Sábado, 14 Noviembre 2020 05:58

La insólita saga de los presidentes peruanos

La insólita saga de los presidentes peruanos

En un nuevo síntoma de la putrefacción crónica que padece la institucionalidad peruana, el Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra en una maniobra muy floja de papeles que agudiza la crisis multidimensional que vive el país y consolida el altísimo descrédito hacia la clase política. La fragilidad democrática asombra ojeando el decadente ocaso de los últimos seis mandatarios: todos terminaron destituidos y/o presos, a excepción de Alan García que no llegó a la cárcel porque se suicidó minutos antes de ser detenido.

Faltando sólo cinco meses para las elecciones presidenciales, y en un segundo intento, se concretó la moción de vacancia que selló la caída de Vizcarra, quien había asumido en marzo de 2018 luego de la renuncia por corrupción de Pedro Pablo Kuczynski, de quien era su vice. La acusación bajo la imprecisa figura de “incapacidad moral” se basó en presuntas coimas en la licitación de dos obras públicas cuando Vizcarra era gobernador de Moquegua (2011-2014), en una investigación que recién está en etapa preliminar. Quien impulsó la jugada fue el empresario ganadero Manuel Merino (foto), titular del Congreso ahora devenido en nuevo presidente, y fue ejecutada por un Parlamento que tiene 68 de los 130 legisladores procesados por corrupción y sedientos de inmunidad. La turbia maniobra express instaló la idea de un golpe de Estado -al estilo de los derrocamientos parlamentarios que sufrieron Dilma en Brasil y Fernando Lugo en Paraguay- y generó un masivo repudio en las calles con desenlace incierto.

El episodio no hizo más que acelerar la espiral autodestructiva de un sistema político cada vez más deteriorado, marcado por una corrupción endémica y un constante choque de poderes. Una profunda crisis política, moral, económica y encima sanitaria: Perú es el segundo país del mundo con mayor tasa de mortalidad por coronavirus. Una trama compleja cuya expresión más nítida es el desdichado destino de los presidentes en los últimos 20 años:

* Alberto Fujimori (1990-2000): Símbolo de una época, devenido en dictador con el autogolpe de 1992. En noviembre del año 2000 escapó a Japón desde donde renunció vía fax un día antes de que el Congreso aprobara su destitución. En 2009 fue condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad.

*Alejandro Toledo (2001-2006): Imputado en el caso Odebrecht por recibir unos 30 millones de dólares para favorecer a la constructora brasileña. Estuvo tres años prófugo de la Justicia en California, Estados Unidos, donde fue arrestado en julio de 2019 y cumple arresto domiciliario mientras se espera su extradición.

* Alan García (1985-1990 / 2006-2011): Afrontó diversas acusaciones de corrupción durante su último mandato. Procesado en la causa Odebrecht por presuntos sobornos en la construcción de un tren, se pegó un tiro en abril de 2019 cuando la policía lo estaba por detener.

*Ollanta Humala (2011-2016): En julio de 2017 fue condenado a 18 meses de prisión preventiva por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, acusado de recibir tres millones de dólares de Odebrecht para su campaña. Pese a estar en libertad condicional a la espera del juicio, anunció recientemente su candidatura presidencial para 2021.

*Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018): Renunció un día antes de que el Congreso votara su destitución y se convirtió en el primer presidente latinoamericano en perder su cargo por la trama de corrupción de Odebrecht. Está bajo arresto domiciliario por presunto lavado de dinero y por recibir 782 mil dólares de la empresa brasileña.

Vencedores vencidos

El capítulo Vizcarra, sexto presidente seguido que cae en desgracia, es diferente al resto y su salida huele más a golpe parlamentario. Si bien su breve gestión no se corrió de la continuidad neoliberal y su política exterior se mantuvo alineada a Washington, intentó impulsar algunas reformas anti-corrupción y en 2019 disolvió el cuestionado Congreso convocando a nuevas elecciones. Sin partido ni legisladores propios, Vizcarra quedó en la mira de una mayoría parlamentaria (electa en enero de este año) que le terminó pasando factura, apeando a la difusa figura de "vacancia por incapacidad moral” que sirve como mecanismo destituyente sin necesidad de largos debates ni mucha solidez argumentativa.

Se cierran dos décadas en las que el Perú fue noticia por los recurrentes escándalos que sacudieron a sus presidentes; espasmos de la crisis orgánica de un régimen moldeado por la Constitución de Fujimori de 1993. Se abre, en el corto plazo, el desafío de que en las elecciones de abril el descontento popular finalmente pueda ser capitalizado por alguna fuerza progresista, como Nuevo Perú liderado por Verónika Mendoza. Se impone, como meta de largo aliento, el deseo de que el pueblo peruano, como en su vecino Chile, pueda tumbar esa pesada herencia fujimorista y empezar a escribir una nueva historia.

* Editor de NODAL. Autor del libro "América Latina. Huellas y retos del ciclo progresista". Conduce el programa radial “Al sur del Río Bravo”.

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Viernes, 13 Noviembre 2020 06:08

Golpe (rascuache y zafio) a la peruana

Manuel Merino

En tiempos de fake news y prensa embozada, el solo hecho de llamar las cosas por su nombre es valiente y útil. En Perú, únicamente dos medios –la revista IDL Reporteros y el diario La República– han definido como "golpe de Estado" lo que la mayoría de la prensa y las agencias internacionales han titulado asépticamente "Vacancia del presidente Martín Vizcarra por el Congreso de Perú".

Y es que la emboscada iba ya bien ensayada, con un intento fallido hace dos meses que utilizaba la misma causal de "incapacidad moral permanente" y parecía inspirado en la acción parlamentaria que derrumbó al presidente anterior, Pedro Pablo Kuczynski, en marzo de 2018.

Sobre la transformación del presidente del Congreso, Manuel Merino, en presidente de la República con una simple votación parlamentaria y sin ninguna acusación probada, se escribe en el editorial del martes de La República:

"El golpe no deja de ser golpe. El allanamiento de Martín Vizcarra a la decisión del Congreso no anula el grave acto perpetrado y el hecho de que un grupo conspirador se haya apropiado del gobierno poniendo fin a 20 años de democracia, quebrando la Constitución y colocando al país nuevamente en un tránsito aciago gobernado por la codicia y la corrupción."

Y añade: "La disposición de la Constitución es precisa respecto a la prohibición de acusar al presidente durante su mandato salvo las razones expresadas con detalle en el artículo 117. Esa prohibición ha sido violada groseramente para lo cual se ha forzado inconstitucionalmente la figura de la vacancia y la incapacidad moral utilizando declaraciones de aspirantes a colaboradores oficiales, fotos maquilladas y otros documentos que forman parte de un proceso de investigación sobre las actividades del presidente de la nación Martín Vizcarra. El papel desempeñado en esta alevosa operación por el presidente del Congreso lo cubre de vergüenza a él y a su partido. Manuel Merino será un presidente indigno que se aúpa al poder con métodos reprobables".

