Colombia, a responder ante CIDH por deficiencias en la atención en salud a víctimas de violencia sexual

Este jueves 22 de octubre entre las 10:15 y 11:15 horas, en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C., tendrá lugar una audiencia sobre el grave problema de salud que enfrentan las víctimas de violencia sexual en Colombia, derivado de la falta de acceso a este servicio.

De acuerdo con las organizaciones* que solicitaron la audiencia concedida por la Comisión, en los últimos tres años más de 48 mil mujeres y niñas colombianas acudieron a Medicina Legal como posibles víctimas de violencia sexual, pero cerca del 40% de ellas no fueron atendidas por el sistema de salud, y las que sí lo fueron recibieron una atención inadecuada.

Este es un problema de grandes dimensiones que debe ser atendido de manera inmediata y seria por parte del Estado, especialmente en este momento de transición hacia la paz pues, como han demostrado las experiencias de Guatemala y Perú, entre otros, no atender oportuna e integralmente las necesidades de salud de las víctimas de violencia sexual hace mucho más difícil la superación de la violencia en países que están saliendo de conflictos armados.

 

Corte Constitucional Colombiana estudia el caso

 

Desde julio del presente año, la Corte Constitucional está estudiando una demanda interpuesta por cinco organizaciones de derechos humanos y derechos de las mujeres* que buscan dar un paso para resolver este grave problema que se hizo evidente en 2014 cuando, con la expedición de la ley de atención a víctimas de violencia sexual (Ley 1719), se volvió opcional la aplicación del Protocolo de Atención en Salud a Víctimas de Violencia Sexual.

Este protocolo había sido expedido con carácter obligatorio dos años antes (2012) por el Ministerio de Salud con el objetivo de buscar activamente a las víctimas de violencia sexual, informarles sobre sus derechos en salud y atenderlas integralmente en términos físicos y psicológicos de una forma digna. Para las organizaciones demandantes, esto es un retroceso inaceptable pues aplicar el Protocolo de atención en salud a víctimas de violencia sexual de manera obligatoria contribuye a garantizar un trato digno y unos servicios integrales para las cerca de 44 mujeres que a diario sufrieron violencia sexual en Colombia en los últimos tres años.

 

* Las cinco organizaciones que le han pedido a la Corte Constitucional que garantice la atención en salud a las víctimas de violencia sexual en Colombia, y que han llevado el asunto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son:


Women's Link Worldwide [ http://www.womenslinkworldwide.org/index.php?idi=_es ]* es una organización internacional de derechos humanos que promueve el cambio social a través del derecho para lograr avances en los derechos de las mujeres y las niñas, especialmente de aquellas que enfrentan múltiples inequidades.

DeJusticia [ http://www.dejusticia.org/#!/index ]* es una organización que produce conocimiento experto en derechos humanos, que incide en la opinión pública y en el diseño de políticas públicas, y que fortalece y apoya a las organizaciones sociales, contribuyendo así con la vigencia del estado democrático de derecho.

La Corporación Humanas [ http://www.humanas.org.co/ ] - *Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género es un centro de estudios y acción política feminista cuya misión es la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, el derecho internacional humanitario y la justicia de género en Colombia y Latinoamérica.

Mesa por la Salud y la Vida de las Mujeres [ http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/ ]* es un colectivo de organizaciones y personas que desde su conocimiento y experiencia técnica trabaja por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en particular los relacionados con la libre opción a la maternidad, el libre ejercicio de la sexualidad y la despenalización total del aborto en Colombia.

Casa de la Mujer [ http://www.casmujer.com/ ]* es una organización social feminista que contribuye a la reivindicación, defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres, desde el fortalecimiento de su autonomía, y desde el aporte a la construcción de una sociedad más igualitaria, justa, digna y en paz.

Mayor información:
Carolina Dueñas Orozco
Oficial de Comunicaciones Women's Link Worldwide
Bogotá- Colombia
Cel. +57 301 550 7330
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Un nuevo Estatuto de los trabajadores para la era digital

Un estudio reciente de la OIT concluye que el 75% de las reformas estructurales realizadas en los últimos años en los mercado de trabajo de los diferentes países han consistido básicamente en reducir la protección social de los trabajadores, teniendo un escaso impacto en la reducción del paro o en el crecimiento económico. En este sentido, pese a la retórica de la flexiseguridad, las reformas estructurales en los mercados laborales se han concentrado por encima de todo en la flexibilización, en detrimento de las políticas de protección de los trabajadores. Nosotros los socialistas pensamos que ésta es una visión reductiva de lo que debe ser una reforma estructural y, por ello, proponemos un nuevo Estatuto que vuelva a convertir los derechos de los trabajadores en el eje central de la modernización de nuestro mercado laboral y, por ende, de nuestra economía.


Con este nuevo Estatuto queremos erradicar la precariedad laboral, simplificando el número de contratos y acabando con el uso fraudulento de la temporalidad, y también la precariedad no laboral, poniendo fin a la figura de los falsos autónomos y de las becas que encubren verdaderos contratos de trabajo. Así mismo, atacaremos la devaluación y desigualdad salarial, entre otras medidas, garantizando que los trabajadores y trabajadoras contratados por las empresas de servicios cobren lo mismo que los contratados por la empresa principal: el principio debe ser a igual trabajo, igual salario.


Esta propuesta no es en absoluto un intento nostálgico de retornar al pasado, ni tampoco se justifica solamente por la necesidad de derogar la reforma laboral del PP, sino que se trata, más bien, de enfocar el problema desde otra óptica: desde un nuevo marco que actualice los derechos de los trabajadores y el gobierno de las relaciones laborales a las nuevas realidades del siglo XXI. Y que todo ello se haga con consenso.


Desde que el primer Estatuto de los Trabajadores fue aprobado en España, en 1980, han tenido lugar una enorme cadena de transformaciones. En el ámbito de la economía, al tiempo que nos hemos integrado en la Unión Europea, España se ha abierto también al mundo con la globalización, convirtiéndose en una moderna economía de servicios. En lo social, las mujeres se han incorporado masivamente al mercado de trabajo, alterando su rol tradicional circunscrito al ámbito doméstico. Desde un punto de vista cultural, se han transformado las preferencias sobre las que se organiza el mundo del trabajo, de manera que las nuevas generaciones aspiran a compatibilizar el aprovechamiento de su tiempo personal (ya sea en relación con la formación de una familia o simplemente debido al desarrollo de una vida personal activa) con el éxito profesional.


Han variado también las formas de organizar la empresa y la producción y el acelerado cambio tecnológico está transformando radicalmente el mundo del trabajo. Si en la revolución industrial los jornaleros y campesinos abandonaban el campo por las factorías en las ciudades, hoy en día, muchos ciudadanos dejan las interminables horas de oficina para poder realizar su jornada laboral desde casa. La era digital está todavía en su infancia pero ya empezamos a vislumbrar su gran impacto. Desde la expansión de la robótica, el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), el impulso del "big data", la puesta en práctica de nuevos modelos de negocio basados en la economía colaborativa, hasta las múltiples posibilidades que ofrecerá la impresión en 3D, revolucionarán cada día más el ámbito del trabajo.


Así, las TIC ya están difuminando las fronteras entre el trabajo y la vida personal, hasta el punto de que, en una encuesta reciente, se revelaba que 8 de cada 10 trabajadores españoles encuestados mezclan su vida personal y profesional (con un 85% atendiendo tareas de trabajo en su tiempo libre, y un 80% realizando tareas personales en su jornada laboral). En esta misma línea, el avance tecnológico, al tiempo que vuelve obsoletas viejas profesiones, está dando lugar a nuevos tipos de empleos, de manera que, según un estudio reciente del departamento de trabajo de Estados Unidos, el 65% de los escolares de hoy en día, cuando sean mayores, estarán empleados en empleos que todavía no existen.


La magnitud y alcance de todas estas transformaciones presenta grandes oportunidades para nuestro futuro como país, pero también, sin duda, grandes retos. Como socialistas, queremos que esta nueva "carta magna" de los derechos del trabajador de la era digital asegure, de forma prioritaria, que todos los ciudadanos puedan tener un trabajo seguro y decente, con un salario justo, en la que todas las nuevas formas de empleo se integren en nuestro sistema de la Seguridad Social. Pero también, con esta nueva carta de derechos queremos ofrecer un marco abierto y flexible para la incorporación de todas aquellas nuevas profesiones que vayan emergiendo en la nueva era digital.


Así, debemos abordar el concepto de la flexibilidad, no solo desde la perspectiva de las necesidades de las empresas (que es importante, por supuesto), sino también teniendo en cuenta la mayor demanda que tiene el trabajador por el control de su propio tiempo. Esto se puede hacer, por ejemplo, utilizando un enfoque de fases de vida, en el que partamos de la idea de que, en la vida laboral, hay diferentes etapas, desde "la hora punta", entre los 25 y los 45, en la que el trabajador tiene que compatibilizar múltiples tareas de una importancia "vital" (formar una familia, periodos de formación, etc.) hasta otras fases menos apuradas.


Por otra parte, con el nuevo Estatuto trataremos otros asuntos urgentes que afectan a los derechos de los trabajadores y carecen de un tratamiento legal claro en la actualidad, como son la privacidad de las comunicaciones de los empleados en las redes sociales, la difuminación de las fronteras entre el trabajo y la vida privada facilitado por las TICs, o problemas emergentes relacionados con la seguridad y la salud en el lugar de trabajo.


El mundo laboral se haya inmerso en una revolución sin precedentes que presenta grandes oportunidades pero también grandes retos. España solo podrá reemplazar el paro estructural por la creación sostenida de empleo de calidad si transformamos nuestra economía a través de las herramientas y los vastos yacimientos de empleo que ofrece la transversalidad de la nueva economía digital. Pero, para lograrlo, debemos establecer un marco de derechos de los trabajadores acorde a la realidad del siglo XXI. Un nuevo escenario que refuerce el dialogo social y recupere la centralidad de la negociación colectiva, beneficiando a partes iguales a trabajadores y a empresarios, porque el carácter compensador siempre fue una seña de identidad del Derecho del Trabajo y el equilibrio entre ambos un elemento clave de nuestro Estado social y democrático. Una nueva carta de derechos que, en lugar de limitarse a enmendar los errores del pasado, anticipe las necesidades laborales de la España del futuro.

