Lunes, 23 Noviembre 2020 05:30

Esclerosis social

Esclerosis social

Los procesos económicos son esencialmente inestables. Este rasgo se asocia en cada época con las condiciones materiales, tecnológicas y sociales que determinan la producción, definen el modo de trabajo, el tipo de consumo y las necesidades de inversión para sostener la capacidad de subsistencia, o sea, reproducir a la sociedad.

En el capitalismo, la inestabilidad se agrava por la naturaleza propia del dinero y las cambiantes modalidades del financiamiento, esta última condición se ha vuelto más notoria con el desarrollo de los mercados financieros, con instrumentos y facilidades tecnológicas más sofisticados. Es una economía de endeudamiento creciente.

Tanto los precios relativos de los bienes y servicios, especialmente el trabajo, como el nivel de la actividad económica fluctúan, en ocasiones de manera notable, derivando en crisis económicas y forzando la intervención del gobierno mediante la política fiscal y monetaria para contener la inflación o deflación y las presiones recesivas en la producción y el empleo.

Debajo de estas manifestaciones en el ámbito de los mercados, subyacen corrientes con efectos sociales significativos. No se puede confundir la salud económica con las cotizaciones de los mercados financieros: acciones, bonos privados, deuda pública, tipos de cambio y el oro. Hay un substrato social que se desenvuelve de modo permanente y que puede, ciertamente, ir a contracorriente de los indicadores convencionales usados por los ministerios de Hacienda y, sobre todo, por el discurso político.

Una muestra actual de este fenómeno es la pugna abierta en Estados Unidos entre el Tesoro y la Reserva Federal con respecto de la continuación de los mecanismos financieros de apoyo a la economía asociado con las repercusiones de la pandemia en la producción y el empleo. El Tesoro quiere limitar esas ayudas bajo el argumento de que la economía está en una situación sólida, como muestran los indicadores de Wall Street. Los intereses políticos de una elección perdida están sobre la mesa.

La estructura del capitalismo global estaba en franca recomposición antes de que estallara la pandemia. Los indicios eran apreciables, se gestaba un cambio en lo que solía llamarse como el régimen de acumulación conformado a partir de la década de 1980. La etapa de la así llamada Gran Moderación en los precios y la estabilidad macroeconómica habría acabado con la gran crisis de 2008. Desde entonces prevalecen las bajas tasas de interés, con menores grados de libertad en materia monetaria y una expansión enorme de la deuda pública.

Aquel régimen se sostuvo en las políticas destinadas a controlar la inflación de la década anterior y administrar el proceso de globalización con China como un actor principal. El entorno cambió hacia una baja inflación y un creciente nivel de endeudamiento, y es precisamente lo que estaría cambiando ya.

Tal es la tesis que sostienen Goodhart y Pradhan en su libro El gran giro demográfico (ver la nota de Martin Wolf en el Financial Times, 17/11/2020). Lo que prefiguran en un escenario de mayor inflación y una cambiante relación del lugar del trabajo.

En ese largo periodo de moderación se abrió China, colapsó la Unión Soviética, se creó la Organización Mundial de Comercio, se fortalecieron la integración y los bloques económicos, se profundizaron las corrientes de capitales, creció sustancialmente la oferta global de trabajadores en una estructura demográfica en la que aun había una gran población joven –aunque con tasas decrecientes de natalidad– y con ello el producto per cápita.

Un efecto de este proceso fue debilitar el poder de negociación del trabajo, elevar la participación de las ganancias en el producto y aumentar el grado la concentración del ingreso. Una de las consecuencias es lo que se conoce como un exceso de ahorro que afecta adversamente los patrones de consumo y de inversión.

Hoy, la estructura demográfica muestra una mayor población de jubilados en los países desarrollados y en China también. La población en edad de trabajar se ajusta a la baja, lo que repercute en las cotizaciones a los fondos de retiro y la seguridad social y ejerce una mayor presión sobre los recursos fiscales de los gobiernos.

Una conclusión del estudio es que la baja de la fuerza laboral disponible elevaría el poder de mercado del trabajo. Las condiciones generales serían así propicias para crear mayores presiones inflacionarias y, con ellas, una recomposición en los patrones de asignación de los recursos para la inversión. El régimen de acumulación tendería a recomponerse. Esa tendencia apunta a la reciente creación de la Asociación Económica Integral Regional con liderazgo chino.

Hay un componente especulativo en el tratamiento de los temas del estudio que aquí se comenta. No podría ser de otra manera en un escenario tan incierto como el que predomina. Lo interesante de la tesis, es que abre un espacio de discusión en el terreno económico y político en un entorno de democracia más endeble, de renovadas exigencias sociales en un entorno crecientemente conflictivo y cuando las condiciones de la reproducción del sistema económico y social y la dinámica de los mercados financieros muestran signos de esclerosis.

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El ataque contra la sede legislativa dejó un saldo de al menos 22 detenidos, heridos e intoxicados por gas lacrimógeno y las llamas dentro del edificio.Foto Afp

 

Recortes en educación, salud y combate a la pobreza, los detonantes de las movilizaciones

 

Ciudad de Guatemala., Un grupo de manifestantes destrozó e incendió ayer una parte de las oficinas del Congreso de Guatemala durante una masiva protesta contra el presidente Alejandro Giammattei y el cuerpo legislativo por la aprobación del presupuesto general de la nación para 2021, el más alto en la historia del país, pero que no considera aumento a las partidas sociales.

Ante la gran movilización, el mandatario tuiteó: "Previo a recibir el presupuesto del Congreso, me estoy reuniendo con sectores y grupos de la sociedad para analizar las modificaciones que en los próximos días se presenten". En su mensaje apuntó que trasladará una iniciativa de ley al Congreso para conocer y materializar los cambios, aunque no precisó qué sectores y grupos negocian el reajuste en el gasto proyectado. "En desarrollo del proceso, seguiremos informando", agregó.

Las llamas en el Congreso se veían desde la calle mientras algunos inconformes lograron ingresar al recinto. Los bomberos dijeron que una parte importante del palacio fue consumida por el fuego, específicamente la sección adonde ingresan las propuestas de ley.

La irrupción, achacada a grupos de infiltrados, dejó varios heridos e intoxicados por el gas lacrimógeno lanzado por la policía y el humo de las llamas dentro del edificio legislativo. Los bomberos y miembros de la Cruz Roja atendieron a los afectados.

"Reitero que se tiene el derecho de manifestar conforme la ley. Pero tampoco podemos permitir que se vandalice con la propiedad pública o privada. Al que se le compruebe su participación en estos hechos delictivos les caerá todo el peso de la ley", advirtió Giammattei en otro tuit.

Los hechos de violencia, que se saldaron con al menos 22 detenidos, contrastaron con las 7 mil personas que tomaron pacíficamente la Plaza de la Constitución para manifestarse frente al Palacio Nacional, como pasó en las protestas de 2015 que rechazaban a las denuncias de corrupción en el gobierno y que llevaron a la renuncia del general Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Rosario Murillo.

"No más corrupción", "Fuera Giammattei" y "Se metieron con la generación equivocada" fueron algunas consignas coreadas o escritas en pancartas mientras los manifestantes ondeaban banderas azul con blanco, los colores nacionales. "Nos indigna la pobreza, la injusticia, cómo se han robado el dinero del pueblo", señaló Rosa de Chavarría, profesora de sicología de la universidad pública de San Marcos de Guatemala.

En calles aledañas del centro histórico capitalino, los grupos antimotines lanzaron gas lacrimógeno contra los manifestantes, pero la acción no detuvo la movilización. Casi entrada la noche, los manifestantes fueron dispersados nuevamente por la policía, pero regresaron a la plaza para continuar con la protesta.

Cientos de personas en varios departamentos del país, con pancartas y mantas, exigían vetar el presupuesto, transparencia en el gasto público y control a los diputados, varios de ellos señalados por actos de corrupción. En redes sociales, varias fotografías mostraron a grupos de personas frente a las sedes diplomáticas guatemaltecas en Argentina o Alemania en señal de solidaridad a la protesta.

Estas manifestaciones se producen después de que el vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, propuso el viernes a Gia-mmattei que ambos renuncien a sus cargos "por el bien del país" porque "las cosas no están bien" en el gobierno.

Además de la renuncia de ambos, Castillo pidió a Giammattei vetar los presupuestos de 2021 porque tienen "anomalías", por lo que deberían ser devueltos al Congreso y ser modificados, explicó, apelando a "la eficiencia, transparencia y austeridad para no tener más endeudamiento".

El descontento e indignación de los guatemaltecos contra el Congreso y el gobierno de Giammattei se incrementó por la opacidad de los recursos para enfrentar la pandemia de Covid-19 y por los estragos que dejó el huracán Iota.

La movilización también se dirigió contra la Corte Suprema de Justicia por tramitar el retiro de inmunidad a magistrados constitucionales y sus fallos, que han frenado varios intentos de políticos por detener la lucha contra la corrupción e impunidad.

El Congreso, en su mayoría integrado por el oficialismo y partidos afines, aprobaron el miércoles el mayor presupuesto en la historia del país, de casi 12 mil 800 millones de dólares, un aumento de cerca de 25 por ciento respecto a las cuentas de este año.

La mayoría de fondos están dirigidos a infraestructuras con el sector privado y no prevé aumentar las partidas de salud o de educación ni las destinadas a combatir la pobreza y la desnutrición infantil, así como a la defensa de los derechos humanos ni la atención primaria a pacientes con Covid-19, entre otros rubros.

En Guatemala, 59.3 por ciento de los casi 17 millones de habitantes viven en la pobreza, y la desnutrición afecta a casi 50 por ciento de los niños menores de cinco años. Varias entidades económicas y analistas advierten que es un riesgo que un tercio del presupuesto sea financiado por deuda.

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EEUU dejó al descubierto la real intención de las criminales sanciones contra Venezuela

18.11.20 - El subsecretario de la Oficina de Recursos Energéticos (ENR, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de Estados Unidos, Francis R. Fannon, dejó al descubierto la real intención de las criminales sanciones contra Venezuela y la intención gringa de frenar el desarrollo del país-.

Las declaraciones del funcionario se producen en medio del debate sobre los efectos nocivos de las sanciones contra la economía venezolana.

“Las sanciones contra Pdvsa fueron en parte porque el (gobierno) de Maduro ha utilizado los ingresos del petróleo para financiar su propia cleptocracia y otras malintencionadas actividades en la región”, aseveró el funcionario que trabajó en una parte del paquete de sanciones contra el gobierno de Venezuela y su principal empresa estatal.

El más reciente informe de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos estima que las sanciones "sí están generando repercusiones importantes" en su economía, "trayendo como consecuencia una pérdida importante de bienestar en la población".

"Luego de tres años, los resultados son bastante mediocres (...) la crisis ha empeorado y no se ha logrado el cambio político", señala el texto, tras remarcar que las sanciones no iniciaron la recesión económica ni el colapso financiero en el país pero sí han profundizado el deterioro en la calidad de vida de los venezolanos.

Asimismo, aseguró que la asfixia contra el pueblo venezolano continuará hasta lograr derrocar al gobierno legítimo de Venezuela.

“Estas sanciones continúan porque el problema de Venezuela es Maduro, no nuestras sanciones, y esto lo hemos dicho alto y claro”, contó Fannon al finalizar una conferencia sobre el sector energético.

La idea, señaló el principal funcionario estadounidense en materia de política energética, era “eliminar cientos de miles de barriles de petróleo del mercado que él (Maduro) estaba utilizando para sus actividades ilegítimas”.

Tras la autoproclamación del opositor Juan Guaidó como presidente imaginario en enero de 2019, EEUU recrudeció su política de sanciones en contra del país, en especial, ahogando a su industria petrolera al bloquear sus activos que se encuentran en suelo estadounidense y prohibir las transacciones de individuos estadounidenses con la empresa.

Por: Aporrea. Viernes 20/11/2020

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EFE/ Paolo Aguilar

El régimen político peruano apostó al centroderechista Francisco Sagasti para aplacar el descontento del pueblo

 

Pasadas las 17:00 hora local, luego de tomar lista a los legisladores presentes, juramentó como presidente Francisco Rafael Sagasti Hochhausler, la esperanza del régimen peruano para cerrar la crisis abierta luego de la vacancia (destitución) del presidente Vizcarra el 9 de noviembre.

Sagasti, del Partido Morado, no votó a favor de la vacancia y por eso es visto como uno de los pocos políticos que no están manchados por la corrupción. Asumirá la presidencia hasta el 28 de julio del 2021, cuando le entregará las riendas del ejecutivo al ganador de las elecciones de abril del próximo año. Mirtha Esther Vásquez del neorreformista Frente Amplio quedará como presidenta del Congreso. Con estas designaciones se pretende quedar bien con la juventud que fue la principal participante de las manifestaciones que se desataron la semana pasada.

