Lunes, 16 Noviembre 2020 06:57

El nuevo giro económico de Cuba

El nuevo giro económico de Cuba

Una serie de recientes acontecimientos en Cuba han castigado la ya precaria economía de la isla, lo cual ha llevado al gobierno a adoptar una serie de políticas económicas que apuntan a una mayor apertura al capital mientras mantiene los controles políticos del Estado unipartidista.

El primero en la lista de recientes desastres que han sobrevenido a la Isla es la pandemia de COVID-19. En comparación con otros países caribeños, a Cuba le ha ido mejor gracias a un sistema de salud pública que, a pesar de su deterioro en los últimos treinta años, aún es capaz de organizar una respuesta adecuada a desastres colectivos como la pandemia. Así, para detener el contagio, el gobierno cubano adoptó medidas drásticas como suspender el transporte público en su totalidad, y en respuesta a un rebrote de la infección que comenzó a finales de agosto, recurrió a medidas igualmente drásticas en muchas localidades, incluyendo el área metropolitana de La Habana, aunque a principios de octubre redujo las restricciones en la mayoría de esos lugares.

La industria del turismo, la tercera mayor fuente de divisas extranjeras tras la exportación de personal médico y las remesas enviadas por cubanos en el exterior, también se cerró, así como muchos establecimientos comerciales e industriales. La entrada de divisas a Cuba –tremendamente necesarias para adquirir esenciales productos de importación, incluyendo el 70 por ciento de los alimentos que se consumen- ya había sido restringida antes de la pandemia por la cancelación de la exportación de personal médico a países como Brasil y Bolivia, donde gobiernos de extrema derecha habían llegado recientemente al poder.

Además, los cargamentos de petróleo que la isla recibía de Venezuela ­–a cambio de la exportación de personal médico a ese país–, cruciales para el funcionamiento de la economía de la Isla, fueron reducidos como resultado de la crisis política y económica bajo el gobierno de Maduro.

Para colmo de desgracias, Donald Trump intensificó de manera decididamente agresiva el criminal bloqueo estadounidense contra Cuba –motivado en parte por el apoyo de esta al régimen de Maduro– al reducir, o en algunos casos cancelar, varias de las concesiones que Obama había hecho durante su segundo período en la Casa Blanca. Entre otras medidas hostiles, Trump limitó el envío de remesas de cubanoamericanos a sus familiares, redujo significativamente los viajes a Cuba por parte de ciudadanos estadounidenses de origen no cubano, prohibió que los visitantes estadounidenses en la Isla se hospedaran en hoteles propiedad del gobierno cubano, e impulsó una campaña para desalentar la inversión extranjera mediante la invocación, por primera vez en la historia, del Título III de la Ley Helms-Burton de 1996 (aprobada por el Congreso e instituida como ley por el presidente demócrata Bill Clinton), la cual sanciona a compañías extranjeras que utilicen propiedad estadounidense confiscada por el gobierno cubano a principios de los años 60.

La administración de Trump también ha suspendido licencias que autorizan actividades económicas estadounidenses en Cuba, como la concedida por la administración de Obama a la Corporación Marriott para operar hoteles.

¿Cambiará la política de Washington bajo una posible administración de Joe Biden? El candidato presidencial demócrata prometió seguir los pasos del presidente Barack Obama, moviéndose hacia una normalización de las relaciones políticas y económicas con Cuba. El punto hasta el cual un gobierno de Biden podría hacerlo depende de una variedad de factores que van desde los resultados electorales en Florida hasta las relaciones con Venezuela.

Aunque lo último no fue muy importante con respecto a la política hacia Cuba durante los años de Obama, se convirtió en un aspecto primordial para Trump, quien, siguiendo el consejo del senador Marco Rubio y del entonces asesor para seguridad nacional John Bolton, hizo del apoyo de Cuba a Nicolás Maduro un asunto fundamental y lo utilizó para justificar el recrudecimiento de las sanciones. El hecho de que tanto Biden como los demócratas en el Congreso han apoyado la afirmación del líder opositor venezolano Juan Guaidó de ser el presidente legítimo de Venezuela no promete nada bueno al respecto de que una administración demócrata normalice las relaciones con la Isla.

Poderosos intereses corporativos, tales como importantes firmas de la agroindustria y la Cámara de Comercio de los EEUU, han estado por mucho tiempo en favor de sostener relaciones económicas plenas con Cuba, aunque es difícil predecir cuánto capital político están dispuestos a invertir para lograr ese objetivo. En cualquier caso, una normalización completa de las relaciones políticas y económicas requeriría que el Congreso revocara la Ley Helms-Burton de 1996. Ello es una posibilidad dudosa, teniendo en cuenta la composición probable de ambas cámaras del Congreso tras la elección del próximo mes, a pesar de que un número significativo de congresistas republicanos han apoyado, en nombre de intereses agrícolas y de otros negocios, la normalización de relaciones. No obstante, el presidente de los Estados Unidos tiene una considerable capacidad para mejorar dichas relaciones bilaterales, aunque la Helms-Burton se mantenga como ley vigente.

Mientras tanto, todos estos acontecimientos han exacerbado considerablemente los problemas de una ya débil economía cubana que ha sufrido de bajo crecimiento por varios años (0,5% en 2019), baja productividad industrial y agrícola, y un muy bajo índice de la sustitución de capital necesaria para mantener una economía al menos en su nivel actual de producción y nivel de vida, mucho menos para lograr un crecimiento económico significativo y mejores condiciones de vida. Para mayor desgracia, esta situación se ha ido desarrollando en el contexto de una población cada vez más envejecida, un proceso demográfico que comenzó a finales de los años 70 y que conducirá a una serie de graves problemas, como que una fuerza de trabajo en reducción tenga que sostener a un número creciente de jubilados.

En respuesta a las presiones creadas por la reciente profundización de la crisis económica, el gobierno cubano anunció una serie de medidas que harán que el país dé un importante paso más cerca del modelo chino-vietnamita, el cual combina un Estado unipartidista autoritario con un creciente papel de la empresa privada capitalista. Estas nuevas medidas representan la decisión del gobierno cubano de ceder una parte de su control económico en un esfuerzo por adquirir divisas, importar capital y promover un mayor dinamismo y crecimiento de la economía.

Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa privada

Una propuesta económica que ha sido rescatada es el establecimiento de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de gestión privada. Por más de una década, el gobierno cubano bajo el mandato de Raúl Castro ha permitido la existencia de muy pequeñas empresas privadas, las cuales en este momento ya emplean aproximadamente al 30 por ciento de la fuerza de trabajo. Ello incluye cerca de un cuarto de millón de agricultores privados que trabajan tierras en usufructo, lo que significa que la arrendan al gobierno por períodos renovables de veinte años, así como unas 600.000 personas que son dueñas de negocios en áreas urbanas o trabajan para ellos.

La mayoría de estas microempresas están concentradas principalmente en las esferas de los servicios gastronómicos (restaurantes y cafeterías), la transportación (taxis y camiones), y en el alquiler de habitaciones y apartamentos a turistas, probablemente la pequeña empresa privada más lucrativa de todas. En 2014, en un importante documento oficial titulado Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, el gobierno anunció que permitiría la creación de pequeñas y medianas empresas privadas. Esta noción ha sido recientemente revivida y discutida, por ejemplo, por el presidente Miguel Díaz-Canel, quien ha afirmado que es necesario «destrabar» las PYMES y las cooperativas.

Se han ofrecido pocos detalles acerca de qué podrían abarcar estas empresas en términos de tamaño y otras características. Lo más probable es que eso se mantenga en secreto hasta que el gobierno promulgue la nueva ley, que está programada para abril de 2022, referida tanto a las empresas estatales como privadas, aunque diputados del parlamento -la Asamblea Nacional del Poder Popular- han indicado que las regulaciones concernientes a las PYMES se formularán ya este año.

Aun así, se puede obtener una idea aproximada de en qué consistirán esas medianas empresas observando cómo han sido definidas en otros países latinoamericanos. En Costa Rica, por ejemplo, donde las PYMES están muy extendidas y desempeñan un importante papel en la economía, la mediana empresa se refiere a las que emplean entre 31 y 100 trabajadores; las microempresas son las que emplean a menos de cinco personas (el grupo más nutrido de las hoy presentes en Cuba), y la pequeña empresa es aquélla que contrata de 6 a 30 trabajadores. Chile aprobó una ley que define oficialmente el tamaño de las empresas según los siguientes criterios numéricos: Micro, hasta 9 empleados; Pequeña, de 10 a 25; Mediana, de 25 a 200; y Gran Empresa, más de 200 empleados.

Basándose en esas definiciones, está claro que por su tamaño, las firmas privadas medianas son empresas capitalistas tradicionales. Es poco probable que sean gestionadas únicamente por sus dueños y necesitarán algún tipo de administración jerárquica para conducir el negocio en términos de su planificación económica, su gestión y su producción. El establecimiento de estas firmas probablemente vaya a la par con la intervención de los sindicatos estatales oficiales para «organizar» a los trabajadores, como ya lo han hecho con los mucho menores «cuentapropistas» y sus pocos empleados. Como en China, los sindicatos oficiales en Cuba no harán nada para representar verdaderamente a los trabajadores en sus relaciones con los empleadores.

El Código de Trabajo de Cuba de 2014

En este contexto es muy importante considerar el Código de Trabajo que ha estado en vigor desde que lo aprobó el gobierno cubano en 2014. Este Código elimina el requisito de compensar a trabajadores cuya plaza haya sido cerrada y permite a empleadores privados despedir a trabajadores sin motivo como parte de su derecho como propietarios. En el caso de empleados estatales, el gobierno también despide a trabajadores al declararlos no idóneos para sus plazas, sin que los afectados tengan mucho a qué recurrir.

El nuevo Código también relaja la jornada de 8 horas, permitiendo que los empleadores la extiendan a 9 horas sin compensación adicional. De hecho, ya hay muchos trabajadores en el sector privado que trabajan turnos de 10 y hasta 12 horas diarias sin cobrar horas extra –lo hacen de todos modos porque su salario básico es más alto que en el sector estatal-.

El Código también permite que los empleadores privados solo concedan un mínimo de siete días de vacaciones anuales pagadas en lugar de los treinta días a los que tienen derecho los empleados estatales. Igualmente, suprime la descarga académica para la superación de todos los trabajadores, así que ello debe hacerse durante el tiempo libre del que dispongan, como el acumulado de vacaciones. Se espera que este Código de Trabajo también sea aplicable al sector económico de las PYMES.

