El planeta se rebela contra las petroleras, culpables de la tercera parte de las emisiones de CO2

La Justicia holandesa acusa a Shell de agente nocivo del cambio climático, mientras los inversores fuerzan a ExxonMobil a iniciar su ruta verde. El lobby ecologista planta cara al petrolífero en un momento crucial, de crecientes emisiones de CO2 y con un 'mix energético' del 84,3% de combustiones fósiles.

 

El salto hacia la sostenibilidad atraviesa por una senda pedregosa. La carrera verde se ha llenado de obstáculos: más CO2 con un 'mix energético' del 84,3% de combustiones fósiles. Para hacer frente a este paso atrás -en medio de grandilocuentes estrategias en Europa, previsiblemente, a la espera de los objetivos declarados en el Green New Deal, en EEUU y, en menor medida, de Japón y áreas emergentes como China y Rusia, con metas menos exigentes e indeterminadas- en el desafío de alcanzar las emisiones netas cero en 2050, parecen emerger señales nítidas de una creciente conciencia verde. De un combate civil e inversor para acelerar los ritmos hacia la sostenibilidad y contener la batalla contra la catástrofe climática.

El mensaje de Bill Gates en la reciente cumbre de Líderes del Clima, auspiciada por el presidente americano Joe Biden -quien pidió a las elites empresariales nuevas fórmulas para ganar la batalla al cambio climático- pone el dedo en la llaga: "con la tecnología actual, será virtualmente imposible lograr los objetivos de emisiones netas cero de CO2 […] se necesita inversión en innovación y mayores recursos en infraestructuras para la transición energética".

La Agencia Internacional de la Energía (IEA, según sus siglas en inglés) certifica el pesimismo de Gates. Los gases contaminantes aumentarán este año en 1.500 millones de toneladas. Al calor de una más intensa demanda energética mundial, mayoritariamente de combustión fósil -petróleo, carbón y gas-, que sigue acaparando el 84,3% del mix internacional. El acicate: más renovables -enfatiza la IEA- y potenciar la pérdida de peso de los combustibles fósiles en el ciclo de negocios post-covid.

El inicio del despegue de la actividad, pues, no puede sustentarse, una vez más, sobre cimientos altamente contaminantes. Y, en esta tesitura, las supermajors, muchas de las cuales trasladan a sus propios inversores y accionistas -y a las opiniones públicas de los países donde operan- unos planes corporativos de transición a la neutralidad energética nutridos, en mayor o menor grado, de proyectos renovables, han salido a la palestra de la contestación social.

La Justicia holandesa acaba de acusar formalmente a Shell de atentar contra el medio ambiente y de ser la causante de un exceso de emisiones de CO2 por su negocio de gas y petróleo. En Foreign Policy aseguran que esta causa abierta por los jueces neerlandeses invita a un cierto optimismo, porque podría sentar las bases de una oleada de respuesta cívica e inversora contra las multinacionales de este segmento productivo que no pivotan hacia proyectos verdes ni aceleran su transición hacia las fuentes renovables. Como ocurrió en la década de los noventa con las compañías de tabaco. Sin asumir los criterios y compromisos gubernamentales para impulsar esta reconversión industrial.

Y pese a los intentos -reiterados- de no predicar con el ejemplo. Al igual que trataron de hacer las firmas de tabaco. Ni asumir su propio discurso. Porque el propio CEO de Royal Dutch Shell, Ben van Beurden, se encargó a comienzos de la epidemia de la covid, de lanzar una estrategia a largo plazo, en la que se estipulaba el abandono de "los activos energéticos tradicionales" de la supermajor holandesa y que su firma aceleraría su hoja de ruta verde tras la pandemia. Lo llegó a expresar de forma elocuente, en una junta de accionistas de la petrolera anglo-holandesa, con nomenclatura de mercado: "la demanda de crudo caerá masivamente y que nosotros sepamos, la viabilidad de nuestros activos no puede estar en un sector con tan altas dosis de vulnerabilidad y volatilidad".

Como Buerden, otros altos jerarcas de las supermajors han proclamado el final del negocio del crudo. Incluso algunos llegaron a admitir que el techo del petróleo y de sus beneficios era agua pasada. Desde 2016. Tesis a la que se apuntaron naciones productoras como Rusia, mientras no ceja de dominar, junto a Arabia Saudí -otro país con ínfulas transformadoras hacia las energías limpias en su Visión 2030, la estrategia de remodelación económica orquestada por su príncipe heredero, Mohamed bin Salmán- el grifo con el que regulan el número de barriles en el mercado para manejar el precio del combustible fósil por excelencia, desde la ampliada OPEP +.

Con unos resultados históricamente exitosos para sus arcas estatales que, de nuevo, han salido a relucir. Porque la cotización de los contratos de futuro del Brent -de referencia en Europa- y del West Texas Intermediate (WTI) vuelven a sortear la barrera de los 70 dólares. La cota más alta desde octubre de 2018. El cierre de la espita del crudo coincide con la fuga de inventarios en EEUU y otras latitudes industrializadas -y emergentes, como China- ante el comienzo del despegue de la actividad.

Sociedades civiles e inversores claman contra la hipocresía de las petroleras, capaces avanzar el abandono de sus "activos energéticos tradicionales" y proclamar el final de la era del crudo, mientras tratan de expandir el ciclo de los combustibles fósiles

La culpabilidad y responsabilidades de las grandes petroleras en la guerra soterrada que utilizan contra el cambio climático está fuera de toda duda. El estudio revelado por Richard Heede en el Climate Accountability Institute de EEUU, en los prolegómenos de la epidemia, deja constancia de un dato demoledor. Veinte de las mayores firmas petrolíferas mundiales han originado más de la tercera parte de las emisiones de CO2 a la atmósfera desde 1965.

En concreto, el 35% del total del dióxido de carbono y metano emitido en el mundo en la era moderna, de nada menos que 480.000 millones de toneladas. Desde multinacionales privadas como Chevron, Exxon, BP o Shell, hasta estatales como la saudí Aramco o la rusa Gazprom. Sólo las cuatro primeras, sin lugar a dudas, las más poderosas de las supermajors globales por capitalización bursátil hasta la salida a bolsa del gigante saudí, han ocasionado más del 10% de los gases de efecto invernadero desde mediados de los años sesenta. Aunque Aramco ha emitido el 4,38%.

Michael Mann, uno de los mayores científicos sobre el clima, afirmaba a The Guardian que "la gran tragedia de la crisis del carbono es los 7.500 millones de personas que habitan la Tierra serán los que paguen el precio de esta convulsión contaminante", mientras "un par de docenas de empresas petrolíferas siguen acumulando ingresos y beneficios". Mann y Heede, dos de las voces de mayor prestigio mundial en lucha contra la catástrofe del calentamiento global, comparten diagnóstico: "es un dramático fracaso moral de los sistemas políticos permitir que ocurra la degradación del planeta".

Jason Bordoff, director y fundador del Center on Global Energy Policy, pone en valor en Foreign Policy la maniobra de los jueces holandeses. Aunque otorga más expectativas de éxito al tejido social y sus reivindicaciones medioambientales y a las demandas de cambio de los inversores a las empresas con huellas de carbono. Y ensalza la apertura del juicio en la Corte de La Haya, que fue impulsado por los medioambientalistas holandeses, la versión local de Friends of the Earth. Bajo la acusación de que Shell ha sido más responsable de emisiones que la mayoría de países y que su cerca del 2% de culpabilidad en arrojar CO2 ha ocasionado miles de millones de gastos sanitarios a las arcas estatales de los Países Bajos. En la actualidad -aclara la demanda- Shell está entre las 25 empresas más contaminantes.

Como Shell, ExxonMobil está siendo sometida a presiones de accionistas y fondos de inversión. En medio de un clima generalizado de apuesta por los criterios ESG -Environmental, Social and Governance- en los mercados de capitales. "Hay un creciente consenso de que el lema business as usual ya no se sostiene", avisa Glenn Schwartz, responsable de energía en la firma consultora Rapidan, para quien, "las tensiones proceden del tejado, del interior de la casa", en alusión a las reivindicaciones inversoras y accionariales.

De hecho, la IEA acaba de solicitar la prohibición de los motores de combustión en todo el mundo en 2035 y la paralización de los proyectos fósiles. Exxon no sólo ha sido la más rica, sino la más poderosa de las supermajors y la más influyente en la prolongación del lobby petrolífero en EEUU y el resto del planeta. Pero Darren Woods, su presidente ejecutivo, tuvo que presenciar cómo el pasado 26 de mayo, una coalición de activos inversores, agrupados en Engine No.1, un pequeño hedge fund, reclamó cambios en la dirección de la compañía para promover proyectos de bajas emisiones.

En línea con el giro estratégico de firmas energéticas, especialmente europeas. En nombre de sus inversores, el fondo llegó incluso a proponer a cuatro candidatos. Y su iniciativa recibió el respaldo de otros aliados como CalPERS y CalSTRS, representantes de planes de pensiones, y de carteras de inversión de empleados y profesores estatales de California que, en total, gestionan más de 700.000 millones de dólares de activos de las compañías. Además de otros instrumentos de inversión que acaparan 300.000 millones adicionales. En total, menos del 1% del accionariado de ExxonMobil, cuya junta rechazó inicialmente la propuesta. Si bien, apenas dos meses después, acaba de nombrar al tercero de los nombres sugeridos por los inversores. "

La maniobra de Engine No.1 ha creado un antecedente, ha enviado una fuerte señal de que el mercado ya no comulga con las inversiones contaminantes", afirma The Economist en un análisis reciente sobre el gigante americano. En línea con entidades como Institutional Shereholder Services (ISS) o Glass Lewis, el gran duopolio de asesoramiento corporativo, que recomendaron la elección de tres de las cuatro propuestas directivas de Engine No.1 tras la cita de accionistas.

En el transcurso de este cambio de criterio, a buen seguro que ha jugado un papel determinante el anuncio de la Administración Biden de adelantar quince años el desafío de alcanzar emisiones netas cero en el sector energético estadounidense en 2050, como se estableció en los Acuerdos de París de 2015. O la más reciente suspensión, por parte de la Casa Blanca, de las perforaciones de petróleo y gas en zonas del Ártico, que atañen al subsuelo de Alaska, y que fueron abiertas a las acciones de exploración y prospección por parte de Donald Trump en las últimas semanas de su estancia en el Despacho Oval. El lobby petrolífero parece replegar alas de Washington.

El futuro inmediato de Exxon o, de forma más precisa, su hipotético viraje hacia las renovables, marcará un cambio de tendencia de las firmas fósiles. O, por el contrario, prolongará aún más la compleja cohabitación, nada pacífica, entre los carburantes limpios y contaminantes. Aunque, por el momento, esta incógnita está por despejar. En 2020, en plena pandemia, y con Trump en la presidencia -con políticas favorables al peligroso método del fracking, de extracción de crudo y gas por fracturación hidráulica y al conjunto de la industria petrolífera estadounidense- Exxon aprobó impulsar en un 25% más la capacidad de sus negocios de gas y oro negro para 2025. Sin que a su consejo ejecutivo pareciera importarle la transición hacia la neutralidad energética.

En defensa -adujeron entonces sus directivos- de un urgente ajuste financiero. De nada menos que la tercera parte de sus gastos de capital entre 2022 y 2025. En un ejercicio, el pasado, en el que perdió casi la mitad de su valor bursátil. Con la mayor firma de gestión de activos, BlackRock, exigiendo el relevo de Woods como CEO y reclamándole responsabilidades por su labor y hegde funds como DE Shaw pidiendo disciplina inversora para proteger sus dividendos. Exxon, además, es junto a Chevron, la supermajor con un mayor nivel de endeudamiento, ajustado a su flujo de caja y a su valor de capitalización. Aunque a escasa distancia de BP, Total y Shell. El repóker del viejo y vetusto club de las grandes petroleras.

