El paro (movilización) del 21 y sus necesarios ecos

Una campaña de miedo. En vísperas de la realización del paro(movilización) nacional convocado en Colombia para el 21 de noviembre, el gobierno de Iván Duque amedrenta e intimida a quienes tomarán las calles del país para confrontar las propuestas de reformas laboral y pensional (que por el momento están congeladas, hasta que los ánimos de la región se calmen), así como contra el asesinato de liderazgos sociales en todo el territorio nacional, el incumplimiento de los Acuerdos de Paz, la propuesta de regularización de la protesta social, entre otros temas que afectan al conjunto nacional.

Las “no violencias” del poder en Colombia

Un discurso doble, como es el Gobierno. Aunque el discurso del poder es el de “garantizar la protesta social” –siempre y cuando transcurra “sin violencia”–, el actuar del mismo es completamente manipulador y violento, proceder evidente en: utilización de los medios masivos de comunicación para presentar programas “objetivos” que evidencian un discurso de estigmatización y criminalización de la protesta, los cuales llegan a tachar de mentirosos a quienes se movilizan o de terroristas a quienes ocultan su rostro en las jornadas de protestas; la orden de acuartelamiento que dio el comando de las Fuerzas Militares que terminaría con la militarización de las calles de diferentes ciudades del país; la noticia de detención de 800 kilos de explosivos en el municipio de Villagarzón, Putumayo y su amañada relación con la jornada del 21 de noviembre; el retiro de publicidad y la generación de multas a quienes estén repartiendo información alusiva al paro; la difusión de cadenas de Whatsapp que generan el pánico y llaman a armarse para proteger propiedades; la consolidación de un discurso anticomunista y del enemigo interno que plantea la filtración de las marchas de grupos enviados por el gobierno venezolano y que siguen los lineamientos del Foro de Sao Paulo; la legitimación de grupos ultraderechistas de choque, entre otros.

A estos actos manipuladores y violentos debe sumarse la noticia más reciente: los allanamientos llevados a cabo el 19 de noviembre en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali por parte de la Policía y el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía en contra de estudiantes, activistas, medios de comunicación alternativos y sindicatos.

Allanamientos para intimidar

Mediante mecanismos irregulares, cuerpos del Estado ingresaron a las casas y oficinas de diferentes personas y organizaciones sociales. Sin presentar las órdenes de allanamiento o presentar identificaciones de quienes ingresaban a los predios, agentes de policía incautaron elementos legales como pinturas, camisetas, gorras, banderas, libros, afiches y comunicados convocando al paro, entre otros objetos personales como celulares, computadoras y discos duros.

En la ciudad de Bogotá fueron 27 los casos de allanamiento registrados en 15 localidades, entre ellas Teusaquillo, Kennedy, Puente Aranda, Suba, Bosa, Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha. Dentro de las órdenes de allanamiento se expresaban supuestos delitos como "terrorismo y fabricación, tráfico o porte de armas o municiones de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos".

Dos personas fueron capturadas en estos hechos y presentados ante la opinión pública como terroristas, atizando la doctrina militar que ve a los activistas sociales como enemigos internos. Andrés Palacios, estudiante de último semestre de antropología de la Universidad Nacional, mostrado en medios como “alias chiqui”, es un joven que apoya espacios de educación popular como la Escuela Sol del Sur y las caracolas educativas en temas comunicativos; participa, así mismo, en espacios con indígenas Nasa del norte del Cauca. La otra persona capturada es Julián Duarte, licenciado en ciencias sociales de la Universidad Distrital, empleado de la Secretaría de Integración Social del Distrito, acompañando comunidades de Usme y Sumapaz, también tallerista en pre-universitarios, que entre su labor social también ha participado del festival de la memoria de la Universidad Pedagógica Nacional.

Algunas de las organizaciones y colectivos afectados por estos hechos fueron: Ciudad en Movimiento, el colectivo de agitación gráfica Puro Veneno, Pirotecnia, Congreso de los Pueblos, Grupo Estudiantil Anarquista, colectivo Degénero. Vale la pena decir que en la ciudad de Medellín fueron allanadas las casas de tres estudiantes del Instituto Tecnológico Metropolitano y la sede del sindicado de la Asociación de institutores de Antioquia –Adida. Asimismo, en el Valle del Cauca fueron allanadas las casas de estudiantes y un docente de la Universidad del Valle, estudiantes de la universidad Javeriana de Cali y la del secretario político de la Juventud Comunista Colombiana.

Ni los medios y artistas se salvaron. En la ciudad de Bogotá fue allanada la sede de la revista de cultura alternativa Cartel Urbano, a la que ingresaron alrededor de 12 agentes de policía que revisaron hasta los libros contables de la revista. Con otro modus operandi la revista Cerosetenta de la Universidad de los Andes fue hostigada por el Centro Cibernético de la Policía Nacional quienes les enviaron una carta para desmontar de su sitio web el “Manual 070 de autoprotección contra el Esmad”. De la misma manera miembros del colectivo La Otra Danza fueron víctimas de un allanamiento a las 3:00 de la mañana; también fueron hostigados integrantes del colectivo artístico Puro Veneno, que participaron en la realización del grafiti en el que aparecían los oficiales (activos y retirados) Juan Carlos Barrera, Adolfo León Hernández, Mario Montoya Uribe, Nicacio de Jesús Martínez y Marcos Evangelista en cuyos periodos sucedieron casos de ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos.

El mundo está que arde

Estamos en un periodo de álgidas luchas sociales en todo el planeta y el poder en Colombia lo sabe, razón por la cual trata de intimidar a la ciudadanía para evitar un desborde. A medida que avanza el descontento social la represión se agudiza y esto lo debemos tener claro para próximas movilizaciones. Diferentes países encendidos son muestra de ello: en Hong Kong la policía advirtió que utilizará fuego real si los estudiantes de la Universidad Politécnica de Hong Kong utilizan “armas letales” en defensa de la Universidad. En Iraq van alrededor de 250 muertos y 8.000 heridos en un mes de protestas. El Estado de Israel asesinó al menos a 24 palestinos y dejó 70 heridos en la última ofensiva contra la Franja de Gaza. En Bolivia, luego del golpe de Estado se han registrado 24 asesinatos, 9 de ellos sucedidos, además de ciento quince heridos, en la denominada masacre de Cochabamba. Sus asesinos y victimarios fueron librados de responsabilidad penal por participar en “los operativos para el restablecimiento del orden interno”.

De igual manera el caso de mutilaciones en Chile es alarmante, evidencia de un modus operandi de las fuerzas militares y de policía para la represión de la protesta social. Tras 15 días de movilizaciones se reportaron 170 traumas oculares por lo cual quedaron parcialmente ciegas 157 personas.

La situación es álgida en el mundo y nuestro país parece no quedarse atrás. Estamos a pocas horas de la jornada de paro nacional y el deseo nacional, de los excluidos y negados, es que los resultados de los días por venir no sean desalentadores para la protesta social, sino que sirvan como motor para comenzar un proceso de articulación nacional que escuche y aprenda del sentir nacional, y que así por fin empecemos a construir los cimentos para materializar vida digna para el conjunto del pueblo colombiano.

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Miércoles, 20 Noviembre 2019 06:28

Se multiplican la represión y el caos en Bolivia

Militares usaron helicópteros, vehículos blindados y gases contra simpatizantes del exiliado presidente Evo Morales, quienes bloqueaban un depósito de combustible en El Alto; el saldo fue de tres muertos y 30 heridos. En La Paz se realizó nueva marcha para exigir que renuncie la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez. Desde México, el líder aymara emitió un mensaje al pueblo boliviano: ‘‘Este es un gobierno de facto, no de transición, que reprime y mata. Es tiempo de dictadura y debemos mantenernos unidos’’. Foto Ap. Arturo Cano, enviado

La Paz. En la televisión, los noticieros celebraron en grande. La pantalla dividida mostraba, del lado izquierdo, un convoy de pipas de combustibles ingresando a esta capital, escoltado por vehículos policiales; del otro, escenas de lo que las conductoras llamaban "enfrentamientos". Se ufanaban en la explicación: la necesidad de traer gasolina y gas a la ciudad capital había generado el "choque". Una locutora admitía: "Para el desbloqueo, los policías han usado agentes químicos, ha existido gasificación".

La "gasificación" fueron balas, helicópteros, vehículos blindados y militares disparando sobre los habitantes de la ciudad conurbada de El Alto, en la zona conocida como Senkata, donde los seguidores del exiliado presidente Evo Morales mantenían un bloqueo en un depósito de combustibles.

La Defensoría del Pueblo confirmaría más tarde la muerte de tres personas, así como más de 30 heridos. La primera víctima fue Dayvi Posto Cusi, de 31 años.

Mientras sus compañeros recibían balas y gases en El Alto, en La Paz se realizaba la enésima marcha con la exigencia de la renuncia de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez y el retorno de "el Evo", como le llaman sus partidarios.

Los frentes se multiplicaban: represión en las calles, marchas de respaldo a Morales, negociaciones entre la mayoría legislativa del Movimiento al Socialismo y las fuerzas minoritarias, desabasto y especulación que han mandado al cielo los precios de productos de primera necesidad.

Y en medio de todo eso, Áñez, como personaje de utilería. Ella ha dedicado buena parte de su tiempo en estos días a tomar protesta a los miembros de su gabinete. Como se le acabaron los cargos que se repartieron entre los partidos minoritarios –los ganones fueron Carlos Mesa, ex candidato, y el ultraderechista Luis Fernando Camacho– ha comenzado a tomar juramento a funcionarios de segundo nivel. Algunos de ellos, para demostrar que Dios ha vuelto al palacio de gobierno, han rendido protesta con la señal de la cruz en los labios.

Por los discursos a la hora de los actos protocolarios, parecería que se preparan para un gobierno de larga duración, aunque por ley deben convocar a elecciones a la de ya, pues el plazo vence el 22 de enero de 2020.

Entrada la tarde, a unos pasos de las tanquetas, los diputados del MAS –que viven bajo acoso y han sido abiertamente amenazados con cárcel por los autores del golpe– ofrecieron brevísima rueda de prensa.

Aunque el mundo entero ha visto los cuerpos de los caídos en las protestas en Cochabamba y otros lugares del país, las televisoras mostraron ayer escenas de ataúdes llenos de ropa, sugiriendo que no murió nadie. La versión de los golpistas ha sido, sin que hayan concluido los estudios periciales, que los muertos no cayeron por balas de policías ni militares. Que se mataron entre ellos, vaya.

Todo, pese a que la propia Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo llevan el siguiente conteo desde que el presidente Morales salió del país: 27 muertos y más de 400 heridos.

La cruz y la tanqueta

Las calles que confluyen en la Plaza Murillo, epicentro del poder político boliviano, están llenas de rejas y barricadas. Sobre una de esas rejas hay un cartel que ordena: “No te canses de orar por Bolivia… Dios es bueno y Bolivia está en sus manos”.

La fe moverá montañas pero necesita una ayudadita. A unos pasos del cartel había una tanqueta del ejército, rodeada de militares. Varios vehículos similares completaban el escenario en la misma plaza y las calles adyacentes.

"Es la primera vez que vemos tanquetas aquí", dijo un empleado de la Asamblea Legislativa.

