Barricada de fuerzas opositoras a la junta militar, en Taze, en Myanmar, el pasado 7 de abril.REUTERS / Reuters

Militares y policías usan granadas de fusil para dispersar las protestas en Bago e impiden a los equipos de rescate socorrer a las víctimas

 

La violencia en la respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas pro democracia que tienen lugar en Myanmar (antigua Birmania) desde hace dos meses se ha convertido en norma. Al menos 82 personas perdieron la vida debido a la represión policial y militar contra los manifestantes de Bago, unos 65 kilómetros al noreste de Yangón —la capital comercial del país—, entre el jueves y el viernes. Un recuento que solo salió a la luz este sábado debido a los cortes de internet en el país, diarios desde que los militares dieran un golpe de Estado el pasado 1 de febrero. El embajador especial birmano en la ONU, Kyaw Moe Tun, exhortó el viernes a la comunidad internacional a “actuar de inmediato” para frenar las matanzas.

Los detalles de lo ocurrido en Bago han tardado más de un día en emerger debido a la enorme dificultad para recopilar información de lo que ocurre en Myanmar. La Junta militar birmana que se puso a los mandos del país tras la asonada —deponiendo el Gobierno civil de Aung San Suu Kyi, detenida desde entonces— ordenó hace días a las compañías de telecomunicaciones que restringieran el acceso a internet a través del móvil y de las redes wifi. Testigos de lo sucedido en Bago, de unos 250.000 habitantes, aseguraron a AFP que la continua violencia en la ciudad ha obligado a muchos residentes a huir a pueblos vecinos desde el jueves.

Según la agencia de noticias francesa, que ha tenido acceso a imágenes de vídeo verificadas, los manifestantes tuvieron que esconderse tras barricadas para escapar de los ataques de las fuerzas armadas, mientras se escuchaban explosiones de fondo. Los uniformados utilizaron granadas de fusil para dispersar las protestas, a la vez que impedían a los equipos de rescate atender a las víctimas. “Apilaban todos los cuerpos sin vida en camiones del Ejército y se los llevaban”, dijo un testigo a AFP. La Asociación para la Protección de los Prisioneros Políticos (AAPP, por sus siglas en inglés) aseguró hoy que al menos 82 civiles murieron en Bago entre el jueves y el viernes, lo que eleva a 618 el número de víctimas mortales desde que tuvo lugar la asonada. Decenas de los fallecidos son menores.

La Junta Militar, por su parte, reduce la cifra hasta 248, según aseguró un portavoz de los generales el viernes en una rueda de prensa, en la que tildó a las víctimas como “gente terrorista violenta”. El golpe de Estado, que los militares se niegan a definir como tal y justifican como respuesta a supuestas irregularidades, no documentadas ni respaldadas por las instituciones, en las elecciones de noviembre —en las que arrasó la Liga Nacional para la Democracia de Suu Kyi—, ha recibido una fuerte oposición popular. Desde febrero, miles de personas toman a diario las calles para pedir el regreso de la democracia.

Las fuerzas de seguridad han ido reprimiendo cada vez con más dureza las manifestaciones, que continúan teniendo lugar por todo el país. En Yangón las protestas han adoptado un tono más creativo, con las calles teñidas de pintura roja como denuncia por el derramamiento de sangre, mientras panfletos con el mensaje “No nos gobernarán” se reparten por distintos barrios.

Al menos, la mitad de la veintena de guerrillas étnicas que operan en el país también se han posicionado de forma explícita a favor del movimiento de desobediencia civil, lo que ha aumentado las viejas tensiones entre estas y el Ejército birmano —conocido como Tatmadaw— en varias áreas. En el estado norteño de Shan, un grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional Ta’ang (TNLA) lanzó un ataque en la madrugada del sábado contra una comisaría, matando a más de una docena de policías, asegura AFP. El Tatmadaw respondió con bombardeos aéreos.

Ante la extrema inestabilidad en su país, el embajador especial para la ONU de Myanmar, Kyaw Moe Tun, urgió el viernes en una reunión del Consejo de Seguridad a que se “actúe urgentemente”. El diplomático exhortó a que se imponga un embargo de armas y más sanciones contra los militares, además de crearse una zona de exclusión aérea. Por su parte, el analista Richard Horsey, del centro de análisis International Crisis Group, alertó en ese mismo encuentro de que el país “está al borde del colapso”. “Las acciones de la Junta pueden hacer que el país se vuelva ingobernable”, advirtió Horsey.

Por Paloma Almoguera

Singapur - 10 abr 2021 - 19:14 CEST

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Viernes, 09 Abril 2021 06:15

Exilio igual a desconfianza

Exilio igual a desconfianza

Los acontecimientos y circunstancias de los (campesinos) latinoamericanos exiliados que buscan un lugar donde refugiarse y, si es posible, vivir en Estados Unidos o en las ciudades mexicanas, dan lugar a múltiples especulaciones en torno a la evolución y consecuencias a que dan lugar.

El lenguaje, la palabra, nunca termina de dar cuenta de aquello que se escapa, se oculta y es el centro del problema. Aquello, que por enigmático, no resulta descifrable, no obstante, si atendemos a lo percibido, aunado a la interioridad, existen posibilidades de establecer nuevas lecturas de los hechos.

Frente a la dolorosa sensación de desamparo que están viviendo en su paso al país vecino del norte, los exiliados latinoamericanos experimentan una sensación de desconfianza y miedo que recorre y se desliza mientras los gobiernos establecen negociaciones.

Como en el castillo de Kafka, Estados Unidos no es el fin, sino lo inaccesible. Una puerta conduce a otra. Un secreto que oculta a otro secreto… siempre quedará lejos mientras sigamos hablando.

Una desconfianza que hace interminable cada punto, cada coma, cada pausa, cada palabra que pueden ser llevados al infinito.

Desconfianza en los límites del encuadre: tiempo, lugar, personas, formas de expresión, respeto mutuo, que a su vez se tornan ilimitados.

Desconfianza en el orden para plantearse los problemas, reflejos de experiencias en que es abolida la conciencia, abierta a lo inimaginable, promotora de severos matices persecutorios y querulantes y proscribe palabras que corresponderían a su dominio. Desconfianza que pone de manifiesto un abismo construido de desconfianzas mutuas entre autoridades de naciones en desacuerdo y el lenguaje es motivo de interminables sospechas. La falta de confianza básica pone de relieve el instante, la fugacidad del instante, los instantes trágicos en que el significado se destruye.

Desconfianza que habla de algo inaprensible, de una ruptura que surge del interior mismo de las palabras y en fisuras de las mismas palabras en que se escapa el significado al transformar lo real en "expresiva" mudez. Las palabras existen al margen de lo que expresan, desligadas de contenido, disociadas y escindidas de significado. La desconfianza revelada en silencios, rupturas del diálogo, inasistencias, sello característico de la impotencia (omnipotencia) recíproca frente al doble discurso sin legitimidad racional, cuando la visión no encuentra representación se inmoviliza y aparece el horror, el pánico, la parálisis. La palabra desaparece, se congela y un penoso esfuerzo de querer decir se desmorona frente a la negación cultural del rechazo del diferente.

Así, la palabra operará de manera hueca, sin eco, sin resonancia, sin referente y sin destinatario.

Lo que se traducirá en actuaciones irracionales, verbalizaciones como descarga, en lugar de actos racionales precedidos por la reflexión producto de un acto de pensamiento complejo.

Ahí se incuba la desconfianza que impide reconocer el lenguaje que cubre la angustia y el miedo a lo incognoscible. El poder de lo que está en juego excede al poder de lo que se dice, cada palabra tirando de otra, creando una base de significación que es desplazada. Las palabras sugiriendo, punteando, haciendo sospechar…

Un bebé exiliado de su madre se enfrenta a un mundo que se moviliza entre muy ricos y muy pobres.

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¿El plan centroamericano de Biden ralentizará la migración (o la acelerará)?

Joe Biden entró en la Casa Blanca con algunas posiciones estimulantes pero contradictorias sobre inmigración y Centroamérica. Prometió revertir las draconianas políticas antiinmigrantes de Donald Trump mientras, a través de su "Plan para Construir Seguridad y Prosperidad en Asociación con los pueblos de Centroamérica", restauraba el "liderazgo de Estados Unidos en la región" que dijó que Trump había abandonado. Para las y los centroamericanos, sin embargo, tal "liderazgo" tiene una resonancia inquietante.

