Lunes, 19 Octubre 2020 06:10

La decisión

 El movimiento Black Lives Matter ha logrado sacudir a Estados Unidos con la alianza de una amplia gama de organizaciones sociales. La imagen, de archivo, durante una protesta en Portland.Foto Ap

Corrupto, traficante de influencias, mentiras sobre engaños, sobre falsedades, incompetente, neofascista, xenófobo, el que dio la orden para separar familias inmigrantes a la fuerza y enjaular a niños inmigrantes, violador y hostigador sexual, rechazador de la ciencia, racista, enemigo de la prensa, represor y macartista, antimexicano y constructor de muros, gánster y bully, delincuente de sus obligaciones fiscales y de servicio militar son sólo algunas de la palabras que todos hemos tenido que reportar de manera objetiva y con amplia evidencia una y otra vez a lo largo de los últimos cuatro años.

Concluirá su primer plazo en la Casa Blanca con más de 220 mil estadunidenses fallecidos (hasta ayer) –más que cuatro veces los perecidos en Vietnam– en gran medida por su manejo de la pandemia, y con una pérdida neta de empleos (unos 3.9 millones y contando) entre otros desastres y como un presidente que fue impeached.

Donald Trump no puede resolver los problemas más urgentes de la nación porque él es el problema más urgente de la nación, declara la junta editorial del New York Times, la cual advierte que la relección del magnate representa la amenaza más grande a la democracia estadunidense desde la Segunda Guerra Mundial.

Pero a pesar de todo eso también tenemos que reportar que, cuatro años después, este sujeto goza de más de 40 por ciento de aprobación en los sondeos. ¿Qué hacer con eso?

Al mismo tiempo, el senador socialista democrático Bernie Sanders, como aspirante presidencial este año fue el político nacional más popular del país, y su candidatura fue una grave amenaza a la cúpula del Partido Demócrata, la cual se dedicó a descarrilarla. Pero él y sus millones de seguidores son expresiones de algo nuevo que continúa; vale recordar que hoy día según los sondeos, la mayoría de los jóvenes de Estados Unidos favorecen el socialismo, y que 40 por ciento de todos los estadunidenses expresaron preferir vivir en un país socialista sobre uno capitalista. ¿Qué hacer con eso?

De hecho, Trump declaró la semana pasada que la elección es una decisión “entre una pesadilla socialista y el sueño americano”, aunque para socialistas como Sanders, esa elección es una entre Trump y la democracia.

Tal vez la noticia más importante de esta coyuntura política no es la contienda entre Trump y su contrincante demócrata Joe Biden y la pugna entre republicanos y los demócratas que impera en los medios, sino el surgimiento de un masivo aunque fragmentado movimiento social conformado por diversas corrientes que de repente se encuentran en las calles y en el ciberespacio que incluyen –a veces juntos, a veces por separado– la amplia coalición bajo la etiqueta de Black Lives Matter (su parte más políticamente dinámica es Movement for Black Lives, una red de 150 organizaciones) y sus aliados multirraciales e intergeneracionales, junto con viejas y nuevas expresiones latinas, maestros rebeldes, enfermeras heroicas, azafatas que eligieron a una socialista como su líder nacional, inmigrantes que salvan y reconstruyen a este país todos los días, ambientalistas –sobre todo los jóvenes que han amanecido con Greta–, estudiantes contra la violencia de las armas, ni hablar de los diversos movimientos encabezados por mujeres y la comunidad gay, que en su conjunto está sacudiendo a este país y que ofrece la promesa de consolidarse en el gran movimiento progresista que se requiere para rescatar a Estados Unidos de sí mismo.

Dicen que el futuro del experimento estadunidense está en juego en esta elección. Por ahora hay una gran batalla entre defender los mecanismos ya deteriorados de la elección, con una multitud de iniciativas, coaliciones y redes preparándose –tardíamente– para defender la expresión de la voluntad popular, porque ni eso está garantizado en esta crisis democrática.

Pero aquí, más que una elección, se vive un momento de decisión sobre y entre el futuro y el pasado de Estados Unidos, con implicaciones planetarias.

https://www.youtube.com/watch?v= dWUa7aAIfLE&feature=youtu.be

https://youtu.be/Kgdfxeh0WtE

https://www.youtube.com/watch?v= quSvEOzZqhI

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Domingo, 18 Octubre 2020 05:33

La hora de los militares

La hora de los militares

Desde Rio de Janeiro. Siguiendo el ejemplo de Donald Trump, su guía e ídolo, el brasileño Jair Bolsonaro (foto) miente como quien respira.

Hay que reconocer, sin embargo, que de las tantas promesas disparadas durante la campaña electoral de 2018 dos – y solamente dos – Bolsonaro viene cumpliendo con rigor olímpico.

La primera surgió cuando le preguntaron qué país pretendía construir si fuese electo. “Primero vamos a destruir todo, luego veremos”, prometió. No hay como negar que lo viene haciendo de manera ejemplar, y abarcando todos, absolutamente todos, los campos.

Con menos de dos años su gobierno ataca con formidable ferocidad lo que fue construido a lo largo de décadas. La salud pública, el medioambiente, el patrimonio nacional, la educación, la ciencia, la tecnología y las investigaciones, las artes y la cultura, la economía, los programas sociales, la política externa y la imagen del país en el mundo, empleos, en fin, si más no hizo es porque le faltó tiempo y porque había muchísimo para destruir.

La segunda promesa que Bolsonaro cumple atentamente fue lanzada cuando anunció que tendría como candidato a la vicepresidencia al muy reaccionario general reformado Hamilton Mourão. En aquella ocasión, aseguró que se encargaría de esparcir militares por todo su gobierno.

Bueno: todos los ministros – cuatro – que tienen despacho en el palacio presidencial son militares. De sus 23 ministros, la mitad salió de las casernas, con destaque para un general en activo, Eduardo Pazuello, al frente del ministerio de Salud. Lo primero que hizo fue reemplazar a médicos e investigadores por uniformados. Y hace poco admitió que, cuando llegó al despacho que ocupa, no tenía idea de cómo era el SUS, el Sistema Universal de Salud que ya fue referencia en el mundo y ahora sobrevive a duras penas.

Hay policías militares y militares retirados ocupando puestos clave en instituciones y departamentos creados para protección del medioambiente. Hay uniformados en un sinfín de consejos administrativos de estatales y sociedades mixtas. Ya se perdió la cuenta del número de oriundos de casernas que ocupan puestos de diferentes niveles en el gobierno, pero se sabe que superan a los ocho mil. Siquiera en la dictadura militar que duró de 1964 a 1985 hubo tantos.

Ahora mismo Bolsonaro nombró a tres uniformados para completar los cinco puestos de dirección de la agencia nacional de protección de datos, que trata de todos los habitantes del país. Hay un bien fundado temor de que en lugar de proteger los datos de los brasileños su función sea la de vigilar a cada uno de nosotros.

Augusto Heleno, el ultra-reaccionario general reformado que ocupa el puesto de ministro-jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, admitió, por esos días, que la delegación oficial brasileña que participó de la conferencia cumbre sobre clima realizada el pasado diciembre en Madrid tuvo entre sus integrantes a cinco “agentes de información y seguridad”, o sea, espías. Recibieron carnets que les permitía acompañar todas las reuniones, inclusive las más cerradas. Su misión: observar no solo miembros de Organizaciones no Gubernamentales, pero integrantes de la misma misión oficial que actuasen “contra la imagen del país”. Siquiera en la dictadura militar eso había ocurrido: la tarea les tocaba a funcionaros de las embajadas, conocidos por todos.

Bolsonaro eligió milimétricamente a los militares que esparció por su gobierno. Todos y cada uno de ellos representan lo que de más duro y reaccionario hubo en la pasada dictadura. Los más importantes son admiradores confesos del símbolo principal del horror, el fallecido Carlos Brilhante Ustra, uno de los más sádicos y sangrientos torturadores de los tiempos abyectos. El vicepresidente Mourão, por ejemplo, sigue elogiándolo a todo momento.

Debe de haber, entre los uniformados en actividad, algunos – o a lo mejor muchos – de índole efectivamente democrática. Bolsonaro se esmeró a la hora de evitar a todos y de cada uno de ellos.

Frente a semejante escenario, ¿para qué un golpe militar? Al fin y al cabo, el gobierno ya está militarizado…

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Sábado, 17 Octubre 2020 06:24

Horas de incertidumbre

Manifestante del partido MAS frente al Tribunal Departamental de Justicia en La Paz, Bolivia, el 5 de octubre. XINHUA, MATEO ROMAY

La previa de las elecciones bolivianas

Polarizada y bajo la amenaza de un nuevo ciclo de protestas y represión, Bolivia celebra elecciones generales este domingo 18. Sus habitantes se preparan para lo que pueda ocurrir mientras enfrentan la crisis económica y una avalancha de rumores y noticias falsas sobre lo que sucederá este fin de semana.

Soledad, de 22 años, cuida las tres bolsas de mercado y los quintales de arroz, azúcar y harina que acaba de comprar. Mientras espera que su mamá adquiera otros productos de la canasta familiar, cuenta que llegó temprano al mercado para abastecerse porque «cualquier cosa puede pasar» después de las elecciones nacionales de este 18 de octubre en Bolivia. Como la suya, otras familias hacen compras en la populosa calle Antonio Gallardo de la ciudad de La Paz para aprovisionarse, principalmente, de alimentos secos. Tras la experiencia de los conflictos poselectorales del año pasado, no quieren quedar desabastecidas.

Son las 8 del martes 13 de octubre, y en este sector hay más movimiento que en los días anteriores. Algunas personas hacen fila en la tienda de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos, porque ahí el precio es menor que en otros lugares; otras ya abordan los taxis con varias compras. La harina es el producto más demandado porque, además, restan pocas semanas para la celebración de Todos Santos y los paceños requieren de esa materia prima para hacer los panes que ofrecerán a sus difuntos el 1 de noviembre.

