Los derechos laborales en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo

Así como el proyecto de PND no considera los acuerdos de las negociaciones que se desarrollan en La Habana entre el Gobierno y las Farc, ni prevé los desarrollos legales e institucionales que se deben implementar para la consolidación de los mismos, en materia laboral no contempla las recomendaciones de los órganos de control, ni de la misión de Alto Nivel de la OIT, ni los compromisos adquiridos en el Plan de Acción Laboral con el Gobierno de EE.UU, como tampoco el Acuerdo Colectivo Nacional suscrito el 16 de mayo de 2013, resultante esta última de la primera negociación en derecho adelantada entre el Gobierno Nacional y las centrales y federaciones estatales, y las sentencias de la Corte C–614 del 2009 y C–171 de 2012.

Una mirada a los temas laborales en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND) que se discute en el Congreso desde el enfoque de Trabajo Decente, nos muestra que una política pública en tal sentido seguirá siendo una cuestión más enunciativa que transformadora de la realidad laboral. Una realidad cuyos indicadores son bastante precarios: informalidad del 66%; el 30% de la población ocupada con formas de contratación y tercerización ilegales; grandes restricciones a los derechos de libertad sindical, prueba de ello es una afiliación sindical inferior al 5% y una cobertura de la negociación colectiva del 6% (incluyendo los desarrollos recientes en el sector público); una gran debilidad institucional en las funciones de inspección y vigilancia del Ministerio de Trabajo; la persistencia de una cultura de violencia antisindical y altos niveles de impunidad.

Para empezar, las metas del proyecto de PND en indicadores de Trabajo Decente y desigualad son bastante pobres, como lo muestra el siguiente cuadro:

Reducir el indicador GINI de desigualdad de 0.54 a 0.52, aumentar la tasa de formalización laboral en 2%, mantener la tasa de desempleo de jóvenes y femenina por encima de dos dígitos, y un avance marginal en la tasa de cobertura en seguridad social, expresan el poco compromiso del proyecto de PND y del gobierno Santos con una agenda que haga sostenible y duradera la paz que se pretende construir a partir de los acuerdos de La Habana.

 

Adicional a lo anterior, el proyecto de PND, denominado "todos por un nuevo país, tiene varios obstáculos que dificultan avances en el logro de Trabajo Decente, como los siguientes:

 

1- El ajuste fiscal que pretende resolver el impacto negativo de la caída del precio del petróleo y la devaluación del peso, mediante una contracción de la planta de personal del sector público, una política salarial restrictiva y ningún compromiso en concertar una estrategia de formalización laboral en el Estado, como se expresa en la respuesta gubernamental al pliego nacional de las federaciones sindicales del sector público.

2- Insiste en políticas que han desmantelado la industria y la agricultura, y generado un cuantioso déficit de 6% del PIB en cuenta corriente, impulsando altas tasas de crecimiento que generan poco empleo y precarizan el existente. Por ejemplo, se mantiene la importancia del extractivismo minero–energético dentro de la dinámica de la economía y las finanzas públicas; se da continuidad a la agro-industria de exportación del PND 2010 -2014 como locomotora del desarrollo; se continua dependiendo de la inversión extranjera como motor económico; se insiste en un modelo orientado a los mercados externos y no en el fortalecimiento de la demanda interna. Se plantea explícitamente que el desarrollo depende de las exportaciones a los países con los que tenemos acuerdos de libre comercio, cuando las cifras de comercio exterior y de empleo nos dicen otra cosa. Es decir, neoliberalismo refrito.

3- Si bien el proyecto de PND plantea que la creación de empleo y la inclusión productiva se harán en el marco del trabajo decente, existe cierta ambigüedad en este propósito cuando plantea que "debe ampliarse el concepto de relaciones laborales, de manera que cobije todos los tipos de vinculación laboral. Esto requiere entre otras acciones la actualización del marco normativo laboral, de manera que se ajuste a las condiciones actuales del mercado de trabajo". En vez de ajustar la realidad laboral al marco normativo, se pretende reformar el marco normativo para ajustarlo a la realidad laboral. El camino correcto debe ser que el país cumpla las recomendaciones de los órganos de control de la OIT en materia de libertad sindical, lo que implicaría una reforma al Código Sustantivo del Trabajo de manera concertada entre los diferentes actores del mundo del trabajo.

4- En el Artículo 72 del proyecto de ley del PND se dice: "El Gobierno Nacional bajo la coordinación del Ministerio de Trabajo, adoptará la política nacional de trabajo decente... También fijará las reglas para garantizar que las empresas cumplan plenamente las normas laborales en los procesos de tercerización". Es positivo que el proyecto adopte la política nacional de trabajo decente, pero la parte subrayada genera cierta ambigüedad por la similitud con el discurso de los gremios económicos, que plantean que todas las actividades de las empresas se pueden tercerizar con la única condición de respetar los derechos laborales. Esto se opone al artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 que de manera clara prohíbe la tercerización de actividades misionales.

5- Se proponen objetivos para masificar la negociación colectiva, tanto pública como privada, con acciones muy vagas, como "El Ministerio del Trabajo deberá generar instrumentos para garantizar los procesos de negociación colectiva...". "Se garantizarán los derechos de asociación de los trabajadores y la protección a las organizaciones sindicales y sus miembros". Pero nada dice de los compromisos del Plan de Acción Laboral, ni de las recomendaciones de la Misión de Alto Nivel de la OIT, ni cuál es la estrategia del Ministerio de Trabajo y del Estado para formalizar el trabajo y garantizar el respeto al derecho de asociación, como pasos previos al derecho de negociación colectiva.

6- En el proyecto de PND se plantea "Fortalecer la inspección, vigilancia y control del trabajo", pero no se incluye uno de los compromisos contenidos en el Plan de Acción Laboral, que es el reforzamiento del Ministerio de Trabajo con más inspectores, mejor remunerados, capacitados y especializados, para el sector minero, para el sector de infraestructura, para el sector de comunicaciones, entre otros.

 

Si el éxito de las negociaciones de La Habana o la construcción de la paz y su sostenibilidad en caso de la firma de un acuerdo que ponga fin al conflicto armado, dependen del Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018, no es posible albergar mayores esperanzas de una Colombia equitativa y en paz, construida a partir de una cultura y política pública de trabajo decente.

 

Publicado 16 de abril de 2015.

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Trabajadores de Coca-Cola cumplen tres días en huelga de hambre

Desde el lunes 13 de abril cinco trabajadores de Coca-Cola, afiliados al sindicato Sinaltrainal, llevan a cabo una huelga de hambre en la Plaza de Bolívar de Bogotá, debido al despido masivo de 1.500 trabajadores por el cierre de la embotelladora en Fontibón y la judicialización y amenaza del movimiento sindical por parte de la empresa.

 

Desde el lunes 13 de abril, a las 2 de la tarde, cinco trabajadores de Coca-Cola afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (Sinaltrainal) se declararon en huelga de hambre, en representación de sus compañeros radicados en las 23 ciudades del país donde existen sedes de la empresa.

Según Wilson Castro, vocero del sindicato, la manifestación seguirá hasta poder acordar una mesa de diálogo con la multinacional, para solucionar los puntos que los llevó a la huelga.

"La última reunión tuvo lugar el miércoles 15 de abril en el que funcionarios de la alcaldía, Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos del Distrito se comprometieron a buscar una solución pronta a la situación de los trabajadores, y se abrió una mesa de apoyo para lograr el acercamiento con la empresa, pero desafortunadamente Coca-Cola no ha dado una respuesta positiva hacia la problemática", comentó Castro.

