Coronavirus: la militarización de las crisis

Hay que remontarse a los periodos del nazismo y del estalinismo, casi un siglo atrás, para encontrar ejemplos de control de población tan extenso e intenso como los que suceden en estos días en China con la excusa del coronavirus. Un gigantesco panóptico militar y sanitario, que confina a la población a vivir encerrada y bajo permanente vigilancia.

Las imágenes que nos llegan sobre la vida cotidiana en amplias zonas de China, no sólo en la ciudad de Wuhan y la provincia de Hubei, donde viven 60 millones, dan la impresión de un enorme campo de concentración a cielo abierto por la imposición de cuarentena a todos sus habitantes.

Ciudades desiertas donde sólo transita el personal de seguridad y de salud (https://bit.ly/2P2rlls). Se toma la temperatura a todas las personas a la entrada a los supermercados, centros comerciales y conjuntos residenciales. Si hay miembros de la familia en cuarentena, un sólo miembro tiene derecho a salir cada dos días para comprar víveres (https://bit.ly/2wCDnM7).

En algunas ciudades quienes no usen máscaras pueden terminar en la cárcel. Se alienta la utilización de guantes desechables y lápices para presionar los botones del ascensor. Las ciudades de China parecen lugares fantasmas, al punto que en Wuhan casi no encuentras personas en las calles (https://bbc.in/37KPKT3).

Es necesario insistir en que el miedo está circulando a mayor velocidad que el coronavirus y que en contra de lo que se hace creer, "el principal asesino en la historia de la humanidad fue y es la desnutrición", como destaca una imprescindible entrevista en el portal Comune-info (https://bit.ly/2SNMnqq).

Lo habitual en la historia ha sido poner en cuarentena a personas infectadas, pero nunca se ha aislado de este modo a millones de personas sanas. El médico y académico del Instituto de Salud Global de la University College London, Vageesh Jain, se pregunta: "¿Se justifica una respuesta tan drástica? ¿Qué pasa con los derechos de las personas sanas?" (https://bit.ly/2wCDnM7).

Según la OMS, cada infectado de coronavirus puede contagiar a dos más, mientras el enfermo de sarampión contagia de 12 a 18 personas. Por eso Jain asegura que más de 99.9 por ciento de los habitantes de la provincia de Hubei no están contagiados y que "la gran mayoría de la población atrapada en la región no se encuentra mal y es poco probable que se infecte".

El boletín 142 del Laboratorio Europeo de Anticipación Política (LEAP) reflexiona: "China desencadenó un plan de acción de emergencia de magnitud sin precedentes después de sólo 40 muertes en una población de 1.2 mil millones de personas, sabiendo que la gripe mata a 3 mil personas en Francia cada año". En 2019 la gripe mató a 40 mil personas en Estados Unidos (https://bit.ly/3bYb9eX). El sarampión mata 100 mil personas cada año y la influenza (gripe) medio millón en el mundo.

El LEAP sostiene que estamos ante un nuevo modelo social de gestión de crisis, que cuenta con el visto bueno de Occidente. Italia siguió ese camino al aislar 10 pueblos con 50 mil habitantes, cuando había sólo 16 personas con coronavirus (https://bit.ly/32fmyCE).

China ejerce un sofisticado control de la población, desde la video-vigilancia con 400 millones de cámaras en las calles hasta el sistema de puntos de "crédito social" que regula el comportamiento de los ciudadanos. Ahora el control se multiplica, incluyendo la vigilancia territorial con brigadas de vecinos "voluntarios" en cada barrio.

Quisiera entrar en varias consideraciones, no desde el punto de vista sanitario sino del que deja el manejo de esta epidemia a los movimientos antisistémicos.

La primera, es que siendo China el futuro hegemón global, las prácticas del Estado hacia la población revelan el tipo de sociedad que las élites desean construir y proponen al mundo. Las formas de control que ejerce China son sumamente útiles a las clases dominantes de todo el planeta para mantener a raya a los debajo, en periodos como de hondas convulsiones económicas, sociales y políticas, de crisis terminal del capitalismo.

La segunda, es que las élites están usando la epidemia como laboratorio de ingeniería social, con la finalidad de estrechar el cerco sobre la población con una doble malla, a escala macro y micro, combinando un control minucioso a escala local con otro general y extenso como la censura en Internet y la video-vigilancia.

Considero que estamos ante un ensayo que se aplicará en situaciones críticas, como desastres naturales, tsunamis y terremotos; pero sobre todo ante las grandes convulsiones sociales capaces de provocar crisis políticas devastadoras para los de arriba. En suma, ellos se preparan frente a eventuales desafíos a su dominación.

La tercera, es que los pueblos aún no sabemos cómo vamos a enfrentar estos potentes mecanismos de control de grandes poblaciones, que se combinan con la militarización de las sociedades ante revueltas y levantamientos, como está sucediendo en Ecuador (https://bit.ly/2v56pmE).

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Por violaciones a los DD.HH. durante las protestas en Chile. Bachelet llama a fijar responsabilidades

La Alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizó una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos en que aseguró que en Chile y Ecuador existe "una necesidad de garantizar que se fijen responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante las protestas”. También apuntó a que se “atienda” la razón de éstas que es la “desigualdad”, informó el portal de noticias chileno La Tercera.

En un informe en que analizaron ante el Consejo de la ONU las distintas amenazas en el mundo en esta materia, sostuvo que su oficina, que envió misiones de investigación tras las protestas, ya realizó recomendaciones para investigar y juzgar las violaciones de derechos humanos en esos dos países desde octubre de 2019 (fecha del estallido social en Chile).