Faltan cuatro días para las ansiadas elecciones nacionales, que fueron pospuestas tres veces debido a la pandemia del coronavirus. Los bolivianos las esperan con mucha incertidumbre porque se trata de un evento sin igual, ya que se realizarán después de la anulación de los resultados de los anteriores comicios a causa de un presunto fraude electoral. El fantasma de los conflictos sociales de 2019 –que duraron 35 días y en los que murieron 35 personas– toma más fuerza. Por ello, las gasolineras también se llenan de automóviles, públicos y privados, que buscan proveerse de combustible. El panorama es similar en los supermercados y mercados de La Paz y de la ciudad de El Alto.

Soledad dice que los conflictos del año pasado la sorprendieron con pocos alimentos y que le afectó el incremento de los precios de productos frescos; por eso, en esta oportunidad, también se surtió de verduras, que almacenará en su refrigerador.

Esta joven, que está en el último año de la carrera universitaria de Bioquímica, espera que no ocurra nada similar a 2019 tras estas elecciones y que los adeptos de las fuerzas políticas acepten el resultado, sea cual sea. Eso sí, quiere que haya un proceso eleccionario justo. Así, piensa que se podría evitar que haya una nueva convulsión social y que actúen las fuerzas coercitivas, algo que el gobierno ya anticipó.

«La presidenta lo ha dicho con claridad: “No se hagan a los vivos”. La Policía Nacional va a actuar, el Ejército va a actuar; nosotros no estamos de adorno», afirmó el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, a inicios de este mes, tras su retorno de Estados Unidos.

POLARIZACIÓN

Wendy Chambi está segura de su voto. Sin dudarlo, dice que apoya a Luis Arce, candidato por el Movimiento al Socialismo (MAS) y exministro de Economía, a quien ya llama presidente. Dice que le gustan sus propuestas de «llevar adelante el país» y asegura firmemente que no desea que Carlos Mesa, el aspirante de Comunidad Ciudadana (CC), asuma la presidencia, porque «endeudará al país».

Ella tiene 32 años y es comerciante de artesanías en plena Ceja de El Alto, uno de los lugares más céntricos y populares de esa urbe. La mayor parte de los pobladores de esa ciudad apoyan al MAS y se levantaron para respaldar a Morales luego de que renunciara el 10 de noviembre del año pasado, tras 14 años en el poder.

Es mediodía y en medio de su puesto de venta de carteras y billeteras de cuero, guantes de lana y llaveros artesanales, Wendy asegura que el MAS ganará en primera vuelta, aunque sea con pocos puntos de diferencia, y que triunfará incluso en el caso de una eventual segunda vuelta.

—¿Y si gana Mesa? –le pregunto.

—No vamos a permitir, porque van a haber más bloqueos, convulsión, marcha. No va a ser normal nuestro país.

Asegura que, aunque gane Mesa en una segunda vuelta, habrá más presencia del MAS en la Asamblea Legislativa, lo que ocasionaría un escenario de ingobernabilidad. Esa posible situación también le causa incertidumbre.

La última encuesta de preferencia electoral, realizada el 11 de octubre y elaborada por la consultora Ciesmori para las redes televisivas Unitel y Bolivisión, coloca a Arce en primer lugar (32,4 por ciento) y a Mesa en segundo (24,5 por ciento), con una diferencia de 8,1 por ciento entre ambos candidatos, lo que significaría una segunda vuelta. Por debajo, y en tercer lugar, se encuentra Luis Fernando Camacho, de Creemos, con 10,7 por ciento. Hubo un 8,6 por ciento de encuestados que no quiso revelar su voto y los indecisos alcanzan el 6,2 por ciento.

Un joven se acerca al puesto de Wendy y pregunta por los llaveros, pero no los compra. La vendedora, quien trae mercadería desde el departamento de Cochabamba, relata que la venta no es como antes. Hasta octubre del año pasado, en un día bueno vendía un valor de 400 bolivianos (57 dólares), ahora sólo llega a 100 bolivianos. Siente que, desde que Jeanine Áñez gobierna el país, la economía entró en crisis y que para revertir esa situación votará por el MAS, al igual que el gremio al que pertenece.

La Federación Gremial de El Alto, uno de los sectores más numerosos –con cerca de 100 mil afiliados– y con mayor poder de movilización en aquella urbe, es aliada del MAS; incluso una de sus representantes es candidata a diputada por ese frente. Su secretario ejecutivo, Rodolfo Mancilla, asegura a Brecha que Arce es la única opción sólida para mejorar la situación del país. «En estos últimos diez meses no hay economía. Estamos fregados. So pretexto de pandemia, nos han encerrado más de 60 días, luego hemos vuelto a salir [a vender], pero la economía ha caído, ya no es igual; estamos obligados a apretarnos el cinturón», afirma.

Mancilla, quien es originario del área rural, como la mayoría de los comerciantes en El Alto, cree que las encuestas mienten y que el MAS ganará en primera vuelta. Para garantizar los resultados, los militantes de ese partido harán control social en todos los recintos electorales.

El dirigente teme que haya un posible fraude, postura que manejan hace algunos meses los líderes del MAS. Desde el mes pasado, Arce viene afirmando que Mesa sólo puede ganar en caso de que haya fraude, y que no confía en el órgano electoral.

Ante ese tipo de afirmaciones, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, explica a Brecha que esa instancia garantiza «la mayor transparencia» en los comicios. Romero señala que se saneó el padrón, se rediseñó la cadena de custodia del material electoral, se reforzaron los sistemas de resultados preliminares y de cómputo, y se garantizó la presencia de cuatro misiones veedoras internacionales y de dos plataformas de organizaciones nacionales de la sociedad civil. «Hacemos una exhortación a la ciudadanía y a todos los actores políticos, sociales y regionales a que acudamos en un ambiente tranquilo», acota.

VOTO ÚTIL

Mientras viaja en una cabina del teleférico Amarillo desde el sur de La Paz hacia Sopocachi, Pati, una joven de unos 35 años, evita hablar de política porque teme que las otras tres personas, que se dirigen a la urbe alteña, se molesten con su posición. Ella votará por CC porque dice que no «hay otra opción» que tenga oportunidad frente al MAS; cree que el partido de Morales ya tuvo su turno de gobernar por 14 años y que el país requiere una renovación.

Son las 19.45 y Pati regresa de su trabajo, en la banca privada, a su hogar. Tras bajar de la cabina, apura el paso para tomar movilidad, pues en La Paz aún hay restricción de circulación desde las 20, a causa de la pandemia. Ya en la calle, dice que Mesa es una persona preparada y que por ello este domingo le dará su voto, aunque admite que se trata de un «voto útil», es decir, para que no retorne el MAS al gobierno.

Aunque espera que este domingo gane Mesa, o que al menos se apunte a una segunda vuelta, Pati dice que, en caso de que ganara el MAS, ella respetará los resultados; sin embargo, no todos los partidarios de CC opinan igual. Muchos de los militantes afirman que, si su candidato no triunfa, saldrán nuevamente a las calles a «defender su voto». Lo mismo piensan los seguidores de Camacho, la opción radical contra el partido de Arce.

Redes de desinformación

Pati, Soledad, Wendy y el dirigente gremial de El Alto tienen algo en común: se informan, principalmente, por las redes sociales. Por ello, la primera asegura que Mesa afirmó públicamente que pedirá dinero prestado del exterior; la segunda, que los masistas se alistan activamente para convulsionar las calles, y el tercero, que el candidato de CC tiene Alzheimer.

«Ahí está la certificación médica, que este señor [Mesa] es un olvidadizo está en las redes sociales», afirma Mancilla con mucha seguridad, pese a que la anterior semana esa información fue desmentida. Y es que una de las características de estas elecciones es que campea la desinformación, principalmente, en las redes sociales. Esto se incrementó a mediados de julio, cuando se reforzaron las campañas políticas.

Adriana Olivera, subeditora de Bolivia Verifica –medio digital que se dedica a la verificación de noticias– explica que los bulos circulan principalmente en Facebook, Twitter y Whatsapp, y que el análisis de las noticias falsas desmentidas por el medio indica que tienen el fin de asustar a la gente. «Desinforman sobre las encuestas, sobre las propuestas políticas, pero también sobre el hecho de que ambos bandos se estén armando de cara a las elecciones.»

Karen Gil
16 octubre, 2020

 

Con el politólogo y sociólogo boliviano Fernando Mayorga

La duda central

Francisco Claramunt

—Por estos días la ONU, la Unión Europea (UE) y la Iglesia Católica manifestaron de forma conjunta su preocupación por el «clima de confrontación política» en Bolivia. ¿Cómo cree que puede influir este contexto en lo que suceda el domingo?

—Ha habido acciones de violencia, más que nada perpetradas por grupos parapoliciales organizados el año pasado, secundando el golpe de Estado contra Evo Morales, y que desde entonces han actuado de manera impune, incluso con el cobijo del gobierno y la Policía. En los últimos días esos grupos atacaron la sede de la Fiscalía General en la ciudad de Sucre. Ha habido también enfrentamientos e incidentes entre simpatizantes del MAS y otras fuerzas, pero han sido muy focalizados. El clima de temor y de violencia proviene más que nada por el riesgo de que los grupos parapoliciales puedan llevar adelante acciones durante y después de las elecciones. Sin embargo, ese ambiente no va a tener efectos inhibitorios en la asistencia a las urnas. Tampoco la pandemia los tendrá, puesto que ahora todos los actores políticos están impulsando la participación. Todo parece indicar que vamos a tener una asistencia mayor al 85 por ciento, el porcentaje histórico en Bolivia en los últimos 20 años.

—Esta semana el ministro de Gobierno instó a la Policía a que el día de las elecciones «vuelva a ponerse del lado correcto de la historia», en referencia al rol de la institución en los sucesos de noviembre. ¿Este tipo de comentarios se trata de exabruptos puntuales o responden a un comportamiento general del gobierno durante la campaña?