La acusación contra el presidente Vizcarra de que habría recibido coimas del llamado Club de la Construcción –una red mafiosa para ganar licitaciones– cuando era gobernador de Moquegua (2011-14), no ha sido probada por ningún juez o fiscal, y sólo se sostiene en las declaraciones de unos aspirantes a colaborar con la justicia, gente que con tal de salvar el pellejo declararía cualquier cosa.

Lo grotesco de la situación es que de los 109 congresistas (de un total de 130) que han votado el lunes por defenestrar al presidente, 68 –como ha recordado el propio Vizcarra frente al Congreso en su última alocución– tienen investigaciones judiciales en curso y denuncias por diversos delitos, pero ninguno de ellos ha dejado el cargo o renunciado a la inmunidad. Al contrario, este Congreso parece más un refugium peccatorum que un parlamento.

El traspaso de poderes ha encontrado un fuerte rechazo popular. En las principales ciudades del país, sin excepción, a partir de la capital, manifestaciones espontáneas han encontrado una represión policial desproporcionada, que no promete nada de bueno. El Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado definitivamente sobre la vacancia, pero las ceremonias de investidura ya han sido oficiadas.

La difusión internacional de la noticia no explica claramente quién ha tomado el poder. Manuel Merino, actual presidente, es un empresario ganadero del norte cuya sóla acción política memorable es la de haber obtenido una condonación fiscal por el sector agropecuario de Tumbes. ¡Ah!, y también el intento fallido de golpe anterior, por el cual un grupo de ciudadanos lo ha denunciado "por los presuntos delitos de sedición, conspiración y usurpación de poderes".

Sus familiares obtuvieron contratos con el Estado durante su segundo mandato como congresista, lo cual es abiertamente ilegal.

A cinco meses de la elecciones generales, que deberían renovar las instituciones en ocasión del bicentenario de la independencia, con los graves problemas económicos y de salud pública que afligen a la población, parece sumamente irresponsable provocar una crisis política de esta gravedad. Todo por ambiciones e intereses personales.

Sin embargo, las manifestaciones crecientes de estos días hablan de una sociedad civil "hasta el gorro".

Fascinado por la idea de ser presidente interino, aunque sea por unos meses (las próximas elecciones generales serán en abril de 2021), animado por la masa de corruptos incrustada en las instituciones –hablando sólo de magistrados, 151 jueces y 183 fiscales involucrados en actos de corrupción, según datos oficiales– Manuel Merino ha logrado sin mucha dificultad juntar una mayoría parlamentaria para que proceda el pedido de vacancia presidencial.

Por Periodista italian, periodista peruano

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Viernes, 13 Noviembre 2020 05:33

Perú: la ultraderecha copó el gobierno

Perú: la ultraderecha copó el gobierno

Bajo la presidencia de Manuel Merino tras el derrocamiento de Martín Vizcarra

El equipo ministerial ha quedado formado por personajes de perfil ultraconservador. El nuevo primer ministro fue acusado de racismo y el ministro de Defensa resultó denunciado por defender a escuadrones de la muerte.

 

La derecha ultraconservadora ha tomado el gobierno peruano. El gabinete ministerial del nuevo presidente Manuel Merino -que asumió el martes luego que el Congreso que él presidía destituyera a Martín Vizcarra por “incapacidad moral permanente”, una decisión que ha gatillado protestas en todo el país- es encabezado por un miembro de la descreditada vieja guardia política, vinculado a la extrema derecha. El equipo ministerial ha quedado formado por personajes de perfil ultraconservador, varios de ellos relacionados al fujimorismo y al Partido Aprista del expresidente Alan García, que han sido gobierno y han estado envueltos en graves escándalos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

El gabinete del presidente Merino deja la sensación de un regreso al peor pasado. La derecha más dura celebra al nuevo gobierno, mientras las calles se agitan con las protestas. Merino y su aislado gobierno enfrentan las mayores movilizaciones antigubernamentales desde los últimos meses de la dictadura de Alberto Fujimori en el año 2000.

Al tiempo que el nuevo presidente juramentaba a su gabinete, el destituido exmandatario Martín Vizcarra se presentaba ante la fiscalía para declarar por las acusaciones que se le hacen de haber recibido sobornos de dos empresas constructoras cuando hace unos años era gobernador de la región de Moquegua. La fiscalía ha pedido se le impida la salida del país por dieciocho meses. “No voy a dejar el país, no voy a ir a ninguna embajada”, declaró Vizcarra.

El nuevo primer ministro es el abogado Antero Flores Aráoz, de 78 años, un ultraconservador que ingresó a la política como miembro del derechista Partido Popular Cristiano. En 1990 fue electo diputado por el frente de derecha que lanzó la candidatura presidencial del escritor Mario Vargas Llosa. Luego de largo tiempo en el Congreso, del que llegó a ser presidente, abandonó su partido y se unió al segundo gobierno de Alan García (2006 – 2011) como ministro de Defensa. En 2016 intentó llegar a la presidencia, al frente de su propio partido, Orden, y quedó en último lugar con apenas un 0,4 por ciento. Ahora Merino lo ha resucitado.

En los últimos años, Flores Aráoz se había dedicado a firmar pronunciamientos con alegatos antiderechos como parte de la llamada Coordinadora Republicana, que reúne a lo más radical del conservadurismo peruano. Está relacionado a grupos ultraconservadores como “Con mis hijos no te metas”. Hace unos años, en unas declaraciones que pusieron en evidencia su racismo, dijo que no se le podía preguntar “a las llamas y a las vicuñas” cuando le consultaron si se debía someter a referéndum el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

En medio de las protestas, el Ministerio del Interior ha sido asumido por el exgeneral de la Policía Gastón Rodríguez, que ya ocupó ese cargo con Vizcarra entre abril y julio de este año y que no ha tenido problemas en subirse al régimen que acaba de tumbar al gobierno al cual él perteneció hace poco. Su breve gestión terminó cuando tuvo que dejar el cargo en medio de las críticas por haber nombrado como su asesor a un abogado que defiende a policías procesados por haber integrado un escuadrón de la muerte y a un general acusado de corrupción.

La oficina de la ONU Derechos Humanos ha señalado que está recibiendo “información inquietante” sobre la represión policial a las protestas contra Merino. A pesar de la represión, y la pandemia, las movilizaciones contra el nuevo gobierno, al que los manifestantes califican de “usurpador”, crecen y se replican en las principales ciudades del país. El nuevo gobierno intenta minimizar las protestas, pero las calles lo desmienten. Ayer las movilizaciones fueron multitudinarias. Flores Aráoz ha negado la represión policial que todos han podido ver y acusó a los medios de comunicación de “magnificar” las manifestaciones y “exacerbar los ánimos” por informar de las protestas.

