Las razones de los trabajadores del Sena para continuar en paro indefinido

El incumplimiento de los acuerdos firmados el año pasado sobre ampliación de planta de personal y aumento salarial, el anunciado Proyecto de Reforma Tributaria que amenaza con eliminar las fuentes de financiamiento del Sena, y la implementación de Sistema Nacional de Educación Terciaria, son las razones por las cuales los trabajadores agremiados en el Sindicato de Trabajadores Públicos del Seba, Sindesena, adelantan desde este martes un paro nacional indefinido.

El SENA es una entidad que cuenta con 6.900 funcionarios vinculados, más de 30 mil empleados e instructores por contrato, y anualmente capacita 
para el trabajo a cerca de 1´300.000 jóvenes aprendices.

Atendiendo las orientaciones de la directiva sindical se encuentran en paro las regionales de Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Córdoba, Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Valle del Cauca.

Aprendices, trabajadores, empleados públicos, pensionados y contratistas del Sena salieron a movilizarse y a manifestarse pacíficamente en las calles y las sedes de la entidad en las principales capitales. Sin embargo, no faltaron las provocaciones del Esmad de la policía.

En la sede de la Regional Bogotá hubo varios lesionados cuando los uniformados del Esmad arremetieron contra los sindicalistas que se apostaron temprano en la entrada para poner las pancartas. En Cartagena la marcha de los aprendices con el resto de la comunidad Sena también fue dispersada por el Esmad; y tanto en las regionales del Huila y Quindío intentaron impedir con gas lacrimógeno la protesta de trabajadores y aprendices, con saldo de varios lesionados.

La directiva nacional de la CUT, central a la cual pertenece Sindesena, emitió un comunicado en el cual apoya irrestrictamente la protesta de los instructores y trabajadores del SENA, al tiempo que hace un llamado a todos sus sindicatos y subdirectivas a acompañar la movilización. “Desde hace muchos años se viene impulsando la liquidación del SENA por la vía de reducir su presupuesto y aumentar sus obligaciones académicas”, afirma la CUT en su comunicado. 

Incumplimiento de acuerdos

Según la negociación colectiva firmada el año pasado entre el SENA y Sindesena, la entidad ya debería estar cumpliendo el compromiso de ampliación de la planta de 3.000 cargos definitivos con formalización y 800 cargos temporales, al igual que el ajuste salarial pactado en el 10%, retroactivo a junio de este año.

Pero nada de eso se ha cumplido, pese a que la ampliación de la planta y el reajuste salarial ya tienen el estudio técnico, el presupuesto y la aprobación del Consejo Directivo del Sena, del Departamento Administrativo de la Función Pública, del Ministerio de Trabajo y de Planeación Nacional.

“Es el Ministerio de Hacienda el que se niega a poner su firma. Y si en dos semanas no lo hace, vamos a quedar en nada porque esos recursos se van para otro rubro y no habrá ampliación de planta ni incremento salarial”, dijo a esta agencia Nicolás Alberto Zapata, presidente Subdirectiva Sindesena Antioquia.

La amenaza de la Reforma Tributaria

El Gobierno Nacional ha anunciado un Proyecto de Reforma Tributaria que, según las recomendaciones que entregó la comisión de expertos designada para tal fin, amenaza con eliminar los recursos de destinación específica para el Sena, el Icbf y las Cajas de Compensación Familiar. Una medida que Sindesena califica como “flaco” favor a la Paz, pues de esa manera se desfinanciaría una entidad que, como el Sena, está llamada a capacitar a los trabajadores en el posconflicto.

De aprobarse esa propuesta, la financiación del Sena quedará a cargo del presupuesto nacional, lo cual sería desastroso, anotó el dirigente sindical. “No es sino mirar el estado lamentable de las universidades públicas, de la Universidad Nacional, por ejemplo. Lo más seguro es que al Sena le pase lo mismo”, agregó.

Otro asunto espinoso es el Proyecto de Educación Terciaria que viene impulsando el Gobierno sin consultarlo con la comunidad educativa del Sena. Es un proyecto que profundiza la propuesta de desvío misional de la institución, algo que Sindesena rechaza porque excluye de los beneficios del Sena a personas marginadas de la educación formal, y en genera a aquellos que no han tenido la posibilidad de culminar la educación secundaria.

Según Zapata, en vista de que Colombia tiene tan baja cobertura en educación superior, el gobierno ha visto en el Sena una entidad formidable para dar educación superior. Los cursos de tecnólogos los está asimilando a la educación formal, sin considerar que el sistema del Sena tiene características diferentes al sistema educativo tradicional que rige el Ministerio de Educación.

“Ahora andan como locos buscando registros calificados para todos los programas de tecnólogos, y así el Sena va a quedar convertido en una universidad de garaje, atendiendo a bachilleres, y vamos a dejar abandonados a los obreros, campesinos y trabajadores que solo necesitan un curso de 40 horas para actualizarse”, indico el dirigente sindical.

Publicado 15 de septiembre de 2016.

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El fin del conflicto con las FARC y los derechos de los trabajadores del campo

Los acuerdos entre el Gobierno Nacional y las FARC para terminar con más de 50 años de confrontación armada, abren una ventana de oportunidades para la modernización del sector agropecuario colombiano, dominado tradicionalmente por una elite terrateniente que le ha impuesto al país sus intereses mediante un modelo de explotación y de propiedad completamente anacrónico e ineficiente; el mismo que le ha permitido la captura de enormes rentas y de un poder político con una gran incidencia en el diseño de la políticas públicas en todos los niveles, y que además ha excluido a la inmensa mayoría de los trabajadores del campo de su condición de ciudadanos sujetos de derechos.

El 1º capítulo de los acuerdos de La Habana: “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”, establece como requisito para la efectividad y transparencia de esta política “la promoción de una amplia participación de las comunidades, mediante la generación de espacios institucionales participativos y democráticos donde éstas tengan capacidad de transformación e incidencia en la planeación, implementación y seguimiento de los diferentes planes y programas acordados”, resaltando que esta participación como garantía de mayor inclusión de las comunidades rurales en la vida política, económica, social y cultural de sus regiones y, por ende, de la nación .

Hasta ahora, la participación se ha concentrado únicamente en la comunidad de los grandes propietarios y empleadores del campo, a través de fuertes y reconocidas organizaciones gremiales como la SAC, Fedegán, Fedepalma, la Federación Nacional de Cafeteros (tradicionalmente dominada por los grandes comercializadores del grano), FENAVI, entre otras. Estas organizaciones, en conjunto con los distintos gobiernos, han moldeado la política agraria en función de sus intereses.

En cambio, la participación e incidencia en las políticas públicas y las relaciones laborales para el sector por parte de las comunidades de campesinos pobres, jornaleros y trabajadores agrícolas asalariados, no ha sido posible en ningún sentido, dados los bajísimos niveles de sindicalización que presentan estos trabajadores en todo el país, con la excepción de la zona de Urabá. Y son bajísimos debido a la violencia y estigmatización que han acosado a las pocas organizaciones sindicales existentes.

La tabla 1 ilustra en qué medida les han sido negados los derechos de libertad sindical a los trabajadores asalariados del campo, y qué tanto diálogo social existe en el sistema de relaciones laborales de las empresas del sector, ambos componentes esenciales de la noción de “Trabajo Decente” que promueve la OIT y cuya implementación obliga tanto a empleadores como al gobierno:

 

 

Una de las consecuencias que ha tenido el conflicto armado con las FARC y con otros actores armados, sumado a la cultura antisindical de las elites económicas y gobernantes del campo, ha sido la imposibilidad de constituir sindicatos autónomos e incidentes en las empresas agrícolas, y a través de ellos promover los derechos humanos laborales y el diálogo social en las empresas mediante la negociación colectiva.

En la base de datos de la ENS sobre Censo Sindical aparecen 455 organizaciones sindicales del sector agropecuario registradas en el Ministerio del Trabajo, con un total de 89.361 afiliados, el 2.5% del total de la población ocupada en el sector agropecuario. Sin embargo, no todas agrupan trabajadores propiamente asalariados: 290 son asociaciones que agrupan a jornaleros y campesinos pobres, la mayoría con una jurisdicción territorial, a nivel municipal o veredal, y con apenas 38.161 afiliados; 62 son organizaciones de pequeños campesinos y productores, con 7.656 afiliados, y una jurisdicción también territorial; 30 son asociaciones que agrupan principalmente a mujeres, a jóvenes, a desplazados y ambientalistas, con 3.146 afiliados; y 52 son sindicatos propiamente de trabajadores dependientes/asalariados, que agrupan a 37.242 trabajadores, o el 10.9% de los trabajadores asalariados con contrato de trabajo.

Que apenas el 2.5% de los trabajadores del campo se haya podido organizar en sindicatos, es de por sí un indicativo claro del enorme déficit democrático que existe en el campo. Esto sin tener en cuenta qué tan efectivas y representativas sean estas organizaciones, interrogante válido dado el grave contexto de violencia y de estigmatización que han tenido que soportar la mayoría de las organizaciones sociales del campo.

La tabla 1 nos indica también cuál es la tasa de afiliación a la protección social, al menos al sistema de riesgos laborales, que es apenas del 9.6%, la más baja de todas las divisiones económicas, y cuánto es el ingreso promedio que tienen los trabajadores del campo: $503.474 al mes, según el DANE, un ingreso que apenas representa el 55% del ingreso promedio nacional y el 78% del salario mínimo.

A estos datos agreguemos que, según la encuesta de calidad de vida del DANE, el 56.8% de la población de los centros rurales poblados y dispersos se considera pobre, que el 36.6% considera que sus ingresos no alcanzan ni para cubrir los gastos mínimos del hogar, y que el 59.4% considera que sus ingresos apenas alcancen para cubrir este mínimo. Esta precariedad en el ingreso es consecuencia, entre otros factores, de la falta de un actor sindical fuerte con capacidad de incidir en la forma como se distribuye la riqueza que se genera en el trabajo agrícola a través del diálogo social, que es el instrumento idóneo para promover mejores condiciones de vida y de trabajo y una mayor justicia social, como lo ha demostrado la OIT a nivel internacional.