—El gobierno es fruto de un golpe de Estado y tuvo como primer objetivo proscribir al MAS y desmantelar su base organizativa. Como parte de esa conducta, la presidenta interina fue, en su momento, candidata para estas elecciones, aprobó una serie de decretos anticonstitucionales –puesto que permitían acusar de sedición a cualquier persona, de manera arbitraria– y encabezó una persecución a militantes sindicales y militantes del MAS. Cuando vino la pandemia y se tomaron medidas como la cuarentena rígida, estas tuvieron un carácter represivo y selectivo, con presencia militar y policial focalizada en lugares donde la población es mayoritariamente leal al MAS. Ahora el gobierno tiene un discurso de apoyo a Carlos Mesa –puesto que es el único que podría forzar una segunda vuelta– y lo acompaña de amenazas. Este martes, el ministro de Justicia dijo que el MAS «va a salir a matar más gente» si pierde. Lamentablemente, el Tribunal Superior Electoral [TSE] no ha llamado la atención a las autoridades por este tipo de intervenciones. Se trata de un gobierno que en 11 meses de gestión no sólo se ha caracterizado por su fracaso total en la lucha contra la corrupción, sino por su desvarío discursivo. La única motivación de su accionar político es la desaparición del MAS, la ilusión de que ese partido no sólo pierda las elecciones, sino que pueda disgregarse en el corto plazo.

—¿Hay garantías de que estas elecciones serán limpias?

—Sí. De la misma forma que lo fueron las del año pasado, que fueron anuladas por denuncias de fraude nunca comprobadas. Era cuestión de tiempo que se revelara que el comportamiento de la misión electoral de la OEA en aquel entonces fue tendencioso y formó parte de una lógica conspirativa. No hubo fraude porque el sistema electoral boliviano tiene varios elementos de resguardo. Ahora, tras lo sucedido el año pasado, se suma la presencia de una multitud de observadores internacionales, sobre todo de la UE. Va a haber mucha atención internacional. Y el TSE –salvo algunas acciones criticables, como las que mencionaba antes– ha tenido en general un desempeño aceptable. Considero que no es conveniente plantear dudas sobre este proceso electoral. Además, dudo de que se dé un resultado que invierta las tendencias de voto que están vigentes ahora.

—¿Ese resultado será respetado por ambos bloques?

—Esa es la duda central. La distancia entre Luis Arce y Carlos Mesa podría ser algo mayor al 10 por ciento. Y si eso no aparece, si la distancia apenas supera ese porcentaje, será decisiva la posición que tomen los rivales de Arce. De la misma manera en la que, si hay una diferencia menor a 10 puntos y hay segunda vuelta, será muy importante la posición del MAS. En ambos casos, el rol de los candidatos y de los líderes va a ser fundamental para que se concluya el recuento y se respeten los resultados. Hay que recordar que el año pasado la crisis empezó a raíz de una especulación en torno a resultados que no eran siquiera preliminares, sino fotografías de las actas. A las 8 de la noche había una diferencia de siete puntos a favor de Evo Morales respecto de Carlos Mesa y este declaró que ya estaba decidida la segunda vuelta. Al otro día la OEA dio un informe muy irresponsable: cuando el recuento estaba en el 95 por ciento de las actas, dijo que por la situación de polarización y por la diferencia muy estrecha –puesto que Evo Morales tenía entonces un 10,3 por ciento de diferencia con Mesa– era recomendable convocar a segunda vuelta. Un acto inverosímil porque nunca se vio que una misión de observación recomendara algo semejante, sin siquiera haberse llegado al recuento final oficial. Allí empezó la espiral que derivó en el golpe. Para este domingo hubiera sido adecuado un compromiso previo de aceptación de los resultados si es que no se pueden probar irregularidades, pero no lo hubo y ahora estamos con ese riesgo. Existe un contraste entre la amplia participación y confianza de la población, y el riesgo de que alguno de los sectores ponga en cuestión el resultado.

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Más de 3.000 chilenos sufrieron violaciones de DDHH durante las protestas de 2019

Informe a casi un año del estallido social en Chile

Se presentaron 2.520 querellas contra agentes de seguridad en todo el país, según un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Las víctimas denuncian que siguen estancadas las causas judiciales contra miembros de las fuerzas de seguridad.

 

Más de 3.000 chilenos sufrieron violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social del año pasado, según un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile. Además se presentaron 2.520 querellas contra agentes de seguridad en todo el país, explicó el director del organismo Sergio Micco. También dijo que el objetivo de la investigación es llegar a la verdad para que no se repitan estos hechos. A casi un año del estallido social del 18 de octubre las causas judiciales contra miembros de las fuerzas policiales chilenas siguen estancadas. Las víctimas exigen justicia y que avancen las investigaciones. A su vez, el 25 de octubre tendrá lugar el plebiscito donde los chilenos podrán decidir la modificación o no de la Constitución sancionada durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Información para llegar a la Verdad

El INDH reveló que durante las protestas hubo 3.023 víctimas de violación a los Derechos Humanos. De ese total 1.810 fueron hombres, 621 mujeres, 336 niños y adolescentes varones, 132 niñas y adolescentes mujeres, y 124 los calificó como “otros”. Además el organismo resaltó que 163 personas sufrieron trauma ocular. De ese número 110 tuvieron algún tipo de lesión en el ojo y 32 presentaron pérdida de la visión por “trauma irreversible”.

En cuento a las querellas el INDH destacó que 2.340 fueron dirigidas contra efectivos de Carabineros, 97 contra militares del ejército, 34 contra integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI) y 49 a “otros”. El organismo detalló que sólo se formalizaron 31 causas y se imputaron a 72 involucrados en violaciones a derechos fundamentales. La Región Metropolitana, a la cual pertenece Santiago, fue el principal centro de protestas en todo el país y también donde se presentaron 986 de las querellas. Le sigue la región del Biobío, cuya capital es Concepción, con 248. La tercera región con más querellas fue la de Los Ríos con 158.

Al momento de presentar el informe Micco señaló la importancia de avanzar en las investigaciones de estos casos. "Si no sabemos qué ocurrió ni por qué ocurrió, difícilmente podremos saber cómo no repetir esto", sostuvo el abogado. Además indicó que su trabajo debe ser la base para una reunificación del pueblo chileno. "El camino de la verdad, justicia, reparación y de garantías de no repetición es para encontrarnos”, dijo el académico. El INDH también presentó un mapa online de libre acceso donde ubicaron cada uno de los casos, informó la jefa de la Unidad de Estudios y Memoria del organismo Diana Rodrigo. “Lo que aquí se describe no es todo lo que sucedió en el marco de la crisis social. Pero se muestra lo que efectivamente ocurrió, permitiendo responder tres preguntas básicas: quién, cómo y dónde”, explicó Rodrigo.

El INDH es una de las principales organizaciones que denuncia el accionar represivo de fuerzas de seguridad desde el inicio de las manifestaciones sociales del año pasado. Su financiamiento proviene del Estado, sin embargo no depende del poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. El ente se define como independiente y autónomo. Está integrado por 11 personas de reconocida trayectoria en el ámbito de los Derechos Humanos que permanecen en su cargo por un período de seis años.

Para Micco las cifras del informe hablan por sí solas. Sin embargo manifestó que los avances realizados en la investigación no son suficientes. Durante la Asamblea General de la ONU de septiembre pasado, el presidente de Chile Sebastián Piñera aseguró que su gobierno buscaría esclarecer los hechos. “Haremos todos los esfuerzos para que no haya impunidad. Ni para los que vulneran los Derechos Humanos ni para los violentistas", sostuvo el mandatario. Sin embargo el director del INDH señaló aún no hubo acciones concretas. "El compromiso de que no va a haber impunidad se expresa aumentando los recursos para el sistema procesal y con la reforma integral del cuerpo de Carabineros", sostuvo el abogado. Pero señaló que ninguna de las dos ocurrieron hasta ahora.

El lento camino de la Justicia

Entre las razones de los escasos avances judiciales, Micco destacó los problemas estructurales del sistema procesal chileno. Según el funcionario hay un bajo nivel de eficacia e insuficiente respuesta del gobierno a la sobrecarga del sistema, que se agravó con la pandemia de la covid-19. Desde la llegada del coronavirus al país austral en marzo pasado, se redujeron a un tercio las audiencias judiciales, lo que detuvo aún más las investigaciones. Miles de denuncias contra las fuerzas de seguridad siguen sin resolverse un año del estallido social.

Pasaron casi 12 meses desde que el estudiante ecuatoriano Romario Veloz fue asesinado durante una manifestación en La Serena, al norte de Chile. Recién en los últimos días la Fiscalía solicitó la formalización de un capitán del ejército. Se lo acusó como presunto responsable de ordenar los disparos que acabaron con la vida de Veloz. La madre del joven Mery Cortez describió la odisea que está pasando su familia. "Yo pensé que con la muerte de mi hijo terminaba la historia, pero recién ahí fue cuando empezó mi calvario", reconoció Cortez. La lentitud judicial la llevó esta semana a tomar medidas extremas. La mujer marchó hasta el Palacio de La Moneda, la sede del gobierno chileno. Allí se desnudó para mostrar un mensaje que llevaba pintado en el pecho: "Justicia para Romario". "Cayó un herido antes que él. Debieron haber cesado el fuego, pero siguieron disparando y le tocó la parte más fea a mi hijo", lamentó Cortez.

Para Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), la pandemia es una excusa para la inacción judicial. "Históricamente las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos cometidas por Carabineros se investigan poco", dijo Guevara. Varias organizaciones plantearon la necesidad de emplear recursos especiales para reforzar la PDI, el único cuerpo policial encargado de indagar este tipo de delitos. Además pidieron aumentar los recursos del Ministerio Público.

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Las consecuencias de la dolarización en países latinoamericanos

16.10.20 - Algunos economistas ven a la dolarización como una solución efectiva ante una hiperinflación, pero esta medida puede implicar un enorme costo social, dependencia política y hasta crear vulnerabilidades económicas.

Ecuador, Panamá y El Salvador fueron dolarizados en diferentes escenarios, mientras que Argentina y Venezuela practican una dolarización espontánea.

Varios analistas económicos consultados por BBC Mundo coincidieron en que la dolarización, considerada erróneamente como una fórmula mágica para solucionar la devaluación de la moneda local y la inflación a niveles incontrolables, es una receta llena de ventajas y desventajas que no garantiza efectos positivos en los países que la adoptan.