Entre los temas que motivaron este paro resalta la tercerización de los puestos de trabajo en empresas como Amcor, Eficacia, Proservis, FL Colombia S.A.S., Sodexo, Atemcon e Imbera, que según Sinaltrainal "son empresas fachada, usadas por Coca-Cola para subcontratar más del 70 por ciento de los trabajadores".

En la mesa de diálogo que planean llevar a cabo también hablarán de la precarización de los salarios, la judicialización y amenaza de la dirigencia sindical, y los despidos masivos debido al cierre de la embotelladora en el municipio de Fontibón, acción que dejará sin trabajo a más de 1.500 personas.

"Entre la dirección nacional de Sinaltrainal y la dirección de la empresa se han realizado anteriormente reuniones, sin embargo hay puros compromisos y no se concreta nada. En vista de que el diálogo no ha logrado los objetivos requeridos pues hemos procedido a esta acción casi suicida. No nos queda otra opción para ser escuchados", dice Castro.

De los cinco trabajadores que al momento de la rueda de prensa que citaron para el 16 de abril, 11 am., completan más de 96 horas en huelga de hambre, varios de ellos , según declaraciones de Castro, "presentan presión alta y nivel alto de azúcar", sin embargo la huelga no parará hasta que logren la mesa de diálogo con la embotelladora.

"Todo esto es debido a la persecución a la que estamos sometidos los dirigentes sindicales. Más de 60 trabajadores han sido amenazados y se han efectuado más de 26 asesinatos de miembros de Sinaltrainal, de esos, 14 trabajaban en Coca-Cola", afirma el vocero.

Un reciente comunicado del sindicato, mencionó el caso de la planta de Medellín donde "ingresó un carro y tanqueta blindados de la Policía Nacional, para reprimir a los trabajadores subcontratados que protestaban contra las presiones, la precarización y el despido de uno de sus compañeros por afiliarse a Sinaltrainal". También el sindicato hace referencia al caso presentado en la sede de Bucaramanga donde la embotelladora "monta la vigilancia Privada Vise, como escuadrón antidisturbios, portando escudos y practicando maniobras militares para enfrentar la protesta sindical y amedrantar a los trabajadores".

 

Daños ambientales con la nueva planta de Coca-Cola en Tocancipá

 

Por otro lado, el sindicato de alimentos también denuncia los hechos de contaminación ambiental causados por la empresa en los últimos años, como el caso del humedal Capellanía y la nueva sede en Tocancipá, que según estimaciones del sindicato, consumirá 1´680.000 M3 de agua, que representa el 68,58 por ciento de las necesidades del municipio.

"En Bogotá, Coca-Cola fue sancionada por contaminar el humedal de Capellanía y se niega a pagarle al Distrito Capital $ 46.000 millones de pesos por servicio de agua y alcantarillado, además, se apropió de fuentes de agua en la Calera, Cundinamarca", dicen en un comunicado.

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Trabajadores de Coca Cola, en huelga de hambre

Desde el 13 de abril a las dos de la tarde, cinco trabajadores de Coca Cola realizan una huelga de hambre para que el Estado intervenga y cree una mesa de diálogo con la reconocida compañía.


En la Plaza de Bolívar de Bogotá permanecen cinco trabajadores de Coca Cola, afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (Sinaltrainal). Ellos, en representación de sus compañeros, decidieron dejar de comer hasta que se conforme una mesa de diálogo con la multinacional, en donde intervenga el Estado y se discutan cuatro puntos importantes.


"Uno es la violación a todos los derechos convencionales de los trabajadores, el problema de seguridad que hoy enfrentamos los trabajadores, el problema ambiental que ha creado la compañía alrededor de los humedales y el problema de salud, que por las malas prácticas –a causa de la falta de un programa de salud ocupacional–, se accidentan y han quedado lisiados, a lo cual, la empresa no responde", dice William Mendoza, dirigente de Sinaltrainal.


Mendoza explica que los despidos injustificados dentro de la compañía son costumbre, "Hace un mes despidieron cuarenta trabajadores de la administración. Antes éramos diez mil trabajadores, ahora solo somos alrededor de siete mil, pero más de la mitad de esos trabajadores están tercerizados. Es decir, más del 50% de los trabajadores han salido por varias figuras: uno, los despidos, dos, lo que tiene que ver con los "arreglos voluntarios" y tres, salen porque no aguantan la presión de la empresa".


Por su parte, el Gobierno Distrital ha colaborado con la protesta, dice Mendoza, el cual ha garantizado de manera efectiva el derecho a la huelga. Por el tipo de iniciativa, en las mañanas y en las noches, el cuerpo médico del Distrito ha monitoreado la salud de los trabajadores.


El Dirigente, afirma que acudieron a la huelga de hambre porque han intentado obtener respuestas a sus quejas por parte de las entidades estatales, pero no lograron nada. Por tal razón, se tomó esa decisión


"Queremos que se cree una mesa nacional en donde estén obviamente las partes del conflicto: Coca Cola, y el sindicato pero con las autoridades para que estén, dependiendo de los puntos que se toquen. Por ejemplo, en la mesa nacional, si se está afrontando el tema laboral, obviamente queremos que esté el Ministerio del Trabajo", explica Mendoza.
Su lucha, como tantas otras que han liderado los trabjadores en Colombia en defensa de sus derechos, llega hasta el extremo de atentar contra la salud de quienes resisten. ¿Hasta cuándo, el modelo económico y laboral del país, obligará a quienes marcan tarjeta a llegar a este tipo de extremos?

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Trabajadores de Cerro Matoso salen a huelga por cambio inconsulto de la jornada laboral

El martes 14 de abril, pese a los esfuerzos del Ministerio de Trabajo para evitarla, arrancó la huelga en el complejo minero de Cerro Matoso, único productor de níquel del país y el mayor de América Latina, ubicado en el municipio de Monte Líbano (Córdoba), perteneciente desde 1991 a la australiana BHP Billiton, la compañía minera más grande del planeta.

Esta huelga, que afecta a más de 1.000 trabajadores, había sido aprobada desde el 27 de marzo por la asamblea general de afiliados del Sindicato de Trabajadores de Cerro Matoso (Sintracerromatoso), en respuesta a la implementación unilateral por parte de la empresa de una jornada de 12 horas en las áreas de mantenimiento, laboratorios, preparación demineral y mantenedores de turno.

La última huelga en Cerro Matoso se registró en el 2008 y duró 36 días.

Tradicionalmente en esta empresa las actividades se han desarrollado a tres turnos: de 7 am. a 3 pm., desde esta hora hasta las 11 pm., y de 11 pm. Pero la compañía empezó a imponer un nuevo modelo de 4 días de trabajo (con dos jornadas diurnas continuas de 7 am. a 7 pm., y a continuación dos nocturnas de 7 pm. a 7 am.) por 4 días de descanso; un modelo que no fue consultado con el sindicato y que éste califica de arbitrario, violatorio del reglamento interno, de la convención colectiva y las normas laborales. Además va en contra de la salud de los trabajadores, que estarían más tiempo expuestos a los factores de riesgo que tiene la extracción del níquel.