La falta de un actor sindical con incidencia en las políticas del sector agropecuario se explica por varios factores. El primero de ellos es la fuerte cultura antisindical que promueven las elites dominantes del campo , las que incluso en muchos casos han acudido a los ejércitos paramilitares para impedir la organización de los trabajadores.

Un segundo factor ha sido la presencia de grupos armados ilegales como las FARC y la AUC, con control sobre amplísimos territorios, en los cuales no se ha permitido la organización autónoma de los trabajadores, incluso, algunas de estas fuerzas se han utilizado por parte de los empleadores para perseguir, desterrar y hasta asesinar a directivos y activistas sindicales, y para acabar con organizaciones sindicales autónomas, como lo indican, por ejemplo, las denuncias que se han hecho acerca de la financiación a los ejércitos de la extrema derecha por parte de organizaciones gremiales de los propietarios terratenientes y hacendados del campo . Y como lo indican también los datos que la ENS ha recogido sobre la violencia antisindical, y que nos dicen que entre 1979 y 2016 se registraron 3.211 violaciones a la vida, libertad e integridad física cometidas contra sindicalistas de los sectores de la agricultura, la caza, la pesca, minas y canteras, siendo el homicidio la principal forma de victimización con 1.207 casos , fenómeno del que ni las FARC han escapado, como lo muestran los asesinatos de sindicalistas en el sector bananero de Urabá.

Esta violencia no solo incidió en la pérdida de vidas, la instauración del terror, el debilitamiento y exterminio de los sindicatos en lo rural, y con ello, la pérdida de garantías y derechos, sino que marcó unos impactos que entorpecieron el surgimiento y fortalecimiento del sindicalismo en este sector. Hay actividades en las que no se registra la existencia de un solo sindicato, como en la actividad ganadera, por ejemplo.

La tercera causa tiene que ver con la debilidad del Estado, y en muchísimos casos, su ausencia total, en la mayoría de los municipios y regiones agrícolas. Para todo el país apenas hay 904 inspectores, la mayoría concentrados en las oficinas de las regionales del trabajo de las principales ciudades, y los pocos inspectores asignados para el sector rural están dispersos en unos pocos municipios, con un radio de acción tan amplio y con tan pocos recursos, que su presencia efectiva en las zonas rurales es prácticamente inexistente, situación que facilita las relaciones laborales por fuera de la ley. Adicionalmente, muchos de estos inspectores están completamente subordinados, o cooptados, a los gamonales y empleadores del campo, lo que hace que su actuación sea en muchos casos cómplice con la ilegalidad laboral.

Y finalmente, otra causa de la baja sindicalización de los trabajadores asalariados agrícolas se deriva de las propias condiciones en las que se desarrollan muchas de las actividades del campo, que demandan trabajadores por cosecha, o por temporadas, lo que impide que surjan organizaciones sindicales estables y con posibilidades reales de actuación; situación que se agrava por la tercerización ilegal a la que acuden muchas empresas como estrategia para disminuir costos laborales (como la utilización de falsas cooperativas de trabajo asociado en el sector de la palma) y para descargar sobre otros los riesgos propios de la contratación laboral.

Las consecuencias que ha tenido esta debilidad del Estado para vigilar y someter a la ley las relaciones laborales en el campo, se observan en la siguiente tabla:

 

 

Aunque no se cuenta con información acerca de cuántos trabajadores del campo son dependientes/asalariados, ni cuántos están empleados de manera directa en cada una de los sectores contenidos en la tabla, la situación de todas maneras no deja de ser deplorable: apenas el 9.6% de los trabajadores del campo cuentan con una relación laboral regulada por el Código Sustantivo del Trabajo, y apenas 30.154 empresas afilian a sus trabajadores al sistema de protección social.

De todas maneras, lo más seguro es que en la mayoría de estos sectores el respecto a la ley sea completamente marginal. En la caficultura, por ejemplo, la actividad económica más importante en el sector agrícola colombiano, la formalización del trabajo apenas cubre al 0.35% de los trabajadores directos. Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, este sector empleaba a cerca de 800 mil personas en 2014, lo cual indica la precariedad laboral que campea en este sector y que explica, en parte, las dificultades que tienen los productores de café para reclutar trabajadores que recojan la cosecha.

Por su parte, Fedegán informa en su plan estratégico que la ganadería es el primer generador de empleo directo del país, con cerca de 950.000 empleos directos, de los cuales apenas 25.995, o el 2.7% del empleo en este sector, está afiliado a la protección social.

Según Fedepalma, en el sector de la palma el empleo directo era en 2015 de 58.273 trabajadores, de los cuales estaban afiliados a la protección social apenas el 37.8%. En el sector avícola, el boletín de Fenavi informa de la vinculación directa de “un poco más de 400.000 trabajadores”, vinculados a 7.000 granjas avícolas, por lo que la supuesta “responsabilidad social” que pregona este gremio queda en contraevidencia al cruzar los datos de la afiliación de sus trabajadores al sistema de protección social: de cada 100 trabajadores contratados apenas 0.7 están afiliados al sistema de riesgos laborales, y de cada 100 empresas, sólo el 11.7% cumplen con la ley laboral en esta materia .

Ni siquiera el sector exportador de flores escapa a la precariedad e ilegalidad laboral: aunque en este sector, según Asocolflores, se encuentran vinculados un poco más de 130 mil personas, “vinculadas de manera formal, permanente, directa e indirectamente”, y que “la floricultura genera en la actualidad el 25% del empleo rural femenino del país” , la protección social apenas cubre al 47.6% de los trabajadores.

Si esta es la situación del trabajo en los sectores más moderno de la agricultura, la situación es todavía más grave en los demás sectores, en los que la informalidad, la desprotección social, los ingresos precarios y la falta de derechos son el pan de cada día y afectan a cerca del 90% de los trabajadores del agro.

Está claro, entonces, que el problema fundamental que viven los habitantes del campo, precisamente la región del país que más ha sufrido la violencia, es un déficit enorme y profundo de la democracia; déficit medido con tres indicadores: la ausencia de organizaciones sociales fuertes que les permitan a los trabajadores del campo incidir en la determinación de sus condiciones de trabajo y empleo y en las políticas públicas que se diseñen para este sector; la exclusión de la mayoría de su población trabajadora de los sistemas de protección social, que los coloca en una situación de vulnerabilidad permanente y en una enorme incertidumbre respecto de su situación futura; y la exclusión de los frutos de la riqueza que se genera a través del trabajo agrícola, por la falta de ingresos, o porque estos son precarios, factor que, añadido a la concentración de la propiedad en pocas manos, explica los altos niveles de pobreza e indigencia que presenta la población del campo colombiano.

El primer capítulo de los acuerdos de La Habana sobre lo que debe ser una política agropecuaria, contiene, entre otros, un principio que se refiere al “Bienestar y buen vivir”: “El objetivo final es la erradicación de la pobreza y la satisfacción plena de las necesidades de la ciudadanía de las zonas rurales...” Principio que se puede convertir en un simple canto a la bandera sino aprovechamos la oportunidad que tenemos de acabar con el conflicto armado con las FARC, para poner en marcha modelos de relaciones laborales en el sector agropecuario que vinculen de manera efectiva los contenidos del trabajo decente en materia de diálogo social: protección social, remuneración suficiente, trato justo en el trabajo, estabilidad y seguridad en el empleo.

En este sentido, construir la paz en el campo es imposible si a los trabajadores agrícolas no se les garantizan condiciones reales y efectivas para que se organicen en sindicatos fuertes y articulados, lo que significa que se reconozca su legitimidad y se abandone de manera definitiva los prejuicios y la estigmatización de que han sido víctimas históricamente, y se ponga fin al tratamiento de orden público que se le ha dado a los conflictos sociales y laborales en el campo.

 

Publicado 13 de septiembre de 2016.

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Un espacio de construcción de futuro en clave feminista

Cerró ayer en Brasil la mayor conferencia mundial sobre derechos de las mujeres


Yasmín Thayná tiene el pelo mota alto: es la marca más visible de su negritud y por eso se lo deja así, para que se note, porque en su infancia se lo aplastaban, porque su piel es clara y podía disimularlo, y así escapar de la discriminación histórica hacia las personas de color en este país. Esta cineasta de 23 años, de Río de Janeiro, hija de una empleada doméstica y primera mujer de su familia que entró a la universidad “por la puerta de adelante” (“siempre entrábamos por la de atrás, para limpiar”), “fruto del gobierno de Lula y los movimientos sociales” –como se definió–, creó Afroflix, una plataforma en la web de películas y otros contenidos visuales producidos, dirigidos o filmados por personas negras, con el objetivo de mostrar y promover otras narrativas, distintas a las “estigmatizantes”, que difunden los medios hegemónicos. Yasmín fue una de las feministas jóvenes que conmovieron con sus palabras en el 13º Foro de AWID. “El arte es una herramienta política, un lenguaje universal de resistencia feminista”, dijo, ante un auditorio de alrededor de 1800 participantes, de más de un centenar de países.


La conferencia global más grande sobre derechos de las mujeres y desarrollo de los últimos años, finalizó ayer, en este punto del nordeste brasileño, frente al mar esmeralda, después de cuatro días de intensos debates, en los que se abordaron múltiples temáticas, como el impacto de los fundamentalismos religiosos en los derechos sexuales y reproductivos, la violencia en el ámbito laboral, las disidencias corporales y sexuales, el estado de los movimientos feministas, entre tantísimos ejes que propuso el extenso programa. Varias argentinas estuvieron presentes, entre investigadoras, abogadas de derechos humanos, activistas feministas, de la diversidad sexual y por la legalización del trabajo sexual.