 

La autora es Secretaria de Empleo de la CEF del PSOE

Que el pueblo se pronuncie frente al incumplimiento de los acuerdos

Del 30 de agosto al 5 de septiembre se realizarán en todo el país acciones de movilización convocadas por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, como rechazo frente al incumplimiento de los acuerdos pactados con los distintos sectores que convergemos en este escenario de unidad popular, el Plan Nacional de Desarrollo, y la falta de garantías en la participación política.

A partir del 30 de agosto, en diferentes lugares del país, y especialmente en la ciudad de Bogotá, se realizarán acciones de movilización pacífica por parte de la Cumbre Agraria, Campesina Étnica y Popular a fin de hacer una evaluación pública del proceso de negociación que viene adelantando con el gobierno nacional, luego de los Paros y la Minga Indígena del 2013 y 2014. Negociación que después de haber sido formalizada mediante acuerdos y decretos presidenciales durante el año 2014 atraviesa por una profunda crisis reconocida por el propio gobierno nacional y por las Naciones Unidas (ONU) en su calidad de garantes.

A pesar de que el mismo Presidente de la República en repetidas ocasiones ha manifestado que la negociación con la Cumbre Agraria es fundamental para aclimatar lo que denomina etapa de postconflicto, simultáneamente viene implementando una serie de medidas políticas y legales que van en total contravía de los acuerdos pactados y, con las exigencias planteadas por la Cumbre en su Pliego Unificado que sin duda serán generadoras de una nueva etapa de conflictos sociales y políticos.

La imposición de un Plan Nacional de Desarrollo inconsulto, el impulso del proyecto de ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), la reglamentación de la consulta previa, la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, la profundización de los acuerdos de libre comercio, las detenciones arbitrarias y la criminalización de la protesta, son solo algunas de las medidas gubernamentales que ponen en cuestión la voluntad del Gobierno Nacional de avanzar hacia una verdadera negociación con sectores sociales históricamente excluidos y determinantes en el proceso de diálogos de Paz; así como las campañas de discriminación, estigmatización y persecución de las justas luchas y conquistas de los Pueblos por sectores políticos, económicos y militares que pretenden deslegitimar la lucha popular de las comunidades rurales, en especial la lucha y el bueno nombre del movimiento indígena colombiano.

Exigimos una verdadera voluntad de diálogo por parte del Estado para avanzar en concretar los acuerdos suscritos y en el abordaje y compromisos ciertos en torno a los ocho puntos del pliego único presentado formalmente por la Cumbre Agraria y que hasta el momento no hay ningún avance.

Convocamos al pueblo colombiano, en el marco de Las Jornadas de la Indignación Campesina, Étnica y Popular, a que se pronuncie frente al reiterado incumplimiento que ha tenido frente a los sectores sociales populares. De nuestra parte estaremos realizando una Asamblea Popular en Bogotá con alrededor de 5000 delegados, que estará articulada a múltiples mecanismos de diálogo con el pueblo colombiano en calidad de constituyente primario con el fin de analizar y debatir el presente y futuro de los acuerdos y diálogos de negociación con el gobierno y la posibilidad de convocar a nuevas jornadas de movilización, en caso de que el gobierno no muestre una verdadera voluntad política para atender las justas demandas del sector agrario y de los demás sectores que se expresen en el marco de esta Jornada Nacional de Indignación.


Jornadas de indignación campesina, etnica y popular

 

Seguimos indignados, porque consideramos que los acuerdos incumplidos, las políticas regresivas, la democracia restringida, la estigmatización y discriminación de nuestras luchas y conquistas, la persecución política por parte del Estado, todo esto son actos injustos y ofensivos contra la esperanza de paz con justicia social que anhela el pueblo colombiano.

 

A dos años del paro nacional agrario (19 de agosto de 2013) y la Minga Indígena (Octubre de 2013), en el que las comunidades rurales presentaron al país los problemas reales que atacan al campo colombiano, seguimos esperando que el gobierno haga honor a su palabra y cumpla con los más de 200 acuerdos suscritos, de los cuales más del 70% han sido incumplidos.

En esa oportunidad, el pueblo indignado recurrió a las vías de hecho, a la minga y la movilización para exigir sus derechos obteniendo la represión, las amenazas y la cárcel como respuesta inmediata del Estado. Luego cuando cansados de los golpes, la cárcel y la muerte recurrimos a las vías legales y los procedimientos administrativos del Estado, nos encontramos con trámites, papeleos, exigencias y tecnicismos que impiden acceder a nuestros derechos y que se concreten los acuerdos pactados.

¿Por qué el Estado es diligente para negociar con los gremios económicos y agroindustriales beneficiarios de Pactos Agrarios y Tratados de Libre Comercio, mientras a las comunidades agrarias se les criminaliza, estigmatiza, persigue e ignora?, Nos preguntamos: el Estado y el Gobierno entonces ¿para qué y para quién?

Quienes con nuestra fuerza de trabajo sostenemos a Colombia, labrando la tierra, llevando los alimentos a la mesa de cada colombiano(a) todos los días, luchando cotidianamente por una vida con dignidad, hacemos un llamado al pueblo colombiano a movilizarnos por lo que consideramos una política de doble discurso; porque mientras se habla de paz, se continúa haciendo la guerra contra el movimiento social y contra el pueblo en general, mediante medidas políticas y jurídicas que legitiman el despojo que está a la base del conflicto social y armado.

El reciente informe del Censo Nacional Agropecuario evidencia una vez más que el país requiere de profundas transformaciones si queremos superar la inequidad en el uso y tenencia de la tierra que se encuentra en manos de un diminuto 0,4 % de propietarios que posee el 41% de los 113 millones de hectáreas de uso agrícola. Las comunidades rurales, quienes producen el 70% de la comida de los(as) Colombianos(as) poseen propiedades que tienen menos de cinco hectáreas (70% de las fincas). Frente a este panorama, el gobierno insiste en imponer una reforma agraria ajustada a sus intereses y promover un proyecto de ley que pretende evadir las restricciones legales a la concentración de tierras baldías en las denominadas Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES) adjudicando los baldíos no sólo a campesinos desposeídos, como lo contempla la Ley 160 de 1994, sino también a grandes inversionistas agroindustriales; legalizando de esta manera la acumulación de tierras, facilitando el despojo mediante la figura de expropiación, favoreciendo la extranjerización de la tierra, el agua, los bienes comunes e incentivando alianzas productivas asimétricas entre campesinos y corporaciones agroindustriales, todo lo cual agravaría la desigualdad e inequidad en Colombia.

De otra parte vemos como el Plan Nacional de Desarrollo PND (PND 2014 -2018. "Todos Por un Nuevo País") responde a las exigencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y en nada se corresponde con su aspiración de Paz, Equidad y Educación, pues sigue sustentando el "desarrollo del país" en la explotación de materias primas entregadas a empresas multinacionales, dejando desplazamiento, quiebras de las economías propias, perdida de diversidad biológica y cultural, a cambio de recursos financieros que no cubren siquiera los pasivos sociales y ambientales de la explotación. Esto teniendo en cuenta que la crisis mundial de los precios del petróleo y materias primas deja una balanza comercial negativa para el país.

No es posible que se entregue el territorio nacional y los bienes comunes a la explotación minera y petrolera mientras que se importan alrededor de 10 millones de toneladas en alimentos gracias a los TLC; mientras a los campesinos, indígenas, afrocolombianos y sectores populares se les despoja de sus territorios y bienes comunes para su subsistencia y la soberanía alimentaria de toda la nación.

El campo colombiano lo han convertido en un campo de batalla sembrado de muertes que hoy más que núnca necesitan florecer y dar frutos para la paz. Esos frutos solo serán posibles si abrimos campo a la participación política de las comunidades agrarias para la definición de una Reforma Agraria Integral para el Buen Vivir, pero con la participación activa de los sectores populares en las ciudades.

Sabemos que no solo los campesinos, campesinas, indígenas y negros somos excluidos en este país, los rigores de las políticas de Estado en contra de los colombianos, también la padecen sectores como la salud, la educación, los transportadores, los trabajadores entre otros, todos somos víctimas del mismo sistema que cada día nos empobrece más.

Por estas y muchas otras razones invitamos a la ciudadanía, al país entero a que nos movilicemos entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre en las que hemos denominado jornadas de la indignación, campesina, étnica y popular para que nos expresemos sin que nos cueste la vida y la libertad, para rechazar y debatir todas esas políticas de Estado que nos indignan y excluyen, buscando construir desde abajo y entre todos y todas el país que queremos.

Convocan:

Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (
Organización Nacional indígena de Colombia ONIC, Congreso de los Pueblos, Coordinador Nacional Agrario CNA, Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo MIA, Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO, Mesa de Unidad Agraria MUA, Marcha Patriótica, Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina ANZORC, Asociación Campesina Popular Asocampo, Coalición de movimientos y organizaciones sociales de Colombia COMOSOC, Movimiento por la Constituyente Popular MCP, Asociación Nacional Campesina ASONALCAM, Proceso de Comunidades Negras PCN, Autoridad Nacional Afrocolombiana ANAFRO.)

