Venezuela 2020: autoritarismo político y pragmatismo económico

Las expectativas de una salida rápida del poder de Nicolás Maduro difundidas por la oposición se desvanecieron una vez más en Venezuela luego del «efecto Guaidó». Hoy el país asiste a una combinación de militarización autoritaria con un pragmatismo económico que llevó a una dolarización de hecho de la economía, que al tiempo que hizo «aparecer» nuevamente los productos en las tiendas y permitió reducir las tensiones sociales, es una nueva fuente de desigualdades. Entretanto, el coronavirus puede ser un factor de endurecimiento de los mecanismos de control social.

 

La oposición venezolana dio como un hecho que la debacle económica y la crisis humanitaria llevarían a masivas protestas de calle, las cuales, junto con la proclamación del líder opositor Juan Guaidó como «presidente encargado» y, más recientemente, con las sanciones y el bloqueo económico por parte de Estados Unidos, posibilitarían un cambio político. Pero esto no solo no ha ocurrido, sino que la oposición se encuentra debilitada, mientras el régimen encabezado por Nicolás Maduro ha logrado sobrevivir adaptándose a una de las peores crisis de la historia venezolana mediante la «liberalización» de la economía y el fortalecimiento de la represión y la militarización, ahora en el marco de la pandemia.

Crisis multidimensional, cambios económicos e incertidumbre política

El escenario venezolano de 2020 es sumamente complejo y cambiante. Se caracteriza por una gran incertidumbre, en el marco de la cual la crisis multidimensional de carácter económico, político, social y humanitario ha venido agravándose desde la llegada de Maduro al poder en 2013. A ello se suma la aplicación de sanciones económicas por parte de EEUU. Para enfrentar tal crisis, el gobierno ha desplegado desde fines de 2019 un nuevo discurso y ha implementado prácticas económicas que algunos economistas identifican como un «giro neoliberal». Su rasgo más significativo, pero no el único, es la acentuación de la dolarización, que venía dándose en la práctica, aunque en menor escala y de manera informal.

La nueva narrativa y el laissez faire económico de facto se apartaron más del proyecto discursivo de Hugo Chávez. Aunque estos no se plasmaron formalmente en una reforma económica, la dolarización, junto con la desregulación de los precios y la apertura hacia el sector privado, constituyó una válvula de escape que respondió a una estrategia de supervivencia política dirigida a ganar tiempo para desactivar las tensiones y aliviar la presión social, de forma de ejercer el control político y mantener el poder. «Gracias a Dios que existe la dolarización», llegó a decir el presidente, que la consideró una «bendición». No obstante, las recientes protestas e intentos de saqueo resultantes de una cada vez más crítica escasez de alimentos a raíz de la pandemia de covid-19 llevaron nuevamente al gobierno a tratar de regular los precios, esta vez en dólares, de los productos de la canasta básica y otros rubros.

En contra de la expectativa de la oposición, que consideraba estas transformaciones económicas atadas al cambio político, el escenario de este año no ha variado; por el contrario, la tendencia hacia el autoritarismo y el control militar se han acentuado. Dada la fragilidad económica y política del régimen, una estrategia para mantenerse en el poder ha sido establecer alianzas con el sector económico y el militar. Para sobrevivir a la crisis y al bloqueo económico, se «dejó hacer» en la economía, y para mantener el poder, se reprimió con más fuerza a los disidentes en un intento por desactivar los liderazgos políticos y las redes de influencia. Por otro lado, en contraste con la unidad de la oposición alrededor de Guaidó del primer semestre de 2019, en 2020 esta se encuentra más debilitada, dividida, desmovilizada y centrada en la búsqueda de soluciones individuales.

A partir de enero de 2019, la prensa internacional, EEUU, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Lima, entre otras instancias, dieron visibilidad a la crisis política, económica y humanitaria de Venezuela a raíz del desconocimiento del segundo periodo presidencial de Maduro y del reconocimiento de Guaidó por más de medio centenar de países. Si bien a comienzos de 2020 otros conflictos regionales e internacionales desplazaron en importancia al caso venezolano, en plena crisis del covid-19 Venezuela volvió al primer plano debido al recrudecimiento de la crisis humanitaria, al embargo petrolero, al endurecimiento del bloqueo económico y, sobre todo, a estar en el medio de la disputa geopolítica entre EEUU y Rusia. Algunos analistas internacionales destacan que tal interés proviene del hecho de que Venezuela es considerada una amenaza a la paz y seguridad de la región y de algunos países del hemisferio occidental.

Mientras que los esfuerzos de los diferentes países y bloques que han reconocido a Guaidó y concuerdan en la necesidad de «una salida democrática, pacífica y electoral» para Venezuela no han rendido su fruto hasta el momento, la estrategia del gobierno de implementar algunos de los cambios económicos largamente demandados por la oposición, junto con la agudización de la represión y el control militar, parecen haberle servido para mantenerse en el poder. Se trata, sin embargo, de un equilibrio precario, pues los cambios económicos no han permitido superar la grave crisis humanitaria, que la comunidad internacional ha calificado de «emergencia humanitaria compleja»; además, hasta el momento, poco han beneficiado a los sectores populares, los más afectados por la crisis, quienes continúan dependiendo del sistema clientelar de bonos y bolsas de alimentación que el gobierno viene implementando desde hace años. Adicionalmente, estos cambios están contribuyendo a profundizar las diferencias sociales entre quienes pueden participar de una economía dolarizada y quienes no, al mismo tiempo que sirven para afianzar las lealtades de los sectores populares hacia al gobierno a través del control «biopolítico».

Pragmatismo económico: causas e impactos del giro ¿neoliberal?

Han pasado más de 20 años desde el arribo al poder de Chávez, quien propuso el proyecto bolivariano y, años más tarde, el denominado «socialismo del siglo xxi», con el fin de sustituir al modelo económico neoliberal. Sin embargo, ambos se han ido desdibujando debido a la inviabilidad del modelo económico rentista petrolero subyacente. A ello debe agregarse, según la oposición, la incapacidad gubernamental para reorientar la economía, el elevado gasto público y la corrupción y, según el gobierno, la «guerra económica» de EEUU y la caída de los precios del petróleo, los cuales recientemente se han desplomado aún más por la pandemia de covid-19. La crisis económica ha profundizado la crisis humanitaria a punto tal que el gobierno no es capaz de cubrir las necesidades de alimentación, salud y servicios básicos de una gran parte de la población.

El colapso de la actividad petrolera y la fuerte contracción de la industria manufacturera, de construcción y del sector privado han llevado a una gran fragilidad externa y a la caída brusca del pib: según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), se contrajo 35% en 2019 y se contraerá 15% en 2020; otras fuentes, como Asdrúbal Oliveros, de la consultora y firma de investigación Ecoanalítica, pronostican 25% si se incluye el impacto del coronavirus. De acuerdo con Petróleos de Venezuela (PDVSA), la actividad petrolera experimentó un repunte el último trimestre de 2019, con un total de producción de 907.000 barriles diarios. Sin embargo, ello representa una disminución de 40% con respecto a la producción del año anterior; además, este crecimiento no se sostuvo en el primer trimestre del año 2020 pues la producción petrolera disminuyó a unos 700.000 barriles diarios en febrero. Los economistas y expertos petroleros estiman que el impacto del coronavirus, junto con las estrictas sanciones para exportar el petróleo, podría reducir la producción aún más debido a las severas limitaciones que existen en Venezuela para el almacenamiento del crudo. No solo han mermado los ingresos petroleros sino que también se han reducido, como resultado de la pandemia, los ingresos no petroleros formales e informales, así como los provenientes de remesas y minería.

En el contexto de la reducción de los precios internacionales del petróleo resultante de la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, que ha afectado más a Venezuela que a otros países debido a las sanciones y al bloqueo económico, el 19 de febrero de este año Maduro decretó la «emergencia energética», a los fines de «adoptar las medidas urgentes y necesarias para garantizar la seguridad energética y proteger a la industria de la agresión imperialista»1.

Adicionalmente, ante la imposibilidad de diversificar el aparato productivo, la estrategia del gobierno ha sido diversificar el extractivismo acelerando el megaproyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO), que abarca una extensión de 111.842 kilómetros cuadrados, lo que representa un poco más de 12% del territorio nacional. El AMO se ubica en una zona de gran diversidad biológica y cultural, rica en minerales como oro, diamantes y coltán, entre otros; se estima que participan unas 150 empresas provenientes de 35 países en su desarrollo. Dado que su explotación es relativamente reciente, del año 2017, y que no existen datos oficiales, se desconocen los niveles de producción y su aporte al PIB. Según algunos investigadores, gran parte de la regulación legal que rige la explotación minera en esta zona es violatoria de la Constitución, lo que facilita «una peligrosa vinculación entre intereses asociados a la minería ilegal y actores estatales»2. Entre las consecuencias del desarrollo del AMO se encuentran el reforzamiento del papel de las transnacionales y el control por parte de los militares sobre las áreas mineras, aunque esto no ha impedido la acción de «grupos irregulares».

La inflación, que a fines del año anterior mostraba una tendencia descendente, sigue ahora un rumbo incierto. En ausencia de datos fidedignos del Banco Central de Venezuela (BCV) para este año, la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional estimó que la inflación acumulada en los primeros tres meses fue de 145,3%. A pesar de haberse cuasi estabilizado el valor del dólar con respecto al bolívar a comienzos del año, desde que el país entró en la cuarentena ordenada por Maduro a mediados de marzo se observa un aumento vertiginoso del valor de la moneda estadounidense, que de unos 74.000 bolívares por dólar pasó a 176.000 bolívares para el 29 de abril, según el BCV, lo que supone una variación de 237% en un mes y medio.

Frente al recrudecimiento de la crisis económica, en noviembre de 2019 el presidente Maduro aceptó públicamente la dolarización que ya se venía dando informalmente, señalando que «ese proceso que llaman de dolarización puede servir para la recuperación y despliegue de las fuerzas productivas del país y el funcionamiento de la economía». A raíz de estas declaraciones, se comenzaron a aplicar nuevas reglas de juego caracterizadas por el pragmatismo y la adaptación a la crisis. A la flexibilización cambiaria de facto, pues la legislación que la regula aún no se ha completado, se sumaron medidas como la eliminación de aranceles, la apertura hacia el sector privado, la eliminación de los controles de los precios de los productos y la comercialización del oro y del petróleo no solo por vías formales, sino también informales. Ecoanalítica ha señalado que, a fines de 2019, las transacciones en dólares se estimaban en 53%, y la encuestadora Datanálisis indicó que para 2020 estas podrían ascender a 70%, aunque es probable que esas cifras se reduzcan como consecuencia de la pandemia de covid-19.

Dado el éxodo de casi cinco millones de venezolanos en los últimos años ‒cerca de 20% de la población‒, las remesas en dólares han sido importantes para la precaria economía, aunque se espera que se reduzcan como resultado de la pandemia. Si bien una parte de la población pobre también tiene acceso a divisas como pago por los servicios que presta, la dolarización ha visibilizado aún más las diferencias sociales según la cuantía de divisas que cada grupo social maneja. El economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, ha identificado tres grupos que se distinguen por su acceso diferencial a los dólares: 15% de la población que maneja divisas en cantidades mayores a 400 dólares mensuales, 35% que maneja dólares en menor cantidad como resultado de la dolarización de sus servicios, empleos u oficios, y 50% en situación precaria, que no tiene acceso al dólar3.

