Lunes, 04 Septiembre 2017 07:28

Para una sociología de las emergencias

Para una sociología de las emergencias

Los seres humanos viven dentro y fuera de la historia. Esto es lo que los distingue de los animales no humanos. Hacemos historia en la medida en que resistimos a lo que la historia hace de nosotros. Vivimos lo que ya fue vivido (el pasado nunca pasa o desaparece) y lo que aún no ha sido vivido (el futuro es vivido como anticipación de lo que en realidad nunca será vivido por nosotros). Entre el presente y el futuro hay un hiato o un vacío sutil, que permite reinventar la vida, romper rutinas, dejarse sorprender por nuevas posibilidades, afirmar, con la convicción del poeta portugués José Régio, “no voy por ahí”. Lo que irrumpe es siempre una interrupción. La vida es la constante recreación de la vida. De otro modo, estaríamos condenados a la Rebelión en la granja de la que habla George Orwell, a vivir en el pantano de solo poder pensar lo que ya fue pensado. En este sentido, podemos afirmar que la forma de capitalismo que hoy domina, popularmente conocida como neoliberalismo, al inculcar con creciente agresividad que no hay alternativa al capitalismo y al modo de vida que impone, configura una propuesta necrodependiente, una economía de muerte, una sociedad de muerte, una política de muerte, una convivencia de muerte, un vicio de ver en la muerte ajena la prueba más convincente de que estamos vivos. Los daños que esta propuesta está causando son hoy evidentes. La imaginación y la creatividad que hacen posible la vida están siendo secuestradas por las fuerzas necrodependientes. A pesar de que todo lo que existe en la historia tiene un principio y un fin, resulta hoy difícil imaginar que el capitalismo, que tuvo un principio, tenga fin. Si tal dificultad se presenta como un obstáculo insalvable, habremos desistido de salir de la historia para hacer historia, habremos firmado los papeles para entrar en la granja de animales de Orwell.


La dificultad es superable, pero para ello es necesario des-pensar mucho de lo que hasta ahora ha sido pensado como cierto y perenne, sobre todo en el Norte global (Europa y América del Norte). El primer des-pensamiento consiste en aceptar que la comprensión del mundo es mucho más amplia y diversificada que la comprensión occidental del mundo. Entre los mejores teóricos del pensamiento eurocéntrico de la transición del siglo XIX al siglo XX, hubo siempre una gran curiosidad por el mundo extraeuropeo –de Schopenhauer a Carl Jung, de Max Weber a Durkheim– pero siempre estuvo orientada a comprender mejor la modernidad occidental y a mostrar su superioridad. No hubo nunca el propósito de apreciar y valorar en sus propios términos las concepciones del mundo y de la vida que se habían desarrollado fuera del alcance del mundo eurocéntrico, y que divergían de él. En total consonancia con el momento culminante del imperialismo europeo (la Conferencia de Berlín de 1884-85 fijó las bases del reparto colonial de África entre las potencias europeas), todo lo que no coincidía con la cosmovisión eurocéntrica dominante era considerado atrasado y peligroso y, según los casos, objeto de catequización, represión, asimilación. La fuerza de esta idea residió siempre en la idea de la fuerza de los cañones y del comercio desigual que la impusieron.


En el momento en que el mundo eurocéntrico da evidentes signos de agotamiento intelectual y político, se abre la oportunidad para apreciar la diversidad cultural, epistemológica y social del mundo y hacer de ella un campo de aprendizajes que hasta ahora ha sido bloqueado por el prejuicio colonial del Norte global: el prejuicio de, por ser más desarrollado, no tener nada que aprender con el Sur global.


El segundo des-pensamiento es que esa diversidad es infinita y no puede ser captada por ninguna teoría general, por ningún pensamiento único global capaz de abarcarla adecuadamente. Los saberes que circulan por el mundo son infinitos. La aplastante mayoría de la población mundial gestiona su vida cotidiana según preceptos y sabidurías que difieren del saber científico, que consideramos el único válido y riguroso. La ciencia moderna es tanto más preciosa cuanto más se disponga a dialogar con otros conocimientos. Su potencial es tanto mayor cuanto más consciente sea de sus límites. Del reconocimiento de esos límites y de la disponibilidad al diálogo emergen ecologías de saberes, constelaciones de conocimientos que se articulan y enriquecen mutuamente para, a partir de una mayor justicia cognitiva (justicia entre saberes), permitir que se reconozca la existencia y el valor de otros modos de concebir el mundo y la naturaleza y de organizar la vida que no se basan en la lógica capitalista, colonialista y patriarcal que ha sostenido el pensamiento eurocéntrico dominante. No hay justicia social global sin justicia cognitiva global. Solo así será posible crear la interrupción que permita imaginar y realizar nuevas posibilidades de vida colectiva, identificar alternativas reprimidas, desacreditadas, invisibilizadas, que, en su conjunto, representan un fatal desperdicio de experiencia.


De ahí surge el tercer des-pensamiento: no necesitamos alternativas, sino un pensamiento alternativo de alternativas. Ese pensamiento, en sí mismo internamente plural, buscar reconocer y valorizar experiencias que apuntan hacia formas de vida y de convivencia que, pese a ser poco familiares o apenas embrionarias, configuran soluciones para problemas que afligen cada vez más nuestra vida colectiva, como por ejemplo los problemas ambientales.


Tales experiencias constituyen emergencias y solo un pensamiento alternativo será capaz, a partir de ellas, de construir una sociología de las emergencias.


Consideremos el siguiente ejemplo: el 15 de marzo de este año, el Parlamento de Nueva Zelanda aprobó una ley que confiere personalidad jurídica y derechos humanos al río Whanganui (foto), considerado por los maoríes un río sagrado, un ser vivo que asumen como su antepasado. Tras 140 años de lucha, los maoríes consiguieron obtener la protección jurídica que buscaban: el río deja de ser un objeto de propiedad y de gestión para ser un sujeto de derechos con nombre propio, que debe ser protegido como tal. A los ojos de la concepción eurocéntrica de la naturaleza, basada en la filosofía de Descartes, esta solución jurídica es una aberración. Un río es un objeto natural y como tal no puede ser sujeto de derechos. Fue precisamente en estos términos que la oposición conservadora cuestionó al primer ministro neozelandés. Si un río no es un ser humano, no tiene cabeza, ni tronco, ni piernas, ¿cómo se le puede atribuir derechos humanos y personalidad jurídica? La respuesta del primer ministro fue dada en forma de contrapregunta. ¿Y una empresa, tiene cabeza, tiene tronco, tiene piernas? Si no los tiene, ¿cómo es tan fácil para nosotros atribuirle personalidad jurídica?


Lo que está ante nosotros es la emergencia del reconocimiento jurídico de una entidad a la que subyace una concepción de naturaleza diferente de la concepción cartesiana que la modernidad occidental naturalizó como la única concepción posible. Inicialmente, esta concepción estaba lejos de ser consensual. Basta recordar a Spinoza, su distinción entre natura naturata y natura naturans, y su teología basada en la idea Deus sive natura (Dios, o sea, la naturaleza). La concepción spinozista tiene afinidades de familia con la concepción de naturaleza de los pueblos indígenas, no sólo en Oceanía sino también en las Américas. Estos últimos consideran la naturaleza como Pachamama, Madre Tierra, y defienden que la naturaleza no nos pertenece: nosotros pertenecemos a la naturaleza.


La concepción spinosista fue suprimida porque solo la concepción cartesiana permitía concebir a la naturaleza como un recurso natural, transformarla en un objeto incondicionalmente disponible para la explotación de los humanos. Al final esta era una de las grandes razones, sino la mayor razón, de la expansión colonial, y la mejor justificación para la apropiación no negociada y violenta de las riquezas del Nuevo Mundo. Y para que la apropiación y la violencia fuesen plenas, los propios pueblos indígenas fueron considerados parte de la naturaleza. Fue necesaria una encíclica papal (Sublimis Deus, del Papa Paulo III en 1537) para garantizar que los indios tenían alma, una garantía menos generosa de lo que puede parecer, toda vez que se destinaba a justificar la evangelización (si los indios no tuviesen alma, ¿cómo pretender salvarlos?).
La novedad jurídica venida de Nueva Zelanda tiene precedentes. La Constitución Política de Ecuador de 2008 establece en su artículo 71 que la naturaleza, concebida como Madre Tierra, es un sujeto de derechos. Y una semana después de la promulgación de la ley neozelandesa, el Tribunal Supremo del Estado de Uttarakhand de la India decidió que los ríos Ganges y su afluente Yamuna son “entidades humanas vivas”. Llevadas a la práctica, estas decisiones están lejos de ser triviales. Significan, por ejemplo, que las empresas que contaminan un río cometen un ilícito criminal y la indemnización a que quedan obligadas será inmensamente superior a las que pagan hoy (cuando pagan). Ya en 1944 Karl Polanyi recordaba en su obra maestra, La gran transformación, que si las empresas capitalistas tuviesen que indemnizar adecuadamente todos los daños que causan a los seres humanos y a la naturaleza, dejarían de ser rentables.


Estas innovaciones jurídicas no surgen de concesiones generosas de las clases dominantes y las elites eurocéntricas. Son la culminación de procesos de lucha de larga duración, luchas de resistencia contra la explotación capitalista y colonial, impuesta como imperativo de modelos de desarrollo que, previsiblemente, solo benefician a los explotadores. Su carácter de emergencia reside en el hecho de ser gérmenes de otra relación entre humanos y naturaleza que puede ser potencialmente decisiva para resolver los graves problemas ambientales que afrontamos.


Son emergencias porque sirven no solamente a los intereses de los grupos sociales que las promueven, sino también a los intereses globales de la población mundial ante problemas como el calentamiento global y las dramáticas consecuencias que de ello derivan. Para darles a estas emergencias el crédito que merecen, no podemos apoyarnos en el pensamiento eurocéntrico hegemónico. Necesitamos un pensamiento alternativo de alternativas, al que vengo denominando epistemologías del Sur.
* Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez.

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Francia Vuelta de tuerca de Macron a la reforma laboral: menos indemnización por despido y más poder a las empresas

La norma otorga más flexibilidad a los empresarios para adaptar el horario laboral y el salario a las condiciones del mercado a partir de acuerdos alcanzados por una mayoría simple con los trabajadores

 


El Gobierno francés dijo el jueves que limitaría las indemnizaciones por despidos considerados improcedentes y otorgaría a las empresas más flexibilidad para adaptar la remuneración y las horas de trabajo a las condiciones del mercado, en una reforma laboral que el mayor sindicato de Francia calificó de decepcionante.


La reforma, la primera iniciativa de política importante del presidente Emmanuel Macron desde su elección en mayo, es también la primera gran prueba de sus planes para reformar la segunda economía de la zona euro.


Durante décadas, gobiernos de izquierda y derecha han tratado de reformar las estrictas normas laborales de Francia, pero siempre las han diluido ante las protestas callejeras.


La ministra de Trabajo, Muriel Penicaud, describió la reforma como "una transformación de las normas laborales a una escala sin precedentes".


El primer ministro, Edouard Philippe, la consideró necesaria para luchar contra el elevado nivel de desempleo de Francia. "La realidad es que para los ejecutivos, especialmente de las pequeñas empresas, y los inversores extranjeros, la actual ley laboral se considera un freno a la contratación y la inversión", dijo Philippe.


Los decretos otorgan a las empresas más poder para adaptar el horario laboral y el salario a las condiciones del mercado a partir de acuerdos alcanzados por una mayoría simple entre empresarios y trabajadores.


La indemnización por despido considerado improcedente por un tribunal laboral se fijaría en tres meses de salario por haber estado dos años en la compañía, ampliándose progresivamente la cantidad en función del tiempo contratado en la empresa, dijeron los sindicatos. En una concesión a los sindicatos, la indemnización normal por despido se incrementaría desde el 20% del salario por cada año en una compañía a un 25%.


Oposición de los sindicatos


El Gobierno, que ya cuenta con el respaldo parlamentario para la reforma, consultó con los sindicatos durante semanas mientras redactaba sus planes.


"Todos nuestros temores han sido confirmados", dijo Philippe Martinez, líder del sindicato CGT, después de que el gobierno presentara los decretos a sindicatos y empresarios. Dijo que el sindicato seguiría adelante con su plan para llevar a cabo una protesta el 12 de septiembre.


El mayor sindicato de Francia, el reformista CFDT, dijo que estaba decepcionado con lo que significaba una oportunidad perdida para mejorar las relaciones laborales, pero añadió que no llamaría a una huelga contra las reformas. "Esta reforma no ha estado a la altura de las circunstancias", dijo a periodistas el líder de la CFDT, Laurent Berger, pero añadió: "Tomar a las calles no es la única forma de acción para los sindicatos".


La reforma daría más flexibilidad a las pequeñas empresas en particular, permitiendo negociaciones directas en las compañías con menos de 50 trabajadores entre los empresarios y un representante del personal que no necesariamente tiene que estar sindicado.


El ámbito laboral es una prueba de la voluntad de Macron para impulsar unas reformas que han dividido a los votantes franceses, pero que están siendo seguidas de cerca por inversores y países como Alemania, que quieren ver cambios en la segunda mayor economía de la zona euro.


Como contrapartida, las indemnizaciones por despidos legales —es decir, no improcedentes— aumentan un 25%.


La reforma da margen a patrones y trabajadores para negociar acuerdos en el ámbito de las empresas en cuestiones como el tiempo de trabajo o la remuneración. La idea es descentralizar, acercar al terreno las negociaciones laborales, y permitir la adaptación a los vaivenes de la coyuntura.


Francia facilitará a los inversores extranjeros los despidos cuando estos pasen por dificultades económicas, una medida destinada a atraer a las empresas multinacionales. Hasta ahora las autoridades francesas debían tener en cuenta la situación de la empresa en todos los países donde operaba; ahora bastará con que las cosas le vayan mal en Francia.