Cumbre Popular Urbana
Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia – Anjeco
Comuna Universitaria
Partido Comunista de Colombia – PCC
Unión Patriótica – UP
Juventud Comunista Colombia – Juco
Clamor Social por la Paz
Asociación para el desarrollo agroindustrial y mineros de Colombia - Ademac
Asociación Colombiana de Estudiantes Universitario - ACEU
Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria – ANDES
Colectivo de Jóvenes Trabajadores - CJT
Red de Semillas Libres de Colombia
Confluencia de Mujeres para la Acción Pública
Sindicato de Trabajadores del Incoder – Sintraincoder
Comité por la Defensa del San Juan de Dios, San Juan de Todos
Freskiemos el Ambiente
Movimiento Social de Discapacidad – MOSODIC
Mesa Ecuménica por la Paz – MEP

Siguen adhesiones:

@CumbreAgrariaOf
Youtube: CumbreAgraria

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Martes, 28 Julio 2015 07:08

Modificar la "sala de máquinas"

Modificar la "sala de máquinas"

Son varios los países que incorporaron en sus constituciones diversos derechos sociales. Sin embargo, advierte Gargarella en este texto, si al mismo tiempo no se aborda en profundidad una reforma de la sección que define la organización del poder –la "sala de máquinas" de la Constitución–, la verdadera transformación seguirá pendiente.

 

Cuando pensamos en la última e importante oleada de reformas legales y constitucionales que tuviera lugar en la región latinoamericana –desde la Constitución de Colombia de 1991 hasta la de Ecuador en 2008, o la de Bolivia en 2009–, advertimos de inmediato lo importantes y a la vez limitados que han sido tales cambios. Nuestros convencionales constituyentes no han podido, no han sabido, o no han querido llegar tan lejos como era necesario para asegurarles a tales reformas la potencia transformadora que se pretendía que tuvieran.


Por supuesto, es sin dudas muy relevante lo ocurrido en la región en las últimas décadas en materia constitucional. Es claro que en muchos de los procesos constituyentes referidos se evidenció un esfuerzo especial por atender de modo prioritario las necesidades de los grupos más vulnerables de la sociedad. Sin embargo, reformas como las citadas nos hablan, sobre todo, de las restricciones propias de los proyectos emprendidos. Uno de los problemas más significativos sufridos por tales reformas apareció, justamente, por haber concentrado las energías del cambio en la sección de los derechos de las nuevas o reformadas constituciones, sin reconocer la influencia que tiende a ejercer sobre ellos la otra gran parte de cualquier Constitución: la sección dedicada a la organización del poder. Al concentrar su esfuerzo en el área de los derechos, los reformistas sociales descuidaron –si no dejaron directamente de lado– un necesario trabajo sobre esa área. Como dijera Raúl Prada, uno de los más notables participantes en la Asamblea Constituyente de Bolivia, la Constituyente no pudo confrontar los "grandes problemas respecto de los planteamientos populares", pero en cambio sí creó mecanismos para una transición a un país diferente, "particularmente en lo que respecta a los derechos, estableciendo enunciaciones constitucionales como base para después construir instrumentos legales e institucionales nuevos".
Para decirlo de modo más gráfico, los constituyentes latinoamericanos tendieron a dejar intocada la "sala de máquinas" de la Constitución, esto es, el área en la que se define cómo va a ser el proceso democrático de toma de decisiones. Las puertas de la "sala de máquinas" quedaron cerradas bajo candado, como si el tratamiento de los aspectos relacionados con la organización del poder sólo pudiera quedar a cargo de los grupos más afines o más directamente vinculados al poder dominante. De ese modo los grupos más desaventajados de la sociedad –primero la clase trabajadora; luego las minorías sexuales; más recientemente los grupos indígenas– lograron ingresar en el "aparato constitucional", pero sólo a través de una puerta lateral: las declaraciones de derechos. Es decir, a tales grupos no se les aseguró o facilitó el ingreso al área donde residen las "palancas del poder" institucional: la sección constitucional que diseña la organización del poder.


Decir lo anterior no implica desconocer que ciertos cambios en materia de derechos pueden generar un enorme impacto en los modos en que se distribuye el poder. Típicamente, la extensión del derecho al voto –un cambio que no se acompaña habitualmente con modificaciones en la organización del poder– representa un cambio político extraordinario. Algo similar puede decirse del derecho al salario mínimo, o del derecho a una organización sindical. De todos modos, al respecto cabría señalar al menos dos cosas. Por una parte, convendría insistir en lo siguiente: muchos derechos tienen la potencia de expandir el poder popular (derecho a participar en sindicatos, derecho a un salario mínimo), pero en la práctica resultan subaplicados o no aplicados en absoluto, debido a las presiones realizadas desde la (inmodificada) estructura de gobierno. Y en otros casos, como el del derecho al sufragio (el caso más importante y también el más excepcional de todos), la ausencia de cambios correlativos en la organización del poder revela de modo notable la resistencia constitucional al cambio social, y pone la Constitución al borde de un estallido: la Constitución pretende asegurar que las palancas del poder sigan siendo movidas por unos pocos, a pesar de la radicalidad de los cambios sociales ocurridos. Omitiendo una reforma en la organización del poder, los constituyentes dejan a las nuevas sociedades democráticas bajo una forma de dirección todavía elitista, propia de los siglos XVIII o XIX.


Conviene contrastar esta llamativa omisión de los grupos que, más contemporáneamente, procuraron impulsar la reforma social a través de la reforma constitucional –grupos vinculados, muchas veces, con lo que podríamos llamar el "progresismo constitucional"– con la clarividencia que caracteriza a los viejos intelectuales del liberalismo conservador. Recordemos de qué modo los viejos liberales-conservadores reconocieron que, para dar seguridad a los derechos que les interesaban (el derecho de propiedad en particular, las libertades económicas en general), era indispensable operar, ante todo, sobre la "sala de máquinas" de la Constitución (en su caso, a través de la restricción de las libertades políticas): garantizar los derechos de propiedad –asumieron con razón– requería limitar las capacidades de las mayorías para actuar en política.
De ese modo los viejos líderes del constitucionalismo regional demostraron, por un lado, lucidez política para advertir la influencia cruzada de las reformas. Esto es, para reconocer que todo lo que hicieran o dejaran de hacer sobre una de las secciones de la Constitución (pongamos, la sección relacionada con la organización del poder) iba a tener impacto sobre la otra sección de la misma (en este caso, la organización de los derechos). Y lo que es más importante, ellos reconocieron bien la particular relevancia que tenía la "maquinaria del poder" en el marco general de la estructura de la Constitución. Por el lugar particular que ocupa la misma –justamente, la "sala de máquinas" de la estructura general– ella tiene una primacía decisiva sobre todo el resto del esquema jurídico. Más todavía, ellos parecieron entender muy bien que, dada la historia peculiar de la región, el Poder Ejecutivo iba a tener, dentro de esa "sala de máquinas", un peso especial, con el que había que saber lidiar. Cuando Juan Bautista Alberdi propuso atar por un buen tiempo las manos de las mayorías políticas con el fin de dar el máximo reaseguro a los derechos económicos, sabía lo que hacía. Él nunca pensó (como algunos de nuestros contemporáneos parecen haber llegado a pensar) que la preocupación por ciertos derechos debía traducirse –fundamental o exclusivamente– en el reaseguro de fuertes garantías constitucionales a tales derechos. Ello así, como si los derechos pudieran bastarse a sí solos para protegerse; como si la garantía de tales derechos no exigiera –exclusiva o fundamentalmente– determinados arreglos en materia de organización del poder.


En todo caso, una sugerencia que puede inferirse del análisis realizado hasta aquí es que los reformistas sociales de la actualidad debieran tomar como prioritario el trabajo sobre el área que hoy más tienden a descuidar. La preocupación especial por los aspectos más sociales de la vida constitucional debiera llevarlos a examinar, ante todo, los modos en que se organiza el poder, en lugar de dejarlos detenidos en la ingeniería de los derechos. Me aventuraría a sugerir que no es consistente la redacción de largas listas de derechos sociales –o cualquier otro intento de "democratizar el poder" a través de la sección de los derechos– manteniendo, al mismo tiempo, las formas de poder verticalista y concentrado que caracterizan todavía a todas nuestras constituciones, en lo relativo a la organización del poder. La reforma social debiera ser, de forma prioritaria, la reforma de los mecanismos del poder, ya que sin una vasta apoyatura política, capaz de incluir una amplia movilización social, la vida de los derechos queda bajo una directa, mortal amenaza. La democratización de la vida social requiere, prioritariamente, la democratización de los modos en que organizamos el poder.

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Trabajo, techo y tierra. ¡No se achiquen!

Francisco no deja de sorprender a propios y ajenos. El Papa se pronuncia frente a la injusticia en el mundo, toma posición y convoca a la lucha. En Brasil en 2013 construyó una frase ("Hagan lío") hoy convertida en eslogan para muchos católicos y para quienes, sin serlo, comprenden el sentido del mensaje. Ahora, en su primera gira latinoamericana, Francisco pidió que "¡no se achiquen!" ante la magnitud de la tarea que tienen quienes luchan por el cambio de las estructuras injustas. A los representantes de movimientos sociales de todo el mundo les dijo que "ustedes, los más humildes, los explotados, los pobres y excluidos, pueden y hacen mucho (...) en los grandes procesos de cambio, nacionales, regionales y mundiales". Los alentó a organizarse porque "me atrevo a decirles que el futuro de la humanidad está, en gran medida, en sus manos". Los invitó a la "participación protagónica" y a "promover alternativas creativas", en la búsqueda cotidiana de las "tres T... trabajo, techo y tierra". Todo ante un auditorio muy diverso y sin mayoría católica. Fue casi una arenga en una gira que tuvo un fuerte tono político.


