La educación "no escapa a la lógica del mercado neoliberal": educadores

La virtualización de la educación derivada de la pandemia y las políticas neoliberales están llevando a la pérdida de derechos de millones de estudiantes y trabajadores del sector en todo el mundo, por lo que urge que los maestros de distintos países hagan un frente común para luchar por la educación pública, sostuvieron este viernes representantes de organizaciones de trabajadores de 20 países.

En la inauguración del Congreso Mundial de Educación 2020: en Defensa de la Educación Pública y contra el Neoliberalismo Educativo, en el que se busca establecer una Coordinadora Internacional de los y las Trabajadores de la Educación (CITE), Claudia Baigorria, secretaria adjunta de la Central de Trabajadores de Argentina, manifestó que la docencia ha intentado sostener el derecho humano a la educación para terminar con las políticas neoliberales que "solamente han dejado una acumulación obscena en pocas manos a expensas del crecimiento pavoroso de la pobreza en nuestros países".

Pedro Hernández, líder de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, señaló que "trabajamos para mantener nuestra escuela y nuestra educación viva, para nuestros niños, que son la esperanza del mundo".

Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico, señaló que ante la imposibilidad de que se reanuden las clases presenciales por la emergencia sanitaria, "los empresarios han aprovechado para imponer sus negocios digitales sobre nuestro sufrimiento y para abrir las puertas a la privatización de la educación".

"Ante este escenario, que se repite de país en país, es hora de que unifiquemos nuestras luchas", fue el llamado de Martínez.

Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, dijo que los sistemas educativos "no escapan a la lógica del mercado neoliberal", por lo que llamó a estar alerta ante los planteamientos de los gobiernos de derecha para la educación en tiempos pandemia.

Laura Isabel Vargas, secretaria general de la Unión Nacional de Educadores de Ecuador, admitió que la educación ha sido el eslabón más débil en esta pandemia, pero también lo ha sido para el neoliberalismo. Por ello, dijo, es necesario mostrar que los maestros de todo el mundo están dispuestos a dar la lucha en defensa de la educación pública y de un mundo mejor.

Rosa Berrio, del USTEC-STEs, sindicato mayoritario entre los docentes en Cataluña, España, lamentó que no haya ninguna señal de que se pretenda detener el ataque a los pilares básicos de las sociedades: la educación y la salud, por lo cual "nos vemos obligados a continuar la lucha".

Eduardo Gonzalez, vocero del Movimiento por la Unidad Docente de Chile, dijo que hoy hay una carencia de proyectos contrahegemónicos que se enfrenten al neoliberalismo. Señaló que se deben "construir lineamientos de trabajo en conjunto que nos permitan avanzar en un proyecto político-pedagógico-educativo que ponga en el centro la educación pública".

Este sábado continúa el congreso, que se puede seguir en el canal de YouTube "Otras Voces" y en los perfiles de Facebook de los sindicatos que participan.

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Para muchos suecos, su epidemiólogo, Anders Tegnell, ha encarnado un enfoque racional de la pandemia de COVID-19. (Magnus Andersson/TT News Agency/vía REUTERS)

Rechazó el confinamiento que casi todo el mundo aplicó y escuelas, restaurantes, gimnasios y hasta las fronteras permanecieron abiertos en Suecia. Llegó a recibir amenazas de muerte pero hoy muestra logros importantes en la caída de la transmisión del coronavirus

 

Si en los Estados Unidos la fama de Anthony Fauci, principal epidemiólogo de la Casa Blanca hizo que Brad Pitt lo personificara en SNL, la de Anders Tegnell en Suecia le ha valido cosas más asombrosas, como que muchos ciudadanos se tatúen su cara. Y del mismo modo que el director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID) desde Ronald Reagan, el epidemiólogo del gobierno sueco ha despertado pasiones en contra por sus actos —en su caso, las responsabilidades del cargo van más allá del consejo— durante la pandemia de COVID-19.

Pocas personas en el mundo, y aun entre los 10 millones de habitantes de Suecia, conocían a Tegnell a comienzos de 2020; hoy, sin embargo, es “una de las figuras más famosas —y más polémicas— de la crisis global del coronavirus”, según lo describió Financial Times (FT). Este médico de 64 años, con gran experiencia en enfermedades infecciosas en África y Asia, decidió enfrentar el SARS-CoV-2 sin atender al manual habitual, que China aplicó con la cuarentena luego del brote en Wuhan y luego siguió buena parte del mundo. Así en Suecia la escuelas, los restaurantes, los gimnasios y las fronteras permanecieron abiertos.

“Para muchos suecos, su epidemiólogo estatal ha encarnado un enfoque racional, mientras otros países parecían sacrificar la ciencia en el altar de las emociones”, siguió el periódico financiero. “Muchos en la derecha estadounidense y británica han aprovechado a Tegnell como un campeón de las libertades que ellos sienten haber perdido durante el confinamiento”.

No obstante —aclaró Richard Milne, corresponsal del FT en los países escandinavos y bálticos— para una minoría local e internacional resultó una figura más problemática. “Los demócratas suecos, populistas, han pedido su renuncia luego de que miles de ancianos murieran en las residencias geriátricas”, ilustró. Esa consecuencia del COVID-19 llevó a Suecia hasta el quinto lugar en mayor mortalidad per capital en Europa, una tasa cinco veces mayor a la de su vecina Dinamarca y 10 veces mayor a la de Noruega y Finlandia. “The New York Times dijo que Suecia era ‘un estado paria’ y ‘una fábula para el mundo entero’".

Su fama, dijo Tegnell, se ha convertido en “un problema”; además, nunca había ambicionado tenerla. “Está a favor de la libertad de expresión pero los comentarios que lo comparan con Hitler o Stalin ‘no están bien’ y ha debido hablar con la policía por las amenazas de muerte”.

La moraleja de la fábula, al cabo de varios meses, no fue la esperada. Hoy Suecia tiene una caída estable en los casos. En opinión del epidemiólogo, el país tendrá “un bajo nivel de transmisión” con brotes locales ocasionales. “Lo que sucederá en otros países, creo, será más grave. Es probable que sean más vulnerables a esa clase de picos”, dijo al FT. La cantidad de casos en el otoño y el invierno europeo aumentará allí donde “no se cuente con un nivel de inmunidad que de algún modo pueda frenarlos”.

No se trata de un concepto sencillo: acaso la inmunidad colectiva sea la cuestión más discutida en la crisis extendida de COVID-19. Y si bien el experto aseguró que las políticas suecas nunca tuvieron como objetivo permitir que el virus siguiera su naturaleza hasta que una porción suficiente de los habitantes hubiera sido expuesta y la tasa de infección comenzara a bajar, argumentó que “la inmunidad es responsable, al menos en parte”, de la reciente baja notable de los casos en Suecia.