Según el economista Pablo Dávalos, esta medida puede causar efectos negativos a largo plazo porque se ha visto en la práctica que "la dolarización ha provocado estabilidad monetaria, pero con un costo social gigantesco".

Panamá

En 1904, este país decidió tener dos monedas nacionales, el dólar y balboa, pero con el tiempo esta última, si bien continúa vigente, ya no se imprimen billetes y casi no se la utiliza.

Cuando este país optó por esta medida, EEUU tenía el control del canal de Panamá y ahora esta nación es conocida por ser el paraíso fiscal donde varios políticos y personalidades realizan lavado de dinero.

Según Dávalos, la dolarización logró que "Panamá se convierta en un paraíso fiscal donde tienen sus cuentas los mafiosos del mundo".

Ecuador

Adoptó la dolarización en enero del año 2000 cuando la hiperinflación que había alcanzado el 96% y su moneda nacional, el sucre, se había devaluado.

Esta medida provocó masivas protestas que derivaron en una crisis política irreversible y le terminó costando la salida del Gobierno al presidente de ese entonces Jamil Mahuad.

Si bien la dolarización consiguió evitar una devaluación profunda y repentina, esto no evitó que el país atraviese por serios problemas económicos que siguen vigentes.

La economista Gabriela Calderón considera que la crisis económica de Ecuador se debe a un déficit fiscal de unos 8.000 millones de dólares y no tiene nada que ver con la moneda que usa el país.

Es cierto que la dolarización pudo detener la inflación, generar la estabilidad de precios y proteger los ahorros de las personas, pero esta medida también provocó la distorsión en los sistemas de precios internos y destruyó la industria local impidiendo la generación de empleos y la industrialización.

El Salvador

En 2001 este país se dolarizó para cumplir con una condición que imponía el Tratado de Libre Comercio con EEUU para eliminar los aranceles aduaneros de ambos países.

Entonces, para proteger sus intereses económicos optó por la implementación de dos monedas nacionales, el colón y el dólar. Al igual que en Panamá, la moneda local dejó de circular y el dólar se transformó en la única moneda utilizada en el país.

"La dolarización provocó un efecto de estabilidad de precios y redujo los costos de las transacciones internacionales", explicó el economista Pablo Dávalos.

No obstante, esta medida tuvo un costo social enorme que se está pagando con el dolor de los migrantes al convertirlos en "el principal producto de exportación", pues este país vive de las remesas que son enviadas por los salvadoreños que viven en el extranjero.

Argentina y Venezuela

Si bien estos países no optaron por la dolarización, practican una dolarización espontánea debido a la devaluación que continúan sufriendo sus monedas nacionales en medio de las crisis económicas que enfrentan.

En Argentina, la moneda nacional sufre devaluaciones cada vez que la situación económica se complica, por eso la gente busca en el dólar una protección a su dinero. Mientras que en Venezuela la dolarización es practicada de manera informal y cada vez hay más dólares que bolívares en circulación.

En todos los casos de dolarización, los economistas observan esta medida hace vulnerable a la economía de un país porque no puede defenderse de algún shock externo, ya que no es posible ajustar el tipo de cambio para amortiguar el impacto de los ciclos económicos. Además, los hace dependientes de las decisiones político-económicas que toma EEUU, sin mencionar que el consumo se vuelve inaccesible para gran parte de la población y se consolida la desigualdad que ya es un problema estructural latente en varias naciones.

 

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Sábado, 17 Octubre 2020 05:57

Lucha de clanes

Lucha de clanes

 

El tercer cambio violento de jefe de Estado, desde que formalizó su salida de la Unión Soviética, acaba de consumarse en la república centroasiática de Kirguistán con la dimisión forzada del presidente Sooronbai Dzheenbekov y la concentración del poder en manos de Sadyr Dzhaparov, el nuevo primer ministro sacado de la cárcel por sus seguidores.

La enésima revuelta ahí estalló cuando el partido del hermano del entonces presidente y otra formación ligada a los hermanos Matraimov (ahora caídos en desgracia) obtuvieron casi todos los escaños del Parlamento, dejando fuera a 12 partidos de oposición, que movilizaron a sus seguidores y, tras un día de disturbios, lograron la anulación de las elecciones.

El caos se apoderó del país con un mandatario que se resistía a renunciar y una oposición dividida en dos grandes bloques, liderados por dos políticos recién liberados de prisión, el ex presidente Almazbek Atambayev y el ex diputado Dzhaparov. La balanza se inclinó hacia este último al alinearse con él los titulares de los ministerios del Interior, Defensa y Seguridad del Estado, que volvieron a encarcelar a Atambayev y a su candidato a primer ministro, Omurbek Babanov, acusados de organizar los disturbios.

El nuevo líder del Parlamento, Kanat Isayev, declinó ser presidente en funciones y, por ley, el tercero en la línea de sucesión temporal, el premier Dzhaparov, se proclamó como jefe de Estado interino y será el encargado de llevar a cabo las elecciones parlamentarias y presidenciales entre noviembre y enero del año entrante.

Las montañas dividen Kirguistán por la mitad y, desde hace siglos, es gobernado por los clanes del norte y el sur, que se disputan el poder y pactan entre ellos quién debe asumir las riendas del país. Así, el norteño Askar Akayev gobernó de 1990 a 2005, cuando lo derrocó el sureño Kurrmanbek Bakiyev, a la vez depuesto cinco años después por el norteño Almazbek Atambayev, que apoyó como sucesor al sureño Dzheenbekov y terminó en la cárcel.

Ahora, Dzhaparov afronta un complicado desafío: paliar la crisis económica que afecta a la empobrecida población que apenas subsiste con las remesas de sus trabajadores en Rusia y repartir los ingresos que llegan de Moscú y Pekín entre los clanes que lo respaldan, con una nueva revuelta siempre en el horizonte.

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Salvador Cienfuegos Zepeda estuvo al frente de la SEDENA con EPN de 2012 al 2018 (Foto: FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM)

El canciller Marcelo Ebrard confirmó que fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles, versiones extraoficiales señalan que los cargos en su contra son por narcotráfico en su modalidad de distribución

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el ex Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), el general Salvador Cienfuegos Zepeda, fue detenido en el Aeropuerto de Los Ángeles, California.

“He sido informado por el Embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Angeles, California”, refirió el canciller sobre quien estuviera al frente de la SEDENA con Enrique Peña Nieto.

La revista Proceso, Milenio y el periodista Víctor Hugo Michel confirmaron que Cienfuegos Zepeda está acusado de cargos por narcotráfico y el caso está radicado en Nueva York, pues en esta ciudad habría llegado la droga que el general en retiro colaboró para distribuir. El proceso radica en la misma Corte donde fue enjuiciado Joaquín el Chapo Guzmán y actualmente se desarrollan las acusaciones contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón.

El periodista Víctor Hugo Michel reportó que fue la Administración de Control de Drogas (DEA) quien ordenó la detención del ex funcionario. Aunque ninguna autoridad ha dado más detalles. . Se trata del primer funcionario de este rango que en la historia de México fue detenido en EEUU por cargos de narcotráfico.

En su cuenta de Twitter, Ebrard agregó que ofrecerá más información en las próximas horas sobre este hecho.

“La Cónsul en Los Angeles me estará informando próximas horas de los cargos. Ofreceremos la asistencia consular a la que tiene derecho. Les mantengo al tanto”, agregó el titular de la SRE.

“Si lo detuvieron por petición de la DEA es porque ya hay una acusación sólida sobre eso, hay que esperar porque sin duda tiene múltiples implicaciones”, dijo a Infobae México, Carlos Rodríguez Ulloa, consultor y analista del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A.C. (Casede).

Aunque se trate de un ex secretario de la administración anterior, el analista aseguró que tiene varias repercusiones, la principal tiene que ver con el prestigio de las fuerzas armadas, “porque esto no sólo es un tema de Secretaría de Marina (Semar) o Sedena sino de las fuerzas armadas de México. En segundo plano, empodera al ala civil de la administración pública actual porque esta detención se da en una coyuntura donde se estaba disputando el papel de los militares en seguridad pública, evidentemente este es un golpe que mina la credibilidad institucional”.

Señaló que otra variable es cómo lo tomará el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto a la cercanía con las fuerzas armadas, “pero sin duda es un elemento que tienen múltiples repercusiones en la vida política nacional”.

Cabe destacar que la detención del ex secretario de la Defensa Nacional es sorpresiva, pues no se tenía conocimiento de investigaciones o delitos que le involucraran, aunque tendrá la asistencia consular correspondiente, de acuerdo con Ebrard.

Ante el arresto, algunos políticos se han apresurado a señalar el vínculo con Peña Nieto y posibles delitos, por ejemplo, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña. Pero otros han apelado a la prudencia, pues se desconocen los cargos.

“Esta información nos agarró indudablemente de sorpresa a todos, nadie sabía nada de esto. Pero antes de apresurarnos a comentar más, debemos saber de qué tipo de delitos se le pueden imputar. Mientras tanto, yo quiero reconocer a las Fuerzas Armadas, que son una institución muy respetable y reconocida”, dijo el senador Salomón Jara, de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), integrante de la comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte.

Raúl Benítez, analista en temas de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que primero la DEA tendría que aclarar oficialmente la razón de su detención y si ya tiene algún caso en su contra o su arresto es para iniciar una investigación en su contra.

“Todos los generales deben estar muy asustados sin saber cómo reaccionar y yo creo que les va a bajar el empoderamiento de imagen que tienen de ellos mismos”, aseguró el analista.

Sobre la posible reacción del presidente López Obrador, el analista señaló que es mejor que se abstenga de emitir algún comentario hasta que no se conozca a fondo cuáles son las acusaciones y aseguró que es el primer militar de este nivel que es arrestado en el país.

El diputado Felipe Macías Olvera, del PAN (Partido Acción Nacional), coincidió en lo sorpresivo de la noticia y dijo que es algo muy grave, pues se trata de quien fuera titular de una de las instituciones prestigiosas y respetadas.

