La ONU decide sobre el reconocimiento de los derechos de los campesinos

La suerte de una histórica declaración que reconoce los derechos de más de 1.000 millones de campesinos en el mundo se define en la última semana de septiembre, en una votación del Consejo de Derechos Humanos, el máximo órgano en la materia de las Naciones Unidas. 

La elaboración del texto definitivo demandó años de debate de un grupo de trabajo especializado que durante siete años evidenció profundas diferencias entre naciones del Sur en desarrollo, favorables a la iniciativa, y las del Norte industrial, en este caso con la singular excepción de Suiza.


El documento amalgama reivindicaciones seculares de los campesinos, como el derecho sobre la tierra, con reclamos más actuales como el derecho a las semillas y, en particular, la eliminación de la discriminación contra las campesinas y otras mujeres que trabajan en las áreas rurales.


El sujeto de la Declaración para los Derechos de los Campesinos y Otras Personas Trabajando en las Zonas Rurales es toda persona que se ocupa o trata de hacerlo, sola o en comunidad, de la producción de agricultura para subsistencia o para el mercado y emplea trabajo familiar.


La descripción abarca a agricultores artesanales o en pequeña escala, a criadores de ganado, pastores, pescadores, guardias forestales, cazadores, recolectores y artesanos vinculados a la agricultura o a otras actividades rurales.


Esa masa de trabajadores, que sumada a sus familiares puede abarcar hasta un tercio de la población mundial, figura en todas las estadísticas como el sector más desprotegido del planeta.


En abril, el grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta (OEIWG, en inglés), creado en 2012 para redactar el texto en el marco de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pactó el texto del proyecto de la Declaración.


En esa ocasión, la alta comisionada adjunta de Derechos Humanos, la australiana Kate Gilmore, observó que “aunque los pequeños agricultores suministran una elevada proporción de los alimentos consumidos a nivel local, hasta 80 por ciento en Asia y en África Subsahariana, 80 por ciento de la población mundial que padece hambre vive en zonas rurales”.


“Proteger los derechos de las personas que viven y trabajan en las zonas rurales es proteger la principal fuente de alimentación en todo el mundo”, justificó el encargado de negocios de Bolivia ante la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en Ginebra, Ruddy Flores, al proponer formalmente el viernes 21 la aprobación del texto en las actuales sesiones del Consejo de Derechos Humanos.


También significa “proteger la biodiversidad de la que dependen los sistemas alimentarios, los empleos y medios de vida de millones de familias, promover la sostenibilidad ambiental, la resiliencia y adaptación al cambio climático y sobre todo proclamar la igualdad de derechos”, precisó Flores.


La representación de Bolivia ante la ONU en Ginebra ha liderado los trabajos del OEIWG para consensuar el proyecto, como su presidente-relator y por ello correspondió a Flores presentar el texto al Consejo de Derechos Humanos, cuyo 39 periodo de sesiones comenzó el día 10 y culmina el viernes 28.


Si este máximo órgano para los Derechos Humanos aprueba el texto, el proyecto de Declaración para los derechos campesinos sería sometido a la decisión final de la Asamblea General de la ONU, cuyas sesiones anuales comenzaron el día 18 y cuyo debate general concluirá el 1 de octubre.


El proyecto de Declaración garantiza a todos los trabajadores rurales el disfrute pleno, individual y colectivo, de todos los derechos humanos y de las libertades fundamentales reconocidas por todas las declaraciones, documentos y tratados adoptados por el sistema de las Naciones Unidas.


Exime igualmente a los campesinos de “toda clase de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en los terrenos de raza, color, descendencia, sexo, idioma, cultura, estado marital, propiedad, discapacidad, nacionalidad, edad, opiniones incluidas las políticas, religión, nacimiento o situación económica, social o de otra clase”.


A las mujeres campesinas les reconoce “garantías particulares en los campos de la planificación para el desarrollo, de acceso a la salud, la seguridad social, la educación y a vivir libres de la violencia”.


La Declaración establece asimismo que los Estados deben reconocer a las mujeres campesinas el acceso equitativo al uso y control de la tierra y de los recursos naturales, con independencia de su estado civil y marital.


Una investigación de la organización no gubernamental Fian International comprobó que pese a su contribución en la producción de alimentos, las mujeres son propietarias de menos del dos por ciento de la tierra a nivel mundial.


El texto proclama que todos los campesinos y trabajadores rurales gozarán del derecho a las semillas.


La Academia de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario y de Derechos Humanos consignó en un estudio que, durante 10.000 años, los campesinos han protegido, seleccionado, intercambiado y vendido semillas, como también las han usado y reusado para producir alimentos.


Ese derecho consuetudinario ha sido reconocido por la ley internacional desde 2001 en respuesta a los desafíos que planteaba la protección de los derechos de propiedad intelectual establecidos por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.


La abrumadora mayoría de trabajadores rurales de los países en desarrollo se guía por los sistemas tradicionales de producción y transferencia de alimentos y semillas, observa la Academia de Ginebra.


Por ello, el reconocimiento de esa atribución por parte de proyecto de Declaración “es crucial para la realización de los derechos humanos de los campesinos”, opinó la institución especializada.


Las organizaciones no gubernamentales vinculadas con los sectores campesinos desempeñaron un papel clave durante el largo debate que se cerrará durante las actuales sesiones del Consejo de Derechos Humanos.


El campesino senegales Ndiakhate Fall, representante de la coordinación africana de la organización internacional La Vía Campesina, dijo a IPS que la Declaración “constituye una base sólida para responder a los desafíos que afronta actualmente el campesinado de África”.


La Declaración “puede prevenir numerosas discriminaciones y violaciones de sus derechos humanos y a la vez garantizar la soberanía alimentaria, el mantenimiento de la biodiversidad y a poner un freno a las alteraciones climáticas”, explicó

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Melik Ozden, director del Centro Europa Tercer Mundo, con sede en Ginebra, observó que “la globalización neoliberal de las últimas décadas ha favorecido el monopolio de compañías transnacionales en la cadena alimentaria”.


En consecuencia, “los campesinos han sido despojados de sus recursos, tierras, semillas, agua, vivienda y otros”, afirmó a IPS.


Los trabajadores rurales “ya no controlan los procesos, los instrumentos ni tampoco la comercialización de sus productos”, subrayó Ozden.


Por esa razón, los campesinos “recalan en los asentamientos marginales urbanos o se transforman en migrantes ‘ilegales’ en terceros países, forzados a vender su fuerza de trabajo en condiciones degradantes”, concluyó.

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El trato a los animales no humanos, una consideración moral

El dualismo filosófico de autores como Descartes ha servido históricamente para desarrollar una lógica del dominio sobre los animales no humanos ajena a su sufrimiento. La consideración empática de este, sin embargo, puede servir de fundamento a una ética animalista que acabe con su explotación.

Desde la filosofía en particular y desde la sociedad en general debe llevarse a cabo una reflexión profunda sobre los valores que rigen nuestra forma de ser, pensar y sentir para desenmascarar aquellos provenientes de una ideología dominante e interesada que se imponen sobre aquellos que son construidos desde la reflexión y el sentir. En consecuencia, algunos filósofos y filósofas consideran que cualquier ética actual debe replantearse la relación que los seres humanos establecemos con el resto de animales y el lugar que ocupamos unos y otros en el mundo. No deja de ser sorprendente cómo en la actualidad se ha logrado un gran avance, al menos teórico, en aspectos morales referentes a las relaciones entre los seres humanos y entre éstos con el medio ambiente, pero en cambio, apenas se cuestiona nuestra relación con los animales no humanos. Es necesario no sólo desarrollar una conciencia exclusivamente ecologista sino también animalista, puesto que el sufrimiento ocasionado a los animales se ha visto multiplicado a un ritmo alarmante en las últimas décadas a causa de la ganadería industrial -que concibe al animal como una máquina de producir carne- y de la investigación tanto militar como farmacéutica.
Filosofía y objetualización de los animales no humanos


Si analizamos esta temática siguiendo un recorrido histórico-filosófico -tal y como hace Alicia Puleo en su obra Ecofeminismo para otro mundo posible- podemos abordarla desde dos perspectivas antitéticas. Por un lado, una visión animalista (1) que considera a los animales no humanos como seres sintientes con capacidad para sufrir, por lo que no puede existir ningún tipo de justificación moral que acepte su sufrimiento; y por otro lado, una visión no animalista y por lo tanto, antropocéntrica y especista (basada, consecuentemente, en la exaltación exclusiva de los rasgos humanos) fundamentada en una contraposición entre lo humano y lo no-humano, degradando y sometiendo a este último y, por tanto, privilegiando al primero.


