Lunes, 26 Julio 2021 06:23

Una apuesta por la libertad

Una apuesta por la libertad

Los sistemas de protección social, como casi todo, pueden estar mejor o peor diseñados. Un ejemplo de una medida de protección social mal diseñada es, indudablemente, el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Un derecho vacío desde su nacimiento que aprobó el examen gracias al marketing político. Un fracaso que no es plato de buen gusto para ninguna persona que defienda mínimamente la necesidad de erradicar la pobreza y de ofrecer una vida digna a todas las personas.

Frente a una política mal diseñada como el IMV, en Euskadi contamos con un programa de rentas mínimas más o menos competentemente diseñado -aunque con su progresiva degradación-. En sus más de 30 años de trayectoria, y según los datos del propio Gobierno vasco, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) no ha conseguido evitar que en Euskadi durante la última década hayan aumentado un 64,9% los casos de personas en situación de pobreza grave o un 20,2% el número de personas en situación de pobreza relativa. En el mismo período de tiempo, el número de personas con privación material ha incrementado un 105%, un 83,7% las familias que no pueden cubrir los gastos básicos y un 122,5% los impagados o atrasos en los pagos de alquileres o hipotecas. Tampoco podemos olvidar que solo una de cada dos personas que acceden al sistema de RGI consiguen superar la pobreza y que un tercio de las personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social ni siquiera acceden al sistema. Competentemente diseñado, repito.

Esto no es algo que ocurra solamente en los 'países del sur'. En Europa, entre el 20% y el 60% de las personas en situación de pobreza, por distintos motivos -laberinto burocrático, estigmatización o rechazo de lo que puedan considerar caridad-, no acceden a la última red del estado de bienestar. Pero, por lo que sea, ésta no es una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía. Al fin y al cabo, 'solo' el 20,25% de los hogares de Euskadi se encuentran en riesgo de pobreza y, tú y yo, con suerte, nos salvamos -de momento-. El propio sistema se ha encargado de dibujar esa línea imaginaria entre la primera y la tercera persona. “Yo”, “nosotros” y “ellos”.

Entonces, ¿debemos tener alguna aspiración como sociedad? Si es así, ¿nos conformamos con tener un 30% de las personas en riesgo de pobreza y exclusión social fuera del sistema de protección? ¿Y con tener una tasa de pobreza entre el 15% y el 18%? Sería un error por nuestra parte resignarnos y es por ello que debemos apostar por una clara mejora en las condiciones materiales de la mayoría social que, además, actúe como un seguro vital ante las inseguridades y las inestabilidades económicas. Sin este seguro, sin esta garantía, la libertad está claramente amenazada.

Diariamente encontramos numerosos artículos sobre la transición económica o la modernización de nuestro sistema productivo. Sin embargo, uno de los retos que no copa tantos titulares pero que también tenemos que abordar en este siglo XXI es la modernización de nuestro sistema de protección social. Es inútil tratar de afrontar las realidades actuales con políticas del siglo pasado que ya han mostrado sus limitaciones. La alternativa que más interés ha suscitado durante los últimos años, en parte por su eficacia tanto económica como técnica, ha sido la renta básica. Una asignación monetaria pública incondicional, individual y universal. Pero no nos engañemos: aunque la reciban todas las personas, no todas las personas salen beneficiadas en términos monetarios porque su financiación se realiza mediante una reforma fiscal donde el 20% más rico tendría que aportar más a las arcas públicas.

Países como Finlandia, Escocia, Países Bajos, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Kenia, Namibia, India o, incluso, la ciudad de Barcelona, ya están explorando mediante proyectos piloto sistemas que garanticen el derecho universal a la protección frente a políticas inspiradas en el asistencialismo. Sí, asistencialismo. Porque si algo diferencia a los sistemas actuales y a la renta básica es la diferente concepción expresada en términos de libertad. El IMV o la RGI ayudan a las personas una vez estas han caído. Ofrecen una prestación a cambio de una contraprestación -habitualmente mediante un proceso de intervención laboral-, lo que conduce irremediablemente a la pérdida de libertad efectiva. La renta básica, por su parte, supone garantizar la existencia material de la ciudadanía de partida, otorgando un aumento de libertad efectiva para la inmensa mayoría de la población no estrictamente rica. Además, los resultados obtenidos en los proyectos piloto nos permiten observar que la renta básica ha conseguido aumentar el bienestar y la seguridad económica de las personas, mejorar su salud mental, comportar una mayor confianza en sí mismas, en las demás personas y en las propias instituciones y mejorar también la oferta laboral.

En un momento de desigualdad creciente, de pobreza creciente, de desempleo creciente, de degradación de las condiciones materiales de la mayoría de la población, en definitiva, de amenaza a la libertad, cabría ser valientes y no seguir parcheando una herida que está desangrando a una grandísima parte de nuestra sociedad. ¿Aspiramos a garantizar unos mínimos vitales a todas las personas? Para ello es necesario pasar del miedo y de la contención a la libertad y la prevención.

24/07/2021

Por Julen Bollain

es economista, investigador en Renta Básica y miembro de la Red Renta Básica.

Publicado enSociedad
Sábado, 24 Julio 2021 07:00

Cuba: las vidas y la libertad importan

Miles de personas asisten a un acto de apoyo a la revolución, en La Habana (Cuba).- EFE

En Cuba se ha producido un estallido de protesta popular. No ha sido un golpe de Estado ni un motín provocado artificialmente por ¿miles? de agentes a sueldo del imperialismo. Ha sido una protesta en la que han participado personas con mentalidades muy diferentes, precisamente porque su motor no ha sido ideológico sino social, reclamando la atención de las necesidades básicas de la vida.

En este estallido se han cruzado dos crisis:

- el dinosaurio estructural que ya estaba allí: baja productividad, caos burocrático e ineficacia,  ausencia de canales de reivindicación en un país sin derecho de huelga y con un sindicato único sometido al Estado, desvinculación creciente de la población respecto a decisiones en las que no participa y que no mejoran sus vidas, grave escasez de divisas, nuevas generaciones sin recuerdo de los momentos en que se alcanzaron logros sociales (en alfabetización, sanidad, educación) pero que  han vivido su desgaste y deterioro, etc.

- la chispa que prendió el estallido, esto es, las consecuencias sociales de la fuerte reducción del turismo a causa de la pandemia y las consecuencias del plan de ajuste "Tarea ordenamiento", destructor de muchos de los accesos gratuitos o subvencionados a determinados bienes o servicios básicos, lanzado por Díaz-Canel -obsesionado en una condena recurrente del "igualitarismo"- y el PCC a través de reformas monetarias, laborales y económicas que benefician a los capitalistas cubanos y extranjeros y que han cargado sobre la clase trabajadora y el pueblo llano el coste de todas las dificultades,

Como señala Leonardo Padura: "Un grito que es también el resultado de la desesperación de una sociedad que atraviesa no sólo una larga crisis económica y una puntual crisis sanitaria, sino también una crisis de confianza y una pérdida de expectativas"

Frente a quienes se tiran a la cabeza los sufrimientos de otros, decimos: las vidas cubanas importan, las vidas colombianas importan, las vidas de las mujeres saudíes importan, la vida de los nicaragüenses importan, las vidas kurdas importan, las vidas sirias importan.

Las vidas cubanas importan: lo más urgente

  1. El pueblo cubano tiene derecho a protestar sin sufrir represión. Es necesario reclamar al gobierno cubano el libre ejercicio del derecho de manifestación, el fin de la represión de las protestas y la liberación de las personas detenidas por estas protestas o por sus actividades críticas.
  2. Las protestas son justas, los problemas que expresan son reales. Gran parte de la población tiene graves dificultades para el acceso a alimentos y a medicinas. De estar en Cuba, habríamos estado en las protestas. Nos sumamos a las voces cubanas que denuncian el plan de ajuste Tarea ordenamiento lanzado en diciembre de 2020 y exigen la cancelación de las medidas que significan un deterioro de las condiciones de vida de gran parte de la población y un incremento de la desigualdad social. Consideramos que nuestros sindicatos y la Confederación Internacional de Sindicatos deberían pronunciarse en igual sentido.
  3. Cuando la población es abandonada a su suerte tiene derecho a buscarse la vida como puede, por lo que no tendría sentido oponerse a la "medida estrella" anunciada por el gobierno cubano como aparente concesión ante el malestar social, consistente en dejar entrar en Cuba a personas cargadas de alimentos y medicamentos. En todo caso, y como medida de emergencia, el gobierno cubano debería tratar de retirar de todos los obstáculos que la legislación cubana o los reparos del régimen puedan poner a la entrada en Cuba de alimentos básicos y medicinas de cualquier procedencia, y regularla de manera que su distribución permita que lleguen a quienes más lo necesiten, sin permitir "el mercado negro"; las medicinas deben llegar a través del sistema sanitario, no porque te visite tu tío de Miami, aunque sea legítimo conseguirlas de esa manera si el sistema sanitario no las proporciona.
  4. Cuba ha creado dos vacunas pero tiene dificultades para fabricarlas masivamente y sufre carencia de las jeringuillas necesarias. Se han puesto en marcha diversas campañas para recoger dinero con el que comprar millones de jeringuillas y enviarlas a Cuba, como la de SODEPAZ en España. Ahora bien, esa es una responsabilidad que también debe ser asumida por la comunidad internacional, y por España y nuestro gobierno muy en particular. La iniciativa COVAX debe activarse inmediatamente y llegar a sus beneficiarios mejor antes que después. Si la lucha contra la pandemia no puede ser victoriosa mientras África y América Latina sigan careciendo de vacunas, por lo que el apoyo a esos países no sería sólo solidaridad sino autodefensa, por lo que instamos al Gobierno PSOE-UP a hacerlo, opinen lo que opinen del régimen cubano.
  5. Las penurias y dificultades del pueblo cubano son atribuidas por el Gobierno cubano y por todos aquellos que a nivel internacional lo apoyan al embargo USA, y ya son décadas justificando las dificultades en las que vive la población repitiendo el mantra del embargo. Siendo esté injusto, no es riguroso atribuir al embargo estadounidense (que no incluye alimentos y medicinas) todas las dificultades económicas de Cuba. Menos riguroso es aún justificar con ello el autoritarismo del régimen, como si el silenciamiento de un pueblo le hiciera más fuerte para soportar presiones exteriores. Sin embargo, el embargo tiene consecuencias negativas para la población cubana y se ha convertido en excusa y nube de humo para justificar el fracaso del sistema burocrático implantado en Cuba pese a los logros iníciales tras el derrocamiento de la dictadura de Batista. Por ello, es necesario mantener la exigencia de que los gobernantes de EEUU apliquen las resoluciones de la Asamblea General de la ONU que reclaman el fin del embargo; eso puede llevar tiempo incluso aunque Biden quisiera hacierlo, pero, en esa transición, la Administración Biden puede derogar o dejar de aplicar las medidas restrictivas adicionales impuestas por Trump, especialmente dañinas; hay que presionar en ese sentido derogatorio del embargo, aunque no ayuda a conseguir apoyo social el que se haga en un sentido que implique a la vez solidaridad con el régimen (post)castrista, en vez de solidaridad con el pueblo cubano en su conjunto, tanto con partidarios como con opositores al régimen o con indiferentes.
  6. Junto a las respuestas inmediatas, de emergencia, junto a la necesidad de intentar que el gobierno cubano cambie de actitud en los asuntos urgentes citados, y junto a las acciones internacionales que ayuden a paliar las dificultades inmediatas que padece la sociedad cubana, no podemos dejar de señalar que hay cambios más profundos imprescindibles que requieren un cambio de régimen en Cuba, cambios que, tanto si llegan por una vía "a la española" (pactada) como si llegan por una vía "a la portuguesa" (revolucionaria), significarían una "salida" del régimen (post)castrista. Entre ellos citaremos el fin del sistema constitucional de partido único y de dominio del Estado por éste, el pleno reconocimiento del derecho de asociación, el derecho a formar sindicatos independientes del Estado, el derecho de huelga y, quizá lo más importante de todo, la libertad de expresión.

Cuba es una dictadura

El régimen político cubano es dictatorial. Hay otras dictaduras en el mundo y están emergiendo nuevos "tipos" de poderes autoritarios que se mueven en una lógica dictatorial aunque de momento sean formalmente multipartidistas y dispongan de parlamentos electos (Hungría, Rusia, Turquía). Pero eso no significa que la forma del Estado y las libertades civiles nos puedan ser indiferentes.

Aquí estamos hablando de Cuba, porque las vidas cubanas importan. Podemos hablar de otras cosas, y lo hacemos, pero hoy hablamos de Cuba porque Cuba importa, como nos importa Arabia Saudita cuando hablamos de ese país sin por ello tener que hablar de Cuba.

La raíz del autoritarismo cubano es vieja. Estamos hablando de un régimen vigente desde hace décadas, siguiendo el modelo estalinista clásico de partido único, con matices caribeños. No es este el lugar para analizar el proceso que llevó en pocos años de una revolución democrática con fuerte carga social a un nuevo despotismo; en ello influyó el acoso externo y las agresiones militares sufridas en 1961, ya que la militarización de las revoluciones siempre favorece a las franjas más autoritarias del movimiento, pero de ninguna manera puede decirse que el único o mejor camino fuera la conversión/inmersión del Movimiento 26 de julio (1953-1962) en el  Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba (1962-1965) y su cristalización estalinista como Partido Comunista de Cuba (desde 1965 hasta ahora) y como dictadura de partido único, con episodios terribles tan tempranos como la persecución iniciada en 1962 contra las personas homosexuales y su internamiento en las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (1965-1968); hasta 1988 no fue derogada la Ley de ostentación homosexual.

Actualmente, el régimen (post)castrista está en transición, pero es una transición que no conlleva más democracia, sino que sigue, dentro de sus posibilidades limitadas, el modelo chino de apertura al capitalismo, manteniendo el poder monopolista del Partido Comunista de Cuba, sin liberalización política; para los inversores extranjeros en Cuba, se trata de un gran "chollo", ya que pueden realizar sus negocios sin el incordio que suponen los sindicatos, las huelgas... En China y Cuba gobiernan partidos comunistas que identifican la continuidad socialista como que ellos sigan mandando, lo que no es obstáculo para que China sea hoy ya un país esencialmente capitalista y Cuba vaya por esa misma senda aunque más movida por el ansia de supervivencia de su grupo dirigente que por un proyecto claro.

En primer lugar, no hay elecciones libres, libertad de partidos ni libertad de prensa. Es un poder no elegido por el pueblo cubano. Todo sistema de partido único es dictatorial, aunque haya dictaduras que permiten varios partidos o que dominan sin partido mediador. En esto no hay renovación ni apertura, como se reconocía abiertamente en un artículo publicado en el periódico del PCC, Granma, el 10 de abril de 2020, y escrito por Michel E. Torres Corona:

En los últimos años, nuestro modelo social y económico ha venido siendo objeto de una actualización, para atemperarlo a los requerimientos de la época y del contexto geopolítico. Se hace impensable repetir fórmulas de antaño, cuando hoy impera un orden mundial signado por la unipolaridad.

Sin embargo, esta actualización no ha socavado uno de los principios fundamentales del socialismo cubano en materia sociopolítica: el sistema de Partido único, como guía y rector de la sociedad y el Estado. De ello es muestra fehaciente la Constitución, aprobada en referendo en febrero de 2019, y proclamada un día como hoy.

Dicha Constitución cubana de 2019 lo deja clarísimo: "El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado".

Otro elemento de carácter dictatorial es la imposibilidad de constituir organizaciones sindicales independientes del PCC y del Estado; todos los intentos de llevarlo a cabo han sido duramente reprimidos. En la práctica, en Cuba hay un sistema de sindicato único, la Central de Trabajadores de Cuba, en cuyos estatutos se proclama que la "CTC y los sindicatos nacionales que la integran reconocen abierta y conscientemente la dirección superior del Partido Comunista de Cuba Esto no puede entenderse simplemente como una estrecha relación entre un partido y un sindicato, como la mantuvieron durante mucho tiempo en España UGT y PSOE, Obviamente, no  se reconoce el derecho de huelga, ni en el sector público ni en el sector privado.

Por último, un tercer rasgo dictatorial, quizá el más significativo y determinante de todos, es la ausencia de libertad de expresión y de manifestación en Cuba, pese a que constitucionalmente están reconocidos tales derechos, ya que diversas leyes y prácticas frecuentes convierten en papel mojado lo dicho en la Constitución. Las Damas de Blanco sufrieron centenares de detenciones y actos de acoso. Una y otra vez, periodistas y personas disidentes que han expresado opiniones molestas para los gobernantes terminan siendo acusadas de los delitos más extravagantes como supuestos enemigos de la patria y agentes a sueldo del imperialismo.

A modo de ejemplo de la alergia que la libre expresión y la creación artística y cultural produce al aparato del PCC y del Estado, mientras se ha abierto la puerta a las inversiones extranjeras capitalistas, se preciso una lista de las actividad económicas que no podían desarrollarse por cuenta propia y entre ellas, "casualmente", estaban las galerías de arte comerciales, la edición y maquetación de libros, directorios y listas de correos, periódicos, tabloides y revistas en cualquier formato o soporte, la producción audiovisual y cinematográfica, actividades de grabación de sonido y edición de música, las actividades de exhibición de películas cinematográficas y cintas de vídeo, las transmisiones de radio, la programación y transmisiones de televisión, las actividades de programación cultural de la música, las artes escénicas, el libro, las artes plásticas, el cine, el patrimonio cultural y el trabajo comunitario.

Digamos claramente que en Cuba debe terminar el sistema de partido único, debe florecer el derecho de asociación y en particular el de formación de sindicatos y el derecho de huelga, y debe ganarse una libertad de expresión lo más amplia posible, como en España tenemos que luchar también por esa libertad de expresión plena que está siendo violentada en bastantes casos.

"Las izquierdas" ante un desafío estratégico

Con la crisis cubana ha vuelto a aflorar un tremendo lastre de la izquierda: un pavor reverencial a diferenciarse del régimen cubano y a combatir sus injusticias y su falta de libertad. Se buscan excusas de uno u otro tipo: el bloqueo, la defensa de la revolución, el vomitivo cinismo de las derechas, la añoranza de Sierra Maestra, las evidentes injerencias de las sucesivas administraciones de EEUU, las acciones de un exilio al que se descalifica y deshumaniza sin distinciones como "gusanos". Referencias que, tanto cuando son 100% falsas como cuanto tienen parte de verdad, se usan para incurrir en una falta de autonomía crítica frente a regímenes y situaciones donde no sólo la gente sufre sino que además está sometida a regímenes totalitarios y autoritarios como la vecina satrapía Ortega-Murillo en Nicaragua. Como explicó Marx, toda ideología es "falsa conciencia" para autoconfirmarse, distorsionan la realidad tanto como sea necesario. Ese mecanismo es evidente en las reacciones ante la crisis cubana de Casado y Ayuso, o de Vox o Cs, actuando como si el régimen cubano fuese la única dictadura existente pero también en declaraciones como las de Belarra o Villanueva, desde Podemos, negando la evidencia de que Cuba padece una dictadura e ignorando las responsabilidades del gobierno cubano en lo ocurrido.

Los recuerdos de las banderas revolucionarias triunfantes opacan la responsabilidad del apoyo y solidaridad hacia quienes luchan por la vida y por la libertad en el día de hoy, dando así unas bazas muy útiles a la peor derecha en todo el mundo para que se haga con la bandera de una "libertad" que en sus bocas es la libertad del privilegio y la explotación.

23/07/2021 

Publicado enInternacional
Sábado, 24 Julio 2021 06:47

El espía

Edificio de NSO Group en Herzliya, Israel AFP, JACK GUEZ

Pegasus y la exportación del control

 

Periodistas, líderes mundiales y opositores fueron espiados por dictaduras y grupos delictivos gracias a una empresa de software israelí con sobrados antecedentes. En un mundo donde la vigilancia de las voces críticas se ha vuelto la norma, algunos encuentran un nicho para exportar sus talentos.

El año pasado, la organización periodística con sede en Francia Forbidden Stories y Amnistía Internacional recibieron un listado con información acerca del espionaje a más de 50 mil números telefónicos vigilados mediante el softwarePegasus, desarrollado y comercializado por la empresa israelí NSO Group. Esta información fue analizada durante meses por Forbidden Stories, Amnistía Internacional y 17 medios de diez países –entre ellos The Guardian, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, The Washington Post, Haaretz y Proceso–, que conforman el Proyecto Pegasus, creado para investigar y divulgar información relacionada con el espionaje efectuado con esta herramienta y, finalmente esta semana, los medios asociados del Proyecto Pegasus comenzaron a publicar los hallazgos. En la lista de los vigilados se encontró a periodistas, activistas, empresarios y políticos, incluidos los jefes de Estado de 14 países (es posible que en los próximos días este número aumente).