Una de las razones por las cuales el caso sueco se alza como singular es que el gobierno del país también lo es. Las decisiones de la agencia de salud pública nacional no están en manos de los políticos, sino de las autoridades independientes del sector. En la práctica eso tiene un nombre: Tegnell.

“Eso hace que su capacidad de independencia, mientras el resto del mundo se cerraba, parezca aún más notable”, destacó el corresponsal del FT, quien le preguntó al epidemiólogo sueco al respecto:

—¿No sería más fácil seguir la corriente?

—Sí, por supuesto que lo es. Pero no estoy solo —le respondió, en referencia a los 500 empleados de la agencia de salud pública, el gobierno y la mayor parte de la población de Suecia.

Tegnell repitió la frase que lo hizo famoso —o fastidioso, para algunos— cuando se negó al confinamiento en su país: “Es como usar un martillo para matar una mosca”. Su enfoque ha sido casi el opuesto: no apuntó a un insecto concreto sino a la posibilidad de la aparición de insectos y buscó otra clase de herramientas. En su caso, para desarrollar una estrategia que pueda funcionar durante años si llegase a ser necesario.

“Este tipo de confinamiento drástico, con aperturas y cierres, no nos parece viable”, siguió. “No se puede abrir y cerrar las escuelas. Va a ser un desastre. Y probablemente no se puede abrir y cerrar los restaurantes y cosas así demasiadas veces. Una vez o dos veces sí, pero luego la gente se cansaría y los comercios probablemente sufrirían más que si los cerraran completamente”.

El enfoque sueco se basó en considerar la salud pública en un sentido más amplio que tratar de mantener el sistema de salud en funcionamiento o reducir las muertes de la primera ola. “Es bueno tener la clase de experiencia que yo tengo”, dijo, a la vez como reaseguro y como defensa. "He trabajado en hospitales. He visto la epidemia de gripe y la gente que llega de a montones y satura los hospitales. He trabajado con el ébola en África. Me doy cuenta de los desastres que la enfermedad puede hacer a una sociedad y a un sistema”.

En Suecia continuaron los deportes infantiles, las clases en la escuela primaria, las sesiones de yoga, las visitas a los bares y los restaurantes, las compras. Y más: es uno de los pocos países que no recomienda el uso de máscaras en público. Por lo demás, el paisaje local es parecido al de los vecinos: los suecos han dejado de viajar y los hoteles y los restaurantes se han visto gravemente afectados.

Básicamente, las actividades públicas tienen restricciones detalladas sobre cuánta gente puede estar en un espacio y cómo se las tiene que tratar. “Este tipo de restricciones no existen casi en otro lado”, siguió el epidemiólogo. “Tratamos de concentrarnos realmente en los lugares que sabíamos que iban a ser realmente peligrosos. Ir a una tienda de música y comprar un álbum no va a hacer que se infecten cientos de personas”, dio como ejemplo.

Además de la epidemia del ébola, Tegnell viajó mucho por el mundo en campañas de vacunación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). A esa formación, cree, le debe mucho su capacidad de “pensamiento amplio en la salud pública". Para él las escuelas no son solamente un lugar donde el virus se puede transmitir, sino también la parte más importante de la salud de una persona joven.

“Si uno tiene éxito en la escuela, su vida irá bien", argumentó al FT. "Si fracasa, su vida será mucho peor. Va a vivir menos. Va a ser más pobre. Eso, por supuesto, nos ronda la mente cuando nos ponemos a hablar sobre cerrar las escuelas”. Por eso cuando en junio regresó la premura por clausurar actividades en Europa y los Estados Unidos, sintió que “el mundo se había vuelto loco”.

Del mismo modo que ante el resto de los factores de la pandemia, Tegnell mantiene una perspectiva independiente sobre la vacuna contra el COVID-19: cuando llegue, si llega, no será una solución mágica. “No me inclino mucho por las soluciones fáciles a los problemas complejos, por creer que una vez que tengamos la vacuna podemos volver a vivir como hemos hecho siempre", cerró el diálogo con Milne. "Creo que es peligroso transmitir ese mensaje, porque no va a ser tan sencillo”.

15 de Septiembre de 2020

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Viernes, 14 Agosto 2020 06:07

Despojo a los mapuches

Despojo a los mapuches

Desde que el pinochetista Víctor Pérez asumió el Ministerio de Interior, la guerra contra el pueblo mapuche ganó en intensidad y brutalidad. Con su nombramiento como jefe de gabinete, el presidente Sebastián Piñera volcó su gobierno hacia la extrema derecha que utiliza el racismo y la violencia para amedrentar a los pueblos.

Uno de los hechos más graves sucedió la noche del primero de agosto, cuando civiles armados apoyados por Carabineros atacaron a los mapuche que ocupaban los municipios de Curacautín, Ercilla, Victoria y Traiguén, con violencia y gritos racistas. Las bandas armadas se activaron horas después de la visita del ministro Pérez a Wallmapu, donde esgrimió el clásico discurso de odio y represión.

La actual ofensiva responde a dos situaciones: por un lado, la crisis del gobierno de Chile, debilitado por la revuelta social activada en noviembre y que nunca se detuvo, pese a la pandemia, los estados de emergencia decretados y la militarización impuesta. La base social y política de Piñera se venía desmoronando, lo cual permitió que el Parlamento votara una medida a contrapelo de la privatización de los fondos previsionales, que permite a los ahorradores retirar 10 por ciento de sus fondos.

Para recomponer sus apoyos, Piñera decidió hacer lo que la publicación El Mostrador califica como "un guiño al sector más duro de la derecha" para enfrentar la doble revuelta chilena y mapuche, y defender la Constitución pinochetista de 1980 (https://bit.ly/3iDdLBz). El nuevo ministro se rodeó de un "círculo de hierro" con personajes que tienen fluidas relaciones con empresarios agrícolas cuyas tierras, usurpadas en la llamada Guerra de la Araucanía (1861-1883), están en disputa con comunidades autónomas en la región de Ercilla.

La segunda y decisiva es la am-plia movilización mapuche en el sur, en apoyo a la huelga de hambre indefinida del machi (autoridadreligiosa) Celestino Córdova, condenado a 18 años de cárcel por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay durante un incendio en su hacienda, en 2013. La huelga de hambre exige que se cumpla con las disposiciones del Convenio 169 de la OIT que permite continuar la pena en su comunidad.