Los policías antimotines, que en los días pasados se hicieron cargo de mantener a raya a los manifestantes, fueron desplazados a un segundo sitio.

Entre dos de las tanquetas está la sede de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde ayer los legisladores el MAS, partido del exiliado presidente Evo Morales, se reunieron durante largas horas, entre ellos y con las fuerzas de la minoritaria oposición.

"Vamos a cumplir con la patria bajo la luz de la constitución", sostuvo la diputada Betty Yañiquez, y cedió la palabra al legislador Henry Cabrera, quien informó que el MAS actuará de manera responsable, que se decidió "reconsiderar la directiva de la Cámara de Diputados" y reiniciar el trabajo legislativo que ahora está suspendido.

El anuncio central es que hay un principio de acuerdo para que ambas cámaras, de senadores y diputados, que tendría como fin "seleccionar y elegir a los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral, hombres y mujeres notables que no tengan ningún partido político, a fin que puedan representar al pueblo boliviano y tengan la alta responsabilidad de llevar adelante las próximas elecciones".

El diputado Cabrera dijo también que los vocales de ese nuevo tribunal tendrían "un plazo máximo de 48 horas para convocar a elecciones" en el país.

Los legisladores del MAS suspendieron previamente una sesión convocada para ayer, en la que pretendían, según la prensa local, rechazar la renuncia de Evo Morales. En aras del diálogo y de encontrar una salida, argumentaron, al tiempo que llamaron a los militares a replegarse.

No les hicieron ningún caso, y este día tres nombres más se sumaron a la lista de nombres que se puede leer en un altar colocado en el vestíbulo de la sede legislativa.

Tras la represión en El Alto, un grupo de personas prendió fuego a la casa de la alcaldesa del lugar, opositora a Morales, mientras en diversas partes del país se anunciaban nuevos bloqueos y marchas hacia La Paz.

La Cámara de Diputados fue convocada para este miércoles por la tarde, pero esta crisis rebasa con mucho los muros de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Desde México, el presidente Evo Morales –fue obligado a renunciar y su renuncia no surte efecto en tanto el Legislativo no la acepte– respondió a los hechos de este día con un mensaje al "pueblo boliviano": “Este es un gobierno de facto y no de transición. Con represión, están matando a nuestros hermanos bolivianos. Es un gobierno de traición a la patria… En tiempo de dictadura, debemos mantenernos unidos”.

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Miércoles, 20 Noviembre 2019 06:13

El gobierno de Colombia criminaliza la protesta

El gobierno de Colombia criminaliza la protesta

La desinformación y la propaganda de terror en contra de la movilización, crecen cada hora. Hubo allanamientos irregulares a casas de estudiantes.

Colombia prepara una movilización nacional para expresar el descontento con el gobierno de Iván Duque y sus propuestas de reformas laboral y jubilatoria que afectarían los salarios de los más jóvenes y alejarían aún más las posibilidades de pensionarse de los trabajadores actuales, además del asesinato creciente de líderes sociales, pueblos indígenas y ataques a la protesta social y movimiento estudiantil. 

A dos días del paro nacional, el Estado desplegó una serie de decisiones que generaron el rechazo de las organizaciones sociales. En ciudades capitales las residencias de jóvenes estudiantes, algunos de los principales promotores del paro junto a las centrales obreras, sufrieron allanamientos por parte de la Policía y el CTI (Cuerpo Técnico de Investigaciones) de la Fiscalía.

El abogado Wiston Gallego, de la Corporación Jurídica LIbertad, le explicó a PáginaI12 que “desde las primeras horas de la mañana se presentaron allanamientos en Bogotá, Cali y Medellín. No había orden de captura para estos jóvenes, y tampoco hubo hallazgos. Incautaron elementos legales como libros y comunicados que convocan al paro nacional”. El defensor de Derechos humanos detalló que los tres jóvenes son estudiantes del Instituto Metropolitano de Educación (ITM) y que varios estudiantes de ésta y otras instituciones locales han denunciado que desde la semana pasada son víctimas de seguimientos de personas vestidas de civil que se acercan a sus barrios y residencias preguntando por su ubicación.

“En los allanamiento de ayer hubo irregularidades pues participó policía vestida de civil, no dejaron ver en su totalidad la orden de allanamiento e impidieron dejar observaciones en la misma; por último no hubo presencia de la Procuraduría”, explicó Gallego. Estos jóvenes y millones en el país del movimiento estudiantil reclaman al gobierno de Duque por el incumplimiento en las promesas que realizaron tras meses de paros universitarios que exigieron más financiación a las universidades públicas. Jennifer Pedraza, reconocida líder de este sector, dijo a los medios desde Bogotá que seguirán motivando a la ciudadanía a manifestarse pacíficamente por las reformas que, a pesar de que el gobierno dice que no son ciertas, son una propuesta real. Explicó que hay una propuesta de ley ya radicada por la bancada del Centro Democrático para la reforma laboral, y que los cambios en el régimen previsional han sido ampliamente divulgados por ministros en medios de comunicación.

PáginaI12 habló con un estudiante de Medellín quien contó que los uniformados llegaron a sus casas en la madrugada e “ingresaron armados y de forma muy intimidante a nuestras residencias, en la cual proceden a desordenar y ultrajar las pertenencias de todos nosotros, muchas de las cuales fueron incautadas como un supuesto material probatorio”.

“Nos sentimos perseguidos, criminalizados, psicológica y emocionalmente decaídos”, explicó a este diario el joven que pidió omitir su nombre, y agregó que tienen miedo a salir de sus casas y que sus familias “están fuertemente afectadas provocando incluso complicaciones a su salud, puesto que observar sujetos encapuchados y armados entrar a nuestras residencias fue un impacto total y destructivo a nuestra integridad”.

La desinformación y la propaganda de terror en contra de la movilización, crecen cada hora. Ayer se supo, en videos circulados en redes sociales, que cientos de militares se desplazaban en camiones hacia Bogotá. Esto tras la orden de acuartelamiento que dio el comando de las Fuerzas MIlitares para contener, dicen las amenazas de orden público por el paro. En los medios comerciales y en cadenas falsas de whatsapp, se recomienda a los ciudadanos no salir durante esta fecha. Sin embargo, importantes sectores y personalidades defienden el derecho a la protesta e invitan a movilizarse pues también están inconformes con las propuesta a futuro de Duque que beneficiarían solo a los más poderosos empresarios, y también con la realidad presente: violación de derechos humanos, guerras por los cultivos de coca, incumplimientos en el Acuerdo de Paz, impunidad en casos de corrupción como Odebrecht y aumento de precios de alimentos y desempleo.

De acuerdo con la Revista Semana, más allá de las razones del paro, “ese día planteará una prueba ácida para el gobierno porque medirá la temperatura social del país con solo año y medio de mandato”. En medio del clima creciente de estigmatización y criminalización de una protesta que aún no ocurre, los ánimos y emociones crecen generando que el paro nacional sea tema de conversación en todos los espacios. En Medellín, en colegios decidieron cancelar clases, mientras en muchas empresas de Bogotá dieron el día a sus empleados para salir a marchar o trabajar desde casa.

Según Wiston Gallego, los allanamientos de ayer “están orientados desde la misma Fiscalía antiterrorista para las tres principales capitales. Y las incautaciones son ridículas: témperas, pinceles, como se puede observar en los noticieros nacionales”:

PagínaI12 consultó a la Fiscalía de Medellín y la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía para confirmar el allamiento e incautación de libros a tres estudiantes de Medellín, y ambas entidades dijeron no tener información. Sin embargo, la Corporación Jurídica Libertad confirmó los hechos así como un allanamiento más en la sede del sindicato de maestros (Adida) que no tendría que ver con el paro pero que por realizarse horas antes de la movilización podría tener como fin causar temor entre los manifestantes. En Medellín, el comandante de la Meval dijo que hicieron 5 allanamientos, en vez de los 3 que tiene conocimiento la Corporación Jurídica Libertad, y que encontraron elementos que no son de uso ilegal como botas y material publicitario de la marcha pero “no son elementos terroristas”.

Por su parte la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que realizó este martes  más de 27 diligencias judiciales y allanamientos, en conjunto con la Fiscalía con el fin de, según ellos, encontrar a los encapuchados que cometieron “vandalismo y terrorismo” en protestas pasadas.

PáginaI12 confirmó que algunos de los afectados fueron jóvenes artistas de la capital que realizaron un mural con las cifras de más de 5 falsos positivos (ejecuciones extrajudiciales) cometidas por el Ejército y que incluyeron el nombre de altos oficiales; éste fue borrado y censurado, y luego replicado en otras capitales. El colectivo “PUro Veneno” y “Cartel Urbano” habrían sido allanados con orden judicial sin capturas “como parte de la estrategia de terror de Duque”, según dijo una fuente cercana a la organización a este diario. 

En Bogotá fueron incautados objetos de venta y circulación legal como latas de aerosol, pintura,, overoles, líquidos, pañoletas, carteles, y camisetas. Para Gallego, todo esto busca “una afectación directa entre los organizadores del paro”. Sin embargo, las voces que invitan a manifestarse pacífica y masivamente van más allá de los sectores organizados y la oposición a Duque. El cantante Carlos Vives, la Iglesia Católica, gremios económicos liderados por Bruce Mac Master, y hasta la recién elegida reina de la belleza de Colombia, han invitado a salir a las calles a expresar el rechazo a las propuestas de Duque. El llamado, insisten todos y todas, es a realizarlo sin violencia.

Por Katalina Vásquez Guzmán

Desde Medellín

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Ley Económica Urgente o Ley del Saqueo, otra derrota de Lenín Moreno

El gobierno neoliberal de Lenín Moreno obtuvo otra grave derrota, el rechazo legislativo a la llamada ley Económica Urgente, que incluia “entregar” la dolarización a la banca privada, eliminar impuestos, erosionar la institucionalidad de la administración tributaria, crear escudos fiscales, imponer impuestos regresivos, reducir el Impuesto a la Salida de Divisas y debilitar la empresa pública de telecomunicaciones (CNT).

“Cae la #LeyDelSaqueo. Una batalla ganada. Pero hay que mantenerse alerta porque los saqueadores no duermen...”, tuiteó el ex vicecanciller Kintto Lucas.

Dos meses atrás, el gobierno de Moreno debió enfrentar un levantamiento popular –suspendido por el momento- tras el anuncio de un aumento del precio de los combustibles. No se debe pensar que el rechazo a la propuesta del gobierno sea por respeto a la opinión de las mayorías, sino que más bien se produjo por mero oportunismo de cara a las elecciones de 2021.

La crisis económica es grave, la recesión acecha, el déficit fiscal parece incontrolable, el sector externo está desequilibrado, el empleo escasea y tiende a más precarización. El Gobierno prefirió contratar deuda externa antes que ajustar la economía, abandonada en los 30 meses de gestión.

Moreno propuso una reforma que recaudaría 700 millones de dólares, cuando el déficit es más de 6.000 millones y sus propuestas socava, además, el sistema de impuestos, en beneficio de las empresas y los sectores de mayores ingresos. Busca un ajuste del salario y de las condiciones de vida de los trabajadores mientras sigue apostando por favorecer la tasa de ganancia de grandes importadores y comerciantes.