Ya en el mes de noviembre del año pasado la empresa intentó implementar el nuevo horario, pero una tutela interpuesta por Sintracerromatoso echó atrás la medida el 7 de diciembre. Hasta el 1º de marzo pasado, cuando lo volvió a imponer. Ya tiene a 150 trabajadores laborando con el nuevo horario, para el próximo 20 de abril espera incorporar otro tanto, y el 1º de julio cobijar a todo el personal.

En un comunicado la empresa justificó el cambio horario como una medida tendiente a aumentar la productividad y amortiguar el impacto de bajos precios del níquel en el mercado internacional. Sostiene que en el pasado Cerro Matoso fue una mina exitosa por el alto valor del níquel, pero hoy esas condiciones ya no existen porque la mina se está agotando y los precios del mineral han caído. Señala, además, que el cambio horario cumple con las
horas semanales exigidas y lo autoriza el Código Sustantivo del Trabajo como jornada extraordinaria.

Pero Sintracerromatoso, sindicato filial de la CUT, desestima estos argumentos. Su presidente, Domingo Hernández García, cita el artículo 17 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente, que establece que la jornada para todos los trabajadores será la equivalente a la establecida para los turnos rotatorios, o sea de 42 horas semanales, siendo una jornada calculada como horas semanales promedio en el lapso de un año.

"La empresa quiere ganar productividad y bajar gastos, ser competitiva, pero eso no lo puede hacer a costa de los trabajadores, no lo podemos permitir", agregó Hernández García, quien criticó la actitud de la actual administración de la empresa, que en el año y medio que lleva al frente del complejo minero no esconde su propósito de desmontar la convención colectiva, violando incluso las normas laborales de Colombia.

Ya fue multada por el cambio horario

En contra del argumento de la empresa también cuenta la reciente multa de 100 salarios mínimos (unos $64 millones) que la Inspección de Trabajo de Montelíbano le aplicó por haber impuesto el cambio horario en noviembre del año pasado.

"Una decisión tan importante no puede ser el producto de discrecionalidad del empleador, cuando se debe cumplir con las leyes laborales que no han sido tenidas en cuenta por el empleador; ni que decir de la Convención Colectiva de Trabajo, que le impone límites a las decisiones unilaterales de los empleadores", considera la Inspección de trabajo en oficio conocido el lunes pasado.

Y ante lo que dice la empresa en el sentido de que la huelga es ilegal, Sintracerromatoso responde que ésta es imputable al empleador, y es legal porque se ajusta al artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo. "Los trabajadores de base son 700 y a Sintracerromatoso están afiliados 520, y el personal total de la compañía, incluidos los administrativos, son 1.050, lo que indica que somos sindicato mayoritario y por tanto estamos autorizados a convocar la huelga", señaló Domingo Hernández.

El otro sindicato que hace presencia en Cerro Matoso es Sintramineros, minoritario, que no apoya la huelga.

Publicado 15 de abril de 2015.

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Miércoles, 01 Abril 2015 17:20

Los sectores sociales a reflexionar

Los sectores sociales a reflexionar

La Semana Santa se presenta como una pausa para algunas de las causas que adelantan diferentes sectores sociales, pero otros, como los indígenas, continúan con la lucha. Acá un breve informe sobre cómo va cada sector en estos días de "reflexión".


Los primeros meses del año 2015 quedaron marcados con la impronta de la presión de varios sectores sociales. Algunos lograron parte de sus propósitos, como los camioneros, por ejemplo. que acordaron con el Gobierno volver obligatorio un flete de referencia, mientras que los corteros de caña del ingenio Risaralda lograron la formalización de su trabajo. Sin embargo, aún hay sectores que siguen en conversaciones y las agendas ya están programadas para cumplir con sus objetivos.


Fecode: las negociaciones van del 6 al 10 de abril


La Federación Colombiana de Trabajadores por la Educación (Fecode), participó el pasado 25 de marzo en una sesión plenaria con las comisiones de diferentes empleados estatales y el Ministerio de Hacienda. Esta reunión, que fue apoyada por la movilización social de los sindicatos del sector y el magisterio, fue calificada como el inicio "efectivo" de la negociación entre las partes.


En este primer encuentro oficial fue expuesto el tema de educación en el Plan Nacional de Desarrollo y se empezaron a mover propuestas sobre el tema de los salarios. Por ahora, es conocido que las partes se derán cita después de Semana Santa, entre el 6 y el 10 de abril. Pero continúa el llamado por parte de Fecode a todos los docentes para que defiendan el pliego de peticiones.


Pequeños mineros: en la sala de espera


A la espera de una medida transicional para evitar la quema de camiones estaban los pequeños mineros. Medida que debería aplicarse mientas concluye el proceso de elaboración de un decreto reglamentario que les permitirá formalizar su trabajo. Para esta época siguen en espera, pero al menos ya tienen una fecha de reunión.


El 9 de abril se reunirán en el Ministerio de Minas y Energía con el Ministerio de Ambiente, "No solo porque dicen que somos depredadores del medio ambiente sino porque la política ambiental frente a la minería no es clara, hay muchas ambivalencias y hay varias interpretaciones que crean problemas", le dijo la directora de Conalminercol, Luz Stella Ramírez, a desdeabajo.


Sin embargo, Ramírez señala que persiste un gran disgusto en el sector porque la Fiscalía se niega a establecer una fecha para reunirse con ellos. Una reunión de gran importancia dicen, porque con este Órgano podrían encontrar una solución a los operativos del decreto 2235. "Se hacen operativos sin mediar un debido proceso, sin presunción de inocencia, sin derecho a la defensa y terminan mal". Según Ramírez, la Fiscalía le dice al Gobierno que no ve necesaria esa reunión, por lo cual éste aún no decide qué medidas tomar.


A lo anterior se suma, lo que parece una coartada a la libre expresión, "Los alcaldes nos invitaron a participar del Congreso de alcaldes que tuvieron en Cartagena. Inicialmente el espacio de intervención era de una hora, después nos dijeron que de 20 minutos y cuando ya estábamos allá dispuestos a hablar los 20 minutos nos dieron 5 porque el viceministro del Medio Ambiente se puso furiosísimo porque íbamos a hablar", dijo Ramírez.


Así pues, esperan la reunión del 9 de abril, pero al mismo tiempo, de no lograr algo concreto, no descartan la posibilidad de un paro.


La Uso sigue en el radar


La Unión Sindical Obrera (Uso), también es uno de los sectores sociales que ha mencionado la posibilidad de un paro, principalmente por los despidos masivos que Ecopetrol realizó bajo el argumento de la caída en el precio del petróleo.


Esa amenaza había mermado pero, con el despido de Edwin Palma, vicepresidente de la Uso, por publicar en redes sociales los salarios de los ejecutivos de Ecopetrol –que alcanzarían hasta los 60 millones mensuales (ver cuadro)–, la amenaza fue reactivada.


La publicación de Palma, que los trabajadores dicen, ya la habían realizado medios alternativos, causó polémica por la incongruencia de la petrolera estatal, pues mientras se despiden obreros, los ejecutivos, en supuesta "época de austeridad", continúan devengando altísimos salarios.


Frente a esa situación, Edwin Castaño le dijo a desdeabajo, "tuvimos una reunión el día lunes a las cinco de la tarde con la persona designada por el Gobierno. El Gobierno se reunió el sábado con Ecopetrol en las horas de la mañana y se miró toda la situación, estuvo Luis Eduardo Garzón y el Ministro de Minas, el doctor Néstor Humberto Martínez, el presidente Gutiérrez de Ecopetrol y otros funcionarios de la empresa. Ahí quedó asignado José Noé Ríos para reunirse el lunes con nosotros, con dos propósitos: uno, que el compañero Palma pasara la carta de reconsideración que le da un plazo a la empresa de responder hasta el lunes si reconsidera el despido o lo ratifica; dos, José Noé nos pidió que la Uso emitirá un comunicado público donde se manifestara que se respetaba la Constitución y la ley y eso fue lo que se hizo el día de ayer".