Pegasus, que por restricciones impuestas por el gobierno israelí solo se vende a instituciones gubernamentales, se instala en los smartphones al aprovechar vulnerabilidades de diferentes sistemas operativos y de aplicaciones comunes, o engaña a los usuarios para que cliqueen en enlaces maliciosos enviados a través de SMS, whatsapps, correos electrónicos u otros servicios de mensajería. Una vez instalado, el spyware permite monitorear y enviar a quien lo controla casi toda la información almacenada y de actividad del dispositivo, así como activar micrófonos, cámaras y grabar llamadas, con la posibilidad de posteriormente eliminar el programa e incluso borrar gran parte de sus rastros.

LA ERA DEL CIBERESPIONAJE

En las últimas décadas el espionaje digital se convirtió en un fenómeno conocido públicamente. Entre los casos más resonantes están la vigilancia llevada adelante sin ninguna discreción por el gobierno de Estados Unidos en el marco de la Ley Patriota, las filtraciones de Wikileaks y Edward Snowden acerca del seguimiento estadounidense a jefes de gobierno y ciudadanos, la recopilación y comercialización de datos de usuarios por parte de las grandes plataformas sociales y de servicios como Alphabet, Amazon y Facebook, así como los usos políticos de la empresa Cambridge Analytica de información recolectada por Facebook. El ciberespionaje es hoy algo habitual y ya no nos resulta tan sorprendente encontrarnos periódicamente con filtraciones acerca de la vigilancia estatal, empresarial o, como en este caso, llevada adelante en conjunto por organizaciones estatales y empresas privadas. De hecho, esta ni siquiera es la primera vez que NSO y su spyware Pegasus están en el ojo de la tormenta.

En 2018, Amnistía Internacional y The Citizen Lab (organizaciones que venían monitoreando el uso de Pegasus en el mundo) denunciaron que sus miembros eran espiados por NSO. Amnistía Internacional incluso formó parte de una acción legal contra la empresa, en la que se procuró que el Ministerio de Defensa israelí restringiera las exportaciones de Pegasus, demanda que fue finalmente desestimada por una corte israelí (AP, 20-VII-21). Por otro lado, Whatsapp, propiedad de Facebook, inició en 2019 una demanda contra NSO por el uso de Pegasus contra sus usuarios tras encontrar que al menos 1.400 dispositivos habían sido infectados y espiados (The Verge, 29-X-19).

LOS CLIENTES Y LOS USOS

NSO, cuyas ventas son monitoreadas pero no divulgadas por el gobierno israelí, declara tener más de 60 clientes en más de 40 países, aunque no brinda información sobre la identidad de sus compradores. Sin embargo, como informa este domingo The Washington Post, el spyware ha sido utilizado por varios Estados conocidos por vulnerar los derechos humanos y la libertad de prensa, entre ellos, India, Marruecos, Kazajistán, México, Bahrein, Togo, Ruanda, Hungría, Azerbaiyán, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

El país del que aparecen más números listados es México, con 15 mil. De acuerdo a lo publicado en 2017 por The New York Times, México contrató a Pegasus en 2012 por 20 millones de dólares y lo utilizó para espiar periodistas, activistas, abogados (entre ellos, los abogados que investigaban la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa) y políticos opositores. Incluso el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, su familia y su cardiólogo fueron víctimas de esta vigilancia, según se supo esta semana (Aristegui, 19-VII-21). Pero no solo el gobierno utilizó Pegasus, también lo emplearon los cárteles criminales para vigilar e intimidar periodistas (The Guardian, 7-XII-20), entre ellos, Cecilio Pineda, asesinado justo un mes después de ser ingresado en la lista de espiados.

El caso de Arabia Saudita también es considerado particularmente grave, pues, de acuerdo a la nueva filtración, la pareja del periodista opositor Jamal Khashoggi fue espiada con Pegasus el día anterior a que este fuese torturado, asesinado y desmembrado en Turquía en 2018, presuntamente por orden del príncipe Mohammed bin Salman. Arabia Saudita también ha sido responsabilizada, junto con Emiratos Árabes Unidos, de infectar los celulares de al menos 37 periodistas de la cadena qatarí Al Jazeera. Uno de ellos, Tamer Almisshal, afirma que en un teléfono que usaba para llamar a ministerios emiratíes recibió una llamada en la que lo amenazaron con convertirlo en el próximo Khashoggi (Al Jazeera, 21-XII-20).

De acuerdo a The Washington Post, en la lista aparecen también números de periodistas de Hungría, Azerbaiyán, Kazajistán, Pakistán e India, donde también se espiaría a políticos opositores, entre ellos, al líder del principal partido de oposición indio, Rahul Gandhi. Si bien los medios del Proyecto Pegasus no tienen constancia de que el gobierno de España haya contratado a NSO, algunos líderes independentistas catalanes (entre ellos, quien fuera presidente del Parlamento de Cataluña Roger Torrent) sí que han sido espiados mediante Pegasus (El País de Madrid, 13-VII-20). Por otro lado, llaman la atención los usos que se le atribuyen a Marruecos, pues, entre los números que se especula que fueron monitoreados por fuerzas de ese país, están los de su propio rey y primer ministro, el del exprimer ministro belga y actual presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el del director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, y los de gran parte del gabinete francés, entre quienes se encuentran el primer ministro, Édouard Philippe, y el presidente, Emmanuel Macron (The Guardian, 20-VII-21).

Hasta el momento, NSO Group ha declarado que la información difundida por el Proyecto Pegasus no es confiable y que la responsabilidad por el mal uso de Pegasus recae sobre sus clientes. Según fuentes del Post, recientemente NSO canceló contratos con Arabia Saudita y Dubai, alegando razones relacionadas con la violación de derechos humanos. Por su parte, el gobierno israelí, que anteriormente se había negado a cambiar su política respecto a esta y otras empresas de ciberseguridad (véase recuadro), anunció el miércoles la formación de un equipo con miembros del gabinete, de la inteligencia civil y militar, y del ejército, que estudiará cambios en la política respecto a la exportación de servicios digitales sensibles.


NSO y el ecosistema de ciberseguridad israelí

NSO Group, la empresa que desarrolló y comercializa Pegasus, fue fundada en 2010 por Omri Lavie, Shalev Hulio y Niv Carmi, quienes se sospecha que fueron miembros de la Unidad 8200 de las Fuerzas de Defensa de Israel (Forbes, 28-VIII-21), un cuerpo de inteligencia militar caracterizada por el desarrollo y el uso de tecnología de punta. NSO no es la única empresa fundada por exmiembros de la 8200. Allí se ha formado a gran parte de los actores de la exitosa industria de tecnología israelí y a muchos expertos que hoy trabajan en la industria tecnológica civil y militar alrededor del mundo (Rest of World, 9-III-21).

NSO tampoco es la única empresa israelí que ha estado en la mira por sus actividades. Por ejemplo, Black Cube, una empresa de inteligencia empresarial y política fundada por exmiembros de la 8200 y que contrata casi exclusivamente veteranos de la inteligencia israelí, trabajó para el gobierno de Donald Trump en el espionaje a exfuncionarios del gobierno de Barack Obama y para el gobierno húngaro de Viktor Orbán, donde hizo lo propio con organizaciones opositoras (Haaretz, 10-VII-18).

Por su parte, Psy Group, propiedad del empresario Joel Zamel, cuyo CEO fue teniente coronel de la Unidad 8200, hasta hace poco llevó adelante gran cantidad de actividades de espionaje, control de percepción y manipulación política en Estados Unidos. Antes de cerrar, mientras era investigada por el fiscal especial Robert Mueller por su participación en la injerencia extranjera en las elecciones de 2016, Psy Group trabajó con Cambridge Analytica (Politico, 23-V-18) en la producción y propagación de noticias falsas, en la manipulación de usuarios de plataformas sociales para la campaña de Trump (Wall Street Journal, 25-V-18) y en el espionaje a activistas pro-Palestina en Estados Unidos (The New Yorker, 18-II-19). Asimismo, según informó The Daily Beast en octubre de 2018, Zamer se reunió el año anterior con asesores de Trump y Bin Salman para hablar acerca de un posible cambio de régimen en Irán. No es casualidad que esto suceda con empresas israelíes vinculadas a la Unidad 8200. Gran parte de la actividad en esa repartición militar se trata justamente de espiar a personas que no representan ningún peligro real, muchas veces con fines extorsivos, como consignó The Guardian en un artículo de diciembre de 2014 titulado «Cualquier palestino está expuesto al monitoreo del Gran Hermano israelí». En ese panorama, juega un rol importante el sector privado, que no solo exporta sus servicios a otros gobiernos, sino que en muchos casos se asocia con el Estado israelí para atacar a los habitantes de los territorios ocupados. De hecho, la industria de tecnologías de seguridad es considerada por activistas israelíes y palestinos una de las claves del estado de apartheid en que viven millones de palestinos.

Por Joaquín Moreira Alonso
23 julio, 2021

Publicado enInternacional
La urgencia de nombrar de otro modo las atrocidades

Parte 1

 

¿Criminalizando Estados?

 

La llegada del siglo prometía esperanza. Avanza el tiempo y la pregunta ¿A dónde llegamos? resulta inevitable.

Venimos padeciendo desde los dosmiles dos guerras que a nivel global tienen apellidos diferentes pero que se han justificado básicamente bajo dos objetivos: el terrorismo y el narcotráfico. El imaginario de combate a los criminales se expandió, el enemigo al cual hay que temer y por el cual vale la pena blindarlo todo, es ese: el/la criminal. Vivir con miedo a un ataque se convirtió en algo frecuente. Frente a todas y todos se desplegó una guerra contra la humanidad, como lo advirtieron las/os zapatistas en el magnífico escrito llamado la Cuarta Guerra Mundial (EZLN, 1997). El mercado contra todo/as y pese a todo. Esa guerra que libró el neoliberalismo, esa nueva forma de conquista de territorios tomó distintas formas en cada lugar pero en esencia reorganizó la política y la economía para eliminar lo que antes presentaba límites a la acumulación desenfrenada y por fin se impusiera sin obstáculos. De ahí la realidad presente, habitamos en un planeta enfermo, padecemos una grave crisis ambiental y en aumento, poblaciones enteras desplazadas, y la criminalidad encarnada en los Estados y en el sistema.

El concepto de acumulación por desposesión de Harvey (2005) abarca muchos de los procesos que el sistema capitalista actual está implicando y en el que el papel del Estado es central por el respaldo y la promoción de esos procesos. Entre otros está la mercantilización y la privatización de la tierra, la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas, la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía, la supresión de formas de producción y consumo alternativas, el tráfico de esclavos, la usura, la deuda pública, el sistema de crédito, los derechos de propiedad intelectual, la biopiratería, la depredación de los bienes ambientales globales (tierra, aire, agua), la mercantilización de las formas culturales, las historias y la creatividad intelectual. Todo se convierte en mercancía, la tierra, el aire, el agua, la vida, la humanidad y todo lo que ésta pueda hacer, producir, crear y saber.

Esa eliminación del derecho a los bienes comunes es un punto central en el nuevo tablero. Ahí se encuentra la disputa, a partir de eso, de la aceptación de esa desaparición o del rechazo a esa imposición se organizan un arriba y un abajo. Como lo han nombrado múltiples movimientos sociales los llamados gobiernos progresistas ahí terminan por ubicarse y por usar dobles discursos para acomodar sus promesas. El papel del Estado la mayoría de las veces ha terminado en la protección de intereses privados en contra de los bienes comunes y de los derechos sociales, legitimando y encubriendo los modos de funcionamiento antes mencionados. Se sacrifica el interés común y público por el interés privado y corporativo, los beneficios se privatizaron y los daños se hicieron generales. Así la famosa idea/ilusión de que el Estado tutela el bien común cada vez se destruye más, la lógica estatal y el uso de la ley cambiaron. Los actos que se requirieron para que esos procesos de acumulación tuvieran lugar implicaron mecanismos, como los que enlista Harvey, que en muchos casos resultan en actos criminales.

El entrelazamiento entre los intereses de empresas, corporaciones y Estados y el desdibujamiento de los límites de lo que es vendible y lo que no, creó las condiciones para que los negocios más inhumanos tuvieran lugar. El interés corporativo llega con la pretensión de adueñarse de todo, aunque sea claro que eso implique la pérdida de miles de vidas, el desplazamiento de comunidades enteras y sufrimiento, mucho sufrimiento. De ahí que estemos padeciendo lo que Banerjee (2008) llama el necrocapitalismo, prácticas capitalistas contemporáneas de acumulación que implican despojo y sometimiento de la vida al poder de la muerte. Se impone una economía política en la que el negocio de la muerte puede tener lugar a través de estados de excepción y en la que las entidades en este espacio colonial de excepción son disciplinadas mediante la violencia o "civilizados por la cultura" para normalizarse.

En este contexto la desigualdad no solo se manifiesta en los modos de sobrevivencia cotidianos sino en los mecanismos de control y de penalidad que se imponen a quienes tienen poder y a quienes no. Lo que Foucault llamó gestión diferencial de los ilegalismos, que consistía en la dinámica de dar cierto campo de libertad a algunos y hacer presión sobre otros, generando una justicia de clase se hace más visible. La delincuencia se usa como un instrumento para administrar los ilegalismos, es una herramienta más del ejercicio de poder. En el caso de México, que es donde trataré de asentar estas ideas, una vez que lo legal se comenzó a desdibujar porque los intereses del mercado requirieron de la transgresión de leyes y preceptos constitucionales del tiempo de los derechos sociales, entonces se colocó el foco de atención sobre lo/as jóvenes, pobres, rebeldes.

Desde las dictaduras latinoamericanas escuchamos hablar de los crímenes de Estado. Lo que hoy estamos presenciando en los estados llamados democráticos es la configuración de Estados criminales. México es una muestra de ello y al mismo tiempo se convierte en un tipo de advertencia. Lo que se configuró en México va más allá de la cooptación del Estado por el crimen organizado, no es solo la fusión de estructuras estatales con redes criminales. La “concesión” de lo público y común por el interés privado-corporativo provocó un entrelazamiento de intereses que requirió del crimen para funcionar porque los mecanismos legales resultaron insuficientes.

Cada vez es más claro que la guerra contra las drogas en realidad fue una estrategia para tener mayor control social, para aparentar una legitimidad política que era inexistente y para la apropiación y explotación de recursos naturales. Se fundieron intereses corporativos nacionales y trasnacionales legales e ilegales con la necesidad de Felipe Calderón de legitimarse ante un pueblo que lo desconocía como Presidente. La profunda crisis humana que tenemos en México provocada por esa guerra evidenció lo que latía dentro de las entrañas del Estado mexicano, esto no era solo la cooptación del crimen organizado silenciada con pactos, lo que se desbordó desde 2006 fue un Estado basado, sostenido y encarnado en el funcionamiento criminal de un sistema. La política mexicana siempre estuvo basada en la política de cobro de piso, de la mordida, del chivo expiatorio, del cobro de lealtades y de la consabida tortura. Junto con lo anterior, la herida que sigue sangrando y que no cierra ha sido la lógica permanente de exterminio y despojo a los pueblos indígenas. El genocidio y el ocultamiento de esa tragedia perpetua siempre ha sido criminal.

Desde la época colonial la política mexicana se configuró de forma corporativa, como un modo de hacer política que supuso el reconocimiento de derechos a cambio de lealtad y obediencia (Rhoux, 2005). En las raíces de esa política se encuentra la garantía de protección a cambio de beneficios, se establecen lealtades que sustentan pactos, acuerdos y encubrimientos para proteger esos beneficios incluso a costa de sangre. La garantía de protección a cambio de lealtad y exclusividad, siempre operó en la política mexicana. Esa “protección” es uno de los pilares de la criminalidad estatal y se volvió una práctica común del crimen organizado. La invención de riesgos hecha por el estado que implica actos criminales provocados por el propio Estado establece modos de funcionar mafiosos (Tilly, 1985). Esa es la lógica corporativa que sustentó la política mexicana y que seguimos viendo hasta hoy. Muchos de los modos que se instalaron en esa política y que eran ejecutados por instituciones estatales luego fueron tomados por el crimen organizado, por el narco. Se agregó a ello la violencia más brutal y cruel pero la dinámica de la cuál nace ese modo se fue enquistando durante décadas. Para tener un lugar para vender en la calle había que pagarle al cacique en cuestión, para poder vender en la plaza, para poder funcionar aparte de lidiar con la burocracia siempre fue necesaria la “mochada” (1) a determinada persona. Esa dinámica de cobro de piso y de corrupción sistemática se recrea en las calles y en la “ más alta política ”, incluso las elecciones siempre funcionaron así.

 

 

Los mexicanos sabíamos que la corrupción y la impunidad eran cotidianas, incluso aceptadas. La falta de acceso a la justicia se hizo sistemática. Se sabía de los llamados pactos de impunidad que iban pasando de una presidencia a otra. Se vivía, se vive en carne propia el funcionamiento criminal sistemático que en silencio fue generando una gran pesadilla que hoy se materializa en por lo menos 234, 966 ejecuciones (2), más de 86, 000 desapariciones reconocidas oficialmente, del año 2000 al 2019, han asesinado a más de 42 mil mujeres y desaparecido a más de 62 mil (Pastrana, 2021), México se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para la/os periodistas equiparable a zonas bélicas como Siria y Afganistán (3) y se han encontrado por lo menos 3 mil fosas. Las fosas, la búsqueda de cuerpos y los desaparecidos son un ejemplo brutal, aberrante, doloroso de todo lo que no se nombró, de historias negadas, de ordenes inhumanas y estructuras ocultas.

Si se revisan los actos criminales de los cuales fueron responsables los funcionarios públicos encontraremos no solo los mencionados anteriormente (homicidios, desapariciones, feminicidios, tortura, violaciones sexuales) encontraremos también actos como el que ocurrió en Veracruz con la aplicación de quimioterapias falsas a niños enfermos de cáncer en hospitales públicos cuando era gobernador de ese estado Javier Duarte (Rivera, 2017). Encontraremos también crímenes como el robo, el secuestro, el allanamiento, la extorsión, es decir actos atribuidos al crimen organizado y al crimen común. Así poco a poco el Estado no solo requirió del crimen para funcionar sino que funcionó de forma criminal. En el sentido de cometer crímenes de forma sistemática por proteger intereses, para lograr mayor control social, acumulación de capital y/o de poder. Se implantó una lógica criminal materializada en la ejecución de actos atroces, los actos más crueles e inhumanos realizados a los cuerpos no han sido solo eventos aprovechados para demostrar, normalizar y satanizar, sino actos montados para desestabilizar, crear coyunturas e imponer dinámicas.

El narcoestado es una manifestación del Estado criminal, por eso hablar de narcoestado no es necesariamente el término que sirve para referirse a esta lógica de funcionamiento criminal que motiva las prácticas estatales y dentro de las cuales el narcoestado es solo una de sus formas. Existen actos criminales estatales que no están involucrados con el narco ni con sus intereses. Además, los negocios del narco ya no son solo los narcóticos, como es sabido uno de sus “fuertes” es la trata de personas, la extorsión, el secuestro, el fraude y coincidentemente algunos grupos del crimen organizado se han enfocado en la extracción de recursos naturales. Las conexiones entre Estado y narco varían según los intereses del gobierno en curso. Las motivaciones en esas conexiones pueden ser por poder, por acumulación, por la ejecución de proyectos nacionales y trasnacionales, por legitimación política y algunas veces por una mezcla de todo. Es decir que el Estado criminal opera, se estructura y configura según los proyectos de cada gobierno y los personajes que llegan al poder.

 

A esa realidad falta agregarle el carácter represivo del Estado mexicano, las cuentas pendientes de Tlatelolco, de la llamada guerra sucia de los setenta y la guerra de contrainsurgencia que desde entonces continuó y se acrecentó tras el levantamiento zapatista con la pretensión de aislar a una de las luchas más importantes de México y del mundo. Una vez más la articulación de redes legales e ilegales (Calveiro, 2012) se mostró en el sistema represivo mexicano. Ahí están los antecedentes de las guardias blancas, los sicarios y los paramilitares. No es coincidencia que figuras tan “ejemplares” como Genaro García Luna hayan estado en las entrañas del aparato contrainsurgente en México. La conexión entre las instituciones represivas y de inteligencia y los flujos criminales siempre ha sido muy cercana (lo mismo podemos ver con los Zetas). La guerra contra las drogas le sirvió al Estado para aislar rebeldías y generar dinámicas en las que las masacres a comunidades organizadas contra la imposición de proyectos, la detención, desaparición o ejecución de un/a luchador/a social o defensor/a del medio ambiente pasa desapercibida o se oculta en las cifras generales y aberrantes de muerte y atrocidad cotidianas.