Todas ellas, además, con retornos de beneficios todavía por debajo de sus cotas previas al inicio de la covid-19. Y dentro de un sector altamente endeudado para acometer el ciclo de negocios en ciernes, en el que se pretender dar predominio a las energías renovables, como conviene en advertir el triunvirato de agencias de calificación de riesgos S&P, Moody’s y Fitch Rating.

Fondos de inversión presionan a Exxon, el emblema de las ‘supermajors’, para que abandone sus proyectos petrolíferos y de gas; algunos, han forzado cambios directivos, otros, como el poderoso BlackRock, exigiendo responsabilidades a su presidente.

07/06/2021 07:37

Por Diego Herranz

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Lunes, 31 Mayo 2021 06:02

Shell

El director de Milieudefensie, Donald Pols, visiblemente feliz con el veredicto.

La sentencia de la corte de distrito de La Haya del pasado 26 de mayo ordena a la compañía anglo-holandesa de energía Shell que actúe para reducir, en el periodo hasta 2030, sus emisiones netas de carbono en 45 por ciento con respecto a los registros de 2019. "El grupo Shell", dijo la jueza responsable, "debe poner de su parte para contener la amenaza del cambio climático".

La demanda fue interpuesta por la organización Milieudefensie, la versión holandesa de Amigos de la Tierra. El argumento de base en este caso fue que los productos de Shell provocan cada año emisiones del orden de mil 600 millones de toneladas de dióxido de carbono, asociado con el llamado "efecto invernadero", equivalentes a 3 por ciento de las emisiones en el mundo y nueve veces más que toda Holanda.

El asunto ya había sido planteado por la propia Shell, que preveía disminuir las emisiones generadas por sus productos en 6 por ciento para 2023, 20 por ciento para 2030, 45 para 2035 y por completo en 2050 (con base en los niveles registrados en 2016).

La sentencia establece un precedente relevante para el control del calentamiento del planeta, cuya referencia política es actualmente el Acuerdo de París firmado en diciembre de 2015 en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Shell argumentó que el problema en cuestión no debe tratarse en los tribunales pues, siendo una cuestión global, requiere de un amplio esquema de inversiones, la transformación tecnológica en la industria energética, la adecuación de toda una enorme serie de productos y servicios relacionados, así como la modificación de los patrones de consumo de la población.

Antes ya, una corte holandesa ordenó al gobierno de ese país acelerar las rebajas en las emisiones de carbono para 2020 hasta 25 por ciento respecto al nivel de 1990; la primera decisión de ese tipo en Europa. Es interesante apreciar el entorno de las iniciativas y las inevitables resistencias políticas y económicas con respecto al tema general del medio ambiente y en especial al impacto sobre el clima.

En esa sentencia se hacía explícito que las causas y consecuencias del cambio climático no pueden limitarse a un solo país, pero que: "el Estado no debe esconderse detrás del argumento de que la solución a este problema global no depende sólo de los esfuerzos holandeses". Al respecto, hay otros argumentos que se exponen en diversos países que eluden las exigencias y disposiciones en el campo energético para contrarrestar el calentamiento global.

En estos asuntos quienes participan en el debate sobre el clima son los gobiernos, los organismos internacionales, las grandes empresas del sector de la energía y organizaciones relacionadas con el activismo por el medio ambiente. No son claras aún las formas en que las sociedades, con toda su diversidad y estructuras desiguales participarán de modo amplio en esta cuestión y los mecanismos que tendrán disponibles para contar con la información adecuada y expresarse al respecto.

Las grandes empresas que explotan el carbón, el petróleo y el gas operan con criterios de distinta índole, pero claramente la rentabilidad es uno de crucial importancia. En el caso de las empresas que son públicas, es decir, que cotizan en los mercados de valores, podría ser que la postura de segmentos de los accionistas presionase para que haya un vuelco en las estrategias medioambientales. No necesariamente ocurre lo mismo con las empresas estatales en la que esas decisiones, con significativos efectos económicos, ocurren con base en criterios políticos, en un sector por naturaleza claramente politizado alrededor del mundo.

Esto representa un conjunto de fricciones en cuanto a la consecución de los objetivos de afectar de modo positivo al cambio climático. Las decisiones son de largo plazo pues el viraje productivo que esto representa es complejo y abarca un amplio conjunto de actividades, mercados e intereses.

Se trata efectivamente de una cuestión global, pero el alineamiento de los intereses privados y estatales es conflictivo. Piénsese en la producción de energías bajas en carbono: electricidad –incluyendo la recarga de vehículos eléctricos–, el uso de hidrógeno, las energías renovables o los biocombustibles. Los patrones de ajuste de una mayor demanda con una mayor producción es el quid de la cuestión. Las medidas para conseguirlo abarcan una gran variedad de acciones del orden privado y público. La energía es un bien de consumo masivo.

Lo que se consigna es una tendencia hacia la mayor presión de los inversionistas para un ajuste ecológico de las empresas del sector de la energía, una creciente acción regulatoria de los gobiernos, el incremento de la conciencia social sobre las emisiones de gases y el efecto invernadero. Los intereses en disputa son muy grandes. Habrá que ver cómo se irá forjando la dinámica en el mercado, en las políticas gubernamentales y entre los movimientos ciudadanos. El objetivo que se ha fijado ahora es contener el promedio de la temperatura en la Tierra por debajo de 2 por ciento.

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Radiografía de un planeta (aún más) en crisis

El informe sobre el estado del clima en 2020 de la OMM insiste en que los indicadores empeoraron y los impactos del cambio climático se agravaron en un año al que se le suma la pandemia.

Fenómenos meteorológicos extremos, más calentamiento global y una pandemia. Resultado: millones de personas y ecosistemas afectados. Así resume 2020 la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en su habitual informe sobre el estado del clima que elabora junto a agencias de todo el mundo. Y no, ni de lejos la desaceleración de la economía relacionada con la pandemia logró frenar los motores de la crisis climática ni la aceleración de sus impactos, tal y como recuerda el documento.

El 2020 fue uno de los tres años más calurosos de los que se tiene constancia, a pesar del fenómeno de enfriamiento de La Niña. La temperatura media global fue de aproximadamente 1,2 °C superior a los niveles preindustriales (1850‑1900). Y no, no es un hecho puntual: los seis años transcurridos desde 2015 son los más tórridos de los que se tienen datos. La década de 2011 a 2020 ha sido la más cálida jamás registrada.

En el informe, que lleva elaborándose casi tres décadas, se reflejan algunos indicadores del sistema climático, entre los que se incluyen las concentraciones de gases de efecto invernadero, el incremento de las temperaturas terrestres y oceánicas, el aumento del nivel del mar, el derretimiento del hielo, el retroceso de los glaciares y los fenómenos meteorológicos extremos. Asimismo, se ponen de relieve las repercusiones en el desarrollo socioeconómico, las migraciones y los desplazamientos, la seguridad alimentaria y los ecosistemas terrestres y marinos.

Gases de efecto invernadero

Las concentraciones de los principales gases de efecto invernadero responsables del calentamiento global de la atmósfera siguieron aumentando en 2019 y 2020. Los niveles de dióxido de carbono (CO2), principal GEI, ya han superado las 410 partes por millón (ppm), un 148% más que en niveles preindustriales. Lejos de frenarse, se espera que se alcance o supere las 414 ppm en 2021 si se mantiene la tendencia de los años anteriores. Ni siquiera la pandemia y todo lo que conllevó pudo reducir de manera tangible las concentraciones atmosféricas. Es más: el pasado 3 de abril se registraron 421,21 partes por millón (ppm), lo que supone un nuevo récord diario.

Océanos

Los océanos son claves para la mitigación del cambio climático. Actualmente, absorben hasta un 23 % de las emisiones anuales de CO2 de origen antropogénico. Sin embargo, el dióxido de carbono reacciona con el agua de mar y disminuye su pH, lo que da lugar a la acidificación de los océanos. Esto, a su vez, reduce la capacidad de los océanos para absorber CO2 de la atmósfera, produciéndose un ciclo de retroalimentación.

Los océanos son fundamentales porque absorben más del 90 % del exceso de calor generado por las actividades humanas. En 2019, los océanos alcanzaron los niveles de temperatura más altos jamás registrados, y es probable que esta tendencia se haya mantenido en 2020, acorde a la OMM. Es más: en más del 80 % del océano se produjo, al menos, una ola de calor marina en 2020. El porcentaje del océano en el que se registraron olas de calor marinas “fuertes” (45%) fue superior al correspondiente a las olas de calor marinas “moderadas” (28%).

El estudio también recuerda que el nivel del mar no ha dejado de subir a escala mundial desde 1993; este se ha visto incrementado recientemente debido, en parte, al mayor derretimiento de las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida.

Criosfera

Tampoco son buenas las señales que llegan desde el Ártico. Las temperaturas del aire en superficie se han elevado desde mediados de los ochenta, al menos, dos veces más rápido que la media global. Un problema que no solo afecta a los ecosistemas de este lugar, sino al clima de todo el planeta debido a diversos circuitos de retroalimentación como, por ejemplo, las emisiones de metano a la atmósfera causadas por el deshielo del permafrost. Lo que pasa en el Ártico no se queda en el Ártico.

En 2020, el Ártico alcanzó segunda extensión mínima de hielo marino, con 3,74 millones de kilómetros cuadrados el 15 de septiembre. Esta cifra solo es superada por la registrada en septiembre de 2012, cuando se bajó hasta los 3,41 millones de kilómetros cuadrados. 

Las temperaturas máximas récords que se registraron al norte del círculo polar ártico en Siberia, con hasta 38 ºC en la localidad de Verkhoyansk, provocaron una aceleración del derretimiento del hielo marino en el mar de Siberia oriental y el mar de Laptev, en los que se produjo una ola de calor marina prolongada. El retroceso del hielo marino durante el verano boreal de 2020 en el mar de Laptev fue el más temprano observado en la era satelital, según apuntan desde la OMM.

Tampoco se libra de los efectos del calentamiento global Groenlandia, que continúa perdiendo masa a un ritmo sin precedentes. Entre septiembre de 2019 y agosto de 2020, se perdieron aproximadamente 152 Gt de hielo de su capa.

Similar es la situación en la Antártida. Si bien la extensión de hielo marino se mantuvo cerca de la media a largo plazo, la fuerte pérdida de masa desde finales de los noventa es clara. Esta tendencia se ha visto acelerada desde 2005 y, en la actualidad, la Antártida pierde aproximadamente entre 175 Gt y 225 Gt de hielo por año debido a los crecientes caudales de los principales glaciares de la Antártida occidental y la península antártica. Una cifra preocupante si se tiene en cuenta que corresponde a alrededor del doble del caudal anual del río Rin en Europa.

Incendios y calor

A más calor, más incendios forestales. El cambio climático hace que sean cada vez más potentes y habituales, pues se dan las condiciones idóneas para ello. En 2020, Estados Unidos sufrió los incendios más grandes jamás registrados a finales del verano y en otoño. La sequía contribuyó a los incendios, a lo que se sumó que el período de julio a septiembre fue el más caluroso y seco observado en el suroeste. En el Valle de la Muerte, en California, se alcanzó los 54,4 °C el 16 de agosto, la temperatura más alta de la que se tiene conocimiento en el mundo en, al menos, los últimos 80 años.

Australia, Cuba, Puerto Rico, Japón… Han sido muchas las zonas y países que registraron en 2020 temperaturas inusuales. En el caso de Europa, durante el verano se vio afectada por una serie de sequías y olas de calor, aunque, en general, no fueron tan intensas como las de 2018 y 2019. Aun así, 2020 ha sido el año más tórrido en el continente desde que comenzaron los registros de satélites en 1983, según el informe sobre el Estado del Clima Europeo de 2020, del Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S).

Sequías y lluvias torrenciales

Dos conceptos que se contraponen pero que tienen un denominador común: el cambio climático. Ambos fenómenos son cada vez más intensos y prolongados en el tiempo por culpa del calentamiento global de la atmósfera.