Con respecto a la resolución de la Asamblea Nacional de Delegados de la Uso, que había definido el paro de carácter indefinido, éste quedó en pausa, pues esperarán, sobre todo por el cambio de presidente de la estatal petrolera –el primero de abril es el último día en que Javier Gutiérrez estará al frente del alto cargo-, dando una pausa para que los compromisos que asumió el Gobierno sean cumplidos.


Según Castaño, los compromisos son los siguientes:

 

  • • Uno, saber de parte del Gobierno cuál era el futuro de Ecopetrol, si venderán o no alguno de sus activos. En esa pregunta el director de planeación fue tajante, dijo que por ahora el Gobierno no está buscando alternativas de venta ni privatización.
  • • Segundo, el tema de la modernización de la refinería de Barrancabermeja, y en este item el mismo Ministro de Minas y el director de Planeación manifestaron que eso estaba dentro de las cuentas del PND, en su capítulo de las regiones.
  • • Tercero, el tema de ICP, como un establecimiento estratégico para Ecopetrol y para la industria petrolera. Manifestaron que ahí no había ningún tipo de amenazas.
  • • Por último, los trabajdores dicen que trataron temas laborales, en los cuales quedaron los compromisos por parte de Luis Eduardo Garzón de generar con el nuevo presidente de la petrolera estatal, Echeverry, un escenario lo más pronto posible para tratar todo el tema de las desvinculaciones , terminaciones de contrato, liquidación, así como el tema de persecución o la política antisindical que tiene Ecopetrol.

 

Los 10 salarios más altos de Ecopetrol

 

Javier Gutiérrez, Presidente: $60.518.347 (nuevo presidente Juan Carlos Echeverry) 
Héctor Manosalva Rojas, Vicepresidente Desarrollo y producción:$60.518.347
Carlos Eduardo Samudio, Director Centro de servicios compartido: $47.347.000
Héctor Augusto Castaño, Vicepresidente de activos con socios:$44.600.936
Ayde Mary Martínez; director relaciones laborales:$37.372.000
Lina Beatriz Duran, Jefe unidad mercadeo y proveedores:$24.622.000
Claudia Janeth Wilches, Jefe asuntos jurídicos laborales:$24.530.000
Ricardo Jaramillo, Coordinador de abastecimiento:$24.408.000
Yohani Arciniegas, Jefe de relaciones sindicales:$24.621.000
Sergio Augusto Corredor, Jefe unidad de servicio comparativo: $24.522.000

 Información tomada de Las2Orillas: http://www.las2orillas.co/los-10-salarios-mas-altos-de-ecopetrol-en-epoca-de-crisis/

 

Los indígenas no se van de vacaciones, invitan a la reflexión


A diferencia del pequeño u obligado receso que deben tomar los sindicatos y los pequeños mineros, por la espera a que el Gobierno Nacional vuelva a las actividades cotidianas, la Liberación de la Madre Tierra, como la persistencia de los indígenas, no descansa.


El 24 y 25 de marzo, las comunidades se reunieron para efectuar una minga de siembra, en donde realizaron un roce de la caña perteneciente al ingenio Manuelita de Ardila Lulle. Lo realizaron para sembrar semillas de plátano, yuca y de maíz, "Ya hemos sembrado 10 arrobas de maíz, se puede ver ya el plátano y el frijol creciendo [...] La gente está muy entusiasmada y aquí se va a quedar", cita el Tejido de Comunicación de la Acin.


Este proceso de siembra, explican, es uno de los más importantes en la Liberación, principalmente por la limpieza y el ánimo de regresarle el equilibrio a la Madre Tierra. Sin embargo, a ese proceso se unió el Ejército, pero no precisamente para ayudar con la siembra.


Según la Acin, las tropas ingresaron a la hacienda Miraflorez, la finca donde la limpieza fue realizada, y quemaron la Tulpa de los mayores –que es donde la comunidad se reúne con los mayores, planean las labores colectivas y donde se hacen rituales de armonización–. También destruyeron gran parte de los cultivos y se ubicaron al lado de los indígenas para tomarles fotografías, lo que luego les ayuda a iniciar procesos judiciales.


Pese a esta provocación, los indígenas culminaron su siembra, pues la persistencia es una de sus cualidades, que no solo realza en Miraflorez, también en la Emperatriz.


En conversaciones con desdeabajo Apolinar García, coordinador del cabildo Huellas, dijo que los trabajadores de la hacienda siguen realizando sus labores con normalidad, pero que los enfrentamientos también se están volviendo parte del paisaje.


Desde el 5 de marzo "ya van 41 heridos porque el Esmad casi, día de por medio, ataca a la gente con gases y también con tiros recalzados que son muy peligrosos, pueden matar a la población civil", dijo García.


Según él, Semana Santa no representa un cambio en sus actividades, "La comunidad dijo que iban a seguir derecho hasta que realmente recuperen la tierra". Falta ver si el Esmad descansará o si seguirá con los ataques. Pero más aún, faltará ver si el Gobierno Nacional se toma estos días para reflexionar sobre la situación del Cauca, que va de mal en peor, pues ya se cumplen tres meses del proceso de Liberación de la Madre Tierra, sin que el Gobierno asuma su responsabilidad ante la demanda de las comunidades indígenas, los heridos van en aumento, lo que hace muy factible que a medida que pase el tiempo la iniciativa indígena de opcupar más tierra se multiplique por todo el departamento.

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Miércoles, 25 Febrero 2015 06:23

Los maestros se tomarán Bogotá

Los maestros se tomarán Bogotá

El presidente de Fecode anunció que el jueves 26 de febrero los docentes radicarán su pliego de peticiones y si no ven resultados, se irán a paro indefinido porque "Llegó la hora de cumplir".

 

Una rueda de prensa fue el escenario organizado por Fecode para que su presidente, Luis Alberto Grubert, explicara los motivos de los docentes para la movilización del próximo jueves 26 de febrero. En ésta, los maestros –y los sindicatos estatales– presentarán sus pliegos de peticiones al Gobierno Nacional, con el objetivo de que sus problemas se tengan en cuenta en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).


"Nos preocupa cómo en el Plan de Desarrollo, donde se diseña el programa de gobierno del Presidente Santos, dice: 'Se recoge las recomendaciones de la Ocde'. Uno pensaba que recogía lo que él, en su campaña, proclamó y daría las soluciones a los problemas que aquejan al país", dijo el vocero de los docentes ante los medios de comunicación.


En diálogo con desdeabajo, Luis Alberto Grubert, precisó su valoración sobre el pliego de peticiones y los incumplimientos del Gobierno:


"El Gobierno ha cumplido a medias el tema de las deudas, pero ya paralizó el pago de estas. No ha cumplido con acordar nuevos criterios para hacer la reubicación docente; no ha cumplido con que el servicio médico asistencial se preste como reza en el contrato; no ha cumplido con concertar con Fecode una política educativa. Además, no ha cumplido con que se visibilice que somos el sector más victimizado y que las escuelas se deben respetar como territorio de paz. Hoy podemos decir, que en materia de derechos humanos el Gobierno con el magisterio se rajó."


