¿Cuántas clases medias caben en la clase media?

Es cada vez más común que todo lo que acontece políticamente se explique en torno a una creciente y omnipresente categoría, "la clase media". Este término monopoliza la mayoría de interpretaciones posibles a la hora de justificar los comportamientos sociológicos y políticos, y por supuesto, las preferencias electorales. Seguramente por comodidad y simpleza, da igual lo que suceda, porque todo tiene argumentativamente a la clase media como factor común.

En estos últimos años se han sucedido importantes fenómenos políticos aparentemente inesperados y novedosos en América Latina: la llegada de AMLO al gobierno de México con una amplia mayoría, la victoria electoral de Bolsonaro en Brasil, las protestas sociales en Chile y Colombia, también la imposibilidad de Lenín Moreno de dar estabilidad a Ecuador, el fin de Macri en Argentina a manos de la propuesta progresista de Alberto y Cristina, la derrota del Frente Amplio en Uruguay, y cómo no, el golpe de Estado en Bolivia. Estos hechos políticos y/o electorales han sido explicados recurrentemente y en gran medida por un mismo grupo económico y social, el de la clase media.

Si tanta capacidad explicativa tiene, lo pertinente sería comenzar por preguntarse qué es exactamente eso de la clase media. Para ello, debemos partir de dos premisas básicas, que de no considerarlas podríamos llegar a sesgar cualquier interpretación posterior.

  1. La clase media no es un bloque monolítico ni homogéneo.

Según la Cepal, el estrato medio aumentó de 136 millones a 250 millones de personas entre 2002 y 2017 en la región latinoamericana. Sin embargo, no todos esos millones de personas son idénticas. No lo son en su capacidad eco­nómica ni tampoco en su lógica ­aspiracional.

La mayoría de los organismos internacionales, en las últimas décadas, ya subclasificaron esta categoría tan amplia. A veces usan términos como el "media-baja" y "media-alta"; o incluso aparece una nueva categoría que es esa de casi clase media, bautizada por el Banco Mundial para denominar a quienes están justo un poco por encima del umbral de la pobreza, pero que son susceptibles de regresar en cualquier momento a ser pobres.

No obstante, esta desagregación tampoco es suficiente para captar la gran heterogeneidad existente dentro de estos 250 millones de personas que viven de manera muy diversa en Latinoamérica. En esa categoría hay dinámicas completamente contrapuestas. Por ejemplo, no es lo mismo aquella familia que luego de años llega a tener niveles (de educación, trabajo, salud, propiedad, ingresos) de clase media que otra que estuvo siempre en ese nivel. Como diría Álvaro García Linera, no tiene nada que ver la clase media de origen popular en Bolivia –que, según encuesta Celag es con la que se autopercibe un tercio de la población– con la clase media tradicional (que es media no por densidad sino porque se encontraba en medio de una clase baja multitudinaria y otra clase, alta y muy reducida). Tampoco tendría ningún sentido equiparar la clase media recién llegada con aquella que fue alta, pero que acabó siendo clase media por múltiples razones económicas, sociales o políticas.

Es por ello imposible tratar por igual a un grupo tan diverso en su capacidad económica, en sus niveles educativos, en sus hábitos culturales, y más aún si queremos hacerlo en relación con su lógica aspiracional. Si bien hay un "comportamiento imitador" de aquella ciudadanía que asciende y mejora, no es verdad que las aspiraciones sean las mismas con aquella otra porción de la clase media que desea ser alta; o con aquella otra que tiene tradición histórica de pertenecer a ese grupo social, con usos y costumbres arraigados, sólidos, que hacen que la subjetividad se diferencie de los ciudadanos que aún están en esa fase de movilidad social y siempre con una sensación más bien de tránsito, del "querer llegar a ser".

  1. La segunda premisa es que la clase media no puede ser un concepto ­importado.

No se puede trasladar ahistóricamente la concepción de clase media eu­ropea a Ecuador, ni la de Argentina a Bolivia, ni la mexicana a Chile. Cualquier "epistemicidio", como diría Boaventura De Sousa, para sustituir una episteme externa por la propia suele hacer mucho daño en cualquier análisis. Con la clase media esto es lo que sucede constantemente. Es frecuente presuponer que los comportamientos de la clase media son similares en todas partes, como si no hubiera historia específica de cada país y, mucho peor, como si la distribución del ingreso fuera la misma en cada lugar. Por ejemplo, no podemos comparar de ninguna manera aquella distribución en un país cuya clase media es multitudinaria con aquel otro en que su clase media es una pequeña porción entre dos jorobas: una gigante conformada por la clase baja y la otra, la clase alta, muy reducida. La subjetividad de una u otra de ningún modo podría ser la misma. Existe siempre un "relativismo" en la construcción de la subjetividad de esa clase media basado en cómo te observas en relación con el otro, con los de abajo y con los de arriba. Incluso, estadísticamente, la misma clase media identificada con indicadores "objetivos", como el ingreso o consumo, también tiene un componente relativista que es determinante.

Por tanto, por una u otra razón, es necesario que cuando hagamos referencia al desafío de sintonizar con la clase media entendamos que no hay una única clase media, sino que son muchas las variedades dentro de ese gran grupo tan complejo. Hay clase media que recién llega y que, además, lo hace por muy diferentes vías; hay clase media de toda la vida; clase media que es más alta que media; clase media que siempre está en riesgo de dejar de serlo. Hay clase media en lo económico que a su vez es distinta según su capacidad económica sea con base en ingresos, herencia, consumo o endeudamiento. Pero no todos los matices diferenciadores proceden de lo económico, porque también hay clase media en lo cultural, en lo simbólico, en el poder político, y sin descuidar tampoco el componente país o, a veces, el regional. La clase media guayaquileña tampoco es la misma que la quiteña; ni la boliviana del El Alto a la de Santa Cruz. En definitiva, ante tanta variedad de "clases medias", habrá que considerar multiplicidad de lógicas aspiracionales y sentidos comunes.

Por ello debemos "cuidar" el modo de querer atraerla e incorporarla al proyecto político progresista, porque no siempre existe una única manera de hacerlo. Se requiere mucho más bisturí que brocha gruesa. Es más, resulta imprescindible comenzar a analizar e identificar las disputas y tensiones que se dan dentro de este gran grupo social, porque seguramente de ello dependerá buena parte de la sostenibilidad de una propuesta política. Sería un gran error confundirse de objetivo, porque seguramente satisfacer a una clase media es mucho más fácil que a todas las clases medias que caben en ella.

Por Alfredo Serrano Mancilla, director Celag

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Manifestantes en las escaleras de la mezquita Mohammed Al Amin, en la Plaza de los Mártires de Beirut, en las protestas a favor de la dimisión en bloque del gobierno de Hariri y por la formación de un Gobierno de tecnócratas independientes. Joan Cabasés Vega

El descontento con la formación de un ejecutivo al que muchos consideran atado a los partidos tradicionales e incapaz de solucionar las crisis del país saca a la calle a decenas de miles de libaneses mientras las protestas suben de tono y acumulan heridos.

El Líbano tiene nuevo gobierno y al primer ministro que lo lidera, Diab Hassan, le ha faltado tiempo para intentar acercar posiciones con los manifestantes que llevan meses pidiendo cambios estructurales. Hassan asegura que su gabinete representa las aspiraciones de los manifestantes y avanza que él y el resto de ministros trabajarán para cumplir con las demandas expresadas en la calle, como redactar una nueva ley electoral, garantizar la independencia judicial o recuperar los fondos públicos saqueados por la clase política. Pero el saludo que Diab Hassan mandó expresamente a los que están secundando las revueltas no le ha sido devuelto.

“¿Cómo se supone que debemos dar apoyo a este gobierno? Nos dicen que les demos una oportunidad, ¡pero es que ya han empezado mal!”. Aline, trabajadora de unos 50 años de edad, está plantada enfrente del cordón policial que protege el parlamento libanés, en Beirut. Llueve y no lleva paraguas, pero dice que no se moverá de la protesta. Y añade: “¿Has visto cómo se han repartido los ministerios entre ellos? Dos para tí, tres para mí... ¡Es lo mismo de siempre!”.

Aline y muchos otros en el Líbano desaprueban el nuevo Gobierno, al que consideran “una falta de respeto hacia nosotros y hacia nuestras demandas”. Desde el pasado 17 de octubre, el mayor consenso de las protestas ha sido deshacerse de la clase política que lleva décadas ocupando el poder y reemplazarla por un gabinete de especialistas independientes. Según los manifestantes, un ejecutivo formado por expertos a los que se elija por su conocimiento y no por su afiliación a los partidos tradicionales podría mejorar el futuro y reparar el pasado: acercaría el país a las políticas públicas necesarias para superar la grave crisis en la que se encuentra, y tendría la capacidad de rendir cuentas con los antiguos hombres de la guerra, en el poder desde el final de la guerra civil en 1990 y a quienes la mayoría responsabiliza del mal momento por el que pasa el país. Se les acusa de ineptos y de corruptos hasta el punto de haber dejado el Líbano en la bancarrota.


Hassan Diab, el nuevo primer ministro de un equipo que pone fin a tres meses de gobierno en funciones, asegura que el reclamado gabinete de expertos independientes es ya una realidad: “Este es un gobierno que no aspira a participar de tratos de favores y que no se verá afectado por la lucha política de los partidos”. Muchos se preguntan, sin embargo, hasta dónde puede llegar la libertad de movimientos de unos ministros que han sido elegidos a dedo por los partidos tradicionales.

Durante las negociaciones para formar gobierno, los seis partidos que han dado apoyo a la candidatura de Hassan Diab se repartieron la nominación de ministros para el nuevo ejecutivo. Las formaciones eligieron directamente a sus candidatos y ahora hay dudas de que estos puedan ejercer su función de forma independiente, anteponiendo los intereses de la nación a los de sus avaladores. Declaraciones como las del nuevo ministro de Obras Públicas, Michel Najjar, refuerzan esos temores: sus primeras palabras tras asumir el cargo las dedicó a Sleiman Frangieh, su avalador, antiguo líder militar durante la guerra civil y actual cabeza del partido derechista y cristiano Marada, agradeciéndole que lo hubiera nominado durante las negociaciones.

Los manifestantes pedían un gobierno con caras nuevas, y en cierta manera las han tenido. Pero que vengan patrocinadas por la misma clase política a la que se le pide que se vaya, hace temer que trabajen con las manos atadas y que no tengan la habilidad de rendir cuentas con los que habrían saqueado el estado durante 30 años.