El año pasado, se registraron lluvias intensas e importantes inundaciones en grandes zonas de África y Asia, recuerda el informe sobre el estado del clima. Las peores lluvias e inundaciones afectaron a la mayor parte del Sahel y del Gran Cuerno de África, y provocaron una invasión de langostas del desierto. En cuanto a las sequías, numerosos puntos de América del Sur se vieron afectadas, como es el caso del norte de Argentina, Paraguay y las zonas fronterizas occidentales de Brasil. Solo en éste último, se estima que las pérdidas agrícolas ascendieron a casi 3.000 millones de dólares.

Ciclones tropicales y COVID-19

Otro motivo más para definir 2020 como histórico es la temporada de huracanes del Atlántico Norte. En total, se produjeron 30 tormentas con nombre, la cifra más alta hasta la fecha. Solo en Estados Unidos se registró un récord de 12 llegadas a tierra. Por ejemplo, el huracán Laura, que alcanzó una intensidad de categoría 4; tocó tierra el 27 de agosto en el oeste de Luisiana y provocó importantes daños y pérdidas económicas por valor de 19.000 millones de dólares.

También provocó muchos daños el ciclón tropical Harold, una de las tormentas más fuertes jamás registradas en el Pacífico Sur, y que azotó Fiji, las Islas Salomón, Tonga y Vanuatu. Provocó cerca de 100.000 desplazamientos, gravemente condicionados por la pandemia. Las cuarentenas y los confinamientos obstaculizaron las operaciones de respuesta y recuperación, lo cual demoró el suministro de equipos y asistencia.

Tampoco hay que olvidar al ciclón Amphan, que tocó tierra el 20 de mayo cerca de la frontera entre India y Bangladesh. Este ciclón tropical ha sido el que más costes ocasionó en el océano Índico septentrional desde que se iniciaron los registros. En India, las pérdidas económicas se estimaron en aproximadamente 14.000 millones de dólares.

El ciclón tropical más intenso de la temporada fue el tifón Goni, que atravesó el norte de Filipinas el 1 de noviembre con una velocidad media del viento de al menos 220 km/h. Meses antes, el país sufrió ya el paso del ciclón tropical Vongfong (Ambo). Si bien se evacuó preventivamente a más de 180.000 personas, las medidas de distanciamiento social obligaron a transportar a los residentes en números reducidos y la capacidad de los centros de evacuación se redujo a la mitad.

En el norte de América Central, alrededor de 5,3 millones de personas necesitaron asistencia humanitaria, a lo que se suman 560.000 desplazamientos internos antes del comienzo de la pandemia. En este sentido, la respuesta a los huracanes Eta e Iota se llevaron a cabo en un contexto de complejas vulnerabilidades interrelacionadas, tal y como recuerda el informe.

Desplazamientos

Según el Observatorio de Desplazamiento Interno, se estima que durante el último decenio (2010‑2019) los fenómenos meteorológicos provocaron en torno a 23,1 millones de desplazamientos de personas por año, la mayoría de los cuales se produjeron dentro de las fronteras nacionales. Durante el primer semestre de 2020, se registraron alrededor de 9,8 millones de desplazamientos provocados principalmente por peligros y desastres hidrometeorológicos. La mayoría se concentraron en el sur y sureste de Asia y en el Cuerno de África.

Para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y ACNUR, «numerosas situaciones de desplazamiento provocadas por fenómenos hidrometeorológicos han pasado a ser desplazamientos prolongados para algunas personas que no pueden volver a sus hogares o que no disponen de opciones para integrarse a escala local o asentarse en otros lugares. Estas personas también pueden verse afectadas por desplazamientos reiterados y frecuentes, que dejan poco tiempo para recuperarse entre una conmoción y la siguiente«, apunta el informe de la OMM.

Inseguridad alimentaria

El clima cambiante y los fenómenos meteorológicos extremos, juntos con los conflictos y la crisis económica, han hecho que la inseguridad alimentaria no deje de aumentar desde hace más de una década. En 2019, casi 690 millones de personas, es decir, el 9 % de la población mundial, estaban subalimentadas y unos 750 millones (casi el 10 %) sufrieron altos niveles de inseguridad alimentaria. Entre 2008 y 2018, las consecuencias de los desastres generaron un costo para los sectores agrícolas de los países en desarrollo superior a 108.000 millones de dólares en concepto de daños o pérdidas de la producción agropecuaria.

También ha jugado un factor importante en el último año, una vez más, la pandemia de la COVID‑19. En 2020, «afectó de forma directa a la oferta y la demanda de alimentos, lo que ocasionó perturbaciones en las cadenas de suministro locales, nacionales y mundiales, y puso en riesgo el acceso a los insumos, recursos y servicios agrícolas necesarios para respaldar la productividad agrícola y velar por la seguridad alimentaria», detalla la OMM.

¿Tres décadas perdidas?

Han pasado 28 años desde que se publicó el primer informe sobre el estado del clima. Tres décadas donde organismos internacionales de todo el mundo han recopilado las causas y consecuencias de un clima cada vez más cambiante fruto de las actividades humanas sin que se haya actuado decididamente. Y, a menos de que se cambie el rumbo, todo seguirá yendo a peor para los ecosistemas y los seres que lo habitan.

“La tendencia negativa en lo que respecta al clima continuará durante las próximas décadas, independientemente de los resultados favorables que obtengamos de las medidas de mitigación. Por lo tanto, es importante invertir en la adaptación», sostiene el profesor Petteri Taalas, secretario general de la OMM. En este sentido, apuesta por «invertir en los servicios de alerta temprana y las redes de observación meteorológica. Varios países menos desarrollados presentan grandes deficiencias en sus sistemas de observación y carecen de servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos modernos».

Por Eduardo Robaina | 27/04/2021

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El presidente estadounidense Joe Biden. — Tom Brenner / Reuters

Estados Unidos organiza hoy y mañana una cita mundial climática en la que participarán 40 líderes mundiales, entre ellos, los presidentes ruso, Vladimir Putin, y chino Xi Jinping. La cumbre telemática comienza hoy, Día Mundial de la Tierra.

 

"Estados Unidos ha vuelto". Es la consigna que no ha dejado de repetir como un mantra el presidente Joe Biden desde que tomó posesión el pasado 20 de enero, el mismo día en que corrigió el rumbo marcado por Donald Trump y reincorporó al país al Acuerdo del Clima de París. Menos de cien días más tarde, Biden ha organizado una cumbre mundial del clima a la que asistirán 40 líderes mundiales con la que quiere situar a Estados Unidos en el liderazgo mundial contra el calentamiento global.

La administración Biden fue ayer muy cuidadosa en no filtrar qué objetivos climáticos defenderá en la cumbre aunque sí dejó claro que su pretensión era lograr un acuerdo en torno a un objetivo para 2030 ambicioso y factible y compartido por todos los países, si bien no sería vinculante. Con todo, la agencia AP informó de que la Casa Blanca estaría barajando proponer que para 2030 haya el 50% de las emisiones de 2005. Estados Unidos, con todo, está alineado con el objetivo del Acuerdo del Clima de París para limitar el aumento de la temperatura media global para final de siglo a 1,5 grados.

La cumbre, que empieza hoy —Día Mundial de la Tierra— y concluirá mañana viernes, será la primera gran cita global sobre el clima de esta década y en ella participarán todas las grandes potencias emisoras del planeta, desde China e India pasando por Rusia, la Unión Europea, Japón y Australia, además de potencias regionales como Turquía, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Por parte de España, participarán en la cumbre Pedro Sánchez y la ministra de Defensa Margarita Robles. El presidente del gobierno lo hará en un panel el viernes por la mañana dedicado a las oportunidades económicas de la lucha contra el calentamiento global. Junto a Sánchez, estarán en dicho panel sus homólogos de Polonia, Nigeria y Vietnam y el secretario (equivalente a ministro) de Transportes de Estados Unidos, Pete Buttigieg. En cuanto a Margarita Robles, participará hoy en un debate sobre seguridad climática junto a sus homólogos de Reino Unido, Japón, Kenia, Irak y el secretario general de la OTAN.

Biden ha logrado implicar en la cumbre al presidente ruso, Vladimir Putin, y el chino, Xi Jinping, a pesar de las tensas relaciones que mantienen estos países con Estados Unidos. A mediados de marzo, Biden llegó a llamar a Putin "asesino" y con China Estados Unidos ha estado enzarzado en una encarnizada guerra comercial durante los últimos cuatro años con Donald Trump en la Casa Blanca.

Acuerdo de colaboración EEUU-China

A pesar de todo, el pasado sábado Estados Unidos y China, los dos primeros contaminadores mundiales, anunciaron en Shanghái que habían alcanzado un acuerdo climático entre ambos países. El documento fue anunciado por el enviado especial para el clima de Estados Unidos, John Kerry, y su contraparte en el gobierno chino, Xie Zhenhua.

El acuerdo es más de forma que de fondo pero supone un primer paso diplomático de cara a la cumbre que empieza hoy. Ambos países se comprometieron a "cooperar entre ellos y con otros para afrontar la crisis climática, que ha de ser encarada con seriedad y urgencia", según recogió el rotativo británico The Guardian. Un portavoz del ministerio de Exteriores chino, según informa Reuters, aseguró ayer que el presidente XI participará en la cumbre y ofrecerá un "importante" discurso.

"Confiamos en que haya acción en esta cumbre y que se produzcan anuncios que apunten hacia los próximos pasos a seguir para ayudar a trabajar colectivamente en la solución al problema climático", explicó ayer un portavoz de la administración Biden.

Desde luego, Estados Unidos ha puesto toda la carne en el asador. Además de los presidente y vicepresidenta, Joe Biden y Kamala Harris, y del enviado especial del presidente para el clima, John Kerry, participarán en esta cita climática mundial hasta ocho secretarios de Estado (ministros), entre ellos, la del Tesoro, Janet Yellen, que hace una semana lanzó la idea de fijar un impuesto de sociedades global, junto a sus homólogos de Exteriores, Transporte, Agricultura, Seguridad Nacional, Interior, Defensa, Energía y Comercio.

Para entrar en la cumbre con la vitola de líderes sobre la materia, los países de la UE alcanzaron ayer un acuerdo sobre el clima que establece ambiciosos objetivos. Los países europeos acordaron una Ley del Clima para blindar los objetivos en la lucha contra el calentamiento global. La norma establece que la UE alcanzará la neutralidad de emisiones en 2050 y se compromete a reducir un 55% las emisiones de CO2 para 2030 comparado con los niveles de 1990.

Carpetazo a la era Trump

La cumbre organizada por la administración Biden en sus primeros cien días de mandato busca dar un carpetazo definitivo a los cuatro años de Donald Trump en la Casa Blanca, en los que el magnate neoyorkino se mofó del calentamiento global, sacó a Estados Unidos del Acuerdo del Clima de París, desmontó multitud de medidas de protección climática aprobadas por Barack Obama y no dejó de vincular las políticas climáticas a acciones que destruyen la creación de empleo, una idea muy extendida entre los votantes republicanos estadounidenses.

Para combatir esta asociación de ideas, Biden ha apostado por prometer una acción de gobierno que lleve a una renovación de las infraestructuras para hacerlas más sostenibles y una reforma industrial para potenciar los sectores vinculados a las energías renovables. Biden prevé que se creen millones de empleos con ambas acciones, que el presidente quiere dotar con una inversión pública muy ambiciosa (la propuesta es que el plan de infraestructura esté dotado con 2,3 billones de dólares).

demócrata quiere vincular este período con aquellos planes de recuperación de Roosevelt (el New Deal de los años 30) y de Lyndon B. Johnson (la Gran Sociedad de los años 60), operaciones ambas orientadas a las clases medias y pobres y las minorías. Ambos planes llevaron a que estos sectores de la población americana, especialmente la población negra y la clase trabajadora de zonas industriales, orientara en gran medida su voto hacia el Partido Demócrata hasta el punto de que dicho partido tuvo la mayoría en la Cámara de los Representantes entre 1935 y 1949 (14 años) y entre 1957 y 1997 (40 años), el mayor período de control de una cámara en la historia de Estados Unidos.

