Roma: una gramática cinematográfica  de la identidad latinoamericana

Alfonso Cuarón ha logrado, con su película Roma, una aproximación precisa y, a la vez, poética, a la forma de vida de una nación latinoamericana de la segunda mitad del siglo veinte. Se trata de Roma, una colonia –lo que en Bogotá se denomina localidad o en Medellín comuna– enquistada en la pantagruélica mole de la ciudad de México. El año: 1970. Es México, pero igual puede ser Colombia o cualquiera otra de las naciones andinas.

 

Observar y deleitarse con Roma es recordar, para los que vivieron una época –y para los que no, imaginarla, entenderla– en toda su complejidad: países que pasan de ser rurales a urbanos; familias que, dentro de una larguísima tradición católica, comienzan a resquebrajarse; políticos que, como siempre, cantan sus promesas vacías en busca de votos y en medio de la miseria de sus electores. Eso, en un contexto general, pero, más allá de este amplio plano, el drama de una mujer, indígena, de la etnia mixteca, la cuarta minoría mexicana después de los nahuas, los mayas y los zapotecos, que vive y trabaja en la casa de una familia de clase media alta. Una familia presidida por un padre lejano y despótico, una madre profesora en la “prepa” (o bachillerato); la madre de esta última, y tres pequeños hijos del matrimonio. Dos empleadas domésticas que hablan en lengua mixteca entre ellas, una de ella Cleo, la protagonista, magistralmente interpretada por una actriz no profesional, Yalitza Aparicio. Dos dramas. De una parte, Sofía, la madre de los niños es abandonada por su esposo; de la otra, Cleo, es embarazada y luego rechazada por su novio, un practicante de las artes marciales que luego deviene paramilitar. Historias sencillas, típicas de una nación latinoamericana de los años setenta, que son presentadas por el arte de Cuarón de manera estremecedora.

 

La elección del blanco y negro no solo es acertada sino sublime; cada escena, cada imagen gana en dramatismo, en intensidad, en realce gracias a los claroscuros, las sombras y los mil matices del gris. Los encuadres, bien sea de los paisajes urbanos o rurales, así como los primeros planos, en especial, los de Cleo en su exquisita gestualidad, son de una puntualidad que bordea la perfección.

 

Cualquier ataque o juicio que se haga a la película en términos de lenta, larga o aburrida son muestra, seguramente, de la pobreza conceptual que aflige a algunos o muchos espectadores modernos, anestesiados por un cine que no permite la activa participación del espectador en la construcción de la lectura de la película. Todo lo contrario, Roma es de una intensidad pocas veces lograda en la cinematografía moderna. Y, paradoja de paradojas, quien produce esta obra maestra es Netflix, una empresa asociada al “streaming” y –en cierto sentido– a la comercialización exacerbada y a la banalización del cine. Sorprende gratamente que de los mismos toldos de Netflix –en su batalla de destronar a Hollywood–, surja una propuesta como Roma que invita a degustar el buen cine, el cine de autor, el cine riguroso, que no suele conmueve y apela a las emociones básicas del espectador moderno (las artes siempre deben conmover, de lo contrario no serían artes), sino que también propone verlo como se concibió desde un principio: más allá de contar historias bien contadas, es hacerlo con arte a través de la fuerza de la imagen, del dramatismo de la iluminación, del discurso de lo gestual, de la poética del ritmo y de la cadencia que seducen e hipnotizan al espectador desde la primera escena.