Un gobierno con poca esperanza de vida

Puede que los ministros del Gobierno de Hassan Diab no tengan la posibilidad de actuar libremente —hay quien los define como empleados de los partidos tradicionales—, pero este nuevo ejecutivo tiene otras características que de buen comienzo le hacen prever un camino inestable. Muchos ven su mayor escollo en su composición: las seis formaciones que han acordado impulsar este Gobierno —y que han nominado a los supuestos ministros independientes— son parte de un único lado del dividido espectro político libanés. Es la vertiente liderada por Hezbolá, grupo político y militar de confesión musulmán chií, en alianza con otras formaciones, tanto chiíes como de otras confesiones.

Al Gobierno anterior, que pasó a estar en funciones cuando el 29 de octubre su primer ministro Saad Hariri renunció ante las primeras semanas de protestas, se le conocía como un gobierno de unidad. Contaba con representación de Hezbolá y de sus aliados, que de hecho llevaban la voz cantante del ejecutivo, pero también de formaciones que ahora han quedado fuera y que pertenecen a la otra gran alianza. Con la exclusión de partidos como el Movimiento Futuro o el Partido Socialista del Progreso, el nuevo Gobierno de Hassan corre el riesgo de perder apoyos tanto dentro como fuera del país. Internamente, muchos ciudadanos de confesión musulmana sunní y drusa pueden dejar de respaldar un Gobierno en el que ya no participan los partidos con los que se sienten identificados. De puertas afuera, el Líbano puede perder conexión con Occidente y Arabia Saudí, zonas hacia donde proyectan su influencia algunos partidos salientes.


Este puede ser un hecho determinante en un momento en el que las autoridades libanesas reclaman una inyección extranjera de varios miles de millones de dolares para que el país tire para adelante. Con la tensión entre Estados Unidos e Irán todavía en un punto alto, se percibe difícil que Washington se anime a colaborar con un gobierno liderado —hoy todavía más que antes— por Hezbolá, grupo político inspirado en Teheran.

De todos modos, muchos manifestantes se niegan a pedir ayuda a donantes internacionales. “¿Ahora queréis traer dinero de fuera después de habérnoslo robado?”, decía un hombre de unos 40 años en unas protestas recientes. “No queremos dinero extranjero, ¡queremos que nos devuelvan el nuestro!”. A finales del mes de diciembre saltó una noticia que no ayudó a calmar los ánimos: el poder judicial libanés iniciaba una investigación para comprobar si es cierta una supuesta transferencia por valor de dos mil millones de dólares a una cuenta suiza. La notificó un funcionario suizo asegurando que iba a cargo de “nueve políticos libaneses”. De confirmarse el movimiento, el capital transferido sería la mitad de los cuatro mil millones de dólares que el nuevo Gobierno libanés pide hoy a la comunidad internacional para financiar la compra de trigo, combustible y medicamentos.

La economía del Líbano, mientras tanto, va en caída libre: en los últimos meses, la lira libanesa ha perdido un 40% de su valor en relación al dólar y los trabajadores del sector privado han dejado de percibir alrededor de la mitad de su salario. Los bancos aplican control de capitales —se pueden extraer 300 dólares semanales como máximo— y el Banco Mundial advierte que de seguir así las cosas, la cantidad de libaneses que viven por debajo del umbral de la pobreza podría escalar del 30% al 50%.

Y un dato más: según la Base de Datos de la Desigualdad Mundial, el 0,1% de ciudadanos libaneses tiene el mismo dinero que la mitad más pobre del país.

Las protestas suben el tono

El sábado 25 de enero, las fuerzas de seguridad y el ejército se desplegaron ampliamente y volvieron a disparar gases lacrimógenos y cañones de agua contra manifestantes para dispersarlos tanto en el centro como también en otros puntos de Beirut. En su cuenta de Twitter, y ante la presencia de algunos disturbios, la policía libanesa advirtió que “los manifestantes pacíficos” debían abandonar la zona donde se celebraba la concentración “por su seguridad”, para más tarde anunciar que cualquier persona que permaneciera en el lugar sería arrestada.

La tensión alrededor del nuevo Gobierno llega justo después de lo que podría ser un punto de inflexión en las calles. En el pasado fin de semana se dieron las escenas de más violencia desde que las manifestaciones empezaron hace tres meses. La policía disparó gases lacrimógenos y balas de goma directamente contra manifestantes, mientras que muchos de estos asistían a las protestas con piedras y palos. El domingo terminó con más de 400 personas heridas y organizaciones como Amnistía Internacional documentaron “diversas violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad: uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, torturas y otro tipo de maltratos”. Entre las personas heridas hubo asfixias y extremidades rotas y al menos dos personas perdieron la visión en un ojo.

Los periodistas también denunciaron. Durante esos mismos días anteriores al anuncio del nuevo Gobierno, organizaciones de defensa de la libertad de prensa, como Samir Kassir Eyes o el Comité de Protección de Periodistas, registraron una veintena de ataques contra periodistas y fotógrafos que estaban cubriendo las protestas. La entonces ministra de Interior en funciones del anterior ejecutivo, Raya El Hassan, aseguró que no había dado ordenes de atacar a los manifestantes ni a la prensa y que tampoco sabía quién lo había hecho. Tal cosa preocupa a los sindicatos periodísticos, ya que aseguran que “refuerza el temor relacionado con la ausencia de atribución de responsabilidades en un país en el que la impunidad de los perpetradores de crímenes contra periodistas es la norma”.

Los que se manifiestan tampoco comparten una misma visión y eso podría complicar las cosas. Algunos dicen que no dejarán de protestar hasta que el Líbano sea un estado civil; otros están descontentos con la banca porque la acusan de aplicar el control de capitales para aumentar la tensión contra Hezbolá y sus aliados; hay quien está disconforme porque su partido ha quedado fuera del nuevo Gobierno y aún hay diversas sensibilidades más.

Lo dice el analista Heiko Wimmen en su publicación en Crisis Group: “Que unas fuerzas de seguridad cabreadas y con un sueldo a la baja tengan que controlar multitudes de ciudadanos cabreados y con un sueldo también a la baja —especialmente después de los recientes enfrentamientos que han encendido el resentimiento mutuo— es una receta para el desastre”.

Por Joan Cabasés Vega

2020-01-27 10:09

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Griselda Domingo en una imagen tomada en 2019 OLIVER DE ROS

Griselda Domingo, mujer indígena mam de 22 años, enfrenta su tercera deportación a uno de los municipios de Guatemala con mayor número de retornados en 2017 y 2018

En San Juan Atitán, que ocupa el segundo lugar en desnutrición crónica del país, el regreso forzado de EEUU es motivo de burla

Elsa Cabria/ Ximena Villagrán/ Oliver de Ros / Alberto Arce- El Intercambio

15/01/2020 - 21:39h

Estados Unidos vs. Griselda Domingo-Godínez

El abogado argumenta sin mucho éxito que su defendida ya aprendió la lección. Esgrime que lleva detenida cuatro meses. Un castigo demasiado largo por cruzar sin permiso una frontera. El magistrado interrumpe al abogado y pregunta:

—Señorita Domingo, con respecto a este caso, ¿desea decir algo? 

—Me puedes hacer el favor de que me permitas regresar con mi familia y que mi familia está sufriendo por mí, está preocupado por mí. Te lo prometo, ya no voy a volver otra vez a este país. —responde la acusada en español, aunque su idioma materno es el indígena mam.

Sirvió de poco. La ley es clara. El 13 de noviembre, en El Paso, Texas, y tras un juicio que duró dos minutos y 57 segundos, Griselda Domingo, una guatemalteca de 22 años, fue condenada a ocho meses de prisión por reingreso ilegal en Estados Unidos. Cuando salga, será deportada a su país. Por tercera vez.

En Estados Unidos, donde vivieron su padre y su tío y donde residen tres de sus seis hermanos, Griselda nunca ha vivido fuera de una prisión. Cuando la liberen, la enviarán a Guatemala. Y es probable que una vez allí, haga lo mismo que la última vez que la detuvieron y deportaron, en febrero de 2019. Llamará a Juana, su madre, pedirá dinero prestado y se subirá a un bus que tras siete horas de ruta la dejará en Huehuetenango, cabecera del departamento del mismo nombre. Allí la recogerá Marcos Domingo, su padre y, ya juntos, viajarán otra hora y media hasta su pueblo, San Juan Atitán, uno de los municipios con la tasa de retornados más alta de Guatemala.

Cuando un sanjuanero llega a Estados Unidos, la familia en el pueblo lo celebra con un almuerzo, sin el festejado presente. Cuando es deportado, nadie festeja nada. Cuando la persona deportada es mujer, joven, soltera y sin hijos y se trata, además, de su tercera deportación, un sistema entero comienza a resquebrajarse. Porque en San Juan Atitán la migración, el trabajo - la vida- es algo que deciden los hombres.

Detrás de la vocación migratoria

San Juan Atitán es sinónimo de vocación migratoria, según el gobierno de Guatemala. Fue uno de los 51 municipios elegidos en 2017 para intentar evitar la huida de guatemaltecos a Estados Unidos. El esfuerzo formaba parte del penúltimo plan para frenar la llegada de centroamericanos al norte diseñado por el gobierno de Estados Unidos con el nombre Plan Alianza para la Prosperidad para el Triángulo Norte (PAPTN). Fue un fracaso. No dio prosperidad a San Juan. El gobierno guatemalteco no aumentó su inversión en el municipio. Y aunque logró acertar en el diagnóstico, -la pobreza y la desnutrición crónica expulsan a la gente-, el Plan no hizo nada para cambiar la realidad de sus habitantes.

A 2.500 metros de altura, San Juan Atitán es un lugar de cuerpos fucsias y rojos, los colores de su traje tradicional. Y es un pueblo expulsor, sobre todo de hombres. Al calor de la mañana, un grupo de cinco deportados pasa las horas en la plaza del pueblo. Bajo sus sombreros de paja, tejen bolsas de lana, sentados en una banca. Es parte de su trabajo sin remuneración como guardabosques. Vigilan el pueblo y el bosque de pinos y encinos que abriga San Juan. Ante la presencia de mujeres se incomodan y callan.