Seguramente, Moreno volverá a enviar un nuevo proyecto urgente a la Asamblea Nacional evitando los errores políticos cometidos. Los bloques –salvo el minoritario correísmo- se mueven a conveniencia y por ende lo que se espera en una agenda tributaria sin las reformas monetarias.

Lenín Moreno deberá elegir, para los analistas, entre un ajuste más profundo –respaldado por el partido Social Cristiano y los grandes grupos económicos- o continuar con la deuda, siempre condicionado a que el Fondo Monetario Internacional siga apoyando al Gobierno, tras el fracaso vivido en Argentina.

La deuda externa ha venido acompañada de una liberalización del sector externo y una contracción casi absoluta de la inversión pública: es, sin duda, las más parasitaria e inútil que Ecuador ha logrado desde la dolarización, pues no se canalizó en el país, sino que salió tan rápido como entró, señala el analista Nicolás Oliva.

Pero esta derrota legislativa muestra a un gobierno solitario, ya que hasta los socialcristianos de Jaime Nebot, que hasta ahora gobernaron con él, le dieron la espalda y propusieron archivar el proyecto del ejecutivo. Pero aún para el mandatario: su bloque parlamentario se dividió y buena parte se abstuvo de la votación. Moreno quedó sólo con el banquero Guillermo Lasso, su oponente en las últimas elecciones – con intereses concretos para que esta ley fuera aprobada.

Lasso esperaba el apoyo a que se votara la entrega de la dolarización y de las reservas internacionales a la banca privada; la elección de una nueva Junta Monetaria gobernada por el sector financiero que tendría más poderes que el ministro de Economía y que la ley rompiera algunos de los candados legales que Lasso tenía por poseer bancos en paraísos fiscales.

El partido Social Cristiano de Nebot pensó que para la batalla electoral de 2021 un proycto impositivo regresivo no era bueno para conquistar votos y tomó conciencia de que Moreno ya era un lastre para sus aspiraciones de gobierno. Mientras, el miedo a que la nueva ley abriera las puertas al fin de la dolarización, hizo que muchos de los legisladores morenistas se abstuvieran.

La banca quiso aprovechar la permisibilidad de Moreno para con su interés, que es el control de la dolarización a su conveniencia. Su error, quizá, fue enviar una ley urgente (con solo 30 días para tratarla) que pretendía modificar todo el marco monetario de golpe, sin sustento técnico ni respaldo de cifras, pero con muchos rasgos de inconstitucionalidad.

El gobierno, que pareció no ser autor del proyecto, no supo explicar cómo la “independencia” del Banco Central salvaba la dolarización ni por qué quería reducir el impuesto a la salida de divisas y eliminar los requerimientos de liquidez de la banca privada y menos áun la justificación para crear una Junta Monetaria de banqueros con plenos poderes para que, en momentos de crisis, sean ellos los primeros en salvarse.

Los ecuatorianos recuerdan que el eufemismo de la “independencia del Banco Central” no evitó el feriado bancario de 1999 y grave crisis posterior. La crisis financiera sucedió durante el gobierno de Jamil Mahuad y Gustavo Noboa , en que varios bancos privados cerraron o entraron a proceso de rescate financiero pasando a manos del Estado ecuatoriano, que asumió los costos a la población a través de diversos mecanismos como, la reducción del gasto social y la elevación del costo de los servicios.

El 12 de marzo de 1999 el Gobierno neoliberal de Jamil Mahuad y el Partido Social Cristiano anunciaban la subida de los combustibles en 169%, el IVA del 10% al 15%, un impuesto del 4% a los vehículos y el congelamiento de los depósitos de los ecuatorianos. Mahuad sentenció que el paquete económico “sentará las bases para implementar una futura convertibilidad, o directamente la dolarización de la economía ”. La dolarización fue una decisión de las élites tomada en 1999 a espaldas del pueblo y que no fue anunciada hasta el 9 de enero del año 2000.

Por Eloy Osvaldo Proaño. Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

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Evo Morales: "No es un gobierno interino, es un gobierno de facto"

En diálogo con la agencia DPA, dijo que la autoproclamada presidenta Jeanine Añez le haría "un gran favor a la democracia" con su renuncia. También volvió a solicitar la presencia de mediadores internacionales en el país.

 

El expresidente de Bolivia Evo Morales exigió garantías de seguridad y castigo a los culpables, tras la muerte de al menos 24 manifestantes en las protestas contra su derrocamiento. Entrevistado por la agencia alemana de noticias DPA, subrayó que la autoproclamada presidenta Jeanine Añez le haría "un gran favor a la democracia" si diera un paso al costado. También volvió a solicitar la presencia de mediadores internacionales con el fin de pacificar el país. Morales se vio forzado a renunciar al cargo por presión de las Fuerzas Armadas, luego de una escalada de violencia que creció luego de los comicios presidenciales del 20 de octubre.

Morales se refirió a Jeanine Añez, vicepresidenta segunda del Senado autoproclamada presidenta, como la cabeza de un gobierno de facto. Según su punto de vista, Añez debería dar garantías porque "injustamente exministros y asambleístas están siendo perseguidos y amenazados". En segundo lugar, consideró que "tiene que haber una comisión nacional e internacional para dar con los autores intelectuales y materiales de semejante masacre", en relación a la cacería desatada por las Fuerzas Armadas contra manifestantes afines a su figura.

En diálogo con DPA, Morales destacó que el gobierno de Añez “no es un gobierno interino. Gobierno interino es cuando el presidente se ausenta y hay una sucesión constitucional. La señora que está era segunda vicepresidenta de los senadores y se proclama presidenta. Es un gobierno de facto", sostuvo. 

Para el expresidente, la autoproclamada presidenta le haría "un gran favor a la democracia, a la sucesión constitucional" si renunciara. En consecuencia, se posicionó junto a los líderes cocaleros, que le dieron a Añez un plazo de 48 horas para que salga del Palacio Quemado.

Morales argumentó además que la Asamblea Legislativa todavía no completó el trámite de recibir y aceptar o rechazar su carta de renuncia. "Si no ha rechazado, entonces ¿ahora quién es la presidenta interina? La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa . Es legal y constitucionalmente la presidenta", aseguró. 

Sin embargo, el expresidente respaldó la idea de convocar a nuevas elecciones presidenciales, aunque todavía no aseguró quién debería hacerlo. "Para eso es la negociación", señaló. "Los mediadores, los facilitadores, tienen que hablar con todos los sectores", aseguró.

En ese sentido, Morales reiteró su interés en que "personalidades expertas" se presten como mediadores para contribuir a la pacificación de Bolivia. "Por ejemplo Zapatero, tengo mucho respeto. Cuando él era presidente me dijo: ¿Evo, en qué te puedo ayudar? Y me ayudó incondicionalmente", contó.

"Bienvenido, España. Los abuelos decían: España es madre patria. Su mediación es importante", agregó el expresidente desde su exilio en México. Pero no se quedó únicamente con la figura de Zapatero: también mencionó que tiene buena relación con otros líderes, apuntando a la canciller alemana, Angela Merkel, y al presidente de Francia, Emmanuel Macron, a quienes señaló como posibles mediadores.

El expresidente reiteró que está dispuesto a regresar a Bolivia para ayudar a encontrar una solución política a la crisis. "Ustedes saben que tenemos mucha ascendencia dentro del movimiento campesino indígena originario. Entonces sé que mis compañeros, mis hermanos del campo, pueden entender cómo podríamos buscar paz", declaró.

De todas formas, Morales manifestó que, si las bases del Movimiento al Socialismo (MAS) lo deciden, no sería candidato presidencial si se convocara a nuevas elecciones presidenciales. "Por la vida y por la democracia, Evo no participa si no quieren que participe (...) Nunca es Evo: sin pueblo unido y organizado, no hay Evo. Evo es uno más de ellos”, argumentó. De todas formas, el expresidente dijo encontrarse en la obligación de ayudar a sus compañeros de espacio, "después de tantos años que me acompañaron".

Morales volvió a repetir, al igual que en entrevistas previas, que renunció "para que los militantes (del MAS) no fueran agredidos". Y si bien no se arrepiente de haber tomado esa decisión, volvió a cargar contra las nuevas autoridades que ejecutan una feroz represión contra el pueblo. "24 muertos a bala, ya es dictadura", denunció.

El líder indígena contó que antes de partir a México le habían ofrecido una recompensa de 50 mil dólares a sus custodios personales para que lo detuvieran. Al respecto, expresó que aunque por Constitución no podrían capturarlo "salvo que haya un proceso de responsabilidades por algún tema y haya sentencia, evidentemente no hay cierta seguridad. Por eso la comisión (mediadora) esperamos que empiece para garantizar seguridad para todos", expresó.

El primer presidente indígena en la historia de Bolivia permanece asilado en México desde el martes pasado, tras denunciar un golpe de Estado que lo forzó a dejar el cargo. Debió hacerlo presionado por la cúpula militar boliviana, en medio de protestas ciudadanas y denuncias de la OEA sobre irregularidades en las elecciones del 20 de octubre, tras un escrutinio que lo daba como ganador en primera vuelta.

Desde entonces, simpatizantes y opositores al expresidente tomaron las calles dando lugar, primero, a enfrentamientos entre ellos, y luego con las fuerzas de seguridad, que por el momento dejan un saldo de al menos 24 muertos y 700 heridos.

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El golpe de Estado y los escenarios de impotencia critico-práctica

Si se escinden los planos característicos del análisis político (de uno que contenga una perspectiva de clase) y se establecen jerarquías absolutas más que estratégicas, se corre el riesgo de delinear distintos escenarios de impotencia crítico-práctica.

Desde hace ya algunos años, muchos y muchas intelectuales-militantes se anclaron en las condiciones imperantes en el sistema interestatal, revindicaron su especificidad, las absolutizaron y las blandieron como excusa para justificar el bloqueo sistemático de toda práctica emancipatoria radical, auto-afirmativa y no institucionalizada por parte de los Estados administrados por gobiernos dizque progresistas. Ciertamente, las razones geopolíticas no pocas veces fueron esgrimidas para justificar proyectos neo-desarrollistas (extractivismo incluido) y la integración subordinada de las organizaciones populares y los movimientos sociales a los esquemas ministeriales. Peor todavía: estas razones, desvirtuadas en grado máximo, han servido (y sirven) para justificar alianzas y acuerdos con los futuros verdugos. Son razones pragmáticas que hacen que los y las intelectuales-militantes pierdan rigor crítico y que la izquierda se torne “sistémica”.

Ahora bien, desde espacios políticos que podríamos catalogar como “anarco-exóticos” –no se nos ocurre otra designación, por ahora– desde extrañas configuraciones que combinan ultra-izquierdismo con formalismo liberal-republicano, desde algunos esencialismos identitarios (étnicos, de género, etc.), el dogmatismo que desdeña la relevancia de las razones geopolíticas y las condiciones imperantes en el sistema interestatal, también incurre en la misma escisión, propone igualmente jerarquías absolutas más que estratégicas y delinea su propio escenario de impotencia crítico-práctica.

