Dos semanas de protestas en Costa Rica contra el plan del ajuste del Gobierno y el FMI

La relativa calma de Costa Rica se rompió hace más de dos semanas, con protestas, marchas y bloqueos en casi todo el país que han obligado al Gobierno de Carlos Alvarado a retroceder en su acuerdo con el FMI. Nada indica que la situación vuelva a la “normalidad” deseada por el gobierno, todo lo contrario, existen una tensa situación y un clima de agitación social y política.

 

Desde el pasado 30 de septiembre, el país está envuelto en marchas en la capital así como protestas y bloqueos en decenas de rutas y poblados en el interior del país y puestos fronterizos estratégicos, en los que cada día han venido participando cientos y miles de personas. El foco central ha sido contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sus medidas de ajuste, que el gobierno de Carlos Alvarado buscó implementar en acuerdo con las cámaras empresariales. Alvarado, por la fuerza de las protestas, el 4 de octubre, se vio obligado a retroceder suspendiendo el acuerdo con el organismo internacional, por el momento.

Transcurridas las semanas nada indica que la situación en el país centroamericano vuelva a la calma, o por lo menos las cosas no tendrán la pasividad en que venían transcurriendo. Luego de meses de las restricciones por la pandemia en los que el gobierno nacional aprovechó para avanzar en una serie de medidas antipopulares como autorizar los despidos, los contratos parciales y las reducciones salariales, todo para seguir garantizando los negocios de los capitalistas y las corporaciones financieras, y el empobrecimiento mayor de sectores de la economía informal, la clase trabajadora y mayorías populares dijeron basta. Es de recordar que hace apenas dos años, en el 2018, el país se vio sacudido por importantes movilizaciones nacionales que culminaron en una huelga general contra el paquete de medidas de ajuste fondomonetarista.

Desde mediados de septiembre el Gobierno estaba en negociaciones con el FMI para poder acceder a un préstamo de US$1.750 millones con el supuesto argumento de “estabilizar las finanzas del país”, pero todo dentro de un plan en el que se estarían acordando privatizaciones (“venta de activos” como elegantemente le gusta decir), reducir el “gasto público” (léase recortes las instituciones públicas así como en sectores esenciales como educación y salud, presupuestos para la vivienda del pueblo pobre, despidos en el área pública, etc.), y explícitamente con el objetivo de garantizar los negocios de los empresario en un país donde gran parte del presupuesto se va en pagar la deuda externa y donde grandes empresarios no pagan impuestos o encuentran miles formas para evadirlos con la vista gorda del Estado, o donde grandes empresas transnacionales ubicadas en las zonas francas no pagan un solo centavo de impuestos.

En estas dos semanas la tensión ha venido en aumento con enfrentamientos entre policía y manifestantes, con un balance de más de un centenar de heridos y otras tantas personas detenidas. Buscando destrabar la situación, en los últimos días el Gobierno ha implementado una estrategia de negociar con los representantes de cada zona, donde en algunas áreas tienen reclamos particulares, pero al mismo tiempo que los reprime.

A la par de esto, y luego de un marcha atrás “por ahora” del acuerdo con el FMI, el pasado domingo, Carlos Alvarado, y el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, convocaron a un proceso de “diálogo multisectorial”, pero donde se seleccionan con quienes se sentarán a negociar. Pero aún esto está lejos de conseguir la calma que buscan pues los que realmente están en las calles no están presentes en dicha “mesa de diálogo”, y más que todo busca una especie de “consenso nacional”, esperando que pase el peor momento e intentar nuevos ajustes apenas la correlación de fuerzas lo permita.

Una crisis económica, alto desempleo, desigualdad social y aumento de la pobreza

La economía de Costa Rica atraviesa por uno de sus peores momentos de los últimos 40 años, con un déficit fiscal para este año que el gobierno prevé que sea cercano al 10% del Producto Interno Bruto, una deuda del 70 % del PIB y una caída económica del 5% del PIB. La pandemia de covid-19 no hizo más que agudizar esta crisis en un país donde el turismo es uno de sus principales ingresos y que vio cómo el desempleo se disparó del 12% al 24% en pocos meses y tras la llegada del coronavirus producto de las políticas gubernamentales, alcanzando niveles más alarmantes entre la juventud y las mujeres trabajadoras.

De los 11,4 billones de colones que el Gobierno presentó de presupuesto para 2021, 4,8 billones son para pagar deuda y 2,1 billones de colones corresponden exclusivamente a intereses de deuda. A la vez 54,9% del presupuesto del gobierno tiene como fuente la deuda. De tal manera que se adquiere deuda para pagar más deuda, a los mismos organismos financieros internacionales, y a costas de los intereses apremiantes del pueblo trabajador costarricense.

En Costa Rica los niveles de informalidad son altos, existiendo también una desigualdad bastante alta agravada durante los largos meses de la pandemia, con fuertes aumentos en los niveles de pobreza. Así, y de acuerdo a informaciones oficiales que fueron publicados este jueves, la pobreza en Costa Rica se incrementó en 5,2 puntos porcentuales para situarse en el 26,2 % en el 2020, la cifra más alta que se ha registrado desde el año 1992. La Encuesta Nacional de Hogares, aplicada en julio pasado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), detalla que el 26,2 % de pobreza equivale a 419.783 hogares, para un aumento de 83.888 con respecto al 2019, año en que el porcentaje fue de 21 %.

La pobreza extrema en el 2020 alcanzó el 7 %, es decir 112.987 hogares, lo que supone un incremento de 1,2 puntos porcentuales con respecto al 2019 cuando fue del 5,8 % o 93.542 hogares. En la zona urbana la pobreza llegó al 26,4 % y en la rural al 25,5 %, lo que supone incrementos de 6,6 y 1,3 puntos porcentuales, respectivamente, con respecto al año pasado. Según el organismo oficial, la subida de la pobreza ha sido provocada por la caída del 12,2 % en los ingresos de los hogares. En cuanto al concepto de salario, la caída fue del 13,8 %, y en los ingresos independientes del 35 %, a causa de los cierres de actividades económicas que se implementaron durante la pandemia de la covid-19.

El curso de las protestas contra el FMI y contra las políticas gubernamentales

Uno de los sectores que dieron inicio a la ola de bloqueos y protestas fue el llamado Movimiento Rescate Nacional (MRN) aprovechando el descontento por abajo, sobre todo en los sectores de interior del país y zonas rurales, pequeños productores agrarios, pobladores de pequeñas ciudades, pero que también tenía por atrás a importantes sectores del campo como la cámara del arroz, para solo poner un ejemplo.

Los dirigentes del MNR arrancaron con demanda general de “no más impuestos” (misma que hasta ese momento impulsaba la derecha opositora al plan del gobierno y fuertes grados de nacionalismo) y contra FMI, buscando englobar tanto a sectores populares o pequeños productores golpeados por la situación como con determinados sectores de empresarios que se niegan a los impuestos; de allí que, con un matiz populista de parte de una dirección que representa a un sector patronal, como lo expresa su principal portavoz José Miguel Corrales, en las protestas se colaban también posiciones negacionistas ante la pandemia y carteles contra el “socialismo”, como si el Gobierno del PAC tuviera algún atisbo de esto.

Pero la situación se fue agudizando por el fuerte descontento por abajo, siendo que el movimiento que se había despertado amenazaba desbordar a la dirección del MRN, y de tal manera que, uno de sus principales dirigentes, José Miguel Corrales, un octogenario dirigente político oriundo del clásico partido patronal PLN (Partido Liberación Nacional) llegó a pedir el cese de los bloqueos y hasta llegó a pedir disculpas ante la magnitud de la movilización y la preocupación de que la situación se le fuera de las manos.

Es que comenzaron a desatarse fuerzas que no podían controlar, al tiempo que los principales sindicatos nacionales comenzaban a protagonizar importantes marchas sobre todo en la capital del país llevando a que la clase trabajadora costarricense entrara en la escena política nacional, pudiendo tejerse una gran alianza obrera y popular. Una situación a la que le teme el Gobierno de Alvarado y que le hacía recordar las grandes movilizaciones del 2018, pero también asustaba a la dirección del MNR.

Es que sectores de trabajadores y trabajadoras, agobiados por los padecimientos de la situación agravados durante la pandemia, han estado en diversos puntos de bloqueo, con fuerte presencia de sectores populares y pequeños productores. La pandemia ha significado un deterioro muy grande en las condiciones de vida de millones de personas trabajadoras y sus familias, despidos, suspensiones y reducciones salariales para empleados públicos; acoso y ajuste para los trabajadores tanto públicos como privados.

Por ello es que frente a esta situación las organizaciones sindicales más importantes del país llamaron a la movilización, siendo que durante buena parte de la pandemia dejaron pasar los despidos. Se tenían que reubicar frente al descontento que existe en el país. Así el pasado martes 6 de octubre, convocaron a una importante marcha en la capital del país, recorriendo una de las arterias más importantes de San José, el Paseo Colón hasta llegar a la Asamblea Legislativa. Ahora las consignas no eran solamente de “no más impuestos” en general, sino de que los ricos y las grandes empresas se les impongan impuestos y que se exima al pueblo de más gravámenes como el reaccionario impuesto al IVA, además de Fuera el FMI, contra los ajustes y las privatizaciones.

Pero a pesar de los llamados a levantar los bloqueos por parte de algunos dirigentes del MNR, el descontento en el interior sigue su curso, y si se empiezan a levantar no es por falta de energías sino por el papel de esta dirección. Fue lo que se observó en la marcha en la capital del país convocada por el MNR y que desembocara en la Casa presidencial, el pasado lunes 12 de octubre, donde el Gobierno de Carlos Alvarado a través del Ministro de Seguridad, Michael Soto, ordenaron la represión, donde resultaron heridas varias personas y por lo menos 30 detenidos. Se habló incluso de infiltración por parte de la propia policía nacional.

Como señalara Esteban Fernández, dirigente de Organización Socialista (organización integrante de la FT-CI), “un Gobierno que reprimiendo intenta ganar lo que ha perdido en el campo político. La orientación hacia el FMI está siendo duramente cuestionada en la calle y seguramente habrá un cuestionamiento más profundo aún en los próximos meses”. Además señaló “totalmente esperable la infiltración de parte de los cuerpos policiales, lo vienen haciendo de tiempo atrás.”

Este miércoles los sindicatos APSE, UNDECA y ANDE se concentraron frente al Aeropuerto Juan Santamaría, luego de realizar caravanas desde la cercana ciudad de Alajuela y de San José. Para este lunes 18 de octubre se esperan nuevas movilizaciones mientras algunos bloqueos continúan en el interior. Los sindicatos planean nueva marcha en San José, la capital del país. Así lo hicieron saber representantes sindicales de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).

Como indica también Esteban Fernández, en Costa Rica “es fundamental mantener la pelea, ampliarla y consolidarla, para ello se hace necesario organización. Por eso es que es necesario que las organizaciones sindicales convoquen a un Encuentro Nacional de Trabajadores llamando a los sectores populares, donde se pueda unificar un pliego de reivindicaciones de conjunto de la clase trabajadora y el pueblo pobre, así como un plan nacional de acciones contra las medidas de Alvarado y los partidos patronales.” Se hace necesario más que nunca una gran movilización nacional ya de la clase trabajadora y los sectores explotados como parte de un plan de lucha levantando un programa para que sean los ricos y los empresarios los que paguen la crisis y para derrotar los planes del Gobierno y del FMI.

Por Milton D'León

Caracas @MiltonDLeon

Jueves 15 de octubre | 23:45

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Agonía ecuatoriana con disfraz de “recuperación”

Entre mediados de marzo e inicios de octubre de 2020 en el Ecuador fallecieron más de 37 mil personas por encima del promedio histórico registrado los cinco años anteriores según información del Registro Civil.

Estamos llamados a repensarlo todo […] Es eso, o esperar a que la tragedia permanente sea nuestra “nueva normalidad”

Tragedia y abandono

Ese es quizá el impacto más duro –hasta el momento– dejado tanto por la pandemia del coronavirus (COVID-19) como por una crisis estructural sin precedentes y exacerbada por la indolencia e irresponsabilidad de quienes históricamente han gobernado al país. Y mientras los fallecidos en exceso siguen aumentando, la pandemia y la crisis se combinan con casos de corrupción por doquier, una mayor miseria y violencia en las calles (incluyendo zonas del Ecuador que literalmente se mueren de hambre), la persistencia del narcotráfico y del crimen organizado… En definitiva, el país va quedando reducido cada vez más a un pedazo de tierra sin futuro.