El nuevo régimen cambiario, junto con la liberación de los precios, estimuló el aumento de los precios de los productos no subsidiados, lo que creó mayor desigualdad en el acceso a alimentos, bienes y servicios entre los diferentes grupos sociales de la población. Quienes tienen suficientes dólares pueden acceder a los bienes de consumo no subsidiados por el gobierno, los cuales son escasos e incluyen artículos suntuarios y productos importados en establecimientos denominados «bodegones», donde se paga en divisas. También, los sectores de clase media y alta que poseen suficientes dólares pueden con mayor frecuencia paliar la escasez de algunos servicios básicos como el agua o las comunicaciones, entre otros, por vías alternas privatizadas. Además, perdura una injusta e histórica distribución de las redes de los servicios básicos que resulta del hecho de que algunas zonas pobres no están conectadas o están conectadas deficientemente a tales redes; por esta razón, la escasez de agua, luz y gas es mayor en los sectores populares. Por otro lado, dada la mayor visibilidad e impacto político de las protestas en la capital del país, el gobierno la ha privilegiado en el otorgamiento de los servicios básicos, en detrimento del interior del país.

En contraste con la minoría altamente dolarizada, quienes sobreviven con un salario básico tienen una capacidad de compra severamente menguada, aunque reciban bonos especiales del gobierno y productos subsidiados. Al referirse a estos sectores, Maduro señaló en una entrevista televisiva que a ellos «los salva la patria» mediante los bonos y las bolsas de alimentación (CLAP)4.

La flexibilización cambiaria ha reducido en el corto plazo las tensiones y la presión social vinculadas a la escasez de alimentos, medicinas y otros bienes y ha contribuido al «apaciguamiento», sobre todo de los grupos sociales que tienen acceso a la economía dolarizada. En el caso de los sectores populares, ha contribuido al perfeccionamiento del control biopolítico, pues las necesarias divisas le sirven al gobierno para seguir alimentando, y también controlando políticamente, a una población cada vez más vulnerable mediante las prebendas de supervivencia ya mencionadas.

Por otra parte, tal como se deriva de la experiencia en otros países e incluso del propio caso venezolano, las sanciones económicas han agudizado la crisis, han llevado a los sectores pobres a una mayor dependencia del gobierno y podrían contribuir a afianzar la lealtad política progobierno de estos sectores y desmovilizarlos. Adicionalmente, proporcionan una excusa al gobierno para no asumir su responsabilidad en la crisis y, como veremos más adelante, no han producido los cambios políticos ansiados por la oposición.

Incertidumbre política: ¿«transición» o permanencia?

La propuesta para una «transición política» de Guaidó al proclamarse como presidente «encargado» contenía tres condiciones básicas: «cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres». Esta propuesta reavivó las esperanzas de la oposición por un cambio político. Sin embargo, estas expectativas no se cumplieron, por lo que al iniciarse esta nueva década se produjo un declive significativo del liderazgo político de Guaidó. Además, no se logró repetir las multitudinarias movilizaciones opositoras del primer semestre del año pasado, sea por el riesgo de la creciente represión policial, porque la oposición se ha debilitado y dividido, por el cansancio de no obtener los resultados esperados o porque el foco de la mayor parte de la población está puesto en la supervivencia. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) destacó que para febrero de este año las protestas habían descendido 51% en comparación con la misma fecha del año pasado.

Otro rasgo que viene agudizándose desde el segundo semestre de 2019 y que caracteriza el año 2020 es la fragmentación interna de los liderazgos políticos tanto de Guaidó como de Maduro, así como también el aumento significativo de un grupo que no se identifica ni con el chavismo ni con la oposición. Los resultados de las entrevistas a hogares realizadas por la empresa de estudio Delphos entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre de 2019 a escala nacional indican que tanto el apoyo al liderazgo político a Guaidó como el apoyo a Maduro han bajado en cada bloque: entre el 40% que se identifica como oposición, solo 24% apoya el liderazgo de Guaidó, y del 23% que se identifica con el chavismo, solo 14% apoya a Maduro5. Existe un tercer grupo de más de un tercio de la población entrevistada (36,3%) que no apoya ni al gobierno ni a la oposición, aunque esto no significa que no asuman una posición política en caso de darse elecciones.

Otra característica a destacar es la acentuación del centralismo y las instituciones paralelas. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que promovió el gobierno en 2017 tenía la función de redactar una nueva Constitución. No obstante, en los hechos utilizó sus facultades plenipotenciarias para asumir las funciones de la Asamblea Nacional en manos de la oposición, dado que esta fue declarada en «desacato» por el Tribunal Supremo de Justicia, afín al régimen. La ANC, que fue tildada de inconstitucional por la oposición, sigue vigente a pesar de que ya se cumplió el periodo asignado de dos años.

La reacción del gobierno frente a la Asamblea Nacional, que continuó sesionando y confrontando al gobierno a pesar de su desconocimiento por parte de Maduro, ha sido la represión y persecución de los diputados más influyentes, muchos de los cuales están presos o han huido del país; más recientemente, la represión se ha dirigido contra el entorno de Guaidó. Más aún, en enero de este año, fecha en que la Asamblea Nacional debía renovar su directiva, el gobierno promovió la división de los diputados opositores, lo que resultó en la elección de una directiva paralela que en la actualidad trata de competir y de restarle legitimidad a la directiva elegida por el grupo mayoritario de diputados de la oposición, que reeligió a Guaidó como presidente de la Asamblea. De esta forma, en 2020 en Venezuela se da la sorprendente situación de contar con dos presidentes del país, con dos parlamentos y con una ANC que supuestamente está por encima de todos los poderes públicos.

La creación de instituciones paralelas no es una práctica exclusiva de la oposición, sino que el propio régimen también la está utilizado para afianzarse en el poder. En ese proceso, el gobierno ha venido vulnerando la institucionalidad vigente para crear una nueva legitimidad que le sea favorable y le permita desactivar los últimos baluartes de poder en manos de la oposición.

Militarización y milicias

Otra tendencia del escenario político 2020 es la creciente subordinación de los criterios técnicos a los de seguridad y control por parte del Estado. Ello ha resultado en la creciente importancia de los militares, a los que se sigue transfiriendo tanto poder político, mediante el nombramiento de uniformados para los cargos de más alta jerarquía, como poder económico, a través de la gestión y el control de las actividades económicas más importantes, como la petrolera estatal, PDVSA, y el AMO. A fines de 2017, Maduro sustituyó a los gerentes técnicos civiles por militares y nombró a un general de la Fuerza Armada Bolivariana como ministro del Petróleo y presidente de PDVSA. Su gestión, que continuó hasta fines de abril de este año, ha sido evaluada negativamente por expertos petroleros, quienes aducen que su falta de experiencia llevó a cometer errores graves en las distintas fases del proceso de producción. La razón de los nombramientos militares, tal como lo expresó Maduro en la ANC en mayo de 2018, fue la construcción de «una PDVSA socialista» y el hecho de que, según él, los militares son «menos corruptos». No obstante, la razón implícita fue otorgar poder económico a los militares con el fin de ganar su confianza y apoyo para mantener el control político. No obstante, frente a la crisis de la falta de gasolina, el 27 de abril de este año, el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA (pues compartía ambos cargos) fue sustituido por dos civiles. Uno de ellos es el vicepresidente del área económica, Tareck El Aissami, quien fue nombrado ministro de Petróleo aunque tampoco es un experto en el área.

Maduro ha señalado reiteradamente que su gobierno se sustenta en la unión cívico-militar, cuya expresión es la Milicia Nacional Bolivariana, compuesta por voluntarios civiles en reserva, ex-militares y oficiales, y cuya misión es la «defensa de la patria». La milicia fue creada por el presidente Chávez en 2005; sin embargo, no fue hasta el 4 de febrero de este año cuando se hizo efectiva la Ley Constitucional de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), que la incorporó como el quinto componente de ese cuerpo. Aunque las cifras no son muy confiables ni precisas, para este año el ministro de la Defensa estimó el número de milicianos en 2.300.000 y Maduro, en 3.700.000. Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano, ha tildado a la Milicia como «la más poderosa arma política partidista» y destaca que, en vez de fortalecer a la Fuerza Armada Nacional, va a destruirla debido a la tendencia a sustituir a los soldados profesionales por milicianos6. La Milicia es la componente de la FANB con el mayor número de miembros, por lo que podría servir como contrapeso a las fuerzas armadas profesionalizadas en caso de que estas dejaran de apoyarlo; de nuevo, la lógica del régimen se despliega para mantener el poder «a toda costa».

Coronavirus

A todo esto se le suma la pandemia de covid-19. La grave crisis humanitaria, el precario sistema de salud, las críticas deficiencias de los servicios básicos de luz, agua y gas entre otros, la falta de recursos económicos y, sobre todo, la incapacidad del gobierno para hacer frente a los problemas anteriores hacen que el país sea especialmente vulnerable a la pandemia según los organismos internacionales La temprana cuarentena instalada en Venezuela puede considerarse un acierto del gobierno y, hasta el momento, parece estarse cumpliendo el objetivo pues las cifras de infectados son las más bajas de la región, si nos guiamos por las cifras oficiales. La información sobre el tema está sumamente controlada por el gobierno, que ha sancionado a aquellos periodistas y trabajadores de la salud que se salgan del reporte «oficial» diario sobre el número de contagiados, enfermos y fallecidos. Sin embargo, la cuarentena que se inició el 16 de marzo no ha resuelto el dilema que se le presenta a la población pobre, que no dispone de un empleo en el sector formal de la economía: ¿cómo resolver sus necesidades básicas, incluyendo la alimentación? Por otro lado, el gobierno ha implementado la medida de que toda persona que salga a la calle para actividades «necesarias» debe llevar mascarilla pero no las ha provisto, destacando que pueden elaborarse artesanalmente. Tampoco ha dicho nada sobre la grave deficiencia de agua, a pesar de que representa uno de los mayores obstáculos para seguir las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Algunos de los grupos más afectados por la falta de alimentos o por las carencias de luz, agua, gas y, recientemente, gasolina están saliendo a protestar, y en general son reprimidos por la Guardia Nacional que ha tomado las calles. El manejo del coronavirus se ha tornado autoritario y la pandemia ha servido para ejercer aún más control sobre la vida de los ciudadanos a través de los distintos cuerpos de seguridad del Estado.

Consideraciones finales

Los cambios económicos se dirigieron a incorporar algunas de las demandas de los grupos económicos con mayor poder y de una parte de la oposición más beligerante que se encarna en la clase media con mayor acceso a la economía dolarizada; su objetivo último fue desactivar las tensiones y evitar el cambio político deseado por la oposición. Paradójicamente, el cambio económico que la oposición vio como prerrequisito para un cambio político fue interpretado por el gobierno como una condición para lograr evitar este último. De esta forma, los cambios en la economía han tenido efectos divergentes para el gobierno y para la oposición: tal como esperaba el gobierno, han contribuido a bajar la presión social de un grupo importante de opositores y, por tanto, a ganar tiempo en el poder, pero no han logrado concretarse en el cambio político visionado por la oposición, la «salida» de Maduro.

A pesar de la creciente pérdida de apoyo popular, el gobierno se mantiene gracias al apoyo militar, pues ha logrado transformar la relación cívico-militar concebida por Chávez en una relación en la que los civiles están subordinados a los militares, quienes ejercen el control político y constituyen el principal sustento del régimen. Por ello, los analistas señalan que cualquier cambio político debería pasar por un acuerdo con los militares, más que por sanciones económicas o de otra índole.