La sesión fue presidida por Vazquez que comenzó recordando a los muertos por el covid-19 e hizo un homenaje a los dos fallecidos a manos de la policía durante la brutal represión policial el pasado sábado. Una muestra de cinismo por parte de todo el arco político que es responsable de la crisis profunda que vive el país.

Al momento de su juramentación, Sagasti se comprometió a respetar y hacer respetar la Constitución fujimorista de 1993 y a reconocer la “importancia de la iglesia católica en la formación de los peruanos”. Al iniciar su discurso de asunción saludo y agradeció a los dos jóvenes “lamentablemente fallecidos” y sus familias, presentes en la ceremonia, y más adelante hizo un llamado a que los jóvenes mantengan la calma y ecuanimidad. Este guiño a los jóvenes, a los que también llamó “defensores de la democracia” es un claro reconocimiento a la energía de una juventud a la que las décadas de neoliberalismo dejaron en una situación terrible y que hoy tiene poco que perder.

Dedicó varios pasajes de su discurso a describir las crisis de la pandemia y el cambio climático, pintando la realidad del Perú como catastrófica pero no sería responsabilidad de ninguno de los políticos actuales. No dijo ni una palabra de la larga noche del neoliberalismo de la que el país aún no ha salido. En el terreno económico dijo que “garantizarán estabilidad económica y equilibrio fiscal”, lo cual implica más medidas de ajuste para el pueblo trabajador.

Reconoció que los miembros de la clase política “no hemos estado a la altura” y “no hemos sabido escuchar y responder” a las legítimas demandas de peruanos y peruanas. A renglón seguido apeló a esa misma clase política, profundamente deslegitimada, a trabajar unidos en pos de un futuro para el país, sin explicar mucho en qué consiste ni cuándo vendrá ese futuro.

En un claro reproche a quienes impulsaron la vacancia presidencial sin tener un plan de salida dijo que los mecanismos de control democrático no deben desestabilizar al país, parándose claramente como el último defensor del régimen político. En un paso más allá instó al Tribunal Constitucional a que, con la sentencia que deberá emitir el miércoles 18, “permita un mejor uso de los pesos y contrapesos de la constitución”. Concluyó su discurso haciendo un llamado a la confianza y la esperanza en los jóvenes lo cual tiene que ver con oxigenar al régimen de 1993.

Recordemos que el Perú se encontraba desde el mediodía del domingo en medio de un vacío de Gobierno. El presidente ilegítimo que había asumido tras la destitución de Martín Vizcarra, Manuel Merino, cayó tras una semana de movilizaciones. Completamente cuestionado, el mandato de Merino solo duró 5 días.

Luego de frenéticas negociaciones y maniobras, finalmente el lunes se llegó a un acuerdo entre los partidos del régimen para presentar una lista para la presidencia del congreso y así, por linea sucesoria, a la presidencia del país. Toda esta situación mostró la profunda descomposición del régimen político peruano y su deslegitimación ante el pueblo trabajador. Se presentaron y retiraron listas, se realizaron varias votaciones el domingo que no llegaron a ningún lado. El mismo lunes, en el espacio de una hora, se presentó una lista para la mesa directiva del congreso y se retiró 5 minutos antes de la votación.

El nuevo Gobierno encabezado por Sagasti expresa la concertación entre la mayoría de los grupos políticos que representan a las diversas facciones burguesas que desde buen tiempo atrás se enfrentan por el control de los poderes del estado. La principal motivación que ha llevado a estos sectores a unificarse en torno a la figura de Sagasti, es el temor a que las movilizaciones que se iniciaron con el cuestionamiento a Manuel Merino alcancen dimensiones mayores y comprometan la participación de la clase trabajadora que ya anunció una movilización nacional para el miércoles 18 de noviembre.

Redacción LID Perú

Martes 17 de noviembre | 19:59


Perú: el modelo neoliberal en crisis

 

Por Alfredo Zaiat

La crisis política que vive Perú desde hace varios años, y que en estos días adquirió niveles dramáticos, se agudizó con el impacto de la pandemia, exponiendo con mayor nitidez la decadencia de su modelo neoliberal.

En América Latina, en las últimas décadas, las fuerzas conservadoras han puesto como ejemplo el modelo peruano. La actual crisis deja al desnudo su fragilidad en términos de bienestar general y de estabilidad política.


Desde la década del '90 se instaló en la sociedad peruana la ilusión de que muchos problemas serían resueltos sólo con un sostenido crecimiento económico gracias al efecto derrame. No fue así.

Tres de cada cuatro trabajadores siguen en la informalidad, miles de familias continúan viviendo en condiciones de hacinamientos, los niveles de pobreza superan el 30% de la población y muchos sectores del país tienen acceso parcial al agua potable.

La rebelión popular de estas semanas tiene una base material que la explica: desempleo en alza, exclusión social, aumento de la pobreza, falta de perspectivas de mejoras para los jóvenes y desilusión con una clase política que en su mayoría sostiene un modelo económico que concentra riquezas.

Modelo

El denominado modelo peruano se inauguró con el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), que introdujo reformas económicas neoliberales luego del cierre ilegal del Congreso en 1992, y de elaborar una Constitución que allanó el camino a esas políticas regresivas.

A partir de la primera década de este siglo, la economía peruana empezó a crecer a tasas importantes. Durante los últimos veinte años fue de 4,9% en promedio, un registro por encima de la mayoría de los países latinoamericanos.

El impulso estuvo en la primera década con el ciclo de elevados precios internacionales de materias primas, en el cual Perú se benefició con las exportaciones mineras.

En 2008, por ejemplo, el Producto Interno Bruto (PIB) se ubicó un poco por arriba del 9%.

​A partir de 2014, con la caída del impulso minero y el precio de las materias primas que afectó a toda la región, la economía bajó el ritmo de crecimiento, aunque continuó destacándose en relación al resto.

El modelo peruano seguía mostrando crecimiento, bajo nivel de deuda, inflación reducida y cuentas fiscales ordenadas hasta este año.

Desempeño

En el último informe del FMI sobre la economía de Perú se advierte que el país debía mejorar las perspectivas de crecimiento a largo plazo reduciendo las grandes brechas de infraestructura y abordar el gasto social, así como la corrupción.

Las conclusiones principales del reporte son las siguientes:

  • Desempeño económico:Perú ha sido una de las economías de más rápido crecimiento de la región, pero en 2019 el crecimiento se debilitó a 2,4% debido a una combinación de factores externos e internos.
  • En el frente externo:la demanda de exportaciones de productos primarios se redujo, en tanto que la minería y las exportaciones de combustible se contrajeron durante el año. En el ámbito interno, la ejecución de proyectos de inversión pública fue menor de lo previsto en el presupuesto, mientras que los factores relacionados con el clima afectaron a la producción pesquera.
  • Brechas de infraestructura:La infraestructura de Perú se compara desfavorablemente con la de sus competidores, y la inversión es particularmente necesaria en materia de transporte, saneamiento, salud, telecomunicaciones y agua.
  • La corrupción:En los últimos tres años, la investigación Lava Jato sobre la corrupción ha tenido un impacto tanto a nivel político como económico.

Pandemia

La crisis del coronavirus dejó al modelo desnudo. El crecimiento económico no se reflejó en beneficio de la mayoría de la población y, para muchos, ese avance fue un espejismo.

El especialista Felipe Gálvez Condori publicó La realidad ficticia: el crecimiento económico del Perú, destacando que los problemas económicos y sociales siguen siendo la baja productividad, la pésima educación, el deficiente sistema de salud, las debilidades en infraestructura física, la desigualdad social, la corrupción y el elevado nivel de informalidad. 

Rescata la opinión del filósofo, sacerdote y teólogo peruano Gustavo Gutiérrez Merino: "Contraviniendo la ley de la gravedad, aquí la economía cuando derrama, derrama hacia arriba. Sé que no somos de respetar mucho las leyes, pero al menos la de Newton habría que respetarla".

Para agregar: "se dice que el país crece, pero, ¿cómo están los pobres? Además el país crece porque la riqueza aumenta en quienes ya tenían muchas posesiones. El mundo de los pobres disminuye poco".

Pobreza

La UNICEF estimó que la pobreza monetaria en niñas, niños y adolescentes peruanos aumentará de 26,9% en el 2019 a 39,9% en el 2020 como consecuencia directa de la pandemia. En el caso de la población en general, el incremento proyectado es de 10 puntos porcentuales, de 20,2% a 30,3%.

El estudio de UNICEF cuantificó en 1.200.000 menores de edad que caerán en pobreza en 2020. Se estima que las niñas, niños y adolescentes de hogares rurales serán los más afectados, pues la pobreza se incrementará de 47,3% en 2019 a 62,3% en 2020.

Pero los que viven en hogares urbanos también tendrán una afectación considerable, con un aumento de 10 puntos porcentuales en la pobreza monetaria en Lima Metropolitana y de 13 puntos porcentuales en la costa urbana, donde por lo menos tres de cada diez personas de 0 a 17 años estarán en esta situación en 2020.

La UNICEF también destaca que la desnutrición y la falta de un acceso adecuado a la salud y educación son otras expresiones de esta crisis.

Migrantes venezolanos

Perú ha sido el segundo mayor receptor de migrantes venezolanos (detrás de Colombia). Según las estimaciones de las Naciones Unidas, registró la llegada de 800.000 inmigrantes entre comienzos de 2017 y mediados de junio de 2019, es decir, alrededor de 2,5% de la población de Perú.

Su absorción en la fuerza laboral ha creado algunas fricciones y, según las estimaciones del Banco Central de Perú, la competencia de los migrantes se ha sentido particularmente entre los trabajadores jóvenes y poco calificados en los sectores de servicios y comercio.

Sin embargo, esta absorción también se ha traducido en un mayor crecimiento. Según el Banco Central, alrededor de 0,3 puntos porcentuales del crecimiento del PIB registrado en 2018 pueden atribuirse al aumento del consumo de la población inmigrante.

En el documento se calcula que este impacto puede alcanzar un máximo de alrededor de 0,4 puntos porcentuales en 2021. Sin embargo, a medida que las fricciones para integrar la fuerza laboral migrante se disipen a mediano plazo, se prevé que se materialicen beneficios mayores para el crecimiento.

Desempleo

En el informe de la UNICEF, Marianne Fay, directora del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, afirma que "millones de niñas, niños y adolescentes peruanos se encuentran en hogares cuyos ingresos han disminuido drásticamente, sin poder acceder a servicios básicos de educación o salud, y en muchos casos sin una adecuada nutrición".

El cese de actividades masivo condujo a una caída generalizada de los ingresos en los hogares peruanos. Según la Encuesta Permanente de Empleo (EPE), en el trimestre móvil abril-mayo-junio del 2020, la masa salarial proveniente del trabajo en Lima Metropolitana tuvo una variación negativa de 59,7%.

La Población Económicamente Activa (PEA) ocupada se ha reducido en 55,1%, comparando con el mismo trimestre del año pasado.

Asimismo, la tasa de desempleo entre abril y junio es del 16,3%, 10 puntos porcentuales más que en el mismo trimestre en el 2019.

Decadencia

Hasta hace poco, era frecuente leer en los medios de comunicación respecto al crecimiento económico sostenido del Perú y su probable ingreso a la OCDE como país de renta media.

Sin embargo, con este cuadro socio laboral, la socióloga Anahí Durand Guevara explica en Pandemia, poder y protesta en el Perú neoliberal, publicado en el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), que esta crisis ha develado que el crecimiento estuvo lejos de significar bienestar para las mayorías, persistiendo la desigualdad, el abandono del Estado, la desprotección social, la precariedad y la pobreza. 

La investigadora apunta que una estrategia de contención sanitaria exitosa durante la pandemia requería hacer aquello que los grupos de poder político económico y sus tecnocracias gobernantes de turno no hicieron: fortalecer y equipar la salud pública, asegurar sistemas de agua y saneamiento para todos, implementar políticas de viviendas dignas sin hacinamiento.

Durand Guevara menciona que se necesitaban medidas inmediatas como distribuir un ingreso básico universal por algunos meses para las mayorías o regular los precios de clínicas y medicamentos, "cosa que tampoco han hecho".