La necesidad del autocuidado, como un ejercicio colectivo, no solo para disminuir los impactos del desgate que produce el mismo activismo, sino para enfrentar los niveles de violencia que están sufriendo muchas mujeres en distintos países, fue un tópico novedoso que surgió en los debates. La joven kurda Dilar Dirik, de 25 años, lo dijo con claridad. Fue una de las voces más inspiradoras del Foro. En una sesión plenaria convocada para pensar “nuevos futuros juntxs”, sorprendió a la moderadora, al plantearle que ella no podía hablar de futuro: “Hoy nos autogobernamos”, señaló. Vive en un campamento de mujeres y niños al norte de Siria. “Somos una democracia radical, gobernada por mujeres en base a la ética del cuidado. Una revolución de mujeres está teniendo lugar en el norte de Siria y mucha gente lo desconoce. Practicamos la teoría de la rosa, nos protegemos unas a otras como los pétalos”, describió.


Lo que queda


“Cómo hacer más sostenible el activismo y que nos permita tener mayor resiliencia, cuidándonos unas con otras y otres, es una de las miradas que nos deja el Foro, desde una perspectiva que rompe con la lógica del autocuidado como una forma individual”, apuntó a este diario Lydia Alpízar Durán, directora ejecutiva de la Asociación para los derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID, por sus siglas en inglés), al hacer un rápido balance sobre el 13º Foro. ¿Qué más deja? “Vimos movimientos como el indígena que ya están viviendo y se están conformando desde la intersectorialidad, donde se cruzan dimensiones de género, raza, etnia, de forma más fluida de lo que se veía antes. Se reafirma, para nosotras, la necesidad de establecer alianzas entre movimientos, en un contexto cada vez más difícil”, indicó la costarricense/mexicana. “El tema de los recursos sigue siendo un gran pendiente, el dinero para nuestras luchas es escaso”, agregó Alpízar. También destacó la presencia en el Foro de diferentes actores “muy importantes, como las feministas negras, las compañeras indígenas, las mujeres con discapacidad, el movimiento trans, las trabajadoras sexuales, haciendo aportes increíbles”. “Hemos logrado integrarlas mejor y ellas se sienten cómodas y respetadas. Y en esa línea, el rol de las jóvenes, con mucha reivindicación feminista y gran creatividad, el aire fresco que el movimiento feminista necesita, ellas son el presente y están apoyando de forma muy fuerte las luchas”, enumeró, al sacar algunas conclusiones.
Creatividad en las luchas


Los ejemplos originales y exitosos de activismo contra las opresiones –en distintos ámbitos y geografías– tuvieron un espacio destacado. La brasileña Yasmín Thayná fue una de las oradoras en la sesión plenaria sobre “Experiencias de solidaridad, resistencia y creaciones disruptivas”, donde contó sobre la creación de Afroflix, a partir de su película Batalhas, para reflejar otros relatos de mujeres negras, reales. “Los medios de comunicación en Brasil están en manos de unas diez familias, con vínculos políticos. Esos medios narran las historias de personas negras de forma estigmatizante. Las mujeres aparecen sexualizadas, vinculadas al carnaval o son siempre sirvientas”, describió. En el mismo panel sobresalió el carisma de Alicia Garza, de 35 años, de Oakland, California, líder negra de la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas de EEUU y creadora del #BlackLifeMatter (Las vidas negras importan), que en apenas tres años derivó en una organización nacional contra la brutalidad policial y el racismo, con gran protagonismo en las protestas de Ferguson, y está convirtiéndose en un movimiento internacional por los derechos de las personas negras. En 2013, luego de la absolución de un policía por el asesinato de un adolescente negro, Alicia escribió en su Facebook un texto con esa frase y una amiga la tuiteó, y empezó a reproducirse en redes sociales. Así, ellas dos y una tercera amiga le dieron vida al movimiento #BlackLifeMatter. En 2014 fue votado como uno de los 12 hashtag que cambiaron el mundo. “Estamos en un mundo capitalista. Ahora tenemos que evitar que el hashtag se convierta en una marca en lugar de una causa”, comentó Alicia.


También contó su experiencia de lucha y empoderamiento Arelis Uriana, indígena wayúu del norte de Colombia e integrante de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y líder del Enlace Continental Indígena. “Como mujeres indígenas hemos sufrido mucho, primero tuvimos que romper esas barreras del machismo dentro de nuestros pueblos. Antes no hablábamos, nos resultaba muy difícil estar solas en un escenario público, como este. Hoy somos miles a nivel del continente alzando nuestras voces, hoy somos muchas en distintos lugares de poder y nos sentimos muy bien representadas a nivel local, nacional e internacional. Nos hemos aliado con feministas, con organizaciones de la sociedad civil, no nos resulta ajena la lucha de las mujeres negras. Decimos que el territorio es sagrado, el cuerpo de nosotras es territorio y por eso tenemos que defenderlo”, subrayó, y recibió una ovación.


La cuarta panelista, de esta sesión plenaria, fue una activista queer tunecina, Khouloud Mahdhaoui, de la organización Chouf, que creó hace dos años un festival internacional de arte feminista en su país, con una expansión enorme. En su segunda edición, en 2015, tuvo 136 participantes de 34 países, contó. “El arte es un vehículo internacional. No hace falta traducir”, dijo Khouloud. Y contó que en esa región del norte de África el discurso sobre las mujeres es fundamentalmente victimizador. “Estamos cansadas de esa perspectiva. El festival es un espacio revolucionario, libre, sin censura. Se trata de redefinir lo que se entiende por mujeres”, explicó. Y denunció que el gobierno de Túnez está tratando de “destruir” ese festival.


La sesión plenaria matutina estuvo precedida por una marcha de tambores, a cargo de una banda de percusionistas negras, que ingresó al auditorio principal de este complejo de vacaciones. Y terminó con el grito de las activistas presentes de: “El pueblo unido jamás será vencido”, en su versión en inglés. Luego, el repetido, en este espacio de construcción feminista en alianza con otros movimientos sociales: “¡Fora Temer!”.

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Miércoles, 17 Agosto 2016 06:00

Utopías y utopías

Utopías y utopías

Disconformes con lo que veían y cuyos detestables defectos padecían o, más calmos, registraban, ciertos espíritus esclarecidos, comprobado que no estaba en sus manos corregirlos, imaginaron dos tipos de conducta. El primero, Platón es el ejemplo, sugerir, suplicar, recomendar, convocar a los dueños del poder a que hicieran algo para que la sociedad fuera un poco mejor, más equilibrada o más justa, según lo que entendían por justicia. Como el caso que les hicieron, otra vez Platón es un ejemplo, fue nulo, adoptaron el otro camino, la otra conducta: imaginar mundos perfectos en los que la injusticia, la infelicidad, el dolor, la incomodidad y aun la muerte, estuvieran prohibidas, desterradas, abominadas.
Esas construcciones, como no estaban en ninguna parte, salvo en las mentes y los escritos de quienes las concebían, fueron llamadas utopías y a lo largo de los siglos lo fueron de todos los colores. San Agustín imaginó la “Ciudad de Dios”, pura armonía y esperanza de vida eterna; Tomás Moore algo más mundano y terrenal, tal vez inspirado por los relatos de Marco Polo que observó que todo andaba muy bien en los dominios del Gran Can, donde incluso se comía pasta, y así otros, el deseo de una existencia mejor no cesó hasta llegar al siglo XX.


Tal vez se hayan seguido concibiendo esos mundos perfectos, no sólo imaginándolos: la experiencia soviética de 1917 puede muy bien ser eso, terminó como terminó pero todavía sigue siendo visto como un modelo posible de concreción de la utopía. Siguiendo esa huella, u otras de diverso signo, tal vez en alguna medida y para algunos, la perfección, o su búsqueda, no sea tan utópica gracias a la formidable expansión tecnológica que día a día ofrece soluciones hasta hace pocos años impensadas y que mejoran, sin duda, un vivir lleno de problemas, de enfermedades y de molestias. Es claro que se trataría de otra clase de utopía, que no es necesario poner en un libro, pero que se empieza a ver en usos y prácticas.


Pero, volviendo a las utopías clásicas, en ninguna de ellas, por empezar a distinguir peculiaridades, se propone un regreso a la naturaleza, a alimentarse con los frutos que cuelgan de los árboles ni a fornicar libremente, cuando se tengan ganas: son raros los que se vanaglorian de vivir en pleno campo, sin luz eléctrica, sin teléfono, sin televisión, sin drenaje ni agua corriente pero algunos hay sin que sean necesariamente hippies. Al contrario, las utopías descansan sobre estructuras racionales y urbanas, su objetivo es la satisfacción y su condición la regla, algo así como un mundo de semáforos en el cual lo único que tendría sentido es el movimiento y la circulación, no todas esas demoras en las que los seres humanos creen que vale la pena vivir y que traen tantas complicaciones, la conversación, la amistad, el amor, el pensamiento, el placer, la lectura y todo lo que es propio de este mundo perturbado e injusto. Pero, pese a esa condición general, también hay utopías, o intentos utópicos, que preconizan un regreso a la naturaleza; fueron pensadas por espíritus anarquistas y en ellas las reglas eran abolidas, así como el interés material e incluso la avidez productiva: Macedonio Fernández y algunos amigos lo intentaron en algún lugar del Paraguay pero los mosquitos y las víboras limitaron esa bella libertad.


Una de esas construcciones, acaso la más desesperanzada y brillante, fue Un mundo feliz, de Aldous Huxley. No es difícil advertir la ironía que respira la descripción de tanta perfección: la ciencia, pero qué ciencia, atiende a todo, acude a las necesidades más elementales y el conjunto de satisfactores exime de toda rebeldía y hasta de la imaginación, pero también del hambre y, solución extraordinaria, con una droga llamada “soma”, del orgasmo que se obtiene a pedido sin necesidad de cortejo, de seducción o aún de ganas, no hablemos de amor.


En ese mundo perfecto, para evitar ideas raras y ocurrencias extravagantes, no hay libros: como están prohibidos parece que no hacen falta, se castiga todo intento de tenerlos y, por supuesto, de leer. Pero, ¿no hay libros? Queda uno, es un Shakespeare –de quien sale la expresión “mundo feliz”– que se salvó de la barredora y que, gastado por el uso, aparta de la felicidad organizada a su poseedor.