La exmandataria chilena también mostró su preocupación por la actual situación de Bolivia. En su intervención recordó que la crisis política que afecta a esa nación se saldó "con al menos 35 muertos y 800 heridos, la mayoría de ellos en operaciones del ejército y la policía”.

a oficina que encabeza Bachelet en la ONU envió una delegación al país entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre, que elaboró un lapidario informe presentado el 13 de diciembre donde se constataron “violaciones graves de los derechos humanos” durante el estallido.

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Manifestante sostiene un letrero que dice "No más Esmad" tras una marcha en Bogotá. 10 de octubre 2019.Luisa Gonzalez / Reuters

En su informe anual, la oficina del Alto Comisionado de la ONU solicitó una reforma urgente al cuerpo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), tras evidenciarse el uso desmedido de la fuerza para reprimir las protestas.

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) consideró urgente una reforma al cuerpo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de Colombia, tras acusaciones sobre el uso desmedido de la fuerza para responder a las protestas contra el Gobierno del presidente Iván Duque. 

En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, la oficina denunció que algunos miembros del Esmad no han cumplido con las "normas y estándares internacionales" en el uso de la fuerza.

La oficina del ACNUDH también documentó la "privación arbitraria de la vida" de un estudiante de 18 años, así como lesiones oculares o craneales causadas por proyectiles disparados por las fuerzas policiales. 

De igual forma, el organismo indicó que ese cuerpo represivo cometió "actos contra los manifestantes que podrían llegar a constituir malos tratos y/o tortura, tales como desnudez forzada, amenazas de muerte con matices racistas y repetidas golpizas".

En ese contexto, la instancia de Naciones Unidas urgió al Estado a iniciar "investigaciones exhaustivas, efectivas e independientes" sobre los casos de uso excesivo de la fuerza por parte del Esmad, e insistió en la necesidad de una "profunda transformación" de ese cuerpo, que pase por la revisión de protocolos de actuación "y de las armas y municiones menos letales para que cumplan con las normas y estándares internacionales".

A la par, la organización recomendó restringir "en la mayor medida posible" el uso del Ejército para labores de orden público, y recomendó trasladar la supervisión de las fuerzas de seguridad del Estado al Ministerio del Interior.

Desde el pasado 21 de noviembre iniciaron las protestas en contra del Gobierno de Duque, ante el descontento de sectores estudiantiles, obreros y universitarios. Durante las movilizaciones se denunciaron los excesos por la represión de uniformados del Esmad.

El más crucial fue el asesinato de Dilan Cruz, un joven de 18 años que participaba en una manifestación pacífica en el centro de Bogotá. Según Medicina Legal, el elemento que golpeó a Cruz en la cabeza fue un proyectil tipo 'bean bag', disparado por una escopeta calibre 12, un arma convencional usada por el escuadrón antidisturbios.

Pese a la cuestionada actuación de ese cuerpo, el gobierno colombiano presentó a finales del año pasado una política de seguridad que pretendía "reforzar" el Esmad, multiplicando el número de efectivos para "mejorar su respuesta, intensificar su entrenamiento, del mismo modo que la formación".

Publicado: 27 feb 2020 02:58 GMT

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Imagen de la represión policial en el contexto de las protestas en Chile EFE

La organización publica este jueves su Informe Anual sobre las Américas, en el que hace balance de la situación de los derechos humanos en el continente

Desde Venezuela en enero hasta Chile en octubre, 2019 ha sido un año en el que la ola de protestas que ha recorrido América –en especial América Latina– se ha saldado con represión institucional por parte de gobiernos de distinto signo político, incapaces de generar diálogo con sus ciudadanos. Así lo cree Carolina Jiménez, directora adjunta de investigación de Amnistía Internacional para las Américas, que afirma que el continente "sufre, pero también se despierta".

En su Informe Anual sobre las Américas, la organización cifra en al menos 210 las personas que murieron violentamente en el contexto de protestas en el continente: 83 en Haití, 47 en Venezuela, 35 en Bolivia, 31 en Chile, ocho en Ecuador y seis en Honduras. "Es un balance negativo, un saldo demasiado alto", asevera Jiménez. Incluso en Chile, donde se ha abierto un proceso constituyente como resultado de los reclamos de los manifestantes, "nos preocupa el costo, en otros países se han dado estos procesos sin la necesidad de más de 400 personas con lesiones oculares".

Para Jiménez, es difícil comparar los niveles de gravedad entre un país y otro, pues cada uno tiene "sus propios retos" en cuanto a derechos humanos. Aunque apunta a Venezuela como país donde la organización puede establecer "un patrón sistemático de represión", pues, a diferencia de otros Estados, las protestas de principios de 2019 fueron "una ola más". "No se trata de hechos aislados, sino de la política sistemática de un Gobierno que no admite la disidencia", afirma, ante una represión que podría constituir crímenes de lesa humanidad,  según denunció la organización a mediados de año.

Sin embargo, un punto común entre las diferentes movilizaciones ha sido la incapacidad de los gobiernos para dialogar con quienes reclamaban más derechos sociales, civiles y políticos. "Hubiesen podido responder con propuestas o con, al menos, la construcción de un espacio cívico para el diálogo, y en vez de eso en casi todos los lugares se respondió con violencia estatal", lamenta.