Pero, en primer lugar, cualquier cambio político debe pasar por acuerdos entre la oposición y el gobierno, para lo cual es preciso definir quiénes son los interlocutores válidos de la oposición, dada su diversidad. No existen instancias articuladoras debido a la fragmentación de la oposición tras la crisis de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y al virtual fracaso de esfuerzos más recientes, como los del Frente Amplio (FA), que pretendía articular a los partidos políticos opositores y a la sociedad civil, y las Mesas de Diálogo Nacional de 2019. Por otro lado, Guaidó y su gabinete paralelo no representan en estos momentos a todos los sectores de la oposición.

En mayo de 2019, Noruega reinició esfuerzos exploratorios para entablar una posible mesa de negociaciones entre el gobierno y la oposición. Si bien estos esfuerzos abrieron un espacio para encontrarse, hasta el momento no han tenido mayores resultados. La rigidez de la propuesta de una parte importante de la oposición, que sigue requiriendo, como condición sine qua non para negociar, la salida del poder de Maduro, junto con la acusación de que el diálogo forma parte de una manipulación del gobierno para ganar tiempo, contribuyó a que las iniciativas en marcha no avanzaran de manera significativa. También en esas fechas, la UE auspició el grupo de contacto internacional que viajó a Caracas para reunirse con todos «los actores nacionales relevantes» para evaluar la posibilidad de una «ruta electoral» negociada, enfatizando su compromiso político con una solución democrática a la actual crisis. Esta última propuesta fue apoyada por el Grupo de Lima, constituido originalmente en 2017 por representantes de 14 países con el objetivo de encontrar una salida pacífica a la crisis venezolana. La más reciente propuesta formulada por el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo ha sido el «Marco para la Transición Democrática y Pacífica en Venezuela», en el que se propone una transición política con un consejo de Estado que no incluiría ni a Maduro ni a Guaidó y que tendría como tarea convocar a elecciones presidenciales y parlamentarias dentro de un año. A diferencia de las anteriores, esta última propuesta fue inmediatamente rechazada por el gobierno.

A pesar de que los esfuerzos anteriores no han logrado avanzar o avanzan muy lentamente, se han abierto nuevas vías de encuentro, tanto en el terreno político como en la sociedad civil. En enero y febrero de este año, se reunieron diputados de distintas tendencias políticas con el fin de elegir la lista para el Comité de Postulaciones y poder elegir al Consejo Nacional Electoral con miras a las elecciones legislativas que deberían llevarse a cabo este año. Desafortunadamente, este complejo proceso de acuerdos se paralizó al iniciarse la cuarentena por el coronavirus. En esta misma dirección, diversos actores políticos y sociales nacionales, entre los que se incluyen políticos, ONG y personalidades de la sociedad civil con diferentes tendencias ideológicas, se han agrupado en los últimos meses alrededor del «Diálogo Social» y, junto con la comunidad internacional, convergen en la necesidad de una especie de tregua a corto plazo para llegar a acuerdos que se estiman urgentes para enfrentar la crisis humanitaria; también coinciden en la necesidad de una salida electoral en el mediano y largo plazo.

La incertidumbre acerca de la duración y los efectos económicos y políticos de la pandemia hace difícil visualizar el futuro de estos últimos esfuerzos en el corto plazo. Además, la respuesta del gobierno podría depender del éxito o no que tenga en resolver la emergencia sanitaria, reactivar el aparato productivo y satisfacer necesidades básicas de la población, en una situación de grave crisis en la que los bonos y otros beneficios que otorga no son suficientes. (Uno de los desafíos será contener las protestas sociales que ya han comenzado a producirse debido a las dificultades para satisfacer las necesidades básicas). Un último interrogante que dejamos abierto es si tanto el gobierno como la oposición, que hasta el momento han mantenido posiciones antagónicas que implican la exclusión del «otro» y su consideración como el enemigo a derrotar, estarán dispuestos a establecer una «tregua humanitaria» ante el creciente descontento y las tensiones políticas que podrían alimentar estallidos sociales debido al agravamiento de la crisis humanitaria. ¿Cómo transformar al enemigo en adversario con quien puedan construirse acuerdos en el corto, mediano y largo plazo para enfrentar esta crisis económica, política y humanitaria y abrir una ruta electoral?

Publicado enInternacional
Sábado, 20 Junio 2020 06:31

¿Comida digital? No, gracias

¿Comida digital? No, gracias

Los grandes ganadores de la pandemia han sido las plataformas digitales, que además de hacer ganancias astronómicas han exacerbado desigualdades e injusticias –paradójicamente, bajo una imagen idílica de que "estamos todos conectados". Ahora la agenda de estas empresas avanzó vertiginosamente, también en el mayor mercado del planeta: agricultura y alimentación. Desde el grupo ETC describimos el avance de la digitalización del sistema agroalimentario en el reporte Tecnofusiones comestibles (https://tinyurl.com/y8bwd6k3).

Las más grandes empresas de ambos sectores están en movimiento, tanto en el Norte como en el Sur. Microsoft ha diseñado programas especiales para digitalizar todo el trabajo en campo; varias empresas digitales tienen contratos con empresas de maquinaria, como John Deere y CNH, para la recolección, a través de sus tractores, de datos de suelo, siembra y clima en sus nubes electrónicas. Las mayores empresas globales de comercio de materias primas agrícolas, Cargill, ADM, Cofco, Bunge, Louis Dreyfus y Glencore, sostienen una colaboración para el desarrollo de plataformas de tecnologías digitales (especialmente blockchain e inteligencia artificial) para automatizar el comercio global de granos.

Walmart compró el año pasado la inmensa cadena de ventas electrónicas Flipkart, en India, mientras la cadena de supermercados Carrefour hizo un acuerdo con Google para impulsar ventas de comestibles en línea. A su vez, la cadena francesa de supermercados Monoprix suscribió un acuerdo de ventas en línea con Amazon. Alibaba y Tencent, de China, se están disputando el control del enorme mercado de ventas de alimentos de China.

Mientras millones de migrantes, trabajadores informales y temporales rurales y urbanos, con la pandemia, quedaron sin sus fuentes mínimas de ingresos y fueron empujados al hambre junto con sus familias, las empresas digitales y de agronegocios reportaron en abril 2020 abultadas ganancias. Amazon, por ejemplo, reportó 24 mil millones de dólares. Nestlé, la mayor empresa global de alimentos y bebidas, productora de refrescos azucarados y otros alimentos ultraprocesados, productora serial de diabetes y obesidad, registró 8 mil millones de dólares. Una cifra, señaló Grain, mayor que todo el presupuesto anual del Programa Mundial de Alimentos de la ONU.

No obstante, las mayores empresas de agronegocios, como Tyson Foods, segunda productora global de carnes, se quejan de que la crisis los afecta y alegan que "el sistema alimentario está roto" y, por ello, necesitan apoyos y exenciones de impuestos por los estados. El sistema alimentario agroindustrial es una verdadera fábrica de pandemias y han sido además una alta fuente de contagios de sus trabajadores durante la crisis de Covid-19. Pero no se refieren a ello, sino a situaciones como las que vimos en Estados Unidos, donde grandes productores de lácteos y huevos han tirado a la basura su producción y otros han sacrificado miles de pollos o puercos, porque no era económicamente viable mantenerlos si no pueden venderlos en el momento preciso en que llegan al peso y tamaño que calcularon.

Como explica Michael Pollan, se trata de sistemas alimentarios paralelos dentro de la producción industrial en ese país. Por un lado, empresas que proveen a supermercados. Por otro, las que proveen insumos altamente especializados (por ejemplo, huevos licuidificados) a instituciones públicas, como escuelas, que cerraron durante la pandemia. En lugar de mantener los animales o ver cómo hacerlos llegar a quienes pasan necesidades, las empresas decidieron tirarlos a la basura, alegando que no era económico hacer otra cosa (https://tinyurl.com/y6wmdzar).

En ese contexto, las compañías –tanto las digitales como las de agroalimentación– tomaron nuevo impulso para afirmar que la digitalización de toda la cadena agroindustrial es la clave para superar la crisis. Esa agenda ya la tenían desde antes, pero ahora el discurso se basa en el Covid-19 argumentando que gracias a ellas las personas han podido hacer sus compras online, que los robots no se enferman (ni hacen huelga o piden mejores condiciones), que el dinero electrónico no necesita contacto personal. Reclaman su "esencialidad" por ser proveedores de alimentos y convergen con las empresas de plataformas digitales en que los estados garanticen acceso Internet en todas partes, que se hagan cargo de la infraestructura, que instalen redes 5G, para permitir mucho mayor volumen de datos, sin interrupciones (para que los sistemas de entregas con drones o vehículos no tripulados no se interrumpan), que se den pasos determinantes para el Internet de las cosas en agroalimentación.

Muchas evidencias y testimonios señalan que los sistemas alimentarios que realmente funcionaron y funcionan, que han llevado de forma segura la mayor cantidad y calidad de alimentos durante la crisis a los que los necesitamos y generan trabajo y salud, son los sistemas campesinos y las redes locales campo-ciudad. Que además previenen futuras pandemias. Esos son los sistemas que es vital apoyar, no este nuevo ataque a la agricultura y la alimentación.

Por Silvia Ribeiro, iInvestigadora del Grupo ETC

Publicado enMedio Ambiente
Cien millones de personas tuvieron que abandonar su hogar en la última década

Cada vez más personas deben de abandonar sus hogares a la fuerza mientras que son siempre menos quienes logran retornar. Una vez más, ACNUR ilustra cómo la mayoría de las personas refugiadas lo está en países en desarrollo, muchas veces limítrofes y con penurias alimentarias que complican su situación.

Las cifras que la Agencia de Naciones Unidas para las Personas Refugiadas (ACNUR) publica en suInforme anual de tendencias globalesmuestran un 2019 donde el desplazamiento de seres humanos alcanzó un record: 1 de cada 97 habitantes del planeta estaría desplazado. Por otro lado, resulta cada vez más dificil para quienes tuvieron que irse a la fuerza regresar.

La cifra total de personas desplazadas, 79,5 millones, prácticamente duplica la registrada hace una década. Según la descripción que brinda ACNUR, estas personas tuvieron que dejar sus hogares tras sufrir persecución como consecuencia de “conflicto, violencia, violaciones a los derechos humanos o eventos que alteraron gravemente el orden público”. Situaciones que afectan en gran medida a los menores, que sumarían según las estadísticas de la agencia de la ONU entre 30 y 34 millones, un 40% del total de personas desplazadas.

La mayor parte de estos casi 80 millones de seres humanos están desplazados dentro de su propio país: 45,7 millones. 26 millones son refugiados, una parte de ellos bajo el paraguas de las agencias de la ONU, 20,4 millones bajo el mismo ACNUR, y 5,6 millones de refugiados palestinos lo estarían bajo el mandato de la Agencia de Nacionas Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

Al margen de los miedos europeos y la securitización de las fronteras, las personas refugiadas llegan y se establecen fundamentalmente en países en desarrollo. El 85% de ellos se hallan en países de estas características, mientras que el 27% se encuentran de hecho en lo que el ACNUR considera como “países menos desarrollados”. En muchos casos el país de acogida es el estado vecino: sucede en el 73% de lo casos.

Preocupa en la agencia la dificultad cada vez mayor para el retorno de estas personas desplazadas y refugiadas. Son pocos los que consiguen volver, la mayoría desplazados internos: de los 5,6 millones que pudieron retornar en 2019, poco más de 300.000 habían llegado a salir del país.

De las personas que dejaron su país 4,2 millones han obtenido asilo. Durante el 2019 se presentaron dos millones de demandas de asilo. La mayoría en Estados Unidos, superando las 300.000, seguido de cerca por Perú con 259.000 demandas. En Europa, Alemania encabeza los países que reciben solicitantes de asilo, con 142.500, detrás va Francia con 123.900 y finalmente España con 118.300.