Dawn Paley (2018) afirma acertadamente que así como la militarización formal pudo beneficiar a las corporaciones trasnacionales, también existen casos en los que la paramilitarización ligada a la guerra contra las drogas se desplegó en regiones en las que la extracción de recursos era una actividad económica central. Cada vez se hizo más notorio que existe una relación entre los lugares donde hay mayor violencia y los lugares donde hay más intereses extractivos. Por ejemplo en Michoacán el negocio detrás del mineral de hierro se convirtió en el principal negocio de las organizaciones criminales, desde ahí se “exportó” a Asia y para hacer eso posible se dieron importantes “conexiones” entre los grupos del crimen organizado, importantes empresarios y corporaciones “legales” (Correa, 2018).

Desde 2006 se generó un circuito de actos criminales, el Estado mediante las fuerzas armadas y las distintas policías cometió actos atroces de forma sistemática desencadenando la normalización de prácticas crueles y atroces que se multiplicaron, no solo porque el crimen organizado de los bandos contrarios respondió cometiendo más atrocidades sino por que se normalizó la muerte y la mutilación en crímenes comunes no organizados. Esto desencadenó la crisis humana que tenemos hasta hoy en casi todo el territorio mexicano.

Greer y McLaughlin (2017) hacen una clasificación de los actos criminales de los Estados según su motivación:

1) Actos de criminalidad política. En estos podemos ubicar el subsuelo de la política mexicana, los fraudes, el robo de casillas, es decir todo un modo de operar de grupos e individuos que por tener el control político y el poder cometen crímenes.

2) Criminalidad asociada con la seguridad y la fuerza policial. Aquí podemos ubicar la larga lista de operativos contrainsurgentes y represivos. La trágica cifra de desaparecida/os y ejecutada/os producto de la guerra, los llamados levantones de las fuerzas armadas a civiles por entregar cifras diarias a sus mandos o por confundir personas (los llamados falsos positivos y los daños colaterales).

3) Criminalidad asociada con lo económico. Los crímenes de cuello blanco, que son ampliamente aceptados. Ahora vemos desfilar nombres de políticos de distintos niveles que están implicados en este tipo de crímenes. Las sentencias que reciben en México quienes cometen este tipo de actos criminales ilustran la gestión diferencial de ilegalismos pues pueden estar encarcelados poco tiempo, pagar multas, regresar el dinero que robaron o negociar su libertad a cambio de dar información sobre lo/as involucrados en sus redes de negocios. El trato diferenciado respecto a quienes no tienen cuello blanco es absurdamente preferencial.

4) Criminalidad asociada con lo social y lo cultural. Los crímenes de exterminio contra los pueblos indígenas en México han sido asunto de cada sexenio y se materializan de diversos modos pero nunca han dejado de ejecutarse. También la guerra para lograr mayor control social ha sido motivación de este tipo de crímenes y la limpieza social que se recrudeció desde 2006 (en contra de jóvenes, pacientes de centros de rehabilitación, entre otros).

Por la problemática del calentamiento global que vivimos de forma muy alarmante los últimos años podrían agregarse a esta clasificación los crímenes al medio ambiente y a la salud. Los asesinatos cometidos en México contra defensores del medio ambiente comienzan a ser cotidianos y tienen los mismos patrones y motivaciones: limpiar el camino para la imposición de proyectos de extractivismo, los llamados proyectos de muerte que de llegar implican la afectación de la vida y la salud pública de comunidades enteras están detrás de esos asesinatos. El ecocidio es un crimen asociado con el medio ambiente e impacta en la salud de poblaciones enteras, generalmente está implicada en estos crímenes alguna estructura estatal, por otorgar permisos, por imponer planes o simplemente por no evitar que se cometa.

 

 

Los crímenes de Estado son solo algunos actos de los Estados criminales, no todos los Estados que cometen crímenes de Estado funcionan sistemáticamente de forma criminal. Los crímenes de Estado son también llamados crímenes de poder (Bailone, 2017), esos crímenes implican estructuras criminales y son ejecutados desde el poder y existen los crímenes de los poderosos es decir crímenes cometidos en lo individual por poderosos, en el caso de México hemos podido ver ambos tipos de crímenes de forma cotidiana. Segato (2006) vincula los crímenes de poder con los crímenes patriarcales, los define como crímenes que contribuyen a la retención o manutención, y la reproducción del poder. En ese tipo de crímenes ubica dos posiciones, una es vertical, que es asimétrica de poder con sujeción (del perpetrador con su víctima) y la otra es horizontal que vincula al perpetrador con sus pares. Esa reproducción del poder es una motivación importante y que tienen en común estos crímenes (de estado, de poder, de los poderosos y del patriarcado).

Segato se refiere a los feminicidios de Ciudad Juárez como crímenes corporativos, les llama crímenes de segundo Estado, de Estado paralelo que asemeja con los crímenes ejecutados en regímenes totalitarios. En ambos casos comparten la característica de los abusos del poder político, los ubica muy cerca de los crímenes de estado y de los crímenes de lesa humanidad, donde el Estado paralelo que los produce no puede ser encuadrado porque se carece de categorías y procedimientos jurídicos eficientes para enfrentarlos. Esa carencia se puede ver de forma cada vez más repetida en los problemas de violencia y criminalidad que vivimos en diversos rincones del mundo. La necesidad de clarificar esas categorías y de verlas más claro se vuelve urgente.

Un crimen de poder puede llegar a ser investigado en México solo si le conviene a algún otro poderoso o si hay algún tipo de conveniencia política. El pacto referido por Segato entre pares y la impunidad sistemática son una mezcla que complica profundamente la posibilidad de justicia. Hemos llegado a tal situación de impunidad que casi cada instancia encargada de investigar obstruye el proceso. Ahí el asunto del poder es un componente fundamental para trabar o destrabar un caso. Eso funciona diferente en el caso de crímenes de Estado simplemente porque el Estado no se va a autojuzgar. Existen también los casos en los que crímenes de estado van de la mano de crímenes del patriarcado. Un ejemplo claro es el caso de Atenco en el que policías torturaron sexualmente a mujeres y cometieron múltiples violaciones graves de derechos humanos, crímenes que por sus características bien configuran un crimen de Estado. Desde el Presidente hasta las instancias municipales se reconoció el operativo y se ha encubierto durante años a los perpetradores y mandos de ese acto brutal. La tortura sexual en ese caso mostró el pacto entre pares y tuvo el objetivo de mandar un mensaje mediante el cuerpo de las mujeres. Los que ejecutaron la tortura fueron policías, no fueron personas vestidas de civil ni fueron actos aislados. Lamentablemente podemos ver cómo los crímenes de poder y del patriarcado se han extendido hasta estos tiempos, lo acabamos de ver en Mactumatzá (Chiapas con la tortura sexual a la que fueron sometidas las estudiantes detenidas) y en una larga lista de actos criminales de este tipo.

Según un informe de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos-CMDPDH (2019), las mujeres comenzaron a enfrentarse a otro tipo de violencia letal a partir de la “guerra contra las drogas”: los homicidios en el espacio público con armas de fuego. Esas formas de violencia y la normalización permanente de la atrocidad efectuada a los cuerpos de las mujeres hizo que la violencia aumentara. Esto y la impunidad son factores centrales en la terrible violencia contra las mujeres.

El asunto de la impunidad es central en la dinámica de ilegalidad que se instaló en México y contribuye a lo que Huggins (2010) llama sistema de tortura de Estado en el que la impunidad es diferencial. La impunidad garantiza la consecución de crímenes y la tortura se vuelve cotidiana y casi abierta y aceptada. Para Huggins, la tortura no es producto de una administración presidencial en particular, los cambios en el gobierno no eliminan la tortura de Estado, ésta es producto de una organización política de los Estados que la convierte en normal. La impunidad diferencial puede permitir que a los perpetradores de bajo nivel se les llegue a castigar. Ahí tenemos la conocida figura del chivo expiatorio que se volvió una práctica tan común como la de presentar fotografías de los detenidos con el material incautado, es decir se hizo sistemática y tan normalizada que en las escuelas de derecho se enseña que la reina de las pruebas es la “confesión”, por la tortura que siempre está detrás. La naturaleza estructural y sistemática de la impunidad en México ha sido constatada por diversas instancias internacionales, se sostiene de modos muy profundos en las instituciones encargadas de impartir justicia, es decir que cuando ocurre un hecho violatorio de derechos humanos o un crimen la respuesta “natural” de la institución desde la base de sus funcionario/as hasta arriba es no resolver y cuando se trata de una figura pública que cometió un crimen es absurdamente rotunda la inacción en la investigación, es decir que se echa a andar todo un aparato y muchas veces no por consigna sino porque se instaló un modo de funcionar en el que no se resuelve sino se obstruye y se oculta.

 

 

Catorce años después de que se iniciara esta guerra podemos ver como se detonó un circuito imparable de violencia que sigue dejando cifras alarmantes y materializándose en una crisis humana profunda. El ciclo de violencia está integrado por una siniestra suma de crímenes de estado, crímenes de poder, crímenes de los poderosos y crímenes patriarcales que se reproducen sistemáticamente por la impunidad, la corrupción y la normalización de la crueldad. Un ciclo perverso y atroz se hizo cotidiano, se reproduce y muta.

Después de hacer este breve recorrido es necesario mencionar que tanto Felipe Calderón, como Enrique Peña Nieto tienen denuncias en su contra, Calderón ante la Corte Penal Internacional desde 2011 y Peña Nieto ante la Corte Internacional de Justicia desde 2018, ambos por crímenes de lesa humanidad. Hay responsables directos de las atrocidades cometidas y detonadoras de la grave situación por la que aún atraviesa México. Es absolutamente burdo que aún se vea a estos personajes proponerse como opción política. El perfilamiento que comienza a hacerse de posible candidata para la presidencia de Margarita Zavala (esposa de Calderón) es un símbolo de la impunidad y de la criminalidad sin límites.

No se puede hacer un recorrido de la realidad detrás de la guerra y de la criminalidad estatal sin abordar el presente. En la administración de López Obrador la militarización ha ido en aumento, no solo se “avanzó” en la militarización de la seguridad y de las tareas policíacas con la creación de la Guardia Nacional y con la aprobación de la Ley de Seguridad que en la administración de Calderón y Peña Nieto no se pudo concretar. La Ley de Seguridad de López Obrador se aprobó a pesar de que existían suficientes elementos que demostraban que las fuerzas armadas están preparadas tal vez para la guerra, no para hacer tareas de prevención, disuasión o investigación criminal por el alto índice de letalidad que representan (Nodho, 2018). Se colocó a los militares en una posición privilegiada para opinar sobre la vida pública, participando en comités científicos y en la administración de proyectos de infraestructura. En pocas palabras se premió a los militares, a las fuerzas armadas responsables del mayor número de violaciones graves de derechos humanos cometidas desde 2006. No se combate, no se investiga y se deja en la impunidad a las fuerzas armadas. El caso del General Cienfuegos que implicó una cruzada diplomática y del cual ahora se mantiene absoluto silencio es una muestra de ello. En el caso de Ayotzinapa no basta con ver procesados a los bajos y medios mandos, hace falta una investigación profunda enfocada en altos mandos militares. La intención de incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional demuestra también la decisión de militarizar la vida pública y refleja la dinámica antes conocida de decir una cosa y hacer otra. Estos juegos de argumentar algo cuando se aprueba una ley que genera controversia para más tarde borrar lo antes dicho reproduce dinámicas añejas y en el caso de la Guardia Nacional demuestra una vez más no solo que López Obrador está decidido en la militarización como vía para enfrentar la crisis que se vive en México sino en construir una fuerza militar entorno a él. Esta creciente militarización y sacralización de las fuerzas armadas aunada al clima de criminalización de la crítica es sumamente peligroso. El pretexto de descalificar a “la oposición”, metiendo a todo/as en el mismo saco ha provocado un clima político en el que la crítica es considerada como reaccionaria y “contra”, aunque quienes son críticos lo hayan sido con los anteriores sexenios y hayan sido víctimas de ellos. Estos elementos y la creciente violencia contra la/os defensora/es ambientales y la imposición de proyectos extractivos generan el riesgo no solo de que siga la violencia y la impunidad sino de que la lógica represiva y contrainsurgente estatal y no estatal encuentre nuevos modos de operar y de disfrazarse. Los daños que ocasiona el crimen y el modo en que se definen los actos criminales reflejan la lógica de funcionamiento político y social. En esta llamada cuarta transformación los daños son atribuíbles al daño económico, los crímenes que están dispuestos a investigar son los de cuello blanco, ósea los crímenes cometidos por estructuras estatales y/o funcionarios más normalizados y aceptados. Los crímenes que han ocasionado daños sociales incluso masivos no son prioridad de este gobierno, el tema de la justicia es asunto menor. Hay dos aspectos que implican una continuidad en estos tres sexenios, la militarización y la imposición de Megaproyectos que paradójicamente se llaman distinto aunque parten de planes muy viejos, como el corredor Transístmico que era parte del Plan Puebla Panamá de Vicente Fox.

Por todo esto no podemos hablar de este tipo de crímenes como asunto del pasado. La voluntad de desmantelar al Estado criminal no puede ser retórica, los pasos que se tomen en este sexenio pueden afianzar, debilitar o reconfigurar esas estructuras y dinámicas.

La búsqueda de un nuevo modo de nombrar

La necesidad apremiante de encontrar nuevos modos de nombrar a los actos que están siendo cada vez más producidos y replicados nos está demostrando los límites del derecho y de la defensa de derechos humanos. Seguir llamando violaciones graves de derechos humanos a las prácticas mencionadas es cada vez más insuficiente sobretodo porque se ha vuelto “aceptable” o normal que un estado viole derechos humanos, como si hacerlo fuera parte de su tarea o fuera una consecuencia lógica de su práctica. Cuando un crimen de Estado provoca un daño social profundo hablar de violaciones graves de derechos humanos no refleja la gravedad del acto. Hablar de crimen de Estado o crimen de poder no excluye que se hayan cometido violaciones de derechos humanos, lo que configura el crimen de Estado o de poder son las motivaciones del acto desde una estructura organizacional y la condena social que se da en torno a dicho acto. Es necesario hacer una diferenciación en esa escala de daños. Llamar crimen o violación de derechos humanos a un acto depende del daño causado socialmente, es decir a un grupo de personas, a comunidades enteras o a poblaciones de forma masiva. La relación entre los daños y el modo de llamar a los actos es muy importante comenzar a diferenciarla para lograr llamar de modo más preciso a quienes cometen sistemáticamente este tipo de actos.

Después de padecer y ver imágenes crueles y aberrantes en la televisión, periódicos y redes sociales durante años, la desproporcionalidad en la condena social es aberrante. Llegamos al punto en el que estamos ahora, en el que mientras siguen siendo cotidianos los hallazgos de fosas despierta mayor indignación social la agresión a un perro (decirlo no justifica el maltrato animal), se condena que se pinten edificios con consignas cuando diario matan de los modos más atroces a las mujeres y aún existen amplios sectores sociales que respaldan la militarización. La necesidad de “trabajar” en la condena social y en la desnormalización de los actos criminales estatales contribuye a dejar de aceptar esos actos, a cambiar el modo de percibir a esas estructuras y a pensar en modos de detener la reproducción de esas prácticas.

 

¿Criminología para estudiar la criminalidad estatal y los crímenes del poder?

 

¿Así que por qué hablar de crimen y criminales? No porque guste la palabra que ha servido como justificación para criminalizar la pobreza, la juventud, la raza, todo lo contrario. Porque la palabra crimen ha servido para legitimar un sistema penal basado en el doble discurso, que como advirtió Foucault (1976) pasa a ser uno de los instrumentos del poder, generándose un circuito en un sistema que jamás se interrumpe (política-prisión-delincuencia). La criminología ha servido para fijar valores sociales y promover su aceptación en aras de lograr el mantenimiento del “orden natural de las cosas”, por eso una criminología que rompa con ello y parta de una lógica opuesta es urgente.

Así llegamos a la enorme necesidad de reapropiarnos de las palabras y de voltear el tablero. La ciencia que estudia a los actores criminales y sus actos es la criminología. La criminología tradicional y positivista le sirvió siempre al poder. Estableció perfiles racistas y eugenésicos de lo/as criminales, sentó las bases para justificar el control social. Desde los sesentas surgieron corrientes que cuestionaron esas condiciones y poco a poco derivaron en críticas al sistema, al orden. Se dieron pasos como el de concebir el acto criminal como un acto racional, no derivado de condiciones biológicas o de tipologías físicas. Se comenzó a hablar de delitos de cuello blanco y se les comenzó a estudiar. Se llegó desde esos otros modos de ver el crimen a la conclusión de que esos actos y el funcionamiento del sistema capitalista van de la mano. Surgieron teorías muy interesantes y novedosas que comenzaron a explorar en una criminología del Estado. Así que por ese camino trataremos de explorar la necesidad de pensar y entender los crímenes de Estado y de poder como pistas para ir dilucidando lo que son los Estados criminales.

Para comenzar a plantear estudios de criminología del Estado para este tipo de realidades parto de la idea de Estado como una relación de dominación organizada en un orden jurídico y coactivo en determinado territorio que se justifica bajo el discurso del bien general aunque en la práctica las más de las veces sea del interés privado. La idea del funcionamiento de las normas como un sistema puro (Kelsen, 2010) resulta imposible en panoramas como estos. Reconocer que estas realidades van más allá del horizonte de la legalidad y del derecho, que la deconstrucción es la justicia, no el derecho (Derridá, 1994) es vital para seguir adelante.

Para comenzar haré un breve recuento de qué se supone que es un criminal. Retomo lo que dice Quinney (1970) sobre que no existe una definición absoluta, pues ésta depende de qué sistema legal se hable, por lo tanto es necesario verle de forma dinámica, según el sistema legal, social, económico y cultural del que estemos hablando, es una definición de la conducta humana creada y autorizada por agentes en una sociedad organizada políticamente. La formulación y aplicación de definiciones criminales es lo que vuelve criminal a una persona es decir que el crimen es creado. No es inherente a la conducta, es un juicio hecho por algunas de las acciones y características de otros, es visto como resultado de un proceso que termina en la definición de personas y comportamientos como criminales.

Antes de seguir es importante dejar claro que cuando se habla de delito se está ante un acto estipulado en la ley como tal, la ley establece lo que es delito. Para este artículo resulta más pertinente hablar de crimen, como un acto que daña socialmente. La cuestión que hace que un acto sea considerado criminal es el daño causado, a un grupo social, a la sociedad. Para Mclaughling (2001) el daño es relativo a la naturaleza, gravedad y alcance del daño. El crimen es puesta en crisis de lo común, supone diferenciar unos actos de otros (Martyniuk, 2018).

Las percepciones del crimen como comportamiento dañino están inspiradas en la posición que uno ocupa tanto en el sistema social como en el espectro político (Ruggiero, 2010) por eso se criminaliza según donde está una/o parado, se criminaliza según la música que se escucha (por decirlo de algún modo).

En la llamada nueva criminología se usó el término “acto desviado” para referirse de otro modo al crimen. Al usar ese concepto hacían alusión a que el individuo se aparta de la sociedad, se desvía de ella. Uno de los teóricos de este concepto es Howard Becker, para quien “los grupos sociales crean la desviación al establecer las normas cuya infracción constituye una desviación….Es desviado quien ha sido exitosamente etiquetado como tal, y el comportamiento desviado es el comportamiento que la gente etiqueta como tal (Becker, 2018: 28)”.

Este concepto del acto desviado es parte de las contribuciones de la teoría llamada del etiquetamiento, el acto de etiquetar coloca al actor en una situación que le complica la vida cotidiana (Becker, 2018), la rutina normal y que lo lleva a realizar acciones “anormales”. La etiqueta que se le aplica a ese actor marca una diferencia en el modo en que todos, actuarán por consecuencia. Esto es muy cuestionable y es lo que se le ha hecho injustamente a jóvenes y rebeldes, es lo que se hace cuando se habla de “socialmente peligrosa/so”. Por eso es muy interesante usarlo con el Estado. Sería deseable por lo menos complicarle la vida cotidiana a quienes se dedican a complicar la vida de poblaciones enteras.