Aunque, de hecho,  la segunda mitad del nombre de su plan se hace eco del de organizaciones de base de izquierda, como el Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), en su contenido destaca una versión de seguridad y prosperidad para esa región que se asemeja más a la Guerra Fría que a la del CISPES. En realidad, en lugar de solidaridad (o incluso asociación) con Centroamérica, el plan de Biden promueve un viejo modelo de desarrollo económico que ha beneficiado durante mucho tiempo a las empresas estadounidenses. También tiene como objetivo imponer una versión claramente militarizada de la seguridad a los pueblos de esa región. Además, se centra en reclutar gobiernos centroamericanos y, en particular, sus ejércitos para contener la migración a través del uso de la represión.

Vincular la inmigración y la política exterior

La declaración más clara de los objetivos del presidente en Centroamérica aparece en su "Ley de Ciudadanía americana de 2021", enviada al Congreso el 20 de enero. Esa propuesta ofrece un amplio conjunto de cambios destinados a eliminar las exclusiones racistas del presidente Trump, restaurar los derechos de asilo y abrir un camino hacia el estatus legal y la ciudadanía para la población inmigrante. Después de las andanadas antiinmigrantes de los últimos cuatro años, esa propuesta parece digna de ser saludada. Sigue los pasos de compromisos globales bipartidistas anteriores, como la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986 y un proyecto de ley de inmigración fallido de 2013, que incluían un camino a la ciudadanía para muchas personas indocumentadas, al tiempo que dedicaban recursos significativos a la "seguridad" fronteriza.

Si se lee con atención, una parte significativa de la propuesta de inmigración de Biden se centra en la premisa de que abordar las causas profundas de los problemas de Centroamérica reducirá el flujo de inmigrantes a la frontera de Estados Unidos. En sus propias palabras, el plan Biden promete promover "el Estado de derecho, la seguridad y el desarrollo económico en Centroamérica" con el fin de "abordar los factores clave" que contribuyen a la emigración. Sin embargo, enterrados en su lenguaje difuso, hay metas bipartidistas de Washington de larga data que deberían sonar familiares para quienes hayan estado prestando atención a estos temas en estos últimos años.

En esencia: que se inviertan millones de dólares en  "ayuda" para la mejora de las fuerzas militares y policiales locales a fin de proteger un modelo económico basado en la inversión privada y la exportación de las ganancias. Y, sobre todo, los privilegios de los inversores extranjeros no deben ser amenazados. Resulta que este es el mismo modelo que Washington ha impuesto a los países de Centroamérica durante el último siglo, el que ha dejado sus países corruptos, violentos y empobrecidos, y que continuó desarraigando a las y los centroamericanos, haciéndoles huir hacia Estados Unidos.

Para el plan de Biden, al igual que para los de sus predecesores, es crucial otro elemento clave: coaccionar a México y Guatemala para que sirvan como apoderados para terminar el muro construido solo parcialmente a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos y promovido con orgullo por otros presidentes: desde Bill Clinton hasta Donald Trump.

Si bien el modelo económico que acecha detrás del plan de Biden puede ser antiguo, el intento de externalizar la aplicación de la ley de inmigración de Estados Unidos a las fuerzas militares y policiales mexicanas y centroamericanas ha demostrado claramente ser un giro del siglo XXI en la política fronteriza.

Externalización de la frontera (de Bush a Biden)

La idea de que la política de inmigración podría ser externalizada comenzó mucho antes de que Donald Trump, a mediados de 2019, amenazara notoriamente con imponer aranceles a los productos mexicanos para presionar al nuevo presidente de ese país a que aceptara su demanda de colaborar con la agenda antiinmigrante de Washington. Eso incluyó, por supuesto, la controvertida política de Trump de "quedaros en México", lo que ha continuado dejando varados allí a decenas de miles de solicitantes de asilo.

Mientras tanto, durante casi dos décadas, Estados Unidos ha estado intimidando (y financiando) a las fuerzas militares y policiales del sur de sus fronteras para hacer cumplir sus prioridades de inmigración, convirtiendo efectivamente las fronteras de otros países en extensiones de la de Estados Unidos. En este proceso, las fuerzas de México se han desplegado regularmente en la frontera sur de ese país, y las de Guatemala en su frontera con Honduras, todo para hacer cumplir violentamente las políticas migratorias de Washington.

Dicha externalización fue, en parte, una respuesta a los éxitos del movimiento por los derechos de los inmigrantes en este país. Los dirigentes estadounidenses esperaban evadir el escrutinio legal y las protestas en su país haciendo que México y Centroamérica implementaran los aspectos más impresentables de sus políticas.

Todo comenzó con la Iniciativa Mérida en 2007 [capital del Estado de Yucatán], un plan lanzado por George W. Bush que destinaría miles de millones de dólares a equipamiento militar, ayuda e infraestructura a México (con cantidades más pequeñas destinadas a Centroamérica). Uno de sus cuatro pilares fue la creación de "una frontera para el siglo XXI", empujando a México a militarizar su frontera sur. Para 2013, Washington había financiado 12 nuevas bases militares a lo largo de esa frontera con Guatemala y un "cordón de seguridad" de 100 millas al norte de ella.

En respuesta a lo que se vio como una crisis de niñas y niños migrantes en el verano de 2014 (¿suena familiar?), el presidente Barack Obama presionó aún más a México para que iniciara un nuevo programa en su frontera sur. Desde entonces se han destinado decenas de millones de dólares al año a la militarización de esa frontera, y México no tardó en detener a decenas de miles de migrantes mensualmente. No es sorprendente que las deportaciones y violaciones de los derechos humanos contra las y los migrantes centroamericanos se dispararan dramáticamente. "Nuestra frontera hoy en día es la frontera de México con Honduras y Guatemala", exultó el ex zar fronterizo de Obama, Alan Bersin, en 2019. Un activista local fue menos optimista, protestando porque el programa "convirtió la región fronteriza en una zona de guerra".

El presidente Trump fanfarroneó e intimidó a México y a varios países centroamericanos mucho más abiertamente que los dos presidentes anteriores, mientras llevaba dichas políticas a nuevos niveles. Bajo sus órdenes, México formó una nueva Guardia Nacional militarizada y desplegó a 12.000 de sus miembros en la frontera con Guatemala, incluso cuando la financiación de Washington ayudó a crear una infraestructura de alta tecnología a lo largo de la frontera sur de México, rivalizando con la frontera de Estados Unidos.

Trump pidió reducir la ayuda a Centroamérica. Sin embargo, bajo su supervisión, la mayor parte de los 3.600 millones de dólares asignados por el Congreso siguieron fluyendo hacia allí, aproximadamente la mitad de ellos destinados a fortalecer las unidades militares y policiales locales. Sin embargo, Trump retenía temporalmente los fondos de ayuda no militar para obligar a Guatemala, Honduras y El Salvador a firmar acuerdos de "tercer país seguro" que permitirían a Estados Unidos deportar a esos países a personas con solicitudes de asilo válidas.

Trump también exigió que Guatemala aumentara la seguridad a lo largo de su frontera sur "para detener el flujo de migración irregular" y "desplegar funcionarios del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza y del servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidenses para asesorar y orientar a sus homólogos de la nación anfitriona encargados de la seguridad fronteriza, de la inmigración y de las aduanas". Una vez que los países centroamericanos accedieron a las demandas de Trump, se restauró la ayuda.

Este  mes de febrero, el presidente Biden suspendió esos acuerdos de terceros países seguros, pero está claro que, por lo demás, está dispuesto a seguir subcontratando la vigilancia de las fronteras a México y Centroamérica.

La otra cara de la militarización: el desarrollo económico

Mientras las administraciones demócratas y republicanas externalizaban una respuesta militarizada a la inmigración, también trataron de vender sus agendas con promesas de ayuda al desarrollo económico de Centroamérica. Sin embargo, sistemáticamente promovieron el mismo tipo de asistencia que históricamente trajo violencia y pobreza a la región, y por lo tanto llevó directamente a la crisis migratoria actual.

El modelo que Washington continúa promoviendo se basa en la idea de que si los gobiernos centroamericanos pueden cortejar a los inversores extranjeros con una mejor infraestructura, desgravaciones fiscales y leyes ambientales y laborales laxas, el libre mercado proporcionará la inversión, el empleo y el crecimiento económico, que (en teoría) evitará que la gente quiera migrar. Sin embargo, una y otra vez, en la atormentada historia de Centroamérica ha sucedido exactamente lo contrario. La inversión extranjera fluyó, deseosa de aprovechar las tierras fértiles, los recursos naturales y la mano de obra barata de la región. Esta forma de desarrollo, ya fuera en apoyo a las plantaciones de plátano y café en el siglo XIX o del azúcar, algodón y ganado después de la Segunda Guerra Mundial, llevó a Centroamérica a las revoluciones de la década de 1980 y a la migración masiva hacia el norte actualmente.