Venezuela se sitúa como segundo país de origen de desplazados, solo después de Siria, este último con 6,6 millones de nacionales fuera del país. La contabilización de las personas venezolanas se realiza aparte en el informe, irrumpiendo en los gráficos de manera desagregada por primera vez en 2019. Tras Venezuela, Afganistán (2,7 millones), Sudán del Sur (2,2 millones) y Myanmmar (1,1 millones), tres países que arrastran largos conflictos, completan el grupo de los cinco de donde proviene el 68% de las personas refugiadas.

Respecto a la acogida de migrantes, Turquía, limítrofe con Siria, va muy por delante en cuanto a refugiados viviendo en su territorio: 3,6 millones, el doble de Colombia, limítrofe con Venezuela y que recibió 1,8 millones. Pakistán, que comparte su mayor frontera con Pakistán recibió 1,4 millones de refugiados afganos mientras que Uganda, también limítrofe con Sudán del Sur, acoge a otros 1,4 millones de sus ciudadanos. Solo en quinto lugar aparece un país europeo, Alemania, con su 1,1 millones de refugiados.

En diez años, la década que arrancó en 2010, al menos 100 millones de personas fueron expulsadas de sus hogares. 16,5 millones solicitaron asilo y este se pidió para 400.000 niños que viajaban solos. 20 millones de personas fueron reconocidas con derechos de asilo, pero solo un cuarto de ellas accedió a protección internacional. Casi ocho de cada diez desplazados lo estaban dentro de sus países.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Filippo Grandi, apunta en el informe su preocupación por el hecho de que los desplazamientos se estén alargando en el tiempo. Una larga lista de conflictos activos en esta década está en el origen de este gran aumento en el número de desplazados: la persistencia de las guerras de Yemen y Siria, así como los conflictos en el Sahel, Burkina Faso o la República Democrática del Congo, empujan a miles de personas a abandonar sus tierras.

Inquieta además la creciente dificultad para el retorno de quienes se han vito obligados a marchar. Si en la década de los 90 la media de quienes volvían anualmente era de 1,5 millones, desde el 2010, la cifra es mucho menor, solo 390.000 lo consiguen cada año. Y no es porque vivan bien en los campos de acogida, muchos y muchas de ellos no se encuentran a salvo en su desplazamiento: ocho de cada diez personas desplazadas en el mundo están viviendo en estados afectados por inseguridad alimentaria y malnutrición, y en muchos casos sujetos a riesgo climático.

En su informe, ACNUR llama a los Estados a “que hagan un mayor esfuerzo por ofrecer un hogar para millones de refugiados y otras personas desplazadas por los conflictos, la persecución u otros eventos que perturban gravemente el orden público”. La organización recuerda además el compromiso de Desarrollo Sostenible de 2030 de “no dejar a nadie atrás” en el que ahora se incluyen explícitamente a las personas refugiadas.

ESPAÑA

España figura entre los cinco primeros países en los que se pide asilo, con 118.300 solicitudes en 2019. Un récord, según señala la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). La respuesta ha sido una disminución radical al menos en términos relativos de la concesión de asilo: solo un 5,2% de solicitantes resultan favorables. Este mínimo porcentaje supone una variación notable frente a los años precedentes, casi una de cada cuatro solicitudes fueron aceptadas el año anterior. Está además muy por debajo de la media europea, del 31%. Fuera del asilo se concedieron 40.000 permisos por razones humanitarias, una gran mayoría a personas venezolanas.

CEAR es crítica con la labor de España: señala las devoluciones en caliente en la frontera sur; las trabas a la reagrupación familiar; o la petición de visados de tránsito a quienes proceden de países en conflicto como Siria, Palestina o Yemen, país este último a cuyas peticiones, una vez en territorio español, son resueltas positivamente, pero a quienes les dificulta la llegada al país, exponiéndoles al tráfico de migrantes.

Por otro lado, los retrasos en la tramitación de la petición de asilo generan gran inseguridad a quienes solicitan protección, por no hablar de lo que supone la denegación del proceso de petición de asilo en la frontera sur. La reapertura de la ruta atlántica hacia Canarias, donde las llegadas se multiplicaron desde finales de 2019, es otro motivo de preocupación, dada la peligrosidad del camino. Las centros donde se les recibe están en muy mal estado sin contar con medidas higiénicas ni espacios. Además, son pocos los trasladados a la península.

Dada la situación descrita, CEAR apunta a la necesidad de trabajar en conjunto y llama a un nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo que amplíe derechos y vaya hacia un sistema común.

Publicado enInternacional
En la cuarta semana de protestas contra la violencia oficial racista, ayer se festejó Juneteenth (fusión de 19 y junio), que la comunidad afroestadunidense marca como el día de su liberación, en recuerdo del acto del 19 de junio de 1865, cuando a los últimos esclavos africanos en Texas se les informó que eran libres, dos años y medio después de que Abraham Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación y a dos meses de que terminó la guerra civil. La imagen, en el puente de Brooklyn, Nueva York. Foto Afp. / David Brooks, corresponsal

Nueva York., El movimiento de protesta contra el racismo sistémico festejó el día de liberación de los afroestadunidenses con cientos de acciones a lo largo del país: marchas en Washington –que asustaron a la Casa Blanca–, el cierre de todos los puertos de la costa oeste, haciendo presente la historia en las calles "cultivando alegría dentro de la resistencia" y la promesa de cambiar la historia.

En la cuarta semana de protestas, foros, mítines, marchas y actos culturales, este viernes se festejó Juneteenth (fusión de 19 y junio), que para la comunidad afroestadunidense marca el día de su liberación y recuerda el 19 de junio de 1865, cuando esclavos africanos en Texas fueron los últimos en ser informados de que eran libres, dos años y medio después de que Abraham Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación y dos meses después de terminada la Guerra Civil poniendo fin a la esclavitud. La fecha se celebra por comunidades afroestadunidenses desde entonces.

Esta vez el aniversario –celebrado ahora por millones– se entremezcla con furia y movilización, cuando marchas por todo el país entonaron otra vez "las vidas negras valen". En cientos de ciudades hubo tanto marchas como bailes y banquetes, mientras el sindicato de estibadores ILWU clausuró los 29 puertos de la costa oeste del país en solidaridad con el movimiento.

De Nueva York a Los Ángeles hubo marchas combinadas con baile colectivo, y se escuchaban nuevos himnos entremezclados con canciones de lucha y desafío político, como Fight the Power de Public Enemy y jazz de Nueva Orleans, percusión africana y blues.

A diferencia de otros años, la clase política, empresas y gran parte del establishment se vieron obligados a reconocer el Juneteenth. Varios alcaldes y empresas han promovido que el día sea feriado, y hay iniciativas de legisladores federales para hacerlo una fecha oficialmente reconocida.

El levantamiento multirracial sigue sorprendiendo a la cúpula del país y su poder, apoyado por una gran mayoría de la opinión pública, ha obligado a impensables cambios inmediatos, desde procesos judiciales a policías, quienes suelen operar con impunidad, a medidas para reducir los presupuestos policiacos y propuestas de reformas a nivel federal, hasta la remoción de símbolos y monumentos oficiales racistas por todo el país.

Pero los líderes jóvenes de este movimiento, algunos veteranos de las luchas por los derechos civiles y sus aliados, reiteraron ayer en múltiples foros que este movimiento busca mucho más que sólo más reformas y compromisos de políticos sobre la policía, sino cambios a la violencia oficial sistémica que se expresa en la desigualdad económica, los obstáculos y supresión del sufragio efectivo y también algunos incluyen en su agenda la reforma del sistema penal masivo, el respeto a los derechos de los indígenas y de los inmigrantes, hasta la defensa el medio ambiente

"Tenemos que cultivar la alegría dentro de la resistencia" comentó ayer Nikita Mitchell, coordinadora nacional de The Rising Majority, una de las coaliciones que forma parte del incipiente movimiento que nació con el estallido de protestas por el asesinato de otro afroestadunidense a manos de un policía blanco hace cuatro semanas.

Indicó que esa colación está trabajando con sindicatos nacionales como el de servicios, los activistas de jóvenes indocumentados de United We Dream, el Movimiento por Vidas Negras, la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas, ambientalistas y otras organizaciones más para ampliar este movimiento ahora en las calles [https://therisingmajority.com].

Mitchell señaló que el enfoque de la lucha es contra el "capitalismo racial" que afecta a todos los sectores de color, como también a migrantes, y que es culpable del modelo extractivista que amenaza al medio ambiente. "El cambio nos requiere a todos" para "construir una izquierda poderosa para la democracia radical".

Ash-Lee Woodward Henderson, integrante del Movement for Black Lives [https://m4bl.org], parte del amplísimo mosaico de redes, colaciones y agrupaciones que forman parte y están definiendo este nuevo movimiento, comenta que "la supremacía blanca es un problema global" que afecta a todos dentro y fuera del país, y se requiere de una lucha internacional para desmantelarla. La también codirectora del histórico centro de educación y capacitación popular Highlander Center explicó que una de las demandas centrales del movimiento, desfinanciar a la policía, "es parte de una estrategia a largo plazo que incluye reimaginar la seguridad pública y parte de reimaginar un nuevo mundo".

“Esta es la hora para reimaginar en lo que Estados Unidos se puede convertir si ‘nosotros, el pueblo’ significa todos nosotros. Estados Unidos necesita lo que este movimiento tiene la intención de hacer: cambiar la historia…”, escriben los reverendos William Barber y Liz Theoharis, y los intelectuales Timothy Tyson y Cornel West en un artículo en el New York Times.

Este sábado, el Movimiento de los Pobres –encabezado por Barber y Theoharis y que recupera el ultimo proyecto de Martin Luther King hace más de medio siglo– realizará una "Asamblea masiva de los pobres y marcha moral" ahora de manera digital por el Covid-19, para promover "una reconstrucción radical de nuestra nación", donde participarán sindicatos, organizaciones de justicia social y religiosas, y artistas como Danny Glover y Jane Fonda, entre otros [https://es.poorpeoplescampaign.org].

Barber sugirió que aunque algunos desean establecer Juneteenth como día festivo federal, "por qué no vamos más allá para promover el acceso a la salud y sueldos dignos para todos" y pleno respeto del derecho al voto, entre otras cosas urgentes "y no sólo un día feriado".

Mientras tanto, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas ordenó un informe, el cual será preparado por la alta comisionada Michele Bachelet, sobre el racismo sistémico y abusos contra descendientes africanos con un enfoque en la violencia policiaca. La iniciativa original buscaba establecer una comisión internacional de investigación para evaluar los actos en Estados Unidos, apoyada por varios países africanos y más de 600 organizaciones de derechos humanos en decenas de países, pero Washington logró diluir el enfoque insistiendo en que se trata de un problema global.

Publicado enInternacional
La Paz, Bolivia.

En otro texto provocador e imprescindible, la activista boliviana María Galindo propone pensar y actuar sobre 5 urgencias que, dice, no pueden justificarse ante el avance del coronavirus: el fascismo, la colonización, la corrupción y desidia estatal, la violencia machista y el hambre. Cómo azotan cada una de estas otras «pandemias» a los países latinoamericanos a los que bautiza como Culo del Mundo, «en el sentido ambiguo de lugar de placer y de desprecio al mismo tiempo». El miedo y el hambre como fórmula de control; los préstamos financieros como método de colonización; las miradas ancestrales de la salud, más acá del sanitarismo; el rol de las ollas populares no institucionales y gestionadas por mujeres; la pregunta de si las salidas van a venir de los Estados quebrados y corruptos; la violencia machista, la crisis de cuidados y la frase de George Floyd traducida por Galindo: «En el centro de la pandemia nace el movimiento NO PUEDO RESPIRAR

que en código andino quiere decir NO AGUANTO MÁS».