Huxley muestra con esta novela –se trata de una utopía– que es un visionario por partida doble. Por un lado, vislumbra lo que puede ser un mundo en el que, apoyada en la ciencia aplicada, la cultura capitalista –entre producción y consumo–, procura, aunque no llegue a tan radical perfección, y, por el otro, la destrucción que le espera. Salvo, por cierto también, lo que salva, si no a ese mundo al menos a los seres que se resisten a sus espejismos: es el solitario volumen, el libro, el LIBRO se diría.


Así, pues, lo que queda, lo que siempre queda luego de todo proyecto o intento de absoluto, es saber qué pasó, por qué fracasó y el hecho de que necesariamente se concreta en un escrito, un libro, con sus contradicciones y oscuridades, con lo que sustrae y ofrece y que entra en acorde con los precedentes y los futuros. Comprobación algo tristona pero, por otro lado, esperanzada si no se pretenden soluciones sino la percepción de una llamita que emana de la escritura y que, sorprendentemente, tiene el poder de iluminar.


¿A qué viene todo esto y este resurgimiento de un libro que cuando salió, hace casi un siglo, debió parecer producto de un sueño de un inglés neurótico que, a lo mejor, preveía que un hiper desarrollo científico y tecnológico podría destruir lo humano envolviéndolo de presuntos bienes por los que ni siquiera tendría que luchar? ¿Habremos llegado, aunque a los tropezones, en los espejismos de la confusa oferta con que nos sacuden a diario, un subproducto pervertido de la ecuación “producción-consumo”, a algo cercano a esa nefasta utopía?


Es innecesario decirlo: ¿quién puede discutir que es legítimo que los seres humanos, sobre todo los que tienen poco, quieran vivir mejor, siempre mejor? Responder a ese deseo entra en el campo de lo político y genera diferencias entre proyectos y capacidad de llevarlos a cabo con éxito, pero ahí no termina la cosa: cuando quienes tienen todo quieren “vivir mejor”, “más mejor” se diría; el cambio es notorio, se produce una acumulación de bienestar inmediato y material, no es que quieran leer más o escuchar mejor música, se pierde la noción del contraste, se razona en relación con lo que uno es capaz de permitirse –restaurantes caros, viajes a países remotos e igualmente caros– porque se lo puede pagar, el futuro deviene un campo de batalla en el que el texto del triunfo se escribe en la ropa de marca y en las tarjetas de crédito, los suspiros de satisfacción brotan de los bienes que se poseen y terminan por sustituir los bramidos del orgasmo, como si ejecutivos, políticos, industriales, comerciantes, abogados y otros miembros de esa clase, refugiados en utópicos y bellos reductos, consumieran, cuando no cocaína, el “soma” que había imaginado Huxley y que prometía el placer sin necesidad de moverse.


De eso, precisamente, se trata. Una encantadora vendedora de medicamentes de una farmacia céntrica me dice, mirándome significativamente, que los antihistamínicos, los antiarrítmicos, los antigripales, los antiácidos, que hasta hace unos años encabezaban la lista de los más pedidos han sido desalojados de los primeros puestos que ahora ocupa, soberanamente, el Viagra, y quienes más lo compran son jóvenes, no esos ancianos anhelantes que gracias a esa droga mágica buscan lo que puede ser el último y glorioso suspiro.


¿Cómo entenderlo sin preguntar? ¿Será solamente un querer más de quien en principio disfruta de una sexualidad joven y en principio también, sana, a la manera de ese anhelante “más” que se emite entre espasmos en el momento culminante del encuentro pero obtenido ahora, gracias a la química? Puede ser, habría que ver, habría que ser un Kinsey o un Masters y Johnson para determinarlo pero yo, osadamente, lo entiendo como manifestación de ese cansancio que sobreviene cuando se lo tiene todo y han desaparecido los estímulos para lograr un poco. En otras palabras, sería algo así como el final de una modesta utopía, la que ofrece la increíble revolución tecnológica que nos asombra y oscurece cada día.

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Sábado, 06 Agosto 2016 08:08

Guerrillero busca empleo

Guerrillero busca empleo
A las puertas de un acuerdo de paz con el Gobierno de Colombia, miles de milicianos de las FARC tendrán que dejar las armas para reintegrarse en la sociedad

 


La primera vez que Jhonier Martínez vio al máximo comandante de las FARC, Timochenko, estaba en una pantalla gigante en una sala de la cárcel de La Picota, de Bogotá. “Camaradas, siento una emoción muy grande de poderlos saludar, así sea de forma virtual”, empezó Timoleón Jiménez desde La Habana, con camiseta gris y sonrisa de líder con buenas noticias. Unos 150 guerrilleros se miraron incrédulos, impresionados de verlo en directo.

 

Era el 10 de junio, el día en que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) empezaron a explicar a sus combatientes presos qué va a ocurrir ahora que el principal grupo rebelde del país está a punto de cerrar un acuerdo de paz con el Gobierno para poner fin al conflicto armado más antiguo de América Latina. “Cuando saludó a los camaradas fue emotivo y la guerrillerada recibió con satisfacción que haya sido él personalmente quien estuviera en la pedagogía. Es un estímulo saber que a pesar de que estamos en manos del enemigo, nos tienen presentes”, cuenta Martínez. Condenado a 36 años por terrorismo, homicidio y rebelión, lleva 14 años entre rejas y ahora espera un acuerdo inminente para la transformación de la guerrilla comunista en partido político: “Aquí en la cárcel estamos preparados (...) Nuestra consigna primordial es la paz y la paz se construye haciendo política”.

 

Desde Cuba, donde el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla ultiman sus diálogos para acabar con más de medio siglo de enfrentamiento, el líder de las FARC respondía a inquietudes y explicaba punto por punto los acuerdos alcanzados desde noviembre del 2012: una reforma agraria, la erradicación de los cultivos ilícitos, la reparación a las víctimas o un sistema complejo de justicia de transición que prevé penas de hasta ocho años para los responsables de delitos de lesa humanidad, para quienes contribuyan a esclarecer los hechos, pero que sigue dejando los interrogantes de unos 2.500 combatientes de esa guerrilla reclusos en las cárceles de todo el país.

 

Tampoco los 8.000 guerrilleros que siguen en armas en las selvas de Colombia, y otros tantos milicianos, saben qué va a pasar con ellos el día después de que dejen las armas. El 23 de junio, tras casi cuatro años de negociaciones, el Gobierno y las FARC anunciaron los pasos y el calendario del alto el fuego definitivo: firmada la paz, la guerrilla se concentrará en 23 puntos en zonas rurales de su influencia para desarmarse en un plazo máximo de seis meses bajo la supervisión de la ONU. Además de en las cárceles, la guerrilla hace pedagogía en sus campamentos. El Gobierno, que coordina esos actos en las prisiones, avanza por su parte en zonas rurales, colectivos de víctimas, de jóvenes o el sector privado.

 

A Wilson López, uno de los 30 guerrilleros amnistiados por el Gobierno como gesto de confianza hace seis meses, volver a la calle casi le costó la vida. Cuando llegó a Medellín, donde radica su familia, empezó a recibir amenazas de muerte y tuvo que regresar a la clandestinidad. “¿No estamos en un proceso de paz? ¿No vamos a vivir en paz? Entonces, no voy a estar huyendo”, reta, con la espalda firme pero resignado, en la segunda ciudad del país y bastión de la oposición más dura al proceso, encabezada por el expresidente Álvaro Uribe. El Gobierno, cuenta, le ofreció protección –dos escoltas y un coche blindado– pero él la rechazó porque con tanta seguridad uno se convierte en un blanco y optó por ir despistando al enemigo con cambios constantes de casa, de ruta, de trabajo y de móvil. Tiene una lista con diez o doce números, pero eso no le evita llamadas por la noche ni que sus sobrinas vivan asustadas por las piedras que caen sobre su casa.

 

Los Rastrojos, quienes firman las cartas en las que lo declaran “objetivo militar”, asegura, son una de las tres mayores bandas criminales del país, que se han convertido en el principal reto de seguridad para el Estado. Estos grupos dedicados al narcotráfico, la minería ilegal o la extorsión disputan territorio a las guerrillas. Mientras los enfrentamientos de las FARC están en mínimos históricos, especialmente desde la tregua unilateral proclamada en julio del 2015, el Gobierno declaró en marzo la guerra a las bandas criminales y permitió usar contra ellas “todas las fuerzas del Estado”, incluidos los bombardeos aéreos y la artillería pesada.

 

En el conflicto de Colombia, que ha dejado más de 220.000 muertos, 45.000 desaparecidos y casi siete millones de desplazados, la violencia ha involucrado además de a las FARC y el ejército a paramilitares y otros grupos guerrilleros.

 

El acuerdo sobre alto el fuego alude específicamente a estos grupos derivados del paramilitarismo y obliga al Gobierno a proteger a las FARC de sus amenazas. López considera que con estas intimidaciones los acuerdos de La Habana y toda su puesta en marcha se tambalean. Entre los rebeldes siguen vivos los recuerdos de viejos procesos fallidos y el temor de que se repita la sangría de la Unión Patriótica, el partido formado por guerrilleros desmovilizados en los años ochenta que vio caer a unos 3.000 militantes a manos de grupos de extrema derecha. “Dios quiera que el Estado cumpla lo que está diciendo, que no sea una patraña para exterminar a la gente cuando esté trabajando”, continúa este hombre que sólo quiere volver a cultivar el campo. “Vamos a trabajar por nuestra revolución, porque algún día este país sea libre, andemos tranquilos, haya paz. Yo cargaba el fusil por esta idea y ahora que salí a la vida civil mi intención es hacer política por mis comunidades campesinas, por los más pobres”, explica López, que sigue considerándose guerrillero pese a haber dejado el arma.

 

En los primeros cuatro meses de este año, doce defensores de los derechos humanos fueron asesinados, según datos oficiales, una violencia contra políticos creciente y cada vez más focalizada, según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac). “La violencia no pertenece sólo al conflicto y las FARC han hecho llamamientos constantes en ese sentido que hay que atender”, afirma Jorge Restrepo, director del Cerac. Por la naturaleza de la guerrilla, estima el experto, su reintegración va a ser principalmente en comunidades rurales y su participación política será muy importante a nivel local en zonas rurales, justo donde más amenazas se registran.