 

Cuartón domina el lenguaje cinematográfico y sus reglas: la sintaxis, la gramática, la morfología y la narrativa visual. Es un observador, igual que un gran novelista –a la manera de un Dostoievski, un Dickens o un Tolstoi–, de la condición humana y de las dinámicas sociales. Parecería que la memoria de su niñez, en esa casa, en esa colonia, raya en lo obsesivo. De ello da cuenta, una tras otra escena: la forma como Cleo es integrada, y al mismo tiempo, segregada de la familia; las protestas estudiantiles reprimidas violentamente; los temblores que sacuden la ciudad; las ventas ambulantes a la salida de los cines, las desafinadas bandas de guerra escolares que desfilan frente a la casa, los aviones que cruzan sin cesar el cielo citadino; los campos de verano; el mar, siempre el mar, que seduce y castiga a quien lo irrespeta; las cosquillas y los canticos para despertar o dormir a los niños, el acceso vedado a la sala de televisión para las empleadas; el acto de Cleo de limpiar la bocina del teléfono después de levantarla y hablar en ella (como si fuera un acto impuro); las explosiones emocionales de los patrones frente a las empleadas de la casa por hechos no atribuibles a ellas… las imágenes son hilvanadas una tras de otra para reconstruir una identidad latinoamericana de la segunda mitad del siglo veinte, con sus contradicciones y matices, sus verdades y sus mentiras, sus gritos y sus silencios.

 

Al escribir estas líneas se desconocen los reconocimientos que tendrá la película en los mediáticos premios Oscar. Ese resultado poco importa; con seguridad Roma es un hueso demasiado duro de roer para la academia hollywoodense y para un público norteamericano que no sabe seguir subtítulos –bien sea por pereza o por falta de práctica, o por las dos–. Lo que finalmente queda es una obra intensa, bella y demoledora en su denuncia social, de una época y de una sociedad burguesa: el retrato, seguramente incompleto e imperfecto; aun así, un retrato, de una identidad latinoamericana. Lo demás es inocuo.

Publicado enEdición Nº254
Venezuela: la disputa es por los territorios

Desde semanas atrás, ya se anunciaban turbulencias a partir de enero-2019 en Venezuela, con la instalación de la Asamblea Nacional y la toma de posesión de Nicolás Maduro para un hoy incierto período presidencial 2019-2025. De nuevo, saltan una serie de jugadas políticas y geopolíticas de corto y mediano plazo, movimientos, alianzas y decisiones que avivan las tensiones ya existentes y buscan generar nuevos puntos de inflexión y cambios de escenario. El dramático avance de la devastación económica y de la descomposición política e institucional del país, sumado al hostil panorama internacional, nos han llevado a tiempos de mucha mayor volatilidad, en comparación con el muy conflictivo 2017.

Sin embargo, todo esto va mucho más allá de los reacomodos del poder institucional y los potenciales cambios de mandatario. Ante el colapso del rentismo, del Petro-Estado y toda su institucionalidad, la disputa por la renta ha ido perdiendo centralidad y se va dirigiendo con más fuerza hacia la apropiación directa de los recursos y el control de los territorios.

Mientras casi toda la atención se centra en la llegada de un ‘desenlace’ en las cúpulas del poder, lo cierto es que desde hace ya varios años se viene produciendo un intenso proceso de des-territorialización1 y re-colonización a lo largo y ancho de la geografía venezolana, que está teniendo un extraordinario impacto no sólo en los tejidos sociales, en la correlación de fuerzas y en los ecosistemas y la reproducción de la vida socio-ecológica; sino en la propia forma de la soberanía política en el país.

Es claro que el Estado/Gobierno de Nicolás Maduro está jugando un rol clave en este complejo proceso de recolonización, al intensificar la lógica extractivista, aplicando un brutal ajuste económico sobre los territorios (zonas económicas especiales, mega-proyectos como el Arco Minero del Orinoco A.M.O., entre otros), al tiempo que se vuelve políticamente muy agresivo y autoritario, y ha suprimido de facto el estado de derecho (estado de excepción permanente, zonas militares especiales, etc.).

No obstante, por más que algunos análisis quieran omitirlo, no es el único actor en el juego. En realidad ni siquiera es un actor homogéneo y sólido. La crisis hegemónica que se produce desde 2013 con la muerte de Chávez y la metástasis de la corrupción, se unen a la extraordinaria crisis económica que colapsa y caotiza al país, lo que ha hecho que el Petro-Estado venezolano no sea hoy más que una colección de grupos de poder (que pueden tener conflictos y tensiones entre sí) y un conjunto de instituciones precarias y discontinuas.