 

Agradecida con la lectura crítica de Claudia Acuña y la edición de Helen Álvarez.

La Paz, Bolivia.

 

En esta parte del mundo desde donde escribo es urgente decir que no estamos enfrentando a una pandemia sino a cinco, y al mismo tiempo. O, si prefieren, a una pandemia que múltiples capas, adheridas una a la otras, donde la capa visible y externa es la del coronavirus. Esa capa funciona como la superficie evidente detrás de la cual se esconden y legitiman las cinco pandemias, a saber:

1) La pandemia del fascismo que afecta las estructuras y libertades democráticas y que moviliza el conjunto de prejuicios en torno de la enfermedad, el contagio y la “protección” de la población.

2) La pandemia colonial que afecta las relaciones Norte/ Sur, y las relaciones con los sures del mundo presentes en todas las sociedades, la relación con el conocimiento y manejo de la enfermedad y el sobreendeudamiento de toda la región para el recrudecimiento de un contrato colonial global más severo.

3) La pandemia de la corrupción y la desidia estatal.

4) La pandemia de la violencia machista que afecta directamente el lugar de las mujeres y la crisis de cuidados.

5) La pandemia de las pandemias que es la del hambre.

Hay un juego de espejismo entre una pandemia y otra, un juego que confunde y paraliza la protesta: cuando estás interpelando una pandemia se superpone la de otra para desactivar o relativizar todo argumento de resistencia.

En pocas palabras, el coronavirus justifica todo.

Mientras escribo este texto ha muerto una mujer en los brazos de su hijo. Murió por tuberculosis en la puerta de un hospital donde por pánico no la dejaron entrar. Es tan pequeña la madre que parece una niña acurrucada en los brazos de un adulto, porque además de la tuberculosis la ha aniquilado el hambre. ¿Fue primero el hambre y luego la tuberculosis?, ¿Tuvo también que ver el coronavirus para que no pudiera pasar la puerta de un hospital o usaron ese pretexto para no recibir a nadie porque ni hay ni hubo nunca allí lugar para nadie más? Como quieran colocar el orden de los factores su muerte televisada y transmitida se convierte en rutinaria.

¿Qué está pasando en este sur bautizado como Latinoamérica que he preferido nombrar como Culo del Mundo, culo en el sentido ambiguo de lugar de placer y de desprecio al mismo tiempo?

¿Hay alguna continuidad entre lo que pasa hoy en México, Perú, Brasil, Ecuador, Argentina o Bolivia?

La región misma es imposible de describir bajo un solo prisma, no hay uniformidad; ¿Qué es entonces lo que hay de común entre el cavado de fosas para los cadáveres en Brasil, el endeudamiento acelerado boliviano o ecuatoriano y la enésima amenaza de quiebra del Estado argentino, que nos hace pensar en la pronta quiebra de muchos Estados de la región?

Si de comunes denominadores que recorren todo el continente se trata me atrevo a decir que la violencia machista, la corrupción gubernamental y el lavado de manos de las oligarquías locales -que en ningún país han asumido responsabilidad alguna- son los infalibles, sea que gobierne la derecha fascista o la izquierda progresista; sea que se haya optado por la cuarentena rígida, flexible o el negacionismo.

Les pido entonces permiso para hablar en términos generales, sabiendo que según qué país te toca en suerte estos elementos funcionan de manera distinta.

Coloniavirus: la densidad colonial de la pandemia

Pido permiso a la ecuatoriana residente en Barcelona Mafe Moscoso, de quien tomo el título de «Colonialvirus». Ella denomina así a la pandemia para denunciar lo que ocurre en Guayaquil y describir el papel de las “exiliadas del neoliberalismo” expuestas como los cuerpos portadores del virus, y el papel de las oligarquías.

La capa colonial de la pandemia no es ni tangencial, ni de detalle; la envuelve completamente.

La densidad colonial supone que los países del sur compren desde los insumos médicos pasando por pruebas, reactivos y respiradores hasta los medicamentos en un mercado neoliberal-colonial y a precios especulativos, inaccesibles para nuestras economías.

La densidad colonial supone la preparación por parte del Fondo Monetario Internacional de un proceso de endeudamiento acelerado, que aprovecha la situación de pánico para que los gobiernos den las espaldas a las sociedades, mientras contraen más deudas que empeñan el futuro, los bosques, la selva, el territorio, las materias primas estratégicas, como el litio o el mismo oxigeno de la Amazonia. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional están dispuestos a hacer préstamos a todo tipo de gobiernos en época de pandemia que favorecen la destrucción de la economía porque en ese contexto el endeudamiento se presenta fácilmente como salvataje cuando en realidad representan la firma de contratos de dependencia colonial, a futuro.

Nuestros remedios

Se ha hecho escarnio de la propuesta que enarbolé en un artículo que publiqué al comienzo del azote del colonialvirus sobre la medicina casera y ancestral como salida. Parece ser que hay que creer dogmáticamente que este es un problema que lo resolverá únicamente la investigación corporativa en laboratorios de inteligencia artificial.

El problema no está en poner en una línea dicotómica una medicina con la otra, menos en colocarlas en una escala colonial de “primitivo” versus “desarrollado”. Lo más necesario es integrar una con la otra y entender que los principios psicosomáticos de las medicinas ancestrales y su comprensión holística del funcionamiento del cuerpo. Son concepciones que deben ser integradas a toda medicina urgentemente.

Por otro lado, la medicina en la mayor parte de nuestros países es un recetario copiado sin pensamiento ni investigación propia, por eso nos enteramos por la BBC y desde Canadá que las llamas que conviven con [email protected] en los Andes pueden ser portadoras de un anticuerpo efectivo, o nos enteramos que en las ciudades de altura, como Quito o La Paz, la incidencia es menor porque hasta al colonialvirus le da maldealtura. No son nuestras universidades de Medicina ni nuestros laboratorios quienes investigan porque en la mayor parte de nuestra región no hay investigación y, cuando la hay, es en condiciones de extractivismo informativo.

La microbiología y la inteligencia artificial pueden dar una solución específica y temporal a este virus, pero déjenme ahora reirme un poco de quienes esperan con fe esa solución. ¿Dónde está el laboratorio independiente no vinculado a los poderes de la farmacéutica transnacional? ¿Qué conocemos realmente del virus desde estos centros de información y qué se nos oculta desde estos mismos centros de información?

Para ese poder farmacéutico, como habitantes del Culo del Mundo hemos servido de cuerpos de experimentación, de poblaciones descartables, de [email protected] que no importan, y también como territorio de extracción de conocimientos. ¿Cuánto tardará en llegar una vacuna al chaco argentino, a la amazonia peruana o boliviana, donde hoy miles y miles sufren el dengue? Seremos literlamente [email protected] ú[email protected] en recibirla. ¿Cuál será su costo real? No podremos pagar su precio con dinero, que es papel, pero sin duda pagaremos completa la factura empeñando nuestra tierra.

La densidad colonial es desgarradora cuando hablamos de [email protected] incontables[email protected] trabajador@s [email protected] que han quedado fuera de todo servicio de salud, frente a quienes se han cerrado fronteras declarándoles parias y a [email protected] que ninguna sociedad les ha [email protected] como pertenecientes: ni sus sociedades de origen, donde sus remesas mensuales han garantizado ingresos económicos imprescindibles, ni las sociedades donde han garantizado servicios de cuidados imprescindibles con trabajo precarizado y sin derechos.

El colonialvirus ha sido el pretexto político más “limpio” e incontestable del neoliberalismo para abrir la circulación de mercancías y cerrar la circulación de personas.

Europa ha pasado de cerrar sus fronteras nacionales a cerrar sus fronteras continentales y por fin habitar su sueño fascista de que el peligro es el otro. Ese mismo día han surgido las voces de cientos y miles exigiendo la regularización inmediata de [email protected] l@s [email protected] como ilegales y hasta ahora solo Italia lo ha hecho.

¿Cuál es el sistema de salud responsable de curar a [email protected] infectad@s que llegaron a España desde Guayaquil o el Beni en Bolivia, regiones donde los contagios suponen algo muy parecido a un genocidio?

El virus en su densidad colonial es una frontera que divide los cuerpos y las poblaciones entre las dignas de vida y las indignas de vida, entre las regiones desde donde se elaboran y discuten los protocolos y las propuestas y regiones donde esos protocolos no se piensan, sino que se copian.

 

Nos vamos contagiando

Miedo y hambre juegan un juego mortal en nuestras calles y nuestras economías.

Salir a comprar alimentos es prepararse para visitar el salón del hambre; la gente está saliendo a pedir limosna con creatividad, con dignidad y con originalidad, te sostienen la mirada, te cortan el paso con delicadeza, te extienden la mano o te ofrecen dulces y todo tipo de inventos prácticos para enfrentar la vida. Ayer compré un ensartador de aguja aunque en mi casa no hay agujas, ni hilos. La mirada del vendedor, sus demostraciones, su dignidad, su ropa, su aliento, su bozal casero, todo él era un grito de dignidad magnetizante.

Abundan las variedades de mascarillas que prefiero llamar “bozales para humanos” para todo gusto y bolsillo, porque de eso también hay que sobrevivir, pero la mascarilla universal parece ser de piel de mandarina. Los cítricos han invadido las calles y es con cítricos con lo que con ingenuidad nos defenderemos por acá de la pandemia, mientras nos vamos contagiando el colonialvirus y las ganas de vivir al mismo tiempo.

Caminando en los barrios populares de tanto en tanto me vienen vahos de olor a hierbas que deben estar hirviendo en gastadas ollas que perdieron la tapa hace décadas. La gente se ha refugiado en la medicina casera y en los conocimientos de la abuela. Los vahos vienen de lejos porque los pueblos amazónicos han decidido espantar la pandemia con largos rituales.

Las ollas comunes -que son ni más ni menos que la respuesta colectiva y no individual al hambre- no sólo representan un acto de desobediencia, sino que son noticia corriente y cotidiana. Las hay de todos los tipos y bajo todo género de organización en todo el continente. Tienen dos características comunes:

  1. Son organizadas y gestionadas por mujeres no por una cuestión de servidumbre, sino por un saber hacer-
  2. No son estatales ni institucionales y son super efectivas como medida social frente al hambre. Nadie se atreve a intervenir, descalificar, ni desactivar olla común alguna.

Especialmente desobedientes viejos y viejas [email protected] de salir están en las calles. La policía tampoco se atreve a cuestionarles. Ahí están ellos y ellas con 70, 75 y 80 años en busca de subsistencia. Mil formas en las que [email protected] ancian@s de nuestras sociedades están desafiando a la muerte misma. Lo que consiguen lo comparten con sus amores y al día siguiente de nuevo les ves en las calles marcando el ritmo de una cuarentena que no es lo peor ni lo más duro por lo que han pasado.

Quizás la mayor potencia de las gentes de esta región está precisamente ahí. No es que nos ha venido una crisis, sino que vivimos en crisis, no es que esperamos respuestas sino que las inventamos continuamente de forma artesanal e intuitiva apelando a las herramientas del propio contexto, y es eso lo que en la región se ve por todas las esquinas. Remedios caseros, inventos de nuevas formas de ganarse la vida y de lanzarse a la muerte al mismo tiempo. Los días se han convertido en festivales coloridos del fin del mundo.