En medio de un momento tan crudo, las medidas económicas del gobierno de Lenín Moreno siguen llevando a que el Estado abandone a la población más vulnerable. Muestra de ello es toda una serie de ajustes antipopulares que incluyen: una reforma laboral que ha creado enormes incertidumbres; la sumisión de la planificación económica y las finanzas públicas a dictámenes fiscalistas guiados sobre todo por los intereses de los acreedores de la deuda externa; recortes, liquidación de empresas públicas, privatizaciones (aquí puede incluirse el intento deventa del Banco del Pacífico en condiciones nada claras); y hasta la liberalización –aún parcial– de los precios de los combustibles, tema que motivó la potente protesta social de octubre de 2019.

Rumbo a la liberalización total de los combustibles

Justo la liberalización de los precios de los combustibles ejemplifica la forma de hacer política económica del gobierno morenista: a las patadas y sin estudios serios de sus potenciales impactos. En agosto de 2018 se eliminó el subsidio de la gasolina súper sin aclarar los posibles efectos económicos de la medida. Para octubre de 2019 se buscó eliminar el subsidio de todos los demás combustibles de forma abrupta, sin analizar los impactos sobre todo para sectores vulnerables como los pequeños productores agrícolas, por ejemplo. La lucha social temporalmente detuvo el proceso, pero con la pandemia del coronavirus el gobierno continuó con las reformas. Para mayo de 2020 se retiró el subsidio a las gasolinas extra y diésel y se liberó parcialmente su precio, rigiéndolo a un “sistema de bandas” que permite su fluctuación en un margen de +/- 5%. Finalmente, a septiembre de 2020vía decreto 1158 el gobierno liberó la importación de derivados de petróleo por parte del sector privado, al cual se le concedió más libertades para definir los precios de comercialización de varios combustibles, exceptuando gasolinas del sector automotriz y gas licuado de petróleo (GLP) de uso doméstico, de uso vehicular (taxis) y de uso agrícola.

Para ninguna de estas etapas de liberalización progresiva de precios de los combustibles el gobierno morenista ha publicado algún análisis serio que fundamente sus decisiones y defina a los posibles sectores afectados. Por si no fuera suficiente, en el decreto 1158 de septiembre de 2020 el gobierno también dispuso que se facilite la infraestructura pública para el negocio privado de “la importación, recepción, transporte y almacenamiento, y despacho de combustibles”, a cambio de una “tarifa razonable” (ver decreto 1158, disposición general cuarta). Es claro que esa “tarifa razonable” será aquella que garantice una rentabilidad privada que nacerá de aprovechar al máximo la infraestructura pública disponible. Aquí cabe pensar que, si se iba a permitir que el sector privado entre en el negocio de importar combustibles, lo mínimo que se debía exigir es que ese sector invierta en la mejora y la ampliación de la infraestructura existente en un monto considerable, o incluso exigir que el sector privado use su propia infraestructura. Pero en tiempos de un Estado en abandono y de un gobierno indiferente, hasta eso es mucho pedir.

Cabe aclarar que el punto no es defender ciegamente el subsidio a los combustibles que, se debe reconocer, es una medida con varios problemas cuando se adopta de forma generalizada y sin un análisis serio. El punto es que medidas económicas tan importantes no deberían tomarse a las patadas, sin estudios rigurosos y de manera antidemocrática. Y en el caso de los combustibles hablamos de un tema estratégico para el país por su incidencia múltiple (transporte, energía, medio ambiente, producción, etc.) y cuyo manejo debería acoplarse a una planificación integral de mediano y largo plazo, no a los caprichos y a las urgencias fiscales de uno u otro gobierno.

 ¿Deuda para la “recuperación?

Y si hablamos de urgencias fiscales que tiran por la borda cualquier planificación, no puede olvidarse a la deuda. En efecto, los problemas estructurales de la economía ecuatoriana (entre los que puede incluirse a los propios límites creados por la dolarización) han generado una grave dependencia del país en un endeudamiento externo creciente. Tal dependencia ha sido más que evidente en 2020: entre enero y agosto, el saldo de deuda externa se ha mantenido estancado en casi 42 mil millones de dólares (máximo histórico). Ese estancamiento de la deuda, junto con la caída de ingresos petroleros y de recaudación tributaria en tiempos de pandemia, han generado problemas de liquidez como la interrupción en la cadena de pagos sobre todo del sector público. En concreto, la sequía de dólares ha llevado a que el gobierno de Moreno acumule retrasos que, hasta agosto, se estimaban en más de 4 mil millones de dólares.

Tan crítica se volvió la situación que a inicios de octubre de 2020 el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó al país un crédito excepcional de 6.500 millones de dólares a una tasa de 2,9% de interés a 10 años plazo más cuatro años de gracia, de los cuales 2 mil millones fueron desembolsados de inmediato. De hecho, entre la deuda adquirida con el FMI más los recursos provenientes de otros multilaterales (e incluso desde China), el gobierno de Lenín Moreno espera recibir hasta diciembre de 2020 unos 7.150 millones de dólares. A su vez, con “bombos y platillos” el gobierno morenista anunció que los primeros recursos obtenidos de ese nuevo endeudamiento externo se usarían precisamente para “recuperar” la cadena de pagos que ha quedado interrumpida a causa de la pandemia y la crisis: se igualaría el pago de sueldos públicos; se pagaría a 17 mil pequeños proveedores con los que se mantienen deudas menores a 500 mil dólares; se cumpliría con parte de la deuda a gobiernos seccionales; se pagarían las liquidaciones a más de 3 mil extrabajadores de las empresas públicas; entre otros pagos pendientes.

Paradójicamente el anuncio del gobierno de Moreno sobre el destino de los primeros desembolsos de la nueva deuda externa denota un manejo muy similar al criticado manejo correísta que sería investigado en su momento: el uso de endeudamiento público para financiar gasto corriente, cuando la Constitución establece en su artículo 290, numeral 3, que con  endeudamiento  público  se  financiarán  exclusivamente programas  y  proyectos  de  inversión para  infraestructura,  o  que tengan  capacidad  financiera  de  pago”. Es decir, con endeudamiento público solo debería financiarse proyectos de inversión pública (los cuales debían formar parte de una planificación económica), pero tanto el correísmo como el morenismo terminaron rebasados por la realidad de un país sin planificación y que se asfixia si le quitan el respirador artificial de la deuda.

Un ajuste para largo

A más de anunciar una “recuperación” sostenida desde la deuda, el gobierno Morenista ha anunciado que hasta el primer trimestre de 2021 esperaría que 500 mil familias se sumen al millón de hogares que acceden a programas de bonos y asistencia social. Aunque el gobierno intentó presentar ese dato como un logro, la realidad es que semejante cifra muestra que la crisis económica del Ecuador se vuelve crónica, con familias que no llegan a cubrir ni su subsistencia mínima. Si a ese dato se suma la estimación oficial de que en junio de 2020 solo 16,7% de trabajadores alcanzaron un “empleo adecuado” (básicamente un empleo con un ingreso laboral mayor al salario básico), que en el segundo trimestre de 2020 la economía ecuatoriana sufrió una caída interanual de 12,4%, y que la pandemia del coronavirus ha puesto al Ecuador entre los países con los niveles más altos de excesos de fallecimientos por tamaño de población, puede intuirse que el futuro del pueblo ecuatoriano es dantesco y que la supuesta “recuperación” económica más parece el disfraz de una cruel agonía.

Pese a tan duro momento, el morenismo no duda en consolidar su drástico ajuste económico. Prueba de ello es el anuncio gubernamental de alcanzar como meta un superávit global para todo el sector público no financiero de 0,6% del Producto interno Bruto (PIB) para 2022. Considerando que en 2020 el propio gobierno estima un déficit de 8,3% del PIB, ¿cuán drástico será el ajuste de 2021 para intentar alcanzar una meta que, por cierto, sin duda forma parte del acuerdo alcanzado con el FMI? La combinación de un ajuste severo, un colapso de la economía y del empleo y una pandemia que no cede, hacen pensar que las incertidumbres seguirán en el ambiente por muchos años más. Para colmo, recién en 2025 se espera que el peso de la deuda pública respecto al PIB sea menor al 57% (hace años quedó hecho trizas el techo legal del 40%), de modo que el ajuste y la deuda van para largo.

¿Cómo cambiar de raíz un futuro tan complejo y desolador? Ojalá quien escribe supiera la respuesta, pero sinceramente no la tiene. De hecho, quizá nadie tenga una auténtica respuesta, al menos si seguimos entrampados en los límites de la economía: una seudociencia cargada de pretensión de conocimiento, pero ignorante (¿a propósito?) de las necesidades reales de los excluidos del mundo que sufren entre el hambre y la pandemia (con muy pocas excepciones). Ante tiempos cada vez más extremos, estamos llamados a repensarlo todo, incluyendo nuestra forma de comprender y de hacer economía. Es eso, o esperar a que la tragedia permanente sea nuestra “nueva normalidad”.-

Por John Cajas-Guijarro | 06/10/2020

John Cajas-Guijarro: Economista ecuatoriano: https://uce-ec.academia.edu/JohnCajasGuijarro

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Fuentes: Rebelión -Foto AP: protesta contra clases presenciales, Georgia Tech, Atlanta, 17 de agosto de 2020.

En Estados Unidos, la educación universitaria se ha convertido en una costosa mercancía, ofrecida tanto por las universidades estatales como por las privadas. Eso no siempre ha sido así, sino que ha sido resultado del neoliberalismo educativo, que fue impulsado primero en el Estado de California por su gobernador, Ronald Reagan, durante el período 1967-1975, y que después se extendería a todo el país.

El coronavirus ha sacado a relucir las peores lacras del capitalismo, revelando el carácter destructor de la forma mercancía, que se ha impuesto brutalmente en todos los ámbitos de la sociedad. La forma mercancía domina la vida cotidiana de buena parte del mundo, pero es la reina indiscutible en los Estados Unidos, y por esa razón en ese país se hacen más ostensibles sus contradicciones en esta época de pandemia. No es que se hayan originado por el Covid-19, simplemente el virus ha sido el detonante que ha hecho explotar el espejismo del “sueño americano”. Esto se nota en el trabajo, la salud, la recreación, la vivienda, la educación.

En este articulo nos vamos a referir a la mercantilización de la educación, a partir de una noticia en dos momentos: la decisión del gobierno de Donald Trump de expulsar de Estados Unidos a los estudiantes universitarios del resto del mundo que solo estuvieran recibiendo clases on line y la reacción de Estados federales y universidades que se opusieron a dicha disposición. Sobre esta reacción quedaba cierta sensación de que el rechazo a la medida inicial de Trump, que finalmente fue revocada, se debía a la defensa de la democracia y al derecho de extranjeros de estudiar en los Estados Unidos, pero si se mira con detenimiento la conducta de las universidades nos remite a la venta de la mercancía educativa y las fabulosas ganancias que genera para los mercachifles de la universidad.

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA: UNA COSTOSA MERCANCÍA

En Estados Unidos, la educación universitaria se ha convertido en una costosa mercancía, ofrecida tanto por las universidades estatales como por las privadas. Eso no siempre ha sido así, sino que ha sido resultado del neoliberalismo educativo, que fue impulsado primero en el Estado de California por su gobernador, Ronald Reagan, durante el período 1967-1975, y que después se extendería a todo el país, cuando ese mismo actor de quinta categoría alcanzó la presidencia de los Estados Unidos (1981-1989). Reagan, un individuo atrabiliario e ignorante, llegó a decir, para justificar la privatización de las universidades, que los contribuyentes no debían “subvencionar la curiosidad intelectual” y eso lo debían financiar las propias universidades. Ese proyecto implicó la reducción en las transferencias estatales a las universidades, que se fue agravando con el paso del tiempo. Así, entre 1987 y 2012, la financiación pública de las universidades disminuyó en un 30% y en el 2019 en Alaska, para dar un ejemplo, la reducción de presupuesto alcanzó los 135 millones de dólares.

Las universidades recurrieron como vía alterna de financiación al aumento de matrículas, las que se dispararon a niveles estratosféricos hasta convertir a la educación universitaria de los Estados Unidos en la más costosa del mundo. Hasta tal punto esos ingresos son importantes, que el presupuesto de las universidades públicas depende en un 25% de las matrículas y de las privadas en un 35%. Estas cifras adquieren sentido si se compara con lo que sucede en algunos países europeos, donde o las matrículas son gratuitas, como Alemania, o muy bajas, como en Francia.