La modificación del monopolio estatal sobre el comercio exterior

Además de abrir la puerta a la empresa privada, el régimen cubano ha relajado muy recientemente su monopolio sobre el comercio exterior, es decir, el control exclusivo que, hasta ahora, ha tenido sobre todas las actividades empresariales de importación y exportación.

Hace poco tiempo, Rodrigo Malmierca, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), anunció que treinta y seis empresas estatales especializadas en comercio exterior se estaban preparando para ofrecer ayuda con sus servicios a importadores y exportadores privados, con el objetivo de procesar y perfeccionar sus operaciones extranjeras.

Como un incentivo adicional para estimular estas actividades de exportación privadas -en moneda fuerte-, el gobierno ha ofrecido aplicar un descuento al impuesto sobre las utilidades de las empresas estatales, privadas y las cooperativas si demuestran un incremento en ventas de productos y servicios en comparación con el año anterior.

En 1959, el primer año de la Revolución, cuando la mayor parte de la economía aún estaba en manos privadas, el Gobierno Revolucionario, ante un brusco descenso de sus reservas de divisas fuertes extranjeras, exigió que las firmas privadas cubanas que importasen del extranjero obtuvieran el permiso del Banco Nacional de Cuba para acceder a la divisa extranjera –a menudo dólares- que necesitaban para sus transacciones.

Así el gobierno intentaba ejecutar su plan de utilizar las escasas divisas en importaciones que eran fundamentales para el desarrollo económico del país, en vez de, por ejemplo, en artículos de lujo para uso personal. Aún no se conoce cuánto control tendrá ahora el gobierno sobre las iniciativas de importación/exportación propuestas por el sector privado.

La racionalización del sistema monetario

Las nuevas regulaciones para actividades de exportación, y en especial de importación, estarán estrechamente relacionadas y se verán sin dudas afectadas por las dificultades monetarias que hoy enfrenta Cuba, en particular las concernientes a la escasez de divisas. Esa escasez también está desempeñando un papel principal en la presente discusión de la unificación monetaria por parte del gobierno, un tema sobre el cual se ha vertido mucha tinta durante años y que adquiere cada vez más protagonismo en las nuevas políticas económicas, y cuya materialización puede que ocurra finalmente durante los próximos meses.

A medida que el gobierno cubano intente integrar cada vez más su economía con la economía internacional, más necesitará regularizar el tipo de cambio entre su moneda nacional y las divisas extranjeras utilizadas por el capital foráneo para sus transacciones. Ello permitiría un arreglo más racional para, entre otras cosas, establecer un sistema de precios e incentivos económicos, y para evaluar los datos económicos.

Por muchos años, Cuba ha tenido operando en su mercado interno un sistema de dos monedas coexistentes, con una parte en dólares y la otra en pesos cubanos. Hasta hace poco, ese sistema fue representado por el peso cubano y el CUC —una moneda cubana no convertible más o menos equivalente al dólar— que estuvo fijada a un cambio de aproximadamente 24 o 25 pesos cubanos por 1 CUC.

Pero el CUC perdió su valor y está en proceso de desaparecer debido a la falta de divisas para respaldarlo. Mientras tanto, la economía cubana se ha dolarizado directamente: los cubanos ahora obtienen acceso a artículos en tiendas especiales en dólares que venden una amplia variedad de productos, incluyendo alimentos, que son muy difíciles de obtener en otros lugares con pesos cubanos.

Los productos en esas tiendas en divisas extranjeras se compran con tarjetas magnéticas emitidas por el gobierno para evitar una especulación informal de monedas en efectivo en el mercado negro. Las tarjetas son el único tipo de pago aceptado en esas tiendas y se basan en depósitos hechos en dólares u otras divisas internacionales en los bancos cubanos, la mayoría de los cuales provienen de remesas desde el exterior.

Sin embargo, con la desaparición del CUC, ya no podemos hablar de unificación monetaria, sino de la racionalización de la política monetaria cubana, particularmente del tipo de cambio entre el peso y el dólar. Como el economista cubano Pedro Monreal ha señalado, los cambios monetarios tendrán que ser parte de un paquete más amplio que implique ajustes de precios, subsidios, salarios y pensiones.

La regularización monetaria del cambio entre el peso cubano y el dólar que se discute hoy en la Isla supone para el gobierno una serie de complicaciones que serán muy difíciles de resolver. Provienen principalmente del hecho que, mientras la población en general ha estado cambiando de 24 a 25 pesos por un dólar, las empresas estatales han disfrutado del económicamente distorsionante tipo de cambio de un peso por un dólar –una tasa que claramente ha favorecido la importación de bienes extranjeros, pero ha dañado la exportación de bienes cubanos–.

La regularización de la moneda en este contexto significa que el gobierno tendrá que intentar lograr la cuadratura de varios círculos para tanto impedir el cierre de muchas firmas estatales que se beneficiaban del subsidio para importaciones del que disfrutaban con el tipo de cambio especial de uno por uno, como para bloquear un incremento de la inflación. Debido a presiones políticas internas y a expectativas populares, es posible que el gobierno se vea obligado a conceder un tipo de cambio favorable al peso. Si ese tipo de cambio favorable no está acompañado por una mayor disponibilidad de bienes y servicios, ello podría llevar a la inflación. Si se combinan problemas, una falta de sindicatos independientes dejaría a los trabajadores cubanos desprotegidos de las políticas monetarias de su gobierno.

Especialmente importante es el fundamental cambio de política que anunció por primera vez la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, el 6 de agosto –y que fue luego confirmado el 13 de octubre por Alejandro Gil, el Ministro de Economía y Planificación–, que aumentará sustancialmente la cantidad y variedad de ocupaciones urbanas que los cubanos podrán realizar en el sector privado.

Como parte de sus primeras reformas económicas, Raúl Castro permitió la apertura al trabajo por cuenta propia privado y a la contratación de personal en el caso de un número limitado de ocupaciones que con el tiempo se incrementó a más de doscientas, las cuales luego se reorganizaron en 123 grupos ocupacionales. Vale señalar que este incremento estuvo lejos de ser un proceso lineal y en más de una ocasión el gobierno recortó la cantidad de ocupaciones permitidas en el sector privado.

Según los ministros Feitó y Gil, esa lista de ocupaciones privadas permitidas será eliminada, y es de suponer que se preparará una nueva que relacione sólo aquellas ocupaciones que no se permitirán, tales como, por ejemplo, la práctica privada de la medicina. Ninguno de los ministros ha definido aún una fecha en la que estos cambios entrarían en vigor.

Finalmente, para facilitar tanto las operaciones del sector privado rural como del urbano, el gobierno anunció que aumentaría la cantidad de mercados mayoristas para que los pequeños y medianos emprendedores privados compren alimentos y otros productos al por mayor a precios reducidos. La falta de acceso a este tipo de mercados ha sido un gran problema que ha afectado seriamente la viabilidad de los negocios privados rurales y urbanos. Para mejorar las cosas, el gobierno anunció muy recientemente que a partir de septiembre comenzará a funcionar un mayor número de mercados mayoristas en las capitales provinciales, aunque las transacciones se realizarán exclusivamente en divisas, lo cual ha sido claramente el principal impulso para esto y para otros cambios económicos.

Si el gobierno cubano realiza todos los cambios que ha anunciado, la economía de la Isla se habrá alejado bastante de la economía altamente nacionalizada de finales de los 80 —más nacionalizada que las economías de la URSS y Europa del Este— para convertirse en una economía fundamentalmente mixta, acercándose así cada vez más al modelo chino-vietnamita. Queda por ver hasta qué punto los cambios propuestos mejorarán el mediocre rendimiento de la actual economía cubana, en la cual el bajo crecimiento económico y la baja productividad han caracterizado tanto a la economía rural como a la urbana por mucho tiempo.

Vale señalar, sin embargo, que a pesar de una baja producción agrícola generalizada, las granjas privadas ya han superado a las estatales en la producción de varios cultivos esenciales, como sucedió en Europa del Este durante los gobiernos comunistas. En sólo poco más de una década, desde que una cantidad sustancial de tierras fuera distribuida a agricultores privados, y a pesar de sus grandes dificultades para obtener acceso a créditos y al comercio al por mayor, instrumental agrícola y otros implementos, los agricultores privados, quienes aún poseen menos tierras cultivables que el Estado, ya producen el 83.3 por ciento de las frutas, el 83,1 por ciento del maíz y el 77.9 por ciento de los frijoles. Sin embargo, esto no es tanto un testimonio de las maravillas de la empresa privada como del desastre que ha sido para Cuba la agricultura estatal burocrática dirigida desde arriba y de manera centralizada –también fue desastrosa para varios países que componían el bloque soviético–.

En tales sistemas burocráticos, las personas que participan del nivel productivo carecen de incentivos materiales –como un mayor poder adquisitivo– y de incentivos políticos –como autogestión y control democrático de sus centros de trabajo–, cuya ausencia ha conducido históricamente a apatía generalizada, negligencia, irresponsabilidad y lo que Thorstein Veblen llamó «retirada de la eficiencia».

Es esta experiencia vivida y no la propaganda capitalista, la que ha hecho al modelo capitalista cada vez más atractivo para los cubanos.

El contexto político

Un tema crítico que surge de esta discusión es la naturaleza y composición de la dirección política cubana que se enfrenta a la actual crisis y que conduce las propuestas mencionadas quince años luego de que Fidel Castro se retiró, por razones de salud, de su mandato directo del país y fue sucedido por su hermano menor Raúl, el jefe de las fuerzas armadas cubanas y heredero forzoso desde los primeros días del Gobierno Revolucionario.

Al asumir el mando, Raúl introdujo una serie de reformas económicas que abrieron el sistema, de manera moderada, a empresas privadas normalmente muy pequeñas. También promovió un grado significativo de liberalización como, por ejemplo, cambiar en 2012 las regulaciones que controlaban las salidas al extranjero para permitir a los cubanos viajar a otros países. Pero esta liberalización no estuvo acompañada por forma alguna de democratización política. Todo lo contrario. Por lo tanto, la represión de la disidencia ha continuado. Así, por ejemplo, mientras liberalizaba los viajes al extranjero para la mayoría de los cubanos, el gobierno ha impuesto obstáculos para las salidas de muchos disidentes, ya sea demorando sus apariciones en tiempo en conferencias en otros países o imposibilitándoles viajar al exterior, para lo cual ha elaborado una lista de «regulados» conformada por unos 150 disidentes cubanos que no tienen permitido salir del país.