Otras medida clave son la fusión en una sola las múltiples instancias en las que hoy están representados los trabajadores de una empresa, y la posibilidad de negociar en las empresas de menos de 50 trabajadores sin pasar por los sindicatos y esquivando los acuerdos sectoriales.


"Nuestro objetivo es simple: favorecer la creación de empleo aportando mucha más seguridad y visibilidad a los jefes de empresa en la decisión de contratar, y más garantías a los asalariados", dijo el primer ministro Édouard Philippe al presentar las propuestas. Para Pierre Gattaz, el jefe del Medef, la patronal francesa, el proyecto puede "hacer volver la confianza y hacer volver, a fin de cuentas, el empleo".


Con sus 3.334 páginas y sus cubiertas rojas, el Código Laboral, que desde 1910 integra las leyes que regulan el mundo del trabajo, es una especie de Biblia civil del modelo social francés. Cualquier modificación sustancial es arriesgada.


"Se han confirmado todos nuestros temores. Esto es el fin del contrato laboral", dijo Philippe Martinez, jefe del sindicato CGT.


Por separado, las propuestas son técnicas, y es discutible que la reforma en su conjunto vaya a ser el electrochoque neoliberal que denuncian algunos de sus críticos. Pero en su conjunto representa el inicio de un giro de Francia, uno de los países con leyes laborales más rígidas en el mundo desarrollado, hacia los principios de la llamada flexiseguridad, la combinación de flexibilidad para las empresas y seguridad para los trabajadores. La flexiseguridad aplicada en Escandinavia en los años noventa, la tercera vía de Tony Blair, o la Agenda 2010 de Gerhard Schröder en Alemania, están más cerca del modelo de Macron que las recetas Margaret Thatcher en el Reino Unido.
No se entiende el alcance de la reforma laboral sin tener en cuenta que es el primer capítulo de una serie de reformas, que incluirán el seguro de desempleo y la formación profesional.


Con una tasa de paro en Francia del 9,5% y un nivel de déficit que lleva una década vulnerando las normas europeas, Macron cree que es urgente poner en marcha las reformas para recobrar la credibilidad ante los socios de la UE, en particular Alemania.


Por ahora, la oposición a la reforma laboral de Macron parece menor a la que afrontó la última reforma, bajo el presidente de François Hollande. El 12 de septiembre la CGT participará en una "jornada de acción y huelga", y el 23 de septiembre será el partido de izquierda La Francia Insumisa, el que se manifestará. Su líder, Jean-Luc Mélenchon, califica la reforma de "golpe de estado social". Pero es llamativo que ni CFDT ni Fuerza Obrera —los principales sindicatos, junto a la CGT— vayan a sumarse a la protesta. No se antoja fácil movilizar a decenas de miles de personas y paralizar un país con cuestiones aparentemente técnicas como el baremo de las indemnizaciones o las instancias de representación laboral.


El 22 de septiembre las ordenanzas —el nombre que reciben estos textos, una vía exprés legislativa que elude el farragoso proceso de debates y enmiendas parlamentarias— se adoptarán en el Consejo de Ministros, y unos días después entrarán en vigor. Requerirán el voto posterior del Parlamento, donde Macron dispone de una mayoría cómoda, para convertirse en ley.

 


31/08/2017 16:36 Actualizado: 31/08/2017 17:00
Leigh Thomas y Ingrid Melander / REUTERS

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Por Leonardo Fernandes

 

Fabiana Braga tiene 22 años y está en la cárcel ilegalmente, por ser campesina, mujer y luchar por el derecho a la tierra. Creció en campamentos del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST, Brasil) y a los 18 años se fue a probar suerte a la ciudad. Allí se terminó de convencer que su lugar estaba en la vida campesina, con el MST en la lucha por la tierra y por la dignidad como joven, mujer y campesina. A los 20 años se integró con su compañero en el asentamiento Tomás Balduíno, en Quedas de Iguazú, Paraná, donde coordina el Colectivo de Mujeres y es parte del Colectivo de Juventud. El asentamiento está en tierras públicas recuperadas por el MST para la reforma agraria, pero que la maderera Araupel se había apropiado fraudulentamente, en connivencia con autoridades. En 2014, el MST consiguió que un tribunal otorgara el reconocimiento legal de que esas tierras debían ser destinadas para la reforma agraria, con lo que la empresa aumentó las agresiones. En abril 2016 una banda de pistoleros disparó contra miembros del asentamiento, asesinando a dos compañeros. La policía, en lugar de actuar contra los pistoleros y la empresa, comenzó la Operación Castra, que como su burdo nombre indica, tiene la meta de “castrar” al MST, criminalizándolo.

En el marco de esta funesta Operación, Fabiana fue detenida en noviembre 2016, junto a Claudelei Lima, locutor de la radio comunitaria del asentamiento. La operación no se quedó allí, sino se desplegó en varios estados. La Escuela Nacional Florestán Fernández del MST en São Paulo fue invadida sin orden de allanamiento y con armas de fuego, en nombre de la misma operación, supuestamente buscando “acusados”. Fabiana y Claudelei siguen presos, mucho más allá de los límites legales de las medidas de “prisión preventiva” con la que fueron detenidos. Hay una campaña internacional del MST, donde se puede firmar por su liberación: Meucrimeelutar.com.br

Estas operaciones de criminalización han recrudecido en Brasil contra los movimientos sociales, intentando presentarlos como delincuentes, cuando su único “delito” es luchar por sus derechos. La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), Brasil, informó que en 2016, se cometieron 61 asesinatos por conflictos en el campo, la mayor cifra desde hace 25 años, exceptuando el año 2003. En el mismo año aumentó 185 por ciento el número de personas del medio rural presas por defender sus derechos, tierra, agua y territorio. En 2017, ya han sido asesinadas 20 personas, incluyendo 9 militantes del MST atacados en su propio asentamiento, en Mato Grosso.

La CPT afirma que la criminalización y persecución de los que luchan por sus derechos en el campo ha llegado a límites sin precedentes en Brasil, con el aumento de asesinatos y agresiones impunes comandados por empresas y latifundistas junto a la represión y encarcelamiento legalizado por parte de fuerzas públicas. Un hecho particularmente ignominioso fue el uso de la Ley 12.850/2013, contra el MST en Goiás para detener a varios de sus militantes, porque tipifica al movimiento como organización criminal. Luego de casi un año de prisión ilegal, el MST consiguió que un juez decretara que el MST no es una organización criminal y que debían ser liberados, pero aún sigue preso un compañero: Luiz Borges.

Este método de acusaciones falsas y uso de leyes (anti-terroristas o contra crimen organizado) para criminalizar y reprimir a los movimientos y a quienes luchan por sus legítimos derechos, también se usa contra las comunidades mapuches en Chile y Argentina, contra campesinos e indígenas en Paraguay y en otros países del continente, incluyendo por supuesto, México.

En Argentina, sigue la renovada guerra de extinción contra las comunidades originarias, ahora con la detención en Formosa del líder indígena wichí Agustín Santillán el 14 de abril, que se suma a la anterior de Bautista Macedonio y Roberto Frías. Varias organizaciones argentinas denuncian este proceso de criminalización y estigmatización de la lucha de los pueblos indígenas, pidiendo su inmediata liberación, según informa Darío Aranda.

En México, con el segundo lugar en muertes violentas a nivel mundial, solamente detrás de Siria, las autoridades y bandas criminales -con una difusa línea divisoria entre ambas– se usan todos los métodos anteriores y otros.

La constante en todas partes es que estos procesos de criminalización, represión, muertes y desapariciones forzadas o por bandas criminales, siempre terminan abriendo territorio a transnacionales y megaproyectos, beneficiando a grandes empresas.

En la semana pasada, se sumó al dolor y la rabia, el asesinato de Miriam Rodríguez, madre cuya hija fue desaparecida y que habiendo develado el caso de su hija, se sumó al activismo con otras madres y familiares de desaparecidos en Tamaulipas, México. Como en Argentina, con las Madres de Plaza de Mayo, a varias de las cuales también asesinaron por el delito de buscar a sus hijas e hijos.

Pero como dice la frase surgida de la búsqueda y resistencia de madres, padres y compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos (y otros asesinados) de la escuela rural de Ayotzinapa, “querían enterrarnos pero no sabían que éramos semilla”.

Un sentido que como gramínea crece por abajo y vuelve a germinar todo el tiempo y en todas partes, a través de tiempos y espacios diversos. Un ejemplo reciente fue la manifestación masiva con pañuelos blancos , en Argentina el 10 de mayo, con y junto a las Madres de Plaza de Mayo, contra el intento de perdonar a los genocidas en ese país.

A veces surge como enormes manifestaciones, muchas más veces en actos más pequeños, en el trabajo cotidiano de grupos y colectivos barriales y comunitarios en la denuncia, en la defensa de derechos, en la resistencia y también en la construcción permanente, en las muchas formas de seguir construyendo la vida. Siempre vuelve a germinar.

 

Silvia Ribeiro

Periodista y activista uruguaya, directora para América Latina del Grupo ETC, con sede en México.

 

 

 

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“Siempre hemos mantenido la resistencia”

En Norte de Santander, sobre el Catatumbo, con frontera viva entre Colombia y Venezuela, está asentado el pueblo Barí, ahora arrinconado por el interés empresarial y la dejadez del Estado central. Reclaman 244.284 hectáreas de territorio ancestral para poder ampliar sus resguardos. A principios del siglo XX contaban con 1.600.000 hectáreas.

 

Derechos y territorio ancestral violados. Los Barí, unos de los 102 pueblos indígenas reconocidos por el Estado colombiano, viven desde hace siglos una cadena de violencia, sistemática, que en los tiempos que corren se centra sobre su territorio ancestral en la disputa de multinacionales por de los recursos mineros allí existentes.

 

Arrinconados sobre 128 mil hectáreas, sus 3.402 sobrevivientes le exigen desde el 2014 al Estado central que les reconozca el dominio legal e histórico que tienen sobre 244.284 hectáreas; territorio necesario para poder ampliar sus resguardos. Esa es hoy su principal lucha: recuperar este territorio ancestral, donde, por demás, están situados algunos de sus lugares sagrados, y donde desarrollan actividades económicas como pesca y caza.

 

Como es conocido, para los indígenas la propiedad colectiva de un territorio no lo legitima un papel, existe un derecho consuetudinario, pese al cual han tenido que enfrentar al Estado con mecanismos jurídicos para que sean reconocidos sus derechos territoriales y culturales.

 

Conflictos mineros y petroleros en territorio Barí

 

El despojo del pueblo Barí se remonta al comienzo de la explotación petrolera en el Catatumbo, en los inicios del siglo XX. La llegada de capitales internacionales provocó la apertura de vías, pozos y campamentos para los trabajadores y desplazó a los Barí de sus territorios ancestrales, a tal punto que para el año 1980 sólo contaban con 240.000 hectáreas de las 1.600.000 reconocidas a principios de siglo (ver Tabla), las que hoy, según sus autoridades, están reducidas a 128.000. Asímismo su población fue disminuyendo al pasar de 2.000 personas a mediados del siglo pasado a 1.400 a finales de 1980*, dinámica que cambió en estas últimas décadas al sumar 3.402 habitantes en 2017, según datos de sus autoridades.

 


La lucha por sus territorios ancestrales gana en intensidad, pese a las amenazas que padecen. Anora reclaman y demandan jurídicamente, elevando sus solicitudes ante la Agencia Nacional de Tierras (anteriormente Incoder) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac). Demanda convertida en una importante lucha, no solo por lo que representa para este pueblo el territorio en litigio, sino también porque para ellos es urgente impedir y suspender la explotación minero-energética desatada en estas tierras; el alto poder destructivo de este tipo de explotación, del cual son conscientes, así los obliga a actuar. El ejemplo de lo sucedido con los wayuu en La Guajira es una lección que no puede quedar sin ser aprendida.

 

En el territorio hoy reclamado para poder ampliar los resguardos Barí, se encuentran 48 títulos minero-energéticos otorgados por el gobierno a distintas empresas, de los cuales 13 están en fase de exploración y 35 en fase de explotación; son títulos para explotar carbón, petróleo y titanio. Según Diego Dora exgobernador de Ñatubaiyibari –Asociación de autoridades tradicionales del pueblo Barí: “hay una veta más grande que la del cerrejón de La Guajira que se quiere explotar a cielo abierto dentro de los territorios ancestrales del pueblo Barí, entonces esto nos conlleva a tomar medidas de control territorial para la pervivencia de la cultura y la integridad física del pueblo en general”.

 

El interés empresarial. En tanto el Estado no reconoce la propiedad ancestral Barí sobre este territorio, algunas autoridades del orden nacional, y las empresas multinacionales, se escudan en ello para no aplicar el derecho de consulta previa, algo que los indígenas reclaman pues, aunque estos territorios no están titulados sí hacen parte de la cultura: en ellos desarrollan actividades propias de su cosmogonía.

 

Ellos insisten en su derecho histórico, lo que los anima física y espiritualmente para no dar el brazo a torcer. Diego Dora lo expresa con total claridad, “para nosotros el territorio no tiene límites, es sin fronteras, entonces la legalidad y constitucionalidad nos obliga a tener algo legal para nosotros poder defender el territorio, lamentablemente”.

 

Sin embargo, existen antecedentes sobre luchas jurídicas ganadas por el pueblo Barí como la suspensión de la exploración de proyecto Álamo 1 que desde 2002 ya adelantaba Ecopetrol, pues estaba ubicado en territorio ancestral Barí. Para lograrlo, los indígenas realizaron una acción de tutela contra el Ministerio del Interior y de Justicia y otros entes nacionales por no realizar la consulta previa, favorecidos por la Sentencia T–880 de 2006 por medio de la cual la Corte Constitucional obligó a la suspensión de la fase de exploración hasta que se adelante la consulta previa.