Como resultado, las matrículas se han elevado en las universidades de Estados Unidos en un 260% entre 1980 y 2014. En concreto, estudiar en una universidad de los Estados Unidos cuesta hasta unos 70 mil dólares por año. Como a ese costo solo puede acceder una ínfima minoría de Estados Unidos y del resto del mundo, el sistema interno que se ha desarrollado es el de los préstamos, que en el 2013 constituirán el 50% del total de presupuesto de las universidades (cuyo monto era de 75 mil millones de dólares). Esto ha dado origen a los endeudados educativos, esclavizados con el sistema financiero que está detrás de las universidades, y al cual las familias de los estudiantes debían, en 2019, 1.5 billones de dólares por préstamos para estudiar.

Otra forma de financiación de las universidades se basa en la firma de convenios con entidades privadas, como con canales de televisión, y ventas de cursos de verano y conferencias, arrendamiento de campos deportivos…. Un buen rubro de ingreso de las universidades son los estudiantes extranjeros, puesto que en Estados Unidos están matriculados más de un millón, la mitad de los cuales proceden de China e India. En el año escolar 2016-2017, estos alumnos extranjeros desembolsaron por matriculas 37 mil millones de dólares.

Este sistema de financiación de la universidad ya estaba en crisis antes de la emergencia del coronavirus, como se muestra con la insolvencia de muchas universidades y la quiebra de alguna de ellas. En 2019, estaban en situación de insolvencia 946 universidades, 60 de las cuales quebraron.

EL IMPACTO DEL COVID-19 EN LAS UNIVERSIDADES

El Covid-19 ha agravado una situación ya existente y ha mostrado las limitaciones de la mercantilización educativa. El impacto del cierre de los campus universitarios se ha sentido de inmediato en ese sistema universitario mercantil, que dejara de recibir ingresos por las ventas de verano, así como por la deserción de estudiantes estadounidenses, que puede llegar al 15%, lo que significa una reducción de ingresos de 23 mil millones de dólares en el próximo año académico. A eso se suma que muchos de los estudiantes están inconformes con la educación on line, debido a que ello supone dejar de responder por otros compromisos de las universidades, como vivienda y alimentación, que les siguen cobrando a los estudiantes. Muchos estudiantes ya han demando a las universidades para que cumpla con los contratos a que se comprometen y por los cuales cobra mucho dinero. A esto se le deben sumar los 32 mil millones de dólares y los 300 mil empleos que se perderían si los estudiantes extranjeros no se matriculan para el próximo año escolar.

En este contexto de crisis financiera agravada de las universidades, que se calcula en unos 47 mil millones de dólares, la decisión de Donald Trump sobre expulsar a los estudiantes extranjeros no podía llegar en peor momento. Aunque se hayan hecho declaraciones como la de la senadora Elizabeth Warren, quien señaló que “expulsar a los estudiantes internacionales en medio de una pandemia global” es “un sinsentido, cruel y xenófobo” o la del profesor Stephen Walt de la Universidad de Harvard quien ha dicho: “asumo que Trump y Miller (Stephen Miller, su asesor en inmigración) están encantados con que los estudiantes acaben en la Universidad de Tsinghua (China)” o la del gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, quien sostuvo: “no podemos ser un líder mundial si le cerramos la puerta al futuro a los estudiantes”. Esas son declaraciones demagógicas, que esconden el problema real que originó el grito de protesta de los dueños de las universidades y de gobernadores estatales, así como de políticos ligados al lobby educativo: la pérdida de ingresos por no recibir el costo de la matricula y otros gastos de un millón de estudiantes extranjeros. Aquí el patriotismo barato de Trump se estrella con los fabulosos ingresos que llenan las faltriqueras de las universidades mercantiles, para las cuales su única patria es el dólar. El resto es cháchara barata.

Por Renán Vega Cantor | 26/08/2020

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El paciente del millón de dólares o cómo pagar la factura más alta por un tratamiento de covid-19

Un ciudadano de Seattle, Michael Flor, de 70 años, recibe una factura récord de más de 1,1 millones de dólares por su tratamiento de covid-19 tras pasar 62 días ingresado. Más de 250.000 norteamericanos han sido hospitalizados por el virus y se enfrentarán a facturas que podrán dejarlos en la ruina aunque tengan un seguro médico.

 

El 4 de marzo, en Seattle, Michael Flor, de 70 años, salió pronto del trabajo y se fue a casa. Tenía una tos fea. Él no le dio importancia, pero su mujer le insistió para ir a urgencias; sólo cinco días antes Seattle había registrado el primer muerto del país por covid-19. En el hospital dio positivo e ingresó en UCI. Permaneció ingresado 62 días, casi la mitad de ellos enchufado a un respirador. El 5 de mayo salió entre aplausos, aún en silla de ruedas y con una camiseta de Supermán. Pero vivo. Así que a primeros de junio llegó a su casa la factura de la atención médica recibida. "La abrí y me dije. ¡Host** p**a!", cuenta Flor al Seattle Times. La factura era un documento de 181 páginas en la que se detallaban casi 3.000 conceptos con sus cantidades correspondientes. La suma total hacía, exactamente, 1.122.501,04 dólares; es decir, 992.744 euros.

Esta vez, la suerte ha estado de su lado y Flor se va a librar de pagar nada, o eso le ha asegurado su compañía médica. Pero según un estudio de la Universidad Johns Hopkins, ése no va a ser el caso de muchos de las hasta ahora más de 250.000 personas que han sido hospitalizadas en Estados Unidos por covid-19. "La Ley HEROES que propuso la Cámara de los Diputados [en mayo] habría exigido que todos los seguros médicos que un trabajador tiene a través de su empleador cumplieran con la exención de gastos deductibles anuales y copagos tanto en las pruebas como en el tratamiento de la covid-19, sin embargo, el Senado [de mayoría republicana] se opone a ello", explica a la web Medical Press Cheryl Fish-Parcham, directora de acceso a la salud de Families USA, una organización de consumidores de la salud.

Flor se va a librar de pagar nada o casi nada porque, al tener más de 65 años, su seguro de salud le viene a través de los fondos de Medicare, un programa público. Así que la compañía de salud de Flor le ha asegurado que, al estar bajo Medicare, para él no habrá deducibles ni copagos esta vez. El problema para los más de 250.000 personas que han pasado por un hospital en Estados Unidos es que sus facturas dependerán de si están acogidos a un programa de salud público como Medicare (para mayores de 65 años) o si la empresa para la que trabajan y a través de la cual tienen su seguro médico ha llegado a ese acuerdo con la compañía de salud privada.

Según el estudio de la Johns Hopkins, el 60% de las personas aseguradas en Estados Unidos tiene un seguro que proviene de un acuerdo entre su empresa y una compañía médica privada. Dichos seguros no están obligados por ley a retirar deducibles ni copagos. Depende de la voluntad de la empresa en cada caso. Flor tuvo la suerte de que su seguro estaba cubierto por los fondos públicos de Medicare, que sí tenía esa condición acordada. "Pero si uno trabaja para una compañía de cierto tamaño y ésta es la que le provee a uno el seguro médico, tus copagos y gastos deducibles dependerán de tu empleador", asegura Matthew Eisenberg, uno de los autores del estudio de la Johns Hopkins.

El gasto sanitario anual que, como promedio, uno ha de asumir en Estados Unidos en su seguro médico asciende a 1.655 dólares, según un estudio de la Fundación de la Familia Kaiser, que alerta de que hace una década esta cantidad era de 826 dólares. Si uno tiene ese deducible anual y un copago del 20%, quiere decir que los primeros 1.655 dólares de las facturas médicas las asume uno en su totalidad y, a partir de esa cantidad, el seguro le cubre el 80% de las facturas y el resto va a cuenta del asegurado. Bajo esas condiciones, una factura como la que recibió Flor implicaría pagar más de 200.000 dólares.

El problema de esto es doble. Por un lado, la covid-19 ha desatado una crisis económica devastadora en Estados Unidos y ha dejado por el momento más de 45 millones de parados, de los que 27 millones habrían perdido su seguro médico (que tenían a través de su empleador); por otra parte, en cuanto a las personas que no han perdido su empleo y siguen trabajando, las empresas para las que trabajan, en medio de esta crisis galopante, podrían ser reacias a acordar el levantamiento de los copagos y gastos deducibles con las compañías médicas que cubren a sus empleados. En el caso de los autónomos, la situación es casi peor: depende de la voluntad de las aseguradoras médicas (o de posibles acuerdos que alcancen con el gobierno federal o los gobiernos estatales) para reducir o levantar del todo esos copagos.

Eisenberg alerta en su estudio de que esta situación es especialmente preocupante en los jóvenes. A menudo, éstos, al estar sanos, contratan seguros médicos con un deducible anual muy alto, lo que abarata mucho el coste del seguro. De este modo, si tienen cualquier percance menor pero improbable, se arriesgan a asumir ellos el coste en su totalidad de una factura menor, pero sí que estarían cubiertos para episodios más graves o urgentes de salud, como una apendicitis o romperse un hueso en un accidente, que suelen acarrear facturas más altas, de decenas de miles de dólares.

Sin embargo, la covid-19 ha está rompiendo los moldes de lo que es una factura elevada. Según la Fundación de la Familia Kaiser, sólo estar cuatro días en la UCI enchufado a un ventilador cuesta una media de 88.000 dólares. Los altos deducibles y los copagos "pueden fácilmente arruinar a una familia", alerta a la web Medical Press el director en la Fundación del Programa sobre Mercados Sanitarios, Matthew Rae, que concluye: "Y una de las cosas que sabemos sobre las deudas médicas es que una cantidad relativamente pequeña puede meter a la gente en una espiral hacia abajo".

Por este motivo, ya el pasado 1 de mayo 32 diputados demócratas introdujeron en el Congreso una propuesta de ley para que todas las facturas de las pruebas y los tratamientos de la covid-19, incluyendo la de personas en situación irregular, se paguen con fondos públicos mientras dure la pandemia. La norma aún espera a ser debatida y votada en las dos cámaras del Congreso, si bien tiene su mayor escollo en el Senado, de mayoría republicana y la que deberá darle, si procede, su aprobación final.

La norma, denominada Ley Plan de Crisis Medicare, fue promovida por los congresistas Pramila Jayapal y Joe Kennedy y secundada por otros 30, todos demócratas, entre ellos, Alejandra Ocasio-Cortez, Adriano Espaillat o Tulsi Gabbard, excandidata demócrata a liderar el partido en las últimas primarias. Senadores como Bernie Sanders le han dado su apoyo público.

Sin embargo, uno los mayores fiascos que ha sufrido la propuesta llegó el pasado 15 de mayo, cuando la Cámara de los Diputados votó a favor del nuevo paquete de ayudas por la covid-19, dotado con 3 billones de dólares. Dicho paquete contó con el voto en contra de más de una docena de demócratas progresistas, entre ellos, la propia Jayapal, puesto que no incluyó, a pesar de la enorme dotación económica propuesta, la cobertura sanitaria médica universal y gratuita por covid-19.

Jayapal denunció en un comunicado que el paquete de ayudas propuesto por la Cámara de los Diputados "no garantiza una atención sanitaria asequible y accesible para toda la población. Más de 27 millones de personas han perdido su seguro médico porque perdieron su trabajo", recordó, "y se suman a los 87 millones de personas que ya estaban sin seguro o con seguro insuficiente. Ahora, más que nunca, la gente necesita saber que su acceso a la atención médica está garantizado". De momento, casos como el de Flor siguen siendo la excepción de confirma la regla.

 

24/06/2020 09:04

Manuel Ruiz Rico

@ManuelRuizRico

Publicado enInternacional
Los trabajadores de la salud de Tadó exigen la socialización del plan de contingencia para enfrentar la pandemia del covid – 19

En precarias condiciones están los trabajadores de la salud del Hospital San José de Tadó –Chocó: con pocos elementos de bioseguridad y sin dotaciones ni salas de aislamiento. No cuentan con los recursos necesarios para atender pacientes contagiados. Además, el Estado tiene una deuda salarial con 130 de los empleados que han trabajado en este hospital de primer nivel. Los trabajadores de la salud en un plantón realizado el pasado lunes 18 exigieron al alcalde del municipio, Cristian Copete Mosquera, que socialice el plan de contingencia para enfrentar la pandemia del virus covid-19.

El hospital, que debe atender a una población en promedio de 20.000 mil personas, no cuenta tampoco con respiradores para atender emergencias respiratorias generadas por el covid-19. Solo tiene 14 camas y varias de estas están a punto de ser inutilizables. Sin embargo todo el personal de talento humano: servicios generales, porteros, enfermeras, médicos y funcionarios administrativos está obligado, según el decreto 538 de 2020, a trabajar, sin importar las condiciones para ello, incluso a riesgo de su propia vida.