El punto de partida mundial para cumplir objetivos ambiciosos en la lucha contra el calentamiento global no es en absoluto positivo. El pasado diciembre, el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas (PNUMA) presentó su Informe Global de Emisiones 2020 y arrojó un dato desolador: a pesar de que en 2020, debido a la pandemia, las emisiones mundiales cayeron un 7%, si la humanidad, alertó el documento, seguía a ese ritmo el incremento de la temperatura media del planeta para finales del siglo será de tres grados, el doble que lo fijado en el Acuerdo del Clima de París.

Según dicho informe del PNUMA, si se recortaban las emisiones de CO2 mundiales hasta un 25% para 2030, el planeta tendría un 66% de opciones de poder estar por debajo de los dos grados de aumento a final de siglo.

WASHINGTON

22/04/2021 09:10 Actualizado: 22/04/2021 10:20

Manuel Ruiz Rico@ManuelRuizRico

Publicado enMedio Ambiente
Los impactos de la crisis climática empeoraron en 2020 pese a la covid-19

El Informe sobre el Estado del Clima Global, que publica la Organización de Naciones Unidas, refleja que el clima extremo combinado con la covid-19 fue "un doble golpe para millones de personas en 2020".

 

Los impactos e indicadores de la crisis climática, al sumarse el clima extremo a la covid-19, empeoraron durante el año 2020, que fue uno de los tres años más cálidos desde que hay registros a pesar del enfriamiento generalizado que provoca el fenómeno La Niña, según concluye un estudio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y otros organismos.

El Informe sobre el Estado del Clima Global, que publica la Organización de Naciones Unidas, refleja que el clima extremo combinado con la covid-19 fue "un doble golpe para millones de personas en 2020" y que la desaceleración económica relacionada con la pandemia no logró frenar los impulsores de la crisis climática y la aceleración de los impactos.

En concreto, el estudio señala que la temperatura media a nivel mundial de 2020 estuvo 1,2 grados centígrados (ºC) por encima de los valores preindustriales (1850-1900) y concluye que los últimos seis años, desde 2015, han sido los más cálidos jamás registrados, al tiempo que, en su conjunto la década transcurrida entre 2011 y 2020 fue la década más cálida nunca antes observada.

En rueda de prensa, el secretario General de la OMM, Petteri Taalas, ha destacado que han pasado ya 28 años desde que la organización emitió su primer informe del estado del clima, en 1993, por las "preocupaciones planteadas en ese momento sobre el cambio climático proyectado".

Así, ha subrayado la "solidez de la ciencia climática basada en las leyes físicas que gobiernan el comportamiento del sistema climático" ya que "todos" los indicadores climáticos clave y la información de impacto asociada que se proporciona en este informe destacan "el incesante y continuo cambio climático, una creciente ocurrencia e intensificación de eventos extremos y graves pérdidas y daños que afectan a las personas, las sociedades y las economías".

Por ello, alerta de que la tendencia negativa del clima seguirá en las próximas décadas independientemente del éxito en la mitigación e incide en la importancia de invertir en adaptación. "Varios países menos desarrollados tienen importantes lagunas en sus sistemas de observación y carecen de servicios meteorológicos, climáticos y de agua de última generación", recuerda el secretario general de la OMM.

En esta línea, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien ha defendido que el informe muestra que no hay tiempo que perder porque el clima está cambiando y los impactos "ya son demasiado costosos". "Este es el año de la acción. Los países deben comprometerse con emisiones netas cero para 2050. Deben presentar, mucho antes de la COP26 en Glasgow, planes climáticos nacionales ambiciosos que recorten colectivamente las emisiones globales en un 45% en comparación con los niveles de 2010 para 2030. Y deben actuar ahora para proteger a las personas contra los efectos desastrosos del cambio climático", ha reclamado.

Empeoran los datos

El Estado del clima 2020 refleja que las concentraciones de los principales gases de efecto invernadero siguieron aumentando en 2019 y 2020. El promedio mundial de las fracciones molares de dióxido de carbono (CO2) ya ha superado las 410 partes por millón (ppm), y si se mantiene la tendencia de la concentración de CO2 de los años anteriores, podría alcanzar o superar las 414 ppm en 2021, según se desprende del informe.

En cuanto a los océanos, la OMM explica que su acidificación y la desoxigenación ha seguido produciéndose, lo que incide en los ecosistemas, la vida marina y la pesca. En 2019, el contenido calorífico de los océanos alcanzó el nivel más alto del que se tenga registro, y es probable que esta tendencia se haya mantenido en 2020.

De acuerdo con el Servicio de Vigilancia Medioambiental Marina de Copernicus de la Unión Europea, la tasa de calentamiento de los océanos en el último decenio fue superior a la media a largo plazo, lo que indica una absorción continua del calor atrapado por los gases de efecto invernadero. Durante el año 2020 en más del 80 por ciento del océano se produjo, al menos, una ola de calor marina y el porcentaje del océano en el que se registraron olas de calor marinas "fuertes" (45%) fue superior al correspondiente a las olas de calor marinas "moderadas" (28%).

De hecho, desde 1993 se ha observado un aumento del nivel medio del mar a escala mundial. Las temperaturas del aire en superficie del Ártico se han elevado, al menos, dos veces más rápido que la media mundial desde los años 80, algo que el informe alerta de que podría tener importantes consecuencias para el clima mundial.

Respecto a 2020, informa de que el valor mínimo de extensión del hielo marino en el Ártico tras el deshielo estival fue de 3,74 millones de km2; desde que se tienen registros, esta fue la segunda vez que se ha reducido a menos de 4 millones de km2. Las temperaturas máximas récords que se registraron al norte del círculo polar ártico en Siberia provocaron una aceleración del derretimiento del hielo marino en el mar de Siberia oriental y el mar de Laptev, en los que se produjo una ola de calor marina prolongada.

En Groenlandia la capa de hielo siguió perdiendo masa por desprendimientos de témpanos se situó en el extremo superior del registro satelital de 40 años. En la Antártida se observa una fuerte tendencia a la pérdida de masa desde finales de los años 90 que se aceleró desde 2005. Las lluvias intensas y las inundaciones afectaron también a grandes zonas de África y Asia y provocaron una plaga de langostas del desierto en África, mientras que en Asia se registraron precipitaciones inusualmente elevadas en diferentes momentos del año.

En América del Sur, una grave sequía afectó en 2020 especialmente en el norte de Argentina, Paraguay y zonas fronterizas de Brasil un país que tuvo pérdidas agrícolas de casi 3.000 millones de dólares. También en el sur de África hubo una sequía prolongada, sobre todo en Sudáfrica.

madrid

20/04/2021 10:37

Actualizado: 20/04/2021 10:50

Agencias

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Fuentes: The Raven [Imagen: Un globo amarrado inyecta aerosoles en la estratosfera, imitando el efecto de una erupción volcánica. Hughunt vía Creative Commons]

Gobernanza privada o responsabilidad democrática

Las primeras pruebas de tecnología de intervención climática (o geoingeniería) en la estratosfera, financiadas por Bill Gates, han tenido que ser suspendidas debido a la presión del pueblo indígena sobre cuyas cabezas habrían tenido lugar, los sami (o lapones) del norte de Escandinavia. Es posible que estos test regresen a Estados Unidos.

El Comité Asesor del proyecto ha recomendado la cancelación del calendario de pruebas que debería implementarse en junio. La decisión se hizo pública el 31 de marzo.

Cuando, en 2010, se dio a conocer que Bill Gates invertiría 4,5 millones de dólares en investigaciones relacionadas con la geoingeniería*, Ken Caldeira, uno de los científicos encargados del proyecto, declaró que ese dinero no sería destinado a experimentos de campo. Pero esa línea roja se atravesó cuando el proyecto creció y se trasladó a [la Universidad de] Harvard. El Experimento de Perturbación Estratosférica Controlada, o SCoPEx, tiene planeado liberar alrededor de un kilogramo de carbonato cálcico, básicamente polvo calizo, desde una plataforma góndola transportada en un globo a unos 20 kilómetros de altitud. Las partículas cubrirían el equivalente a 11 campos de fútbol y se experimentaría el potencial de este material para bloquear una parte de la radiación solar y contrarrestar el efecto invernadero de las emisiones de dióxido de carbono. La prueba que iba a realizarse en junio no liberaría ninguna partícula y serviría para probar las tecnologías de la góndola.

El pasado mes de diciembre, SCoPEx anunció que, a causa de la pandemia, iba a trasladar a Suecia las pruebas del globo-góndola previstas para realizarse en Arizona y Nuevo México. El nuevo escenario sería el centro de lanzamiento de la Corporación Espacial Sueca (SSC) situado en Kiruna, cerca del Círculo Polar Ártico, tierra del pueblo sami. El problema era que nadie había hablado con los samis, ni con prácticamente nadie en Suecia.

El Consejo Sami, que defiende los derechos de este pueblo desde Noruega hasta Rusia, envió una carta el 24 de febrero al Comité Asesor de SCoPEx en la que no solo se oponían al experimento, sino también a cualquier investigación de geoingeniería fuera del consenso internacional. También firmaban la carta los líderes de la Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza, Amigos de la Tierra-Suecia y Greenpeace-Suecia. Los grupos ecologistas ya habían criticado el proyecto con anterioridad.

Los samis tienen motivos para preocuparse por lo que vuela sobre sus cabezas. Los vientos procedentes del desastre nuclear de Chernóbil  llevaron la radiación hasta sus aldeas y los terrenos de pastoreo de los renos. Miles de animales tuvieron que ser sacrificados y, decenios después, la carne de reno debe seguir sometiéndose a pruebas de contaminación radioactiva. Los samis también han adoptado una clara postura en relación con el clima y han convencido al segundo mayor fondo de pensiones noruego para que retiren sus inversiones en combustibles fósiles. En 2017 acudieron a Standing Rock a apoyar a las tribus amerindias que luchaban contra el gasoducto Dakota que debía atravesar el río Misisipi.

Riesgo moral y de otros tipos

La carta de los samis y de sus aliados resume perfectamente la contradicción fundamental que encierra la investigación de la Universidad de Harvard y los experimentos de geoingeniería en general: instituciones privadas que asumen poderes y toman decisiones con unas consecuencias potenciales tan inmensas que se les debe exigir responsabilidad democrática.

La inyección de aerosoles en la estratosfera (SAI, por sus siglas en inglés), escriben los samis y los ecologistas, “conlleva riesgos de consecuencias catastróficas […] entre los que están su conclusión incontrolada […]” (si se interrumpiera, el efecto invernadero del dióxido de carbono se reanudaría y provocaría un súbito calentamiento, como un yonqui con síndrome de abstinencia“) “y efectos sociopolíticos irreversibles que podrían poner en peligro los esfuerzos globales necesarios para lograr sociedades de carbono cero”. Es decir, la geoingeniería proporcionaría una excusa para aquellos que se enriquecen con la quema de combustibles fósiles que incrementa el dióxido de carbono de la atmósfera. Al ofrecer protección contra los riesgos, se reduce el incentivo para eliminarlos. Es lo que se conoce como riesgo moral. “Por tanto no existen razones aceptables para permitir que el proyecto SCoPEx siga adelante en Suecia o en cualquier otro lugar”.

Alex Lenferma, un climatólogo sudafricano que escribe para el Carnegie Council, muestra el riesgo moral que entraña esta investigación: “David Keith (una de las cabezas del proyecto de Harvard a quien Gates llamó para que le ayudara a distribuir sus fondos de 2010) cuenta que la geoingeniería sería muy barata. Según él, costaría tan solo 10.000 millones de dólares (al año), el equivalente a una diezmilésima parte del PIB global, mientras que sus beneficios podrían superar el 1 por ciento del PIB global: un retorno mil veces superior a su coste. Aunque Keith advierte que esta tecnología no evita la necesidad de reducir emisiones, otros miembros de su equipo no parecen tan convencidos”.