 

Violación de derechos humanos

 

Emilse Guachina Aquerdora, gobernadora actual de Ñatubaiyibari, cuenta que “los Barí siempre han sido una gente de paz, nunca han tenido ningún problema, pero la entrada de los paramilitares nos han dado amenazas, dificultades y pobreza [...] mujeres han sido asesinadas, líderes que fueron asesinados en un tiempo pero siempre hemos mantenido la resistencia del pueblo Barí”. De resistencia en resistencia anda este pueblo, no solo ante la colonización de parte de sus tierras, la extracción petrolera y minera sino ante la arremetida paramilitar. Hay datos de más de 100 Barí asesinados en el 2003.

 

Intentan amedrantarlos. El pasado 9 de enero fue atacada la casa de Gobierno de Ñatubaiyibari, ubicada en el municipio de Tibú, una nueva sede que aún no habían inaugurado pero que en su interior reposaban muebles y enseres para el posterior funcionamiento que fueron robados.

 

Otro asunto que preocupa al pueblo, es la presencia de paramilitares en la región; según Emilse Guachina “A la salida de las Farc de Caño Tomás y Las Timba entraron los paramilitares, es una gran preocupación, una amenaza del pueblo Barí y las comunidades que están a punto de desplazamiento, pero ya sienten temor los líderes que somos”. Se refiere a la presencia de paramilitares el 9 de febrero del año en curso en el municipio de Tibú, en las zonas donde las Farc estaban preconcentradas, apenas salieron a Caño Indio, donde sería la Zona Veredal Transitoria.

 

* Salazar, 2005. La explotación y colonización petrolera: El genocidio contra los indígenas Barí.

 


 

Recuadro 1

 

Cambios territoriales y de población Barí 1900-1980

 

Territorio BaríTerritorio perdidoPoblación
Año Total área Km2 (aprox.)% área de 1900 Total pérdida década anterior Km2 % relativo pérdida área 1900Total estimadoDensidad x Km2 Km2 x persona
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
16.000

14.000
13.500
9.700
7.400
5.100
3.300
2.400

 100

87,5
84,5
60,5
46,2
31,9
20,6
5,0

 -

1.970
475
3.800
2.300
2.300
1.800
900

 -

12,3
3,0
23,7
14,4
14,4
11,2
5,6

 
 2.000
2.500
2.000
2.000
1.500
1.200
800
1.200
1.400
0.12
0.15
0.14
0.15
0.12
0.16
0.16
0.36
0.58
8.0
6.4
7.1
6.7
8.1
6.2
6.3
2.7
1.7

 

Fuente: (Beckerman 1983). Fuente: Jaramillo, 1993. Tomado de: Salazar, 2005.

 


 

Recuadro 2

 

¿Quiénes son los Barí?

 

En el bosque húmedo tropical del nororiente de Colombia, en el departamento de Norte de Santander, habita el pueblo indígena Barí, conocido también como Motilón Barí. Se ubica en la región del Catatumbo, en los municipios de Tibú, El Tarra, El Carmen, Teorama y Convención (ver mapa). Se encuentran organizados en dos resguardos; el Motilón Barí, constituido por 23 comunidades y el Catalaura–La Gabarra, constituido por 2 comunidades. Estos resguardos suman una extensión total de 128.000 hectáreas y reune una población de 3.402 personas, según las autoridades indígenas Barí.

 

Este pueblo es binacional, es decir, vive tanto en Colombia como en Venezuela, ya que a comienzos de la invasión española ocupaban extensos territorios, por el norte desde las cabeceras de los ríos Santa Ana y Santa Rosa de Aguas Negras en la Serranía de Perijá, hasta el lago Maracaibo, y por el sur llegaban hasta más abajo del Catatumbo*.

 

A pesar de que los Barí ancestralmente han vivido en la región del Catatumbo, el Estado colombiano nunca ha respetado sus derechos sociales, territoriales y culturales: entrando el siglo XX su territorio abarcaba alrededor de 1.600.000 hectáreas y el Estado entregó en concesión 200.000 al general Virgilio Barco para explotación petrolera. Luego, a principios de los años treinta, inicia la explotación petrolera por acción de la empresa Colpet (Colombian Petroleum Company) quien compró los derechos de la Concesión Barco y se instalaron así 38 pozos de producción, los cuales obligaron a formar asentamientos humanos para los trabajadores de los pozos y los colonos que llegaron a las zonas aledañas4. Entonces la lucha del pueblo Barí se volvió más compleja, ya no libraban batallas solo contra la usurpación de las petroleras sino también de los colonos y grandes hacendados que se fueron estableciendo.

 

* Fuente: Archivos Ministerio del Interior.

Publicado enEdición Nº233
Pulso Gobierno vs. Cumbre Agraria: ¿Un solo vencedor?

En Colombia ninguna conquista social se logra sin lucha. Es más, toda conquista social demanda más de un jornada de protesta, pues el Gobierno –mejor, el poder– es experto en dilatar, hacer propaganda, distraer, confundir, dividir y...

 

Para el movimiento social de la ruralidad colombiana, empezado a gestar en medio de estas luchas, y transformado en parte en la Cumbe Agraria, Campesina, étnica y popular (Cacep), no es diferente. A pesar de sus potentes movilizaciones de los últimos tres años, en especial la prolongada entre el 19 de agosto al 12 de septiembre de 2013, y de lo suscrito al momento de levantar todas y cada una de las protestas, ahora le toca salir de nuevo al ruedo.

 

La Cacep, conformada por 13 procesos de la ruralidad, fue reconocida como interlocutora de la política púbica mediante el decreto 870 de 2014, firmado por el entonces ministro del interior Aurelio Iragorri Valencia, quien creó un escenario de negociación denominado Mesa Única Nacional (MUN), conformada por: Ministro del Interior o delegado, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y 35 voceros de la Cacep.

 

Esta mesa centró su discusión alrededor de los 8 puntos del pliego de exigencias de la Cacep, Mandatos para el buen vivir: Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial, Economía propia contra modelo de despojo, Minería, energía y ruralidad, Cultivos de coca, marihuana y amapola, Derechos políticos, Garantías, víctimas y justicia, Derechos sociales, Relación campo-ciudad y, Paz, justicia social y solución política.

 

La mesa fue instalada hace dos años y 10 meses, y pese al paso del tiempo sus avances son pocos. Por ello, luego de los constantes incumplimientos y dilaciones por parte del gobierno nacional, la Cacep rompió la mesa de negociación y convocó en el 2016 a la Minga Nacional Agraria, para levantarla fueron suscritos el 13 de junio los “Acuerdos de Santander de Quilichao”, comprometiendo una vez más al gobierno nacional a cumplir con los compromisos suscritos y ofrecer garantías a la Cacep para seguir conversando y negociando el Pliego de exigencias.

 

Dicen que “al perro no lo capan sino una vez”, pero no es cierto. Por ser así, el 8 de marzo de 2017, por falta de garantías e incumplimientos, vuelve a presentarse un pulso entre la Cacep y el gobierno nacional; esta vez la acción de protesta tomó como centro de su acción el Ministerio del Interior, en pleno centro de Bogotá.

 

¿Acción desesperada? o ¿Rabia condensada?

 

Ante el constante asesinato –suman 150 entre 2016-2017, 30 de ellos en lo corrido del 2017–, persecución y amenaza de líderes y lideresas del movimiento social, el aumento de la presencia paramilitar en varias regiones y el incumplimiento, dilación y falta de seriedad con la Mesa Única Nacional –el gobierno no envía a las sesiones de negociación funcionarios con poder de decisión–, la comisión política de la Cacep decidió declararse en sesión permanente dentro de la sede del Ministerio del Interior, hasta tanto no se hicieran presentes: el Presidente Juan Manuel Santos, Ministro del Interior en su calidad de coordinador de la mesa, Ministro Aurelio Iragorri como cabeza del gabinete de agricultura y desarrollo rural; El Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas; Ministro de Minas y Energía, el Procurador General de la Nación, el Defensor Nacional del Pueblo, Fernando Carrillo Flórez, y el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez. Esta exigencia fue enviada a través de una carta formal que contiene 13 consideraciones, así como 8 exigencias y propuestas.

 

Las consideraciones expuestas tienen que ver con que luego de pasados 2 años y 10 meses desde la creación de la MUN (Decreto 870/2014) no se ha avanzado en los temas gruesos, pues la negociación se centró en temas mínimos de aclimatación en torno a garantías y derechos humanos –incumplidos, como es evidente–, al tiempo que el gobierno impone leyes que van en contravía de los acuerdos alcanzados en la MUN, como las Zidres o el nuevo Código de Policía, entre otras.

 

La Cacep considera que las comunidades rurales no solo han sido víctimas de la guerra, sino que existen experiencias y propuestas desde los territorios que contribuyen a la paz, las mismas que el gobierno nacional niega, desconociendo la posibilidad de su participación en los espacios de diálogo, negociación e implementación que se adelantan con las insurgencias armadas. En lo que respecta a la implementación normativa del Acuerdo Final, la Cacep considera que a través de la vía rápida (Fast track) están imponiendo una serie de modificaciones legales que desconocen las propuestas y exigencias presentadas por las organizaciones rurales, dejando en el vacío el objetivo mismo de la Mesa Única Nacional, medidas que apuntalan una política pública favorable a la agroindustria y el extractivismo.

 

Las exigencias y propuestas presentadas por la Cacep, versan sobre: 1) mecanismos rápidos, ágiles y efectivos para las garantías individuales y colectivas para la vida e integridad de las comunidades, sus líderes y lideresas; 2) Evaluación exhaustiva, con el Presidente y su gabinete, para establecer una agenda de negociación y una ruta eficaz de cumplimiento de los acuerdos; 3) traslado de la MUN de Bogotá a otras regiones del país; 4) debate público de control político sobre el estado de cumplimiento de los acuerdos suscritos; 5) reconocimiento constitucional y legal del campesinado como sujeto de derecho; 6) conocer y participar del proceso de implementación normativa por la vía rápida (Fast track) de los acuerdos entre Farc-Ep y Gobierno y, 7) garantías para participar de forma autónoma, amplia y vinculante, a propósito del proceso de negociación que se adelanta entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional.

 

La respuesta inmediata del Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, el día 8 de marzo, fue enviar a Luis Ernesto Gómez, su joven viceministro para la participación e Igualdad de derechos, quien pese a su actitud jovial y aparente sencillez (porta corbata y usa tenis), se mostró intransigente y despreciativo ante las propuestas que recibió. En su papel de negociador este funcionario solo reaccionó con amenazas de represión, insistiendo en desalojar el edificio –envió un grupo de la fuerza disponible de la Policía Nacional a la entrada del Ministerio a la espera de la orden de entrar a desalojar–; negó el ingreso de alimentos para las 47 personas que se encontraban dentro del Ministerio, cortó el agua de los baños y afectó la señal de internet, queriendo así imposibilitar la comunicación pública sobre lo que acontecía dentro del recinto. Cabe resaltar que la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas no estuvieron presentes durante toda la jornada, solo acompañaron un par de horas, se retiraron a las 7 de la noche, comprometiendo su palabra que regresarían, lo que no hicieron sino hasta el día siguiente pero por presión de la Cacep y parlamentarios amigos.

 

Negociación de papel

 

A las 5 de la mañana del día 9 de marzo, el ambiente se tensó, fuera del edificio estacionaron 13 motos, un camión y dos camionetas de la Policía Nacional; la orden era desalojar el edificio a las 9 de la mañana. La única persona autorizada para entrar al edificio fue el senador Iván Cepeda –finalmente logran ingresar el senador Alberto Castilla y el representante Alirio Uribe– como garante y enlace directo con el ministro Cristo. Luego de un largo tire y afloje entre las partes se acuerda –en borrador– la cita con el ministro Cristo en su despacho, a la que asistirían 13 representantes de la comisión política de la Cacep. Una vez iniciada la reunión en cuestión los demás miembros de la Comisión allí presentes se retirarían del piso 11 del Ministerio.

 

Arrogancia y cinismo. Antes de confirmar la reunión planteada, Cristo y Santos se reúnen, luego de lo cual el viceministro Luis Ernesto Gómez regresa al piso 11 y le plantea a la Cumbre que para llegar a la reunión con el Ministro del interior debía construirse una agenda para la negociación; la Cumbre insistió en que eso ya estaba en la carta enviada el día anterior, pese a esto la Cacep, en un gesto de buena voluntad accede a construir con el Viceministro una acta y declaración conjunta que contiene 3 puntos:


1. Garantías y protección individuales y colectivas: Se acuerda que el Viceministerio de participación e igualdad de derechos, y la dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior, realizarán una evaluación del funcionamiento de la subcomisión de derechos humanos y de las misiones de verificación, entregando un informe sobre la aplicación del protocolo y la adopción de medidas de investigación, prevención y protección de acuerdo al reglamento y actas suscritas en Santander de Quilichao relacionadas con el tema; además que el Ministerio del Interior oficializará el 21 de marzo de 2017 la respuesta al derecho de petición entregado por la comisión de derechos humanos de Cumbre Agraria y que el Gobierno convocará a la Fiscalía General de la Nación para que presente un informe sobre el estado de las investigaciones por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, con especial atención de los asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos. Finalmente, realizar una priorización que brinde garantía y protección individual y colectiva de las comunidades y sus territorios, creando instrumento de reacción inmediata. 