Los defensores de DDHH y el derecho al asilo, en riesgo

En marzo se cumplen cuatro años del asesinato de la hondureña Berta Cáceres, defensora de los derechos medioambientales e indígenas, y dos del de Marielle Franco, concejala afrofeminista de Río de Janeiro. "Es un mes que nos causa mucha tristeza", dice la investigadora, porque quienes defienden los derechos humanos continúan viviendo "situaciones de impunidad". Con 208 homicidios, Latinoamérica y el Caribe fue la región más mortífera del mundo para los defensores; allí tuvieron lugar un 68% del total mundial de 304 homicidios. Colombia fue el país más letal, con 106 homicidios.

Jiménez destaca la vulnerabilidad de las personas que defienden el medioambiente y el acceso a la tierra, a menudo desprotegidas en comunidades aisladas. Y también de aquellas que, aunque no hayan sido víctimas de homicidio, han sido silenciadas o expulsadas, como es el caso de Nicaragua, de donde han huido más de 70.000 personas tras la crisis de 2018. "Son diferentes niveles de violencia, pero todos dañan a la sociedad", apunta. "Cada vez que censuran, callan, asesinan a un defensor, perdemos una oportunidad para avanzar los derechos de todas las personas".

Amnistía también ha visto "con mucha preocupación" el endurecimiento de las políticas migratorias por parte de Estados Unidos y México. "Vimos cómo se movió la frontera de México-Estados Unidos a México-Guatemala", explica Jiménez. "Trump logró externalizar sus fronteras, y México está haciendo el trabajo sucio conteniendo migrantes, deportando personas sin importar que muchas necesiten protección internacional". Entre otras medidas, el Gobierno de López Obrador retuvo a más de 51.999 menores en centros para inmigrantes, lo cual es contrario a la legislación de México, y envió un cuerpo militar para detener una caravana de migrantes centroamericanos

"Si algo ha demostrado la Administración de Donald Trump, es que es la xenofobia se puede institucionalizar", observa Jiménez, preocupada por la coyuntura de las siguientes elecciones en Estados Unidos. "Poco a poco ha ido erosionando el sistema de asilo, y eso ha sido en casi cuatro años. No queremos imaginarnos qué podría pasar en cuatro años más", enfatiza, ante la implementación de políticas como la devolución inmediata en la frontera y la separación familiar.

Mujeres y jóvenes lideran los movimientos sociales

2019 también ha alumbrado algunas luces esperanzadoras en el continente. Al terminar el año, 22 países habían firmado el Acuerdo de Escazú, un tratado regional pionero sobre los derechos medioambientales. En febrero de 2020, Ecuador se convirtió en el octavo país en ratificar el Acuerdo, lo que implica que solo necesita tres ratificaciones más para que entre en vigor. "Esperamos que se traduzca en políticas a favor de la Amazonía y del ecosistema que hace que América Latina sea  tan rica en recursos naturales", asevera Jiménez.

Pese a la degradación medioambiental y los incendios que arrasaron el Amazonas, el cambio climático también supone "una oportunidad", opina la investigadora. "Estamos muy esperanzados porque la población más joven de las Américas ha hecho del climático una razón de lucha, y puede que se traduzca eventualmente en política". Una lucha social que se ha revitalizado en el continente "gracias a la juventud y a las mujeres", apunta.

La marea verde a favor del aborto en Argentina, la ola morada contra los feminicidios en México y el himno feminista del colectivo chileno Lastesis, erigido como un símbolo global, son tres ejemplos de lucha contra la violencia estructural hacia las mujeres "que van a quedarse". "Países como Argentina nos enseñaron con su marea verde que no van a permitir que se controlen los cuerpos de las mujeres, y que la exigencia de autonomía es algo regional", dice Jiménez, ante la restricción de derechos reproductivos que continúa en países como el Salvador y Paraguay.

"Hemos visto un resurgimiento de la creatividad de la gente joven, de las mujeres, una revitalización de la protesta. Cuando ves cómo se conjuga toda esa gama de luchas es cuando sientes que puedes hacer cambios", señala. "Ya no es un sufrimiento en silencio". Aunque la impunidad y la violencia continúen atravesando el continente, "se pueden lograr cambios contra actores que parecen invencibles", concluye.

Por Clara Giménez Lorenzo

27/02/2020 - 07:00h

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Migrantes guatemaltecos cruzan México en caravanas camino a Estados Unidos. Imagen: AFP

La normativa de "carga pública" entra en vigor en Estados Unidos

El nuevo reglamento puede darle un vuelco al sistema de migración actual hacia uno basado en criterios como ingresos, edad o la capacitación del inmigrante.

 La posibilidad o no de convertirse en una "carga pública" como beneficiario de ayudas gubernamentales es desde este lunes un requisito que deberán sortear los inmigrantes que soliciten un visado a EE.UU. o deseen obtener su tarjeta de residencia permanente, conocida como "green card".

Después de meses de una intensa pulseada judicial y en pleno año de elecciones, la Administración del presidente Donald Trump empezará a aplicar la norma de "carga pública", que puede darle un vuelco al sistema de migración actual hacia uno basado en criterios como ingresos, edad o la capacitación del inmigrante.

La medida entró en vigor en todo el país en tanto siguen en proceso las apelaciones pendientes y después de que el viernes pasado el Tribunal Supremo levantara una exclusión que estaba vigente para Illinois. El Supremo había dejado antes sin efecto fallos judiciales en contra de esta normativa emitidos por tribunales de los estados de Nueva York, California, Washington y Maryland.

La norma no se aplicará a quienes soliciten la ciudadanía ni se será retroactiva. También excluye a refugiados, asilados, a personas con amparos migratorios como el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) o a quienes posean cierto tipo de visados que se conceden a víctimas de violaciones de derechos humanos, entre otros.