Debe señalarse que, como en el caso de muchas otras medidas represivas adoptadas por el gobierno cubano, esto sigue siendo, como en tiempos de Fidel Castro, una decisión política y administrativa al margen incluso al propio sistema judicial del régimen. Lo mismo se aplica a los miles de arrestos breves que el gobierno de Raúl Castro ha realizado cada año, en especial para impedir manifestaciones públicas no controladas por el gobierno.

El sistema de partido único continúa funcionando como bajo Fidel Castro, con su enorme control social, económico y político, implementado mediante sus cintas de transmisión, representadas por las organizaciones de masas (los sindicatos y las organizaciones femeninas) y otras instituciones, como las del sistema educativo. Los medios masivos de comunicación (radio, televisión y periódicos) continúan estando bajo el control del gobierno y siguen en su cobertura las «orientaciones» del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

La única excepción de importancia son las publicaciones internas de la Iglesia Católica, la cual, sin embargo, practica una extrema prudencia política y limita la distribución de sus publicaciones a sus parroquias y otras instituciones católicas. Internet, la cual el gobierno ha sido incapaz hasta ahora de poner bajo su absoluto control, permanece como el principal vehículo para las voces críticas y disidentes.

Mientras tanto, ha estado ocurriendo un importante cambio generacional dentro de la dirigencia cubana que plantea preguntas sobre el futuro del sistema cubano. El nuevo Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, nació en 1960, un año después del triunfo revolucionario. El ocupante del recién creado cargo de Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, un hombre con largos años de experiencia en el negocio del turismo, nació en 1963. Se podría considerar que estos dos hombres realizan una especie de aprendizaje de prueba bajo Raúl Castro, quien a sus 89 años de edad es aún el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, aunque se retirará oficialmente en 2021.

Aún hay otros «líderes históricos» que también permanecen en lo más alto de la jerarquía política. José Ramón Machado Ventura, un médico que por un tiempo fue el número tres después de Fidel y Raúl Castro, y que es miembro del Buró Político, cumplirá 90 años el 26 de octubre. Ramiro Valdés, que ocupó muchos cargos superiores durante los más de sesenta años del Gobierno Revolucionario, incluyendo Ministro del Interior, y que hoy es miembro del Buró Político, tiene 88 años. Varios generales en posiciones de alto rango también pertenecen a la vieja generación. El general Ramón Espinosa Martín, miembro del Buró Político del CC del PCC, tiene 81 años. En comparación, el general Álvaro López Miera, también miembro del Buró Político, es un joven de apenas 76 años. El general Leopoldo Cintra Frías, Ministro de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) tiene 79 años de edad.

Sin embargo, hay personan más jóvenes, menos visibles que Díaz-Canel Bermúdez y Marrero Cruz, quienes ahora ocupan cruciales cargos de gobierno y cuyo poder es probable que aumente en el contexto de una transición luego de que los viejos «históricos» hayan abandonado la escena. Uno de ellos es el general de 60 años Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, un ex yerno de Raúl Castro, quien es el director de GAESA, el inmenso conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas, el cual incluye a Gaviota, la principal empresa turística en Cuba. Varios oficiales de alto rango del ejército, retirados o en activo, ocupan actualmente cargos importantes en otras esferas clave de la economía.

Las Fuerzas Armadas han capacitado a cuadros técnicos y empresariales quienes, junto a un grupo de técnicos y administradores civiles, han desempeñado por algún tiempo un importante papel en la economía. Muchos de ellos se han convertido en empresarios internacionales que operan en nombre del Estado cubano y han desarrollado amplias conexiones con bancos y otras instituciones capitalistas internacionales. A ellos debemos añadir a los gerentes de industrias estatales, a quienes el gobierno acaba de otorgar más autonomía. Todos estos funcionarios pueden acabar beneficiándose del anunciado establecimiento de las PYMES, mediante el uso de sus contactos de negocios para obtener el capital que les permita crear sus propias medianas empresas. Ellos constituyen el núcleo de una burguesía capitalista cubana en desarrollo que está emergiendo desde dentro del propio aparato comunista.

Oposición, desafiliación y descontento

Existe oposición política en Cuba, principalmente —pero no de forma exclusiva— en el centro y la derecha del espectro político. Sin embargo, ha sido políticamente marginada por la represión del gobierno y por la práctica plattista –por la Enmienda Platt impuesta por los EEUU a Cuba a principios del siglo XX y que limitaba la independencia cubana– adoptada por sectores de esa oposición, que en lugar de organizarse y recaudar fondos entre los cerca de dos millones de personas de origen cubano en los EEUU y otros países —tal como hizo José Martí entre los tabaqueros cubanos en Florida para apoyar la independencia cubana en la década de 1890—, ha dependido de limosnas del gobierno estadounidense para sobrevivir a la persecución.

Aunque el gobierno puede haber marginado con éxito a la disidencia activa en la isla, no ha podido detener la considerable desafiliación política con respecto al régimen, especialmente entre las generaciones más jóvenes, que crecieron desde el derrumbe de la URSS y el campo socialista a finales de los 80 y principios de los 90. Debe apuntarse que ha transcurrido casi el mismo tiempo entre 1990 y el presente que entre el triunfo revolucionario en 1959 y el derrumbe del bloque soviético. Este colapso —y la sustancial retirada de ayuda económica a Cuba que lo acompañó— produjo una catastrófica crisis económica y una considerable erosión de la legitimidad del régimen cubano.

Desde entonces, la corrupción pública y privada se ha incrementado notablemente, un fenómeno que fue incluso denunciado por Fidel Castro en un famoso discurso en la Universidad de La Habana en noviembre de 2005, donde advirtió que podría destruir la Revolución desde adentro y así lograr lo que el imperialismo estadounidense llevaba décadas sin haber podido causar.

La actual crisis económica, considerablemente agravada por la pandemia de la COVID-19, se ha sumado al ya extendido descontento originado por la escasez de bienes de consumo. Buena parte de este descontento se ha enfocado en los «coleros» –de «cola», la línea de personas que esperan–, un término comúnmente utilizado para personas que monopolizan los primeros lugares en las omnipresentes filas que se forman  por doquier para obtener los cada vez más escasos productos de primera necesidad o para vender esos lugares a quienes llegan tarde; y para personas que, aprovechándose de ocupar, de una forma u otra, los primeros lugares en la cola, compran todas las reservas de productos para revenderlos a precios exorbitantes.

El gobierno ha sacado partido de la comprensible indignación popular que despiertan los coleros al denunciarles y arrestarles, pero evita enfocarse en las causas económicas del fenómeno, es decir, la escasez de artículos de primera necesidad debido a una insuficiente producción nacional y/o importación. Sin embargo, el hecho es que, dada la falta de producción agrícola debido al régimen económico y político, no parece haber una alternativa práctica para este problema. Ni siquiera es probable que funcione racionar los productos en divisas que compran los coleros al incorporarlos al sistema de racionamiento en pesos cubanos que ya existe, pues puede que no haya cantidades suficientes para distribuir a todos.

Es difícil identificar las circunstancias bajo las cuales la presente desafiliación y el descontento puedan traducirse en una alternativa política —y aún menos en una democrática y progresiva— para el existente régimen antidemocrático de Estado unipartidista. Es cierto que el cierre por parte de Obama del camino de la emigración cubana hacia los Estados Unidos en los últimos días de su mandato eliminó una importante válvula de escape para la oposición y el descontento en Cuba. Trump no revocó esta medida concreta de Obama, prueba de que su oposición al comunismo es mucho más débil que su xenofobia y su racismo. No obstante, el cierre de la emigración hacia los Estados Unidos hasta ahora no ha parecido ser suficiente para estimular ninguna novedad política significativa en la isla.

Lo que está claro es que la adopción de las nuevas medidas económicas ya expuestas, en particular la legalización de las llamadas medianas empresas, pueden extender y profundizar considerablemente la doble explotación y opresión en Cuba: la que ha ejercido por mucho tiempo el Estado unipartidista altamente autoritario, y la otra, ejercida por las futuras medianas empresas privadas ayudadas por la falsa protección brindada a los trabajadores por los sindicatos estatales, que en la práctica funcionarán como sindicatos de empresas en el contexto de las PYMES. El Código de Trabajo aprobado en 2014 ya ofrece un indicio de lo que está por venir.

La nueva distribución económica del poder que tarde o temprano se desarrollará en Cuba demostrará aún más la urgente necesidad de contar con sindicatos verdaderamente libres, y la necesidad de sustituir el Estado unipartidista antidemocrático que por su naturaleza imposibilita la existencia de sindicatos independientes, por una república verdaderamente socialista y democrática en Cuba.

Traducción de La Joven Cuba

15/11/2020

Por Samuel Farber

 

nació en Marianao, Cuba. Profesor emérito de Ciencia Política en el Brooklyn College, New York. Entre otros muchos libros, recientemente ha publicado The Politics of Che Guevara (Haymarket Books, 2016) y una nueva edición del fundamental libro Before Stalinism. The Rise and Fall of Soviet Democracy (Verso, 1990, 2018)

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El presidente Donald Trump, en su trayecto de la Casa Blanca a su club de golf en Sterling, Virginia, contempló ayer desde su limusina blindada a decenas de sus simpatizantes reunidos en el centro de la ciudad.Foto Ap

Diez meses con antelación a la cuestionada elección de la "democracia bananera" de EU (https://bit.ly/32JpFUS) –que desembocó en un caos post-electoral y ha puesto en riesgo su cohesividad con dos antagónicas fuerzas centrifugas al borde de una guerra civil ( https://bit.ly/38Lox6W )–, el texano conservador trumpófobo ( never-Trump) Michael Lind publicó un polémico libro La nueva guerra de clases (sic): salvar la democracia de la élite empresarial (https://amzn.to/3nnSIFl) que rebasa los resultados y el cronograma de la elección presidencial –más allá de quien sea el ungido constitucional final– y se adentra en la prospectiva del futuro incierto de su país que naufraga en un territorio inexplorado.

Michael Lind con un imponente bagaje académico y periodístico –se había dado a conocer hace ocho años con su libro idílico ya muy rebasado El próximo país estadunidense y la tierra prometida (https://amzn.to/36EFBsR).