El Estado y la pandemia de la corrupción

Seguramente en lo que a corrupción se refiere el gobierno boliviano debe de ser hoy uno de los más sobresalientes de la región. El escandalo de la compra de 500 respiradores a un 300 por ciento más de su precio es tan sólo la punta del iceberg.

Compramos vía intermediaros las pruebas más caras de la región, pero hacemos el menor numero de pruebas de la región. Varias capitales del país no tienen laboratorio de procesamiento de pruebas y los pocos laboratorios que hay están colapsados y entregando los resultados tardíamente, pero además las pruebas ya llegan tardíamente a los laboratorios pues son transportadas por vía terrestre.

Las cifras de contagio son bajas porque hay un subregistro descomunal debido a la negligencia estatal que funciona como mentira colectiva. La función más importante del Estado como es la educación pública está suspendida y los planes de convertirla en virtual no pasan de ser una mentira colectiva.

El gasto militar se ha triplicado porque la movilización de tropas es contínua y se ha utilizado la pandemia para la legitimación de la presencia militar en las ciudades.

Ninguno de los sectores oligárquicos vinculados a las transnacionales o que representan las grandes concentraciones de capital en la región han sido convocados a asumir ni siquiera una parte de los costos de la pandemia. Es más: en muchos casos han sido los primeros que han pasado a los gobiernos sus listas de pérdidas y requerimientos. Mientras la población está perdiendo trabajo, sustento, educación e inclusive la vida las oligarquías se están lavando las manos y dándose el lujo de hacer caridad. Grotesca es la imagen recurrente de las donaciones caritativas para sacarse la foto de portada.

¿Podemos entonces permitirnos pensar que las soluciones van a venir desde el Estado? ¿Podemos contentarnos con hacer una lista de demandas post colonialvirus para pasarle a los gobierno? ¿Es sólo cuestión de cambiar un gobierno por otro?

¿Es realmente la salida darle al Estado la administración de una renta básica universal que es lo que propone la CEPAL (Comisión económica para America Latina)y la izquierda llamada progresista? ¿Cuánto nos va a costar cada peso boliviano, cada sol peruano, cada peso chileno o argentino que retiremos de una ventanilla del Estado?

En esta región me atrevo a decir que la pobreza no es la falta de ingresos sino el despojo, no es la falta de ingresos sino la destrucción sistemática del ecosistema, la destrucción de la selva y de las aguas dulces.

La propuesta de la CEPAL tiene mucho que ver con un reendeudamiento de nuestras sociedades y con la contención de la revuelta que se está cocinando en las otras ollas comunes que son las ollas de las ideas, las rabias, el dolor y las frustraciones. Por un año de renta básica firmaran en nuestro nombre la reincorporación pasiva y sin objeción ni debate al capitalismo patriarco/colonial extractivista.

 

Violencia machista y crisis de cuidados

Lo que peor han resuelto los Estados es la cuestión de [email protected] niñ@s convertidos en pájaros [email protected], cuya responsabilidad de contención ha estado y está descomunalmente descargada sobre las espaldas de las madres. Agravada con el hecho de que empieza la ola de flexibilizacion de la cuarentena, no se abren las escuelas ni hay soluciones para la crianza demostrando que sobre las espaldas de las mujeres se puede descargar todo sin límite alguno e incluso sin lógica.

El colonialvirus es una crisis de cuidados que ha colocado a los cuidados en la doble vara de los trabajos recargados y mal pagados masivamente realizados por mujeres y, al mismo tiempo, en los únicos realmente útiles a la hora de salvar vidas, contener emocionalidades y construir sentidos colectivos.

Suprimir la calle para las mujeres ha sido suprimir el espacio emancipatorio histórico. Ha significado suprimir la otra ciudad efímera que habitamos y montamos cada día. Ha sido un auténtico encarcelamiento en la familia nuclear patriarcal que andábamos disolviendo y en el espacio de captura de nuestras energías. Ha sido colocarnos a merced de las frustraciones de un macho que está en decadencia y que no encuentra su propio lugar en el mundo. Los índices de feminicidio en cuarentena son la prueba de esto que estoy diciendo. Los índices de violencia machista y violencia sexual que rompen todo sentido romantizado de hogar son la prueba de lo que estoy diciendo. La calle es nuestra casa y el espacio del afuera es el espacio en el que estamos construyendo libertad.

Esto coloca a la familia y al Estado en la misma línea de las instituciones caducas, de mamotretos arcaicos que en esta crisis han mostrado su ausencia de respuestas, su peso como mito y su inocultable decadencia.

La comunidad no es la suma de familias, sino la ruptura de estas para la construcción de nuevas afectividades, contenciones y complicidades.

El Estado no es la entidad llamada a resolver lo que la post pandemia trae, sino que la sociedad organizada, las voces criticas y las hambres acumuladas somos quienes necesitaremos elaborar no un pliego de peticiones a gobierno alguno sino un marco de redefinción política de la democracia como un eje radical de participación y no como un aparato de marketing electoral, de la economía como un eje de construcción de bienestar y de la colectividad como el lugar del desorden afectivo.

Debajo del hambre están creciendo las ideas.

Debajo del hambre siguen floreciendo los sueños.

Y mientras enterramos a [email protected] muert@s, [email protected] todavía calientes se confabulan con [email protected] para decirnos que no murieron de coronavirus sino de capitalismo.

En el centro de la pandemia nace el movimiento NO PUEDO RESPIRAR que en código andino quiere decir NO AGUANTO MÁS.

Por María Galindo, habitante vitalicia de la anormalidad. Mujeres Creando/ Bolivia.

18/06/2020

Publicado enSociedad
Viernes, 19 Junio 2020 06:05

No es el virus, es el capitalismo

No es el virus, es el capitalismo

La realidad desatada por el coronavirus nos demuestra que es la propia crisis del capitalismo tardío la que prolonga y estimula los efectos devastadores de la pandemia.

Subidos al pulpito autoritario de sus monopolios, la maniobra no disimula un intento desesperado de anteponer el carro delante del caballo. Como si el orden de los factores, en este caso, no alterara el producto. Y es que la pandemia vino a poner en primerísimo plano nuestra fragilidad de seres vivos, acechados por la enfermedad y muerte, trastocando nuestra existencia, alterando nuestros sentidos y modificando nuestra experiencia cotidiana. Todo junto, mientras vemos cómo fueron dinamitados aquellos puentes que nos unían a una “normalidad” construida a fuerza de leyes, costumbres y tradiciones.

Cruel ironía, absurdo fatal, que, de golpe, nos recordó a los seres más inteligentes del planeta, reyes absolutos de la creación -según varias religiones-, que fuimos acorralados por un organismo de estructura muy sencilla, compuesto de proteínas y ácidos nucleicos, y capaz de reproducirse solo en el seno de células vivas específicas utilizando su metabolismo. Haciéndonos retroceder, obligando a detenernos, a buscar refugio; pero, por sobre todo, a pensar y definir colectivamente tácticas y estrategias que nos permitan enfrentar una amenaza imperceptible.

Y es ahí donde la “normalidad” cruje, se quiebra, se cuestiona. Porque lo mejor que podemos hacer es dejar de hacer.Entonces, comprendemos: nada puede volver a ser igual, como antes, por el simple hecho de que casi todo dejó de serlo. Descubriendo, no sin asombro, que ya no hay dónde retroceder y solo nos queda avanzar. Intimidados, agudizamos nuestros sentidos, potenciando nuestra inteligencia y liberando nuestra imaginación. Desde la quietud, nos predisponemos a la acción, somos devueltos al movimiento que ya no es el mismo de antes, pero con un grado mayor de conciencia.

Entonces, vemos todo lo que nos falta: respiradores; unidades de cuidados intensivos; profesionales, técnicos y trabajadores de la salud; salas y centros, hospitales y clínicas; alimentos e insumos de higiene básicos; elementos de protección, etc.

Abrumados por cifras de contagios y muertes que se multiplican por todas las latitudes, agobiados por imágenes que nos muestran desde todas las longitudes a quiénes deberían velar por nuestra seguridad atentando contra ella, abusando de su autoridad, golpeando, vejando e, incluso, asesinando a sangre fría.

Atónitos, vemos líderes incapaces de liderar. Percibiéndolos tal cual son, descarnadas marionetas de un poder capitalista que se obstina en mantener la “normalidad” de sus ganancias, dispuesto a sostenerla a punta de pistola si fuera necesario.

Entonces, comprendemos que todos podemos ser George Floyd en Minneapolis, Rayshard Brooks en Atlanta o Elsa Fernández, sus hijas e hijos, en la localidad de Fontana, Chaco. Produciéndose el quiebre que nos impide tragar la papilla masticada por los grandes grupos económicos dedicados a la comunicación. Siendo y haciéndonos conscientes de que, en el capitalismo tardío que supimos conseguir, casi todo falló.

Y los dictados que machacan sobre la responsabilidad de la pandemia en la crisis del capitalismo tardío ya no llegan como antes, cuando vivíamos en la “normalidad”, porque esos significantes expresados por y desde el poder comienzan a perder significado para nosotros.

Cabe preguntarnos: ¿Cuáles “ventajas” tendría la humanidad de continuar perpetuándose, en tiempo y espacio, el modo de producción capitalista, con su consecuente forma de organización de relaciones sociales basadas en la propiedad privada burguesa, una sociedad divida en clases y una salvaje y brutal explotación?

Ciertamente, gran parte de los seres humanos (los oprimidos) viven, en la mayoría de los casos, al límite de la subsistencia, cuando no por debajo de ella, siendo los únicos que producen incansablemente todas las riquezas para beneficio casi puro y exclusivo de una minoría (los opresores), que gozan de todos los privilegios habidos y por haber.Desde el punto de vista e interés de los oprimidos, esto no tiene nada de lógico, tampoco de razonable. Mucho menos cuando la humanidad va ingresando, por medio de la robótica e inteligencia artificial, en un mundo donde el desarrollo de las fuerzas productivas crecerá exponencialmente. Crecimiento que, a su vez, acarreará grandes contradicciones y enfrentamientos, promoviendo mayores disturbios y revueltas sociales de persistir el actual régimen de propiedad y acumulación.

Sin dudas, la pandemia del coronavirus agravó los ya endémicos problemas económicos y sociales, pero bajo ningún punto de vista podemos decir que provocó la gigantesca crisis del capitalismo tardío. Esta última se incubó, al menos, hasta el 2008, cuando se produjo la crisis financiera internacional de hipotecas subprime en Estados Unidos, que, luego, se propagó afectando y contagiando con severidad a otros países, mayormente, de la Unión Europea (UE) y, en menor medida, de Asia, América Latina y Oceanía.

En efecto, ni la “guerra comercial” entre China y Estados Unidos que mantiene al mundo en vilo ni el histórico racismo en la tierra de la “libertad”, ejerciendo una violencia consuetudinaria sobre las minorías y que ha desatado una enorme ola de repudio y rechazo en casi todo el planeta, son consecuencias de la pandemia. Más bien, son fenómenos subyacentes. Están íntimamente relacionados con el capitalismo tardío y la lógica cultural que la hegemonía y supremacía norteamericanas impusieron al mundo occidental, tanto al desarrollado como al subdesarrollado, en las últimas cuatro décadas y que han pretendido ampliar al resto del planeta, aunque infructuosamente.