Dada la densidad conceptual, política y doctrinaria de muchos de los discursos pronunciados por Francisco durante su visita a Ecuador, Bolivia y Paraguay resulta difícil hacer una síntesis que exprese realmente todo lo dicho. Quien escribe lo intentará, pero no sin dejar abierta la invitación a los lectores para que repasen en forma íntegra los textos papales. Vale la pena. Varios de ellos incluyen perspectivas que hasta no hace mucho tiempo eran impensadas en boca de la máxima autoridad de la Iglesia Católica mundial. Del mismo modo que apenas tres o cuatro años atrás tampoco habría sido posible imaginar estos mismos dichos en palabras del entonces cardenal Jorge Bergoglio. Pero estas especulaciones han perdido relevancia ante la contundencia de los hechos y los gestos papales y de lo que ello significa como aporte a la búsqueda de una sociedad más justa a nivel planetario. Una lúcida reflexión en un sentido análogo escribió Atilio Boron ayer en estas mismas páginas.
De "locatario": con los pies en su tierra


Lo dicho y hecho por el Papa en estos días no rompe con la línea de su magisterio anterior, pero la refuerza en lo conceptual y lo simbólico. Alguien podría decir con mucha razón que Jorge Bergoglio eligió su primera gira latinoamericana para profundizar el posicionamiento político-ideológico-cultural-evangélico con el que viene sorprendiendo a la sociedad casi desde el mismo día en que asumió como máxima autoridad de la Iglesia Católica el 13 de marzo de 2013.


Ecuador, Bolivia y Paraguay se cuentan entre los países más pobres de la región. En ese contexto eligió hablar el Papa. También con el marco de la iglesia latinoamericana que le sirve de inspiración y que lo catapultó hacia el papado especialmente después de su participación muy protagónica en la Conferencia General de los Obispos Latinoamericanos en Aparecida (Brasil) en el 2007. Francisco suele definirse a sí mismo como "el Papa que vino desde el Sur".


Actuando de "locatario" Bergoglio se sintió en mejores condiciones de decir y afirmar lo que ya había sostenido, en un tono más doctrinal, en sus dos encíclicas Evangelii gaudium de 2013 y Laudato si de 2015. Aunque los conceptos son similares son pocos los que acceden a los documentos pontificios. Otra cosa es decir lo mismo y en lenguaje menos complejo ante centenares de miles de personas y en medio de un baño de fervor popular. También porque se hace más difícil ocultar tales definiciones por parte de quienes, desde la política o desde los medios, dicen venerar al Papa pero hacen lo imposible cada día más por desconocer sus denuncias ante las injusticias crecientes de la sociedad que "excluye" y "descarta".


Fenómeno de silenciamiento que ocurre tanto afuera como adentro de la Iglesia. Muchos de los dirigentes políticos y sociales que se "entusiasmaron" hace poco más de dos años con el nombramiento de Bergoglio como Papa hoy admiten estar "desconcertados" cuando no "decepcionados". Esperaban un Bergoglio "opositor" que desde Roma "pondría en caja" a Cristina Fernández y al gobierno criticando sus decisiones políticas y económicas. Como no sucedió escogieron hablar de la "utilización del Papa" por parte del gobierno. Algo similar ocurrió en Ecuador y Bolivia. La oposición esperaba diatribas de Bergoglio hacia Correa y Francisco le agradeció al presidente ecuatoriano "su consonancia con mi pensamiento". Y le devolvió la gentileza "con mis mejores deseos para que pueda lograr lo que quiere para el bien de su pueblo". Ante Evo, que no tiene una buena relación con la Iglesia Católica local, Bergoglio reconoció que "Bolivia está dando pasos importantes para incluir a amplios sectores en la vida económica, social y política del país" y "cuenta con una Constitución que reconoce los derechos de los individuos, de las minorías, del medio ambiente, y con unas instituciones sensibles a estas realidades".


Y más allá de los países visitados, amplió su referencia para señalar que en estos últimos años, "los gobiernos de la región aunaron esfuerzos para hacer respetar su soberanía, la de cada país, la del conjunto regional, que tan bellamente, como nuestros padres de antaño, llaman la Patria Grande". Las palabras son elocuentes... aun para quienes están empecinados en no entender.


Pero como entre últimos, por distraídos o por molestos, también están parte de los católicos y de los propios obispos, el Papa dijo en otro momento que "la Iglesia no puede ni debe estar ajena a este proceso (de cambio) en el anuncio del Evangelio".
Cambio de estructuras


En el discurso de mayor contenido político, escrito de puño y letra y leído para evitar cualquier imprecisión, Bergoglio comenzó diciendo ante los movimientos sociales en Santa Cruz que "empecemos reconociendo que necesitamos un cambio". Y para evitar la manipulación del término se apresuró que señalar: "quiero aclarar, para que no haya malos entendidos, que hablo de los problemas comunes de todos los latinoamericanos y, en general, también de toda la humanidad. Problemas que tienen una matriz global y que hoy ningún Estado puede resolver por sí mismo".


Y siguió esgrimiendo argumentos que bien podrían estar en la plataforma de muchos partidos de izquierda de la región. "Insisto, digámoslo sin miedo: queremos un cambio, un cambio real, un cambio de estructuras. Este sistema ya no se aguanta, no lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos... Y tampoco lo aguanta la Tierra, la hermana madre tierra, como decía san Francisco". Ese cambio, dijo Bergoglio, tiene que atender a nuestra realidad más cercana ("el pago chico") pero tiene que ser un cambio que también "toque al mundo entero porque hoy la interdependencia planetaria requiere respuestas globales a los problemas locales". Y agregó que "cuando el capital se convierte en ídolo y dirige las opciones de los seres humanos, cuando la avidez por el dinero tutela todo el sistema socioeconómico, arruina la sociedad, condena al hombre, lo convierte en esclavo, destruye la fraternidad interhumana, enfrenta pueblo contra pueblo y, como vemos, incluso pone en riesgo esta nuestra casa común, la hermana y madre tierra". Hablando en la catedral de La Paz ya había sentenciado que "si la política se deja dominar por la especulación financiera o la economía se rige únicamente por el paradigma tecnocrático y utilitarista de la máxima producción, no podrán ni siquiera comprender, y menos aún resolver, los grandes problemas que afectan a la humanidad".


No solo fueron pronunciamientos teóricos. Bergoglio también fijó rumbos. "La primera tarea es poner la economía al servicio de los pueblos. Los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero. Digamos NO a una economía de exclusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata. Esa economía excluye. Esa economía destruye la madre tierra."


Y siguió. "La segunda tarea es unir nuestros pueblos en el camino de la paz y la justicia. Los pueblos del mundo quieren ser artífices de su propio destino. Quieren transitar en paz su marcha hacia la justicia. No quieren tutelajes ni injerencias donde el más fuerte subordina al más débil. (...) Ningún poder fáctico o constituido tiene derecho a privar a los países pobres del pleno ejercicio de su soberanía y, cuando lo hacen, vemos nuevas formas de colonialismo que afectan seriamente las posibilidades de paz y de justicia." Por eso exhortó: "Digamos NO, entonces, a las viejas y nuevas formas de colonialismo. Digamos SI al encuentro entre pueblos y culturas. Felices los que trabajan por la paz".


Y para cerrar, la "tercera tarea, tal vez la más importante que debemos asumir hoy, es defender la madre tierra. La casa común de todos nosotros está siendo saqueada, devastada, vejada impunemente".


Por eso "es imprescindible que, junto a la reivindicación de sus legítimos derechos, los pueblos y organizaciones sociales construyan una alternativa humana a la globalización excluyente" porque "no hacerlo es un pecado grave".
En medio de todos estos pronunciamientos hubo espacio para criticar "la concentración monopólica de los medios de comunicación social", para decir que "el destino universal de los bienes no es un adorno discursivo de la doctrina social de la Iglesia" porque "es una realidad anterior a la propiedad privada", para reconocer que "se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios" y pedir "humildemente perdón, no sólo por las ofensas de la propia Iglesia sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América", para recordar en Bolivia al jesuita Luis Espinal asesinado en 1980 por la dictadura de García Meza y para reconocer, en Paraguay, a las Madres de Plaza de Mayo. Tampoco desaprovechó la oportunidad para afirmar que "la Iglesia, sus hijos e hijas, son una parte de la identidad de los pueblos en Latinoamérica. Identidad que, tanto aquí como en otros países, algunos poderes se empeñan en borrar, tal vez porque nuestra fe es revolucionaria, porque nuestra fe de- safía la tiranía del ídolo dinero".

Publicado enSociedad
Martes, 23 Junio 2015 12:06

¿Mujeres al poder?

¿Mujeres al poder?

Los preparativos del primer encuentro de mujeres caribeñas y latinoamericanas, que tendrá lugar el 24 de septiembre en República Dominicana, constituye la ocasión de una concertación nacional de las organizaciones de mujeres para realizar el balance de las luchas llevadas y de la real situación de los derechos políticos y sociales de las colombianas.

 

Aunque el género femenino ha ganado espacios de visibilidad en el país, su presencia aún no parece evidente, sino más bien tolerada bajo un marco que limita y condiciona fuertemente su incidencia. En este sentido, en el contexto actual de reflexión colectiva, es oportuno emprender un inventario de las condiciones de (no)acceso de las mujeres a los espacios de decisión claves del país.

 

La participación política: creciente pero bajo control

 

Las mujeres representan más de la mitad de la población colombiana pero ocupan tan solo el 12 por ciento de los cargos de elección popular. Lejos de la paridad que requeriría la justicia democrática, según los criterios del género, estas cifras son por lo tanto las proporciones más "altas" jamás conocidas en el país, desde el logro del derecho al voto, en 1954; prueba de que el patriarcalismo, aunque fuertemente cuestionado por la lucha de las colombianas para poder incidir sobre el destino colectivo del país, permanece aún como realidad bastante palpable.

 

Actualmente Colombia cuenta con senadoras, diputadas, gobernadoras, ministras y alcaldesas. Las mujeres representan el 23 por ciento del Senado y el 19 por ciento de la Cámara, respectivamente, con un aumento del 6 por ciento respecto al periodo 2010-2014. A nivel local, las cifras no cambian mucho: solo un 10 por ciento de los municipios cuentan con mujeres alcaldesas, y en un 9 por ciento de los departamentos hay gobernadoras.