Lind culpa a los "populismos (sic)" transatlánticos de haber despedazado a los partidos vigentes, lo cual ha desembocado en la ingobernabilidad, donde las "democracias (sic) occidentales" han sido desgarradas por una "nueva guerra de clases".

Aquí entramos con Lind a una Torre de Babel de exclusión semiótica con sus auto-definiciones de "populismo" y "democracia" que son muy confusas y nada rigurosas.

Dejo de lado si EU –una genuina plutocracia/bancocracia/cibercracia (https://bit.ly/38I9ieZ), consubstancialmente anti-democrática– es una "democracia", o si las monarquías (sic) neoliberales europeas lo son también.¡La guerra es también semiótica!

A juicio de Lind, las reales "líneas de batalla" son nítidas a partir de que se rompieron los compromisos de clase de la mitad del siglo pasado entre empresarios –una "súper-clase" de una élite universitaria aglutinada en centros urbanos de altos ingresos que dominan el gobierno, la economía y la cultura– y la alicaída subclase obrera, ubicada en las tierras profundas rurales de baja intensidad demográfica, primordialmente constituida por blancos y nativos.

Su "guerra de clases" versa desde la migración, pasando por el medio ambiente, hasta los valores sociales, donde la "súper-clase" empresarial va ganando la batalla, en medio del profundo declive de las instituciones que protegían a la clase obrera.

A su juicio, hoy la "súper-clase" controla las trasnacionales y los multimedia, y su desenlace es un trilema:

  1. Triunfo de la "súper-clase" –la oligarquía/plutocracia– y su “sistema de castas high-tech”.
  1. Empoderamiento de los populistas (sic), huérfanos de "reformas constructivas".Esto es muy debatible: el "populismo" chino es próspero y está altamente tecnificado cuando lleva la delantera espacial del 6G (https://bit.ly/36zXc59).

Y 3. Un compromiso de clases que otorgue "real poder" a la clase obrera. Habría que definir que significa y en qué consiste el "poder real" en la fase de la cibercracia de EU. Lind le apuesta ostensiblemente a esta opción intermedia muy etérea cuando la impotente clase obrera de EU ha sido prácticamente decapitada.

¿Qué tan válida es la taxonomía de Lind sobre la existencia de sólo esas dos clases antagónicas? ¿No existen más?

El británico Alastair Crooke, anterior espía británico del MI6 y ex asesor del español Javier Solana, ex canciller de la Unión Europea –evoca el impasse vigente cuando "Biden puede o no ganar, peroTrump es el presidente de la República Roja" https://bit.ly/38H8h6T).

Alastair Crooke pone en duda la "legitimidad" del proceso electoral al presuponer la manipulación cibernética del sufragio en Wisconsin y Michigan, que abonan a la dinámica de balcanización de EU.

Crooke fustiga severamente a Lind, cuyo concepto de una “sociedad tecno-dirigida ( managedsociety)”, basada en la ciencia, forma parte de la programática de Biden.

El problema radica en que, a juicio de Crooke,"EU se ha fracturado en dos placas tectónicas que se disgregan en diferentes direcciones" cuando "una mitad del electorado estadunidense votó precisamente para expulsar a la otra mitad". ¿Cuál será la "placa tectónica" menos afectada?

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Protestas en Lima contra el gobierno de Merino. (EFE)

En Lima, la marcha desató duras escenas de violencia y represión que se saldaron con dos fallecidos, un joven de 25 años y otro de 24 años heridos por arma de fuego

 

La zozobra política en Perú alcanzó este sábado un punto álgido con una nueva y masiva movilización contra el Gobierno de transición de Manuel Merino, cuya dura represión dejó al menos dos muertos que abonan tanto el sólido rechazo a su figura como su cada vez mayor debilidad. Decenas de miles de peruanos marcharon por calles y avenidas de todo el país en una movilización de rechazo espontánea, coordinada tan solo a través de redes sociales, sin líderes ni portavoces, muy diversa, mayoritariamente joven y con una dominante presencia femenina.

En Lima, la marcha desató duras escenas de violencia y represión que se saldaron con dos fallecidos, un joven de 25 años con una herida por arma de fuego en la cabeza y otro de 24 años con cuatro impactos de proyectiles de arma de fuego. Merino, muy duramente criticado y expuesto como el ejemplo de la política que los peruanos quieren desterrar del país y por su pésima gestión de las protestas, tendrá que responder ahora ante una tragedia que solo servirá para solidificar la masiva oposición en su contra.

Hasta ahora el presidente transitorio no se ha pronunciado por estas muertes, pero sí lo hizo su antecesor, Martín Vizcarra, quien lamentó los decesos y culpó directamente de ellas a "la represión de este gobierno ilegal e ilegítimo".

Aún sin los jóvenes fallecidos, y más allá de los números, esta marcha marca un hito en la vida política del país y ya hubiera supuesto una presión extra sobre Merino, que ha visto como algunos ministros ya han dimitido tras haber asumido el cargo hace dos días y cómo sus aliados en el Congreso que lo auparon a la presidencia comienzan a distanciarse de su Gobierno.

Mayor fuerza

La movilización fue, si cabe, mayor que la que el jueves último, y en Lima volvieron a verse las mismas imágenes de apoyo masivo a las protestas en la céntrica plaza San Martín, donde se congregaron más de 15.000 personas a las que añadir varios miles más que marcharon en otros lugares de la capital. Tal y como en ocasiones anteriores, hubo graves disturbios en el entorno de la sede del Congreso de la República, protegido por varios círculos de policías, con disparos de perdigones y bombas lacrimógenas.

Uno de esos disparos fue el que causó la muerte del joven. Además, hubo varios heridos, algunos de gravedad, según pudo verse en las transmisiones de televisión y a través de las redes sociales. A falta de valorar aún el alcance de la represión, que la Defensoría del Pueblo calificó como "uso indebido de fuerza", todo parece indicar que las escenas vividas en el corazón de la capital peruana tendrán consecuencias para un Ejecutivo muy cuestionado por su manejo con mano dura e intransigente de esta situación.

El carácter descentralizado y acéfalo de la protesta dejó también marchas y concentraciones menores, pero también muy nutridas, en prácticamente todos los distritos de la capital, donde los incidentes brillaron por su ausencia.

En el quinto día consecutivo, que la movilización congregara a un número mayor de personas parece ir en contra de las previsiones del Gobierno, cuyos responsables estimaron que la gente "ya se cansaría" de protestar y que sin embargo acudió en masa pese a la amenaza de represión.

"Constitucionalidad"

Antes del inicio de las marchas, el nuevo presidente y su primer ministro Ántero Flores-Aráoz salieron a defender la "constitucionalidad" de su Gobierno de transición, que surgió tras un juicio político contra Vizcarra que contó con el apoyo de 105 de los 130 diputados del Congreso. En su primera, y muy breve, aparición ante un medio de comunicación peruano Merino insistió en la tesis del Ejecutivo de no dar credibilidad a la movilización y no asumir los reclamos de la población.

Así, llegó a indicar que él prestaba "respaldo a la juventud" que protestaba, si bien interpretó de forma un tanto forzada que el clamor popular era por la situación económica y social causada por el covid-19. Nada en la movilización de esta jornada permite sostener esa tesis, pues el principal reclamo ha sido la preocupación por la situación de la democracia en el país y subrayar la ilegitimidad del Gobierno de Merino.

"Merino, NO eres mi presidente", "Merino, el pueblo te repudia", "No me representas", "Merino usurpador" o, más crudamente, "Me orino en Merino" y "Fuera, mierda", han sido los lemas recurrentes de estos días que se repitieron en la jornada de hoy.

Renuncia y escisiones

La presión hacia Merino y su gobierno, formado por técnicos y políticos de marcado carácter conservador y derechista, comenzó a llegar también por parte del Congreso, que puso al presidente en el poder, pero que ahora parece responder a la exigencia ciudadana. A los anuncios ya conocidos de que varias fuerzas que apoyaron la destitución de Vizcarra ahora evalúan hacer lo mismo con Merino si atiende el pedido de dimisión que ya llega de miembros de su propio partido, como el alcalde de Lima, Jorge Muñoz.

El vicepresidente del Congreso, Luis Valdez, que ejerce de manera interina las funciones de presidente del Congreso mientras Merino es presidente de la República, también exigió la renuncia del mandatario y anunció una reunión de la junta directiva de portavoces para evaluar la renuncia de la mesa directiva del hemiciclo. Si dimite la mesa directiva del Congreso, el parlamento deberá elegir una nueva de consenso entre las distintas fuerzas que asuma la Presidencia de Perú hasta las elecciones de abril de 2021.

Varios partidos ya retiraron este sábado su apoyo a una comisión parlamentaria que iba a seleccionar los candidatos para formar el Tribunal Constitucional, un órgano clave en esta crisis y que el gobierno de Merino quería llevar a cabo pese a su carácter de transición y pese a que las elecciones generales que renovarán el Congreso se harán en menos de cinco meses.

Dimitir, ¿por qué?

Poco antes de la marcha, Flores-Aráoz declaró ante la prensa que pese a las protestas, que había dicho no saber a qué se debían, el presidente no pensaba dimitir por que muchos peruanos lo respaldan. "Tiene millones de peruanos que lo respaldan, lamentablemente están en sus casas. No los invitaría a salir", dijo en declaraciones al Canal N.

Flores-Aráoz pidió "tranquilidad" y conversar con aquellos que se encuentran en contra de la sucesión presidencial, pues "la política es diálogo, no imposición". Las escenas tanto de unidad y objetivo común multitudinario para desbancar al gobierno de Merino como de violencia innecesaria e innegable, que fue transmitida en directo por medios de comunicación y redes sociales, hablan lamentablemente un intento de imposición, que los peruanos en las calles no parecen aceptar

EFE

15/11/2020 - 09:32 Actualizado: 15/11/2020 - 09:32

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Participantes en la protesta en la plaza San Martín en Lima, en el quinto día de movilizaciones en rechazo a la remoción del presidente Martín Vizcarra. Foto Afp

Lima. En el quinto día de protestas contra la destitución del presidente Martín Vizcarra, un grupo de jóvenes que se manifestaban pacíficamente fueron violentamente reprimidos por la policía cuando intentaron llegar a la casa del nuevo mandatario Manuel Merino y a inmediaciones de la del primer ministro, Ántero Flores Aráoz, informó ayer la televisión local.