El impacto de esta Gran Crisis (2013-2019) ha sido tan profundo, que ha removido y redimensionado las múltiples contradicciones y tensiones territoriales ya existentes, al tiempo que los territorios quedan abiertos ante los flujos salvajes de la actual globalización tardía y descompuesta. Lejos de ser homogénea, estamos ante una cartografía política fragmentada, muy movible y volátil: una parte de la sociedad venezolana, precarizada, migra desde la hueca economía formal hacia estas dinámicas de apropiación directa de los recursos y el control de los territorios; prolifera el paramilitarismo en sus diversas formas; bandas criminales y sindicatos mineros; sectores militares corrompidos que ejercen poder feudal; frentes de las guerrillas colombianas ‘desmovilizados’ (exFARC) o no (como el ELN); poderosos sectores ganaderos y terratenientes; y la creciente influencia/presencia, directa o a través de intermediarios, de las corporaciones transnacionales; entre otros. Es el capitalismo global 2.0 al desnudo.

Estos procesos no se pueden comprender en código binario/lineal, polarizado o sólo como los intereses de la Nación contra el Imperio. Los grupos en disputa pueden actuar basados en sus intereses particulares/locales o articularse hasta hacer parte de redes regionales, nacionales e internacionales, que conectan con mercados globales de recursos primarios, legales o ilegales. En estas múltiples escalas engranándose podemos hablar también de una geopolítica de la Región Guayana, una geopolítica de Los Llanos, una geopolítica de la Amazonía, etc.

En cualquier caso, todos estos actores mencionados son agentes de la acumulación por desposesión y de una u otra manera operan bajo lógicas bélicas. En esto, aunque no se articularan entre ellos, coinciden. Constituyen las diversas estructuras de poder que promueven una re-territorialización del despojo y la expoliación, y parecen llevar a Venezuela a re-configurarse como una o un conjunto de economías de enclave.

Cartografías del despojo, guerras y resistencias: algunas coordenadas

Es imposible dar cuenta de todas las múltiples tonalidades y rasgos de estas disputas territoriales a nivel nacional. Apenas si podemos mencionar algunas de ellas y sus tendencias de manera general.

Además del colapso del capitalismo rentístico, las zonas de enclaves petroleros han entrado en decadencia (al igual que las propias ciudades). Esto ha propiciado que las economías informales de extracción hayan tomado un muy importante auge. Las lógicas de apropiación y poder se van dirigiendo con mucha fuerza al control de las tierras, el territorio y las posibilidades de la extracción de materiales (oro, diamantes, coltán, madera, especies protegidas, etc) e incluso agua, así como al de la movilidad social, de mercancías, corredores estratégicos y de comercios transfronterizos.

En la región Guayana y la Amazonía –las que consideramos las nuevas fronteras de los commodities venezolanas– son tal vez las áreas donde presenciamos estas dinámicas con mayor crudeza. Las principales zonas del oro, en la Reserva Forestal de Imataca (al oriente del estado Bolívar), están siendo atravesadas por lógicas de guerra y se han creado feudos mineros dominados por bandas criminales, militares corruptos y/o sectores de la guerrilla colombiana, lo que no excluye la existencia de enfrentamientos armados con componentes de las Fuerzas Armadas, principalmente a través de operativos. Las nuevas fronteras de los commodities son claves en la reformulación del proyecto extractivista venezolano, pero al mismo tiempo lo son para el enriquecimiento y consolidación de intereses particulares y el posicionamiento territorial en relación al conflicto político nacional. Por eso es tan importante el devenir de lo que vaya ocurriendo en estas áreas.