Pasan las horas y al atardecer el paisaje humano de la plaza de pueblo es aún más masculino. En San Juan Atitán, las mujeres, silenciosas, caminan directas de un punto a otro. Salvo en día de compras y mercado, no se detienen en las calles. El movimiento masculino, demasiadas veces lleva sello. Es fácil ver a un hombre tambaleándose, o tirado en la calle en las cuestas de San Juan. Existe una relación causa-efecto entre desempleo, pobreza, migración, deportación y abuso de alcohol. "El factor alcoholismo es muy fuerte en San Juan, los hombres no aceptan que tienen problemas", explica Olga Morales, directora del centro de salud del municipio.

Pero el alcoholismo no es el único problema al que se enfrenta la doctora Morales. La falta de empleo local provoca que familias completas viajen al menos cinco meses para recolectar en las grandes fincas. Ganan poco. Cinco dólares por 100 kilos de café recogidos. Los niños no comen bien en las fincas y se enferman. San Juan ocupa el segundo puesto a nivel nacional en desnutrición crónica infantil. Y esa es la gran preocupación de la doctora Morales. Porque ni el dinero de las remesas hace que las familias mejoren su dieta. Y hay muchos niños.

En un pueblo de 16.365 habitantes, se registra una media de 650 nacimientos anuales, una de cada 15 mujeres del pueblo da a luz cada año. Aunque los métodos anticonceptivos son gratuitos en el centro de salud, para planificar, las mujeres tienen que preguntar a sus esposos. También para llevar a sus hijos al hospital de Huehuetenango, aunque sea una emergencia, tienen que localizar a sus parejas. Si ellos son inmigrantes en EEUU, los llaman por teléfono.

Es un pueblo de hombres comerciantes que venden en los mercados. De mujeres que son por tradición artesanas. Todas son costureras del traje tradicional sin salario, los cosen para sus padres o maridos. Hay poco empleo fijo: como maestro, en el banco, en la cooperativa de ahorro. Y en la Municipalidad, pero conseguirlo depende de la relación con el alcalde de turno. La educación formal brilla por su ausencia. La mayoría no pasa de sexto de primaria y las mujeres no suelen estudiar por decisión de sus padres. Sin trabajo remunerado, sin estudios, con niños a su cargo y parejas o padres deportados, cobra sentido que cada vez se vayan más mujeres al norte. No es posible calcular cuántas mujeres expulsa San Juan porque la mayoría de la gente migra sin avisar y sin pasar por un puesto fronterizo. Pero cada vez son más. Entre 2017 y 2018, la cantidad de mujeres deportadas a Huehuetenango - el departamento de San Juan Atitán - aumentó un 49%.

Las mujeres se van. Como se fue tres veces Griselda Domingo. Entenderlo no es fácil. El desconocimiento del idioma indígena mam es un impedimento para hablar con la gente. Sobre todo, con las mujeres del pueblo.

En una estrecha oficina de la Municipalidad, 20 hombres conversan en su idioma. Representan a las aldeas y caseríos de San Juan Atitán, son los alcaldes auxiliares. Discuten sobre quién hablará con nosotros sobre las consecuencias de ser deportado. Tras una hora, la autoridad indígena designa a un hombre orondo, de ojos redondos y rojizos que se quita el sombrero y saluda amable. Se llama Marcos Domingo. Es el padre de Griselda, pero tardaremos unas horas en descubrir a su hija. El padre nos invita a su comunidad, Sacchilaj.

En una ladera se asienta una pequeña casa de concreto que Marcos Domingo jamás pintó. La pagó con el dinero que reunió en los cinco años que logró trabajar como jardinero en Estados Unidos antes de ser deportado. Tiene tres dormitorios, una cocina en la que no entra, y una pequeña parcela para cultivar frijol. Debajo de la casa, está su antigua vivienda de madera. El recuerdo de una vida aún más pobre. Más pequeña. Llena de trastes. Cerrada. Siete de sus ocho hermanos viven en Estados Unidos.

Cuando vivía en Estados Unidos, Marcos pagó el viaje a sus tres hijos mayores. Hoy están casados, con residencia legal y han construido grandes casas en su aldea por si deciden regresar. Las muestra orgulloso. Ninguna está amueblada, pero revelan el poderío que un trabajo en San Juan nunca les habría permitido.

La de Rodrigo, su hijo mayor, marca el estilo de las demás. Tiene tres plantas, un lobo, una bandera estadounidense pintada en el exterior y una bañera. Rodrigo es, además, el artífice de los viajes de Griselda. Llegó a los diez años a Estados Unidos, trabaja como cocinero en un restaurante mexicano y Griselda lo considera su segundo padre. Los viajes de Griselda contaron también con el apoyo de un familiar cercano que es coyote y la llevó hasta México. Y el dinero y el apoyo moral de su padre.

La imprecisión de una pregunta cambia la respuesta. Cuando le preguntamos al papá si tiene hijos deportados, responde que no. Es la risueña Eluvia, la hija menor de 19 años, quien revela en la cocina que el matiz es el género de la pregunta. Deportado es distinto que deportada. Un hijo varón se dice x’in. Una hija se dice x’uj. Y en ese momento, entran por la puerta los ojos más tristes de la casa. Cafés, grandes, de lágrima fronteriza. En el marco de la puerta de la casa, Griselda sonríe un poco. Acaba de ser deportada por segunda vez. Apenas hace dos semanas. Tan reciente que su boca aún mantiene ángulo cóncavo.

Es Eluvia, la más pequeña de los hijos de Marcos Domingo, quien explica lo más importante de esta historia. Supone un cambio de paradigma. Es la actitud de una mujer llamada Griselda que se empoderó con la sola voluntad de moverse. "Ella lo decidió, quería trabajar, no quería casarse, porque los hombres acá son machistas, a ella no le gusta que alguien la engañe o la lastime, para que nadie le diga que es mantenida", dice la única persona de la familia con título de bachillerato.

—¿Qué te dijo tu mamá cuando regresaste acá [a San Juan]?

—Pues mi mamá me dijo: 'No llores'. Porque cuando yo llegué aquí estoy llorando y llorando y yo pienso para matarme. Sí, porque bastante es mi deuda, porque muchas gentes se burlaron de mí cuando yo regreso otra vez aquí, por eso pienso yo para matarme y mi mamá me dijo: 'No, no piense eso'.

En el pueblo de los deportados, regresar es soportar la costumbre de la burla colectiva. Una humillación extraña, vista desde fuera, porque en todas las familias hay migrantes y deportados. También sucede en pueblos cercanos. Y, probablemente, en muchos países cuyos gobiernos defienden que sus ciudadanos tienen vocación migrante. El éxito o el fracaso del viaje a Estados Unidos define cómo serán tratados a su regreso. Griselda lo intentó dos veces en 2018 y una en 2019. Por la última, está presa. Para cuando cumpla su condena, la vida de Griselda Domingo en Guatemala será una deuda con su padre. Y él tendrá otra deuda con un prestamista, por las tres veces que su hija no logró su propósito de no depender de un hombre.

La postal del hambre

El niño de dos años está tan desnutrido que ni llora. Parece un bebé porque no camina. Su madre está sentada en el suelo. Ante su casa de barro y madera, mira incómoda a su alrededor. El padre, callado, observa a la defensiva. Tiene los ojos rojos. Como muchos hombres entrevistados. Los otros tres niños se ponen a jugar. En esta casa todo el mundo está tenso. La visita les resulta violenta. Viven en la aldea Tuispichon, a una hora por camino de tierra del centro de San Juan. Es un paraíso natural y una postal del hambre.

Los visita una comitiva encabezada por la doctora Morales, para contar el trabajo contra la desnutrición del gobierno. Todos de pie, menos la familia. Las preguntas están preparadas. Las respuestas de la madre en idioma mam son preocupantes. Pero solo la doctora y una trabajadora municipal lo manifiestan fuera de cámara. Son tan pobres que ni frijol o maíz comen, solo hierbas. La doctora atiende al niño desde hace meses, pero no mejora.

La aguda desnutrición infantil de San Juan Atitán fue otra de las razones por las que el pueblo resultó seleccionado por el Programa Nacional de Competitividad (Pronacom) del Ministerio de Finanzas como uno de los municipios migrantes necesitados de políticas e inversiones dentro del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, PAPTN.

No es posible verificar si el gobierno estadounidense aumentó fondos para sus muchos programas en la zona. Lo que es seguro es que aquí, en el lugar elegido por el gobierno para lanzar en 2012 el Pacto Hambre Cero con apoyo del Departamento de Estado de EE.UU, se registra el segundo mayor índice de desnutrición del país. 9 de cada 10 niños están desnutridos. Tienen su futuro hipotecado sin remisión. Eso no significó que su municipalidad recibiera fondos extra durante los tres años que duró el PAPTN. Aquí, el mayor orgullo de los funcionarios locales es haber bajado del primer al segundo puesto en el hambre infantil.

Las familias cultivan maíz criollo y comen el grano importado que compran en la frontera con México, porque la diferencia de precio les permite tener 3 dólares en efectivo. Para reducir el hambre, las dos empleadas que trabajan en la oficina del Ministerio de Agricultura (Maga) muestran a algunas vecinas una cartulina arrugada llena de fotos de un hongo. Se llama hongo ostra. Les explican que solo tienen que meter las semillas en los olotes (el centro sobrante del maíz) y que no necesitan tierra para hacerlo. Después de cincuenta días de espera aparece el producto.

El objetivo es que las familias tengan mayores ingresos y mejor alimentación. Pero el proyecto del hongo no termina de cuajar. Han capacitado a 21 grupos, en su mayoría de mujeres. Pero solo tres familias se han sumado al experimento. Ninguna de las dos funcionarias encargadas del proyecto es de San Juan. Dicen que las mujeres optan por quedarse calladas, pero no sienten que sea por machismo. Ellas lo niegan, pero el plan de desarrollo municipal, elaborado por el Concejo Municipal de Desarrollo y la Secretaría de Planificación de la Presidencia (Segeplan), incluye el "dominio machista" como parte de la identidad y cultura del lugar.

En 2018, los maestros del pueblo llevaron por primera vez Incaparina, un suplemento alimenticio de harina de maíz y soya, a las aulas, con respaldo de varios ministerios. Ese mismo año, a mediados de noviembre llegó hasta San Juan Atitán Luis Arreaga, el embajador de Estados Unidos en Guatemala. Visitó al consejo indígena por ser un municipio parte del PAPTN. La visita la recuerda el alcalde, Lorenzo Martín, en su despacho de la alcaldía. Vestido con su traje indígena, dice que el embajador le preguntó por la desnutrición y por la migración. Él le explicó que hay tierras infértiles y que el agua no alcanza para la siembra. "Dijeron que van a trabajar más con la artesanía de las mujeres, en el mercado, para comercializar el traje típico", explica este regidor que, a diferencia de los tres concejales que le acompañan en la plática, nunca migró. Ni el PAPTN ni el desarrollo del sector textil llegaron. El plan del embajador de Estados Unidos en Guatemala falló.