Este modelo se basa en gobiernos militarizados para desposeer a los campesinos, liberando la tierra para los inversores extranjeros. Del mismo modo, se utiliza la fuerza y el terror para mantener una clase obrera barata e impotente, lo que permite a los inversores pagar poco y cosechar ganancias fantásticas. A su vez, esta práctica han provocado la deforestación del campo, mientras que sus exportaciones baratas a los Estados Unidos y a otros países han ayudado a fomentar estilos de vida de alto consumo que han acelerado el cambio climático, trayendo condiciones meteorológicas cada vez más duras, que incluyen el aumento del nivel del mar, tormentas más intensas y sequías e inundaciones que han socavado aún más los medios de vida de las poblaciones pauperizadas de América Central.

A partir de la década de 1970, muchos de esos trabajadores y campesinos pobres presionaron a favor de la reforma agraria y la inversión en derechos básicos como la alimentación, la salud y la educación en lugar, simplemente, de enriquecer aún más a las élites extranjeras y locales. Cuando la protesta pacífica se encontró con la violencia, se produjo la revolución, aunque solo triunfara en Nicaragua.

Washington pasó la década de 1980 tratando de aplastar la exitosa revolución de Nicaragua y los movimientos revolucionarios contra los gobiernos militares de derecha de El Salvador y Guatemala. Los tratados de paz de la década de 1990 pusieron fin a los conflictos armados, pero nunca abordaron las divisiones sociales y económicas fundamentales que subyacían en ellos. De hecho, el fin de esos conflictos sólo abrió las compuertas regionales a nuevas inversiones extranjeras masivas y al auge de las exportaciones. Esto supuso, entre otras cosas, la extensión de las fábricas con bajos salarios centradas en las exportaciones (maquiladoras) y el cultivo de nuevas frutas y verduras no tradicionales orientadas igualmente a la exportación, así como un auge de las industrias extractivas como la del oro, el níquel y el petróleo, por no hablar de la creación de nuevas infraestructuras para el turismo de masas.

En la década de 1980, las y los refugiados comenzaron a huir hacia el norte, especialmente de El Salvador y Guatemala, entonces desgarrados por la guerra, la represión y la violencia de los paramilitares locales y los escuadrones de la muerte. La aparente paz en la década de 1990 no supuso en absoluto el fin de la pobreza, la represión y la violencia. Tanto las fuerzas armadas públicas como las privadas proporcionaron seguridad, pero solo a las élites y a los nuevos megaproyectos urbanos y rurales que patrocinaron.

Si un gobierno amenazaba las ganancias de los inversores de alguna manera, como cuando El Salvador declaró una moratoria sobre las licencias mineras, el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica patrocinado por Estados Unidos permitió a las corporaciones extranjeras demandarle y obligarle a someterse al arbitraje vinculante de un organismo del Banco Mundial. En los años de Obama, cuando el presidente electo y reformista de Honduras [Manuel Zelaya] trató de promulgar mejoras laborales y ambientales, Washington dio el aval a un golpe de Estado y lo celebró cuando el nuevo presidente [Roberto Micheletti] declaró orgullosamente el país abierto a los negocios con un paquete de leyes que favorecían a los inversores extranjeros.

El periodista David Bacon llamó a la nueva dirección de ese país un "modelo económico de salarios de pobreza" que no hizo sino favorecer el aumento de pandillas, el tráfico de drogas y la violencia. La protesta se encontró con una feroz represión, incluso cuando fluía la ayuda militar estadounidense. Antes del golpe, las y los hondureños apenas figuraban entre los migrantes centroamericanos a Estados Unidos. Desde 2009, sus ciudadanos han llegado a predominar a menudo entre las y los obligados a huir de sus hogares y dirigirse al norte.

La Alianza para la Prosperidad 2014 del presidente Obama ofreció una nueva ronda de ayuda para el desarrollo económico impulsado por los inversores. La periodista Dawn Paley caracterizó esa Alianza como "en gran parte un plan para construir nuevas infraestructuras que beneficiarán a las empresas transnacionales", incluyendo "desgravaciones fiscales para los inversores corporativos y nuevos oleoductos, carreteras y líneas eléctricas para acelerar la extracción de recursos y agilizar el proceso de importación, ensamblaje y exportación en maquilas de bajos salarios". Un proyecto importante fue un nuevo gasoducto para facilitar las exportaciones de gas natural estadounidense a Centroamérica.

Fue Obama quien supervisó el reconocimiento por Washington del golpe en Honduras. Fue Trump quien miró hacia otro lado cuando Guatemala en 2019 y Honduras en 2020 expulsaron a las comisiones internacionales anticorrupción. Y fue Trump quien aceptó minimizar los crecientes cargos de corrupción y tráfico de drogas contra su amigo, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández [en funciones desde enero de 2014], siempre y cuando promoviera una economía favorable a los inversores y aceptara colaborar con la agenda antiinmigración del presidente de Estados Unidos.

La caravana de enero de 2021 marca la llegada de los años Biden

Todas las señales apuntan a que los años de Biden continuarán con lo que se ha convertido en la norma de Washington en Centroamérica: externalizar la política de inmigración, militarizar la seguridad allí y promover un modelo de desarrollo que pretende disuadir la migración mientras realmente la alimenta. De hecho, la propuesta del presidente Biden prevé 4 mil millones de dólares en cuatro años a distribuir por el Departamento de Estado y la Agencia Americana para el Desarrollo Internacional. Sin embargo, dicho desembolso estaría condicionado al progreso hacia objetivos aprobados por Washington como "mejorar la seguridad fronteriza", "informar a las y los ciudadanos de los peligros del viaje a la frontera suroeste de los Estados Unidos" y "resolver disputas que involucren la confiscación de bienes inmobiliarios de entidades estadounidenses". También se destinarían recursos significativos a seguir desarrollando tecnología fronteriza inteligente en esa región y a las operaciones de la Patrulla Fronteriza en Centroamérica.

Un anticipo de cómo es probable que todo esto funcione llegó justo cuando Biden asumió el cargo en enero de 2021.

Uno de los resultados predecibles de la externalización del control de inmigración por parte de Washington es que el viaje de las y los migrantes desde Centroamérica se ha vuelto cada vez más costoso y peligroso. Como resultado, algunos migrantes han comenzado a reunirse en grandes caravanas públicas para protegerse. Su objetivo: llegar a la frontera de Estados Unidos de forma segura, entregarse a la patrulla fronteriza y solicitar asilo. A finales de enero de 2021, una caravana de unas 7.500 personas hondureñas llegó a la frontera con Guatemala con la esperanza de que el nuevo presidente en Washington anulara, como prometió, la controvertida política de Trump de inmovilizarles en México en internamientos aparentemente interminables, en campamentos abarrotados e inadecuados, justo a las puertas  Estados Unidos.

No sabían que, de hecho, Biden continuaría con la externalización de la política de inmigración de sus predecesores hacia México y Centroamérica. Y es lo que sucedió: 2.000 policías y soldados guatemaltecos con gas lacrimógeno y porras (armados, entrenados y apoyados por Estados Unidos) fueron concentrados en la frontera entre Guatemala y Honduras para expulsarlos.

Un antiguo funcionario de Trump (que el presidente Biden mantiene en su puesto ) tuiteó que Guatemala había "asumido sus responsabilidades de manera apropiada y legal". El gobierno mexicano también elogió a Guatemala mientras reunía a miles de sus tropas en su propia frontera sur. Y Juan González, director del Consejo de Seguridad Nacional de Biden para el Hemisferio Occidental, elogió la "gestión del flujo migratorio" de Guatemala.

A mediados de marzo, el presidente Biden pareció vincular una respuesta positiva a la solicitud de México de parte de parte de la vacuna excedente  contra la coovid-19 de Washington con nuevos compromisos para tomar medidas enérgicas contra las y los migrantes. Una de las exigencias era que México suspenda sus propias leyes que garantizan condiciones de detención humanas para las familias con niños pequeños. Ninguno de los dos países tenía capacidad de proporcionar tales condiciones para el gran número de familias detenidas en la frontera a principios de 2021, pero la administración Biden prefirió presionar a México para que ignorara sus propias leyes, a fin de poder deportar a más de esas familias y mantener el problema fuera de la vista del público estadounidense.