Algunos de estos trabajadores del centro hospitalario de Tadó, continúan trabajando así el Estado tenga una deuda salarial con ellos de más de 14 meses. Se le suma que deben atender otros dos mortales virus: el dengue y la malaria y, la infraestructura no es la adecuada. La inestabilidad es imperante y ya se ha trasladado a sus familias, muchos requieren de ayuda psicológica pues el trastorno ha sido inevitable. Están desesperados, crisis tras crisis, aún así la situación empeoró al conocerse por parte de la secretaria de salud, Gloria Prado Pino, que el departamento del Chocó ya tiene 80 casos positivos del virus.

El hospital de Tadó ya tuvo su primera alerta por contagio, un paciente que había ingresado por una anemia y fue traslado en una ambulancia hacia la ciudad de Quibdó. Al realizarle la prueba nasal días después, el 19 de mayo, el resultado arrojó positivo.

Sin socializar un plan de contigencia

desdeabajo conversó con María Marisol Rentería, funcionaria del hospital y presidenta regional Chocó de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia (Anthoc), para conocer de cerca la crisis laboral, financiera y de infraestructura que tiene esta Empresa Social del Estado.

da: ¿Qué acciones ha desarrollado el sindicato en medio de esta coyuntura?

MR: Nosotros venimos dando apoyo a las instituciones pero también, a la vez, reclamando porque no tenemos las condiciones para enfrentar los casos de covid-19. Los alcaldes están empeñados en que van a organizar salas de aislamiento, pero solo han perdido el tiempo, y hasta la fecha no las han dotado. Como sindicato y como empleada hemos realizado reclamaciones y plantones permanentemente sobre esta situación porque no han socializado el plan de contingencia. Además, hay pagos atrasados, esos recursos ya los tiene la gobernación del Chocó y no se ha llegado a feliz término para pagar esa deuda atrasada que viene desde el 2015.

da: ¿Cómo está la situación en relación a las contrataciones por las EPS para mejorar la crisis de los hospitales?

MR: Las EPS deben cumplir y girar los dineros a los hospitales. Tienen que hacerlo pues al aliviar la cartera a los hospitales el servicio va a mejorar. Lo otro es que el Gobierno entregue el dinero directamente a los hospitales, solo están llegando giros directos por la parte de contratación subsidiada. La SúperIntendencia de Salud debe hacer cumplir a las EPS el pago porque es la garante de estas conciliaciones.

da: ¿Cuáles son las peticiones urgentes para poder superar esta crisis laboral, financiera y de infraestructura que vive el Hospital de San José de Tadó?

MR: Primero que cumplan con el pago de nuestra deuda. Que se garantice la asignación de los elementos de protección, que no sea solo por un día sino permanente. Necesitamos dotación para que la sala de aislamiento tenga todo lo necesario y poder atender futuros contagios de covid-19. Ya tuvimos una primera alerta, necesitamos estar preparados para la segunda que venga. Necesitamos que el gobierno nacional nos ayude con la infraestructura del hospital, las instalaciones están muy deterioradas.

da: ¿Qué cambios necesita el hospital en infraestructura?

MR: El hospital necesita nueva infraestructura. Un cambio total de toda el área para que pueda cumplir con todos los parámetros que exige la norma. No hemos visto las acciones por parte del alcalde de Tadó, ni de la gerente del hospital, ni del gobernador del Chocó. 

 

El Hospital de San José de Tadó cuenta con 14 camas que no están dotadas para atender la pandemia.

 

A mediados de abril la Procuraduría General de la Nación suspendió al gobernador del Chocó, Ariel Palacios, durante tres meses por presuntas irregularidades de un contrato por $2.000 millones relacionado con la contingencia del coronavirus.

El gobernador encargado, Jefferson Mena Sánchez, que tomó posesión el pasado 4 de mayo, informó a medios de comunicación que: “De manera articulada con los alcaldes municipales, gestionaremos recursos para los hospitales y centros de salud de las distintas poblaciones del departamento y seguiremos insistiendo en las medidas de protección y auto-cuidado para mitigar y contener la expansión del virus en nuestro territorio”. Además Mena Sánchez, agregó que: “promoveremos un canal de información oportuno, con rendición de cuentas claras de cada una de las acciones que adelante esta administración”.

A la fecha de hoy, en el página web de la gobernación del Chocó, en la sección de rendición de cuentas el último informe de gestión es del 11 de abril, es decir, del anterior mandatario. ¿Dónde están los recursos que necesita el Hospital de Tadó urgentemente?

Si bien el artículo 5 del decreto 538 de 2020 tiene la finalidad de financiar […] la operación corriente o para inversión en dotación de equipamiento biomédico, con el fin de garantizar la prestación de servicios de salud a la población afectada por causa de la emergencia derivada del Coronavirus COVID-19, es evidente, por la realidad acá narrada que al menos en el Chocó nada de esto se cumple.

Esperemos, enfatiza María Marisol Rentería, que el nuevo gobernador del Chocó, la Súper Intendencia de Salud y la Procuraduría General de la Nación estén procurando que esos recursos que necesita, no solo el hospital de Tadó sino muchas centros de salud del departamento, sean ejecutados o ¿Esperaran que el Chocó se convierta en un segundo Amazonas con su exponencial número de contagiados del país y así ejecutar el plan de contingencia?

El gobierno nacional no puede obligar a los trabajadores de salud a trabajar cuando no cumplen ni siquiera con sus derechos laborales. Es claro que el Hospital San José de Tadó en Chocó está en el vórtice de la crisis. Ya lo anotó el equipo desdeabajo “la salud es un derecho para la vida y no una obligación para la muerte”.

En los siguientes enlaces podrá ver programas de la serie –Demonios– con expertos y expertas que debaten y analizan la situación de la salud de Colombia en medio de la crisis sanitaria:

- El Chocó: una pandemia sin fin

https://www.youtube.com/watch?v=_FcrMk96m7I&t=4s

-Trabajadores de la salud y el Decreto Nº 538/2020:
https://www.youtube.com/watch?v=MWEnEPakPwk&t=320s

- La Ley 100 y la crisis de la salud en Colombia

https://www.youtube.com/watch?v=lARq7LfeYDc

Situación de los trabajadores de la salud. ¿Amenazada la salud de la primera línea de atención?

https://www.youtube.com/watch?v=ei6rf-YnzwI

 

 

 

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Cómo y cuándo salir de la enorme crisis económica creada por la pandemia

El hecho de que muchos países hayan conseguido reducir el crecimiento de la tasa de mortalidad causada por el coronavirus, mitigando así el impacto de la COVID-19, ha generado un optimismo que explica que muchos de ellos estén ya iniciando el proceso para intentar recuperar alguna forma de normalidad y reactivar la actividad económica, saliendo así de la mayor crisis económica que estos países hayan sufrido en los últimos cien años.

Ello ha originado un debate sobre cuándo y cómo debe llevarse a cabo dicha recuperación. Este artículo intentará resumir varias alternativas, hoy presentes a los dos lados del Atlántico Norte. Pero para evaluarlas hay que ser conscientes de que, en general, y desde el punto de vista científico, hay bastante consenso entre los expertos en salud pública sobre los criterios básicos que deberían regir esta recuperación. Unos de los más conocidos a nivel internacional son los criterios de la Johns Hopkins University, cuyo Center for Health Security ha señalado que para iniciar tal proceso hay que cumplir cuatro condiciones. La primera es que el país tiene que haber experimentado un descenso de la mortalidad debida al coronavirus durante, al menos, 14 días. Otra condición es que el país tenga suficiente capacidad para realizar pruebas de diagnóstico que le permitan cubrir, al menos, a todas las personas con síntomas de tener la COVID-19 (y también realizarlas a los contactos que estas personas hayan tenido) así como a las personas que trabajan en todos los servicios definidos como "esenciales". Una tercera condición es que el país tenga un sistema sanitario con capacidad suficiente para poder atender a todos los pacientes, y cuyo personal sanitario tenga todo el equipo de protección necesario que le permita atenderlos con el mínimo riesgo de contagio. Y, por último, la cuarta condición es que los servicios de salud pública del país tengan capacidad suficiente para llevar a cabo campañas de detección de nuevos casos de infección, así como controlar y diagnosticar a sus contactos para su confinamiento y aislamiento (ver "Public Health Principles for a Phased Reopening During COVID-19: Guidance for Governors", The Johns Hopkins University Center for Health Security, 17.04.20). La aplicación de estos cuatro principios, junto con las medidas de confinamiento selectivo, así como el uso generalizado de mascarillas y guantes, permiten el control y resolución de la pandemia. La experiencia así lo ha mostrado. Casos como el de Corea del Sur muestran claramente que la pandemia puede abordarse con éxito. Ello requiere un compromiso firme por parte del país y sus autoridades, dentro de una cultura cívica de solidaridad y compromiso con el bien común.

 

Estas condiciones no se están respetando en la gran mayoría de países que se están desconfinando

 

Ahora bien, el éxito que las campañas de confinamiento han tenido en muchos países para reducir el número de contagios, de enfermos y de muertes por coronavirus ha generado un optimismo que, sin que se den las condiciones previamente detalladas, ha animado a que se inicie en muchos de ellos un proceso de desconfinamiento y de paulatina recuperación económica. Es comprensible que este proceso esté ocurriendo, pues las medidas de contención de la pandemia y, muy en particular, el confinamiento de la mayoría de la población (que en un momento determinado fue de tres cuartas partes de toda la población que vive en las economías avanzadas), han representado y continúan representando un enorme sacrificio con el que la población, con razón, desea y ansía terminar. Es más, a favor del desconfinamiento existe el hecho de que el confinamiento también tiene costes para la salud de la población, entre ellos, causar un aumento de mortalidad por enfermedades distintas a la COVID-19, al no poder ser atendidas estas enfermedades por la saturación de los centros sanitarios desbordados de enfermos por coronavirus. Y no hay que olvidar tampoco que la propia crisis económica está deteriorando la salud y calidad de vida de grandes sectores de la mayoría de la población.

Pero, por muy comprensibles que sean los argumentos favorables a un pronto desconfinamiento, ello no quiere decir que sea aconsejable, ya que tal recuperación (dependiendo de cómo se haga) podría incluso empeorar la situación y agravar todavía más la crisis económica. Y la principal causa de que ello sea así es que la actividad productiva continúa basándose en la actividad humana, dependiendo su ejecución de la salud y la vida de sus agentes, lo cual hace que la viabilidad del sistema económico dependa de que se respeten los principios científicos y las condiciones indicadas al inicio del artículo. A no ser que los trabajadores estén vivos y sanos, el sistema económico se paraliza. Un desconfinamiento rápido puede conducir incluso a una mayor parálisis como consecuencia del crecimiento de la enfermedad entre los trabajadores, tal y como está ocurriendo, por ejemplo, en algunos Estados de EEUU, donde la pandemia está teniendo unos efectos devastadores.

Esta es la realidad de la que deben ser conscientes las autoridades que tienen que tomar las medidas sobre el desconfinamiento. Naturalmente que el deseo común es terminar con esta situación anómala. De ahí que la diferencia entre las distintas alternativas no sea tanto sobre desconfinamiento sí o no, sino sobre qué tipo de desconfinamiento, es decir, en qué condiciones debe realizarse, a fin de que se puedan minimizar los daños que dicho desconfinamiento podría causar a la población, incluida la laboral, lo que afectaría y retrasaría la recuperación económica.

 

Las distintas estrategias de recuperación económica existentes hoy a los dos lados del Atlántico Norte

 

Una estrategia de recuperación económica es la promovida por el gobierno federal estadounidense presidido por Donald Trump, y consiste en el masivo desconfinamiento de la mayoría de la población, a fin de recuperar la economía lo más pronto posible (y a ser posible, antes de las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre, en las que el presidente Trump se presenta para conseguir su relección). Esta alternativa es consciente de que ello implicará un riesgo muy elevado de contagio y muertes por coronavirus. En esta estrategia, la vuelta a la normalidad pasa a ser el objetivo urgente e inmediato para la recuperación. Y el elevado número de fallecidos se justifica por la necesidad de salvar la economía del país, salvación que en ocasiones se presenta en términos belicistas y patrióticos. Tal y como ha señalado el presidente Trump, "hay que salvar la patria en una guerra en la que los muertos son el precio para ganar y conseguir la victoria". Salvar la patria equivale a volver a la normalidad del período prepandemia. Esta posición trumpiana está bastante extendida en amplios sectores conservadores y liberales del mundo occidental, incluyendo España.

Esta estrategia ha sido muy criticada por la gran mayoría de la comunidad científica, incluyendo el comité de expertos que asesora a la Casa Blanca en el tema de la pandemia. Las tensiones entre el Sr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, (y otros miembros del comité científico), por un lado, y el propio presidente, por el otro, son bien conocidas. La elevada popularidad de este experto (la figura más reconocida hoy en EEUU) lo ha protegido de los intentos de la administración por apartarlo del cargo o del comité de expertos. La razón de este rechazo por parte de la comunidad científica es que la pandemia no se resolvería y podría agravarse todavía más, cronificándose y matando a un elevado número de ciudadanos que se considera inaceptable, pues la pandemia podría prolongarse durante un período muy largo, de hasta cinco o más años.