Como era de esperar, el nuevo gabinete garantiza la continuidad del modelo económico neoliberal, vigente en el país desde hace treinta años. Como ministro de Economía asume el economista José Arista, que fue viceministro de Haciendo en el segundo gobierno de Alan García.

En Salud, ministerio clave en esta coyuntura, asume el médico Abel Salinas, militante del Partido Aprista. Salinas ya estuvo al frente de este sector en los dos últimos meses del régimen de Pedro Pablo Kuczynski, cuando éste enfrentaba acusaciones de corrupción, por las que renunció en marzo de 2018. Los promotores de la destitución de Vizcarra, con Merino a la cabeza, lo acusaron de haber tenido “un pésimo manejo de la pandemia”, pero en una muestra de incoherencia le pidieron a la ministra de Salud del gobierno saliente, Pilar Mazzetti, que se quede en el cargo. Mazzetti rechazó el ofrecimiento. Salinas es el cuarto ministro de Salud desde que estalló la pandemia.

En el resto del gabinete se suman otros personajes ligados al aprismo --entre ellos un exministro de Transportes y Comunicaciones del primer gobierno de Alan García (1985 – 1990) que vuelve a ese cargo--, al fujimorismo, al partido de Merino Acción Popular, que está dividido entre su apoyo y su rechazo al nuevo gobierno, y a otros sectores de derecha.

Los grupos parlamentarios que apoyaron la llegada a la presidencia del nuevo jefe de Estado comienzan a repartirse influencias y poder en el nuevo gobierno. Entre sus intereses está evitar el avance de los procesos anticorrupción que complican a varios de sus principales dirigentes -Keiko Fujimori y varios más-, y que el gobierno de Vizcarra había impulsado.

También corre riesgo la continuidad de una reforma educativa considerada fundamental, que ha cerrado universidades de baja calidad convertidas en millonarios negocios. Dos de los partidos que votaron por la destitución de Vizcarra y han puesto a Merino en el poder son dirigidos por empresarios vinculados a este negocio. Flores Aráoz, ligado a esos intereses, declaró, luego de ser nombrado jefe del gabinete ministerial, que las universidades cerradas por ser consideradas una estafa a los estudiantes “merecen una segunda oportunidad”.

El izquierdista Frente Amplio, que se sumó a esa coalición de derecha que sacó a Vizcarra y puso a Merino en el poder, ahora critica el rumbo derechista del nuevo gobierno, algo previsible que no debería haber sorprendido a nadie. 

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Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú. Mario Colán

"Quien ha quedado a la cabeza del Parlamento, Luis Valdez, cuenta con más de 50 procesos de investigación abiertos", señala la candidata de Juntos por el Perú sobre la reciente destitución del expresidente Martín Vizcarra

 

Estaba aún en Bolivia, invitada a la toma de posesión de Luis Arce, cuando se enteró de la noticia. Verónika Mendoza, la única precandidata presidencial de la izquierda peruana, dice que estaba "compartiendo la alegría del pueblo boliviano por la recuperación de su democracia" cuando supo que en su país "ocurría todo lo contrario". En Perú, el Congreso de la República consiguió el lunes su ansiado proyecto de vacar al presidente Martín Vizcarra, ahora investigado por graves denuncias de corrupción. Lo hicieron pese a que casi el 80% de la población estaba de acuerdo en que, no obstante las investigaciones en marcha, se le dejara acabar su mandato.

Solo quedaban cinco meses para las próximas elecciones y el país, sumido en una crisis económica galopante y con la cifra oficial de 70.000 muertos por COVID, no estaba para otra debacle más. Aún así el Congreso lo hizo, nombró a Manuel Merino como nuevo presidente y el estallido popular no se ha hecho esperar. Ayer, desde la mañana hasta la noche, por todas las ciudades del Perú, miles de personas expresaron su repudio en medio de la represión y las detenciones arbitrarias.

En los medios internacionales se ha hablado casi exclusivamente de que hay un cambio de gobierno por la incapacidad moral de Vizcarra, pero poco se sabe de quiénes están detrás de esta jugada política que, según la mayoría de peruanos entre los que se incluye Mendoza, se ha disfrazado de compromiso con la lucha contra la corrupción cuando se trata de algo muy distinto. La presidenciable de Juntos por el Perú desde Cuzco, su ciudad natal y a donde voló de inmediato para ser partícipe "de la indignación y de la movilización de la gente", asegura que no reconoce a este gobierno al que considera ilegítimo y propone un cambio de constitución para acabar de una vez por todas con el legado del dictador Alberto Fujimori.

¿Qué está pasando en Perú?

Lo que está pasando es que efectivamente se han destapado una serie de denuncias contra el señor Martín Vizcarra que según nuestro punto de vista ameritan investigación, pero que, como señalaba la gran parte de la ciudadanía, correspondía en plena pandemia y a cinco meses de las elecciones que el señor Vizcarra concluyese su mandato y que al día siguiente se enfrentara a la justicia. Sin embargo, de espaldas a la ciudadanía, de manera absolutamente cínica y desvergonzada, un Congreso que tiene una mayoría de congresistas igualmente procesados por corrupción e inclusive por asesinato, decidió vacar al presidente de la Republica, configurándose en un gobierno ilegítimo.

Pero esto se enmarca en una crisis más profunda y más grave que podríamos calificar de crisis de régimen que lleva 30 años desde que en 1992 Alberto Fujimori decidiera imponer una constitución neoliberal con un golpe de Estado que precarizó el Estado, que mercantilizó derechos como la salud y la educación, que dejó a los peruanos sin un sistema de pensiones, que dejó la política y la democracia en las manos de los grupos de poder económico, que permitió que fuera capturada por grupos de presión, mafiosos y corruptos, que nos ha llevado a esta situación de descomposición política dramática y que se revela en estos síntomas sucesivos: todos nuestros presidentes vivos están procesados por corrupción, vacados o renunciaron.

Verónika Mendoza: "Rodos nuestros presidentes vivos están procesados por corrupción, vacados o han renunciado".

¿Se ha quebrado el orden constitucional? ¿Estamos ante un golpe de Estado y un gobierno ilegítimo? 

Claramente, porque todos los argumentos usados para consumar la vacancia se basan en falacias. Y aunque sus ejecutores se han llenado la boca con lucha por la democracia y la lucha anticorrupción, más de la mitad de ellos también están siendo investigados por corrupción. Quien ha quedado a la cabeza del Parlamento, Luis Valdez, cuenta con más de 50 procesos de investigación abiertos. Dentro de sus intereses está reformar la ley de educación para poder seguir con sus negocios de universidades truchas sin regulación del Estado. Y controlar el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y el Poder judicial para frenar las investigaciones que varios de estos políticos tienen en su contra, poder seguir apoyándose en su inmunidad parlamentaria y así evadir la justicia. Pero también están los que buscan sabotear el proceso electoral para atornillarse en el poder.