En paralelo a lo que fueron generando esas corrientes criminológicas surgieron ideas como la de Alesandro Baratta (1986) que sostenía que era necesario delinear una política criminal alternativa, es decir una política de las clases subalternas en el sector de la desviación que consistía en hacer un análisis radical de los mecanismos y funciones del sistema penal en la sociedad capitalista. Inspirada en este asunto del control social surgió desde Latinoamerica la criminología de la liberación, en esa aportación crítica la dominación requiere del control social y para desenmarcarse de la criminología hecha en Europa y en países desarrollados, la criminología de la liberación agrega como elemento central la neocolonización (Aniyar de Castro, 1985), esta criminología pretende hacer teoría crítica del control social. Cuestiona la creación de estereotipos clasistas de la/os delincuentes y señala el desinterés de la escuela tradicional criminológica en la delincuencia de las clases hegemónicas. Desde ahí comenzaron a realizarse investigaciones sobre la delincuencia del poder, la violencia interestatal y transnacional. Existen importantes críticas a la inercia colonial que se manifiesta en las corrientes criminológicas europeas y norteamericanas, se establece una correlación entre los crímenes de Estado, la teoría socio-jurídica y criminológica y el colonialismo (Osoria, 2016).

Uno de los pioneros de la criminología del Estado fue Chambliss (1988) que empleó el término crímenes de Estado organizado para referirse a los actos definidos por la ley como criminales y cometidos por los agentes estatales en el cumplimento de sus deberes como representantes del Estado.
Como podemos ver para Chambliss se requiere de un acto definido por la ley como criminal. Esto ha sido objeto de discusión en esa área criminológica pues hay otras posturas que agregan más importancia al daño social que causan que a lo que esta o no establecido en la ley. Por ejemplo el concepto de crimen de Estado de Kauzlarich (1995) lo define como un acto o política ilegal o socialmente dañina por omisión o comisión por un individuo o grupo de individuos en una institución legítima de gobierno, ejecutada para consumar los objetivos y metas de dicha institución.

Aunque existen ya varias reflexiones criminológicas sobre los Estados trato de terminar con una que puede servir como herramienta para identificar la configuración de crímenes de estado. Ward (2013) sugiere que para definir un crimen de Estado es necesario considerar tres cuestiones: ¿El presunto comportamiento criminal es desviado en el sentido en que cierta expectativa social significativa condena el comportamiento y presiona al Estado para que desista?, ¿La desviación es organizacional, por ejemplo, llevada a cabo en la búsqueda de los objetivos organizacionales de una agencia estatal como la fuerza policial, más que por el comportamiento de unos pocos agentes de policía “sinvergüenzas” u otros oficiales? y ¿El comportamiento viola los derechos humanos?

Cuando se hace el ejercicio de contestar las tres preguntas anteriores en relación a los actos cometidos por ejemplo por las fuerzas armadas en la guerra del narco se puede ver que los comportamientos de los agentes en cuestión no son aislados sino que indican que las torturas son parte de una práctica “recurrente, rutinaria, estandarizada y estructurada; develando que no se trata de una actuación espontánea, sino que forma parte de un plan o de una política de las autoridades federales” (CMDPDH, 2020: 27).

Una característica de estos crímenes es la justificación que se hace de ellos, generalmente se presentan como necesarios. Zaffaroni (2017) sugiere que para estudiar los crímenes de Estado desde la criminología crítica se les puede comenzar a analizar con las mismas técnicas de estudio que se usaron para estudiar a los “delincuentes juveniles”, por ejemplo las cinco técnicas de Sykes y Matza en las que la justificación juega un papel central. Hacer esto con las diversas técnicas que presenta la criminología es algo que puede ser viable para hacer criminología de los Estados.

El asunto de la revictimización y de la criminalización de las víctimas de tortura, feminicidio, asesinato y desaparición en México aparte de ser un problema muy generalizado es una muestra de la justificación y la neutralización que hacen los perpetradores. Es grave el efecto que esto juega en la condena social, la idea de la/o mataron por criminal, por respondon/a, por que se lo buscó es generalizada y lamentable. Los familiares de víctimas de este tipo de crímenes no solo cargan con el dolor ocasionado por la pérdida de su familiar o por el daño que le causaron sino con la criminalización cotidiana que padecen loas familiares y la propia victima.

Es importante mencionar que también existe el concepto de crímenes contra el Estado a los que sí se les suele condenar y castigar. Eso lo podemos ver en la disposición de López Obrador de juzgar por traición a la patria a los expresidentes. Se les podría llegar a juzgar por esos crímenes pero niega que Ayotzinapa haya sido un crimen de Estado. Es decir que se acepta que la actuación en contra del Estado hay que castigarla pero no la actuación contra la sociedad, contra los pueblos, contra la humanidad.

La criminalidad estatal es particularmente grave por que quienes cometen el/los actos criminales cuentan con el monopolio del uso de la fuerza y de los órganos jurisdiccionales, lo que les ubica en una posición estratégica para ocultar sus actos. Así podemos concluir que los crímenes de Estado son actos cometidos por agentes estatales que van más allá de un acto aislado, manifiestan la voluntad del Estado, se garantizan por la impunidad y ocasionan daño a muchas personas, a veces a poblaciones enteras. Son actos que provocan un daño masivo, comunitario o social y atentan contra la vida, la libertad, la tranquilidad, la paz y la justicia. La práctica sistemática de crímenes de Estado, de crímenes de poder, de crímenes de los poderosos y del patriarcado genera Estados criminales. La herramienta que presenta la criminología puede servir para entender las motivaciones de esos actores criminales y los modos de configuración de esas estructuras criminales para buscar modos de señalarlos, de reaccionar ante ellos y de enfrentarlos. Hasta ahora hay esfuerzos, como algunos de los antes mencionados que analizan los crímenes de Estado, de poder, etc. Trabajos enfocados en un análisis crítico y rebelde de los Estados criminales, de sus características, motivaciones, formas de estructurarse y de justificarse aún son casi inexistentes. La realidad está implicando nuevas pistas en ese campo.

El asunto de señalar es ponerle nombre a los actos y a los actores. Una criminología que no esté al servicio del poder tiene que nombrar sin tapujos, sin encubrimientos, sin ánimo de afianzar “el orden de las cosas”. Así que partiendo de la necesidad de usar otras palabras podríamos cambiar criminalización por señalamiento, no de un individuo sino de un acto y de una estructura. Aunque finalmente los actos son cometidos por individuos y esto pueda derivar en que uno de ellos sea procesado, lo cual también es necesario y que es reclamado con toda razón por los familiares de desaparecido/as, ejecutado/as. Esto puede permitir que la vieja práctica del chivo expiatorio no resuelva el problema, pues como hemos visto en México y en otras partes del mundo el Estado, como otras estructuras criminales lo hacen, está dispuesto a sacrificar a alguno de sus “servidores” para continuar con sus tareas e intereses. Si se logra concentrar la atención de los actos en las estructuras, en la cadena de mando, en los beneficiados de los actos criminales entonces la estructura completa debe ser señalada. El señalamiento no es necesariamente legal, aunque sería deseable que tras señalar una estructura criminal hubiera implicaciones específicas sobre esas personas.

Las pistas que presentan estos esfuerzos criminológicos pueden ser una herramienta para los movimientos sociales, hace falta comenzar a generar nuevos códigos, nuevas palabras, nuevos modos de nombrar, es necesario que al realizar análisis precisos de la criminalidad estatal y de poder se encuentren nuevos modos de enfrentarlos y de defendernos de ellos para seguir luchando, construyendo, viviendo.

En el contexto de la pandemia del COVID-19 a nivel global se demostró la inocultable crisis provocada por el capitalismo y por el calentamiento global. Se hizo evidente todo lo que se desmanteló con el neoliberalismo, se manifestó de un modo brutal la pérdida de los derechos sociales. La criminalidad del sistema está ahí, asoma su rostro y advierte su feroz amenaza. Los estados que se hicieron criminales responden a la dinámica de un sistema criminal. La desnormalización de esa aberrante realidad es urgente y se ha mostrado en las revueltas sociales, en las calles que arden de rabia con todo y la amenaza de contagio.

Resuena en el mundo la frase: “nos están matando” que gritan desde Colombia, el movimiento de mujeres kurdas exige el inicio del proceso de reconocimiento del feminicidio como un crimen similar al genocidio, los señalamientos por crímenes de guerra y crímenes de estado a Estados Unidos por lo que hicieron en Irak no han cesado, la práctica genocida de Israel y la ejecución de crímenes de Apartheid contra Palestina es inocultable y amerita mayor condena, mayor respuesta. Poco a poco la realidad demuestra que algo ya no sirve, algo urge, algo estalla y no es un bomba tirada por un pueblo pobre, pequeño, explotado.

 

Una vez más lo/as zapatistas nos hacen abrir los ojos, la llegada de la montaña que navegó en el mar y arribó a España muestra que voltear todo al revés es posible, la historia se vuelve a escribir y los sueños en medio de la pesadilla navegan a toda velocidad. Así que, ¿Qué puede seguir?

 

1. Es una expresión para referirse a determinada cantidad de dinero entregada para obtener algún tipo de permiso o garantía.

2. Comisión Mexicana para la Defensa y promoción de los Derechos Humanos-CMDPDH y Federación Internacional de los Derechos Humanos-FIDH, 2019.

3. Comité para la Protección de los Periodistas.

 

 

Referencias

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Artículo relacionado

La pandemia, el Estado y la normalización de la pesadilla (incluye versión .pdf)

 

 

Fuentes: El tábano economista

Lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo que ocurre las redes sociales se queda (CIA) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA)

Vendedor de casa, presentador de reality show, defensor de las libertades individuales y los derechos de los consumidores, de un día para el otro pasó a ser un obcecado regulador y querellante de las grandes empresas tecnológicas. La metamorfosis y los zigzagueos del expresidente Trump tienen apariencia peculiar, pero como veremos no son inocentes.

Después del ataque del 6 de enero al Capitolio de los Estados Unidos por parte de alborotadores empeñados en evitar que el Congreso certificara la victoria electoral del presidente Biden, todas las principales plataformas sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, desconectaron las cuentas del presidente Donald Trump. Las empresas citaron reglas internas sobre el uso indebido de sus plataformas para difundir información errónea e incitar a la violencia.

Las grandes tecnológicas actuaron como la computadora Multivac del cuento de Isaac Asimov “sufragio universal” (año 1955). El autor supuso para un lejano futuro en el momento de escribir el cuento, el sufragio universal en el que toda la población expresa su voluntad a través del voto, habría dado lugar a otro mecanismo en el cual el presidente sería elegido por un único elector en representación de todo el país. Este votante será elegido por una gran computadora llamada Multivac, un gran engaño de simulación democrática, al igual que las tecnológicas, ellas son las elegidas para censurar a un usuario en el nombre del país.

Dadas ciertas características, que veremos más adelante, las redes sociales se atribuyen la acción estatal de restringir el discurso de una persona, rol que extrañamente podrían ejecutar los privados por carecer del poder de policía para efectuarlo. Lo cierto es que, no sólo lo hicieron con el presidente de la mayor potencia mundial, sino que distrajeron la atención entre dos temas centrales. La capacidad monopólica de sus empresas por un lado y por otro su anhelo de autorregulación de publicaciones en sus redes, lo que la Corte Suprema americana llamo “La plaza pública moderna”, donde los oradores tienen derecho a exigir acceso a sus plataformas del mismo modo que tienen derecho a participar de debates en plaza pública. 

Comencemos con lo más oculto, la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones. Esta permite a los operadores de sitios web elegir quién y qué aparece en sus páginas sin temor a ser responsables. En la Ley de Decencia en las Comunicaciones del año 1996 se encuentra una de las herramientas más valiosas para proteger la libertad de expresión y la innovación en Internet: la Sección 230 dice “Ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como el editor o el relator de cualquier información proporcionada por otro proveedor de contenido de información” En otras palabras, los intermediarios en línea que alojan o vuelven a publicar discursos, están protegidos contra una serie de leyes que, de otro modo, podrían utilizarse para responsabilizarlos legalmente de lo que otros dicen y hacen.

Este marco legal y de políticas ha permitido que los usuarios de YouTube o cualquier plataforma carguen sus propios videos, Amazon ofrecen innumerables reseñas de usuarios, Facebook y Twitter albergar anuncios clasificados, gratis o pagos, para cientos de millones de usuarios de Internet. Dado el gran tamaño de los sitios web generados por los usuarios, Facebook tiene más de mil millones de usuarios, Twitter 340 millones. Los consumidores de YouTube cargan 100 horas de video por minuto, por lo que no sería descabellado que aparecieran contenidos objetables en sus redes sociales. Este sería el discurso ingenuo.

La capacidad de las redes sociales en intervenir en las elecciones, no solo de Estados Unidos, sino de Brexit, Argentina, Brasil etc son conocidas. Los dueños de las redes tenían preferencia en la interna Demócrata, y una de ellas era deshacerse del ala progresista del partido y de Elizabeth Warren en particular, una de las candidatas favoritas allá por octubre del 2019. Ella proponía según una grabación filtrada de una reunión de la empresa publicada por The Vergesegmentar a las grandes empresas tecnológicas. Pero el problema no radicaba sólo en desmembrar los monopolios, sino que la candidata aseguraba que la plataforma le había dado a Trump rienda suelta para mentir “para después pagarle a Facebook enormes sumas de dinero para difundir esas mentiras a los votantes estadounidenses”, haciendo referencia a Fake News y Trolls.

En ese momento Kamala Harris se había retirado de la interna demócrata por tener sólo el 1% de los votos. Cuando fue convocada por Biden los magnates de las Big Tech respiraron tranquilos, Harris mantiene fuertes lazos con Silicon Valley más allá de haber nacido y haberse educado en San Francisco. De su cercanía surgió la idea de un acuerdo. Las tecnológicas apoyarían la campaña de los demócratas y ellos se comprometen a votar porque las empresas se autorregulen y no sea el gobierno quien ponga un marco regulatorio. El desmembramiento como veremos, judicializado a esa altura parece inevitable. Pero la pregunta sigue siendo ¿Por qué es tan importante conformar a los nuevos zares de los mediáticos?

Gran parte del público mundial se informa a través de las redes sociales y por lo tanto las mentiras y el apoyo de los dueños de las redes, puede inclinar la balanza hacia el partido elegido, multiplicando falsedades y eliminando cuentas de otras tendencias por contener información sospechosa, según ellos mismo. El escándalo de Cambridge Analytica, el ceder Google datos a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), entre otras para beneficio de sus propios intereses forma parte del combo información y datos, que de hecho influye en las tendencias y los humores de los votantes.

El periódico NYT a través de un estudio, público el impacto que tuvo la suspensión de las cuentas en las redes sociales del ex presidente Trump. Nos resultará central en esta parte del artículo, para mostrar la fuerza de la gozan las redes sociales y el poder de digitar y modificar tendencias de opinión. Donald Trump antes de la suspensión de sus cuentas tenía: 89 millones de seguidores en Twitter, 35 millones en Facebook y 24 millones en Instagram. Para tener una idea, el programa de política en horario central más visto de la tv América en FoxNews tiene 3 millones de espectadores, es decir, Trump no necesita de los medios convencionales.

Cuando 17 plataformas entre ellas Facebook y Twitter inhabilitaron las cuentas de Donald Trump después del asalto al Capitolio, perdió el acceso directo a sus megáfonos más poderosos. El 4 de junio, Facebook anunció que al expresidente de Estados Unidos no se le permitiría regresar a su servicio hasta por lo menos enero de 2023, con el argumento de que su presencia en las redes representa un riesgo para la seguridad pública.

The New York Times examinó las casi 1600 publicaciones de Trump en redes sociales desde el 1 de septiembre hasta el 8 de enero, el día en que le suspendieron sus cuentas en las plataformas. Rastrearon la interacción de las redes sociales con decenas de declaraciones que escribió en su sitio web personal, en su sitio de recaudación de fondos para la campaña y en los correos electrónicos enviados a una lista de suscriptores.

Antes del veto, una publicación en redes sociales con interacción promedio generaba 501.000 “me gusta” y “compartir”, por lo que publicación al menos se duplicaba. Después del veto, dicha cantidad se desplomó a 36.000.  También se cerraron otras cuentas populares en las redes sociales a menudo tomaban sus mensajes y los publicaban. El hecho es que el presidente desapareció de la escena, ese es el riesgo de la autorregulación, los dueños de las redes pueden optar como Multivac, quien es digno de ser replicado y quien callado.

En cuanto al segundo tema El Subcomité Antimonopolio del Comité Judicial de la Cámara de Representantes publicó el 6 de octubre del 2020 los hallazgos de su investigación de más de 16 meses sobre el estado de la competencia en la economía digital, especialmente los desafíos presentados por el dominio de Apple, Amazon, Google y Facebook y sus prácticas comerciales.

El informe, titulado Investigación de la competencia en el mercado digital: informe y recomendaciones del personal mayoritario, totaliza más de 400 páginas, lo que marca la culminación de una investigación que incluyó siete audiencias del Congreso, la producción de casi 1.3 millones de documentos y comunicaciones internas, presentaciones de 38 expertos en antimonopolio y entrevistas con más de 240 participantes del mercado, ex empleados de las plataformas investigadas y otras personas. Si les interesa está aquí .

“Tal como existen en la actualidad, Apple, Amazon, Google y Facebook poseen cada uno un poder de mercado significativo en grandes sectores de la economía. En los últimos años, cada empresa ha expandido y explotado su poder de mercado de manera anticompetitiva”. “Nuestra investigación no deja lugar a dudas de que existe una clara y apremiante necesidad de que el Congreso y las agencias de aplicación de las leyes antimonopolio tomen medidas que restauren la competencia, mejoren la innovación y protejan nuestra democracia. Este informe describe una hoja de ruta para lograr ese objetivo”.

La lista de recomendaciones incluye:

  • Separaciones estructurales para prohibir que las plataformas operen en líneas de negocio que dependen o interoperan con la plataforma;
  • Prohibir a las plataformas participar en la auto-preferencia;
  • Exigir que las plataformas hagan que sus servicios sean compatibles con las redes de la competencia para permitir la interoperabilidad y la portabilidad de los datos;
  • Obligar a que las plataformas proporcionen el debido proceso antes de tomar medidas contra los participantes del mercado;
  • Establecer un estándar para proscribir adquisiciones estratégicas que reduzcan la competencia;
  • Mejoras a la Ley Clayton, la Ley Sherman y la Ley de la Comisión Federal de Comercio, para alinear estas leyes con los desafíos de la economía digital;
  • Eliminar las cláusulas de arbitraje forzoso anticompetitivas;
  • Fortalecimiento de la Comisión Federal de Comercio (FTC) y la División Antimonopolio del Departamento de Justicia;
  • Y promoviendo una mayor transparencia y democratización de las agencias antimonopolio.

Ambas disputas están relacionadas, tanto el poder monopólico como la autorregulación, pero esta última está más oculta por las consecuencias políticas y de espionaje que acarrea. Nadie sabe bien en que terminarán, pero en varios países de Latinoamérica, aun no regulado la captación de datos, las fake news, pueden producir mucho daño. Recuerden que si al establishment no le gusta a quien votaron, se agitará el fantasma del fraude. Quizás Multivac y las redes puedan digitar quien será el próximo defensor del statu quo según el país que corresponda.   

Por Alejandro Marcó del Pont | 15/07/2021

Publicado enEconomía
Sábado, 10 Julio 2021 07:03

La perfecta neocolonia

Jovenel Moïse junto a su esposa Martine en la ceremonia de investidura presidencial, en 2017, en el Palacio Nacional, en Puerto Príncipe, Haití AFP, HÉCTOR RETAMAL

Haití bajo fuego

El asesinato sin aclarar de Jovenel Moïse, que gobernaba a fuerza de masacres con el apoyo de la OEA y Washington, aviva las inquietudes imperiales por una nueva intervención. En la calle, los paramilitares y la movilización popular se disputan el futuro.

 

En la madrugada del miércoles 7, un comando paramilitar ingresó a la casa del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en Puerto Príncipe, y lo asesinó a tiros. Su esposa fue herida de gravedad. El primer ministro Claude Joseph, que estaba en la puerta de salida del gobierno (Moïse le había nombrado un reemplazante el lunes), decretó el estado de emergencia y sacó las Fuerzas Armadas a la calle. No habían comenzado todavía las investigaciones cuando empezaron a circular versiones de que los atacantes hablaban español y hubo quienes apuntaron que se trataba de venezolanos (obviamente «chavistas») y colombianos (obviamente «de las ex-FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia]»). En la mañana del mismo miércoles, el presidente de Colombia, Iván Duque, pidió la intervención de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo Consejo Permanente fue convocado en la noche. Es un magnicidio intolerable, dijo. En algunos países de Europa y en Estados Unidos se empezó a barajar la posibilidad de volver a enviar tropas a Haití con lo que se recrearía la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), que se mantuvo entre 2004 y 2017. En las declaraciones de algunos gobernantes, el homenaje a Moïse trascendió el recuerdo a una víctima de asesinato: hubo quienes elogiaron su gestión. Haití país ingobernable, Haití país menor de edad que no puede manejarse solo sin un padre que lo tutele: los lugares comunes de todos estos años para justificar la militarización, la sucesión de gobiernos corruptos, el hambre y la miseria como males «naturales» de una sociedad «atrasada», la presencia imperial –más o menos abierta, más o menos solapada, según convenga– volvieron a saltar a la palestra. Ya tantas veces se los ha escuchado.