A finales de enero de 2021, el CISPES se unió a una gran coalición de organizaciones de paz, solidaridad y trabajo que pidió a la administración Biden que reconsiderara sus planes centroamericanos. "Las múltiples e interconectadas crisis que enfrentan millones de personas en Centroamérica son el resultado de décadas de brutal represión estatal de los movimientos democráticos por parte de regímenes de derechas y de la implementación de modelos económicos diseñados para beneficiar a los oligarcas locales y las empresas transnacionales", escribió el CISPES. "Con demasiada frecuencia, Estados Unidos ha apoyado fuertemente estas políticas, que han empobrecido a la mayoría de la población y devastado el medio ambiente".

Esta coalición pidió a Biden que rechazara el compromiso, que viene de lejos, de Washington con la seguridad militarizada vinculada a la creación y el fortalecimiento de economías extractivas favorables a los inversores en Centroamérica. "Hacer frente a los flujos migratorios exige un replanteamiento total de la política exterior de Estados Unidos", instó el CISPES. A mediados de marzo, el presidente no había respondido de ninguna manera a la petición. Mi consejo: no contengas la respiración mientras esperas la respuesta.

Aviva Chomsky

3 abril 2021

 

30/03/2021

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Fatou Bensouda: "La Corte Penal Internacional fue fundada sobre la máxima del Nunca Más"

La fiscal general del tribunal con sede en La Haya brindó una conferencia virtual

Nacida en Gambia, Bensouda lidera al único organismo permanente destinado a juzgar crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. A dos meses de dejar el cargo, realiza un balance de su gestión y reconoce que tomaron el legado del Juicio a las Juntas.

 

"La Corte Penal Internacional (CPI) fue construida sobre las duras lecciones que dejó la historia por las atrocidades espantosas que durante siglos permanecieron impunes", destacó Fatou Bensouda, quien lidera el primer organismo permanente capaz de juzgar a individuos por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Nacida en Gambia, Bensouda tiene bajo su órbita dos casos emblemáticos: los crímenes de guerra que involucran a las tropas estadounidenses en Afganistán, y aquellos que salpican a los soldados israelíes desplegados sobre territorio palestino. Pero tanto Estados Unidos como Israel no reconocen la jurisprudencia de la CPI, y el gobierno del expresidente Donald Trump llegó al extremo de aplicar duras sanciones financieras y retirarle la visa a Bensouda.

La fiscal general, sin embargo, se mostró satisfecha con el trabajo que viene realizando el tribunal con sede en La Haya. "Su creación es uno de los momentos de mayor orgullo en la historia de la humanidad", aseguró quien dejará su cargo en junio para ser reemplazada por el británico Karim Khan. Bensouda reconoció que en sus inicios la CPI retomó el legado del histórico Juicio a las Juntas realizado en Argentina en 1985. La abogada especializada en derecho marítimo manifestó que, como deuda pendiente, es necesario avanzar sobre delitos que habitualmente no son reportados: "los crímenes sexuales que involucran a mujeres y niños".

Bensouda participó del ciclo de conferencias online organizado por la Universidad Di Tella. Bajo el título "La importancia de una Corte Penal Internacional permanente y cómo apoyarla", la charla estuvo moderada por Alejandro Chehtman, director de la carrera de Abogacía de la Escuela de Derecho de esa casa de estudios. Bensouda se desempeñó como fiscal general y ministra de Justicia en Gambia. Casada y con tres hijos, uno de ellos ya fallecido, sustituyó en 2012 al argentino Luis Moreno Ocampo, fiscal general de la CPI desde su puesta en marcha en 2002. 

Los orígenes de la CPI se remontan a los juicios de Nuremberg y Tokio, que condenaron los crímenes sistemáticos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. "Los horrores del Holocausto shockearon la conciencia de la humanidad y demandaron la creación de una corte internacional permanente con la aspiración de asegurar que quienes cometieron estos crímenes, sin importar cuán poderosos fueran, debían rendir cuentas", planteó Bensouda. La fiscal gambiana explicó que la Corte "fue fundada sobre la máxima del 'Nunca Más'".

Bensouda destacó la importancia del juzgamiento a los militares en Argentina tras la sangrienta Dictadura iniciada en 1976: "El Juicio a las Juntas es un ejemplo de los esfuerzos de investigación y enjuiciamiento necesarios para investigar estas atrocidades". En 1998 más de 120 países firmaron el Estatuto de Roma y en 2002 el tratado entró en vigor con 60 ratificaciones, lo que significó el inicio de las actividades del tribunal internacional.

Estados Unidos en Afganistán

Antes de dilatar la entrega del mando a la nueva administración demócrata, el expresidente Donald Trump impuso sanciones a la CPI y le rechazó visados a Bensouda y a algunos de sus colaboradores. El motivo era evidente: la abogada había iniciado una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por militares estadounidenses en Afganistán. El viernes pasado el gobierno de Joe Biden, aún "en total desacuerdo" con la mirada de la CPI, levantó los castigos.

La fiscal general de la Corte explicó la forma en que las sanciones estadounidenses afectaron sus tareas cotidianas. "Hemos tenido que reorganizar la Corte para que no nos golpeara con tanta fuerza. A nivel financiero, las principales cuentas con base en Estados Unidos fueron cerradas", remarcó Bensouda, aunque valoró la forma en que la Corte reaccionó: "El equipo trabajó muy bien para conseguir transferencias económicas por nuevas vías. Conseguimos el asesoramiento legal que se necesitaba para ver cómo podíamos trabajar con eficacia sin tener que expulsar a parte del staff".

Pero lo más difícil, aseguró Bensouda, fue comprender que "las sanciones estadounidenses son merecidas por terroristas, por quienes violan derechos humanos, son para ellos y no para quienes trabajan para proteger la ley". Con la llegada de Biden al poder, la abogada apunta a "resetear la relación". Sin embargo, para evitar dificultades a futuro, Bensouda planteó la necesidad de "desarrollar un mecanismo que de forma sistemática proteja a la CPI y su integridad de cualquier ataque".

Ataque a territorios palestinos

El tribunal internacional también inició una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en los territorios palestinos de Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza. El gobierno israelí es un aliado incondicional de Estados Unidos que también rechaza la autoridad de la CPI, al contrario de Palestina que acepta la jurisdicción de la Corte. El primer ministro Benjamin Netanyahu, actualmente juzgado por corrupción y fraude, criticó el inicio de la investigación y la calificó de "esencia misma del antisemitismo".

La CPI le dio en marzo a Israel y a los palestinos un mes para que puedan solicitar el aplazamiento de la investigación, siempre que puedan demostrar que están llevando a cabo sus propias averiguaciones. "En Palestina recibimos un pedido de investigación. Ellos aceptaron nuestra jurisdicción y la cuestión jamás estuvo relacionada a determinar si el territorio palestino es considerado o no un Estado", destacó Bensouda. La prestigiosa jurista evitó referirse a la férrea postura israelí, sin embargo aseguró: "Mi oficina exige actividades imparciales constantemente, no trabajamos bajo consideraciones políticas".

La pandemia y el rol del Estado

Consultada respecto a la posibilidad de encuadrar como crímenes humanitarios a la gestión de algunos gobiernos frente a la pandemia de coronavirus, Bensouda reconoció que "algunos líderes mundiales podrían haber respondido mejor", aunque para dar lugar a una acusación semejante "se debe detectar un ataque sistemático y directo a civiles e intención para hacerlo".

Sobre el caso particular del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, la fiscal general admitió que la CPI recibió "distintas comunicaciones" denunciando su gestión de la pandemia. En efecto, Bolsonaro fue denunciado por más de un millón de profesionales de la salud a fines de julio de 2020 bajo el cargo de "genocidio". Un mes más tarde, el cacique Raoni Metuktire, emblemático defensor de la Amazonia, le pidió al tribunal internacional que investigue al mandatario de ultraderecha por "crímenes contra la humanidad"

A la hora del balance de su gestión, Bensouda destacó que la oficina de la CPI alcanzó "un número importante de éxitos en litigios y decisiones históricas". Mencionó en ese sentido la sentencia dictada en la jurisdicción de la frontera Myanmar-Bangladesh, que le permitió mantener abierta una investigación por los presuntos delitos cometidos contra la minoría rohingya, que Naciones Unidas describió como ejemplo de "limpieza étnica".

Bensouda también aseguró que el procesamiento del expresidente de Sudán, Omar Al Bashir, por los cargos de "genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad", sirvió para confirmar que "nadie está encima de la ley". En Congo, la CPI "logró que por primera vez en la historia se declarara esclavismo sexual y violación de mujeres y hombres". Con una leve mueca de satisfacción, Bensouda consideró que "hay suficiente evidencia para creer que el trabajo de la CPI contribuye a la protección de los derechos humanos". 