La solidaridad con Celestino está movilizando a decenas de organizaciones y comunidades, desafiando la pandemia y la militarización. Durante los 100 días de huelga de Celestino, a la que se sumaron 27 presos de las cárceles de Temuco, Angol y Lebu, se formó una red de apoyo liderada principalmente por mujeres, que se erigieron en sus voceras y en convocantes de las manifestaciones que sufrieron agresiones y violencia de los Carabineros (https://bit.ly/3fOiiPF).

El Estado, denuncia un editorial del medio digital Mapuexpress, ha actuado con indolencia frente a la pandemia en tierras mapuches y ante a la huelga de hambre. La represión llegó al extremo de impedir, en mayo, que las hortaliceras mapuches vendieran sus productos, pese a vivir momentos de extrema necesidad (https://bit.ly/3ah4LPm).

Mientras reprimía a las vendedoras de hortalizas, con la otra mano el gobierno promovía "el ingreso masivo de proyectos extractivos al Servicio de Evaluación Ambiental", en momentos en que la principal preocupación de las comunidades y organizaciones mapuches está puesta en contener el avance del Covid-19 (https://bit.ly/3gWxDze).

Lo hace, como denunciara Mapuexpress, en momentos en que están suspendidos los procesos de participación ciudadana y cuando las Asociaciones de Funcionarios Públicos de los Servicios Ambientales del Estado habían solicitado la suspensión de los plazos de las evaluaciones ambientales, por la imposibilidad de evaluar los megaproyectos y socializarlos con las comunidades.

En pocas palabras, aprovechan la pandemia para intensificar el despojo, algo que sucede en toda América Latina, como lo atestigua la aceleración de las obras del Tren Maya y del Corredor Interoceánico en México.

Dos consideraciones más: la guerra contra el pueblo mapuche es una guerra colonial de despojo, en línea con la conquista europea y la mal llamada Pacificación de la Araucanía en el siglo XIX, rematada por Pinochet cuando traspasó a privados las seis forestales estatales entre 1976 y 1979. El pueblo mapuche demanda la devolución de 3 millones de hectáreas robadas durante este largo ciclo de despojo, hoy en manos de empresarios y multinacionales. El racismo es un instrumento de la neocolonización.

En años recientes emergió un conjunto de organizaciones con fuerte presencia juvenil y femenina, que retoman y profundizan la importante lucha de la Coordinadora Arauco Malleko en la década de los 90. Se trata de la Alianza Territorial Mapuche, Parlamento de Koz Koz, Identidad Territorial Lafkenche (pueblos costeros), cooperativas, asociaciones de mujeres, hogares estudiantiles, comunidades autónomas y medios de comunicación que se reafirman en el camino de la autonomía y la autodeterminación (https://bit.ly/3kBKSr6).

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Celestino Córdova, machi (líder espiritual mapuche), fue condenado a 18 años de cárcel por participar en 2013 en un incendio provocado en el cual murió un matrimonio.Foto tomada de redes sociales

Santiago. La Corte Suprema de Chile rechazó ayer un recurso de amparo del machi (líder espiritual mapuche) Celestino Córdova, quien cumplió 102 días en huelga de hambre en protesta porque le impiden cumplir en arresto domiciliario una condena a 18 años de prisión por la muerte de un matrimonio durante un incendio intencional.

El fallo no es apelable y Córdova deberá seguir cumpliendo su condena en la cárcel.

El machi fue condenado a 18 años de prisión por participar en un incendio provocado por mapuches en 2013, en el cual murió el matrimonio Luchsinger-Mackay, según estableció el juicio en su contra desarrollado en la región de La Araucanía, 700 kilómetros al sur de Santiago.

Córdova advirtió esta semana en un audio divulgado por sus voceros que "en cualquier momento" iniciará una "huelga seca", es decir, dejará de ingerir líquidos, y por tanto "su desenlace no será lento como lo esperan todos los poderes del Estado".

En la conflictiva zona de La Araucanía los atentados incendiarios contra inmuebles, camiones y maquinaria agrícola se producen desde hace décadas y muchos son reivindicados por grupos radicales de mapuches que exigen la devolución de las tierras que en los inicios de la conquista de Chile pertenecían a sus antepasados.

El presidente Sebastián Piñera aseguró que se hará "todo lo que sea necesario para proteger la vida de las personas que están en huelga de hambre", en el contexto del respeto a la ley.

Piñera habló en una localidad cercana a Santiago durante la firma de un proyecto de ley que endurece las penas de cárcel por atentados incendiarios contra vehículos motorizados. Camioneros de La Araucanía afirman que este año han sido quemados cerca de 500 camiones.

Córdova permanece en un hospital en La Araucanía luego de que su salud se complicó en la cárcel por la huelga de hambre. Seis de otros ocho mapuches encarcelados que se sumaron desde el inicio al ayuno de Córdova también fueron trasladados a un centro de salud hace unos días.

Rodrigo Curipan, vocero de los ocho mapuches, declaró que el fallo del máximo tribunal "es una vía que siempre ha estado resuelta de manera discriminatoria en los tribunales en contra de los mapuches".

Los huelguistas piden la aplicación del artículo 10 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Chile, que señala que cuando se condene a indígenas "deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales" y "deberá darse preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento".

El Ministerio de Justicia ha desarrollado algunos diálogos con voceros de los mapuches en ayuno, pero no ha logrado ningún acuerdo.

Los mapuches representan 10 por ciento de los 19 millones de chilenos y la mitad vive en comunidades rurales pobres en La Araucanía.

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Las esculturas del Centenial Land Run, en Oklahoma City, que evocan la ocupación de las tierras indias por los blancos (Sue Ogrocki / AP)

A pesar de las indignidades sufridas y la creación del estado en 1907, los jueces reconocen que la reserva nunca dejó de existir y hoy es quien tiene jurisdicción sobre el territorio

 

A la tumultuosa y sangrienta historia de la conquista del Oeste en Estados Unidos de América le faltaba aún un capítulo.

Lo ha escrito esta semana el Tribunal Supremo con una sentencia que reconoce que casi la mitad del territorio de Oklahoma pertenece a las tribus indígenas que allí se instalaron cuando se vieron forzadas a abandonar sus tierras para hacer sitio a los colonos blancos. A pesar de las indignidades sufridas y la creación del estado en 1907, los jueces reconocen que la reserva nunca dejó de existir y hoy es quien tiene jurisdicción sobre el territorio.

“Al final del Sendero de Lágrimas había una promesa. Forzados a dejar sus tierras ancestrales en Georgia y Alabama, la nación creek recibió garantías de que tendrían por siempre aseguradas sus nuevas tierras al oeste”, recuerda en la sentencia el juez Neil Gorsuch en alusión a los tratados firmados en 1832 y 1833 por el gobierno de EE.UU. con esta tribu amerindia para conseguir que les cedieran sus terrenos al este del río Misisipi.