***

Tal vez no se sepa en años, tal vez no se sepa nunca cómo fue realmente que murió Moïse, dijo el miércoles a la cadena Telesur Danny Shaw, un activista estadounidense que lleva varios meses residiendo en Puerto Príncipe. Tenía tantos y tantos enemigos el gobernante asesinado que los tiros pueden haber llegado casi que desde cualquier lado. Menos del campo popular. Porque si hay sectores a los que nada les conviene un escenario como el que previsiblemente se estaría armando, con un posible regreso de la Minustah o una misión de intervención equivalente, ahora o en algún tiempo, es a quienes quieren cambiar realmente las cosas. No hay luto en las calles, porque Moïse era responsable directo e indirecto de decenas de asesinatos, de unas 12 masacres colectivas en barrios populares en los últimos cuatro años, porque era cómplice de lo más rancio de la rancia oligarquía haitiana y de las pandillas, que crecen como hongos (véase «Estado mafioso», Brecha, 26-II-21), porque gobernaba como un dictador; pero tampoco hay alegría, porque su caída, en estas condiciones, está muy lejos de significar la caída del sistema del que era parte. Ojalá hubiera un Wikileaks que echara luz sobre cómo se tramó esta ejecución, dijo Shaw, y recordó que no son raros los casos de dictadores que se vuelven incómodos por impresentables, como sucedió hace 60 años en la vecina República Dominicana con Rafael Trujillo, asesinado porque convenía más un liberal que una bestia parda. Y están las pandillas, y está el narcotráfico…

***

Un día antes del asesinato de Moïse, Brecha entrevistó a Henry Boisrolin, coordinador del Comité Haití Democrático, instalado hace años en Argentina. La idea era conversar sobre lo que estaba sucediendo en su país, tan silenciado, tan acallado, tan poco presente en los medios, tan miserabilizado. Había habido una cadena de asesinatos, una más:19 personas ejecutadas a balazos en plena calle en la noche del 29 al 30 de junio, entre ellas, el periodista Diego Charles y la militante feminista Antoinette Duclaire; llamaba la atención que fuera la enésima masacre de dirigentes sociales en muy poco tiempo y que apenas trascendiera; se hablaba de la acción abierta de bandas armadas unificadas en un comando dirigido por un expolicía que se presentaba como «revolucionario», que controlaban barrios enteros de Puerto Príncipe, extorsionaban a pobres y ricos y provocaban desplazamientos de población: ¿qué era eso?; el lunes 5, Moïse nombraba a un nuevo primer ministro, el octavo desde que asumió la presidencia, en 2017, un político vinculado a la oposición liberal, lo que daba la idea del grado de decadencia del gobierno; las noticias apenas registraban las manifestaciones callejeras, algunas muy grandes, que se estaban produciendo día tras día desde hacía varios meses… Mucho tema. Boisrolin comenzó poniéndolos en contexto.

«Hay que contextualizar para no perderse entre tanto asesinato, tanto hecho delictivo, también tanta miseria, porque cuando se habla de Haití es para hablar de eso y se pierde el hilo», dijo. Y contó que la crisis que vive Haití es una crisis ininterrumpida, una película en cámara lenta del «derrumbe del sistema de dominación», un sistema que empezó a funcionar a partir de la primera ocupación militar estadounidense, en 1915. Desde entonces, el país se fue convirtiendo en una perfecta neocolonia y en el más empobrecido de las Américas. Hoy se está en una fase de descomposición de ese sistema y quienes gobiernan quieren reformularlo, con otro tipo de ordenamiento jurídico y político, para dar mayor poder al Ejecutivo y debilitar al Parlamento. La Constitución que elaboraron en secreto en el gobierno, que iba a ser sometida a plebiscito en setiembre, va por ahí.

Pero para la gente de a pie vale muy poco esa Constitución, señaló Boisrolin, como valen muy poco las elecciones presidenciales y legislativas convocadas para el mismo día del plebiscito constitucional. («No es que sean ineptos, son perversos: hacen la elección del próximo Parlamento, que constará de dos cámaras, al mismo tiempo que se plebiscita una Constitución que suprime una de esas dos cámaras, el Senado. Parece absurdo, pero demuestra lo poco que les interesa realmente esa democracia a la que dicen atenerse.»)

Como todas las elecciones que se han llevado adelante últimamente, las de este año, si se hacen, estarán marcadas por el fraude. Cualquier candidato del campo popular que se presente las puede ganar si se llevan a cabo en buena ley, cree Boisrolin. «Pero los sectores dominantes no van a dejar que eso suceda. La única elección verdaderamente libre que se llevó a cabo en el país tras la caída de la dictadura de los Duvalier la ganó un representante del campo popular, el sacerdote Jean Bertrand Aristide, en 1990. Las ganó de manera aplastante, pero lo derrocaron con un golpe de Estado promovido por Estados Unidos.»

¿Qué elección seria se puede hacer en las condiciones actuales, en las que la gente no irá a votar, como no ha ido a votar en las pasadas y en las anteriores, porque no tiene seguridad alguna de que se respeten los resultados, porque en una economía de subsistencia como la haitiana, en una sociedad tan brutalmente piramidal como la haitiana, ha perdido todo sentido meter un votito en una urna? «Hoy hay en mi país 6 millones de personas bajo hambruna severa, el 70 por ciento de la población activa no tiene trabajo, la esperanza de vida no llega a los 60 años», dice Boisrolin. Y apunta que para entender la crisis estructural haitiana hay que tener en cuenta su posición geopolítica: «Está en el centro del Caribe, en la ruta marítima hacia Venezuela, es el país más próximo a Cuba y, si desde la doctrina Monroe Washington considera a América Latina toda como su patio trasero, el Caribe es su primer patio. Por aquí circulan mercaderías importantes para ellos. No pueden permitir que Haití se desestabilice demasiado, deben mantener el statu quo de la forma que sea, si es necesario, sacrificando a dirigentes políticos, por más funcionales que les hayan sido».

—Jovenel Moïse lo fue. ¿Dejó de serlo?

—Puede ser. Hoy existe una lucha interna entre los sectores dominantes. Hay un sector empresario que depende directamente de Estados Unidos. Son 11, 12 familias, que son las que controlan el poder y respaldaban a Moïse, que era un gran empresario bananero. Y hay un sector todavía de muy poco peso que está haciendo un esfuerzo por elevar el nivel de desarrollo de este capitalismo tan especial. También tienen relación con el imperio, pero apuntan a un funcionamiento institucional más presentable, con cierto respeto de la legalidad, algo que los últimos gobiernos no han tenido. Moïse gobernaba por decreto desde hace un año, después que disolvió el Parlamento. Su gestión era escandalosa desde todo punto de vista. El lunes blanqueó a todos los políticos que habían sido procesados por casos de corrupción, con el objetivo de que algunos de ellos pudieran presentarse a las próximas elecciones. Solo se mantenía sobre la base de esa corrupción y sobre todo de la represión. Cuando, tras un aumento de combustibles, en 2018, estallaron enormes manifestaciones populares, la represión se acentuó. El gobierno alternó asesinatos selectivos con no selectivos. Recurrió a las masacres colectivas: 12 en cuatro años, con decenas de muertos. Y apuntó a quebrarle la espina dorsal al movimiento popular. Van a seguir apuntando a eso quienes vengan.

Y, por supuesto, el Ejecutivo se mantuvo por el sostén de las potencias, que mientras no tenían a otro lo respaldaban, le daban dinero, lo cubrían. Desde que se fue la Minustah funciona el Cogroup, integrado por representantes de Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Brasil, la OEA, la ONU [Organización de las Naciones Unidas] y la Unión Europea. Es el verdadero gobierno, y está, obviamente, bajo control de Washington.

El Cogroup sabe de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Moïse, como la Minustah sabía de las atrocidades cometidas por las gestiones anteriores. Hace poco, Moïse llamó a Luis Almagro, el secretario general de la OEA, para pedirle respaldo. Estaba acosado por las manifestaciones populares, el auge de la delincuencia lo desbordaba, se habían generalizado los secuestros extorsivos, las pandillas pululaban, algunas le molestaban y él quería que lo apoyaran. Almagro envió una misión, que hizo un largo informe en el que ni se menciona la represión política. Allí la OEA proponía una salida política que consistía en un gobierno de unión nacional con Moïse y en lo institucional solo exigió que se cambiara la composición del Consejo Electoral, en el que Moïse había colocado a amigos suyos. Menos que un cambio cosmético. La oposición lo rechazó.

—¿Quién encarna actualmente la oposición?

—Hay tres grandes sectores: fuerzas de derecha democrática, fuerzas socialdemócratas y la izquierda, que hace un par de años, por fin, comenzó un proceso de confluencia en el Frente Patriótico y Popular, integrado por siete partidos que se definen como socialistas, movimientos sociales, de derechos humanos, feministas. Hay un consenso entre el sector socialdemócrata y la izquierda de marchar hacia un gobierno que llamamos de transición de ruptura, en el que estarían todos los sectores de oposición, todos, y del que no formarían parte ninguno de los actuales gobernantes. Ese gobierno funcionaría por unos dos años, se encargaría de montar una nueva institucionalidad, afirmar la soberanía nacional, promover reformas sociales, juzgar los crímenes de lesa humanidad y los escándalos de corrupción de la administración actual, restaurar relaciones con todos los países, incluida Venezuela, convocar a una asamblea constituyente y después llamar a elecciones generales. No existe nadie en condiciones de conducir solo ese proceso, se necesitará de toda la actual oposición y habrá que ser creativo para ir haciendo el camino hacia una sociedad más justa. Que no nos humillen tanto como lo están haciendo ahora. Eso es lo esencial.

***

Boisrolin dice que si desde 2018 las manifestaciones callejeras fueron tan numerosas, es porque hay un sustrato de rebeldía en la gente que ni la represión, ni el hambre, ni la pandemia (¿qué es una peste más en un país expuesto a todas?) han logrado amainar. Piensa que hay una larguísima tradición de lucha en este país, que protagonizó la única revuelta antiesclavista exitosa de la historia y que, de esa tradición, a pesar de todos los pesares, mucha cosa queda. Y que ahora «hay un grado de organización del campo popular mayor» al que había un tiempo atrás. Dice que no por nada el terrorismo de Estado ha llegado al paroxismo al que ha llegado bajo Moïse y que eso va a exigir que los «sectores populares aumenten su nivel de autodefensa». «Los esfuerzos de todos los gobiernos recientes por disciplinar al pueblo han fracasado», piensa Boisrolin, pero subraya que eso no quiere decir que se esté cerca de triunfo alguno. «La situación actual es altamente explosiva y es muy difícil prever hacia dónde evolucionará. La oposición está dividida sobre qué hacer. Hay quienes se juegan a una insurrección popular, otros quieren negociar con Estados Unidos un cambio moderado. Yo, si tuviera que apostar, diría que estamos cerca de un estallido general. Quién lo conducirá no sé, pero las condiciones están dadas.»

Gangsterización

Uno de los signos de la extrema descomposición actual de Haití es la multiplicación de las bandas armadas y su creciente poder: de fuego, territorial, incluso político. La Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reinserción las calculó recientemente en 77. No les es nada difícil equiparse, porque en el país hay hoy un mercado ilegal de 500 mil armas de guerra, el doble que las que había hace menos de cinco años.

«El país está gangsterizado», dice Henry Boisrolin, y apunta que los sectores dominantes han creado sus propias pandillas, pero que estas son ya un actor político de primera importancia y que pueden llegar a molestar a algunos gobernantes. Las nueve bandas más poderosas se unificaron recientemente en un comando que se llamó primero G9 y luego fue rebautizado como Grupo Revolucionario 9. Manifiestan armados por las calles, sus líderes dan conferencias de prensa, tienen su propio canal de Youtube, logran cambiar ministros cuando no les gustan. En julio de 2020 el grupo organizó una manifestación callejera en Puerto Príncipe exigiendo su legalización.

Marchaban en el mismo tipo de blindados que los que usa la Policía. Su líder máximo es, precisamente, un exintegrante de una unidad especial de la Policía, Jimmy Cherizier, conocido como Barbecue. Lo separaron de su cargo tras un operativo en un barrio popular en 2017, en el que murieron ocho civiles y dos policías. Lautaro Rivara, un periodista y sociólogo argentino que vive en Puerto Príncipe, señaló en Rebelión.org (30-VI-21) que la federación de pandillas de Barbecue tiene relación estrecha con la administración de Moïse.

En 2020, el G9 coordinó junto con la Policía una entrega de alimentos en un distrito particularmente pobre de la capital. El grupo controla áreas centrales de Puerto Príncipe y los accesos norte y sur de la zona metropolitana, «lo que, en la singular geografía haitiana, le da una excepcional capacidad de aislar a la capital del resto del país», escribe Rivara. Son territorios superpoblados de un país superpoblado y fundamentales para controlar cualquier protesta, cualquier movilización de envergadura, «por tratarse de algunas de las zonas más radicalmente movilizadas desde los tiempos del gobierno de Aristide».

Las pandillas –las de Barbecue y las otras– han multiplicado últimamente los secuestros extorsivos aparentemente indiscriminados, porque se llevan tanto a ricos como a pobres, a empresarios como a campesinos. También han multiplicado los asesinatos. En 2020 hubo 1.270 secuestros de ese tipo y solo en junio pasado 150 homicidios, según datos de la asociación Défenseurs Plus.

Rivara cuenta que el 23 de junio Barbecue apareció en un video que rápidamente se hizo viral. «Acompañado de un pelotón de jóvenes encapuchados y armados –varios de ellos con indumentaria de la propia Policía–, anunció el comienzo de una “revolución armada”, consumando un giro discursivo contra el Estado, el gobierno y la oposición política. Utilizando la simbología nacional y evocando a los héroes de la revolución de independencia, invitó a la población a armarse y a incorporarse a su organización.» Fue «inesperado», pero también «inverosímil», escribe, y dice que actualmente Haití, «con el concurso de las grandes potencias, parece despeñarse por el barranco de los proyectos paramilitares que han asolado antes a otras naciones de Centroamérica y el Caribe, promoviendo el caos organizado, la inseguridad estratégica y la desestructuración de todo el tejido social y comunitario, abriendo la puerta a una política de shock que logre desmovilizar a sus indómitas clases populares».

Por Daniel Gatti
9 julio, 2021

Publicado enInternacional
Sábado, 10 Julio 2021 06:42

El sueño del país sin indios

El sueño del país sin indios

Los internados para niños indígenas de Canadá

Para los sobrevivientes, el hallazgo de restos de casi un millar de niños desaparecidos en Kamloops y Cowessess es apenas la punta del iceberg. Hasta la década de 1990 el Estado y la Iglesia dirigieron un sistema escolar dedicado a erradicar las culturas originarias del país.

 

Roberta Hill era apenas una niña cuando ella y cinco de sus hermanos fueron inscritos a la fuerza en un internado para menores indígenas. Con 70 años, la impactó enterarse del reciente descubrimiento de los restos de 215 niños, enterrados en el área de la Escuela Residencial India de Kamloops, en la provincia de Columbia Británica.1 El hallazgo fue comunicado a comienzos de junio por la nación originaria Tk’emlúps te Secwépemc. «¿Cómo no ibas a saber que tenías 215 personas enterradas», se pregunta Hill, «cuando los padres te decían “no me han devuelto a mi niño, quiero saber dónde está”?». «¿Quiénes son los responsables?», cuestiona.

Hill y otros activistas piden una investigación masiva acerca del destino de otros niños desaparecidos en los internados de Canadá, mientras el país se enfrenta a su historia de genocidio cultural contra los pueblos indígenas. Recientemente, el primer ministro Justin Trudeau pidió un mayor apoyo a los sobrevivientes del sistema de internados y ordenó que las banderas estuvieran a media asta en todos los edificios federales de Canadá.  Manifestantes colocaron cientos de pares de zapatos en los escalones de esos mismos edificios y en torno a monumentos de todo el país, en honor a los niños que murieron en la escuela de Kamloops. Ninguna de estas muertes había sido registrada oficialmente. «Lamentablemente, esta no es una excepción o un incidente aislado», dijo a la prensa Trudeau luego de conocido el hallazgo en Kamloops. «Tenemos que reconocer la verdad. Los internados eran una realidad», aseguró.

Durante más de un siglo se obligó a los niños indígenas de Canadá a ingresar a estas escuelas residenciales. De las 139 que existieron en el país, más de la mitad fueron administradas por la Iglesia Católica, incluida la de Kamloops, una escuela inaugurada en 1890 que llegó a tener hasta 500 inscritos en sus momentos de mayor actividad. Como sobreviviente de este sistema, Hill compartió sus experiencias con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá (CVR). Establecido en 2008, este organismo tuvo entre sus fines crear un registro histórico de lo que debieron enfrentar los niños indígenas. Recopiló miles de documentos y entrevistó a 6.750 supervivientes.

Hill y sus hermanos asistieron al Instituto Mohawk, un internado dirigido por la Iglesia Anglicana de Canadá, en la ciudad de Brantford. Contó a la comisión que allí fue abusada sexualmente entre los 6 y los 10 años. «Había dos sacerdotes. A uno le gustaban las niñas y a otro los niños, por lo que los varones tampoco se salvaban. El trato era brutal, y cuando no los golpeaban, los violaban», dice. Para Hill está claro que la investigación llevada a cabo por la comisión no fue lo suficientemente profunda. «A pesar de lo triste y desgarrador que es, realmente no sorprende», sostiene. «Creo que habrá más si la gente busca», agrega. Hill y muchos pueblos originarios, incluidas las Seis Naciones del Gran Río, están ansiosos porque se haga una investigación seria sobre los niños desaparecidos.

El rol de la Iglesia

No está claro cuándo fueron enterrados los cuerpos ahora descubiertos en Kamloops. El Estado canadiense se hizo cargo de los internados en 1969. El de Kamloops cerró en 1978. Antes de que el Estado asumiera el control, la mayoría de las escuelas estaban a cargo de varias instituciones religiosas. La Iglesia Anglicana de Canadá emitió una disculpa en 1993 por su papel en el sistema de internados. Un año después, se disculparon los presbiterianos. También lo han hecho los metodistas y la Iglesia Unida de Canadá.

«No hay duda de que la Iglesia estuvo involucrada en esto», dice el reverendo Larry Lynn, sacerdote católico de la Arquidiócesis de Vancouver. «La Iglesia estaba a cargo de esa institución.» Trudeau solicitó una disculpa al papa Francisco durante una visita al Vaticano en 2017. Entre las 94 llamadas a la acción incluidas en el informe final de la CVR se encuentra un pedido de perdón oficial del jefe de la Iglesia Católica. Pero si bien los obispos locales se han disculpado, el Papa se ha negado.

El 2 de junio, el arzobispo Michael Miller emitió una declaración en nombre de la Arquidiócesis de Vancouver en la que reflexionó sobre una disculpa pública que hizo en 2013 ante la CVR. «Si las palabras de disculpa por hechos tan atroces son para traer vida y sanación, deben ser acompañadas de acciones tangibles que fomenten la revelación plena de la verdad», afirmó Miller. La arquidiócesis ha ofrecido apoyo psicológico y de salud mental a las familias que perdieron a sus hijos y se encuentra ahora proporcionando asistencia financiera y expertos para ayudar a la identificación de los fallecidos en Kamloops.

El caso es observado con atención desde Estados Unidos. Entre 1869 y la década de 1960, ese país financió más de 350 internados para niños indígenas bajo administración de las iglesias. Las historias de los sobrevivientes estadounidenses son similares a las de Canadá, e incluyen torturas, hambre, abuso sexual y físico.

«En Estados Unidos necesitamos cuanto antes una comisión de la verdad», afirma Christine McCleave, directora ejecutiva de la Coalición Nacional de Sanación por los Internados Indígenas. «Necesitamos que el gobierno federal dé un paso adelante y revele el daño causado.» La organización de McCleave está trabajando en una versión estadounidense de la CRV. El año pasado se presentó un proyecto de ley en este sentido en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pero no prosperó.

Hill, en tanto, cree que aún queda mucho por revelar. Con lo sucedido en la escuela de Kamloops ahora a la vista, espera que no tome mucho tiempo descubrir la verdad.

(Publicado originalmente en Public Radio Exchange como «Gruesome boarding school discovery forces Canada to reckon with its cultural genocide history». Traducción al español de Brecha.)