La esperada vacuna contra el virus no será una realidad próximamente

 

El argumento utilizado por los que se muestran favorables a la vuelta rápida a la "normalidad" para negar la posibilidad de que aumente la mortalidad de una manera muy marcada es que se espera que en el corto plazo de algunos meses ya haya disponible una vacuna para prevenir y curar la enfermedad de la COVID-19. Pero existe un gran escepticismo en amplios sectores de la comunidad científica de que esta vacuna pueda desarrollarse, producirse y distribuirse en los próximos meses. Ni que decir tiene que la industria farmacéutica es la mayor promotora de esta tesis, industria que es muy próxima al presidente Trump, cuyas propuestas favorables hacia ella son bien conocidas en aquel país. Aceptando la tesis del descubrimiento y amplio uso de la vacuna en un "futuro próximo", la administración Trump está intentando recuperar la economía inmediatamente, consciente del elevado coste en mortalidad que significará el abandono de los principios científicos enunciados anteriormente, con la suspensión masiva del confinamiento y del distanciamiento social, entre otras medidas salubristas. En esta visión trumpiana, la "recuperación de la normalidad" significa dar prioridad a las grandes inversiones de dinero público para favorecer la recuperación de los elevados niveles de beneficios de las grandes empresas y grupos económicos próximos a la administración Trump (sin condicionar tal ayuda pública masiva al mantenimiento del empleo).

La alternativa progresista a esta estrategia extremista

 

Frente a la alternativa trumpiana, hay una alternativa progresista que las encuestas muestran a los dos lados del Atlántico Norte que es la más popular, y que consiste en desconfinar gradualmente a la población, de manera que la reapertura esté relacionada con el cumplimiento y la mejora en cada una de las condiciones enumeradas al principio del artículo, de manera que cuanto más se cumpla cada condición, mayor sea el grado de apertura. Ello requiere que, como primer paso, se invierta masivamente en los sectores "esenciales" necesarios para el mantenimiento y la sostenibilidad de toda la sociedad y, por lo tanto, de la economía. Entre ellos merecen especial atención los servicios sanitarios y de salud pública, así como los servicios sociales y los de atención personal (conocidos también como la economía de los cuidados), incluyendo los servicios del cuarto pilar del Estado del Bienestar (escuelas de infancia y servicios de atención a la dependencia, entre otros), que son todos ellos necesarios para garantizar la supervivencia, el mantenimiento, la seguridad y el cuidado de la ciudadanía (tanto como trabajadores como consumidores), sin la cual la actividad económica no puede existir. Se propone así un New Deal Social que incluya una gran inversión en los servicios y transferencias del Estado, inversión que, insisto, debería reforzar los servicios de supervivencia, mantenimiento y continuidad de la sociedad, incluida su economía, y que además sería una de las fuentes más importantes para crear empleo. Esta inversión garantizaría una recuperación que minimice la mortalidad y morbilidad (enfermedad), creando además un empleo necesario para facilitar tanto la seguridad y salud de la población como el estímulo para la recuperación económica. Por ejemplo, el desarrollo del 4º pilar del bienestar facilitaría la integración de la mujer en el mercado de trabajo, tal y como ha ocurrido en aquellos países donde existe dicho pilar (como es el caso de los países escandinavos, que tienen el mayor porcentaje de mujeres en el mercado de trabajo), ya que permite compaginar el proyecto personal a nivel laboral con la responsabilidad familiar (facilitada también por una revolución cultural, corresponsabilizando al hombre en tales tareas familiares). Estas políticas públicas están adquiriendo una gran urgencia hoy como consecuencia del confinamiento de las familias, con el cierre de las escuelas, incluidas las infantiles. El número de puestos de trabajo creados en el desarrollo de estos servicios sociales básicos sería muy grande. Si España tuviera el mismo porcentaje de la población adulta trabajando en estos sectores sociales del Estado del Bienestar (hoy, uno de cada diez) que tiene Suecia (uno de cada cinco), España crearía unos 3,5 millones de puestos de trabajo. De ahí la urgencia de que el Estado cree empleo. La muy necesaria renta mínima garantizada que asegure un ingreso mínimo vital debe ser complementada con la universalidad del derecho de acceso a los servicios sanitarios y sociales (incluyendo el 4º pilar del bienestar) que garanticen su vida, salud y bienestar social. El derecho al ingreso mínimo vital debería estar acompañado con el derecho de acceso a los servicios vitales universales.

Hoy existe un gran consenso popular, expresado en el aplauso a las 8 de la tarde hacia los trabajadores de los sectores sanitarios y sociales, sobre la urgente necesidad de cubrir el enorme déficit de personal y recursos en estos servicios. Esta inversión en el New Deal Social es una de las condiciones más importantes para los programas de recuperación económica a fin de resolver, por un lado, la pandemia y, por el otro, prevenir su reaparición, toda vez que se garantiza el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía (objetivo principal de cualquier política pública), así como la seguridad y el mantenimiento del quehacer económico. La pandemia y la enorme crisis que ha creado es la mejor prueba de la importancia de priorizar esta inversión social, siendo el centro de la recuperación.

 

La necesaria reorientación del sector industrial para orientarlo hacia el bien común

 

La recuperación económica tiene que incluir también una gran inversión pública para la recuperación del sector industrial, que debería utilizarse para reformarlo a fin de dar mayor prioridad a la producción orientada al bien común en lugar de estar centrado exclusivamente (como ha sido hasta ahora) en responder a la demanda del consumo individual, determinado por la capacidad adquisitiva de las personas, orientándose así hacia los sectores con mayor capacidad monetaria. Hay que producir respiradores que salven vidas, por ejemplo, en lugar de producir tantos automóviles, y hay que producir mascarillas en lugar de vestidos de lujo. Y hay que enfatizar las energías renovables en lugar de las contaminantes. El New Deal Verde tiene que complementar el New Deal Social. Y para asegurarse de que esta nueva orientación se cumple, el Estado tendría que utilizar la inversión pública, pasando a ser parte de la dirección de algunas empresas, conforme a la cantidad de apoyo financiero que haya aportado. No puede reproducirse lo que ocurrió con la salvación de la banca, que terminó con una enorme pérdida de 60.000 millones de euros públicos, sin haber sido utilizada aquella inversión para una modernización del sector bancario, a fin de que desarrollara una vocación de servicio al bien común, escasamente presente en este sector económico.

En realidad, una gran diferencia entre las dos alternativas -la trumpiana y la progresista- es que la primera, defensora del statu quo (al coste que fuere), ha percibido al Estado como un servidor de la economía, interviniendo solo cuando tiene que corregir los fallos del mercado. En la alternativa progresista, por el contrario, es la economía la que está al servicio de la sociedad y del bien común, con una activa intervención del Estado para garantizar que sea así. En este sentido, el Estado tiene que intervenir activamente en el proceso de reconversión económica. Un ejemplo, entre muchos otros, es el desarrollo de la digitalización y de la inteligencia artificial, que constantemente es presentada como un riesgo (según algunos) o una oportunidad (según otros) para la desaparición del trabajo humano. Que sea lo uno o lo otro depende del contexto político que dirija tal proceso y los objetivos deseados. El mérito o demérito de las nuevas tecnologías depende, pues, de quién las controla. Dejarlas en las manos del mercado, como proponen los conservadores y liberales (y cuya máxima expresión es el trumpismo), es optimizar el poder y beneficios de las empresas y grupos económicos que las controlan. Pero la experiencia también muestra cómo en países donde el Estado ha tenido un mayor protagonismo (como los países escandinavos) estas nuevas tecnologías han servido para redefinir las condiciones del trabajo y permitir una mayor satisfacción y creatividad del mundo trabajador, facilitando una considerable reducción del tiempo de trabajo (ver "Robots won’t make us redundant", de Lars Klingbeil y Henning Meyer, Social Europe, 14.05.2020).

 

¿Cómo se pagará esta reconversión? La necesaria reforma de la política fiscal

 

Por extraño que parezca, la respuesta a esta pregunta no es económica sino política. La pregunta debe reformularse para decir: ¿tiene la sociedad española recursos para financiar esta recuperación? Y la respuesta, apoyada por los datos existentes, creíbles y claros, es afirmativa. España tiene los recursos para pagar su New Deal Social (complementado con el New Deal Verde). El excesivo poder e influencia de las fuerzas conservadoras en la vida política y mediática de España explica la infrafinanciación de sus sectores esenciales, incluyendo, por ejemplo, la sanidad y los servicios de salud pública. España es uno de los países de la UE-15 que gasta menos en su Estado del Bienestar. En sanidad, por ejemplo, invierte solo un 6,4% del PIB, cuando la media en la Unión Europea es del 7,1% y en la UE-15 del 7,2%. Si tal gasto fuera el de la UE-15, tendríamos casi 10.000 millones de euros más para la sanidad.

Las enormes desigualdades de renta y de propiedad que existen en este país, unas de las más altas hoy en el mundo desarrollado, muestran que el problema no es la falta de recursos sino la redistribución de esos recursos, lo cual ocurre por cierto también en la Unión Europea (UE), cuya falta de solidaridad en respuesta a la pandemia está mostrando, una vez más, una carencia de sensibilidad social que podría significar su desaparición como consecuencia de la falta de apoyo popular. La Europa democrática, que fue el sueño y punto de referencia que nos motivó a la resistencia antifascista durante la dictadura, se está convirtiendo en una pesadilla. Que hoy, en medio de la mayor crisis económica que este continente haya experimentado, todavía se insista en la UE en las medidas neoliberales que hicieron tanto daño a las clases populares de este continente es un sinsentido. Hoy están claramente desfasadas, pues hay casi un consenso internacional en que la principal condición para salir de la crisis es precisamente una enorme inversión pública, y debe ser el Estado (desde sus diferentes niveles) el que invierta cantidades nunca vistas antes para esta recuperación.

De ahí que, además de políticas fiscales redistributivas, el crecimiento de la deuda pública sea necesario y urgente, pues sin ella no hay posibilidad de recuperación económica. Incluso el mayor ideólogo neoliberal, conocido por su insistencia en reducir el déficit público durante la Gran Recesión, el Sr. Kenneth Rogoff, de la Universidad de Harvard, no solo tolera, sino que es favorable a un gran aumento del déficit ("tanto como sea necesariopara recuperar la actividad económica"). Y un tanto igual el presidente del Federal Reserve Board, Jerome H. Powell (institución equivalente al Banco Central Europeo y máximo promotor del neoliberalismo en EEUU), que ha pedido al Congreso de EEUU que continúe invirtiendo dinero público hasta que la economía se recupere, sin límite en su déficit. El tema a debate, pues, no es inversión pública sí o no, sino dónde, cuándo y cómo se hace tal inversión, y para el beneficio de quién: o se hace para salvar los intereses particulares del establishment financiero y económico, o para salvar la calidad de vida y el bienestar de la mayoría de la población, poniendo el bien común por encima de todo lo demás. Ahí es donde está el debate. Y de su resolución depende la vida de todos, incluida la del lector de este artículo.

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El FMI presta 3.483 millones de dólares a 11 países de América Latina, pero con las temidas 'recetas' de ajuste pospandemia

El Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó préstamos por 3.483 millones de dólares a 11 de los 17 países de América Latina y el Caribe que le han solicitado créditos para enfrentar la crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus.

 

De acuerdo con el reporte más reciente del organismo, entre el 15 de abril y el 1 de Mayo fueron aprobados préstamos a Bolivia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Haití, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Santa Lucía.

El menor monto correspondió a Dominica, con 14 millones de dólares, mientras que el más alto, de 650 millones de dólares, fue para República Dominicana, pero las líneas de crédito permanecen abiertas porque hay otros países que las han solicitado.

En el caso de Jamaica, su petición se evaluará en la reunión que la Junta Ejecutiva del FMI sostendrá el próximo viernes, mientras que están pendientes los trámites de Colombia, que solicitó 11.000 millones de dólares, mismo monto que pide Perú. Honduras, en tanto, solicitó 340 millones de dólares.

Hasta ahora, el organismo solo les ha negado financiamiento de emergencia a Venezuela y Nicaragua.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió un crédito de 5.000 millones de dólares, pero el organismo no se lo otorgó con el argumento de que hay una "confusión" sobre quién encabeza el gobierno, ya que algunos países reconocen al autoproclamado Juan Guaidó. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por su parte, solicitó 470 millones de dólares, pero las autoridades del FMI lo rechazaron al considerar que estaba haciendo un "mal manejo" de la crisis.