“Al mismo tiempo, reconocemos la seriedad con que las autoridades de Estados Unidos trabajan, esperemos también a que se confirme que se trata de la DEA la que solicitó la captura”, añadió Macías Olvera quien pidió respeto al debido proceso y no hacer especulaciones por la presunción de inocencia.

Acerca de la asistencia consular, Macías Olvera precisó que no se trata de que las autoridades ayuden en la defensa de Cienfuegos Zepeda, sino que se trata de cosas como proporcionar intérpretes y facilitar la comunicación entre el detenido con su familia o las personas que considere cercanas.

Sobre si esta detención afectará la imagen de las Fuerzas Armadas, espera que no. “Creo que el prestigio va más allá de una sola persona, hoy por hoy la ciudadanía tiene plena confianza en la labor del Ejército, eso trasciende más que una persona”; finalizó.

Salvador Cienfuegos Zepeda estuvo al frente de la SEDENA desde el 1 de diciembre de 2012 al 30 noviembre 2018. Ingresó al ejército el 23 de enero de 1964 y actualmente tiene 72 años, según su perfil oficial. Se graduó del Colegio Militar en 1967, a sus 19 de edad. Llegó al máximo grado en su carrera al obtener las cuatro estrellas de general Secretario de la Defensa Nacional.

Anunció su retiro de las fuerzas armadas durante la ceremonia de Entrega y Recepción de la secretaria de la Defensa Nacional el primero de diciembre del 2018.

El 20 de septiembre del 2018 fue premiado en Washington por el Centro para Estudios de la Defensa Hemisférica William J. Perry.

15 de Octubre de 2020

Por Manuel Gonzáles y Juliana Fregoso


Salvador Cienfuegos, el encubridor de crímenes de lesa humanidad

Rosalía Vergara 16 octubre, 2020

 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda (2012-2018), jugó un papel importante en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en la matanza en Tlatlaya y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Con 72 años de edad, el extitular de la Sedena detenido hace unas horas en Estados Unidos, comenzó su carrera en el Ejército el 23 de enero de 1964. Cursó sus estudios en el Colegio de la Defensa Nacional y obtuvo el grado de Maestro en Administración Militar para la Seguridad y la Defensa Nacional y cursó estudios de licenciatura en la Escuela Superior de Guerra.

Nació el 14 de junio de 1948 en la Ciudad de México e ingresó la Ejército el 23 de enero de 1964. Estuvo activo durante 54 años.

Fue oficial mayor de la Sedena, inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea, comandante de la VII Región Militar en Chiapas, comandante de la I Región Militar en la Ciudad de México, comandante de la IX Región Militar en Guerrero, comandante de la V Región Militar en Jalisco, comandante de la 15/a Zona Militar en Jalisco, comandante de la 14/a Región de Infantería de Jalisco.

También fue subjefe de Doctrina Militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional, subdirector general del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos y jefe de la Sección Tercera del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Se desempeñó como director del Heroico Colegio Militar, como director del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, comandante del Cuerpo de Cadetes del Heroico Colegio Militar y jefe de la Sección Pedagógica del Heroico Colegio Militar.

Obtuvo Condecoraciones de Perseverancia institucional, extraordinaria, especial, de primera hasta quinta Clase, de Perseverancia por la patria, al Mérito facultativo de primera y segunda Clase, al Mérito Docente y Legión de Honor.

El 20 de septiembre del 2018, en el ocaso de su mandato y en medio de escándalos y acusaciones de flagrantes violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas de México, Cienfuegos Zepeda, como titular de la Sedena, recibió en Washington un premio por su “liderazgo en la defensa hemisférica”.

Otorgada por el Centro para Estudios de la Defensa Hemisférica William J. Perry por su contribución a la seguridad estratégica del continente, la presea le fue entregada por Sergio de la Peña, subsecretario de Defensa Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los escándalos de Cienfuegos

La madrugada del 30 de junio de 2014, ocho militares del 102 Batallón de Infantería, a bordo de un vehículo oficial, circulaban por la carretera Dederal número 2. Habían sido incorporados por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente Enrique Peña Nieto, al Operativo “Seguridad Mexiquense” para combatir al narcotráfico.

Esa noche se detuvieron en una bodega en obra negra, sin puertas, en la comunidad San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México. Se registró un enfrentamiento entre militares y personas armadas que, según versiones, se rindieron.

Sin embargo, casi al amanecer, más militares llegaron al lugar, obligaron a los detenidos a hincarse, decir su apodo, edad y ocupación antes de ejecutarlos. Se contaron 22 cuerpos, según versiones de testigos de los hechos.

Cienfuegos Zepeda trató de ocultar un crimen de lesa humanidad, pero las presiones del gobierno de Estados Unidos lo orillaron a admitir que los militares a su cargo cometieron graves actos contra el derecho humano internacional.

Desde el teniente encargado hasta Cienfuegos Zepeda ocultaron las ejecuciones extrajudiciales, y aunque después aceptó que los militares cometieron exesos, no quiso investigar ni castigar a los responsables, solo removió al comandante del Batallón, el coronel Raúl Castro Aparicio, y le quitó mando operativo al comandante de la 22 Zona Militar, el general de brigada José Luis Sánchez León.

En cuanto a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, aunque no existe aun evidencia clara sobre la participación de miembros del Ejército durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, cuando policías municipales desaparecieron a los estudiantes, Cienfuegos Zepeda hizo una defensa intensa del 27 Batallón de Infantería destacado en Iguala, pues no estuvo de acuerdo en que fueran interrogados como recomendó la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en 2015.

“No me queda claro ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito. ¿Qué quieren saber? ¿Qué saben mis soldados? Está todo declarado. Yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales, los quieran interrogar para posteriormente hacer sentir que tienen algo que ver y no apoyarlos”, alegó entonces.

(Con información de Jorge Carrasco Araizaga y Jesús Esquivel)

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Dos semanas de protestas en Costa Rica contra el plan del ajuste del Gobierno y el FMI

La relativa calma de Costa Rica se rompió hace más de dos semanas, con protestas, marchas y bloqueos en casi todo el país que han obligado al Gobierno de Carlos Alvarado a retroceder en su acuerdo con el FMI. Nada indica que la situación vuelva a la “normalidad” deseada por el gobierno, todo lo contrario, existen una tensa situación y un clima de agitación social y política.

 

Desde el pasado 30 de septiembre, el país está envuelto en marchas en la capital así como protestas y bloqueos en decenas de rutas y poblados en el interior del país y puestos fronterizos estratégicos, en los que cada día han venido participando cientos y miles de personas. El foco central ha sido contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sus medidas de ajuste, que el gobierno de Carlos Alvarado buscó implementar en acuerdo con las cámaras empresariales. Alvarado, por la fuerza de las protestas, el 4 de octubre, se vio obligado a retroceder suspendiendo el acuerdo con el organismo internacional, por el momento.

Transcurridas las semanas nada indica que la situación en el país centroamericano vuelva a la calma, o por lo menos las cosas no tendrán la pasividad en que venían transcurriendo. Luego de meses de las restricciones por la pandemia en los que el gobierno nacional aprovechó para avanzar en una serie de medidas antipopulares como autorizar los despidos, los contratos parciales y las reducciones salariales, todo para seguir garantizando los negocios de los capitalistas y las corporaciones financieras, y el empobrecimiento mayor de sectores de la economía informal, la clase trabajadora y mayorías populares dijeron basta. Es de recordar que hace apenas dos años, en el 2018, el país se vio sacudido por importantes movilizaciones nacionales que culminaron en una huelga general contra el paquete de medidas de ajuste fondomonetarista.

Desde mediados de septiembre el Gobierno estaba en negociaciones con el FMI para poder acceder a un préstamo de US$1.750 millones con el supuesto argumento de “estabilizar las finanzas del país”, pero todo dentro de un plan en el que se estarían acordando privatizaciones (“venta de activos” como elegantemente le gusta decir), reducir el “gasto público” (léase recortes las instituciones públicas así como en sectores esenciales como educación y salud, presupuestos para la vivienda del pueblo pobre, despidos en el área pública, etc.), y explícitamente con el objetivo de garantizar los negocios de los empresario en un país donde gran parte del presupuesto se va en pagar la deuda externa y donde grandes empresarios no pagan impuestos o encuentran miles formas para evadirlos con la vista gorda del Estado, o donde grandes empresas transnacionales ubicadas en las zonas francas no pagan un solo centavo de impuestos.

En estas dos semanas la tensión ha venido en aumento con enfrentamientos entre policía y manifestantes, con un balance de más de un centenar de heridos y otras tantas personas detenidas. Buscando destrabar la situación, en los últimos días el Gobierno ha implementado una estrategia de negociar con los representantes de cada zona, donde en algunas áreas tienen reclamos particulares, pero al mismo tiempo que los reprime.

A la par de esto, y luego de un marcha atrás “por ahora” del acuerdo con el FMI, el pasado domingo, Carlos Alvarado, y el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, convocaron a un proceso de “diálogo multisectorial”, pero donde se seleccionan con quienes se sentarán a negociar. Pero aún esto está lejos de conseguir la calma que buscan pues los que realmente están en las calles no están presentes en dicha “mesa de diálogo”, y más que todo busca una especie de “consenso nacional”, esperando que pase el peor momento e intentar nuevos ajustes apenas la correlación de fuerzas lo permita.

Una crisis económica, alto desempleo, desigualdad social y aumento de la pobreza

La economía de Costa Rica atraviesa por uno de sus peores momentos de los últimos 40 años, con un déficit fiscal para este año que el gobierno prevé que sea cercano al 10% del Producto Interno Bruto, una deuda del 70 % del PIB y una caída económica del 5% del PIB. La pandemia de covid-19 no hizo más que agudizar esta crisis en un país donde el turismo es uno de sus principales ingresos y que vio cómo el desempleo se disparó del 12% al 24% en pocos meses y tras la llegada del coronavirus producto de las políticas gubernamentales, alcanzando niveles más alarmantes entre la juventud y las mujeres trabajadoras.