Un salario para sobrevivir


La nivelación salarial es uno de los puntos más importantes. Ellos afirman que un docente gana $665.380, por lo cual se requiere de una pronta intervención del Gobierno Nacional. Este punto ya fue discutido en los acuerdos del año pasado, lo que sigue es definir cuánto subirá el salario y poner fechas para su cumplimiento.


"El salario enganche de los demás profesionales está en 1.800.000 - 1.900.000. Aquí tenemos un profesional que después de haber ido dos veces a la Universidad y de 30 años de experiencia laboral tiene un salario de 2.700.000. Creemos que no es justo. El mismo Presidente (Santos) lo reconoce", le dijo Grubert a desdeabajo.

 

Una solución estructural

 

En el tema de la política educativa, Fecode exige el congelamiento de la privatización en el sector, el final de los convenios y de la tercerización laboral de maestros, y que todas las construcciones para la educación sean administradas por el Estado.


Grubert le dijo a desdeabajo que "(...) dar becas sigue marchitando la posibilidad de financiar la universidad pública. Es que en este país egresan más de 500 mil bachillere al año y al hablar de 10.000 becas –preguntó– ¿qué pasa con los otros 490 mil?".
Pero estos no son los únicos puntos que los inquietan. Además de señalar como tema prioritario la nivelación salarial, la nueva iniciativa de jornada única es otro aspecto que requiere intervención inmediata por parte del Estado.


"Bienvenida, la queremos, la apoyamos, pero la jornada única tiene unos requerimientos y ahí movemos los recursos para que se pueda implementar de verdad" señaló el presidente de la organización magisterial.


Para Fecode, el tema de la alimentación escolar debe tratarse de manera diáfana, dejando claro los espacios para que los niños realmente se beneficien de ella, para lo cual es claro que son necesarias más edificaciones, más personal administrativo y, también, saber cómo se modificará su jornada laboral y su salario.


¿Cómo ascender?


Según información de Fecode, este tema implica tres aspectos: i) nuevos criterios para el ascenso de los maestros cobijados por el Decreto-Ley 1278; ii) un reconocimiento salarial a los profesores de grado 14 que obtengan otros estudios y, iii) la dignificación de la posición de los maestros indígenas por medio de sus salarios.


Para ellos es urgente precisar cómo pueden ascender los docentes, debido a que la evaluación de competencias ya no se realiza. Pero también, agilizar en el Congreso la aprobación del Estatuto Único Docente.


Salud y seguridad


En la rueda de prensa, Grubert señaló que "Los maestros somos afectados porque el servicio de salud que se nos presta tiene grandes falencias. Fallan, tanto los operadores como el Gobierno. Pero, el responsable es el Gobierno porque es él quien debe generar obstáculos o barreras para que no se den fallas en la prestación del servicio médico asistencial para los maestros y sus familias".


La calidad del servicio está ligada a otra situación que para él, según le expresó a desdeabajo, es preocupante: la seguridad de los docentes. "Además de las amenazas y los asesinatos, nos están extorsionando en casi toda la geografía. (...). Yo diría que son grupos armados de diversa índole, pero que convirtieron al magisterio en su objetivo para recaudar dineros de manera regular".


A grandes rasgos, estas son las motivaciones –junto a la presión del tiempo límite para la aprobación del PND–, del gremio para marchar el próximo 26 de febrero. El pliego de peticiones se radicará en el Ministerio de Educación y ahí iniciarán el recorrido hasta la Plaza de Bolívar a las nueve de la mañana.


"En Bogotá vamos a tratar de concentrar 40 mil educadores pero en el resto del país, en todas las capitales departamentales, habrán movilizaciones. Esperamos movilizar más de 200 mil maestros", afirmó Grubert.

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Jueves, 20 Noviembre 2014 06:35

Una cumbre del feminismo continental

Una cumbre del feminismo continental

Del 22 al 25 de noviembre, la ciudad de Lima albergará el 13º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (Eflac). Tres ejes marcarán las reflexiones y acuerdos y desacuerdos de estos intensos días: interculturalidad crítica, sostenibilidad de la vida y el cuerpo como territorio. Jóvenes, trans y movimientos indígenas amazónicos son los grupos que llegarán para ampliar la agenda feminista tradicional. "Necesitamos, ellos y nosotras, hacer alianzas. Está la convicción de que solas no podemos hacer otro mundo posible", resume Diana Miloslavich Túpac, integrante de la comisión organizadora, a pocos días de que el proyecto de encuentro que vienen planificando, trabajando y soñando desde hace dos años, se haga realidad.


Es la segunda vez que el Eflac tendrá como sede esta ciudad. La primera fue en 1983. Hacía dos años, en Colombia, se había creado este espacio de reflexión y crecimiento para el movimiento feminista continental. Allí se había instituido el 25 de noviembre como el Día Latinoamericano de la No Violencia hacia las Mujeres. Diana Miloslavich Túpac fue una de las protagonistas de esa historia. Ella integra la organización feminista Flora Tristán, que tiene casi 30 años de vida y que nació muy vinculada con el activismo feminista en los '80. "Luego nos fuimos institucionalizando. Hemos trabajado en diferentes aspectos temas de incidencia política, capacitación, derechos de las mujeres, rurales, empoderamiento", relata en un bar sobre el malecón del barrio Miraflores, en la costa de Lima.

Ahora es integrante del Grupo Impulsor del 13º Eflac y responsable de la Comisión de Cultura y Kontracultura. Tuvieron una preinscripción de 1200 feministas de toda la región para este encuentro y se espera que todas se descubran en el Parque de las Exposiciones, el 22, para la apertura. El 22, 23 y 24, de 9 a 11 de la mañana, los tres ejes se presentarán con exposiciones breves. De 11 a 13, habrá talleres más pequeños. Y ya en la tarde, eventos autogestionarios. También prepararon dos foros paralelos y un festival de cortos y videos.

El 25 se lo clausurará al mediodía, luego de una plenaria donde se decidirá cuándo será el próximo encuentro y "luego salimos a una marcha por la ciudad, llamando la atención sobre el 25 de noviembre, día de no más violencia contra las mujeres". Las similitudes con los Encuentros Nacionales de Mujeres de Argentina no son casuales. Los Eflac fueron inspiradores para éstos. Así como en las premisas que los rigen: autogestión y autofinanciamiento, autonomía y horizontalidad.


Si bien Diana estudió literatura e hizo un doctorado en historia, en Flora Tristán se dedicó al trabajo de participación política. "Ahora estamos apoyando una iniciativa de ley de acoso político. A partir de una investigación que hicimos con Calandria, organización de comunicaciones, sacamos que de cada cinco autoridades mujeres, dos vivían situaciones de acoso político por parte del alcalde, del consejero, del presidente regional, o sea dentro de su ámbito laboral, de competencia política. Acabamos de hacer una muestra con el Jurado Nacional de Elecciones, que es el ente electoral máximo del Perú, en el proceso electoral de 2014. Lo que ha salido es que de cada diez candidatas mujeres, cuatro vivieron situaciones de acoso. Entonces nosotros vemos como una barrera nueva que ha surgido en los últimos años a la participación política de las mujeres. Identificamos el acoso como todo aquello que impida, menoscabe y restrinja el derecho a la participación política de las mujeres. Esto, sumado a lo que ya sabíamos de la doble jornada que tienen las mujeres políticas, porque todas siguen haciéndose cargo de las responsabilidades familiares", cuenta.