El estallido de la crisis política se explica entonces por esas carencias. Pero esta crisis que vive Perú viene de arrastre desde el 2018, cuando fue gatillada por los escándalos de corrupción del caso Lava Jato, y ahora se ha agudizado con los impactos del coronavirus. Un cuadro general que ha expuesto con mayor nitidez la decadencia del modelo neoliberal

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La vacuna anti-COVID promueve el debate de la sociedad planetaria

En los últimos días la vacuna contra el SARS-CoV-2 se convirtió en una vedette mediática, casi al mismo nivel que las elecciones en los Estados Unidos o la segunda ola pandémica europea.

El 9 de noviembre las empresas Pfizer-BioNTech anunciaron el resultado positivo de su vacuna en preparación en un 90% de los casos probados. Dos días más tarde, el Fondo Ruso de Inversión Directa y el Instituto de Investigación Gamaleya comunicaron que su vacuna Sputnik-V había resultado eficaz en un 92% de los testeos realizados. Y el lunes 16 del mismo mes fue el turno de Moderna de comunicar un porcentaje de éxito del 94.5% de las pruebas efectuadas. Anuncios todos que trajeron un suspiro de alivio en la perspectiva de mediano plazo de la actual crisis sanitaria.

Tres razones confluyentes lo explican. La primera, la gente. El enorme interés de una gran parte de la población mundial -especialmente de Europa y de América – agotada por la pandemia y que no ve ninguna puerta de salida sin la vacuna. La segunda, los negocios. La gran industria farmacéutica sabe que el medicamento preventivo anti-COVID-19 le aportará beneficios incalculables dada la dimensión global de la demanda. Y, la tercera, el poder político. El entusiasmo de los gobiernos de las naciones golpeadas por la pandemia, que ven en la vacuna la lámpara de Aladino de la estabilidad sanitaria. Y la esperan como el único descongestionante potencialmente efectivo para la grave crisis. La gobernabilidad se ve amenazada por este cataclismo sanitario-económico-social.

La nueva “ética”

«Nadie estará a salvo hasta que todos estén a salvo”, enfatizó un grupo de expertos de las Naciones Unidas en asuntos de derechos humanos al pronunciarse públicamente el 9 de noviembre. El comunicado de prensa apareció casi en paralelo con el de las empresas Pfizer-BioNTech a través del cual informaron sobre los resultados positivos de su vacuna en un 90% de las pruebas realizadas.

Estos expertos intentaban recordar que el acaparamiento de ese fármaco por parte de los países que cuentan con más recursos económicos, o que proclaman un nacionalismo extremo que los lleva a ignorar cruelmente las necesidades del resto del mundo, “no tiene lugar en la lucha contra la pandemia”. La advertencia-denuncia se dirigió hacia “algunos países que están tratando de monopolizar cualquier futura vacuna contra el COVID-19” y hacia las empresas farmacéuticas que “tienen la responsabilidad de no anteponer las ganancias a los derechos de las personas a la vida y a la salud”.

Con el trasfondo planetario de más de 1.319.000 muertos (al 16 de noviembre), producto del coronavirus; el azote de la segunda ola europea, cuyo impacto ya supera al de la primera;  y el reflejo  instintivo del sálvese quien pueda, esas personalidades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) intentaron reforzar el debate ético sobre el valor igualitario y universal de la vida humana.

Reflexión que, a escala nacional, se instaló en algunos países de la región con respecto a la selección de los pacientes graves en sistemas hospitalarios colapsados. ¿Quién tiene más *derecho* de sobrevivir entre dos enfermos en igual situación médica si ambos dependen de un solo respirador artificial o un mismo equipo de entubamiento? Los científicos de la Academia Suiza de Ciencias Médicas, a instancias del Gobierno federal, acaban de actualizar las directivas sobre el tipo de atención para los pacientes graves si se diera el colapso hospitalario. En la práctica: a quiénes se atenderá en cuidados intensivos y a quiénes se destinarán al sector paliativo para una muerte casi segura. Todo esto genera una reflexión ética semejante a la discusión en puertas sobre la distribución prioritaria, la venta y la aplicación futura de la vacuna.

Este debate es lo que, en un plano más global, intentaron provocar los diversos relatores, expertos independientes y miembros de grupos de trabajo de la división de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con su comunicado del segundo lunes de noviembre.

Según este grupo de trabajo, “parece que, lamentablemente, algunos gobiernos se han comprometido a garantizar vacunas solamente para sus ciudadanos. Las políticas de salud y adquisiciones aislacionistas están en contradicción con las normas internacionales de derechos humanos”.

Por tal razón, dicho grupo, le pidió a la comunidad internacional que sostenga la iniciativa COVAX, que procura garantizar el acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19 a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, se trata del “mecanismo clave que permitiría que todos los países participantes tengan acceso a la vacuna que haya demostrado ser segura y eficaz”.

Según el derecho internacional, subraya el grupo de trabajo de la ONU, el acceso a cualquier vacuna y tratamiento para el COVID-19 debe estar al alcance de todos los que lo necesiten… especialmente aquellos países en situaciones vulnerables o que viven en la pobreza.

Convoca, además, a incrementar la cooperación y la asistencia internacional entre los países desarrollados y en desarrollo a fin de garantizar un intercambio generalizado de tecnologías sanitarias y conocimientos sobre las vacunas y el tratamiento para el COVID-19 en general.

Finalmente, les recuerda a las empresas farmacéuticas que tienen la responsabilidad de respetar los derechos fundamentales y que no deben anteponer sus ganancias a los derechos humanos a la vida y la salud, lo que implica aceptar límites y restricciones razonables a sus patentes.

La sociedad civil toma la palabra

Desde el estallido de la pandemia diferentes voces de la sociedad civil internacional han estado advirtiendo sobre las desigualdades de acceso a equipos médicos, materiales de protección y medicamentos en general. En un futuro inmediato, esta disparidad también podría expresarse también con la vacuna. Aun cuando es un hecho que el virus golpea por igual a ricos y pobres, estos expertos anticipan que la factura más abultada a nivel global será pagada por los sectores de menores recursos.  

Un grupo concentrado de naciones ricas ya había comprado en septiembre de este año más de la mitad de las dosis en preparación de las vacunas contra el COVID-19, informó OXFAM. La ONG estima que se producirán unos 5.900 millones de dosis en una primera etapa, cantidad que sería suficiente para unos 3.000 millones de personas dado que las cinco empresas, que en septiembre tenían mayor probabilidad de éxito, coincidían en la necesidad de dos dosis por persona. El documento se refería a los proyectos en marcha en fase 3 –es decir, de testeo amplio previo a la comercialización– de AstraZeneca, Gamaleya/Sputnik, Moderna, Pfizer y Sinovac.

Hasta este momento, afirma la OXFAM, se había negociado la adquisición de 5.300 millones de dosis, de las cuales 2.700 millones (51%) han sido encargadas por países, territorios y regiones que representan el 13 % de la población mundial. Incluyendo a los Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea, Hong Kong y Macao, Japón, Suiza e Israel. Países en vías de desarrollo, como India, Bangladesh, China, Brasil y México, entre otros, compraron las 2.600 millones dosis restantes o se comprometieron a hacerlo.

Los Estados Unidos, con 330 millones de habitantes, ya habían reservado en septiembre 800 millones de dosis de seis diferentes fabricantes. La Unión Europea, con 450 millones de habitantes, había encargado 1.500 millones de dosis, según diversas fuentes informativas. Al día siguiente de conocerse el comunicado del 9 de noviembre de la Pfizer, la Unión Europea se abalanzó para asegurar 300 millones de dosis suplementarias.

Al lanzar su campaña internacional “Exigimos que la vacuna sea gratuita para todo el mundo” (https://actions.oxfam.org/international/covid-19-vaccine/petition/es/ ), OXFAM analizó el mal ejemplo de la empresa Moderna, que aun cuando había recibido pedidos de diferentes gobiernos en torno a los 2.500 millones de dólares, optó por “vender a naciones ricas las opciones de compra de toda su producción”.

Según la ONG, el costo de vacunar a toda la población mundial será minúsculo: costaría menos del 1% del impacto previsto de la pandemia en la economía mundial. En cuanto a los tiempos y plazos, la ONG estima que, de no haber cambios esenciales al ritmo actual, dos tercios de la población mundial (un 61%) no tendrá acceso a la vacuna antes del año 2022.

Equidad en un mundo polarizado

La vacuna contra el COVID-19, que según numerosos especialistas no saldrá al mercado libre antes de mediados del año 2021, se desarrolla en un escenario global preocupante.

La mitad de la población mundial carece de acceso a los servicios de salud más esenciales, así como a fuentes seguras de agua potable. Millones de personas viven en villas miseria o campos de refugiados superpoblados.

La mitad del total de los pobladores del planeta podría padecer una situación de pobreza una vez terminada la pandemia. Según OXFAM, los efectos directos del COVID-19 amenazan condenar a 135 millones de seres humanos a una situación de inseguridad alimentaria o hambre. A pesar de este contexto, los remedios siguen siendo, para las empresas multinacionales del ramo, simples mercancías portadoras de suculentos beneficios.

Como lo sostiene OXFAM, “muchas veces los medicamentos se venden a precios excesivos e inaccesibles”. Los derechos ligados a la “propiedad intelectual” son utilizados por la gran industria farmacéutica para aumentar enormemente el valor de los mismos en el mercado. Los ejemplos sobran. Como lo señala la ONG, a pesar de que la neumonía es la principal causa de mortalidad de niñas y niños menores de 5 años –cerca de 2.000 por día–, dos grandes empresas del ramo, entre las cuales se encuentra la misma Pfizer, se repartieron los derechos de patente y exigieron precios exorbitantes, lo cual causó “la muerte de millones de niñas y niñas”.

Durante toda esta etapa, esas dos multinacionales obtuvieron beneficios de aproximadamente 50 mil millones de dólares por la venta de vacunas contra la neumonía, como lo denunció en diciembre de 2019 la organización Médicos sin Fronteras. Pequeño anticipo de lo que podría suceder en el futuro con la vacuna contra el COVID-19.

La distribución equitativa a nivel internacional de una vacuna segura y eficaz, y a un precio asequible para todos, será sin duda un complejo tema de debate, presiones y contrapresiones. Varias organizaciones europeas anticiparon, a mediados de noviembre, el lanzamiento de una petición ciudadana que espera contar con el apoyo de por lo menos 1 millón de firmas. Dicha petición exige a la Unión Europea que sus contratos con las empresas farmacéuticas sean transparentes y que les obliguen a contraprestaciones, como la liberalización de las patentes pertinentes, con el propósito de reducir el costo de la vacuna.

La vacuna, antes de existir realmente, ya se instaló como un nuevo debate y combate ético-político de dimensión *Tierra*.

Por Sergio Ferrari | 18/11/2020 | 

Francisco Sagasti es el nuevo presidente de Perú

El parlamentario centrista fue elegido por el Congreso

El intelectual Sagasti enfrentará el desafío de devolver la estabilidad a un país convulsionado por el rechazo ciudadano a su clase política. Trabajó en el Banco Mundial, en planeamiento estratégico y evaluación de políticas, y fue asesor en Naciones Unidas.

Por Carlos Noriega

El intelectual Francisco Sagasti Hochhausler, del centrista Partido Morado, es el nuevo presidente del Perú.El cuarto en cuatro años.Fue elegido este lunes por la mayoría del Congreso,luego de que el país estuviera más de 24 horas sin presidente, después de la renuncia al mediodía del domingo de Manuel Merino, en medio de masivas protestas en las calles, y de que el Legislativo no aprobara en la noche del domingo la elección de la congresista del izquierdista Frente Amplio, la poetisa y feminista Rocío Silva Santisteban, para ocupar la presidencia del país. 

En esta segunda votación la historia fue distinta y Sagasti ganó con amplitud. Obtuvo 97 votos de los 130 miembros del Congreso unicameral. Hubo 26 votos en contra, de fujimoristas y de los más radicales de la coalición de derecha y de legisladores acusados de corrupción que apoyaron a Merino y hasta el final buscaron petardear una salida a la grave crisis política.

La elección de Sagasti fue como presidente del Congreso y en esa condición asume la presidencia del país, cargo que juramentará en la tarde del martes. Junto a él, fue elegida vicepresidenta del Parlamento la congresista del Frente Amplio, Mirtha Vásquez, que al pasar Sagasti a ejercer la jefatura del Estado, ocupará la presidencia del Congreso.

La sesión parlamentaria en la que se eligió a Sagasti fue conducida por Rocío Silva Santisteban, que comenzó la jornada pidiendo un minuto de silencio por los dos estudiantes asesinados por la policía durante las masivas protestas contra el gobierno de Merino. La elección de Sagasti, a quien algunos llaman Don Quijote, por su aspecto físico, fue recibida con aplausos en el hemiciclo del Congreso.

