las transacciones en dólares se estimaban en 53%, y la encuestadora Datanálisis indicó que para 2020 estas podrían ascender a 70%, aunque es probable que esas cifras se reduzcan como consecuencia de la pandemia de covid-19.

Dado el éxodo de casi cinco millones de venezolanos en los últimos años ‒cerca de 20% de la población‒, las remesas en dólares han sido importantes para la precaria economía, aunque se espera que se reduzcan como resultado de la pandemia. Si bien una parte de la población pobre también tiene acceso a divisas como pago por los servicios que presta, la dolarización ha visibilizado aún más las diferencias sociales según la cuantía de divisas que cada grupo social maneja. El economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, ha identificado tres grupos que se distinguen por su acceso diferencial a los dólares: 15% de la población que maneja divisas en cantidades mayores a 400 dólares mensuales, 35% que maneja dólares en menor cantidad como resultado de la dolarización de sus servicios, empleos u oficios, y 50% en situación precaria, que no tiene acceso al dólar3.

El nuevo régimen cambiario, junto con la liberación de los precios, estimuló el aumento de los precios de los productos no subsidiados, lo que creó mayor desigualdad en el acceso a alimentos, bienes y servicios entre los diferentes grupos sociales de la población. Quienes tienen suficientes dólares pueden acceder a los bienes de consumo no subsidiados por el gobierno, los cuales son escasos e incluyen artículos suntuarios y productos importados en establecimientos denominados «bodegones», donde se paga en divisas. También, los sectores de clase media y alta que poseen suficientes dólares pueden con mayor frecuencia paliar la escasez de algunos servicios básicos como el agua o las comunicaciones, entre otros, por vías alternas privatizadas. Además, perdura una injusta e histórica distribución de las redes de los servicios básicos que resulta del hecho de que algunas zonas pobres no están conectadas o están conectadas deficientemente a tales redes; por esta razón, la escasez de agua, luz y gas es mayor en los sectores populares. Por otro lado, dada la mayor visibilidad e impacto político de las protestas en la capital del país, el gobierno la ha privilegiado en el otorgamiento de los servicios básicos, en detrimento del interior del país.

En contraste con la minoría altamente dolarizada, quienes sobreviven con un salario básico tienen una capacidad de compra severamente menguada, aunque reciban bonos especiales del gobierno y productos subsidiados. Al referirse a estos sectores, Maduro señaló en una entrevista televisiva que a ellos «los salva la patria» mediante los bonos y las bolsas de alimentación (CLAP)4.

La flexibilización cambiaria ha reducido en el corto plazo las tensiones y la presión social vinculadas a la escasez de alimentos, medicinas y otros bienes y ha contribuido al «apaciguamiento», sobre todo de los grupos sociales que tienen acceso a la economía dolarizada. En el caso de los sectores populares, ha contribuido al perfeccionamiento del control biopolítico, pues las necesarias divisas le sirven al gobierno para seguir alimentando, y también controlando políticamente, a una población cada vez más vulnerable mediante las prebendas de supervivencia ya mencionadas.

Por otra parte, tal como se deriva de la experiencia en otros países e incluso del propio caso venezolano, las sanciones económicas han agudizado la crisis, han llevado a los sectores pobres a una mayor dependencia del gobierno y podrían contribuir a afianzar la lealtad política progobierno de estos sectores y desmovilizarlos. Adicionalmente, proporcionan una excusa al gobierno para no asumir su responsabilidad en la crisis y, como veremos más adelante, no han producido los cambios políticos ansiados por la oposición.

Incertidumbre política: ¿«transición» o permanencia?

La propuesta para una «transición política» de Guaidó al proclamarse como presidente «encargado» contenía tres condiciones básicas: «cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres». Esta propuesta reavivó las esperanzas de la oposición por un cambio político. Sin embargo, estas expectativas no se cumplieron, por lo que al iniciarse esta nueva década se produjo un declive significativo del liderazgo político de Guaidó. Además, no se logró repetir las multitudinarias movilizaciones opositoras del primer semestre del año pasado, sea por el riesgo de la creciente represión policial, porque la oposición se ha debilitado y dividido, por el cansancio de no obtener los resultados esperados o porque el foco de la mayor parte de la población está puesto en la supervivencia. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) destacó que para febrero de este año las protestas habían descendido 51% en comparación con la misma fecha del año pasado.

Otro rasgo que viene agudizándose desde el segundo semestre de 2019 y que caracteriza el año 2020 es la fragmentación interna de los liderazgos políticos tanto de Guaidó como de Maduro, así como también el aumento significativo de un grupo que no se identifica ni con el chavismo ni con la oposición. Los resultados de las entrevistas a hogares realizadas por la empresa de estudio Delphos entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre de 2019 a escala nacional indican que tanto el apoyo al liderazgo político a Guaidó como el apoyo a Maduro han bajado en cada bloque: entre el 40% que se identifica como oposición, solo 24% apoya el liderazgo de Guaidó, y del 23% que se identifica con el chavismo, solo 14% apoya a Maduro5. Existe un tercer grupo de más de un tercio de la población entrevistada (36,3%) que no apoya ni al gobierno ni a la oposición, aunque esto no significa que no asuman una posición política en caso de darse elecciones.

Otra característica a destacar es la acentuación del centralismo y las instituciones paralelas. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que promovió el gobierno en 2017 tenía la función de redactar una nueva Constitución. No obstante, en los hechos utilizó sus facultades plenipotenciarias para asumir las funciones de la Asamblea Nacional en manos de la oposición, dado que esta fue declarada en «desacato» por el Tribunal Supremo de Justicia, afín al régimen. La ANC, que fue tildada de inconstitucional por la oposición, sigue vigente a pesar de que ya se cumplió el periodo asignado de dos años.

La reacción del gobierno frente a la Asamblea Nacional, que continuó sesionando y confrontando al gobierno a pesar de su desconocimiento por parte de Maduro, ha sido la represión y persecución de los diputados más influyentes, muchos de los cuales están presos o han huido del país; más recientemente, la represión se ha dirigido contra el entorno de Guaidó. Más aún, en enero de este año, fecha en que la Asamblea Nacional debía renovar su directiva, el gobierno promovió la división de los diputados opositores, lo que resultó en la elección de una directiva paralela que en la actualidad trata de competir y de restarle legitimidad a la directiva elegida por el grupo mayoritario de diputados de la oposición, que reeligió a Guaidó como presidente de la Asamblea. De esta forma, en 2020 en Venezuela se da la sorprendente situación de contar con dos presidentes del país, con dos parlamentos y con una ANC que supuestamente está por encima de todos los poderes públicos.