  1. Luego del hallazgo del 28 de mayo en tierras del antiguo internado de Kamloops, 751 tumbas de niños sin identificar fueron encontradas el 24 de junio junto a lo que fuera el internado de Marieval, en la actual localidad de Cowessess, en el centro sur del país. La Escuela Residencial India de Marieval funcionó desde 1899 a 1997 y, al igual que la de Kamloops, también estaba bajo la dirección de la Iglesia Católica (N. de E.).

 La historia de los internados canadienses

Asimilación forzada y expolio

… [Si] se va a hacer algo con el indio, debemos agarrarlo muy joven. Los niños deben ser mantenidos constantemente dentro del círculo de las condiciones civilizadas.

Nicholas Flood Davin, «Informe sobre escuelas industriales para indios y mestizos», 1879

Quiero deshacerme del problema indio. De hecho, no creo que el país deba proteger continuamente a una clase de personas que se mantienen aparte … Nuestro objetivo es continuar hasta que no haya un solo indio en Canadá que no haya sido absorbido en el cuerpo político y no haya ya una «cuestión india», ni un Departamento Indio. Es este el único objetivo de este proyecto de ley.

Duncan Campbell Scott, Departamento de Asuntos Indígenas de Canadá, 1920

El gobierno canadiense persiguió esta política de genocidio cultural porque deseaba deshacerse de sus obligaciones legales y financieras con los aborígenes y hacerse con el control de sus tierras y recursos. Si todas las personas aborígenes hubieran sido «absorbidas en el cuerpo político», no habría reservas, tratados ni derechos aborígenes.

Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá, Honoring the Truth, Reconciling the Future: Summary of the Final Report of the Truth and Reconciliation Commission of Canada, pág. 3

Los internados para niños indígenas operaron en Canadá durante más de 160 años, y más de 150.000 niños pasaron por sus puertas. Cada provincia y territorio –con la excepción de la Isla del Príncipe Eduardo, Terranova y Nuevo Brunswick– albergaba escuelas administradas por la Iglesia y financiadas con fondos federales. La última de ellas cerró en 1996, en Saskatchewan. Los niños de las Primeras Naciones, Métis e Inuit fueron apartados de sus familias y comunidades, a menudo contra su voluntad. Se los llevó a escuelas donde se vieron obligados a abandonar sus tradiciones, prácticas culturales e idiomas.

El sistema de internados fue solo una herramienta en un plan más amplio de «asimilación agresiva» y de colonización de pueblos y territorios indígenas. Si bien el sistema federal de internados comenzó alrededor de 1883, sus orígenes se remontan a la década de 1830, cuando la Iglesia Anglicana estableció un internado en Brantford, Ontario. Antes de eso, las iglesias habían construido escuelas para niños indígenas desde mediados del siglo XVII. Durante ese período inicial, estas escuelas misioneras se ubicaron principalmente en el este de Canadá. A medida que las misiones y los esfuerzos coloniales se trasladaron al oeste de los Grandes Lagos, también lo hicieron las escuelas. El gobierno canadiense y las iglesias desarrollaron el sistema de internados como un medio para resolver la «cuestión india»: la amenaza y el obstáculo que en su opinión planteaban los pueblos indígenas a la construcción en curso de la nación de Canadá.

Para ello, llevaron adelante un sistema que imitaba las escuelas construidas en Estados Unidos y en las colonias británicas, donde los gobiernos y las potencias coloniales usaban grandes escuelas industriales que funcionaban como internados para convertir a las masas de niños indígenas y pobres en católicos y protestantes y volverlos «trabajadores laboriosos». Estas escuelas se desplegaron a lo largo de Irlanda, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, así como en Suecia con los niños indígenas sami, con el fin de que los nuevos colonos pudieran reclamar las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos originarios. Canadá adoptó este modelo para imponer a los niños de las Primeras Naciones, Métis e Inuit la adopción de tradiciones, idiomas y estilos de vida europeos.

Originalmente, el sistema de internados estaba enfocado en el desarrollo de escuelas de trabajo industrial y de escuelas agrícolas. Para 1900, en Canadá había 22 escuelas industriales y 39 internados. En 1931, en el apogeo de este sistema, había 80 escuelas en funcionamiento y, aunque la mayoría de ellas se llamaban residential schools (escuelas residenciales o internados), mantenían a menudo el trabajo industrial a través de grandes jardines, graneros, talleres y salas de costura. Las iglesias católica y protestante proporcionaron gran parte de las directivas originales acerca de dónde ubicar estas escuelas y cómo debía crecer el sistema. Los agentes y funcionarios gubernamentales de los diversos «departamentos indios» desempeñaron un papel central en su desarrollo y mantenimiento. Muchos de los primeros internados se construyeron cerca de escuelas misioneras ya existentes.

La calidad de la educación y la de los propios edificios fue deficiente durante gran parte de la historia. Los primeros internados estaban notoriamente mal financiados y mal administrados. Los relatos de sobrevivientes y del personal de las instituciones indican que los edificios a menudo se encontraban en mal estado y que, en algunos casos, eran incluso peligrosos. Los incendios los arrasaron con frecuencia. Algunas escuelas del norte se quedaban sin carpas ni refugios temporales. Posteriormente, se construyeron nuevas escuelas con una arquitectura pesada, ladrillos y cemento, en un esfuerzo por mostrar la permanencia de las políticas educativas del Estado hacia los pueblos indígenas. Estos nuevos internados, si bien representaban una mejora con respecto a los anteriores, seguían caracterizándose por la baja calidad de los alimentos que brindaban y las pésimas condiciones de vida de sus estudiantes.

Por Emily Schwing
9 julio, 2021

(Historia de las Escuelas Residenciales, Atlas de los Pueblos Indígenas de Canadá. Disponible en inglés y francés en indigenouspeoplesatlasofcanada.ca. Traducción de Brecha.)
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Los testimonios de Indepaz, Temblores y Paiis. Sobre la violencia estatal: Represión en el marco del Paro Nacional

“La violencia aparece donde
el poder está en peligro”.
Hannah Arendt, Sobre la violencia.

 

Con motivo de la visita realizada a Colombia por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones no gubernamentales Indepaz, Temblores y Paiis, en conjunto con Canal 2 y los periodistas Felix de Bedout y Camila Zuluaga, convocaron el 8 de junio a rueda de prensa para presentar un detallado reporte sobre la efectiva violación por parte de la Policía de diversos derechos humanos fruto de su violenta arremetida contra quienes levantaron su voz de protesta en el marco del paro nacional convacado el 28A

En realidad la rueda de prensa, transformada en una conferencia, sirvió para que cada una de las organizaciones dedicadas al tema de los derechos humanos presentaran avances de sus investigaciones sobre prácticas desplegadas por la mal llamada “fuerza púlica” a la hora de su despliegue para proteger el orden establecido, todo ello en aras de plantearse escenarios de reparación y no repetición.
Desapariciones forzadas

De vieja práctica en Colombia, donde las cifras indican que más de (,,,,) personas la han padecido, y con ellas sus familias y amigos cercanos que sufren la zozobra del cuerpo insepulto, el no poder realizar el necesario duelo para despedir al ser querido, su ejecución no ha estado ausente a lo largo de las semanas que suma el paro.

Según Indepaz, y con corte al 28 de mayo, 346 manifestantes registran como desaparecidos/as. Cifra contraria a la informada por la Fiscalía General de la Nación que la sitúa en 129.

En cuanto al modus operandi para llevarlas a cabo, la retención ilegal, subpreticia y sin registro de quien es perseguido y capturado, es el paso inicial para ejecutarla; su detención sin dejar huella en las minutas de los centros de detención es el paso que le sigue, y la imposbilidad de ser asistido por abogado alguno es el paso que le sigue.

En ocasiones en que el detenido de manera ilegal sí queda registrado en alguna minuta, el tiempo que trascurre entre su transitoria desaparición y la certificación de estar deternido en uno u otro lugar, es suficiente para que la sometan a presión psicológica, por ejemplo, pero también a todo tipo de golpizas y, en no pocos caso, hasta a prácticas de tortura.

Amedrantar, humillar, desequilibrar psicologica y moralmente a la persona apresada, dejando en ella huella para que no se anima a continuar protestando son algunos de los propósitos de estas prácitcas, las cuales se extienden hasta por 72 horas, momento en el cual, al no existir cargos para mantenerla en prisión, es dejada en libertad. De ello dieron explicación quienes intervinieron a nombre de Temblores, Indepaz y Paiis en la ya mencionada rueda de prensa.

Temblores, por su pasrte, cifró en 2.387 los casos de violencia policial y en 43 los homicidios paadecidos por quienes alzaton su voz de protesta desde el inicio del paro nacional. En su análisis del despliegue violento distribyó y tipificó cada caso acorde a las circunstancias y naturaleza de los hechos, así: victimas con lesiones oculares, violencia sexual, retenciones arbitrarias, golpizas y la utilización inadecuada de implementos de dotación. En este último particular enfatizaron en el uso de “Venom”, un arma lanzacohetes múltiple de carácter “aturdidor” y efectos “no letales”, con capacidad, según sus fabricantes, para disipar multitudes, artefacto que hace su primera aparición en territorio latinoamericano, un arma de alta peligrosidad y de efecto incontralados sobre quienes padecen su ataque.

Por su potencia, esta arma de manufactura española, la han adquirido incluso potencias del armento como Estados Unidos e Israel. Según sus fabricantes, su potencia solo es aturdidora y cegadora, no obstante contar con un lanzador que puede enviar sobre sus objetivos 30 cartuchos al mismo tiempo, cada uno de ellos con una dirección IP “para ser disparado individualmente o en cualquier secuencia deseada”. El sistema informático de Venom permite que cada uno de los 30 cartuchos persiga objetivos diferentes, lo que indica que en realidad con su despliegue pretenden alcanzar objetivos más precisos, mucho más que simplemente aturdir o disolver aglomeraciones.


Ojos que no ven, corazón que resiste

Como una práctica generalizada en contra de la resistencia social, con balas de goma intencionalmente disparadas al rostro, efectivos del Esmad pretenden disuadir el clamor popular. Apuntan y disparan sin piedad alguna, saben de su propósito y de las consecuencias del mismo, y para ello los forman.

Es un proceder sistematizado por instituciones policiales en todo el mundo, hace parte de sus doctrinas y de qué y cómo hacer para proteger a los poderosos. Y de ello hay testimonio también en países como Chile, con un saldo de 405 impacatados, pero también en Francia, “excelencia democrática”, país en el que las lesiones en el rostro ya son un lugar común toda vez que hay protesta, y en el que se repotan a partir del 2017 y hasta el 2020, 43 impactados con perdida al menos de un vista.


Es un crimen de Estado ampliamente investigado y tipificado por la Ong Temblores, como consta más adelante.


Referencia a la dosis

En un claro escenario de “excesos” por parte de la “fuerza pública” en contra de los inconfomes que salen a las calles a ejercer sus derechos, dos temas fueron ejes centrales de la rueda de prensa:

1. La alta desconfianza que la ciudadanía tiene con las instituciones de todo orden. Es una conclusión a la cual llegan luego de atender desde años atrás el despliegue de la violencia estatal, y refrendada una vez en el curso del actual paro.

Para poder tramitar las comprobadas violaciones de los derechos fundamentales que padecen distintos actores de la sociedad civil, han desarrollado plataformas para que las victimas denuncien ante las autoridades oficiales y para que no sean revictimizadas. No obstante, resaltaron en uno de los momentos que tuvo la rueda de prensa, el gran obstáculo con que se han encontrado estos mecanismos ha sido el alto nivel de escepticismo de las victimas a la hora de entablar un proceso donde las puedan reparar pues, “no confían en las instituciones”.

2. La sistematicidad en el obrar violento de las Fuerzas Armadas. En su seguimiento a este tipo de violencia estatal, de momento Temblores concentra su foco en las lesiones oculares, las que ascienden a 65 en el corrrido del paro –con corte al 7 de junio– según las investigaciones expuestas en la rueda de prensa.

Disparan contra los ojos de quienes protestan, esa es la conclusión fundamental arrojada por el alto índice de personas amputadas de una de sus vistas; es un tiro que no es casual, ni obedece a que fue en dirección equivocada, no, todo indica que los agentes que disparan están entrenados para ello, actuan como si fueran francotiradores, capacitados en tiro de precisión y tras un claro propósito: generar terror en la población en general, infundir miedo en quien piense salir a protestar. Las consecuencias de este proceder son de alto impacto en la salud física y mental de quienes son así violentados, cuyos derechos fundamentales son claramente negados. Un actuar policivo y militar con propósitos similares a los pretendidos en confrontaciones militares con el uso de armas laser que, precisamente, tienen como propósito impactar la vista del enemigo, sin causar su muerte pero sí anulandolo para el combate. Un ejermplo de la “humanización” alcanzada por la guerra.

Ejes centrales de la reflexión que desembocan en conclusiones contundentes. Por un lado, el fuerte discurso de estigmatización de la movilización y resistencia social, el cual propicia y cobija estos excesos sádicos por parte de los uniformados estatales, tanto la “fuerza disponible” como los así especializados en su formación y enrolados en el Esmad.

Por el otro, ante la efectiva doctrina que los impegna y su actuar cotidiano como si fuera una fuerza de ocupación, la necesidad de una reforma estructural a la “fuerza pública”, un cuerpo que siempre se dice que está al servicio de la ciudadanía pero que cada vez que actúa deja la huella indeleble de ser un cuerpo al servicio del poder, para su protección, es decir, una fuerza que no tiene por fin la protección y defensa del conjunto social sino de los poderosos o, en otras, palabras, la Policía también tiene que ser desprivatizada.

La labor y las investigaciones de estas Ongs no finaliza aquí, con lo informado solo sientan un precedente clave para llamar la ateción del conjunto social, así como para tomar decisiones y garantizar, por un lado que la impunidad no se imponga y, al mismo tiempo, que se garantice una verdadera reparación a quienes son víctimas de la violencia del establecimiento.

De así lograrse, puede superarse la actual y profunda desconfianza que reina en la sociedad con respecto a la institucionalidad, la que de mantenerse rompe la necesaria cohesión que como país demanda la construcción de convivencia y el ejercicio real de la democracia, aquella que va más allá de elegir y ser elegidos.

https://desinformemonos.org/las-nuevas-armas-del-terror-policial/
https://www.youtube.com/watch?v=XtgsYldDQWE&t=3415s

 

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Publicado enEdición Nº281
Xi Jinping, el autócrata providencial en el centenario del PCCh

El escritor británico Anthony Burgess dio su definición sobre las conmemoraciones: algo así como una celebración de la memoria, ya que recordar de dónde se viene forma parte de diseñar hacia dónde se va. Para el Partido Comunista Chino, que celebra el centenario de su fundación, cumplida en julio de 1921, la celebración también sigue este principio. El pasado milenario de China, que la proyecta como el centro más próspero de las rutas comerciales asiáticas (el "Reino del Medio"), debe estar ligado al futuro en el que China recupere esa posición central; del mismo modo, el Partido Comunista muestra su futuro con los fuertes tintes de las gloriosas acciones de obreros y campesinos que, a mediados del siglo XX, superaron con heroicos esfuerzos la abominable opresión imperialista y la burguesía nacional para dar origen a la República Popular en 1949. Por lo demás, poco importa a la burocracia con sede en Pekín que el PCCh preserve la defensa de los trabajadores solo en una vaga retórica, habiéndose distanciado de hecho de la clase obrera hace mucho tiempo, recortando todas sus libertades de acción y pensamiento y convirtiéndola en un sujeto de explotación infernal por parte de los capitalistas nativos y occidentales para dar lugar al "milagro chino". La ironía es que mientras se celebran los 100 años del partido fundado para emancipar a la clase trabajadora, lo que se alaba hoy es un aparato burocrático que usurpó las conquistas revolucionarias de 1949 para restaurar el capitalismo en el coloso asiático.

Para Xi Jinping, la celebración oficia como un recordatorio de la grandeza personal que quiere transmitir a China y al mundo. Más cerca del romano Quintus Enius, Xi sabe que estará vivo mientras su legado pase por la boca de la humanidad, y es en ese legado en el que se centra. Casi una década en el poder, se enfrenta a enormes desafíos para China. Convertido en la segunda economía del mundo, y entrado en la carrera por la primacía industrial-tecnológica con Estados Unidos, el capitalismo chino (que se distingue del modelo habitual por el dirigismo estatal comandado por el PCCh) se ha convertido oficialmente en un "rival estratégico" de las potencias capitalistas occidentales. Dejando subrepticiamente de lado la "estrategia de los 24 caracteres" de Deng Xiaoping, que predicaba la circunspección y el bajo perfil de China en los asuntos exteriores, ocultando siempre su verdadera fuerza, Xi Jinping quiere mostrarse afirmativo. El Partido Comunista Chino proyecta su poder a nivel internacional, especialmente en el ámbito asiático, preparando la reincorporación de Taiwán y la integración territorial del Mar de la China Meridional, buscando desafiar la hegemonía de Washington existente en la región de Asia-Pacífico desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Los rápidos avances tecnológicos y la modernización de las Fuerzas Armadas –China tiene ahora la mayor flota de guerra del mundo– sirven al propósito del "sueño chino".

En una de las primeras ceremonias de apertura de las celebraciones del centenario, Xi Jinping, ensalzó la "lealtad al partido" y entregó una nueva medalla de honor ("Medalla del 1 de julio") a 29 miembros del PCCh, que ha gobernado China durante 72 años. "Dedica todo, incluso tu vida, al partido y al pueblo", dijo el gobernante a los 92 millones de afiliados. El país de los multimillonarios también tiene el partido de los multimillonarios. Cientos de miles de "capitalistas rojos", incluidos algunos de los empresarios más ricos de China, se encuentran entre los afiliados. Y no solo en sentido figurado, sino en posiciones de liderazgo en el Comité Central y el Politburó. Como revela la investigación de Bruce Dickson en Riqueza y Poder, la cantidad de empresarios capitalistas que son miembros del Partido Comunista Chino ha pasado del 13 % en 1993 al 35 % en 2008, y forma parte de una estrategia de cooptación del partido, en la que los gobiernos locales se fortalecen regionalmente incorporando al PCCh a los industriales más ricos (que se benefician de los resultados proyectados por estos gobiernos), y en la que los empresarios se benefician al tener facilidades para acceder a créditos bancarios y licitaciones, además de obtener la prerrogativa de injerencia política en las decisiones del partido. El mensaje de Xi Jinping a los empresarios chinos en octubre de 2020 seguía exactamente la misma lógica: todos los empresarios y multimillonarios se beneficiarán en China, siempre que colaboren con el mantenimiento del dominio del PCCh. No por casualidad, multimillonarios como Jack Ma, dueño del gigante Alibaba, y Pony Ma, de Tencent, son miembros del Comité Central, que dicta las coordenadas de la Asamblea Popular Nacional, en la que solo 209 diputados tienen una riqueza de 500.000 millones de dólares, equivalente al PBI de Bélgica.

De hecho, la lista de invitados distinguidos del Partido Comunista Chino para la celebración en la Plaza de la Paz Celestial es una radiografía sociológica del partido. Robin Li, multimillonario propietario de la empresa de Internet Baidu, es un querido amigo de Xi Jinping, invitado a las celebraciones junto con el empresario Dong Mingzhu, de Gee Electric Appliances. También está en la lista el multimillonario Lei Jun, dueño de la multimillonaria empresa de telefonía móvil Xiaomi y que fue invitado de gala a la celebración del 70 aniversario de la fundación de la República Popular en 2019. Jack Ma y Wang Xing, fundador del gigante tecnológico Meituan, han sido disciplinados por Xi Jinping para que vuelvan humildemente al reducto del PCCh. Los estalinistas brasileños, como Jones Manoel, celebran esta configuración del PCCh, diciendo (sin sonrojarse) que "no está en el horizonte del partido acabar con los multimillonarios." Por supuesto que no, ya que ninguna formación política prescinde voluntariamente de sus elementos vitales. En el siglo XX, los PC estalinistas defendían la asimilación de los terratenientes al socialismo; hoy, defienden la asimilación de los multimillonarios. Ayer y hoy, siempre con sus "terratenientes progresistas" en aras del orden del sistema estatal internacional.

Desde el punto de vista de las celebraciones, se hizo todo lo posible para entronizar a la burocracia del Partido Comunista como el principal desafío del imperialismo estadounidense y europeo en el nuevo siglo. Pero, ¿por qué Xi Jinping? ¿Qué razones lo convierten en el autócrata providencial en la obtención del "sueño chino"?