Esta segunda visión, que es la que ha prevalecido históricamente sobre la primera, se basa en lo que la filósofa australiana Val Plumwood denomina la “lógica del dominio” y que ha ido construyéndose y desarrollándose en diferentes estadios y momentos históricos. Comienza con la asimilación de los dualismos opuestos y jerarquizados mente/cuerpo,

razón/naturaleza teorizados por Platón. Para el filósofo ateniense existen dos tipos de realidades: las Ideas que forman el mundo inteligible (un mundo autónomo y sólo perceptible por la razón) y el mundo de los objetos sensibles y materiales que se captan mediante los sentidos, tal y como lo expone metafóricamente en su conocido mito de la caverna. Según esta alegoría, el mundo que captamos no es más que una caverna donde vivimos como prisioneros creyendo que las sombras que percibimos son los objetos reales. Esta diferenciación entre los dos mundos conlleva una valoración positiva del mundo racional y espiritual frente a una valoración negativa del mundo material y natural percibido por los sentidos.


Este dualismo se radicaliza con Descartes despojando a lo no humano de cualquier capacidad de pensar y de sentir. Este autor racionalista delimita tres ámbitos de la realidad: el yo, Dios y el mundo. El yo o alma (sólo existente en el ser humano) es una sustancia cuya esencia es el pensar, diferente del cuerpo, cuyo atributo es la extensión, el cual forma parte del tercer ámbito de la realidad, el mundo. Con esta delimitación, Descartes considera que las leyes que se aplican al mundo material son unas (leyes mecanicistas), y las aplicadas al mundo del yo son otras. La filosofía cartesiana “des-anima” por completo a la naturaleza y a todos los cuerpos que la componen, considerándola pura extensión y materia cuyo movimiento sirve para explicarlo todo como si del funcionamiento de una máquina se tratara.


El último estadio diferenciado por Plumwood es la completa instrumentalización de la naturaleza, cuya apropiación y desmesurada explotación por parte de los humanos la ha reducido a una posición de mera mercancía.


Esta razón instrumental de dominio y control total sobre la naturaleza ya fue cuestionada en los años 40 por Horkheimer y Adorno en su Dialéctica de la Ilustración, para quienes los fines científicos, técnicos y económicos son perseguidos por un tipo de racionalidad -la instrumental- despojada de cualquier atisbo de criterio moral puesto que no tiene en cuenta los medios e implicaciones éticas utilizados para alcanzar tales fines.


Si filosóficamente el dualismo iniciado por Platón favorecerá una concepción de dominio sobre la naturaleza, históricamente la oposición entre lo humano y lo no-humano se remonta a las culturas antiguas occidentales asimiladas posteriormente por el cristianismo, desplazando a los animales no humanos al puesto más bajo de la Creación. Tal y como observa Alicia Puleo, esta concepción jerarquizada y de superioridad del humano hace que éste sienta un poder sin límites sobre aquellos y que, además, pueda llevar a cabo cualquier acto de crueldad sin ningún tipo de carga moral, sobre todo a partir del terreno allanado por la concepción cartesiana del animal-máquina incapaz de sentir placer ni dolor.


Filosofía y animalismo


Desde una perspectiva animalista podemos remontarnos filosóficamente al hilozoísmo de la escuela jónica presocrática, posteriormente asumido por la escuela estoica, quienes defendían la existencia de una fuerza intrínseca en los seres naturales que hacía que los organismos vivos se desarrollasen al tiempo que constituían una perfecta armonía con el resto de los seres. Las cosmovisiones renacentistas asumirán está concepción animista presocrática y estoica, percibiendo una Naturaleza reconciliada con el ser humano y no opuesta al mismo. Pero esta percepción renacentista pronto será sustituida por el mecanicismo del siglo XVII, al considerar al universo como un máquina, como un reloj sin vida, reducido a una mera extensión.


No obstante, esta concepción mecanicista generará una controversia que trasciende el propio siglo de Descartes. Pensadores como Maupertuis, Bentham y Mill argumentan que los animales son seres sensibles con capacidad de sentir dolor o placer, por lo que causarles el más mínimo dolor sin necesidad es una crueldad y una injusticia, y en esto radica su exigencia ética. Para Jeremy Bentham, por ejemplo, la capacidad para sufrir debe ser tenida en cuenta, ya que si un ser vivo sufre, su sufrimiento debe ser considerado como el sufrimiento de cualquiera y no puede existir ningún tipo de justificación moral que rechace que ese ser sufre y que permita por tanto este sufrimiento. El dolor y el sufrimiento ocasionado a cualquier ser deberían ser evitados para estos autores, independientemente de la especie que sufra o sienta dolor. Un dolor o un sufrimiento es igual de perjudicial para el ser que lo padece, independientemente de si es humano o no humano, por lo que ha de tomarse en consideración.


Este razonamiento ha sido utilizado en la actualidad por autores como Peter Singer o Tom Regan basándose en lo que denominan el principio moral básico de la igualdad de consideración. Para estos autores la igualdad entre animales humanos y no humanos no se fundamenta en la igualdad de características asociadas a la capacidad moral y racional o a cuestiones físicas como la fuerza, sino a su capacidad de sentir dolor y placer. El hecho de que otros animales no formen parte de nuestra especie no nos da derecho ni a explotarlos ni a que podamos ignorar sus intereses como seres sintientes.


La reflexión actual en torno al trato ético a los animales debe liberarse de prejuicios y reflexionarse como un problema ético más. Para estos autores, defender una vida digna de los animales sin ocasionarles sufrimiento no es una cuestión de querer equiparar al ser humano con los animales, pero sí de reconocer que son seres sintientes y apelar a la capacidad de empatía que poseemos tomando en consideración ese sufrimiento, pues no existe justificación moral ni racional para ocasionarles un sufrimiento innecesario. Esta reflexión debe partir de la realidad en la que nos situamos y elegimos. O bien nos situamos en una realidad basada en la idea del dominio, o bien en la idea del respeto. Tal y como expresa Angélica Velasco en su obra, La ética animal ¿Una cuestión feminista?: “Está en nuestras manos el mundo que queremos construir. Elegiremos entre un mundo en el que prevalezca la dominación, la explotación de los Otros, humanos y no humanos, o un mundo en el que nuestros actos estén guiados por la actitud ética de respeto y compasión por todos aquellos con los que compartimos el planeta”.

 

Clara E. Paniego Burillo
Profesora de Filosofía

publicado
2018-09-18 10:00:00


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(1) El “animalismo” como movimiento social se desarrolla a partir de la publicación Animal liberation de Peter Singer en 1975, aunque no hay que olvidar que encontramos predecesores teóricos y filosóficos que han sido invisibilizados u olvidados.