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Amazon admitió que sus conductores deben orinar en botellas

La precarización extrema en el emporio del multimillonario Jeff Bezos llega a extremos como el que acaba de reconocer. Ya era sabido que los conductores de Amazon debían orinar en botellas, pero también es cierto que lo mismo deben hacer los trabajadores de los almacenes. Algo que la empresa aún se niega a reconocer.

 Amazon admitió que sus conductores deben orinar en botellas "debido al tráfico o a problemas para encontrar baños" durante los recorridos de entrega. Lo hizo al disculparse públicamente con un congresista estadounidense que denunció la situación y al que la empresa respondió con un tuit que ahora consideró "incorrecto".

"Esto fue un gol en contra, no estamos contentos y le debemos una disculpa al representante (Mark) Pocan", señaló Amazon en un comunicado aparecido en su blog.

"Sabemos -indicó la empresa del magnate Jeff Bezos- que los conductores pueden tener problemas para encontrar baños debido al tráfico o, a veces, a las rutas rurales, y este ha sido especialmente el caso durante el covid, cuando se han cerrado muchos baños públicos".

La declaración pública tiene como finalidad blanquear esta situación aberrante que viven los choferes para evitar hablar de la situación que se vive en los almacenes, donde trabaja el grueso de sus empleados.

Amazon y la precarización extrema del trabajo

Esta aclaración de la empresa se da en medio de los esfuerzos de los trabajadores del almacén de Bessemer, en Alabama por poner de pie el primer sindicato de Amazon en Estados Unidos. Si la votación, que finalizó el 31 de marzo, termina resultando positiva sería un gran triunfo para más de cien mil trabajadores directos que la empresa de Jeff Bezos tiene en este país.

Amazon es el segundo empleador privado, luego de Walmart, y al igual que la cadena de venta minorista es un abierto enemigo de los sindicatos. En varios países, incluido Estados Unidos tiene denuncias por contratar empresas de investigación y hacer espionaje a sus empleados para evitar que logren cualquier tipo de organización sindical. Así, muchos de los trabajadores y trabajadoras que protestan por las condiciones laborales o que el año pasado lo hicieron por las pésimas condiciones sanitarias en medio de la pandemia, fueron despedidos por la empresa en forma inmediata.

La lucha por ganar el sindicato en Alabama llegó a los principales medios del país y junto con ellas las denuncias sobre las condiciones de trabajo dentro de los centros logísticos, que incluyen extenuantes jornadas laborales de 10 horas con solo dos períodos de descanso breve, que en muchos casos no alcanzan ni para llegar al baño en almacenes que miden el equivalente a más de 10 canchas de fútbol. Allí varios empleados denunciaron que que no solo tienen que orinar, sino en algunos casos hasta defecar en botellas o bolsas. Una situación denigrante que Bezos quiere ocultar.

Ante estas denuncias, la empresa prefirió reconocer la situación de los choferes de Amazon, pero no la de sus centros de logística.

Bezos hace un tiempo que avanzó en una suerte de uberización del reparto de paquetes. A la flota original de la empresa le sumó miles de vehículos particulares ploteados con el logo de Amazon, en el que los choferes están a merced de una aplicación que les dice cómo, dónde y cuándo recoger paquetes para hacer entregas a demanda.

Esos viajes son planificados para sacar el máximo provecho a los choferes a costa de que estos no tengan un segundo libre entre entrega y entrega. Es decir de ahí deriva la necesidad de los trabajadores de orinar en botellas plásticas para no perder un solo minuto del recorrido. Los propios choferes denunciaron que además la empresa utiliza un software para espiarlos mientras conducen y enviarle mensajes en caso de que vean algún retraso o cambio en el camino estipulado.

A esto se suma un reciente fallo contra Amazon tras descubrirse que se quedaba con millones de dólares en propinas para los trabajadores de reparto.

En los últimos días también se conoció que la empresa tenía una "granja de trolls" en Twitter: supuestos empleados que se dedicaban a contar sus "magníficas" experiencias en la empresa. El dato publicado luego de una investigación de The Intercept, señala que la operación conocida con el nombre de "veritas" (verdad en latín), se inició en secreto en 2018 y tenía el objetivo de rebatir en las redes sociales las críticas a la empresa mediante supuestos empleados y empeladas que contaban lo bien que se trabaja en los almacenes.

Esto también fue denunciado por los trabajadores de Amazon en Alabama, ya que como parte de los intentos de evitar la sindicalización, la empresa envió a estos perfiles de Twitter a atacar a aquellos que expresaban su apoyo al sindicato y a contar experiencias completamente irreales de cómo se trabaja en los centros de logística. La publicación de The Intercept señaló que lo que más llamó la atención es que muchos de los perfiles contestaban frases similares, como si fueran bots, pero en realidad era porque todos dependían de un mismo guion que estaba redactado para contestar a cada cuestionamiento y donde se indicaba sobre qué se podía hablar y sobre qué no.

Es por todo esto que la lucha por ganar un sindicato en Amazon, sería un verdadero dolor de cabeza para Bezos y un enorme triunfo para todas las y los trabajadores.

Martes 6 de abril | 14:24
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Domingo, 04 Abril 2021 10:45

La boca del infierno

La boca del infierno

Hace algunos días conversé por Zoom con mi amigo el escritor canadiense John Ralston Saul, anterior presidente del Pen International y quien estuvo hace algunos años en Nicaragua. El Pen, antes llamado Pen Club, fue fundado en Londres en 1921, y entre sus socios constituyentes estuvieron nada menos que Joseph Conrad, George Bernard Shaw y H. G. Wells. Hoy agrupa a escritores de todo el mundo y se dedica sobre todo a promover y proteger la libertad de expresión y los derechos humanos.

John me llamaba porque quería saber de Nicaragua, donde el capítulo nacional del Pen, presidido por Gioconda Belli, se vio obligado a cerrar sus puertas; y de Nicaragua fue que hablamos extensamente, recordando la vez que lo llevé a asomarse al cráter encendido del volcán Masaya, una oquedad que espanta a cualquier turista, desde donde sube una densa humareda de azufre, como si siempre viviéramos en este país en la boca del infierno. Es como llamó el cronista Fernández de Oviedo a este cráter.

Le dije, para empezar, que los gobiernos resultantes de elecciones en América Latina tienen distintas calidades y formas de comportamiento democrático, pero en las últimas décadas la legitimidad del voto popular ha logrado ser establecida, porque los sistemas electorales han logrado credibilidad, todo distante de la vieja historia de fraudes, con las urnas llenas de votos falsos, con gran concurrencia de ciudadanos difuntos y las actas burdamente trucadas.

Nadie puede alegar la legitimidad de la aplastante mayoría ganada en las últimas elecciones legislativas de El Salvador por el presidente Bukele. Si esa mayoría, que le abre las puertas del control de todos los demás poderes del Estado, será usada para fortalecer el sistema democrático o para acabar con él, está por verse; pero los votos que se le han dado están bien contados. Y si en Perú hay una crisis de credibilidad política que se ha vuelto crónica, no se debe a elecciones fraudulentas, sino al desprestigio que trae consigo la reiterada corrupción de los electos.

No es el caso de Nicaragua, donde la Constitución política manda que se celebren elecciones presidenciales y parlamentarias en noviembre de este mismo año. Es decir, dentro de algunos meses, y aún a esta fecha no existen las condiciones mínimas para que se pueda pensar en un proceso electoral creíble, que sirva como un mecanismo de transición democrática.

Una resolución de la Asamblea General de la OEA de noviembre del año pasado demanda negociaciones "incluyentes y oportunas" entre el gobierno y la oposición para acordar “reformas electorales significativas y coherentes con las normas internacionales; modernización y restructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de manera totalmente independiente, transparente y responsable; actualización del registro de votantes y observación electoral nacional e internacional.

La resolución suma que debe haber un proceso político pluralista "que conduzca al ejercicio de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de libertad de reunión pacífica y libertad de expresión y registro abierto de nuevos partidos políticos".

Tales compromisos deberían estar concluidos en mayo, que ya llega, sin que el régimen haya movido un dedo. Por ahora, la única certeza es que Ortega y su esposa, la vicepresidenta, se disponen a ser relectos de nuevo, lo que supone continuar, como desde hace ya 15 años, en el control total del poder civil, económico, policiaco y militar. Nada hace prever, hasta ahora, que exista la mínima voluntad política para someter ese poder total al libre escrutinio de los votantes.