El laborioso trabajo de tejer los trajes de la comunidad es cosa de mujeres. Aunque el consejo indígena de alcaldes auxiliares no parece muy consciente del valor económico de ese trabajo. Mujeres de otros pueblos ya están llegando a San Juan a venderles hilo a un precio mayor y algunas sanjuaneras empezaron a hacer prendas tradicionales para que las vendan otras pequeñas empresarias de Santiago Chimaltenango, un municipio vecino. Mientras, como hacía Griselda Domingo cuando la conocimos en marzo de 2019, las mujeres de la familia Domingo continúan con la tradición gratuita de tejerle el traje al padre.

En teoría, Guatemala diseñó su parte del PAPTN para contentar al gobierno de Barack Obama (y luego de Donald Trump). Y fue más específico, sobre todo en comparación con Honduras. Pronacom definió un enfoque económico para detener la migración. Y organizó reuniones con líderes locales de los 51 municipios priorizados para entender las necesidades locales. Pero en la práctica, la inversión fue nula.

Gabriela Pérez, asesora del PAPTN para el Gobierno de Guatemala, confirmó que solo etiquetaron proyectos preexistentes en los presupuestos de gobierno, bajo las siglas del PAPTN. Al final de 2019, la idea de prosperidad quedó relegada, México aceptó convertirse en la frontera sur de EEUU y Guatemala pasó a ser país receptor de solicitantes de asilo. Aún cuando casi la mitad del país vive en pobreza y fue el país más migrante del norte de Centroamérica entre 2018 y 2019. Los años en los que Griselda se fue tres veces de San Juan Atitán.

Ahora hay un nuevo plan en diseño. Se llama 'América crece'. Otro plan más. Pero si algo crece en esta parte de América es la fijación con irse, cueste lo que cueste. La gente se va de la región porque no espera nada de sus gobiernos. Porque la población es muy consciente de que el quetzal vale menos que el dólar.

La madre de Griselda se llama Juana. De ella heredó su sonrisa tímida y su habilidad para tejer. Juana, la silenciosa mujer que vio partir a un marido y cuatro hijos en los últimos veinte años, no habla español. Aunque le pedimos que se siente con nosotros y su esposo a almorzar la comida que ella ha preparado, almuerza con sus hijas en la cocina. Pero para Griselda, Juana es una persona tan importante como lo es su hermano mayor, Rodrigo, el que vive en Estados Unidos.

A Juana le confía cómo se siente, qué le preocupa. Deuda, así se llama la obsesión actual de Griselda Domingo. Una fijación lógica si un banco jamás le va a prestar dinero para migrar. Si su padre empeñó tierras que compró con su trabajo en Estados Unidos, y debe dinero a un prestamista. La mujer que nunca ganó más de cuatro dólares diarios por cortar café en fincas, arruga el rostro redondo que heredó de su padre Marcos, mientras repite la palabra deuda dieciocho veces a lo largo de la conversación.

—¿Tu mamá prefiere que te quedes acá con ella?

—Mi mamá [rompe en llanto] está llorando y llorando cuando yo llegué aquí. 'Ya no vas a intentar otra vez', me dijo. Sí voy a intentar otra vez, le dije, que bastante es mi deuda. Y me dice mi mamá: 'Está bueno' [se le corta la voz] para pagar mi deuda.

Griselda habla de cien mil quetzales, de miles y miles, no concreta. Se agobia, se frustra. Tiene una deuda con su padre. Pero esta es la segunda vez. Se vuelve a ir un mes después. Para cuando regrese deportada la tercera, la ansiedad de Griselda será mayúscula. Aunque le cambiemos el tema de la conversación, le cuesta un mundo responder.

—¿Qué te gusta hacer para que el tiempo acá sea más agradable?

—Pues no sé… No sé porque aquí no hay un día siempre feliz, aquí no. Siempre estoy triste triste y, cada día, siempre estoy triste y triste. A veces, mi mamá está platicando, está escribiendo, pero yo no puedo reír. Siempre estoy triste triste, sí.

Griselda siempre está triste. Y la microeconomía de San Juan explica por qué. Además del comercio y la artesanía incipiente de ropa, hay dos profesiones comunes que ilustran la imposibilidad de quedarse sin padecer necesidades: la de prestamista y la de coyote.

No logramos conocer a una persona que preste dinero. Pero un coyote, familiar de los Domingo nos habla. No admite su profesión, dice que es agricultor deportado y que su reloj de oro es un regalo. Pero afuera de su casa tiene una camioneta roja nueva y deslumbrante, toda la familia nos confirma a qué se dedica, tiene un collar con una AK-47 y admite que ayudó a Griselda a llegar al norte de México. Solo elude la palabra explícita. Aunque en Guatemala existe una ley que criminaliza a los coyotes, esa profesión en San Juan es vista como un trabajo con buena intención, porque al final ayuda a mucha gente a llegar a Estados Unidos. Aunque sea por dinero.

No hay muchas alternativas para la independencia económica de las mujeres de San Juan Atitlán. Pero en la calle principal, trabaja la personificación de la autonomía. Zoyla Marina Martí es la dueña de uno de los comedores y de una sonrisa reluciente. Junto a su nuera, que atiende el otro comedor, es una de las escasas empresarias locales.

Zoyla es serena, de frases cortas, viuda. Vive hace 18 años en el pueblo, pero es oriunda de Santiago Chimaltenango, a 40 minutos de distancia. Los kilómetros suficientes para que su traje y peinado sean distintos a los de las sanjuaneras. Zoyla no habla español, pero traduce Carmen, su hija menor, que es bilingüe porque estudió en Ciudad de Guatemala. Para llegar a tener su negocio, la madre consiguió trabajo como cocinera en el comedor de un sobrino y luego pidió un préstamo a un familiar. "[Montar un negocio], no se le dificultó por ser mujer, porque ella siempre se dio su lugar", dice Carmen tras escuchar a su mamá. En el comedor, este día de principios de marzo, solo hay hombres. El color rojo de la trenza de Zoyla luce entre la paredes rosas del silencioso local. 

Carmen es muy parecida a su madre, pero con gafas. En la capital, gracias a que unas monjas la acogieron, pudo graduarse como maestra. Regresó a su pueblo hace un año, con su marido, para poner una tienda y ayudar a Zoyla. "Hay hombres que vienen [al comedor] y nos empiezan a molestar. Y nos dicen: si no quieres que te moleste, ¿por qué estás trabajando de esto?". Pero ambas advierten: no es solo San Juan. Dicen que en Santiago Chimaltenango, el pueblo vecino, se reproducen patrones: el del machismo, el del festejo para los que llegan a Estados Unidos y el de la burla a los deportados.

El juego de la verdad

Les proponemos un juego. Tienen que levantar la mano cada vez que su respuesta a nuestra pregunta sea sí. Es fácil. Los 28 alumnos de tercero básico de la escuela de San Juan Atitán se sientan en sus pupitres y escuchan atentos. Antes hemos hecho el mismo ejercicio en las otras dos clases de esta escuela rural, dividida en dos módulos, cuya vista desde lo alto del pueblo hacia la Sierra de los Cuchumatanes es privilegiada.

13 tienen a un familiar en EEUU. Diez tienen a su papá deportado. Cuatro tienen padres que, tras su deportación, volvieron a intentarlo. 14 tienen un hermano en EEUU. Ninguno tiene a su madre en EEUU. 16 creen que conseguirán trabajo en San Juan. 12 quieren irse a EEUU.

El 31 de diciembre de 2018, un alumno de segundo básico le dijo al director de la escuela: Ahí nos vemos. El director le pidió que terminara tercero básico al menos. No puedo, respondió el estudiante. Su padre estaba endeudado. Iba a irse con él porque -hasta el endurecimiento de la política migratoria de Trump- pasar con un menor de edad era más sencillo.

"Cada persona busca dónde sentirse mejor. Yo, por ejemplo, me siento mejor acá", dice Francisco Carrillo, director y profesor de la escuela. Él, como el actual alcalde, nunca intentó irse a EEUU, nunca quiso irse. Cuando los alumnos terminan tercero es cuando se nota el nivel de abandono escolar. "Qué quieren ser", dice que les pregunta a los escolares. "Quieren ser médicos, abogados, profesores, pero en Guatemala no hay fuente de trabajo", se responde sentado en un aula de cómputo cuyas computadoras, cubiertas por una tela típica, fueron una donación.

—Griselda, no pasaste de sexto de primaria, ¿por qué no te gustaba estudiar?

—Pues no sé, porque mi papá no tenía mucho dinero para pagar estudio y por eso yo pienso para ir con mi hermano a los Estados. Y por eso yo fui con él la primera vez y después no me pase y después fui a intentar otra vez, la segunda vez, y no pase.

Griselda no piensa volver a estudiar. Fue deportada por segunda vez en febrero de 2019 y volvió a irse a mediados de mayo. Los dos meses que pasó en San Juan fueron un compás de espera, en la urgencia silenciosa de la deuda. La deuda que será más grande cuando regrese. Esta es la historia de una reconstrucción a lo largo de 2019, un año de la vida de una mujer que no logró cumplir su aspiración.

Es marzo y hoy acompaña a su vecina Carmen Mendoza, de 29 años, a Huehuetenango. Salen a las seis de la mañana de su aldea Sacchilaj y llegan dos horas después a la cabecera del departamento. En lo que los guatemaltecos -y muchos latinoamericanos- llaman el interior del país (todo lo que no es la capital), no es fácil moverse. Va con ella al banco. La acompaña por dos razones: Carmen no habla español y nunca antes recibió una remesa. Su marido se fue en diciembre con su hijo de 14 años y los 25 dólares en moneda local que lleva Carmen en su bolso son el primer envío que le hace desde Atlantis, Florida. Para que compre azúcar, sal y maíz.

Toman un chocolate caliente y una porción de pastel en una cafetería del centro. Griselda traduce y revela que el presente-futuro de Carmen es el de muchas mujeres de San Juan; tras trabajar de octubre a diciembre en la cosecha del café, se despidió de su marido.