Por el contrario, podríamos afirmar que los estragos ocasionados por la pandemia -en general, en el mundo entero y, en particular, en los Estados Unidos- sí tienen mucho que ver y están íntimamente relacionados con la escalada y desarrollo de una “guerra comercial” que el imperio del Norte perderá más temprano que tarde, y con un racismo institucionalizado que, incluso, se manifiesta en las estadísticas de víctimas del coronavirus, donde la mayoría de infectados y muertos pertenecen a minorías segregadas, transformando el famoso sueño americano en una verdadera pesadilla.

Porque el gobierno de Donald Trump ha realizado enormes esfuerzos tratando de estigmatizar a China con argumentos tales como que es la única responsable de la pandemia o sugiriendo que el virus podría haber sido producido en un laboratorio chino. Esas ideas infundadas, ridículas e imprudentes posibilitan explotar un sentimiento antichino, exacerbando una xenofobia que sobrevive y perdura en estado de latencia en el seno de una sociedad temerosa como la norteamericana, capaz de inocular el veneno de su estigma a una parte del mundo occidental bajo la forma de un insoslayable racismo contra los amarillos, en un desesperado intento por disimular el racismo contra negros y latinos en los Estados Unidos. Pues no sería la primera vez que el imperialismo recurre a diablos foráneos -esos malignos extranjeros- con el objetivo de expiar o librar de culpa a los demonios blancos locales.

Sería bueno que los yanquis asuman, de una vez por todas, que el mundo no es unipolar como maquinaron, escasos de mejores fantasías, los predicadores del fin de la historia. Incluso, sería aconsejable que dejaran de sacrificar la cooperación internacional y el multilateralismo ante el altar erigido al dios mercado, ya que su dios demostró ser un ídolo con pies de barro, incapaz de hacer milagros.

Y eso sin contar que un fantasma recorre los Estados Unidos. El fantasma de la decadencia imperial, con su ola de descontento, desórdenes y desmanes. La historia tiene preparado un sendero y los norteamericanos deberán transitarlo durante el siglo XXI; uno muy similar al que recorrieron los ingleses en el siglo XX. Ambos caminos conducen a un destino parecido: al ocaso como potencias imperialistas de primer orden, como sucediera con tantos imperios, a lo largo del tiempo y ancho de los mapas, y de los cuales, hoy, apenas si recordamos sus nombres.

Por Carlos Mariano Poó 

19 junio 2020a tinta / Ilustración de portada: Héctor Huaman

Publicado originalmente en La Tinta

Publicado enSociedad
Concentraciones de CO2 del 25 de noviembre de 2018 al 11 de junio de 2020. La línea roja corresponde a un ajuste por mínimos cuadrados que indica una tendencia creciente de 0.0087 PPM al día. Gráfica elaborada por A. Sandoval-Villalbazo con datos obtenidos del observatorio Keeling2.

En las redes sociales han circulado diversas informaciones que apuntan a un supuesto descenso de concentraciones de dióxido de carbono en nuestra atmósfera. La supuesta causa es la disminución de actividades humanas causada por el virus SARS-CoV-2 y como supuesta evidencia se muestran imágenes de playas desiertas y limpias en distintas partes del planeta.

Aunque intuitivamente pareciera que la cuarentena podría dar lugar a este inesperado beneficio, los niveles de CO2 no sólo no han disminuido, sino que han alcanzado valores récord. Esto no se debe a la mala fortuna, sino a la física del fenómeno del calentamiento global.

La Tierra goza de un efecto invernadero moderado como producto de millones de años de actividad geológica y vegetal.  El dióxido de carbono producido en los volcanes y en las plantas verdes absorbe parcialmente la radiación infrarroja emitida desde la superficie, calentando de manera moderada al planeta.

A partir de la Revolución Industrial, el efecto invernadero antropogénico ha aumentado la temperatura promedio de manera artificial, afectando significativamente a numerosos ecosistemas y favoreciendo la aparición de eventos climáticos extremos, tales como huracanes de alta intensidad y ondas de calor mortales.

El dióxido de carbono presente en la atmósfera permanece en ella entre 50 y 200 años1. Esto significa que las emisiones acumuladas de este gas a partir de 1990 permanecerán en nuestra atmósfera, por lo menos hasta el año 2040. Es evidente que un semestre de bajas emisiones ni remotamente puede dar lugar a una reducción de niveles.

El 26 de mayo de 2020 se registró por primera vez en la historia moderna una concentración global de dióxido de carbono superior a las 418 partes por millón de partículas (PPM).  La lectura de 418.04 PPM no fue un hecho fortuito, pues el promedio mensual fue de 417.01 PPM, con una desviación del 0.15%. Estos valores son significativamente más altos que sus contrapartes del 2019 (ver figura 1)2.  

Las lecturas de los niveles de dióxido de carbono no corresponden únicamente a la actividad industrial de corto plazo, sino a emisiones que pudieron haberse generado en 1950 y que apenas están por disiparse. Por ello es indispensable disminuir de manera drástica las emisiones de dióxido de carbono a nuestra atmósfera de manera inmediata y sostenida. La vuelta a la ‘nueva normalidad’ no parece favorecer este escenario.

De acuerdo a datos del Banco Mundial, cada año se emiten a nivel global un poco más de 36 mil millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera debido a las actividades humanas, principalmente por la quema de combustibles fósiles al producir electricidad3. Los cálculos realizados por el panel científico de la ONU contra el cambio climático (IPCC) muestran que las emisiones deben reducirse al menos en un 40% en los próximos 10 años4. Esto implica que cada año deben reducirse las emisiones en al menos mil 500 millones de toneladas.

Para interpretar estas cifras vale la pena recordar que China es el principal emisor de CO2, con 10 mil millones de toneladas anuales; mientras México ocupa el lugar 12, con la vigésima parte de su contraparte china. Estas cifras no han variado en absoluto por la pandemia de COVID-19. Una vez superada la crisis de salud actual, la humanidad deberá enfrentar este reto de manera urgente. 

Por Alfredo Sandoval Villalbazo

17 junio 2020 

 

Referencias:

1 Raymond T. Pierrehumbert, “Infrared radiation and planetary temperature”, Physics Today 64, 1, 33 (2011).

Los niveles diarios de COson reportados diariamente por el observatorio Mauna Loa, en la dirección electrónica: https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/   

Los datos correspondientes a las emisiones de CO2 pueden encontrarse en un mapa interactivo elaborado por el Banco Mundial, ubicado en la dirección electrónica: https://datos.bancomundial.org/indicator/EN.ATM.CO2E.KT?view=map

Las cifras que indican el necesario descenso de emisiones de CO2 a nivel global se pueden encontrar en el reporte del IPCC ubicado en la dirección electrónica: https://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf

*Dr. Alfredo Sandoval Villalbazo, académico del Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México e Investigador Nacional Nivel II (SNI). Twitter: @Fred_FisMat

Publicado enMedio Ambiente
Gravar riqueza es ruta contra la crisis que desató el virus

No hay lugar para la austeridad como medida para combatir la crisis causada por el Covid-19. En vez de esa salida, para atenuar la caída de los ingresos, se necesitan esquemas fiscales sin beneficios para las grandes empresas, incluidas las tecnológicas, e impuestos progresivos a la riqueza, expusieron ayer integrantes de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (Icrict, por sus siglas en inglés).

En videoconferencia, Jayati Ghosh, Joseph Stiglitz, José Antonio Ocampo y Thomas Piketty, miembros de esa comisión, recalcaron que los incentivos fiscales a empresas son regresivos y no han mostrado ser vehículo para atraer la inversión. Así, de cara a la recuperación, propusieron fijar impuestos a los servicios digitales y gravar los "beneficios extraordinarios" en los "sectores oligopolizados".

Además, imponer 25 por ciento de tasa mínima efectiva de impuesto a las compañías, que las beneficiarias del Estado reporten la principal información financiera y tributaria en cada país en el que operan y establecer bases de datos mundiales sobre la riqueza offshore.

Respecto a México, Ocampo, presidente del Icrict y ex secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, subrayó que el país arrastra “uno de los peores casos de la región en gestión de la crisis actual (…) No hay argumento para la austeridad en las condiciones de hoy día. Necesitamos más gasto para los más pobres y vulnerables, dado que ellos terminan sin ingresos”.

Jayati Ghosh, economista especializada en desarrollo, sostuvo que reducir el gasto de gobierno acarreará "riesgos horribles" para la actividad económica y el empleo en los países en desarrollo. No obstante, ese tipo de medidas en tiempos de crisis hacen más lejanas las recuperaciones, completó Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001.

"Ahora no es el momento para la austeridad (...) Si quieren que la recuperación dure 10 años, pongan medidas de ese tipo", expresó el investigador. Añadió que una de las causas de que la Gran Depresión se extendiera 10 años fue la política de recorte al gasto que realizó el presidente estadunidense Herbert Hoover.

Thomas Piketty, investigador y autor de El capital en el siglo XXI, recalcó que no sólo es necesario garantizar el pago de impuestos de las empresas, que hasta ahora se han basado en concesiones inmorales, sino fijar un sistema progresivo a los ingresos y patrimonio de las personas.

“El impuesto de sociedades mínimo de 25 por ciento es bueno y útil, pero como parte de algo más grande (…) Tenemos una crisis sin precedente ahora y un sistema fiscal más equitativo tiene que ser parte de la solución”, aseveró.

El sistema fiscal era regresivo antes de la crisis, por el trato a las grandes tecnológicas, por las prácticas de las trasnacionales de mudar sus ganancias a paraísos fiscales y porque los propios esquemas tributarios implican que las pequeñas y medianas compañías paguen más que los corporativos.

De hecho, explicó Stiglitz, es necesario fiscalizar a las grandes ganadoras de esta crisis, las tecnológicas, porque la magnitud de recursos que se necesitan en la coyuntura actual y el riesgo de no gravar lo suficiente es 100 veces mayor que en 2008 y 2009, cuando ocurrió la crisis financiera mundial. Volver a un "sistema injusto dañará la recuperación".

Publicado enEconomía
Por una condonación de la deuda pública externa de América latina

Documento de un grupo de investigadores de diferentes países*

 

De autoría colectiva, el texto señala que la deuda externa es una fuente perpetua de extracción de excedentes de las economías de América latina, sobre la base una deuda impagable. Apunta que resolver esto demanda la condonación inmediata de dicha deuda. Y propone que ha llegado el momento de transformar el sistema de que las deudas se pagan con nuevas deudas y, además, los intereses se agregan, con lo que la deuda total crece sin más límite hasta hacerla impagable. 

 

  1. El crecimiento económico como política y el endeudamiento como adicción.

La globalización neoliberal encumbró la “sociedad del crecimiento”. El crecimiento se convirtió en la política central que supuestamente sostendría el consumo, la inversión, el empleo y el bienestar social.

El pretendido crecimiento ad infinitum resultó tener “efectos colaterales” (humanos y ecológicos), pero se asumió que el libre mercado y el desarrollo tecnológico lograrían contrarrestarlos. Y si no lograban solucionarlos, entonces no habría solución alguna: el progreso demanda “sacrificios”.

La teoría económica neoliberal dio un viraje de 180 grados: el “ahorro de hoy” dejo de ser la fuente para el consumo y la inversión “de mañana” (tesis keynesiana). El consumo por el consumo (consumismo) se convirtió en el motor del crecimiento, y la inversión productiva perdió el sentido de incrementar la “capacidad productiva” para considerarse casi exclusivamente en términos de su rentabilidad de corto plazo. Entre 1970 y 2007 se impusieron el capitalismo de casino y la financiarización, dominando la economía real. La crisis del 2008 fue interpretada como un tropezón normal en el frenesí de “exuberancia irracional”.