La creación de instituciones paralelas no es una práctica exclusiva de la oposición, sino que el propio régimen también la está utilizado para afianzarse en el poder. En ese proceso, el gobierno ha venido vulnerando la institucionalidad vigente para crear una nueva legitimidad que le sea favorable y le permita desactivar los últimos baluartes de poder en manos de la oposición.

Militarización y milicias

Otra tendencia del escenario político 2020 es la creciente subordinación de los criterios técnicos a los de seguridad y control por parte del Estado. Ello ha resultado en la creciente importancia de los militares, a los que se sigue transfiriendo tanto poder político, mediante el nombramiento de uniformados para los cargos de más alta jerarquía, como poder económico, a través de la gestión y el control de las actividades económicas más importantes, como la petrolera estatal, PDVSA, y el AMO. A fines de 2017, Maduro sustituyó a los gerentes técnicos civiles por militares y nombró a un general de la Fuerza Armada Bolivariana como ministro del Petróleo y presidente de PDVSA. Su gestión, que continuó hasta fines de abril de este año, ha sido evaluada negativamente por expertos petroleros, quienes aducen que su falta de experiencia llevó a cometer errores graves en las distintas fases del proceso de producción. La razón de los nombramientos militares, tal como lo expresó Maduro en la ANC en mayo de 2018, fue la construcción de «una PDVSA socialista» y el hecho de que, según él, los militares son «menos corruptos». No obstante, la razón implícita fue otorgar poder económico a los militares con el fin de ganar su confianza y apoyo para mantener el control político. No obstante, frente a la crisis de la falta de gasolina, el 27 de abril de este año, el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA (pues compartía ambos cargos) fue sustituido por dos civiles. Uno de ellos es el vicepresidente del área económica, Tareck El Aissami, quien fue nombrado ministro de Petróleo aunque tampoco es un experto en el área.

Maduro ha señalado reiteradamente que su gobierno se sustenta en la unión cívico-militar, cuya expresión es la Milicia Nacional Bolivariana, compuesta por voluntarios civiles en reserva, ex-militares y oficiales, y cuya misión es la «defensa de la patria». La milicia fue creada por el presidente Chávez en 2005; sin embargo, no fue hasta el 4 de febrero de este año cuando se hizo efectiva la Ley Constitucional de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), que la incorporó como el quinto componente de ese cuerpo. Aunque las cifras no son muy confiables ni precisas, para este año el ministro de la Defensa estimó el número de milicianos en 2.300.000 y Maduro, en 3.700.000. Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano, ha tildado a la Milicia como «la más poderosa arma política partidista» y destaca que, en vez de fortalecer a la Fuerza Armada Nacional, va a destruirla debido a la tendencia a sustituir a los soldados profesionales por milicianos6. La Milicia es la componente de la FANB con el mayor número de miembros, por lo que podría servir como contrapeso a las fuerzas armadas profesionalizadas en caso de que estas dejaran de apoyarlo; de nuevo, la lógica del régimen se despliega para mantener el poder «a toda costa».

Coronavirus

A todo esto se le suma la pandemia de covid-19. La grave crisis humanitaria, el precario sistema de salud, las críticas deficiencias de los servicios básicos de luz, agua y gas entre otros, la falta de recursos económicos y, sobre todo, la incapacidad del gobierno para hacer frente a los problemas anteriores hacen que el país sea especialmente vulnerable a la pandemia según los organismos internacionales La temprana cuarentena instalada en Venezuela puede considerarse un acierto del gobierno y, hasta el momento, parece estarse cumpliendo el objetivo pues las cifras de infectados son las más bajas de la región, si nos guiamos por las cifras oficiales. La información sobre el tema está sumamente controlada por el gobierno, que ha sancionado a aquellos periodistas y trabajadores de la salud que se salgan del reporte «oficial» diario sobre el número de contagiados, enfermos y fallecidos. Sin embargo, la cuarentena que se inició el 16 de marzo no ha resuelto el dilema que se le presenta a la población pobre, que no dispone de un empleo en el sector formal de la economía: ¿cómo resolver sus necesidades básicas, incluyendo la alimentación? Por otro lado, el gobierno ha implementado la medida de que toda persona que salga a la calle para actividades «necesarias» debe llevar mascarilla pero no las ha provisto, destacando que pueden elaborarse artesanalmente. Tampoco ha dicho nada sobre la grave deficiencia de agua, a pesar de que representa uno de los mayores obstáculos para seguir las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Algunos de los grupos más afectados por la falta de alimentos o por las carencias de luz, agua, gas y, recientemente, gasolina están saliendo a protestar, y en general son reprimidos por la Guardia Nacional que ha tomado las calles. El manejo del coronavirus se ha tornado autoritario y la pandemia ha servido para ejercer aún más control sobre la vida de los ciudadanos a través de los distintos cuerpos de seguridad del Estado.

Consideraciones finales

Los cambios económicos se dirigieron a incorporar algunas de las demandas de los grupos económicos con mayor poder y de una parte de la oposición más beligerante que se encarna en la clase media con mayor acceso a la economía dolarizada; su objetivo último fue desactivar las tensiones y evitar el cambio político deseado por la oposición. Paradójicamente, el cambio económico que la oposición vio como prerrequisito para un cambio político fue interpretado por el gobierno como una condición para lograr evitar este último. De esta forma, los cambios en la economía han tenido efectos divergentes para el gobierno y para la oposición: tal como esperaba el gobierno, han contribuido a bajar la presión social de un grupo importante de opositores y, por tanto, a ganar tiempo en el poder, pero no han logrado concretarse en el cambio político visionado por la oposición, la «salida» de Maduro.

A pesar de la creciente pérdida de apoyo popular, el gobierno se mantiene gracias al apoyo militar, pues ha logrado transformar la relación cívico-militar concebida por Chávez en una relación en la que los civiles están subordinados a los militares, quienes ejercen el control político y constituyen el principal sustento del régimen. Por ello, los analistas señalan que cualquier cambio político debería pasar por un acuerdo con los militares, más que por sanciones económicas o de otra índole.

Pero, en primer lugar, cualquier cambio político debe pasar por acuerdos entre la oposición y el gobierno, para lo cual es preciso definir quiénes son los interlocutores válidos de la oposición, dada su diversidad. No existen instancias articuladoras debido a la fragmentación de la oposición tras la crisis de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y al virtual fracaso de esfuerzos más recientes, como los del Frente Amplio (FA), que pretendía articular a los partidos políticos opositores y a la sociedad civil, y las Mesas de Diálogo Nacional de 2019. Por otro lado, Guaidó y su gabinete paralelo no representan en estos momentos a todos los sectores de la oposición.