La encrucijada de la crisis mundial y el estancamiento chino

Según el filósofo de la escuela legalista china Han Feizi, que escribió en el siglo III antes de nuestra era sobre la necesidad de centralizar la autoridad total en manos de los gobernantes mediante leyes y métodos de administración (no por la virtud o la moral), los valores políticos cohabitaban, en una relación de subordinación, con las posibilidades materiales. Los tiempos materialmente difíciles exigían valores opuestos a la generosidad de la abundancia, así como los tiempos económicamente favorables explicaban la exuberancia y la magnanimidad. Curiosamente en sintonía con este tipo de materialismo individualista, la China del siglo XXI derrocha solidaridad retórica, contrarrestando la decadencia hegemónica del imperialismo estadounidense con los supuestos beneficios globales de su ascenso, adornado con favores para los aliados (y desgracias para los adversarios). Han Feizi probablemente explicaría la capacidad de proyección internacional de China de Xi Jinping con un examen minucioso de sus enormes éxitos económicos, que la han colocado como la segunda potencia mundial y la primera economía del mundo en términos de paridad de poder adquisitivo. El filósofo legalista clásico -si se sigue el ejercicio mental- estaría a favor de la política de premiar a los aliados y castigar a los enemigos como forma de condicionar el comportamiento de la comunidad internacional, cada vez más dependiente de China para sus propios éxitos económicos.

Es innegable que los tiempos son materialmente favorables para China a la luz de su historia reciente en el siglo XX, o el gran dolor de las humillaciones nacionales entre 1840 y 1949. Hay una contradicción de origen en el problema chino actual. La preparación de su crecimiento económico a ritmos monumentales se viene produciendo desde hace décadas, a partir de la apropiación por parte de la restauración capitalista -impulsada por Deng Xiaoping- de aquellos logros de la revolución de 1949. Pero, en realidad, la entrada de China en el escenario de las principales disputas mundiales es excesivamente reciente. Los contornos claros de su entrada en el proscenio de las disputas globales entre las grandes potencias son identificables con certeza desde 2013, cinco años después del estallido de la crisis económica mundial de 2008-2009. Hace menos de una década, la relación de China con las grandes potencias se basaba fundamentalmente en la integración de las cadenas globales de valor y en la estructura de la división internacional del trabajo heredada del neoliberalismo, en el marco de un sentimiento de desconfianza cordial que aún priorizaba la cooperación sobre la ya evidente competencia. Después de 2013, China pasó a ser considerada como una potencia a la que había que frenar en sus saltos económico-tecnológicos, y quedó oficialmente marcada como competidora estratégica de Estados Unidos y la Unión Europea con la iniciativa de la administración estadounidense de Donald Trump (2017-2020) de abrir una agresiva guerra comercial-tecnológica con China.

Para comprender mejor la actualidad concentrada de la posición cambiante de China en el mundo, es necesario arrojar brevemente luz sobre tres momentos. El primero de ellos es la apertura de la Gran Recesión en 2008. La crisis económica y financiera mundial no solo derribó a Lehman Brothers y la noción de infalibilidad capitalista que se propagó durante la era del triunfalismo neoliberal: también derribó la noción, alimentada por la burocracia del Partido Comunista Chino, de que su crecimiento podría seguir sosteniéndose de forma estable dentro del viejo sistema industrial orientado a la exportación. Victor Shih señala que al inicio de la crisis económica mundial de 2008 las exportaciones chinas se desplomaron drásticamente: mientras que en los años de bonanza china el crecimiento de las exportaciones era de una media del 20% anual, en 2009 las exportaciones chinas cayeron a menos de un 18 %. La contracción del comercio mundial, la fragilidad de la economía estadounidense, pero sobre todo la falta de nuevos nichos de acumulación de capital por parte de las grandes potencias que dieran solución a la crisis de 2008, obligaron al Politburó de Pekín a iniciar un tortuoso cambio en su patrón de crecimiento. El objetivo era dejar de depender de la exportación de productos con escaso valor añadido basados en la mano de obra intensiva, e introducir elementos de una economía avanzada que produjera alta tecnología. Para el mantenimiento de las tasas de crecimiento chinas, la dependencia del mercado exterior debe suavizarse a partir del impulso de un aumento masivo de la capacidad de consumo del mercado interno chino. También vinculado a esta transformación, China pasó de ser un bolsillo para la acumulación capitalista occidental a convertirse gradualmente en un competidor por el espacio de inversión mundial y el liderazgo en tecnología de punta. La crisis de 2008, por tanto, abrió el camino a un complejo cambio en las bases estructurales que sustentaban la economía china en los últimos 40 años.

El segundo momento fue el año decisivo de 2013. China, que seguía actuando como contratendencia mundial de los factores que impulsaban la crisis, anclando el desarrollo industrial y comercial mundial, se convirtió en parte del problema. Entre 2013 y 2014 comenzó a sentir los efectos de la crisis dentro de su propio territorio. El aumento de las exportaciones volvió a los niveles anteriores a la crisis durante los breves años de recuperación entre 2010-12, con un crecimiento medio del 25 % anual. Pero la recuperación fue efímera: en el bienio 2013-14, este crecimiento cayó al 7 % anual, y al -2 % entre 2015-16, y el superávit por cuenta corriente de China, que osciló entre el 8-10 % entre 2008 y 2010, cayó al 2 % después de 2013 (SHIH, 2019). Las dificultades materiales más graves fueron contenidas por el colchón de reservas internacionales de China, utilizado por Hu Jintao y Wen Jiabao para aplicar un plan de estímulo fiscal (o "flexibilización cuantitativa", cómo se conocieron las medidas similares) de 4 billones de yuanes entre 2009 y 2010. Pero la línea de fragilidad china se había hecho evidente, más aún con la crisis de las bolsas chinas en 2015, que le hizo perder billones de dólares en pocos días. Los esfuerzos por modificar el patrón de crecimiento de China y disminuir su dependencia de las exportaciones tuvieron que chocar con los intereses cristalizados de segmentos de la propia burocracia del PCCh que se beneficiaban demasiado del curso de la industrialización exportadora en las provincias. La necesidad de autopreservación de la burocracia china ante la posibilidad de un malestar social en la lucha de clases con los efectos de la crisis económica –en los años 2013-14 se registraron huelgas obreras récord– fortaleció al sector más decisivo de la burocracia para operar agresivamente este cambio: Xi Jinping llegó al poder en China precisamente en 2013.

El tercer momento de estos cambios en la posición de China en el sistema internacional de Estados se refleja en la reacción de las potencias occidentales, en primer lugar Estados Unidos, ante el nuevo rumbo del bonapartismo de Xi Jinping. El hito estratégico de esta etapa es la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Entre todas las tendencias nacionalistas y proteccionistas de sus políticas, sin duda fundadas en la propia crisis económica mundial y en las dificultades que atravesaba la economía estadounidense, se destaca una de ellas: la agresividad contra el avance de China. La carrera de China por cambiar el contenido de su producción, aumentando las inversiones en investigación y desarrollo de alta tecnología en ramas económicas de primera importancia –semiconductores, vehículos eléctricos, comunicación espacial, robótica, entre otras– ha hecho que China entre en la disputa por nichos de acumulación de capital. Esta entrada de China en la competencia por los espacios de inversión de capital ha puesto a China en curso de colisión con los intereses de Estados Unidos para preservar su primacía en la tecnología mundial. Todas las medidas de Trump relacionadas con China se basaron en el consenso bipartidista del imperialismo estadounidense para frenar el desarrollo chino. La disputa que marca nuestro siglo entre la superpotencia imperialista central (Estados Unidos) y la potencia emergente (China) –incluso teniendo en cuenta que China no está en condiciones de disputar la primacía imperialista en el mundo a Estados Unidos, muy por delante tecnológica y militarmente– entra en funcionamiento sin ningún disimulo.

Este período entre 2008 y 2017 es, por tanto, fundamental para entender la entrada de China en la contienda de los grandes asuntos capitalistas mundiales. Como no podía ser de otra manera, la línea política del Partido Comunista Chino, con Xi Jinping a la cabeza, tomó un rumbo aún más autoritario. Steve Tsang y Honghua Men afirman que el retroceso de la economía mundial provocado por la crisis financiera de 2008 representó la oportunidad para que un político como Xi Jinping se hiciera notar:

Los avances en materia de desarrollo que China había logrado hasta 2012 la colocaron en un lugar que obligó a los dirigentes a tomar decisiones estratégicas sobre la dirección que tomaría el país a partir de entonces. El enfoque desarrollista seguido por los dirigentes del Partido Comunista después de que Deng Xiaoping inaugurara las reformas en 1978 ya estaba agotado para entonces. La "década dorada" de la asociación entre Hu Jintao y Wen Jiabao marcó el punto álgido de lo que el viejo enfoque podía ofrecer. La perspectiva de prolongar ese enfoque durante otra década no es prometedora. La atmósfera internacional cambiaba, el panorama económico se modificaba, las ventajas demográficas se erosionaban rápidamente, las presiones medioambientales aumentaban, las expectativas de los ciudadanos crecían, las relaciones entre grupos étnicos presentaban desafíos. El gobierno chino tenía que adoptar una vía más dinámica, o arriesgarse a que estos retos se le escaparan de las manos [1].

¿El momento Xi Jinping?

Esta es una forma de presentar las importantes modificaciones estructurales en el modus operandi del Partido Comunista para adaptarse a las necesidades impuestas por la crisis de 2008 y sus claros efectos en China a partir de 2013. Desde que Xi llegó al poder en noviembre de 2012, durante el 18º Congreso del Partido Comunista Chino, su conducta ha sido combinar las políticas de aumento de las capacidades tecnológicas de producción (cambiando el contenido de la producción), con la regulación de las tasas de crecimiento medio del PBI de China. En contra de lo que se suele pensar, la reducción de la tasa media de crecimiento anual del PBI no implica necesariamente un debilitamiento económico. El punto de inflexión de 2013 se impuso a China para deshacerse del patrón de crecimiento a tasas superiores al 10 %. El enfoque estratégico del PCCh para equilibrar la economía implica objetivos de crecimiento anualizados del 7 %, y Xi quiere dejar claro que esta disminución de ritmos forma parte de la planificación económica en esta etapa. El énfasis está en la calidad del crecimiento, o en qué sectores de la economía se convierten en los nuevos centros de gravedad del capitalismo chino.

Xi Jinping añadió su marca a las supuestas premisas que entronizaron los derechos vitalicios de poder de la burocracia del PCCh: la búsqueda de China del estatus de gran potencia mundial. El actual nacionalismo chino se difunde ideológicamente en estrecha relación con la responsabilidad del pueblo de cooperar con los esfuerzos del "gran rejuvenecimiento" de la nación china, también estipulado en el XVIII Congreso del Partido Comunista. Los principales líderes gubernamentales que encabezan estos esfuerzos son todos aliados cercanos de Xi. Li Keqiang y Liu He (economía), Chen Xi y Wang Huning (ideología), Wang Qishan (seguridad), Zhang Dejiang (asuntos exteriores), Liu Yunshan (organización del partido) y Meng Jianzhu (asuntos políticos internos) son algunos de los principales hombres fuertes de Xi Jinping, que dirigen comités de administración que van desde la economía hasta la jurisdicción política estatal.

Pero esto se refiere a las necesidades de China en el centenario del Partido Comunista Chino. Otra cosa es saber por qué Xi Jinping fue consagrado como agente político todopoderoso, el segundo después de Mao Zedong, para llevar a cabo esas necesidades. Nada indicaba previamente que Xi Jinping sería el líder ungido del Partido Comunista. Hijo de un veterano del Partido, Xi Zhongxun –que fue uno de los favoritos de Mao para hacer carrera militar en el Norte durante la Guerra Civil, y que luego fue clave en la aplicación de las reformas procapitalistas de Deng Xiaoping–, Xi Jinping conoció desde muy joven el ambiente olímpico de la casta burocrática china. Tras ser enviado al campo en la provincia de Shaanxi durante la Revolución Cultural (1966-69), conoció los efectos directos de la entrada de capital extranjero en China cuando estuvo destinado en Xiamen, en la provincia de Fujian, una ciudad industrial que en la década de 1980 se convirtió en una de las primeras Zonas Económicas Especiales (ZEE). Xi se benefició políticamente de la represión de la Plaza de Tiananmen en 1989, ascendiendo en la jerarquía del partido con los triunfos de Deng, cuyo famoso "Viaje al Sur" de 1992 Xi pudo observar de primera mano. Secretario del Partido en el distrito de Ningde en la década de 1990 e incorporado al Comité Central del PCCh en medio de la crisis financiera asiática de 1997 (ayudado por las maniobras burocráticas del entonces presidente Jiang Zemin), Xi Jinping se trasladó posteriormente a la provincia agraria de Zhejiang a principios de la década de 2000, donde adquirió cierta notoriedad ya que la proximidad de la provincia a Shanghái hizo que se desarrollara rápidamente: bajo el liderazgo de Xi, las exportaciones de Zhejiang aumentaron un 33 % en cuatro años.

En cuanto a la orientación política, Xi Jinping era un partidario declarado de Deng Xiaoping y su política de reformas procapitalistas. La apariencia conduce al engaño y la exageración si se separa de la esencia de las cosas: a pesar del fortalecimiento de algunos gigantes nacionales (requisito para la proyección internacional, por cierto), Xi Jinping es un rígido defensor del capitalismo chino. Siguiendo los pasos de su padre, el actual presidente de China dio rienda suelta, allí donde trabajó, a las reformas liberalizadoras que devoraron los logros de la revolución de 1949 para catapultar el capitalismo chino a nuevas alturas. Patrocino el fortalecimiento de los principales propietarios privados del PCC, como Jack Ma, dueño de Alibaba, y Li Shufu, propietario de la automotriz Geely (ambos son de la provincia de Zhejiang). Animó a 2.000 empresarios de la provincia costera a invertir en el exterior en 116 países. Observando los tiempos actuales, se descubre fácilmente el origen de los enormes beneficios entregados por Xi Jinping al capital privado, a pesar de las eventuales medidas contra la cartelización de sectores de la economía.

Combinación de Mao y Deng

Sin embargo, la agresividad liberalizadora de Xi nunca implicó una clara separación individual de la figura de Mao. Curiosamente, en realidad ha ocurrido lo contrario. En ocasiones emblemáticas, Xi ha hecho públicos sus homenajes al "Gran Timonel". A finales de 2012, en uno de sus primeros viajes por China como secretario general del PCCh, Xi Jinping visitó la industrializada ciudad sureña de Shenzhen, rindiendo homenaje a la estatua de Mao. En las extensas celebraciones militares del 70 aniversario de la República Popular, Xi apareció en la plaza de Tiananmen con el mismo atuendo maoísta. Esto no es una casualidad. Revestir la línea de profundización de la liberalización a la Deng con la armadura de Mao sirve para señalar, interna y externamente, que China no seguirá el camino de la URSS, sacrificada por la odiada política de Gorvachov, según la ideología del PCCh. En enero de 2013, Xi se dirigió al Comité Central Chino sobre las razones de la caída de la Unión Soviética y la desaparición del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), señalando la "confusión ideológica" como factor central, e identificando la máxima traición que habría llevado al abismo la propia renuncia al legado de Stalin, con las acusaciones de Khrushchev en el famoso XX Congreso del PCUS de 1956.

De hecho, el nuevo gobierno posterior a 2013 no escatimó esfuerzos para hacer entender que China preservaría el legado de Mao, evitando el proceso de "desestalinización" que, a ojos de la burocracia autoritaria de Pekín, fue la decisión que hizo sonar la campana de muerte del PCUS. En ese mismo inicio de su gobierno, en enero de 2013, Xi Jinping fue más allá e incluyó su visión sobre cómo deben verse los periodos históricos en China. Como recuerda François Bougon en "Inside the Mind of Xi Jinping", en su discurso en la Escuela del Partido de Pekín dirigido a los miembros permanentes del Comité Central del PCCh, Xi argumentó que la historia del Partido debía considerarse como un todo, sin la fragmentación de sus partes. Haciendo hincapié en las épocas de la "implantación del socialismo" de Mao Zedong en China, y la era de la reforma y la apertura de Deng Xiaoping, que dio paso al "socialismo con características chinas", el nuevo presidente concluyó que los treinta años de maoísmo (entre 1949 y 1979), y los posteriores treinta años de reformas procapitalistas son complementarios; no deben separarse el uno del otro, y mucho menos oponerse. En parte, Xi bebía en la fuente de las resoluciones de 1981 sobre "Algunas cuestiones sobre la historia de nuestro partido desde la fundación de la República Popular China", adoptadas en el sexto pleno del undécimo Comité Central del Partido, según las cuales era necesario distinguir el pensamiento de Mao, de los errores que había cometido su figura política. Pero Xi elevó esta decisión a la categoría de una concepción integral que respalda el derecho histórico del PCCh al poder. En ese discurso dejó claro que evocaba la síntesis entre las dos épocas, la de Mao y la de Deng, la de la fundación de la República Popular con la de las reformas procapitalistas, como pilar del nuevo régimen: al igual que sería incorrecto invocar a Mao para criticar las reformas de apertura, sería inaceptable señalar las reformas como punto de apoyo crítico a Mao. En palabras de Xi:

Nuestro Partido ha dirigido al pueblo en la construcción del socialismo durante dos épocas, antes y después del período de reforma y apertura. Estas dos épocas están mutuamente conectadas, aunque difieran entre sí en muchas cosas, pero ambas son períodos en los que la construcción del socialismo fue implementada y explotada por nuestro Partido a la cabeza del pueblo. El "socialismo con características chinas" se inició con el nuevo período histórico de la reforma y la apertura, pero también se inició sobre los cimientos del sistema socialista ya establecido en la Nueva China [...] Aunque haya grandes diferencias entre los dos períodos en cuanto a la ideología, la política gubernamental y el trabajo práctico, no pueden separarse, y menos aún ponerse en oposición. El período histórico que precedió a la apertura y a la reforma no puede ser negado por el que le sucedió; tampoco puede utilizarse el período histórico que precedió a la apertura y a la reforma para negar el período posterior.

La conducta gubernamental de Xi Jinping es ilustrativa de la puesta en común de los rasgos distintivos de las épocas Mao-Deng, cristalizados entonces en el concepto "los dos que no se pueden negar" (liangge buneng fouding). En otras palabras, ni la era de la reforma ni la era de la apertura podían utilizarse para negarse mutuamente. En diciembre de 2013, en el 120º aniversario del nacimiento de Mao, Xi Jinping rindió homenaje al Gran Timonel en términos benévolos: se trataba de indicar la línea maestra del gobierno, que busca perpetuar el dominio del capitalismo chino bajo la égida del Partido Comunista, como soñó Deng Xiaoping. La ironía es que la complementariedad entre las dos épocas, si no fue virtuosa, sin duda operó en común en un aspecto primordial, que a la burocracia le interesa menos destacar: la preservación de la concepción estalinista del socialismo en un solo país para China, como bloqueo a la expansión internacional de la revolución y que resultó en la restauración capitalista por las propias fuerzas del PCCh.

Ascendiendo la montaña burocrática

Pero esto, aunque arroja luz sobre la concepción impulsora del nuevo gobierno, sigue sin explicar la elección de Xi Jinping. Frente a una nómina de burócratas empeñados en la restauración acelerada del capitalismo, tras el triunfo del ala de Deng contra el ala de los restauracionistas "moderados" (Chen Yun, Deng Liqun) a mediados de los años noventa, Xi Jinping no se erigió con ninguna capacidad extraordinaria a pesar de figurar entre los funcionarios bien situados en el Comité Central.

El sinólogo británico Kerry Brown, en su libro "CEO, China: the Rise of Xi Jinping", explica que en 2007, poco antes de la remodelación del liderazgo del partido en 2012 (el último año del gobierno de Hu Jintao-Wen Jiabao), tres nombres figuraban entre los más mencionados en la línea de sucesión: Li Keqiang, Li Yuanchao y Xi Jinping. Otro político de prestigio, Bo Xilai, hijo de un veterano del PCCh (Bo Yibo), surgió entre los aspirantes. Aunque menos cercano que los demás a Hu Jintao, Xi Jinping alcanzó el puesto de vicepresidente de la Comisión Militar Central, una institución clave en la política china cuya dirección aseguró el dominio indiscutible de Mao y Deng. Este paso supuso una ventaja considerable para Xi, complementada por un juego de fortuna: ante las acusaciones de corrupción de Chen Liangyu, jefe del Partido en Pekín, la burocracia del partido elige a Xi Jinping como su sustituto. El control de las provincias, o de ciudades estratégicas como Pekín, ha sido la plataforma más importante para ascender en la jerarquía interna del Partido Comunista desde su creación. Jiang Zemin, Hu Jintao y Xi Jinping fueron líderes provinciales que llegaron a la cima de la burocracia de Pekín. Las provincias chinas tienen economías y densidades de población que a veces superan las de muchos estados nacionales. Henan y Sichuan tienen más de 100 millones de habitantes cada una, Shangái tiene el PBI de Finlandia y Guangzhou el de Indonesia. Esto confiere un inmenso poder a los líderes de estos colosos provinciales, que constituyen el grupo más influyente dentro de un Comité Central poblado por ministros, presidentes de empresas estatales y propietarios privados.