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Los presos de EEUU ponen fin a la huelga y presionan por su derecho al voto

 

• theguardian

Tras 19 días de protesta en las prisiones de todo el país, los organizadores de la protesta confían en el restablecimiento del voto para exconvictos como una forma de impulsar la reforma penitenciaria
La protesta comenzó el 21 de agosto y no se han conocido muchos detalles, pero desde Florida y Carolina del Sur hasta el Estado de Washington hay informes de huelgas de hambre

Ed Pilkington
10/09/2018 - 20:51h

Este domingo, coincidiendo con el aniversario del levantamiento de 1971 en la cárcel de Attica (norte del Estado de Nueva York), los reclusos de las superpobladas cárceles estadounidenses pusieron fin a una huelga nacional que tenía, entre otros objetivos, la recuperación del voto para seis millones de estadounidenses despojados de sus derechos democráticos.
La protesta comenzó el 21 de agosto y no se han conocido muchos detalles, pero desde Florida y Carolina del Sur hasta el Estado de Washington hay informes de huelgas de hambre, boicots a las instalaciones y presos que se negaban a trabajar.
Ahora que la huelga terminó, los organizadores esperan poder mantener el empuje y satisfacer sus demandas, la restauración del voto entre ellas. Estados Unidos es el país con más presos del mundo ( 2,3 millones de personas entre rejas) y las leyes de sus estados están entre las más severas por la privación del voto a la que someten a los exconvictos.
Según los datos del Brennan Center for Justice, en 34 estados se prohíbe votar a los expresidiarios en función de las condenas que hayan cumplido. Los Estados de Kentucky, Florida y Iowa expulsan para siempre del proceso democrático a cualquiera que haya cometido un delito grave.
Los reclusos han empezado a unirse en la campaña por el voto como una forma de avanzar en la reforma penitenciaria. Jailhouse Lawyers Speak, la red informal de mujeres y hombres encarcelados que se puso al frente de la huelga de prisiones, está liderando esa campaña.
Cuando comenzaron la protesta, los organizadores de la huelga presentaron 10 demandas. La décima decía así: "Los derechos de voto de todos los ciudadanos encarcelados... deben contar. Exigimos tener representación. Todas las voces son importantes".
Ciudadanos de segunda
Eddie, un preso que lleva cumplidos 13 de los 18 años a los que lo condenaron por robo a mano armada en Carolina del Sur, dice que cuando le den la libertad, en 2023, será condenado al ostracismo: "Pagaré impuestos pero no podré votar". Hablando con un teléfono clandestino desde su celda, Eddie dice que la privación del derecho al voto convierte a los prisioneros en ciudadanos de segunda clase. "Es una forma de decirme que no soy un ciudadano de verdad", dice. "No tendré ni voz ni voto en el proceso político, ni en los destinos de la nación".
Eddie, que ha pedido ocultar su nombre verdadero para evitar represalias de las autoridades, forma parte del equipo de Jailhouse Lawyers Speak que coordinó la huelga. Dice que en su cárcel la mayor parte de la protesta se centró en boicotear las instalaciones que generaban ingresos para el servicio penitenciario, como los economatos y las máquinas expendedoras de la sala de visitas. En su prisión también hubo una negativa generalizada a trabajar, como en otros penales de Carolina del Sur. Para los reclusos en huelga, la obligación de trabajar en la cárcel a cambio de un salario minúsculo, o de nada, es una forma de esclavitud del siglo XXI.
La reacción de las autoridades, dice Eddie, fue mantener en sus celdas a los reclusos de las prisiones de máxima seguridad de Carolina del Sur. "Suspendieron todos los entretenimientos para que estuviéramos en nuestras celdas literalmente los 7 días de la semana y las 24 horas del día", dice. "Devolvían nuestras cartas, amenazaban con aislamiento solitario a cualquier preso que fuera vinculado con la huelga, y pintaron de negro las ventanas de nuestras celdas para que no tuviéramos ni idea de si era de día o de noche".
Dice que la intimidación no logró desanimarles ni disuadirles de planificar acciones futuras. Entre ellas, dice, una de las principales se centrará en recuperar el derecho al voto.
Los prisioneros más activistas y los que organizaban la huelga han denunciado más medidas de represalia. Kevin Rashid Johnson, autor de un artículo de opinión que el periódico The Guardian publicó al inicio de la huelga de cárceles, fue citado para comparecer el 10 de septiembre ante las autoridades de la prisión estatal de Sussex en Waverly (Virginia), donde lo encerraron en régimen de aislamiento.
Las injusticias del sistema
A Johnson le dijeron que a lo mejor lo trasladaban a otro penal, repitiendo el patrón de traslados por todo el país que vienen siguiendo con él, de prisión en prisión: de Virginia a Orégano, a Texas, a Florida y, de regreso, a Virginia. "Es una forma de represalia", dice su abogado, Dustin McDaniel. "Las autoridades se resisten a su forma de exponer las injusticias del sistema y a que haga trabajo de educación política con el resto de prisioneros, lo trasladan para tratar de neutralizarlo".
Los líderes de la huelga están dispuestos a sufrir más represalias pero también están trabajando en la campaña para restaurar el derecho al voto. Janos Marton, de la American Civil Liberties Union Campaign for Smart Justice (una organización que aspira a reducir a la mitad el número de presos de Estados Unidos), dice que uno de los principales logros de los 19 días de protestas fue poner en el candelero la privación del derecho al voto que sufren las personas que han cometido delitos graves.
"La organización de la huelga en todos los estados ha unido en una voz a los presos, movilizándoles hasta un nivel que no habíamos visto antes", dice. "Tras el fin de la huelga, el impacto más tangible de esa voz amplificada es el impulso específico sobre [la recuperación de] el derecho al voto".
Es probable que la privación del voto para millones de prisioneros sea uno de los temas candentes en las elecciones legislativas de noviembre. Los votantes de Florida tendrán que contestar si quieren o no introducir una enmienda a la Constitución del Estado para devolver el derecho al voto a las personas con condenas por delitos graves siempre y cuando hayan cumplido sus sentencias y completado los períodos de libertad condicional.
Florida es tradicionalmente uno de los estados grandes donde el voto no está definido, lo que lo convierte en clave para decidir elecciones presidenciales. En 2016, Donald Trump ganó en Florida con una mayoría de solo 113.000 votos sobre Hillary Clinton. Si devolvieran los derechos de voto a los exconvictos, unos 1,5 millones de ciudadanos del Estado volverían a figurar en el censo electoral.
En otros estados, hay funcionarios del partido republicano aplicando con tanto celo las leyes de privación del voto que incluso algunos exreclusos han vuelto a la cárcel simplemente por tratar de votar. Crystal Mason vuelve a la prisión federal de Texas el 13 de septiembre para pasar allí 10 meses de encierro porque emitió un voto provisional (en Estados Unidos, si un ciudadano asegura que tiene derecho a votar, la mesa electoral recibe la papeleta de forma provisional para incluirla en el recuento una vez verificada la afirmación del votante) en las elecciones presidenciales de 2016. No sabía que, como exdelincuente, le habían prohibido votar.

 

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Sábado, 08 Septiembre 2018 08:05

Grietas en el Estado de Bienestar sueco

Grietas en el Estado de Bienestar sueco

Junto con otros países escandinavos, Suecia sigue simbolizando hoy un sistema equitativo y libre. Pero el modelo viene enfrentando problemas que pueden quedar más que expuestos en las elecciones generales que se celebran hoy.

Con la caída del Muro de Berlín, el modelo social demócrata sueco brilló como uno de los grandes logros de la izquierda luego del fracaso del llamado “socialismo real”. Junto con otros países escandinavos, Suecia sigue simbolizando hoy un sistema equitativo y libre, que garantiza crecimiento y justicia social. Pero el modelo viene enfrentando problemas que pueden quedar más que expuestos en las elecciones generales que se celebran hoy.


Según los sondeos, la actual coalición de centro izquierda solo recibiría entre un 35 y 40 por ciento de los votos, mientras que los cuatro partidos de derecha se le situarían muy cerca. La sorpresa más inesperada y desagradable es el avance incontrolable de un partido de extrema derecha, que puede llegar a convertirse en la segunda fuerza política del país. PáginaI12 dialogó con el analista político sueco Vyktor Skyrman de la prestigiosa Fundación de centro izquierda, Katalis.


–¿Qué está pasando en Suecia que ha surgido con tanta fuerza un partido xenófobo que lleva el curioso nombre de Demócratas Suecos?


–El sistema sueco es parlamentarista. Los ciudadanos eligen a sus representantes y el parlamento elige al partido o coalición que tenga más escaños para formar gobierno. La actual coalición de centro izquierda formada por social demócratas y verdes gobierna con el apoyo de tres partidos progresistas. Si se confirman los sondeos, esta coalición obtendrá un poco más que la de los cuatro partidos de derecha. El problema es que los “Demócratas suecos”, un partido xenófobo que tiene raíces nazis y que, según algunos analistas, son una suerte de “fascismo soft”, podría conquistar un 20 por ciento de los votos. Esto abre el camino a una posible alianza entre la derecha y los demócratas suecos para formar gobierno que a la vez desplazaría a la coalición de centro izquierda y le daría legitimidad a un partido como los “Demócratas suecos” que podrían ser los que terminen decidiendo quién es el próximo gobierno.