Los choques se produjeron luego que antenoche 27 jóvenes resultaron heridos durante enfrentamientos con las fuerzas del orden en protestas contra el gobierno de Merino, algunos con balas de goma y otros con armas de fuego, reportaron fuentes médicas y organizaciones de derechos humanos.

Además, el Poder Judicial prohibió ayer al destituido ex mandatario salir del país durante los próximos 18 meses debido a las investigaciones en su contra por los presuntos pagos ilícitos que recibió cuando era gobernador del departamento sureño de Moquegua (2011-2014).

Miles de personas marcharon la noche del jueves en la capital y en otras ciudades peruanas en rechazo al nombramiento del presidente interino Manuel Merino, quien remplazó a Vizcarra a cinco meses de las elecciones generales de abril para completar el mandato hasta julio de 2021.

Jorge Amorós, director del hospital Almenara de Lima, indicó a periodistas que a este centro ingresaron dos personas con heridas de "armas de fuego", y una de ellas se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Pese a que no precisó el calibre de las balas que hirieron a las víctimas, apuntó que "se trata de perdigones".

Percy Pérez Shapiama, de 27 años, recibió un impacto en el abdomen, que le causó tres perforaciones en los intestinos, por lo que fue operado, mientras Luis Aguilar Rodríguez, de 26, tuvo un disparo en el tórax que no requirió cirugía y su estado es estable, detalló Amorós.

El ministro de Salud, Abel Salinas, dijo al Canal N que el proyectil que hirió a Pérez "aparentemente es un perdigón", aunque indicó que hay que esperar los peritajes oficiales. La prensa peruana indicó que los policías antidisturbios dispararon perdigones y gas lacrimógeno para dispersar a quienes intentaron manifestarse en el Congreso.

La coordinadora nacional de Derechos Humanos reportó que las protestas dejaron 11 heridos, entre ellos algunos periodistas, que presentaron impactos de proyectiles y contusiones. La agencia de noticias Afp indicó que uno de sus reporteros gráficos recibió el impacto de perdigones en un brazo y una pierna durante la multitudinaria protesta.

La concentración en la plaza San Martín transcurrió de manera pacífica por unas cuatro horas hasta que una columna de manifestantes intentó acercarse al Congreso, que recibe la ira de miles de peruanos tras haber destituido a Vizcarra por "incapacidad moral" el lunes.

Los inconformes quemaron objetos y se enfrentaron con piedras y palos a los policías, quienes dispararon perdigones y gas lacrimógeno para dispersarlos. En redes sociales se ha reportado la respuesta desmedida de la policía, con agentes de seguridad infiltrados entre los manifestantes y el uso de gas pimienta desde helicópteros.

El ministro del Interior, Gastón Rodríguez, rechazó que la policía haya utilizado armas letales y destacó que sólo usa gas lacrimógeno y balas de goma cuando una protesta se desborda. La autónoma Defensoría del Pueblo rechazó "las amenazas" que sufrieron abogados de organizaciones de derechos humanos y solicitó la actuación de la fiscalía.

"Todo Perú está encendido, todos estamos muy enojados por la situación que está pasando en nuestro país", aseguró José Vega, manifestante de Lima, donde muchos portaban pancartas diciendo que Merino no los representa.

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Sábado, 14 Noviembre 2020 05:58

La insólita saga de los presidentes peruanos

La insólita saga de los presidentes peruanos

En un nuevo síntoma de la putrefacción crónica que padece la institucionalidad peruana, el Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra en una maniobra muy floja de papeles que agudiza la crisis multidimensional que vive el país y consolida el altísimo descrédito hacia la clase política. La fragilidad democrática asombra ojeando el decadente ocaso de los últimos seis mandatarios: todos terminaron destituidos y/o presos, a excepción de Alan García que no llegó a la cárcel porque se suicidó minutos antes de ser detenido.

Faltando sólo cinco meses para las elecciones presidenciales, y en un segundo intento, se concretó la moción de vacancia que selló la caída de Vizcarra, quien había asumido en marzo de 2018 luego de la renuncia por corrupción de Pedro Pablo Kuczynski, de quien era su vice. La acusación bajo la imprecisa figura de “incapacidad moral” se basó en presuntas coimas en la licitación de dos obras públicas cuando Vizcarra era gobernador de Moquegua (2011-2014), en una investigación que recién está en etapa preliminar. Quien impulsó la jugada fue el empresario ganadero Manuel Merino (foto), titular del Congreso ahora devenido en nuevo presidente, y fue ejecutada por un Parlamento que tiene 68 de los 130 legisladores procesados por corrupción y sedientos de inmunidad. La turbia maniobra express instaló la idea de un golpe de Estado -al estilo de los derrocamientos parlamentarios que sufrieron Dilma en Brasil y Fernando Lugo en Paraguay- y generó un masivo repudio en las calles con desenlace incierto.

El episodio no hizo más que acelerar la espiral autodestructiva de un sistema político cada vez más deteriorado, marcado por una corrupción endémica y un constante choque de poderes. Una profunda crisis política, moral, económica y encima sanitaria: Perú es el segundo país del mundo con mayor tasa de mortalidad por coronavirus. Una trama compleja cuya expresión más nítida es el desdichado destino de los presidentes en los últimos 20 años:

* Alberto Fujimori (1990-2000): Símbolo de una época, devenido en dictador con el autogolpe de 1992. En noviembre del año 2000 escapó a Japón desde donde renunció vía fax un día antes de que el Congreso aprobara su destitución. En 2009 fue condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad.

*Alejandro Toledo (2001-2006): Imputado en el caso Odebrecht por recibir unos 30 millones de dólares para favorecer a la constructora brasileña. Estuvo tres años prófugo de la Justicia en California, Estados Unidos, donde fue arrestado en julio de 2019 y cumple arresto domiciliario mientras se espera su extradición.

* Alan García (1985-1990 / 2006-2011): Afrontó diversas acusaciones de corrupción durante su último mandato. Procesado en la causa Odebrecht por presuntos sobornos en la construcción de un tren, se pegó un tiro en abril de 2019 cuando la policía lo estaba por detener.

*Ollanta Humala (2011-2016): En julio de 2017 fue condenado a 18 meses de prisión preventiva por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, acusado de recibir tres millones de dólares de Odebrecht para su campaña. Pese a estar en libertad condicional a la espera del juicio, anunció recientemente su candidatura presidencial para 2021.

*Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018): Renunció un día antes de que el Congreso votara su destitución y se convirtió en el primer presidente latinoamericano en perder su cargo por la trama de corrupción de Odebrecht. Está bajo arresto domiciliario por presunto lavado de dinero y por recibir 782 mil dólares de la empresa brasileña.

Vencedores vencidos

El capítulo Vizcarra, sexto presidente seguido que cae en desgracia, es diferente al resto y su salida huele más a golpe parlamentario. Si bien su breve gestión no se corrió de la continuidad neoliberal y su política exterior se mantuvo alineada a Washington, intentó impulsar algunas reformas anti-corrupción y en 2019 disolvió el cuestionado Congreso convocando a nuevas elecciones. Sin partido ni legisladores propios, Vizcarra quedó en la mira de una mayoría parlamentaria (electa en enero de este año) que le terminó pasando factura, apeando a la difusa figura de "vacancia por incapacidad moral” que sirve como mecanismo destituyente sin necesidad de largos debates ni mucha solidez argumentativa.

Se cierran dos décadas en las que el Perú fue noticia por los recurrentes escándalos que sacudieron a sus presidentes; espasmos de la crisis orgánica de un régimen moldeado por la Constitución de Fujimori de 1993. Se abre, en el corto plazo, el desafío de que en las elecciones de abril el descontento popular finalmente pueda ser capitalizado por alguna fuerza progresista, como Nuevo Perú liderado por Verónika Mendoza. Se impone, como meta de largo aliento, el deseo de que el pueblo peruano, como en su vecino Chile, pueda tumbar esa pesada herencia fujimorista y empezar a escribir una nueva historia.

* Editor de NODAL. Autor del libro "América Latina. Huellas y retos del ciclo progresista". Conduce el programa radial “Al sur del Río Bravo”.

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Viernes, 13 Noviembre 2020 06:08

Golpe (rascuache y zafio) a la peruana

Manuel Merino

En tiempos de fake news y prensa embozada, el solo hecho de llamar las cosas por su nombre es valiente y útil. En Perú, únicamente dos medios –la revista IDL Reporteros y el diario La República– han definido como "golpe de Estado" lo que la mayoría de la prensa y las agencias internacionales han titulado asépticamente "Vacancia del presidente Martín Vizcarra por el Congreso de Perú".

Y es que la emboscada iba ya bien ensayada, con un intento fallido hace dos meses que utilizaba la misma causal de "incapacidad moral permanente" y parecía inspirado en la acción parlamentaria que derrumbó al presidente anterior, Pedro Pablo Kuczynski, en marzo de 2018.

Sobre la transformación del presidente del Congreso, Manuel Merino, en presidente de la República con una simple votación parlamentaria y sin ninguna acusación probada, se escribe en el editorial del martes de La República:

"El golpe no deja de ser golpe. El allanamiento de Martín Vizcarra a la decisión del Congreso no anula el grave acto perpetrado y el hecho de que un grupo conspirador se haya apropiado del gobierno poniendo fin a 20 años de democracia, quebrando la Constitución y colocando al país nuevamente en un tránsito aciago gobernado por la codicia y la corrupción."

Y añade: "La disposición de la Constitución es precisa respecto a la prohibición de acusar al presidente durante su mandato salvo las razones expresadas con detalle en el artículo 117. Esa prohibición ha sido violada groseramente para lo cual se ha forzado inconstitucionalmente la figura de la vacancia y la incapacidad moral utilizando declaraciones de aspirantes a colaboradores oficiales, fotos maquilladas y otros documentos que forman parte de un proceso de investigación sobre las actividades del presidente de la nación Martín Vizcarra. El papel desempeñado en esta alevosa operación por el presidente del Congreso lo cubre de vergüenza a él y a su partido. Manuel Merino será un presidente indigno que se aúpa al poder con métodos reprobables".