En mayo de 2019, Noruega reinició esfuerzos exploratorios para entablar una posible mesa de negociaciones entre el gobierno y la oposición. Si bien estos esfuerzos abrieron un espacio para encontrarse, hasta el momento no han tenido mayores resultados. La rigidez de la propuesta de una parte importante de la oposición, que sigue requiriendo, como condición sine qua non para negociar, la salida del poder de Maduro, junto con la acusación de que el diálogo forma parte de una manipulación del gobierno para ganar tiempo, contribuyó a que las iniciativas en marcha no avanzaran de manera significativa. También en esas fechas, la UE auspició el grupo de contacto internacional que viajó a Caracas para reunirse con todos «los actores nacionales relevantes» para evaluar la posibilidad de una «ruta electoral» negociada, enfatizando su compromiso político con una solución democrática a la actual crisis. Esta última propuesta fue apoyada por el Grupo de Lima, constituido originalmente en 2017 por representantes de 14 países con el objetivo de encontrar una salida pacífica a la crisis venezolana. La más reciente propuesta formulada por el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo ha sido el «Marco para la Transición Democrática y Pacífica en Venezuela», en el que se propone una transición política con un consejo de Estado que no incluiría ni a Maduro ni a Guaidó y que tendría como tarea convocar a elecciones presidenciales y parlamentarias dentro de un año. A diferencia de las anteriores, esta última propuesta fue inmediatamente rechazada por el gobierno.

A pesar de que los esfuerzos anteriores no han logrado avanzar o avanzan muy lentamente, se han abierto nuevas vías de encuentro, tanto en el terreno político como en la sociedad civil. En enero y febrero de este año, se reunieron diputados de distintas tendencias políticas con el fin de elegir la lista para el Comité de Postulaciones y poder elegir al Consejo Nacional Electoral con miras a las elecciones legislativas que deberían llevarse a cabo este año. Desafortunadamente, este complejo proceso de acuerdos se paralizó al iniciarse la cuarentena por el coronavirus. En esta misma dirección, diversos actores políticos y sociales nacionales, entre los que se incluyen políticos, ONG y personalidades de la sociedad civil con diferentes tendencias ideológicas, se han agrupado en los últimos meses alrededor del «Diálogo Social» y, junto con la comunidad internacional, convergen en la necesidad de una especie de tregua a corto plazo para llegar a acuerdos que se estiman urgentes para enfrentar la crisis humanitaria; también coinciden en la necesidad de una salida electoral en el mediano y largo plazo.

La incertidumbre acerca de la duración y los efectos económicos y políticos de la pandemia hace difícil visualizar el futuro de estos últimos esfuerzos en el corto plazo. Además, la respuesta del gobierno podría depender del éxito o no que tenga en resolver la emergencia sanitaria, reactivar el aparato productivo y satisfacer necesidades básicas de la población, en una situación de grave crisis en la que los bonos y otros beneficios que otorga no son suficientes. (Uno de los desafíos será contener las protestas sociales que ya han comenzado a producirse debido a las dificultades para satisfacer las necesidades básicas). Un último interrogante que dejamos abierto es si tanto el gobierno como la oposición, que hasta el momento han mantenido posiciones antagónicas que implican la exclusión del «otro» y su consideración como el enemigo a derrotar, estarán dispuestos a establecer una «tregua humanitaria» ante el creciente descontento y las tensiones políticas que podrían alimentar estallidos sociales debido al agravamiento de la crisis humanitaria. ¿Cómo transformar al enemigo en adversario con quien puedan construirse acuerdos en el corto, mediano y largo plazo para enfrentar esta crisis económica, política y humanitaria y abrir una ruta electoral?

Publicado enInternacional
Sábado, 20 Junio 2020 06:31

¿Comida digital? No, gracias

¿Comida digital? No, gracias

Los grandes ganadores de la pandemia han sido las plataformas digitales, que además de hacer ganancias astronómicas han exacerbado desigualdades e injusticias –paradójicamente, bajo una imagen idílica de que "estamos todos conectados". Ahora la agenda de estas empresas avanzó vertiginosamente, también en el mayor mercado del planeta: agricultura y alimentación. Desde el grupo ETC describimos el avance de la digitalización del sistema agroalimentario en el reporte Tecnofusiones comestibles (https://tinyurl.com/y8bwd6k3).

Las más grandes empresas de ambos sectores están en movimiento, tanto en el Norte como en el Sur. Microsoft ha diseñado programas especiales para digitalizar todo el trabajo en campo; varias empresas digitales tienen contratos con empresas de maquinaria, como John Deere y CNH, para la recolección, a través de sus tractores, de datos de suelo, siembra y clima en sus nubes electrónicas. Las mayores empresas globales de comercio de materias primas agrícolas, Cargill, ADM, Cofco, Bunge, Louis Dreyfus y Glencore, sostienen una colaboración para el desarrollo de plataformas de tecnologías digitales (especialmente blockchain e inteligencia artificial) para automatizar el comercio global de granos.

Walmart compró el año pasado la inmensa cadena de ventas electrónicas Flipkart, en India, mientras la cadena de supermercados Carrefour hizo un acuerdo con Google para impulsar ventas de comestibles en línea. A su vez, la cadena francesa de supermercados Monoprix suscribió un acuerdo de ventas en línea con Amazon. Alibaba y Tencent, de China, se están disputando el control del enorme mercado de ventas de alimentos de China.

Mientras millones de migrantes, trabajadores informales y temporales rurales y urbanos, con la pandemia, quedaron sin sus fuentes mínimas de ingresos y fueron empujados al hambre junto con sus familias, las empresas digitales y de agronegocios reportaron en abril 2020 abultadas ganancias. Amazon, por ejemplo, reportó 24 mil millones de dólares. Nestlé, la mayor empresa global de alimentos y bebidas, productora de refrescos azucarados y otros alimentos ultraprocesados, productora serial de diabetes y obesidad, registró 8 mil millones de dólares. Una cifra, señaló Grain, mayor que todo el presupuesto anual del Programa Mundial de Alimentos de la ONU.

No obstante, las mayores empresas de agronegocios, como Tyson Foods, segunda productora global de carnes, se quejan de que la crisis los afecta y alegan que "el sistema alimentario está roto" y, por ello, necesitan apoyos y exenciones de impuestos por los estados. El sistema alimentario agroindustrial es una verdadera fábrica de pandemias y han sido además una alta fuente de contagios de sus trabajadores durante la crisis de Covid-19. Pero no se refieren a ello, sino a situaciones como las que vimos en Estados Unidos, donde grandes productores de lácteos y huevos han tirado a la basura su producción y otros han sacrificado miles de pollos o puercos, porque no era económicamente viable mantenerlos si no pueden venderlos en el momento preciso en que llegan al peso y tamaño que calcularon.