Si su marido logra recaudar los 7.000 dólares (6.270 euros) que pidió prestados para el viaje que hizo con su hijo, ella espera estar en Florida en un año. Hace un mes empezó a comprar hilos para vender huipiles (blusas tradicionales) a una mujer de Colotenango, el pueblo vecino en el que algunas mujeres ya no sólo tejen para sus maridos. Carmen no gana más de 30 dólares al mes por tejer un huipil. Pero el valor de su nuevo trabajo no está en el dinero sino en la autonomía que vislumbra. Es su primer salario como artesana.

Con el dinero de su primera remesa, Carmen camina entre los carros que transitan por el mercado callejero de Huehuetenango. Busca y encuentra plátanos más baratos que en la aldea Sacchilaj. Griselda solo se detiene cuando ve un puesto de fundas de móviles en una esquina del parque central. Compra una funda rosa con el dinero que le da su papá. Le gusta el rosa en la ropa, aunque su casa soñada en Estados Unidos, la que estaría cerca de casa de su hermano Rodrigo, sería amarilla y anaranjada.

A Griselda, la mujer que aún no sabe que pasará casi todo 2019 presa en una cárcel de El Paso, le gusta tomarse infinidad de fotos. No parece vanidad. Parece una millennial pendiente de su imagen. Aunque todo vaya en contra, quiere proyectar que sonríe todo el tiempo.

Las tres veces que Griselda se fue a Estados Unidos le dejó su móvil a Eluvia, su parlanchina hermana pequeña, la única que pudo estudiar bachillerato y que tampoco tiene empleo. El 9 de diciembre de 2019, Eluvia se puso como foto de perfil una imagen de una cárcel con un emoticono que llora. Se lee: "Recuerden, no todos están en casa hoy, pero sí en el corazón".

Durante los meses que Griselda está presa, es su hermano mayor, Rodrigo, el que la llama. Triste, es lo más que alcanza a explicar Eluvia sobre cómo está su hermana, durante los meses que le escribimos tras caer de nuevo presa. Es la pequeña de la familia, con voz secretosa, la que advierte que la humillación a la que teme Griselda Domingo por regresar deportada va a cobrarse un precio que su hermana no tiene cómo pagar.

*Este reportaje forma parte del proyecto periodístico 'Retorno' elaborado por la productora El Intercambio y financiado por Seattle International Foundation. Para verlo completo puedes ingresar a www.elintercamb.io/retorno. También puedes leer en eldiario.es la primera entrega: Las tres heridas del Torcido: desplazado por la violencia, migrante en EEUU y deportado a Honduras

Publicado enInternacional
Los países nórdicos no quieren un salario mínimo común para toda Europa porque sería demasiado bajo para ellos

- La Comisión Europea quiere implantar un conjunto de criterios comunes en cuanto al salario mínimo para frenar "la fuga de cerebros" del este al oeste de la UE

- El objetivo de la Comisión es garantizar que los Estados miembros establezcan un salario mínimo equivalente al 60% del salario medio en ese país

- En los países nórdicos, los trabajadores no tienen salario mínimo pero están cubiertos por convenios colectivos que los empresarios podrían cuestionar a la baja

 

Los países nórdicos con un buen nivel salarial, entre ellos Dinamarca y Suecia, han mostrado su desacuerdo con los planes encaminados a implantar unos criterios únicos para todos los Estados miembros de la UE que permitan fijar el salario mínimo, ya que temen que esta medida pueda perjudicar unos modelos de negociación colectiva con más de un siglo de antigüedad.

La Comisión Europea dará este martes el primer paso hacia unos criterios comunes para todos los países de la UE el como parte de la promesa de su nueva presidenta, Ursula von der Leyen, de frenar la "fuga de cerebros" del este de Europa hacia el oeste. Sin embargo, los países nórdicos en los que los salarios mínimos son fruto de una negociación entre los empresarios y los trabajadores han cuestionado esta iniciativa. Los principales sindicatos respaldan la posición de los políticos escandinavos, que argumentan que en última instancia la propuesta de Bruselas podría comportar que los salarios de sus trabajadores se reduzcan.

En declaraciones a The Guardian, el ministro de trabajo de Dinamarca, Peter Hummelgaard, ha señalado que está a favor de que los trabajadores de los países de la UE con peores políticas salariales cobren más, pero que "los medios para lograr este objetivo deben respetar las tradiciones nacionales y los modelos que están funcionando". En este sentido, ha recordado que "en Dinamarca, son los patronatos y los sindicatos los que negocian los salarios y así lo hemos hecho desde hace más de un siglo".

De los 28 Estados miembros, sólo Dinamarca, Italia, Chipre, Austria, Finlandia y Suecia no tienen un salario mínimo establecido por ley. Los trabajadores de los países nórdicos disfrutan de unos salarios medios comparativamente altos. En 2018, los empresarios daneses pagaron unos 43,50 euros por hora por trabajador; la remuneración por hora más alta de la UE.

Incluso aquellos daneses que tienen un salario considerado bajo cobran cerca de 15 libras esterlinas por hora. Los trabajadores suecos y finlandeses también obtienen una buena remuneración en base a sus modelos de negociación colectiva.

En los países nórdicos, los trabajadores que no están sindicados suelen quedar cubiertos por los convenios colectivos. Es por este motivo que los políticos de estos países han señalado que un criterio europeo para fijar los salarios podría tener como consecuencia que los empresarios cuestionaran los acuerdos colectivos, argumentando que el salario mínimo de la directiva no necesita ser mejorado y que ya lo consideran razonable.

Esta semana la comisión inicia la fase de consultas. El gobierno danés quiere que se le den garantías por escrito de que su sistema de negociación colectiva quedará exento del cumplimiento de una futura directiva europea. Los gobiernos de Finlandia y de Suecia se han expresado en similares términos.

Hummelgaard ha señalado que si bien Nicolas Schmit, el nuevo comisario europeo de empleo y derechos sociales, le había dado garantías de palabra, sigue preocupando por las consecuencias de esta medida.

"Leeremos la propuesta con atención, ya que el peligro suele esconderse en la letra pequeña y todavía me preocupa que nuestro modelo pueda verse perjudicado por esta iniciativa", ha indicado. "No cabe duda de que el gobierno danés está haciendo todo lo que está en sus manos para evitar que modelos como los nórdicos se vean perjudicados por la regulación de la UE, que es también la razón por la que discuto el asunto con mis colegas europeos cada vez que tengo la ocasión".

Henri Lindholm, un líder sindical finlandés que también es un destacado miembro de la Nordiska Unionen, un sindicato pan-nórdico que representa a los trabajadores de la industria alimentaria, ha puntualizado que no se opone a que los trabajadores de los países del este de Europa mejoren sus salarios, sino a un único acuerdo para toda la UE que no tenga en cuenta las especificidades de cada país.

En este sentido, Lizette Risgaard, presidenta de la confederación sindical danesa, ha afirmado que "en el llamado modelo danés los salarios se fijan en el marco de una negociación colectiva fruto del diálogo entre las partes, y la productividad y la innovación son elementos clave del proceso".

"La premisa del modelo danés es que cuenta con un amplio apoyo tanto de los trabajadores como de los empresarios, y las estadísticas salariales muestran que en términos generales el modelo danés garantiza que la mayoría de los trabajadores de Dinamarca reciban un salario que sea a la vez decente y pueda proporcionar un buen nivel de vida", ha señalado.

"Un sistema paralelo basado en un salario mínimo único o en la cobertura universal de los convenios colectivos no garantiza que todos los trabajadores reciban un salario que asegure un nivel de vida decente. Por lo tanto, la Confederación Danesa de Sindicatos teme que un salario mínimo europeo establecido por una directiva pueda debilitar la eficacia del modelo danés".

Un nivel de vida decente

La Comisión no determinará un nivel salarial, pero quiere llegar a un acuerdo sobre un conjunto de criterios que se deben cumplir cuando los gobiernos fijen sus salarios mínimos. El salario mínimo actual de Bulgaria para un trabajador a tiempo completo es de 286 euros al mes, en comparación con los 2.071 euros mensuales de un trabajador luxemburgués. El objetivo de la comisión es garantizar que los Estados miembros establezcan un salario mínimo equivalente al 60% del salario medio en ese país.

Schmit, exministro de Trabajo de Luxemburgo, ha indicado que la propuesta de la comisión sobre el salario mínimo permitiría reducir la brecha de la desigualdad salarial en la UE. En declaraciones a The Guardian, ha afirmado que "la cifra de personas con empleo en la UE está en un nivel récord. Pero muchos trabajadores siguen luchando por llegar a fin de mes e incluso para salir de la pobreza". "Es esencial que los trabajadores tengan un salario justo que les proporcione un nivel de vida decente, un principio clave consagrado en el pilar europeo de los derechos sociales", ha puntualizado.

"Algunos Estados miembros han sido capaces de desarrollar una serie de leyes en materia de fijación de salarios, que ahora forman una parte integral de su tejido social, algunas incluso a través de un intenso debate social y de la negociación colectiva", señala. "La promoción de unos estándares elevados en cuanto a un mínimo salarial nos permite avanzar hacia la convergencia económica y social de todos los países de la UE, y reducir la brecha con una mejora para los que ahora tienen un salario mínimo más bajo, y dar un impulso a la economía social de mercado de la UE".

"El hecho de que la UE establezca un marco para fijar el salario mínimo podría ayudar a combatir las desigualdades y a prevenir que el salario mínimo se iguale hacia abajo. Al mismo tiempo, puede ayudar a corregir alguna de las causas de la fuga de cerebros y la contratación de trabajadores con peores condiciones salariales que viven en el otro lado de la frontera, algo que es motivo de gran preocupación en algunos Estados miembros", concluye.

Traducido por Emma Reverter

Publicado enEconomía
Imagen de un establecimiento de Washington D.C en el que se aceptan cupones ELVERT BARNES / WIKIMEDIA COMMONS

El gobierno de Trump está recortando las ayudas de los cupones de alimentos; millones de estadounidenses con pocos recursos perderán su derecho a recibirlos

Muchos estadounidenses con discapacidad o enfermos ya tienen problemas para acceder al sistema o para mantenerlos, aún con las normativas actuales

La nueva normativa excluirá a uno de cada tres beneficiarios, e impiden el acceso a las becas alimentarias que dan las escuelas públicas a 500.000 niños

 

Cuando James Fauntleroy perdió este verano su trabajo en una tienda, rápidamente se dio cuenta de que las ayudas de la seguridad social para personas con discapacidad no eran suficientes para vivir. Entonces recurrió a un sustento del que dependen muchos estadounidenses que están pasando momentos difíciles: los cupones de alimentos, también conocidos como Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).