De los 11,4 billones de colones que el Gobierno presentó de presupuesto para 2021, 4,8 billones son para pagar deuda y 2,1 billones de colones corresponden exclusivamente a intereses de deuda. A la vez 54,9% del presupuesto del gobierno tiene como fuente la deuda. De tal manera que se adquiere deuda para pagar más deuda, a los mismos organismos financieros internacionales, y a costas de los intereses apremiantes del pueblo trabajador costarricense.

En Costa Rica los niveles de informalidad son altos, existiendo también una desigualdad bastante alta agravada durante los largos meses de la pandemia, con fuertes aumentos en los niveles de pobreza. Así, y de acuerdo a informaciones oficiales que fueron publicados este jueves, la pobreza en Costa Rica se incrementó en 5,2 puntos porcentuales para situarse en el 26,2 % en el 2020, la cifra más alta que se ha registrado desde el año 1992. La Encuesta Nacional de Hogares, aplicada en julio pasado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), detalla que el 26,2 % de pobreza equivale a 419.783 hogares, para un aumento de 83.888 con respecto al 2019, año en que el porcentaje fue de 21 %.

La pobreza extrema en el 2020 alcanzó el 7 %, es decir 112.987 hogares, lo que supone un incremento de 1,2 puntos porcentuales con respecto al 2019 cuando fue del 5,8 % o 93.542 hogares. En la zona urbana la pobreza llegó al 26,4 % y en la rural al 25,5 %, lo que supone incrementos de 6,6 y 1,3 puntos porcentuales, respectivamente, con respecto al año pasado. Según el organismo oficial, la subida de la pobreza ha sido provocada por la caída del 12,2 % en los ingresos de los hogares. En cuanto al concepto de salario, la caída fue del 13,8 %, y en los ingresos independientes del 35 %, a causa de los cierres de actividades económicas que se implementaron durante la pandemia de la covid-19.

El curso de las protestas contra el FMI y contra las políticas gubernamentales

Uno de los sectores que dieron inicio a la ola de bloqueos y protestas fue el llamado Movimiento Rescate Nacional (MRN) aprovechando el descontento por abajo, sobre todo en los sectores de interior del país y zonas rurales, pequeños productores agrarios, pobladores de pequeñas ciudades, pero que también tenía por atrás a importantes sectores del campo como la cámara del arroz, para solo poner un ejemplo.

Los dirigentes del MNR arrancaron con demanda general de “no más impuestos” (misma que hasta ese momento impulsaba la derecha opositora al plan del gobierno y fuertes grados de nacionalismo) y contra FMI, buscando englobar tanto a sectores populares o pequeños productores golpeados por la situación como con determinados sectores de empresarios que se niegan a los impuestos; de allí que, con un matiz populista de parte de una dirección que representa a un sector patronal, como lo expresa su principal portavoz José Miguel Corrales, en las protestas se colaban también posiciones negacionistas ante la pandemia y carteles contra el “socialismo”, como si el Gobierno del PAC tuviera algún atisbo de esto.

Pero la situación se fue agudizando por el fuerte descontento por abajo, siendo que el movimiento que se había despertado amenazaba desbordar a la dirección del MRN, y de tal manera que, uno de sus principales dirigentes, José Miguel Corrales, un octogenario dirigente político oriundo del clásico partido patronal PLN (Partido Liberación Nacional) llegó a pedir el cese de los bloqueos y hasta llegó a pedir disculpas ante la magnitud de la movilización y la preocupación de que la situación se le fuera de las manos.

Es que comenzaron a desatarse fuerzas que no podían controlar, al tiempo que los principales sindicatos nacionales comenzaban a protagonizar importantes marchas sobre todo en la capital del país llevando a que la clase trabajadora costarricense entrara en la escena política nacional, pudiendo tejerse una gran alianza obrera y popular. Una situación a la que le teme el Gobierno de Alvarado y que le hacía recordar las grandes movilizaciones del 2018, pero también asustaba a la dirección del MNR.

Es que sectores de trabajadores y trabajadoras, agobiados por los padecimientos de la situación agravados durante la pandemia, han estado en diversos puntos de bloqueo, con fuerte presencia de sectores populares y pequeños productores. La pandemia ha significado un deterioro muy grande en las condiciones de vida de millones de personas trabajadoras y sus familias, despidos, suspensiones y reducciones salariales para empleados públicos; acoso y ajuste para los trabajadores tanto públicos como privados.

Por ello es que frente a esta situación las organizaciones sindicales más importantes del país llamaron a la movilización, siendo que durante buena parte de la pandemia dejaron pasar los despidos. Se tenían que reubicar frente al descontento que existe en el país. Así el pasado martes 6 de octubre, convocaron a una importante marcha en la capital del país, recorriendo una de las arterias más importantes de San José, el Paseo Colón hasta llegar a la Asamblea Legislativa. Ahora las consignas no eran solamente de “no más impuestos” en general, sino de que los ricos y las grandes empresas se les impongan impuestos y que se exima al pueblo de más gravámenes como el reaccionario impuesto al IVA, además de Fuera el FMI, contra los ajustes y las privatizaciones.

Pero a pesar de los llamados a levantar los bloqueos por parte de algunos dirigentes del MNR, el descontento en el interior sigue su curso, y si se empiezan a levantar no es por falta de energías sino por el papel de esta dirección. Fue lo que se observó en la marcha en la capital del país convocada por el MNR y que desembocara en la Casa presidencial, el pasado lunes 12 de octubre, donde el Gobierno de Carlos Alvarado a través del Ministro de Seguridad, Michael Soto, ordenaron la represión, donde resultaron heridas varias personas y por lo menos 30 detenidos. Se habló incluso de infiltración por parte de la propia policía nacional.

Como señalara Esteban Fernández, dirigente de Organización Socialista (organización integrante de la FT-CI), “un Gobierno que reprimiendo intenta ganar lo que ha perdido en el campo político. La orientación hacia el FMI está siendo duramente cuestionada en la calle y seguramente habrá un cuestionamiento más profundo aún en los próximos meses”. Además señaló “totalmente esperable la infiltración de parte de los cuerpos policiales, lo vienen haciendo de tiempo atrás.”

Este miércoles los sindicatos APSE, UNDECA y ANDE se concentraron frente al Aeropuerto Juan Santamaría, luego de realizar caravanas desde la cercana ciudad de Alajuela y de San José. Para este lunes 18 de octubre se esperan nuevas movilizaciones mientras algunos bloqueos continúan en el interior. Los sindicatos planean nueva marcha en San José, la capital del país. Así lo hicieron saber representantes sindicales de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).

Como indica también Esteban Fernández, en Costa Rica “es fundamental mantener la pelea, ampliarla y consolidarla, para ello se hace necesario organización. Por eso es que es necesario que las organizaciones sindicales convoquen a un Encuentro Nacional de Trabajadores llamando a los sectores populares, donde se pueda unificar un pliego de reivindicaciones de conjunto de la clase trabajadora y el pueblo pobre, así como un plan nacional de acciones contra las medidas de Alvarado y los partidos patronales.” Se hace necesario más que nunca una gran movilización nacional ya de la clase trabajadora y los sectores explotados como parte de un plan de lucha levantando un programa para que sean los ricos y los empresarios los que paguen la crisis y para derrotar los planes del Gobierno y del FMI.

Por Milton D'León

Caracas @MiltonDLeon

Jueves 15 de octubre | 23:45

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“Guerra” y “Paz” en el lenguaje paramilitar

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de dejar constancia ante el país y el mundo sobre los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte del paramilitarismo que sigue actuando a sus anchas en nuestra región sin ser molestado por ninguna autoridad competente, pues cuenta con su apoyo económico y político, lo que los hace fuertes para someter al campesinado a sus proyectos.

Desde el pasado 14 de septiembre está activa una campaña calumniosa,  difamatoria y ultrajante contra nuestra Comunidad de Paz, pues ese día comenzó a circular por WhatsApp un panfleto titulado “No te queremos comunidad de Paz”, que busca explícitamente colocar al campesinado de la zona en contra nuestra. Según se deduce de uno de sus párrafos, el panfleto se origina en las Juntas de Acción Comunal de las veredas Mulatos Medio y Mulatos Cabecera, pues el redactor o redactores invitan a funcionarios del gobierno a visitar esas sus veredas.

Aunque el panfleto haya sido redactado, según se deduce del texto, por campesinos miembros de juntas comunales, el contenido no deja ninguna duda de su origen paramilitar y militar. Hace ya varios años que el ejército y otras instituciones estatales vienen cooptando a varias juntas comunales para que se integren a la estrategia paramilitar de control de la región. Esto se hizo muy explícito cuando nuestra Comunidad de Paz cumplió sus 20 años de existencia, en marzo de 2017: en esos días el comandante de la Brigada 17 invitó a miembros ya cooptados de juntas comunales para que calumniaran a nuestra comunidad ante las delegaciones internacionales que pidieron una cita en la Brigada con ocasión del aniversario. Ante tan perversa actitud, las delegaciones extranjeras se retiraron de la reunión ofendidas. Se descubrió entonces con claridad que al desmovilizarse las FARC, los paramilitares querían controlar la totalidad del territorio, como de hecho lo han logrado, colocando “puntos” de espionaje y control en cada vereda, con total anuencia de la fuerza pública y demás instituciones del Estado.

Pero lo que más revela el origen paramilitar/militar del panfleto es su contenido: tratan de presentar la situación de la región como un remanso de paz, para lo cual tienen que ocultar la red de espionaje que han montado para controlar toda la vida de los pobladores a través de “puntos” instalados en cada vereda; tienen que hacerse los de la “vista gorda” sobre la circulación permanente de armados en motos por la carretera entre San José y Apartadó; sobre los impuestos ilegales que están cobrando; sobre las normas que les imparten a los pobladores en las reuniones que convocan, prohibiéndoles usar sus fincas para sus cultivos alimentarios e imponiéndoles modelos de “desarrollo” o de “progreso” que a la larga los van arruinar y a desplazar; tienen que esconder las amenazas permanentes a quienes no se someten a sus planes, así como las listas de gente para matar y las muertes que ya llevan a sus espaldas; tampoco mencionan allí los grupos de civiles con armas largas y cortas que patrullan las veredas, muchas veces con uniformes de camuflaje, y menos la convivencia permanente y amistosa entre los líderes paramilitares y las unidades de fuerza pública en el caserío de San José. Esconden, además, la llegada de empresas extranjeras extractivistas cuya labor arrasante del medio ambiente la camuflan a través de ilegales consultas y de ilegales trazados de vías financiadas y ejecutadas con dineros y maquinarias de los paramilitares. Tal es el remanso de paz que dibujan, donde, según dicen, los desmovilizados viven en absoluta tranquilidad.