“Su colega de Harvard Richard Zeckhauser declara que la `geoingeniería solar es la tecnología más prometedora que tenemos hoy día´. Es tan prometedora que según él sería positivo redirigir algunos de los esfuerzos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero a la geoingeniería, una afirmación que casi equivale a promover el riesgo moral […]”.

La investigación ilustra sobre los peligros de continuar, con el espíritu del Lejano Oeste, las iniciativas independientes que tienen lugar fuera de una estructura de gobernanza global. La liberación en el hemisferio norte de partículas que protejen del sol podría incrementar las sequías en la India y en el Sahel africano, aun en el caso de que beneficiara al clima del norte. Jacob Pasztor, director ejecutivo de la Iniciativa para la Gobernanza de la Geoingeniería Climática Carnegie declaró a

Carbon Brief: “Si un país decidiera poner sus intereses en primer plano –es decir, si su presidente pensara que el país necesita bajar su temperatura y decidiera llevar a cabo ingeniería solar a escala regional–, las consecuencias podrían ser catastróficas en otras partes del mundo”.

Keith participó en 2020 en un estudio en el que se subestimaba el peligro. Estudios previos habían mostrado que los escudos solares empeoraban el impacto del clima en más de un 9 por ciento de la superficie de la Tierra. Pero si los escudos buscaban reducir solo la mitad del calentamiento “apenas aumentarían el clima en un 1,3 por ciento de la superficie terrestre”, según otro de los autores, Peter Irvine. “Nuestros resultados sugieren que cuando se utiliza la dosis correcta y a la vez se reducen las emisiones de gases efecto invernadero, la geoingeniería de aerosoles en la estratosfera podría ser útil para gestionar los impactos del cambio climático”.

“Existe un potencial real, tal vez un potencial significativo, de reducir los riesgos del cambio climático este siglo… y mucho”, afirmó Keith.

Las investigaciones que muestran que la geoingeniería puede ser barata, reducir el daño climático y tener un impacto mínimo cuando se utiliza “en la dosis adecuada” parecen argumentar a su favor. Aunque los científicos reconocen tener dudas, esa investigación conlleva cuando menos riesgo moral. Y esto es así especialmente cuando no existe un marco de gobernanza global o de responsabilidad democrática.

Los samis desafían a la Universidad de Harvard

Los samis se dirigieron directamente al Comité Asesor nombrado por Harvard para plantear el tema de la responsabilidad. Vale la pena citarles literalmente: “Existen graves problemas en términos de gobernanza y toma de decisiones en relación con SCoPEx. Consideramos extraordinario que el proyecto haya ido tan lejos como para establecer un acuerdo con la Corporación Espacial Sueca (SSC) sobre las pruebas de vuelos sin haber solicitado permiso o entablado ningún diálogo con el gobierno sueco, sus autoridades, la comunidad investigadora sueca, la sociedad civil sueca o el pueblo sami, a pesar de la naturaleza controvertida de SCoPEx […]”

“Es digno de atención que la Universidad de Harvard considere razonable que el comité cuyo papel es decidir si este polémico proyecto debe seguir adelante no cuente con ninguna representación del país donde se pretende realizar, Suecia, pues está compuesto exclusivamente por ciudadanos o residentes en Estados Unidos. Observamos asimismo que el Comité Asesor ‘independiente´ parece ser extremadamente homogéneo, no es representativo y ha sido nombrado por la propia universidad, sin incluir en él a los grupos afectados ni a ninguna voz crítica y no estadounidense” (Esta es la lista de sus miembros).

“El comentario del proyecto SCoPEx sobre el borrador del `Proceso de Participación´ elaborado por su Comité Asesor  pone de manifiesto los aspectos esenciales y muestra su enfoque problemático respecto a la ética, la responsabilidad y la toma de decisiones. SCoPEx afirma que ningún proyecto de investigación debería tener que responder a preguntas como: “¿La investigación o el despliegue de geoingeniería solar supone un riesgo moral? ¿Es ético utilizar geoingeniería solar? ¿Quién debería decidir al respecto? ¿Puede gobernarse la geoingeniería solar y podemos confiar en esa gobernanza? ¿Es la investigación una pendiente resbaladiza hacia el despliegue de la tecnología?”. SCoPEx sostiene que si se aplicaran tales requerimientos la investigación tendría que detenerse y se lamenta de que no se haya actuado del mismo modo en otros campos de investigación, por lo que “no debería ser una carga para la investigación en geoingeniería solar”.

“Consideramos que, debido a los riesgos extraordinarios y específicos asociados a la inyección de aerosoles en la estratosfera, no puede tratarse a dicha tecnología y al proyecto SCoPEx como a cualquier otra investigación. Es preciso analizar en primer lugar las consideraciones descritas anteriormente en foros mucho más representativos e inclusivos que el Comité Asesor de SCoPEx. Por tanto, es preciso interrumpir la experimentación y el desarrollo de tecnología que llevan a cabo este tipo de proyectos”.

“Apelamos al Comité Asesor de SCoPEx y a la Corporación Espacial Sueca (SSC) para que reconozcan estos defectos y cancelen las pruebas de vuelo programadas en Kiruna. Los planes de SCoPEx para Kiruna suponen un auténtico riesgo moral […] La investigación y el desarrollo de tecnología relacionados con la inyección de aerosoles en la estratosfera tienen consecuencias en todo el planeta y no deben avanzar en ausencia de un consenso absoluto y global sobre su aceptación”.

Harvard se retira

La oposición indígena y ecologista ha hecho retroceder a la SSC y al Comité Asesor. El 31 de marzo, la revista MIT Technology publicó que la SSC se había retirado del proyecto y que el comité recomendaba “en una decisión inesperada” suspender las pruebas de junio. El grupo afirmó haber iniciado un proceso de participación pública con el fin de “ayudar al comité a comprender los puntos de vista de Suecia y de los indígenas y a realizar una recomendación receptiva y bien informada sobre las pruebas de vuelo del equipo en Suecia”.  El principal investigador del SCoPEx, Frank Keutsch, declaró que los vuelos quedan suspendidos hasta que el comité pueda hacer alguna recomendación “basada en una fuerte participación pública en Suecia que incluya ampliamente a las poblaciones indígenas […]”.

Parece probable que las pruebas no vayan a efectuarse antes de 2022 y que no se hagan en Suecia. Cuando la pandemia se calme, posiblemente se realicen en Estados Unidos.

Ha sido preciso que los samis y sus aliados ecologistas hicieran retroceder al proyecto de Harvard para que se inicie un proceso de consultas. El hecho de que esto haya ocurrido con posterioridad subraya el punto fundamental. En geoingeniería (como en tantos otros temas cruciales) las instituciones privadas y los individuos actúan como gobiernos de facto y toman decisiones que afectan potencialmente a miles de millones de personas sin asumir ninguna responsabilidad democrática. Harvard, la primera universidad de EE.UU. y del mundo, es un buen ejemplo de ello. A pesar de las campañas que promueven la desinversión en combustibles fósiles, la universidad está investigando tecnologías que podrían frenar el movimiento para acabar con la quema de esos combustibles. Todo un símbolo sobre el riesgo moral. Planear un experimento en la atmósfera para probar una tecnología muy polémica en un país extranjero sin pensar en consultar a la sociedad civil de dicho país, y mucho menos al pueblo indígena sobre cuyas tierras iba a realizarse el experimento, evidencia una arrogancia típica del “nosotros sabemos más que tú”. Esa es lo que caracteriza al gobierno privado que no precisa rendir cuentas a la ciudadanía.

¿Deberíamos dejarnos guiar por los científicos?

El anuncio de la suspensión del experimento llegó unos días después de la publicación de un informe de la Academia Nacional de Ciencias (NAS)[de EE.UU.] en el que demandaba la puesta en marcha de un programa de investigaciones sobre geoingeniería.

“Esta propuesta es peligrosa”, escribía Frank Bierrman, profesor de gobernanza global de la Universidad de Utrecht y fundador del Proyecto de Gobernanza del Sistema Terrestre. “Las tecnologías de geoingeniería siguen siendo especulativas y asumen un nivel de comprensión del sistema planetario que no existe. Numerosos estudios han puesto de manifiesto los riesgos, especialmente para los países en vías de desarrollo y las poblaciones vulnerables, de que algo salga mal  si se intenta “manipular” el clima. Y, lo que es más importante, la geoingeniería solar plantea unos desafíos a la gobernanza que son insuperables con el actual sistema político global”.

“Es evidente el punto de vista sobre gobernanza global que plantea la Academia de Ciencias en este informe: Estados Unidos es quien debería liderar las investigaciones, al menos por ahora. Otros países están invitados a unirse, pero nada indica que los autores de la academia conciban colocar a la geoingeniería  bajo control global con poder de veto para los países más vulnerables del Sur global […] En su lugar, el informe de la NAS sugiere que son los científicos quienes deberían llevar la delantera, especialmente los estadounidenses. A partir de ahí, una red global de expertos podría dirigir de forma autónoma las investigaciones. No obstante, es de sobras conocido –y el propio informe lo reconoce– que esta comunidad científica global está enormemente sesgada a favor de unos pocos países industrializados. La gobernanza global de los expertos es el gobierno del Norte global, con algunas “consultas” a colegas de otros países. Es, como argumenté anteriormente, la típica “solución del hombre rico”.

El climatólogo Michael Mann, miembro de la NAS, mostró sus propias dudas: “El mensaje que trasmite un informe como este es de una naturaleza tan política como científica, pues será inmediatamente utilizado por los defensores de dicha propuesta. Y yo me siento sinceramente preocupado por la carnaza que ofrece a quienes minimizan los riesgos […] El propio informe, en mi opinión, está claramente sesgado. Cae víctima del riesgo moral del que advertía en mi libro The New Climate War […]”.

Mann lo explica con una cita de su ampliamente aclamado nuevo libro: “Un problema fundamental de la geoingeniería es que presenta lo que se conoce como riesgo moral, a saber, una situación hipotética en la cual una de las partes (la industria de los combustibles fósiles) promueve acciones que conllevan riesgos para la otra parte (el resto de nosotros), pero que son aparentemente ventajosas para ella misma. La geoingeniería proporciona un apoyo potencial a quienes salen beneficiados de nuestra continua dependencia de los combustibles fósiles. ¿Por qué amenazar nuestra economía con regulaciones draconianas sobre al carbono cuando tenemos una alternativa barata? Los dos principales problemas de ese argumento son (1) que el cambio climático supone una amenaza mucho mayor para nuestra economía que la descarbonización y (2) que la geoingeniería no es tan barata, pues trae aparejada enormes daños potenciales”.

Gates: la ingeniería por encima de la política

Gates ha coqueteado con la geoingeniería en otros proyectos. Junto con el exdirector de tecnología de Microsoft, Nathan Myhrvold, y su compañía Intellectual Ventures (de la que Gates es inversor), registró en 2008 una patente para aplicar la geoingeniería empleando agua fría del mar para reducir la intensidad de los huracanes. En 2010  anunció una inversión en Sea Spray, una compañía que investiga una tecnología que pulverizaría agua marina en la atmósfera para desarrollar nubes blancas que reflejen la luz del sol. Gates también financió a David Keith en la creación de una compañía para capturar CO2 directamente de la atmósfera. Carbon Engineering ha construido una planta en Columbia Británica (Canadá) y planea otra en asociación con Occidental Petroleum en la cuenca pérmica de Texas, uno de los centros de fractura hidráulica del continente. El mercado de carbono existente pretende seguir explotando el petróleo bombeando el CO2 que emite al interior de pozos. Chevron y BHP son otras compañías petroleras que han invertido en Carbon Engineering, al igual que el financiero de las arenas bituminosas N. Murray Edwards.

Las críticas a las inversiones de Bill Gates van mucho más allá de sus experimentos con geoingeniería y llegan hasta la desproporcionada influencia que ejerce su fundación sobre la salud global y el desarrollo y sobre la política educativa. El apoyo que otorga su fundación al modelo de agricultura industrializada para África y el plan educativo orientado a los exámenes (teach to test) llamado “Common Core” en Estados Unidos han sido sometidos a escrutinio. Su libro más reciente, Cómo evitar un desastre climático, ha recibido fuertes críticas por centrarse en la tecnología en lugar de buscar soluciones políticas.