Con estas credenciales necesarias, Xi Jinping asumió la presidencia de la República Popular China en noviembre de 2012, ascendiendo también al cargo de presidente de la Comisión Militar Central y al de secretario general del PCCh. Pero estas credenciales necesarias no eran suficientes por sí mismas. Xi demostró ser el más capaz de encarnar las tendencias bonapartistas y nacionalistas que exigía la crisis económica mundial de 2008 y sus efectos en China en 2013. El bonapartismo, según la tradición marxista, distingue a una figura política autoritaria que, ante el enfrentamiento de las clases sociales en momentos de crisis y para evitar procesos abiertos de revolución y contrarrevolución, se eleva aparentemente por encima del eje de las clases y de su representación parlamentaria, convirtiéndose en un "juez árbitro" de la nación; este dominio del sable no está suspendido en el aire: sociológicamente, sirve a los intereses del sector y empresa más fuerte de la clase explotadora (el capital financiero), y políticamente sitúa el eje de su poder en la policía, la burocracia estatal y la camarilla militar” [2]. En el caso de la China capitalista, cuyo sistema presenta muchas diferencias con respecto a las formaciones occidentales, esta característica bonapartista afecta también, como un factor tan importante como los mencionados anteriormente, a la preservación del poder del Partido Comunista como fuerza política de dominio indiscutible. Xi Jinping reunió en sí mismo las mejores características disponibles para mantener el poder del PCCh en tiempos de crisis mundial. Como tal, se alzó como la fuerza más bonapartista para la defensa de los intereses de la casta burocrática de Pekín.

Los cuatro pilares de Xi

Podemos señalar cuatro ejes de intervención de esta fuerza social representada por Xi Jinping, y que le dieron amplios poderes. En primer lugar, desde el punto de vista económico, Xi representó la creciente necesidad de desarrollo tecnológico de China. A diferencia de Li Keqiang (que estudió Derecho) y Li Yuanchao (que estudió Historia), Xi tenía formación en ingeniería y ocupó comités responsables del desarrollo de la investigación y la innovación en los departamentos estatales. El actual presidente chino se opuso a lo que llamó "estructura industrial irracional" combinada con una "capacidad de innovación inadecuada". La carga presupuestaria dedicada a la investigación y el desarrollo (I+D) se ha disparado desde 2013. El gasto en I+D de China, en relación con el PBI, creció del 0,7 % (2.800 millones de dólares) en 1991 al 2,2 % del PBI (263.000 millones de dólares) en 2017. Según el Centro Común de Investigación de la Unión Europea, China fue el mayor usuario del sistema internacional de patentes por primera vez en 2019, seguido de Estados Unidos, Japón, Alemania y Corea del Sur. En el ranking publicado en 2019 por la Comisión Europea de las 2.500 empresas del mundo que más invierten en investigación y desarrollo, China es el segundo país con más empresas, por detrás de Estados Unidos, seguido de Japón y Alemania. El gasto total en I+D de China alcanzó los 2,214 billones de yuanes (unos 321.300 millones de dólares) en 2019, un 12,5 % más, o 246.570 millones de yuanes, en comparación con 2018, según un informe del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Finanzas. El resultado de este movimiento ha sido una competencia por la primacía tecnológica con Estados Unidos. Este énfasis de la tecnología en el régimen de Xi ilustra la respuesta que China se vio obligada a dar ante la crisis del comercio mundial con la Gran Recesión de 2008. Más que eso, Xi fue proactivo y se encargó de llevar a cabo, de forma gradual pero segura, el cambio necesario en el patrón chino de acumulación capitalista, reduciendo la dependencia de la economía china de las exportaciones de bajo valor añadido, y desarrollando las bases de una economía de producción de alto valor añadido basada en el fortalecimiento del mercado interno. Con Xi, la fábrica del mundo debería convertirse en la inteligencia artificial de circuitos integrados del mundo. Tanto es así que el XIV Plan Quinquenal, por primera vez en la historia de la República Popular China, tiene un capítulo especial dedicado a la tecnología. Como informa Jaime Santirso, de El País:

En términos prácticos, el impulso estatal a la innovación, un concepto abstracto, se traduce en más recursos. El Gobierno prevé que en los próximos cinco años la inversión en investigación y desarrollo crezca a un ritmo anual superior al 7 %, una cifra viable, ya que en el último cuarto de siglo nunca ha bajado del 8 %. En términos absolutos, China dedica el 2,4 % de su PBI a esta partida, tres puntos porcentuales menos que Estados Unidos. Los recursos se destinarán a sectores considerados estratégicos. El plan menciona siete: la inteligencia artificial, la información cuántica, los semiconductores, la neurociencia, la ingeniería genética, la medicina clínica y la exploración del espacio, las profundidades oceánicas y los polos. El tema central es la autosuficiencia: un concepto transversal en la planificación, ya que China pretende reducir sus vulnerabilidades y blindarse frente al exterior.

Desde el punto de vista de la seguridad interna, China se enfrentó en 2009 a una insurgencia amenazante en la región separatista del Tíbet y a movilizaciones de la población musulmana en la región de Xinjiang, en el noroeste del país. Estos fenómenos de resistencia al autoritarismo estatal y en defensa de la autodeterminación nacional de los pueblos oprimidos por China hicieron tambalear la confianza del gobierno de Hu Jintao. A mediados de la década de 2000, las llamadas "revoluciones de colores" en varios países que formaban parte de la antigua Unión Soviética, como Ucrania, Georgia y Kirguistán, ya habían hecho saltar las alarmas en la burocracia china. No menos llamativos fueron los procesos de la Primavera Árabe de 2011, con movilizaciones de masas que derrocaron a dictadores en Túnez, Egipto y Libia (procesos que, en ausencia de una fuerza independiente de la clase trabajadora, fueron derrotados). La cuestión de la unidad nacional china, siempre una delicada llaga para el gobierno, se convirtió en una preocupación aún mayor con estos hechos políticos que aumentaron la desconfianza en Pekín sobre las intenciones de las potencias occidentales. Del Tíbet a Xinjiang, de Hong Kong a Taiwán, creció el sentido de autopreservación de la burocracia del PCCh, que depende de los logros de la unificación nacional heredados (e incompletos) de 1949. Xi Jinping, como presidente de la Comisión Militar Central y jefe supremo del Ejército Popular de Liberación, representó a la perfección el sentimiento agresivo del segmento mayoritario del gobierno sobre la defensa de su territorio, pero también de la necesaria realización de las tareas de unificación nacional. Ha impulsado la virtual incorporación de Hong Kong al territorio chino, con la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional en la ciudad financiera, e invoca un discurso cada vez más amenazante en favor de la reincorporación de Taiwán –que es muy importante para los planes de desarrollo tecnológico chino al tener en su territorio al principal productor mundial de semiconductores (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)–. La retórica de Xi contra el imperialismo estadounidense ha adquirido un tono mucho más asertivo contra cualquier amenaza de injerencia extranjera en los asuntos chinos.

Socialmente, Xi Jinping ha encarnado la represión virulenta de cualquier manifestación de los trabajadores chinos en el terreno de la lucha de clases. En la nueva fase de la historia nacional china, tras la crisis mundial de 2013, no se toleran las manifestaciones de los trabajadores, además de la habitual asfixia de las iniciativas para organizarse independientemente del aparato sindical oficial. Los años de crisis económica fueron tiempos de aumento exponencial de las huelgas de trabajadores en China. Los disturbios en huelga –que en la terminología gubernamental aparecen como "incidentes masivos"– aumentaron de 87.000 en 2005 a 127.000 en 2008, en plena Gran Recesión. Los datos de los tribunales de arbitraje en materia laboral confirmaron este monumental crecimiento de las huelgas en 2008, que casi se duplicaron respecto a las cifras del año anterior. El China Labour Bulletin (CLB), por su parte, identifica la tendencia de crecimiento de las huelgas laborales entre 2013-2014, un periodo de caída de las exportaciones y del superávit comercial chino, lo que se traduce en la menor tasa de crecimiento del PBI en décadas.

El récord se estableció en 2015, cuando se registraron más de 2.700 huelgas en China (en 2018 hubo 1.700 huelgas, frente a las 1.200 registradas en 2017).

Militarmente, el programa central de Xi Jinping es la modernización acelerada de las Fuerzas Armadas chinas. China ya no puede contenerse dentro de sus propias fronteras nacionales, ya que su influencia económica y, en consecuencia, política tiene alcance internacional. Por tanto, la tradicional cautela geopolítica china debe combinarse con elementos de mayor asertividad en el ámbito regional. La remodelación de las bases de crecimiento de China la sitúa directamente en una trayectoria de colisión con el status quo de la estructura de seguridad asiática, que desde la Segunda Guerra Mundial ha estado bajo la responsabilidad de Estados Unidos. Como presidente de la Comisión Militar Central y comandante supremo del Ejército Popular de Liberación, Xi Jinping ha encarnado el programa de modernización acelerada del arsenal bélico chino para romper con el status quo de la estructura de seguridad asiática. De forma subrepticia, Pekín desea comunicar que Asia ya no pertenece a los estadounidenses, y que son las naciones asiáticas las que ejercerán el control de la seguridad de las rutas comerciales y marítimas estratégicas del Océano Pacífico. Esto es así porque el control de Asia sirve de plataforma para la proyección del poder de China sobre todo el mundo.

Hay otra forma de ver el ascenso de Xi Jinping, combinable con la primera apreciación: simplemente heredó del pasado las tareas inconclusas de los últimos líderes. Este elemento subraya la continuidad, más que la discontinuidad, con el legado político de las generaciones anteriores. La coherencia con la historia pasada del gobierno del Partido Comunista no es un factor secundario en la elevación de un líder en la China post-Mao. En su década en el poder, Hu Jintao insistió en la necesidad de perseguir el desarrollo científico y lograr una sociedad moderadamente próspera para 2035, puntos programáticos marcados con énfasis en las banderas de Xi Jinping. Las críticas del actual presidente chino al crecimiento insostenible y desequilibrado de China ya estaban en boca del anterior primer ministro, Wen Jiabao. Estos y otros componentes fueron objetivos heredados por la nueva administración. La capacidad de cumplir estos objetivos influyó sin duda en la unción de Xi, más allá de los nuevos retos que planteó la crisis económica de 2008. Estas capacidades se refieren, nada menos, que a la preservación de las fortalezas morales de los dirigentes del PCCh ante el pueblo.

¿Burocracia posmaoista o clase obrera en acción?

En definitiva, Xi se inscribe en la tradición de las proyecciones políticas a largo plazo características de la administración china posterior a 1949. Para Mao Zedong, el futuro debería corresponder a una especie de paridad de condiciones materiales para todo el pueblo chino, una igualdad que tendría que encajar dentro de un régimen político completamente burocratizado, sin ningún rastro de democracia obrera urbana y rural, y encerrado dentro de los estrechos confines de las fronteras nacionales (la noción reformista-nacional de Stalin-Bujarin de "socialismo en un solo país"). Después de 1978, para Deng Xiaoping, el futuro consistía en el crecimiento económico a cualquier precio, y debía pasar por encima de la preocupación por una cierta paridad de condiciones materiales entre las personas, un pensamiento que se inscribía en el marco de una política restauradora del capitalismo a las puertas de la ofensiva neoliberal a nivel mundial. Para Xi Jinping, que les sigue en importancia, el futuro implica el "sueño chino" (zhongguo meng), una especie de rescate de la milenaria grandeza imperial para proyectar a China al estatus de superpotencia mundial. A partir de 1980, dentro de los parámetros establecidos por Deng tras la muerte de Mao, China debería pasar por tres fases. En la primera fase, la tarea consistiría en proporcionar alimentos y ropa a la población china, aún sumida en la pobreza resultante de las catástrofes del Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural. En la segunda fase, China se esforzaría por lograr una sociedad moderadamente próspera (xiaokang sheshui, un concepto extraído del confucianismo) para 2035; esta fase está en curso. En la tercera fase, China debería completar la modernización de sus zonas urbanas y rurales en su conjunto para el centenario de la Revolución China en 2049, convirtiendo al país en una gran potencia mundial. Bougon lo atestigua:

“La fórmula del "Pensamiento de Xi Jinping" anunció una nueva era de treinta años, que se extendería hasta 2050, siguiendo las eras de Mao y Deng, con sus herederos Jiang Zemin y Hu Jintao. Xi se consolidó como maestro y guía todopoderoso de China. Para él estaría reservado conducir a China por un camino que atraviesa dos etapas distintas para convertirse en una "gran nación socialista moderna": entre 2020 y 2035, el objetivo es lograr una "sociedad moderadamente próspera", la expresión confuciana utilizada por Deng; entre 2035 y 2050, la nación china volverá a ser un líder económico mundial. China será "próspera, fuerte, democrática, culturalmente avanzada, armoniosa y hermosa", como dijo Xi a 2200 delegados [...] Para Xi, esta nueva era –su era– será de pleno rejuvenecimiento”.

Estos dos últimos objetivos coinciden con fechas conmemorativas estratégicas: respectivamente, el centenario de la fundación del PCCh y el centenario de la fundación de la República Popular. Como vínculo moderno que conecta el pasado con el futuro, Xi Jinping quiere dejar su huella en esta transición de la sociedad moderadamente próspera al "gran rejuvenecimiento" (fuxing-zhilu) de la nación china como gran potencia. De todo lo anterior se desprende una importante conclusión: no estamos tratando una cuestión individual de la figura de Xi Jinping, extrayéndola de la historia concreta. Aunque las personalidades son muy importantes en la historia política, lo esencial es qué fuerzas de clase y qué programa representan. Su ascenso responde a ciertas tendencias internas de China, y sobre todo externas. La autoridad de Xi está revestida de las necesidades sociales de la burguesía china y de la burocracia estatal ante la crisis económica mundial de 2008 (agravada por la pandemia de 2020), que amenazaba dramáticamente el rumbo previsto, y cuyos efectos solo podían prolongarse con fuertes inyecciones de estímulo fiscal y control social. Es una figura providencial para las necesidades de una burguesía que necesita operar un complejo giro interno que altere el patrón de crecimiento adoptado por China en las últimas décadas.

El único baluarte contra la disputa intercapitalista entre China y Estados Unidos solo lo puede proporcionar la clase obrera china y su acción en la lucha de clases. El nacionalismo reaccionario de la burocracia post-maoísta de Xi no es una alternativa al imperialismo occidental. La fuerza de los trabajadores chinos, como en todo el mundo, está en su unidad, no solo en su propio territorio sino a nivel internacional, a la solidaridad con los musulmanes de Xinjiang reprimidos por Pekín, en la oposición a la explotación de los trabajadores migrantes en Taiwán y en la coalición del PCCh con la junta militar asesina de Myanmar. Este es el verdadero poder del siglo, y es en la lucha de clases donde los trabajadores chinos necesitan construir su propia herramienta política, independiente del aparato burocrático reaccionario del PCCh.

Traducción: Javier Occhiuzzi

Fuentes bibliográficas (no citadas directamente en el texto):

Fulda, Andreas, The Struggle for Democracy in China, Taiwan and Hong Kong, E. Tylor & Francis Ltd, 2019.

Elfstrom, Manfred, Workers and Change in China: Resistance, Repression, Responsiveness, Ed. Cambrigde University Press, 2014.

Elfstrom, Manfred & Kuruvilla, Saros, The Changing Nature of Labor Unrest in Chine, Ed Cornell University ILR School, 2014.

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 Rusia today Foto: kremlin.ru

Entre otros aspectos, la estrategia indica que Rusia considera legítimo tomar las medidas simétricas y asimétricas necesarias en respuesta a acciones hostiles por parte de Estados extranjeros.

 

El presidente ruso, Vladímir Putin, aprobó este sábado la Estrategia de Seguridad Nacional de Rusia. El decreto correspondiente, publicado este sábado en el Portal Oficial de Información Legal ruso, reemplazará el anterior, adoptado en 2015. 

"La implementación de esta estrategia contribuirá a proteger el pueblo de Rusia, desarrollar el potencial humano, mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos, fortalecer la capacidad de defensa del país, la unidad y cohesión de la sociedad rusa y lograr los objetivos de desarrollo nacional, aumentando la competitividad y el prestigio internacional de Rusia", reza el documento.

Entre otras prioridades de Rusia el archivo menciona la protección de los fundamentos tradicionales de la sociedad rusa, así como la seguridad ambiental y el uso racional de los recursos naturales.

Injerencia desde el exterior

Frente a la implementación de la política deliberada de contener a Rusia desde el exterior, el documento señala "la importancia vital" de fortalecer "la soberanía del país, su independencia, su integridad estatal y territorial", así como de proteger "los fundamentos espirituales y morales tradicionales de la sociedad rusa", garantizar la defensa y la seguridad y "prevenir la injerencia en los asuntos internos del país".

El curso hacia el fortalecimiento de las capacidades de defensa, la unidad interna y la estabilidad política, la modernización económica y el desarrollo industrial "aseguró el fortalecimiento de la condición de Estado soberano de Rusia como un país capaz de llevar a cabo una política exterior e interna independiente y de resistir eficazmente los intentos de presión externa", señala el documento.

"Solo una combinación armoniosa de un Estado fuerte y el bienestar humano garantizará la formación de una sociedad justa y la prosperidad de Rusia", continúa. En este sentido, la estrategia se basa en la interrelación e interdependencia de la seguridad nacional del país y su desarrollo socioeconómico.

Amenazas militares

El texto destaca que la situación militar y política en el mundo se caracteriza por la formación de nuevos centros de poder globales y regionales, así como por el agravamiento de la lucha entre ellos por las esferas de influencia. Se indica también que crece la importancia de la fuerza militar como instrumento para el logro de los fines geopolíticos a nivel internacional.

"El fortalecimiento de los peligros militares y las amenazas militares para la Federación de Rusia se ve facilitado por los intentos de ejercer presión sobre Rusia, sus aliados y socios, la acumulación de la infraestructura militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas, la intensificación de las actividades de inteligencia y los ejercicios de uso contra Rusia de grandes formaciones militares y armas nucleares", dice el documento.

La estrategia establece que para proteger los intereses nacionales de Rusia de las amenazas externas e internas, "incluso de las acciones hostiles de Estados extranjeros", es necesario "aumentar la eficiencia del uso de los logros existentes y las ventajas competitivas de Rusia, teniendo en cuenta las tendencias a largo plazo del desarrollo global".

El proyecto también afirmó que el despliegue planificado de misiles estadounidenses de mediano y corto alcance en Europa y la región de Asia y el Pacífico representa una amenaza para la estabilidad estratégica y la seguridad internacional. En la estrategia también se enfatiza que, "en el contexto del desarrollo del potencial del sistema global de defensa antimisiles, EE.UU. está siguiendo un curso constante de renuncia a las obligaciones internacionales en el campo del control de armas".

Respuesta a las acciones hostiles

Rusia tiene derecho a tomar medidas simétricas y asimétricas en respuesta a acciones hostiles por parte de Estados extranjeros, asegura el documento.

"En el caso de que Estados extranjeros cometan acciones hostiles que amenacen la soberanía y la integridad territorial de la Federación de Rusia, incluidas las relacionadas con el uso de medidas restrictivas (sanciones) de carácter político o económico o el uso de tecnologías modernas de la información y las comunicaciones, Rusia considera legítimo tomar las medidas simétricas y asimétricas necesarias para reprimir tales acciones hostiles, así como para evitar que se repitan en el futuro", dice el documento.

Seguridad informática

A diferencia del documento anterior, la nueva estrategia contiene más datos sobre las tecnologías de la información y la comunicación y advierte que el rápido desarrollo de las mismas "va acompañado de un aumento en la probabilidad de amenazas a la seguridad de los ciudadanos, la sociedad y el Estado".

"El uso de tecnologías de la información y la comunicación se está expandiendo para interferir en los asuntos internos de los Estados, socavar su soberanía y violar la integridad territorial, lo que representa una amenaza para la paz y la seguridad internacionales", advierte el documento.

La estrategia también apunta a que "la actividad de los servicios especiales de Estados extranjeros se está intensificando para realizar operaciones de inteligencia y de otro tipo en el espacio de información ruso. "Las fuerzas armadas de dichos Estados están practicando acciones para inhabilitar la infraestructura de información crítica de la Federación de Rusia", se asevera en el texto.

Comentando la nueva redacción de la estrategia rusa, el experto en geopolítica Fernando Moragón destaca la relevancia de los nuevos desafíos plasmados en el texto, y opina que EE.UU. libra una guerra híbrida contra Rusia, amenazando a su seguridad.

Publicado: 3 jul 2021 17:03 GMT

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