Como explica Michael Pollan, se trata de sistemas alimentarios paralelos dentro de la producción industrial en ese país. Por un lado, empresas que proveen a supermercados. Por otro, las que proveen insumos altamente especializados (por ejemplo, huevos licuidificados) a instituciones públicas, como escuelas, que cerraron durante la pandemia. En lugar de mantener los animales o ver cómo hacerlos llegar a quienes pasan necesidades, las empresas decidieron tirarlos a la basura, alegando que no era económico hacer otra cosa (https://tinyurl.com/y6wmdzar).

En ese contexto, las compañías –tanto las digitales como las de agroalimentación– tomaron nuevo impulso para afirmar que la digitalización de toda la cadena agroindustrial es la clave para superar la crisis. Esa agenda ya la tenían desde antes, pero ahora el discurso se basa en el Covid-19 argumentando que gracias a ellas las personas han podido hacer sus compras online, que los robots no se enferman (ni hacen huelga o piden mejores condiciones), que el dinero electrónico no necesita contacto personal. Reclaman su "esencialidad" por ser proveedores de alimentos y convergen con las empresas de plataformas digitales en que los estados garanticen acceso Internet en todas partes, que se hagan cargo de la infraestructura, que instalen redes 5G, para permitir mucho mayor volumen de datos, sin interrupciones (para que los sistemas de entregas con drones o vehículos no tripulados no se interrumpan), que se den pasos determinantes para el Internet de las cosas en agroalimentación.

Muchas evidencias y testimonios señalan que los sistemas alimentarios que realmente funcionaron y funcionan, que han llevado de forma segura la mayor cantidad y calidad de alimentos durante la crisis a los que los necesitamos y generan trabajo y salud, son los sistemas campesinos y las redes locales campo-ciudad. Que además previenen futuras pandemias. Esos son los sistemas que es vital apoyar, no este nuevo ataque a la agricultura y la alimentación.

Por Silvia Ribeiro, iInvestigadora del Grupo ETC

Publicado enMedio Ambiente
Cien millones de personas tuvieron que abandonar su hogar en la última década

Cada vez más personas deben de abandonar sus hogares a la fuerza mientras que son siempre menos quienes logran retornar. Una vez más, ACNUR ilustra cómo la mayoría de las personas refugiadas lo está en países en desarrollo, muchas veces limítrofes y con penurias alimentarias que complican su situación.

Las cifras que la Agencia de Naciones Unidas para las Personas Refugiadas (ACNUR) publica en suInforme anual de tendencias globalesmuestran un 2019 donde el desplazamiento de seres humanos alcanzó un record: 1 de cada 97 habitantes del planeta estaría desplazado. Por otro lado, resulta cada vez más dificil para quienes tuvieron que irse a la fuerza regresar.

La cifra total de personas desplazadas, 79,5 millones, prácticamente duplica la registrada hace una década. Según la descripción que brinda ACNUR, estas personas tuvieron que dejar sus hogares tras sufrir persecución como consecuencia de “conflicto, violencia, violaciones a los derechos humanos o eventos que alteraron gravemente el orden público”. Situaciones que afectan en gran medida a los menores, que sumarían según las estadísticas de la agencia de la ONU entre 30 y 34 millones, un 40% del total de personas desplazadas.

La mayor parte de estos casi 80 millones de seres humanos están desplazados dentro de su propio país: 45,7 millones. 26 millones son refugiados, una parte de ellos bajo el paraguas de las agencias de la ONU, 20,4 millones bajo el mismo ACNUR, y 5,6 millones de refugiados palestinos lo estarían bajo el mandato de la Agencia de Nacionas Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

Al margen de los miedos europeos y la securitización de las fronteras, las personas refugiadas llegan y se establecen fundamentalmente en países en desarrollo. El 85% de ellos se hallan en países de estas características, mientras que el 27% se encuentran de hecho en lo que el ACNUR considera como “países menos desarrollados”. En muchos casos el país de acogida es el estado vecino: sucede en el 73% de lo casos.

Preocupa en la agencia la dificultad cada vez mayor para el retorno de estas personas desplazadas y refugiadas. Son pocos los que consiguen volver, la mayoría desplazados internos: de los 5,6 millones que pudieron retornar en 2019, poco más de 300.000 habían llegado a salir del país.

De las personas que dejaron su país 4,2 millones han obtenido asilo. Durante el 2019 se presentaron dos millones de demandas de asilo. La mayoría en Estados Unidos, superando las 300.000, seguido de cerca por Perú con 259.000 demandas. En Europa, Alemania encabeza los países que reciben solicitantes de asilo, con 142.500, detrás va Francia con 123.900 y finalmente España con 118.300.

Venezuela se sitúa como segundo país de origen de desplazados, solo después de Siria, este último con 6,6 millones de nacionales fuera del país. La contabilización de las personas venezolanas se realiza aparte en el informe, irrumpiendo en los gráficos de manera desagregada por primera vez en 2019. Tras Venezuela, Afganistán (2,7 millones), Sudán del Sur (2,2 millones) y Myanmmar (1,1 millones), tres países que arrastran largos conflictos, completan el grupo de los cinco de donde proviene el 68% de las personas refugiadas.

Respecto a la acogida de migrantes, Turquía, limítrofe con Siria, va muy por delante en cuanto a refugiados viviendo en su territorio: 3,6 millones, el doble de Colombia, limítrofe con Venezuela y que recibió 1,8 millones. Pakistán, que comparte su mayor frontera con Pakistán recibió 1,4 millones de refugiados afganos mientras que Uganda, también limítrofe con Sudán del Sur, acoge a otros 1,4 millones de sus ciudadanos. Solo en quinto lugar aparece un país europeo, Alemania, con su 1,1 millones de refugiados.

En diez años, la década que arrancó en 2010, al menos 100 millones de personas fueron expulsadas de sus hogares. 16,5 millones solicitaron asilo y este se pidió para 400.000 niños que viajaban solos. 20 millones de personas fueron reconocidas con derechos de asilo, pero solo un cuarto de ellas accedió a protección internacional. Casi ocho de cada diez desplazados lo estaban dentro de sus países.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Filippo Grandi, apunta en el informe su preocupación por el hecho de que los desplazamientos se estén alargando en el tiempo. Una larga lista de conflictos activos en esta década está en el origen de este gran aumento en el número de desplazados: la persistencia de las guerras de Yemen y Siria, así como los conflictos en el Sahel, Burkina Faso o la República Democrática del Congo, empujan a miles de personas a abandonar sus tierras.