 

2. Mesa Única Nacional, evaluación, seguimiento y cumplimiento: Se acuerda la realización anticipada (la Cumbre propone 10 días) de la reunión de balance del proceso de negociación llevado entre las partes, con el Presidente de la República, prevista inicialmente para el mes de junio de 2017. Asimismo, el Ministro se compromete a gestionar y coordinar reuniones sectoriales con los ministros competentes para el cumplimiento de los acuerdos con la Cumbre Agraria, todo ello dentro de un término no mayor a un mes. Además, el Ministro del Interior se compromete a participar en un Debate de Control Político sobre el estado de cumplimiento de los acuerdos suscritos entre el gobierno nacional y la Cumbre.

 

 3. Participación en la construcción de paz: Se manifiesta que las propuestas presentadas por la Cumbre Agraria son una contribución de la sociedad a la construcción de una paz con justicia social; en tal sentido el gobierno nacional se compromete a incorporar los acuerdos suscritos en la Mesa Única Nacional en el marco de implementación normativa de los acuerdos de paz –Acuerdo Final– con base en el principio de Profundización de la democracia y “construir sobre lo construido”. De igual manera, el Ministerio del Interior promoverá la participación de la Cumbre Agraria en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final; y, finalmente, el gobierno nacional brindará garantías a la participación autónoma, amplia y vinculante, a propósito del proceso de negociación que se adelanta entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, así como el gobierno nacional garantizará la implementación del Capítulo Étnico de los Acuerdos de Paz.

 

Todos estos puntos son trabajados en la tarde y parte de la noche del día 9 de marzo junto al viceministro del Interior, el que los trasmite al ministro Cristo, el cual dice, a través de un nuevo funcionario pues el Viceministro no regresa, que el documento trabajado “no esta a su medida”. ¿A la medida de sus intereses? Ante esta respuesta, los voceros de la Cacep deciden, a altas horas de la noche, abandonar la sede del Ministerio.

 

Así culminó la sesión permanente la Cacep, cuyos propósitos no fueron logrados. Conscientes de ello ahora inicia la preparación de una nueva gesta, para poder encarar en mejores condiciones un nuevo pulso con el gobierno: vendrá la movilización y minga por los derechos, la vida y la paz, como lo confirmaron sus voceros en rueda de prensa. Amanecerá y veremos.

 

¿Seguir por la misma vía? O ¿Inventar otras formas?

 

Lo sucedido en el Ministerio del Interior demuestra una cosa: El gobierno nacional solo escucha a la Cacep en la movilización, y simplemente firma actas de acuerdo para quitarse los problemas de encima.

 

Despertar del adormecimiento. Es momento para que la Cacep retorne a sus orígenes: las regiones, las comunidades y las organizaciones con base territorial. Solo allí podrá tener claro qué se quiere con cada acción y así replantear los alcances de las “vías democráticas”. Es allá, en el territorio, donde está su fuerza, y este nuevo pulso que se viene únicamente podrá salir airoso si la Cacep se mueve desde abajo hacia arriba. Es un momento para que la Cacep se reconsidere completamente, para dejar los diálogos ineficaces; es momento de encontrar y construir caminos de unidad para lograr un movimiento fuerte que consiga levantar de nuevo la voz y la razón de las comunidades agrarias.


Así hay que obrar, mucho más si recordamos la cercanía de la campaña electoral, y con ello que dentro de pocos meses el gabinete ministerial empezará a entregar las llaves de sus despachos a sus nuevos inquilinos.

 

Ante todo esto es procedente preguntar: ¿Cómo garantizar que en esta nueva ocasión el gobierno sí cumpla, a pesar de ir ya de salida? O, por el contrario, ¿No negociar más con el establecimiento? ¿Empezar a consolidar experiencias concretas de autonomía en todos los ámbitos (económico, educativo, social, cultural, etc.)? ¿Crear un movimiento cuya esencia sea el anticapitalismo? ¿Por dónde encausar los mayores esfuerzos?

 

Los interrogantes son mayúsculos, y es hora de encararlos.

Publicado enEdición Nº233
Dos cámaras vigilando a un grupo de personas

 

Vivir tranquilos en una sociedad en la que todas nuestras preferencias y creencias son accesibles y computables es una muestra inverosímil de amnesia. La privacidad ha perdido su sentido y ya no nos acordamos de lo importante que ha sido en la Historia

 

La última revelación de Wikileaks no habla solo de cómo los distintos países se espían entre sí ni de los métodos utilizados en los campos de batalla del siglo XXI. La organización de Julian Assange nos ha ofrecido este mes pruebas de hasta dónde puede vigilar la CIA a cualquiera.

La vigilancia más inverosímil es posible gracias a nuestros acompañantes aparentemente más inofensivos, los electrodomésticos. Su alta complejidad tecnológica incluye la capacidad de conectarse a Internet e intercambiar información. Hasta hace poco era un poder exclusivo de los ordenadores, pero ahora estos se han visto superados por los teléfonos e igualados por el resto de aparatos domésticos, desde los juguetes hasta los televisores. De estos últimos y de algunas de las marcas más vendidas, como Samsung, se habla explícitamente en los informes de Wikileaks. Los televisores de ahora no solo pueden mostrar imágenes y sonidos con extremada brillantez, sino también registrarlos y retransmitirlos. Son bidireccionales como las pantallas de 1984 de Orwell.

Las películas de espionaje del futuro no tendrán la escena más emocionante de los clásicos del género. Ya no tiene sentido el esfuerzo de observar cada movimiento de la persona espiada para poder entrar en su domicilio cuando esté ausente. No habrá contrarreloj para colocar micrófonos en los lugares con mejor acústica. Tampoco será verosímil que haya problemas después con la conexión o el riesgo de que el micrófono más estratégico se quede sin batería en el peor momento. En los tiempos que corren, la dificultad viene del exceso de información, no de la falta de un dato.

La noticia es todo menos sorprendente desde el punto de vista tecnológico. Sabemos que los electrodomésticos están conectados y es fácil suponer que no solo reciben información, sino que también la envían. Sabemos que incluyen sensores de todo tipo que “mejoran nuestra experiencia” con ellos. Por no salirnos del ejemplo de los televisores, es muy práctica su habilidad para adaptar el brillo y el volumen a las circunstancias ambientales. Si apagamos la lámpara del salón, reducen su emisión de luz para no molestarnos a la vista. No es magia. Están analizando constantemente el contexto en el que están situados.

El caso de la reducción de brillo es ilustrativo, pero engañoso. Se trata del pico del iceberg, no solo porque sea una parte pequeña de todo lo que procesan nuestras máquinas, sino porque es lo único que es perceptible por nuestros sentidos. El resto ocurre en silencio, a un ritmo diferente e inconexo con la acción de la superficie. Nuestros electrodomésticos viven una doble vida teledirigidos desde centros de datos de los que no sabemos nada: ni cómo son, ni dónde están, ni a quién pertenecen.

Tampoco es justo dar la impresión de que este peculiar espionaje tiene lugar a nuestras espaldas. Más bien todo lo contrario. Nos espían a la luz del día. Las capacidades de conexión y de intercambio de datos aparecen con tipografías destacadas en los envoltorios de los aparatos eléctricos. Al fin y al cabo es lo que permite que sean tan sofisticados y modernos. La recogida de datos es la base del aprendizaje automático y este es a su vez la condición para que nos parezcan inteligentes porque se aclimatan a las circunstancias y muy especialmente a la más determinante de todas ellas: nosotros.

Los electrodomésticos estudian nuestra vida privada. La potencialidad dañina de esta circunstancia surge al tener en cuenta dos avances tecnológicos y un cambio en nuestra percepción. Los primeros son la capacidad de almacenar cantidades ingentes de datos y la de darle significado a tanta información. Las empresas conservarán pronto un historial completo de la vida de sus clientes, con datos desde cuando eran bebés. Toda esa información cobra sentido cuando se obvia una capa superficial de originalidad que recubre nuestras vidas. Lo que hacemos, y el modo y el orden en el que lo hacemos, es reproducido por miles de personas en el planeta. La gente que se levanta a la misma hora que tú, que compra las mismas marcas de café y zumo para su desayuno y que elige los mismos programas de televisión para desayunar (o las mismas webs) suma muchas otras coincidencias en su comportamiento. Si una campaña publicitaria funciona con algunos de ellos, es un dato valioso sobre cómo actuar sobre todos los demás. Alguien, sin acceso a este texto, podría sentirse ajeno por vivir en un lugar sin Internet ni electrodomésticos, pero es un error de cálculo. El perfil de nuestros patrones también delimita a sus complementarios.

Es un experimento a gran escala en el que nos ha tocado el papel de los conejillos de Indias. No se trata de un reparto equitativo: nadie escapa de la vigilancia y del control, pero son pocos quienes pueden ojear por la mirilla de lo registrado.

En cuanto al cambio de percepción, el problema verdadero detrás de los televisores espías no reside en sus innovaciones, sino en la nueva forma en la que entendemos el mundo. De este cambio tenemos pruebas que no requieren de Wikileaks ya que hasta nuestra propia lengua nos delata. Cuando llamamos “amigos” a los desconocidos y “biografía” a la retransmisión a través de fotos y vídeos de nuestras experiencias, evidenciamos una reinterpretación de la privacidad que sería difícil de explicar a nuestros antepasados más recientes. Algo ha ocurrido cuando nos parece que el verbo “acosar” es inapropiado para denominar la acción de entrar obsesivamente en la privacidad de alguien a través de Internet, y por eso adoptamos un neologismo como “estalkear”, mucho más neutro en español desde un punto de vista ético. También cuando creamos una palabra como “sexting” para el intercambio de imágenes de nuestros desnudos, sospechosamente parecida a “texting”, que es la utilizada para el envío cotidiano de mensajes de texto. Lo público y lo privado se confunden también en el vocabulario.

La consecuencia es que revelaciones como la de Wikileaks no nos alarman. Todavía nos sorprendemos de lo que son capaces los electrodomésticos, y eso es suficiente para darle valor de noticia, pero no nos sentimos violados por la intromisión en nuestros hogares ni percibimos siquiera una gran amenaza. Traducido al lenguaje de nuestros días, el valor en Bolsa de esas compañías no ha sentido la noticia.

La privacidad ha perdido su sentido y ya no nos acordamos de lo importante que ha sido en la Historia reciente. Vivir tranquilos en una sociedad en la que todas nuestras preferencias y creencias son accesibles y computables es una muestra inverosímil de amnesia. Volvamos a escuchar a quienes vieron cómo les arrebataban su privacidad en el pasado. Nos lo han contado quienes nos han precedido y nos lo advierten quienes sufren ya sus consecuencias, como el propio Julian Assange. Volvamos a llamar a las cosas por su nombre y despertemos nuestra memoria. Quienes están al otro lado de la Red no son siempre nuestros “amigos”; los datos de nuestra vida no se guardan en inofensivas “nubes” de algodón; y los electrodomésticos a menudo no se adaptan a nuestros gustos, sino que nos espían.

 

Manuel Alcántara Plá. Lingüista. Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Autor de Palabras invasoras. El español de las nuevas tecnologías.

 

 

“El Imperio de la Vigilancia”: La batalla por los derechos cívicos en la era digital

“Hoy todos los estadounidenses están bajo escucha”.

Edward Snowden

 

A nuestro alrededor merodea permanentemente un Big Brother que quiere saberlo todo de cada uno de nosotros, y clasificarnos en función de los “riesgos potenciales” que podríamos presentar. Esta vigilancia masiva ha sido siempre la gran tentación de los poderes autoritarios. En este sentido, algunos regímenes del pasado permanecen definitivamente asociados a prácticas secretas de intromisión en la vida de las personas. Pensamos sobre todo en el III Reich hitleriano y en el Estado estalinista. En su novela 1984, George Orwell se burló especialmente de este último. Más próxima a nosotros, la película La vida de los otros[1] ha estigmatizado el sistema de vigilancia generalizada en la antigua República Democrática Alemana (RDA), implantado por el Ministerio para la Seguridad del Estado, más conocido como Stasi.

 

Estos regímenes eran dictaduras. Pero, en nuestros días, son democracias las que han levantado sofisticadas redes de vigilancia clandestina, a veces en contradicción con sus propias tradiciones. En este sentido, hay que recordar que el acto fundador de los Estados Unidos fue la revuelta de los colonos norteamericanos contra una ley inglesa que autorizaba la violación de la vida privada. La explosión de cólera desembocó en la revolución norteamericana de 1776. La cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege siempre a los ciudadanos estadounidenses contra cualquier abuso de una administración que quisiera someterlos a una violación ilegal de su intimidad: “No será violado el derecho de los ciudadanos a la seguridad de sus personas, domicilios, documentos y bienes; contra cualquier registro o detención arbitrarios ...”.

 

El auge de Internet y de las nuevas redes electrónicas ofrece actualmente a los principales servicios estatales de escucha de las comunicaciones –la NSA, en los Estados Unidos; el GHCQ, en el Reino Unido; la DGSE, en Francia; el CNI en España-, una inesperada ocasión para instaurar fácilmente una vigilancia sistemática y generalizada de todas las protestas políticas y sociales. Precisamente porque Internet ya no es ese espacio de libertad descentralizado que permitiría escapar a la dependencia de los grandes medios de comunicación dominantes. Sin que la mayoría de los internautas se haya dado cuenta, Internet se ha centralizado en torno a algunas empresas gigantes que lo monopolizan y de las que ya casi no se puede prescindir.

 

No se vio venir la centralización de Internet –confirma Laurent Chemla, uno de los pioneros de la Internet militante en Francia. No entendimos que el modelo económico de publicidad-contra-gratuidad crearía un peligroso fenómeno de centralización, porque los anunciantes tienen interés en trabajar con los más grandes, aquellos que tienen más audiencia. En la actualidad, hay que conseguir ir en contra de esta lógica, para descentralizar de nuevo Internet. La opinión pública debe comprender que la gratuidad conlleva una centralización tal de Internet que, poco a poco, el control se vuelve más fuerte y la vigilancia se generaliza[2].