Sagasti, de 76 años, es ingeniero industrial, docente en universidades del país y del exterior, y autor de varios libros de investigación. Ha trabajado en el Banco Mundial en planeamiento estratégico y evaluación de políticas, y ha sido asesor en Naciones Unidas y de organismos científicos del país. Es ajeno a la desacreditada clase política tradicional, un factor clave para calmar la indignación ciudadana que ha tomado las calles en contra de una clase política cuestionada por corrupción. Sagasti llegó al Congreso por primera vez en las elecciones parlamentarias de enero de este año. Candidato a la vicepresidencia de Perú por el Partido Morado, como compañero de fórmula del presidente del partido, Julio Guzmán, para las elecciones de abril del próximo año, ahora tendrá que bajarse de esa candidatura al ocupar la presidencia del país.

Hace una semana, el partido de Sagasti se opuso a la destitución por el Congreso del entonces mandatario Martín Vizcarra por supuesta “incapacidad moral permanente” a partir de cargos de haber recibido sobornos hace varios años cuando era gobernador y que todavía están en investigación, y de la designación en su reemplazo del entonces titular del Parlamento, Manuel Merino, decisión parlamentaria que gatilló masivas protestas ciudadanas, que llevaron a la renuncia de Merino.

Los miles de ciudadanos que la última semana protestaron en todo el país exigiendo la salida de Merino y de su gobierno sostenido por políticos implicados en denuncias de corrupción, y que este lunes seguían movilizados en calles y plazas esperando la decisión del Congreso, habían anunciado que si se elegía a un congresista que había respaldado a Merino reanudarían las protestas. La elección de Sagasti descomprime la crisis.

Pero esta noche continuaban las movilizaciones en las calles. No eran en rechazo al nuevo gobierno, sino en contra de los congresistas que originaron esta crisis política en su afán de tomar el gobierno y exigiendo juzgamiento para los parlamentarios denunciados por corrupción, que estuvieron en primera fila para colocar en la presidencia al repudiado Merino.

“Que se vayan los congresistas corruptos”, coreaban los manifestantes. En las calles hay indignación por la brutal represión policial desatada por el muy breve gobierno de ultraderecha de Merino. Se escuchaban arengas exigiendo que Merino sea juzgado por los asesinatos de dos jóvenes durante las protestas contra su gobierno.

Merino, investigado por la represión

La Fiscalía ya abrió investigación a Merino y a dos de sus ministros por homicidio doloso, desaparición forzada, lesiones y abuso de autoridad, por la represión policial de los últimos días.

A los gritos de “Asesinos, asesinos” y demandas de justicia, este lunes fue enterrado Jack Pintado, de 22 años, que murió de múltiples perdigones que la policía le disparó a la cara, cuello y tórax.

Gobierno de transición

El de Sagasti será un gobierno de transición, que durará ocho meses hasta que en julio del próximo año asuma el gobierno elegido en las elecciones de abril. Sus tareas centrales serán llevar adelante las elecciones, y enfrentar la pandemia del coronavirus, que hasta ahora ha cobrado más de 900 mil contagios y más de 35 mil muertes, y la crisis económica a consecuencia de la pandemia. Con una pequeña bancada de solo nueve legisladores, el primer reto de Sagasti será nombrar un gabinete ministerial de consenso.

Minutos después de su elección, el nuevo presidente salió a las afueras del Congreso, donde se congregaban los manifestantes, la gran mayoría jóvenes, que en los días previos se habían movilizado exigiendo la salida del gobierno de Merino y habían sido duramente atacados por la policía. Estaban en vigía esperando la elección en el Congreso. Los saludó y recibió algunos aplausos.

Minutos antes, en un discurso abiertamente opuesto al del gobierno saliente y sus aliados, que acusaron a los manifestantes de terroristas, había expresado su reconocimiento a los jóvenes que salieron a protestar en defensa de la democracia, marchas que calificó como pacíficas, expresó su solidaridad con las familias de los dos estudiantes asesinados por la policía y su preocupación por los heridos y los desaparecidos en las protestas.

“Si un peruano muere defendiendo la democracia, al luto se suma la indignación. En las calles estamos viendo esa indignación, que debemos reconocer y saber encausar”, señaló.

Luego de su elección, ante el Congreso Sagasti pidió a los parlamentarios trabajar juntos “para recuperar la confianza” de la población. Esa será una tarea muy difícil con un Congreso muy desacreditado. “El nuevo presidente tiene una buena hoja de vida, no es un político tradicional, pero esos congresistas son unos corruptos. Será muy difícil que volvamos a confiar en los políticos, ya hemos confiado mucho en los políticos y nos han engañado mucho”, señalaba un joven que esta noche integraba una nutrida movilización en el centro de Lima.

Lo hecho por el Congreso al destituir a Vizcarra para poner en el poder a Merino, en una movida detrás de la cual era notoria la presencia de políticos que cargan múltiples denuncias de corrupción y buscaban ganar impunidad y seguridad para algunos negocios, desató una indignación que desbordó en las calles con manifestaciones de una magnitud que el país no veía hace mucho tiempo. La salida de Merino es un triunfo de esas protestas juveniles, y la llegada de Sagasti ayuda a bajarle el tono a esa indignación, pero el rechazo a la clase política sigue expresándose en las calles.

Mientras Sagasti era elegido nuevo presidente y se preparaba para asumir el cargo este martes, el Tribunal Constitucional (TC) anunciaba que este jueves tomaría una decisión sobre la constitucionalidad o no de la destitución del exmandatario Martín Vizcarra por “incapacidad moral permanente” decretada por el Congreso. Vizcarra espera que un fallo a su favor lo pueda reponer en el cargo. El TC podría darle la razón declarando que su destitución fue en contra de la Constitución, pero señalar que ese fallo no es retroactivo y tiene el valor de una aclaración de una figura constitucional ambigua hacia el futuro, lo que importantes juristas dicen es lo más probable. Mientras el TC no se pronuncie, continúa la incertidumbre sobre la presidencia del país, que eventualmente podría volver a cambiar de manos en pocos días, aunque ahora esa no parece la posibilidad más cercana. 

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Manifestantes participan en una multitudinaria marcha de protesta en la plaza San Martín de Lima (Perú). — Paolo Aguilar / EFE

Tras ocho días consecutivos de marchas pacíficas protagonizadas por los jóvenes, Perú espera que Francisco Sagasti, titular del Congreso y opositor a la vacancia de Martín Vizcarra, juramente este martes como nuevo presidente interino.

 

Eran apenas unos recién nacidos cuando sus padres tuvieron que salir a las calles para exigir la caída del autoritario exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), han padecido casi toda su vida una educación y una sanidad públicas fuertemente precarizadas por políticas neoliberales, y tienen hoy como hábitat alternativo a las redes sociales. Así son los centennials peruanos, los protagonistas del desenredo de una crisis política que dejó como saldo la muerte de dos de ellos, decenas de heridos y desaparecidos, y que Perú se haya liberado en seis días del Gobierno de Manuel Merino de Lama, acusado de golpista y usurpador.

La juramentación este martes del congresista Francisco Sagasti como presidente de Perú, opositor junto a otros 18 congresistas a la vacancia de Martín Vizcarra (2018-2020), ha sido la señal de que lograron su propósito: torcer a una mayoría del Congreso acusada de golpista por haber utilizado la figura constitucional, aunque polémica por su amplio margen de interpretación, de vacancia por "incapacidad moral permanente" para remover a Vizcarra del poder.

La lucha empezó la noche del lunes en que el Legislativo vacó a Vizcarra, por 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, pero que se fue acrecentando desde la toma de mando del congresista de centroderecha Manuel Merino de Lama, y la posterior juramentación de su gabinete de ministros el jueves. Miles de ellos tomaron las calles y plazas y se ubicaron en la primera fila, para bloquear, con creatividad y recursos aprendidos en Youtube, las excesivas bombas lacrimógenas y perdigones que la Policía Nacional lanzó contra marchas pacíficas de protesta en todo el país. Resistieron con gritos de "Merino no me representa" y cubiertos con banderas del Perú, a una brutal represión que fue condenada por organismos nacionales e internacionales como Human Right Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Las manifestaciones se dieron consecutivamente hasta el sábado, día en que se convocó a una marcha nacional, y en el que las abusivas acciones de represión perpetradas por la Policía provocaron la muerte de los jóvenes universitarios Jack Bryan Pintado (22), que fue disparado con diez proyectiles en el rostro, cabeza y tórax; e Inti Sotelo Camargo (24), con cuatro proyectiles, uno de ellos en el corazón. Se sumaron también casi un centenar de heridos con perdigones, graves y leves, decenas de desaparecidos, y por lo tanto el pedido de gran parte de la clase política peruana de que Merino renuncie, algo que terminó por hacer al día siguiente.

Por ello, fue a los jóvenes a los que se refirió este lunes el congresista Francisco Sagasti Hochhausler, del centroderechista Partido Morado, en sus primeros segundos como flamante presidente del Congreso de Perú; y que luego ocupará interinamente el cargo de presidente de la República, hasta culminar el quinquenio de 2016-2021, el 28 de julio de 2021.

"Hoy no es un día de celebración porque hemos visto la muerte de dos jóvenes expresando sus puntos de vista, y prácticamente sin violencia. Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado han fallecido, no podemos retroceder, no podemos volverlos a la vida, pero sí podemos, desde el Ejecutivo, tomar las medidas para que esto no vuelva a suceder", dijo este lunes en el hemiciclo, ante los aplausos de los presentes.

La tensa mañana del lunes

Sagasti, un ingeniero industrial, reconocido investigador académico y catedrático de 76 años, que tiene en su hoja de vida haber sido consultor y asesor de organismos internacionales como la UNESCO, las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la OEA, llegó este lunes a presidir la mesa directiva del Parlamento, en un segundo proceso de votación por una nueva mesa directiva.

Y es que el mismo domingo de la renuncia de Merino, en el hemiciclo solo existía un único acuerdo claro: que la nueva mesa estuviera integrada exclusivamente por congresistas que hubieran votado en contra de la vacancia (19 de 130), como gesto de respeto al sentir popular. Por ello, la conformación de la primera lista presentada el domingo por la noche, encabezada por la izquierdista Rocío Silva Santisteban y que tenía como vicepresidente al propio Sagasti, no alcanzó los votos necesarios, aún cuando había sido planteada con el compromiso de apoyo de otras bancadas.

Así las cosas, Perú se acostó el domingo y amaneció este lunes prácticamente acéfalo, sin un presidente en el Ejecutivo ni en el Legislativo, solo dirigido por el gabinete de ministros del presidente saliente. Hasta que la tarde del lunes, el Partido Morado, el único que votó en bloque contra la vacancia, decidió reemplazar una lista presentada a primeras horas de la madrugada del lunes, que integraban solo los miembros de su bancada, y por ello con poca aceptación previa, por una que conformaba junto con otros partidos.

Llegó así, minutos antes de las dos de la tarde, la que terminó siendo la lista única (hubo una intención de los congresistas provacancia de presentar una segunda, pero no prosperó). Esta estuvo presidida por Sagasti, cuyo carácter democrático y conciliador había sido resaltado como clave para lograr un consenso entre bancadas, y la completaron la congresista izquierdista Mirtha Vásquez, del Frente Amplio; el congresista de centroderecha Luis Roe, de Acción Popular; y la congresista de centroderecha Matilde Fernández, de Somos Perú; que ganó con un total de 97 votos a favor, 26 en contra y 0 abstenciones.

Generación del Bicentenario

Algo que han reconocido diversos políticos ha sido la importancia de la participación juvenil, y sobre todo de los chicos centennials, en el reencauzamiento del orden democrático en Perú. Un trascendental papel que les ha valido ser llamados Generación del Bicentenario, en referencia a la próxima conmemoración de los 200 años de la independencia del país latinoamericano, y por el halo de heroicidad que atañe. Entre ellos, la congresista Mirtha Vásquez, recientemente electa primera vicepresidenta del Legislativo, que agradeció este lunes ante los medios "a todos esos jóvenes" por haber dado "una lección para poder reconducir lo destinos del Estado".

 17/11/2020 07:55 Actualizado: 17/11/2020 07:57

Mercedes Palomino

@mercepalm

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Rob Wallace es biólogo evolutivo y fitogeografo para la salud pública en los Estados Unidos.