Inquieta además la creciente dificultad para el retorno de quienes se han vito obligados a marchar. Si en la década de los 90 la media de quienes volvían anualmente era de 1,5 millones, desde el 2010, la cifra es mucho menor, solo 390.000 lo consiguen cada año. Y no es porque vivan bien en los campos de acogida, muchos y muchas de ellos no se encuentran a salvo en su desplazamiento: ocho de cada diez personas desplazadas en el mundo están viviendo en estados afectados por inseguridad alimentaria y malnutrición, y en muchos casos sujetos a riesgo climático.

En su informe, ACNUR llama a los Estados a “que hagan un mayor esfuerzo por ofrecer un hogar para millones de refugiados y otras personas desplazadas por los conflictos, la persecución u otros eventos que perturban gravemente el orden público”. La organización recuerda además el compromiso de Desarrollo Sostenible de 2030 de “no dejar a nadie atrás” en el que ahora se incluyen explícitamente a las personas refugiadas.

ESPAÑA

España figura entre los cinco primeros países en los que se pide asilo, con 118.300 solicitudes en 2019. Un récord, según señala la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). La respuesta ha sido una disminución radical al menos en términos relativos de la concesión de asilo: solo un 5,2% de solicitantes resultan favorables. Este mínimo porcentaje supone una variación notable frente a los años precedentes, casi una de cada cuatro solicitudes fueron aceptadas el año anterior. Está además muy por debajo de la media europea, del 31%. Fuera del asilo se concedieron 40.000 permisos por razones humanitarias, una gran mayoría a personas venezolanas.

CEAR es crítica con la labor de España: señala las devoluciones en caliente en la frontera sur; las trabas a la reagrupación familiar; o la petición de visados de tránsito a quienes proceden de países en conflicto como Siria, Palestina o Yemen, país este último a cuyas peticiones, una vez en territorio español, son resueltas positivamente, pero a quienes les dificulta la llegada al país, exponiéndoles al tráfico de migrantes.

Por otro lado, los retrasos en la tramitación de la petición de asilo generan gran inseguridad a quienes solicitan protección, por no hablar de lo que supone la denegación del proceso de petición de asilo en la frontera sur. La reapertura de la ruta atlántica hacia Canarias, donde las llegadas se multiplicaron desde finales de 2019, es otro motivo de preocupación, dada la peligrosidad del camino. Las centros donde se les recibe están en muy mal estado sin contar con medidas higiénicas ni espacios. Además, son pocos los trasladados a la península.

Dada la situación descrita, CEAR apunta a la necesidad de trabajar en conjunto y llama a un nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo que amplíe derechos y vaya hacia un sistema común.

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En la cuarta semana de protestas contra la violencia oficial racista, ayer se festejó Juneteenth (fusión de 19 y junio), que la comunidad afroestadunidense marca como el día de su liberación, en recuerdo del acto del 19 de junio de 1865, cuando a los últimos esclavos africanos en Texas se les informó que eran libres, dos años y medio después de que Abraham Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación y a dos meses de que terminó la guerra civil. La imagen, en el puente de Brooklyn, Nueva York. Foto Afp. / David Brooks, corresponsal

Nueva York., El movimiento de protesta contra el racismo sistémico festejó el día de liberación de los afroestadunidenses con cientos de acciones a lo largo del país: marchas en Washington –que asustaron a la Casa Blanca–, el cierre de todos los puertos de la costa oeste, haciendo presente la historia en las calles "cultivando alegría dentro de la resistencia" y la promesa de cambiar la historia.

En la cuarta semana de protestas, foros, mítines, marchas y actos culturales, este viernes se festejó Juneteenth (fusión de 19 y junio), que para la comunidad afroestadunidense marca el día de su liberación y recuerda el 19 de junio de 1865, cuando esclavos africanos en Texas fueron los últimos en ser informados de que eran libres, dos años y medio después de que Abraham Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación y dos meses después de terminada la Guerra Civil poniendo fin a la esclavitud. La fecha se celebra por comunidades afroestadunidenses desde entonces.

Esta vez el aniversario –celebrado ahora por millones– se entremezcla con furia y movilización, cuando marchas por todo el país entonaron otra vez "las vidas negras valen". En cientos de ciudades hubo tanto marchas como bailes y banquetes, mientras el sindicato de estibadores ILWU clausuró los 29 puertos de la costa oeste del país en solidaridad con el movimiento.

De Nueva York a Los Ángeles hubo marchas combinadas con baile colectivo, y se escuchaban nuevos himnos entremezclados con canciones de lucha y desafío político, como Fight the Power de Public Enemy y jazz de Nueva Orleans, percusión africana y blues.

A diferencia de otros años, la clase política, empresas y gran parte del establishment se vieron obligados a reconocer el Juneteenth. Varios alcaldes y empresas han promovido que el día sea feriado, y hay iniciativas de legisladores federales para hacerlo una fecha oficialmente reconocida.

El levantamiento multirracial sigue sorprendiendo a la cúpula del país y su poder, apoyado por una gran mayoría de la opinión pública, ha obligado a impensables cambios inmediatos, desde procesos judiciales a policías, quienes suelen operar con impunidad, a medidas para reducir los presupuestos policiacos y propuestas de reformas a nivel federal, hasta la remoción de símbolos y monumentos oficiales racistas por todo el país.

Pero los líderes jóvenes de este movimiento, algunos veteranos de las luchas por los derechos civiles y sus aliados, reiteraron ayer en múltiples foros que este movimiento busca mucho más que sólo más reformas y compromisos de políticos sobre la policía, sino cambios a la violencia oficial sistémica que se expresa en la desigualdad económica, los obstáculos y supresión del sufragio efectivo y también algunos incluyen en su agenda la reforma del sistema penal masivo, el respeto a los derechos de los indígenas y de los inmigrantes, hasta la defensa el medio ambiente

"Tenemos que cultivar la alegría dentro de la resistencia" comentó ayer Nikita Mitchell, coordinadora nacional de The Rising Majority, una de las coaliciones que forma parte del incipiente movimiento que nació con el estallido de protestas por el asesinato de otro afroestadunidense a manos de un policía blanco hace cuatro semanas.

Indicó que esa colación está trabajando con sindicatos nacionales como el de servicios, los activistas de jóvenes indocumentados de United We Dream, el Movimiento por Vidas Negras, la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas, ambientalistas y otras organizaciones más para ampliar este movimiento ahora en las calles [https://therisingmajority.com].

Mitchell señaló que el enfoque de la lucha es contra el "capitalismo racial" que afecta a todos los sectores de color, como también a migrantes, y que es culpable del modelo extractivista que amenaza al medio ambiente. "El cambio nos requiere a todos" para "construir una izquierda poderosa para la democracia radical".