¿Qué hay detrás de estos actores políticos que parecen nuevos y no lo son?

No hay un programa común entre los que han echado al presidente, sino una confluencia de intereses particulares y corporativos. Sin embargo detrás de los actores directos, sí que hay una serie de sectores de la ultraderecha, conservadores, neoliberales, que han sido cómplices. Prueba de ello es el eventual nombramiento de Antero Flores Araoz como presidente del Consejo de Ministros, que es el mejor representante de la vieja política: conservador, de ultraderecha, racista, machista, quien hace algunos años calificó a los ciudadanos del Ande como llamas o vicuñas incapaces de emitir opinión. Es, además, abogado de quienes defienden los negocios universitarios de parte de la bancada. Merino es solo un títere de éstos.

¿Qué se puede hacer ante este escenario y qué le corresponde hacer ahora a la ciudadanía?  ¿Cuáles son los pasos a seguir legal, social y políticamente? ¿Cuál es la salida? 

Yo creo que corresponde que el Tribunal Constitucional analice esta decisión y evalúe su constitucionalidad, pero más allá de lo formal. Para la ciudadanía este Gobierno es ilegítimo, por lo tanto hay decisiones fundamentales para el país que no puede tomar, como la elección del Tribunal Constitucional, que tendrá que resolver además la constitucionalidad de este acto de vacancia. Querrán intervenir el Ministerio Publico y el Poder judicial para frenar investigaciones contra sus propios miembros, cuando deberían levantar la inmunidad de los que ya están pedidos por la justicia. Querrán modificar los plazos y procedimientos del calendario electoral.

Lo que deberían hacer es preocuparse en primer lugar por la salud de los peruanos y por la economía de las familias. La única manera de fiscalizarlos es la ciudadanía organizada y movilizada de manera permanente. Y, por otro lado, este es el momento de que los ciudadanos, colectivos, organizaciones sociales, sindicales, feministas, indígenas, iniciemos un diálogo desde abajo y desde adentro respecto a qué tipo de Estado, qué tipo de democracia, de economía creemos que merece nuestro país, de cara a una nueva constitución que debería ser la que construyamos en el bicentenario de nuestra independencia que se conmemora el próximo año. Esa nueva constitución no la va a promover esta clase política de espaldas a la gente. Nos corresponde a los ciudadanos impulsarla y empezar a construir desde ya ese nuevo pacto social que refunde el Perú.

¿Quién lidera ahora mismo las movilizaciones?

La gente, los jóvenes que han salido movidos por su indignación, por un lado, pero también por su amor a la patria. Eso es lo correcto. A quienes aspiran a ser líderes o conductores de la movilización, lo que hay que responderles es que quien está conduciendo la movilización es la propia ciudadanía. Y me parece absolutamente legítimo y lo mas adecuado para recordarnos que la democracia no es solamente procesos electorales, no es solamente partidos y líderes políticos; la democracia es esencialmente protagonismo popular y ciudadano. Y esto es lo que estamos empezando a ver en el Perú y a mi me llena de esperanza. Seremos parte de esa ola democrática en defensa de nuestros derechos.

Ningún gobierno ha reconocido todavía a Merino como presidente. La economía está maltrecha. En este contexto, ¿qué es lo primero que toca cuidar o garantizar?

Lo primero y más urgente es cuidar la vida y cuidar la paz. Lo digo porque ayer ya ha habido una dura represión. Y me temo que por las características de este Gobierno ilegítimo y por el perfil del que va a adoptar su presidente de consejos de ministros hay un alto riesgo de que la represión y la violencia de Estado se recrudezcan, razón por la cual hago un llamamiento a la comunidad internacional para cuidar la vida y exigir que se respete el legítimo derecho de protesta. Que sea el pueblo peruano con su voto el que elija su próximo gobierno y no como pretenden ellos ahora con leguleyadas desde el Parlamento.

Como candidata mujer, la única feminista, ¿ve riesgos para los derechos de las mujeres con este Gobierno de facto? 

Me preocupa que el señor Merino haya juramentado en nombre de la Iglesia católica, institución que yo respeto, pero que creo que no debe mezclarse en lo absoluto con los asuntos de Estado. Y me preocupan los sectores conservadores que se están aupando a este Gobierno ilegítimo que probablemente también pretendan retroceder a nivel de derechos humanos y en particular en materia de derechos de las mujeres.

Lo que vamos a tener es un Gobierno ortodoxo en materia económica que no va a contribuir a reactivar los bolsillos de las familias que es lo que ahora los peruanos necesitamos. Es un Gobierno que va a reprimir, que va a criminalizar, que no va a defender la salud y la educación como derechos, sino como negocios, pero además son conservadores, homófobos y machistas y amenazan los derechos de las mujeres y pueblos indígenas –negando la participación ciudadana en los asuntos ambientales–. Existe el riesgo de que ese Gobierno comandado por Flórez Araoz empuje irresponsablemente la reactivación de actividades económicas sin los cuidados y protocolos necesarios para cuidar la salud y la vida.

¿A quién hace responsable de la represión de este martes? 

Al no haber un ministro del interior nombrado, toda la responsabilidad le atañe al señor Merino, de lo que ocurrió ayer y de lo que podría ocurrir en lo días siguientes porque la movilización va a continuar. Se tendrán que señalar las responsabilidades políticas y el mayor responsable político es él.

Parece momento para hablar de proceso constituyente con el impulso chileno.

Nosotros lo veníamos plateando desde la campaña anterior en el 2016. Lo que vemos es que se va convirtiendo cada vez más en un sentido común. Mucha de la gente que se manifestó ayer no solo expresó su repudio al Gobierno, sino también demandaba nuevas reglas de juego en una nueva constitución. La crisis política de los últimos años evidenciaba casos de corrupción que involucran a prácticamente toda la clase política. Por otro lado, la pandemia ha desnudado la perversidad del modelo neoliberal, que ha evidenciado la inviabilidad de este Estado decrépito, atado de pies y manos para defender derechos. Creo que esto hace que mucha más gente tome conciencia y se plantee la posibilidad más temprano que tarde.

Se reunió en los últimos días con los presidentes de Bolivia, Argentina y el vicepresidente español. ¿Qué le dijeron?

Lo que todos coinciden es en la expectativa de que el Perú también recupere su democracia y se impulse un proceso constituyente. Nos corresponde a nosotros los peruanos definirlo e impulsarlo.

¿Parece que en esta campaña ya no le van a hablar de Venezuela? 

Van a seguir estigmatizándonos con estos temas, pero la diferencia es que hoy calan mucho menos en la ciudadanía. La gente se da cuenta de que este tipo de ataques sin sustento, como vincularnos a regímenes con los que no tenemos ningún vínculo o pretender tacharnos de terroristas o enemigos del desarrollo, son simplemente intentos de la clase política tradicional para silenciar las voces que planteamos un cambio.