El Consejo Permanente de Derechos Humanos de Naciones Unidas, reunido en Ginebra en marzo de este año, expresó "grave preocupación ante la falta de avances del gobierno de Nicaragua en la implementación de reformas electorales e institucionales destinadas a garantizar elecciones transparentes".

Manda "abandonar las detenciones arbitrarias, las amenazas y otras formas de intimidación", y "liberar a todos aquellos arrestados ilegal o arbitrariamente". Exige, también, la derogación de las leyes que violentan el ejercicio de los derechos humanos. Baste mencionar la ley de ciberdelitos, la ley de agentes extranjeros y el establecimiento de la cadena perpetua para "crímenes de odio".

¿Es posible un clima electoral aceptable cuando hay más de 120 presos políticos, jóvenes en su inmensa mayoría y miles de exiliados, jóvenes también, que huyeron de la represión desatada a partir de abril de 2018?

¿Y cómo puede desarrollarse así una campaña electoral? La policía vigila en las calles para desbaratar cualquier atisbo de manifestación pacífica, encierra ilegalmente a los opositores en sus casas con prohibición de salir e irrumpe en locales bajo techo para disolver reuniones políticas.

Hay medios de comunicación y estaciones de televisión con sus instalaciones confiscadas, como Confidencial y 100% Noticias, y otros que viven bajo asedio, como Radio Darío, de la ciudad de León.

Seguimos asomados al cráter encendido, le digo a John. Encontrar el camino para alejarse de la boca del infierno costará mucho, pero no hay esperanzas perdidas.

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Sebastián Piñera acusado de genocidio por las comunidades mapuches en Chile

Comunidades mapuches de la región del BioBío y de la Araucanía en Chile, presentaron una querella contra el presidente Sebastián Piñera por genocidio, responsabilizándolo de todos los actos de violencia y represión en los territorios.

 

El anuncio fue realizado por el lonko Alberto Catalán, quien explicó a radio Cooperativa que “las comunidades mapuche de las comunas de Nueva Imperial, Freire, Teodoro Schmidt, en conjunto con comunidades de Lautaro, le comunican al Pueblo Nación Mapuche y a la comunidad nacional e internacional lo siguiente: venimos a interponer una querella en contra de don Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique por su calidad de autor del crimen de genocidio, contemplado en el Artículo 11 de la Ley 20.357, y del artículo sexto del estatuto de Roma”.

La comunidad mapuche además busca responsabilizar no solo a Piñera, sino que también a todos los responsables políticos, materiales y encubridores.

Señalaron en un comunicado que actualmente se "ha recrudecido la represión estatal en contra del pueblo mapuche, especialmente en contra de comunidades que levantan dignos procesos de recuperación territorial".

Añaden que la "militarización" de su territorio "ha generado sistemáticas violaciones a los derechos humanos en tanto también derechos colectivos". Como consecuencia de esa militarización, afirman, han sufrido "golpes, baleadas, torturas y asesinatos", sobre todo a niños y niñas, adolescentes, mujeres y personas ancianas.

Por otro lado, hace meses las comunidades mapuches vienen recuperando sus territorios, tomados de forma pacífica, sin hacer ningún tipo de daño, sino que todo lo contrario, quieren cuidar sus tierras, su naturaleza para sus familias.

Las comunidades de Lautaro vienen denunciando los desalojos de terrenos, que son parte de una investigación de la fiscalía de alta complejidad, para hacer un barrido con las fuerzas de Carabineros.

Es por eso que las comunidades están haciendo un llamado a la autoorganización y la autodefensa para proteger los territorios recuperados y brindar una seguridad entre ellos.

El Gobierno de Piñera y sus aliados, son responsable de todos los actos de represión, tanto contra el pueblo mapuche, como el pueblo trabajador. Utilizando instituciones podridas como es Carabineros para reprimir a todos quienes están en contra de sus políticas.

La comunidad mapuche que presentó la querella califica esta situación como una "guerra de baja intensidad", con la cual el Gobierno chileno declara al pueblo mapuche como su "enemigo interno".

"Esta actual y sistemática política de exterminio a nuestro pueblo mapuche se constituye en un genocidio", afirmaron en el pronunciamiento.

Durante el último año se han producido varios incidentes derivados del recrudecimiento de las relaciones entre el Gobierno y los mapuches, fundamentalmente en La Araucanía.

Es por eso que es importante solidarizarse con el reclamo mapuche asediados por un Gobierno represor que los encarcela y expropia sus tierras en favor de las grandes corporaciones mineras y del agronegocio, para beneficiar a empresarios que se roban todos nuestros recursos naturales y territorios desde hace cientos de años.

Viernes 2 de abril | 09:45

Con información de Telesur.

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Una motocicleta en llamas en una de las protestas acontecidas esta semana en Mandalay, Myanmar. — REUTERS

Dos meses después del golpe de estado en el país asiático, el conflicto parece cada vez más violento, con cientos de muertos y miles de heridos en las calles de las grandes ciudades.

 

La brutal represión del Ejército de Myanmar contra el movimiento de desobediencia civil pacífico desatada tras el golpe del 1 de febrero está sumiendo al país asiático en un estado de guerra civil. Los más de 500 manifestantes asesinados por las Fuerzas Armadas y la Policía desde el inicio de las protestas, según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, nos revela una guerra enormemente desigual: el Tatmadaw (como se conoce al Ejército) cuenta con casi todas las armas pero carece casi totalmente de apoyo popular, mientras que la oposición al golpe ha logrado unir a un país profundamente dividido por las diferencias étnicas, religiosas y económicas.

Ciudades como Yangon, la antigua capital, o Mandalay, están tomadas por el Tatmadaw, una fuerza de ocupación que considera a cualquier ciudadano como un enemigo en potencia. La violencia y el caos tras el golpe han llevado a varios países, entre ellos España, a urgir a sus nacionales que abandonen Myanmar lo antes posible. Pero el Ejército no ha logrado tomar el control de todo el territorio, pero sí se han sucedido huelgas de diversos sectores que han paralizado la economía. Por ejemplo, el puerto de Yangon está totalmente paralizado por el paro de los estibadores y transportistas, según informa el medio birmano Frontier Myanmar.

La asonada se produjo dos meses después de las elecciones del pasado noviembre, en las que la Liga Nacional para la Democracia (LND), liderada por la Nobel de la paz Aung San Suu Kyi, volvió a obtener la mayoría tras sus primeros cinco años en el Gobierno. El Ejército había acusado sin pruebas a al Gobierno de fraude electoral y finalmente el comandante en jefe, Min Aung Hlaing, tomó el poder horas antes de la primera sesión parlamentaria y arrestó a Suu Kyi, a decenas de diputados electos de su partido y centenares de conocidos activistas.

Min Aung Hlaing predica que la toma de poder es constitucional y que su intención es celebrar nuevas elecciones tras un año de gobierno. Pero sus promesas de defender la democracia suenan cada vez más vacías a medida que se acumulan los muertos. Este golpe supone, paradójicamente, el desmantelamiento del sistema constitucional diseñado por la anterior junta militar (que gobernó entre 1988 y 2011), y que ha sido enormemente beneficioso para los generales desde que decidieron embarcarse hace un decenio en una transición a lo que denominaron una "democracia disciplinada".

La Constitución asegura al Tatmadaw el control de tres ministerios clave (Defensa, Interior y Fronteras), una autonomía casi total con respecto al Gobierno civil y el 25% de los escaños en el Parlamento. Además, los generales han contado con una aliada inesperada en su transición: Aung San Suu Kyi, quien, tras 15 años bajo arresto domiciliario por su oposición al régimen, en 2011 decidió aceptar las reglas del juego impuestas por la junta militar, lo que culminó con la victoria electoral de su partido en 2015.

Suu Kyi y su ‘laissez faire’ a los militares

La Dama, como se conoce a Suu Kyi en Myanmar, nunca ocultó su intención de cambiar la Constitución para poner al Ejército bajo control civil, pero la Carta Magna está blindada para que cualquier enmienda sea imposible sin el asentimiento del Ejército. Entretanto, Suu Kyi y su partido mostraron tener más en común con el Ejército de lo que parecía durante la época de la dictadura.

En primer lugar, Suu Kyi apoyó sin reservas las operaciones militares de 2016 y 2017 contra la minoría musulmana rohingya en el estado de Rakhine, que provocaron miles de muertos y el éxodo de casi 800.000 refugiados a la vecina Bangladesh. Los rohingya llevan sufriendo un régimen de apartheid desde hace décadas y abunda el racismo contra ellos en Myanmar, donde son considerados erróneamente ‘inmigrantes ilegales’ de Bangladesh. La LND de Suu Kyi no es ajena a ese racismo y ha contribuido enormemente a exacerbarlo.