Las universidades neoliberales crean “expertos” para servir a las necesidades del poder, ese lugar donde se definen cuáles son los problemas y el curso de las investigaciones. Lo que hay que hacer es cambiar las preguntas, plantear nuevos problemas, dice el filósofo Slavoj Žižek. Rob Wallace es uno de esos científicos que hacen preguntas molestas para el capital. Biólogo evolutivo, ecólogo e investigador en la Universidad de Minnesotta, en 2016 publicó Big Farms make big flu, donde preveía la aparición de pandemias como la actual, aceleradas por las transformaciones capitalistas de las últimas décadas. El libro acaba de ser publicado en castellano (Grandes granjas, grandes gripes, Capitán Swing, 2020). En simultaneo, se publica en inglés Dead Epidemiologists (2020), dedicado enteramente a la crisis de la covid-19.

Wallace sostiene que el abordaje de una pandemia debe ser multidisciplinar, ya que “ninguno de los factores más amplios que determinan la evolución de la gripe y la respuesta a los medicamentos se puede encontrar con el microscopio”. Es necesario levantar la mirada para visualizar una “geografía que conecte las relaciones entre los organismos vivos y la producción humana”. Asegura que los virus han encontrado “grietas en la estructura epidemiológica del mundo” y, aunque no haya ninguna conspiración secreta ‒este virus no fue diseñado en un laboratorio‒, sí existe una alianza estratégica entre las multinacionales, la agroindustria y las nuevas pandemias globales.

De su trabajo surgen cuestiones inquietantes. Si este tipo de pandemias echa raíces en las tramas de la producción capitalista, ¿cómo puede una vacuna ser la solución que todos esperamos? ¿Qué rol están jugando los Estados frente a la crisis? A comienzos de noviembre, cuando la segunda ola parece imparable en todo el mundo, Rob Wallace se hace un tiempo para conversar por zoom sobre estos temas.

En Grandes granjas, grandes gripes explicabas que la gestación de crisis pandémicas está muy relacionada con la expansión de la agricultura intensiva y los centros de la producción industrial de alimentos. ¿El poder de los agronegocios nos condena a crisis virales recurrentes?


La industria de la alimentación está empujando las fronteras forestales y eso está incrementando la interfaz entre la fauna silvestre, que acoge algunos de los patógenos más mortales, con el ganado industrial criado en esos bordes, y también con los trabajadores que están a cargo de esos animales. Se produce un incremento del tráfico de estos nuevos patógenos desde los animales salvajes, a través del ganado y la mano de obra, hacia las ciudades locales de regiones que están conectadas con la red global.

Por eso, un brote que aparece en una cueva en el centro de China, en el plazo de semanas puede terminar propagándose en Miami. Antes esto era contenido por la complejidad de los ambientes forestales locales, pero esos bosques han sido mutilados de su complejidad en una forma que ha permitido a los patógenos extenderse hacia los seres humanos en esas regiones, sobre el ganado, y de una forma y otra, llegar al otro lado del mundo.

La agricultura capitalista juega su papel de dos maneras: en China está empujando las fronteras silvestres. Pero esto no se trata solo de China. Goldman Sachs, por ejemplo, ha invertido 3.000 millones de dólares en granjas de pollos en China

De manera que se han abierto “puertas” que los ecosistemas mantenían cerradas.


El modo en que la agricultura intensiva lleva adelante su producción, únicamente enfocada en las ganancias, ha destruido la ecología que bloqueaba y marginaba los peores patógenos. Este es el marco general, que explica también el brote de ébola en África occidental ‒previamente el ébola había aparecido en algunos poblados, matando a cientos de personas, pero en 2013 se extendió, contagiando a 35.000 personas, matando a 11.000 y dejando cadáveres tirados en las calles de grandes ciudades‒. Es un proceso que se genera con la introducción de nuevos monocultivos, como las plantaciones de aceite de palma, que destruyen el bosque forestal. Este es un extremo del circuito de la producción, en las fronteras forestales. Pero, por otro lado, tenemos las granjas industriales de pollos o cerdos, instaladas en las afueras de grandes ciudades y que pueden albergar los peores patógenos de las gripes, que se pueden contagiar a los seres humanos en las cercanías.

El virus que genera la Covid-19, también llamado SARS-CoV-2, ha aparecido en murciélagos en el sur y centro de China. Las fronteras interiores han sido empujadas allí por el desarrollo industrial y la deforestación, incrementando esa interacción de la que hablaba antes. Desde que SARS1 apareció en 2002, los científicos han sido capaces de detectar todo tipo de coronavirus, no solo en China, sino en el mundo. Y los coronavirus se han estado traspasando a todo tipo de animales: ganado industrial, animales silvestres que se venden como alimento, y también contagiando directamente a humanos. Ya hemos tenido tres grandes episodios mortales: SARS1, MERS en medio oriente, y SARS2, y todo esto ha ocurrido solo en los últimos 20 años.

Señalas que hay que reajustar la visión acerca de los procesos que están en la base de la extensión de los nuevos virus: procesos por los cuales organismos vivos se transforman en mercancías que recorren cadenas de valor en diferentes regiones. ¿Qué responsabilidad tienen las grandes multinacionales en esta crisis?


La agricultura capitalista juega su papel de dos maneras: en China está empujando las fronteras silvestres. Pero esto no se trata solo de China. Gran parte de la inversión extranjera directa proviene de otras partes del mundo. Tienes por ejemplo a Goldman Sachs, que ha invertido 3.000 millones de dólares en granjas de pollos en China. Hemos tenido también brotes de virus en las afueras de México DF producto de gripes que estaban circulando en granjas de propiedad norteamericana. En Europa tuvieron el H5NX y no nos olvidemos del Zika en Brasil. Es decir, que los patógenos están emergiendo en todo el planeta, no es solo un fenómeno chino.

Este es un fenómeno global; la anterior economía natural ha sido transformada en una agricultura industrial, un proceso en el cual los alimentos son considerados como cualquier otro insumo y los animales son tratados antes como mercancías que como animales. El problema es que, en el curso de esta industrialización de la producción de alimentos, también se industrializaron los patógenos que circulan alrededor de ellos, por lo que se volvieron más peligrosos, más mortíferos, más contagiosos y capaces de transmitirse rápidamente de una punta a la otra del planeta.

Algo inquietante que se desprende de tu análisis es la pregunta acerca de qué efectividad puede tener una vacuna. Hoy están depositadas grandes expectativas en el desarrollo de las vacunas para la Covid-19, casi como si se tratara de una cierta cura milagrosa. Pero las condiciones que posibilitan la propagación de estos virus siguen presentes…

  
Las vacunas son una parte importante de las respuestas médicas, de ningún modo me opondría a ellas, ya que forman parte de los avances para que las innovaciones médicas sean accesibles a la población. El problema es que nunca ha habido una vacuna para el coronavirus, y aun cuando ahora consigan hacerla, hay una buena posibilidad de que solo sea parcialmente protectora. Por lo que hay una gran posibilidad de que el coronavirus SARS2, el covid-19, aun siga circulando. Aun así, la vacuna puede jugar un papel importante, como una herramienta para tratar de frenar esta pandemia.

El mayor problema es que el modelo de producción de vacunas es siempre posterior a los brotes de la pandemia. Y no hace nada respecto a frenar estos brotes antes de que ocurran. Por lo tanto, en cierto sentido, son una distracción. Aunque son necesarias, también pueden ser una distracción acerca de las medidas necesarias para evitar que los patógenos continúen expandiéndose en esta magnitud y de esta forma.

¿Qué medidas?


Esto implicaría intervenir en la agricultura de una forma que se pudiera reintroducir de algún modo una diversidad de especies que pudieran actuar como un muro contra estos patógenos, para evitar su aceleración y su transformación en agentes peligrosos para todo el mundo. Y para eso sería necesario introducir diferentes razas, permitir autonomía de los granjeros, con posibilidades de elegir qué cultivan y dónde, además de contar con apoyo financiero para criar todo tipo animales diferentes, lo que introduce la diversidad no solo a nivel de la granja, sino en paisajes enteros. De tal modo que cualquier patógeno que llegue hasta allí no sea capaz de ganar velocidad ni extenderse a través de todo el territorio.

En esencia, habría que hacer lo que la mayoría de la clase política no quiere hacer, ya que los agronegocios son un poder político fuerte en casi todos los países, en términos de imponer su modelo económico, que genera muchas ganancias. Necesitamos algo diferente. E incluso cuando las vacunas quizás puedan ayudar en medio de una emergencia, otras intervenciones estructurales son necesarias para que el Covid-19 no sea seguido del covid-20, covid-21 y covid-22.

Los gobiernos estuvieron tan enfocados en que aquellos que hacían dinero tuvieran libertad para seguir haciéndolo, que ahora todo el resto está pagando el precio, en términos de su salud y sus derechos limitados

Los Estados dan respuestas parciales frente a la emergencia, pero no toman medidas estructurales, esa parece ser la tónica general. En tus trabajos señalas que la desfinanciación de los sistemas sanitarios ha sembrado el terreno para la circulación de las enfermedades pandémicas. En esta segunda ola se imponen toques de queda que restringen la movilidad, pero se mantienen abiertas industrias no esenciales, bares y otros negocios. ¿Qué opinión tienes de la gestión de la crisis en EE UU y Europa?


Al igual que Estados Unidos, Europa está organizada alrededor de un paradigma político y económico que recompensa a los ricos, haciéndolos más ricos. Por lo tanto, si tienes que empezar a lidiar con las inversiones necesarias para hacer frente a la escala de la pandemia del Covid, esto debería implicar algo distinto a eso. Lo paradójico es que, en países autocráticos como Vietnam o China, la población es ahora más libre que en los países occidentales, porque hicieron lo necesario al inicio de la crisis y su población puede ahora salir libremente a las calles. Pero los gobiernos estuvieron tan enfocados en que aquellos que hacían dinero tuvieran libertad para seguir haciéndolo, que ahora todo el resto está pagando el precio, en términos de su salud y sus derechos limitados.

Has publicado hace unos días un nuevo libro, Dead Epidemiologists. ¿Qué nos puedes adelantar?


Tomamos algunas de las lecciones que sacamos en Grandes granjas, grandes gripes y las aplicamos al Covid-19. El paso adelante importante es comprender las diferentes maneras en que diferentes virus pueden emerger dentro del mismo sistema. Te he descrito antes cómo el ébola emergió en un extremo de los circuitos de la producción, cerca de la frontera forestal; hablamos de la aparición de las gripes en otra localización, más cerca de las ciudades, entre la producción industrial de ganado. Y el covid-19 parece emerger en una zona intermedia, expandiéndose desde los murciélagos y animales silvestres hacia los stocks de ganando industrial, y transmitiéndose durante años a lo largo de China de diferentes maneras, antes de aparecer en una forma más infecciosa en Wuhan. El libro explora los recorridos del virus, desde las cuevas en China, pasando por las salas de juntas de negocios en Nueva York, hasta los mataderos de animales en el oeste de Estados Unidos.

Hablamos sobre los orígenes de la agricultura industrial y la expansión de patógenos, en relación con la emergencia del capitalismo hace cientos de años. Muestra, de una manera que hasta ahora no había sido señalada, que los patógenos aparecen no solo en esas coordenadas de GPS en las que podemos identificar más fácilmente su presencia. Lo que hay que entender es que la enfermedad emerge de una punta a la otra del globo, y en tanto el planeta está rodeado por los circuitos del capital, tal vez las ciudades más peligrosas son Nueva York, Londres y Hong Kong, porque son grandes centros del capital, que financian la deforestación y el desarrollo de la industrialización en todo el mundo.

*

¿Optimismo o pesimismo respecto del futuro? Quizás lo importante sea comenzar por replantearnos algunos problemas. Como colofón de esta entrevista, nos quedamos con una frase que escribió Rob Wallace en la Introducción de Grandes granjas, grandes gripes: “En nombre de la población a la que dicen servir, tanto las empresas como los Gobiernos están dispuestos a poner en peligro la supervivencia de la humanidad tal como la conocemos. Y son muy capaces de hacerlo. Tal vez eso sea cosa sabida para los lectores de Herodoto, Montaigne y Melle Mel, pero las múltiples formas que adopta esta constatación deberían significar una sorpresa siempre en algún rincón de nosotros mismos. Si no es así, nuestro cinismo nos induce a la pasividad”.

 

Por Josefina L. Martínez

16 nov 2020 06:28

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El Congreso de Perú prolonga la crisis que creó

Tras la renuncia del presidente Manuel Merino, acusado por la brutal represión a las protestas

El Parlamento unicameral debía elegir al reemplazante de Merino, pero 77 de los 130 congresistas boicotearon la elección de Rocío Silva Santisteban, candidata de izquierda. Merino estuvo en el cargo seis días. 