¿En qué tiene usted que trabajar para ser la alternativa de izquierda de estas elecciones?

Hace tiempo venimos haciendo esfuerzos por dialogar y debatir con distintas fuerzas políticas de izquierda y progresistas, distintas organizaciones sociales y sindicales para construir un programa común, reconociendo nuestra diversidad de historias, nuestros énfasis programáticos pero poniendo por delante la necesidad de un cambio profundo en el país. Hemos logrado un importante proceso de articulación en Juntos por el Perú en torno a la bandera de una nueva constitución y esperamos seguir confluyendo en torno a estas banderas.

¿Elecciones anticipadas sí o no?

Estamos a cinco meses de las elecciones y el calendario electoral ya es bastante apretado. Por procedimiento me parece difícil ya adelantarlo, lo que corresponde es garantizar que sea un proceso electoral lo mas limpio y libre posible. Pero para nosotras esto trasciende el proceso electoral. Ayer estuve en Puno conversando con unos comerciantes que me decían que para ellos un presidente u otro da igual, porque ahí no hay Estado, solo supervivencia. Y eso es expresión de lo que el Perú necesita: no solo un cambio de Gobierno sino un nuevo pacto social.

Por Gabriela Wiener

11 de noviembre de 2020 22:54h

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Protesta de seguidores del presidente Donald Trump el domingo en Pensilvania. En la pancarta se demanda que cuenten sólo los "votos legales". Foto Ap

Desde el punto de vista del tan olvidado abordaje dialéctico, son relevantes las sensatas y lúcidas posturas de dos fuentes pro Biden que no caen en un vulgar exorcismo del contrincante –lo cual colisiona con la genuina democracia que implica la existencia de un vencedor como de un perdedor, con la tácita aceptación magnánima de respeto a las minorías–, como son los casos de Edward Luce, del Financial Times (https://bit.ly/3pjxbzl), y del portal The Hill –en alusión a la "colina", sede del Congreso de EU– que se puede clasificar como cercano a Biden, en mi muy humilde percepción (https://bit.ly/36poiMc).

The Hill expone que el "proceso de conteo aún no concluye" y coincide con Edward Luce sobre el destino del Senado a mayoría de los republicanos, así como el tropiezo en el Congreso de la católica Nancy Pelosi, quien, pese a ello, conserva la mayoría de los demócratas que no obtuvieron su cacareada “avalancha ( landslide)”.

El "presidente-electo" Biden, segundo católico en la diacronía estadunidense tras el asesinado Kennedy, obtuvo el mayor número de votos en la historia de EU: 75.3 millones –si es que no existe purga de los votos "por correo" y/o por “ausencia ( absentee ballot votes)”– frente a los asombrosos 71 millones de Trump, quien obtuvo 8 millones más que la vez anterior. Ambos sufragios superan el máximo de Obama en 2008 de 69.5 millones.

The Hill expone como "resultado probable" lo consabido: un "gobierno dividido (sic) en un país dividido (sic)", y vaticina tres escenarios en movimiento (sic): 1. "La división (sic) del país es real (sic) y será difícil sanar (sic)": Biden no obtuvo "mandato" para gobernar. 2. "Los demócratas están divididos (sic)". Es más que evidente la colisión en temas trascendentales de "progresistas" del ala Bernie Sanders/Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) y el SQUAD frente a los "centristas" que epitomiza Biden. 3. "Trump no está desapareciendo (sic)". Se asienta lo que previmos en Bajo la Lupa:"un trumpismo, con o sin Trump", cuando el polémico presidente –en funciones hasta el 20 de enero, en su peor escenario, con la responsabilidad del botón nuclear– retiene una "tonelada (sic) de poder como candidato" para 2024. Aquí discrepo, ya que Trump tendría en cuatro años los 78 que cumple Biden este 20 de noviembre (https://bit.ly/3kf0aAR).

The Hill concluye que "ninguno de los tres escenarios postulados hará para nada fácil la gobernabilidad en el futuro inmediato".

Entre tanto, la dinámica caótica poselectoral acelera sus tintes dramáticos cuando los 20 votos electorales de Pensilvania parecen tambaleársele al "presidente electo" Biden, quien expresó que el “fracaso de Trump para conceder es una vergüenza (https://bit.ly/2JX05Fp)”.

Llama poderosamente la atención que los republicanos impugnen los resultados en varios “estados volátiles ( swing states)” –en particular en Pensilvania, así como en Arizona/Nevada/Georgia/Carolina del Norte/Michigan/Wisconsin–, mientras el supuesto "perdedor" y presidente saliente Trump se fue a jugar golf dos días consecutivos y se dio el lujo de expulsar a su secretario del Pentágono Mark Esper –¿para imponer una probable ley marcial frente a la revuelta del dúo BLM/Antifa?–, cuando el vicepresidente Mike Pence se fue de vacaciones a Florida. What’s going on?

El procurador en funciones, William Barr, autorizó investigar las "irregularidades electorales" donde hayan sido impugnadas, lo que valió la renuncia de su director (https://bit.ly/32OhYgn). El caso mas fantasmagórico lo constituye la inescrutable declaración de Mike Pence –ex director de la CIA, confeso "cristiano sionista" y hoy pugnaz secretario de Estado– de que la relección de Trump está dada y habrá una “transición tersa (https://bit.ly/3pegZzr)”. ¡Uf!

¿Qué tendrán bajo la manga los republicanos? El caos poselectoral apenas empieza.Falta mucho por ver en un territorio inexplorado donde la “democracia bananera (https://bit.ly/2IqFaJW)” de EU, fracturado en dos pedazos, quedó hecha añicos, sea el resultado que fuere.

¿Se encamina EU a una guerra civil?

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Un plan de la derecha dura para que Trump contraataque

Echar a Fauci y al director del FBI, ensuciar candidatos, vengarse de Pfizer

 

La derecha dura norteamericana está agitada, en parte movilizada en tratar de demostrar que los demócratas hicieron fraude, y en parte preparando una transición si la andanada de litigios no alcanzan para dar vuelta las votaciones. Tienen fe, porque saben que su líder Donald Trump no tiene escrúpulos, y están planeando una agenda para "tirar bombas" en el camino. La revista digital The Federalist, que se coloca a milímetros de la derecha lunática y miliciana, jugando desde adentro de lo más conservador del partido republicano, acaba de resumir la agenda en Doce Pasos. Son temas que circulan en esos ambientes y que la subdirectora de la revista Joy Pullman resumió en su edición de este martes.

Pullman, que se presenta como "feliz madre de seis hijos" y autora de libros como "32 Juegos clásicos", afirma que las "pruebas de fraude" no paran de crecer, pero que un "líder astuto" sabe "hacer la guerra en varios frentes". El enemigo son los demócratas y "el complejo mediático que lleva cuatro años mintiendo" y quiere imponer a Joe Biden como presidente. Lo que recomienda Pullman es que Trump forme "un grupo de acción directa" que plante explosivos políticos. La lista mezcla alegremente fantasías paranoides y golpes bajos.

