Manifestantes encaramados a la estatua de la Plaza de los martirios, Beirut Inés Gil

En medio de la profunda crisis económica que sufre el país los libaneses están más preocupados por la necesidad de encontrar comida y pagar sus rentas que por la construcción de un nuevo proyecto político.

 

Cucharas golpeando contra cazuelas de metal, el ruido de los platos apilándose. En el barrio de Achrafiye, en Beirut, unas quince personas se afanaban con la comida, equipados de gorros y delantales de cocina. La escena no se desarrolla entre bastidores de un restaurante. Los aspirantes a cocineros son voluntarios de la asociación Al-Achrafiye. Cada día, distribuyen comida a los más pobres del vecindario. En una esquina, Bassam, jubilado, llena bandejas con pastas: “Es una asociación pequeña, pero aún así distribuimos 200 comidas al día”. Cuando se creó en marzo, la estructura distribuía solo 50 comidas. Sin embargo, arrastrados por los torbellinos de la crisis, son cada vez más los libaneses que no pueden alimentarse.

 

Hacia la hambruna

 

A las 12 y media, cada día es el mismo escenario para Mario y Tony, voluntarios en la asociación: el coche lleno de comida, van por todo el barrio para visitar a los que necesitan ayuda alimentaria. Las bandejas de pasta se balancean al ritmo de las curvas. El automóvil circula en los pequeños callejones que toman la forma de serpentinas empinadas. Ubicado en el este de Beirut, este distrito predominantemente cristiano, llamado Achrafiye (الاشرفية), fue construido en las alturas de la capital libanesa y forma hoy un barrio de casas coloridas.

Detrás de las paredes del encantador barrio, unas familias, cuyos estómagos sufren hambre, esperan la llegada de los voluntarios. Entre ellos, muchos mayores, aislados, con una pensión irrisoria y que ya no pueden beneficiarse de la solidaridad familiar en este período de crisis. Y cada vez más, familias de dos o tres hijos cuyo padre perdió su trabajo al comienzo de la crisis o durante el confinamiento. Según el Programa Mundial de Alimentos, el 50% de los libaneses ahora vive por debajo del umbral de pobreza. Sin ninguna red de seguridad estatal, muchas familias sin recursos financieros ya no pueden alimentarse.

Ante la emergencia, las distribuciones de alimentos van aumentando. La organización “Al-Achrafiye” se limita a escala de vecindario, pero ciertas estructuras se han extendido por todo el Líbano, lo que demuestra la crisis generalizada en el país. Eso es el caso del Rotary Club de Beirut. Su director, Hagop Dantziguian, afirma que la organización “ayuda a mil familias en todo el país y esta cifra aumenta exponencialmente cada mes.” Según él, ”la situación empeorará en los próximos meses. La sombra de la hambruna amenaza la población.“ En las últimas semanas, aumentó el número de suicidios relacionados con la incapacidad de sobrevivir económicamente. A principios de julio, un hombre se disparana en la cabeza, en Beirut, tras dejar junto a él una nota : “No soy un blasfemo, pero el hambre es blasfemia”.

El riesgo de colapso

¿Cómo ha llegado el país a esta situación? A principios de marzo, por primera vez en su historia, el Líbano entró en suspensión de pagos a causa de una deuda insostenible. El gobierno dirigido por Hassan Diab solicitó ayuda al Fondo Monetario Internacional (FMI). Desde entonces, el país está cayéndo cada día más en el pozo de la crisis.

De acuerdo con el economista libanés Hassan Moukalled, “hay que volver 30 años antes, a raíz de la guerra civil (1975-1990), para entender la crisis actual”. En ese momento, para reconstruir el país, “el Líbano establece un sistema monetario y desarrolla una economía no productiva”, señala el economista en conversación con El Salto. La pequeña Suiza de Medio Oriente [apodo del Líbano] se convierte en un campeón en asuntos financieros y en servicios. Pero el país de los cedros apenas produce. Debe importar casi el 80% de lo que consume, ampliando su déficit comercial a 15 mil millones de dólares en 2019. Con los años, la deuda pública crece hasta alcanzar el 170% y la inflación galopante hace aumentar los precios de más del 50%.

Para Hassan Moukalled, “el Líbano enfrenta un problema estructural. No saldrá de la crisis solo con la ayuda del FMI. Se necesitan reformas de gran envergadura”. Pero hasta hoy, el gobierno de Diab no ha anunciado ningún cambio ambicioso para salir del marasmo. Según Hassan Moukalled, los líderes libaneses desean sobre todo proteger sus privilegios: “los conflictos de intereses entre la clase política y el sector económico y bancario impiden cualquier esfuerzo de reforma”.

Ante la negligencia del estado, los servicios esenciales se están desmoronando día a día. En los hogares libaneses, los cortes de energía pueden durar hasta 12 horas al día. Incluso los generadores, sustitutos privados de la falta de electricidad pública, ya no funcionan correctamente. El Líbano ha caído literalmente en la oscuridad. En las calles, muchos semáforos están apagados. Además, en un país que depende de bienes extranjeros, la escasez de alimentos y combustible es recurrente.

La otra gran víctima de la crisis, algo que no es un buen augurio para el futuro del país, es la educación. Al comienzo del año escolar 2020-2021, muchos libaneses no podrán inscribir a sus hijos en las escuelas. El gobierno libanés advirtió que con el cierre de las escuelas privadas en quiebra, muchos niños van a recurrir al sistema público. Pero afirma que el estado es incapaz garantizar la educación pública para todos.

Frente a la depresión económica y social, el profesor de ciencias políticas Zyad Majed es directo: “El país presenta riesgo de hundimiento”. En su opinión, “el Líbano se está acercando a un escenario similar al caso venezolano” con el empobrecimiento general de la población, la falta de recursos básicos y el uso de la violencia generalizada.

Desaparición de la clase media

En el Líbano, solo unos pocos privilegiados se libran de la crisis. Si los más pobres se ven presionados, la clase media libanesa también se ve muy afectada. Una tendencia encarnada por el éxito del proyecto LibanTroc. Creada en diciembre de 2019, esta iniciativa conecta a los libaneses que ya no tienen el lujo de comprar ciertos bienes para intercambiar cualquiera cosa a la forma del trueque. Con más de 57,000 miembros (sobre una población de siete millones), el éxito es innegable. Según su fundador, Hala Dahrouge, LibanTroc está dirigido principalmente hacia la clase media que se empobrece : “Todos están afectados, y no solo las personas que eran ya muy pobres. Los que tienen dinero en el banco ni siquiera pueden retirarlo. LibanTroc está dirigido directamente a la clase media porque los más pobres ni siquiera tienen bienes para intercambiar."

Las esperanzas frustradas de la revolución

Este viernes, día tradicional de movilizaciones, centenares de libaneses se han reunido en la Plaza de los mártires, en el centro de Beirut. Representantes de la sociedad civil, políticos en busca de renovación, discursos que piden la caída del gobierno, se suceden frente a los manifestantes poco numerosos, pero determinados. Las banderas nacionales, rojas y blancas, adornadas con un pequeño cedro (el símbolo del país) se mecen en el aire.

En el fondo, se ve una estructura instalada hace varios meses por manifestantes : un puño de combate elevado, con las palabras “للوطن“ (por la patria) y ”ثورة“ (revolución) escritas. Entre los manifestantes, Noor, de 45 años, vestida con los colores del Líbano, sigue motivada a pesar de la situación económica: “Incluso si tenemos pocas esperanzas, sigo manifestando cada semana. No debemos dejar de lado la movilización”.

Pero con solo un millar de manifestantes, la protesta de este viernes queda muy escasa frente a las movilizaciones que estallaron en octubre pasado en el Líbano, dando esperanzas de una segunda Primavera Árabe. En aquel momento, decenas de miles de libaneses salieron a las calles para exigir el fin del sistema confesional, el fin de la corrupción y más políticas públicas sociales en un país ultraliberal. Lograron la caída del gobierno de Saad Hariri. Pero desde entonces, el cansancio de los manifestantes ha extinguido la llama revolucionaria.