 

¿Cuáles son las condiciones?

 

Con el resto de los países, el Fondo ha recurrido a dos herramientas de emergencia. Una es el Mecanismo de Crédito Rápido, conocido como RFC por sus siglas en inglés, y que presta asistencia inmediata con condiciones limitadas a Estados de bajos ingresos que tienen necesidades urgentes de equilibrar su balanza de pagos. La segunda es el Instrumento de Financiamiento Rápido (RFI), que tiene los mismos objetivos, pero para todos los países miembros del organismo. En ambos casos se flexibilizan los créditos sin que ello implique revisiones de las políticas económicas de los beneficiarios, que sí se aplican en otros tipos de deuda.

En América Latina obtuvieron los préstamos a través del RFC Dominica, Granada, Haití y Santa Lucía, mientras que a Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Panamá y Paraguay se les adjudicaron a través del RFI. En todos los casos, el FMI autorizó los desembolsos para paliar la emergencia sanitaria y reconoció las políticas sociales aplicadas hasta ahora por los gobiernos, pero advirtió que, en la etapa pospandemia, se deberán repetir las añejas recetas de ajuste del gasto público.

 

Exigencias para cuando pase la crisis

 

El primer país beneficiado con un préstamo del FMI debido a la pandemia fue El Salvador, ya que el 14 de abril se autorizó un crédito de 389 millones de dólares. Al anunciar la medida, Mitsuhiro Furusawa, subdirector gerente del organismo, reconoció que la necesidad de incrementar el déficit presupuestario para preservar la salud pública y contener el impacto económico del coronavirus, pero solo de manera eventual.

"La estabilidad macroeconómica debe preservarse permitiendo que estas medidas temporales caduquen el próximo año, una vez que termine la pandemia, y comprometiéndose con un ajuste fiscal gradual a partir de 2021. Dicha estrategia debería apuntar a un saldo fiscal primario del 3,5 % del PIB para fines de 2024 y poner la deuda pública en una senda firmemente decreciente para alcanzar el 60 % del PIB para 2030", dijo.

El 16 de abril, Panamá recibió un crédito por 515 millones. El organismo reconoció que las perspectivas macroeconómicas de este país habían cambiado debido a la pandemia hasta abrir una brecha en la balanza de pagos estimada en 3.700 millones de dólares. En ese momento, Furusawa reiteró que cuando termine la emergencia habrá que modificar el gasto público.

"Volver a un ajuste gradual una vez que la pandemia retroceda aseguraría que la relación deuda pública / PIB se mantenga en un camino sostenible (…) Las respuestas políticas y las medidas macroprudenciales tendrían que recalibrarse a medida que evoluciona la situación", señaló.

Bolivia recibió el 17 de abril un préstamo por 320 millones de dólares que había solicitado el gobierno de la autoproclamada presidenta Janine Añez. El crédito avanzó sin comentario alguno por parte del FMI a la anómala situación que hay en un país en donde el año pasado hubo un golpe de Estado que terminó con el gobierno de Evo Morales, el expresidente que jamás quiso solicitar deuda al organismo. Las elecciones para recuperar el sistema democrático estaban previstas para el 3 de mayo, pero se postergaron al 20 de junio debido a la pandemia.

Al avalar el financiamiento, Furusawa aseguró que la respuesta de Bolivia a la crisis sanitaria ha sido "oportuna, bien focalizada y apropiada" y confió en la determinación del gobierno para "garantizar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de la deuda" una vez que haya pasado la emergencia.

Ese mismo día se autorizó un préstamo de 111,6 millones de dólares para Haití, el país más pobre de la región, que padece una caída brusca de sus remesas y una reducción de sus exportaciones textiles a raíz de la pandemia. Este es el único caso en el que el FMI anunció de manera explícita que auditará los recursos y aludió de manera directa a la corrupción del gobierno de Jovenel Moïse.

"Para garantizar el uso apropiado del financiamiento de emergencia, las autoridades deben preparar informes mensuales de ejecución del presupuesto sobre los gastos de Covid-19 y llevar a cabo una auditoría financiera y operativa (…) el FMI tiene la intención de seguir apoyando a Haití a través de un programa supervisado por el personal para ayudar a comenzar el proceso de restaurar la estabilidad y la sostenibilidad macroeconómicas, construir una mejor red de seguridad social y abordar las debilidades y la corrupción de la gobernanza", expresó Tao Zhang, director general adjunto del organismo.

El 21 de abril, Paraguay recibió un crédito por 274 millones de dólares. El FMI lamentó que la pandemia haya interrumpido la recuperación económica que se preveía este año en ese país. Ahora, en cambio, la recesión proyectada es del 1,0 % y el déficit fiscal, del 4,5 % del PIB.

"Una vez que la crisis disminuya, será necesario reducir el déficit presupuestario y Paraguay debería restablecer su regla fiscal, que ha anclado con éxito la estabilidad macroeconómica en los últimos cinco años", advirtió Furusawa.

Una semana después, el 28 de abril, el FMI avaló el préstamo de 65,6 millones de dólares para Dominica, Granada y Santa Lucía, países caribeños que, por sus dimensiones, son vulnerables a las crisis y cuyas economías dependen del turismo que quedó paralizado con la pandemia. Al otorgar el financiamiento, el organismo advirtió que estas naciones se habían comprometido a cumplir con el objetivo de que la deuda regional represente el 60 % del PIB para 2030, por lo que tendrán que aplicar las políticas de ajuste una vez que pase la crisis.

Costa Rica obtuvo financiamiento por 504 millones de dólares el 29 de abril. El FMI destacó en un comunicado la relajación temporal de los límites de gasto bajo la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la política monetaria y el tipo de cambio flexible aplicados por el gobierno de Carlos Álvaro Quesada. Furusawa admitió, de nuevo, que las necesidades médicas, sociales y económicas importantes e inmediatas provocadas por la crisis requieren ahora un mayor gasto fiscal, pero reiteró que habrá que revertirlas en cuanto se disipe la crisis de salud.

n esa misma fecha se confirmó el préstamo por 650 millones de dólares para República Dominicana, país que a raíz de esta emergencia debilitó sus perspectivas macroeconómicas. Zhang precisó entonces que, una vez que la pandemia retroceda, "será importante volver a una consolidación fiscal gradual, incluido el establecimiento de un marco fiscal a mediano plazo, para garantizar que la relación entre la deuda pública y el PIB se mantenga sostenible y en una senda en declive".

El 1 de mayo fue el turno de Ecuador, país que recibió asistencia por 469,7 millones de dólares. Al anunciar el préstamo, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, señaló que la pandemia y la fuerte caída de los precios del petróleo plantearon un gran desafío para la economía ecuatoriana y generaron importantes restricciones financieras, ya que es uno de los mayores exportadores de crudo de América Latina.

"Las autoridades se comprometen a abordar los riesgos para la sostenibilidad fiscal y de la deuda. Con este fin, han tomado algunas medidas iniciales sustanciales, incluida la participación con acreedores del sector privado en una operación de deuda", destacó el FMI, al explicar el compromiso del presidente Lenín Moreno para garantizar la sostenibilidad de la deuda global del país y buscar una reestructuración en el mediano plazo.

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EU inundado por sus deudas al consumo: deuda de los hogares rebasa los 14 millones de millones de dólares

Estados Unidos está inundado por sus estratosféricas "deudas al consumo": adeudos hipotecarios, deuda estudiantil (https://bit.ly/2wnyxSZ) y casi un millón de millones de dólares en tarjetas de crédito.

Las “deudas de los hogares (household debt)” representan mayormente "empréstitos para comprar casas o para refinanciar las hipotecas existentes", según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York (https://nyfed.org/2St7BK2).

Mientras que la economía china se basa en el ahorro, la de EU exhibe una adicción al consumismo que representa alrededor de 80 por ciento de su PIB.

En forma ominosa, la "deuda de los hogares" alcanzó 14.15 millones de millones de dólares – ¡11.6 veces más que el PIB nominal de México!– al último trimestre de 2019 y es mucho mayor al anterior pico de 12.68 millones de millones de dólares del tercer trimestre del 2008: previo a la debacle financierista de Lehman Brothers.

¿Cuál será el límite de la deuda colosal de EU? El mayor componente de la "deuda del hogar" lo constituyen las hipotecas por 9.56 millones de millones de dólares (67.56 por ciento), y el restante está constituido por una variedad de adeudos: empréstitos de automóviles –que alcanzaron 1.33 millones de millones de dólares–, tarjetas de crédito y adeudos estudiantiles.

Wilbert Van Der Klaauw, vicepresidente de la Reserva Federal de Nueva York comentó que los "orígenes hipotecarios que incluyen los refinanciamientos se incrementaron en forma significativa", así como los empréstitos para adquirir automóviles. Agregó que "desde 2016, notablemente entre los prestatarios más jóvenes", existe un fuerte número de "transacciones morosas" de los tarjetahabientes.

La morosidad –atraso de 90 o más días– de los millennials es casi el doble (9.36 por ciento) que el restante de los prestatarios (5.32 por ciento), lo cual exhibe un problema del sector de las tarjetas de crédito.

Wilbert Van Der Klaauw comentó que "los incrementos en la tasa de morosidad de las tarjetas de crédito" exhibe una de dos cosas: "a algunas partes de la población no les está yendo tan bien o es sólo el resultado de parámetros más relajados de los empréstitos".

El adeudo en tarjetas de crédito alcanzó 930 mil millones de dólares (https://on.wsj.com/2SKJoO8), mientras la proporción de "morosidad grave" se incrementó entre los millennials.

Los economistas de la FED juzgan que la "reclasificación de adeudos de algunas tarjetas de consumo de los almacenes como deudas de tarjetas de crédito, en lugar de una deuda de consumo sin tarjetas de crédito, explica parcialmente el incremento".

Yuka Hayashi de The Wall Street Journal –gran aliado de Trump– considera que ello se debe a que "los estadunidenses gastaron en forma agresiva (sic) en el contexto de una economía vigorosa y un robusto mercado laboral" cuando "el mes de enero agregó 225 mil empleos y la tasa de desempleo fue de 3.6 por ciento", mientras que los salarios se incrementaron 3.1 por ciento.

Hayashi exulta y exculpa que "el incremento en los balances de las tarjetas de crédito forma parte de la expansión continua del crédito al consumo visto en años recientes, que inició con el crecimiento de la deuda estudiantil y de los automóviles y que luego se trasladó a la deuda de hipotecas y de las tarjetas de crédito" cuando "la economía se encuentra en su onceavo año de expansión y el desempleo se encuentra casi a sus niveles más bajos de hace 50 años".

Sin duda, todo ello abona para un escenario de relección de Trump, de 73 años, quien espera la nominación de su contrincante del Partido Demócrata cuando el establishment ha empezado a mover la carta del multimillonario israelí-estadunidense Mike Bloomberg, de 78 años y con una fortuna de casi 62 mil millones de dólares (https://bit.ly/2SufOgN) quien pudiera ser acompañado por Hillary Clinton como candidata a la vicepresidencia (https://bit.ly/3bHQLhW).

¿Comprará Bloomberg la nominación con el fin de impedir el ascenso irresistible de Bernie Sanders (https://bit.ly/2HshbGB), admirable judío progresista de 78 años al que veneran los millennials y cuyo "socialismo" perturba a la omnipotente triada de Wall Street/Silicon Valley/Pentágono?

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"Francia debería reembolsar mínimamente, con más de 28.000 millones de dólares americanos a Haití"

Le Nouvelliste publica en esta edición una entrevista realizada por el Doctor en Economía Thomas Lalime, cronista de la sección Economía del periódico, con el célebre economista francés Thomas Piketty sobre en qué forma sus trabajos podrían ayudar a esclarecer la elección de las políticas públicas en Haití. El director de los estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) y eminente profesor de la Escuela de Economía de París, Piketty, respondió de manera transparente y sin maquillajes a sus preguntas.

Según los cálculos, "la deuda de la Independencia representaba en 1825 el equivalente aproximado de tres años de la producción de Haití (300% del PBI diríamos en el lenguaje de hoy). Esto sin tomar en cuenta siquiera los intereses que los banqueros franceses, y anglo-sajones no dejaron de hacer pagar hasta 1950 a cambio del "refinanciamiento de esta deuda". Francia debería reembolsar a HAITÍ hoy mínimamente con el equivalente de tres años del PBI haitiano actual,o sea más de 28.000 millones de dólares norteamericanos. Nótese que el PBI nominal se elevaba a 632 millones de millones de gourdes(moneda haitiana) para el ejercicio fiscal 2017-2018, o sea, 9.600 millones de dólares norteamericanos a la tasa de cambio de entonces de 65,6 gourdes por un dólar USA.