“Hoy se nos pregunta si la tierra prometida sigue siendo una reserva india a efectos de la ley penal federal. Dado que el Congreso no ha dicho lo contrario, la palabra del Gobierno se mantiene”, concluye. Si se reconoce la validez de tratados similares firmados en el siglo XIX con las tribus cherokee, chickasaw, choctaw y seminolas, casi la mitad del territorio de Oklahoma pasará a ser clasificado como reserva india.

La sentencia, aprobada por cinco votos a favor y cuatro en contra, es un recompensa tardía por las lágrimas vertidas entre 1831 y 1838 por miles de miembros de tribus indígenas, una caravana humana en la que fallecieron unas 4.000 personas. El Gobierno de EE.UU. incumplió sus promesas y desde el primer momento se dedicó a minar y torpedear la acción de los órganos de gobierno propios de los indígenas.Pero el Congreso nunca desmanteló oficialmente la reserva india. “Estuvo muy cerca pero nunca aprobó el tipo de texto que generalmente se usa en estos casos”, aduce Gorsuch, a cuya opinión se sumaron los cuatro jueces progresistas.

Entre quienes se opusieron está el presidente, el juez John Roberts. En un informe aparte recordó que “las cinco tribus, cuyos miembros tenían colectivamente al menos 8.000 esclavos, firmaron tratados de alianza con la confederación” durante la guerra de Secesión y “aportaron fuerzas para combatir del lado de las tropas rebeldes”. Al conceder la ciudadanía a los miembros de las tribus y darles voto en la formación del estado, “el Congreso los incorporó en una nueva comunidad política”.

Mientras la juez progresista Sonia Sotomayor destacó el trato vejatorio sufrido por las tribus y el destierro del Sendero de Lágrimas, el conservador Brett Kavanaugh argumentó que si Washington incentivó la llegada de blancos al territorio fue en respuesta al apoyo de las tribus a los confederados. Fue el comienzo de los intentos de “asimilación” de la población nativa. En lugar de permitir que los indios gobernaran sobre una población blanca o expulsarlos, el Congreso optó por crear un nuevo estado en 1907, recalca Kavanaugh. Catorce años después, Tulsa, la principal ciudad de la reserva y segunda mayor del estado, protagonizaría uno de las peores masacres racistas de la historia de EE.UU. con el linchamiento de cientos de negros.

El origen de la sentencia del Supremo no está en ninguna demanda de los pueblos nativos sino en el recurso de un vecino de Oklahoma condenado por abuso de menores que cuestionó que las autoridades estatales tuvieran potestad para procesarlo. El hombre, Jimcy McGirt, de la tribu seminola, alegó que debía ser juzgado en un tribunal federal. Ha habido más casos de este tipo pero este llegó al Supremo. En la vista oral celebrada en mayo, la Administración Trump y el estado de Oklahoma defendieron que el reconocimiento de la existencia de la reserva podría provocar un caos jurídico. Gorsuch discrepó. Dar por buenas todas las tretas que el estado usó para pasar por encima de las tribus nativas sería aceptar “la ley del más fuerte, no el estado de derecho”

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Origen de la sentencia

 

La sentencia implica que solo las autoridades federales pueden presentar cargos contra nativos americanos que cometan crímenes graves en ese territorio, donde viven 1,8 millones de personas (15 % de ellos son nativos americanos). El fallo abre la puerta a que se recurran una cantidad indefinida de sentencias penales dictadas por los tribunales estatales y probablemente a cambios fiscales ya que los estados no tienen derecho a imponer tributos en reservas indias. El estado de Oklahoma, la tribu creek y las otras cuatro naciones afectadas se han comprometido a trabajar juntos para aplicar la sentencia y velar por la seguridad pública, la economía y los derechos de propiedad privada.

“Con el paso del tiempo, Oklahoma y sus tribus ha demostrado que pueden funcionar con éxito como socios”, escribe en la sentencia, optimista haca el futuro, Gorsuch. Su sensibilidad hacia la historia de los pueblos e instituciones indígenas, gestada durante su tiempo como juez en (Denver) Colorado, ha sorprendido a muchos. Gorsuch es uno de los jueces conservadores nombrado por Donald Trump, quien tiene entre sus ídolos a Andrew Jackson, el presidente que en 1830 firmó y ejecutó manu militari la expulsión india.

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Jueves, 09 Julio 2020 05:59

El fantasma de la libertad

Fuentes: Crónica popular

Un fantasma recorre el mundo: el que dice que los fantasmas son la única realidad. Pero a diferencia de lo que ocurría con el comunismo en 1848, ninguna potencia de la vieja Europa ni del Nuevo Mundo, del Este, el Oeste, el Norte o el Sur, ningún polizonte alemán, ningún robocop gringo, no digamos ya la Unión de Explotadores agazapada bajo la UE ni, mucho menos, el pato Donald (ese tuiteador de fakes que otea el mundo desde el último piso de la torre Trump, en la Quinta Avenida, cuando se aburre de estar en la Casa Blanca), se han aliado en santa jauría para darle caza. Al revés, todos ellos parecen contentísimos al ver cómo se extiende y atraviesa todas las paredes (las de piedra, ladrillo o madera y las del sentido común).

Es un fantasma con mucha solera. Empezó a aparecérsele a Descartes en el siglo XVII, y el buen Renato creyó poder conjurarlo con un simple pensamiento, un par de coordenadas y la ayuda de Dios. Pero no hizo más que darle alas. Un escocés descreído, mejor historiador que filósofo, le insufló nueva vida al reducir las cosas a haces de sensaciones, y un piadoso profesor prusiano de prolija pluma, cuyo inmenso talento se sintió intimidado por el de aquel escocés llamado Hume, le edificó (como corresponde a todo fantasma que se precie) un magnífico castillo conceptual desde el que el fantasma estableció su reinado sobre las mentes más avanzadas bajo el majestuoso título de Yo Transcendental. A partir de entonces, la especie humana (o mejor, su apariencia) empezó a vivir en una Era Fenomenal (no porque se viviera fenomenalmente bien, sino porque todo lo que la gente podía llevarse a la boca ya no eran cosas, sino fenómenos). Eso sí, aunque las cosas no podían tocarse ni comerse, sí que podían pensarse. Algo es algo.