Estos procesos han hecho metástasis en la zona, expandiéndose con mucha fuerza desde mediados de la década pasada, y en especial en este período de crisis actual. Se han intensificado en la cuenca del Caroní, en el Parque Canaima, en la cuenca del río Paragua, en el sur oriente de Bolívar (frontera con Brasil) y en el Caura, así como en los territorios Yanomami y en los municipios nor-orientales del estado Amazonas. Del mismo modo ha ocurrido con el coltán desde el nor-occidente de Bolívar hasta el eje carretero, y en la frontera de Amazonas con Colombia hasta el sur (oro).

Las disputas entre grupos armados y la instalación del proyecto del A.M.O. han generado violencia, muertes y desplazamientos. Varios pueblos indígenas han puesto resistencia, como han sido los pemón, yekwana, yabarana, wótjüja, yanomami, entre otros, aunque varias de estas comunidades se han también incorporado crecientemente a la actividad minera informal. En el caso de los pemón, desde hace varios años han luchado férreamente contra los desplazamientos y el despojo de estos grupos, y constituyen hoy uno de los principales bastiones de resistencia en estos territorios.

Estas operaciones de extracción se están expandiendo aceleradamente por todo el país, bajo una lógica de saqueo. No solo en el sur: minas metálicas (como las de oro en el estado Carabobo o en Yaracuy) o no metálicas (areneras, caliza, entre otras) proliferan en la geografía nacional, estas últimas también impulsadas en buena parte por militares corruptos que dan un usufructo personal de estas, generando deforestación, desvío de ríos y conflictos con poblaciones locales. Situación similar está ocurriendo con la madera.

En la extensa región de los Llanos, se han venido recrudeciendo las disputas por la tierra, que desde 2001 y hasta la fecha ha dejado un saldo de más de 350 campesinos asesinados. En el período de crisis, han venido arreciando situaciones de desalojos arbitrarios de tierras que habían sido recuperadas por comunidades campesinas, para así ser re-apropiadas por latifundistas. Los campesinos señalan que han sido abandonados desde instancias gubernamentales, que son asediados y perseguidos, criminalizados, judicializados, amenazados y en muchos casos asesinados a través de paramilitares y sicarios pagados por terratenientes y latifundistas. Las agresiones se han registrado al menos en los estados Barinas, Portuguesa, Monagas, Anzoátegui, sur del lago de Maracaibo (Zulia), Apure, Cojedes, Trujillo, Guárico o Mérida. En los últimos meses se han registrado asesinatos de campesinos, como el caso de dos de ellos pertenecientes al predio Hato Quemao (Barinas), el dirigente campesino del Partido Comunista de Venezuela, Luís Fajardo (sur del Lago) o recientemente (12/01/19) el de José "Caballo" de La Cruz Márquez, también en el sur del Lago.

El 12 de julio de 2018, un grupo de 200 campesinos que hacen parte de La Plataforma de la Lucha Campesina, inició una marcha desde Guanare (estado llanero de Portuguesa) recorriendo 430 kms a pie durante 21 días hasta llegar a la capital Caracas, en lo que representa una movilización inédita en Venezuela, y de grandes repercusiones políticas para los movimientos populares. Los campesinos exigen justicia por los asesinatos y denuncian cómo organismos de seguridad como la Guardia Nacional o la Policía Nacional Bolivariana habían participado de agresiones hacia ellos. A su vez, plantearon la necesidad de redireccionar el modelo agrícola, reconociendo a los campesinos como eje central de la soberanía alimentaria en el país. Estas movilizaciones revelan la necesidad de reorganización y relanzamiento del movimiento campesino, ante las crecientes amenazas a las que se ven expuestos.