Ash-Lee Woodward Henderson, integrante del Movement for Black Lives [https://m4bl.org], parte del amplísimo mosaico de redes, colaciones y agrupaciones que forman parte y están definiendo este nuevo movimiento, comenta que "la supremacía blanca es un problema global" que afecta a todos dentro y fuera del país, y se requiere de una lucha internacional para desmantelarla. La también codirectora del histórico centro de educación y capacitación popular Highlander Center explicó que una de las demandas centrales del movimiento, desfinanciar a la policía, "es parte de una estrategia a largo plazo que incluye reimaginar la seguridad pública y parte de reimaginar un nuevo mundo".

“Esta es la hora para reimaginar en lo que Estados Unidos se puede convertir si ‘nosotros, el pueblo’ significa todos nosotros. Estados Unidos necesita lo que este movimiento tiene la intención de hacer: cambiar la historia…”, escriben los reverendos William Barber y Liz Theoharis, y los intelectuales Timothy Tyson y Cornel West en un artículo en el New York Times.

Este sábado, el Movimiento de los Pobres –encabezado por Barber y Theoharis y que recupera el ultimo proyecto de Martin Luther King hace más de medio siglo– realizará una "Asamblea masiva de los pobres y marcha moral" ahora de manera digital por el Covid-19, para promover "una reconstrucción radical de nuestra nación", donde participarán sindicatos, organizaciones de justicia social y religiosas, y artistas como Danny Glover y Jane Fonda, entre otros [https://es.poorpeoplescampaign.org].

Barber sugirió que aunque algunos desean establecer Juneteenth como día festivo federal, "por qué no vamos más allá para promover el acceso a la salud y sueldos dignos para todos" y pleno respeto del derecho al voto, entre otras cosas urgentes "y no sólo un día feriado".

Mientras tanto, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas ordenó un informe, el cual será preparado por la alta comisionada Michele Bachelet, sobre el racismo sistémico y abusos contra descendientes africanos con un enfoque en la violencia policiaca. La iniciativa original buscaba establecer una comisión internacional de investigación para evaluar los actos en Estados Unidos, apoyada por varios países africanos y más de 600 organizaciones de derechos humanos en decenas de países, pero Washington logró diluir el enfoque insistiendo en que se trata de un problema global.

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La Paz, Bolivia.

En otro texto provocador e imprescindible, la activista boliviana María Galindo propone pensar y actuar sobre 5 urgencias que, dice, no pueden justificarse ante el avance del coronavirus: el fascismo, la colonización, la corrupción y desidia estatal, la violencia machista y el hambre. Cómo azotan cada una de estas otras «pandemias» a los países latinoamericanos a los que bautiza como Culo del Mundo, «en el sentido ambiguo de lugar de placer y de desprecio al mismo tiempo». El miedo y el hambre como fórmula de control; los préstamos financieros como método de colonización; las miradas ancestrales de la salud, más acá del sanitarismo; el rol de las ollas populares no institucionales y gestionadas por mujeres; la pregunta de si las salidas van a venir de los Estados quebrados y corruptos; la violencia machista, la crisis de cuidados y la frase de George Floyd traducida por Galindo: «En el centro de la pandemia nace el movimiento NO PUEDO RESPIRAR

que en código andino quiere decir NO AGUANTO MÁS».

 

Agradecida con la lectura crítica de Claudia Acuña y la edición de Helen Álvarez.

La Paz, Bolivia.

 

En esta parte del mundo desde donde escribo es urgente decir que no estamos enfrentando a una pandemia sino a cinco, y al mismo tiempo. O, si prefieren, a una pandemia que múltiples capas, adheridas una a la otras, donde la capa visible y externa es la del coronavirus. Esa capa funciona como la superficie evidente detrás de la cual se esconden y legitiman las cinco pandemias, a saber:

1) La pandemia del fascismo que afecta las estructuras y libertades democráticas y que moviliza el conjunto de prejuicios en torno de la enfermedad, el contagio y la “protección” de la población.

2) La pandemia colonial que afecta las relaciones Norte/ Sur, y las relaciones con los sures del mundo presentes en todas las sociedades, la relación con el conocimiento y manejo de la enfermedad y el sobreendeudamiento de toda la región para el recrudecimiento de un contrato colonial global más severo.

3) La pandemia de la corrupción y la desidia estatal.

4) La pandemia de la violencia machista que afecta directamente el lugar de las mujeres y la crisis de cuidados.

5) La pandemia de las pandemias que es la del hambre.

Hay un juego de espejismo entre una pandemia y otra, un juego que confunde y paraliza la protesta: cuando estás interpelando una pandemia se superpone la de otra para desactivar o relativizar todo argumento de resistencia.

En pocas palabras, el coronavirus justifica todo.

Mientras escribo este texto ha muerto una mujer en los brazos de su hijo. Murió por tuberculosis en la puerta de un hospital donde por pánico no la dejaron entrar. Es tan pequeña la madre que parece una niña acurrucada en los brazos de un adulto, porque además de la tuberculosis la ha aniquilado el hambre. ¿Fue primero el hambre y luego la tuberculosis?, ¿Tuvo también que ver el coronavirus para que no pudiera pasar la puerta de un hospital o usaron ese pretexto para no recibir a nadie porque ni hay ni hubo nunca allí lugar para nadie más? Como quieran colocar el orden de los factores su muerte televisada y transmitida se convierte en rutinaria.

¿Qué está pasando en este sur bautizado como Latinoamérica que he preferido nombrar como Culo del Mundo, culo en el sentido ambiguo de lugar de placer y de desprecio al mismo tiempo?

¿Hay alguna continuidad entre lo que pasa hoy en México, Perú, Brasil, Ecuador, Argentina o Bolivia?

La región misma es imposible de describir bajo un solo prisma, no hay uniformidad; ¿Qué es entonces lo que hay de común entre el cavado de fosas para los cadáveres en Brasil, el endeudamiento acelerado boliviano o ecuatoriano y la enésima amenaza de quiebra del Estado argentino, que nos hace pensar en la pronta quiebra de muchos Estados de la región?

Si de comunes denominadores que recorren todo el continente se trata me atrevo a decir que la violencia machista, la corrupción gubernamental y el lavado de manos de las oligarquías locales -que en ningún país han asumido responsabilidad alguna- son los infalibles, sea que gobierne la derecha fascista o la izquierda progresista; sea que se haya optado por la cuarentena rígida, flexible o el negacionismo.

Les pido entonces permiso para hablar en términos generales, sabiendo que según qué país te toca en suerte estos elementos funcionan de manera distinta.

Coloniavirus: la densidad colonial de la pandemia

Pido permiso a la ecuatoriana residente en Barcelona Mafe Moscoso, de quien tomo el título de «Colonialvirus». Ella denomina así a la pandemia para denunciar lo que ocurre en Guayaquil y describir el papel de las “exiliadas del neoliberalismo” expuestas como los cuerpos portadores del virus, y el papel de las oligarquías.