 

Otro cambio: hoy la vigilancia se basa esencialmente en la información tecnológica, que es automática, más que en la información humana. Como en Minority Report, es el “predelito” lo que a partir de ahora se persigue. Para “anticiparse a la amenaza”, las autoridades tratan de “diagnosticar la peligrosidad” de un individuo a partir de elementos de sospecha, más o menos comprobados. Con la paradójica idea de que, para garantizar las libertades, hay que empezar por limitarlas.

 

Retorno del determinismo genético

 

En el nuevo Estado de vigilancia, toda persona es considerada sospechosa a priori. Sobre todo, si las “cajas negras algorítmicas” la clasifican mecánicamente como “amenazante” después de analizar sus contactos y sus comunicaciones.

 

Esta nueva teoría de la seguridad, que es una variante del funesto determinismo genético, considera que el ser humano está desprovisto de verdadero libre arbitrio o de pensamiento autónomo. El hombre no sería sino una mera máquina sometida a la influencia de pulsiones de nacimiento y a fatalidades biológicas. Es inútil, por lo tanto, que, para prevenir eventuales derivas, se busque intervenir retroactivamente en el entorno familiar o en las causas sociales. Lo único que ahora quiere el Estado, con la fe puesta en los informes de vigilancia, es reprimir lo antes posible, antes de que se cometa el delito. Esta concepción determinista de la sociedad, imaginada hace más de sesenta años por el excelente escritor estadounidense de ciencia ficción Philip K. Dick, se impone poco a poco en numerosos países, a medida que son golpeados por la tragedia del terrorismo[3].

 

Metamorfosis de la Justicia

 

El gran cambio arrancó en los Estados Unidos. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, la ley Patriot Act modificó, por primera vez en el seno de una democracia, la relación seguridad/vida privada.

 

Más que un cambio, explica la jurista francesa Mireille Delmas-Marty, es una auténtica metamorfosis de la justicia penal, y, por extensión, del control social [...] La Patriot Act ha hecho posible que, por orden del presidente, emerjan una vigilancia masiva y un régimen penal derogatorio, y que se llegue a amparar el uso de la tortura e incluso la organización de asesinatos selectivos [...] Se ha pasado muy rápidamente a una “guerra contra el terrorismo” desplegada sobre el conjunto del planeta; primero, con la apertura del campo de concentración de Guantánamo fuera del territorio de los Estados Unidos; y, más tarde, con la “tela de araña” estadounidense, denunciada en 2006 por el Consejo de Europa: el mapa de centros secretos de detención en todo el mundo y las transferencias ilegales de detenidos [4].

 

Otras democracias han imitado a los Estados Unidos. De la Terrorism Act[5], en el Reino Unido, a la ley Renseignement, en Francia, pasando por la Ley de Seguridad Ciudadana[6], en España, se ha multiplicado la legalización de la vigilancia clandestina de masas. Expresar en Internet una simple intención de cometer un acto “irregular” puede llevar hoy, en algunos países democráticos, a la detención del internauta[7]. Lo cual es contrario a uno de los principios fundadores de la Justicia penal moderna. El jurista Beccaria[8] estableció, en el Siglo de las Luces, que para declarar “criminal” a una persona, primero tiene que haberse cometido realmente el crimen, o al menos haberse iniciado su ejecución.

 

La cuestión de la libertad

 

 

“Internet ha sido transformado para convertirse en el más peligroso vehículo del totalitarismo que jamás hayamos conocido”, dice Assange.



Nada que hacer: nuestro uso de Internet nos delata. Lo cual ha llevado a Julian Assange a decir: “Internet ha sido transformado para convertirse en el más peligroso vehículo del totalitarismo que jamás hayamos conocido”. La red es “de ahora en adelante una amenaza para la civilización humana[9]”.

 

Porque, hay que admitir finalmente que, con la centralización de Internet, la “democracia digital”, en la que se pudo creer en los albores, se ha revelado como una impostura y un engañabobos.

 

La “República digital” –explica François de Bernard—no es el gobierno del interés público por medio de las leyes -lo cual, según Rousseau, constituye la condición, si no la esencia, de toda República-, sino solamente el gobierno de los números, por los números y para los números; el gobierno de las cifras, de lo cifrado y destinado a la cifra, con el fin de que, con un simple clic del ratón, la República pueda ser gobernada con el menor número de obstáculos que pudieran dificultar el despliegue del proyecto de sus dirigentes [10].

 

Succionados por la dinámica centralizadora, los gobiernos, los servicios de seguridad y las empresas gigantes de la Red se fusionan ante nuestros ojos en un complejo securitario-digital que tiene un objetivo preciso: controlar Internet para controlarnos mejor. En Internet, cada internauta está interconectado y proporciona, en tiempo real, una cantidad incalculable de informaciones personales que ningún Estado ni empresa privada habría soñado nunca en poder recopilar.

 

Como “un ejército de ocupación” que controla los puntos de paso [...], los Estados impiden la independencia de la Red. Llevados al extremo, pueden alimentarse, como sanguijuelas, en las venas y las arterias de nuestras nuevas sociedades, atiborrándose con cada intercambio expresado o comunicado, con cada mensaje enviado y con cada pensamiento “googleado”, y almacenar luego todo este saber –miles de millones de interceptaciones diarias, un poder inimaginable- en centros de procesamiento de datos. Y para siempre.

 

Frente a este rodillo compresor, muchos ciudadanos tiran la toalla y se resignan a ver amenazada su libertad de expresión y violados sus derechos fundamentales. Están equivocados. Porque la auténtica cuestión no es la vigilancia, sino la libertad, como explica Edward Snowden:

 

Cuando alguien dice: “No tengo nada que ocultar”, en realidad está diciendo: “Me río de mis derechos”. [..] Si dejáis de defender vuestros derechos pensando: “No necesito mis derechos en este contexto”, ya no se trata de derechos. Los habéis convertido en algo de lo que disfrutáis como de un privilegio revocable por el gobierno [...] Y ello reduce el perímetro de la libertad en el seno de una sociedad [11].

 

Resistir, encriptar

 

 

Edward Snowden: “La encriptación es una responsabilidad cívica, un deber cívico”.


¿Cómo defenderse? En primer lugar, informándose y consultando las numerosas páginas web especializadas en seguridad informática[12]. También uniéndose a las diferentes organizaciones que luchan contra la vigilancia masiva, especialmente WikiLeaks[13] y, en Francia, La Quadrature du Net[14]. Y sobre todo optando, en primer lugar, por la autodefensa mediante la encriptación, o codificación, como nos aconseja Edward Snowden: “La encriptación es una responsabilidad cívica, un deber cívico”.

 

Solamente la encriptación permite enviar y recibir mensajes de correo electrónico codificados. Impide que una herramienta automática de vigilancia pueda leerlos si los intercepta. Aunque no se tenga nada que ocultar, la encriptación nos ayuda a proteger nuestra vida privada y la de las personas con quienes nos comunicamos. Lo cual hará más difícil el trabajo de los espías del nuevo Complejo securitario-digital.

 

Aunque muchos gobiernos, sobre todo después de los odiosos atentados del 13 de noviembre en París, están planteándose la prohibición de todo sistema de encriptación de mensajes, las revelaciones de Edward Snowden han permitido la emergencia y la democratización de varias herramientas de encriptación de mensajes SMS y de comunicaciones telefónicas. Por ejemplo: Signal, Telegram, Wickr, TrueCrypt, ProtonMail, Threema, etc.

 

Oponerse a la vigilancia del Estado, cuando se es inocente, es una lucha política. Y aprender a protegerse es la primera etapa de esta lucha. Después, hay que pasar a la guerrilla digital: engañar a los espías, cegarlos, disimular nuestras conexiones a Internet, cifrar nuestros correos electrónicos, proteger nuestros mensajes. El objetivo es hacer que los algoritmos enloquezcan, crear zonas de opacidad, y escapar a la inspección y al cacheo de los chivatos digitales secretos.

 

El derecho está de nuestra parte. Una importante sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dictada el 6 de octubre de 2015, constituye efectivamente una gran victoria jurídica, y alienta la rebelión de los ciudadanos contra la vigilancia masiva. En respuesta a la demanda contra Facebook interpuesta por un joven austriaco, Maximilian Schrems, que, a raíz de las revelaciones de Edward Snowden, acusó a la empresa gigante de haber colaborado con la NSA, el TJUE decidió ese día invalidar el acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos, firmado en el año 2000, llamado comúnmente Safe Harbor (“Esfera de Seguridad”), que autorizaba a las empresas estadounidenses, y especialmente a las GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) a exportar a los Estados Unidos los datos personales de los europeos, y a almacenarlos allí [15].

 

La sentencia “Schrems” debería obligar a Facebook a suspender la transferencia de datos a los servidores estadounidenses. También debería obligar a la Comisión Europea a ser más severa en la renegociación del acuerdo con Washington[16]. Y forzar a las GAFAM, que obtienen la mayor parte de sus ingresos de la explotación a gran escala de nuestros datos personales, a revisar sus prácticas.

 

Finalmente, el Consejo de Europa[17], ha estimado en un informe reciente que “mientras los Estados no acepten fijar límites a los programas de vigilancia masiva que llevan a cabo sus agencias de información, la codificación generalizada, y orientada a proteger la vida privada, es la solución de repliegue más eficaz para permitir a la gente proteger sus datos”[18].

 

Más aún. Con ánimo de resistencia, algunos sitios web asociativos permiten iniciarse fácilmente en el cifrado de las comunicaciones digitales[19]. Hay también otras armas: la red de anonimato TOR[20], sobre todo; las empresas ProtonMail (Alemania) y Tutanota (Suiza), que ofrecen servicios para proteger mejor los correos; el sistema de explotación Tails[21]; la solución de ciframiento Trucrypt, que permite ante todo cifrar archivos; o proyectos de mensajería como Caliopen, un software libre destinado a proteger la confidencialidad de los intercambios de sus usuarios, lanzado en septiembre de 2013 por Laurent Chemla[22]. Al parecer, las revelaciones de Edward Snowden han generado una toma de conciencia de la importancia de la encriptación[23], incluso en el seno de algunos organismos más oficiales, como el Internet Engineering Task Force (IETF), encargado de la estandarización de los protocolos de Internet a escala global.

 

Los lanzadores de alertas

 

Desde hace varios años, hackers, militantes contra el espionaje y lanzadores de alertas colaboran y se relevan para denunciar los abusos. Resisten al Imperio de la vigilancia y son los héroes de la era Internet. Conocemos, desde luego, a los tres más célebres: Julian Assange, Chelsea Manning y Edward Snowden, pero recordemos que otros iniciaron la resistencia antes que ellos. Por ejemplo, Mark Klein, un exejecutivo de la empresa AT&T, y el jurista Thomas Tamm, en los Estados Unidos. También algunos exagentes de la NSA, inspirados probablemente en el ejemplo de Daniel Ellsberg, un analista de la Rand Corporation que, en 1971, se atrevió a publicar los célebres Pentagon Papers[24], que sacaron a la luz las razones ocultas de la intervención militar de los Estados Unidos en Vietnam (55 mil muertos del lado estadounidense, más de un millón del vietnamita), un conflicto que jamás fue autorizado por el Congreso.

 

Entre los lanzadores de alertas anteriores a Snowden, y exagentes de la NSA, se puede citar también a Perry Fellwock, o a Russell D. Tice. Y, más recientemente, a William Binney, Thomas Drake, Edward Loomis y J. Kirk Wiebe, quienes, junto a Diane Roark, del Comité para la Información de la Cámara de Representantes, llegaron a difundir públicamente un manifiesto contra la vigilancia masiva, el 17 de enero de 2014[25].

 

En muchos países se han lanzado campañas para incitar a los agentes de información a que dimitan. Por ejemplo, en septiembre de 2015, y a iniciativa del colectivo berlinés Peng, grupos de artistas y activistas defensores de las libertades públicas pegaron, delante de las agencias de información estadounidenses y alemanas, banderolas animando a los espías con remordimientos a que abandonasen su trabajo. “¿Queríais servir a vuestros conciudadanos? Habéis terminado por espiarlos. ¡Dimitid!“[26].

 

De igual modo, ante la entrada de la base militar estadounidense de Dager, en Alemania, donde hay una importante estación de escucha de la NSA, unos activistas instalaron un panel estratégico en el que se podía leer: “Escuchad vuestro corazón, no nuestras conversaciones”. Por otra parte, el sitio web IntelExit ofrece muchos consejos y argumentos para convencer a los agentes de que dejen sus funciones, y les ayuda también a redactar automáticamente una carta de dimisión[27].

 

Por una Carta de Internet

 

 

El imperio de la vigilancia se alimenta con cada pensamiento “googleado”.


Pero hay que hacer más, y contraatacar. Muchos militantes anti-cibervigilancia proponen el lanzamiento de una Carta de Internet, semejante a la Carta de la ONU:

 

Es necesario –afirma Snowden—que nuestra generación cree lo que Tim Berners-Lee, el inventor de la Red, llama la Gran Carta de Internet. Queremos definir lo que deben ser los “derechos digitales”. ¿Qué valores debemos esforzarnos en proteger? ¿Cómo vamos a garantizarlos[28]?


En una entrevista en The Guardian[29], Tim Berners-Lee deseó, efectivamente, que esta Gran Carta[30] mundial que él exige consagre la vida privada, la libertad de expresión y el anonimato:

 

Sin un Internet libre y neutral, sobre el que podamos apoyarnos sin tener que preocuparnos por lo que pasa entre bastidores –declaró—, no podemos tener un gobierno abierto, ni una buena democracia, ni un buen sistema de salud, ni comunidades conectadas entre sí, ni diversidad cultural. [...] Nuestros derechos son pisoteados cada vez más en todas partes. Y el peligro es que nos acostumbremos a ello. Quiero, por tanto, aprovechar el 25 aniversario del nacimiento de la Web para invitarnos a todos a ponernos manos a la obra con el fin de retomar las riendas y definir la Web que queremos para los próximos 25 años[31].