–¿Qué otros temas son preocupantes para las mujeres en Perú?

–Un tema actual es que durante el fujimorismo una de las denuncias más fuertes fueron las esterilizaciones forzadas que se les hizo a las mujeres, sobre todo de zonas rurales. El fiscal que tenía el caso acaba de archivar la investigación, entonces hemos interpuesto una "tacha": lo que decimos las organizaciones de mujeres es que este señor, después de haber archivado el caso, ha sido promovido dentro del ministerio público a otro cargo. ¿Cómo pueden promover a alguien que archiva una demanda pendiente, que fue un compromiso incluso del actual presidente de la república en su campaña electoral? El compromiso de Ollanta Humala con las mujeres víctimas de las esterilizaciones es lo que hace que gane puntos frente al debate de la hija de Fujimori. Y sin embargo, tanto en el tema justicia como reparaciones, no ha habido grandes avances. No se puede ir este gobierno sin haber avanzado en el tema reparaciones.

–En este escenario viene el Eflac..

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–Sí, y de alguna manera es un momento complicado porque el enfoque progresista acaba de perder las elecciones en Lima metropolitana, que sigue afectando la tercera parte de la población del país (10 millones de habitantes). La pérdida de la reelección de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, es un proceso complejo donde no se concretó una unidad de los sectores de izquierda progresista. Es una pérdida. Ha sido una ciudad que estuvo en manos de una alcaldesa, la primera elegida por voto popular, que en los cuatro años sufrió una revocatoria y dos elecciones; estuvo permanentemente acosada por la derecha. Entonces, a pesar de avances que pudo haber, no ganó. Y la mayoría de la gente de Lima que no la votó, dicen las últimas encuestas, igual vota porque se continúe la reforma iniciada por ella: de transporte; de abastecimiento, porque sacó un mercado del centro de la ciudad; hubo una política cultural muy importante para recuperar los espacios públicos; una apuesta fuerte por los jóvenes; en el caso de las mujeres se creó un área de la mujer.

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–¿Cuáles son los ejes centrales del encuentro?

–Son tres ejes. Uno tiene que ver con interculturalidad crítica. Ha habido una explosión de movimientos indígenas, amazónicos, en diferentes secciones de América latina. Entonces hay un diálogo iniciado con las mujeres indígenas, amazónicas, rurales; eso está vinculado no sólo al tema de los derechos, sino de las alianzas. Porque países como el nuestro han terminado enfrentados por el tema de la minería. Las mineras han entrado en confrontación con las comunidades rurales, indígenas, amazónicas, entonces hay una tensión fuerte. Tenemos organizaciones de mujeres defendiendo el agua en Cajamarca en un conflicto minero, por ejemplo. La empresa insiste en sacar mineral del fondo de las lagunas, poniendo en riesgo todo un sistema hídrico que la población rural necesita para la sobrevivencia. Y el otro tema es la sostenibilidad de la vida, que también tiene que ver con el sistema en que estamos viviendo, que ha puesto en riesgo el futuro de la humanidad. Que tiene que ver con temas vinculados con el medio ambiente, pero también con la soberanía alimentaria y, fundamentalmente, pensamos que como feministas tenemos que decir algo al propio modelo económico y a cómo el patriarcado ha encontrado nuevas formas de dominación en este período. Por ejemplo, terminamos comiendo lo que nos imponen. Nos han expropiado de lo que comemos y ha sido sustituido por otro tipo de alimentación, que está más en función de intereses privados del capitalismo, de las propias empresas y no de lo que las personas, las mujeres, necesitamos.

–¿Y el tercer eje?

–Tiene que ver con nuestros cuerpos, nuestros territorios. Sin dejar de seguir levantando que la sexualidad es fundamental para las feministas, pero también con la mirada de que los cuerpos son nuestros territorios y también son cuerpos que han sido expropiados por políticas, como en las esterilizaciones forzadas, o que han sido vendidos como mercancía, como en la trata, por ejemplo. Se ha vivido con una naturalidad la heteronormatividad sin reconocer derechos a quienes son diferentes. Esto está muy cuestionado por los grupos trans y las lesbianas. Entonces también éste es un tema central que tiene que ver con los cuerpos.


–¿Qué es lo que distingue a este encuentro?, ¿qué es lo nuevo?

–Este encuentro recupera algunas cosas interesantes que están relacionadas con el encuentro en México: recuperar el espacio urbano de las ciudades, en el marco de muchas cosas que se han hecho para reducir la violencia hacia las mujeres.


–¿Otros años eran en lugares alejados?


–En hoteles. Además creo que hay una generación de jóvenes feministas contestatarias que está más en la lógica de la autogestión, de la transgresión, y más que estar en un hotel era estar en la ciudad. Entonces lo nuevo es la presencia de las jóvenes y de las trans, que han interpelado nuestras agendas en los últimos años de manera radical. Lo otro es el tema de los movimientos indígenas amazónicos que van a estar en el encuentro. Necesitamos, ellos y nosotras, hacer alianzas, si es que queremos hacer otro mundo posible. Está la convicción de que solas no podemos hacer otro mundo posible. Que tenemos que establecer diálogos, puentes, con otros movimientos sociales. Por eso el primer y el segundo eje son los más consensuados con los movimientos sociales.

Publicado enCultura
Domingo, 12 Octubre 2014 10:13

El crecimiento originario

El crecimiento originario

Son 45 millones de personas y representan el 8,3 por ciento de los habitantes del continente. Hubo un aumento en la tasa demográfica indígena, pero también son más quienes comenzaron a autorreconocerse como tales. En Argentina viven unos 955 mil indígenas.

 

En una década aumentó un 49,3 por ciento la población indígena en América latina. Son 45 millones de personas y representan el 8,3 por ciento de los habitantes de la región. Tuvieron mejoras en salud, educación y legislación favorable, pero existe una gran brecha entre derechos existentes y el cumplimiento de los mismos. Los datos provienen de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que también hace hincapié en que las actividades extractivas violan los derechos indígenas, provocan conflictos territoriales y remarca como "crucial y prioritaria" la necesidad de que los Estados cumplan con el derecho al "consentimiento libre, previo e informado" que asiste a los pueblos originarios por cualquier acción de gobierno que pudiera afectarlos. "Los Pueblos Indígenas en América Latina. Avances en el último decenio y retos pendientes" es el nombre del informe de 128 páginas de la Cepal. Detalla que en 2010 vivían en América latina 45 millones de personas. La misma Cepal había estimado que en el 2000 la cifra era 30 millones. "Se observa un incremento significativo (49,3 por ciento) en una década", resalta. Hubo un aumento en la tasa demográfica indígena y también influyó la "autoidentificación" (quienes comenzaron a autorreconocerse).


Los 45 millones de personas están distribuidos en 826 pueblos indígenas. En México viven 17 millones de indígenas, Perú siete millones, Bolivia seis millones y Guatemala 5,8 millones. En Argentina viven al menos 955 mil indígenas (el 2,4 de la población).


En términos porcentuales Bolivia es el país con mayor población indígena (62 por ciento), le siguen Guatemala (41), Perú (24), México (15), Panamá (12), Chile (11), Nicaragua (9), Honduras y Ecuador (7). Los países con menor porcentaje de población originaria son Colombia (3 por ciento), Venezuela (2,7), Costa Rica y Uruguay (2,4), Paraguay (1,8), Brasil (0,5) y El Salvador (0,2).