La acusación contra el presidente Vizcarra de que habría recibido coimas del llamado Club de la Construcción –una red mafiosa para ganar licitaciones– cuando era gobernador de Moquegua (2011-14), no ha sido probada por ningún juez o fiscal, y sólo se sostiene en las declaraciones de unos aspirantes a colaborar con la justicia, gente que con tal de salvar el pellejo declararía cualquier cosa.

Lo grotesco de la situación es que de los 109 congresistas (de un total de 130) que han votado el lunes por defenestrar al presidente, 68 –como ha recordado el propio Vizcarra frente al Congreso en su última alocución– tienen investigaciones judiciales en curso y denuncias por diversos delitos, pero ninguno de ellos ha dejado el cargo o renunciado a la inmunidad. Al contrario, este Congreso parece más un refugium peccatorum que un parlamento.

El traspaso de poderes ha encontrado un fuerte rechazo popular. En las principales ciudades del país, sin excepción, a partir de la capital, manifestaciones espontáneas han encontrado una represión policial desproporcionada, que no promete nada de bueno. El Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado definitivamente sobre la vacancia, pero las ceremonias de investidura ya han sido oficiadas.

La difusión internacional de la noticia no explica claramente quién ha tomado el poder. Manuel Merino, actual presidente, es un empresario ganadero del norte cuya sóla acción política memorable es la de haber obtenido una condonación fiscal por el sector agropecuario de Tumbes. ¡Ah!, y también el intento fallido de golpe anterior, por el cual un grupo de ciudadanos lo ha denunciado "por los presuntos delitos de sedición, conspiración y usurpación de poderes".

Sus familiares obtuvieron contratos con el Estado durante su segundo mandato como congresista, lo cual es abiertamente ilegal.

A cinco meses de la elecciones generales, que deberían renovar las instituciones en ocasión del bicentenario de la independencia, con los graves problemas económicos y de salud pública que afligen a la población, parece sumamente irresponsable provocar una crisis política de esta gravedad. Todo por ambiciones e intereses personales.

Sin embargo, las manifestaciones crecientes de estos días hablan de una sociedad civil "hasta el gorro".

Fascinado por la idea de ser presidente interino, aunque sea por unos meses (las próximas elecciones generales serán en abril de 2021), animado por la masa de corruptos incrustada en las instituciones –hablando sólo de magistrados, 151 jueces y 183 fiscales involucrados en actos de corrupción, según datos oficiales– Manuel Merino ha logrado sin mucha dificultad juntar una mayoría parlamentaria para que proceda el pedido de vacancia presidencial.

Por Periodista italian, periodista peruano

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Viernes, 13 Noviembre 2020 05:33

Perú: la ultraderecha copó el gobierno

Perú: la ultraderecha copó el gobierno

Bajo la presidencia de Manuel Merino tras el derrocamiento de Martín Vizcarra

El equipo ministerial ha quedado formado por personajes de perfil ultraconservador. El nuevo primer ministro fue acusado de racismo y el ministro de Defensa resultó denunciado por defender a escuadrones de la muerte.

 

La derecha ultraconservadora ha tomado el gobierno peruano. El gabinete ministerial del nuevo presidente Manuel Merino -que asumió el martes luego que el Congreso que él presidía destituyera a Martín Vizcarra por “incapacidad moral permanente”, una decisión que ha gatillado protestas en todo el país- es encabezado por un miembro de la descreditada vieja guardia política, vinculado a la extrema derecha. El equipo ministerial ha quedado formado por personajes de perfil ultraconservador, varios de ellos relacionados al fujimorismo y al Partido Aprista del expresidente Alan García, que han sido gobierno y han estado envueltos en graves escándalos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

El gabinete del presidente Merino deja la sensación de un regreso al peor pasado. La derecha más dura celebra al nuevo gobierno, mientras las calles se agitan con las protestas. Merino y su aislado gobierno enfrentan las mayores movilizaciones antigubernamentales desde los últimos meses de la dictadura de Alberto Fujimori en el año 2000.

Al tiempo que el nuevo presidente juramentaba a su gabinete, el destituido exmandatario Martín Vizcarra se presentaba ante la fiscalía para declarar por las acusaciones que se le hacen de haber recibido sobornos de dos empresas constructoras cuando hace unos años era gobernador de la región de Moquegua. La fiscalía ha pedido se le impida la salida del país por dieciocho meses. “No voy a dejar el país, no voy a ir a ninguna embajada”, declaró Vizcarra.

El nuevo primer ministro es el abogado Antero Flores Aráoz, de 78 años, un ultraconservador que ingresó a la política como miembro del derechista Partido Popular Cristiano. En 1990 fue electo diputado por el frente de derecha que lanzó la candidatura presidencial del escritor Mario Vargas Llosa. Luego de largo tiempo en el Congreso, del que llegó a ser presidente, abandonó su partido y se unió al segundo gobierno de Alan García (2006 – 2011) como ministro de Defensa. En 2016 intentó llegar a la presidencia, al frente de su propio partido, Orden, y quedó en último lugar con apenas un 0,4 por ciento. Ahora Merino lo ha resucitado.

En los últimos años, Flores Aráoz se había dedicado a firmar pronunciamientos con alegatos antiderechos como parte de la llamada Coordinadora Republicana, que reúne a lo más radical del conservadurismo peruano. Está relacionado a grupos ultraconservadores como “Con mis hijos no te metas”. Hace unos años, en unas declaraciones que pusieron en evidencia su racismo, dijo que no se le podía preguntar “a las llamas y a las vicuñas” cuando le consultaron si se debía someter a referéndum el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

En medio de las protestas, el Ministerio del Interior ha sido asumido por el exgeneral de la Policía Gastón Rodríguez, que ya ocupó ese cargo con Vizcarra entre abril y julio de este año y que no ha tenido problemas en subirse al régimen que acaba de tumbar al gobierno al cual él perteneció hace poco. Su breve gestión terminó cuando tuvo que dejar el cargo en medio de las críticas por haber nombrado como su asesor a un abogado que defiende a policías procesados por haber integrado un escuadrón de la muerte y a un general acusado de corrupción.

La oficina de la ONU Derechos Humanos ha señalado que está recibiendo “información inquietante” sobre la represión policial a las protestas contra Merino. A pesar de la represión, y la pandemia, las movilizaciones contra el nuevo gobierno, al que los manifestantes califican de “usurpador”, crecen y se replican en las principales ciudades del país. El nuevo gobierno intenta minimizar las protestas, pero las calles lo desmienten. Ayer las movilizaciones fueron multitudinarias. Flores Aráoz ha negado la represión policial que todos han podido ver y acusó a los medios de comunicación de “magnificar” las manifestaciones y “exacerbar los ánimos” por informar de las protestas.

Como era de esperar, el nuevo gabinete garantiza la continuidad del modelo económico neoliberal, vigente en el país desde hace treinta años. Como ministro de Economía asume el economista José Arista, que fue viceministro de Haciendo en el segundo gobierno de Alan García.

En Salud, ministerio clave en esta coyuntura, asume el médico Abel Salinas, militante del Partido Aprista. Salinas ya estuvo al frente de este sector en los dos últimos meses del régimen de Pedro Pablo Kuczynski, cuando éste enfrentaba acusaciones de corrupción, por las que renunció en marzo de 2018. Los promotores de la destitución de Vizcarra, con Merino a la cabeza, lo acusaron de haber tenido “un pésimo manejo de la pandemia”, pero en una muestra de incoherencia le pidieron a la ministra de Salud del gobierno saliente, Pilar Mazzetti, que se quede en el cargo. Mazzetti rechazó el ofrecimiento. Salinas es el cuarto ministro de Salud desde que estalló la pandemia.

En el resto del gabinete se suman otros personajes ligados al aprismo --entre ellos un exministro de Transportes y Comunicaciones del primer gobierno de Alan García (1985 – 1990) que vuelve a ese cargo--, al fujimorismo, al partido de Merino Acción Popular, que está dividido entre su apoyo y su rechazo al nuevo gobierno, y a otros sectores de derecha.

Los grupos parlamentarios que apoyaron la llegada a la presidencia del nuevo jefe de Estado comienzan a repartirse influencias y poder en el nuevo gobierno. Entre sus intereses está evitar el avance de los procesos anticorrupción que complican a varios de sus principales dirigentes -Keiko Fujimori y varios más-, y que el gobierno de Vizcarra había impulsado.

También corre riesgo la continuidad de una reforma educativa considerada fundamental, que ha cerrado universidades de baja calidad convertidas en millonarios negocios. Dos de los partidos que votaron por la destitución de Vizcarra y han puesto a Merino en el poder son dirigidos por empresarios vinculados a este negocio. Flores Aráoz, ligado a esos intereses, declaró, luego de ser nombrado jefe del gabinete ministerial, que las universidades cerradas por ser consideradas una estafa a los estudiantes “merecen una segunda oportunidad”.

El izquierdista Frente Amplio, que se sumó a esa coalición de derecha que sacó a Vizcarra y puso a Merino en el poder, ahora critica el rumbo derechista del nuevo gobierno, algo previsible que no debería haber sorprendido a nadie. 

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Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú. Mario Colán

"Quien ha quedado a la cabeza del Parlamento, Luis Valdez, cuenta con más de 50 procesos de investigación abiertos", señala la candidata de Juntos por el Perú sobre la reciente destitución del expresidente Martín Vizcarra

 

Estaba aún en Bolivia, invitada a la toma de posesión de Luis Arce, cuando se enteró de la noticia. Verónika Mendoza, la única precandidata presidencial de la izquierda peruana, dice que estaba "compartiendo la alegría del pueblo boliviano por la recuperación de su democracia" cuando supo que en su país "ocurría todo lo contrario". En Perú, el Congreso de la República consiguió el lunes su ansiado proyecto de vacar al presidente Martín Vizcarra, ahora investigado por graves denuncias de corrupción. Lo hicieron pese a que casi el 80% de la población estaba de acuerdo en que, no obstante las investigaciones en marcha, se le dejara acabar su mandato.

Solo quedaban cinco meses para las próximas elecciones y el país, sumido en una crisis económica galopante y con la cifra oficial de 70.000 muertos por COVID, no estaba para otra debacle más. Aún así el Congreso lo hizo, nombró a Manuel Merino como nuevo presidente y el estallido popular no se ha hecho esperar. Ayer, desde la mañana hasta la noche, por todas las ciudades del Perú, miles de personas expresaron su repudio en medio de la represión y las detenciones arbitrarias.