Lo primero debería ser publicar los documentos del supuesto Spygate, la interminable acusación de Trump de que el gobierno de Barack Obama espiaba sus mails y comunicaciones durante la campaña. Cuatro años de gobierno no aportaron ni una prueba de que esa fantasía fuera realidad, aunque es una de las fantasías favoritas del presidente. Pullman afirma, sin dar nombres ni evidencia, que "importantes funcionarios de inteligencia ocultan esta información" y que es hora de que el presidente los obligue a revelarla y la publique.

Al mismo tiempo que se revela esta conspiración demócrata, la autora recomienda perdonar a las víctimas de otra, el Rusiagate, que sí terminó con prisiones a diversos mentirosos y operadores políticos. Todos víctimas, afirma Pullman, del "estado profundo" que fue, es y siempre será demócrata. Como ambas "conspiraciones" pasan por el FBI, también hay que echar a su titular, el "desleal" Chris Wray, "que no investiga la corrupción al más alto nivel de esa institución".

En plan revancha y venganza, Pullman recoge una idea fija de su publicación y de la derecha trumpista, que los demócratas están haciendo listas de todos los que apoyaron a Trump para "arruinarlos". En este artículo la subdirectora no repite lo que se afirma en otros artículos, que los setenta millones de votantes republicanos pueden ser perseguidos, pero sí habla de las figuras públicas "que van a perder contratos en los medios" por su apoyo a trump. Su consejo es que los republicanos actualmente en el gobierno comiencen a compilar sus propias listas y a filtrarle información a los "medios afines" sobre "ñoquis, corruptos" y progres que hacen cosas como ir a un seminario contra el racismo.

Más macartista todavía es el llamado a que las listas incluyan a toda persona que sea nombrada como futuro funcionario de Joe Biden. Ahí se recomienda publicar todo, e-mails, papeles privados, cualquier cosa que pueda comprometerlos o sonar mal. "¡Transparencia!", se entusiasma la sudirectora.

Siguiendo con la venganza, hay que echar al eminente inmunólogo Anthony Fauci, "un politiquero cualquiera que destruyó este país al insistir en que lo moral es sacrificar a una nación entera para frenar un virus que tiene una tasa de survabilidad del 99,5 por ciento". Fauci es tanto "un saboteador" como un proveedor de temas para "la histeria de los medios". Para terminar de enterrar a Fauci y otros científicos, afirma Pullman, basta publicar las comunicaciones privadas entre agencias y científicos, lo que mostraría "como se hizo callar a los disidentes". 

También hay que castigar a Pfizer, la compañía que acaba de anunciar que está llegando a una vacuna posible. Según Pullman, la empresa le avisó la buena noticia a Biden al mismo tiempo o antes que a Trump, que le había comprado de antemano dos mil millones de dólares en vacunas. La venganza sería publicar hasta la fórmula.

Dos medidas que Pullman recomienda tomar de inmediato son promesas de campaña de su líder. Una es simplemente ordenar que todas las tropas americanas en zonas de combate "estén en casa para Navidad", sin importar las consecuencias. La autora explica que Trump puede dar la orden y listo, y más ahora que tiene a un leal en el Pentágono. La otra medida es terminar el muro en la frontera con México y "buscar todas las maneras posibles de frenar la invasión que viene". Pullman está convencida de que en algún lugar de Centroamérica ya están saliendo caravanas de inmigrantes ilegales aprovechando que un demócrata puede ser presidente en enero.

Y siguiendo con sus fantasías, la subdirectora del medio aconseja publicar toda la información sobre supuestos fraudes electorales directamente desde la Casa Blanca. Para ilustrar el problema pone varias pantallas de Facebook y Twitter con los mensajes en rojo de que la información "es discutible", "un acto de censura". Y ya que estamos fantaseando, se da el gusto de pedir que el gobierno de su líder publique la información sobre otra fantasía de la derecha norteamericana, que Planned Parenthood, la ONG que ayuda a mujeres de bajos recursos a obtener salud básica y abortos, "trafica con órganos y células de los niños abortados".

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El Congreso de Perú destituyó al presidente Martín Vizcarra

Acusado de “incapacidad moral permanente”, una figura constitucional ambigua

Una mayoría de legisladores votó a favor de la salida del mandatario, cuando le faltaban ocho meses de gestión. Es acusado de haber recibido sobornos años atrás cuando era gobernador; una investigación aún en curso.

 

 

Cayó el presidente Martín Vizcarra. Menos de dos meses después de haberse librado de un primer intento de destitución, Vizcarra fue destituido esta noche por el Congreso, que lo ha acusado de “incapacidad moral permanente”, una figura constitucional ambigua que deja un amplio margen de interpretación. Es acusado de haber recibido sobornos años atrás cuando era gobernador. Una acusación basada en unos testimonios todavía en proceso de investigación, pero que para un Congreso enfrentado al jefe de Estado ha sido suficiente para sacarlo del cargo. La derrota de Vizcarra fue amplia. Hubo 105 votos, de los 130 miembros del Congreso unicameral, a favor de la destitución del presidente, superando con holgura los 87 que se necesitaban. Solamente 19 votaron por salvar al mandatario y hubo cuatro abstenciones.

Ha sido un resultado inesperado. Había incertidumbre si se alcanzarían los 87 votos, pero nadie esperaba un resultado tan amplio. Partidos que habían anunciado su voto contra la destitución del mandatario, terminaron haciéndolo a favor. La salida del jefe de Estado se da en medio de la grave crisis sanitaria y económica por la pandemia del coronavirus, y cuando a Vizcarra le quedaban solo ocho meses de gestión y las elecciones ya han sido convocadas para abril. Al momento del cierre de esta edición, el presidente Vizcarra no se había pronunciado.

Vizcarra, que asumió en marzo de 2018 luego que su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski renunció por cargos de corrupción, levantó durante su breve gestión las banderas de la lucha contra la corrupción. Ahora ha sido destituido por cargos de corrupción. Se enfrentó al anterior Congreso de mayoría fujimorista, que blindaba la corrupción política, el que disolvió constitucionalmente en septiembre del año pasado y llamó a elecciones legislativas. El nuevo Congreso elegido en ese proceso que convocó es el que ahora lo ha destituido acusándolo de corrupción.

Con la salida de Vizcarra asumirá la presidencia el titular del Congreso, Manuel Merino, miembro del partido centroderechista Acción Popular, la principal bancada del Congreso, con 24 miembros. Durante el primer intento frustrado de destituir a Vizcarra, Merino, político poco conocido hasta que asumió la presidencia del Congreso en marzo pasado y cuestionado por su labor en este cargo, tocó sin éxito la puerta de los cuarteles para pedir apoyo de los militares para que él asuma el poder. Asumirá la presidencia este martes. 