La Cepal señala que en la última década se han constatado mejoras en su acceso a la salud (atención de nacimientos y mortalidad infantil) y educación (aumento de tasas de asistencia).


En el apartado III detalla la situación territorial. Señala como positivo la "evolución notable" del derecho internacional y tratados de derechos humanos, pero al mismo tiempo remarca la falta de cumplimiento de las normas. "En la última década el auge en la demanda internacional de bienes primarios (minerales, hidrocarburos, soja) se ha traducido en un mayor dinamismo económico en los países de América latina, pero a costa de un número creciente de conflictos ambientales, sociales y étnicos en torno de las industrias extractivas situadas en territorios indígenas", explica la Cepal y detalla como coincidencia regional: "Los gobiernos han generado incentivos a la industria extractiva". Precisa las actividades que atentan contra los derechos y la vida indígena: agroindustria, palma aceitera, biocombustibles, ganadería extensiva, hidroeléctricas, hidrocarburos, minería y megaproyectos de infraestructura.


"Es necesario reforzar los procesos de titulación, demarcación y protección de los territorios indígenas que todavía no han sido reconocidos", destaca. La página 57 detalla un mapa de conflictos, un piso de 200 casos, vinculados en su mayoría a megaminería e hidrocarburos. De Argentina sobresalen casos en Neuquén, Salta, Formosa y las provincias cordilleranas que impulsan la megaminería.


Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén y del Consejo Plurinacional Indígena, explicó que el consentimiento libre, previo e informado es "una exigencia de todos los pueblos originarios de Argentina", recordó que es un derecho y apuntó a dos sectores: "Poder político y Poder Judicial violan este derecho básico de los pueblos indígenas cada vez que autorizan una empresa extractiva en nuestros territorios".


El organismo de Naciones Unidas remarca que "los Estados deben respetar y garantizar los derechos de participación y el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígena", vigente en tratados internacionales, normas nacionales, en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).


El informe precisa que la "mala nutrición" es uno de los problemas que más afecta a los pueblos indígenas y tiene relación directa con la pérdida de territorios y la contaminación. La recomendación principal que hace va en línea con un reclamo generalizado de los pueblos originarios: "Es primordial garantizar el consentimiento libre, previo e informado (CLPI), especialmente en relación con los proyectos extractivos y de desarrollo, en sus territorios o en áreas cercanas". Recuerda que el derecho internacional obliga al CLPI.


En la página 27 puntualiza: "El argumento de algunos Estados es que consideran el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) como una amenaza, porque plantean que les da a los pueblos indígenas la posibilidad de vetar políticas, medidas y disposiciones". Pero la Cepal se contrapone a esa mirada: "Lo que la normativa internacional busca es revertir la historia de marginación y exclusión que han sufrido los pueblos indígenas".


El informe señala que el 50 por ciento de la población indígena de América latina vive en centros urbanos. Lo vincula a los "desequilibrios territoriales en el acceso a los bienes y servicios de Estados que estimulan la emigración hacia las ciudades" y a la expulsión de los territorios rurales de la mano del extractivismo.

Publicado enSociedad
Miércoles, 24 Septiembre 2014 11:30

Infancia colombiana dislocada

Infancia colombiana dislocada

El panorama de la infancia en Colombia es crítico. Para el 2012 ciento noventa y ocho niños se suicidaron; noventa y siete infantes más en comparación con las cifras del año anterior. El olvido estatal, el padecimiento de un conflicto armado todavía latente y el incumplimiento de políticas públicas que propicien una vida más digna para esta población son algunas de sus causas

En materia de protección de los derechos de niños, jóvenes y adolescentes Colombia cuenta con un marco normativo amplio y acorde a los estándares internacionales. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para garantizar su cumplimiento. Cada cinco años el Estado proporciona el informe del Comité de Derechos del Niño que diagnostica cómo están los niños del país en materia de derechos humanos, paralelo al cual distintas organizaciones nacionales realizan su informe alterno al Comité de Derechos del Niño ONU1. A continuación se retoman algunas de las cifras más significativas recopiladas por los dos informes que van del 2009 al 2013 y que muestran qué tanto se respetan los derechos de los infantes en el país.

 

Niños indígenas son los más afectados

 

Estar en el foco de las confrontaciones armadas lleva a las poblaciones indígenas a sufrir de primera mano las consecuencias del conflicto. El reclutamiento forzado, los altos índices de pobreza y desnutrición, y la ausencia gubernamental han propiciado la marginación de éstas comunidades que tratan de rescatar su cultura en un contexto que la excluye.

  • Se tiene registro que niños y sobre todo niñas de 7 y 8 años de la comunidad Embera acudieron a la horca para terminar con sus vidas.
  • Según el Ministerio de Salud y Protección Social, por cada mil niños indígenas menores de cinco años, 45 mueren, lo que supera el promedio nacional de 24,29 por cada mil nacidos vivos.
  • De acuerdo con un estudio realizado por Save the Children, un niño indígena en Colombia tiene 1,5 veces más probabilidades de morir que los demás.
  • El 50,81 por ciento de casos de violación de niños entre enero de 2006 y junio de 2010, según la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), corresponde a infantes indígenas. El 30,65 por ciento a niños campesinos, el 10,48 por ciento a niños socialmente marginados, el 5,65% a niños víctimas de desplazamiento forzado y el 2,43 por ciento correspondía a otros sectores sociales.
  • Mientras 100 jóvenes no indígenas se gradúan del bachillerato, solo 20 de ellos logran ese nivel educativo y la deserción escolar es 60 veces más alta entre niños y niñas indígenas y afrodescendientes.
  • El 3.5 por ciento de la población menor de 5 años carece de registro debido a situaciones de conflicto, desplazamiento interno o por encontrarse en regiones marginadas, según la información de registro civil de nacimiento disponible en el ámbito nacional. Los porcentajes más altos de no registro están presentes en los siguientes departamentos (todos ellos con presencia de población indígena):

 

La violencia sociopolítica, la mayor causa de muertes en infantes

 

La CCJ registró que por esta razón, entre enero de 2006 y junio de 2010, 398 niñas o niños perdieron la vida. 343 de ellos fueron víctimas de homicidio. De las 183 muertes violentas de niños y niñas entre los meses de enero y febrero de este año, según Medicina Legal, 71 fueron homicidios.

La Federación Nacional de Pediatría y la Red Contra el Maltrato Infantil ha denunciado que en Colombia, en promedio anual, se registran 30.000 casos de maltrato y abuso sexual a menores de 18 años. Un aumento del 40 por ciento comparado con el 2012.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó la práctica en 2012 de 21.506 exámenes médico-legales por presunto delito sexual. De estos el 85,7% (18.431) fueron realizados a niños. Las niñas de 10 a 14 años (39,6%) fueron las más afectadas y, en niños, el grupo más afectado fue el de 5 a 9 años (39,3%).
Reclutamiento forzado

En Colombia no existen medidas ni prevenciones acerca de la participación de niños, jóvenes y adolescentes en grupos armados. El reclutamiento forzado en menores de edad, considerado por las organizaciones del informe alterno al Comité de derechos de los niños como "un crimen de guerra" aún no lo debaten en escenarios propicios como la mesa de diálogo con las farc, desde un enfoque transversal y diferencial en las negociaciones.