Thomas Lalime (T.L) : Después de El Capital en el siglo XXI en 2013, usted presenta al gran público Capital e ideología en 2019 con el fin de presentar un cuadro bastante fiel de las desigualdades. Haití, antigua colonia francesa, permanece aún como uno de los países más desiguales del mundo. ¿Ocupó Haití un lugar importante en sus investigaciones?

Thomas Piketti (T.P) : Mi nuevo libre, Capital e ideología, presenta una historia de los regímenes de desigualdades, en particular los sistemas de justificación ideológica de las desigualdades. El caso de Haití juega un rol muy importante en mi libro, pues la manera en que la isla ha sido tratada por la potencia colonial francesa y los antiguos propietarios de esclavos ilustra de manera extrema (pero desgraciadamente representativa) la brutalidad de la ideología propietarista en vigor en el siglo XIX, teniendo como fundamento una cuasi-sacralización de los derechos de los propietarios, cualesquiera sean los orígenes y las formas de la propiedad.

T.L : ¿Por qué, según usted, las desigualdades son tan escandalosas en Haití? ¿Cuál es el rol de la herencia colonial en la emergencia, la agravación y la persistencia de esas desigualdades de riquezas en Haití?

T.P : La revuelta de los esclavos en Haití es sin duda el momento más subversivo de la Revolución Francesa. Algunos en Francia estaban dispuestos a responder positivamente a ella. Al final, la línea que se impuso en París fue dura y represiva. La monarquía francesa impuso en 1825 una muy dura deuda a Haití con el fin de compensar a los propietarios de esclavos despojados de su derecho de propiedad. Esta deuda injusta pesó gravemente en el desarrollo económico, político, y humano de la isla. La deuda fue oficialmente pagada hasta la mitad del siglo XX. En realidad, es hasta nuestros días que esta pesada herencia esclavista y colonial ha hecho sentir sus efectos.

T.L : Usted propone poner impuestos a los más ricos, pero en países de ingresos reducidos como Haití, en donde las instituciones son muy débiles, los ricos acaparan a menudo el aparato estatal que debería proceder a imponer estos impuestos. Frecuentemente, ellos no pagan impuestos o pagan muy poco. Estos últimos pueden bastante fácilmente provocar el cambio de un gobierno o de un funcionario que quisiera hacerles pagar más. ¿Cómo aplicar una medida semejante en este contexto?

T.P: Pienso que todos los países, comprendiendo a Haití, tienen necesidad de transparentar quién posee qué, quién recibe tal ingreso y cuánto los unos y los otros pagan o no de impuestos para contribuir a las infraestructuras colectivas, al sistema de educación y al sistema de salud. Un sistema fiscal justo debe basarse en un impuesto progresivo sobre la propiedad y un impuesto progresivo sobre los ingresos. Cualquiera sea el grado de desarrollo del país y de la administración fiscal, los gobiernos deben comprometerse a hacer un registro de las propiedades y los ingresos de sus ciudadanos, a aplicarles los impuestos adecuados y a publicar el resultado de estas operaciones. Cuántos contribuyentes fueron registrados con tal y tal nivel de patrimonio y de ingresos, en tal ciudad, año tras año. Así podrán los ciudadanos hacerse una idea del progreso(o de la ausencia de progreso) de la administración fiscal, podrán pedir cuentas, y apropiarse de la cuestión de la justicia fiscal y social.

T.L : Haití fue forzada a pagar una deuda de la independencia de 150 millones de francos-oro en 1825, o sea un monto capitalizado de más de 21.000 millones de dólares hoy, lo que en gran parte hundió la posibilidad de su despegue económico. ¿Piensa usted que Haití tiene derecho hoy a una reparación por parte de Francia?

T.P: Esta deuda representaba en 1825 el equivalente de alrededor de tres años de producción de Haití (300% del PBI con el lenguaje de hoy) Esto sin tomar en cuenta siquiera los intereses que los banqueros franceses, y anglo-sajones no dejaron de hacer pagar hasta 1950 a cambio del "refinanciamiento de esta deuda". Francia debería hoy reembolsar a HAITÍ, mínimamente con el equivalente de tres años del PBI haitiano actual.

En mi libro, estudio igualmente formas más ambiciosas de justicia trasnacional fundada en la desigualdad de acceso a la educación y a los otros bienes fundamentales, en dondequiera uno haya nacido, independientemente de los orígenes de los unos y los otros y de toda lógica de solidaridad inter generacional. Esto conduciría en la práctica a retribuciones mucho más importantes todavía en beneficio de los jóvenes Haitianos. Pero a partir del momento en que no se instrumente una norma de justicia de este tipo, hay que aceptar entonces la lógica de las reparaciones.

Por Thomas Lalime

Le Nouvelliste

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Martes, 31 Diciembre 2019 10:30

La clase media no va al paraíso

La clase media no va al paraíso
 Publicamos una selección de los artículos más leídos durante el 2019. Fueron seleccionados de los periódicos desdeabajo ediciones 253-264 y Le Monde diplomatique, edición Colombia ediciones 185-196.

 La clase media, si alguna vez existió hoy desaparece en medio de salarios reducidos, macdonalización, sociedad de bajo coste y fabricación de seres endeudados. Esta es la realidad de las multitudes uniformadas.

 

“Nunca pienso que la gente muere.
Sólo que va a grandes almacenes”
Andy Warhol


A comienzos del mes de mayo de éste año, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) lanzaba un SOS por la “clase media” de los países desarrollados. En el documento titulado Bajo presión: la clase media exprimida, remarcaba alarmada que en las tres últimas décadas los ingresos de los grupos medios crecieron un tercio menos que los ingresos del diez por ciento de los más adinerados, revelando que la inquietud surge del rápido retroceso de los ubicados en la mitad respecto de las cúpulas.

La preocupación, sin embargo, no es asunto nuevo en las altas esferas como quiera que en enero de 2009, el entonces recién posesionado presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunciaba la creación del “Grupo de trabajo para la clase media” que, según él, era el colectivo perdedor en los últimos años y al que por el bien de su país, y del mundo, le debían ser devueltas las condiciones que le garantizaran su continuidad como sostén básico del consumo, y encarnación más sentida de los valores del “sueño americano”.

Más adelante, en diciembre de 2016, el mismísimo FMI, en un artículo firmado por el economista senior Ali Alichi, mostraba preocupación por la contracción sufrida por la clase media, pues en el último medio siglo habría sido reducida en once puntos porcentuales. Y, en nuestro entorno, finalizando el mes de mayo de este año, el ultraliberal Sebastián Piñera, actual presidente de Chile, presentó el programa “Clase media protegida”. ¿Qué esconde tanta preocupación? ¿Quiénes componen, en realidad, el grupo que políticos y teóricos convencionales dicen considerar en esa categoría? ¿Qué del funcionamiento del sistema realmente amenaza la supuesta desaparición de la llamada clase media?
La caracterización general de lo que significa “clase media” –ni pobres ni ricos– ha sido siempre controversial, y es aceptado que su definición es bastante subjetiva y ad hoc, en la medida que sus fronteras son borrosas y quedan al capricho de quién las establece.  La Ocde define como de clase media a los hogares cuyos ingresos están entre el 75 y el 200 por ciento de la media del ingreso nacional, en un intervalo cuyos límites no están soportados en parámetros concretos, y en los que, por ser el valor superior 300 por ciento mayor que el límite inferior, ya debería llamar a sospecha.

El termino fue acuñado por el sociólogo norteamericano Richard Wrigth Mills en su obra Las clases medias en Norteamérica (White-Collar), en la que daba cuenta de la profundización de la división del trabajo y la maquinización en oficinas y comercios a principios del siglo XX, lugares predominantes de los trabajadores de “cuello blanco”, y núcleo de lo que denominó cómo clase media. Nacía así una separación teórica de los asalariados, cuya gelatinosa correspondencia con la realidad ha tenido efectos sociales y políticos que han limitado una acción conjunta de grupos separados por diferencias marginales y que, sin lugar a dudas, más allá de tales diferencias, están arrinconados en la estrecha parcela de la subordinación.



Clases sociales y normas de apropiación

Cuando surge el tema de las clases sociales, la atención es dirigida, de forma casi automática, hacía los planteamientos marxistas, obviándose que el concepto emerge junto con la economía política y que son los fisiócratas los primeros que lo plantean. En efecto, fue François Quesnay quien, sobre la base de la función económica de los individuos formuló, ya en el siglo XVIII, la categorización de la sociedad en tres clases: productiva, estéril y  de propietarios (terratenientes). La productiva correspondía al conjunto de agentes de la agricultura –excluidos los dueños de la tierra– pues afirmaba que tan sólo allí las sociedades generan excedente material; estériles eran los productores de las manufacturas pues, en el mejor de los casos, entregan tanta materia en los productos como la que reciben en lo insumos, y, por último, los terratenientes que no tienen una función productiva, propiamente dicha, y por su parasitismo debían ser los únicos pagadores de impuestos. Esta clasificación surge asociada a la primera modelización de la circulación y distribución de la riqueza –La Tabla Económica– que hubiera sido imposible sin la agrupación de los individuos en categorías a las que pudiera asignárseles un flujo de ingreso derivado de su función en el sistema económico. Por primera vez, no era el origen de sangre ni la herencia las que definían en el imaginario la posición social.

Posteriormente, Adam Smith y David Ricardo corrigen la categorización, al comprender que la relación funcional en el sistema económico está definida por el recurso productivo apropiado, y reformulan las categorías en capitalistas (dueños de los factores de la producción materiales diferentes a la tierra), los rentistas (dueños de los inmuebles) y los trabajadores (vendedores de fuerza de trabajo, como asalariados). Clasificación también surgida de la necesidad de descubrir las fuerzas que rigen los montos de los ingresos que perciben los diferentes agentes económicos y que dio origen a la categorización de esos ingresos en ganancias, rentas y salarios, correspondientes a las tres clases.

Pues bien, el origen del concepto no tiene ninguna intencionalidad ideológica, como puede verse, y como quieren hacerlo creer los que buscan suprimirlo, por el interés de ocultar la realidad de las leyes sociales que rigen la apropiación del producto. El mayor alcance explicativo que le da Marx, no modifica la estructura formulada por Smith y Ricardo, y en el truncado capítulo cincuenta y dos de El capital –de tan sólo dos páginas–, y último de esa obra, cuando Marx pregunta por “¿qué es una clase?”, al responderse dice que surge de “la identidad de sus fuentes de ingresos” y reconoce que, en ese sentido, cualquiera de las clases podría subdividirse, pues en el sector rural, por ejemplo, sería posible hablar de terratenientes “propietarios de viñedos”, “propietarios de bosques”, etcétera, pero que esto no altera los argumentos centrales, esto es, que los ingresos están enmarcados en las luchas generadas entre los agentes económicos propietarios de los diferentes factores de la producción, y en el que la mercantilización de la fuerza de trabajo enmarca a los trabajadores directos en unas condiciones sociales, que hace de su sinergia la fuerza que define su participación en el producto social.  

   

Funcionariado y clase media: los trabajadores de “cuello blanco”

El paso, a finales del siglo XIX, de la empresa “marshalliana” –con una sola función y generalmente dirigida por una familia propietaria– a las grandes compañías multidivisionales, muchas con carácter multinacional, condujo a una extensión del trabajo administrativo y de las funciones del control nunca antes vistas. El correspondiente crecimiento del Estado y de sus funciones regulativas daría lugar al aumento de la importancia tanto cuantitativa como social y política de lo que Alfred Weber denominaría genéricamente como “burocracia”. El funcionario, como agente central de las organizaciones públicas y privadas, será el corazón de la denominada «clase media»: “Los «funcionarios» forman el cuadro administrativo típico de las asociaciones racionales, sean estas políticas, hierocráticas, económicas (especialmente capitalistas) o de otra clase”1, dirá Weber en una sentencia que muestra la naciente importancia, en el mundo de los asalariados, de un grupo asociado a labores de dirección y control.

Los trabajos de Henry Fayol, en los que el autoritarismo al interior de las empresas será ponderado como un principio central de la administración, y en los que la disciplina y el control son convertidos en más efectivos si dependen de una cadena de mando jerarquizada –análoga en verticalidad a la de la organización militar–, indican ya que la división del trabajo en el área administrativa va más allá de la eficiencia y la eficacia, y que también está diseñada para contener los mecanismos simbólicos y materiales del poder y la intimidación. La división entre trabajadores de “cuello blanco” («empleados») y de “cuello azul” («obreros»), esto es, entre “trabajo cognitivo” y “trabajo manual” adquiere la dimensión suficiente para velar las condiciones de vendedores de fuerza de trabajo de los funcionarios, y erige una barrera que ha impedido que los asignados a tareas de diseño y control, en la producción de bienes y servicios, puedan identificarse y reclamar conjuntamente por sus derechos, con aquellos destinados a la ejecución de los procesos. Fayol cumplió en el área administrativa el papel que Taylor, y en general la “Organización Científica del Trabajo”, habían realizado en el campo de las labores manuales: despojar al trabajador de su autonomía y su identidad.