El consumismo desenfrenado y la inversión financiera se apuntalaron fuertemente en el crédito: a los hogares, empresas y Estados; desmantelando, además, las políticas del Estado de bienestar. Se generó una dependencia adictiva entre el crecimiento económico (la acumulación de capital) y el endeudamiento sin límite.

  1. El pago de la deuda como genocidio.

El capitalismo se fundamenta en el crecimiento económico, y como ya no puede hacerlo con saltos de productividad, se alimenta de nuevas “acumulaciones originarias” y de un endeudamiento tóxico que conduce a deudas perpetuas e impagables. Después del estallido de la crisis de la deuda en los años ochenta, podría esperarse que la situación de la región mejorara en el mediano plazo, pero se ha agravado. La deuda externa se duplicó hacia 1990, y para 2019 había crecido 10 veces, superando los 2,0 billones de dólares, con un pago de intereses que sumó un poco más de 1,1 billones de dólares. En realidad, todo el aumento de la deuda hasta 2010 ha sido resultado de pagos de intereses. El ingreso neto por nuevos créditos externos fue nulo hasta 2010. El pago de intereses corresponde a un dinero jamás entregado, se trata de una brutal usura. Hasta 2018, el 60 por ciento del aumento de la deuda externa lo constituyó la capitalización de intereses, los que se “pagaron” con nueva deuda, que seguirá exigiendo pago de intereses por recursos financieros que nunca han servido a los países de América Latina.

Esta situación es extensiva a la deuda pública: en los próximos cinco años el 32 por ciento del servicio de la deuda correspondería a pagos de intereses, lo que se agrava con la Pandemia de la Covid-19. La deuda externa es una fuente perpetua de extracción de excedentes de las economías de América Latina, sobre la base una deuda impagable. Resolver esto demanda la condonación inmediata de dicha deuda.

Este terrible año hay que pagar la deuda, tanto su capital como los intereses. Este pago en muchas sociedades, en especial las de América latina, impide atender demandas sociales en salud, educación, protección social, cultura y demás servicios sociales y de protección del ambiente. El pago del capital y los intereses es la primera prioridad del presupuesto nacional, aunque miles o millones de ciudadanos no logren satisfacer sus necesidades básicas. La pandemia de la Covid-19 ha puesto al desnudo este genocidio económico-social.

  1. Las crisis de deuda y su papel como estrategias de sometimiento.

El endeudamiento es un gran negocio de los bancos y las empresas transnacionales, especialmente cuando las deudas se vuelven impagables. El país que no pueda pagar tendrá que ceder su soberanía, sus recursos naturales más valiosos y sus empresas públicas. Este pillaje incluso se hace calculadamente para que el país endeudado pueda seguir pagando, y cada tiempo se renegocia la deuda y hasta se permiten condonaciones parciales de intereses.

El endeudamiento externo hizo posible someter a toda América latina durante la crisis de la deuda de los años 80 del siglo pasado, transformándola en un proceso de expropiación bajo el eufemismo de los “ajustes estructurales”.

  1. El Acuerdo de Londres de 1953.

El Tratado de Versalles (1919) fue un ejemplo de la ceguera de la “voluntad de poder”. Los ganadores de la I Guerra Mundial impusieron a Alemania costos de guerra a todas luces impagables. El tratamiento de la deuda alemana y el de otras naciones europeas después de la II Guerra fue muy diferente. Empezaba la guerra fría y las medidas para “salvar el sistema” incluyeron la eliminación de la mayor parte del pago de las deudas alemanas con el resto de Europa occidental y otros países aliados, Grecia incluida, además del Plan Marshall y la concesión de nuevos créditos sin intereses.

Ante los efectos económicos y sociales devastadores a causa de la pandemia de la Covid-19, el FMI se niega a discutir una posibilidad semejante, y sólo considera condonaciones parciales o posposición de pagos de intereses para los países más pobres y endeudados. Quieren repetir el Tratado de Versalles, solo que ahora con los “perdedores” (víctimas) de la globalización.

  1. El Fondo Monetario Internacional: la aparente paradoja de la condonación de las deudas. ¿Se debe pagar, aunque no se pueda pagar?

Desde el estallido de la crisis latinoamericana de la deuda en 1982, han sido múltiples los llamados a la condonación total de la deuda. La negativa del FMI y del Banco Mundial se respalda en la “responsabilidad de los deudores”, de gobiernos que irresponsablemente incurrieron en esa deuda. Según este argumento, ni siquiera la incapacidad de pago justifica la condonación de las deudas. El deudor es culpable de su incapacidad y el acreedor es exonerado de no anticipar que el deudor no podía pagar. Pero el argumento se desmorona cuando cualquier auditoria de la deuda muestra el pillaje del acreedor o la corrupción de los gobiernos de turno.

Entonces el FMI y el BM recurren a otro argumento: “la ley y el orden” de los mercados financieros y la continuidad de los préstamos en el futuro. La condonación de la deuda lesionaría la capacidad de las instituciones de crédito de seguir prestando y socavaría la confianza en el sistema financiero. Tal argumento es indefendible, cuando gobiernos y bancos centrales de los países ricos compran billones de dólares en valores o sencillamente emiten billones en monedas duras para salvar de la quiebra a bancos, empresas y mercados de valores, acrecentando la desigualdad y la injusticia.

  1. Por una condonación de la deuda pública externa de América Latina.

Cuando las deudas, supuestamente, se pagan con nuevas deudas y, además, los intereses se agregan, la deuda total crece sin más límite que el impuesto por la progresión del interés compuesto. Ha llegado el momento de transformar el sistema.

La crisis en curso ha ratificado que el futuro de la humanidad está en riesgo. Tenemos una oportunidad para corregir situaciones que muestran tendencias catastróficas. Recuperar la solidaridad como un valor global permitirá poner en el centro valores sociales fundamentales que la globalización neoliberal ha relegado o incluso aplastado.

La reconstrucción de las relaciones humanas, en la perspectiva de la vida y el bien común, exige cambios radicales: en nuestro metabolismo social, en las relaciones laborales, en la división sexual del trabajo, en los servicios básicos para toda la población, en los sistemas tributarios, en la propiedad intelectual y la cultura, en el dinero y las finanzas, en los organismos financieros internacionales, en la cooperación entre las Naciones. Una Condonación Mundial de la Deuda Externa Pública sería sólo un primer paso, pero uno que puede cimentar la construcción de un futuro mejor para todas y todos, pero especialmente, para las víctimas del capitalismo neoliberal, colonial y financiarizado.

* Este artículo fue publicado por Franz Hinkelammert (Alemania-Costa Rica) , Orlando Delgado (México), Yamandú Acosta (Uruguay), Henry Mora (Costa Rica), William Hughes (Panamá) y Jorge Zúñiga M. (México), este martes 16 de junio en forma coordinada en diferentes medios gráficos de América latina.

Publicado enEconomía
Lunes, 15 Junio 2020 06:45

"Nueva normalidad"

"Nueva normalidad"

Dice Michael Sanders que la filosofía tiene "un carácter ineludible y arroja luz sobre nuestra vida cotidiana"; así entendida, "pertenece no sólo al aula, sino a la plaza pública, donde los ciudadanos deliberan sobre el bien común". Peter Sloterdijk, en otro tenor, reivindica el punto de vista de Nietzsche acerca de que la filosofía "es el intento incansable de dañar la estupidez" y añade que esa definición parece ser la más bella. No está mal en ambos casos.

En una entrevista reciente preguntaron al filósofo coreano Byung-Chul Han si la incidencia del Covid-19 ha democratizado la vulnerabilidad humana. Este no fue un cuestionamiento bien planteado y el popular pensador perdió la oportunidad de ser categórico, como exigía el diálogo y su propio oficio. Respondió que la pandemia muestra que "la vulnerabilidad o mortalidad humanas no son democráticas", e insistió: "La muerte no es democrática". De esta manera, la filosofía no alumbra ni daña. Claro que, como siguió diciendo, la pandemia no ha cambiado nada y exhibe "los problemas sociales, los fallos y las diferencias de cada sociedad". Esa aseveración es un truismo, o ¿es que podía esperarse otra cosa?

La pandemia y sus consecuencias sanitarias, económicas y políticas engloban de una u otra manera a toda la gente en el mundo. Cada sociedad, por supuesto, la asimila conforme a su estructura, grado de cohesión, la desigualdad existente, el carácter de las decisiones políticas y el comportamiento de la población, no sólo en materia de civismo, sino inducido de forma relevante por las necesidades que se han de satisfacer.

Esas condiciones tienen, por necesidad, implicaciones de índole prácticas de suma relevancia y diferenciadas, como enfermar, perder el empleo, empobrecerse y la relación que se establece con el gobierno. Esas diferencias también tienen consecuencias anímicas de distinta naturaleza y en la manera en que se asimilan.

En muchas partes se ha iniciado el proceso de apertura denominado con el eufemismo de la "nueva normalidad". Los argumentos para abrir giran en torno a la necesidad de sacar a la gente del confinamiento y remprender la actividad económica.

Eso es comprensible. No obstante, tiene una serie de consecuencias que no debieran relegarse fácilmente. En Brasil el presidente Bolsonaro ha dicho desde el inicio de la pandemia que estaba en contra del confinamiento, pues el costo económico sería superior al provocado por el contagio del virus. No explicó cómo es que mide esos costos relativos y, menos aún, el marco para compararlos. Tampoco se esperaba de él que lo hiciera. Hoy ese país es el que tiene más fallecimientos, luego de Estados Unidos.

Donald Trump ha impulsado la apertura en un entorno de fuertes enfrentamientos políticos con los gobernadores de varios estados y relegando la postura de los científicos contraria a la suya. La consecuencia económica de la pandemia ha provocado una recesión que acabó con el periodo de expansión productiva más larga de ese país. Esto ocurre a pesar de que el gobierno y el banco central han intervenido con billones de dólares para amortiguar el golpe. Pero las cifras de contagios y muertes han aumentado en días recientes, de modo notorio en Texas y Florida, asociadas con la apertura. Esto se agrava con los enfrentamientos en torno al conflicto racial y la violencia policial. El entorno está marcado a las claras por la lucha para relegirse en la presidencia en noviembre próximo.

En México las decisiones acerca de la gestión de la pandemia se toman también optando por abrir las actividades en plena expansión del contagio y de los fallecimientos. Se debate cada día si la curva del comportamiento del virus se ha aplanado, pero no parece haber evidencia concluyente. Ahora se incita a salir de modo explícito.

Como es claro, mucha gente ha salido ya desde hace varias semanas por la necesidad ingente de obtener recursos y subsistir. No necesitan ser incitados. No se sabe en esas condiciones de qué manera se propagan los contagios, cuánta gente no llega a los hospitales y tampoco el número de muertos por Covid-19. La parte de la población que puede cuidarse más debería hacerlo, como un modo de amortiguar el contagio general, manteniendo de algún modo el confinamiento, usando mascarilla y evitando aglomeraciones. Eso es lo que indica el bien común.

La nueva normalidad es una expresión confusa, aunque se admita de modo literal, por su conveniencia. Por una parte, hay que establecer qué es lo que habrá de novedad y, por otra, el significado de lo que será normal. Esta idea se usa en todas partes, lo cual indica, en buena medida, la confusión reinante entre quienes gobiernan y entre los ciudadanos.

Lo nuevo no significa que haya una dirección clara y única que además entrañe el surgimiento de condiciones sociales diferentes, significativas y, sobre todo, mejores. Eso requiere de otro tipo de acciones y arreglos. Lo normal podría tender a un acomodo temporal del que ahora somos incapaces de delinear sus condiciones y menos aún asegurar que será rápido y sin fricciones.

Publicado enSociedad