–¿De qué se trata este fascismo soft de los Demócratas Suecos?


–En las elecciones de 2010 los Demócratas suecos cruzaron el umbral del 4% del voto para conseguir representación parlamentaria: obtuvieron 20 escaños. Eran minoritarios. Hoy tienen la posibilidad de dar el gran salto. Tienen una política económica neoliberal, de bajos impuestos y hostilidad a los sindicatos, que combinan con una plataforma fuertemente anti-inmigratoria. En esto son bastante parecidos a Donald Trump.


–Sorprende todo esto porque el Partido Político dominante de la coalición de centroizquierda, los socialdemócratas, fue la fuerza hegemónica de la posguerra y casi siempre obtuvo entre el 40 y el 45% de los votos. Hoy apenas contaría con un 25% de los votos.


–Es parte de un largo proceso histórico. En los 80, igual que en muchas otras partes del mundo, Suecia vivió una liberalización financiera. Esta liberalización condujo a una burbuja inmobiliaria-financiera que explotó con la traumática crisis financiera en 1991. A esto hay que agregarle como clima de época, la caída del Muro de Berlín y la creciente hegemonía del discurso neoliberal, que impuso la llamada “Tercera Vía” de Tony Blair en el Reino Unido, Gerard Schroeder en Alemania y Bill Clinton en Estados Unidos, que era básicamente una versión neoliberal de la social democracia. Como resultado de todo esto, la socialdemocracia sueca formó parte de este “Tercera Vía” y adoptó una política de austeridad fiscal. Hoy pregonan el déficit cero o incluso superávit, algo que, curiosamente, hasta fue criticado por algunos bancos y medios de derecha porque impide la inversión en infraestructura.


–Es decir que la misma social democracia se ató de pies y manos respecto a lo que era su política tradicional.


–Aceptó el credo de que lo privado es bueno, lo estatal malo, con lo que perdió la palanca de la inversión pública y el espacio económico que necesita la política social con la consiguiente pérdida de apoyo en algunos sectores tradicionalmente socialdemócratas. Pero como decía es un fenómeno más amplio porque uno ve hoy el impacto de este viraje en muchos partidos de la izquierda europea. En 2012 en Holanda el partido Laborista obtuvo un 25 por ciento de los votos. El año pasado solo consiguió un seis por ciento. En Grecia Pasok fue del 44 por ciento en 2008 a un cinco en 2015. Los social demócratas en Francia, Alemana, Italia tienen también problemas. No hay una sola causa para explicar esto, pero sí hay un factor común que es que no solo se abandonaron las políticas y la retórica social demócrata sino que directamente se abrazaron recetas neoliberales. En este vacío ideológico, los votantes socialdemócratas están virando a la derecha en Francia, el Reino Unido, Europa del Este.


–Este giro político no se da en el vacío. Me interesa particularmente el caso de Suecia porque fue durante mucho tiempo un ícono de sociedad igualitaria. ¿Era correcta esta visión o estaba sobrevalorada?


–La ilusión de Suecia como “utopia” socialdemócrata tuvo mucho de verdad en los 80. Hoy habría que revisar esa imagen. En los últimos 30 años no ha habido ninguna reforma progresista. Los gobiernos conservadores y social-demócratas redujeron el impuesto a la riqueza, a los ingresos, a la herencia y la propiedad y practicaron desde los 90 el conservadurismo fiscal del déficit cero o del superávit fiscal. Estas políticas tienen un precio. La calidad de los servicios del estado de Bienestar ya no son lo mismo y hay mucha más desigualdad que en otras épocas. La década de los 80 fue la última con pleno empleo. Hoy una creciente parte de la población está desempleada o subempleada. Suecia tiene el fenómeno del uno por ciento capturaba el 20 por ciento la riqueza privada en 1978. En 2006 el porcentaje es el doble: un 40 por ciento. Unas 15 familias controlan el 70 por ciento de las compañías en la bolsa. Y según un cálculo reciente, hay unos cinco mil millones de dólares de evasión impositiva en los paraísos fiscales.


–Como ha ocurrido en otros países, la derecha xenófoba y anti-inmigratoria ha aprovechado esto. Italia, Hungría y Polonia son los casos más extremos en la Unión Europea (UE), pero hay una tendencia presente en casi todos los países. En la mayoría, esta tendencia contiene además una retórica antieuropea que ya produjo frutos: el Reino Unido está a meses de abandonar la UE. En Suecia los Demócratas Suecos proponen un referendo para abandonar la UE. ¿Tienen alguna posibilidad de éxito?


–Por el momento no. Suecia no está en el euro y es muy pro-Unión Europea. De manera que para los Demócratas Suecos no es un tema muy importante de su agenda. Ellos se centran en el tema inmigratorio. A más largo plazo, ¿quién sabe?

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Una persona fotografía la Torre Eiffel con su smartphone JANETTE | WIKIMEDIA COMMONS

Cada día son compartidas más de 95 millones de imágenes y vídeos en Instagram, una cifra que aumenta si además se tienen en cuenta el resto de redes sociales. Muchas de ellas, además, son tomadas en los mismos lugares, entre los que se encuentran el Coliseo de Roma o la catedral de Notre Dame de París. Solo basta con sacar el móvil, abrir la cámara y hacer una foto. El problema es que, quizá, aunque ningún cartel lo indique, ese monumento público esté regulado por un copyright especial.

Es el caso de la Torre Eiffel, uno de los edificios más emblemáticos del mundo y, precisamente por ello, una parada obligatoria para cualquier turista. Especialmente, si es de noche y su estructura brillante reluce entre el cielo oscuro de la capital francesa. Regular el encuadre o la exposición son algunos de los aspectos a tener en cuenta, pero también otro que normalmente no es demasiado reconocido por los visitantes: los derechos de autor.

A pesar de que la obra fue construida por Gustave Eiffel en 1889, según informa Europa Press, todavía se encuentra sujeta a los derechos de autor y de marca de las diferentes iluminaciones instaladas desde 1985. ¿La consecuencia? Como explican en la web del monumento, que "el permiso y los derechos para publicar las fotos de la torre iluminada deben solicitarse a la Société d'Exploitation de la Tour Eiffel". Una norma que, ya sea por desconocimiento o por atrevimiento, muy pocos cumplen. Aun así, la revista National Geographic asegura que por ahora "no ha afectado a ningún turista".

No es la primera vez que las leyes de la propiedad de los edificios se encuentran rodeadas de incertidumbre. Ya lo estuvieron cuando, en 2015, la Eurocámara sometió a votación a una enmienda que pedía que las instantáneas de obras públicas no pudieran realizarse sin previa autorización de sus representantes. Se trataba de una medida en contra de la conocida como libertad de panorama, que impide a los propietarios de pinturas o estructuras tomar acciones legales contra aquellos que distribuyan sus imágenes.

 

Mapa de Libertad de panorama realizado por Wikipedia

Mapa mundial de la situación de la libertad de panorama realizado por Wikipedia

 

Finalmente el Parlamento Europeo rechazó la norma, dejando a los Estados decidir sobre una regulación que todavía no se encuentra a gusto de todos. Es el caso de Wikipedia, que cerró temporalmente el pasado mes de julio para protestar contra la última reforma del copyright y apoyar la "extensión de la libertad de panorama a toda la UE". Países como Bélgica, Francia o Italia son señalados por la enciclopedia online como lugares non gratos para crear imágenes.

En principio solo afectaría a aquellas capturas para usos comerciales, pero, como explica la BBC, esta ley deja un "área gris" que alcanza a aquellos que comparten fotos de los monumentos a través de redes sociales. "A pesar de que estos usuarios no tengan fines comerciales, los términos y condiciones de Facebook dan a esta compañía la licencia para utilizar las fotografías para lo que considere oportuno", indica la cadena británica.

Como el abogado Carlos Sánchez Almeida explica a eldiario.es, en España no hay razones para preocuparse, ya que así lo especifica el artículo 35 de la Ley de Propiedad Intelectual: "Las obras situadas permanentemente en parques, plazas u otras vías públicas pueden ser reproducidas, distribuidas y comunicadas libremente por medio de pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales". Básicamente, como añade el profesional, "si está en la calle se puede fotografiar".