El activista del clima Bill McKibben ha escrito en una reseña del libro publicada en el New York Times: “… es en la política… donde Gates lleva realmente anteojeras. `Mi pensamiento es más el de un ingeniero que el de un politólogo´, ha dicho con orgullo –aunque eso signifique que puede escribir todo un libro sobre el `desastre climático´ sin analizar el papel que ha desempeñado, y continua desempeñando, la industria de los combustibles fósiles en prevenir las acciones para impedirlo […] Esa es la razón por la que hemos desperdiciado casi 30 años de advertencias de la ciencia. `Yo no tengo una solución para la política del cambio climático´, dice Gates en su libro, aunque en realidad sí la tiene: creó una compañía, de la que su fundación es accionista, que ha donado dinero precisamente a los políticos a sueldo de las grandes petroleras. Un análisis de Bloomberg del último otoño descubrió que Microsoft solo ha asignado un tercio de sus contribuciones económicas a políticos respetuosos con el clima”.

Nadie es tan inteligente por sí mismo

En el mundo actual, el dinero y el poder están superconcentrados, reunidos en las grandes corporaciones, los individuos más ricos como Gates y las instituciones influyentes como la Universidad de Harvard. Existe la tendencia, especialmente entre aquellos que tienen éxito, de creer que su éxito se traduce en una mejor perspectiva sobre el modo de gestionar el mundo. Contando con su dinero, sus recursos y su prestigio, su discurso suena más alto, sofocando a menudo las voces de otras personas.

Pero no importa los brillantes o incluso lo bien intencionados que seamos, cada uno de nosotros, seres humanos, estamos limitados por nuestro propio punto de vista. Todos tenemos puntos ciegos. Todos cometemos errores. Cuanto mayor sea nuestro alcance, más perjudicial es el impacto potencial. Esa es la perdición de las estructuras de gobierno privadas cada vez más poderosas en el mundo. Es preciso contar con un marco inclusivo de responsabilidad democrática para alcanzar el mayor rango de conocimiento y perspectiva, reflejar los intereses más generales y evitar los escollos.

Los samis, hablando con la creciente autoridad moral de los indígenas y apoyados por sus aliados ecologistas, han aportado una voz fundamental al debate sobre la geoingeniería. El hecho de que no fueran invitados a opinar, sino que tuvieran que alzar su voz, lo dice todo respecto a las erróneas presunciones del gobierno privado. Lo mismo puede aplicarse a toda una serie de desafíos a los que se enfrenta nuestro mundo. Y en ningún otro lugar es eso más cierto que en un terreno con impactos tan globales y potencialmente catastróficos como la geoingeniería.

*La geoingeniería, también conocida como ingeniería climática o intervención climática, es la modificación deliberada y a gran escala del clima terrestre para combatir el calentamiento global. No debe confundirse con la ingeniería geotécnica (N. del T.).

Patrick Mazza es un activista y periodista. Tiene un blog:theraven.substack.com

Por Patrick Mazza | 17/04/2021



Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

Nuevo récord de CO2 en la atmósfera: ya estamos a medio camino de duplicar los niveles preindustriales

El observatorio de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos en Mauna Loa registra 421,21 partes por millón de CO2 en la atmósfera, lo que supone traspasar por primera vez la barrera de las 420 ppm.

 

Cuando apenas quedan unas horas para que comience el debate sobre las enmiendas a la Ley de Cambio Climático en el Congreso, una noticia extremadamente importante para el futuro del planeta ha pasado prácticamente desapercibida en los mass media globales. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha marcado un nuevo récord histórico: 421,21 partes por millón (ppm).

El dato, que fue captado el 3 de abril por el observatorio de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos de Mauna Loa, en Hawai, supone traspasar una serie de barreras simbólicas.

No solo es la primera vez en la historia que se sobrepasa el umbral de las 420 ppm, sino que supone —junto con niveles medios mensuales registrados tanto en febrero como en marzo superiores a los 417 ppm— asegurar que este año la concentración media anual llegará a las 416 ppm, o lo que es lo mismo, haber recorrido la mitad del camino para duplicar los niveles de CO2 anteriores a la era industrial, cuando eran de en torno a 278 ppm. Hasta finales del siglo XX, en los últimos 800.000 años nunca se habían sobrepasado las 300 ppm.

El observatorio hawaiano lleva monitorizando los niveles de este gas de efecto invernadero en la atmósfera desde 1958, cuando Charles David Keeling comenzó a registrarlos. En estos 63 años, la concentración de CO2 media anual ha pasado de 315 a 416 ppm.

El consenso científico, plasmado en un documento de 2007 del físico y climatólogo estadounidense James Edward Hansen, exdirector del Instituto Goddard para Estudios Espaciales de la NASA, señala que por encima de 350 ppm el planeta habría superado el “límite de seguridad” para que no tenga lugar un punto de inflexión, tal como se conoce en climatología al momento en el que se rompe la estabilidad y que daría como resultado un equilibrio climático diferente.

El aumento de la llamada Curva de Keeling, que registra las concentraciones del gas de efecto invernadero, se está acelerando. Como ya advirtieron tanto el NOAA como el Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de California en mayo e 2019, la tasa de aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera, un gas que necesita años para ser reabsorbido por la naturaleza, ha pasado de aumentos de 0,7 ppm anuales en los 60 a los 2,87 ppm de 2018. Como señala Pieter Tans, científico de la División de Monitoreo Global de la NOAA, “hay pruebas abundantes y concluyentes de que la aceleración es causada por el aumento de las emisiones”.

El nuevo récord ha implicado reacciones de la comunidad científica y del Movimiento por el Clima. Desde la Oficina Meteorológica del Reino Unido señalan que “aunque estar a mitad e camino para doblar la concentración de CO2 no tiene ningún significado físico, puede considerarse un hito que pone de relieve cuánto ya los humanos han alterado la composición de la atmósfera global y aumentado la cantidad de un gas que calienta el clima global”.

La joven activista sueca Greta Thunberg, pionera en las huelgas juveniles por el clima de los Fridays for Future, ha denunciado que el récord es algo “verdaderamente revolucionario, cuanto menos, y no lo sigo en el buen sentido”.

Por su parte, la científica climática de la NASA, Kate Marvel, señaló en el Washington Post tras hacerse público el nuevo récord que, “el mundo ya es más de 1,1ºC más caliente de lo que era antes de la revolución industrial”. De llegar a duplicar los niveles industriales, lo que al ritmo actual pasaría en torno al año 2060, el planeta podría sufrir un calentamiento de 4ºC, con nefastas e impredecibles consecuencias para la vida sobre el mismo.

Por Pablo Rivas

@PabloRCebo

7 abr 2021 16:46

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No hay vacuna para la catástrofe climática

La incapacidad de la humanidad para responder de forma colectiva a la pandemia es una representación a cámara rápida de nuestra ineptitud para combatir la crisis climática.

 

La destrucción causada por la COVID-19 representa una crisis sin precedentes en la historia reciente, aunque de una manera escalofriante nos resulte ya familiar. La pandemia ha reproducido muchas de las dinámicas de la crisis climática, pero en un periodo de tiempo mucho más comprimido. Nos hemos visto confrontados con una amenaza global inminente –cuyo alcance se desconocía en gran medida– que requería de una acción rápida, coordinada y colectiva. En su lugar, la reacción ha consistido en respuestas divergentes en función de las naciones, acusaciones cruzadas, llamamientos a la responsabilidad individual y una resistencia excesiva ante cualquier cambio fundamental en el statu quo.

Muchos pensadores de izquierdas, como Vijay Kolinjivadi, Andreas Malm, Rob Wallace y otros, han hecho importantes aportaciones sobre las formas en que la COVID-19 y la crisis climática están entrelazadas. Más concretamente, han señalado el hecho de que la pandemia es una manifestación más de la emergencia ecológica, y que ambas crisis están basadas en (y son resultado de) el capitalismo mundial.

En este ensayo, desarrollo estos argumentos y explico por qué hay también valor analítico en concebir esta doble crisis como un reflejo de cada una de ellas en la otra. En este sentido, la pandemia provocada por la COVID-19 es un microcosmos a cámara rápida de lo que está sucediendo con el calentamiento global. Por eso, un análisis de la pandemia y las respuestas a ella pueden ayudarnos a entender cómo estamos errando al lidiar con el cambio climático.

Circunstancias atenuantes

¿Qué parecidos hay entonces entre la COVID-19 y la emergencia climática? En primer lugar, nuestra capacidad para entender y discutir sobre ambas crisis se ve limitada por la desinformación generalizada, las teorías de la conspiración negacionistas, la presión ejercida por los lobbies corporativos a favor de la inacción, así como una genuina falta de acuerdo en torno a la idoneidad de las estrategias a adoptar. En este contexto han surgido dos facciones agrupadas en torno a dos propuestas de reacción política: quienes defienden una estrategia de mitigación para convivir con el calentamiento global y la pandemia moderando sus efectos perjudiciales, y quienes defienden la necesidad de una supresión total de las crisis mediante acciones rápidas y decisivas.

A excepción de un par de países que han aplicado bien estrategias de supresión a la pandemia –como Taiwán, Vietnam y Nueva Zelanda–, los gobiernos nacionales han optado por las variantes de la estrategia de mitigación para afrontar la COVID-19 y el cambio climático. Por lo general, estas medidas han sido reactivas y se han tomado por pura necesidad, ya que las lentas respuestas iniciales han hecho que las crisis se descontrolen, pero también son un reflejo del rechazo a involucrarse en la reestructuración de las relaciones capitalistas que requiere cualquier estrategia de supresión.

En el caso de la pandemia, la mitigación ha oscilado entre los intentos explícitos por conseguir la inmunidad de rebaño y los esfuerzos para “aplanar la curva” y evitar así la sobrecarga de los servicios de asistencia sanitaria. Resulta tentador observar las estrictas medidas adoptadas bajo presión durante la pandemia como prueba de la voluntad política de adoptar la estrategia de supresión, aunque de hecho no suceda así, como señala Andreas Malm: “La apariencia de acción enérgica contra la pandemia no es más que una fachada. El contraste entre la vigilancia del coronavirus y la complacencia climática es ilusorio”.

En paralelo, los gobiernos han cometido grandes errores a la hora de coordinar sus esfuerzos de forma efectiva, y han optado por depositar todas sus esperanzas en soluciones técnicas al estilo deus ex machina, tanto para la pandemia como para la emergencia climática. También hay una cierta obsesión sobre qué países “lo están haciendo mejor”, aunque ello tenga un valor limitado para problemas globales, interconectados y que trascienden fronteras artificiales.

¡Seamos realistas! Inmunidad de rebaño y adaptación climática

Puestos a observar los paralelismos entre el cambio climático y la lógica de la mitigación en el caso de la COVID-19, podemos considerar los escritos del escéptico ante la acción climática Bjørn Lomborg, que, por motivos económicos, se opone a los intentos de contener la crisis climática, y que también se opone abiertamente a las medidas estrictas dirigidas a suprimir los estragos de la pandemia. Por ejemplo, citando un estudio publicado en World Development, Lomborg sostiene: “Reducir las emisiones hasta las del acuerdo de París desembocará en un incremento de la pobreza de en torno al 4 por ciento”.

Este argumento contra las acciones climáticas coordinadas reproduce las objeciones de quienes se oponen a los confinamientos para frenar la pandemia por el daño que causan en la economía, y sobre todo en el sustento de los más pobres y vulnerables. De hecho, la Declaración de Great Barrington – un comunicado publicado a comienzos de octubre y difundido a gran escala en el que se defiende la búsqueda de la inmunidad de rebaño– sostiene que las medidas de supresión dañan de forma desproporcionada a “la clase trabajadora y a los miembros más jóvenes de la sociedad”. Cabe añadir que la declaración se firmó en las instalaciones del American Institute for Economic Research, un think tank libertario neoliberal que también ha restado importancia a los daños del colapso medioambiental.