Estados como Zulia y Táchira, como ya es sabido, son zonas sobrecargadas de intereses económicos y conflictos, claves en el mil millonario comercio ilegal de contrabando y extracción transfronterizo entre Venezuela y Colombia, pero además tienen incidencia en la dinámica de las conflictivas relaciones entre estos dos países. Numerosos actores armados –en buena parte, provenientes del conflicto colombiano– han incursionado y se han posicionado en diversos territorios, y hacen parte de intensas disputas por el control de los mismos, así como de los negocios de la gasolina, alimentos, entre otros. Quisiéramos destacar, para el caso del Zulia, el asedio en los últimos años que han sufrido los indígenas en la Sierra de Perijá (yukpas) y La Guajira (wayuu), siendo que esto se ha intensificado con las familias del asesinado cacique Sabino Romero y la cacica Carmen Fernández, lo cual se evidenció con el secuestro y tortura que sufrió la docente yukpa Mary Fernández, hija de Carmen, y el desplazamiento forzado del que fue objeto la comunidad de Kuse –liderada por la mencionada cacica.

Por último, las zonas urbanas, atravesadas por la precariedad, son áreas donde se producen intensas disputas por el control de barrios, comercio y corredores estratégicos. Bandas criminales han logrado ampliar su capacidad de organización y fuego, e incluso se han logrado articular con sectores corruptos de los cuerpos de seguridad del Estado. Estos últimos llevan adelante frecuentes operativos de choque en barrios populares (como ha sido la Operación para la Liberación del Pueblo) y el despliegue de fuerzas especiales a lo largo y ancho de las ciudades, los cuales actúan sin mayor regulación.

El juego está bastante abierto y la geografía venezolana cruje, jaloneada por múltiples actores del despojo y la re-colonización. Cuando de a ratos, en la escena de la política partidista las cosas parecen estacionadas, en la materialidad de las localidades, estos procesos avanzan vertiginosamente, evidenciado que, en buena medida, en Venezuela la disputa es por los territorios.

Epílogo. ¿Re-pensar un proyecto emancipatorio, en tiempos muy conflictivos?

Es difícil no analizar estos escenarios y hacer parangones con otras experiencias, como la colombiana, Centroamérica, o algunos casos africanos como el de Congo. En este caso, la pregunta es si presenciamos la instalación territorial de estructuras, y sobre todo, lógicas de poder mediadas por la guerra. Y de ser cierto, la consiguiente pregunta sería cómo revertirla. Es fundamental, no desmayar en los intentos de la construcción de una alternativa política para el país, que vaya más allá de los dos grandes proyectos neoliberal/autoritarios en disputa (Gobierno de Maduro y Frente Amplio/Voluntad Popular et al), y que pueda permitir el re-surgimiento de las potencialidades populares y el nacimiento de nuevas culturas políticas que tributen a la vida socio-ecológica. Si el escenario no es reversible en los próximos plazos, es evidente que los pueblos tienen derecho a la defensa propia. En ese caso, esto supone re-pensar un proyecto emancipatorio, en tiempos muy conflictivos.

Emiliano Terán Mantovani es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela e investigador asociado al Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES)


1 Entendiendo ‘desterritorialización’ como un proceso de ruptura y trastocamiento de una territorialidad determinada, de sus configuraciones socio-culturales, metabólicas y ecológicas. La desterritorialización en el sistema capitalista suele estar determinada por la apertura forzada y violenta de nuevos procesos de despojo y acumulación de capital, y para los países del Sur Global puede comprender formas de pérdida de territorio.

15/01/2019

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Los de Abajo. Primer cuarto de siglo sin rendirse

Llegan vivos y vivas y esto es su primera gran victoria. Cinco presidentes de la República con sus respectivas ofensivas y no pudieron con ellos. El sexto encabeza un despliegue silencioso con manifiesta indiferencia hacia quienes hace 25 años despertaron las conciencias de este país, y deja claro que para no pelearse con la historiaintentará, mínimo, el arrinconamiento, nada que no hayan probado otros con múltiples programas, pero amparándose en una legitimidad que se espera será vigilada y cuestionada por quienes extendieron su voto crítico y no un cheque en blanco.