 

Con la cooperación de ONG internacionales y de juristas de todo el mundo, WikiLeaks ha creado también su propia Carta. Consta de trece principios[32], denuncia la vigilancia del Estado como “un atentado a las leyes internacionales sobre los derechos humanos”, y rechaza que lo gobiernos utilicen su poder para controlarnos. Otros pensadores, como el filósofo François de Bernard, reclaman el derecho a “una objeción de conciencia digital[33]”.

 

¿Cómo resistir? La solución está en buscar una multitud de microrresistencias, que pasan por la educación popular, la formación en herramientas informáticas de cifrado, la búsqueda de soluciones alternativas para volver caducas las actuales normas dominadas por las GAFAM.

 

La batalla por los nuevos derechos cívicos en la era digital no ha hecho más que comenzar. Los Estados de vigilancia se apoyan en su carácter democrático para manifestarse especialmente implacables contra los nuevos disidentes. No es casualidad que Snowden decidiera difundir sus espectaculares revelaciones sobre el programa PRISM justo el día en el que comenzaba en los Estados Unidos el proceso contra Chelsea Manning (antes Bradley Manning), acusada de transmitir archivos secretos a WikiLeaks; la misma fecha en la que se cumplía también el primer aniversario de la reclusión de Julian Assange en los locales de la embajada de Ecuador en Londres, donde hubo de encontrar refugio para evitar ser extraditado a los Estados Unidos vía Suecia...

 

Snowden, Manning, Assange, tres héroes de nuestro tiempo, acosados y perseguidos por el Imperio de la vigilancia. Edward Snowden se arriesga a una pena de treinta años de prisión[34], tras haber sido acusado por los Estados Unidos de “espionaje”, “robo” y “utilización ilegal de bienes gubernamentales”. El 21 de agosto de 2013, Chelsea Manning fue ya condenada a treinta cinco años de prisión. Y Julian Assange está amenazado con la pena de muerte[35].

 

A aquellos que se preguntan por qué estos tres paladines de la libertad asumen tantos riesgos, Snowden les responde:

 

Cuando te das cuenta de que el mundo que has ayudado a crear será peor para la nueva generación y para las siguientes, y de que no deja de reforzarse la capacidad de esta arquitectura de la opresión, comprendes que hay que denunciarla y que, por eso, debes aceptar todos los riesgos. Cualesquiera que sean las consecuencias.

 

A todos los ciudadanos libres de actuar de la misma forma, una sola consigna: “¡Contra la vigilancia masiva, resistencia masiva!”.

 

(Conclusiones del libro El imperio de la vigilancia/ Cuba Periodistas)

 

Notas

[1] Florian Henckel von Donnersmarck, Das Leben der Anderen, 2006.

[2] Cf. “Entretien avec Laurent Chemla”, Le Journal du Net, 11 de marzo de 2015 (http://www.journaldunet.com/edbusiness/le-net/laurent-chemla-laurent-chemla-project-caliopen-shtml.)

[3] Recordemos que, en Francia, el antiguo ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, afirmó, en abril de 2007, que ciertos comportamientos, en especial la pedofilia y el suicidio de los jóvenes, tenían en su opinión “causas genéticas”. Cf. Philosophie Magazine, abril de 2007.

[4] Le Monde, 4 de junio de 2015.

[5] La ley Terrorism Act se promulgó en 2006, tras los atentados de Londres de julio de 2005. Fue reforzada en 2008 por la Counter-Terrorism Act, que, sobre todo, prolonga el plazo de retención hasta los 42 días.

[6] Conocida popularmente como Ley Mordaza, entró en vigor el 1 de julio de 2015. Viene a completar el importante arsenal de medidas antiterroristas en España, especialmente la ya muy severa Ley Antiterrorista de 1984.

[7] El 10 de marzo de 2004 entró en vigor el artículo 221-5-1 del Código Penal, que creó, en Francia, el delito de intención criminal. Esta ley castiga el “mandato criminal”, es decir, el hecho de solicitar a una persona afín que cometa un delito, aunque el mandante no cometa la infracción principal. Castigar actos que aún no se han cometido constituye toda una innovación... Por lo tanto, con este artículo hay una derogación efectiva del principio de legalidad de los delitos y las penas, establecido por Cesare Beccaria.

[8] Cesare Beccaria (1738-1794), jurista y filósofo italiano perteneciente al periodo de las Luces. En su libro, De los delitos y las condenas, funda el derecho penal moderno, y destaca por desarrollar la primera argumentación contra la pena de muerte.

[9] J. Assange et al.,op. cit.

[10] François de Bernard, L’Homme post-numérique, París, éditions Yves Michel, 2015.

[11] K. van den Huevel y S. F. Cohen, art. cit.

[12] Por ejemplo: http://www.nextinpact.com; www.anonymat.org; http://www.udernews.fr; http://assite.com.free.fr; http://sous-surveillance.fr Véase también el sitio web de la Agencia Nacional de Seguridad de los sistemas informáticos (ANSSI), http://www.ssi.gouv.fr

[13] Ver la web https://wikileaksactu.wordpress.com

[14]www.laquadrature.net/fr

[15] Le Monde, 7 de octubre de 2015.

[16] Cf. Marc Rees, “Safe Harbour: Bruxelles prône la poursuite des flux des données transatlantiques”, NextINpact, 6 de octubre de 2015 (www.nexintpact.com/news/96777-safe-harbor-bruxelles-prone-poursuite-flux-donnees-transatlantiques.htm)

[17] Creado en 1949, el Consejo de Europa tiene la misión de promover los derechos humanos en todo el continente. Sus principios han sido retomados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

[18] Cf. E. Tréguer, “Résistance multiforme”, art. cit.

[19] Por ejemplo, la web Autodefensa del correo (https://emailselfdefense.fsf.org/es).

[20] La red TOR puede hacer anónimos los intercambios en Internet basados en el protocolo de comunicación TCP; es decir, aproximadamente el 95% de todo el tráfico de Internet.

[21] Tails es un sistema cuyo objetivo es preservar la vida privada y el anonimato. Permite utilizar Internet de manera anónima y esquivar la censura en cualquier ordenador y en casi todos los sitios que se visitan. Tails no deja rastro alguno de lo que se hace, salvo que se le pida expresamente. (https://tails.boum.org/about/index.fr.html).

[22] Con respecto a Caliopen, véase “Entretien avec Laurent Chemla”, art. cit.

[23] Cf. F.Tréguer, “Résistance multiforme”, art. cit.

[24]http://www.wllsberg.net/archive

[25] Con el título “We Need Real Protection From The NSA” (http://www.informationclearinghouse.info/article37397.htm)

[26] Le Monde, 30 de septiembre de 2015.

[27] Wired, 28 de septiembre de 2015 (http://www.wired.com/2015/09/campaign-help-surveillance-agents-quit-nsa-gchq).

[28] K. van den heuvel y S. F. Cohen, art. cit.

[29] The Guardian, Londres, 12 de marzo de 2014 (http://www.theguardian.com/technologyu/2014/mar/12/online-magna-carta-berners-lee-web)

[30] En alusión a la Magna Carta de 1215, que limitó por primera vez el poder absoluto de la Corona, y fue el fundamento del derecho y las libertades inglesas.

[31] Cf. Numérama, 12 d emarzo de 2014 (http://www.numerama.com/magazine/28719-1-inventeur-du-web-veut-une-charte-mondiale-pour-proteger-internet-html).

[32] Sed puede leer el texto íntegro en la web https://wikileaksactu.wordpress.com

[33] Cf. F. de Bernard, “Pour une objection de conscience numérique”, Mémoire des luttes, 2 de septiembre de 2015 (http://www.medlu.org/Pour-une-objection-de-conscience).

[34] Tras dejar Hong Kong por Moscú, Edward Snowden pidió asilo político a veintiún países, entre ellos a Francia. Sólo Rusia le dio una respuesta positiva y lo acogió en su territorio.

[35] La ley sobre espionaje, promulgada en 1917, en el momento en que el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, buscaba criminalizar a todos aquellos que se oponían a entrar en guerra, prevé sanciones muy duras: cadena perpetua e incluso pena de muerte.

 

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Los “Cinco Ojos” y la red Echelon

De Beijing al Ni Una Menos. Lo que podemos aprender del movimiento feminista

 

Los movimientos de mujeres están dando una lección fenomenal a los movimientos emancipatorios. Aunque lo más visible son las enormes manifestaciones del Ni Una Menos, este despliegue ha sido posible porque las mujeres desbordaron las redes de cooptación tejidas por la cooperación internacional y sus instituciones, plasmadas en un conjunto de ONGs, ministerios y oficinas para el trabajo de “género”.

Silvia Federici analiza en un breve ensayo, Going to Beijing, cómo las Naciones Unidas “colonizaron el movimiento feminista”, limitaron su potencial revolucionario y aseguraron que sus agendas “se adapten a los objetivos del capital internacional y de las instituciones que lo sustentan”. La maciza intervención del movimiento feminista se produjo a través de grandes conferencias internacionales desde la década de 1970, creando un cuadro de feministas internacionales que funcionó “como una unión internacional de mujeres, encargadas de velar por las necesidades y deseos de la mujer ante los ojos del mundo y, así, decidir cuál sería la legítima agenda y la verdadera lucha feminista”.

La Conferencia de Beijing en 1995 jugó un papel decisivo en la articulación de esos objetivos, allanando el camino “para la plena explotación de la mujer no solo en el hogar, sino también en el trabajo asalariado”, con la promesa de la igualdad.

Lo que me parece notable es cómo los movimientos de mujeres consiguieron agujerear esa red de contención, que no sólo actúa contra la emancipación femenina sino que antes hizo algo similar con la lucha anticolonialista y luego con otros movimientos, desde el indígena hasta el de gays y lesbianas.

Entiendo que esta experiencia es un aporte que los activistas de todos los movimientos debemos recoger. Veamos algunos modos de acción que hicieron posible el despliegue del actual activismo feminista.

La primera fue la persistencia de las mujeres por su autonomía, pese a estar en minoría o incluso arrinconadas en cierta marginalidad. Han mostrado que estar en minoría no es un drama si hay capacidad de trabajo creativo y audaz. Que se puede, con pequeñas acciones radicales y performativas, romper el monopolio de las instituciones de mujeres. Grupos como Mujeres Creando en Bolivia, entre mucho otros, nos han enseñado que hacer política no institucional y sin seguir agendas estatales, es posible siempre que combinemos el arte de crear con el de poner el cuerpo en cada acción.

La segunda cuestión es haber sido capaces de comprender la realidad patriarcal-institucional que nos rodea. Varios grupos de mujeres autónomas y pensadoras feministas han realizado análisis brillantes sobre la relación entre el modelo extractivo y de acumulación por desposesión y la violencia contra las mujeres y los feminicidios. Estos análisis han siostenido las acciones radicales, y han permitido a los movimientos afinar la puntería en la denuncia y en el activismo.

La tercera cuestión tiene que ver con la enorme diversidad del movimiento, tanto de clase como en relación con los colores de piel y las opciones sexuales, abriendo las puertas a camadas de activistas jóvenes de abajo, negras, indias y de sectores populares, junto a las mujeres blancas académicas de clase media que fundaron los movimientos en la década de 1960. Estamos ante un movimiento más plebeyo y, por lo tanto, más potente.

Semejante diversidad y lucidez analítica no las encontramos a menudo en los movimientos mixtos acaudillados por varones. Pero también han caído en desuso, en particular en los movimientos de trabajadores, las acciones de pequeños grupos, imginativas y artísticas, formas de acción que suelen considerarse como inapropiadas para “llegar a las masas”, cuando en realidad revelan inercias institucionales.

La cuarta cuestión es que el feminismo que desbordó las mallas de la cooperación consiguió no formar burocracias que, inevitablemente taponean, la creatividad y son el caldo de cultivo que permite la cooptación por las instituciones. Ambos hechos van de la mano: los aparatos burocráticos no pueden desbordar el control.

Estas cuatro características, a las que seguramente pueden sumarse otras, deberían ser motivo de reflexión por nuestros movimientos populares, tan engrampados en las inercias, tan poco cuidadosos de las relaciones internas y tan volcados hacia el afuera, que no somos capaces de construir sólidamente.

Es cierto que las instituciones gozan aún de mucho poder y capacidad de domesticación. Por lo tanto, seguirán tendiendo sus mallas. Entre las trampas menos visibles, figura la que señala Federici, que consiste en que “la violencia es definida como la estrictamente infligida por el hombre de manera individual”. De ese modo se pierde de vista el contexto depredador del capitalismo en su etapa actual de cuarta guerra mundial, y se ocultan los feminicidios (y el narco) como parte del control del capital a cielo abierto.

El segundo problema lo ponen sobre la mesa las feministas descoloniales en sus reflexiones de este 8 de marzo*. Cuando lanzan la consigna “¡Que ni una sea menos!”, nos dicen que no hay un feminismo universal, como no puede haber emancipación universal. Las opresiones son múltiples, así como los modos de liberación. El paro como metodología no interpela a las mujeres negras e indias, a las que viven en comunidades y en colonias, sino a las que tienen un empleo remunerado en blanco.

Son aprendizajes que también nos interpelan a los varones y nos dicen que debemos estar dispuestos a aprender del movimiento feminista, uno de los más subversivos que existe en estos momentos en el mundo.

 

*http://glefas.org/algunas-reflexiones-sobre-metodologias-feministas/

 

*Raúl Zibechi: Periodista y educador popular; acompañante de las luchas de los pueblos de Amércia Latina.