Suu Kyi también apoyó al Ejército en sus conflictos con las decenas de guerrillas etnonacionalistas que luchan por la autonomía de las regiones fronterizas del país. Desde que Myanmar se independizara de los británicos en 1948, ha estado dominada por los bamar, la etnia mayoritaria que ha intentado imponer un modelo centralista sobre minorías que históricamente han pertenecido a reinos de las periferias. Durante su mandato, la Dama intentó poner en marcha un proceso de paz con los distintos grupos armados, pero fracasó estrepitosamente, en gran medida debido a que no tenía control sobre el Ejército, pero también por su negativa a hacer concesiones políticas, como señalaba en su día un informe de International Crisis Group.

Por otra parte, Aung San Suu Kyi nunca se atrevió a tocar los intereses económicos de los generales, que controlan gran parte de la economía y son protagonistas del expolio de los recursos naturales a través de empresas privadas y grandes conglomerados de su propiedad, lo que organizaciones como Justice for Myanmar llevan años denunciando.

Hasta el golpe de estado del 1 de febrero, los militares y la LND habían alcanzado un incómodo, pero conveniente, modus vivendi, como explica el historiador Thant Myint-U en su reciente libro The Hidden History of Burma. Ello hace de la asonada un misterio, aún más difícil de resolver dada la absoluta opacidad del Tatmadaw, como reconocen expertos en el Ejército de Myanmar como el australiano Andrew Selth. Más allá de la ambición personal de Min Aung Hlaing, es muy posible que, ante una LND cada vez más asertiva tras su segunda victoria electoral, los generales perdieran la paciencia y decidieran "poner en su sitio" al gobierno civil.

Ahora, con Aung San Suu Kyi incomunicada, tras su arresto después del golpe, el movimiento de desobediencia civil ha cobrado vida propia y nadie quiere volver a la "democracia disciplinada" de los generales, esa que pactó la Dama.

La inesperada solidaridad interétnica

Las protestas también se han extendido a la mayoría de las regiones donde habitan las minorías étnicas, que demandan una nueva constitución federalista. Mientras tanto, los bamar que viven en las zonas centrales, alejados de los conflictos en las fronteras, están sufriendo ahora la misma brutalidad por parte del Ejército que las minorías han padecido durante decenios, lo que está generando un incipiente movimiento de solidaridad interétnica sin apenas precedentes en Myanmar.

Hasta los rohingya están recibiendo muestras de apoyo por parte de los bamar, que en algunos casos han manifestado su arrepentimiento por no haberlos apoyado cuando el Tatmadaw los estaba masacrando hace cuatro años, algo impensable hace solo unos meses.

Asimismo, un grupo de diputados electos en las últimas elecciones ha formado un gobierno clandestino, el Comité de Representación de la Pyidaungsu Hluttaw (Parlamento, CRPH) que está tratando de crear un ejército federal que una a todos los grupos armados para combatir al Tatmadaw. Muchas de las guerrillas han expresado su solidaridad con el movimiento de desobediencia civil, pero formar dicho Ejército supondría un trabajo diplomático casi titánico, ya que algunos de estos grupos rebeldes parecen poco dispuestos a luchar y otros están enfrentados entre sí, tal y como advierte el experto David Mathieson.

La población de Myanmar está prácticamente sola frente al Ejército en un contexto internacional en el que la ONU muestra una vez más su impotencia. En este escenario, una intervención extranjera es poco probable y las sanciones contra los generales por parte de países occidentales son escasamente efectivas mientras cuenten con el apoyo de poderosos aliados como China o Rusia, dos de los ocho países que enviaron representantes a las celebraciones del Día de las Fuerzas Armadas en la capital, Naipidó, el 27 de marzo, mientras el Ejército mataba a más de 100 civiles en otras localidades.

Aunque se han producido algunas deserciones de oficiales de bajo rango, es poco probable que se produzca una rebelión dentro de un Ejército muy cohesionado, casi totalmente aislado de la sociedad y acostumbrado a considerarse el único garante de la unidad nacional, como muestra una investigación publicada por New York Times. Esa posibilidad disminuye a medida que el Tatmadaw comete más crímenes y más oficiales están implicados en ellos; pocas cosas unen tanto como la responsabilidad compartida en crímenes de lesa humanidad. Mientras Myanmar parece sumirse en una guerra civil, solo una unión de los diferentes grupos armados y el movimiento de protesta podría alterar el desequilibrio de fuerzas actual frente al brutal Ejército de Min Aung Hlaing, pero queda por ver si eso será posible.

Madrid

02/04/2021 22:04 Actualizado: 02/04/2021 23:02

Carlos Sardiña Galache//twitter.com/@CSGalache">@@CSGalache

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Miércoles, 31 Marzo 2021 04:54

La comida, un derecho humano esencial

Próxima Cumbre sobre Alimentación debatida en el Consejo de DDHH de la ONU

Vía Campesina exige respeto pleno al derecho a la alimentación

 A escaso medio año de la fecha prevista para la realización de la Cumbre Mundial sobre Sistemas Alimentarios, el rol esencial de los campesinos y la agroecología fueron tematizados durante la 46 sesión del Consejo de Derechos Humanos que culminó el 24 de marzo en Ginebra, Suiza.

 

Vía Campesina y el Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM), ONG progresista observadora ante la ONU, presentaron la posición de trabajadores rurales, pequeños productores y centenas de ONG y actores solidarios. Es esencial que los Estados protejan las zonas rurales, así como la cooperación multilateral internacional para resolver esta crisis (https://www.cetim.ch/wp-content/uploads/Dec_o_derecho-alimentacion-1.pdf), enfatizaron.

Advirtieron que los poderes políticos y económicos dominantes apuntan a “desmantelar los espacios multilaterales”, para privilegiar al sector privado de la alimentación en lugar del interés general de los pueblos.  En relación a la Cumbre alimentaria de las Naciones Unidas prevista para el último trimestre del 2021 denunciaron que “los lobbies empresariales que defienden los intereses del agronegocio están influyendo y capturando los preparativos”.

Los Estados y la ONU, insiste Vía Campesina, deben garantizar que las y los campesinos, los pueblos indígenas y otras personas que trabajan en las zonas rurales, estén en el centro mismo de atención de ese evento internacional. (https://viacampesina.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/LVC-Position_ES_UN-Food-Summit_2020_LowRes2.pdf ). Y recuerda que la Declaración sobre los Derechos Campesinos, aprobada en la Asamblea General de la ONU de diciembre del 2018, debe ser la “hoja de ruta común” a favor de sistemas alimentarios y agrícolas equitativos y justos, que defiendan la vida de los pueblos y no el interés privado. (https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/RES/73/165 ).

Destapar oídos sordos

Vía Campesina y el CETIM, siguen de cerca los preparativos de la Cumbre considerándola “un evento tan crucial como controvertido”, afirmó Melik Özden, director del Centre Europa-Tercer Mundo en entrevista con este corresponsalla última semana de marzo.

“Constatamos la injerencia y la influencia indebida ejercida por las empresas transnacionales del agronegocio, con el fin de utilizarla la Cumbre en su propio beneficio”. Lo que no es una sorpresa, según Özden. Esas multinacionales están presentes en las instancias de negociación de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), así como en otros espacios multilaterales, que se ven cada vez más afectados por esta presión transnacional. A través de estos métodos, los monopolios pretenden asegurar su control sobre los organismos internacionales donde se toman las decisiones importantes, enfatiza.

Vía Campesina y CETIM decidieron intervenir en el Consejo de Derechos Humanos para llamar la atención de los participantes (Estados, instituciones multilaterales, ONG) sobre el riesgo de interferencia e injerencia que sufre la preparación de la Cumbre.   Y advertir sobre la repercusión negativa que dichas presiones pueden tener sobre la alimentación y el campesinado familiar. Melik Özden reivindicó como trascendente el reciente informe de Michael Fakhri, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación durante la sesión del Consejo de DDHH ( https://undocs.org/es/A/HRC/46/33)

El Relator de la ONU habla claro

Fakhri, profesor de Derecho de la Universidad de Oregón, en Estados Unidos, presentó en esta 46 sesión del Consejo de Derechos Humanos un informe sobre la situación actual del Derecho a la Alimentación. El mismo analiza el impacto de la pandemia en la actual crisis inminente del hambre; los sistemas alimentarios y la gobernanza mundial; las semillas y los derechos de los agricultores; y el derecho a la alimentación en los conflictos armados y las crisis prolongadas.