Consideramos que el antiimperialismo y las condiciones imperantes en el sistema interestatal absolutizadas jamás deberían erigirse en la excusa para justificar las políticas que pretenden la “erradicación” o el control vertical y estatal de la lucha de clases y que conspiran contra la autonomía popular. En concreto: las políticas antiimperialistas sólo pueden sostenerse en políticas anticapitalistas. El anticolonialismo es incompatible con el extractivismo y la proliferación de multinacionales. Comunizar y privatizar son prácticas antagónicas aunque puedan convivir por un tiempo. Sin la “desestructuración” del universo material, simbólico y represivo de las clases dominantes y sin la construcción de un contra-universo propio de los y las de abajo, será imposible consolidar el poder popular.

Un gobierno “popular” y “antiimperialista” puede oponerse a la instalación de una base militar estadounidense, puede promover una redistribución del ingreso más justa y avances en diversos órdenes. Pero si al mismo tiempo le abre las puertas al capital financiero y a las grandes corporaciones; si resguarda los privilegios de las clases dominantes y las elites; si pretende la subordinación de los espacios de autogestión económica, autogobierno (y autodefensa) del pueblo al viejo Estado y a la institucionalidad burguesa, corre el riesgo de tornarse conservador, o de ser derrocado por coaliciones reaccionarias en las que, indefectiblemente, se destacarán sus ex aliados. En toda la historia de Nuestra América, en la vieja y en la reciente, abundan los ejemplos.

Ahora bien, abrigamos la certeza de que en Bolivia difícilmente existirán las condiciones más adecuadas para debatir estos y otros asuntos sin la reposición de Evo Morales y Álvaro García Linera al frente del gobierno del Estado plurinacional.

Luego, la lucha de clases, las luchas identitarias, la autonomía popular, jamás deberían erigirse en excusas para relativizar el hecho imperial y para negar el peso propio de las condiciones imperantes en el sistema interestatal. Un gesto que no ha escaseado entre algunos y algunas intelectuales-militantes de izquierda críticos y críticas del progresismo que, en estos días, en torno al golpe de Estado en Bolivia, están sosteniendo posiciones de una superficialidad manifiesta y que lindan con el delirio y/o la aberración.

¡Cómo si no existiera el terrorismo global de Estado, una voluntad hegemónica imperialista y unipolar, en fin: contrainsurgencia estadounidense alimentada en la creencia de un excepcionalismo estadounidense!

¡Cómo si no existiera una estrategia centrada en destruir todos los focos de resistencia de los y las de abajo, las luchas contra-hegemónicas y por la autodeterminación y el poder popular!

¡Cómo si las limitaciones del gobierno de Evo Morales alcanzaran para negar los avances populares en planos materiales y simbólicos muy significativos!

¡Cómo si la estabilidad de algunas estructuras claves del sistema de dominación capitalista y patriarcal y las insuficiencias de una izquierda estatalista en el gobierno, justificaran la instalación de una dictadura abiertamente pro-imperialista, racista, patriarcal y clasista!

¿Por qué la incapacidad del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) para defender las posiciones adquiridas por pueblo pobre, trabajador, campesino e indígena de Bolivia es presentada cuasi como un aval al golpe de Estado cívico-militar-policial?

No deja de ser sintomático que se reconozcan esas conquistas solamente a la hora de destacar la incapacidad del gobierno del MAS para defenderlas.

¿Acaso alguien supone que el neofascismo y esta nueva “cruzada extirpadora de idolatrías” en curso generará mejores condiciones para la sincronía entre el espíritu y la realidad?

Es un tremendo error no captar el significado más profundo del golpe de Estado y creer que ha sido derrocada una figura menor y circunstancial en la historia boliviana.

Paradójicamente, la relativización del hecho imperial en nombre de la lucha de clases, de las luchas identitarias y de la autonomía; la negación del peso propio de las lógicas del sistema interestatal en nombre de unos fragmentos de realidad romantizada o de hipotéticos procesos puros e incontaminados, está colocando a estos y estas intelectuales-militantes por fuera de los combates más sustanciales –y reales–, condenándolos y condenándolas a la insignificancia. O, peor aún, los y las está ubicando del lado de las clases dominantes y, claro está, del Imperio, que ya ha comenzado a exhibir grados de impudicia desfachatados y algo extemporáneos en sus procedimientos.

Lamentablemente, una pasmosa falta de timing político-histórico, una fidelidad a los conceptos más que a los sujetos, un pánico a los espectros estalinistas que pretenden contrarrestar con puros formalismos, un afán de no manchar sus bellas almas con el apoyo a un gobierno que consideran “deficiente e incompleto”, conspira a la hora de la activa solidaridad con el pueblo pobre, trabajador, campesino e indígena de Bolivia.

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Carlos Ruiz Encina: "En Chile se está gestando un gran cambio histórico"

A un mes de uno de los movimientos sociales más extraordinarios de la historia de Chile, el investigador analiza las causas de la protesta, las demandas de la calle tras décadas de promesas incumplidas y la resistencia del gobierno de Sebastián Piñera para tomar medidas a la altura.

 

Carlos Ruiz Encina es sociólogo, doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile, y Presidente de la Fundación Nodo XXI, centro de pensamiento ligado al Frente Amplio (FA). En diálogo con Página/12, Ruiz Encina explica por qué era previsible que la calle explotara como lo hizo, quiénes son los nuevos actores sociales en el marco de este "gran cambio histórico", y las agendas de corto y largo plazo. La mercantilización de la vida, la urgencia de evitar "las provocaciones de la derecha y aferrarse a la democracia", y su preocupación ante las masivas violaciones a los derechos humanos.

--El 18 de octubre último estalló la crisis política y social más profunda de las últimas décadas en Chile. ¿Sorprendió la magnitud de las manifestaciones que le siguieron o era previsible que en algún momento sucediera algo semejante?

--Sí y no a la vez. Por un lado, tengamos presente que anteriormente se dio una serie de manifestaciones con más de un millón de personas contra el sistema de pensiones, tuvimos el 8 de marzo más grande de todo América Latina, y la marcha del orgullo gay, que fue gigantesca. Hay un malestar que viene en crecimiento desde 2006, desde la marcha de los estudiantes en adelante. Por otro, hay cierta elite chilena conservadora que sí dice “fuimos sorprendidos”. En realidad, lo que sucede es que no han querido ver. Al mismo tiempo es cierto que se trata de una dimensión completamente nueva; esto no es la simple sumatoria de lo anterior. Se terminaron de articular ciertas demandas, como las demandas por la soberanía de las pensiones y las luchas por la soberanía y el control del agua, en contra de su privatización. Nuestra vida social cotidiana es de las más privatizadas, mientras el nivel de incertidumbre es enorme: la tasa de rotación de los empleos es altísima, la protección de servicios estatales es completamente inexistente, etc. Como decía un cartel por ahí: “no son treinta pesos, son treinta años”. Esto limpia todos los gobiernos para atrás. Los fondos del gasto social estatal se entregan a concesionarios privados que ofrecen estos servicios. Clínicas privadas, universidades privadas... Es el sistema neoliberal del voucher que terminó creando un capitalismo de servicio público. Este tipo de privatización en el resto de América Latina no existe. Todos conocen sobre privatizaciones de telefonías y líneas aéreas, pero no de servicios sociales. Es importante que esto se sepa para comprender por qué la gente explotó como lo hizo.

--En virtud de la envergadura de los acontecimientos, ¿puede considerarse un cambio de clivaje en Chile, en el sentido de un antes y un después en su historia?

--Chile no vuelve atrás. Hasta aquí fue el tiempo en que las reformas neoliberales gozaron de algún nivel de imposición por la fuerza, y que gozaban de cierta efectividad. En este momento la desobediencia civil ha rebasado todo ese tipo de marco y no hay vuelta atrás. En Chile se está gestando un gran cambio histórico. Y uno de los sujetos que empieza a tomar forma es una suerte de nuevo pueblo chileno, que no es el pueblo del siglo XX, no es el pueblo de los obreros industriales y de la clase media desarrollista; esos sectores fueron desmantelados por la transformación neoliberal. Este es el pueblo que engendró el neoliberalismo, y de alguna manera su propio engendro se empezó a poner de a pie. Si en este país fue donde nació el neoliberalismo es posible que sea también en este país donde primero se lo sepulte. Es claro que desde que se generó la transición a la democracia funcionaba mucho en Chile el temor a lo que se llamaba "la regresión autoritaria". De alguna manera eso contenía las protestas. El modelo económico de Pinochet no se modificó en la transición; se hizo una reforma del sistema político pero no del sistema económico. Al contrario, las privatizaciones se profundizaron. Esta cuestión está arrasando con moros y cristianos. Hoy en las marchas no hay banderas de ningún partido. Hay una sociedad que se quiere hacer ver, porque la política estuvo muy encerrada. La distancia entre política y sociedad es muy grande. La participación electoral ronda el 40%. Los segundos gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera han tenido un respaldo de menos del 25% del total del electorado potencial. No hay grandes mayorías políticas. Y en ese gigantesco divorcio entre política y sociedad fue apareciendo todo esto. La última encuesta de la Universidad de Chile indica un respaldo del 83% de la población a la protesta. La gente explotó más allá de ser de izquierda o derecha. Hasta hay gente de acuerdo con Pinochet que hoy sale a protestar.

--¿Y esto por qué?

--Porque terminaron convirtiendo en mercancía cosas de nuestra reproducción de la vida cotidiana. La vejez es una mercancía en este momento. Entonces ya nadie sabe qué tipo de vejez va a tener. Te venden mucho acerca de nuevas clases medias, pero basta que alguien se enferme para que caiga tres o cuatro estratos. Tal grado de volatilidad genera en el individuo una gran crisis de incertidumbre.

--Estos nuevos modos de manifestación exigen nuevos modos de representación. ¿Qué debería revisar la izquierda para volver a ser la referente política de muchas de estas demandas?

--La izquierda tiene que dejar atrás algunas fórmulas del siglo XX. Hoy estamos lidiando, por un lado, con una demanda de derechos sociales universales, que implica poner más Estado en ciertos puntos; por otro, el mismo individuo está pidiendo una mayor autonomía individual. En este punto, la izquierda históricamente no ha sabido lidiar con las demandas de autonomía individual. Para decirlo bien autocríticamente, el precio a pagar por la igualdad en el siglo XX era sacrificar la libertad. Eso hoy no funciona; tenemos una sociedad distinta. Además, de alguna manera, el ciclo capitalista neoliberal en Chile cambió toda la estructura de clases. Ya no está la vieja clase obrera industrial -por eso es que no se ven sindicatos en las marchas, ni tampoco está la vieja clase media desarrollista, porque todo eso ha sido desmantelado y expulsado del Estado. Tenemos que hablarle a otro pueblo y a otro panorama social. El desafío de la izquierda es apropiarnos del presente, de esta nueva geografía social que está explotando con sus demandas, con sus nuevos factores culturales, y no seguir más bien en una especie de repliegue identitario en una cueva donde los que se reúnen son los convencidos de siempre. Hoy hay que salir a la calle. Necesitamos una nueva izquierda para un nuevo pueblo.

--En diversos sectores y países Chile gozaba de buena reputación económica internacional. De alguna manera, la protesta social desnudó la fuerte desigualdad social y le sacó el disfraz al "oasis" defendido por Piñera.