INMIGRACIÓN FRENTE A CARGA PÚBLICA

Si bien la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 establece que un extranjero que solicite un visado o el ajuste de estatus migratorio "es inadmisible" en caso de que un oficial consular o un fiscal considere que puede convertirse en carga pública, los expertos advierten que la vuelta de tuerca que ha dado la Administración de Trump puede cambiar el sistema de migración del país.

A la luz de la nueva reglamentación, un inmigrante legal será definido como "carga pública" si recibe "uno o más beneficios públicos" durante más de 12 meses en un periodo de 3 años. Pero este concepto también se tendrá en cuenta para determinar quiénes podrían llegar a necesitar en el futuro algún tipo de asistencia.

Shelby Gonzales, directora de políticas de inmigración del Centro sobre Presupuesto y Políticas Prioritarias, indicó que esta normativa cambiará "radicalmente" el sistema de inmigración estadounidense "a uno que solo da la bienvenida a aquellos con medios suficientes". No obstante, advirtió que la norma es tan confusa y compleja que "las personas que no tienen nada que temer" tras su implementación, "se mantendrán alejadas de los programas de beneficios públicos".

TRUMP MIRA HACIA ADENTRO Y PONE TRABAS A LOS DE AFUERA

Para Aaron Reichlin-Melnick, asesor del American Immigration Council, el cambio que trae esta regulación es que el concepto de "carga pública" afectaba únicamente a quienes eran dependientes de subvenciones financieras, pero ahora abarca los planes de ayuda de alimentos, de salud y vivienda, que, en su mayoría, se otorgan a quienes ya poseen su permiso de residencia.

Este requisito por ahora afecta a los que pidan residencia permanente o busquen cambiar su estatus pero, alertó, se aplicará en un futuro a los que soliciten un visado. "La regla es casi como una prueba de riqueza", agregó el experto, quien apuntó que con esto se determinará quiénes pueden venir al país: "Las personas que ya tienen mucho dinero, que ya tienen educación, ya tienen trabajo y hablan inglés".

Reichlin-Melnick señaló que la norma puede afectar a quienes migren por razones familiares, como es el caso de cónyuges, padres o hijos. "El presidente quiere transformar nuestro sistema basado en la familia, en un sistema de mérito", sentenció.

CAPACIDAD FINANCIERA BAJO LUPA

Para determinar si una persona puede obtener la residencia permanente, extender su estadía o ser admitida en el país, se tendrán en cuenta aspectos como la edad -lo que puede excluir a menores o ancianos-, salud, estatus familiar, activos, recursos, situación financiera, educación y capacitación.

La firma Boundless explica en su web que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) planea imponer requisitos financieros no solo al patrocinador sino también al solicitante, al que se le puede llegar a pedir un nivel de ingreso familiar o el equivalente en activos por encima de lo establecido hasta ahora. Esta "prueba de riqueza", anticipa Reichlin-Melnick, puede resultar en la llegada de "más personas de países de Europa y menos de Centroamérica, de África y otros que tienen más pobreza".

Samantha Artiga, directora del proyecto de políticas de disparidades de la Kaiser Family Foundation, coincidió en que la mayoría de personas que buscan su residencia o emigran al país de forma regular "son parientes inmediatos de ciudadanos estadounidenses o tienen patrocinadores familiares". En ese sentido, consideró que la norma puede "aumentar las barreras a la reunificación familiar y conducir potencialmente a la separación de las familias".

"Si el Departamento de Seguridad Nacional -explicó- niega a un individuo una tarjeta verde y pierde el permiso para permanecer en EE.UU. debido a una determinación de carga pública, puede tener que dejar a otros miembros de la familia, como un cónyuge o hijo que sea ciudadano o que tiene estatus de residente permanente, en EE.UU." Artiga consideró probable que esta norma derive en una baja en la participación de familias inmigrantes en programas de beneficios, lo que puede afectar a niños nacidos en el país. 

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Martes, 25 Febrero 2020 05:49

No importa Assange

No importa Assange

No importa Julian Assange (foto). Importa que empieza su juicio de extradición en Londres. Y que hay mucho en juego en este juicio, al igual que en el proceso que le espera en Estados Unidos si la justicia británica decide enviarlo.

No importa él como persona, si cae o no simpático. Importa que estos juicios serán determinantes para el futuro del periodismo, la libertad de expresión y el derecho internacional.

En concreto, Assange está siendo acusado de espionaje por hacer lo que hacen los periodistas. Esto es, recabar y publicar información. Los espías hacen otra cosa: roban documentos y se los entregan a otro país.

La acusación en contra de Assange combina lenguaje del Espionage Act de 1917 con una descripción de prácticas que son habituales en las redacciones, como intercambiar mensajes encriptados con fuentes que desean permanecer anónimas.

Según el Departamento de Justicia estadounidense, esas prácticas son apropiadas para un periodista de un medio reconocido como podría ser el New York Times. Pero no para Assange. En el día en que se anuciaron los cargos en su contra, con penas de hasta 175 años de cárcel, un vocero del Departamento de Justicia explicó la diferencia. "Es que Assange_argumentó_no es un periodista.” Mas aún, en un informe anual del Departamento de Estado al Congreso, el gobierno de Trump ha definido al medio que Assange dirige, WikiLeaks, como un “servicio de inteligencia no estatal”.

Entonces, ¿Cuál sería la diferencia entre un periodista, que supuestamente goza de protección legal, y un “no periodista” como Assange, que no puede publicar información secreta? ¿Entre un portal de internet especializado en filtraciones periodísticas y un “servicio de inteligencia no estatal”? Mas importante todavía, ¿quién decidiría esta cuestión? El gobierno, por supuesto. En este caso, el gobierno de Trump. No parece algo que beneficie la libertad de expresión, o el ejercicio del periodismo crítico.