Además de la pérdida de esperanza debido a la falta de reformas y la crisis del coronavirus, el miedo se ha extendido a las calles: “la policía ha realizado arrestos arbitrarios y se han registrado casos de tortura”, según el Director del Centro Libanés para los derechos humanos, Fadel Fakih. A esto se añade la espiral infernal de la crisis económica en las últimas semanas. Los libaneses ahora están más preocupados por la necesidad de encontrar comida y pagar sus rentas que por la construcción de un nuevo proyecto político.

El Líbano en el estancamiento

Desde esta primavera, el primer ministro libanés Hassan Diab ha intensificado los llamamientos de asistencia a la comunidad internacional y en particular al FMI. Pero en el gobierno, la solicitud divide. En particular debido a la reticencia del poderoso Hezbolá, que percibe el FMI como una emanación de los Estados Unidos. Sin mencionar que los donantes internacionales están reacios a apoyar a un país que no ha emprendido ninguna reforma básica y que no está listo para luchar contra la corrupción endémica.

De vuelta en la parte cristiana de Beirut, con los voluntarios de Al-Achrafiye. Mario se para en la Plaza Sassine, el corazón palpitante del barrio, de donde surge con orgullo una majestuosa bandera del Líbano. Entre las incesantes idas y venidas de coches, un hombrecito está sentado en el suelo. Una imagen muy rara en las sociedades árabes, él ya no tiene casa: “Hay dos personas sin domicilio fijo en la plaza” explica Tony, agarrando la bandeja de pasta para llevársela al anciano. “Marwan es uno de ellos.” En el coche, Mario observa la escena: “Cuando una familia lo necesita, puede venir a vernos. Es el lado positivo de organizar la distribución en un solo barrio.“ Baja la cabeza, desilusionado: ”Pero quién sabe... tal vez también tendremos que extender nuestras acciones a otros barrios, porque la crisis empeora cada día”.

 

Por Inés Gil

26 jul 2020 08:00

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Gobiernos de Pekín y Washington avivan conflicto diplomático

Washington. China ordenó ayer el cierre del consulado de Estados Unidos en Chengdu, tres días después de que Washington hizo lo mismo con el consulado chino en Houston, ya ocupado por la policía, en medio de acusaciones mutuas de espionaje.

Los estadunidenses deberán cerrar su representación diplomática en Chengdu, anunció el Ministerio chino de Relaciones Exteriores, en el último episodio de un choque diplomático sin precedente entre las dos potencias.

Esta decisión constituye "una respuesta legítima y necesaria a las medidas no razonables de Estados Unidos", recalcó el ministerio en un comunicado.

"Algunos empleados del consulado de Estados Unidos de Chengdu realizan actividades que van más allá de sus funciones, se han inmiscuido en los asuntos internos de China y han puesto en peligro la seguridad e intereses chinos", acusó ante la prensa el portavoz del ministerio, Wang Wenbin.

La Casa Blanca llamó a Pekín al "cese" de sus "actos nefastos" en lugar de tomar represalias, aunque evitó blandir públicamente una amenaza como respuesta a las represalias chinas.

El martes, el gobierno de Donald Trump dio 72 horas a los diplomáticos chinos para desalojar su misión en Houston, polo mundial de investigación médica y biológica.

La sanción de Estados Unidos llegó unas horas después de que dos ciudadanos chinos fueran acusados de piratería informática en la búsqueda de investigaciones sobre la vacuna contra el Covid-19.

Sin embargo, funcionarios estadunidenses dijeron el viernes que la medida no responde a un caso específico.

"En determinado momento, simplemente dices: suficiente", dijo un alto responsable del Departamento de Estado.

La tensión entre China y Estados Unidos es alimentada por las disputas comerciales y las acusaciones mutuas sobre el origen de la pandemia de Covid-19, además de la ley de seguridad nacional para el territorio semiautónomo de Hong Kong.

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El ministro de Exteriores de China, Wang Yi. / EFE

Según la cartera de Exteriores china, la situación actual entre ambos países no es deseable para el país asiático y ha delegado "enteramente" la responsabilidad en Estados Unidos.

 

China ha ordenado a Estados Unidos que cierre su Consultado General en Chengdu, en la provincia de Sichuan (suroeste), en respuesta al cierre de su misión en Houston, Texas, por parte de Washington.

El Ministerio de Exteriores de China ha comunicado que ha informado a la Embajada de Estados Unidos en el país asiático de su decisión este viernes. Asimismo, ha señalado requisitos específicos sobre el cese de todas las operaciones y eventos por parte del Consulado General, según ha informado el diario 'Global Times'.

Según la cartera de Exteriores china, la situación actual entre ambos países no es deseable para el país asiático y ha delegado "enteramente" la responsabilidad en Estados Unidos. "Urgimos de nuevo a Estados Unidos a que revoque inmediatamente su errónea decisión y cree las condiciones necesarias para el retorno de las relaciones bilaterales a la normalidad", ha detallado.

Estados Unidos dio 72 horas a China para cerrar su consulado en Houston, argumentando que hay un "desequilibrio" en las relaciones bilaterales y justificando que la medida es para proteger "la propiedad intelectual" y la "información privada" del país. Por su parte, Pekín lo consideró una "provocación política" y amenazó a Washington con adoptar "contramedidas".

China y Estados Unidos llevan años inmersos en una escalada de tensión que va desde la guerra comercial hasta las restricciones a periodistas y medios, si bien en los últimos meses se ha disparado a cuenta de la pandemia de la covid-19, de la que Washington culpa directamente a Pekín.

 

24/07/2020 09:26

 

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Covid-19: oportunidad del neoliberalismo para impulsar una brutal neo privatización educativa en América Latina

Escalamiento del Apagón Pedagógico Global 

 

Desde el año 2015 venimos denunciando el riesgo que ocurriera un Apagón Pedagógico Global(APG). Advertíamos que este APG tendría una expresión concreta en la virtualización y la relocalización en la  casa  de una parte importante de los procesos de enseñanza-aprendizaje. No lo decíamos por tremendismo, sino porque esta tendencia al APG había sido anunciada en varios documentos de las Bancas de Desarrollo y de los organismos multilaterales. Sin embargo, buena parte de la izquierda pedagógica desestimó este escenario al considerarlo improbable. Comprender esta realidad implicaba reconocer que estamos ante un reseteo planetario de la cultura educativa, lo cual desafiaba muchas de las certezas construidas en el campo de las alternativas pedagógicas. La más reciente publicación del Foro Económico Mundial de Davos “COVID-19: el Gran Reseteo” (julio, 2020) confirma las valoraciones y análisis prospectivos que hacíamos hace años.

Siempre señalamos responsablemente, que no sabíamos cuál sería el evento o el mecanismo para ello, pero que la tendencia del capitalismo cognitivo de la tercera revolución industrial apuntaba en esa dirección. El COVID-19 se convirtió en el evento que construyó las condiciones de posibilidad para el desarrollo a escala planetario del Apagón Pedagógico Global.

La transición entre la tercera revolución industrial a la cuarta revolución industrial hizo inminente el APG. Esta transición comportaba la consideración, por parte del capital, de la obsolescencia de la máquina educativa newtoniana de la primera y segunda revolución industrial. Obsolescencia determinada por el impacto de la aceleración de la innovación en los procesos educativos.

La cuarentena sanitaria por la pandemia del COVID-19 obligó a generar respuestas en materia de escolaridad y educación. Las medidas educativas elaboradas por las burocracias de los ministerios de educación, fueron construidas a partir de la apelación al concepto de “emergencia”. La real emergencia sanitaria, fue usada para desarrollar un giro inusitado, dramático y excluyente en la educación. La llamada emergencia educativa sirvió de pretexto para que en la mayoría de países se intentara dar continuidad a las labores escolares, ya no en las escuelas, liceos y universidades sino “en casa” y por mecanismos remotos, en su mayoría codificados al público bajo las expresiones de “educación virtual en casa, “universidad en casa”.