Charles Wright Mills, comenzando la segunda mitad del siglo XX, da cuenta de la extensión alcanzada por el sistema burocrático y cómo había permeado todos los campos de la sociedad, pero, así también, llama la atención sobre la mecanización y precarización que entre el funcionariado empezaba a generalizarse: “La introducción de la maquinaria de oficina y de los planes de venta ha ido mecanizando la oficina y la tienda, los dos grandes locales donde tiene lugar el trabajo del white-collar […]. La demiurgia directiva está constantemente promoviendo todas estas tendencias: mecanización, división más minuciosa del trabajo, empleo de trabajadores menos preparados y más baratos”2.

De esa manera, la tarea de la uniformidad de condiciones, y la formación de una gran masa homogénea de productores-consumidores, alimentan de forma cada vez más intensa la gran máquina devoradora de recursos usados en la reproducción de mercancías indiferenciadas –multiplicadas ad náuseam–, acelerando su marcha hasta el extremo que hoy nos tiene al borde del colapso ambiental y social. La automatización de las labores y la necesidad de la homogeneización del consumo, para la masificación de su producción, empezaban a mostrarse como la base de la igualación y la uniformización por lo bajo, de la sociedad.



El punto de quiebre


Desde el último cuarto del siglo XX, es innegable la tendencia del predominio del sector servicios, tanto en el número de trabajadores como en su valor en la contabilidad nacional, así como la presencia cada vez más generalizada de la robotización en los talleres. Esto ha traído como consecuencia la reducción sustancial del músculo en la fabricación de bienes y la indiferenciación entre las labores directas en la fabricación y las indirectas en las “oficinas”, aplanando las singularidades que separaban trabajadores de “cuello blanco” de “trabajadores de “cuello azul”: “El primer grado, y a veces el aplicado primero en las oficinas, es el de la D-AC: diseño con ayuda de computadora. Luego vienen las diferentes dimensiones  de la C-aC, Concepción con Ayuda de Computadora, culminando todo en formas que mezclan tareas de concepción y de fabricación, o más exactamente que integran funciones de oficina y el taller”3. Lo que no significa que en la dirección los Oficiales Ejecutivos en Jefe (más conocidos como CEO por las siglas en inglés), y algunos profesionales de la concepción y el diseño no sigan separados de la gran masa; por lo contrario, han sido convertidos en parte de la élite, y conforman con ésta un grupo cada vez más reducido que, en sentido estricto, como veremos, no pueden considerarse asalariados, y cuyos patrones de consumo los acercan al sector más privilegiado.
 
Pierre Bourdieu señala cómo desde los inicios de la sociología, la definición de clases sociales no indica lo mismo que categoría social en el sentido de estatus, “Por eso, como observa Max Weber, «podría decirse, a costa de una excesiva simplificación, que las clases se distinguen según su relación con la producción y la adquisición de bienes, y los grupos de status, en cambio, según los principios de su consumo de los bienes, representado por tipos específicos de estilos de vida»”4. Es, en ese estricto sentido, que acá negamos la existencia de una “clase” media, sin deconocer qué durante varias décadas, trabajadores de “cuello blanco”, incluyendo algunos trabajadores independientes y pequeños empresarios, han constituido un grupo de estatus subsumido integralmente en las normas del orden burgués y defensor, en la primera línea, del mundo del capital.

Pues bien, la automatización señalada tanto en las labores de ejecución, como en las de diseño y control, no sólo ha uniformado, en buena medida los movimientos requeridos para las diferentes tareas, sino que los ha simplificado provocando la depreciación del salario que ha ido igualándose por lo bajo. La homogeneización de los consumos es tanto el efecto de la igualación precarizada de los ingresos como de la masificación de la producción de los bienes y servicios más comunes, que tiene en la uniformidad de los gustos y los comportamientos una garantía de demandas en gran escala, así como la seguridad de la mecanización de reacciones y comportamientos que garantizan la estabilidad del sistema.

En esta medida, la macdonalización de la que habla George Ritzer, no es otra cosa que la manifestación sociológica del sacrificio de la libertad en aras de la seguridad: “McDonald’s nos ofrece aquello que es previsible. Sabemos que el Huevo McMuffin que tomaremos en Nueva York, lo miremos por donde lo miremos, será idéntico al que hemos comido en Chicago o en Los Ángeles. También sabemos que el que pediremos la semana o el año que viene será idéntico al que hemos comido hoy. Reconforta saber que McDonald’s no nos brinda sorpresas, es decir, que la comida que tomamos en un determinado momento o lugar es idéntica a la que comemos en otro sitio o a otra hora […]. El éxito del modelo McDonald’s indica que mucha gente ha empezado a desear un mundo sin sorpresas”5.
Pero, lo que no debemos olvidar, es que el arquetipo McDonald’s no fue más que el anticipo de lo que a finales del siglo XX, y en lo corrido del XXI, quedaría consolidado como el modelo de la “sociedad de bajo coste”, expresión acuñada por Massimo Gaggi y Edoardo Narduzzi, en el libro titulado El fin de la clase media y el nacimiento de la sociedad de bajo coste6.

El fenómeno del bajo coste (quizá más conocido por su expresión en inglés, low cost) aparece a finales de la década de 1990 en ciertas ofertas de los pasajes aéreos, que es completada masivamente por las ofertas de productos de precios bajos en almacenes como Wal-Mart, que aprovechan los artículos de imitación chinos y la desregulación laboral en sus tiendas. Ropa como la de Zara y los muebles modulares de Ikea, cuyas ofertas están inscritas en el principio de baratas y a la moda (“cheap and chic”), intentando conjugar precios bajos con un mensaje de sofisticación en el consumo, que ahora no está apoyado en la particularidad sino tan sólo en el símbolo de lo que es actual, así su uso sea masivo.

En esta dinámica social, a la precarización de los salarios la acompaña la masificación de los consumos, eliminando la línea de demarcación que hacía de la clase media un grupo de status. La base material y social que marca el “declive” de la clase media indica que revertir la situación no es un asunto de buena voluntad de las políticas públicas, sino de la lucha del conjunto de los asalariados que más que de cuello azul o blanco, parecen todos teñidos de un gris lánguido.

La diferencia salarial entre los directivos de las empresas –que no son dueños– y el promedio de los trabajadores, según el Economic Policy Institute, pasó de una relación 20 a 1 en los años sesenta del siglo pasado, a 300 a 1 como promedio en la actualidad, llegando a ser de 700 a 1 en las empresas más grandes. Esto, entonces, excluye de la clase social de los asalariados a los directivos situados en la cúpula –igual que deben ser excluidos las estrellas del deporte y el espectáculo–, pues no están sujetos a la ley descubierta por la economía política que indica que un asalariado, en sentido estricto, está sujeto a regresar periódica y sistemáticamente al proceso de venta de su fuerza de trabajo en el mercado para poder sobrevivir, en razón de que la lucha entre el trabajo y el capital de un lado, y la competencia entre trabajadores, del otro, nivela el salario al valor de sus medios de subsistencia, en una puja cuyo resultado estructural Adam Smith denominó “ley de hierro de los salarios”.

Así, que más allá de las diferencias cada vez más pequeñas entre trabajadores asalariados, por la mayor simplicidad o complejidad de sus tareas, no hay duda que la mayor parte de la llamada “clase media” siempre ha sido, y es hoy más que nunca, en sentido estricto, asalariada. Quizá, lo positivo de que la realidad los haya “des-estatuido”, es que por fin reconozcan sin ambigüedades su verdadera condición al interior del sistema y, en consecuencia, acentúen de forma masiva sus luchas contra el capital.



Engaños y endeudamiento


Cuando el Dane definió como miembros de la clase media colombiana a quienes ganaban entre $450.000 y $2.250.000 al mes, provocó hilaridad generalizada. Sus defensores, entonces, argumentaron que la institución tan sólo aplicaba los criterios internacionales para esa definición, sin obviamente recabar en que tal aplicación, en un país con un ingreso promedio tan bajo, hacía de la definición una caricatura sin sentido. Pues, así numéricamente se esté en la mitad, ese ingreso no permite el nivel de consumo que la sociología otorga al estatus de “clase media”.

En esta senda, las cifras entregadas al público por Planeación Nacional afirman que la clase media pasó del 16,3 por ciento de la población en 2002 a 30,6 por ciento en 2016, y alborozadamente indican que en el 2030 más del 60 por ciento de las personas estarán en esa categoría, en un cuento que no es coincidente con las mediocres cifras del comportamiento del PIB per cápita. Ahora, si el criterio sostenido para esa definición es el rango establecido por las entidades multilaterales, y el parámetro del rango es el ingreso promedio, es claro que aun manteniendo todo constante, si baja el promedio, al bajar el piso del rango incluimos más personas en la categoría, por ser numéricamente mayores las familias de bajos ingresos. Seguramente nuestros genios de la economía, amparados en esa lógica, no demoraran en recomendar disminuir el salario medio para incluir más personas como de la clase media.

Según la Encuesta nacional de calidad de vida, los hogares con automóvil propio en Colombia son tan sólo el diez por ciento y, cómo es sabido, este es un símbolo inequívoco de pertenencia a los grupos sociales medios. El otro “consumo conspicuo” que supuestamente distingue a la clase media, los estudios superiores, es otra cifra que niega las afirmaciones oficiales, pues tan sólo el 35 por ciento de los estudiantes que acaba el bachillerato acceden, de forma inmediata a la universidad, con una probabilidad de ingreso para los quintiles intermedios de tan sólo el 23 por ciento, según el Banco Mundial. De los estudiantes que ingresan apenas el 35 por ciento culmina con la graduación, lo que significa que únicamente un 13 por ciento de los que culminan el bachillerato alcanzan un título profesional.

Colombia también ha entrado en la etapa de endéudate y estudia. El Icetex en el año 2000 otorgó créditos al 5,3 por ciento del total de matriculados en las instituciones de educación superior, y en el 2015 ese porcentaje fue del 21 por ciento. Lo qué sumado a los préstamos estudiantiles de la banca privada, acerca el porcentaje de estudiantes endeudados al 50 por ciento de la matrícula total, ¿esa es la forma de ingresar a la clase media?

El endeudamiento es la forma más perversa de la precarización, y cómo sostiene Mauricio Lazzarato “En tanto que la economía real empobrece a los gobernados en cuanto «asalariados» (congelamiento salarial, precarización, etcétera) y beneficiarios de derechos sociales (reducción de las transferencias de ingresos, disminución de los servicios públicos, de los subsidios de desempleo y de las becas estudiantiles, etcétera), las finanzas pretenden enriquecerlos a través del crédito y el accionariado […]; nada de derecho a la vivienda, sino créditos inmobiliarios; nada de derecho a la escolarización, sino préstamos para pagar los estudios; nada de mutualización contra los riesgos (desempleo, salud, jubilación, etcétera), sino inversión en seguros individuales”7.

Salarios reducidos, macdonalización, sociedad de bajo coste y fabricación de seres endeudados es la realidad de las multitudes uniformadas. Reconocerse como asalariados, con todas las implicaciones y el acumulado de su historia, y contracara del capital, debe ser el paso inmediato que lleve a los trabajadores a buscar la luz al otro lado del túnel.



1    Max Weber, Economía y sociedad, Volumen I, Capítulo 3, F.C.E, p. 175.
2    C. Wright Mills, Las Clases Medias en Norteamérica (White-collar), Aguilar ediciones, p. 290.
3    Benjamín Coriat, El taller y el Robot: Ensayos sobre el fordismo y la producción en masa en la era de la electrónica, Siglo XXI editores, p. 58.
4    Pierre Bourdieu, “Condición de clase y posición de clase”, Revista Colombiana de Sociología, Vol VII No. 1 2002 (pp. 119-141) p. 132.
5    George Ritzer, La McDonalización de la Sociedad Un análisis de la racionalización en la vida cotidiana, EditorialAriel, Barcelona, p. 25.
6    Gaggi, Massimo y Narduzzi, Edoardo, Ediciones Lengua de Trapo, Madrid, 2006.
7    Mauricio Lazzarato, La fábrica del hombre endeudado, ensayo sobre la condición neoliberal, Amorrortu editores, p. 127.

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