En los medios internacionales se ha hablado casi exclusivamente de que hay un cambio de gobierno por la incapacidad moral de Vizcarra, pero poco se sabe de quiénes están detrás de esta jugada política que, según la mayoría de peruanos entre los que se incluye Mendoza, se ha disfrazado de compromiso con la lucha contra la corrupción cuando se trata de algo muy distinto. La presidenciable de Juntos por el Perú desde Cuzco, su ciudad natal y a donde voló de inmediato para ser partícipe "de la indignación y de la movilización de la gente", asegura que no reconoce a este gobierno al que considera ilegítimo y propone un cambio de constitución para acabar de una vez por todas con el legado del dictador Alberto Fujimori.

¿Qué está pasando en Perú?

Lo que está pasando es que efectivamente se han destapado una serie de denuncias contra el señor Martín Vizcarra que según nuestro punto de vista ameritan investigación, pero que, como señalaba la gran parte de la ciudadanía, correspondía en plena pandemia y a cinco meses de las elecciones que el señor Vizcarra concluyese su mandato y que al día siguiente se enfrentara a la justicia. Sin embargo, de espaldas a la ciudadanía, de manera absolutamente cínica y desvergonzada, un Congreso que tiene una mayoría de congresistas igualmente procesados por corrupción e inclusive por asesinato, decidió vacar al presidente de la Republica, configurándose en un gobierno ilegítimo.

Pero esto se enmarca en una crisis más profunda y más grave que podríamos calificar de crisis de régimen que lleva 30 años desde que en 1992 Alberto Fujimori decidiera imponer una constitución neoliberal con un golpe de Estado que precarizó el Estado, que mercantilizó derechos como la salud y la educación, que dejó a los peruanos sin un sistema de pensiones, que dejó la política y la democracia en las manos de los grupos de poder económico, que permitió que fuera capturada por grupos de presión, mafiosos y corruptos, que nos ha llevado a esta situación de descomposición política dramática y que se revela en estos síntomas sucesivos: todos nuestros presidentes vivos están procesados por corrupción, vacados o renunciaron.

Verónika Mendoza: "Rodos nuestros presidentes vivos están procesados por corrupción, vacados o han renunciado".

¿Se ha quebrado el orden constitucional? ¿Estamos ante un golpe de Estado y un gobierno ilegítimo? 

Claramente, porque todos los argumentos usados para consumar la vacancia se basan en falacias. Y aunque sus ejecutores se han llenado la boca con lucha por la democracia y la lucha anticorrupción, más de la mitad de ellos también están siendo investigados por corrupción. Quien ha quedado a la cabeza del Parlamento, Luis Valdez, cuenta con más de 50 procesos de investigación abiertos. Dentro de sus intereses está reformar la ley de educación para poder seguir con sus negocios de universidades truchas sin regulación del Estado. Y controlar el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y el Poder judicial para frenar las investigaciones que varios de estos políticos tienen en su contra, poder seguir apoyándose en su inmunidad parlamentaria y así evadir la justicia. Pero también están los que buscan sabotear el proceso electoral para atornillarse en el poder.

¿Qué hay detrás de estos actores políticos que parecen nuevos y no lo son?

No hay un programa común entre los que han echado al presidente, sino una confluencia de intereses particulares y corporativos. Sin embargo detrás de los actores directos, sí que hay una serie de sectores de la ultraderecha, conservadores, neoliberales, que han sido cómplices. Prueba de ello es el eventual nombramiento de Antero Flores Araoz como presidente del Consejo de Ministros, que es el mejor representante de la vieja política: conservador, de ultraderecha, racista, machista, quien hace algunos años calificó a los ciudadanos del Ande como llamas o vicuñas incapaces de emitir opinión. Es, además, abogado de quienes defienden los negocios universitarios de parte de la bancada. Merino es solo un títere de éstos.

¿Qué se puede hacer ante este escenario y qué le corresponde hacer ahora a la ciudadanía?  ¿Cuáles son los pasos a seguir legal, social y políticamente? ¿Cuál es la salida? 

Yo creo que corresponde que el Tribunal Constitucional analice esta decisión y evalúe su constitucionalidad, pero más allá de lo formal. Para la ciudadanía este Gobierno es ilegítimo, por lo tanto hay decisiones fundamentales para el país que no puede tomar, como la elección del Tribunal Constitucional, que tendrá que resolver además la constitucionalidad de este acto de vacancia. Querrán intervenir el Ministerio Publico y el Poder judicial para frenar investigaciones contra sus propios miembros, cuando deberían levantar la inmunidad de los que ya están pedidos por la justicia. Querrán modificar los plazos y procedimientos del calendario electoral.

Lo que deberían hacer es preocuparse en primer lugar por la salud de los peruanos y por la economía de las familias. La única manera de fiscalizarlos es la ciudadanía organizada y movilizada de manera permanente. Y, por otro lado, este es el momento de que los ciudadanos, colectivos, organizaciones sociales, sindicales, feministas, indígenas, iniciemos un diálogo desde abajo y desde adentro respecto a qué tipo de Estado, qué tipo de democracia, de economía creemos que merece nuestro país, de cara a una nueva constitución que debería ser la que construyamos en el bicentenario de nuestra independencia que se conmemora el próximo año. Esa nueva constitución no la va a promover esta clase política de espaldas a la gente. Nos corresponde a los ciudadanos impulsarla y empezar a construir desde ya ese nuevo pacto social que refunde el Perú.

¿Quién lidera ahora mismo las movilizaciones?

La gente, los jóvenes que han salido movidos por su indignación, por un lado, pero también por su amor a la patria. Eso es lo correcto. A quienes aspiran a ser líderes o conductores de la movilización, lo que hay que responderles es que quien está conduciendo la movilización es la propia ciudadanía. Y me parece absolutamente legítimo y lo mas adecuado para recordarnos que la democracia no es solamente procesos electorales, no es solamente partidos y líderes políticos; la democracia es esencialmente protagonismo popular y ciudadano. Y esto es lo que estamos empezando a ver en el Perú y a mi me llena de esperanza. Seremos parte de esa ola democrática en defensa de nuestros derechos.

Ningún gobierno ha reconocido todavía a Merino como presidente. La economía está maltrecha. En este contexto, ¿qué es lo primero que toca cuidar o garantizar?

Lo primero y más urgente es cuidar la vida y cuidar la paz. Lo digo porque ayer ya ha habido una dura represión. Y me temo que por las características de este Gobierno ilegítimo y por el perfil del que va a adoptar su presidente de consejos de ministros hay un alto riesgo de que la represión y la violencia de Estado se recrudezcan, razón por la cual hago un llamamiento a la comunidad internacional para cuidar la vida y exigir que se respete el legítimo derecho de protesta. Que sea el pueblo peruano con su voto el que elija su próximo gobierno y no como pretenden ellos ahora con leguleyadas desde el Parlamento.

Como candidata mujer, la única feminista, ¿ve riesgos para los derechos de las mujeres con este Gobierno de facto? 

Me preocupa que el señor Merino haya juramentado en nombre de la Iglesia católica, institución que yo respeto, pero que creo que no debe mezclarse en lo absoluto con los asuntos de Estado. Y me preocupan los sectores conservadores que se están aupando a este Gobierno ilegítimo que probablemente también pretendan retroceder a nivel de derechos humanos y en particular en materia de derechos de las mujeres.

Lo que vamos a tener es un Gobierno ortodoxo en materia económica que no va a contribuir a reactivar los bolsillos de las familias que es lo que ahora los peruanos necesitamos. Es un Gobierno que va a reprimir, que va a criminalizar, que no va a defender la salud y la educación como derechos, sino como negocios, pero además son conservadores, homófobos y machistas y amenazan los derechos de las mujeres y pueblos indígenas –negando la participación ciudadana en los asuntos ambientales–. Existe el riesgo de que ese Gobierno comandado por Flórez Araoz empuje irresponsablemente la reactivación de actividades económicas sin los cuidados y protocolos necesarios para cuidar la salud y la vida.

¿A quién hace responsable de la represión de este martes? 

Al no haber un ministro del interior nombrado, toda la responsabilidad le atañe al señor Merino, de lo que ocurrió ayer y de lo que podría ocurrir en lo días siguientes porque la movilización va a continuar. Se tendrán que señalar las responsabilidades políticas y el mayor responsable político es él.

Parece momento para hablar de proceso constituyente con el impulso chileno.

Nosotros lo veníamos plateando desde la campaña anterior en el 2016. Lo que vemos es que se va convirtiendo cada vez más en un sentido común. Mucha de la gente que se manifestó ayer no solo expresó su repudio al Gobierno, sino también demandaba nuevas reglas de juego en una nueva constitución. La crisis política de los últimos años evidenciaba casos de corrupción que involucran a prácticamente toda la clase política. Por otro lado, la pandemia ha desnudado la perversidad del modelo neoliberal, que ha evidenciado la inviabilidad de este Estado decrépito, atado de pies y manos para defender derechos. Creo que esto hace que mucha más gente tome conciencia y se plantee la posibilidad más temprano que tarde.

Se reunió en los últimos días con los presidentes de Bolivia, Argentina y el vicepresidente español. ¿Qué le dijeron?

Lo que todos coinciden es en la expectativa de que el Perú también recupere su democracia y se impulse un proceso constituyente. Nos corresponde a nosotros los peruanos definirlo e impulsarlo.

¿Parece que en esta campaña ya no le van a hablar de Venezuela? 

Van a seguir estigmatizándonos con estos temas, pero la diferencia es que hoy calan mucho menos en la ciudadanía. La gente se da cuenta de que este tipo de ataques sin sustento, como vincularnos a regímenes con los que no tenemos ningún vínculo o pretender tacharnos de terroristas o enemigos del desarrollo, son simplemente intentos de la clase política tradicional para silenciar las voces que planteamos un cambio.

¿En qué tiene usted que trabajar para ser la alternativa de izquierda de estas elecciones?

Hace tiempo venimos haciendo esfuerzos por dialogar y debatir con distintas fuerzas políticas de izquierda y progresistas, distintas organizaciones sociales y sindicales para construir un programa común, reconociendo nuestra diversidad de historias, nuestros énfasis programáticos pero poniendo por delante la necesidad de un cambio profundo en el país. Hemos logrado un importante proceso de articulación en Juntos por el Perú en torno a la bandera de una nueva constitución y esperamos seguir confluyendo en torno a estas banderas.