--La paradoja chilena, que confunde afuera, plantea lo siguiente: al mismo tiempo que disminuye la pobreza aumenta la desigualdad. Es cierto que disminuyó la pobreza y que ya no es la de niños sin zapatos. Pero creció la desigualdad en paralelo. Hay un sector que se apodera de todo ese crecimiento de una manera brutal. Y contra eso se está rebelando esta historia. La oposición que se crea entre este nuevo pueblo y esta nueva neo-oligarquización neoliberal es distinta al conflicto social que hayamos podido tener en el siglo XX. El "oasis" de Piñera es uno en el que está su casa y la de sus vecinos. Hay un nivel de mercantilización y privatización de la vida que, en nombre de la libertad que nos trajo el neoliberalismo, nos terminó robando la soberanía y el control de nuestras propias vidas. La Concertación no privatizó, pero concesionó. Los gobiernos de la Concertación fueron simplemente neoliberales. En Chile no existe nada público hace ya mucho tiempo. Y entonces, en esa distancia entre política y sociedad, la situación explota con estos niveles que han sido advertidos de inorganicidad política. Aquí es donde empieza a ocurrir algo interesante, que tiene que ver con la aparición de un enjambre de nuevas coordinadoras.

--¿Coordinadoras en tanto nuevos actores sociales?

--Diferentes a los viejos actores sociales. Me refiero a las coordinadoras de la soberanía del agua, de las pensiones, las distintas coordinadoras feministas, etc. Coordinadoras que responden a nuevos focos de conflicto propios de este siglo de expansión capitalista de fines del siglo XX. Chile es un laboratorio, por el nivel extremo al que han llegado estas cosas. Se empiezan a constituir nuevas formas de organización para responder a esas cuestiones. Se verá en qué medida madurarán o no como los grandes actores sociales de este período, pero es indiscutible que son quienes más efectividad tienen para llamar a las marchas. En cambio, las viejas centrales sindicales en este momento no movilizan a nadie. Lo que ocurre en las calles es impresionante. Chile ya despertó. Las versiones más lucidas del empresariado deberían darse cuenta de que si quieren paz social eso tiene un costo y tienen que meterse las manos en el bolsillo. En algunos sectores empresariales esa discusión está transcurriendo, pero todavía no hay una claridad con cómo enfrentar esta situación. El sistema de presiones que se expresa arriba de la figura presidencial es tremendo. Piñera pasó de decir que escuchó al pueblo a decir que estábamos en guerra.

--Se habla de 22 personas fallecidas, más de 2 mil heridos y 6 mil detenidos. ¿Hay registros de esto?

--Es muy preocupante. Recién ahora se están construyendo los registros de lo ocurrido. Tenemos una delicada situación con los derechos humanos. Las cifras que se manejan a este respecto son muy dispares e indeterminadas. Los casos más emblemáticos en el último tiempo son los de pérdida de visión; un alto número de jóvenes víctima de trauma ocular por el uso de balines disparados directamente a la cara. Hay una cosa conservadora contra la adolescencia que es brutal. Se habla también de violaciones masivas a muchachas jóvenes en cuarteles policiales y centros de detención. Lamentablemente la sociedad ha tenido que pagar un costo muy grande para empezar a sacarse de encima una Constitución que va para 40 años.

--Sobre este último punto, el jueves 14 se llegó a un acuerdo parlamentario para una nueva Constitución. ¿Cómo cree que seguirá todo a partir de este anuncio?

--Lo que queda claro es que el pueblo chileno no está pidiendo ser representado sino que está exigiendo participar. Por lo tanto, el tema de una nueva Constitución tiene que llevar a formas de participación muy relevantes. El cómo no es secundario. La oferta presidencial apunta más bien a una especie de reforma constitucional encerrada en el Parlamento. De modo que es muy difícil que así vayan a resolver los instintos de movilización popular. El gobierno continúa con una defensa cerrada del modelo socioeconómico, de las ventajas y privilegios que establece para una casta muy pequeña. Eso deja las cosas en muy mal pie para poder vislumbrar avances hacia cualquier acuerdo social mayor. Es necesario avanzar también en una agenda de corto plazo, más allá de una agenda de mediano plazo.

--¿Qué cuestiones debería atender cada una?

--Por un lado, hay una agenda de mediano plazo, que es sobre la que se está insistiendo y que tiene que ver en el fondo con deshacernos de la Constitución que nos heredó Pinochet. Transformar esa Constitución significa una discusión sobre cómo cambiar el modelo de desarrollo, el tipo de inversión extranjera, y cómo construir derechos sociales sobre ciertas cosas mercantilizadas de la vida, entre otros puntos. Pero una nueva Constitución no va a estar operando en el corto plazo; hay que avanzar pero sabiendo que es de mediano plazo. Y habrá que buscar los mecanismos participativos, en medio de la crisis de legitimidad de las instituciones políticas, que permitan dar garantías de modificar ese camino. Por otro lado se necesita una agenda corta, en la que se atiendan cuestiones muy concretas como la cuenta de la gente a fin de mes, los precios de los medicamentos, el acceso a los ahorros de los fondos de pensión... Porque en nombre de la libertad no nos dejan acceder a nuestros fondos de pensiones. Hay 37 mil enfermos terminales que no tienen acceso a sus fondos de pensiones de ahorro. Se trata de abrir un nuevo ciclo histórico, con un cambio de modelo de desarrollo, con una reforma al sistema de Estado y un cambio de régimen político. En torno a esa posibilidad de liderar un horizonte para ese ciclo histórico es donde van a tener que madurar ciertos liderazgos políticos. Ahí se va a probar realmente cuál empieza a ser la izquierda del siglo XXI.

--Con la aprobación de Piñera en un 13%, ¿cómo imagina los meses venideros del gobierno?

--Su situación es muy precaria. Un régimen político tan marcadamente presidencialista como el chileno está en este momento con una figura presidencial muy débil; el panorama es de un régimen presidencialista sin presidente. Algunos días atrás anunció la promulgación de más leyes represivas, con formas de detención mucho más arbitrarias de las que ya teníamos, un repliegue autoritario que no facilita llegar a un diálogo. De momento la situación es muy cerrada. Quedan no pocos intersticios para aventuras más autoritarias, sobre todo de sectores más de ultraderecha. No creo que pueda haber una hegemonía muy larga de ese tipo de aventuras, pero sí puede haber una situación de dos o tres semanas muy negras. De ahí que la protesta social tenga que ser muy responsable, porque tiene que entender que la única vía para resolver sus problemas, sus intereses sociales, es la democracia. Cierto empresariado no la está defendiendo y el presidente tampoco. Nosotros somos los que tenemos que evitar las provocaciones de la derecha y aferrarnos a la democracia.

--Señala que hoy la defensa de la democracia en Chile está en manos del pueblo. En paralelo, en la últimas horas se perpetró un golpe de Estado en Bolivia.

--De manera muy clara, hay que condenar cualquier aventura golpista. En América Latina sabemos a un precio muy alto lo que eso significa. La injerencia militar, y en particular esas oligarquías racistas que hay en Bolivia, son condenables de manera irrestricta. A esto añadiría, y lo haría como un reclamo a las fuerzas progresistas y de izquierda en general, que tenemos que reflexionar acerca de por qué pasan estas cuestiones. Una reflexión que no existió, por ejemplo, sobre lo sucedido en Nicaragua. Cómo se terminan desvirtuando ciertos procesos de transformación popular. En el caso boliviano hay un ensanchamiento y una mayor complejidad de la alianza social sobre la que se sostenía el proyecto de transformación que no fue adecuadamente incorporada en los últimos años en términos políticos y de participación. Por lo tanto ahí se produce también cierta dosis de resquebrajamiento de esa alianza social de sustento político, y esto lo aprovechan el militarismo, las oligarquías racistas y la que nunca falta en América Latina, la injerencia extranjera. 

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Iraq se fusiona finalmente en un soplo revolucionario. Entrevista

Tácticas inéditas, enfrentamientos internos en el ámbito chiita, debilitamiento del prisma confesional, amplitud de la represión...La investigadora Loulouwa al-Rachid vuelve a las manifestaciones revolucionarias que sacuden Iraq desde hace un mes.

Entre los países que las han conocido este año 2019, Iraq es donde al mismo tiempo la represión ha sido más sangrienta y la protesta más sorprendente: manifestantes chiitas se enfrentan a un poder mayoritariamente chiita, revuelta de adolescentes en vertiente táctica de los juegos de video, papel central de los conductores de triciclos motorizados, sacudida de las visiones confesionales y étnicas normalmente adoptadas cuando se analiza el país…

Para la investigadora Loulouwa al-Rachid, especialista en Iraq y hasta hace poco vinculada al Carnegie Middle East Center (Beirut), la situación inédita, prerrevolucionaria, supone choques múltiples y flagrantes del régimen forjado en 2003 después de la caída de Saddam Hussein y amenaza el statu quo, tanto dentro del país como en sus fronteras, con mayor fuerza de la que se benefician sólo unos pocos.

La entrevista la realizó Joseph Confavreux.

¿Es inédita la actual movilización en Iraq?

Sí y no. Iraq experimenta ciclos constantes de manifestaciones de mayor o menor alcance, más o menos duraderas y se conoce como un país de revueltas. En el imaginario colectivo, es un país en ebullición constante, indomable e ingobernable. Iraq ha conocido manifestaciones en 2011, otras explosiones en 2015, en 2017 y durante el verano de 2018 en Basora. Sobre lo único que están de acuerdo los iraquíes, es que viven en un país de intifada desde al menos 1920 y el levantamiento nacional contra el mandato británico, cuya represión, con los primeros bombardeos aéreos en la historia del país implicó miles de muertos.

Así pues, cada rebelión se inscribe en un continuum revolucionario. La cólera, su rapidez de propagación, la virulencia de los manifestantes, el coraje de luchar, aunque les cueste la vida, la denuncia de la corrupción: todo eso ya estaba presente en los movimientos previos, pero sin duda no con la intensidad que se ha visto desde principios de octubre.

Sin embargo, este levantamiento es inédito; ante todo porque ha estallado donde menos se le esperaba. Normalmente, estalla en el sur, en Basora, ciudad muy afectada en términos sanitarios y socioeconómicos. Pero a partir del levantamiento del verano de 2018, el gobierno mejoró el aprovisionamiento eléctrico en esta segunda gran ciudad del país para “comprar” la paz social. En esta ocasión, el conflicto estalló en Bagdad, más concretamente en el cinturón de pobreza que rodea la capital, precisamente en Sadr City. Este arrabal, edificado a finales de 1950 para alojar a los campesinos venidos a la ciudad, reúne hoy casi la cuarta parte de los habitantes de la capital. A partir de allí la revuelta se extendió a las grandes ciudades del centro (Nadjaf, Kerbala, et.) y sur del país (Nassiriyya y Basora).

Este levantamiento también es inédito porque implica olvidar las visiones confesionales o étnicas que se mencionan siempre al hablar de Iraq. Hoy el conflicto surge con bases estrictamente socio-económicas. La parte de los sunnitas que rechazaban el orden político posterior a 2003 no existe. En su lugar aparecen manifestantes chiitas que se enfrentan a un poder manejado por la mayoría chiita. Los kurdos y los sunnitas quedan como espectadores no sin cierta satisfacción de ver como los chiitas se destruyen entre sí, aunque también tengan quejas contra el poder central.