Pero apareció entonces, ay, la nación alemana (otro fantasma, por supuesto, pero uno muy proclive, además, al exceso en todo). Y entonces sus promotores (Fichte, por ejemplo), inspirados por las teorías del piadoso profesor prusiano Kant, pero yendo más allá de ellas, decretaron que las cosas ni siquiera podían pensarse, por la sencilla razón de que todo era pensamiento, con lo que éste sólo podía pensarse a sí mismo y, a partir de sí mismo, crear su propio objeto de contemplación, que inicialmente surgiría como negación del pensamiento, pero que finalmente el pensamiento acabaría por absorber. Y el fantasma creció y creció, y, al germanizarse del todo, abandonó su modesta condición de ghost para elevarse hasta la de geist, lo que en el mundo latino le permitió entroncar con la prestigiosa tradición clásica y denominarse “espíritu”, concepto de acendrada raigambre teológica.

Hubo quien, desde dentro de esa misma corriente fantasmal, intentó darle la vuelta a la “sábana” para que se le vieran las costuras y demostrar que el pensamiento no es lo único ni lo primero, que no es antecedente, sino consecuente. Pero la fuerza del fantasma se había hecho ya muy grande y lo máximo que pudo lograr aquel hijo de un abogado judío converso, cuyo apellido era una forma sincopada de Markus (Marks o Marx), fue poner como antecedente, en lugar del pensamiento, la acción. Cosa muy sensata y provechosa, porque permitía derribar los prejuicios retrógrados que en todas las pautas sociales establecidas veían leyes naturales eternas e inamovibles (lo que era muy conveniente para el mantenimiento de los privilegios hereditarios de unos cuantos).

O sea que ese fantasma reconvertido hizo un gran servicio a la humanidad, aunque sólo fuera por meterles el miedo en el cuerpo a los detentadores de privilegios inmerecidos, algo a lo que también contribuyó decisivamente, antes de que naciera Marx, el invento de un tal doctor Guillotin al servicio de la Revolución (Francesa).

Pero la inercia adquirida por aquel Espíritu en movimiento (tan móvil que él mismo se identificaba, para muchos, con el movimiento mismo) llevaría (¿fatalmente?) con el paso de los años a sucesivas reencarnaciones de la idea de Fichte: la superación o absorción del mundo objetivo por la subjetividad.

De modo que poco a poco hemos ido asistiendo al nacimiento de teorías (que cualquier persona sensata, no contagiada por alguna de las sucesivas mutaciones del virus idealista, no dudaría en calificar de delirantes) según las cuales no sólo la sociedad es una construcción humana en vez de ser una estructura natural (como acertadamente sostenía Marx), sino que la realidad en general es toda ella una construcción. Construida ¿por quién? Obviamente, por el ser humano, quien a su vez no tiene existencia propiamente humana al margen de una sociedad. Si ese “socioantropocentrismo” absoluto se quedara ahí, la cosa ya sería bastante disparatada, pero al menos habría un mínimo de terra firma en la que apoyarse y dentro de la cual orientarse. Pero, claro, una vez eliminadas las “cosas en sí” reconocidas (aunque dejadas de lado) por Kant, no hay terra firma que valga: todo se vuelve océano, y un océano, además, sin corrientes como las que servían a los antiguos polinesios para orientarse en la inmensidad del Pacífico. De modo que no tiene por qué haber una única forma de construcción social, como tampoco hay una única sociedad. En eso consiste fundamentalmente la sociedad “líquida” descrita por Zygmunt Bauman, que otros preferimos llamar relativismo radical.

El propio marxismo ha sido víctima, en no pocos casos, de esa variante de idealismo que el historiador y filósofo marxista Domenico Losurdo, fallecido hace exactamente dos años (28-6-2018), no dudaba en calificar de “idealismo de la praxis”. La cosa viene de lejos, de Marx mismo, aunque en su obra no adquiriese ni mucho menos la dimensión que encontramos en epígonos contemporáneos. Losurdo sitúa el antecedente inmediato, como ya hemos señalado, en Fichte: “Con su insistencia en la praxis y la transformación del mundo, el pensamiento revolucionario está expuesto a lo que podríamos llamar el idealismo de la praxis. Pensemos en Fichte, que traza un paralelo entre su Doctrina de la ciencia y la enérgica acción de la Francia revolucionaria: «Así como esa nación libera al hombre de las cadenas externas, mi sistema le libera de las ataduras de las cosas en sí, de las influencias externas» (La lucha de clases, Barcelona, El Viejo Topo, 2014: p. 272).

Se trataría, pues, según Fichte, de eliminar cualquier realidad existente por sí misma, independiente del acto «creador» del Yo, sujeto éste que ni siquiera cabría adjetivar de «humano», ya que en esa concepción no hay naturaleza humana previa que pueda condicionar la absoluta y libérrima espontaneidad del Yo. Sigue Losurdo:

“Se podría decir que la presencia de Fichte y la de Hegel coexisten, en un entramado a veces contradictorio, en Marx y Engels (y en la teoría de la lucha de clases que formulan). Los dos filósofos y militantes revolucionarios se forman en unos años en que, por un lado, todavía se oyen los ecos de la Revolución Francesa y, por otro, ya se aprecian signos premonitorios de la revolución que en 1848 barrería la Europa continental. Una revolución que, como esperaban los dos jóvenes revolucionarios, además de las viejas relaciones feudales, acabaría poniendo en cuestión el orden burgués. Situados entre estas dos gigantescas olas de perturbaciones históricas que sacuden el mundo en sus cimientos y abren un horizonte ilimitado a la transformación revolucionaria impulsada por la lucha de clases, se comprende que los dos filósofos y militantes revolucionarios tiendan a caer también ellos en el idealismo de la praxis. En el futuro comunista imaginado por Marx y Engels, junto al antagonismo de las clases, también desaparecerían el mercado, la nación, la religión, el Estado y quizá incluso la norma jurídica como tal, ya superflua a causa de un desarrollo tan prodigioso de las fuerzas productivas que permitiría la libre satisfacción de todas las necesidades, con la superación de la difícil tarea que supone distribuir los recursos. En otras palabras, es como si desaparecieran los «vínculos de las cosas en sí». No es de extrañar que el tema de la extinción del Estado se asome ya en Fichte”. (ibid.: pp. 272-273).

Dados estos antecedentes, no hay que extrañarse de que cierta izquierda autoconsiderada marxista acoja hoy día sin pestañear (más bien con beatífica sonrisa y guiños de complicidad) la actuación de los secesionistas que ponen una llamada “voluntad popular” irrestricta por encima de la ley (olvidando que esa ley ha surgido a su vez de una voluntad popular voluntariamente sometida a las autoimpuestas restricciones de un marco constitucional).

Y tampoco es de extrañar, claro está, que esa misma izquierda acoja con idénticas muestras de simpatía (e incluso haga suyos con entusiasmo) los delirios burgueses made in USA de quienes pretenden comprarse un sexo a medida (convenientemente camuflado previamente como género). La premisa es la ya conocida premisa mayor del idealismo posmoderno: no hay realidad objetiva alguna, todo es construcción social. Y si uno considera que esa construcción social (por ejemplo, la llamada asignación de sexo/género) es opresiva (y, en buen idealista, como así lo considera, así es, pues no hay más ser que su consideración), entonces está perfectamente legitimado para reivindicar el derecho a la autodeterminación de género.