¿Elecciones anticipadas sí o no?

Estamos a cinco meses de las elecciones y el calendario electoral ya es bastante apretado. Por procedimiento me parece difícil ya adelantarlo, lo que corresponde es garantizar que sea un proceso electoral lo mas limpio y libre posible. Pero para nosotras esto trasciende el proceso electoral. Ayer estuve en Puno conversando con unos comerciantes que me decían que para ellos un presidente u otro da igual, porque ahí no hay Estado, solo supervivencia. Y eso es expresión de lo que el Perú necesita: no solo un cambio de Gobierno sino un nuevo pacto social.

Por Gabriela Wiener

11 de noviembre de 2020 22:54h

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Protesta de seguidores del presidente Donald Trump el domingo en Pensilvania. En la pancarta se demanda que cuenten sólo los "votos legales". Foto Ap

Desde el punto de vista del tan olvidado abordaje dialéctico, son relevantes las sensatas y lúcidas posturas de dos fuentes pro Biden que no caen en un vulgar exorcismo del contrincante –lo cual colisiona con la genuina democracia que implica la existencia de un vencedor como de un perdedor, con la tácita aceptación magnánima de respeto a las minorías–, como son los casos de Edward Luce, del Financial Times (https://bit.ly/3pjxbzl), y del portal The Hill –en alusión a la "colina", sede del Congreso de EU– que se puede clasificar como cercano a Biden, en mi muy humilde percepción (https://bit.ly/36poiMc).

The Hill expone que el "proceso de conteo aún no concluye" y coincide con Edward Luce sobre el destino del Senado a mayoría de los republicanos, así como el tropiezo en el Congreso de la católica Nancy Pelosi, quien, pese a ello, conserva la mayoría de los demócratas que no obtuvieron su cacareada “avalancha ( landslide)”.

El "presidente-electo" Biden, segundo católico en la diacronía estadunidense tras el asesinado Kennedy, obtuvo el mayor número de votos en la historia de EU: 75.3 millones –si es que no existe purga de los votos "por correo" y/o por “ausencia ( absentee ballot votes)”– frente a los asombrosos 71 millones de Trump, quien obtuvo 8 millones más que la vez anterior. Ambos sufragios superan el máximo de Obama en 2008 de 69.5 millones.

The Hill expone como "resultado probable" lo consabido: un "gobierno dividido (sic) en un país dividido (sic)", y vaticina tres escenarios en movimiento (sic): 1. "La división (sic) del país es real (sic) y será difícil sanar (sic)": Biden no obtuvo "mandato" para gobernar. 2. "Los demócratas están divididos (sic)". Es más que evidente la colisión en temas trascendentales de "progresistas" del ala Bernie Sanders/Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) y el SQUAD frente a los "centristas" que epitomiza Biden. 3. "Trump no está desapareciendo (sic)". Se asienta lo que previmos en Bajo la Lupa:"un trumpismo, con o sin Trump", cuando el polémico presidente –en funciones hasta el 20 de enero, en su peor escenario, con la responsabilidad del botón nuclear– retiene una "tonelada (sic) de poder como candidato" para 2024. Aquí discrepo, ya que Trump tendría en cuatro años los 78 que cumple Biden este 20 de noviembre (https://bit.ly/3kf0aAR).

The Hill concluye que "ninguno de los tres escenarios postulados hará para nada fácil la gobernabilidad en el futuro inmediato".

Entre tanto, la dinámica caótica poselectoral acelera sus tintes dramáticos cuando los 20 votos electorales de Pensilvania parecen tambaleársele al "presidente electo" Biden, quien expresó que el “fracaso de Trump para conceder es una vergüenza (https://bit.ly/2JX05Fp)”.

Llama poderosamente la atención que los republicanos impugnen los resultados en varios “estados volátiles ( swing states)” –en particular en Pensilvania, así como en Arizona/Nevada/Georgia/Carolina del Norte/Michigan/Wisconsin–, mientras el supuesto "perdedor" y presidente saliente Trump se fue a jugar golf dos días consecutivos y se dio el lujo de expulsar a su secretario del Pentágono Mark Esper –¿para imponer una probable ley marcial frente a la revuelta del dúo BLM/Antifa?–, cuando el vicepresidente Mike Pence se fue de vacaciones a Florida. What’s going on?

El procurador en funciones, William Barr, autorizó investigar las "irregularidades electorales" donde hayan sido impugnadas, lo que valió la renuncia de su director (https://bit.ly/32OhYgn). El caso mas fantasmagórico lo constituye la inescrutable declaración de Mike Pence –ex director de la CIA, confeso "cristiano sionista" y hoy pugnaz secretario de Estado– de que la relección de Trump está dada y habrá una “transición tersa (https://bit.ly/3pegZzr)”. ¡Uf!

¿Qué tendrán bajo la manga los republicanos? El caos poselectoral apenas empieza.Falta mucho por ver en un territorio inexplorado donde la “democracia bananera (https://bit.ly/2IqFaJW)” de EU, fracturado en dos pedazos, quedó hecha añicos, sea el resultado que fuere.

¿Se encamina EU a una guerra civil?

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Un plan de la derecha dura para que Trump contraataque

Echar a Fauci y al director del FBI, ensuciar candidatos, vengarse de Pfizer

 

La derecha dura norteamericana está agitada, en parte movilizada en tratar de demostrar que los demócratas hicieron fraude, y en parte preparando una transición si la andanada de litigios no alcanzan para dar vuelta las votaciones. Tienen fe, porque saben que su líder Donald Trump no tiene escrúpulos, y están planeando una agenda para "tirar bombas" en el camino. La revista digital The Federalist, que se coloca a milímetros de la derecha lunática y miliciana, jugando desde adentro de lo más conservador del partido republicano, acaba de resumir la agenda en Doce Pasos. Son temas que circulan en esos ambientes y que la subdirectora de la revista Joy Pullman resumió en su edición de este martes.

Pullman, que se presenta como "feliz madre de seis hijos" y autora de libros como "32 Juegos clásicos", afirma que las "pruebas de fraude" no paran de crecer, pero que un "líder astuto" sabe "hacer la guerra en varios frentes". El enemigo son los demócratas y "el complejo mediático que lleva cuatro años mintiendo" y quiere imponer a Joe Biden como presidente. Lo que recomienda Pullman es que Trump forme "un grupo de acción directa" que plante explosivos políticos. La lista mezcla alegremente fantasías paranoides y golpes bajos.

Lo primero debería ser publicar los documentos del supuesto Spygate, la interminable acusación de Trump de que el gobierno de Barack Obama espiaba sus mails y comunicaciones durante la campaña. Cuatro años de gobierno no aportaron ni una prueba de que esa fantasía fuera realidad, aunque es una de las fantasías favoritas del presidente. Pullman afirma, sin dar nombres ni evidencia, que "importantes funcionarios de inteligencia ocultan esta información" y que es hora de que el presidente los obligue a revelarla y la publique.

Al mismo tiempo que se revela esta conspiración demócrata, la autora recomienda perdonar a las víctimas de otra, el Rusiagate, que sí terminó con prisiones a diversos mentirosos y operadores políticos. Todos víctimas, afirma Pullman, del "estado profundo" que fue, es y siempre será demócrata. Como ambas "conspiraciones" pasan por el FBI, también hay que echar a su titular, el "desleal" Chris Wray, "que no investiga la corrupción al más alto nivel de esa institución".

En plan revancha y venganza, Pullman recoge una idea fija de su publicación y de la derecha trumpista, que los demócratas están haciendo listas de todos los que apoyaron a Trump para "arruinarlos". En este artículo la subdirectora no repite lo que se afirma en otros artículos, que los setenta millones de votantes republicanos pueden ser perseguidos, pero sí habla de las figuras públicas "que van a perder contratos en los medios" por su apoyo a trump. Su consejo es que los republicanos actualmente en el gobierno comiencen a compilar sus propias listas y a filtrarle información a los "medios afines" sobre "ñoquis, corruptos" y progres que hacen cosas como ir a un seminario contra el racismo.

Más macartista todavía es el llamado a que las listas incluyan a toda persona que sea nombrada como futuro funcionario de Joe Biden. Ahí se recomienda publicar todo, e-mails, papeles privados, cualquier cosa que pueda comprometerlos o sonar mal. "¡Transparencia!", se entusiasma la sudirectora.

Siguiendo con la venganza, hay que echar al eminente inmunólogo Anthony Fauci, "un politiquero cualquiera que destruyó este país al insistir en que lo moral es sacrificar a una nación entera para frenar un virus que tiene una tasa de survabilidad del 99,5 por ciento". Fauci es tanto "un saboteador" como un proveedor de temas para "la histeria de los medios". Para terminar de enterrar a Fauci y otros científicos, afirma Pullman, basta publicar las comunicaciones privadas entre agencias y científicos, lo que mostraría "como se hizo callar a los disidentes". 

También hay que castigar a Pfizer, la compañía que acaba de anunciar que está llegando a una vacuna posible. Según Pullman, la empresa le avisó la buena noticia a Biden al mismo tiempo o antes que a Trump, que le había comprado de antemano dos mil millones de dólares en vacunas. La venganza sería publicar hasta la fórmula.

Dos medidas que Pullman recomienda tomar de inmediato son promesas de campaña de su líder. Una es simplemente ordenar que todas las tropas americanas en zonas de combate "estén en casa para Navidad", sin importar las consecuencias. La autora explica que Trump puede dar la orden y listo, y más ahora que tiene a un leal en el Pentágono. La otra medida es terminar el muro en la frontera con México y "buscar todas las maneras posibles de frenar la invasión que viene". Pullman está convencida de que en algún lugar de Centroamérica ya están saliendo caravanas de inmigrantes ilegales aprovechando que un demócrata puede ser presidente en enero.

Y siguiendo con sus fantasías, la subdirectora del medio aconseja publicar toda la información sobre supuestos fraudes electorales directamente desde la Casa Blanca. Para ilustrar el problema pone varias pantallas de Facebook y Twitter con los mensajes en rojo de que la información "es discutible", "un acto de censura". Y ya que estamos fantaseando, se da el gusto de pedir que el gobierno de su líder publique la información sobre otra fantasía de la derecha norteamericana, que Planned Parenthood, la ONG que ayuda a mujeres de bajos recursos a obtener salud básica y abortos, "trafica con órganos y células de los niños abortados".

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