 


La "Wikipedia" de la propiedad intelectual

 

Debido a la confusa regulación del copyright, la cual cambia según el país y según el propietario de la obra, los encargados de Getty Images han creado una "Wikipedia" en la que se pueden consultar las normas de cada monumento. Y no solo eso, también recopila paisajes, productos e incluso personas que pueden fotografiarse sin miedo a qué pasará después. Hemos seleccionado algunos de los más destacados, pero la lista es extensa. Mucho más de lo que se podría pensar.

La Sirenita de Copenhague: es una escultura de bronce situada en Dinamarca que, como se puede ver en su propia entrada de Wikipedia (con su figura recortada), no cuenta con licencias demasiado permisivas. Según la página especializada en fotografía Peta Pixel, la familia de su autor, el escultor Edvard Erikson, es "extremadamente protectora" con respecto a los derechos. Debido a esto, solo puede aparecer cuando se sitúe en contexto y no como elemento principal de la imagen.


Pirámide del Museo del Louvre: algo parecido ocurre con la estructura diseñada por el arquitecto Ieoh Ming Pei a las puertas del museo nacional de París. Según Getty Images, deben evitarse las imágenes que muestran "todo el edificio y la pirámide" o aquellas donde son "el foco primario" a menos que se obtenga una autorización.


El Atomium: esta estructura de acero con forma de átomo ubicada en Bruselas también cuenta algunas limitaciones de copyright. En la página de la obra explican que solo puede reproducirse bajo "ciertas condiciones" para garantizar que "no se tergiverse o se distorsione" su significado. No obstante, sus responsables matizan que sí se acogen a los casos establecidos por la libertad de panorama siempre y cuando no consideren que tiene naturaleza comercial.


Letrero de Hollywood: cada vez que alguien reproduce el popular letrero con fines comerciales, este debe abonar la cuota correspondiente a sus derechos de imagen. El cartel colocado en el Monte Lee de Los Ángeles (California), al igual que ocurre con el Paseo de la Fama, son marcas registradas que solo pueden ser utilizadas de forma editorial dependiendo del contexto en el que aparezcan.
Casa de la Ópera de Sídney: al igual que sucede con otras construcciones similares, el emblemático edificio dedicado al ballet o al teatro no puede ser el elemento principal de una captura empleada con fines comerciales y solo se permite cuando aparece en el horizonte como complemento de la instantánea. De lo contrario, esa publicación en Facebook podría salir cara.

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Un hombre puede –y debe– ser feminista

Sí. Un hombre puede –y debe– ser feminista. Por supuesto, debemos serlo en el marco que entiende al feminismo como una lucha por la igualdad para mujeres y hombres, erradicando la opresión, la explotación y el sexismo que ellas llevan sufriendo histórica, social y culturalmente a lo largo de los siglos. Pero debemos hacerlo desde la posición que nos corresponde: un papel secundario en una lucha que jamás debemos liderar ni pretender comprender del todo –porque no hemos vivido en nuestras carnes lo que significa ser mujer–, en la que debemos trabajar de forma activa no para ser vistos ni aplaudidos por nuestra descubierta sensibilidad, sino para reconstruirnos a nosotros mismos desde el feminismo, entendiendo que es un proceso que jamás estará completo, porque estaremos constantemente aprendiendo.

De ahí que el hecho de ser feministas no nos convierte ni de cerca en líderes de opinión ni en cabecillas del feminismo. Sería lo mismo que una persona heterosexual pretendiese liderar las reivindicaciones del colectivo LGTBIQ… ¡Imposible! Primero, porque a pesar de su magnífica sensibilidad y empatía, jamás sabrá lo que es sentir miedo de decir “te quiero” o “me gusta esa persona”, o de ir de la mano por la calle con la persona que quiere sin preocuparse por el sitio, la hora o si hay más gente o no; segundo, porque jamás ha sentido ni vivido dentro de su cuerpo las sensaciones, pensamientos o emociones de una persona del colectivo, que no es que sean distintas, pero muchas se viven de forma diferente; tercero, porque no ha sentido la presión de ocultarse o de esconder sus sentimientos… Y podría seguir, pero creo que queda claro el concepto: podemos ser feministas, pero como aliados de la causa; con la idea certera y convencida de que somos apoyo en una lucha que, si bien nos interesa y nos beneficia como personas y como sociedad, no es nuestra y nunca lo será. Al menos no en exclusiva.

Los hombres tenemos algunas ventajas adquiridas simplemente por el hecho de ser leídos socialmente como hombres, por mucho trabajo de equidad que se esté haciendo desde distintos ámbitos de la sociedad. Todavía recuerdo el impacto que me provocó el testimonio de un hombre trans que, desde que comenzó a hormonarse con testosterona, ya no sentía miedo al ir por la calle de noche, porque el temor a una violación se desvanecía simplemente por el hecho de ser hombre. Eso nos demuestra la inmensa labor que tenemos por delante.

Esos privilegios de los que hablábamos podemos constatarlos en muchas experiencias: más libertades para chicos que para chicas, que ellas deben cuidarse más y ser más delicadas, no porque necesariamente lo sean, sino porque es lo que se supone que deben ser; más peligros para ellas en un sistema que permite sin pudor la cosificación de las mujeres, su explotación sexual, donde la prostitución está instaurada como una institución y que, además, es incapaz de erradicar la mutilación, la violencia, el asesinato sistemático, el acoso sexual, entre otras. Pero también se ve en el entorno laboral, en el universitario, en las salidas profesionales, en las carreras escogidas, en el cine, la televisión, los museos, la literatura… Y también lo palpamos en la sociedad y en esos arraigados estereotipos que persisten pese a todos los esfuerzos.

Sobre todo quedan en evidencia en la negación del machismo vigente, en la simulada ignorancia de quien dice no comprender la importancia del lenguaje, de los comportamientos sociales, de la publicidad y de los medios de comunicación en todo esto. Y más visibles son esos privilegios cuando hay personas que hablan de feminazismo como una corriente real, o de la imposición de la ideología –o últimamente también llamada dictadura– de género, una idea aberrante que no hay cómo cogerla, difundida con la única intención de minar, despreciar y desdibujar el motivo por el que estamos aquí: el fin de la opresión machista y del heteropatriarcado.

¿Suena apocalíptico? Seguro que más de alguien ha sentido correr un sudor frío por la espalda. Pero, si quitamos el populismo barato y la visión terrorífica de este motivo que nos ocupa, nos quedamos con algo que realmente no debería tener ningún tipo de contestación: la igualdad y el respeto a los demás sin importar su origen, su expresión, su ser. Es decir, una sociedad en la que los seres humanos tengamos las mismas oportunidades y derechos. Es así de sencillo.

El primer paso para ser un hombre feminista, entonces, es aprender que la lucha no es nuestra y apoyarla. Después, vendría el largo y eterno proceso de desaprender los estereotipos, deshacerse de los privilegios y de enfrentarse a todo lo que se supone y se espera de nosotros por el simple hecho de ser hombres. Y el camino para conseguirlo está precisamente al lado de las mujeres, aprendiendo de ellas y, a través del cuestionamiento interno y compartido, replantearnos todo el sistema vigente para construir uno más equilibrado e igualitario.

 

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Pañuelazo por el derecho al aborto en Santa Fe, Argentina. 20 de julio de 2018

El pasado jueves 9 de agosto pudimos conocer los resultados de la votación en el Senado de Argentina sobre la Proposición de Ley en materia de interrupción voluntaria del embarazo. Una Proposición de Ley aprobada en la Cámara del Congreso el pasado 14 de junio y que no ha conseguido sortear la votación de la Cámara Alta: 38 votos en contra frente a 31 a favor y dos abstenciones. Por tanto, el escenario no deja de ser desolador desde el punto de vista de la subjetividad jurídica y política de las mujeres en tanto en cuanto la interrupción voluntaria del embarazo sigue manteniéndose como delito penado con hasta cuatro años de cárcel por mor de la dicción literal de los artículos 85 y 86 del Código Penal.