 

Las campañas electorales han sido campo propicio para la promoción de algunas mujeres en el escenario político. En la última campaña presidencial dos mujeres, Marta Lucía Ramírez y Clara López, integraron el abanico electoral, y el actual gobierno cuenta con mujeres en cargos decisivos, incluidos cinco ministerios.

 

Una prueba de la vacilación de la legitimidad del modelo patriarcal son las leyes de cuotas del 2000 y del 2011, que obligan a una representación mínima de 30 por ciento de mujeres en los cargos públicos de alto nivel y en las listas electorales de los partidos. Es preciso constatar que estas leyes no cuentan con un programa estructural que garantice una competencia igualitaria de sus militantes femeninas con sus homólogos (en particular con el nivel de formación y el acceso a la financiación), y las candidatas a menudo sólo sirven de "relleno" en las listas electorales, para cumplir con la ley, sin que se transformen las estructuras de poder.

 

A pesar de esto, estas leyes en algo han servido para mejorar la representación de las colombianas en el escenario político, convirtiéndose en un estandarte para difundir, discutir y defender su derecho a la participación política.

 

De hecho, normas como la ley de la no violencia contra las mujeres o ley de economía del cuidado, impulsadas por el movimientos social de mujeres, ahora son recogidas como señales de un activismo feminista por una parte de la senadoras y representantes. Pese a la debilidad en su aplicación, estas leyes constituyen señales interesantes de que existe una práctica femenina del poder que viene a superar las solas tradiciones partidistas en pro de la defensa colectiva de sus derechos.

 

¿Más mujeres dirigiendo la economía?

 

Desde el punto de vista de su participación a la cabeza de la economía, el informe mundial de la OIT de 2012, sobre la mujer en la gestión empresarial, no deja de sorprender: ubica a Colombia como el segundo país con la mayor proporción de mujeres en la gestión de empresas. En efecto, con 53 por ciento de mujeres jefas de empresas, el nuestro es uno de los tres únicos países en el mundo en donde ellas dirigen un porcentaje importante del mercado laboral. Asímismo, es una mujer, Cecilia Álvarez Correa, quien figura a la cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

 

En efecto, son numerosas las mujeres en el sector empresarial, pero su influencia en el conjunto de la economía está contenida por un "techo de cristal" que les impide el acceso a los cargos decisivos cuando de las empresas más importantes se trata. En efecto, cuando detallamos las cien principales empresas de Colombia, las cifras caen con notoriedad: las mujeres representan entonces tan solo el 4 por ciento de los puestos de dirección general y solo el 10 por ciento entre mas de quinientos integrantes de las juntas directivas en las cincuenta empresas más grandes. A pesar de que las mujeres sean las gestoras de más de la mitad de las empresas y representan la malla social de la economía, su poder de influencia permanece periférico y controlado.

 

Sin embargo, hay que cuidarse de sacar conclusiones apresuradas. Sylvia Escovar, presidenta de Terpel y una de las mujeres que figura a la cabeza de la economía colombiana, comentó el 8 de marzo en entrevista para la BBC, "Cada día más mujeres están ocupando cargos directivos en Colombia, pero no puede desconocerse que existen más hombres que mujeres en este tipo de cargos. Basta hacer una lista de invitados a un cóctel corporativo para darse cuenta de ello".

 

Pero ¿quiénes son estas dirigentes?

 

Respecto a las pocas que logran acceder a cargos de gran importancia, constituyen entonces lo que la sociología llama las "élites discriminadas"1, en el sentido que siempre ejercerán el poder como una anomalía tolerada al lado de compañeros cuyo poder aparece como algo evidente y natural, por lo que su poder de cambio social queda fuertemente reducido.

 

Su precaria legitimidad en el ejercicio del poder, proyecta, de alguna manera, la fuerte selección social que solo le permite acceder a cargos de importante poder decisivo a las que son más parecidas al prototipo del poder hegemónico masculino. Estas dirigentes representan un cuerpo social uniformizado: son mayoritariamente, blancas, provenientes de las familias más poderosas del país, detentoras de un fuerte capital material y cultural y, como tales, representantes de intereses de clase específicos. Esta construcción del poder femenino traduce a un plano evidente la aun más desigual representación de las colombianas, no solamente en términos de género, sino también de clase y raza.

 

Estas mujeres dirigentes terminarán en defensoras de los intereses de las clases dominantes, brindando un aspecto simpático al contenido neoliberal del proyecto que sostienen, representado, por ejemplo, en la sonrisa de la Ministra de comercio exterior, que firma tratados de libre comercio con Corea del Sur, o en las bonitas palabras de la presidenta de Terpel que se ve como la madre de la empresa de comercialización de combustibles y que invita a sus empleados a tratar sus estaciones como si fueran "amas de casa".

 

También los sindicatos tienen sexo

 

No solo las clases dominantes tienen el monopolio del sexismo. En efecto, cuando miramos la participación popular de las mujeres sobre la economía, por ejemplo, a través de los sindicatos, nos percatamos de que también allí las mujeres ocupan un rol muy especial y desvalorizado.

 

Todavía muy debilitados por una larga historia de persecución y criminalización, las cifras ya bajas del sindicalismo (según el Dane, entre 2008 y 2011, el 26 por ciento de los trabajadores públicos, y solo 1,5 de los trabajadores privados estaban sindicalizados) caen aun más cuando se trata de la movilización de las mujeres.

 

Las mujeres les servimos a los compañeros, pero para cargarles los ladrillos pa' que ellos sean dirigentes! (risas)", comenta Melba Rincón Suarez, maestra e integrante de la Asociación Distrital de Educadores. Aunque son un poco menos de la mitad de la población "activa", las mujeres están subrepresentadas en los comités ejecutivos de las centrales y del sindicato más importante del país: suman 20 sobre 74 en la CGT, 3 sobre 22 en la CUT, 6 sobre 37 en la CTC y 0 de las 15 personas que integran el comité ejecutivo de la Fecode.

 

¿Decidir? Bueno, pero para los asuntos de mujeres

 

Además, y a condición que existen, las dirigentes sindicales son casi sistemáticamente subordinadas en las juntas a cargos auxiliares, prolongación del trabajo doméstico: son secretarias, ayudantes o asignadas a temas que afectan a las mujeres y a la juventud. Aparece, entonces, un criterio suplementario de su acceso a los espacios de decisión: ellas pueden ejercer el poder pero con la condición de ocupar los espacios y temas asociados al rol tradicional femenino o, por lo menos, en lo que respecta al papel que esperan de ella como subordinada al poder masculino.

 

Vale la pena recordar, no obstante, que la construcción de secretarías de la mujer en los sindicatos refleja parte de las luchas lideradas por las trabajadoras por hacer valer su aporte y sus reivindicaciones laborales. Sin embargo, estas secretarías son percibidas por los compañeros como espacios de poca importancia, aunque tienen la ventaja de atraer fondos del extranjero a la organización y, de nuevo, a la manera de las leyes de cuotas, de contener las reivindicaciones feministas. "No es el problema de que si son hombres o mujeres los que están en la dirección", agrega Rincón, "en la Junta Directiva de la ADE tenemos cinco mujeres, pero el trabajo de mujer es muy limitado en el sindicato, con poco reconocimiento por parte de la Junta".

 

¿Qué pasa en la educación?

 

Aunque las cifras varían un poco, según las fuentes, es claro que el cuerpo docente es, por gran mayoría, femenino: el 75 por ciento son maestras. Pero igual, las mujeres son minoritarias en los cargos de alta responsabilidad en los sindicatos de docentes. De igual manera, en la educación superior es notoria la falta de representación femenina en los cargos directivos: de las 102 universidades registradas en el país, solo 14 cuentan con rectora.

 

¿Y en el campo?

 

Si bien las mujeres son un factor clave del trabajo rural agropecuario, del mantenimiento de las comunidades y veredas, y de la sobrevivencia de las familias, las mujeres rurales permanecen minoritarias en los comités rurales y en el Ministerio de Agricultura. A pesar de la existencia de un importante liderazgo comunitario femenino, y de una movilización estructurada, el poder femenino rural sigue gravemente marginalizado por los poderes locales y públicos, lo que queda traducido en fuertes desigualdades en el acceso y restitución de tierra, así como a los fondos públicos para la agricultura.

 

Este rápido panorama de la participación de las colombianas en órganos de decisiones lleva a conclusiones contrarias pero no contradictorias. Por un lado, es preciso hacer justicia a las luchas de las mujeres que lograron entrometerse en el poder y debilitar, por lo mismo, el modelo patriarcal; han mostrado que son actoras legítimas y capaces de dirigir, construyendo formas innovadoras de hacer política, y de integrar en el debate público temas propios. Aunque es necesario enfatizar, que estos logros no sólo reflejan acciones personales, sino, y en la fundamental, el agenciamiento social del movimiento de mujeres en el país, con el cual han podido alcanzar y abrir espacios en los distintos campos del poder realmente existente y excluyente.

 

Por lo tanto, si bien hoy las mujeres son más numerosas en las sillas de dirigentes que ayer, eso no significa que su poder político esté extendido de manera lineal e igualitaria. El patriarcalismo se mantiene fuertemente y, en particular, a través de una serie de estrategias de control del poder de decisión que pudieran ganar las mujeres. Lo que está en juego para los dirigentes varones tradicionales, frente a la movilización feminista, y a la necesaria integración de las mujeres al poder, es el mantenimiento de su legitimidad natural en el imaginario colectivo. Esto funciona de dos maneras: por un lado, dejar espacios de incidencia ficticia a las mujeres, para mantener sus reivindicaciones bajo control y, por el otro, regular su participación en los espacios de poder para que su actitud e identidad no cuestionen ni el orden del poder dominante, ni su rol como mujeres.