“La humanidad –incluida la gente más pobre– estará mucho mejor en un escenario de ‘desarrollo impulsado por combustibles fósiles’ que en uno ‘sostenible’, con menos CO₂”, continúa Lomborg, en esencia utilizando el argumento de que solo tenemos que aprender a convivir con las adversidades del cambio climático. Este pensamiento se asemeja al de los defensores de la mitigación del coronavirus, como el antiguo epidemiólogo de estado sueco Johan Giesecke, que escribió: “La tarea más importante que se nos plantea no es el fútil intento de detener el contagio, sino concentrarnos en ofrecer una atención óptima a las desafortunadas víctimas”. También el profesor de Stanford John Ioannidis sostiene que los confinamientos en toda la sociedad dirigidos a reducir la propagación viral están “matando a la gente”.

En ambas crisis, los defensores de la mitigación no se equivocan cuando afirman que las respuestas gubernamentales reactivas y mal planteadas han tenido un impacto negativo en los sectores de la población más pobre y vulnerable, sobre todo debido a los reiterados fallos a la hora de acompañar las medidas del apoyo social necesario. Y tampoco se equivocan en que los planes de acción climática o los confinamientos por la COVID-19 a menudo ignoran este hecho y se convierten en formas de exhibicionismo para las poblaciones pudientes y de clase media, que no se ven afectadas en particular por las regulaciones a las industrias contaminantes o las órdenes de hacer teletrabajo.

Lo que no reconocen es que los pobres globales también sufren de forma desproporcionada por la inacción, y que, sin un cambio fundamental y estructural, su sufrimiento continuará y se agravará en situaciones de crisis perpetuas.

Las poblaciones marginales obtienen la peor parte de ambos mundos, ya que soportan la mayor parte de la enfermedad y padecen a la vez los efectos secundarios más agudos del tratamiento. Esto puede comprobarse en el contexto sueco en su respuesta laissez-faire a la pandemia, que se tradujo en un índice de mortalidad tras la exposición al virus tres veces más probable entre la población pobre, que tiene que lidiar al mismo tiempo con la mayor recesión económica del país en los últimos 40 años. Nuestra comprensión de la propia crisis requiere de una aproximación interseccional, que reconozca las múltiples y solapadas formas en que las personas que están en los márgenes son desfavorecidas.

Así mismo, la resistencia generalizada a cualquier respuesta a una crisis que represente un cuestionamiento del statu quo podría considerarse una expresión de lo que el teórico cultural Mark Fisher llamó “realismo capitalista”, es decir, la situación en la que el capitalismo se presenta como el único sistema socioeconómico viable. Si bien los trabajos recientes han puesto de relieve el hecho de que el realismo capitalista comienza a “deshacerse por los bordes” –resquebrajándose en una nueva configuración que Kai Heron denomina “catastrofismo capitalista–, esto no excluye la existencia (e incluso la intensificación) de los discursos realistas capitalistas frente al absurdo argumento de que el capitalismo es, en algún modo, realista.

En los casos de la COVID-19 y el cambio climático, la lógica de la mitigación existe porque mucha gente es incapaz de conceptualizar las diversas formas de organización socioeconómica que son necesarias para afrontar la catástrofe inminente. A pesar de que a menudo se atribuya esta falta de imaginación al centro y a la derecha, la izquierda no está inmunizada, como evidencia el hecho de que la revista Jacobin considerara oportuno publicar una entrevista a Martin Kulldorff –uno de los precursores de la Declaración de Great Barrington–, en la que argumenta su posición en contra de los confinamientos.

En este contexto, la muerte y la enfermedad en masa resultan más fáciles de concebir que las alternativas radicales al sistema capitalista. Así, los defensores de la mitigación quedan atrapados en el planteamiento de burdos análisis sobre costes y beneficios, fundamentados en la idea de que nuestra economía política actual tendrá que permanecer estática e inalterada por necesidad; una falacia ya en tiempos normales –que ignora la naturaleza dinámica de las estructuras sociales– y un grave error de juicio en periodos de rápida y crucial agitación socioeconómica provocados por una crisis. 

En pocas palabras, tanto el cambio climático como el coronavirus han puesto de manifiesto una incapacidad generalizada para percibir y abordar una crisis que es continua, acumulativa y colectiva. En nuestra posición actual, parece que estamos alineados con las crisis aisladas y fijas que existen en un único espacio y tiempo. En más de un sentido, somos la consabida rana en la olla que hierve lentamente.

A cámara rápida

Un lado positivo, quizás, de la crisis provocada por la COVID-19 es que nos ha permitido evaluar los resultados de la lógica de mitigación a cámara rápida. Los críticos más destacados de los enfoques de supresión de la pandemia, como Johan Giesecke y el biofísico ganador del premio Nobel Michael Levitt, han hecho públicas muchas predicciones sobre un supuesto final natural de la pandemia con pocas muertes en términos relativos, y todas han resultado ser incorrectas. En lugar de admitir sus errores, estos defensores de la mitigación han profundizado en ellos, y han encontrado pruebas cada vez menos convincentes de que la inmunidad de rebaño y la vuelta a la normalidad están a la vuelta de la esquina.

Estos fallos a la hora de entender la dinámica mortal de la COVID-19 se deben a una falta de comprensión fundamental sobre cómo funciona la sociedad humana. En lugar de poblaciones interconectadas e interdependientes que afrontan un problema colectivo, ven individuos atomizados; un “árboles que no dejan ver el bosque” de manual. Esto les permite dar rienda suelta a fantasías engañosas, como que los grupos de riesgo están “protegidos” mientras el resto de la población obtiene la inmunidad de rebaño. Esta idea ignora que no existe ninguna forma viable de separar a las personas vulnerables de las sociedades en las que existimos.

La respuesta a la COVID-19 nos ayuda a ver, en una suerte de cámara rápida, cómo los defensores de la mitigación intentan responder a la catástrofe climática en curso, que sucede a cámara lenta. Los impulsores de la adaptación al cambio climático piensan, básicamente, que el planeta se está calentando, y proponen formas en que podemos adaptarnos a esta situación, o incluso capitalizarla. Lo que no entienden es que estos cambios espectaculares que infligimos a nuestro ecosistema desencadenarán puntos de inflexión irreversibles, y alterarán las condiciones de vida en el planeta en un grado todavía inconcebible; aunque con efectos seguramente devastadores.

En última instancia, quienes abogan por la mitigación de la COVID-19 y la adaptación al cambio climático adolecen de estrechez de pensamiento a nivel sistémico: ven el mundo como un conjunto de simples relaciones individuales, y no como ecosistemas complejos e integrados que poseen propiedades emergentes. Con la COVID-19, su incapacidad de comprender el daño irreparable que la muerte y la enfermedad repentina infligen a las sociedades y las economías ha tenido unas consecuencias terribles. Por ello, ante la aun mayor crisis inminente de cambio climático a la que nos enfrentamos, lo inteligente sería no prestarles más atención.

En su lugar, deberíamos considerar soluciones aparentemente “radicales”, como el decrecimiento, el Green New Deal o muchos otros imaginarios poscapitalistas que están surgiendo en la era actual de intensificación de la crisis. Todas ellas entienden la gravedad de la situación y la consecuente necesidad de una acción coordinada, colectiva y solidaria ante la catástrofe inminente. Como señala Malm: “Al fin y al cabo, ser ‘radical’ significa dirigirse a la raíz de los problemas; ser radical en la emergencia crónica equivale a dirigirse a las raíces ecológicas de los desastres perpetuos.”

Vacunas para el futuro

¿Qué posibilidades hay de que la humanidad dé este necesario giro radical? Si consideramos la respuesta global a la COVID-19 como un microcosmos a cámara rápida y como un síntoma de la crisis climática, entonces el pronóstico es bastante desalentador.

El hecho de que algunos países hayan conseguido eliminar el virus demuestra que una acción conjunta, coordinada y colectiva es posible, pero que esta es la excepción a la regla. La gestión de crisis escalonadas y acumulativas como la pandemia, o bien de amenazas más grandes como la emergencia climática, requiere de solidaridad global y de una movilización masiva, y ambas escasean por el momento. De hecho, la pandemia ha generado desconfianza y ha alimentado la competición entre naciones, lo que ha conllevado un incremento de las tensiones geopolíticas y de la violencia racista contra personas asiáticas en todo el mundo.

El potencial para la acción colectiva se ha visto obstaculizado por el ubicuo discurso que defiende que las restricciones en la libertad individual en aras del bien común implican una deriva autoritaria. Desde luego que regímenes como Hungría o China han utilizado la pandemia para consolidar el control social y para desarrollar nuevas tecnologías de vigilancia, pero es evidente que la movilización colectiva para eliminar las crisis puede ser solidaria por naturaleza, en lugar de autoritaria. Por desgracia, los debates sobre derechos humanos durante la pandemia han girado en su mayor parte en torno a derechos individuales limitados, ignorando el derecho de las poblaciones vulnerables de existir sin la constante amenaza del contagio y la muerte.

La emergencia de un potencial deus ex machina para la COVID-19 en forma de vacuna también conlleva implicaciones sobre la percepción de la crisis en el futuro. Por supuesto que el pronto desarrollo de varias vacunas es una genial noticia, pero también puede reforzar la idea de que nuestra era de intensificación de las crisis se puede “curar” mediante la tecnología.

Este es el relato que los defensores de la mitigación quieren que creamos, y la narrativa en la que basan su tesis de que el cambio hacia un modo de organización socioeconómica más colectivo y basado en la solidaridad es impracticable e incluso nocivo para la humanidad. En su lugar, nos instan a intensificar nuestro compromiso con el capitalismo destructivo para así facilitar el siguiente avance tecnológico. Y, por supuesto, este enfoque de “matar moscas a cañonazos” no comprende la compleja naturaleza de la destrucción del medio ambiente.

La cruda realidad es que curar los síntomas no contribuirá en nada a tratar nuestra condición subyacente, ni tampoco cambiará la partida cuyas cartas estaban ya echadas: no hay vacuna para el colapso ecológico que se avecina. La única esperanza es liberar nuestras imaginaciones colectivas y articular un movimiento de masas capaz de organizar una acción coordinada y solidaria en favor del bien común.

Por Nicholas Loubere, profesor asociado de Estudios sobre China en la Universidad de Lund. Sus investigaciones analizan el desarrollo rural y el microcrédito en la China contemporánea, y la migración china en el extranjero para la extracción de recursos. Es coeditor jefe de Made in China Journal

16 mar 2021 04:00

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Las 23 principales potencias militares generan el 67% de las emisiones de CO2 del planeta

Una investigación del Centro de Estudios por la Paz analiza los vínculos entre el incremento del gasto militar y el desarrollo de conflictos armados vinculados a la crisis ambiental. El blindaje de fronteras con ejércitos para frenar las oleadas migratorias vinculadas a la escasez generada por el cambio climático o la venta de armas a grupos paramilitares al servicio de poderes extractivistas son algunos de los ejemplos citados en el estudio.

 

Los 23 principales países del planeta a nivel militar son responsables del 67,1% de las emisiones mundiales de CO2. Así lo revela una investigación del Centro de Estudios por la Paz sobre los vínculos del sector armamentístico y la crisis climática. Estas superpotencias, con Estados Unidos a la cabeza, representan tan sólo al 35% de la población mundial y concentran el 82% del gasto militar de todo el planeta. Se trata de países ubicados en las regiones del norte cuyas inversiones y exportaciones de material bélico tiene graves consecuencias para el medio ambiente y los derechos humanos en países del denominado Sur Global.