Téngase en cuenta el artículo 1 de la Proposición de Ley, donde se establece el reconocimiento del derecho a decidir voluntariamente sobre la interrupción del embarazo

En este punto, debemos tener en cuenta los siguientes párrafos del artículo 85, anteriormente mentado: “El que causare un aborto será reprimido: (…) 2º Con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con consentimiento de la mujer”. En la misma línea, leyendo el contenido textual del artículo 86: “Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo (...)”. A mayor abundamiento, repararemos en los supuestos de despenalización recogidos en el propio artículo 86 CP –cuya redacción data de 1921– en tanto que preceptúa: “El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer en cinta, no es punible: 1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2º Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”. Por contra, téngase en cuenta la dicción literal de la Proposición de Ley objeto del presente texto, y, específicamente, sobre su artículo 1, donde se establece el reconocimiento del derecho a decidir voluntariamente sobre la interrupción del embarazo durante las catorce primeras semanas de gestación a todas las mujeres en el marco del ejercicio del derecho humano a la salud.

Cuesta comprender el porqué de la negativa del Senado teniendo en cuenta la dimensión internacional del texto constitucional argentino

Las lecturas propuestas obligan a reflexionar sobre el lugar que ocupan las mujeres en (y ante) el discurso jurídico y el lugar dónde dicho discurso –en general– las (nos) sitúan en relación al sujeto abstracto y universal. Cuesta entender la negativa a nivel parlamentario (y no sólo) en relación al reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad en el marco del reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Cuesta asumir el ostracismo jurídico al que se ven abocadas muchas mujeres –normalmente pobres o con escasos recursos– ante la negativa al reconocimiento de la autonomía corporal en el ámbito de la salud sexual y salud reproductiva. Pero es más, cuesta comprender el porqué de la negativa del Senado teniendo en cuenta la dimensión internacional del texto constitucional argentino (y su carácter normativo) tras la revisión de 1994, en donde incorporó una serie de tratados internacionales en materia de derechos humanos ampliando el corpus de derechos a nivel interno.

Recuérdese las obligaciones de los Estados Partes, en el marco de la diligencia debida, con respecto a la erradicación de la discriminación contra las mujeres que se derivan del artículo 2 de la CEDAW

De especial mención resultan la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966) y, específicamente, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979). Sobre este último texto tráigase a colación la delimitación normativa (y conceptual) de “discriminación contra la mujer”, y recuérdese que, con tal expresión, se alude a toda distinción o exclusión basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, social, cultural y civil, o en cualquier otra esfera. A su vez, recuérdese las obligaciones de los Estados Partes, en el marco de la diligencia debida, con respecto a la erradicación de la discriminación contra las mujeres que se derivan del artículo 2 de la CEDAW, en cuanto instan a llevar a cabo y desarrollar políticas encaminadas a eliminar cualquier forma de discriminación contra las mujeres y, de forma particular, a consagrar, en las constituciones nacionales (o cualquier otra legislación apropiada), el principio de igualdad y a asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de dicho principio.

Llegados a este punto –y de forma sucinta– reflexionemos sobre las siguientes interrogantes:

- ¿Qué efectos sobre la vida de las mujeres va a tener el seguir penalizando la interrupción voluntaria del embarazo en los términos de los artículos 85 y 86 del CP de 1921?

- ¿Qué mensaje se envía a nivel social en relación con la subjetividad jurídica y política de las mujeres?

- ¿Son las mujeres sujetos jurídicos/políticos en los mismos términos que los varones?

- ¿Ejercen las mujeres los derechos de ciudadanía –donde cabe englobar el derecho a la autonomía corporal– en los mismos términos que los varones?

- ¿Desconfía el Estado –en líneas generales– de las decisiones de las mujeres en el ámbito de su salud sexual y salud reproductiva?

- ¿Y tras el veto del Senado y la negativa al reconocimiento de la sexuación de los sujetos de derechos qué?

Por último, sólo quedan dos apuntes más: (1) la negativa del Senado constituye un acto de discriminación contra las mujeres en el marco de la CEDAW, incomprensible en pleno siglo XXI, y (2) evidencia la necesidad de constitucionalizar los derechos sexuales y reproductivos en el marco de un nuevo pacto constitucional en el cual las mujeres sean verdaderas artífices y destinatarias del pacto de convivencia social. Un nuevo pacto para este avanzado siglo que debe garantizar el derecho de todas las mujeres a la autonomía corporal y a decidir libres de coerción, discriminación y violencia sobre su maternidad.

* A continuación, y para completar el análisis, se incluyen dos cuadros en donde se recogen los votos a favor y en contra por Grupos Parlamentarios en el Senado y por sexo, respectivamente.

 


 

La deuda de América Latina con las mujeres: el aborto es ilegal o muy restrictivo en la mayoría de países

 

eldiario.es

 

  • En toda América Latina, el aborto solo es legal en 3 de 49 países: Cuba, Uruguay y Guyana
  • En República Dominicana, Haití, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Surinam la interrupción del embarazo es ilegal en cualquier situación
  • En la mayor parte del continente esta práctica es delito, aunque las legislaciones de algunos países incluyen excepciones que tienen que ver con violaciones o malformaciones

 


Cristina Armunia Berges / Raúl Sánchez / Ana Ordaz

 

América Latina tiene una gran deuda con sus mujeres. El continente le debe al feminismo un gran cambio de legislación que permita a las personas, de manera libre y segura, acceder al aborto. Y se trata de un grito común que empieza en México y termina en Chile. En todo el continente (incluyendo los países caribeños con más de un millón de habitantes), solo 3 de 49 países cuentan con una legislación que legaliza el aborto. Esto significa que en el 92% de los países es ilegal esta práctica, aunque en algunos territorios operen excepciones en forma de supuestos.

La peor parte se la llevan los países centroamericanos. En República Dominicana, Haití, El Salvador, Honduras y Nicaragua, abortar es ilegal en todos los casos, es decir, no existen excepciones de ningún tipo en sus legislaciones. En El Salvador, por ejemplo, las mujeres pueden llegar a ser castigadas hasta con 30 años de prisión por abortar. Se enfrentan también a persecuciones que encabeza la iglesia, pero que también siguen ciertos sectores de la sociedad, simplemente por despertar sospechas.

El Código Penal de Honduras castiga con penas de tres a seis años de cárcel a las mujeres que produzcan o consientan una interrupción de su embarazo. Por ley, tampoco se pueden utilizar anticonceptivos de emergencia.ç

 

"Estamos trabajando en todas las regiones. Hicimos un gran trabajo en Chile y, en los países centroamericanos, lo que hacemos es denunciar internacionalmente las penas a cadena perpetua por abortar que se imponen por ejemplo en El Salvador. En estos países, el aborto está completamente penado", explica Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La mayor parte de los países latinoamericanos prohíbe el aborto con excepciones parecidas en cada territorio. Los supuestos más habituales en los que no es delito abortar son: violación o que corra riesgo la vida de la madre. Algunos países incluyen también malformaciones del feto, y unos pocos –tres de los países más pequeños del continente: Barbados, Belize y San Vicente y Granadinas– suman la inseguridad socioeconómica.

Las legislaciones más restrictivas, esto es, las que solo contemplan la legalidad del aborto en casos de violación o de que corra peligro la madre, las encontramos en países como México, Venezuela, Brasil, Paraguay o Chile.

 

De los 49 países analizados el aborto está totalmente prohibido salvo excepciones en 15 países. Se permite para salvar a la gestante en 13 de ellos, se permite por razones socieconómicas en 3 y es legal sin restricciones en otros 3. Cuba fue el primer país en legalizar el aborto en el territorio en 1968, después lo hizo Guyana en 1995 y, finalmente, Uruguay en 2012.

De los países que prohíben el aborto, Brasil, Chile, México y Panamá lo permiten en caso de violación. El resto lo prohíben incluso bajo este supuesto. En este punto, cabe recordar que en la Ciudad de México el aborto está despenalizado hasta las 12 semanas de gestación desde el año 2007. Esta competencia depende de los estados.

 

Dentro de los países que prohíben el aborto, es posible abortar si peligra la vida de la madre en Antigua y Barbuda, Brasil, Chile, Dominica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Venezuela. No sucede lo mismo en República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Suriname.

La OMS calcula que cada año se producen 22 millones de abortos no seguros y que cada año mueren 47.000 mujeres por complicaciones derivadas de abortos inseguros. Apuntan también que el 40% de las mujeres en edad de procrear vive en países donde el aborto está prohibido, restringido o es inaccesible.