  • La población menor de 18 años enrolada en los grupos armados puede oscilar entre el 20 y 30 por ciento en algunas unidades guerrillas y paramilitares; sus edades de vinculación oscila entre 7 y 17 años, con un promedio de edad de ingreso que en solo cuatro años creció de 13,8 a 12,8 años, aunque se registran casos desde los 3 años de edad. El reclutamiento ocurre por lo menos en 23 de los 32 departamentos del país.

 

"Persiguen a los niños como si fueran delincuentes y adultos, cuando no han tenido las condiciones para hacer otra cosa diferente. Si un niño comete cualquier tipo de falta, grave o no, es la sociedad y el Estado quien debe asumir el compromiso frente a ese niño. Es el Estado quien debe hacerse cargo de las causas estructurales que hacen que ellos infrinjan la ley. Sin embargo estamos en un país que cada vez los criminaliza más haciendo procesos de penalización cuando lo que debería hacer es garantizar sus derechos, para que los niños no tengan que llegar a ese extremo".

Aura Rodríguez, Corporación Cactus
Comité de impulso del Informe Alterno
al Comité de Derechos del Niño ONU

"Somos niños y niñas que se nos vulneran los derechos por no producir, por no trabajar. Queremos que escuchen nuestras voces y que en realidad tengan medidas necesarias para hacer cumplir nuestros derechos y que nosotros y nosotras vivamos más felices".

Nicolai Moreno
Comité de impulso del Informe Alterno al Comité de Derechos del Niño ONU(Cartagena)

"Los padres no nos brindan tanto afecto como deberían por que primero piensan en el trabajo, y sí, es algo primordial, pero también necesitamos afecto. Todos los niños con los que realizamos los talleres planteaban esto: que no tenían afecto en su casa y que veían en las calles y en las drogas una forma de sentirse bien con ellos mismos".

Luna Flórez,
miembro de la Alianza de la Niñez (Medellín)

"Si bien en Colombia se ha hecho una adopción de normas y múltiples tratados, estos avances son insuficientes toda vez que no haya una debida implementación de los mismos. Todo queda en letra muerta. A esto se suma que ni los adultos ni los niños conocen sus derechos".

Olga Silva
Comité de impulso del Informe Alterno al Comité de Derechos del Niño ONU

"Algunas personas no tienen en cuenta nuestras opiniones. En el colegio, donde se supone que uno va a hacerse escuchar y a aprender, no nos escuchan. Además nos están enseñando cosas que no son vitales".

Brayan Gómez,
miembro de la Fundación
Creciendo Unidos (Bogotá)

MAPA

"En Medellín se ven mucho las fronteras invisibles, eso impide que nos desarrollemos como debe ser. No podemos ir a los parques, porque hay adultos que hacen mal uso de ellos, ni demás lugares que supuestamente son públicos pero que terminan siendo solo para ellos, y los niños y niñas no podemos entrar".

Luna Flórez,
miembro de la Alianza de la Niñez
(Medellín)

Publicado enEdición Nº206
La propiedad de la tierra, la deuda de Latinoamérica con los indígenas

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha presentado este lunes un informe sobre la situación de los pueblos indígenas en el que reconoce algunos avances en la región en materia de educación y salud, pero apunta hacia un eterno desafío: el reconocimiento de los derechos territoriales, que incluye el control de los recursos naturales. Así, se detectaron entre 2010 y 2013, más de 200 conflictos en territorios ligados a actividades de extracción de hidrocarburos y minería.


El documento se presenta en el marco de la primera Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, los días 22 y 23 de septiembre en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. En ella, representantes indígenas y políticos se han reunido para discutir compromisos y medidas destinados a llevar a la práctica lo fijado en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007. Y ha arrancado con un llamamiento sobre la necesidad de tomar medidas para garantizar los derechos de estas comunidades y terminar con la discriminación y los altos niveles de pobreza que sufren en muchos países.


El estudio de la CEPAL señala que existen en América Latina cerca de 45 millones de indígenas, lo que supone un 8,3% de la población regional. Estos están integrados en 826 pueblos, casi 200 más respecto a los datos de los que disponía el organismo en 2006.


El documento apunta a una reducción de los fallecimientos de menores de cinco años y al aumento en las tasas de asistencia escolar. Aunque destaca aún "brechas significativas" en la culminación de la educación media y en el acceso a la superior. Se advierte también un ligero aumento de la participación política de los pueblos indígenas, pero sigue habiendo una escasa representación de estos pueblos en órganos de los poderes del Estado.


El texto recalca que si bien se observan algunos progresos en el derecho al consentimiento libre, previo e informado y en los sistemas de autogobierno de los pueblos indígenas, "estos resultan aún insuficientes en relación a los estándares internacionales que reconocen el derecho fundamental a la libre determinación de estos pueblos".


Una de las medidas acordadas este lunes por los Gobiernos en la conferencia fue la de cooperar más estrechamente con los representantes indígenas y facilitar su participación en el seno de Naciones Unidas. En las conclusiones de la cumbre de este primer día ha quedado recogido el compromiso de asegurar el respeto de las tradiciones indígenas y la igualdad de acceso de esos pueblos a servicios como la educación, la sanidad, la vivienda o el agua. "Es muy importante tener promesas de los Gobiernos, pero es aún más importante ver que actúan", subrayó en la apertura el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

La guatemalteca Rigoberta Menchú, premio nobel de la Paz, que intervino en el acto, destacó los "avances extraordinarios" logrados por los indígenas en las últimas tres décadas e hizo un llamamiento a los jóvenes para seguir construyendo sobre el "legado" que la cumbre les ha dejado. A su vez, el presidente de México, Enrique Peña Nieto pidió "unión a todo el mundo para terminar con la discriminación que sufren esas comunidades".


El mandatario de Bolivia, Evo Morales, del país con mayor proporción de población indígena (62,2%), manifestó que "es un imperativo para todos los gobiernos del mundo avanzar en la superación y erradicación de la discriminación que todavía sufren los pueblos indígenas para dar solución a los problemas estructurales de pobreza".


La cumbre proseguirá mañana con la participación de numerosos líderes políticos y representantes de la sociedad civil, que aprobarán un documento con compromisos y medidas para tratar de avanzar en el respeto de los derechos de los pueblos indígenas de todo el mundo.


 

Pueblos en peligro de extinción


En la actualidad es posible contabilizar 826 pueblos indígenas en América Latina. Esto supone un incremento respecto a la última cifra dada a conocer por la CEPAL en 2006, cuando se identificaron 642 pueblos. Esta alza se debe a la mejora de la información estadística en años recientes y a la incidencia de los propios pueblos en la lucha por su reconocimiento.


Brasil posee la mayor cantidad de pueblos indígenas (305), seguido por Colombia (102), Perú (85), México (78) y Bolivia (39). Muchos de ellos se encuentran el peligro de desaparición física o cultural, como se ha podido constatar en los casos de Brasil (70 pueblos en riesgo), Colombia (35) y Bolivia (13).


Además de ellos, se estima que existen otros 200 pueblos indígenas en aislamiento voluntario en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela.

El potencial de crecimiento de la población indígena es mayor que el de la no indígena, ya que su estructura etaria es más joven y sus tasas de fecundidad son más elevadas, si bien se observa una reducción en este indicador en los cinco países con datos disponibles (Brasil, Ecuador, México, Panamá y Venezuela).


El documento también revela que la migración interna reciente es menor entre los pueblos indígenas que entre la población no indígena y que en cuatro de 10 países con información disponible (México, Perú, Uruguay y Venezuela), la mayoría de la población indígena vive en ciudades.

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