Según el panfleto, el único grupo que rechaza esa “paz” es nuestra Comunidad de Paz, la cual, según ellos, implanta un modelo de “guerra”. Pero así como no se atreven a describir los componentes reales y concretos de lo que ellos llaman “paz”, porque evidentemente de paz no tienen nada, tampoco se atreven a describir nuestra “guerra”. El panfleto deja muy en claro que lo que les molesta es que nuestra Comunidad no transija con el paramilitarismo y no se calle ante los crímenes. Por eso es evidente que para ellos optar por la “guerra” es no aceptar los crímenes, ni las manipulaciones, ni los espionajes, ni los patrullajes ilegales, ni la imposición de modelos de “desarrollo” o de “progreso” que arruinan la libertad, la dignidad y la soberanía de las comunidades y la vida de la naturaleza. Para ellos, optar por la guerra es denunciar lo que está destruyendo a los pobladores y el ambiente y está hipotecando el territorio a intereses extranjeros destructivos. Tal es la “guerra” que ellos nos endilgan: no callarnos ante todo esto. No se atreven a confesar que nos han hecho seguimientos y espionajes y han llegado a concluir que no tenemos ni un cuchillo para defendernos y que por lo tanto es fácil asesinarnos. En cambio, ellos entraron armados el 29 de diciembre de 2017 a nuestra propiedad privada San Josesito, con intención de asesinarnos y, gracias a Dios y a nuestra comunidad que actúo rápidamente, se pudo evitar que nuestros líderes fueran asesinados, pero nunca los hemos enfrentado con armas. Sin embargo, en el panfleto, nosotros somos los que optamos por la “guerra” y ellos por la “paz”.

Pero toda esta difamación y ataques ultrajantes y perversos no son nuevos sino que hacen parte de una estrategia que lleva varias décadas y que ha tenido como meta el exterminio de nuestra Comunidad de Paz. Primero se propusieron nuestra eliminación física en una acción conjunta entre militares y paramilitares, logrando asesinar a más de tres centenares de nuestras compañeras y compañeros, incluyendo niños y ancianos, con derroche de sevicia. Esa acción genocida estuvo acompañada, como elemento de justificación, de una campaña de estigmatización criminal dirigida desde la Presidencia de la República, pues agentes del paramilitarismo que hoy han confesado sus crímenes ante las instituciones del Sistema Integral de Paz, han relatado cómo el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez, hoy sometido a numerosos procesos penales por un aparato de justicia que vive fluctuando entre innumerables mecanismos de impunidad que lo enredan, los convenció de que nuestra Comunidad era una comunidad guerrillera, para que asesinaran sin compasión a todos nuestros integrantes, pero ellos hoy no pueden ya soportar el peso de sus remordimientos cuando comprenden que fueron forzados a matar a tantos inocentes. Tal estigmatización ideológica fue apoyada por perversas campañas mediáticas, como las de los  diarios El Colombiano y El Mundo de Medellín y periódicos y emisoras de Urabá, que difundieron mentiras, calumnias y entraron en complicidad evidente con todos esos  crímenes horrendos, por los cuales no han pagado un solo día de cárcel, ni han dado garantía alguna a los familiares de no repetición de sus crímenes.

En un trayecto de varios años, la alianza militar/paramilitar se propuso además exterminar por hambre a nuestra Comunidad, cortando todo suministro de alimentos, para lo cual no tuvieron empacho en asesinar a varios conductores de chiveros, a todos los tenderos del caserío y a todos los pequeños comerciantes de alimentos y bebidas instalados en la carretera entre Apartadó y San José. Todo este afán de exterminio fue complementado con la labor corrupta y criminal del aparato judicial, haciendo montajes de increíble perversidad con falsos testigos, torturas, encarcelamientos arbitrarios y violación de todas las normas procesales. Cuando nuestra Comunidad acudió a las altas Cortes demostrándoles con precisión e identificando actores, los delitos judiciales de fiscales, jueces, magistrados, agentes criminalísticos, procuradores y defensores, las Cortes no se atrevieron a actuar y mantienen hasta hoy en sus puestos a los corruptos y criminales operadores de “justicia”.

Cuando ya nuestra Comunidad comprobó que no contaba con el auxilio de la justicia, quedando privada de sus derechos constitucionales y se acogió a una ética objeción de conciencia, se remitió sólo a  Cortes internacionales, pero simultáneamente decidió mantener sus llamados a la conciencia solidaria de las franjas humanas nacionales e internacionales que aún conservan principios éticos; por ello se ha mantenido las CONSTANCIAS que relatan por las redes sociales las agresiones concretas a que nos tienen sometidos.  También este último recurso a la solidaridad humana de los limpios, ha querido ser bloqueado: la Brigada 17 del ejército introdujo una Acción de Tutela, el 28 de septiembre de 2018,  para que se nos privara del derecho a la comunicación y a la denuncia y le exigió a una Jueza Promiscua de Apartadó que nos obligara a retirar de las redes sociales todos nuestras Constancias. Nos negamos a acatar semejante villanía. La corrupta Jueza Segunda Promiscua de Apartadó se dejó arrastrar por los militares para violar el derecho constitucional a la comunicación, el que en la jurisprudencia de los tribunales internacionales constituye “la esencia de la democracia”. Hasta ahora la Corte Constitucional mantiene en suspenso (y en un suspenso demasiado prolongado) tan absurdas sentencias.

No extraña, pues, que los redactores del sucio panfleto que mencionamos aquí, se quejen de que se ponga en cuestión su comportamiento como algo perverso, pero al mismo tiempo le piden al gobierno que los apoye en uno de los crímenes más graves: el de “acabar con nuestra comunidad” (crimen tipificado en el Derecho Internacional como Genocidio, y también bajo las modalidades de Crímenes de Exterminio y Persecución, ambos tipificados como Crímenes de Lesa Humanidad).

Quieren, además, los panfletarios, que se les deje circular por todos nuestros predios privados. Ya tuvimos la experiencia el 29 de diciembre de 2017 cuando incursionaron en San Josesito 5 paramilitares de los que departen día y noche en el caserío de San José con la fuerza pública, con el objetivo de asesinar a nuestro representante legal y a los miembros de nuestro concejo interno: ¿Quieren que  les abramos todos los candados para que puedan seguir entrando a asesinar? ¿No es acaso ese comportamiento el típico de las bandas criminales?

En todo el panfleto se está exigiendo que se llame “paz” a la guerra de exterminio que ellos practican, y que se llame “guerra” a nuestros afanes por no callar los crímenes, los ultrajes, agresiones y amenazas a que constantemente nos someten y sobre todo a nuestras constancias históricas y censuras morales.

Apoyados en nuestras convicciones insobornables, continuamos aquí con nuestras CONSTANCIAS de hechos ocurridos recientemente:

  • El sábado 19 de septiembre  de 2020en horas del día, fue visto un grupo de paramilitares con armas largas en el camino que conduce de la vereda las Nieves hacia la vereda la Esperanza, de San José de Apartadó.
  • El martes 29  de septiembre de 2020, en horas del día, se percibió un tránsito intenso de hombres portando armas cortas, en motocicletas, por la carretera que pasa al lado de nuestro asentamiento de San Josesito. En horas de la tarde del mismo día, se vio cruzar por allí al paramilitar conocido como ALFREDO. Al parecer, todos estos paramilitares estaban ese día coordinando la repartición de panfletos que luego dos días después fueron encontrados en toda la zona y en muchos municipios de Antioquia y el país.
  • El miércoles 30 de septiembre de 2020, en horas de la noche, llegaron informaciones sobre un supuesto plan de exterminio que se estaría organizando en la zona contra nuestra Comunidad de Paz,  por parte de los paramilitares en asocio con algunos pobladores de la zona. Se afirma que nuestra Comunidad “no deja entrar el progreso a la región” y denuncia mucho la presencia paramilitar en las veredas del corregimiento, lo cual les perjudica y les impide ejercer el control con mayor fuerza sobre la población civil.
  • El jueves 1º de octubre de 2020, en horas de la mañana, fueron encontrados muchos panfletos de los paramilitares impresos en papel y muchos grafitis en los árboles y casas, suscritos por las autodenominados AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) que controlan esta región y muchas otras en el país. Dichos panfletos, al parecer, no solo fueron difundidos en el corregimiento de San José de Apartadó y sus veredas, sino también en otros muchos municipios del país y sus corregimientos y veredas. En dicho panfleto protestan por la brutalidad de la Policía Nacional contra las manifestaciones populares de protesta y al mismo tiempo denuncian las actividades de las guerrillas en la zona. No deja de ser desconcertante que una estructura paramilitar cuya tolerancia por parte del Estado ha sido total, como el mismo Obispo de Apartadó lo denunció hace unos meses, al señalar que no se percibe ninguna voluntad del Estado en perseguirlos, quiera ahora ganar respaldo de la población al denunciar a su mismo Estado protector en un asunto que tiene tan enorme consenso nacional, como es el rechazo a la brutalidad policial.
  • El mismo jueves 1º de octubre de 2020, en horas de la mañana, por nuestra Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra pasó una tropa de militares de la Brigada XVI del ejército, violando nuestra propiedad privada. Cerca de allí, según informaciones, se encontraba un grupo de paramilitares portando fusiles y vestidos de civil.
  •  El mismo jueves 1º de octubre de 2020, en horas del día, llegaron  a nuestra Comunidad informaciones según las cuales los paramilitares conocidos como “JESUSITO” y WILFER HIGUITA eran los que habrían dejado los panfletos y los escritos en los árboles, en los frentes de las casas y hasta en las piedras, en la vereda la Unión de San José de Apartadó. Es sabido que  WILFER HIGUITA siendo parte de los paramilitares se integró en el 2009 a la Brigada XVII del ejército, prestando sus servicios como paramilitar. El 17 de enero de 2009 se hizo de mensajero del Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ, comandante de la Brigada XVII, para someter a un inmundo chantaje a un miembro de la Comunidad de Paz, conminándolo a ayudarle a destruir la Comunidad de Paz o de lo contrario le inventaría un proceso penal por narcotráfico o por rebelión, con falsos testigos. El 16 de noviembre del mismo año 2009, el mismo Wilfer Higuita hizo pública, en la vereda Caracolí de San José de Apartadó, una lista de personas para asesinar, varias de las cuales fueron asesinadas en los días siguientes, como Don Fabio Manco y Don Luis Arnelio Zapata. Según el anuncio de Higuita, por cada muerte  pagarían 7 millones de pesos. Durante esos años fue visto patrullando con militares de la Brigada XVII, como paramilitar.
  • El miércoles 7 de octubre de 2020, a las 7:00 a.m., un grupo de 4 militares de la Brigada XVII del ejército ingresó sin autorización alguna a nuestros espacios privados de la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra. Más tarde, a las 11:00 a. m., otros 3 militares violaron de nuevo nuestro predio, alegando que estaban verificando  unas coordenadas y simulando que estaban extraviados en la zona. Hay que anotar que el predio de la Aldea de Paz está suficientemente señalizado como territorio privado y menos se comprende que funcionarios del mismo Estado ignoren su inviolabilidad legal.