Nada es personal. No se trata de un gobierno contra un grupo de sublevados que no coincide con la administración progresista de lo que queda de este país. El asunto es que el olvido, la marginación, la burla y el despojo hacia los pueblos indígenas (causas de un alzamiento que ni los más conservadores pusieron en duda) no se evaporaron con el cambio de sexenio. El neoindigenismo anunciado es una regresión de más de 50 años, justo el esquema de ventanilla contra el que se sublevaron no sólo ellos, sino todos los que se unieron en un grito histórico e inédito que hoy se quiere hacer a un lado. ¿Consultarlos para despojarlos? ¿Hacer una encuesta para ver qué tanto es tantito y hasta dónde? O ni eso.


Carlos Monsiváis, crítico y nunca incondicional ni de ellos ni de nadie, vio en Chiapas el sinónimo de la marginación extrema, y en ellos la rebelión por causas justas y la resistencia real al neoliberalismo. ¿Algo estructural ha cambiado un cuarto de siglo después? Trenes y zonas económicas, guardias nacionales y punto final para quienes hirieron de muerte al país entero. Y la denostación para quienes se opongan, sin preocuparse por diferenciar a la izquierda crítica y necesaria de la mezquindad y el neofascismo prianista que no pueden ser nombrados de otra manera, pues lo son.
Ignorarlos no los desa-parece. Pedirle permiso a la Madre Tierra para destriparla tampoco. Ungirse en copal e incienso no le da la venia. Larga vida para quienes hoy cumplen su primer cuarto de siglo sin rendirse. Ellos sí, con todo en contra.
www.desinformemonos.org
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Jueves, 08 Noviembre 2018 05:50

Los dos Estados desUnidos

Los dos Estados desUnidos

Si las elecciones de término medio eran un referéndum sobre Trump, el resultado es ambiguo. Por un lado, los demócratas recuperaron la Cámara baja luego de ocho años de dominio republicano, lo que significa un gran triunfo político para la oposición. Por otro, el ala más conservadora de los republicanos (esos radicales llamados moderados) demostró su movilización en todos sus bastiones rurales o sureños. No obstante, aunque los resultados en estados como Florida dirán que los republicanos se quedaron con la banca del senado en disputa y probablemente con la gobernación también, lo que no será tan evidente es que redujeron sus ventajas electorales en condados tradicionalmente conservadores. De hecho, la diferencia entre el candidato republicano y el demócrata es de sesenta votos en un estado con una población de más de veinte millones.

Otro fenómeno más evidente que se confirmó es el aumento dramático de mujeres no blancas que se presentaron como progresistas y, en algunos casos, directamente como socialistas. Múltiples mujeres, negras, morenas, musulmanas, africanas, lesbianas y todo tipo de minorías estigmatizadas ganaron sus elecciones.


En Michigan Rashida Tlaib y en Minnesota Ilhan Omar Win fueron elegidas como las primeras mujeres musulmanas al Congreso de Estados Unidos. En las últimas décadas, los inmigrantes, tanto latinos como de medio oriente, jugaron un rol decisivo en la recuperación de ciudades moribundas y abandonadas como Detroit. Hija de inmigrantes palestinos, asistió el primer año de educación primaria sin saber inglés y logró recibirse de abogada. Madre soltera y miembro del grupo Socialistas Democráticos de América (especie de Frente Amplio de partidos de izquierda en Estados Unidos), ya fue representante local en Michigan por el Partido Demócrata. En las dos elecciones que participó por el senado de Michigan, en el 2008 le había ganado con 90 por ciento de los votos al republicano Darrin Daigle y luego, en 2010, con el 92 por ciento al mismo candidato. Ahora ha sido elegida representante nacional por el estado de Michigan y es de esperar que su trayectoria política no termine ahí, sino que, por el contrario, se convierta en una fuerza simbólica y activa de cambio y una antagónica del presidente Trump y de la América del Tea Party. Por su parte, Ilhan Omar Win, la nueva representante por Michigan, también musulmana, estuvo en un campamento de refugiados somalíes y llegó a Estados Unidos a los doce años.