 

En conclusión, el poder de la mujer es aceptado a condición de que sea auxiliar, conservador y subordinado. A partir de estas experiencias, la democracia colombiana se muestra como es: plutocrática y patriarcal. Nos queda confiar en las mujeres para que los espacios ganados no las apacigüen, haciendo de ellos herramientas de organización, discusión, empoderamiento y difusión de un modelo alternativo de democracia: crítica, horizontal, en búsqueda de innovación, una democracia hecha de diversidades.

 

1 María Antonia García León, Las elites discriminadas. Barcelona: Anthropos (1994).

Publicado enEdición Nº 214
La prórroga por 10 años del derecho de pensión anticipada para personas que realizan oficios de alto riesgo

Diferentes Estados en el mundo en sus Sistemas de Seguridad Social han reconocido procedimientos especiales (pensiones de jubilación anticipada) para trabajadores(as) que realizan labores que causan deterioro de la salud, o constituyen riesgo para su integridad física o psíquica, producen enfermedades con más frecuencia que otros trabajos, o disminuyen la expectativa de vida de quienes las realizan. Son los oficios reconocidos como de naturaleza penosa, sucia, peligrosa, tóxica, insalubre. En Colombia dichos oficios se denominan "actividades de alto riesgo".

En el Convenio 128 de 1967 la misma OIT recomendó la pensión de jubilación anticipada para estas personas. Dice así: "Deberá ser reducida la edad de jubilación para las personas que hayan estado trabajando en labores consideradas por la legislación nacional como penosas o insalubres a los efectos de la prestación de vejez".

Para dichas labores el Sistema de Protección Social de Colombia ha reconocido un régimen especial de pensión de vejez, que consiste en la disminución del tiempo de exposición a condiciones de trabajo de alto riesgo, mediante el acceso a una pensión de jubilación anticipada, mediante el Decreto 2090 de 2003, cuya vigencia terminaba el 31 de diciembre del 2014.

Las centrales sindicales y sus sindicatos filiales presentaron argumentos y estudios para respaldar la continuidad de dicho derecho de pensión y la posibilidad de su ampliación a otras actividades nuevas. Así fue como mediante el Decreto 2655 del 17 de diciembre de 2014 se logró la prórroga de la norma por otros años 10 años, pero solo para las actividades de alto riesgo consagradas en el decreto 2090. Es decir no se amplió la cobertura de este derecho.

Por tanto, solo se reconocen como actividades de alto riesgo las consagradas en el Decreto 2090 del 26 de julio de 2003, entendidas como aquellas que generan por su propia naturaleza la disminución de la expectativa de vida del trabajador(ra), independientemente de las condiciones en las cuales se efectúe el trabajo, es decir que no se presente enfermedad o accidente laboral.

Así las cosas, las actividades de alto riesgo reconocidas son:

- En minería que impliquen prestar los servicios en socavones o en subterráneos.
- Que impliquen exposición a temperaturas por encima de los valores límites permisibles, determinados por las normas técnicas de salud ocupacional.
- Con exposiciones ionizantes.
- Con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas.
- En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o la entidad que haga sus veces, la actividad de los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo, con licencia expedida o reconocida por la Oficina de Registro de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, de conformidad con las normas vigentes.
- En los Cuerpos de Bomberos, la actividad relacionada con la función específica de actuar en operaciones de extinción de incendios.
- En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la actividad del personal dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión carcelaria, durante el tiempo que ejecuten dicha labor.

Este sistema especial solo opera en el régimen de prima media, por lo que el decreto consagra que el empleador tiene la obligación, con Colpensiones únicamente, de cotizar por cada trabajador un 10% adicional al monto normal de cotización para pensión por vejez.

Los problemas y las necesidades

A pesar de la prórroga del decreto 2090, no se han resuelto los diferentes problemas que hoy enfrenta el desarrollo del derecho de pensión anticipada, que son:

1- Continúa un límite de tiempo de vigencia de dicho régimen especial. Puesto que fue prorrogado nuevamente por 10 años sin claridad de garantía de continuidad. Es decir, se puede estar abonando el camino para la desaparición de dicha pensión en los próximos 5 a 10 años.

2- El no pago de la cotización especial: un número importante de empresas o empresarios, ya sea por negligencia o desconocimiento, no reconoce las actividades que desarrolla como de alto riesgo, aún las contempladas en el decreto 2090 de 2003. Por tanto tales actividades no existen para estas empresas, ni para las estadísticas, ni para la cotización especial, y mucho menos para las actividades de promoción y prevención en salud laboral. Además Colpensiones y el Ministerio del Trabajo desconocen a cuántos trabajadores(as) se les reconoce como de actividad de este tipo. Así mismo, el fondo de pensiones no realiza los cobros especiales correspondientes en forma efectiva, pese a que cuenta con normas y facultades para desarrollar acciones legales de recobro.

3- Un número importante de trabajadores(as) están expuestos a actividades de alto riesgos y no se conoce su situación. Hoy hay más de 400.000 trabajadores(as) expuestos a actividades de alto riesgos, pero no se conocen si están siendo protegidos y son beneficiarios de este derecho a través, no solo de los programas de prevención, sino de la cotización especial y adicional del 10%. Estos trabajadores se distribuyen así:

4- El no reconocer como trabajos de alto riesgo a las mismas actividades contempladas en el decreto 2090 de 2003 cuando se interpreta equivocada e ilegalmente que dichas actividades no superan los rangos de los TLV (valores límites permisibles en el trabajo). Este camino para el no reconocimiento ha ganado adeptos empresariales, que lo justifican aduciendo que no existe o no se configura como actividad de alto riesgo cuando no se superan los valores límites permitidos o permisibles; o sea haciendo una interpretación en donde no existe la posibilidad de interpretar, puesto que la norma no plantea la existencia de los límites permisibles para el reconocimiento de las actividades contempladas en el decreto 2090 de 2003 como de alto riesgo, y en especial desconociendo las normas técnicas y científicas que plantean que la sola existencia de la condición de trabajo disminuye la expectativa de vida saludable durante o posterior a la vida laboral.

5- La baja o casi nula inspección laboral en materia de riesgos laborales, y en particular en seguimiento y vigilancia de las actividades de alto riesgo.

6- La aparición de nuevos procesos industriales y laborales como producto de las transformaciones del mundo del trabajo, que se pueden considerar como trabajos penosos, tóxicos y peligrosos, los cuales no han sido estudiados en sus consecuencias como de alto riesgo, y por tanto están causando disminución de la expectativa de vida de trabajadores(as). Es el caso del trabajo en redes de alto espectro o procesos de nanotecnología, muy poco estudiados en el país.

7- Ausencia de estudios científicos y técnicos, así como de un procedimiento práctico y científico que permita la vigilancia y actualización de los procesos laborales, tradicionales o nuevos, que se podrían reconocer como actividad de alto riesgo.

8- El desconocimiento de las y los trabajadores, y de las organizaciones sindicales, del derecho que tienen de disfrute de la pensión especial de vejez por estar laborando en Actividades de Alto Riesgo, así como la forma de prevenir las consecuencias por trabajar en ellas.

9 propuestas para mejorar el derecho de pensión por riesgos:

Frente al panorama anteriormente descrito, planteamos estas 9 propuestas:

1- Fortalecer las medidas de promoción y prevención en forma prioritaria, independiente del reconocimiento de una pensión anticipada. En otras palabras: la peligrosidad, insalubridad o toxicidad debe en principio evitarse del todo y completamente, no basta con reducirse, puesto que su sola presencia posibilita la disminución de la expectativa de vida, especialmente la poslaboral, por ejemplo el riesgo cancerígeno. En diciembre del 2014 no estaban afiliados a Riesgos Laborales un 24% de los trabajadores mineros.

2- Desaparición del límite de tiempo del Régimen Especial de Pensiones Especiales para las actividades de alto riesgo. Este siempre deberá cubrir a las y los trabajadores vinculados a actividades que impliquen disminución de su expectativa de vida saludable posterior a la laboral. Si la actividad no acaba, tampoco debe acabarse la norma ni el derecho que los protege.

3- Establecer un procedimiento para el reconocimiento de nuevas actividades de alto riesgo. Deberá contar con el desarrollo de estudios técnicos y científicos reconocidos por el Ministerio de Salud, y con el concepto de las y los trabajadores. Para ello se propone el establecimiento de una comisión política–técnica (gobierno, Estado y trabajadores) con la participación de los sindicatos implicados.

4- Ratificar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia del 21 de agosto de 2013, en el sentido de que si demuestra en el proceso que la actividad del trabajador(a) corresponde a las catalogadas como de alto riesgo, así el empleador haya incumplido su deber de la cotización adicional, no puede ser el afiliado quien corra con las consecuencias de tal omisión, por lo que la administradora de pensiones, una vez satisfechos los demás requisitos legales, debe reconocer la pensión especial de vejez. Esto sin perjuicio de que la administradora de pensiones pueda reclamar al empleador el cubrimiento del faltante al aporte especial que no realizó, en los términos que prevea la ley, o que el juez lo imponga por tratarse de una obligación legal.

5- Fortalecer la inspección de trabajo especializada para la vigilancia de las actividades de alto riesgo. No sólo en sentido de la promoción y prevención de mejores condiciones de trabajo para que efectivamente no se acorte la expectativa de vida de los y las trabajadoras, sino también para el control del pago y cobro de la cotización especial para la pensión de vejez. Esto a través de la "Comisión Especial de Inspectores de Trabajo en materia de Riesgos Laborales", y el Sistema Nacional de Inspectores del Trabajo contemplado en la Ley 1562 del 2012 en su artículo 32.

6- Programas especiales de promoción y prevención de desgaste por actividades de alto riesgo. Definir con precisión la obligación a los empleadores del desarrollo de programas y sistemas de gestión de la seguridad y salud laboral especiales que incluyan programas de formación en estos temas.