Que uno quiera comprarse un sexo, un género o como quiera llamar al motor de su libido es difícilmente atacable en un marco mercantilista como el que padecemos (con algún que otro rato de disfrute, cierto). Otra cosa es que pretenda que entre todos se lo paguemos. Porque, como dice la Internacional, no puede haber derechos sin deberes, y los derechos de unos se convierten automáticamente en los deberes de otros. Pues bien, “pagar” un sexo/género a medida no tiene en este contexto un sentido meramente financiero, sino sobre todo jurídico, como bien ha señalado el tan traído y llevado documento elaborado por el Partido Socialista. De modo que los sentimientos son sin duda libres (e inocentes, según el mismísimo Aristóteles), y por tanto respetables. Pero las prácticas derivadas de esos sentimientos no siempre ni necesariamente lo son. O sea que uno tiene derecho a sentirse astronauta, pero no necesariamente a que la NASA o la ESA (o la OTRA) le den plaza en el próximo vuelo espacial.

Ya sé que esto es muy difícil de entender después de tanto tiempo cultivando el mito fáustico según el cual cada uno es lo que quiere ser (en esa patraña coinciden, sin ir más lejos, todos o casi todos los libros de “autoayuda” ―absurdo concepto, por cierto, porque si brota de uno mismo, no es ayuda, sino esfuerzo). Quizá nos irían bien, burguesitos caprichosos como somos, unas pequeñas dosis del fatalismo de nuestros abuelos. Acaso la pandemia de marras pudiera ayudarnos en eso al darle la razón a John Lennon cuando dijo: “La vida es eso que pasa mientras nosotros hacemos otros planes”.

Por Miguel Candel | 09/07/2020

Fuente: https://www.cronicapopular.es/2020/07/el-fantasma-de-la-libertad/

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La Justicia impide a Trump deportar a 700 mil inmigrantes

Fallo de la Corte Suprema de EE.UU. a favor de los "dreamers" 

La mayor instancia judicial del país decidió mantener un programa que posibilita a jóvenes inmigrantes ilegales trabajar y estudiar.

Trump había ordenado su cierre en 2017. 

 

La Corte Suprema de Estados Unidos le dio un inesperado revés al presidente Donald Trump. La mayor instancia judicial del país decidió mantener el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). El mismo otorga papeles a los denominados “dreamers”, inmigrantes menores de edad que llegan al país de manera ilegal con sus padres. En 2017 el presidente republicano había decido dar de baja el programa. Sin embargo ahora la Corte Suprema rechazó la medida. Casi 700 mil personas estaban en riesgo de ser deportadas. El gobierno de México calificó a la decisión judicial como histórica. Trump dijo que volverá a empezar el proceso para terminar con el DACA.

"Necesitamos nuevos jueces"

La Corte llegó a un fallo por la mínima diferencia: 5 votos a favor y 4 en contra. El Supremo concluyó que Trump no siguió los mecanismos establecidos en la ley cuando interrumpió en 2017 el DACA. Además consideró que sería caprichoso y arbitrario poner fin al programa creado por el presidente Barack Obama en 2012. El DACA evita deportaciones al otorgar permisos de trabajo y estudio a jóvenes principalmente oriundos de América Latina.

Esta era una de las decisiones más esperadas de la Corte Suprema. Había dudas respecto al fallo ya que los jueces conservadores son mayoría. Finalmente el alto tribunal secundó las opiniones que ya habían dado cortes inferiores. El magistrado John Roberts sumó su voz a la de los cuatro jueces progresistas para apoyar la permanencia del programa. "No estamos decidiendo si DACA o su terminación son políticas fundadas. Nos referimos sólo a si el programa cumplió con los requerimientos de procedimiento que le daban una explicación razonada para su acción", escribió Robert en el acta.

A menos de cinco meses de las elecciones presidenciales, Trump calificó la decisión como horrible y políticamente sesgada. "¿No les da la impresión de que no le gusto a la Corte Suprema?", escribió el mandatario en Twitter. Luego pidió un recambio de los jueces del alto tribunal. “Las decisiones recientes de la Corte Suprema (…), sólo dicen una cosa, necesitamos NUEVOS JUECES para de la Corte Suprema”, sostuvo el líder republicano. Luego advirtió que si los "demócratas radicales de izquierda" llegan al máximo órgano judicial pondrían en riesgo los derecho básicos de los norteamericanos. Finalmente advirtió que volvería a empezar el proceso para dar de baja el DACA.

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Una manifestación a favor de la legalización del aborto, en Bogotá (Colombia)

El Constitucional colombiano, con la fuerza de los conservadores, se inhibe de discutir la despenalización de la interrupción del embarazo

 

Bogotá - 02 Mar 2020 - 19:13COT

Ni avance histórico ni retroceso de décadas. La intensa discusión sobre el aborto en Colombia quedó como estaba desde hace 14 años. La Corte Constitucional colombiana respondió con un fallo inhibitorio a la demanda puesta por una ciudadana antiaborto que pedía que este se volviera a penalizar completamente, incluso para las circunstancias aprobadas y así retroceder hasta 2006. Ese año, el Tribunal determinó que las colombianas pueden abortar si el embarazo constituye peligro para la vida o la salud de la mujer certificada por un médico, hay grave malformación del feto que haga inviable su vida o el embarazo es el resultado de violación.

La decisión de no pronunciarse a fondo sobre esa demanda fue de seis magistrados a favor y tres que salvaron su voto, Alejandro Linares, José Fernando Reyes y Alberto Rojas. Y se presentaron cinco aclaraciones de voto. “Se concluye que la demanda no resultaba viable jurídicamente volver a analizar constitucionalidad de la norma acusada. Debe tomarse en consideración que al existir una decisión previa el Tribunal debe ser mucho más exigente en el cumplimiento de los requisitos de la demanda debido a que deben existir razones poderosas que justifiquen que se vuelva a analizar una norma que ya fue objeto de control de constitucionalidad”, dijo Alberto Rojas, presidente de la Corte Constitucional a través de un comunicado. La Sala Plena agregó que la Corte encontró que en la demanda “se basan en interpretaciones” y “argumentos excesivamente vagos”, tiene problemas de argumentación y solo ofrece “evidencia empírica que se construye a partir de concepciones personales, como fotografías, material audiovisual, literatura y entrevistas a terceros”.