El primer proceso de destitución contra Vizcarra fue por la supuesta contratación irregular de un funcionario de tercer nivel. En esta ocasión, los cargos son más graves. Al presidente se lo acusa de haber recibido sobornos de dos empresas constructoras por 2,3 millones de soles (unos 660 mil dólares) cuando era gobernador de la pequeña región de Moquegua, entre los años 2011 y 2014. Se señala que las coimas se habrían entregado por una obra de irrigación y por la construcción de un hospital.

Tres empresarios de dos constructoras que son procesados en el caso del llamado “club de la construcción”, un cartel de empresas que se repartían obras públicas pagando sobornos, que buscan un acuerdo con la fiscalía para canjear sus testimonios por una reducción de sus eventuales condenas, aseguran haberle pagado sobornos a Vizcarra para hacerse con esas obras. Un exministro del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016 – 2018), José Hernández, viejo amigo de Vizcarra desde antes que éste fuera gobernador y con quien compartió gabinete ministerial, ha declarado ante las autoridades haber servido de intermediario para el pago de esas coimas.

“Aquí estoy, no me corro”, comenzó Vizcarra su defensa de 51 minutos ante el Congreso. Puso el énfasis en señalar que en este momento de crisis por la pandemia, una economía severamente golpeada y las elecciones ya convocadas, su destitución generaría una inestabilidad que complicaría la grave crisis sanitaria y económica.

Sobre los cargos que se le imputan, calificó de “falsas” esas acusaciones y las atribuyó a una supuesta venganza de empresarios del “club de la construcción” por haber cortado sus beneficios ilegales cuando llegó al gobierno. “Se trata de hechos no probados. ¿Puede destituirse a un presidente solo por dichos no corroborados?”, argumentó. Los votos le respondieron que eso sí era posible.

Durante el largo debate parlamentario abundaron los ataques contra el mandatario. Incluso quienes votaron contra la destitución del presidente, por evitar un escenario de inestabilidad, según argumentaron, señalaron que había “indicios razonables” que complican al jefe de Estado en el supuesto cobro de sobornos cuando era gobernador y que éste debía ser investigado y eventualmente juzgado cuando termine su gestión.

Junto a preocupaciones sinceras por la corrupción, legisladores con un pasado y un presente, propio o de sus partidos, ligado a la corrupción, se disfrazaron de moralizadores, y con impostada convicción, desafiando la memoria y la inteligencia de quienes los oían, se prodigaron en discursos anticorrupción para exigir la destitución de Vizcarra.

Entre quienes votaron por sacar al presidente estuvieron los legisladores del fujimorismo, con una larga historia vinculada a la corrupción, y que hoy saborearon su venganza contra el hombre que les hizo perder su mayoría en el Parlamento y apoyó los procesos anticorrupción que llevaron a prisión a su jefa Keiko Fujimori. También lo hicieron legisladores del partido ultranacionalista Unión por el Perú, cuyo principales parlamentarios están acusados de corrupción y que es dirigido desde la cárcel por el ex militar Antauro Humala -hermano el expresidente Ollanta- en prisión desde 2004 por la muerte de cuatro policías durante la toma de una comisaría en un frustrado intento de derrocar al expresidente Alejandro Toledo; de Podemos Perú, partido dirigido por un empresario que se ha hecho millonario con el negocio de universidades de baja calidad y que hace dos días fue detenido acusado de haber sobornado magistrados para lograr la irregular inscripción de su partido; de un partido que responde a una secta evangélica; la mayor parte de los congresistas de Acción Popular, la agrupación del reemplazante de Vizcarra; un sector de la pequeña bancada del izquierdista Frente Amplio, que solo tiene ocho integrantes, y algunos otros parlamentarios.

Entre los pocos que se opusieron a la destitución de Vizcarra estuvieron legisladores del centrista partido Morado y un par de legisladoras del Frente Amplio, entre algunos otros. Ellos rechazaron la destitución por los riesgos de inestabilidad en esta difícil coyuntura, pero exigieron que la fiscalía investigue las acusaciones contra Vizcarra, algo que ya está en curso.

Una encuesta de Ipsos publicada hace unos días revela que el 79 por ciento de la población se oponía a cortar el mandato presidencial en esta coyuntura. Vizcarra tenía una aceptación de entre 54 y 57 por ciento, mientras que su reemplazante tiene una aprobación que apenas está entre 22 y 24 por ciento, según recientes encuestas de Ipsos y del Instituto de Estudios Peruanos, respectivamente.

Ahora a Vizcarra le espera enfrentar las investigaciones de la fiscalía y probablemente los tribunales. El mismo destino de los últimos presidentes peruanos


El titular del Congreso asumirá el Poder Ejecutivo tras la destitución de Martín Vizcarra

Quién es Manuel Merino, el próximo presidente de Perú

Tras la destitución del presidente Martín Vizcarra por la ambigua figura de "incapacidad moral permanente", el titular del Congreso unicameral de Perú, Manuel Merino, se convertirá este martes en el próximo mandatario del país sudamericano. 

Y pese a que en pocas horas manejará el Poder Ejecutivo de Perú, Merino no es de las figuritas más conocidas en la arena política local. Es que este ingeniero agrónomo y ganadero, de 59 años, fue un político de segunda línea siempre ligado a Acción Popular (AP), el partido centrista fundado en 1956 por Fernando Belaunde Terry. 

En el currículum de Merino, además de su pasado empresarial, se destaca la banca ocupada en el Congreso durante dos períodos: 2001-2006 y 2011-2016. Ambos cargos fueron en representación del departamento noroccidental de Tumbes, tierra natal de Merino.

Merino volvió al Congreso en enero de este año, cuando se realizaron elecciones para escoger el Parlamento luego de que Vizcarra disolviera el anterior en septiembre de 2019. La victoria de AP -la primera minoría del parlamento- lo proyectó a la Presidencia del cuerpo. Pero los flashes finalmente se posaron sobre él durante el primer intento frustrado de destituir a Vizcarra: el titular del Parlamento peruano había tocado sin éxito la puerta de los cuarteles para pedir apoyo de los militares para que él asuma el poder. 

Luego, Merino pidió disculpas públicas. “Tal vez hacer una llamada en las circunstancias de ese día puede haber sido inoportuna, por eso yo le expreso mis sinceras disculpas a las Fuerzas Armadas”, dijo luego de que dos altos jefes militares informaran al Ministerio de Defensa que Merino los había llamado para procurar el aval de ambos al proceso de vacancia que estaba por debatir el Congreso.

La primera gran incógnita que tendrá que decidir el próximo presidente -prestará juramento el martes a las 17 (hora local)- es resolver si convocará a elecciones de inmediato (tal como indica la Constitución) o esperará hasta el 11 de abril, fecha que había pautado el ahora expresidente Vizcarra para las próxima votación nacional.