 

El paradigma neoliberal de la sociedad educadora

 

Esta “nueva Realidad” nos obliga a revalorar el paradigma educativo neoliberal de la “sociedad educadora”, que desembarcó con fuerza en la región en la década de los ochenta del siglo XX.  Esta iniciativa, en la era de la transnacionalización del capital y de la mundialización cultural contemplaba la intención de ir transfiriendo a las familias, docentes y estudiantes, las condiciones mínimas para el cumplimiento al derecho a la educación.

El fortalecimiento de los mecanismos para garantizar el pago de las matrículas y “colaboraciones para las sociedades de padres y representantes” en las escuelas públicas, sirvieron como caballo de Troya para intentar recargar en las familias los costes del mantenimiento de los planteles escolares, las actividades extraordinarias, los docentes suplentes, etc., en la ruta para que las madres y los padres fueron asumiendo la responsabilidad educativa que correspondía a los Estados. Cada vez más se le fue transfiriendo a las familias muchas de las responsabilidades que otrora habían asumido los Estados.

Esta intención pudo concretarse solo parcialmente y de manera desigual en los países de la región, gracias a la movilización del magisterio, los profes universitarios y los estudiantes; las familias lo hicieron en menor medida, atrapadas por la cultura evaluativa de la calidad educativa.

La exigencia de mayores aportes a los sistemas escolares por parte de las familias se encubría con el discurso funcional de la co-responsabilidad para alcanzar una educación inclusiva de calidad, algo que se convertía en un chantaje funcional para la desmovilización de las familias. Esa “noción” de la co-responsabilidad comporto un salto en la construcción de hegemonía, sobre la necesidad que los Estados “compartieran” con las familias los costes de la educación pública. Esta operación de propaganda, abrió las puertas a reformas en las constituciones nacionales y las leyes de educación que implicaron un abandono drástico de las responsabilidades del Estado, encubiertas con discursos progresistas.

 

La obligación de los Estados en garantizar las condiciones mínimas para el derecho a la educación

 

Desde una perspectiva emancipadora y de Estado Docente, la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación es de los Estados Nacionales. Es decir, los Estados entre otras cosas, deben garantizar que a) el presupuesto destinado a la educación no sea inferior al 6% del Producto Interno Bruto o menor del 20% presupuesto público; b) exista una legislación educativa que garantice el acceso universal a la escolaridad y en igualdad de condiciones, por lo menos, a los estudiantes de educación inicial y primaria. En algunos países esta obligación se extiende al bachillerato; c) elaborar los planes de estudio y los modelos de enseñanza-aprendizaje que garanticen un aprendizaje contextualizado a cada realidad, desafíos epocales y necesidades de la población; d) construir la infraestructura necesaria (escuela, liceos, preescolares, universidades) para garantizar la igualdad de condiciones de aprendizaje; e) dotar las escuelas, liceos y universidades de los elementos, equipos y contenidos inherentes a la aceleración de la innovación y garantizar que todes los y las estudiantes tengan las mismas condiciones de acceso a estas tecnología y conocimientos; f) desarrollar una continua actualización de la formación inicial y permanente de los y las docentes que permita  garantizar el papel de la escuela como institución democratizadora del conocimiento entre los sectores populares.

Previo a la pandemia, muchas de estas condiciones mínimas de partida no eran cubiertas por los Estados nacionales, lo cual generaba resistencias, movilizaciones y denuncias del movimiento magisterial y estudiantil.

La desinversión en educación y la precarización de las condiciones de trabajo de los y las docentes actuaban como disparadores de la premisa neoliberal de abandonar la responsabilidad de los Estados con la educación pública, dando paso al modelo de sociedad educadora.

Debemos tener cuidado que el logro del 6% del PIB como piso mínimo no sea usado en buena medida para la firma de contratos con las grandes transnacionales tecnológicas en materia de contenidos educativos digitales y virtuales, ni para construir la infraestructura base para la transición a la cuarta revolución industrial, escenario en el cual se continue recargando en las familias, estudiantes y docentes el grueso de la inversión en equipamiento tecnológico básico (computadores, laptos, celulares) y la conectividad al internet. Subrayar siempre que esto es (y sería) privatización educativa y triunfo del paradigma neoliberal de sociedad educadora.

En el plano internacional el neoliberalismo educativo cada vez más se aseguraba que en muchos de los protocolos de los organismos multilaterales, el derecho a la educación apareciera sin sus apellidos sustantivos de gratuita, popular, científica y laica. Cada vez más en estos protocolos aparece el compromiso de vincular el sector privado al cumplimiento del derecho a la educación, que no es otra cosa que la transición a la construcción de hegemonía respecto a la educación como una mercancía.

El tránsito abrupto de un modelo de educación presencial en las escuelas, al modelo de “educación virtual en casa”, de “universidad en casa” y, el temor del contagio mortal, posibilitó un acelerado abandono de las premisas de responsabilidad de los Estados Nacionales que le obligan a garantizar las condiciones mínimas para el desarrollo del derecho a la educación.

 

La neo privatización educativa en el marco de la pandemia del COVID-19

 

El Coronavirus aceleró y escaló a una dimensión impensable solo meses atrás, las tendencias privatizadoras de la educación. El modelo de “educación virtual en casa”, de “universidad en casa” que han impulsado los sistemas educativos en América Latina ha comportado una privatización de hecho. Las responsabilidades de los Estados de garantizar las condiciones mínimas para desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje han sido abandonadas y se ha entrado en la lógica del neoliberalismo educativo.

Ahora, en el marco de la pandemia del COVID-19 son las familias, les estudiantes y los y las docentes, quienes deben asumir los costes del pago del internet, la suscripción a plataformas privativas para poder dar clases, la compra o reparación de sus computadoras para dar clases. Los Estados se desentienden de su responsabilidad usando el acostumbrado lenguaje de la “vocación docente”, de la “mística de los educadores”. Se trata de una Neo privatización educativa a escala global.

Muchos de los contenidos educativos en este contexto de “virtualidad en casa”, son aquellos que están disponibles en las plataformas privativas. Los y las docentes no fueron formadas y no están siendo formados adecuadamente para trabajar en entornos digitales, lo cual ha implicado una serie de déficits y problemas derivados del ensayo y error, de “como va viniendo vamos viendo”.

Se pretende culpabilizar de los errores de la coyuntura a los y las docentes, convirtiéndose el Estado en un evaluador que con desenfado traslada su responsabilidad a terceros, usando los criterios de la cultura evaluativa. La culpabilizacióna  los docentes, es una cortina de humo que procura ocultar que se está produciendo una brutal privatización educativa.

Las condiciones en las cuales se están desarrollando los procesos de enseñanza aprendizaje son desiguales y estratificadoras. Muchos estudiantes no cuentan siquiera con una casa donde estudiar de manera estable, otros no poseen familia que les apoyen, la mayoría no tienen textos o acceso a internet, ni computadoras.

La escuela, con sus programas alimentarios procuraba garantizar que todes comieran por lo menos una vez al día, precisamente para igualar las condiciones de partida para aprender a aprender. Las medidas tomadas por los ministerios de educación han roto en solo meses, la conquista social de asociar el derecho a la educación con garantías de igualdad de condiciones para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Esa “nueva normalidad” está siendo poco denunciada, por el contrario, en muchos casos, está dinámica ocurriendo con el silencio cómplice de importantes sectores de la academia y los sindicatos burocráticos patronales.  Como en todo proceso de opresión, las resistencias marcan la diferencia y hoy casi un centenar de organizaciones del magisterio en la región, educadores populares y pedagogos críticos han comenzado a denunciar y movilizarse en contra de esta realidad.

 

Educación de primera para incluidos en la tecnología, educación de tercera para los excluidos de la tecnología.