Al principio, Fauntleroy, de 35 años recibió una carta de aprobación que detallaba que contaría con 197 dólares al mes (177 euros) en cupones. Con eso le bastaba para alimentarse. Pero luego llegaron las malas noticias.

"A principios de septiembre recibí otra carta del Departamento de Infancia y Familias de Florida en la que me comunicaban que el monto se reduciría de 197 a 16 dólares (de 177 a 14 euros)", relata Fauntleroy, residente en Orlando, Florida.

Fauntleroy es uno de los 40 millones de estadounidenses con pocos recursos que reciben algún tipo de beneficio del Snap, un programa que el Gobierno de Trump está reformando, recortándolo y excluyendo a millones de estadounidenses. A algunas personas, especialmente aquellas con algún tipo de discapacidad, ya les costaba trabajo arreglárselas con los beneficios que tenían o estaban por caer entre las rendijas del sistema. Ahora, la normativa nueva y más estricta empeorará su situación aún más.

Para Fauntleroy –que tiene una enfermedad en el riñón–, el recorte en los cupones de alimentos es un desastre. "He tenido que abrir una cuenta [de crowdfunding] para que la gente me ayude a pagar mis gastos hasta que pueda encontrar un trabajo de media jornada. Mientras tanto, la comida es cara y además tengo que elegir ciertos alimentos que sean aptos para pacientes con diálisis en el riñón. Es muy difícil y me afecta a nivel mental y emocional", afirma.

Actualmente, depende de un servicio de transporte para personas con discapacitad que lo lleva a un centro de diálisis tres veces a la semana, y aún así tiene que cubrir unos 65 dólares al mes en copagos (58 euros), más los 135 dólares mensuales (121 euros) que le descuentan de su ayuda por discapacidad para pagar el seguro de salud. Actualmente, está buscando otro trabajo de media jornada, porque si gana más del límite de 1.200 dólares al mes (1.076 euros) le quitarían por completo esta prestación.

Sin embargo, el Gobierno de Trump está decidido a recortar los cupones de alimentos. El 5 de diciembre, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció una nueva normativa que restringirá la posibilidad de los estados de ofrecer exenciones a los requisitos de trabajo a personas "físicamente capaces" de entre 18 y 49 años, sin dependientes a su cargo.

Actualmente, sin una exención, estas personas no pueden recibir ayudas del Snap por más de tres meses en un período de tres años. Los estados podían ofrecer exenciones a estos requisitos en regiones con alta tasa de paro o insuficiente oferta laboral. Se calcula que la nueva normativa le revocará los beneficios de Snap a 668.000 personas en todo el país. Además, el término "físicamente capaz" es confuso y se presta a la interpretación de quién debe cumplir con los requisitos que determinan las agencias del estado.

La nueva medida del Gobierno de Trump excluiría a uno de cada tres beneficiarios. También se busca limitar los niveles de ingresos permitidos para ingresar al Snap al doble de la línea de pobreza, que representarían unos 50.000 dólares (45.000 euros) al año para una familia de cuatro miembros. La nueva norma también impediría que hogares con más de (2.250 dólares) 2.018 euros en activos, o (3.500 dólares) 3.140 euros para un hogar en el que viva un adulto discapacitado, reciban beneficios de ayuda alimentaria. Como resultado, se calcula que casi tres millones de estadounidenses perderán sus beneficios del Snap.

Una tercera norma recortaría más de 4.500 millones de dólares (4.000 millones de euros) del presupuesto del Snap en los próximos cinco años, afectando a una de cada cinco familias beneficiarias.

Estas nuevas normativas han recibido críticas por excluir de los beneficios a millones de estadounidenses que viven en la pobreza y por impedir el acceso a las becas alimentarias que dan las escuelas públicas a 500.000 niños.

Las dificultades de enfermos y discapacitados

Sin embargo, muchos estadounidenses con discapacidad o enfermos ya tienen problemas para acceder a los beneficios del SnapSnap o para mantenerlos, aún con las normativas actuales. Su situación, que ya es difícil, empeorará aún más.

Son personas como Virgil Garwood (37), de Woodville, Ohio, que recibía solamente 50 dólares al mes (45 euros) de beneficios del Snap mientras luchaba contra un cáncer de tiroides. Garwood recibe una ayuda por discapacidad y no puede trabajar por las convulsiones y el deterioro óseo que le generaron los tratamientos médicos y las numerosas cirugías. Con el Gobierno de Trump, los beneficios se le redujeron a solo 15 dólares (13,5 euros) al mes, aunque su situación económica no ha cambiado en nada.

"El estado donde vivo exige que los beneficiarios del Snap vayan a clases sobre nutrición adecuada, otra clase sobre economía familiar, y luego una clase que explica el programa y cómo buscar empleo. Se supone que todo el tiempo que recibes prestaciones del programa tienes que estar buscando trabajo y debes presentar pruebas de ello", explica Garwood. "Tuve que salirme del programa porque ir a las clases para mantener las prestaciones me costaba más que los 15 dólares (13,5 euros) que recibía".

Jennifer Pracht, de Winston-Salem, Carolina del Norte, cuenta con el SnapSnap para alimentar a su hija de 14 años y a sí misma desde 2012, año en que quedó discapacitada y sin poder trabajar a causa de una lesión en la columna vertebral.

"Por alguna razón, este año me recortaron los cupones a 105 dólares mensuales (94 euros). Mi situación no ha cambiado en nada como para que me reduzcan la ayuda. Pero de todas formas lo han hecho", afirma Pracht. Ahora le preocupa que haya más recortes en el futuro.

"No tengo idea de cómo haré para comprar alimentos durante todo el mes, mucho menos si pretendo que la comida sea sana. Ya no podré comprar comida sana porque es mucho más cara".

Varias personas que hablaron con The Guardian sobre su experiencia con los beneficios del Snap pidieron que no se revele su nombre o que no se publique su apellido.

Lisa, de 40 años de Michigan, comenzó a recibir beneficios del Snap en abril de 2018, mientras esperaba que se apruebe su solicitud de una ayuda por discapacidad. En octubre de 2018, fue excluida del Snap por los requisitos laborales.

"La inseguridad alimentaria ha sido una constante. Llevaba un cálculo mental de la comida que tenía en casa y para cuántos días me alcanzaba, teniendo en cuenta cuántos días faltaban para que volviera a recibir la ayuda", dice Lisa. "No es mucho dinero. Esto no se trata de gente que vive a cuerpo de rey a costa del dinero de los contribuyentes. Somos personas que intentamos sobrevivir, y ese pequeño monto de dinero es un regalo del cielo".

Una mujer de 40 años en Berwick del Sur, Maine, actualmente recibe 130 dólares al mes (117 euros) del Snap y una ayuda por discapacidad, ya que sufre el síndrome de Ehler-Danlos, una enfermedad vascular genética, además de otras enfermedades discapacitantes.

Gran parte de su ayuda por discapacidad es destinada a pagar el alquiler, ya que hace poco logró acceder a una vivienda estable tras años de luchar por salir de la indigencia. No cuenta con transporte para ir a comprar alimentos y tiene que seguir una dieta especial a causa de su discapacidad.

"Siempre tengo que separar una parte de mi ayuda por discapacidad –que es de unos 684 euros al mes– para pagar comida y transporte", dice. "Creo que 130 dólares al mes no le alcanzarían a nadie para vivir, y yo recibo el beneficio máximo, teniendo en cuenta que tengo varias discapacidades y no puedo encontrar trabajo".

Por, Michael Sainato

23/12/2019 - 21:06h

Traducido por Lucía Balducci

Publicado enInternacional
Martes, 01 Octubre 2019 05:26

Devaluación y desempleo

Devaluación y desempleo

Durante estos días el desempleo y la devaluación del peso son los dos rasgos más significativos del desenvolvimiento de la economía colombiana. Los dos reflejan dificultades que no son solamente coyunturales, sino que también son de naturaleza estructural. Además, son la manifestación del impacto que han tenido las dinámicas internacionales en la actividad doméstica.

 

Desempleo

 

En la figura se observan las variaciones de las tasas de desempleo (TD), y de participación (TGP), en el mes de julio de los años 2001-2019.

 

La tasa global de participación (TGP) es la relación entre la población económicamente activa (PEA) y la población en edad de trabajar (PET).
 
Y la tasa de desempleo (TD) es igual a las personas que están buscando empleo (DS) y a quienes integran la fuerza laboral, que son la misma PEA.
 
Y la tasa de ocupación (TO) es la relación entre la población ocupada (OC) y la población en edad de trabajar (PET).
 

 

La tasa de desempleo presenta dos tendencias claras. Una descendente, que va desde el 2002 hasta el 2015. La reducción fue significativa, y el mismo pasó de 15,4% a 8,8%. Y, la otra, ascendente, que va desde el 2015 hasta ahora, cuando el desempleo llegó a 10,7%. Con razón, el gobierno y los gremios han expresado, sus preocupaciones por el aumento del desempleo.

Durante el período 2002-2015 el desempleo se redujo por varias razones. i) A comienzos de los años 2000, la economía todavía estaba resentida por la caída del PIB en 1999, que fue de -4,5%. Esta disminución de la producción fue un golpe muy duro, que redujo de manera significativa la capacidad de la economía. A partir del 2002 ya se comienza a observar cierta recuperación, y por ello el desempleo comienza a bajar. ii) Las bonanzas del petróleo y de los minerales. El precio del petróleo empezó su ritmo ascendente en el 2003-2004. Los recursos de la bonanza favorecieron a algunos sectores, como el comercio, los servicios, las finanzas y la construcción, que mejoraron el empleo. iii) La disminución de la tasa general de participación entre 2001 y 2007. Esta reducción significa que menos personas están buscando trabajo, y ello facilita la disminución del desempleo. Cuando la tasa de participación comenzó subir en el 2008, el desempleo no aumentó porque ya se estaba en plena bonanza, y se pudo absorber a la nueva población que deseaba trabajar.