Esa cúpula de poder global, además de poseer grandes ejércitos para la defensa de sus intereses, son los responsables del 97% de las exportaciones de armas. Un material de guerra que termina en manos de Fuerzas del Estado de diversos países, pero también de grupos paramilitares que defienden los intereses del poder corporativo. Todo ello se enmarcan en un escenario idóneo para los negocios bélicos, ya que la crisis climática está empezando a provocar episodios de escasez de recursos en numerosas regiones del sur, lo que incrementa las posibilidades de que se produzcan conflictos armados o guerras civiles

De hecho, los once países con mayor riesgo de crisis humanitaria por el calentamiento global –Somalía, República Centroafricana, Sudán del Sur, Afganistán, República Democrática del Congo, Chad, Yemen, Niger, Burundi, Camerún y Burkina Faso– se encuentran inmersos en conflictos armados. Para Chloé Meulewaeter, una de las coordinadoras del informe, "estamos viendo que hay riesgos de que la crisis climática se militarice". De hecho, documentos estratégicos de la OTAN, España o EEUU señalan a la crisis ambiental como un potenciador de amenazas. "Eso podría servir para que los Gobiernos justifiquen elevar los gastos militares", denuncia la experta.

Según los datos del informe, la actividad militar global es responsable de entre el 5% y el 6% del conjunto de las emisiones de CO2 globales. Esto se debe al gasto en energía, la movilización de transportes, la generación de residuos tóxicos, así como los recursos movilizados para reconstruir infraestructuras dañadas por la guerra. Sin embargo, el sector bélico es mucho más que los gases que pueda producir un portaaviones o un helicóptero, en tanto que el sistema económico actual –basado en los recursos fósiles– es sostenido por los ejércitos, tal y como apunta la investigación.

"Las fuerzas armadas se han convertido en algo absolutamente imprescindible para mantener el extractivismo de recursos efectuado por los países del norte en el Sur Global", explica Pere Brunet, investigador y coordinador del informe. "Se da la circunstancia de que, mientras los científicos hablan de la necesidad de dejar el petróleo bajo tierra, en el estrecho de Ormuz, en la zona de Arabia, hay constantemente buques militares asentados para proteger el transporte marítimo de crudo y asegurar el suministro", añade.

Esa lógica del extractivismo militarizado ha desembocado, según la investigación, en una escalada de violencia contra los denominados defensores de la tierra que se oponen a los proyectos petrolíferos, mineros, de gas o incluso de generación de energía renovable. Desapariciones forzadas, violaciones, acoso sexual y judicial o amenazas a familiares son algunas de las prácticas comunes "llevadas a cabo tanto por actores públicos como privados", expone la publicación, que señala cómo los grupos paramilitares suelen estar al servicio de grandes poderes corporativos. Tanto es así, que esas 23 superpotencias militares sirven de sede empresarial a más de 63.000 trasnacionales con intereses muy variados.

La militarización de los problemas ambientales también se puede percibir en el incremento de los movimientos migratorios asociados al cambio climático. La escasez provocada por los cambios en el clima ha favorecido la aparición de nuevos refugiados que, al salir de sus países, se topan con la securitización de las fronteras. El informe pone el foco sobre algunos países como EEUU y México, cuyo muro de separación –seña de identidad de la administración del expresidente Donald Trump– impide que muchos migrantes centroamericanos afectados por las sequías puedan concluir sus rutas hacia el norte. No en vano, esta militarización de las fronteras también está presente en el Estado español, cuyo límite con Marruecos está marcado por las concertinas de las vallas de Melilla y Melilla.

"En consecuencia, el espacio fronterizo se convierte en escenario de violencia con el impacto que eso supone para los derechos humanos de las personas que son desplazadas por la fuerza de sus hogares por cuestiones ambientales o por otros motivos", argumenta el texto del informe.

Una transición ecológica basada en la desmilitarización

"Para poder llevar a cabo la transición ecológica es necesario que cambiemos el paradigma de seguridad nacional para dirigirse hacia el paradigma de seguridad humana", comenta a Público Meulewaeter. Esa transformación pasa por reorientar las inversiones destinadas a los ejércitos y a los negocios bélicos hacia el desarrollo de herramientas que prevengan y mitiguen las consecuencias de la crisis climática. Según la publicación, con el 10% del gasto militar anual –0,18 billones de dólares– los once países más vulnerables podrían desarrollar infraestructuras e invertir en resiliencia ante las condiciones meteorológicas extremas del cambio climático.

"Hay dos tipos de soluciones a esta crisis. Por un lado, la de las grandes corporaciones que quieren hacer su negocio con las nuevas energías limpias. Por otro lado, las soluciones que tienen como objetivo a las personas", señala Brunet, en relación a cómo el capitalismo verde puede desembocar en un nuevo neocolonialismo. Esto podría traducirse en un incremento de las presiones militares sobre las regiones del Sur Global para la extracción de nuevos recursos y minerales destinados a satisfacer la demanda de baterías y otros componentes necesarios para la electrificación de la economía. "No hay que pensar sólo en los beneficios de ciertas multinacionales, sino que debemos empezar a mirar por sistemas redistributivos basados en un autoconsumo energético que pueda extenderse a todo el mundo", zanja.

Así, la investigación del Centro de Estudios por la Paz concluye que la seguridad de las personas no podrá quedar garantizada en un contexto de transformación climática marcado por la militarización. Las soluciones a esta coyuntura de emergencia pasan, según los investigadores, por "políticas de acogida y cuidado" y no por la fuerza indiscutible de los rifles.

El ejército de EEUU, más emisiones que Bélgica

Si bien entre las superpotencias militares aparecen nombres como el de España, una de las grandes exportadoras de armas. Por encima de todas las administraciones destaca una: EEUU. El país norteamericano es el que más invierte en defensa, con 732.000 millones de presupuesto. Esta cantidad es el 38% del gasto militar mundial y supone más del doble de la suma del gasto de China (261.000 millones) y Rusia (65.000 millones).

Como consecuencia, EEUU posee a las fuerzas armadas más contaminantes del planeta, con un consumo de petróleo y unas emisiones de gases de efecto invernadero propias de un estado. Tanto es así que si el Departamento de Defensa estadounidense fuera un país, sería el 47º mayor emisor de CO2 del mundo, por delante de potencias económicas como Bélgica. Según los datos del informe, en 2017 las tropas norteamericanas liberaron a la atmósfera 212 millones de toneladas de CO2, mientras que el pequeño país europeo generó ese mimo año 114 millones de toneladas de gases contaminantes. 

madrid

22/02/2021 22:46 Actualizado: 22/02/2021 23:36

Alejandro Tena@AlxTena

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Un hombre corre en Nueva Delhi (India), una de las ciudades del mundo más golpeadas por la polución.SOPA Images / getty

Un estudio calcula las muertes que se pueden evitar con las medidas necesarias para cumplir el Acuerdo de París

Salvar millones de vidas y frenar el avance del cambio climático para dejar el calentamiento dentro de los límites menos catastróficos posibles. Es la receta que proponen los responsables de un estudio en el que se calculan los beneficios para la salud humana que pueden tener políticas climáticas relacionadas con las modificaciones en la dieta, la reducción de las emisiones que empeoran la calidad del aire y la movilidad.

El informe se centra en nueve países responsables del 70% de las emisiones de efecto invernadero mundiales y en los que vive el 50% de la población mundial, entre los que figuran los dos principales contaminantes del planeta: China y Estados Unidos. Los autores calculan que solo en esos nueve países se podrían salvar hasta 6,4 millones de vidas al año con la mejora de la dieta a partir de 2040. También, las políticas de reducción de la contaminación del aire propuestas evitarían 1,6 millones de muertes anuales y las de movilidad activa (como desplazarse más en bicicleta y andando) 2,1 millones de fallecimientos.

Para llegar a esas cifras los autores de este estudio publicado en la revista The Lancet Planetary Health parten de un escenario de cumplimiento del objetivo del Acuerdo de París de lograr que el incremento de la temperatura media del planeta se quede por debajo de los 2 grados respecto a los niveles preindustriales. Para cumplir esa meta se necesita que durante la segunda mitad de este siglo se alcancen las emisiones netas cero; y todos los países firmantes del pacto climático deben presentar planes de reducción de sus gases de efecto invernadero.

Los autores traducen esas medidas en beneficios para la salud de la población y proyectan las vidas que se pueden salvar. El ámbito en el que ven más margen de acción es en el referido a los cambios en la alimentación, que se debe transformar hacia un mayor consumo de frutas y verduras y la reducción en el consumo de carne roja y alimentos procesados, con lo que se acercan a las dietas flexiterianas (cercana a la vegetariana pero con proteína animal de forma ocasional). El estudio tiene en cuenta las diferencias locales, lo que hace que se proponga una reducción del consumo de carne roja dispar: mientras que en Suráfrica, el Reino Unido, el Brasil, China, Alemania y los Estados Unidos se plantea una disminución de entre el 86% y el 92%, en la India no se defiende que se baje debido a la poca cantidad de esta proteína que se consume allí.

Respecto a las políticas climáticas que llevarían a la mejora de la calidad del aire, el análisis apunta a que, si se cumple la meta de los 2 grados del Acuerdo de París, las concentraciones de las partículas PM2,5 relacionadas con los combustibles fósiles caerán un 73% en 2040 de media en los nueve países analizados. Esto haría que se evitan hasta 1,6 millones de muertes anuales. Por último, en lo que se refiere a la movilidad, los mayores beneficios para la salud de sus ciudadanos del aumento de los desplazamientos a pie o en bicicleta se lograrían en Estados Unidos, Suráfrica, China y el Reino Unido.

“En el fondo, el Acuerdo de París se puede considerar como un tratado de salud pública”, explica María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS. La Organización Mundial de la Salud, explica esta doctora, lleva décadas incidiendo en la relación entre cambio climático y contaminación y los problemas de salud. Pero Neira admite que en los últimos años se ha producido un boom de estudios de este tipo. “En la OMS ponemos también mucho énfasis en los argumentos positivos; es decir, que la gente vea el cambio climático como un problema, pero que también vea que existen soluciones que son positivas para la salud”, señala relación con el informe de The Lancet, una publicación con la que su organización colabora desde hace años. “Las políticas contra el cambio climático tienen beneficios que también nos ayudarán a evitar vulnerabilidades respecto a las pandemias o la calidad del aire, y que suponen beneficios económicos”, añade Neira.

“El cambio climático es un problema de salud”, resume Julio Díaz Jiménez, investigador de la Escuela Nacional de Sanidad en Instituto de Salud Carlos III. Díaz también aprecia en los últimos años un incremento de los estudios y artículos en los que se relaciona el calentamiento global, la contaminación y los problemas de salud. “Durante años hizo mucho daño que se relacionara el cambio climático solo con los osos polares y la pérdida de biodiversidad”, añade este investigador, quien aplaude la proliferación de análisis que ponen la salud en el punto de mira.

Sin embargo, Díaz cree que se debe dar un salto más y pasar de los informes con “un enfoque global” a afrontar los impactos con un “enfoque local”. Por ejemplo, se tendría que intentar que los científicos vayan más allá de los modelos en los que se cifran las muertes prematuras causadas por la polución de forma global, para analizar estos problemas de forma local y así para poder aplicar planes de acción concretos. Además, este investigador pide más acción de los políticos en esa línea y plantea, por ejemplo, la necesidad de que España cuente con un observatorio de salud y cambio climático que permita tomar decisiones.

Víctimas de los combustibles fósiles

El estudio de The Lancet ha coincidido con otro artículo, este publicado en la revista Environmental Research, en el que se afirma que la contaminación generada por los combustibles fósiles está detrás del 20% de las muertes anuales en el mundo, lo que supone alrededor de ocho millones de personas fallecidas cada año. La OMS señala desde hace años que anualmente mueren en el planeta siete millones de personas por la mala calidad del aire y que el 75% son responsabilidad de los combustibles fósiles. El estudio publicado ahora eleva más esa cifra partiendo de los datos de 2012 y 2018 y de un nuevo modelo de contabilización. En España, se cifra en 44.603 personas mayores de 14 años las mueren cada año como consecuencia de la contaminación atmosférica por las partículas PM2,5 asociadas a los combustibles fósiles.

Por Manuel Planelles

Madrid - 10 feb 2021 - 06:44 UTC

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