 

Para colmo, con el pretexto de la emergencia sanitaria se está produciendo una nueva estratificación de la educación. Los que tienen acceso a computadores e internet, cuyo porcentaje no excede el 50% de la población en América Latina y el Caribe, son los que tienen la posibilidad de participar en la educación remota que intenta darle continuidad a los procesos de escolarización. Estas condiciones previas son las que se venden como logros de acceso a la formación, que en realidad son simplemente acceso a a información actualizada. Se confunde la capacidad individualizada de navegación conducida por la red de internet con aprendizajes.

Los otros y otras, la mayoría de estudiantes, que no tiene acceso a computadora e internet, están recibiendo enseñanza por televisión o radio, con contenidos y metodologías de la televisión educativa de los sesenta del siglo XX, transitando el aprendizaje con una mirada desde el retrovisor, no hacia el presente y el futuro.   Esto redundará en nuevas formas de exclusión. Es una educación de segunda para pobres.

Por otra parte, quienes viven en zonas de difícil acceso y precaria conectividad, con limitadas posibilidades incluso de acceder a una señal de radio, están recibiendo una educación por módulos, educación de tercera, que trata de ocultar que les están dejando en los bordes de la marginalidad intelectual.

La apelación a la contingencia y la emergencia para producir esta privatización educativa no tiene justificación alguna, más aún cuando las autoridades educativas desoyeron las advertencias que hicimos desde cinco años sobre un inminente Apagón Pedagógico Global (APG) y la obligación que tenían los Estados para prepararse para escenarios como estos, con la mirada pensada en la inclusión educativa y la justicia social.

 

La escuela no volverá a ser lo que era

 

Esta realidad no puede hacer que nos refugiemos de manera conservadora en intentar volver a las condiciones existentes antes de la pandemia. La escuela, liceo y universidad que teníamos en febrero del 2020 tampoco representaban la aspiración de los sectores populares y críticos, respecto a lo que debería ser una educación liberadora y emancipadora.

Se trata entonces de comprender y trabajar de manera renovada por una nueva escuela gratuita, popular, democrática, laica, científica y presencial, que reivindique la tradición y el saber pedagógico acumulado por décadas, pero que sea también sea capaz de empalmar con lo nuevo, lo emergente en clave de resistencia anticapitalista.

 

Alternativas 

 

Ciertamente lo peor que puede pasar es que un niño, niña o adolescente quede desconectado del sistema escolar. El hecho que consideremos que es necesario un esfuerzo contingente urgente, mediados por la educación por televisión, radio o módulos para los que no tienen acceso a la conexión digital, no nos impide advertir que ello está comportando una nueva estratificación, con un claro sentido de clase.

Son los pobres, las mujeres trabajadoras, la clase obrera, los campesinos, quienes viven en condiciones de marginalidad en los barrios quienes están resultando más afectados por la neo privatización educativa en marcha y la estratificación de la escolarización determinada por el acceso a computadores y conexión a internet.

Las alternativas están en el plano epistémico y en la organización para la resistencia.  En el primero, la sorpresa y la sensación de vértigo que esta situación de la cuarentena por el COVID-19 ha causado en amplios sectores progresistas, nos lleva a afirmar que lo urgente es clarificar lo que está pasando y establecer de manera compartida el horizonte inmediato contra la opresión neoliberal.

Lo segundo, reivindicar que las experiencias de colectivos pedagógicos en las escuelas, liceos y universidades emerge con fuerza como una práctica muy potente para avanzar de manera colectiva, desde abajo, en la comprensión de lo ocurre y la elaboración de resistencias anticapitalistas.

Tercero, fortalecer la unidad de los sindicatos y gremios docentes combativos, con los movimientos de educadores populares y pedagogos críticos para de manera conjunta elaborar una ruta de acciones coyunturales y estratégicas.

Es momento de inventar para no errar.

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La trastienda de la negociación de los líderes del bloque para superar las diferencias entre el norte y el sur

Qué significa el histórico acuerdo de la Unión Europea para enfrentar la crisis

Surge una Europa más solidaria, que se federó en torno a un Fondo de Recuperación cuya cifra es tan inédita como abultada: 750.000 millones de euros en ayudas a los países más afectados por la pandemia. 

 

Siempre hace falta un primer día para que haya historia. Este martes 21 de julio fue ese primer día, o mejor dicho, el último de 90 horas de transas, portazos, diatribas, insomnios y hasta arrebatos de pugilato que desembocaron en un acuerdo histórico entre los miembros de la Unión europea destinado a reactivar las economías de los 27 países y enfrentar la galopante recesión que dejó la covid-19. Recién en la madrugada del martes las dos fracciones hostiles superaron lo que, hasta el lunes por la noche, se había calificado de “posiciones inconciliables”. Por un lado, la mayoría de los Estados a cuyo frente estaban París y Berlín, ambos partidarios de una ayuda consistente a los países más afectados por la crisis (Italia, España, Grecia, Portugal); por el otro el eje de los llamados “cuatro frugales” compuesto por Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca, más un aliado, Finlandia. Se los llama “frugales” justamente por su inclinación a la disciplina presupuestaria y su oposición radical a una Europa más federal e integrada. 

Cuatro días de negociaciones pugilísticas dieron como resultado eso que los frugales no querían: una Europa que se federó en torno a un Fondo de Recuperación cuya cifra es tan inédita como abultada: 750.000 millones de euros en ayudas a los países más afectados donde se incluyen unos 390.000 millones de euros en transferencias directas (subvenciones, de hecho). Muy inspirado en las propuestas franco- alemanas presentadas el pasado 18 de mayo, el plan adoptado diseña a partir de ahora una Europa que antes no existía: al mismo tiempo que se esgrime como una respuesta económica de masa a la crisis de la pandemia, también esboza los contornos de una Europa más federal, más solidaria e integrada. Curiosamente, hasta no hace mucho, esa era la Europa que la canciller alemana Angela Merkel rechazaba. Sin embargo, la agudeza de la pandemia-crisis la llevó a evolucionar en su posición y a aceptar el plan. Si bien es menor a los 500.000 millones solicitados bajo forma de subvenciones directas, el monto no se queda lejos:390.000 millones y, el resto hasta los 750 mil, en préstamos.

El paso no tiene referentes en la historia y, con justa razón, debe estar arrancando lágrimas de bronca en Grecia. Durante la crisis griega, a Atenas le impusieron una troika (FMI, Comisión Europea y Banco Central Europeo) y Memorandos de Entendimiento a cambio de un plan de rescate tortuoso. Los 27, juntos, apartaron esa opción y combinaron dos fuentes de financiación: los préstamos y una emisión de la Comisión Europea en los mercados que pagará entre 2026 y 2058. ”Esas noches de negociaciones fueron tórridas y expuestas a todos los golpes”, contaban ayer en la prensa quienes participaron en las maratónicas cesiones. El primer encontronazo se plasmó entre el grupo frugal y los demás en torno al monto de las subvenciones: Países Bajos, Austria, Suecia, Dinamarca y su aliado finlandés no querían que las subvenciones superaran 350.000 millones mientras que París y Berlín ponían un piso nunca inferior a 400.000 millones.

Los Países Bajos, por ejemplo, propusieron incluso que el monto no llegase ni siquiera a 100 mil millones. Se consiguieron los 390 mil mencionadas y el grupito rebelde no se fue con las manos vacías: rebaja en sus propias contribuciones financieras, reducción de las subvenciones en el presupuesto 2021-2027. En el medio hubo gente que se levantó de la mesa, que dio un par de puñetazos en la misma y que amenazó con abandonar las negociaciones. La Primera Ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, tuvo que aplazar su matrimonio por culpa de la cumbre. Según cuentan los testigos, en una de las reuniones Mette Frederiksen se mostró tan cáustica que Macron y Merkel se retiraron de la sala. Antes de este episodio todos participaron en una cena ya retratada como “envenenada” por el clima y otro antagonismo interno cuyos protagonistas fueron los bad boys de la UE, o sea, el Primer Ministro húngaro, Viktor Orbán, y su no menos radicalizado colega de Polonia, Mateusz Morawiecki. El plan de reactivación contenía un mecanismo de salvaguarda por medio del cual se condicionaba la entrega de las ayudas al respeto del Estado de Derecho, principio de cuyos ideales la Polonia y la Hungría actual están muy lejos. Orbán dijo que le querían imponer “una dictadura comunista”. El plan final dejó el tema entre brumas (“un sacrificio doloroso” dijeron algunos) y con la promesa de volver a tratarlo. Se evitó así que Orbán vetara el texto en discusión. Todo era tan incierto que el sábado 18 de julio, a las tres de la madrugada, Merkel y Macron saboreaban un vaso de vino blanco y dudaban realmente si iban o no continuar con las negociaciones.