Además, es la primera vez que las mujeres tienen tanta visibilidad en la plaza Tahrir. Eso muestra que desde 2003 la sociedad iraquí se mueve, pese a la losa de plomo del conservadurismo impuesto por el islamismo chiita en el poder o el salafismo de las regiones sunnitas. Se ven mujeres jóvenes, sin velo y en pantalones, mezclarse en las manifestaciones sin temor al acoso sexual. Lo que muestra a la vez evoluciones ocultas sobre el papel de la mujer, y que vivimos un momento de cambio en los marcos sociales habituales que se tambalean.

Finalmente, otro elemento es la vuelta al escenario de órganos constituidos, de los sindicatos, que estaban en coma. Los médicos, los obreros del sector petrolero, los profesores han llamado a la huelga general, lo que es nuevo. Los trabajadores del puerto de Basora llaman a bloquear lo que supone el pulmón económico del país, decisivo en este caso dado que la mayor parte de los productos de primera necesidad se importan por allí. Es como si toda la sociedad iraquí se fusionara finalmente en un soplo revolucionario.

¿También es inédita la amplitud de la represión?

Sí, sobre todo si la comparamos con Argelia movilizada desde hace meses sin que haya ni un muerto. En Iraq, el balance es terriblemente pesado, con más de 250 muertos y 8.000 heridos en un mes. Además de la represión directa de las manifestaciones con tiros y gases lacrimógenos, se producen campañas de arrestos; de desapariciones de intelectuales y militantes.

Y sin embargo estamos en un país que teóricamente es democrático. Se han celebrado desde 2005 varias campañas electorales, con cierto grado de pluralismo y de alternancia política, así como libertad de prensa. En Iraq como en Líbano, no nos enfrentamos a un dictador como en Egipto, o a una institución todopoderosa, el ejército, como en Argelia; sin embargo, tanto los manifestantes iraquíes como libaneses quieren “la caída del régimen”.

La razón es que, a pesar de esta fachada democrática, el régimen está en un callejón sin salida y se muestra incapaz de asegurar un mínimo de regulación socio-económica. Por supuesto la explicación es la gran corrupción de las élites dirigentes y las administraciones públicas, pero hay que entender que esta corrupción equivale a un sistema bien engrasado de depredación de los recursos públicos a gran escala; el dinero de la renta petrolera se desvía en provecho de una oligarquía dispuesta a defender sus privilegios al coste de una represión brutal y sanguinaria. Si quiere preservar el statu quo, el régimen apenas tiene otra opción que convertirse en régimen autoritario y represivo, imitando a sus homólogos árabes.

La particularidad de Iraq es que nos encontramos con un Estado que reprime, ¡pero que afirma no conocer a los agentes de su represión! Las fuerzas armadas -policía, ejército, tropas anti-motines y anti-terroristas- afirman que no es en su seno donde se encuentran los francotiradores que disparan sobre los manifestantes. La comisión de investigación sobre la violencia contra los manifestantes fue incapaz de señalar a los culpables. Aún no se sabe a quien obedecen los hombres uniformados, a veces de negro, otras de verde, que se han visto actuando.

Subraya que se trata de un conflicto interno del mundo chiita. ¿A qué se refiere y qué implica esto?

El levantamiento tiene innegablemente rasgos chiitas. A partir de la gran manifestación del 1 de octubre, reprimida sangrientamente, las manifestaciones han continuado, pero no obstante siempre han marcado una tregua para respetar la marcha del Arbain. Esta importante fiesta religiosa chiita señala el final del duelo del martirio del imán Hussein, que implica la marcha a pie a la ciudad santa de Kerbala, donde lo mataron. A lo largo de las carreteras que convergen en Kerbala, los habitantes, las familias acomodadas en particular, abren sus puertas y alimentan a los peregrinos, exactamente como lo han hecho esta vez, llevando ollas enormes de alimentos a los manifestantes de la plaza Tahrir.

Desde luego, en esta revuelta juvenil, hay elementos que se repiten en otros países árabes: el empobrecimiento masivo de la población, infraestructuras lamentables, una tasa de desempleo astronómica...Podríamos aplicar este marco de referencia socio-económica al Líbano, Sudán, Egipto, al Rif marroquí, a Argelia. Pero en cada país, la revuelta se inscribe en un texto distinto; en una trama nacional concreta; por ejemplo, en Argelia, la manifestación del 1 de noviembre inscribe la revuelta popular alineada con la guerra de independencia contra Francia, como la voluntad de liberarse de un régimen militar percibido como extraño a la sociedad.

En Iraq existe esta problemática concreta del chiismo, llegado al poder después de 2003 favorecido por el derrocamiento de Sadam Hussein por los norteamericanos. ¿Qué ha hecho de este poder? Es un fracaso total con todas las letras. La clase política dominante chiita no ha sabido hacer funcionar socio-económicamente el país ni el nuevo régimen político; ni elaborar un proyecto nacional consensuado. Me temo, que si hoy hiciéramos un sondeo, una aplastante mayoría de iraquíes, integrando todas las confesiones, no dejarían de preferir la vuelta del antiguo régimen frente a lo que viven hoy…

Ahora bien, detrás de la movilización popular actual, se leen, entre bastidores, las intensas rivalidades del mundo político chiita que es un mundo plural, ideológica, cultural y económicamente: está atravesado por una violente lucha de clases que se niega en nombre de la unidad y defensa del chiismo.

¿Cuáles son las fuerzas rivales en el seno del mundo chiita iraquí?

Hay, ante todo, los islamistas del poder, vueltos del exilio en 2003, que lo monopolizan desde todos los engranajes políticos. Mayoritariamente han salido de las grandes formaciones políticas como el partido Al-Dawa (La llamada Islámica) consideran que tienen una legitimidad histórica: el precio de la sangre vertida frente a la dictadura de Sadam Hussein. Al-Dawa ha dado al país varios primeros ministros (Nouri al-Malikj y Haider al-Abadi). Son islamistas “moderados” que sobresalen en el pragmatismo y la política, “política”; hoy no pueden pretender ninguna dirección moral, tanto les ha corrompido el poder y la renta petrolera. Forman más bien una élite solo preocupada por el desmembramiento del poder y por sus prebendas.

Al lado de esto, desde 2003 ha emergido otro islamismo chiita en el interior. Es un chiismo populista y miliciano. Su componente más sólido está encarnado por Moqtad al-Sadr, que tiende ampliamente a la demagogia, con escasa experiencia de poder y de escenarios internacionales, pero que puede vanagloriarse de representar a los desheredados.

También hay todas las otras milicias armadas que han proliferado en el país en nombre de la lucha contra el Daesh, hasta el punto de convertirse en instituciones. Es la llamada “movilización popular”. Estas milicias poseen una legitimidad religiosa ya que dicen haber nacido de una fatwa religiosa del ayatolá Sistani, que representa la más alta autoridad religiosa del chiismo iraquí. Hoy reclaman su parte de la tarta, con tanto más vigor al estar coronados con la victoria contra el Estado islámico. Ideológicamente están próximos a Irán y se consideran sobre todo un modelo de los Guardias de la revolución iraníes.

Las últimas elecciones legislativas de 2018, han cambiado las cartas, dado que la corriente sadrista y la de la movilización popular han entrado con fuerza en el parlamento, hasta el punto de constituir respectivamente, el primero y el segundo bloque. Este chiismo armado tiene un pie en el poder y otro fuera. Controla ministerios y núcleos administrativos lucrativos, pero se presenta como virgen de la corrupción del poder y amenaza romper la baraja en cualquier momento, si no obtiene una mayor parte del pastel.

La cuestión central hoy en Iraq radica en la salida de esta relación de fuerzas entre dos chiismos políticos, a veces aliados, a veces enfrentados.

Lo que sorprende, cuando se ven las manifestaciones en Iraq, es la extrema juventud de los manifestantes y el hecho de que, entre los muertos y los heridos solo se ven habitualmente caras de adolescentes...

Esta revolución es una revolución de jóvenes e incluso de muy jóvenes, llegados de los márgenes desheredados de la sociedad. En efecto, entre 15-25 años, a menudo adolescentes, son los actores principales de la revuelta. Buen número de entre ellos han tenido que transformarse en cabezas de familia, con padres muertos, desaparecidos o huidos por la violencia y las sucesivas guerras. Trabajan en la economía informal para alimentar a toda la familia. Según el Banco Mundial, el 60% de los iraquíes son menores de 25 años y su tasa de desempleo supera el 40%.

Pero esta movilización es sorprendente más allá de las condiciones socio-económicas en que están los jóvenes. Así, los héroes de este levantamiento son los conductores de triciclos que transportan diariamente paquetes y trabajadores a jornal, en la construcción y el comercio, venidos de los arrabales. Mientras que, a los ojos de muchos iraquíes, encarnan los bajos fondos y las clases peligrosas, acusados de acosar a sus hijas y de comportarse como delincuentes que embotellan las ciudades, han estructurado la movilización distribuyendo agua a los manifestantes y haciendo servicios de ambulancia.

Otro aspecto sorprendente es la forma en que estos jóvenes contemplan su entrada en el escenario político como un juego de video. Se les denomina la “generación PUBG” por el nombre de un juego de video que tiene millones de adeptos en Iraq, Players Unknown’s Battlegrounds. El jugador es lanzado en paracaídas sobre un campo de batalla desconocido y ha de espabilarse para encontrar víveres y armas. En la forma como se desplazan, como erigen barricadas, los jóvenes manifestantes se inspiran en los que juegan diariamente. En abril 2019, el Parlamento iraquí, que no se corta un pelo en legislar sobre lo que sea, ya había votado una ley prohibiendo estos juegos de video que incitan a la violencia. Pero como el gobierno iraquí no tiene ninguna capacidad de acción, la prohibición se quedó en letra muerta, aunque fue apoyada por los clérigos chiitas.

¿Qué se puede decir del “campo de batalla” de los jóvenes revolucionarios?

Como en el juego PUBG, hay que tomar una fortaleza; a saber, la “zona verde”. Esta se encuentra, respecto a la plaza Tahrir, que constituye el epicentro de la revuelta, al otro lado del Tigris, pasado el puente de la República, Esta zona verde, fuertemente vigilada, concentra los lugares del poder: el Parlamento; los ministerios; la sede del Consejo de Ministros y prácticamente todas las embajadas extranjeras, las de Irán y Francia aparte. Se ha convertido en una ciudad dentro de la ciudad, con hoteles de lujo, clubs de deporte, inmunizada respecto al resto de la sociedad iraquí.

Lo que es interesante, es que a la entrada del puente, un edificio denominado el “restaurante turco”, cuya historia y la forma actual de explotación explican muchas cosas sobre lo que es Iraq. Este edificio de 14 plantas construido en 1983, debía ser un gran centro comercial que nunca nació, aunque se instaló un restaurante panorámico turco en la última planta, con una vista dirigida sobre el Tigris y la plaza Tahrit. Fue duramente bombardeado en 1991, durante la guerra del Golfo, reconstruido después, antes de ser nuevamente bombardeado por los norteamericanos en 2003.