A esto hay que sumarle que en éste y otros casos similares Estados Unidos parece querer ejercer una especie de justicia universal pero al revés, en favor de sus propios intereses. Al hacer detener y extraditar a personas como Assange, que no estaba en Estados Unidos al momento de los hechos, acusado por publicaciones o reproducciones online que ocurrieron en otros países a través de servidores instalados en el extranjero, Estados Unidos, lejos respetar principios universales, impone los suyos al resto del universo.

A semejante persecución hay que agregar que Assange estuvo siete años encerrado en tres cuartos de la embajada ecuatoriana en Londres sin poder respirar aire puro ni ver la luz del día, en lo que Naciones Unidas llamó una detención ilegal de Gran Bretaña y Suecia por acusaciones de delitos sexuales que nunca fueron formalizadas, sumada a nueve meses en solitario en la cárcel británica de máxima seguridad de Belmarsh, hasta que el mes pasado entró en un régimen carcelario compartido con otros reclusos, entre otras severas restricciones para mantenerse lúcido y preparar adecuadamente su defensa.

Tanto la jurisprudencia británica como la europea prohiben extradiciones por delitos políticos. La defensa de Assange argumentará que no hay nada más político que este juicio de extradición. El proceso podría durar meses y poner a prueba no solo a las cortes británicas sino al sistema legal europeo, ya que las apelaciones llegarían a Estrasburgo o La Haya.

Conocí a Assange en Ellingham Hall, Norfolk, Gran Bretaña, en el invierno del 2011. Le dije que quería escribir sobre él.

“Mi vida personal no importa,” contestó. “Lo que importa es mi trabajo y lo que sucede con lo que hago. Escribí sobre eso.”

@santiodonnell

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Católicas por el Derecho a Decidir plantea que las mujeres hagan parte de la iglesia desde la libertad. En la imagen, el confesionario que llevan a los barrios. CDD

En medio del debate en el país, varias organizaciones promueven la campaña Causa Justa que pide la despenalización total del aborto para evitar que más mujeres sean judicializadas

Les han dicho falsas católicas, las amenazan con la excomunión, las atacan en redes sociales. Nada de esto amilana a un grupo de mujeres, las Católicas por el Derecho a Decidir (Cdd), que por estos días alza la voz en Colombia cuando el aborto vuelve a ser centro de debate. En el país andino la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho en tres circunstancias, pero en los próximos días la Corte Constitucional responderá una demanda de una abogada antiaborto que busca que este vuelva a ser ilegal en todos los casos y regresar a 2006.

En la otra vereda, con el pañuelo verde, las católicas de este movimiento dicen que, por el contrario, este es momento de redoblar la apuesta y sacar definitivamente el delito de aborto del código penal, que hoy da penas de 1 a 3 años de cárcel a las mujeres, excepto para tres casos: violación, malformaciones del feto incompatibles con la vida fuera del útero y riesgo para la salud física o mental de la mujer gestante. “Nos reunimos alrededor de una causa justa y es que se deje de criminalizar a las mujeres por el aborto. Esta es la oportunidad de avanzar en la autonomía reproductiva de las mujeres”, dice con vehemencia Sandra Mazo, politóloga, lingüista y una “orgullosa católica”, incluso más desde que empezó a estudiar sobre teología feminista.

Sí. Ella sabe que feminismo y teología son dos palabras que suenan extrañas en la misma frase, como les dijeron desde que comenzaron en los 90 a organizarse para exigir igualdad a la jerarquía de la Iglesia católica. En la sede del movimiento, en un barrio céntrico de Bogotá, cuentan que llevan años estudiando los códigos canónicos e interpretando la Biblia y los libros de la Iglesia con mirada de mujer, que no hay tal contradicción porque “fundamentalmente defendemos los derechos por la igualdad de las mujeres en lo económico en lo político y en lo social”. Su eje inicial eran los derechos sexuales y reproductivos y la necesidad —dicen— de "desculpabilizar" a las mujeres, pero en el camino entendieron que el aborto era un tema central. “Se está cometiendo una injusticia con las mujeres. No es justo que la Iglesia católica liderada por hombres misóginos que nos excluyen de las decisiones, unos célibes con unas posturas tan patriarcales, sean los que decidan por el cuerpo de las mujeres. Eso es inaudito”, dice Mazo.

Una red latinoamericana

El movimiento inició en Uruguay y se extendió por varios países de América Latina. Su fuente es la teología de la liberación y la justicia social, porque veían que “las mujeres que tienen recursos económicos abortaban así fuera ilegal y no se morían. Las mujeres pobres soportaban toda la carga de la penalización del aborto y el riesgo en los abortos clandestinos”. En Colombia, este grupo tomó fuerza en 2006 en los meses previos a que el tribunal constitucional aprobara el aborto en las tres causales. Ellas fueron a debate con los jerarcas de la Iglesia católica que por esa época eran buscados como fuentes en los medios de comunicación. Se unieron a otras organizaciones feministas y abogaron por la legalización del aborto que fue celebrada como una conquista.