Apostaron por el sí cuando la fisura entre el Norte y el Sur de Europa parecía más profunda. Por un lado Países Bajos y su insolente y despreciativo Primer Ministro Mark Rutte, por el otro Roma, Atenas, Madrid y Lisboa, considerados por Rutte como incapaces y gastadores. La construcción europea es hija de un compromiso y el de estos días restaura esa regla y, al mismo tiempo, inaugura otra: uno, es la primera vez que la Comisión Europea se endeuda en nombre de los 27 por un monto tan abismal. Antes, la Comisión había emitido deuda en los mercados, pero nunca por más de 100 mil millones: dos, de los 750.000 millones, 360.000 podrán ser prestados a los Estados que lo pidan y son esos mismos Estados quienes devolverán el dinero. Los otros 390.000 millones se transferirán de aquí a 2023 bajo forma de subvenciones, las cuales serán reembolsadas por los 27 países. Con este mecanismo, los europeos mutualizaron la deuda, se endeudaron juntos por 30 años y asumieron así una suerte de conducta práctica y no retórica de solidaridad que los liga más allá de sus sueños….y pesadillas.

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Italia contará con casi 209 mil millones para su recuperación económica 

 

Europa ayuda a Italia con una montaña de euros

Por Elena Llorente

Después de casi cinco días de durísimas negociaciones, los 27 países de la Unión Europea llegaron a un acuerdo sobre el llamado Fondo de Recuperación, las ayudas destinadas a las naciones europeas en serias dificultades económicas a causa de la covid 19, aprobando un total de 750 mil millones de euros. El gobierno italiano, que recibirá casi 209 mil millones, se mostró muy satisfecho por los resultados que ayudarán a relanzar la economía italiana, una de las más afectadas en Europa por la pandemia.

Se habla de que la Unión Europea sufrirá la recesión más grande de su historia y de que la crisis será la más profunda desde la gran depresión de 1929. Según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), sólo por dar un ejemplo, la desocupación podría llegar a un máximo histórico del 9,4% en promedio a fines de 2020 en los 37 países miembros de esa organización, entre ellos varios europeos, latinoamericanos y asiáticos.

Para Italia, el futuro se presenta más complicado. Las estimaciones de la OCDE hablan de la desocupación en torno al 12,4% a fines de 2020. Pero si la cuarentena debe reimponerse por una nueva agresiva presencia del virus, como se prevé para el otoño-invierno europeo, no habría muchas mejoras en la ocupación italiana. Para el 2021, según la OCDE, y pese a que Italia estaría un poco más preparada para afrontar una nueva cuarentena, se calcula que la desocupación podría llegar al 11.5%. Los fondos europeos negociados esta semana estarán destinados en buena parte a crear fuentes de trabajo.

La insistente oposición llevada adelante por los gobiernos de centro-derecha de Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca, entre otros, no impidieron que la UE aprobara el total de 750 mil millones de euros para restaurar la economía europea, 390 mil millones en calidad de subvenciones y 360 mil millones como préstamos. Todo se hará a través de la emisión de Eurobonos.

“Hemos conservado los 81,4 mil millones de euros a fondo perdido que nos había destinado la Comisión Europea en su primer programa, pero hemos incrementado notablemente el importe destinado a los préstamos, que pasaron de 91 mil millones de euros a 127,4 mil millones”, explicó el primer ministro Giuseppe Conte a la prensa sobre los 208,8 mil millones que Italia recibirá. El gobierno italiano está muy satisfecho de los resultados calificados por Conte como “un momento histórico para Italia y para Europa”. El primer ministro anunció además que se creará una comisión especial para un rápido y eficaz uso de ese dinero que para Italia significa el 28% del total del dinero aprobado por la UE. “Tendremos una gran responsabilidad: con casi 209 mil millones de euros Italia puede partir con fuerza y cambiar su aspecto. Pero tenemos que correr”, subrayó el primer ministro.

También el presidente de la República, Sergio Mattarella, manifestó su satisfacción por el “importante resultado del Consejo Europeo que refuerza la Unión y contribuye a la creación de condiciones que permitan a Italia disponer rápidamente de un concreto y eficaz programa de intervenciones”. Y el ministro de Economía, Roberto Gualtieri, del Partido Democrático (PD), contó: “Estamos trabajando para elaborar un programa que relance la economía italiana, que afronte problemas históricos y haga aumentar las inversiones en infraestructuras y digitalización, entre otras cosas”. Según Gualtieri se está elaborando un plan “preciso y detallado” en este sentido, que debería partir en octubre. “El gobierno sale reforzado de estas negociaciones”, concluyó Gualtieri.

El Movimiento Cinco Estrellas (M5S) -que junto con el PD integran el gobierno de Conte- se dijo igualmente satisfecho. “Es un resultado fundamental para nuestro futuro, fruto del trabajo del primer ministro Conte, de todos los ministros que participaron y del cuerpo diplomático al que agradezco -escribió por su parte en Facebook el ministro de Asuntos Exteriores, Luigi Di Maio, ex máximo dirigente del M5S -. Hoy Europa ha demostrado que ha cambiado: piensa en el interés común de todos los estados miembros. Esto demuestra que es posible una Europa diferente”.

El centro derecha italiano no parece del todo contrario al acuerdo logrado en la UE. Para Silvio Berlusconi, de Forza Italia en efecto, “La de anoche ha sido una noticia positiva para Italia. Pero el camino es todavía largo. Hay que hacer un plan que esté dirigido hacia el futuro y no de tipo asistencial. Y esta vez pedimos al gobierno que la oposición pueda participar de esas decisiones , declaró.

El que se manifiestó contrario, como siempre, a todo lo que hace el gobierno, fue el líder de la ultra derechista Liga, Matteo Salvini. “La Liga ilustrará en breve cuánto dinero llegará de Europa, en cuánto tiempo y para hacer qué cosas. Y así “evitar una estafa grande como una casa que se alcanza a vislumbrar al final del túnel”, dijo Salvini en tácita alusión a eventuales maniobras no transparentes del gobierno y de la UE a la que él combate, como el resto de los derechistas europeos. El líder de la Liga -primer partido de Italia con el 25% de los votos pese que ha perdido algunos puntos según las últimas encuestas mientras el PD ha crecido- se prepara así a las elecciones que se llevarán a cabo en siete regiones italianas, en principio a mediados de septiembre, y en las que se podrá apreciar claramente qué piensan los italianos del gobierno que ha combatido una crisis sin precedentes como la del covid, y de la Liga que se ha limitado a estimular el ultra nacionalismo y la discriminación en todas sus críticas. 

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Miércoles, 22 Julio 2020 06:28

El colapso de EU, según Dmitry Orlov

Campamento de personas sin hogar junto al Ben Franklin Parkway, bulevar escénico que recorre el centro cultural de Filadelfia, en el estado de Pensilvania.Foto Ap

La colapsología estudia en forma transdisciplinaria los riesgos de la caída de la civilización (sic) industrial y la "sociedad globalizada": distopía acuñada por Raphaël Stevens y Pablo Servigne, "Cómo se puede colapsar todo" (https://bit.ly/3hopHpY).

En su célebre libro Los cinco estadios del colapso (https://amzn.to/39jGHuE), de hace siete años, el gran pensador ruso-estadunidense Dmitry Orlov sustenta que las sociedades han ido más allá del punto de la sustentabilidad por lo que se mueven en un conjunto secuencial de cinco estadios de colapso: 1. Financiero; 2. Comercial; 3. Político; 4. Social; y 5. Cultural.