7- El Fondo de Pensiones Colpensiones debe estructurar una dependencia técnica–política sobre el régimen especial de pensión de vejez por alto riesgo, con el fin de especializar a una instancia técnica encargada de garantizar la afiliación y pago de los aportes adicionales por parte de los empleadores, así como llevar a cabo los estudios actuariales frente a la solvencia de este pago.

8- Las Administradoras de Riesgos Laborales y los Ministerios de Trabajo y de Salud, deben cumplir con sus responsabilidades de promoción y prevención, por tanto deben contribuir a garantizar que se cumpla a cabalidad con dichas medidas, con especial énfasis en las empresas de clase de riesgo IV y V, y en empresas con actividades consideradas como de alto riesgo, como lo contempla la Ley 1562 del 2012 en su artículo 90.

9- Realizar estudios especializados, no solo actuariales si no de corte científico-técnico, que permitan hacer un balance del estado actual del régimen de pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo, de la relación del número de trabajadores afiliados frente a los que deberían estarlo, condiciones de prevención implementadas, estado de la jurisprudencia y estrategias para hacer cumplir las normas existentes en materia de afiliación y prevención, papel que le cabe a cada uno de los actores: empresas, ARL, Colpensiones y Ministerios de Salud y Trabajo.

Es menester que el movimiento sindical colombiano tome las banderas, con acciones de formación, investigación y acciones de asesoría y denuncias para la defensa y promoción del derecho de pensión especial de vejez por alto riesgo.

Publicado 5 de mayo de 2015.

Publicado enColombia
Negociando en medio de la desconfianza*

Una decisión urgida por las dilaciones oficiales. La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (Cacep), espacio de convergencia que reúne a diferentes procesos agrarios* tomó el pasado 27 de abril la decisión de declararse en asamblea permanente, exigiendo del Presidente de la República el inicio de una etapa de evaluación, balance y rendición de cuentas, debido a los incumplimientos y alargues en el proceso de negociación con la Mesa Única de Nacional, al tiempo que convoca a sus organizaciones de base a una asamblea de delegados para el próximo 13 de mayo en la ciudad de Bogotá, para definir el rumbo inmediato de la negociación, así como el camino que deberá tomar este espacio de convergencia a un año de su creación.

En carta dirigida al ministro Juan Fernando Cristo Bustos en igual fecha, la Cacep exige del Ministerio del Interior concertar una reunión con el presidente Juan Manuel Santos con el fin de realizar un balance de la negociación y pedir claridad respecto de la ruta de cumplimiento de los compromisos pactados.


Crónica de una crisis anunciada


Luego de los procesos de movilización social y paro agrario del año 2013, varias organizaciones sociales, étnicas, campesinas y populares se dieron cita en Bogotá entre el 15-17 de marzo de 2014 para construir un pliego unificado que recogiera las aspiraciones de las comunidades rurales populares. Fruto de este encuentro es redactado el Pliego de exigencias: Mandatos para el Buen-Vivir, Por la reforma agraria estructural territorial, la soberanía, la democracia y la paz con justicia social. (Ver pliego http://www.comosoc.org/PLIEGO-DE-EXIGENCIAS-MANDATOS-PARA-14), con el cual logra sentarse al gobierno nacional el día 11 de abril de 2014, para solicitar el reconocimiento de La Cacep como interlocutora legitima, exigiendo la instalación de una Mesa Única de Negociación.


El 8 de mayo de 2014, el Ministerio del Interior expidió el decreto 870 con el cual regula el espacio de interlocución con las organizaciones de la Cacep (ver decreto 870 de 2014) y crea la Mesa Única Nacional para discutir los temas del pliego único de exigencias. Adicionalmente, y como medida de aclimatación y confianza, el Gobierno se comprometió a instalar una subcomisión de derechos humanos y garantías para atender los casos de las personas asesinadas, heridas y detenidas durante las jornadas de protesta, así como la apertura de una línea de proyectos productivos dentro del fondo de fomento agropecuario del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, proyecto de infraestructura con el Departamento Nacional de Planeación y de fortalecimiento organizativo con el Ministerio del Interior.


El 3 de octubre de 2014, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, fue protocolizada la Mesa Única de Negociación, con la presencia del Presidente de la República. Este mismo día el gobierno nacional radicó ante el Congreso nacional una iniciativa legislativa que pretendía crear las "Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidre)", figura que permitía que los baldíos pudieran ser adjudicados no sólo a campesinos desposeídos, como lo contempla la Ley 160 de 1994, sino también a grandes inversionistas agroindustriales, el mismo que posteriormente fue retirado tras muchas presiones y denuncias, dejando en el ambiente el mal antecedente de lo que posteriormente será el desarrollo de las negociaciones.


Las primeras discusiones de la Mesa Única de Negociación, iniciadas el 7 de octubre de 2014 se centraron en los temas mínimos de aclimatación en torno a garantías y derechos humanos, a la apertura de las mesas regionales de negociación en Catatumbo, Magdalena Medio, Antioquia y Cauca; financiación de proyectos de infraestructura en salud, saneamiento básico, vías, educación y comercialización, y la apertura de una línea de financiación de proyectos productivos que desmonte las barreras de acceso a recursos del Estado impuesta por criterios cerrados en cuanto a beneficiarios, rublos de inversión, requisitos técnicos, etcétera. Adicionalmente, planteó la necesidad de convocar a la comisión de estudio del Plan Nacional de Desarrollo para abrir el debate nacional atendiendo no solo el derecho a la consulta previa de afros e indígenas, sino además las propuestas expuestas en el pliego único en materia de economía propia (economía campesina, indígena y negra) y de política minero energética. De esta reunión solo quedó el compromiso del Ministerio del Interior de comunicar a los otros ministerios para delegar en sus oficinas la discusión y el tramite de los asuntos en cuestión.


LA pretensión de entregar los baldíos a grandes empresas no fue la única manipulación urgida desde la Casa de Nariño. Luego de 7 meses de instalada la Mesa Única de Negociación, y a un año de expedido el Decreto 870, el Gobierno insiste en renegociar lo negociado, en dilatar el inicio de la discusión sobre el pliego de exigencias para el buen vivir, negándose a instalar la subcomisión de derechos humanos, sin considerar que en lo que va corrido del año 8 indígenas han sido asesinados, más de una decena de líderes agrarios amenazados y, para colmo, la existencia de un nuevo proyecto de Plan Nacional de Desarrollo formulado de manera inconsulta, el mismo que agrava la ya difícil situación que afrontan las comunidades agrarias, quienes han actuado con credulidad y buena fe, confiando en la palabra empeñada por el Presidente y sus ministros, de quienes recibieron promesas que no han pasado de la retórica a los hechos.


El Estado y el Gobierno, ¿para qué y para quién?


Las comunidades campesinas, negras e indígenas no solo han sido despojados de sus territorios, mediante el desplazamiento forzado y la implementación de megaproyectos, sino, además, parece ser que quieren despojarlas de su condición de sujetos de derechos, menospreciarlas y llevarlas a la condición de mendigos, desconociendo. entre otras cosas, su aporte a la economía, a la soberanía alimentaria y al cuidado de los bienes comunes.


Al considerar los derechos que protegen a estas comunidades, como al conjunto de la población colombiana, en particular uno de ellos, el que garantiza la protesta y la reclamación, recurriendo a las vías legales y los procedimientos administrativos del Estado, lo que encuentran estos sectores sociales son trámites, papeleos, exigencias y tecnicismos levantados como murallas infranqueables, a las que solo pueden acceder aquellos que cuentan con el dinero suficiente para comprar sus derechos. Reclamaciones dilatadas por la formalidad institucional, la cual sí es diligente o pronta con los procesos de negociación dispuestos por los gremios económicos agroindustriales beneficiarios de Pactos Agrarios y Tratados de Libre Comercio. Realidad que permite preguntar: entonces, el Estado y el Gobierno ¿para qué y para quién?


Hoy, cuando se habla de paz y prosperidad para todas y todos, los campesinos, indígenas y negros permanecen como victimas de asesinato, amenazas y persecución por parte de la fuerza pública y demás actores armados. Cuando recurren a las vías de hecho, a la protesta y la movilización para hacerse escuchar, la respuesta inmediata es la represión, las amenazas y la cárcel. Esta realidad acá reseñada representa un panorama lamentable que lesiona la confianza del país nacional frente al país político, el que persiste en proteger los intereses de la minoría. Actitud que evidencia, además, que la negociación con el Gobierno atraviesa un momento crítico, y que es hora de hacer un balance para definir cómo continuarla.


El diálogo, la negociación y la concertación.


El diálogo, la negociación y la concertación con el Gobierno no puede llevar a perder de vista el escenario legislativo, donde definen la política pública y concretan muchos de los acuerdos alcanzados en las oficinas ministeriales. Lamentablemente, el legislativo está capturado por grupos políticos representantes de los sectores agroindustriales, terratenientes, quienes adecuan las leyes a sus propios intereses, como las pretendidas leyes de baldíos y el Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018 que responde más a las necesidades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), que a las necesidades sentidas por los colombianos de a pie.


Tampoco podemos perder de vista las iniciativas económicas, políticas y organizativas que desarrollan las organizaciones populares en la ruralidad, expresadas de manera autónoma, espontánea, y muchas veces marginadas de las grandes disputas ideológicas y políticas, pero que constituyen alternativas reales de vida, que resisten a pesar de los embates del modelo económicos, constituidas en germen de futuro y sustentabilidad para un mundo en crisis (ambiental, económica, etcétera), iniciativas que deberían ser la base para cualquier proyecto político.


Por estas razones, es claro que las disputas por la tierra, el territorio, los recursos, la economía, el buen vivir, se libran en múltiples campos. No solo sentados con el Gobierno es posible lograr que los proyectos de vida de las comunidades rurales existan y pervivan; es necesario, además del avance autónomo de procesos de planeación, gestión y ordenamiento territorial, donde sean las "comunidades y los pueblos quienes definan cuáles deben ser los usos del territorio y las maneras de habitarlo, conservarlo y cuidarlo conforme a las cosmovisiones de los pueblos y comunidades agrarias, de acuerdo a una política diferencial propia que incluya a las distinciones étnicas, regionales y productivas, y que garantice la seguridad jurídica para los territorios individuales y colectivos" (Pliego de Exigencias Cumbre Agraria).