Colombia, a pesar de su arraigada tradición católica, es un Estado laico y ninguna religión está por encima de otra ante la Constitución. La actual discusión ha vuelto a polarizar a la sociedad, pero hay cambios inevitables. Aura Cuasapud, abogada del movimiento, afirma que ahora no discuten tanto con los sacerdotes, sino con evangélicos y otros laicos antiaborto que se han vinculado a partidos políticos con asiento en el Congreso. Desde ahí, por ejemplo, líderes políticos como el expresidente y senador Álvaro Uribe ya promueven un referendo, por si la Corte Constitucional decide despenalizar. “Debemos prepararnos para un referendo contra la laxitud en el aborto, ¿en qué queda el respeto a la vida?”, escribió. Mientras, fieles de su partido hacen plantones contra el alto tribunal.

Las católicas, que son incómodas para esos grupos religiosos, por ser voces disidentes, defienden las decisiones del Constitucional que en los últimos años ha proferido al menos 17 sentencias a favor del aborto. “Yo sí quiero dar un parte de tranquilidad a los grupos religiosos. Si hay algo bello en la sentencia de la Corte y en nuestra causa es que el aborto no es obligatorio. Si una mujer de estos grupos está en una de las causales tiene derecho a decir no voy a abortar así esté en riesgo su vida, pero ellos no puede obligar a todas las mujeres de Colombia a que sacrifiquen su vida, su salud y decisiones. Con mucho cariño les digo que si ellos creen que su convicción religiosa les impide abortar no tienen que hacerlo”, dice Mazo.

Los grupos antiaborto se autodenominan provida y basan su discusión en el momento de la concepción y en que es más importante la vida del feto que la de la mujer. El grupo de católicas afirma que esa discusión no es central y “más que ponernos en el tema la vida o no la vida”, el eje del debate está en la salud pública y en la desigualdad social. Pero sobre todo y, en términos religiosos, en “la libertad de consciencia que es la que reconoce que todo hombre y mujer tiene agencia moral, es decir, capacidad para decidir”, explica la abogada.

Otra diferencia del debate actual con el del pasado es la aparición de las redes sociales como amplificadoras de la desinformación. Varios políticos han dicho que las “mujeres abortan como método anticonceptivo”. Mazo afirma que son falacias. “El aborto plantea un dilema, pero es siempre la última opción que toma la mujer. Cuando hay un embarazo no deseado la primera decisión no es decir ‘ah, salió positivo, ¡listo, aborto!’. No, nunca vas a encontrar una mujer que diga ‘ay me voy a embarazar para abortar’. Tampoco le va a decir a una amiga, ‘vamos el domingo a abortar’, qué chévere. No es así”.

Parte de su trabajo es en los barrios populares del país a los que llegan con un confesionario. Dentro de la estructura, sin embargo, las mujeres no encuentran a un sacerdote al cual confesar sus dudas esperando una respuesta. En su lugar hay un espejo. Son ellas quienes “con Dios en su conciencia entran a dialogar y a decidir”. El mensaje es que no es un cura, ni alguien externo quien debe decidir por el cuerpo de la mujer, que es “ella la que tiene que querer y estar segura de lo que significa ser mamá. Nosotras no somos un recipiente vacío para la maternidad”, concluye Mazo, directora de Católicas, que en compañía de la Mesa por la Vida y la Salud de las mujeres pide la despenalización total a través de la campaña Causa Justa.

 

Bogotá 22 FEB 2020 - 19:01 COT

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La sociedad exige explicaciones sobre la implementación de sistemas de reconocimiento facial en América Latina

Mientras los gobiernos siguen ignorando las innumerables evidencias internacionales que comprueban los sesgos y fallas de las tecnologías biométricas de vigilancia, organizaciones de la región cuestionan la ausencia de compromisos con la transparencia, participación y protección de los derechos de las poblaciones afectadas.

Por todos los casos de errores y fallas  que hemos visto alrededor del mundo, nos queda claro que la implementación de sistemas de reconocimiento facial puede generar innumerables riesgos al ejercicio de derechos humanos. Sin embargo, algo de que no solemos hablar es el costo que la adquisición y uso de esas tecnologías representan en los bolsillos de las poblaciones donde estos sitemas se implementan. 

La situación es particularmente grave en América Latina: a pesar de que el argumento de la crisis económica es constantemente utilizado para explicar la disminución de inversiones en servicios básicos como educación y salud, los gobiernos siguen invirtiendo en vigilancia. Y, peor aún, invierten en tecnologías incapaces de cumplir con sus propias promesas. 

Las justificaciones en general vienen de la necesidad de mejorar la seguridad pública, planteando la posibilidad de agilizar la búsqueda de prófugos de la justicia y una identificación más eficaz de delincuentes… Pero los resultados distan de ser los esperados. En 2019, un hombre identificado a través de un sistema de reconocimiento facial estuvo seis días preso por error en Buenos Aires. Lo mismo pasó con una mujer en Río de Janeiro que fue detenida tras ser confundida con otra persona por las cámaras instaladas en algunos barrios de la ciudad, hace alrededor de un año durante el Carnaval.

Nada de eso fue suficiente para impedir que el gobierno del estado de São Paulo decidiera invertir más de 13 millones de dólares (más de 58,6 millones de reales) en la implementación de un sistema de reconocimiento facial para su red de metros. El nuevo sistema puede afectar a millones de personas que circulan diariamente en las líneas donde serán instaladas las cámaras. A pesar de esto, ni el impacto financiero ni el humano fueron considerados suficientemente relevantes para que el proceso de contratación e implementación del sistema incluyera medidas de transparencia y participación. La existencia de obligaciones de rendición de cuentas previstas en la nueva ley general de protección de datos brasileña –que entra en vigencia en agosto de este año– tampoco fue considerada. 