En esta ocasión el edificio fue totalmente abandonado, mientras circulaba el rumor de que había sido contaminado con sustancias radiactivas, Pero en el momento de la primavera árabe de 2011, las fuerzas del orden del gobierno de Maliki ocuparon el edificio y los francotiradores dispararon desde los pisos vacíos sobre los manifestantes contribuyendo a ahogar en su inicio el levantamiento.

Para evitar que la historia se repita, a principios de este mes de octubre, el primer objetivo de los manifestantes fue ocupar este edificio. Los jóvenes fueron allí, escalaron las fachadas y lo han convertido en cuartel general de la revolución ondeando pancartas y banderas iraquíes. La forma en que los revolucionarios se refieren a dicho edificio es muy significativa. Algunos lo denominan “los jardines colgantes de Babilonia”, en referencia a los racimos humanos sentados en los pisos sin barandillas, con las piernas colgando en el vacío. Esta referencia permite acercarse a la historia de Mesopotamia, la de un Iraq cuna de civilizaciones.

Otros lo llaman “Jabal Uhud”, nombre tomado de la hagiografía islámica, dado que el monte Uhud, situado al norte de Medina, fue el lugar donde se reagruparon los primeros musulmanes que libraron batalla a los herejes y con los que se identifican los jóvenes alzados.

Iraq siempre ha oscilado entre estos dos polos de identidad nacional: ¿se insiste en Mesopotamia para superar las divisiones étnicas y confesionales o sobre la religión, con el peligro de atizar las tensiones entre sunnitas y chiitas?

A esto se añade una minoría que se manifiesta mediante la expresión “intifada oktober”. Pero la expresión oktober no existe en el árabe iraquí, en el que el mes de octubre jamás se ha llamado así. La referencia por tanto se ha hecho directamente a la revolución de octubre de 1917, muestra del hecho de que Iraq fue el país que antes tuvo el Partido Comunista más potente del mundo árabe.

Por lo que se refiere a los eslóganes, dos son los dominantes: “Salgo para ejercer mis derechos” y “Quiero una patria”. Más allá de la denuncia de la corrupción y de las injusticias sociales, se vuelve a la identidad de Iraq y sus componentes: el pasado mesopotámico, el islam, el islamismo, el viejo fondo revolucionario marxistizante, las relaciones con el entorno regional, empezando con Irán…

¿En qué condiciones es probable una salida de la crisis? ¿Cuál puede ser ante todo el papel de Moqtada al-Sadr, a la vez encabezando un poder miliciano y del primer bloque parlamentario?

Actualmente hay en Iraq una negación de la profundidad de la crisis, y que tiene tal entidad que resulta difícil mirarla de cara. No basta con anunciar algún desbloqueo de fondos como pueden calmarse las cosas. El sistema político en realidad está huérfano de toda capacidad de actuación. El gobierno no tiene el monopolio de la violencia legítima y ha perdido su palanca financiera, considerando el coste de la guerra contra el Daesh y la caída del precio del petróleo desde 2013-2014.

Cuando Maliki era primer ministro, el precio del barril se situaba por encima de los 100 dólares y el gobierno aun podía tratar de comprar la paz social a golpe de subvenciones y de creación de empleos en la función pública, cuyo tamaño se multiplicó por cuatro desde 2003. Actualmente, está obligado a recurrir al endeudamiento para financiar sus gastos, principalmente militares. La deslegitimación de ese poder es tal que se oye a ciertos manifestantes apelar a una tutela internacional, o cuando menos a elecciones controladas por las Naciones Unidas, que desembocarían en una nueva Constitución.

En ese contexto, un elemento clave será la variable Moqtada al-Sadr, que es el principal aguafiestas del sistema lo que lo dice todo, que es conocido por sus cambios de aliados; un día puede incitar a sus tropas a quemar la bandera iraní y al día siguiente estar en Teherán al lado de los altos dignatarios iraníes. Es el chiquillo turbulento del sistema imposible del Iraq post-baasista. El mismo está dividido entre la matriz del islam político chiita y una iraquidad a la que le cuesta transformar en una fórmula de gobierno. Así, acaba de ordenar a sus partidarios retirarse de la plaza Tahrir, después de haberles impulsado a hacerlo. Ha llamado a dimitir al primer ministro, antes de cambiar de criterio.

Moqtada, cuyo padre fue un dignatario religioso muy popular, asesinado por el régimen de Saddam en 1999, tiene una capacidad de movilización inmensa, que heredó, pero que corre el riesgo de dilapidar, de la forma en que Saad Hariri, en Líbano, malgastó la herencia económica y política de su padre asesinado.

Desde 2003, Moqtada al-Sadr lo ha intentado todo. Al comienzo llamó a tomar las armas contra la ocupación norteamericana, envió tropas contra el gobierno de Maliki, contra el clero encabezado por el ayatolá Sistani...Posteriormente ha terminado por adoptar una posición legalista y reformista, con un bloque parlamentario y ministerios, pero entonces ha vivido lo que les había sucedido a otros partidos de gobierno: corrupción, cambios de alianzas, compromisos...Esto debilitó su credibilidad y la solidez de su organización.

Haga lo que haga Moqtada, en ese contexto de tensiones internas en el mundo chiita, no habrá solución mientras no se aborden las injusticias sociales y las infraestructuras. La sociedad iraquí se halla fuertemente polarizada entre cinturones de pobreza y de pequeñas y grandes burguesías urbanas que se benefician de los empleos en la función pública y los circuitos de redistribución de renta. Por su parte, la clase política dirigente, ha amasado fortunas inmensas y se apoya en los dirigentes religiosos, que se sitúan también en posiciones de ambigüedad, unas veces llamando a la calma y otras sosteniendo a los jóvenes chiitas rebeldes. Los clérigos chiitas, que también son una institución económica y financiera, tienen todo que perder con la tabla rasa de una cólera popular que también los toman como objetivo, por haber sido cómplices del sistema.

¿Cuáles son los escenarios posibles?

La única capacidad de actuación que todavía tiene el régimen, es bloquear todo cambio auténtico. Y no veo tampoco que incluso un cambio del primer ministro pueda bastar para hacer volver a sus casas a los manifestantes convencidos de hacer tabla rasa. Podemos imaginarnos que la represión vencerá a los entusiastas revolucionarios; podemos imaginar que la situación permanezca equilibrada; incluso que la represión aumente el peligro de una guerra civil entre chiitas en una sociedad donde todo el mundo está armado. Bagdad concentra, como ninguna otra ciudad del país, fuerzas armadas, regulares o no. Si la situación se escapa de control en la capital, habrá que esperar un baño de sangre, de cuyo potencial ha dado muestras las primeras semanas de manifestaciones.

El futuro dependerá también de Irán, que trata de arbitrar las cosas para mantener un statu quo concreto forjado por los norteamericanos, pero del que se aprovecha sobremanera. En efecto los iraníes están muy presentes en la economía y la sociedad iraquíes. Irán no puede desinteresarse de Iraq, porque es una palanca de influencia regional, con un suministro de combatientes susceptibles de intervenir en Siria o en otras partes; un país petrolero; una salida para la exportación de sus productos y un sistema bancario que le permite, por su intermediación, zafarse del yugo de las sanciones norteamericanas. Pero Iraq es también para ellos, una cuestión de política interna.

Kerbala y Nadjaf constituyen importantes centros religiosos con clérigos venidos del conjunto del universo chiita. El ayatolá Sistani, él mismo de origen iraní, que encabeza a los clérigos de Nadjaf, representa un chiismo apolítico, más liberal, preparado para jugar el papel de la democracia representativa, que propone otro modelo diferente al de la República Islámica de Irán, donde los clérigos están a la cabeza del Estado. Así pues, Irán se encuentra constreñido a arbitrar entre diferentes facciones chiitas iraquíes, para evitar un vuelco hacia una guerra entre chiitas que sólo podría perjudicarle.

Es usted especialista en Iraq, pero vive actualmente en Beirut. Se oyen eslóganes del tipo: “Bagdad, Beirut, el mismo combate. ¿Es algo más que un eslogan?

Se habían oído eslóganes de este tipo en 2015, cuando los libaneses se movilizaban diciendo: “You Stink”, (Apestáis, NdT) dirigidos a la clase política incapaz de gestionar la crisis de las basuras, y al mismo tiempo había un inicio de movilizaciones en la plaza Tahrir de Bagdad. Siempre es bueno para la moral de los manifestantes, de ambas partes, insertarse en un continuum revolucionario, aunque sea virtual y se circunscriba a las redes sociales.

Pero, por una parte, no existen contactos reales entre los manifestantes de Beirut y los de Bagdad; por otra, hay una territorialización clara y neta de esas dinámicas, en cada país. En Iraq, las manifestaciones se dan en Bagdad y las grandes ciudades chiitas, nada en el Kurdistan o en las provincias sunnitas destruidas y traumatizadas. Si ya es difícil unir Bagdad a Mosul, aún los es menos con Beirut.

Por Loulouwa al-Rachid

15/11/2019

investigadora especializada en Iraq y vinculada al Carnegie Middle East Center (Beirut)

Fuente:

https://www.mediapart.fr/journal/international/101119/l-irak-fusionne-enfin-dans-un-souffle-revolutionnaire

Traducción:

Ramón Sánchez Tabarés

Publicado enInternacional
Domingo, 17 Noviembre 2019 05:47

El eterno retorno de los chalecos amarillos

El eterno retorno de los chalecos amarillos

A un año de su marcha más multitudinaria vuelven a la calle en Francia

La conmemoración del primer año quedó trunca. Estaban previstas más de 200 acciones en toda Francia, pero la tensión se focalizó en los enfrentamientos en París.

 “¿Pasarán por acá?”, preguntó temeroso el cliente de un bar situado en la esquina del Boulevard de l’Hôpital y el Boulevard Saint Marcel donde la policía había desplegado un montón de unidades represivas. 700 metros más arriba, en la Place d’Italie, unos 3.000 chalecos amarillos preparaban su quincuagésima segunda manifestación de los sábados. Esta tenía un sabor muy especial: hace un año, el 17 de noviembre de 2018, 282 mil personas se habían manifestado en todo el país y ocupado una infinidad de rotondas. Los chalecos querían hacer de esta jornada una suerte de símbolo de su persistencia, pero la violencia que se desató aún  antes  de que los manifestantes iniciaran la marcha condujo al prefecto de París a prohibir la manifestación. Estaba previsto que la protesta comenzara a las dos de la tarde, pero ya a las 11 de la mañana estallaron los primeros incidentes protagonizados por personas vestidas de negro y con máscaras en la cara: los manifestantes destruyeron los locales del banco HSB (uno de las instituciones bancarias más sucias del mundo), quemaron autos, incendiaron basureros y rompieron las vidrieras de centro comercial Italie 2.