 

León Valencia, analista político y exguerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN), segundo grupo insurgente de Colombia, con unos 2.000 combatientes, no descarta asesinatos esporádicos en esas zonas conflictivas, pero duda de una sangría como la que vivió la Unión Patriótica. “La comunidad internacional está muy presente, una parte mayoritaria de la élite política ya no está por apoyar esa actitud genocida y hay un sector importante de las fuerzas militares comprometido con la paz, algo que antes no era así”, afirma, pero advierte de que “las cosas no están saldadas y se está matando a gente por hacer política de izquierda”. Otro de los riesgos, destaca, es que rebeldes de las FARC pasen a otros grupos, como el ELN.

 

No sólo los guerrilleros que dejen las armas en los próximos meses tienen miedo de volver a la vida civil. Marcela Peña, de 28 años –y que se llama de otro modo pero teme ser identificada–, lleva ocho en un proceso de reintegración. De familia campesina, entró en las FARC a los 13 años porque en su pueblo no había colegio y su padre no pudo mandarla a otro lugar. “La primera vez que salí a la ciudad me atropelló una moto porque yo no sabía ni cruzar la calle”, dice ahora, a punto de terminar la carrera de Derecho, casada y con un bebé de 11 meses.

 

Llegó a Bogotá huyendo y se levantaba a las cuatro de la madrugada todavía con el gesto de calzarse el chaleco y el fusil. Pero a esa hora, nadie estaba despierto en la capital. Aprendió a despertarse a las ocho, empezó a buscar trabajo y cuando le preguntaban por su experiencia se quedaba en blanco. “No puedes decir que vienes de la guerrilla porque todos nos consideran bandidos. No ven que somos gente que reímos y lloramos”, explica. También en la universidad tiene que tragar saliva cuando sale el tema: ella apoya la inclusión y sus compañeros rechazan que los rebeldes compartan clases con ellos sin saber que ya lo hacen.

 

El 63% de los colombianos contrataría a un desmovilizado

 

El 63% de los colombianos está dispuesto a contratar a un desmovilizado y el 73% apoya que sus hijos compartan clases, según las últimas encuestas estatales. Los excombatientes, sin embargo, siguen viviendo entre la vergüenza y el anonimato. Las FARC llevan, además, décadas en la selva, sin internet ni teléfonos. El propio Timochenko admitió ante los reos su “susto” por hablar por videoconferencia. “Es mi primera vez”, afirmó con otra sonrisa. Para Valencia, si la guerrilla quiere convertirse en un partido político solvente debe “modernizarse” no sólo a nivel tecnológico, sino también adaptar su discurso y estar dispuesta a crear coaliciones con otras fuerzas de izquierda, algunas de ellas con buenas experiencias en la incorporación de exguerrilleros en las altas esferas del poder, incluida la alcaldía de Bogotá, con Gustavo Petro.

 

La escolarización de los excombatientes es la parte que más tiempo les lleva en su paso del frente a la ciudad: entre los que llegan a la Agencia Colombiana de Reintegración (ACR) alrededor del 70% son analfabetos, proceden de zonas rurales y pocos retornan a sus pueblos. “Generalmente no regresan a su entorno porque, como operaron allá y desertaron del grupo, por su seguridad no es muy seguro regresar. Es probable que ante una desmovilización colectiva o masiva sí retornen a sus zonas”, prevé Lucas Uribe, coordinador de programas de la ACR, que desconoce cuál será el papel de esta institución en el posconflicto. Desde que empezó a funcionar, en el 2003, la ACR ha atendido a unos 17.000 excombatientes de esta guerrilla.

 

Cuando en La Habana se acaben de definir las líneas de la reintegración los guerrilleros sabrán si optan por instalarse en la ciudad o si se dedican al campo, si hacen política vinculados a las FARC o si siguen por su lado; y qué opciones tendrán para tomar sus decisiones. Hasta ahora, la idea de la paz les provoca esperanza mientras dudan sobre su seguridad y situación jurídica. “Si se dan todas las garantías para que la batalla de las ideas pueda tener resultados y que se dé una garantía de seguridad para salvar la vida, allí estaremos –asegura desde la cárcel Martínez–. En muchos aspectos no confiamos en el Gobierno; por más de 50 años se ha tenido un adoctrinamiento de enemigo interno y generaciones sucesivas crecieron con una mentalidad de guerra, de odio enmarcado dentro de esa sangre del pueblo contra los revolucionarios. Tumbar eso es difícil”.

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Jueves, 04 Agosto 2016 07:33

Buenas semillas

Buenas semillas

 

 

Siembra buena semilla y ponte a cosechar que en este mundo loco todo puede pasar, es el estribillo de Cuándo será, una bella canción del grupo argentino colombiano Che Sudaka. Y cuánta verdad porque, como estamos viendo en los últimos años, por toda América Latina se están replicando peligrosos decretos para aniquilar el campo, siguiendo con los versos de estos amigos que disfruto en Barcelona.

 

El turno le ha llegado a Ecuador donde se está discutiendo una nueva Ley de Semillas con intereses claros de priorizar y apoyar la expansión del uniforme ejército de semillas certificadas y transgénicas que comercializan empresas como Monsanto o Syngenta. En el caso de Ecuador la locura se agrava doblemente cuando pensamos, por un lado, en los riesgos que esta expansión puede suponer para la biodiversidad de su territorio, donde se sabe que la población está utilizando más de 5 mil 100 especies vegetales y, por otro, porque, como recuerda la Red de Semillas de Ecuador, su país “no es firmante del tratado UPOV 91 (convenio internacional que obliga a crear sistemas nacionales de control de semillas, con catálogos llenos de requisitos técnicos donde en la práctica ingresan mayoritariamente semillas comerciales híbridas y transgénicas, mientras el resto es excluido), bien al contrario, su Constitución, con una visión diametralmente opuesta y desde el reconocimiento de la necesidad de soberanía alimentaria, hace responsable al Estado de promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de los saberes ancestrales vinculados a ella, así como el uso, la conservación e intercambio libre de semillas.

 

Cuando vayas donde vayas todo son vallas, leer la palabra libre en una Constitución es equivalente a ese rayo de sol que hace que la semilla acostada en la tierra decida despertar. La semilla es un bien común que pertenece a la humanidad, dice la declaración de la Red de Semillas, no puede ser objeto de apropiación por parte de intereses privados, ni por parte del Estado. Al igual que el aire, el sol o la sonrisa de nuestros hijos, pertenece por igual a cada ser humano sobre el planeta. El acceso a la semilla es un derecho humano básico, e incluye el derecho a adquirir, adaptar, mejorar, multiplicar, intercambiar, regalar y vender.


Los argumentos que esgrimen quienes desean enjaular a las semillas nativas, criollas, autónomas y soberanas, aunque los disfracen de científicos, tampoco tienen validez. Cuando el mundo sigue produciendo mucha más materia agrícola que la necesaria para alimentar a la población, la supuesta mayor productividad de las semillas certificadas o transgénicas no es necesaria ni trascendente. Pero si de productividad queremos seguir discutiendo, hay que puntualizar que el hecho de que un campo produzca más o menos depende de muchos factores, sí, y entre ellos la semilla, pero el fundamental es la calidad de la tierra y el modelo de agricultura industrial el cual, con las prácticas asociadas a las exigencias del cultivo de dichas semillas, es el que realmente lo agota. Sin olvidar que con los cambios climáticos que están llegando es fundamental la capacidad de adaptarse a miles de diferentes condiciones y ahí, de nuevo, las semillas criollas y locales son las más apropiadas, como también ha quedado demostrado que los paisajes dibujados por una agricultura biodiversa son más resilientes a plagas y enfermedades que los monocultivos grises y envenenados que emanan del cultivo de las semillas industriales que la ley quiere primar.


Finalmente, es un posicionamiento entre riqueza y pobreza. Defender la pobreza de diversidad que aflora de las semillas certificadas como base de la agricultura de un país es defender la riqueza que en los bolsillos de las multinacionales de la alimentación se puede acumular. Defender la riqueza cultural, ecológica, patrimonial de las semillas libres es defender la posibilidad de que la Vida siga reproduciéndose.


Y el posicionamiento campesino es claro: “NO debe imponerse ninguna forma de regulación, registro o certificación a las semillas nativas; NO debe limitarse el derecho de la población a guardar, transportar, intercambiar y vender sus semillas; NO debe declararse a la semilla ‘recurso estratégico del Estado’ ni en ninguna otra categorización que atente contra la propiedad y el libre uso de la semilla por parte de los pueblos y nacionalidades. En cambio, SÍ debe imponerse un control a las semillas de tipo industrial, manejadas por empresas de grandes capitales; SÍ debe mantenerse la prohibición constitucional a los transgénicos y reglamentarse mediante la creación de los organismos de regulación pertinentes y sanciones. SÍ debe mantenerse la prohibición constitucional de otorgar derechos de propiedad intelectual (patentes) sobre organismos vivos y conocimientos ancestrales.”


NO a sus locuras.

 

 

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Una mirada del movimiento social de mujeres al plan de desarrollo de Medellín

 

El siguiente texto recoge las apreciaciones surgidas a través de la participación en el proceso de incidencia realizado por la Mesa de Trabajo Mujer de Medellín para la incorporación de las propuestas de la agenda ciudadana de las mujeres en el plan de desarrollo de la actual administración municipal.

 

 

 

Un poco de contexto

 

Medellín es un municipio colombiano, capital del departamento de Antioquia. Es una ciudad habitada por 1.316.499 mujeres y 1.170.2241 hombres, es decir el 52.9% son mujeres y 47.1% son hombres, datos para el año 2015.

 

Es pertinente enunciar que en los años noventa la ciudad vivió una crisis socioeconómica: se luchaba una guerra por el control territorial entre diferentes actores armados las milicias urbanas de la guerrilla, las autodefensas y grupos delincuenciales alimentados por el narcotráfico, llegando a ser el municipio con la tasa de homicidios más alta en el mundo, y a la vez se presentaba el declive de la industria textil generando altas tasas de desempleo, que para el año 2000 rondaba el 20%.