 

Publicado enPolítica
La hoja de coca se tuesta en ollas al fuego para uso tradicional en Colombia (Clara Roig)

 

Fabiola Piñacué y Herney Ruiz tienen una misma lucha en común: recuperar el consumo tradicional de la hoja de coca en Colombia pese al veto internacional

 

El viento sopla suave, seco. La tierra calienta. El sol abrasa. La brisa remueve el polvo del camino que conduce al pequeño pueblo de Lerma, en las montañas áridas del Macizo Colombiano, en el departamento del Cauca, a 600 kilómetros al sur de Bogotá. A un lado de la calle principal, los niños juegan al futbol en el polideportivo. Las mujeres reposan en los bancos delante de las casas y los hombres se reúnen en las ‘tiendecitas’ que dan a la calle. “Aquí hubo un muerto”, dice Herney Ruiz señalando la entrada de una casa, “y aquí, aquí, y aquí”. Todo a su alrededor parece tranquilo. “Si pusiéramos una cruz en cada esquina donde ha habido un muerto, no podríamos cerrar las puertas de las casas”, comenta.

Herney Ruíz es una mezcla de Robin Hood y Gandalf para Lerma. Comprometido y emprendedor, ha participado en el proceso de paz del pueblo como líder comunitario y ha desarrollado una alternativa al cultivo ilícito de la hoja de coca en un municipio en el que el 80% de la economía se basa en pequeños cultivos de esta planta.

Aunque aún no es del todo rentable, su pequeña tienda de productos derivados de hoja de coca ha pasado de generar 500.000 pesos colombianos (146€) por año en 2009 a 6 millones de pesos (1.750€) en el 2015. A partir de una harina que saca de moler las hojas de coca hace panes, galletas, vino, pomadas, y hasta una torta que ofrece al obispo cuando viene de visita.

Teniendo en cuenta que la canasta básica en Colombia es de unos 116€ y el salario mínimo estaba en 220€ en 2016, tal aportación es una ayuda importante para la familia de Herney Ruiz y el pueblo de Lerma. Son los frutos acumulados de seis años de resistencia. Una ganancia que, por encima de todo, es social.

Los gobiernos de Colombia y EEUU llevan décadas intentando reducir los cultivos de hoja de coca en Colombia con políticas que han supuesto una erradicación indiscriminada y que han provocado algunos abusos contra la población rural. Comunidades golpeadas por la violencia del narcotráfico han sufrido también la pobreza y la falta de proyectos de desarrollo que las asociaciones campesinas reclaman con insistencia.

 

Un pueblo que superó el conflicto

 

En los años 80, el pueblo de Lerma vivía sumido en la violencia. El narcotráfico se había infiltrado en todas las esferas sociales de la pequeña localidad. Una frase popular de esos tiempos que aún resuena en las calles cuenta que los jueves y domingos no era día de mercado si no había al menos dos o tres muertos.

 


El pasado


En Lerma el narcotráfico se había infiltrado en todas las esferas: no era día de mercado si no había dos o tres muertos, se decía

 

Durante los años de la bonanza cocalera (1978-1983), Herney Ruiz, como cualquier otro niño, frecuentaba una de las 15 cantinas del pueblo. A los 13 años, vendió sus 19 matas de hoja de coca y con el dinero obtenido se compró un revólver. A los 14, entró a trabajar en una cocina donde se preparaba cocaína con un sueldo de 300 gramos de coca a la semana. Una vez aprendida la química, montó su propio negocio con el primo. “El campesino era el jefe de la cocina”, explica. Pero vino el gran cartelista de Medellín, el que tenía la plata, y pasó a controlar la producción. Después, entró la guerrilla. “Todos mis amigos de juventud están muertos”, refleja El Gato, campesino de la zona que prefiere mantener su nombre real en el anonimato. Entre el 83 y el 88 murieron alrededor de 120 personas en un pueblo de 400 habitantes. Hasta que las mujeres dijeron ¡basta!

Así es como Lerma inició su propio proceso de paz mucho antes que el resto del país. Se empezó con el cierre de las cantinas en el 88 y finalizó con un programa educativo impulsado por Walter Gaviria, profesor licenciado de Popayán, para enseñar a los niños nuevos valores a través de la música, el teatro y el deporte. En 1993 se fundó el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) para llevar a cabo programas de desarrollo rural. La experiencia de Lerma fue tan exitosa que en 2003 pasó a formar parte de los Laboratorios de Paz impulsados por la Unión Europea para sistematizar las buenas iniciativas de paz. En 2013, Lerma fue reconocido como ‘Territorio de Convivencia y Paz’ por el Municipio de Bolívar, título que ostenta con orgullo el gran árbol que preside la entrada del pueblo.

Sin embargo, la violencia y el narcotráfico dejaron mella. Junto con el empeño del gobierno, se consiguió estigmatizar la hoja de coca en un territorio en el que se la consideraba sagrada, la Mamacoca, la madre de todas las plantas.

 


Los nuevos tiempos

 

A los trece años, Herney Ruiz se compró un revólver, a los 14 ya trabajaba en la producción de cocaína; ahora apoya alternativas al cultivo ilícito de coca


En el mercado de Bolívar, una vendedora esconde entre maíz y frijoles unas pocas bolsitas de hoja de coca tostada. “¿Cuántas vende al día?”, le pregunta Herney. La mujer le mira de refilón y responde que poquitas, “una o dos bolsitas namás”. Al poco tiempo, un señor con sombrero y camisa a cuadros le compra dos bolsitas más. Al minuto otro señor proveniente de la ciudad le pide otras dos “para hacer infusiones”. La vendedora saca de repente un saco entero que tenía escondido y empieza a rellenar más bolsitas. Herney lo llama “venta en resistencia”.

 

La estigmatización de la coca

 

En la cantina, una señora mayor come lentamente su sopa de maíz. Teodosia Hernández, originaria del Morro, Bolívar, es de las pocas mambeadoras (mascadoras de hoja de coca) que quedan en la región. “Mambear va bien para cualquier oficio”, explica. “Ahora mambeo para barrer y limpiar, sino todo me da pereza”.

Doña Teodosia relata cómo en sus años mozos vendía, compraba y mascaba hoja de coca todos los días. “Siempre dicen que se va a acabar, pero la hoja nunca se acaba”, afirma.

Don Agustín, emocionado por unirse a la conversación, empieza a explicar cómo se produce el mambe, una piedra calcina que se usa para quitarle la amargura a la hoja en el mascado y que es lo que le da el nombre en Colombia. Sus padres producían el mambe y le enseñaron a quemar la cal.

“¿Y usted sigue mambeando Don Agustín?”, pregunta Herney inocentemente. “¿Yo?”, se extraña. “Con el contrabando lo tachaban a uno de verraco. Así que cuando las autoridades empezaron a erradicar, yo también arranqué mis matas”, puntualiza.

 

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Doña Teodosia, una de las últimas mambeadoras en Bolívar (CR)

 

Hoy en día en Colombia los campesinos rehúyen el uso de la hoja de coca y los mascadores prefieren mantenerse en el anonimato. “El campesino es muy reservado. La represión ha hecho que la gente no luche por sus derechos”, aclara Herney.

 

El impacto de la ‘narcoguerra’

 

En el pequeño terreno de menos de un cuarto de hectárea en una pendiente empinada, Herney cultiva de todo: yuca, frijoles, piña, mango, coca. Después del largo verano de seis meses, la tierra está seca y los guineos se ven lánguidos. Quedan unos pocos plátanos verdes colgando de la mata. Herney coge uno y lo abre. La parte interior está toda negra, podrida. “Este tipo de guineo ya no sirve, tenemos que arrancarlo todo y volver a plantar con una nueva semilla”, explica Herney, exhausto.

Hace dos años de la última fumigación en Bolívar, a unos 30-40 kilómetros del pueblo, pero las consecuencias aún son palpables. “Esto ha sido una guerra biológica”, denuncia Herney, “salíamos a mirar las avionetas y al día siguiente teníamos ronchas en el cuerpo, diarrea e irritación de la vista y la garganta”, añade.

 

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Herney Ruiz muestra los plátanos podridos y lo atribuye a las fumigaciones con glisofato (CR)

 

Como parte de la llamada “guerra contra las drogas” promovida por Estados Unidos y la ONU, en los años 90 empezaron las fumigaciones con glifosato. Los cultivos no dejaron de aumentar hasta el 2001, cuando se implementó el Plan Colombia financiado por los EEUU. La nueva ofensiva redujo los cultivos, aunque solo temporalmente. Entre 2003 y 2007 se incrementaron paulatinamente hasta alcanzar los niveles de 2001 a medida que los agricultores se adaptaban a las nuevas condiciones.

El mismo Departamento de Estado de EEUU reconoce que tales políticas provocaron que los cultivos se esparcieran por todo el país, hasta en áreas remotas. Entonces, el gobierno colombiano introdujo una nueva ofensiva: las erradicaciones forzosas con presencia de militares y agentes antinarcóticos en el terreno.

Después de 25 años, en octubre de 2015, el gobierno colombiano suspendió las fumigaciones aéreas con glifosato presionado por un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que confirmaba sus efectos nocivos en el ser humano y el medio ambiente.

Sin embargo, después de un aumento de los cultivos en 2016, el gobierno decidió retomar el uso del glifosato esta vez por vía terrestre y con un protocolo especial para evitar la afectación a las comunidades campesinas.

Las erradicaciones también continúan, y muchas familias se quejan de que pierden el sustento económico y no disponen de una alternativa viable. “Las erradicaciones trajeron pobreza y descomposición social. Aumentaron los atracos en la carretera y muchas familias se fueron a la ciudad. La escuela pasó de 120 alumnos a 60”, valora Herney.

Otra de las apuestas del gobierno colombiano es la sustitución de cultivos a través del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), que contempla la participación comunitaria y la sustitución voluntaria. Algo que para Dora Troyano, impulsora de la campaña “Coca y Soberanía” en Colombia, es clave. “Las comunidades tienen que poder decidir si quieren cultivar la hoja de coca como un producto agrícola más, y para eso debe estar despenalizada y las familias tienen que ser propietarias de la tierra”, puntualiza.

Hugo Cabieses, economista peruano experto en drogas y desarrollo rural, piensa que la solución pasa por la diversificación. “Los organismos internacionales y de cooperación creen que la única posibilidad es sustituir la coca por un solo producto. Pero tenemos que remplazar esta cultura del monocultivo por una que favorezca la diversificación, no solo de cultivos sino también de actividades económicas sostenibles y viables en el territorio”, insiste.

 

Las razones


“Hay limones, mangos, piñas, pero el transporte sale más caro que lo que uno pueda sacar por caja; para sustituir la coca se necesitarían sistemas de riego”, matiza Edier, que aprendió a recoger la hoja en territorios de las FARC

 



Por el camino hacia el río, Herney se encuentra a un productor de coca, de aquellos que cultivan la coca “para otra cosa”. Edier aprendió a recoger la hoja en el Putumayo, donde trabajó como jornalero durante tres años en los cultivos dominados por las FARC. Harto del control de la guerrilla, recorrió el sur de Colombia de cultivo en cultivo. Trató de sembrar maíz y cacahuetes en Nariño y perdió la semilla. Trató de cultivar café en Bolívar y el verano arrasó con todo. Sólo le quedó la coca. “Hay limones, mangos, piñas, pero el transporte sale más caro que lo que uno pueda sacar por caja. Para sustituir la coca se necesitarían sistemas de riego”, matiza Edier.

 

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Campesinos recogen hoja de coca para consumo propio en el terreno de su casa (CR)

 

Los nuevos acuerdos de paz recién firmados entre las FARC y el Gobierno prevén una reforma rural que pretende conceder tierras al campesinado a través de un fondo de distribución de tierras y promover el desarrollo social y económico de las zonas rurales. Sin embargo, los habitantes de Lerma dudan de los beneficios para los campesinos y temen una lucha abierta por la tierra y por los recursos naturales, pues aquellos que solo han vivido la guerra, dicen, no saben qué es la paz.

 


Fabiola Piñacué


“Esto es una guerra”, afirma la dueña de Coca Nasa: “muchos proveedores venden al narcotráfico porque paga más: ellos dan 35-40.000 pesos por arroba, y yo pago de 25 a 30.000”


Como Herney, hay más innovadores y pioneros en el departamento del Cauca. Fabiola Piñacué, fundadora de la empresa Coca Nasa, recoge la hoja de coca extendida en el patio antes de que el sol la seque demasiado. Mientras, en la casa de campo de su socio, que es a la vez almacén y planta de procesado, se realizan los últimos preparativos para llevar una nueva encomienda a la fábrica de Bogotá, donde Coca Nasa elabora los productos derivados de la hoja de coca.

Este mes está complicado. Hay muy poca hoja de coca para recoger y todos los trabajadores están en la cosecha del café. A Fabiola Piñacué le preocupa no poder obtener la hoja necesaria para satisfacer la producción de galletas, té, ron, jabones y cremas que elabora a base de hoja de coca

“Esto es una guerra”, afirma la dueña de Coca Nasa, “cada vez toca buscar a los proveedores porque muchos de ellos le venden al narcotráfico, que paga más. Si ellos dan 35-40.000 pesos por arroba, yo les intento pagar de 25 a 30.000”. Una diferencia de unos 3€ por cada 12kg de hoja de coca; 3€ con los que come una familia colombiana al día. “Pero si se nos adelantan”, reconoce Piñacué, “aquí no hay ni Dios ni ley”.