Es claro que los paramilitares han buscado cómo destruir nuestro proceso de vida y para ello utilizan diversos puntos de espionaje que están informando permanentemente sobre las actividades de nuestra comunidad día a día. Ahora se escucha que llega un supuesto nuevo comandante paramilitar a la zona el cual reemplazará a alias “Pueblito” o “Pueblo”, asesinado por la fuerza pública.  

Las empresas mineras son las más interesadas en apoderarse de esta región, pues estos últimos meses se han realizado muchas encuestas verbales ilegales para empezar a explotar los minerales y todo esto llevado a cabo por los mismos paramilitares que realizan el trabajo sucio del empresariado de Urabá y desafortunadamente el campesino va cayendo en el juego de esas empresas, sabiendo que ellas buscan sólo llenar sus arcas de divisas y desmantelar los precarios recursos de los campesinos, quienes terminan entregando la tierra y desplazándose, forzados por los que hoy defienden y apoyan ese despojo como “progreso y desarrollo” de la zona. Basta mirar cómo han quedado las otras regiones del país donde estas empresas han explotado los recursos, donde ahora sólo se vive en miseria, el desplazamiento, con dolor y rabia por haber hecho caso a las promesas falsas que las empresas habían propagado. Sabemos que existe un gran interés de las empresas mineras y de las mismas instituciones del Estado por arrebatarle las tierras colectivas a nuestra Comunidad de Paz y para lograrlo están utilizando el paramilitarismo y cooptando a una gran parte de la población civil de la zona, como estrategia para terminar con el estorbo que somos para ellos, que les impide robar los recursos naturales acabando con esta hermosa zona. Ese tipo de “progreso de muerte y de exterminio” nuestra Comunidad de Paz lo rechaza rotundamente.

Nuevamente agradecemos a las personas y comunidades que en diversos sitios del país y del mundo, desde sus convicciones más íntimas nos han acompañado en estos más de 23 años de Comunidad de Paz y que a pesar del aislamiento por la pandemia siguen presionando cada día al gobierno colombiano para que no destruya nuestras vidas ni nuestro patrimonio y legado. Nuestra sincera gratitud por seguir este proceso de defensa de la vida y que además nos anima moralmente a seguir defendiendo nuestros principios.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Octubre 12 de 2020

Publicado enColombia
Diversas organizaciones convocan a firmar en rechazo a la Ley Antibloqueo y exigiendo un referendo popular

Caracas, 12 de octubre de 2020.- Las organizaciones políticas, sociales de trabajadores y sectores populares Marea Socialista (MS), Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), Unidad Socialista de Trabajadores (UST), Partido Socialismo y Libertad (PSL), Observatorio de Ecología Política de Venezuela, Sirtrasalud Distrito Capital, Colectivo Cultural Toromaima emitieron un petitorio de firmas en rechazo a la Ley Antibloqueo y exigiendo un referendo abrogatorio de la ley.

La organizaciones e individualidades pueden firmar el petitorio a través del link https://forms.gle/YNFqQKXXJnckvvvh6

Petitorio de firmas en rechazo a la Ley Antibloqueo y exigiendo un referendo popular

Recientemente, la autodenominada Asamblea Nacional Constituyente aprobó un proyecto de "Ley Antibloqueo", presentado por el gobierno nacional el pasado 29 de septiembre, en el que se le otorgan poderes extraordinarios al Ejecutivo para dejar sin efecto toda una serie de derechos del pueblo venezolano y de interés nacional establecidos en la Constitución Nacional. Entre otras cosas, le permitiría manejar a discreción y en secreto los activos del Estado nacional.

Los abajo firmantes, rechazamos categóricamente esta ley leonina y antidemocrática que lesiona los derechos de los trabajadores, trabajadoras y el conjunto del pueblo venezolano. Es un proyecto para dar paso a privatizaciones en masa y a gran escala, con las previsibles consecuencias de una mayor explotación de la mano de obra y desconocimiento de las contrataciones colectivas. En los hechos se entrega la soberanía y se vulneran los territorios.

Para peor, la aprobación se hizo "express", sin ninguna discusión de la misma por el pueblo venezolano, y ni siquiera por el propio organismo en cuestión. A los miembros de la ANC no les fue facilitado el proyecto a votar; se les negó acceso al mismo a quienes hicieron reiteradas solicitudes para conocerlo previo a la votación; teniendo así sólo acceso a escuchar una lectura del mismo en el propio momento de la votación, e incluso, a varios de estos se les colocaron obstáculos para poder asistir a la sesión, llegando al hecho insólito de impedir la entrada al recinto de votación a varios miembros de ese organismo.

Este instrumento no sólo pasa por encima de los procedimientos establecidos en la propia Constitución, sino que además, con el pretexto de enfrentar las sanciones impuestas arbitrariamente por el gobierno estadounidense, le confiere todo género de facilidades a la inversión privada nacional y extranjera (Art. 27); modificando el marco legal vigente para promover una mayor participación del capital privado en las empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco y en el Arco Minero del Orinoco, así como legalizar y expandir la comercialización de gasolina al sector privado (Art.27 y 28).

Mediante esta ley el gobierno tendría facultades discrecionales para suspender la vigencia de leyes (Art. 17 y 18), teniendo las manos libres para celebrar tratados internacionales, manejar, ceder o entregar activos públicos, y crear fondos separados del Tesoro Nacional, manejados con independencia del Presupuesto Público (Art.16).

Con esta ley el Estado venezolano renuncia al derecho a someter los litigios a la jurisdicción nacional, remitiendo tales disputas a tribunales extranjeros, es decir, a los controlados por lo general por los países de donde son oriundos los capitales transnacionales. Se podrían revertir nacionalizaciones, devolviendo bienes que hayan sido objeto de alguna medida ejecutiva, legislativa o judicial o de suspensión de concesiones (Art. 27), además establece la confidencialidad de procedimientos realizados por el Estado, eliminando el acceso público a la información (Art. 14, 34 y 35). Incluso, propone penalizar a quienes insistan en el acceso a estas informaciones de interés nacional y público (Art. 36).

El argumento del Ejecutivo para esta ley son las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense. Quienes suscribimos este llamado estamos absolutamente en contra de esas sanciones y agresiones de claro corte imperialista, las cuales profundizan las penurias del pueblo venezolano. Rechazamos tajantemente toda la serie de confiscaciones de bienes nacionales, congelación de activos, embargos y sanciones diversas que los Estados Unidos y diversas potencias europeas le han impuesto a Venezuela. No le otorgamos el más mínimo derecho a estas naciones a imponer sanciones a nuestro país ni arrebatarle bienes. Exigimos el cese inmediato de todas esas agresiones y medidas "coercitivas".

Precisamente por esta posición de firme defensa de los intereses nacionales y del pueblo venezolano, rechazamos la ley en cuestión y la manera en que ha sido "aprobada". Los abajo firmantes, en base a los artículos 62, 71, 74 y 236 de la Constitución Nacional, exigimos que, tratándose de un tema de suma trascendencia nacional, sea sometido a la más amplia discusión nacional y consulta popular, concluyendo este proceso en un referendo abrogatorio, para que el pueblo venezolano, el sujeto real afectado directamente en múltiples aspectos por esta ley, tenga la ocasión de dar su veredicto sobre la misma. Un referéndum que debe ser convocado y garantizado con plena libertad de organización y control de las organizaciones políticas y sindicales, espacios en la televisión y radio, y sin ninguna persecución.

Consideramos de primer orden la organización y movilización obrera, campesina y popular para exigir este derecho fundamental e inalienable del pueblo venezolano. Que el pueblo decida. Llamamos a las diversas organizaciones sindicales, populares, campesinas, corrientes políticas e intelectuales comprometidos con la defensa de los intereses del país y de sus mayorías populares, a que juntos pongamos en pie un movimiento nacional que promueva una amplia y unitaria movilización democrática y popular con estos objetivos, para frenar la aplicación de esta ley, profundamente lesiva a los intereses del pueblo, las trabajadoras y trabajadores venezolanos.

Para firmar el petitorio como individualidad u organización, se puede entrar al siguiente formulario en Google:

https://forms.gle/YNFqQKXXJnckvvvh6

Marea Socialista (MS)

Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS)

Unidad Socialista de Trabajadores (UST)

Partido Socialismo y Libertad (PSL)

Observatorio de Ecología Política de Venezuela

Sirtrasalud Distrito Capital

Colectivo Cultural Toromaima

Por: Aporrea | Lunes, 12/10/2020 02:24 PM

Publicado enInternacional
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