 

Esta situación convoca a diferentes actores tanto institucionales (locales y nacionales) como de la sociedad civil a liderar procesos para la construcción de un futuro común a partir de dar solución a las problemáticas que aquejaban a la ciudad. Y esto se vio reflejado en los diversos planes de desarrollo de los años 2000, bajo estas propuestas políticas se ha promovido una imagen de ciudad con liderazgo económico, arquitectónico y urbanístico que ha servido para la implantación de un discurso de progreso basado en la narrativa de la competitividad, un territorio re-construido para ser parte de la globalización económica, para promover alianzas pública-privada y ciudad mercancía al competir exitosamente en concursos sobre urbanismo. Pero, todavía se tiene la deuda pendiente con respecto a la reducción de brecha que existe entre los más ricos y los más pobres del municipio ni tampoco se ha modificado la dinámica de las violencias en la ciudad, cuyo control territorial está en manos de las bandas delincuenciales.

 

En el actual Plan de desarrollo-Medellín cuenta con vos se evidencia que:

 

“aunque Medellín ha venido reduciendo las condiciones de desigualdad, las disparidades de los ingresos persisten... con la pobreza es necesaria la implementación de políticas que vayan en procura, más que de la igualdad de ingresos, de equiparar oportunidades de los ciudadanos para de esta forma lograr una ciudad que crezca de manera equitativa” (Alcaldía de Medellín, 2016, p. 82).

 

Esto hecho se refuerza con los siguientes datos:

 

Tabla 1. Coeficiente de Gini para Medellín y su área metropolitana (A.M)

 

 

 
 

Medellín A.M
20020.547
20100.538
20130.506

 

 

 

 

 
 

Fuente: Dane

 

 

 
22 años construyendo ciudadanía desde la diversidad de las mujeres

 

Bajo el contexto anteriormente señalado nace la Mesa de Trabajo Mujer de Medellín-Mtmm como expresión del movimiento social de mujeres que acoge los postulados del feminismo acerca del poder colectivo de las mujeres y su énfasis es la participación política en el marco de la exigibilidad de un buen vivir para las mujeres, a través de ejercicio de interlocución política en los procesos de planeación con una herramienta política como son las Agendas Ciudadanas, carta de navegación y negociación construida por las mujeres desde sus experiencias y propuestas para la exigibilidad con argumentos de sus derechos. La Agenda Ciudadana de las Mujeres 2015-2019, pretende reflejar la diversidad de las expresiones del movimiento social de mujeres en Medellín y desde ahí plantea propuestas para solucionar las problemáticas, además se introduce el enfoque de paz construido colectivamente, dados los diálogos con la guerrilla de las Farc.

 

 
Algunas cifras con respecto a las mujeres en Medellín

 

Pese a la intención de nuestro ejercicio político y al avance en lo jurídico la vulneración de los derechos de la mujer continua, algunas cifras extraídas del anteproyecto de plan de desarrollo así lo evidencian:

 

Con este panorama se logra a través de la incidencia de la Mtmm y otras expresiones del movimiento social de mujeres la incorporación del enfoque de género en el actual plan de desarrollo el cual versa: “garantizar que en Medellín las mujeres y los hombres tengan igualdad de derechos y equidad de oportunidades es el propósito del proceso de transversalización del enfoque de género en el Plan de Desarrollo “Medellín cuenta con vos 2016-2019”. En este sentido se desarrollarán acciones afirmativas para avanzar en condiciones de equidad de género que posibiliten para las mujeres una vida libre de violencias, con autonomía económica y potenciada para la participación social y política en la ciudad y los corregimientos. (Alcaldía de Medellín, 2016, p. 48).

 

Esta posición cualifica el modelo de equidad social que se pretende construir, sin embargo, es pertinente aclarar un poco más el concepto, pues al introducir esta mirada al desarrollo es necesario construir programas que aporten al cierre de las brechas de inequidad en temas tan álgidos como las violencias contra las mujeres y la feminización de la pobreza, con la urgencia de este momento histórico del país con el acuerdo de la Habana que pone en primera línea el rol y consecuencias de la guerra en la vida y cuerpo de las mujeres. Y para cambiar estas situaciones se requiere una mirada estratégica y política al momento de asignar los recursos económicos que permitan la superación de las brechas de género, pues se ve con preocupación cómo se ha disminuido el presupuesto de la Secretaria de las Mujeres, ya que en el 2008 estaba alrededor de 60 mil millones, en el 2011 de 56 mil millones, y en el 2016 bajo a 38 mil millones, los cuales están destinados para los cuatro años de la siguiente forma: Programa-Medellín segura para las mujeres y las niñas con $13.450.019.238, los recursos destinados a superar las brechas en tema de autonomía económica son de $18.810.000.000, el dinero para la trasversalización de la perspectiva de género es de $4.816.464.805 a sabiendas que los proyectos que intencionaron como sello diferenciador con enfoque de género son 58 distribuidos en diversas secretarias y con respecto a propiciar medidas de construcción de paz que favorezcan a las mujeres se define un proyecto denominado Mujeres memorias de la guerra, protagonistas de la paz con un presupuesto de $1.232.854.964. Estas cifras solo representan un 8% del presupuesto total del municipio para los cuatro años, lo cual genera incertidumbre y desasosiego frente a soluciones efectivas que respondan a la situación de precariedad de las mujeres en el territorio.

 

 

Para continuar nuestro caminar

 

Y consecuentes con nuestro espíritu de aportar a la gobernanza como ciudadanas, en el proceso de implementación del plan de desarrollo volvemos a reiterar la necesidad de incorporar en el diseño y análisis del presupuesto de la municipalidad la propuesta técnico política denominada los presupuestos sensibles al género, el cual busca comprender que las mujeres tienen oportunidades de acceso al desarrollo menores que los hombres, debido a la desigualdad y la discriminación histórica que han sufrido en distintos ámbitos de la sociedad, por lo anterior los presupuestos deben apuntar a las brechas de género y su finalidad es disminuirlas o eliminarlas, por medio de la transversalización del género en programas y proyectos para tal fin.

 

Como movimiento social de mujeres seguiremos con nuestro papel de actoras políticas constructoras de ciudad a través de nuestro accionar político desde una propuesta simbólica-política, y recordando a Fabiola Lalinde1 seguiremos siendo el Siriri,ya que nuestro movimiento está marcado por el insistir, re insistir y nunca desistir pues mientras los gobiernos retroceden nuestros derechos, las mujeres juntas avanzamos, nuestra consigna en la movilización del 8 de marzo de este año.

 

 

 

Tabla 2. Situación de las mujeres en Medellín evidenciada en el plan de desarrollo “Medellín cuenta con vos”

 

 

 
Problematica
Pàgina
 
  

 

En Medellín 124 de los 252 homicidios fueron clasificados como feminicidios por la Comisión Primera del Consejo de Seguridad Pública para las mujeres, cifras 2015.

 

 157 
 

 

La problemática de la violencia intrafamiliar está presente en todas las etapas de la vida de las mujeres. Lo anterior lo corrobora Theta, toda vez que durante el 2015 se registraron 241casos por cada cien mil habitantes, de los cuales el 84,1% tuvo como víctima a una mujer. Sin embargo, hay algunos rangos de edad en los cuales las mujeres son más propensas a ser víctimas: en el 32% de los casos las mujeres víctimas tenían entre 40 y 59 años, en el 28% tenían entre 29 y 39 años y en el 26% tenían entre 18 y 28 años. En 682 casos las víctimas fueron menores de edad.

 

 159 
 

 

Según el informe de Caivas (Centro de Atención a Víctimas de Violencias Sexuales de la Fiscalía), entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de noviembre de 2015 se presentaron 4.612 denuncias por delitos sexuales. El 88% de ellas registraron como víctimas a mujeres. Por su parte, los delitos como acceso carnal violento, acto carnal abusivo con menor de catorce años, actos sexuales con menor de catorce años e inducción a la prostitución, concentraron el mayor número de las denuncias. No obstante, el delito de actos sexuales con menor de catorce años es el que concentra la mayor cantidad de denuncias, con una participación del 39%. Las principales víctimas de violencia sexual son las niñas entre 0 y 17 años, con el 71% de los casos. Sin embargo, las violencias sexuales están presentes en todas las etapas de la vida de las mujeres.

 

 160 
 

 

Medellín contó a 2014 con 796.200 hogares, de los cuales una gran proporción poseían vivienda en estratos socioeconómicos de nivel bajo-medio 1, 2 y 3 (79,6%). En su distribución, 68.054 habitaban en los corregimientos (9,0%) y 728.146 en las comunas de la ciudad (91,0%). Del total de hogares cabe destacar que un 50,1% tuvo como cabeza de hogar a una mujer (Medellín contó a 2014 con 796.200 hogares, de los cuales una gran proporción poseían vivienda en estratos socioeconómicos de nivel bajo-medio 1, 2 y 3 (79,6%). En su distribución, 68.054 habitaban en los corregimientos (9,0%) y 728.146 en las comunas de la ciudad (91,0%). Del total de hogares cabe destacar que un 50,1% tuvo como cabeza de hogar a una mujer.

 

 219 
 

 

Según la Encuesta de Calidad de Vida para 2014 tan solo el 21,4% de las jefas de hogar recibieron ingresos mensuales por actividad de ocupación.

 

 226 
 

 

Se resalta que existe una diferencia significativa en la tasa de desempleo para mujeres y hombres: para el año 2015 en las mujeres fue del 10,7% y en los hombres fue de 7,5% (una brecha de 3,2 pp).

 

 285 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Corporación Vamos Mujer. Mesa de Trabajo Mujer de Medellín

1 Mujer líder que logro después de muchos años encontrar su hijo muerto en una ejecución extrajudicial por parte del ejército colombiano.