En un reciente escrito analiza la implosión de EU y comenta que sus cinco estadios se aplican, pero en reversa: viniendo en primer lugar su desmoronamiento cultural, seguido por su dislocación social, su disfuncionalidad política, su declive comercial y su espejismo financiero.

Dmitry Orlov es ingeniero de sistemas y fue testigo del colapso de la URSS que compara al de EU, que atribuyó a "una severa carestía de la producción del petróleo, al empeoramiento del déficit comercial foráneo, a un exagerado presupuesto militar, y a una discapacitante deuda foránea" (https://bit.ly/2OQkz1z).

Orlov explaya su abordaje del colapso de EU, a quien trata como un "imperio" que se basa en "los tres mismos pilares (sic) de otros imperios": cultura, ideología e historia (https://bit.ly/3jppdln).

  1. La cultura: Dmitry Orlov confunde cultura, como estamento de una civilización, con el vulgar “entretenimiento ( entertainment)” de los montajes de Hollywood y los latrocinios tóxicos de Netflix y su propaganda barata. EU carece de cultura y le sobra entrenamiento propagandístico.
  1. La ideología: la acumulación de una exagerada riqueza individual, en detrimento de la "comunidad", con tintes "blancos", y condimentada en forma hipócrita por el calvinismo selectivo de los WASP (blancos, protestantes anglosajones).
  1. La Historia: Dmitry Orlov coloca en relieve la "agresión territorial contra México" a quien despojó "una gran parte de su territorio" cuando EU llega a arrogarse el "triunfo" de la Segunda Guerra Mundial que pretende arrebatar a la URSS que venció a los alemanes.

Dmitry Orlov concluye: "qué se espera de una población cuyos íconos culturales son superhéroes que perdieron sus superpoderes, cuya ideología se basa en la creencia de la bondad del lucro inmundo que es hecho polvo debido a los abusos de la impresora de dólares, y cuyo bienestar se centra en recibir la limosna de la imprenta de dólares y cuya historia ha sido reducida a una letanía de atrocidades que ninguna humillación pública puede recomprar".

El colapso de EU fue previsto para este año 2020 por el gran pensador noruego Johan Galtung en su libro La caída del imperio estadunidense (https://goo.gl/gF3eYV), quien había previsto el derrumbe de la URSS con exagerada precisión (https://bit.ly/32HLbKk).

Nada menos que Paul Craig Roberts, secretario asistente del Tesoro de Reagan, exclama que "el colapso de EU no es más evitable", y cita justamente a Dmitry Orlov.

Paul Craig Roberts aduce que "una vez que el sustento de un país está desacreditado entre la nueva generación, el país colapsa".Se refiere a que 40 por ciento de los contestatarios son "blancos (sic), primordialmente demócratas y menores de 30 años de edad" (https://bit.ly/2E75FlH).

A mi juicio, a estos grandes pensadores prospectivistas les faltó agregar la dinámica demográfica y los grandes flujos migratorios que trastocan las correlaciones de fuerzas de un status quo inviable.

Debido a la cultura abolicionista nuclear que profeso, me perturba el destino y la posesión del pletórico arsenal nuclear de EU, en caso de su dislocación y/o balcanización (https://bit.ly/3jpqfOh).

Debido a la (des) composición del ejército de EU –constituido por más de 40 por ciento de sus minorías "afro" y mexicanos– es probable que el sector WASP, hoy a la defensiva, y sus aliados "evangelistas sionistas" (https://bit.ly/2WKpBRL), se queden con él.

Como sucedió con el colapso de la URSS cuando Rusia concentró su omnipotente arsenal nuclear de las partes cedidas por Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán.

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Militares brasileños fracasan en su prueba de fuego

Tras la dictadura, los militares brasileños quedaron aislados en la transición a la democracia. En ese momento, la dictadura fue repudiada por lo que todas las acciones militares fueron rechazadas, consideradas negativas. Era como si Brasil se reencontrara con la democracia, abandonada por los militares con el golpe de 1964 y la dictadura castrense de 21 años.

Hubo un proceso de desmilitarización del Estado, el sistema político retomó sus criterios liberales: separación de los tres poderes de la república, elecciones periódicas, pluralidad de partidos, prensa libre (que, en el liberalismo, significa prensa privada). Brasil incluso contó con una asamblea constituyente, para contar con una Constitución democrática y para erradicar las normas que la dictadura, a través de sus actos institucionales, había impuesto.

Sin embargo, los militares nunca han asumido una posición oficial sobre el golpe y la dictadura. El silencio fue como si continuaran creyendo que habrían salvado a Brasil de los riesgos del comunismo con el golpe de Estado de 1964. Que la dictadura habría puesto al país nuevamente en el camino del desarrollo económico, convirtiéndolo en una potencia, estrechamente aliada a Estados Unidos, en la guerra fría, contra el comunismo.

Las fuerzas armadas no han vuelto a comentar sobre su trayectoria. Se han retirado en silencio a los cuarteles. Siempre han participado en los gobiernos, en el marco de los ministerios reservados para ellos. Los gobiernos del PT les propiciaron condiciones para modernizar sus equipos.

La Comisión de la Verdad volvió a revisar el desempeño militar, revelando su papel durante la dictadura, incluida la tortura como método sistemático de interrogatorio, así como actualizando el número y los nombres de las víctimas, asesinadas, desaparecidas y torturadas por ellas. Los militares no tenían forma de contestar, incapaces de impugnar las graves acusaciones, que actualizaban el papel extremadamente negativo del golpe, la dictadura, la tortura, la responsabilidad de la fuerza armada.

Los resentidos militares han encontrado la posibilidad de venganza en el discurso de Bolsonaro. Fue alguien que públicamente reclama el papel de la fuerza armada en el golpe militar de 1964, la dictadura, la tortura. Quien los llamó a gobernar, con la ideología anticomunista de la guerra fría, que atribuye a los militares el papel de garantizar el orden, luchar contra la subversión y el comunismo.

Los militares han comenzado a ingresar al gobierno de buena gana, ocupando más y más cargos y de mayor importancia, y se han comprometido con todo lo que hace el gobierno. Con la corrupción, con la incapacidad de gobernar el país, con la falta de prestigio de Brasil en el mundo. Hasta que decidieron entrometerse en el Ministerio de Salud. Confiados en su supuesta capacidad para resolver problemas, se ponen en situación de riesgo total para su imagen.

Sin tener experiencia ni condiciones para enfrentar problemas de salud pública, han desplazado a todo el personal de salud pública en Brasil, con amplia experiencia y prestigio, para correr el riesgo de enfrentar una situación que mata a miles de brasileños todos los días, a uno a cada minuto.

El ejército falla abiertamente en el Ministerio de Salud, explicitando públicamente su incompetencia y su responsabilidad por las miles de muertes diarias en Brasil. Es evidente, con resultados escandalosos, la incapacidad de los militares para dirigir el Ministerio de Salud en medio de una pandemia. La imagen de competencia que los militares tenían la intención de promover desde la dictadura militar y que ahora querían actualizar, se deshace por completo.

Si continúan dirigiendo el Ministerio de Salud, pasarán a la historia por sus responsabilidades en el manejo criminal, responsables de decenas de miles de muertes. Si se van, se irán como fracasados, incompetentes.

En cualquier caso, los militares tendrán la imagen de estar asociados con la imagen del gobierno de Bolsonaro, el más corrupto, más incompetente y con la imagen de Brasil más degradada del mundo, más comprometida por la muerte de un brasileño a cada minuto. Fallan en su prueba de fuego.

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Participantes en el paro en solidaridad con el movimiento Black Lives Matter, ayer afuera del Congreso de Ohio. Foto Afp

Las demandas van desde el repudio al racismo sistémico hasta la exigencia de salarios dignos y seguros médicos

 

Nueva York., Decenas de miles de trabajadores y sus aliados participaron en un paro nacional y acciones de solidaridad como parte del movimiento Black Lives Matter en decenas de ciudades del país al vincular el racismo sistémico y la injusticia económica, mientras el presidente de Estados Unidos amenazó con desplegar fuerzas federales militarizadas en varias de las principales ciudades para enfrentar el "desorden".