El desempleo está aumentando desde el 2015 porque: i) La bonanza se agotó, y ya se están observando las consecuencias de no haberla sembrado. Las importaciones aumentaron, afectando de manera negativa a la industria, y a la agricultura. La euforia de la bonanza se agotó, y ello se explica porque durante los años de vacas gordas no se crearon condiciones propias para estimular la actividad productiva nacional. ii) La tasa de participación continúa siendo alta. Y ello se explica, entre otras razones, porque cuando las familias sienten que sus ingresos están disminuyendo, algunos de sus miembros que antes no trabajan, deciden buscar empleo. Esta opción puede ser muy dañina, sobre todo cuando el joven abandona el colegio para buscar empleo. iii) La reducción de la inversión pública. La disminución de los impuestos a los más ricos, disminuyó la capacidad fiscal del gobierno, y el gasto público se ha contraído. iv) El ministro de Hacienda está desconcertado porque no entiende cuáles podrían ser las razones del mayor desempleo. Y tiene razón en estar confundido, porque desde su lógica, las exenciones que el gobierno le ha ido dando a las empresas, y la reducción significativa de los impuestos, deberían haberse expresado en un mayor nivel de empleo. No ha sucedido así. Todo lo contrario. No obstante la menor carga tributaria, el empleo no mejora. No se está cumpliendo la relación de causalidad que de manera simplista había propuesto el gobierno: menores impuestos, entonces mayor empleo. v) Todo indica que las causas del desempleo habría que buscarlas en factores estructurales, y dejar de lado el discurso que reduce todo el problema a los costos laborales.

 

La devaluación del peso

 

Cuando se acaban las bonanzas también se reduce la entrada de dólares, y por ello su precio sube. La devaluación del peso, que se ha intensificado estos días, es una consecuencia de la fragilidad de la economía. El país no está preparado para recibir los choques externos. Con los excedentes de las bonanzas no se consolidó la producción nacional. El país se dedicó a importar, y las empresas locales no pudieron competir. Los efectos perversos del mal uso de la bonanza se están comenzando a sentir.

Quizás sirva de consuelo saber que la devaluación puede estimular las exportaciones, y reducir el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Pero este camino únicamente es posible si las políticas gubernamentales efectivamente favorecen a la pequeña y mediana empresa.

 

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10 de septiembre de 2019

Publicado enColombia
Jueves, 26 Septiembre 2019 16:34

Devaluación y desempleo

Devaluación y desempleo

Durante estos días el desempleo y la devaluación del peso son los dos rasgos más significativos del desenvolvimiento de la economía colombiana. Los dos reflejan dificultades que no son solamente coyunturales, sino que también son de naturaleza estructural. Además, son la manifestación del impacto que han tenido las dinámicas internacionales en la actividad doméstica.

 

Desempleo

 

En la figura se observan las variaciones de las tasas de desempleo (TD), y de participación (TGP), en el mes de julio de los años 2001-2019.

 

La tasa de desempleo presenta dos tendencias claras. Una descendente, que va desde el 2002 hasta el 2015. La reducción fue significativa, y el mismo pasó de 15,4% a 8,8%. Y, la otra, ascendente, que va desde el 2015 hasta ahora, cuando el desempleo llegó a 10,7%. Con razón, el gobierno y los gremios han expresado, sus preocupaciones por el aumento del desempleo.

Durante el período 2002-2015 el desempleo se redujo por varias razones. i) A comienzos de los años 2000, la economía todavía estaba resentida por la caída del PIB en 1999, que fue de -4,5%. Esta disminución de la producción fue un golpe muy duro, que redujo de manera significativa la capacidad de la economía. A partir del 2002 ya se comienza a observar cierta recuperación, y por ello el desempleo comienza a bajar. ii) Las bonanzas del petróleo y de los minerales. El precio del petróleo empezó su ritmo ascendente en el 2003-2004. Los recursos de la bonanza favorecieron a algunos sectores, como el comercio, los servicios, las finanzas y la construcción, que mejoraron el empleo. iii) La disminución de la tasa general de participación entre 2001 y 2007. Esta reducción significa que menos personas están buscando trabajo, y ello facilita la disminución del desempleo. Cuando la tasa de participación comenzó subir en el 2008, el desempleo no aumentó porque ya se estaba en plena bonanza, y se pudo absorber a la nueva población que deseaba trabajar.

El desempleo está aumentando desde el 2015 porque: i) La bonanza se agotó, y ya se están observando las consecuencias de no haberla sembrado. Las importaciones aumentaron, afectando de manera negativa a la industria, y a la agricultura. La euforia de la bonanza se agotó, y ello se explica porque durante los años de vacas gordas no se crearon condiciones propias para estimular la actividad productiva nacional. ii) La tasa de participación continúa siendo alta. Y ello se explica, entre otras razones, porque cuando las familias sienten que sus ingresos están disminuyendo, algunos de sus miembros que antes no trabajan, deciden buscar empleo. Esta opción puede ser muy dañina, sobre todo cuando el joven abandona el colegio para buscar empleo. iii) La reducción de la inversión pública. La disminución de los impuestos a los más ricos, disminuyó la capacidad fiscal del gobierno, y el gasto público se ha contraído. iv) El ministro de Hacienda está desconcertado porque no entiende cuáles podrían ser las razones del mayor desempleo. Y tiene razón en estar confundido, porque desde su lógica, las exenciones que el gobierno le ha ido dando a las empresas, y la reducción significativa de los impuestos, deberían haberse expresado en un mayor nivel de empleo. No ha sucedido así. Todo lo contrario. No obstante la menor carga tributaria, el empleo no mejora. No se está cumpliendo la relación de causalidad que de manera simplista había propuesto el gobierno: menores impuestos, entonces mayor empleo. v) Todo indica que las causas del desempleo habría que buscarlas en factores estructurales, y dejar de lado el discurso que reduce todo el problema a los costos laborales.

 

La devaluación del peso

 

Cuando se acaban las bonanzas también se reduce la entrada de dólares, y por ello su precio sube. La devaluación del peso, que se ha intensificado estos días, es una consecuencia de la fragilidad de la economía. El país no está preparado para recibir los choques externos. Con los excedentes de las bonanzas no se consolidó la producción nacional. El país se dedicó a importar, y las empresas locales no pudieron competir. Los efectos perversos del mal uso de la bonanza se están comenzando a sentir.

Quizás sirva de consuelo saber que la devaluación puede estimular las exportaciones, y reducir el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Pero este camino únicamente es posible si las políticas gubernamentales efectivamente favorecen a la pequeña y mediana empresa.

 

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10 de septiembre de 2019

Publicado enEdición Nº261
Martes, 10 Septiembre 2019 04:50

Deterioros neoliberales en América Latina

Deterioros neoliberales en América Latina

Las leyes neoliberales impuestas en América Latina por Estados Unidos y organismos financieros internacionales como fundamento principal del capitalismo, han llevado a la región a enfrentar grandes escollos económicos y sociales para su subsistencia. 

El objetivo de ese sistema como parte del capitalismo globalizado es impulsar la liberación del comercio en general, eliminar la injerencia del Estado en la economía y reducir al máximo el gasto público con el consecuente empobrecimiento de millones de habitantes y en contraposición, el enriquecimiento de pequeñas minorías.

Son varios ejemplos los que destacan en esta oleada de derechización regional auspiciada desde Washington y que han llegado al poder por diferentes vías como golpes de Estado, destituciones parlamentarios o elecciones fraudulentas.

Empecemos por Honduras, donde tras el golpe al presidente Manuel Zelaya se eliminaron el ciento por ciento de las leyes acordadas en ese corto período para beneficio del pueblo, lo que trajo como consecuencias la congelación de la Ley del Salario Mínimo, pérdida de 300 000 empleos, fragmentación de las jornadas laborales, derogación de los acuerdos con el ALBA, restitución de privilegios a las compañías transnacionales e impulso de las privatizaciones.

En la actualidad, según el diario La Prensa, casi seis millones (71 %) de los 8,5 millones de habitantes del país son pobres; de esa cifra, 4,2 millones están en situación de extrema pobreza que tratan de sobrevivir con solo un dólar al día, mientras solo 15 familias controlen el 80 % de las riquezas nacionales.

Guatemala ha sido considerado uno de los Estados fallidos arrasados por Occidente donde se unen corrupción, pandillas, pobreza, desigualdad, desnutrición y mortalidad infantil.

Los economistas aseguran que el país se aproxima a la catástrofe humanitaria y las áreas rurales son las más afectadas, de donde procede la mayoría de los emigrantes. Los recursos son escasos, la presencia del Estado inexistente, el crimen organizado poderoso y la presión de los grupos de poder para implementar proyectos mineros e hidroeléctricos, casi insostenible

Un Informe de Desarrollo Humano elaborado por la ONU asevera que más de tres millones de guatemaltecos viven en pobreza extrema y casi 12 millones de personas, 67 % de la población, "sufre carencias que vulneran su bienestar".

Paraguay esta considerado uno de los países más desiguales de Suramérica, donde la pobreza golpea al 30 % de la población que ha sufrido en los últimos años grandes inundaciones y dejado desamparados a miles de habitantes. Para la ONG Oxfam ésta es la cara más cruel de la desigualdad en un país donde los más pobres ganan hasta 22 veces menos que los más ricos. Asimismo, con la progresiva mecanización de la agricultura, ligada a la producción extensiva de la soja, se produjo un éxodo masivo desde el campo y los emigrantes que huyeron del hambre se instalaron en áreas de riesgo, como el lecho del río Paraguay en los barrios de Asunción, vulnerables a las riadas.

En cuanto a Ecuador, en solo dos años el gobierno de Lenín Moreno ha impulsado al Estado a la década de 1990 al desmontar importantes avances democráticos de la Constitución Política de 2008. Durante los gobiernos de Rafael Correa el país redujo la pobreza y los programas sociales beneficiaron a los habitantes pero ahora, con los acuerdos con el FMI, Moreno redujo el gasto público de 3 461 millones de dólares a 773 millones con graves perjuicios para las mayorías.

Pero los casos más desafortunados en los últimos tiempos han sido los de Argentina y Brasil. En este último, tras el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff y las arbitrariedades jurídicas para detener a Inacio Lula da Silva para que no se pudiera presentar a elecciones, los regímenes de Michel Temer y de Jair Bolsonaro han desmontado todos los programas sociales y privatizado numerosas empresas públicas.

Entre los más afectados aparece el Sistema Único de Salud (SUS) instaurado por los gobiernos de Lula y Dilma que atendía al 65 % de la población y que Temer y Bolsonaro lo redujeron drásticamente con la excusa de que “no hay suficiente capacidad financiera que permita suplir todas las garantías constitucionales”. A la par, ambos gobiernos atentaron contra la Amazonía al autorizar a terratenientes y empresas transnacionales a deforestar esa reserva de la biosfera mundial.