 

 Bibliografía


Alcaldía de Medellín. (2001). Plan de Desarrollo de Medellín 2001-2003 Medellín Competitiva. Medellin, Antioquia, Colombia: Gaceta Oficial del Concejo de Medellin.
Alcaldía de Medellín. (2004). Plan de Desarrollo 2004-2007. Medellín compromiso de toda la ciudadanía. . Medellin, Antioquia, Colombia: Concejo de Medellín.
Alcaldía de Medellín. (2008). Plan de Desarrollo 2008-2011. Medellín es solidaria y competitiva. Medellín, Antioquia, Colombia: Concejo de Medellin.
Alcaldía de Medellín. (2012). Plan de Desarrollo 2012 -2015. “Medellín un hogar para la vida”. Medellin, Antioquia, Colombia: Concejo de Medellin.
Alcaldía de Medellín. (2016). Pliego de modificación 01. Proyecto de acuedo 011 de 1016. Plan de desarrollo Medellin cuenta con vos. Medellín: Alcaldía de Medellín.
Alcaldía de Medellín. (2016). Pliego de modificaciones 01. Proyecto de acuerdo 011 de 2016. Plan de desarrollo Medellin cuenta con vos. 2016-2019. Medellin : Alcaldía de Medellín.
Cicr y el Programa Mundial de Alimentos. (11 de Marzo de 2008). s.wfp.org/noticias/comunicado/colombia-ocho-informes-preparados-por-el-comité-internacional-cruz-roja-cicr-y-el-pma-presentan-una-. Recuperado el 5 de junio de 2016, de http://es.wfp.org/
MESA DE TRABAJO MUJER DE MEDELLÍN. (2015). AGENDA CIUDADANA DE LAS MUJERES PARA MEDELLIN. 2015-2019. MEDELLÍN: MESA DE TRABAJO MUJER DE MEDELLÍN.

 

 

 

Publicado enEdición Nº226
Martes, 12 Julio 2016 08:19

Luces y sombras de Theresa May

Luces y sombras de Theresa May

La sucesora de David Cameron no siempre ha sido firme en sus posturas y ha ido cambiando con el paso de los años

 

Hace poco más de 25 años, Margaret Thatcher dejaba el cargo de primera ministra. Fue la primera mujer que lo ocupó. Ahora otra mujer conservadora, Theresa May, se mudará al número 10 de Downing Street, pero ya dejó claro que aunque siente admiración por su predecesora, quiere recorrer y marcar su propio camino, pues en política no tiene modelos.


Esta mujer de 59 años, casada y sin hijos, ha ocupado desde 2010 el puesto de ministra del Interior y es parlamentaria por un distrito londinense desde 1997. Aunque en 2007, tras la marcha de Blair y que Gordon Brown asumiera el cargo sin elecciones, criticó a los laboristas, Theresa May tiene pensado gobernar hasta 2020 sin pasar por las urnas.


Inmigración


Theresa May no era partidaria de reducir la inmigración anual neta a 100.000 personas. Era un objetivo de su Gobierno y se la criticado por no cumplirlo. El último recuento fue de 330.000 personas. Pese a no ser su propuesta, ha intentado cumplir con ella.


Una de sus decisiones más polémicas para reducir la inmigración de fuera de la Unión Europea (UE) era no permitir la reunificación familiar a menos que el residente en Reino Unido ganara un mínimo de 18.600 libras anuales. Ha habido recursos al supremo y ha sido muy criticada por separar a padres de sus hijos. Otra controversia fue apoyar las furgonetas que ofrecían a los inmigrantes ilegales ayuda para retornar a sus países. Sólo 11 personas las utilizaron según los datos que recoge The Guardian.


Mujeres e igualdad


Uno de los momentos por los que es recordada se remonta a 2002, cuando se convirtió en la primera presidenta del grupo de los conservadores y alertó a los “tories” de que eran vistos como un “partido desagradable”, debido a su intolerancia con las minorías. Considerada una de las voces modernizadoras de la formación, May respalda la igualdad de sexos y apoya el matrimonio entre homosexuales, aunque en 2002 votó en contra de concederles el derecho de adopción.


Como ministra de Interior ha luchado contra la violencia doméstica. No obstante, se le reprocha el trato a las mujeres inmigrantes, no poniendo fin a la detención de mujeres embarazadas.


Derechos Humanos


Durante la campaña del referéndum Theresa May abogó por abandonar la convención europea de Derechos Humanos fuera cual fuera el resultado de la consulta, pues cree que no aportaba ninguna protección a Reino Unido por la prevención de expulsión de extranjeros peligrosos y no censura las violaciones de Derechos Humanos de otros países. Aunque ahora ya no cree que ello sea una buena idea.


Recibió alabanzas y reproches por deportar al clérigo radical Abu Qatada y por negarse a extraditar a EE.UU. al pirata informático Gary McKinnon, que accedió a los ordenadores del Pentágono.


Negocios y derechos de los trabajadores


En su intervención de este lunes, May añadió que bajo su mando el partido se pondrá “al servicio de la gente trabajadora (...) y garantizará que nuestra economía funcione realmente para todos”. Se ha comprometido a dar voz a los trabajadores en los consejos de administración, pero no siempre ha sido una firme defensora de los derechos de los trabajadores. Se oponía al salario mínimo obligatorio tras ser elegida en 1997.


Educación


En 2004 votó contra las tasas universitarias y en contra de elevar el precio de las matrículas, pero cuando entró al gobierno cambió el sentido de su voto respecto a estas cuestiones.

Publicado enInternacional
Viernes, 01 Julio 2016 07:40

La ingobernabilidad del neoliberalismo

La ingobernabilidad del neoliberalismo

El neoliberalismo puso énfasis en el tema de la ingobernabilidad. Habría un desequilíbrio entre los derechos afirmados por las leyes e incluso por constituciones y la capacidad del Estado y los gobiernos para garantizarlas. Una de las expresiones de esos desequilibrios sería la inflación, forma de apelar a un mecanismo incorrecto para cumplir con aquello para lo cual no habría recursos. De ahí también la obsesión neoliberal con la inflación, derivada de su preocupación con la existencia de “excesivos” derechos.


Pero no hay ingobernabilidad más grande que la impuesta por el neoliberalismo. Como gobierno de la extrema minoría –el 1 por ciento–, privilegia a los bancos, que representan al capital especulativo, que vive de explotar a los endeudados –gobiernos, empresas, personas–. Son por lo tanto gobiernos de la extrema minoría, gobernando en función de la reproducción de los endeudamientos, con elevadas tasas de interés.


Cuando Europa impuso las políticas de austeridad y los bipartidismos adhirieron a esa modalidad de los ajustes neoliberales, predominó la ingobernabilidad en todo el continente. Los gobiernos se han vuelto antipopulares, cada elección es una derrota de los mismos, se instaura el pánico político cada vez que los ciudadanos son llamados a votar.


El neoliberalismo trata de hacer de la ingobernabilidad su forma de hacer política, con el discurso que descalifica la misma política, el Estado, los partidos, los sindicatos, las elecciones, las empresas estatales. Pero es el imperio del mercado, del dinero, de la especulación financiera, de los paraísos fiscales y sus empresas off shore el que vuelve a las sociedades ingobernables.


Cuando el poder del dinero se impone sobre los derechos de las personas, la sociedad se vuelve ingobernable, porque no cabe la conciencia y la organización de la gente. El neoliberalismo se choca directamente con la democracia y trata de imponer regímenes autoritarios.


La democracia no es ingobernable. Los gobiernos progresistas de América latina han probado que cuando se respeta el derecho de todos, los gobiernos se vuelven más populares, más legítimos, más fuertes y más estables. Que el desarrollo económico con distribución de la renta es perfectamente posible, que no se trata de producir menos para menos gente, sino de producir siempre más, para más gente.


Se ha podido probar que una democracia no debe, nunca, quitar derechos a la gente, menos todavía a los más frágiles. O se gobierna para todos, o el gobierno se vuelve inestable y pierde legitimidad.


Compárense los gobiernos como los de México y Perú, que han mantenido el modelo neoliberal, con los que han avanzado en la superación del neoliberalismo en América latina, para que se vea cuáles han conquistado legitimidad y apoyo popular y cuáles no. La ingobernabilidad, como la ha planteado el neoliberalismo, es un instrumento para quitar derechos, no para ensancharlos, para debilitar y no para fortalecer a la democracia.

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Pactos con la Minga agraria: ¿los cumplirá el gobierno?

La Cumbre agraria y la Mesa Unica Nacional de Interlocución tendrá que dotarse de un instrumento y protocolo jurídico y político para darle estabilidad y blindar los recientes acuerdos que permitieron el levantamiento de la Minga de la resistencia agraria.

Como resultado de un arreglo entre el gobierno del Presidente Santos y la Minga de la resistencia indígena, campesina y afro, se ha suspendido la movilización y el bloque de las vías, entre ellas la Panamericana, a la altura del departamento del Cauca.

Se han firmado unos documentos y se planearon reuniones ministeriales y presidenciales para el 17 y 22 de junio del año en curso.

La pregunta que resulta necesario plantearse es si no asistiremos en los próximos días a la conocida elusión del gobierno y al desconocimiento rampante de cada uno de los puntos comprometidos.

Lo digo porque esa es la experiencia histórica desde el famoso levantamiento de los Comuneros del Socorro en Santander, al finalizar el siglo XVIII, hasta los más recientes paros y huelgas campesinas del año 2013, en las que la actual administración asumió unas responsabilidades, que después, una a una, fueron desconocidas por los Ministros y tecnócratas de Planeación Nacional para propiciar la frustración e indignación de las masas.

Conociendo tal circunstancia, se explica la decisión de la Mesa de diálogos de La Habana, por exigencia de las Farc, de establecer un instrumento jurídico/político meticuloso y bien pensado para darle estabilidad y seguridad al Tratado final de paz.

Es el protocolo que se incluye en el Acto legislativo de paz que en la actualidad está para control de exequibilidad de la Corte Constitucional, y aun así, las fichas parlamentarias de la mermelada se dieron mañas para colgar un mico que genera incertidumbre, por la mala fe con que se procedió.

Es lo que me hace plantear la sugerencia a los dirigentes de la Cumbre agraria, que se encontraran con el gobierno nuevamente, sobre la necesidad de establecer una herramienta contundente para impedir, que todo lo que se ha incluido en los documentos de cierre del reciente capítulo de la Minga, se haga humo y se tenga que regresar a la acción directa con bloqueos y acciones colectivas.