 


Una lucha dura


Durante quince años, Piñacué se ha enfrentado al narcotráfico, a la legislación colombiana, a las empresas multinacionales y a su propia comunidad indígena


Fabiola obtiene la hoja de coca de las montañas andinas de Tierradentro, una región a 600 kilómetros al sur de Bogotá, en el departamento del Cauca, donde se establecieron las primeras comunidades indígenas del país. Prueba de ello son los más de cien hipogeos de roca pintada que recorren las cumbres de las montañas en el Parque Arqueológico de Tierradentro.

Hoy en día, indígenas, mestizos y blancos conviven alrededor del cultivo de la hoja de coca, práctica que se mantiene arraigada en la cotidianeidad. Cada vecino tiene sus matas, ya sea en el jardín de su casa o en las plantaciones arriba en la montaña.

 

De las aromáticas al Coca Sek

 

Muchas veces, a Fabiola Piñacué le cuesta encontrar hoja de coca limpia y sin pesticidas para destinarla a la fabricación de alimentos. La mayoría de los cultivadores la destina al narcotráfico, y solo los que mantienen prácticas tradicionales no utilizan químicos. “Para ellos es un orgullo que les compremos directamente”, comenta la emprendedora, “y les duele darla al narcotráfico, pero si les toca, les toca”, añade.

Durante estos últimos quince años, esta emprendedora colombiana ha tenido que luchar duro para el reconocimiento al uso, consumo y comercialización de la hoja de coca. Fabiola se ha enfrentado al narcotráfico, a la legislación colombiana, a empresas multinacionales y a la misma comunidad indígena de la que ella es originaria.

 

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La plaza Mayor de Belalcázar cercada por la policía nacional colombiana (CR)

 

La hoja de coca en Colombia solamente está permitida para el uso tradicional de las comunidades indígenas, que la han mascado por generaciones. Cuando el narcotráfico se la apropió como base de su producto estrella, la cocaína, quedó totalmente estigmatizada y así también el consumo en su estado natural.

Coca Nasa empezó con 200 pesos para vasos desechables y una idea: lograr sacar de la estigmatización la coca y recuperar el uso ancestral de la hoja. “El gobierno, con su política prohibicionista, extirpó la cultura”, comenta Fabiola Piñacué.

 

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A través de campañas publicitarias como la del gobierno de Álvaro Uribe que definía a la hoja de coca como “la mata que mata”, se satanizó la hoja y se eliminó el consumo cotidiano en las comunidades rurales. “Ahora solo los abuelos mambean (mascan hoja de coca). El uso de la hoja de coca se erradicó junto a la erradicación de la planta”, denuncia la empresaria.

Con el dinero obtenido vendiendo té de coca -un buen remedio para el soroche o mal de altura- a los compañeros de la universidad, Fabiola Piñacué compró bolsas para empacar la hoja de coca entera y tostada, que triunfaba entre los jóvenes porque les permitía seguir estudiando durante la noche. Luego compró una maquinilla para el sellado, un molinito para convertir las hojas de coca en harina y diseñó la etiqueta del envase. En el 2000 llegó la industrialización: aromáticas, galletas, ron y el famoso Coca Sek, una bebida energizante parecida a la Coca-Cola.

 


El deterioro


Colombia solo permite el uso tradicional de la hoja a las comunidades indígenas; cuando el narcotráfico se la apropió como base de su producto estrella, la cocaína, quedó totalmente estigmatizada


En el 2006, la multinacional demandó a Coca Nasa por plagio de marca. Coca-Cola alegaba que otra empresa no podía usar el término “coca” en sus productos para referirse a la hoja de coca, pero Coca Nasa ganó el juicio. Y es que todo apunta que las dos bebidas no solo comparten el nombre, también ciertos ingredientes.

 

La lucha por el reconocimiento

 

Aunque Coca-Cola ha negado varias veces que siga utilizando hojas de coca en la preparación de su brebaje, en 1988 el periódico New York Times publicaba un artículo en el que un representante de la empresa reconocía el uso de la hoja de coca, eso sí, sin el alcaloide de cocaína.

La farmacéutica Stepan Company de Nueva Jersey se encarga del proceso de descalinización y es la única empresa en Estados Unidos autorizada por la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration o DEA en inglés) para importar y comercializar hojas de coca.

 

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Té con hojas de coca, que se usa para el mal de altura (Clara Roig)

 

Fabiola y su equipo recorren el pueblo de Belalcázar coche arriba, coche abajo, resolviendo problemas. Cualquier tarea es una odisea. El motor del tostador está roto y nadie en el pueblo tiene las herramientas para arreglarlo. No se encuentran jornaleros para recoger la poca hoja que queda y, por ende, la última producción de cien kilos de hoja de coca tostada que enviaron a la fábrica de Bogotá se la retuvieron los policías en Neiva, ciudad aledaña, pensando que era para el narcotráfico.

“Hay mucha ignorancia por parte de policías, jueces y fiscales. No entienden que hay indígenas que consumen hoja de coca y que la hoja seca no sirve para hacer clorhidrato de cocaína”, sostiene Fabiola Piñacué enfadada. “Al menos ahora cuando nos retienen la producción puedo decir que es una violación a nuestros derechos y demandar”, afirma.

 


La reivindicación


“Hay mucha ignorancia de policías, jueces y fiscales. No entienden que hay indígenas que consumen hoja de coca y que la hoja seca no sirve para hacer clorhidrato de cocaína”, afirma la fundadora de Coca Nasa”


En agosto de 2015, Coca Nasa consiguió finalmente que el Consejo de Estado colombiano reconociera el derecho al uso, consumo y comercialización de la hoja de coca a las comunidades indígenas. Aunque tales derechos ya estaban garantizados por Naciones Unidas y la Constitución colombiana, la batalla más ardua ha consistido en hacer respetar estas garantías.

La ONU prohíbe el consumo y comercialización de la hoja de coca a nivel mundial dejando un espacio legal para el uso tradicional en territorios con evidencia histórica. Por su parte, la Constitución colombiana, a través de la Ley General de Cultura de 1997, garantiza a los pueblos indígenas el derecho a conservar, enriquecer y difundir su identidad y patrimonio cultural, entendiendo a la hoja de coca como tal.

 

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Empleados de Coca Nasa negocian con jornaleros para poder recoger la hoja de coca (CR)

 

Con este marco jurídico, Coca Nasa obtuvo en el año 2000 los registros sanitarios para poder sacar adelante su proyecto. No obstante, en enero de 2007 el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia (Inmiva) emitió una circular para que los productos derivados de la hoja de coca fueran retirados de la venta, alegando que solo se podían vender en territorio indígena, aunque posteriormente el intento de restricción fue declarado inconstitucional por el Consejo de Estado.

Justo en esa época se estaba por determinar el resultado de la demanda de Coca-Cola, que finalmente resultó favorable para los productores de Coca Sek. Y fue también en ese entonces que la institución de la ONU encargada del control de drogas (la JIFE) pidió al gobierno colombiano que ejerciera sus obligaciones en la lucha contra las drogas.

 

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Mujer "mambea" hoja de coca (Clara Roig)

 

“Después de la pelea legal con Coca-Cola empezó la persecución de Inmiva”, denuncia David Curtidor, marido de Fabiola Piñacué y abogado de la empresa. “Nos hemos desgastado en batallas legales”, añade. En efecto, los procesos judiciales han repercutido en la rentabilidad y productividad de la empresa. Coca Sek, uno de sus productos estrella, se dejó de producir por falta de fabricantes que quisieran envasar la bebida.

 

A por el consumo global

 

Aún así, Piñacué se siente orgullosa. Para ella la lucha legal va más allá de la viabilidad de su proyecto. “Es un servicio a la comunidad. Las sentencias que se han aprobado sirven para todos los pueblos indígenas de Colombia”, comenta. Desde que Coca Nasa empezó a reclamar, la Corte Suprema colombiana ha sido proactiva en hacer respetar el derecho al uso tradicional de la hoja de coca delante de jueces y fiscales que defienden que es ilegal. La retención es menor y hay la previsión de volver a producir Coca Sek.

 

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Fabiola Piñacué, fundadora de la empresa Coca Nasa (Clara Roig)

 

Coca Nasa tiene la esperanza de llegar a un público masivo. En Perú, un 14% de la población (unos tres millones y medio) consume hoja de coca al menos una vez al año, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei-Devida) del 2013. En Bolivia, un tercio de la población son consumidores regulares, de acuerdo con un estudio del gobierno financiado por la Unión Europea. Por su parte, Alfredo Menacho, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX) del Perú, ha analizado el mercado potencial de la hoja de coca y en el caso de que fuera legal exportarla, podría generar 40.000 millones de dólares al año.

Fabiola piensa que el cambio en la política de drogas se ha generado a través del consumo. Gracias a que cada vez hay más gente que compra su producto, tiene menos impedimentos para vender. Ahora ya no se pregunta cuanto vende, sino cuánto podría llegar a vender. Y los acuerdos de paz abren un nuevo horizonte de estabilidad en toda Colombia.

 

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Las hojas de coca se pasan por un molinillo para hacer la harina de coca (CR)

 

Publicado enColombia
8M: La huelga mundial de mujeres y el creciente movimiento contra Donald Trump

 

El martes, la Estatua de la Libertad quedó casi completamente a oscuras, un día después de que el presidente Donald Trump firmara su nueva orden ejecutiva contra el ingreso a Estados Unidos de refugiados y ciudadanos de seis países de mayoría musulmana, un decreto conocido como “Prohibición contra musulmanes 2.0”. El apagón pareció también un presagio de lo que ocurriría al día siguiente, el Día Internacional de la Mujer, que este año contó con la organización de la huelga “Un día sin mujeres”. La dama de la Libertad, que durante más de 130 años ha proclamado al mundo “Dadme vuestros seres pobres y cansados / Dadme esas masas ansiosas de ser libres”, desapareció, al menos por unas horas, del horizonte de la ciudad de Nueva York.

El Día Internacional de la Mujer se conmemora el 8 de marzo desde hace más de un siglo, pero el día de acción mundial de este año tuvo un valor agregado de urgencia. Un hombre que fue filmado mientras alardeaba de cometer acoso sexual terminó siendo el actual presidente de Estados Unidos.

En una grabación del programa “Access Hollywood” de 2005 que se hizo pública el pasado mes de octubre, Trump le dice a Billy Bush, ex presentador de la cadena NBC: “Ni siquiera espero. Y cuando eres una estrella, ellas te dejan hacerlo... Puedes hacer cualquier cosa. Agarrarlas por el chocho.” Billy Bush perdió su trabajo a causa del escándalo, pero Trump fue electo presidente pocas semanas después.

Al otro día de la asunción de mando de Trump, más de cuatro millones de personas participaron en manifestaciones en todo Estados Unidos, en lo que quizá sea la mayor protesta política en la historia estadounidense. La Marcha de las Mujeres en Washington, por ejemplo, congregó una cantidad de gente tres veces mayor que la multitud que asistió a la ceremonia de asunción de Trump el día anterior, lo que claramente enfureció al presidente.

Dos días después, Trump firmó una orden ejecutiva que impuso una “ley mordaza mundial” que prohíbe a Estados Unidos financiar a cualquier organización de salud que realice abortos o que incluso lo mencione como opción. Trump también está presionando a los legisladores para que aprueben el proyecto de ley republicano que tiene como objetivo derogar la Ley de Cuidado de la Salud a Bajo Precio, conocida como Obamacare. La ley dejaría sin fondos a la organización Planned Parenthood, que brinda anualmente una amplia gama de servicios de salud a más de dos millones y medio de mujeres estadounidenses. Solo el 3% de sus servicios están vinculados al aborto, y los fondos federales no financian los abortos.

Con manifestaciones en más de 50 países, la huelga de mujeres de este año es la más importante en la historia reciente. El sitio web de la organización señala: “El 8 de marzo será el comienzo de un nuevo movimiento feminista internacional que organice la resistencia no solamente contra Trump y sus políticas misóginas, sino contra las condiciones que dieron lugar a Trump; concretamente, décadas de desigualdad económica, violencia racial y sexual, y guerras imperiales en el exterior”.

Esta misma semana, un documento filtrado reveló que el Departamento de Seguridad Nacional está considerando una propuesta para separar a las madres refugiadas de sus hijos en caso de que sean capturados al cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

En un video realizado para dar difusión a la acción mundial del 8M, distintas personas declaran sus motivos para participar:

“Voy a hacer huelga el 8 de marzo porque creo que las mujeres deben tener libertad para tomar decisiones sobre sus propios cuerpos... Voy a hacer huelga el 8 de marzo... por la igualdad salarial y de oportunidades... porque el trabajo de las mujeres hace posible el resto de los trabajos... y porque ya es hora que comencemos a valorar el trabajo de la mujer. Voy a hacer huelga el 8 de marzo... porque quiero sentirme libre cuando salgo, no valiente... porque las mujeres importan”.

Al despuntar el alba en Washington DC, en el Día Internacional de la Mujer, Donald Trump tuiteó: “Tengo un enorme respeto hacia las mujeres y los numerosos papeles que desempeñan, que son vitales para la estructura de nuestra sociedad y nuestra economía”. Esto proviene de un hombre que ha sido acusado de asalto y acoso sexual por al menos 15 mujeres, la mitad de ellas durante su reciente campaña electoral.

Las mujeres del mundo, junto con los hombres que apoyan su lucha, juzgan a Trump por sus acciones, no por sus palabras. Están comprometidas, están enfurecidas y se están organizando para abordar cada tema. Entre los carteles de las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer había uno que decía: “Nada de mordaza, nada de prohibición, nada de muro”. Otro decía: “El lugar de la mujer es la revolución”. Todos los días, Trump afecta los pilares de los logros progresistas por los que tantas personas han luchado, han sido encarceladas e incluso han muerto a lo largo de más de un siglo. Pero la resistencia está creciendo y brinda esperanzas en esta era de oscuridad.

 

© 2017 Amy Goodman

 

Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

 

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