La conmemoración del primer año quedó trunca. Estaban previstas más de 200 acciones en toda Francia, pero la tensión se focalizó en los enfrentamientos en París. Hace un año, Francia asistía, a la vez orgullosa y atónita, al nacimiento de una de las insurrecciones civiles más poderosos y extendidas del último cuarto de Siglo. Con el paso de los meses, con la masiva represión policial, la infiltración del movimiento por radicales de izquierda y de derecha, los episodios de violencia extrema que tuvieron lugar en los barrios ricos de París y las declaraciones desubicadas de varios de sus líderes se aplacaron tanto la capacidad movilizadora de los chalecos amarillos como su legitimidad en las calles. Sin embargo, cada sábado, en pequeños grupos, los chalecos mantuvieron encendida la llama de una insurrección que ha marcado la historia social de Francia. A su manera contradictoria, un año después, los chalecos amarillos obtuvieron una victoria política y otra moral: se instalaron en las rotondas y acudieron a París en protesta por el aumento del precio del gasoil decidido por el Ejecutivo dentro de su programa de “transición ecológica” y consiguieron que el poder anulara esos y otros aumentos, que gastara cerca de 18 mil millones de euros para incremental el poder adquisitivo de los franceses, que organizara un debate nacional para conocer el estado de animo del país y sus demandas y que, desde entonces, el presidente Emmanuel Macron avanzara con paso de antílope y prudencia en la aplicación de su programa de reformas liberales. 

El Ejecutivo vive con la obsesión de un incendio social tanto más presente cuanto que, ahora, se dispone a una enésima reforma del sistema de pensiones. El profundo impacto social que tuvo la insurrección amarilla no se tradujo en un beneficio político para sus lideres. Varios de ellos se presentaron como candidatos en las elecciones europeas, pero no fueron capaces de atraer votos. En cambio, sí se beneficio el país social y político. Los chalecos han conseguido una de esas victorias que no se miden en votos sino en la huella que dejan y los sentidos que abren. De golpe, de la nada, esa clase trabajadora blanca que residía en las zonas periféricas puso al desnudo la estafa globalizada, la existencia de una desigualdad de raíz ocultada por la ficción de una prosperidad que sólo beneficiaba a las zonas urbanas ultra conectadas mientras, al lado, existía un país invisible, sufrido, olvidado por los apóstoles de la promoción liberal y los servicios públicos. Distribución de las riquezas, reparto de la carga fiscal, justicia social, democracia directa, representatividad, servicios públicos, cada una de estas problemáticas presentes pero no verbalizadas emergieron con los chalecos amarillos. Y lo hicieron fuera de todas las cajas de resonancia que, antaño, eran la correa de transmisión de las protestas. Los sindicatos se quedaron afuera, los partidos políticos buscaban en el mapa de dónde venía toda esa gente, los periodistas no entendían qué pasaba y los analistas profesionales descubrían azorados que estaban ante lo no pensado. Esta insurrección no organizada, sin estructuras ni programa llegó mucho más lejos que todas las luchas planteadas por los sindicatos. Obtuvo del poder lo que las organizaciones sindicales jamás lograron, forzaron la puerta de los medios, modificaron el contenido de las prioridades políticas y obligaron a las castas urbanas (periodistas incluidos) a mirar toda la realidad del país. La revuelta amarilla trastornó el mandato de Emmanuel Macron. Ni él como persona ni el ejercicio del poder fueron los mismos. En una entrevista con The Times, Macron reconoció que “de cierta forma, los chalecos amarillos fueron algo bueno para mi. Me recordaron quién debía ser”.

El Estado doblegó al movimiento aplicando una estrategia represiva extrema. Miles de arrestos preventivos, violencia institucional, policías sin control, uso de armas que dejaron cientos de heridos graves (gente sin ojos, otros mutilados por las granadas), juicios y condenas instantáneas desinflaron también la movilización. La doble acción policial y judicial funcionó como argumento disuasivo. Con todo, menos gente en las calles no significó rendición. La visibilidad perdida de un sujeto social restaurado, la evidencia de que la lucha de clases no era una referencia superada en el Siglo XXI, la denuncia de los incontables sistemas de micro desigualdad que el liberalismo había sembrado en las sociedades y la reactivación de otras luchas (hospitales, servicios públicos, jubilación, ferrocarriles) forman parte del extenso catalogo de éxitos colaterales conseguidos por los chalecos amarillos. Ya nada es igual. Son un referente de la lucha social. Habrá hoy menos chalecos amarillos en las calles y las rotondas, pero ya son millones en las conciencias.

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Sábado, 16 Noviembre 2019 07:39

Un largo proceso de degradación

Un largo proceso de degradación

Es clave para entender lo que está sucediendo ahora en Bolivia entender, a su vez, el proceso de división creciente y la degradación que durante los gobiernos de Evo Morales sufrieron los llamados movimientos sociales –que fueron el respaldo inicial del presidente– por una izquierda que permitía una sola posibilidad y no permitía la autonomía


Es una historia que comenzó entre 2009 y 2010, aproximadamente, cuando se armó otra forma de gobierno, otra forma de Estado, distinta a la que se venía proponiendo en las bases. Es un Estado crecientemente autoritario, que va a monopolizar el poder y no va a permitir ningún margen de autonomía a las organizaciones.


Este proceso fue deteriorando la relación del gobierno con los movimientos sociales. En 2010 esos malestares se dieron en organizaciones indígenas que adoptaron una posición autónoma y pidieron una mesa en la cumbre de Tiquipaya, una cumbre con la que el oficialismo pretendía mostrar que Evo Morales tenía una actitud de respeto para con la Madre Tierra y la protección de derechos indígenas. Allí, una de las mesas tenía que tratar el tema de la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (Iirsa) y la contaminación minera, y el gobierno se negó a tocar esos temas. Allí estaba planteada la contaminación de los campos y las aguas de riego, que ya estaba produciendo graves problemas, sobre todo en Potosí, Oruro y Huanuni, que se sumó a la patética destrucción y la desaparición del lago Poopó, el segundo más grande del país.


Obviamente, se trata de procesos cuyos orígenes datan de mucho tiempo atrás, pero que estaban siendo promovidos por la intensificación del extractivismo. Este proceso llevó a que se destruyera la noción de tierras comunitarias de origen (Tco), que fueron en su momento la base de la autonomía indígena. A fines de 2010 se dictó un decreto que establece que esas tierras indígenas, además de “originarias”, son “campesinas”, lo que permitió la invasión de parques nacionales por cocaleros, como en el caso del Territorio Indígena y el Parque Nacional Isiboro‑Sécure (Tipnis). Se firmó luego un protocolo de financiamiento, cargado de corrupción, con la constructora brasileña Oas para construir en ese parque una carretera. Es mucho lo que se podría detallar de ese episodio en particular, pero vale recordar que el gobierno optó por reprimir a los indígenas del parque y favorecer la invasión cocalera y la construcción de esa carretera.


Ese fue un momento de quiebre. A partir de entonces y en 2013, el gobierno dio la instrucción de invadir la sede del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), y se instaló como dirigente, contra los procedimientos indígenas de rotación de las autoridades que allí había, Hilarión Mamani, un empresario minero.


Es un proceso largo, de muchos años, que tiene entre sus últimas manifestaciones el incendio de la Chiquitanía (véase “La otra frontera”, Brecha, 30‑VIII‑19), originado en un decreto del gobierno que alentaba la invasión por colonos del occidente del país de ese ecosistema único. Ya el año pasado se había dado un enorme acercamiento del gobierno con los ganaderos en un plan de exportación de carne a China. Obviamente es mucho más barato quemar el bosque, como habilitaba ese decreto, que traer tractores o retroexcavadoras. Con la sequedad que hay en la Chiquitanía, el fuego se les fue de las manos. Fue una tragedia sin nombre y el más grande detonante de la debacle de Evo Morales.


Luis Fernando Camacho y la derecha que él encabeza viven ahora un momentáneo estrellato, gracias a haber logrado articular diferentes broncas hacia el Mas. Pero la disputa más grande todavía está en la acaparación de tierra y en la expansión de la frontera agrícola, que ha sido pactada entre la derecha y Evo Morales. La derecha no va a deshacer este pacto, no va a entregar a los indígenas la tierra que Evo Morales les arrebató, sino que, con la euforia momentánea de estas horas, está preparando la consolidación de la economía de la soja, del agronegocio, ya empezado con Evo.


Lo que se avecina es un proceso de mucha incertidumbre, de fragilidad institucional, de sabotaje, de liquidación económica. Los masistas van a tratar de dejar un país en ruinas para volver triunfantes. Ha sido un gravísimo error de la clase política prescindir del Mas y darle un viso de ilegalidad a este gobierno. Este gobierno de transición que ahora se ha posesionado nace cojo y manco, no es legítimo. No se puede borrar de un plumazo a un 40 por ciento del electorado. Una cosa es reconocer las fallas del gobierno de Evo Morales y otra es desconocer que efectivamente el Mas tiene un electorado y que ha tenido un papel simbólico muy importante por la dignificación de lo indígena.

 


Aquí cayó toda la clase política, no sólo Evo Morales. Y hay un vacío de poder porque la gente no ha reconocido aún su propia energía, su propia fuerza organizativa. Lamentablemente, hemos perdido muchos años en esta disputa por el control corporativo de los movimientos y las organizaciones sociales, lo que nos ha dejado fuera de combate en un momento en que la derecha está levantando cabeza y el ejército sigue intacto con todos sus negocios y todas sus empresas dolosas y corruptas. Estamos en una situación muy crítica.


A pesar de todo, en estos últimos años ha habido un reconocimiento y un autorreconocimiento de lo indígena como una fuerza moral. Aunque ha sido, hasta cierto punto, degradado por el gobierno del Mas, en la vida cotidiana se reconoce que lo indígena es valioso en cuanto a idioma, comida, cultura, y formas comunitarias y solidarias. Toda una serie de colectivos está saliendo con la whipala para dejar claro que no vamos a retroceder 17 años. Camacho ha ido al viejo palacio de gobierno, como para decir que no existió este proceso de reconocimiento y autorreconocimiento, para intentar tapar el sol con un dedo. Pero no hay vuelta atrás.


Lo que sí hay es una necesidad imperiosa de reencausar las movilizaciones populares, quitándoles aquellos aspectos muy fuertes de misoginia y autoritarismo fomentados por el gobierno del Mas. La negación de la democracia horizontal de las organizaciones y la degradación de estas están cobrándonos la cuenta en este momento, una cuenta que se llama parálisis y estupor.


En medio de eso, en la lucha contra eso, las mujeres estamos en la primera fila en cuanto a pensamiento y acción. Y en cuanto al dolor que nos produce toda esta situación. Las mujeres estamos en todos lados, articulando formas más locales de democracia y bregando por que la idea de la indignación, la idea del cabildo, la idea del Parlamento de Mujeres se fragmente en miles de parlamentos, miles de cabildos para que podamos deliberar qué país queremos, qué es democracia, qué es ser indígena. ¿Ser indígena es vestir poncho y organizar una gran borrachera? Nosotras, en nuestra posición como mujeres, no lo creemos así. En varios colectivos hemos creado una especie de plataforma para hacer de cada esquina un espacio de deliberación.


Nos vamos a apoyar en la Constitución, una Constitución que ha sido maltratada por el propio gobierno del Mas. Estamos ahorita en la defensa de la Constitución, en la defensa de la whipala, en la defensa de la democracia comunitaria de los ayllus* y la defensa de las mujeres.

*Comunidades tradicionales de los pueblos originarios de la región andina (N de E).Silvia Rivera Cusicanqui 15 noviembre, 2019

Por Silvia Rivera Cusicanqui, historiadora y socióloga boliviana, especializada en las cosmologías quechua 

15 noviembre, 2019

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