Lo sociedad exige explicaciones

Frente a tal situación, seis organizaciones de defensa de derechos brasileñas decidieron presentar -el último 10 de febrero- una acción judicial demandando que se transparentara la información sobre el uso, procesamiento y almacenamiento de datos biométricos, así como las medidas de seguridad que serán implementadas para garantizar la privacidad de los millones de usuarios del metro. Y tuvieron éxito. Tras la solicitud de pruebas anticipada* de la Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Defensoria Pública da União (DPU), Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Intervozes, ARTIGO 19, y el Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos (CADHu) la Companhia Metropolitano de São Paulo tiene 30 días hábiles** contados desde el 12 de febrero para entregar la información solicitada.

Estas organizaciones también han manifestado su preocupación por la falta de transparencia en torno a la adquisicón millonaria de tecnologías de vigilancia que han demostrado ser problemáticamente propensas a errores y sesgos en Brasil, así como en otras implementaciones a nivel internacional

La solicitud de pruebas presentada las organizaciones brasileñas se suma a una serie de movimientos en la región para exigir explicaciones sobre los razonamientos que justifican la compra y adopción de tecnologías de vigilancia basadas en la recolección de datos masiva, así como las medidas que serán adoptadas para mitigar los riesgos que estas implican al ejercicio de los derechos humanos. 

En Paraguay, Tedic actualmente cuestiona la inconstitucionalidad de reglamentos presentados para justificar la negativa de acceso a la información sobre un sistema reconocimiento facial que se encuentra implementando desde 2018 y sobre el cual poco se sabe. En Argentina, ADC ha iniciado una acción buscando que se determine la inconstitucionalidad de la resolución que autoriza el sistema de reconocimiento facial en la Ciudad de Buenos Aires, donde se implementaron cerca de 200 cámaras en el espacio público (incluyendo estaciones de metro y trenes).

Si bien no han sido pocos los casos donde se ha expuesto el alto índice de errores que los sistemas de reconocimiento facial han mostrado en su debut como medida de seguridad, es importante destacar que las medidas ya implementadas se han desarrollado sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas que permitan auditar y apelar el uso de estas tecnologías en el espacio público; donde sus afectaciones terminan polarizando las brechas de desigualdad y vulnerando aún más a las personas que son perseguidas y reprimidas por parte de sus gobiernos.

Ante la implementación de mecanismos de vigilancia masiva que se anuncian como medida para incrementar la seguridad de las poblaciones donde se despliegan, es importante señalar que ninguna medida puede estar por encima de la obligación de proteger y promover el ejercicio de los derechos humanos.

Desde Derechos Digitales seguimos acompañando y apoyando las acciones tomadas por las organizaciones de Argentina, Brasil y Paraguay esperando que se traduzcan en mayores compromisos de parte de los Estados de la región y sirvan de ejemplo para otros países.

Por Jamila Venturini | 22/02/2020 

Fuentes: derechosdigitales.org

* La solicitud de prueba anticipada es un mecanismo por el cual se pide judicialmente que se generen medios probatorios antes que exista una demanda en curso.

** Traducción hecha por Access Now. 

Fuente: https://www.derechosdigitales.org/14207/la-sociedad-exige-explicaciones-sobre-la-implementacion-de-sistemas-de-reconocimiento-facial-en-america-latina/

El "pañuelazo" en Argentina vibra al reclamar la legalización del aborto

Una gran movilización llegó hasta las puertas del Congreso en Buenos Aires y se extendió por un centenar de ciudades en el interior del país para exigir la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Una marea colorida inundó el centro de Buenos Aires este miércoles cuando miles de mujeres se acercaron con su pañuelo verde en alto hasta el Congreso de la capital argentina para reclamar la sanción de una ley que garantice el aborto legal, seguro y gratuito.

A dos años del primer "pañuelazo" que abrió el camino de la discusión legislativa sobre la interrupción voluntaria del embarazo, organizaciones feministas, sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos apoyaron esta convocatoria con la consigna "¡Nuestro proyecto está en las calles!".

La legalización del aborto "es una cuestión de libertad que ya han conseguido en otros lugares, así que es una injusticia que aquí eso no esté", razonó en diálogo con Público una de las asistentes a la manifestación, Claudia Laudano. "Hace 32 años que peleo por el aborto legal por convencimiento, soy una activista desde hace tiempo y creo que este año va a salir".

Esta argentina comenzó a interiorizarse sobre los derechos de la mujer en 1988, "cuando comencé a ser feminista a raíz de mi participación en un encuentro nacional de mujeres en la que se impartían talleres sobre aborto", reflexionó. "Ahí entendí que lo que había hecho era algo que muchas compartíamos, y entonces nos comprometimos y empezamos a militar por el aborto legal".

A la espera de que se sancione la ley, en los últimos años "se ha extendido el uso del misoprostol para poder abortar y las mujeres cuentan con más acompañamiento y con alguna información. Pero también han fallecido muchas compañeras sin que haya una conciencia sobre esas muertes, como sí la empieza haber con el caso de los feminicidios", sostuvo.

Laudano atribuyó al poder de la Iglesia católica y de los grupos evangélicos el hecho de que no se haya podido hasta el momento legalizar el aborto, a lo que se suma la "hipocresía de la clase política". "Al haber una predominancia de hombres en este ámbito, los legisladores no sienten ningún costo ni desde lo personal ni desde lo político para promover este tipo de leyes", afirmó.

Congreso opresor

Mientras pasacalles de diversos colectivos trataban de abrirse paso en la manifestación, un desfilar continuo de mujeres con pelucas o con el rostro salpicado de brillantina daba movimiento a la marea verde que participaba en las proyecciones, en las presentaciones de libros, y en los talleres que se programaron durante la jornada.