Mientras en Argentina, con la llegada al poder de Mauricio Macri y su política neoliberal llevaron a la nación a un endeudamiento abismal, acuerdos leoninos con el FMI y profunda devaluación de la moneda que pasó de 2014 a la fecha de 16 a 61 pesos por dólar.

Según la Universidad Católica Argentina (UCA) la "pobreza multidimensional" que abarca carencias económicas, de diversos derechos y servicios básicos, subió al 41,2 % de los habitantes.

En cuatro años de gobierno, se duplicaron los precios del transporte público automotor y en 70 % los del metro urbano; el costo de la luz subió en 500 %; el agua y gas en más de 320 %; la atención médica y de las medicinas en 50 %, y la gasolina, 30 %. La Argentina actual es una nación fallida dirigida no por Macri, sino por el FMI.

Después de estos ejemplos podríamos preguntarnos: ¿Permitirán nuestros pueblos continuar siendo saqueados por el sistema neoliberal capitalista? El tiempo dará la respuesta.

Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.

Publicado enEconomía
Informe de la Cepal  Emigración, empujada por debacle de modelos económicos

 

La alta densidad poblacional en los países de Centroamérica, con 136 habitantes por kilómetro cuadrado –el doble que en México o el quíntuple que en Perú–, ha generado una explosión en los centros urbanos de la región, exenta de industrialización y paralela al debilitamiento de la economía rural, con un mercado laboral que sólo ofrece empleos formales a cuatro de cada 10 trabajadores y salarios que representan la décima parte de lo que se paga en Estados Unidos, detalla la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) sobre las causas del fenómeno migratorio.

 

Los migrantes de El Salvador ya representan 22 por ciento del total de la población de su país, los de México 8.9, los de Honduras 6.9 y los de Guatemala 5.8, dice el organismo en su Diagnóstico, áreas de oportunidad y recomendaciones del Plan Nacional de Desarrollo Integral que elaboró para las cuatro naciones.

 

"Encuestas recientes sobre migrantes y remesas mostraron que cerca de 40 por ciento de esas personas de Guatemala, Honduras y El Salvador tenían empleo cuando decidieron salir de sus países. Su interés no era la búsqueda de empleo, sino de una ocupación con mayor productividad laboral que les permitiera generar ingresos más altos, aunado a la demanda de mano de obra en Estados Unidos", indica la comisión al sostener que el desempleo no debe considerarse el factor fundamental de las migraciones.

 

Además, señala que una tercera parte de los sin papeles originarios de El Salvador, Guatemala y Honduras deportados por Estados Unidos vía área son mayoritariamente varones, casi una cuarta parte habla inglés, tiene en promedio 28 años y 70 por ciento cuenta con estudios de bachillerato, técnicos o incluso de universidad.

 

Poca inversión física se realiza en la zona, ya que apenas representa 15 por ciento del producto interno bruto (PIB) de los tres países y la población carece de seguridad social.

 

La Cepal agrega que dichos problemas están vinculados con las secuelas de guerras, violencia e inseguridad con altas tasas de homicidios y feminicidios, así como con las sequías cada vez más prolongadas y lluvias intensas por los efectos del cambio climático que ocasionan la pérdida o abandono de tierras por campesinos que padecen hambre y desnutrición, entre ellos los caficultores, para quienes ya no es rentable cultivar el aromático por el desplome de su precio internacional.

 

"La composición de las recientes caravanas de migrantes indica que una parte eran campesinos e indígenas cultivadores de café en sus regiones de origen (aproximadamente 30 por ciento de la caravana que cruzó México en noviembre de 2018), afectados por la crisis del producto en 2018, en la que se combinaron los impactos del cambio climático y la caída del precio internacional del grano por la concentración de la industria", indica.

 

Desde 2014, precisa, han aumentado la pobreza y el daño ecológico en la región a consecuencia del fenómeno El Niño, ya que las familias campesinas han perdidos sus cosechas, se han endeudado e incluso han tenido que vender sus tierras y viviendas, por lo que su única opción para sobrevivir ha sido emigrar a los centros urbanos de sus países o al extranjero.

 

El modelo económico actual, sentencia la Cepal, está agotado y así lo demuestran "el crecimiento económico insuficiente, la falta de empleos y su precarización; la prevalencia de bajos ingresos; las malas condiciones de trabajo; las crecientes brechas salariales con Estados Unidos y la divergencia en Centroamérica; la alta propensión al consumo, y el sesgo importador del modelo".

 

Publicado enSociedad
Lunes, 15 Abril 2019 07:26

Desempleo y salario mínimo

Desempleo y salario mínimo

El desempleo está creciendo. Y es equivocado afirmar que este aumento se debe al mayor salario mínimo.

 

 

En febrero de 2019 la tasa de desempleo fue de 11,8%. Tal y como se observa en la gráfica, es el nivel más alto de los últimos 6 años. Su evolución resalta problemas estructurales de la economía colombiana. Por tanto, la situación actual no debe interpretarse como un fenómeno pasajero.

Entre las causas que están llevando a esta agudización del desempleo, destacan tres. La primera, la creciente dependencia del petróleo y del carbón. Es decir, la consolidación de la economía extractiva. La segunda, el debilitamiento del mercado interno. Las bonanzas llevaron a un deterioro del aparato productivo nacional. La tercera, la acentuación del déficit en la cuenta corriente.

Estos tres argumentos, que son de naturaleza estructural, desvirtúan los análisis que le atribuyen los problemas del desempleo al aumento del salario mínimo, que en el 2018 fue de 6%. Se dice que al subir más que la inflación, que fue de 3,18%, el mínimo ha tenido una incidencia negativa en la generación de empleo. No es cierto que el mayor salario sea el responsable del desempleo. ¡Todo lo contrario! Cuando el salario sube la demanda aumenta, las empresas venden más y el empleo crece. El aumento del salario mínimo por encima de la inflación tiene ventajas porque permite incrementar la demanda y, sobre todo, porque mejora la capacidad de pago, y la calidad de vida de los trabajadores. Cuando le atribuyen al salario mínimo el aumento del desempleo se ocultan fenómenos complejos de la economía colombiana, que pueden ser los determinantes de la pérdida de empleos. Así que los males profundos de la economía han contrarrestado las bondades que podrían haberse derivado del aumento de los salarios.

 

Predominio de la economía extractiva

 

La economía extractiva sigue creciendo, y cada vez gana más relevancia en el PIB y en la estructura de las exportaciones. En el 2017 cerca del 80% de las exportaciones colombianas correspondían a bienes primarios: petróleo, carbón, oro, café, flores y banano. Sobre todo, la economía está sometida al comportamiento de los precios del petróleo y del carbón. Esta reprimarización tiene dos características. 1) El PIB, y el balance fiscal, terminan dependiendo de la variación de los precios del petróleo y de los minerales. Cuando su precio aumenta, las exportaciones crecen. Pero estos movimientos son nominales y no guardan relación con la producción real. Un mayor precio del petróleo eleva el PIB, sin que necesariamente se afecte el volumen de la actividad productiva. Así que altos precios del petróleo y del carbón pueden estar acompañados de mayor desempleo. Estas actividades son intensivas en capital, y por esta razón el mayor valor de las exportaciones de petróleo y carbón, no suele estar acompañado de aumentos significativos en el empleo. En el lenguaje usual se supone, de manera equivocada, que los mayores precios internacionales de los minerales e hidrocarburos siempre favorecen la economía. Se dice que son intrínsecamente buenos. Esta visión además de que es simplista, deforma la realidad.

 

 

La forma como la economía se ha ido reprimarizando se observa bien en el cuadro. En 1965, cuando apenas comenzaba el modelo de sustitución de importaciones, el 73,4% de las exportaciones eran alimentos (café, flores, banano…). Y la partición de petróleo y minerales era de 17,7%. La industria, que apenas representaba el 4,2%, llegó a su punto más alto en 1990, con 16,4%. Esta dinámica de las manufacturas fue el resultado positivo de las políticas diseñadas por la Cepal de estímulo a la industria y de sustitución de importaciones. Recientemente, en el año 2016, el peso de la industria se redujo a 6,2%, y el petróleo y los hidrocarburos subieron a 66,3%. La reprimarización es evidente. Este rubro, más el de alimentos, suma 82,3%.

 

El agotamiento del mercado interno

 

El manejo de las bonanzas del petróleo y los minerales ha sido inadecuada. No se han generado dinámicas autónomas. Los efectos multiplicadores de las economía extractiva han sido mínimos. En otras palabras, no se han sembrado las bonanzas. El país ha renunciado a la reflexión sistemática sobre la forma como los excedentes de las bonanzas se reflejan en un crecimiento de la productividad de la industria y la agricultura nacionales. En lugar de incidir de manera positiva en la producción interna, los altos precios internacionales han estado acompañados de una reducción de la capacidad productiva nacional. La industria y la agricultura se han debilitado. Si estas actividades se ahogan, el empleo no crece. Efectivamente, la bonanza no ha ido a la par con un crecimiento de la productividad de la industria y la agricultura. Sin mercado interno no hay empleo. El mayor desempleo es una expresión del debilitamiento de los sectores manufacturero y agropecuario.

 

La acentuación del déficit en la cuenta corriente

 

En contra de las expectativas del Ministerio de Hacienda, el déficit en cuenta corriente ha aumentado. En el 2018, de acuerdo con el Banco de la República, el desbalance fue de 3,8% del PIB. En el Marco Fiscal de Mediano Plazo se había dicho que este déficit sería del 2,8%. Ello significa que las importaciones continúan siendo mayores que las exportaciones. Esta relación debilita la estructura económica del país. Las bonanzas deberían haber llevado a superávit en la balanza en cuenta corriente. Ha sucedido todo lo contrario.

 

No es el aumento del salario mínimo

 

De acuerdo con los tres puntos anteriores, el desempleo puede estar ocasionado por factores estructurales de una índole muy diferente al aumento del salario mínimo, al que no le pueden atribuir tal realidad.

Frente al impacto del salario se presentan dos visiones. Una, desde la óptica del empresario, supone que los menores salarios se reflejan en una mayor ganancia, en un incremento de la inversión, y en más empleo. Esta perspectiva es rechazada por los autores que siguen a Keynes, para quien es bueno que el salario suba porque la capacidad de compra aumenta, la demanda crece y los empresarios contratan más trabajadores. Así que el aumento del salario es compatible con un crecimiento del empleo. Pero para que ello sea posible se requiere corregir los males estructurales que han debilitado la actividad económica nacional.

 

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13 de abril de 2019

Publicado enColombia
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