El fallo, que ha polarizado a la sociedad colombiana desde hace varias semanas, era esperado a las afueras del Tribunal en el centro de Bogotá por mujeres que realizaban el “pañuelazo verde” por el aborto libre y seguro, así como grupos antiaborto ligados a la bancada conservadora del Congreso de la República. El presidente Iván Duque celebró la decisión de la Corte. ¨Es un pronunciamiento que se recibe con la tranquilidad de que se ha mantenido la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional desde el año 2006”.

Durante el proceso de discusión, la Corte recibió 24 conceptos técnicos solicitados por el tribunal y ocho no pedidos. Y mientras los congresistas de la bancada conservadora y uribista promovían un posible referendo si la Corte fallaba a favor de las mujeres; los grupos feministas desarrollaron la campaña Causa Justa, que busca evitar la criminalización de las mujeres como consecuencia del aborto. Con la decisión de este lunes ambas quedan paralizadas y a la espera de nuevas decisiones.

Para Mónica Roa, la abogada que logró la despenalización en 2006, no es sorpresivo. “Decisión inhibitoria. Me suena familiar. Pasó lo mismo el 7 de diciembre de 2005. La buena noticia, es que el debate, entonces como ahora, continuó y resultó en una decisión favorable unos meses después”, dijo a través de Twitter. En el mismo sentido se pronunció la Campaña por el Derecho al Aborto Legal en Colombia: “El debate continúa y por ahora podemos seguir acudiendo al aborto legal bajo la causa de salud mental”, dijeron acerca de una de las causales más atacadas por los grupos antiaborto.

El magistrado Alejandro Linares proponía establecer un sistema mixto de despenalización parcial, según el cual no se incurriría en delito si la decisión de interrumpir el embarazo se produce en las primeras semanas, y luego de ese vencimiento, se aplicarían las tres causales legales en Colombia desde 2006. Sin embargo, su ponencia fue derrotada.

De acuerdo con el documento que propuso la existencia del delito de aborto (que da penas de uno a tres años de cárcel) y el temor por ser criminalizadas ha generado barreras para el acceso y entrega a las mujeres a las redes del aborto clandestino y a poner en riesgo su vida. Según las cifras que entregó el Ministerio de Salud al tribunal, en 2016 murieron seis mujeres por mes como consecuencia de abortos inseguros hechos en clínicas ilegales. Y aunque es la cuarta causa de muerte materna en Colombia, se calcula que al menos 132.000 mujeres sufren complicaciones como consecuencia de procedimientos ilegales.

A esto último apuntaba el magistrado Linares. Para él, mantener este delito en el código penal tampoco ha sido efectivo. Según las cifras de la Fiscalía le entregó a la Corte, entre 1998 y 2019, se crearon 5.833 noticias criminales (denuncias), pero solo en 791 casos hubo procesos, algo que dista mucho de los 400.000 abortos que, se harían al año en Colombia, según los cálculos de 2008 del Instituto Guttmacher, organización que aboga por el derecho al aborto. La criminalización alcanza incluso a menores de edad, que son en primer lugar víctimas de abuso sexual y, en segundo lugar, pueden acceder legalmente a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Adicionalmente, el 35,97% de las indiciadas son jóvenes o con nivel de formación básico, de primaria o secundaria. “Según estas cifras se puede afirmar que en Colombia existe una sobrecriminalización hacia las mujeres más vulnerables haciendo que la injusticia crezca en nuestro país”, dice el documento de Linares.

“Respetamos la decisión de la Corte y celebramos que el aborto en Colombia siga siendo un derecho fundamental en las tres circunstancias reconocida desde hace 14 años”, indicó la Mesa por la Vida y la Salud de las mujeres a través de un comunicado.

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Lunes, 02 Marzo 2020 06:04

Alarma por una reforma sin voto

Científicos protestan contra la reforma de pensiones en Paris.  ________________________________________ Imagen: AFP

Mociones de censura al nuevo régimen de pensiones en Francia

El gobierno de Macron, que tiene mayoría en la Asamblea, podría pasar por alto el reclamo de la oposición y los sindicatos.

La izquierda y la derecha parlamentaria presentaron mociones de censura un día después de que el primer ministro francés, Edouard Philippe, anunciara que la reforma de las pensiones sería aprobada sin votación, recurriendo a un artículo de la Constitución. Philippe había realizado el inesperado anuncio el sábado por la tarde en la tribuna de la cámara baja del Parlamento francés. Entre los aplausos de la mayoría presidencial, explicó que lo que pretendía era "poner fin a este episodio de no debate" con la oposición y "permitir que pueda empezar la siguiente fase del proceso legislativo".

Así, el primer ministro recurrirá al artículo 49-3 de la Constitución, que permite que se apruebe un texto legislativo sin votación, a cambio de que los diputados puedan presentar una moción de censura. La reforma para crear un "sistema universal" de jubilación por puntos será considerada como aprobada, salvo si sale adelante una moción de censura que debe presentarse en un plazo de 24 horas. Sin embargo, el gobierno cuenta con una mayoría cómoda en la Asamblea Nacional. Se espera que la reforma -que tendrá que ser examinada por el Senado- sea aprobada definitivamente en verano.

Tras el anuncio del primer ministro, los diputados del partido Les Républicains (LR, conservadores) presentaron una moción y afirmaron que no podían "aceptar que una reforma, que el propio gobierno presenta como la más importante del quinquenio, no pueda ser votada en la Asamblea Nacional". El texto de los Republicanos, el partido conservador, publicado por el presidente del partido, Damián Abda, en su cuenta de Twitter, denuncia "un texto extremadamente mal preparado y jurídicamente frágil. La realidad es que el Gobierno se enredó en una reforma demasiado costosa, muy injusta y tan compleja que sigue despertando la ansiedad de nuestros compatriotas".

La izquierda hizo lo mismo poco después. En su texto, los tres grupos de izquierda de la Asamblea (PS, LFI, PCF), así como Jennifer de Temmerman (no inscrita, ex-LREM), es decir 63 diputados, denuncian en su moción "un Gobierno que pisotea el procedimiento parlamentario". 

El proyecto estrella del presidente Emmanuel Macron provocó desde principios de diciembre una importante movilización ciudadana con huelgas de transportes (ferrocarriles y metro parisino) y también por parte de los abogados o de los trabajadores de la Ópera de París. El jefe de gobierno justificó su elección porque considera que el texto, contra el que se presentaron 41.000 enmiendas, está siendo "obstruido". "Tras más de 115 horas de debate en sesión pública, tanto de día como de noche, fines de semana incluidos, la Asamblea Nacional llegó al estudio del artículo 8 de un proyecto de ley ordinario que contiene 65", denunció Philippe.