 

Al cierre de esta edición, los peruanos no tenían presidente. Luego de la renuncia de Manuel Merino -elegido el lunes pasado por el Parlamento que él presidía luego de destituir en una decisión calificada por diversos juristas como ilegal, al exmandatario Martín Vizcarra-, que cayó por las masivas protestas en contra de su gobierno, que duró menos de una semana, el Congreso prolongó la grave crisis política que ellos han creado. Ayer el Parlamento unicameral debía elegir al reemplazante de Merino, pero 77 de los 130 congresistas boicotearon la elección de la candidata única, Rocío Silva Santisteban, del izquierdista Frente Amplio, que debió haber sido una candidatura de consenso. Silva Santisteban obtuvo 42 votos a favor, pero 52 votaron en contra y otros 25 se abstuvieron. Los fujimoristas y otros grupos de la coalición de derecha, con muchos de sus miembros más importantes acusados de diversos cargos de corrupción, que destituyeron a Vizcarra y lo reemplazaron por Merino, originando la indignación ciudadana, expresada en masivas protestas, y la crisis política, estuvieron en primera fila para boicotear una salida a esa crisis que ellos originaron. Rechazaron la elección de Silva Santisteban. Una decisión irresponsable que prolonga y agrava la crisis que pone otra vez al Congreso como factor central de la crisis política en el país y amenaza encender nuevamente las masivas protestas en las calles.

De haber sido elegida, Silva Santisteban, de 57 años, poeta, periodista, docente universitaria y activista de los derechos humanos y de los derechos de la mujer, se habría convertido en la primera mujer en llegar a la presidencia en el Perú y también la primera persona de un partido de izquierda en gobernar el país. Fue una de las dos legisladoras, de los ocho integrantes de la bancada del Frente Amplio, que votaron en contra de la destitución de Vizcarra y de llevar a Merino al poder.

El vacío de poder por la no elección de un reemplazante de Merino podría favorecer el regreso del exmandatario Vizcarra. Hay una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) para que defina cuáles son los alcances de la figura de “incapacidad moral permanente” para destituir a un presidente, la razón usada en el Congreso para sacar a Vizcarra por cargos de haber recibido sobornos cuando era gobernador entre 2011 y 2014, acusación basada en unas declaraciones que todavía están en investigación. Si el TC señala que esa ambigua figura constitucional no aplicaba en este caso, como indican diversos juristas, se confirmaría que la destitución de Vizcarra fue inconstitucional, pero el TC deberá definir si su fallo es retroactivo o no, es decir, si deja sin efecto la destitución del expresidente y, por lo tanto, Vizcarra debería ser repuesto en la presidencia, o si su decisión rige como una aclaración doctrinaria de esa figura constitucional para el futuro. Importantes juristas se inclinan por esta segunda opción. Hay un debate abierto sobre el tema. El TC convocó para hoy lunes a una sesión de emergencia para ver este asunto.

“Que defina el TC. La población y la comunidad internacional esperan que defina el TC”, señaló ayer Vizcarra, que espera una decisión que podría regresarlo al poder. “Ha salido un dictadorzuelo”, señaló, en referencia a Merino. Felicitó a los jóvenes por haberse movilizado y calificó de “héroes” a los dos estudiantes asesinados por la policía. El viernes, la fiscalía ordenó el impedimento de salida del país de Vizcarra por dieciocho meses por la investigación de recibir sobornos que se le ha abierto.

En las calles toda la indignación se ha dirigido contra Merino y el Congreso por la decisión de destituir al exmandatario tomada por parlamentarios que en buena parte están cuestionados por cargos de corrupción, pero los manifestantes se han preocupado en aclarar que su movilización no ha sido en defensa de Vizcarra. Así coincidieron en decírselo a PáginaI12 varios jóvenes que protestaban contra Merino el sábado en la noche. “No estamos aquí para defender a Vizcarra, estamos para defender la democracia. Vizcarra tendrá que ser juzgado en su momento”, nos dijo Ximena Guevara, abogada de 26 años. Opiniones similares hubo muchas. Todas las voces pedían la salida de Merino, muy pocas el regreso de Vizcarra. “Es por la democracia, no es por Vizcarra”, era una frase muy escuchada, y leída en los cartelones.

Mientras el Congreso se reunía para decidir a quién elegir para reemplazar a Merino y salir de la crisis que el propio Congreso creó, en las afueras del Parlamento, y en las calles y plazas de todo el país, miles que en la última semana protestaron exigiendo la salida de Merino seguían movilizados, en vigilia esperando esa decisión. Exigían que la persona elegida para asumir la presidencia del país no sea uno de los 105 congresistas de la coalición que llevó a Merino al poder. Advertían que si eso ocurría, entonces las protestas se reanudarían. Los manifestantes solamente estaban dispuestos a aceptar la elección de uno de los diecinueve legisladores que votaron en contra de la destitución de Vizcarra que llevó al poder a Merino. Al final, el Congreso no eligió a nadie en la votación de ayer en la noche y prolongó la incertidumbre, el vacío de poder y la crisis.

El Congreso puso a Merino en el poder, en una decisión calificada por la mayoría del país como un golpe parlamentario, y la calle lo sacó del cargo. Fueron seis días de protestas continuas hasta la caída del brevísimo régimen de Merino, señalado como “usurpador”. Había sido nombrado presidente el lunes por el Congreso que él presidía, tomado posesión del cargo el martes, nombrado el jueves a su gabinete ministerial, dominado por la extrema derecha, y el domingo se vio obligado a renunciar. La muerte la noche del sábado de dos jóvenes en las protestas antigubernamentales gatillaron las horas finales de la muy cuestionada y precaria presidencia de Merino, que había formado un gobierno con lo más rancio del ultra conservadurismo peruano.

Los fallecidos son dos estudiantes universitarios, Jack Pintado, de 22 años, e Inti Sotelo, de 24 años. Pintado falleció por múltiples impactos de perdigones en la cara, cuello y tórax, Sotelo de un balazo en el pecho. Sus muertes y los heridos son dramático testimonio de la brutal represión del gobierno ultraderechista de Merino contra las protestas ciudadanas. Sobre esa represión, Merino no asumió ninguna responsabilidad en su breve mensaje de renuncia. Pero ahora podría ser procesado por esos hechos.

Las dos muertes ocurrieron en el centro de Lima, escenario de las mayores protestas, que desde el lunes en la noche, cuando fue destituido Vizcarra y nombrado Merino en su reemplazo con el respaldo de congresistas denunciados por corrupción, se repitieron simultáneamente en todo el país, y en la capital se dieron en diversos distritos, desde los barrios populares hasta las zonas residenciales exclusivas. Han sido las protestas más grandes que recuerde el país en mucho tiempo.

La movilización del sábado, como las anteriores, era pacífica, hasta que, como ocurrió en las anteriores ocasiones, la policía atacó a los manifestantes, la gran mayoría jóvenes, disparando gases y perdigones. Disparaban al cuerpo. Un joven caminaba con la nube de gases lacrimógenos que comenzaba a cubrir el lugar levantando un cartelón en el que se leía: “Mamá, salí a defender a mi patria, si no regreso me fui con ella”. Unos metros más allá caían los dos estudiantes que ya no regresarían a sus casas.

Este domingo, Merino, cuya situación era insostenible, renunció a la presidencia en un breve mensaje televisado de poco más de cinco minutos. Su renuncia cambió las protestas en celebraciones. Los gritos de “Merino no me representa”, “Fuera los corruptos”, cambiaron por el “Sí se pudo”. Apenas Merino terminó de hablar anunciando su renuncia, se escucharon cacerolazos en todas las ciudades del país, en todos los barrios de Lima. Cacerolazos que en los últimos días habían sido de protesta, este domingo fueron de celebración.

En las masivas movilizaciones de ayer domingo en calles y plazas de todo el país, que se prolongaron desde muy temprano hasta la noche, había festejo por la caída del gobierno denunciado como “usurpador”, pero también dolor por la muerte de los dos estudiantes, y expectativa por lo que vendría en las siguientes horas. Muchos salieron a manifestarse vestidos de negro, en señal de luto por los dos estudiantes asesinados durante la represión a las movilizaciones ciudadanas. 

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Lunes, 16 Noviembre 2020 06:57

El nuevo giro económico de Cuba

El nuevo giro económico de Cuba

Una serie de recientes acontecimientos en Cuba han castigado la ya precaria economía de la isla, lo cual ha llevado al gobierno a adoptar una serie de políticas económicas que apuntan a una mayor apertura al capital mientras mantiene los controles políticos del Estado unipartidista.

El primero en la lista de recientes desastres que han sobrevenido a la Isla es la pandemia de COVID-19. En comparación con otros países caribeños, a Cuba le ha ido mejor gracias a un sistema de salud pública que, a pesar de su deterioro en los últimos treinta años, aún es capaz de organizar una respuesta adecuada a desastres colectivos como la pandemia. Así, para detener el contagio, el gobierno cubano adoptó medidas drásticas como suspender el transporte público en su totalidad, y en respuesta a un rebrote de la infección que comenzó a finales de agosto, recurrió a medidas igualmente drásticas en muchas localidades, incluyendo el área metropolitana de La Habana, aunque a principios de octubre redujo las restricciones en la mayoría de esos lugares.

La industria del turismo, la tercera mayor fuente de divisas extranjeras tras la exportación de personal médico y las remesas enviadas por cubanos en el exterior, también se cerró, así como muchos establecimientos comerciales e industriales. La entrada de divisas a Cuba –tremendamente necesarias para adquirir esenciales productos de importación, incluyendo el 70 por ciento de los alimentos que se consumen- ya había sido restringida antes de la pandemia por la cancelación de la exportación de personal médico a países como Brasil y Bolivia, donde gobiernos de extrema derecha habían llegado recientemente al poder.

Además, los cargamentos de petróleo que la isla recibía de Venezuela ­–a cambio de la exportación de personal médico a ese país–, cruciales para el funcionamiento de la economía de la Isla, fueron reducidos como resultado de la crisis política y económica bajo el gobierno de Maduro.

Para colmo de desgracias, Donald Trump intensificó de manera decididamente agresiva el criminal bloqueo estadounidense contra Cuba –motivado en parte por el apoyo de esta al régimen de Maduro– al reducir, o en algunos casos cancelar, varias de las concesiones que Obama había hecho durante su segundo período en la Casa Blanca. Entre otras medidas hostiles, Trump limitó el envío de remesas de cubanoamericanos a sus familiares, redujo significativamente los viajes a Cuba por parte de ciudadanos estadounidenses de origen no cubano, prohibió que los visitantes estadounidenses en la Isla se hospedaran en hoteles propiedad del gobierno cubano, e impulsó una campaña para desalentar la inversión extranjera mediante la invocación, por primera vez en la historia, del Título III de la Ley Helms-Burton de 1996 (aprobada por el Congreso e instituida como ley por el presidente demócrata Bill Clinton), la cual sanciona a compañías extranjeras que utilicen propiedad estadounidense confiscada por el gobierno cubano a principios de los años 60.

La administración de Trump también ha suspendido licencias que autorizan actividades económicas estadounidenses en Cuba, como la concedida por la administración de Obama a la Corporación Marriott para operar hoteles.

¿Cambiará la política de Washington bajo una posible administración de Joe Biden? El candidato presidencial demócrata prometió seguir los pasos del presidente Barack Obama, moviéndose hacia una normalización de las relaciones políticas y económicas con Cuba. El punto hasta el cual un gobierno de Biden podría hacerlo depende de una variedad de factores que van desde los resultados electorales en Florida hasta las relaciones con Venezuela.

Aunque lo último no fue muy importante con respecto a la política hacia Cuba durante los años de Obama, se convirtió en un aspecto primordial para Trump, quien, siguiendo el consejo del senador Marco Rubio y del entonces asesor para seguridad nacional John Bolton, hizo del apoyo de Cuba a Nicolás Maduro un asunto fundamental y lo utilizó para justificar el recrudecimiento de las sanciones. El hecho de que tanto Biden como los demócratas en el Congreso han apoyado la afirmación del líder opositor venezolano Juan Guaidó de ser el presidente legítimo de Venezuela no promete nada bueno al respecto de que una administración demócrata normalice las relaciones con la Isla.

Poderosos intereses corporativos, tales como importantes firmas de la agroindustria y la Cámara de Comercio de los EEUU, han estado por mucho tiempo en favor de sostener relaciones económicas plenas con Cuba, aunque es difícil predecir cuánto capital político están dispuestos a invertir para lograr ese objetivo. En cualquier caso, una normalización completa de las relaciones políticas y económicas requeriría que el Congreso revocara la Ley Helms-Burton de 1996. Ello es una posibilidad dudosa, teniendo en cuenta la composición probable de ambas cámaras del Congreso tras la elección del próximo mes, a pesar de que un número significativo de congresistas republicanos han apoyado, en nombre de intereses agrícolas y de otros negocios, la normalización de relaciones. No obstante, el presidente de los Estados Unidos tiene una considerable capacidad para mejorar dichas relaciones bilaterales, aunque la Helms-Burton se mantenga como ley vigente.