También es necesario articular las luchas que libran en este momento trabajadores estatales, profesores, médicos, estudiantes, etcétera. Es necesario establecer vínculos concretos de solidaridad entre los sectores sociales que hoy se encuentran en conflicto social con el Estado. Conservando la voluntad de contribuir a la paz, pero con justicia, equidad y dignidad.


Ante esta circunstancias, no sobra reiterar que las diversas organizaciones y procesos agrarios que integran este proceso conservan su voluntad de diálogo, pero sin ceder ante la retórica. Por eso exigen del Gobierno muestras claras de voluntad, manifestadas en hechos concretos.


Mientras esto se torne realidad, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, se mantiene en asamblea permanente, y llama a las comunidades y sus organizaciones a continuar con procesos de análisis y reflexión a fin de buscar caminos para afrontar esta difícil situación a la que ha llevado el mal gobierno.


2 de mayo de 2015

Publicado enColombia
Instan BID, BM y OCDE a pronta reforma en pensiones

Sin reformas, entre 63 y 83 millones de personas carecerán de pensión, aseveró el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, al difundir un informe sobre el panorama regional de las pensiones elaborado junto con el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El presidente del BID calificó el manejo de las pensiones como el desafío principal para construir un sistema de protección social a largo plazo.


Esos tres organismos multilaterales exhortaron a los gobiernos latinoamericanos a abordar cuanto antes reformas en el manejo de las pensiones para evitar la pobreza en la tercera edad, en un continente en el que la población adulta es cada vez mayor.
Moreno subrayó la urgencia de las reformas, ya que la porción de latinoamericanos mayores de 65 años pasará en 30 años del actual 7 por ciento a casi 20 por ciento. El panorama se agrava debido a que sólo 45 por ciento de los trabajadores aportan recursos a un plan de retiro.


Sin reformas, entre 63 y 83 millones de personas carecerán de pensión, advirtió Moreno, y añadió que en este momento estamos disfrutando de un bono demográfico que no podemos desaprovechar.


El mexicano José Ángel Gurría, presidente de la OCDE, señaló que América Latina tiene ocho personas en edad productiva por cada pensionista, pero la tasa disminuirá a 2.5 en 2050.


Gurría atribuyó la tendencia al elevado número de trabajadores en el sector informal que no hacen aportes. Los gobiernos necesitan impulsar las oportunidades de empleo en el sector formal, particularmente para las mujeres, a fin de que más personas puedan beneficiarse de una pensión digna, indicó.


El documento identificó la emergencia en varios países de las pensiones llamadas no contributivas –aportadas directamente por los Estados y no por empleados ni patronos– que han contribuido a disminuir la pobreza, pero advirtió que su sustentabilidad a largo plazo supondrá un reto fiscal a medida que la población envejezca y haya más solicitantes.


El informe, que incluye un análisis comparativo por país, concluyó que el gasto regional promedio en pensiones equivale a 3 por ciento del producto interno bruto, y que la expectativa de vida promedio en la región para los mayores de 65 años es de 19 años para los hombres y 16 para las mujeres.


Moreno y Gurría coincidieron en que las inversiones en los sistemas y las reformas en los marcos institucionales son el primer paso que deben abordar los gobiernos para lograr sistemas de pensiones de mayor cobertura y sostenibilidad.

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Los derechos laborales en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo

Así como el proyecto de PND no considera los acuerdos de las negociaciones que se desarrollan en La Habana entre el Gobierno y las Farc, ni prevé los desarrollos legales e institucionales que se deben implementar para la consolidación de los mismos, en materia laboral no contempla las recomendaciones de los órganos de control, ni de la misión de Alto Nivel de la OIT, ni los compromisos adquiridos en el Plan de Acción Laboral con el Gobierno de EE.UU, como tampoco el Acuerdo Colectivo Nacional suscrito el 16 de mayo de 2013, resultante esta última de la primera negociación en derecho adelantada entre el Gobierno Nacional y las centrales y federaciones estatales, y las sentencias de la Corte C–614 del 2009 y C–171 de 2012.

Una mirada a los temas laborales en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND) que se discute en el Congreso desde el enfoque de Trabajo Decente, nos muestra que una política pública en tal sentido seguirá siendo una cuestión más enunciativa que transformadora de la realidad laboral. Una realidad cuyos indicadores son bastante precarios: informalidad del 66%; el 30% de la población ocupada con formas de contratación y tercerización ilegales; grandes restricciones a los derechos de libertad sindical, prueba de ello es una afiliación sindical inferior al 5% y una cobertura de la negociación colectiva del 6% (incluyendo los desarrollos recientes en el sector público); una gran debilidad institucional en las funciones de inspección y vigilancia del Ministerio de Trabajo; la persistencia de una cultura de violencia antisindical y altos niveles de impunidad.

Para empezar, las metas del proyecto de PND en indicadores de Trabajo Decente y desigualad son bastante pobres, como lo muestra el siguiente cuadro:

Reducir el indicador GINI de desigualdad de 0.54 a 0.52, aumentar la tasa de formalización laboral en 2%, mantener la tasa de desempleo de jóvenes y femenina por encima de dos dígitos, y un avance marginal en la tasa de cobertura en seguridad social, expresan el poco compromiso del proyecto de PND y del gobierno Santos con una agenda que haga sostenible y duradera la paz que se pretende construir a partir de los acuerdos de La Habana.

 

Adicional a lo anterior, el proyecto de PND, denominado "todos por un nuevo país, tiene varios obstáculos que dificultan avances en el logro de Trabajo Decente, como los siguientes:

 

1- El ajuste fiscal que pretende resolver el impacto negativo de la caída del precio del petróleo y la devaluación del peso, mediante una contracción de la planta de personal del sector público, una política salarial restrictiva y ningún compromiso en concertar una estrategia de formalización laboral en el Estado, como se expresa en la respuesta gubernamental al pliego nacional de las federaciones sindicales del sector público.

2- Insiste en políticas que han desmantelado la industria y la agricultura, y generado un cuantioso déficit de 6% del PIB en cuenta corriente, impulsando altas tasas de crecimiento que generan poco empleo y precarizan el existente. Por ejemplo, se mantiene la importancia del extractivismo minero–energético dentro de la dinámica de la economía y las finanzas públicas; se da continuidad a la agro-industria de exportación del PND 2010 -2014 como locomotora del desarrollo; se continua dependiendo de la inversión extranjera como motor económico; se insiste en un modelo orientado a los mercados externos y no en el fortalecimiento de la demanda interna. Se plantea explícitamente que el desarrollo depende de las exportaciones a los países con los que tenemos acuerdos de libre comercio, cuando las cifras de comercio exterior y de empleo nos dicen otra cosa. Es decir, neoliberalismo refrito.

3- Si bien el proyecto de PND plantea que la creación de empleo y la inclusión productiva se harán en el marco del trabajo decente, existe cierta ambigüedad en este propósito cuando plantea que "debe ampliarse el concepto de relaciones laborales, de manera que cobije todos los tipos de vinculación laboral. Esto requiere entre otras acciones la actualización del marco normativo laboral, de manera que se ajuste a las condiciones actuales del mercado de trabajo". En vez de ajustar la realidad laboral al marco normativo, se pretende reformar el marco normativo para ajustarlo a la realidad laboral. El camino correcto debe ser que el país cumpla las recomendaciones de los órganos de control de la OIT en materia de libertad sindical, lo que implicaría una reforma al Código Sustantivo del Trabajo de manera concertada entre los diferentes actores del mundo del trabajo.

4- En el Artículo 72 del proyecto de ley del PND se dice: "El Gobierno Nacional bajo la coordinación del Ministerio de Trabajo, adoptará la política nacional de trabajo decente... También fijará las reglas para garantizar que las empresas cumplan plenamente las normas laborales en los procesos de tercerización". Es positivo que el proyecto adopte la política nacional de trabajo decente, pero la parte subrayada genera cierta ambigüedad por la similitud con el discurso de los gremios económicos, que plantean que todas las actividades de las empresas se pueden tercerizar con la única condición de respetar los derechos laborales. Esto se opone al artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 que de manera clara prohíbe la tercerización de actividades misionales.

5- Se proponen objetivos para masificar la negociación colectiva, tanto pública como privada, con acciones muy vagas, como "El Ministerio del Trabajo deberá generar instrumentos para garantizar los procesos de negociación colectiva...". "Se garantizarán los derechos de asociación de los trabajadores y la protección a las organizaciones sindicales y sus miembros". Pero nada dice de los compromisos del Plan de Acción Laboral, ni de las recomendaciones de la Misión de Alto Nivel de la OIT, ni cuál es la estrategia del Ministerio de Trabajo y del Estado para formalizar el trabajo y garantizar el respeto al derecho de asociación, como pasos previos al derecho de negociación colectiva.

6- En el proyecto de PND se plantea "Fortalecer la inspección, vigilancia y control del trabajo", pero no se incluye uno de los compromisos contenidos en el Plan de Acción Laboral, que es el reforzamiento del Ministerio de Trabajo con más inspectores, mejor remunerados, capacitados y especializados, para el sector minero, para el sector de infraestructura, para el sector de comunicaciones, entre otros.

 

Si el éxito de las negociaciones de La Habana o la construcción de la paz y su sostenibilidad en caso de la firma de un acuerdo que ponga fin al conflicto armado, dependen del Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018, no es posible albergar mayores esperanzas de una Colombia equitativa y en paz, construida a partir de una cultura y política pública de trabajo decente.

 

Publicado 16 de abril de 2015.

Publicado enColombia