El "Paro por las vidas negras" se realizó en más de 25 ciudades con decenas de miles de participantes en acciones para suspender labores, manifestarse, y a las 12 del día hincarse sobre una rodilla por ocho minutos y 46 segundos, el símbolo del nuevo movimiento al marcar el tiempo que un policía blanco colocó su rodilla sobre el cuello del afroestadunidense George Floyd hasta su muerte, según informaron los organizadores.

Varios sindicatos nacionales, desde el de servicios (SEIU), TEamsters, del magisterio (AFT), de Comunicación (CWA), el gremio de actores (Actors’ Equity) y músicos, enfermeras y trabajadores hospitalarios, así como los del sector de comida rápida, jornaleros, trabajadores aeroportuarios, de la construcción, empleadas domésticas y más participaron en el paro.

Las demandas van más allá de obligar a empresas e instituciones a declarar que "las vidas negras valen", al vincular el racismo sistémico con las injusticias económicas por la falta de salarios dignos, la explotación de mano de obra, la falta de seguros médicos como derechos laborales incluido el de formar sindicatos (https://j20strikeforblacklives.org/ es/demands/).

De Los Ángeles a Nueva York (frente al hotel Internacional Trump, entre otros lugares), Wa-shington, DC, San Francisco, San Luis, Minneapolis, Boston y Durham se realizaron marchas, mítines y actos simbólicos. Algunos exigieron beneficios y apoyo para trabajadores esenciales inmigrantes, otros para elevar el salario mínimo en cadenas como McDonald’s y empresas como ATT y UPS condiciones más seguras ante la pandemia en los centros de trabajo.

“Hoy estoy con los trabajadores a lo largo del país que están participando en #StrikeforBlackLives”, declaró vía Twitter el senador Bernie Sanders. "Trabajadores se están levantando en el país para decir que la justicia económica es justicia racial", declaró el senador Ed Markey, quien también participó.

El reverendo William Barber, de la Campaña de los Pobres, comentó: "la lucha para las vidas negras también es una lucha para obtener justicia económica y una voz".

En la Casa Blanca, Trump dijo que estaría enviando fuerzas de seguridad federales a más ciudades gobernadas por demócratas para reprimir protestas vinculadas con ell movimiento Black Lives Matter que considera inaceptables.

A pesar de furiosas críticas de autoridades locales y estatales de Oregon, legisladores federales y organizaciones de defensa de libertades civiles contra el despliegue de fuerzas militarizadas del Departamento de Seguridad Interna en Portland, que han confrontado a manifestantes con balas de goma y gas lacrimógeno, así como secuestrado a varios inconformes en vehículos no identificados durante horas sin presentar cargos para supuestamente proteger propiedades del gobierno federal, Trump insistió ayer en que esto es necesario y que están haciendo "una labor fantástica".

Explicó que los agentes federales "agarran a mucha gente y encarcelan a los líderes". Agregó que "éstos son anarquistas, no manifestantes. Ésta es gente que odia a nuestro país".

En ese contexto amenazó con enviar fuerzas similares a varias ciudades y mencionó Oakland, Filadelfia, Chicago (se reporta que pronto se desplegarán 150 agentes federales a esta ciudad), Detroit, Baltimore y Nueva York; todas con alcaldes a quienes llamó "demócratas liberales", y subrayó que “estamos enviando fuerzas de seguridad pública… no podemos permitir que esto ocurra en las ciudades”.

Las fuerzas federales son parte de una nueva entidad paramilitar del Departamento de Seguridad Interna formada después de que Trump emitió una orden supuestamente para proteger monumentos y estatuas, empleando como justificación legal cláusulas de una ley creada después de los atentados del 11-S en 2001.

Pero las imágenes de fuerzas federales en camuflaje y equipo militar en una ciudad provocaron denuncias de diversos políticos y defensores de derechos y libertades civiles. Más aún, sólo han multiplicado el número de manifestantes, acompañados en días recientes por agrupaciones de madres, algunas con cascos, que corean "dejen en paz a nuestros hijos" y "que quede claro, las madres han llegado".

Ted Wheeler, alcalde de Portland, ha calificado la maniobra federal de "ataque contra nuestra democracia", y reiteró su exigencia para que las fuerzas sean retiradas. La gobernadora de Oregon, Kate Brown, acusó al secretario de Seguridad Interna de buscar "provocar confrontación con propósitos políticos".

En el Congreso, líderes demócratas están impulsando una investigación federal sobre posibles violaciones a la Primera Enmienda de la Constitución (libertad de expresión).

Laurence Tribe, reconocido profesor de ley constitucional de Harvard, indicó acerca de las órdenes de Trump en Portland y otras ciudades: "esto es como comienza. El hambre dictatorial del poder es insaciable. Si hubiera un momento para la desobediencia civil pacífica, ese momento está sobre nosotros".

Por David Brooks

Corresponsal

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Martes, 21 Julio 2020 06:13

Bolivia en la encrucijada  

Bolivia en la encrucijada  

La derecha boliviana (bueno, sus asesores norteamericanos y argentinos) leyeron las encuestas del derecho y del revés. Y llegaron a la conclusión de que no hay forma de que Jeanine Añez gane en los comicios si es que estos se realizan el 6 de septiembre. Es más, el MAS podría repetir un triunfo histórico.

Por ello, enarbolan el temor como bandera: si se va a votar los sufragantes corren peligro de contraer coronavirus. El último en sumarse a esta cruzada ha sido Jorge Tuto Quiroga, quien ha puesto el ejemplo de sus padres octogenarios para decir que él no los pondría en peligro.

Y Jeanine Añez ha comenzado a soñar de nuevo. Sus oraciones podrían hacerse realidad y ella seguir sentada en la silla. Pero tiene un gran problema: con el equipo que cuenta no tiene posibilidad alguna se continuar pues la población les ha perdido el respeto debido a la corrupción y la incapacidad para enfrentar las crisis generadas por las dos pandemias: la salud y el hambre.

Por ello requiere de un segundo aire. Cuando comenzó la crisis de la covid-19 los oficialistas estaban seguros de que ella permitiría que puedan tener el favor ciudadano si lograban salir airosos de la prueba. Por muy al contrario se aplazaron.

Pero ahora proponen un gobierno de Unidad Nacional, es decir la alianza de toda la derecha, posiblemente sin Mesa, pero claramente sin el MAS para poder “ahora sí hacer las cosas bien”.

Por eso, su exministro de la Presidencia y hombre de Luis Fernando Camacho, Jerjes Justiniano, ha planteado suspender los comicios y hacer gobierno de unidad hasta el 6 de agosto del 2021.

La presidenta contempla entonces marzo como fecha de elecciones.

La furia popular

Claro que para eso la ultraderecha tiene que superar dos grandes escollos: primero el del MAS que por supuesto no aceptará la postergación y luego la molestia popular que quiere que hayan elecciones para tener un nuevo gobierno que enfrente con legitimidad la pandemia.

En el primer caso el oficialismo buscará conseguir los votos necesarios en el Congreso tratando de sumar a parte de la bancada del Movimiento al Socialismo. Ya el presidente de la Cámara de Diputados y militante del partido de Evo Morales, Sergio Choque, se pronunció sobre darle la potestad al Tribunal Supremo Electoral para que vea la mejor fecha para la realización de las elecciones.

El pedido de inhabilitación de la sigla izquierdista al haber supuestamente revelado Luis Arce encuestas internas sería la carta de transacción para que se acepte la postergación con el límite de noviembre de 2020. Y cuando se acerquen los plazos al penúltimo mes del año habría una nueva postergación, o mejor aún una nueva convocatoria para el próximo año.