La capa colonial de la pandemia no es ni tangencial, ni de detalle; la envuelve completamente.

La densidad colonial supone que los países del sur compren desde los insumos médicos pasando por pruebas, reactivos y respiradores hasta los medicamentos en un mercado neoliberal-colonial y a precios especulativos, inaccesibles para nuestras economías.

La densidad colonial supone la preparación por parte del Fondo Monetario Internacional de un proceso de endeudamiento acelerado, que aprovecha la situación de pánico para que los gobiernos den las espaldas a las sociedades, mientras contraen más deudas que empeñan el futuro, los bosques, la selva, el territorio, las materias primas estratégicas, como el litio o el mismo oxigeno de la Amazonia. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional están dispuestos a hacer préstamos a todo tipo de gobiernos en época de pandemia que favorecen la destrucción de la economía porque en ese contexto el endeudamiento se presenta fácilmente como salvataje cuando en realidad representan la firma de contratos de dependencia colonial, a futuro.

Nuestros remedios

Se ha hecho escarnio de la propuesta que enarbolé en un artículo que publiqué al comienzo del azote del colonialvirus sobre la medicina casera y ancestral como salida. Parece ser que hay que creer dogmáticamente que este es un problema que lo resolverá únicamente la investigación corporativa en laboratorios de inteligencia artificial.

El problema no está en poner en una línea dicotómica una medicina con la otra, menos en colocarlas en una escala colonial de “primitivo” versus “desarrollado”. Lo más necesario es integrar una con la otra y entender que los principios psicosomáticos de las medicinas ancestrales y su comprensión holística del funcionamiento del cuerpo. Son concepciones que deben ser integradas a toda medicina urgentemente.

Por otro lado, la medicina en la mayor parte de nuestros países es un recetario copiado sin pensamiento ni investigación propia, por eso nos enteramos por la BBC y desde Canadá que las llamas que conviven con [email protected] en los Andes pueden ser portadoras de un anticuerpo efectivo, o nos enteramos que en las ciudades de altura, como Quito o La Paz, la incidencia es menor porque hasta al colonialvirus le da maldealtura. No son nuestras universidades de Medicina ni nuestros laboratorios quienes investigan porque en la mayor parte de nuestra región no hay investigación y, cuando la hay, es en condiciones de extractivismo informativo.

La microbiología y la inteligencia artificial pueden dar una solución específica y temporal a este virus, pero déjenme ahora reirme un poco de quienes esperan con fe esa solución. ¿Dónde está el laboratorio independiente no vinculado a los poderes de la farmacéutica transnacional? ¿Qué conocemos realmente del virus desde estos centros de información y qué se nos oculta desde estos mismos centros de información?

Para ese poder farmacéutico, como habitantes del Culo del Mundo hemos servido de cuerpos de experimentación, de poblaciones descartables, de [email protected] que no importan, y también como territorio de extracción de conocimientos. ¿Cuánto tardará en llegar una vacuna al chaco argentino, a la amazonia peruana o boliviana, donde hoy miles y miles sufren el dengue? Seremos literlamente [email protected] ú[email protected] en recibirla. ¿Cuál será su costo real? No podremos pagar su precio con dinero, que es papel, pero sin duda pagaremos completa la factura empeñando nuestra tierra.

La densidad colonial es desgarradora cuando hablamos de [email protected] incontables[email protected] trabajador@s [email protected] que han quedado fuera de todo servicio de salud, frente a quienes se han cerrado fronteras declarándoles parias y a [email protected] que ninguna sociedad les ha [email protected] como pertenecientes: ni sus sociedades de origen, donde sus remesas mensuales han garantizado ingresos económicos imprescindibles, ni las sociedades donde han garantizado servicios de cuidados imprescindibles con trabajo precarizado y sin derechos.

El colonialvirus ha sido el pretexto político más “limpio” e incontestable del neoliberalismo para abrir la circulación de mercancías y cerrar la circulación de personas.

Europa ha pasado de cerrar sus fronteras nacionales a cerrar sus fronteras continentales y por fin habitar su sueño fascista de que el peligro es el otro. Ese mismo día han surgido las voces de cientos y miles exigiendo la regularización inmediata de [email protected] l@s [email protected] como ilegales y hasta ahora solo Italia lo ha hecho.

¿Cuál es el sistema de salud responsable de curar a [email protected] infectad@s que llegaron a España desde Guayaquil o el Beni en Bolivia, regiones donde los contagios suponen algo muy parecido a un genocidio?

El virus en su densidad colonial es una frontera que divide los cuerpos y las poblaciones entre las dignas de vida y las indignas de vida, entre las regiones desde donde se elaboran y discuten los protocolos y las propuestas y regiones donde esos protocolos no se piensan, sino que se copian.

 

Nos vamos contagiando

Miedo y hambre juegan un juego mortal en nuestras calles y nuestras economías.

Salir a comprar alimentos es prepararse para visitar el salón del hambre; la gente está saliendo a pedir limosna con creatividad, con dignidad y con originalidad, te sostienen la mirada, te cortan el paso con delicadeza, te extienden la mano o te ofrecen dulces y todo tipo de inventos prácticos para enfrentar la vida. Ayer compré un ensartador de aguja aunque en mi casa no hay agujas, ni hilos. La mirada del vendedor, sus demostraciones, su dignidad, su ropa, su aliento, su bozal casero, todo él era un grito de dignidad magnetizante.

Abundan las variedades de mascarillas que prefiero llamar “bozales para humanos” para todo gusto y bolsillo, porque de eso también hay que sobrevivir, pero la mascarilla universal parece ser de piel de mandarina. Los cítricos han invadido las calles y es con cítricos con lo que con ingenuidad nos defenderemos por acá de la pandemia, mientras nos vamos contagiando el colonialvirus y las ganas de vivir al mismo tiempo.

Caminando en los barrios populares de tanto en tanto me vienen vahos de olor a hierbas que deben estar hirviendo en gastadas ollas que perdieron la tapa hace décadas. La gente se ha refugiado en la medicina casera y en los conocimientos de la abuela. Los vahos vienen de lejos porque los pueblos amazónicos han decidido espantar la pandemia con largos rituales.

Las ollas comunes -que son ni más ni menos que la respuesta colectiva y no individual al hambre- no sólo representan un acto de desobediencia, sino que son noticia corriente y cotidiana. Las hay de todos los tipos y bajo todo género de organización en todo el continente. Tienen dos características comunes:

  1. Son organizadas y gestionadas por mujeres no por una cuestión de servidumbre, sino por un saber hacer-
  2. No son estatales ni institucionales y son super efectivas como medida social frente al hambre. Nadie se atreve a intervenir, descalificar, ni desactivar olla común alguna.