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Educación en América Latina Casi tres millones de niños están en riesgo de no volver al colegio en América Latina

Según un informe de Unicef, solo la mitad de los alumnos de las escuelas públicas tiene acceso a clases a distancia de calidad mientras en 18 de los 36 países  de la región las puertas de las aulas permanecen cerradas por la pandemia.

 

Casi tres millones de niños, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe están en riesgo de no regresar nunca a la escuela, una de los muchos efectos negativos del cierre de los colegios por la pandemia de la covid-19, alertó este lunes un informe de Unicef.

El estudio "Educación en pausa" da cuenta de que están a punto de cumplirse casi ocho meses de pausa prolongada para 137 millones de niños, niñas y adolescentes latinoamericanos, un tiempo cuatro veces más alto que la media global, que pueden abocar a una "catástrofe generacional".

El informe constata que la covid-19 ha ampliado las brechas sociales también en la educación. En la región, solo la mitad de los alumnos de las escuelas públicas tiene acceso a clases a distancia de calidad, mientras que en las escuelas privadas esa cifra sube al 75 %, estimó Unicef.

La desigualdad es más acuciante en grupos vulnerables con niños con discapacidad, migrantes indígenas o en zonas rurales donde la educación a distancia no llega, resaltó la entidad de las Naciones Unidas (ONU).

También se advierte de que el porcentaje de niños que no recibe educación alguna, ni presencial ni remota, se ha disparado del 4% al 18% en los últimos meses.

Impacto prolongado

"Si no hay realmente procesos de nivelación adecuados, esos niños van a tener un vacío durante toda su vida", afirmó Ruth Custode, especialista de educación de la Oficina Regional de Unicef para América Latina y el Caribe. Y esa pérdida terminará reflejándose en unos "peores salarios".

El cierre de las escuelas no solo aplaza la educación para algunas familias, sino que supone la pérdida "de una cantidad enorme de servicios, como el de la salud, de apoyo psicosocial y de protección" para la infancia, añadió la especialista.

Al menos 80 millones de niños, niñas y adolescentes de América Latina han perdido las comidas escolares y corren el riesgo de desarrollar deficiencias nutricionales.

Los niños, niñas y adolescentes también están más desprotegidos ante la violencia en el hogar.

Reabrir las escuelas debería ser la prioridad

Mientras muchas escuelas en África, Asia y Europa están reabriendo gradualmente, en 18 de los 36 países y territorios de la región las puertas de las aulas permanecen cerradas por la pandemia de la covid-19, que suma 11 millones de casos en América Latina.

Si bien una de cada seis escuelas no tienen acceso al agua, Unicef instó a los gobiernos a acelerar la apertura segura de las escuelas mediante mejoras en el sistema.

Ante la suspensión masiva de los servicios educativos, Unicef ha brindado apoyo contribuyendo a que 42 millones de estudiantes en la región reciban aprendizaje a distancia y en el hogar a través de la radio, la televisión, Internet y otras plataformas. 

09/11/2020 16:45 Actualizado: 09/11/2020 19:33

EFE

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El jefe de las Fuerzas Armadas británicas advierte que la pandemia podría crear nuevas amenazas de seguridad en el mundo, incluso la guerra

Desde su punto de vista, la crisis económica derivada de la propagación del covid-19 podría contribuir a la escalada de varios conflictos regionales actuales.

 

La crisis económica mundial derivada de la pandemia del coronavirus podría provocar nuevas amenazas en la esfera de seguridad, incluso una guerra, declaró el general Nick Carter, el jefe del Estado Mayor de la Defensa del Reino Unido, en una entrevista concedida este domingo a Sky News. 

En el pasado las crisis económicas a veces coadyuvaron a generar conflictos armados, por lo que el general Carter se muestra preocupado por la posibilidad de que esto ocurra estos días, en el marco de la pandemia de covid-19. 

"Creo que estamos viviendo un momento en que el mundo es un lugar muy incierto e inquieto", señaló el alto funcionario de defensa. Desde el punto de vista del general, existe el riesgo de la escalada de varios conflictos regionales actuales, debido a "un error de cálculo". Explicó que por 'error de cálculo' entiende una situación en la que los protagonistas de los conflictos, quizá por desconocimiento de las implicaciones de sus acciones, conducen a una escalada, lo que conlleva la involucración de más gente y más armamento, y subrayó que es necesario tomar medidas de precaución para evitar tal extremo. 

El general Carter comparó la situación actual en la palestra internacional con los acontecimientos previos a las dos Guerras Mundiales. Opina que en aquel entonces "era indiscutible que hubo una escalada que llevó a un error de cálculo que finalmente condujo al nivel internacional". A su juicio, es importante recordar la historia para prevenir esta situación y, al mismo tiempo, ser "muy cauteloso" a la hora de gestionar los conflictos regionales de hoy.

Publicado: 8 nov 2020 20:56 GMT

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Imagen ilustrativa. El desmantelamiento de cruceros en Esmirna, Turquía, el 2 de octubre de 2020.Umit Bektas / Reuters

Según Patrick Kirby, el mundo es testigo de una de las mayores recesiones en 150 años.

 

La economía mundial podría no volver nunca al ritmo de crecimiento prepandémico, opinó Patrick Kirby, el economista jefe del Banco Mundial en una conferencia digital de Moscow Exchange Forum. 

Kirby declaró que los sólidos resultados del crecimiento económico mundial en el tercer trimestre de 2020 reflejan más la contracción de la profundidad de caída de la economía que un signo del crecimiento real.

Incluso después de estos resultados optimistas, la actividad económica en muchos países se mantiene en los niveles de los peores días de las crisis. Además, la propagación del coronavirus provocó la desaceleración de los precios, dado que la demanda se ha visto más afectada que la oferta, opinó el experto del Banco Mundial.

El economista enfatizó que el mundo tendrá que recorrer un largo camino de recuperación porque la pandemia deja un umbral de problemas: interrupciones en cadenas de suministro, lastre fiscal después de las medidas de apoyo implementadas por los gobiernos, posibilidad de quiebras de los negocios afectados por la pandemia y problemas en la esfera educativa y sanitaria. Todos estos factores podrían prevenir que la economía mundial volviera a crecer a los ritmos registrados antes de la pandemia de covid-19. 

El experto dijo que, en esta situación, los bancos centrales de los países continuarían imponiendo bajas tasas de interés. Al mismo tiempo, la inflación se mantendría en un nivel bajo, dado que muchos países hoy día luchan por recuperarla desde debajo de cero. "En general es una historia triste, esperamos que esta pandemia contribuya a una de las más grandes recesiones en 150 años, comparable a la registrada durante la gran recesión o la Segunda Guerra Mundial". 

Nick Carter llega a una reunión en la oficina del primer ministro para discutir la respuesta del gobierno al brote de coronavirus.Henry Nicholls / Reuters

Publicado: 8 nov 2020 21:24 GMT

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