Tema esencial del informe, también, la preparación de la Cumbre de la Alimentación de la ONU. “Dicho con pocas palabras: inicialmente los derechos humanos fueron excluidos de los preparativos de la misma; aunque ya han sido incluidos, aún permanecen en los márgenes”, subraya Michael Fakhri. Quien recuerda que más de 500 movimientos sociales de agricultores, sindicatos de trabajadores de la alimentación y activistas de derechos humanos plantearon su preocupación a la ONU que los intereses empresariales acaparen la política alimentaria mundial. “Los primeros materiales de preparación de la Cumbre reflejaban los términos y el marco del proyecto del Foro Económico Mundial (ndr: de Davos) para transformar el sistema alimentario”. De hecho, en el primer año de los preparativos de la Cumbre no se mencionaron los derechos humanos, lo cual no era coherente con la misma convocatoria a la misma, afirma.


Fakhri también señala en su documento que “debido a la marginación constante de los derechos humanos durante la preparación de la Cumbre”, el Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas -que representa a 300 millones de afiliados- decidió impugnarla. Y agrega: “la Cumbre parece estar todavía muy sesgada a favor de un tipo de enfoque de los sistemas alimentarios, a saber, las soluciones basadas en el mercado”. En contraposición, el enfoque de los sistemas alimentarios basado en los derechos humanos, prioriza los seres humanos a los beneficios económicos.

Y su crítica directa revela argumentos conceptuales esenciales: aunque el título de la Cumbre parece indicar que deberían coexistir los múltiples sistemas alimentarios, “en la actualidad los preparativos están dando prioridad a un tipo de conocimiento, a saber, la ciencia experimental, y a un tipo de política, a saber, la agricultura intensiva sostenible, también conocida como la nueva revolución verde”.

Agroecología, apuesta esencial

Y reivindica –escuchando a los movimientos sociales como Vía Campesina- la agroecología, que “supone un enfoque diferente y actualmente está ausente de los preparativos de la Cumbre”. El Relator sostiene: “la agroecología es una disciplina científica que incluye conocimientos experimentales centrados en la ecología de los entornos agrícolas. Su objetivo principal es imitar en la medida de lo posible los procesos ecológicos y las interacciones biológicas para concebir métodos de producción basados en reunir cultivos, animales, árboles, suelos y otros factores en sistemas espaciales/temporales diversificados” que permitan a las explotaciones agrícolas generar una fertilidad del suelo, una protección de los cultivos y una productividad propias”.

Con la claridad extrema del rigor científico y ético, el Relator Especial evalúa que “la Cumbre no solo no da ninguna cabida a la agroecología, sino que también deja de lado los conocimientos experienciales o tradicionales, lo que tiene el efecto grave de excluir a los pueblos indígenas y sus conocimientos”. Y recuerda que el mismo Secretario General de la ONU recientemente subrayó que “los pueblos indígenas constituyen menos del 6 % de la población mundial pero, sin embargo, son los guardianes del 80 % de la biodiversidad mundial en tierra”.

El Informe de Michael Fakhri, relevante en cuanto a sus fundamentos científicos y sensibilidad social, concluye con una serie de constataciones y recomendaciones. En cuanto a la Cumbre se ha propuesto transformar los sistemas alimentarios del mundo…  Sin embargo, nada puede transformarse adecuadamente con toda una población enferma, cansada, pobre y hambrienta; la mayoría de los Estados ya no son capaces de gobernar adecuadamente durante la crisis. Los Estados deben velar por que la máxima prioridad de la agenda internacional permita confrontar la crisis de hambre inminente y las consecuencias de la pandemia de COVID-19”.

Enfatiza, además, que la Cumbre debe estar intrínsecamente definida por los derechos humanos y el multilateralismo, lo que significa, en la práctica, frenar el intento de las transnacionales de apropiarse de ese evento para sus intereses. Y subraya la necesidad que los resultados se expresen en procesos multilaterales, por ejemplo, vía el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y que en la misma “predominen las discusiones en torno a la agroecología”.

Concluye la sesión de Ginebra de marzo, se baja el telón, y el debate alimentario transita otro nivel. La voz de los movimientos sociales, coincidente con el Relator especial de la misma ONU para el tema de la alimentación, entró en el espacio simbólico de la catedral de los derechos humanos. Los graves problemas políticos que encierra la convocatoria de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios están sobre la mesa. Muchos Estados hacen oído sordo y miran para otro lado. Sin embargo, la sociedad civil internacional pone la cara, critica, denuncia y exige rectificaciones. Nada es banal. Lo que está en juego es la alimentación en un mundo que vio duplicarse la cantidad de hambrientos en el último año a causa de la pandemia. Hambre en aumento, comida chatarra transnacional o alimentación agroecológica, éste es el debate.

Por Sergio Ferrari | 31/03/2021

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Más de 100 muertos en Myanmar durante las protestas contra el golpe

Es el saldo la represión de una manifestación este sábado en contra del golpe

Esta cifra implica que solo en las últimas horas habría muerto el equivalente a una tercera parte del total aproximado de 320 fallecidos desde el inicio de las manifestaciones. 

 

Más de 100 personas murieron este sábado en más de 40 localidades de Myanmar, en la jornada más letal y masiva de protestas contra el golpe de Estado y en la que el Ejército hizo una exhibición de su poder al celebrarse allí el día de las Fuerzas Armadas.

La cifra exacta de fallecidos en la ex Birmania es difícil de precisar por la falta de información oficial y los cortes en las comunicaciones que imponen las autoridades militares para intentar mitigar las manifestaciones.

Un recuento emitido por un investigador independiente en Rangún, la ciudad más grande del país, habla de 107 muertos, mientras que el portal de noticias Myanmar Now menciona 114.

Estas cifras implican que solo en las últimas horas habría muerto el equivalente a una tercera parte del total aproximado de 320 fallecidos desde el inicio de las protestas prodemocracia registrados ayer por la ONG local Asociación de Ayuda a los Presos Políticos

El país asiático vive sumido en una profunda crisis desde que los militares depusieron al gobierno civil de Aung San Suu Kyi en un golpe el 1º de febrero,que desencadenó una gran revuelta para pedir el retorno de la democracia.

La violenta represión de las fuerzas de seguridad coincidió con el desfile militar que se organiza cada año con motivo del día de las Fuerzas Armadas. Miles de soldados, tanques, misiles y helicópteros se sucedieron en una gran explanada frente a los generales y sus escasos invitados, entre ellos las delegaciones rusa y china, países que no condenaron el golpe, informó la agencia de noticias AFP.

El líder de la junta, el general Min Aung Hlaing, volvió a defender el golpe debido al presunto fraude en las elecciones de noviembre, en las que venció el partido de Aung San Suu Kyi, y prometió ceder el poder tras unas nuevas elecciones.

A pesar de esa exhibición de fuerza, a media jornada, la violencia había estallado en todo el país. En Rangún, columnas de humo se elevaban sobre la antigua capital del país, que se convirtió en foco de disturbios en las últimas semanas. Una concentración nocturna frente a una comisaría en el sur de la ciudad terminó con la muerte de al menos seis personas.

En la región central de Mandalay, se registraron al menos nueve muertos en las últimas horas. Un médico de la ciudad de Wundwin confirmó la muerte de dos manifestantes. Una manifestación allí también se convirtió en un caos cuando los soldados empezaron a disparar. Al menos uno de los manifestantes murió, un agente de policía de 21 años, Chit Lin Thu, que se había unido al movimiento contra el golpe. "Estoy muy triste por él, pero al mismo tiempo estoy orgulloso de mi hijo", afirmó a AFP Joseph, su padre.

En el estado de Shan, al norte, la policía y el ejército abrieron fuego contra una concentración de estudiantes universitarios, dijeron testigos. Estas muertes provocaron una nueva condena de la Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido.

"Este 76º Día de las Fuerzas Armadas se recordará como una jornada de terror y de deshonor", dijo la embajada de la Unión Europea en el país. La embajada de Estados Unidos así como el representante de Reino Unido también condenaron la violencia.

"Las fuerzas de seguridad están matando civiles desarmados, niños, la gente a la que juraron proteger", lamentó un comunicado de la sede diplomática estadounidense publicado en Facebook. La brutalidad de la represión provocó desde hace semanas condenas internacionales y sanciones contra militares poderosos, pero la presión diplomática tuvo un escaso efecto hasta el momento.

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