Mientras tanto, todos estos acontecimientos han exacerbado considerablemente los problemas de una ya débil economía cubana que ha sufrido de bajo crecimiento por varios años (0,5% en 2019), baja productividad industrial y agrícola, y un muy bajo índice de la sustitución de capital necesaria para mantener una economía al menos en su nivel actual de producción y nivel de vida, mucho menos para lograr un crecimiento económico significativo y mejores condiciones de vida. Para mayor desgracia, esta situación se ha ido desarrollando en el contexto de una población cada vez más envejecida, un proceso demográfico que comenzó a finales de los años 70 y que conducirá a una serie de graves problemas, como que una fuerza de trabajo en reducción tenga que sostener a un número creciente de jubilados.

En respuesta a las presiones creadas por la reciente profundización de la crisis económica, el gobierno cubano anunció una serie de medidas que harán que el país dé un importante paso más cerca del modelo chino-vietnamita, el cual combina un Estado unipartidista autoritario con un creciente papel de la empresa privada capitalista. Estas nuevas medidas representan la decisión del gobierno cubano de ceder una parte de su control económico en un esfuerzo por adquirir divisas, importar capital y promover un mayor dinamismo y crecimiento de la economía.

Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa privada

Una propuesta económica que ha sido rescatada es el establecimiento de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de gestión privada. Por más de una década, el gobierno cubano bajo el mandato de Raúl Castro ha permitido la existencia de muy pequeñas empresas privadas, las cuales en este momento ya emplean aproximadamente al 30 por ciento de la fuerza de trabajo. Ello incluye cerca de un cuarto de millón de agricultores privados que trabajan tierras en usufructo, lo que significa que la arrendan al gobierno por períodos renovables de veinte años, así como unas 600.000 personas que son dueñas de negocios en áreas urbanas o trabajan para ellos.

La mayoría de estas microempresas están concentradas principalmente en las esferas de los servicios gastronómicos (restaurantes y cafeterías), la transportación (taxis y camiones), y en el alquiler de habitaciones y apartamentos a turistas, probablemente la pequeña empresa privada más lucrativa de todas. En 2014, en un importante documento oficial titulado Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, el gobierno anunció que permitiría la creación de pequeñas y medianas empresas privadas. Esta noción ha sido recientemente revivida y discutida, por ejemplo, por el presidente Miguel Díaz-Canel, quien ha afirmado que es necesario «destrabar» las PYMES y las cooperativas.

Se han ofrecido pocos detalles acerca de qué podrían abarcar estas empresas en términos de tamaño y otras características. Lo más probable es que eso se mantenga en secreto hasta que el gobierno promulgue la nueva ley, que está programada para abril de 2022, referida tanto a las empresas estatales como privadas, aunque diputados del parlamento -la Asamblea Nacional del Poder Popular- han indicado que las regulaciones concernientes a las PYMES se formularán ya este año.

Aun así, se puede obtener una idea aproximada de en qué consistirán esas medianas empresas observando cómo han sido definidas en otros países latinoamericanos. En Costa Rica, por ejemplo, donde las PYMES están muy extendidas y desempeñan un importante papel en la economía, la mediana empresa se refiere a las que emplean entre 31 y 100 trabajadores; las microempresas son las que emplean a menos de cinco personas (el grupo más nutrido de las hoy presentes en Cuba), y la pequeña empresa es aquélla que contrata de 6 a 30 trabajadores. Chile aprobó una ley que define oficialmente el tamaño de las empresas según los siguientes criterios numéricos: Micro, hasta 9 empleados; Pequeña, de 10 a 25; Mediana, de 25 a 200; y Gran Empresa, más de 200 empleados.

Basándose en esas definiciones, está claro que por su tamaño, las firmas privadas medianas son empresas capitalistas tradicionales. Es poco probable que sean gestionadas únicamente por sus dueños y necesitarán algún tipo de administración jerárquica para conducir el negocio en términos de su planificación económica, su gestión y su producción. El establecimiento de estas firmas probablemente vaya a la par con la intervención de los sindicatos estatales oficiales para «organizar» a los trabajadores, como ya lo han hecho con los mucho menores «cuentapropistas» y sus pocos empleados. Como en China, los sindicatos oficiales en Cuba no harán nada para representar verdaderamente a los trabajadores en sus relaciones con los empleadores.

El Código de Trabajo de Cuba de 2014

En este contexto es muy importante considerar el Código de Trabajo que ha estado en vigor desde que lo aprobó el gobierno cubano en 2014. Este Código elimina el requisito de compensar a trabajadores cuya plaza haya sido cerrada y permite a empleadores privados despedir a trabajadores sin motivo como parte de su derecho como propietarios. En el caso de empleados estatales, el gobierno también despide a trabajadores al declararlos no idóneos para sus plazas, sin que los afectados tengan mucho a qué recurrir.

El nuevo Código también relaja la jornada de 8 horas, permitiendo que los empleadores la extiendan a 9 horas sin compensación adicional. De hecho, ya hay muchos trabajadores en el sector privado que trabajan turnos de 10 y hasta 12 horas diarias sin cobrar horas extra –lo hacen de todos modos porque su salario básico es más alto que en el sector estatal-.

El Código también permite que los empleadores privados solo concedan un mínimo de siete días de vacaciones anuales pagadas en lugar de los treinta días a los que tienen derecho los empleados estatales. Igualmente, suprime la descarga académica para la superación de todos los trabajadores, así que ello debe hacerse durante el tiempo libre del que dispongan, como el acumulado de vacaciones. Se espera que este Código de Trabajo también sea aplicable al sector económico de las PYMES.

La modificación del monopolio estatal sobre el comercio exterior

Además de abrir la puerta a la empresa privada, el régimen cubano ha relajado muy recientemente su monopolio sobre el comercio exterior, es decir, el control exclusivo que, hasta ahora, ha tenido sobre todas las actividades empresariales de importación y exportación.

Hace poco tiempo, Rodrigo Malmierca, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), anunció que treinta y seis empresas estatales especializadas en comercio exterior se estaban preparando para ofrecer ayuda con sus servicios a importadores y exportadores privados, con el objetivo de procesar y perfeccionar sus operaciones extranjeras.

Como un incentivo adicional para estimular estas actividades de exportación privadas -en moneda fuerte-, el gobierno ha ofrecido aplicar un descuento al impuesto sobre las utilidades de las empresas estatales, privadas y las cooperativas si demuestran un incremento en ventas de productos y servicios en comparación con el año anterior.

En 1959, el primer año de la Revolución, cuando la mayor parte de la economía aún estaba en manos privadas, el Gobierno Revolucionario, ante un brusco descenso de sus reservas de divisas fuertes extranjeras, exigió que las firmas privadas cubanas que importasen del extranjero obtuvieran el permiso del Banco Nacional de Cuba para acceder a la divisa extranjera –a menudo dólares- que necesitaban para sus transacciones.

Así el gobierno intentaba ejecutar su plan de utilizar las escasas divisas en importaciones que eran fundamentales para el desarrollo económico del país, en vez de, por ejemplo, en artículos de lujo para uso personal. Aún no se conoce cuánto control tendrá ahora el gobierno sobre las iniciativas de importación/exportación propuestas por el sector privado.

La racionalización del sistema monetario

Las nuevas regulaciones para actividades de exportación, y en especial de importación, estarán estrechamente relacionadas y se verán sin dudas afectadas por las dificultades monetarias que hoy enfrenta Cuba, en particular las concernientes a la escasez de divisas. Esa escasez también está desempeñando un papel principal en la presente discusión de la unificación monetaria por parte del gobierno, un tema sobre el cual se ha vertido mucha tinta durante años y que adquiere cada vez más protagonismo en las nuevas políticas económicas, y cuya materialización puede que ocurra finalmente durante los próximos meses.

A medida que el gobierno cubano intente integrar cada vez más su economía con la economía internacional, más necesitará regularizar el tipo de cambio entre su moneda nacional y las divisas extranjeras utilizadas por el capital foráneo para sus transacciones. Ello permitiría un arreglo más racional para, entre otras cosas, establecer un sistema de precios e incentivos económicos, y para evaluar los datos económicos.

Por muchos años, Cuba ha tenido operando en su mercado interno un sistema de dos monedas coexistentes, con una parte en dólares y la otra en pesos cubanos. Hasta hace poco, ese sistema fue representado por el peso cubano y el CUC —una moneda cubana no convertible más o menos equivalente al dólar— que estuvo fijada a un cambio de aproximadamente 24 o 25 pesos cubanos por 1 CUC.

Pero el CUC perdió su valor y está en proceso de desaparecer debido a la falta de divisas para respaldarlo. Mientras tanto, la economía cubana se ha dolarizado directamente: los cubanos ahora obtienen acceso a artículos en tiendas especiales en dólares que venden una amplia variedad de productos, incluyendo alimentos, que son muy difíciles de obtener en otros lugares con pesos cubanos.

Los productos en esas tiendas en divisas extranjeras se compran con tarjetas magnéticas emitidas por el gobierno para evitar una especulación informal de monedas en efectivo en el mercado negro. Las tarjetas son el único tipo de pago aceptado en esas tiendas y se basan en depósitos hechos en dólares u otras divisas internacionales en los bancos cubanos, la mayoría de los cuales provienen de remesas desde el exterior.

Sin embargo, con la desaparición del CUC, ya no podemos hablar de unificación monetaria, sino de la racionalización de la política monetaria cubana, particularmente del tipo de cambio entre el peso y el dólar. Como el economista cubano Pedro Monreal ha señalado, los cambios monetarios tendrán que ser parte de un paquete más amplio que implique ajustes de precios, subsidios, salarios y pensiones.

La regularización monetaria del cambio entre el peso cubano y el dólar que se discute hoy en la Isla supone para el gobierno una serie de complicaciones que serán muy difíciles de resolver. Provienen principalmente del hecho que, mientras la población en general ha estado cambiando de 24 a 25 pesos por un dólar, las empresas estatales han disfrutado del económicamente distorsionante tipo de cambio de un peso por un dólar –una tasa que claramente ha favorecido la importación de bienes extranjeros, pero ha dañado la exportación de bienes cubanos–.

La regularización de la moneda en este contexto significa que el gobierno tendrá que intentar lograr la cuadratura de varios círculos para tanto impedir el cierre de muchas firmas estatales que se beneficiaban del subsidio para importaciones del que disfrutaban con el tipo de cambio especial de uno por uno, como para bloquear un incremento de la inflación. Debido a presiones políticas internas y a expectativas populares, es posible que el gobierno se vea obligado a conceder un tipo de cambio favorable al peso. Si ese tipo de cambio favorable no está acompañado por una mayor disponibilidad de bienes y servicios, ello podría llevar a la inflación. Si se combinan problemas, una falta de sindicatos independientes dejaría a los trabajadores cubanos desprotegidos de las políticas monetarias de su gobierno.

Especialmente importante es el fundamental cambio de política que anunció por primera vez la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, el 6 de agosto –y que fue luego confirmado el 13 de octubre por Alejandro Gil, el Ministro de Economía y Planificación–, que aumentará sustancialmente la cantidad y variedad de ocupaciones urbanas que los cubanos podrán realizar en el sector privado.

Como parte de sus primeras reformas económicas, Raúl Castro permitió la apertura al trabajo por cuenta propia privado y a la contratación de personal en el caso de un número limitado de ocupaciones que con el tiempo se incrementó a más de doscientas, las cuales luego se reorganizaron en 123 grupos ocupacionales. Vale señalar que este incremento estuvo lejos de ser un proceso lineal y en más de una ocasión el gobierno recortó la cantidad de ocupaciones permitidas en el sector privado.

Según los ministros Feitó y Gil, esa lista de ocupaciones privadas permitidas será eliminada, y es de suponer que se preparará una nueva que relacione sólo aquellas ocupaciones que no se permitirán, tales como, por ejemplo, la práctica privada de la medicina. Ninguno de los ministros ha definido aún una fecha en la que estos cambios entrarían en vigor.

Finalmente, para facilitar tanto las operaciones del sector privado rural como del urbano, el gobierno anunció que aumentaría la cantidad de mercados mayoristas para que los pequeños y medianos emprendedores privados compren alimentos y otros productos al por mayor a precios reducidos. La falta de acceso a este tipo de mercados ha sido un gran problema que ha afectado seriamente la viabilidad de los negocios privados rurales y urbanos. Para mejorar las cosas, el gobierno anunció muy recientemente que a partir de septiembre comenzará a funcionar un mayor número de mercados mayoristas en las capitales provinciales, aunque las transacciones se realizarán exclusivamente en divisas, lo cual ha sido claramente el principal impulso para esto y para otros cambios económicos.