Caía el atardecer cuando el colectivo feminista chileno Las Tesis, creadoras de la representación "Un violador en tu camino", se subieron al escenario situado frente al parlamento. En un momento de la coreografía, las jóvenes giraron sobre sí para señalar el edificio del palacio legislativo, "donde votan el aborto clandestino", y acusar al "Congreso opresor" de ser "un macho violador" ante el grito emocionado de las asistentes.

Conmovidas entre la multitud, integrantes del colectivo Poetas Por el Derecho al Aborto Legal se mostraron convencidas de que la ley por la interrupción voluntaria del embarazo se sancionará este año. "Venimos acompañando este proceso de movilización desde 2018, cuando se presentó el proyecto por séptima vez, y ahora volvemos a estar aquí porque creemos posible que este año sea ley", explicó Valeria Cervero.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, convocante de esta marcha masiva que se extendió por un centenar de ciudades de Argentina y que tuvo su réplica en otros países, entre ellos España, presentó en 2019 por octava ocasión ante el parlamento un proyecto de ley elaborado con el apoyo de más de 700 organizaciones. El texto, que todavía tiene estado parlamentario, reconoce en su artículo primero el derecho de toda mujer a interrumpir su embarazo hasta las catorce semanas de gestación.

Si hasta ahora no fue aprobado el proyecto se debe "a los legisladores que tenemos, que son permeables a las presiones y que nada tienen que ver con lo que las mujeres decimos en las calles", retomó Cervero. "Hay un sector de la sociedad que todavía no transita este debate por una serie de razones que tienen que ver con lo religioso y la no separación de la Iglesia y el Estado, pero hay una conciencia y se ve en esta realidad de que las que venían luchando desde los años 80 están acompañadas por el resto de mujeres de menor edad".

En el país sudamericano medio millón de mujeres recurren cada año al aborto clandestino, "mostrando cómo la penalización no impide su práctica, sino que la hace peligrosa por la falta de recursos económicos de muchas mujeres", recuerda la Campaña, cuyo lema es "educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir". Desde el regreso de la democracia en 1983, más de 3.000 mujeres han fallecido como consecuencia de esta práctica.

La única ocasión en que el debate por la legalización del aborto llegó al Congreso argentino fue en 2018, año del primer "pañuelazo". Consciente de aquella movilización, el entonces presidente, Mauricio Macri (2015-2019), accedió a que el proyecto fuera discutido por los legisladores pese a que él estaba en contra. Tras más de cuatro meses de debate, el texto fue rechazado en el Senado, pese a que había recibido media sanción en la Cámara de Diputados.

Aunque el aborto es un delito en Argentina, el artículo 86 del Código Penal autoriza la interrupción de un embarazo cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer o cuando la gestación se produjo a raíz de una violación.

Tras su llegada al poder en diciembre de 2019, el nuevo Gobierno de Alberto Fernández reglamentó un protocolo nacional al que se han adherido once de las 24 jurisdicciones del país para asegurar que los servicios de salud no denieguen la interrupción del embarazo a las mujeres que requieren un aborto bajo estas causales.

 

20/02/2020 08:24

Por ANA DELICADO

Publicado enInternacional
Malnutrición y cambio climático amenazan la salud infantil: ONU

La infancia está desprotegida en todo el mundo frente a la amenaza inmediata que suponen para su salud el cambio climático y la mala alimentación, de acuerdo con un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) publicado ayer en la revista médica británica The Lancet.

Los avances de los últimos 20 años en el ámbito de la salud infantil se encuentran "en punto muerto" e incluso "amenazados", afirman los autores del informe encargado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

El grupo de 40 expertos independientes en salud infantil sostuvo que ningún país está protegiendo a estas generaciones de los nocivos impactos de las emisiones de dióxido de carbono, la destrucción de la naturaleza y de los alimentos procesados y altamente calóricos.

El calentamiento global, provocado esencialmente por los países ricos, "amenaza el futuro de todos los menores", al suponer una nueva amenaza para su salud que va desde las olas de calor hasta la propagación de enfermedades tropicales.

El informe también denuncia la publicidad de los alimentos grasos, azucarados, del alcohol y del tabaco y su efecto pernicioso entre el público infantil.

"El mensaje principal es que ningún país está protegiendo la salud de los niños ni hoy ni en el futuro", según Anthony Costello, director del Instituto de Salud Global del University College de Londres.

El informe incluye una clasificación de 180 países en función de los índices de mortalidad infantil, educación y alimentación. República Centroafricana y Chad se sitúan al final de la lista, mientras Noruega y Holanda la encabezan.

Sin embargo, este escalafón se invierte cuando se analiza el impacto de la contaminación del aire respecto de las emisiones de dióxido de carbono per cápita.

"Los líderes mundiales están fallando a los niños y a la juventud: no protegen su salud, sus derechos ni su planeta", denunció el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Unos 250 millones de niños menores de cinco años en países con ingresos bajos y medios corren el riesgo de sufrir retraso debido a malnutrición, sostienen los autores del informe.

Al mismo tiempo, el número de niños obesos en el mundo se multiplicó por 11 desde 1975 y alcanzó 124 millones.

En algunos países, los niños ven hasta 30 mil anuncios en televisión cada año y pese a las regulaciones, un estudio mostró que, por ejemplo, los niños en Australia están expuestos a 51 millones de anuncios de bebidas alcohólicas.

"Y la realidad podría ser peor con la enorme expansión de la publicidad en las redes sociales."

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