El anuncio de Philippe cayó muy mal entre los líderes sindicales que vienen encabezando la oposición a la reforma.

El secretario general del sindicato CGT, Philippe Martínez anunció una movilización social a partir de la semana próxima.  "La actitud del Gobierno es profundamente escandalosa, por lo que habrá una respuesta adecuada a la situación", dijo Martínez.

Desde la CFDT (Confederación Francesa Democrática del Trabajo) hasta la Fuerza Obrera (FO), los sindicatos denunciaron la maniobra del Gobierno para interrumpir el debate parlamentario. "Lamentamos que el debate sea nuevamente relegado a un segundo plano. Es una oportunidad perdida", dijo el negociador de pensiones de la CFDT, Frédéric Sève. 

Para el secretario general del sindicato, Laurent Berger, "el Gobierno acaba de hacer la elección del 49-3, y no la de la justicia social". En un comunicado de prensa, el sindicato deplora que los debates no hayan podido celebrarse hasta el final y dice que "seguirá luchando, sobre todo durante la aprobación del texto en el Senado, para imponer las medidas que exige." 

Por su parte la CFTC (Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos) lamentó "llegar al 49-3 después de dos años de consultas". Pero para su presidente Cyril Chabanier, "la lucha continúa ante el Senado y la Asamblea Nacional en segunda lectura, para un verdadero reconocimiento de la dureza de ciertos trabajos y de las largas carreras".

La actitud del Ejecutivo "es incomprensible e inaceptable", aseguró también el número uno de Fuerza Obrera, Yves Veyrier, en Twitter. Según el sindicato Solidaires, "la respuesta del Gobierno es, después del desprecio del diálogo social, la de un paso forzado"; "una verdadera negación de la democracia".

En reacción al uso del artículo 49-3 por parte del Gobierno, varios cientos de personas se reunieron el sábado por la noche cerca de la Asamblea Nacional, para decir "no al 49-3", informó el sitio de noticias France 24.

En Burdeos, unas 200 personas según la prefectura participaron en una reunión espontánea para recorrer las calles del centro de la ciudad. La prefectura informó de algunos incendios de basura, pero no hablaron de enfrentamientos.

En Lille, varias docenas de personas se reunieron por la noche frente a la prefectura. "49-3, no lo queremos", "Lille, sublévate", gritaron. En Le Havre, el cuartel general de la campaña del primer ministro Édouard Philippe fue cubierto de graffitis y apedreado por los manifestantes.

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Macron impondrá por decreto la reforma al régimen de pensiones

El presidente francés insiste con su proyecto pese a los meses de protestas populares

El primer ministro francés, Édouard Philippe, anunció este sábado que adoptará el proyecto de reforma jubilatoria por decreto, sin someterlo a la votación de la Asamblea Nacional, una decisión que provocó la presentación de dos mociones de censura de la oposición y amenaza con relanzar las protestas en las calles, además de castigar al oficialismo en las elecciones municipales de la próxima semana.

"Después de más de 115 horas de debate, la Asamblea Nacional llegó a examinar el artículo 8 (de un total de 65). Creo que nuestra democracia no puede darse el lujo de semejante espectáculo", afirmó ante el hemiciclo Philippe, quien denunció "una estrategia de obstrucción deliberada de una minoría".

El primer ministro, cara visible de la agenda reformista del presidente Emmanuel Macron, argumentó el uso del polémico artículo 49.3 de la Constitución, que permite aprobar leyes por decreto, con el objetivo de poner fin al "no debate" de la medida. De esta forma, el Ejecutivo acabaría con cualquier opción de debate después de las más de 40 mil enmiendas que presentó la oposición, casi todas desde el partido izquierdista Francia Insumisa.

Las palabras del premier fueron aplaudidas por los diputados de la mayoría oficialista, pero abucheadas por los legisladores opositores presentes en el pleno.

Considerada la mayor revisión al sistema jubilatorio francés desde la Segunda Guerra Mundial, la reforma previsional fue fuente de controversia desde su presentación, el pasado 11 de diciembre, tanto en las calles con huelgas y protestas, como en la esfera política.

Poco después del anuncio de Philippe, el partido conservador Los Republicanos, por un lado, y tres formaciones de izquierda --los socialistas, los comunistas y los miembros de Francia Insumisa--, por el otro, presentaron mociones de censura contra el gobierno en un intento de frenar la aprobación por decreto, reseñó el diario Le Monde.

"El gobierno decidió autorizar la utilización del 49.3 en un consejo de ministros encargado de contener la epidemia del coronavirus. Este golpe por la fuerza es inaceptable", esgrimió el primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure.

El jefe del grupo de Los Republicanos en la Cámara baja, Damien Abad, también rechazó la estrategia del Ejecutivo, a la que calificó como "una negación de la democracia sin precedentes para una reforma previsional". "Esto no puede terminarse con un 49.3 sin moción de censura", agregó su correligionario Eric Woerth.

Pese al repudio opositor, las mociones de censura contra el gobierno tienen pocas chances de prosperar, dada la mayoría legislativa con la que cuenta La República En Marcha, el partido del mandatario, para frenar estas iniciativas. Ante esta situación, el ex candidato presidencial de Francia Insumisa Jean-Luc Mélenchon denunció que los métodos del premir son “violentos”, según consignó la cadena BFTMV.

Si bien Philippe advirtió hace unos días que el Ejecutivo podría prescindir del voto parlamentario, la decisión sorprendió a la oposición, a tan sólo una semana de los comicios municipales. La jugada podría ser arriesgada para el gobierno, dado el malestar y la división que este proyecto de ley generó en la sociedad francesa.

La reforma previsional, una de las medidas estrella del programa electoral de Macron, provocó el paro indefinido más prolongado de la historia reciente de Francia. Los gremios iniciaron en diciembre una pulseada en las calles contra el nuevo sistema jubilatorio, que pretende reemplazar los 42 regímenes especiales existentes por un sistema de jubilación universal por puntos. Según denuncian los sindicatos, la polémica medida "degradará los derechos de todos", mientras que el Ejecutivo aseguró defender un sistema "más justo y más simple".

Tras el anuncio de la aprobación por decreto de la reforma, el secretario general de la Confederación General de Trabajadores, Philippe Martinez, deploró "la actitud profundamente escandalosa" del gobierno y anunció una movilización de los sindicatos "a partir de la próxima semana".

La última vez que se recurrió al 49.3 fue en 2016. El entonces primer ministro, Manuel Valls, lo hizo para aprobar la igualmente controvertida reforma laboral, que también provocó protestas en las calles. Desde la fundación de la V República, en 1958, ese método, impopular por considerarse una aprobación por la fuerza, se usó 86 veces. 

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