 

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Lunes, 30 Julio 2018 07:33

Jóvenes desiguales

Jóvenes desiguales

Enfrentar las condiciones del cambio demográfico exige considerar la dinámica del envejecimiento junto con las modalidades específicas de la desigualdad.


En el primer caso el asunto va mucho allá de las estadísticas que plasman de manera gráfica las pirámides de la distribución por rango de edades. Muestran claramente el achatamiento de las edades más bajas y el progresivo crecimiento de las más altas.


Esas cifras están cargadas de complejos significados que derivan de las condiciones sociales de los distintos grupos de la población. Esto requiere de un acercamiento en términos de intersección.


Además de la dimensión por generaciones, por ejemplo, la de los jóvenes, hay que tratar explícitamente otras como el género o la clase. Es obvio que no todos los adolescentes son iguales en cuanto a su vulnerabilidad y se han de diferenciar las medidas aplicables de política pública.


Pablo Simón (Universidad Carlos III) atiende el riesgo de pobreza desagregado por estrato, y no en términos seculares, sino cíclicos. Otro indicador es el de devaluación salarial, o sea, ingreso y poder de compra y el patrón de recuperación. Esto incide sobre el horizonte de las expectativas y en todos los casos afecta no sólo a los individuos, sino al conjunto familiar.


El mercado de trabajo es crucial en la dinámica social por rangos de edad: cantidad de trabajo y condiciones del empleo. En general se advierte una mayor precariedad de los empleos (entrada al primer trabajo, remuneraciones, calificación, plazo de contrataciones, informalidad, acceso a servicios públicos, etcétera) que también se diferencia en el interior del estrato de los jóvenes.


Se habla de una nueva normalidad del mercado laboral, que se adapta a las condiciones de gestión de las políticas monetaria y fiscal de los gobiernos.


Las condiciones laborales tienen una relación estrecha con el sistema educativo. Una percepción generalizada es que los jóvenes están menos preparados que antes. Según los especialistas, esto no es correcto.
Los estudiosos se enfocan en criterios como el porcentaje de titulados, tasas de deserción escolar, falta de titulación y el acoplamiento entre las calificaciones adquiridas y las demandas del sector productivo.


Dos asuntos sobresalen en este terreno. Los jóvenes que hacen funciones por debajo de su nivel de formación y lo que Simón califica de verdadero drama social que son todos los adolescentes expulsados del sistema educativo. La ausencia de estudios básicos, resalta, acrecienta enormemente la vulnerabilidad.


El sistema político y económico en México adolece de una efectiva capacidad distributiva en general y en especial en el caso de la población de jóvenes. El sistema de cotizaciones a la seguridad social debe reforzarse con otro tipo de transferencias y aminorar las cargas impuestas por el mercado de trabajo, que se suman a las condiciones de carencia familiares.


Crear nuevas oportunidades de educación superior, según propone el gobierno recién electo, es una medida que se incrusta en las consideraciones que aquí se hacen. Las medidas en este campo no pueden aislarse del contexto general y particular en el que se desenvuelve la existencia de los jóvenes.


La forma en que se reconfigure los niveles de media superior y superior debe estar muy bien articulada con los contenidos del sistema educativo. Cantidad y calidad requieren de un balance para llegar a un objetivo posible y sensible en materia propiamente educativa, social, productiva y, también, presupuestal.


Añado que la educación en una sociedad como la nuestra demanda un balance entre las profesiones científicas, técnicas y las humanidades. Esta no es una posición romántica ni antigua, y debe debatirse en el país de forma explícita.


Por otra parte, está la desvalorización social de las ocupaciones técnicas y artesanales que requieren de una especialización y la capacitación para el trabajo. Hay casos en que a esas labores debe dárseles y otros devolverles tal valor económico y social.

 

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¿A quién le conviene la Ley Lleras 6.0?

Multinacionales de la cultura y de otros órdenes, atacan de nuevo, ahora con la pretendida Ley Lleras 6.0. Al filo de quedar todos como criminales, restringidos en nuestras necesidades de saber, conocer y compartir sin necesidad de estar mediados por patentes y semejantes, todo ello para que le abran la puerta a Colombia en la Ocde.

 

El ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ocde, es uno de los sueños del presidente Santos. Sin embargo, las normas que la Ocde establece para convertirse en socio del denominado “club de los ricos”, favorecen a las potencias económicas garantizándoles mercados y normatividad en los países débiles. Con este propósito y en primer lugar, Colombia debe cumplir una serie de recomendaciones incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Ya se tomaron medidas como la Ley Zidres que garantiza la entrega de tierras a las multinacionales y al gran capital. Otra es la exigencia de sacar al gobierno de las juntas de las empresas del Estado; con este fin, el gobierno ha pedido plazo para retirarse del Banco de la República y de otras entidades. En materia de empleo y seguridad social se propone la eliminación del salario mínimo y la reforma pensional.

 

Continuando con las exigencias, y en un acto que solo puede ser clasificado como chantaje, el 14 de febrero el jefe comercial de E.U. le envió una carta a la Ministra del Comercio de Colombia, María Lorena Gutiérrez, poniendo como condición tres normas para que E.U. apruebe el ingreso del país a la Ocde: en primer lugar, eliminar el sistema de chatarrización de camiones, golpeando a los pequeños y medianos camioneros. Como segundo punto, se intenta impedir que Colombia reduzca los precios de algunos medicamentos. Y como tercera obligación, exigen la aprobación de la última versión de la denominada Ley Lleras, donde se revisan los conceptos sobre derechos de autor y libertad de acceso en las redes.

 

A pesar del hundimiento en el Congreso colombiano de la quinta versión, el pasado 21 de marzo, el gobierno insiste en su propósito de cumplir las exigencias americanas y reintroduce la última versión denominada Ley Lleras 6.0. El origen de este proyecto proviene de un compromiso de Colombia a partir de la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos y en un marco internacional en el que las grandes potencias, en razón del gigantesco desarrollo de sus “industrias culturales”, han multiplicado ganancias a costa de la privatización de la cultura y del control absoluto de los “mercados culturales”. La Ley Lleras inicial (así bautizada por el nombre de su proponente, Germán Vargas Lleras) y sus subsiguientes versiones, va mucho más allá que la Digital Millenium Copyright Act de E.U, norma que protege excesivamente a las multinacionales del entretenimiento y atenta contra el derecho a la información, a la cultura y a la búsqueda del conocimiento.

 

El TLC es una herramienta comercial, y por eso la actualización de las normas sobre el derecho de autor funciona más para los titulares de los derechos y para las empresas. En contraposición al derecho francés, donde el derecho de autor pertenece al creador, en los TLC lo enmarcan dentro del concepto anglosajón del copyright, donde los comercializadores son quienes se apropian de las obras. Dentro de este “novedoso” concepto de propiedad, donde los negociantes son quienes se benefician del conocimiento y del patrimonio intelectual de la humanidad, convirtiéndolos en el terreno de lucro de unos pocos, el proyecto de Ley Lleras 6.0 propone ampliar en veinte años el período de su dominio público para las personas jurídicas (de 50 a 70 años).

 

Marcela Palacio, abogada y autora del libro “Derecho de autor, tecnología y educación para el Siglo XXI”, dice que de entrada “Esta Ley es mucho más dura de lo que incluso requiere el TLC”. La 6.0 tiene implicaciones que van más allá de los compromisos del TLC con E.U. y está vinculada a los requisitos del posible ingreso en la Ocde. La 6.0 modifica substancialmente todo lo relacionado con las Medidas Tecnológicas de Protección, MTP, lo cual representa importantes riesgos para la sociedad, pues limita el uso justo el conocimiento.

 

Las MTP, para salvaguardar materiales u obras protegidas y derechos de autor, pueden dividirse en dos categorías: medidas de acceso y de uso. El TLC se refiere solo a aquellas de acceso (y plantea excepciones). En la nueva Ley se incluyen ambas, a diferencia de Estados Unidos, donde no se castiga la violación de medidas de uso pues se considera que el consumidor puede practicar el “fare use” (uso justo), lo cual permite utilizar el potencial que ofrece la tecnología. Tampoco contempla la posibilidad de implementar el “fair dealing” (transacción justa), o un sistema de flexibilización para la sociedad de la información.