Las cartas sobre la mesa

Pero el MAS también tiene un joker entre sus cartas. Si bien el artículo 136 de la Ley Electoral prohíbe la difusión de encuestas, una ley posterior la de Organizaciones Políticas no contempla esta variante; por lo tanto, no habría posibilidades de inhabilitación dado que quien debe definir la contradicción de dos leyes es el Parlamento y tiene primacía la más nueva. Además ya se presentó ante Tribunal Constitucional Plurinacional la inconstitucionalidad del 136 al violar el derecho a la libre expresión.

La otra carta ganadora es la molestia de grandes sectores sociales que están esperando las elecciones como la posibilidad de terminar con un gobierno al que califican como dictatorial.

Hasta el momento el Movimiento al Socialismo ha sido el dique que ha evitado que se desborden las movilizaciones. Si se postergan las elecciones, habrá problemas.

Claro que Jeanine y, sobre todo el hombre detrás del trono, Arturo Murillo, juran que con represión y con el miedo a contagiarse de covid-19 es posible frenar a los díscolos “aunque sea a bala”, lo que Murillo ha repetido a quien quiera oírle. Su pasado hace creíble esto.

Como todo juego de tronos éste también es el de enmascaramientos. El Tribunal Electoral lanzará su propuesta de tener la facultad de cambiar la fecha. Quieren elecciones en noviembre pero no quieren decirlo así (o no pueden) y prefieren dejar la cosa en un margen que iría del 6 de septiembre al 29 de noviembre. La ultraderecha quiere elecciones para el próximo año pero propondrá como primer paso noviembre para luego postergar este plazo también.

De momento la pelea pasará a Congreso. Jeanine dará como ofrenda a los dioses bajar su postulación, Camacho y Tuto ya tejen ser parte del gobierno y de sus mieles, el MAS vela las armas para el combate, pero ¿y Mesa?: como siempre el expresidente juega a las dos puntas, a algunos les dice que no hay que mover la fecha pero públicamente dice que si la pandemia aprieta habría que postergar.

En una reciente entrevista Arturo Murillo dijo que el 6 de septiembre habría violencia y que Bolivia se jugaba los próximos 30 años. Parece que esta vez no ha mentido.

Jaime Iturri Salmón es periodista.

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El presidente sirio Bashar al-Assad y su esposa Asma se registran para emitir su voto durante las elecciones parlamentarias. / Europa Press

Tras las elecciones parlamentarias celebradas el domingo, y cuyos resultado no tendrán ninguna incidencia, Siria vuelve a la realidad cotidiana de las sanciones internacionales. Estos días se cumplen veinte años del ascenso al poder de Bashar al Asad, y tras casi una década de guerra civil, nadie alberga ninguna esperanza de que la situación vaya a mejorar a corto plazo.

 

Veinte años después de su ascenso al poder, el presidente Bashar al Asad participó el domingo a unas nuevas elecciones parlamentarias, las terceras desde el inicio del conflicto en 2011, elecciones que lo ratifican al mando de Siria pese a la enorme presión y las innumerables sanciones de Estados Unidos, Israel y la comunidad occidental en general. 

En el verano de 2000, a la edad de 34 años, Asad, un oftalmólogo educado en el Reino Unido, alcanzó el poder tras la muerte de su padre Hafez al Asad. Él mismo declaró entonces que planeaba liberalizar hasta cierto punto la política y la economía, pero enseguida tuvo que dar marcha atrás y consolidar la autocracia que heredó.

Un país como Siria, de una enorme complejidad étnica y religiosa, es casi ingobernable. Una liberalización de la política habría entregado el poder a islamistas de todo pelaje y condición, y habría sido un paso importante en la dirección de una cruenta guerra civil.

A los visionarios americanos que azuzaron el caos en Oriente Próximo obedeciendo a los intereses y consignas de Israel, no les importaba un rábano esa posibilidad, como demostraron en Irak. No es de extrañar que el último embajador americano en Damasco, Robert Ford (2010-2014), recorriera el país excitando a la población para que se rebelará contra Asad. Las consecuencias llegaron pronto y son las que todos conocemos.

A día de hoy está claro que no hay ni nunca ha habido libertad política en Siria y que eso debe achacarse básicamente a las ambiciones de las fuerzas islamistas de crear un estado islámico mucho más sectario que el de Asad, ambiciones que el gobierno ha reprimido sin contemplaciones para poder subsistir. Ciertamente, el gobierno de Asad no es el ideal, pero las alternativas que se ofrecen fácilmente podrían ser mucho peor.

Las cárceles siempre han estado llenas de islamistas. En los ochenta los islamistas echaban ácido en la cara de las jóvenes que no se cubrían el rostro, y cometían toda suerte de atentados. La matanza de Hama en 1982, ejecutada por el tío de Asad, fue el momento más álgido de la represión. Hoy Rifaat al Asad, el más proamericano del régimen, en su dorado exilio europeo, contrata abogados israelíes vinculados al gobierno de Benjamín Netanyahu para defenderse de los cargos de corrupción, según ha recogido la prensa hebrea esta semana con nombres y apellidos y sin que los interesados lo hayan desmentido.

El lector puede hacerse una idea de las cárceles sirias leyendo El caparazón. Su autor, Mustafa Khalifa, es un cristiano que por error fue encarcelado en la notoria prisión de Tadmor, especializada en islamistas. Khalifa cuenta sin cortarse un pelo sus experiencias hasta que años después, descubierto el error, fue trasladado a una prisión para no islamistas, donde había desde disidentes comunistas hasta liberales que vivían en unas condiciones más relajadas que los presos de cualquier prisión europea, con sus juergas, buena vida y alcohol incluidos.

Naturalmente, hay grupos liberales, especialmente en Occidente, pero también dentro de Siria, que aunque son minúsculos piensan que todo sería mucho mejor si se descabalgara a Asad. Las cosas irían de rositas y todos seríamos felices y comeríamos perdices. En esta gente han encontrado una excusa los gobiernos occidentales para implicarse directamente en el conflicto. Por eso muchos países occidentales y de la región han apoyado a los yihadistas más radicales que rebanaban cuellos con armas, dinero y logística, para acabar con el gobierno de Damasco.

Pero la realidad ha sido tozuda. Cuando empezaron las injerencias occidentales tras las llamadas primaveras árabes, algunas voces locales poco sospechosas de radicalismo ya advirtieron que lo que se estaba cociendo era un colosal error, pero nadie les hizo caso. Una de esas voces, la del patriarca maronita (católico) de Líbano, Bishara al Rai, puso el grito en el cielo a causa de la brutal injerencia que ponía en peligro la estabilidad y la convivencia logradas a través de los siglos, en Siria, en Irak y más allá. Nadie lo escuchó.

Las potencias regaron con armas y dólares a la "oposición moderada", es decir a grupos presuntamente liberales cuyos miembros podían contarse con los dedos de una o dos manos, y que no representaban a nadie más que a ellos mismos. Pero también regaron de armas a grupos yihadistas como el Estado Islámico y Al Qaeda que rebanaban cuellos y que eran la verdadera "oposición". Residuos importantes de estos grupos perviven en la provincia de Idlib sin que nadie los combata.

En la tesitura actual, Asad no tiene más remedio que aferrarse al poder. Al principio, cuando estallaron las revueltas, muchos creían que iba a poner tierra por medio y se iba a apartar, y que el país descendería al caos. El caos llegó de todas maneras impulsado por dirigentes extranjeros, y ahora hay que aceptar la nueva realidad y no seguir soñando con lo que sería lo ideal, como hacen los cuatro liberales que quedan.

El problema es que Occidente no va a aceptar la realidad, como no la aceptó en Irak o Afganistán, como no la acepta estos días en Libia ni en otras partes. En lugar de influir en la región de una manera positiva, los europeos se mantienen al margen cuando se les necesita o participan en los conflictos persiguiendo ideales irrealizables o intereses económicos, principalmente venta de armas. Las duras sanciones impuestas harán la vida mucho más difícil para la población siria en general y no resolverán ningún problema.

JERUSALÉN

21/07/2020 07:49

Por EUGENIO GARCÍA GASCÓN

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