Un ingrediente central en tal sentido tiene que ver con las garantías y respeto por los derechos políticos de las masas agrarias. El reconocimiento de los campesinos como sujetos de derechos.

El reconocimiento de la Mesa Única Nacional como interlocutor directo y legitimo para bloquear el divisionismo y oportunismo que se promueve y paga desde el Ministerio de Agricultura.

Un paso en la dirección garantista es la disolución del Esmad y de todo el mecanismo policial contrainsurgente utilizado para sofocar e impedir el ejercicio de los derechos a la organización y la movilización.

Es por tal razón que resulta trascendente el reconocimiento de las competencias de las Guardias indígenas como instituciones autónomas de control social y territorial, dejando la Cumbre Agraria la constancia para seguir exigiendo el reconocimiento similar a las guardias cimarrona y campesina.

Una medida de tal magnitud debe estar acompañada de decretos y resoluciones inmediatas.

De igual forma es prioritario garantizar el acceso a los medios de comunicación para que la guerra mediática de los poderosos no estigmatice ni enlode los pliegos y el repertorio de la protesta utilizado por los movimientos populares.

Por eso se acordó con los campesinos e indígenas, iniciar la construcción de una política pública de comunicaciones para la paz entre la Cumbre y el gobierno nacional.

Que se expidan normas de la mayor jerarquía presidencial y ministerial para dar el reconocimiento institucional y político correspondiente a la Cumbre agraria y demás organizaciones, como interlocutores y agencias legitimas de la sociedad civil.

Que el gobierno expida de manera inmediata decretos y normas orientadas a perfilar el próximo Estatuto de garantías para los movimientos sociales, consensuado en el documento sobre participación política y democracia ampliada de la Mesa de diálogos de La Habana entre el Estado y las Farc.

Configuración de una Gran coalición de organizaciones de la sociedad de la sociedad civil, incluyendo medios independientes, alternativos y comunitarios de comunicación, que se encargue de la veeduría y seguimiento de los Pactos agrarios, la cual debe tener todas las garantías y apoyos gubernamentales. Tal alianza debe publicar informes permanentes de advertencia y llamados de atención a las partes para que los problemas que se pretende resolver con los diálogos.

De no ser así, lo que viene es pura baba y tal vez allí se esté armando un escenario para que pululen los Venus Albeiros Silvas de marras con sus conocidos fraudes y afrentas a la dignidad popular, que tanto le gustan al Ministro feudal de agricultura, el señor Iragorri.

Por supuesto, todo este esquema de blindaje debe ser replicado en las localidades, departamentos y regiones para que las autoridades locales asuman su responsabilidad y competencias respectivas.

Como quiera que esta propuesta tenga un referente concreto recojo en este artículo los detalles de los acuerdos hechos en el Cauca entre el Ministro Cristo y las organizaciones indígenas, campesinas y afro descendientes.

Se trata de una línea de base que permite medir al instante la implementación y verificación de cada uno de los puntos de las coincidencias.

Diez actas específicas y una general se firmaron el domingo 12 de junio, en Santander de Quilichao (Cauca) entre el gobierno Nacional y los voceros de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, como Mesa Única Nacional, como resultado del acuerdo para levantar el paro tras 15 días de movilizaciones en el país.

Estos son los principales puntos de lo acordado entre el Gobierno y las comunidades:

 

Campo de garantías.

 

El gobierno reconoce la protesta social como un derecho y se compromete a hacer un llamado a la no estigmatización y vinculación de la Cumbre y la Minga con grupos armados al margen de la ley.

El compromiso consiste en brindar plenas garantías al ejercicio del derecho a la protesta social en todo el país, y a acordar elementos centrales frente a los manifestantes judicializados, y al establecimiento de protocolos civilistas para la actuación de la fuerza pública frente a los manifestantes.

Se establece que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -OACNUDH- y la Defensoría del Pueblo harán el proceso de seguimiento, monitoreo y verificación a las garantías de seguridad y protección a las comunidades movilizadas en el territorio nacional.

 

Campo de Paz, participación y Derechos Humanos

El gobierno se compromete a combatir, investigar y judicializar las estructuras paramilitares actuantes en los territorios y a ofrecer garantías de protección a los líderes de organizaciones sociales que son acribillados con la complicidad de los cuerpos policiales y militares.

El gobierno nacional se compromete a crear una comisión de alto nivel para el análisis y recomendaciones que busquen soluciones de la crisis carcelaria.

Se realizará una Audiencia Pública en el Congreso para abordar la reforma tributaria y seguir con audiencias regulares para presentar la Agenda de País desde el movimiento social.

Las partes concertarán la creación de un mecanismo de participación efectiva e interlocución directa cuyo diseño y desarrollo se realizará en un plazo de 3 meses.

 

Campo de Tierras.

El gobierno se compromete a explorar la viabilidad jurídica del reconocimiento de otras figuras territoriales campesinas no incluidas en la ley 160 de 1994, que solo reconoce las Zonas de Reserva Campesinas. El plazo máximo será de 30 días calendario para conformar el equipo y otros 30 para la formulación del instrumento jurídico, incluyendo la financiación de la ruta respectiva.

Reconocimiento de los Territorios Campesinos Agroalimentarios.

Efectuar la identificación física y jurídica de las tierras productivas con el objetivo de restituirlas.

Realizar una identificación física y jurídica de las tierras productivas con fines de redistribución a campesinos sin tierra y poca tierra.

Reconocimiento político del campesinado por parte del Estado. El Ministerio de Agricultura se compromete a gestionar con el DANE la inclusión de la categoría ‘campesino’ en el censo nacional.

Derogar la Ley Zidres.

 

Campo minero energético.

Se conformará una comisión conjunta entre la Cumbre Agraria y el gobierno para revisar los títulos minero energético, contratos de concesión y asociación y otras autorizaciones ambientales relacionadas, otorgados en territorios indígenas, afrocolombianos, campesinos y de comunidades urbanas, para verificar que cumplan con los requisitos legales vigentes.

Revocar títulos y autorizaciones ambientales que no cumplan con los requisitos legales y constitucionales.

Llevar a cabo de un gran Diálogo Nacional Minero Energético, liderado por la Cumbre Agraria y apoyado por el gobierno, que produzca insumos para una política pública en la materia; también se realizarán evaluaciones piloto de carácter socio-económico de proyectos minero-energéticos.

 

El 17 de junio se realizará una reunión entre los voceros de la Cumbre Agraria y los jefes de cartera del interior, y funcionarios de los ministerios de agricultura, medio ambiente, vivienda y de planeación nacional para abordar el tema de la relación campo-ciudad.

Compartimos adicionalmente el siguiente planteamiento de S. Leukos, para quien “el paro y la movilización de la Minga, es sin duda un reto para el gobierno de Juan Manuel Santos, ante el histórico ordenamiento territorial que proponen las comunidades como modelo económico y de desarrollo. Esta propuesta de las comunidades en su pliego implica, necesariamente la inclusión de los planes de vida de las comunidades indígenas, campesinas, afros ante los organismos del Estado. El gobierno de Juan Manuel Santos debe realizar acciones de política pública y efectividad presupuestal para validar el pleno goce de los derechos de las comunidades como “sujetos de derechos” (ver http://bit.ly/1ronbFD)•

Adicionalmente, llama la atención sobre que “actualmente, los territorios multi-escalares de movilización de la Minga nacional son el gran nudo central para el gobierno neoliberal de Juan Manuel Santos, ante los reclamos de las comunidades. Los 6 puntos referidos en el pliego ante el gobierno, permiten abordar dos elementos esenciales que toman un cauce territorial de resistencia: de un lado, el gobierno no ha cumplido lo pactado en territorios regionales y de otro, la impositiva implementación de un Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018 de corte neoliberal, ineficaz y totalmente ajeno al curso territorial de las comunidades, el cual se impone bajo una línea para impedir los pliegos comunitarios e involucrarlos en un proceso de paz” (ver http://bit.ly/1ronbFD).

Prosigue, en Colombia, “no hay una política pública consultiva sobre los Planes de vida de las comunidades y los territorios diferenciados e inter-étnicos. Las instituciones ministeriales, ni la legislación del congreso jamás han propugnado por un diseño participativo local, regional para implementar una política pública nacional de las comunidades étnicas. En algunas ocasiones se ha realizado, pero bajo una labor técnica, pero ello no es consulta, ni participación; vivo ejemplo, los llamados mapas sociales realizados desde las instituciones gubernamentales municipales. Ello es un exabrupto y una falta de respeto para los derechos de las comunidades, pues estas no saben que se hace con esto, ni para que les va a servir de manera actuante o práctica. Los tecnócratas están equivocados con los territorios. Un territorio es más que una delimitación, es todo un contenido “desde dentro”, es una población y el corazón de un pueblo que piensa políticamente, camina bajo signos culturales y se construye fractalmente en espacios geográficos. No hay que enredarse. No existe aún en Colombia un modelo participativo gradual hacia la modelización de los territorios con democracia” sostiene Leukos y coincidimos plenamente con ella (ver http://bit.ly/1ronbFD).

Recomienda ella que “es necesario, en el escenario del próximo 17 de junio, en las instalaciones del Ministerio del Interior en Bogotá con los ministros o viceministros de Agricultura, Interior, Ambiente y Vivienda, así como el tema para abordar sobre la efectividad del Departamento Nacional de Planeación (DNP), evaluar las peticiones de las comunidades y avanzar hacia la construcción de un mecanismo que permita hacer un seguimiento de lo pactado”.

“Estas interlocuciones con el gobierno, plantea Leukos, no deben quedar en deseos, ni en formas diletantes, si no que sean efectivas para el encuentro del 22 de junio con el Presidente Juan Manuel Santos y este viabilice el camino de participación de manera política la agenda de lo pactado sobre los hechos in-atendidos y omitidos por el Estado. El reto es grande políticamente, para que la inclusión sea verificable de los campesinos, indígenas y afros como sujetos de derechos. Los pueblos han sido víctimas del abandono del Estado. El derecho de las victimas del país, debe trazarse como una gran línea territorial, incluyente y de acción por reconocer los derechos de manera activa y efectiva de las comunidades”.

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