Si el gobierno cubano realiza todos los cambios que ha anunciado, la economía de la Isla se habrá alejado bastante de la economía altamente nacionalizada de finales de los 80 —más nacionalizada que las economías de la URSS y Europa del Este— para convertirse en una economía fundamentalmente mixta, acercándose así cada vez más al modelo chino-vietnamita. Queda por ver hasta qué punto los cambios propuestos mejorarán el mediocre rendimiento de la actual economía cubana, en la cual el bajo crecimiento económico y la baja productividad han caracterizado tanto a la economía rural como a la urbana por mucho tiempo.

Vale señalar, sin embargo, que a pesar de una baja producción agrícola generalizada, las granjas privadas ya han superado a las estatales en la producción de varios cultivos esenciales, como sucedió en Europa del Este durante los gobiernos comunistas. En sólo poco más de una década, desde que una cantidad sustancial de tierras fuera distribuida a agricultores privados, y a pesar de sus grandes dificultades para obtener acceso a créditos y al comercio al por mayor, instrumental agrícola y otros implementos, los agricultores privados, quienes aún poseen menos tierras cultivables que el Estado, ya producen el 83.3 por ciento de las frutas, el 83,1 por ciento del maíz y el 77.9 por ciento de los frijoles. Sin embargo, esto no es tanto un testimonio de las maravillas de la empresa privada como del desastre que ha sido para Cuba la agricultura estatal burocrática dirigida desde arriba y de manera centralizada –también fue desastrosa para varios países que componían el bloque soviético–.

En tales sistemas burocráticos, las personas que participan del nivel productivo carecen de incentivos materiales –como un mayor poder adquisitivo– y de incentivos políticos –como autogestión y control democrático de sus centros de trabajo–, cuya ausencia ha conducido históricamente a apatía generalizada, negligencia, irresponsabilidad y lo que Thorstein Veblen llamó «retirada de la eficiencia».

Es esta experiencia vivida y no la propaganda capitalista, la que ha hecho al modelo capitalista cada vez más atractivo para los cubanos.

El contexto político

Un tema crítico que surge de esta discusión es la naturaleza y composición de la dirección política cubana que se enfrenta a la actual crisis y que conduce las propuestas mencionadas quince años luego de que Fidel Castro se retiró, por razones de salud, de su mandato directo del país y fue sucedido por su hermano menor Raúl, el jefe de las fuerzas armadas cubanas y heredero forzoso desde los primeros días del Gobierno Revolucionario.

Al asumir el mando, Raúl introdujo una serie de reformas económicas que abrieron el sistema, de manera moderada, a empresas privadas normalmente muy pequeñas. También promovió un grado significativo de liberalización como, por ejemplo, cambiar en 2012 las regulaciones que controlaban las salidas al extranjero para permitir a los cubanos viajar a otros países. Pero esta liberalización no estuvo acompañada por forma alguna de democratización política. Todo lo contrario. Por lo tanto, la represión de la disidencia ha continuado. Así, por ejemplo, mientras liberalizaba los viajes al extranjero para la mayoría de los cubanos, el gobierno ha impuesto obstáculos para las salidas de muchos disidentes, ya sea demorando sus apariciones en tiempo en conferencias en otros países o imposibilitándoles viajar al exterior, para lo cual ha elaborado una lista de «regulados» conformada por unos 150 disidentes cubanos que no tienen permitido salir del país.

Debe señalarse que, como en el caso de muchas otras medidas represivas adoptadas por el gobierno cubano, esto sigue siendo, como en tiempos de Fidel Castro, una decisión política y administrativa al margen incluso al propio sistema judicial del régimen. Lo mismo se aplica a los miles de arrestos breves que el gobierno de Raúl Castro ha realizado cada año, en especial para impedir manifestaciones públicas no controladas por el gobierno.

El sistema de partido único continúa funcionando como bajo Fidel Castro, con su enorme control social, económico y político, implementado mediante sus cintas de transmisión, representadas por las organizaciones de masas (los sindicatos y las organizaciones femeninas) y otras instituciones, como las del sistema educativo. Los medios masivos de comunicación (radio, televisión y periódicos) continúan estando bajo el control del gobierno y siguen en su cobertura las «orientaciones» del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

La única excepción de importancia son las publicaciones internas de la Iglesia Católica, la cual, sin embargo, practica una extrema prudencia política y limita la distribución de sus publicaciones a sus parroquias y otras instituciones católicas. Internet, la cual el gobierno ha sido incapaz hasta ahora de poner bajo su absoluto control, permanece como el principal vehículo para las voces críticas y disidentes.

Mientras tanto, ha estado ocurriendo un importante cambio generacional dentro de la dirigencia cubana que plantea preguntas sobre el futuro del sistema cubano. El nuevo Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, nació en 1960, un año después del triunfo revolucionario. El ocupante del recién creado cargo de Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, un hombre con largos años de experiencia en el negocio del turismo, nació en 1963. Se podría considerar que estos dos hombres realizan una especie de aprendizaje de prueba bajo Raúl Castro, quien a sus 89 años de edad es aún el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, aunque se retirará oficialmente en 2021.

Aún hay otros «líderes históricos» que también permanecen en lo más alto de la jerarquía política. José Ramón Machado Ventura, un médico que por un tiempo fue el número tres después de Fidel y Raúl Castro, y que es miembro del Buró Político, cumplirá 90 años el 26 de octubre. Ramiro Valdés, que ocupó muchos cargos superiores durante los más de sesenta años del Gobierno Revolucionario, incluyendo Ministro del Interior, y que hoy es miembro del Buró Político, tiene 88 años. Varios generales en posiciones de alto rango también pertenecen a la vieja generación. El general Ramón Espinosa Martín, miembro del Buró Político del CC del PCC, tiene 81 años. En comparación, el general Álvaro López Miera, también miembro del Buró Político, es un joven de apenas 76 años. El general Leopoldo Cintra Frías, Ministro de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) tiene 79 años de edad.

Sin embargo, hay personan más jóvenes, menos visibles que Díaz-Canel Bermúdez y Marrero Cruz, quienes ahora ocupan cruciales cargos de gobierno y cuyo poder es probable que aumente en el contexto de una transición luego de que los viejos «históricos» hayan abandonado la escena. Uno de ellos es el general de 60 años Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, un ex yerno de Raúl Castro, quien es el director de GAESA, el inmenso conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas, el cual incluye a Gaviota, la principal empresa turística en Cuba. Varios oficiales de alto rango del ejército, retirados o en activo, ocupan actualmente cargos importantes en otras esferas clave de la economía.

Las Fuerzas Armadas han capacitado a cuadros técnicos y empresariales quienes, junto a un grupo de técnicos y administradores civiles, han desempeñado por algún tiempo un importante papel en la economía. Muchos de ellos se han convertido en empresarios internacionales que operan en nombre del Estado cubano y han desarrollado amplias conexiones con bancos y otras instituciones capitalistas internacionales. A ellos debemos añadir a los gerentes de industrias estatales, a quienes el gobierno acaba de otorgar más autonomía. Todos estos funcionarios pueden acabar beneficiándose del anunciado establecimiento de las PYMES, mediante el uso de sus contactos de negocios para obtener el capital que les permita crear sus propias medianas empresas. Ellos constituyen el núcleo de una burguesía capitalista cubana en desarrollo que está emergiendo desde dentro del propio aparato comunista.

Oposición, desafiliación y descontento

Existe oposición política en Cuba, principalmente —pero no de forma exclusiva— en el centro y la derecha del espectro político. Sin embargo, ha sido políticamente marginada por la represión del gobierno y por la práctica plattista –por la Enmienda Platt impuesta por los EEUU a Cuba a principios del siglo XX y que limitaba la independencia cubana– adoptada por sectores de esa oposición, que en lugar de organizarse y recaudar fondos entre los cerca de dos millones de personas de origen cubano en los EEUU y otros países —tal como hizo José Martí entre los tabaqueros cubanos en Florida para apoyar la independencia cubana en la década de 1890—, ha dependido de limosnas del gobierno estadounidense para sobrevivir a la persecución.

Aunque el gobierno puede haber marginado con éxito a la disidencia activa en la isla, no ha podido detener la considerable desafiliación política con respecto al régimen, especialmente entre las generaciones más jóvenes, que crecieron desde el derrumbe de la URSS y el campo socialista a finales de los 80 y principios de los 90. Debe apuntarse que ha transcurrido casi el mismo tiempo entre 1990 y el presente que entre el triunfo revolucionario en 1959 y el derrumbe del bloque soviético. Este colapso —y la sustancial retirada de ayuda económica a Cuba que lo acompañó— produjo una catastrófica crisis económica y una considerable erosión de la legitimidad del régimen cubano.

Desde entonces, la corrupción pública y privada se ha incrementado notablemente, un fenómeno que fue incluso denunciado por Fidel Castro en un famoso discurso en la Universidad de La Habana en noviembre de 2005, donde advirtió que podría destruir la Revolución desde adentro y así lograr lo que el imperialismo estadounidense llevaba décadas sin haber podido causar.

La actual crisis económica, considerablemente agravada por la pandemia de la COVID-19, se ha sumado al ya extendido descontento originado por la escasez de bienes de consumo. Buena parte de este descontento se ha enfocado en los «coleros» –de «cola», la línea de personas que esperan–, un término comúnmente utilizado para personas que monopolizan los primeros lugares en las omnipresentes filas que se forman  por doquier para obtener los cada vez más escasos productos de primera necesidad o para vender esos lugares a quienes llegan tarde; y para personas que, aprovechándose de ocupar, de una forma u otra, los primeros lugares en la cola, compran todas las reservas de productos para revenderlos a precios exorbitantes.

El gobierno ha sacado partido de la comprensible indignación popular que despiertan los coleros al denunciarles y arrestarles, pero evita enfocarse en las causas económicas del fenómeno, es decir, la escasez de artículos de primera necesidad debido a una insuficiente producción nacional y/o importación. Sin embargo, el hecho es que, dada la falta de producción agrícola debido al régimen económico y político, no parece haber una alternativa práctica para este problema. Ni siquiera es probable que funcione racionar los productos en divisas que compran los coleros al incorporarlos al sistema de racionamiento en pesos cubanos que ya existe, pues puede que no haya cantidades suficientes para distribuir a todos.

Es difícil identificar las circunstancias bajo las cuales la presente desafiliación y el descontento puedan traducirse en una alternativa política —y aún menos en una democrática y progresiva— para el existente régimen antidemocrático de Estado unipartidista. Es cierto que el cierre por parte de Obama del camino de la emigración cubana hacia los Estados Unidos en los últimos días de su mandato eliminó una importante válvula de escape para la oposición y el descontento en Cuba. Trump no revocó esta medida concreta de Obama, prueba de que su oposición al comunismo es mucho más débil que su xenofobia y su racismo. No obstante, el cierre de la emigración hacia los Estados Unidos hasta ahora no ha parecido ser suficiente para estimular ninguna novedad política significativa en la isla.

Lo que está claro es que la adopción de las nuevas medidas económicas ya expuestas, en particular la legalización de las llamadas medianas empresas, pueden extender y profundizar considerablemente la doble explotación y opresión en Cuba: la que ha ejercido por mucho tiempo el Estado unipartidista altamente autoritario, y la otra, ejercida por las futuras medianas empresas privadas ayudadas por la falsa protección brindada a los trabajadores por los sindicatos estatales, que en la práctica funcionarán como sindicatos de empresas en el contexto de las PYMES. El Código de Trabajo aprobado en 2014 ya ofrece un indicio de lo que está por venir.

La nueva distribución económica del poder que tarde o temprano se desarrollará en Cuba demostrará aún más la urgente necesidad de contar con sindicatos verdaderamente libres, y la necesidad de sustituir el Estado unipartidista antidemocrático que por su naturaleza imposibilita la existencia de sindicatos independientes, por una república verdaderamente socialista y democrática en Cuba.

Traducción de La Joven Cuba

15/11/2020

Por Samuel Farber

 

nació en Marianao, Cuba. Profesor emérito de Ciencia Política en el Brooklyn College, New York. Entre otros muchos libros, recientemente ha publicado The Politics of Che Guevara (Haymarket Books, 2016) y una nueva edición del fundamental libro Before Stalinism. The Rise and Fall of Soviet Democracy (Verso, 1990, 2018)

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