Especialmente desobedientes viejos y viejas [email protected] de salir están en las calles. La policía tampoco se atreve a cuestionarles. Ahí están ellos y ellas con 70, 75 y 80 años en busca de subsistencia. Mil formas en las que [email protected] ancian@s de nuestras sociedades están desafiando a la muerte misma. Lo que consiguen lo comparten con sus amores y al día siguiente de nuevo les ves en las calles marcando el ritmo de una cuarentena que no es lo peor ni lo más duro por lo que han pasado.

Quizás la mayor potencia de las gentes de esta región está precisamente ahí. No es que nos ha venido una crisis, sino que vivimos en crisis, no es que esperamos respuestas sino que las inventamos continuamente de forma artesanal e intuitiva apelando a las herramientas del propio contexto, y es eso lo que en la región se ve por todas las esquinas. Remedios caseros, inventos de nuevas formas de ganarse la vida y de lanzarse a la muerte al mismo tiempo. Los días se han convertido en festivales coloridos del fin del mundo.

El Estado y la pandemia de la corrupción

Seguramente en lo que a corrupción se refiere el gobierno boliviano debe de ser hoy uno de los más sobresalientes de la región. El escandalo de la compra de 500 respiradores a un 300 por ciento más de su precio es tan sólo la punta del iceberg.

Compramos vía intermediaros las pruebas más caras de la región, pero hacemos el menor numero de pruebas de la región. Varias capitales del país no tienen laboratorio de procesamiento de pruebas y los pocos laboratorios que hay están colapsados y entregando los resultados tardíamente, pero además las pruebas ya llegan tardíamente a los laboratorios pues son transportadas por vía terrestre.

Las cifras de contagio son bajas porque hay un subregistro descomunal debido a la negligencia estatal que funciona como mentira colectiva. La función más importante del Estado como es la educación pública está suspendida y los planes de convertirla en virtual no pasan de ser una mentira colectiva.

El gasto militar se ha triplicado porque la movilización de tropas es contínua y se ha utilizado la pandemia para la legitimación de la presencia militar en las ciudades.

Ninguno de los sectores oligárquicos vinculados a las transnacionales o que representan las grandes concentraciones de capital en la región han sido convocados a asumir ni siquiera una parte de los costos de la pandemia. Es más: en muchos casos han sido los primeros que han pasado a los gobiernos sus listas de pérdidas y requerimientos. Mientras la población está perdiendo trabajo, sustento, educación e inclusive la vida las oligarquías se están lavando las manos y dándose el lujo de hacer caridad. Grotesca es la imagen recurrente de las donaciones caritativas para sacarse la foto de portada.

¿Podemos entonces permitirnos pensar que las soluciones van a venir desde el Estado? ¿Podemos contentarnos con hacer una lista de demandas post colonialvirus para pasarle a los gobierno? ¿Es sólo cuestión de cambiar un gobierno por otro?

¿Es realmente la salida darle al Estado la administración de una renta básica universal que es lo que propone la CEPAL (Comisión económica para America Latina)y la izquierda llamada progresista? ¿Cuánto nos va a costar cada peso boliviano, cada sol peruano, cada peso chileno o argentino que retiremos de una ventanilla del Estado?

En esta región me atrevo a decir que la pobreza no es la falta de ingresos sino el despojo, no es la falta de ingresos sino la destrucción sistemática del ecosistema, la destrucción de la selva y de las aguas dulces.

La propuesta de la CEPAL tiene mucho que ver con un reendeudamiento de nuestras sociedades y con la contención de la revuelta que se está cocinando en las otras ollas comunes que son las ollas de las ideas, las rabias, el dolor y las frustraciones. Por un año de renta básica firmaran en nuestro nombre la reincorporación pasiva y sin objeción ni debate al capitalismo patriarco/colonial extractivista.

 

Violencia machista y crisis de cuidados

Lo que peor han resuelto los Estados es la cuestión de [email protected] niñ@s convertidos en pájaros [email protected], cuya responsabilidad de contención ha estado y está descomunalmente descargada sobre las espaldas de las madres. Agravada con el hecho de que empieza la ola de flexibilizacion de la cuarentena, no se abren las escuelas ni hay soluciones para la crianza demostrando que sobre las espaldas de las mujeres se puede descargar todo sin límite alguno e incluso sin lógica.

El colonialvirus es una crisis de cuidados que ha colocado a los cuidados en la doble vara de los trabajos recargados y mal pagados masivamente realizados por mujeres y, al mismo tiempo, en los únicos realmente útiles a la hora de salvar vidas, contener emocionalidades y construir sentidos colectivos.

Suprimir la calle para las mujeres ha sido suprimir el espacio emancipatorio histórico. Ha significado suprimir la otra ciudad efímera que habitamos y montamos cada día. Ha sido un auténtico encarcelamiento en la familia nuclear patriarcal que andábamos disolviendo y en el espacio de captura de nuestras energías. Ha sido colocarnos a merced de las frustraciones de un macho que está en decadencia y que no encuentra su propio lugar en el mundo. Los índices de feminicidio en cuarentena son la prueba de esto que estoy diciendo. Los índices de violencia machista y violencia sexual que rompen todo sentido romantizado de hogar son la prueba de lo que estoy diciendo. La calle es nuestra casa y el espacio del afuera es el espacio en el que estamos construyendo libertad.

Esto coloca a la familia y al Estado en la misma línea de las instituciones caducas, de mamotretos arcaicos que en esta crisis han mostrado su ausencia de respuestas, su peso como mito y su inocultable decadencia.

La comunidad no es la suma de familias, sino la ruptura de estas para la construcción de nuevas afectividades, contenciones y complicidades.

El Estado no es la entidad llamada a resolver lo que la post pandemia trae, sino que la sociedad organizada, las voces criticas y las hambres acumuladas somos quienes necesitaremos elaborar no un pliego de peticiones a gobierno alguno sino un marco de redefinción política de la democracia como un eje radical de participación y no como un aparato de marketing electoral, de la economía como un eje de construcción de bienestar y de la colectividad como el lugar del desorden afectivo.

Debajo del hambre están creciendo las ideas.

Debajo del hambre siguen floreciendo los sueños.

Y mientras enterramos a [email protected] muert@s, [email protected] todavía calientes se confabulan con [email protected] para decirnos que no murieron de coronavirus sino de capitalismo.

En el centro de la pandemia nace el movimiento NO PUEDO RESPIRAR que en código andino quiere decir NO AGUANTO MÁS.

Por María Galindo, habitante vitalicia de la anormalidad. Mujeres Creando/ Bolivia.

18/06/2020

Publicado enSociedad