 

No se consagra un sistema para las “Obras huérfanas” (obras protegidas por derechos de autor, cuyo responsable, el autor o titular, no se puede identificar o localizar) que cobije realmente las necesidades de los archivos, centros de documentación, bibliotecas, o de cualquier individuo. Adicionalmente, no se ocupa de las obras no publicadas y restringe ampliamente los usos que se permite de ellas.

 

La Ley aprueba su uso por parte de personas jurídicas y no incluye a las naturales, lo que conlleva a la pérdida del patrimonio y a su acceso. La Nación renuncia a su derecho de propiedad y el de los creadores sobre el conocimiento, adjudicándoselo en propiedad exclusiva a los comercializadores.

 

En la Ley no son respetados los derechos de los discapacitados al no contemplar las necesidades particulares de este grupo poblacional que serán incluidas en el “Tratado de Marrakesh”.

 

Como parte de los compromisos adquiridos en el TLC, se reforma el marco legal del derecho de autor, y se contemplan penas que van desde multas y hasta la prisión entre 4 y 8 años, penalizando las conductas cotidianas del contexto digital y científico. Los estudiantes, profesores, investigadores, científicos y artistas, son tratados como criminales al usar para su trabajo el conocimiento, el cual queda convertido en propiedad de las grandes empresas. La piratería comercial no es paragonable al uso del patrimonio intelectual de la humanidad para fines investigativos, pedagógicos o para el trabajo individual.

 

De aprobarse esta Ley, será Estados Unidos, mediante la lista negra anual y pública de la Oficina de Comercio (Ustr) quien clasifique los niveles de incumplimiento de la propiedad intelectual de sus socios TLC. ¿Dónde queda, entonces, la soberanía si es solo E.U. quien tiene la autoridad para establecer las reglas, pasar al tablero y acusar? La Ustr actúa unilateralmente, desconociendo incluso los procedimientos para resolver conflictos comerciales en la Organización Mundial del Comercio, OMC.

 

Ante las pretensiones de Ley en cuestión, vale la pena recordar que el acceso a la información, al conocimiento y a la cultura es un derecho reconocido en los tratados internacionales de los cuales Colombia hace parte. El sistema internacional de derecho de autor reconoce la necesidad de establecer un marco legal balanceado que fomente la creatividad y permita la circulación del conocimiento y la cultura en beneficio del desarrollo y el bienestar de la sociedad.

 

La Ley Lleras 6.0 refleja la posición del Gobierno de acatar todas las órdenes que provienen del norte. Con la vana ilusión de pertenecer a la Ocde, se pretende que nuestro país implemente normas siempre más lesivas, las cuales se aplican para los miembros pobres mientras los socios ricos se benefician con múltiples cláusulas de excepción. Como en otras ocasiones, aquí vale el adagio popular de “el cura predica pero no aplica”.

 

* Presidente de la Unidad Nacional de Artistas.

 

Publicado enEdición Nº246
“Los hombres deben estar en el feminismo moderno”

La directiva de la agencia de Naciones Unidas aboga por un feminismo joven e inclusivo y sostiene que hacen falta cuotas de mujeres en la Administración y empresas

Martilleando estereotipos. Así, poco a poco, pero de forma constante plantea María Noel Vaeza, directora de programas de ONU Mujeres, la ingente tarea de debilitar y en última instancia acabar con los estereotipos de género que arrinconan a las mujeres y perpetúan actitudes machistas entre los hombres. “No todos los hombres son depredadores. Muchos no quieren estar en la misma bolsa”, afirma. Por eso aboga por un feminismo moderno, con una agenda amplia en defensa de los derechos de las mujeres, que cuente con los hombres. “Ellos deben también formar parte”, recalca en Madrid, donde ha acudido de viaje oficial para presentar el programa Ciudades Seguras y para reunirse con responsables del Gobierno y expertas.


La denuncia contra el acoso y los abusos sexuales que sufrieron durante décadas cientos de mujeres en la industria del cine alumbró el año pasado al movimiento #MeToo. A esa oleada de alcance mundial la había precedido #Niunamenos, en rechazo a la violencia de género en América Latina. Los movimientos de mujeres viven un momento de efervescencia, como se vio el pasado 8 de marzo, cuando decenas de miles salieron a la calle en todo el mundo por el Día Internacional de la Mujer, para denunciar y visibilizar la desigualdad y la violencia que sufren a diario. Este sentir, considera Vaeza, está llegando a todas las regiones del mundo. "Es como que la gente se está despertando y está diciendo bueno basta. Ahora nos toca hablar”, afirma.


Desde ONU Mujeres, la directora de programas de la agencia internacional quiere alentar esos movimientos de mujeres. "Estimulándolos, pero no desde el feminismo clásico de élite. Sino que sea el feminismo joven, el que incluye a hombres; hombres jóvenes y dinámicos que quieren una nueva masculinidad", asegura la uruguaya. "Eso, para nosotros es fundamental”, recalca. España asiste conmocionada a la sentencia por el llamado caso de La Manada, en el que cinco jóvenes acusados de la violación grupal a una joven en las fiestas de San Fermín en 2016 han sido condenados por abusos y no por violación. Una condena que ha encendido el debate sobre la legislación de los delitos sexuales. Poco después de que se hiciese pública la sentencia, en Chile, una mujer fue violada en grupo por un grupo de hombres en las proximidades de una parada de metro. En India, una joven que denunció otra violación grupal fue quemada viva por señalar ante la policía a sus agresores. Algo tiene que cambiar.


Vaeza habla con voz pausada, pero firme, de generar un movimiento con una agenda que abarque los distintos ámbitos que afectan a la mujer. “No es solamente el tema de la violencia de género, es el acceso a la justicia, el empoderamiento económico, las alianzas”. "En los Parlamentos solo hay un 23% de mujeres, de media. Y solo un 9% de alcaldesas. Eso no es nada", exclama Vaeza, que visitó la redacción de EL PAÍS y se reunió con un grupo de mujeres periodistas.


La directora de programas de ONU Mujeres ve un rayo de esperanza en los hombres que se quieren sumar al cambio, como ha demostrado la iniciativa He for She, que promueve la institución, y en la que participan 10 presidentes del mundo, como el de Uruguay, Tabaré Vázquez, entre otras destacadas figuras de empresas y Universidades. Y a ese compromiso, la experta añade otra gran clave: la política del cuidado. "Si no existen políticas públicas, claras de cuidado de adulto mayor y al niño, es imposible que las economías de los países crezcan y las mujeres salgan a trabajar”, resalta.


La Economía es otra de las claves en este proceso. En momentos de crisis, de datos negativos del PIB, en los que los Gobiernos buscan políticas originales para impulsar el mercado laboral, Vaeza lo tiene claro: “Si el crecimiento económico mundial está estancado es porque la mujer no participa, y hasta que la mujer no participe no va a haber crecimiento económico”. Citando estudios de distintas consultoras, asegura que el mundo crecería un tercio más si la mujer entrara al mercado laboral. “Estamos hablando de trillones de dólares. ¿A qué estamos esperando?”. A la pregunta de por qué no se está haciendo más con esos datos sobre la mesa, Vaeza lo tiene claro: “Seguimos en una sociedad patriarcal, hay 11 presidentas mujeres en 200 países”. Recuerda, además, que hay todavía 56 países en los que las mujeres no pueden heredar la tierra, ni se les permite abrir una cuenta solas y sociedades en las que el divorcio puede representar su fin.
“Es una cuestión de poder. Hablémoslo claro y duro”, concluye la directiva, que considera que, en realidad, ese es el motivo de las desigualdades en el mundo. “El que tiene el poder no lo cede y es cuestión de desmontar esos arquetipos”. Vaeza se muestra partidaria de las cuotas, aunque sea de forma temporal, para acortar la brecha histórica de la incorporación de la mujer al ámbito laboral fuera del hogar. Se calcula que todavía las mujeres van a tardar 89 años en alcanzar una igualdad económica. “No es cuestión de opacar o suplantar, porque si amplias la torta no le quitas el espacio a nadie”.


Madrid 14 MAY 2018 - 02:18 COT

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