En Nueva York, un caso muy similar es el de Alexandria Ocasio-Cortez, la activista y puertorriquense que sorprendió ganando las primarias del partido Demócrata en Nueva York. Ocasio-Cortez también es miembro de la organización Socialistas Democráticos de América. Hoy se convirtió en la congresista más joven de la historia con solo 28 años al derrotar con el 78 por ciento de los votos al republicano Anthony Pappas.


En varios estados como Oklahoma, donde los candidatos en el pasado ganaron una serie de elecciones a lo largo de los años compitiendo por quién bajaba más los impuestos y, como consecuencia se encontraron al tiempo con un déficit importante y los sueldos de maestros más bajos del país, se presentó a estas elecciones un número histórico de maestros y profesores de secundaria, alguno de los cuales fueron elegidos.


En los estados más al sur, más conservadores, la suerte no fue la misma, aunque los demócratas perdieron por márgenes mínimos. En Georgia, Stacey Abrams fracasó, por un margen mínimo, en su intento de convertirse en la primera gobernadora negra de Estados Unidos. Definida como progresista en un estado tradicionalmente conservador, está a favor de una mayor regulación del porte de armas. Trump la había definido como “amante del crimen y de las fronteras abiertas”, dos expresiones que, otra vez, poseen subliminales alusiones raciales, por no entrar a analizar su condición de mujer. Claro que nadie puede sospechar de la honorabilidad del presidente Trump en materia racial y de género.


En Florida, Andrew Gillum, candidato apoyado por el senador socialista Bernie Sanders, pudo ser el primer gobernador negro de este estado, el tercero más poblado del país y con una creciente importancia electoral (cada día, mil personas se mudan de los estados del norte a Florida, lo que también podría cambiar el perfil ideológico del estado), lo cual, para esta cultura, no es un detalle. De Santis, su oponente, dijo que “lo peor que se podría hacer es monerías con los impuestos”, al tiempo que Trump lo acusó de ladrón (tanto la alusión a los monos como a los ladrones tienen fuertes connotaciones raciales en este país). Gillum es definido como progresista y acusado de ser socialista. Sesenta votos separan a un candidato del otro.


También en Texas el candidato demócrata estuvo cerca de un triunfo histórico que no fue. Durante la campaña, el senador republicano de origen cubano Ted Cruz fue reelegido ganándole al demócrata Beto O’Rourke. Cruz se había burlado del apodo que usaba O’Rourke, “Beto”, para seducir al electorado hispano, sin notar que su apodo “Ted” puede ser considerado una forma anglosajona de evitar su primer nombre, Rafael. Texas, el estado que se separó de México para reestablecer la esclavitud (obviamente, esta verdad tan simple es un tabú de casi doscientos años), nunca pudo deshacerse completamente de su cultura hispánica, pero continúa siendo uno de los bastiones conservadores del país, tanto como California y Nueva York lo son de los liberales.


La campaña electoral estuvo, como siempre, ocupada con los malos de afuera. Un aviso aprobado por Trump insistió en mostrar la sonrisa de un inmigrante ilegal acusado de un crimen, a pesar de que el índice de criminalidad entre los inmigrantes ilegales es inferior al de los ciudadanos estadounidenses, a pesar de que semanas antes de las elecciones diferentes matanzas y ataques terroristas llevados a cabo por hombres blancos de la extrema derecha había dejado, en uno solo de ellos, 11 personas muertas en una sinagoga. Hecho que no se mencionó en ninguna publicidad, como no se mencionó la epidemia de drogas que mata 60 mil personas por año en este país o la plaga de armas de fuego por la cual 30 mil personas mueren cada año.


De estas elecciones se desprenden muchas conclusiones. Creo que la más importante es la confirmación de una creciente separación cultural e ideológica que no puede prometer otra cosa sino más ira, frustración y violencia.


Mientras hoy se trata cualquier cosa como una enfermedad psicológica, es extraño que nadie vaya al psicólogo o haga meditación para calmar el odio tribal que sufren nuestras sociedades hoy. Existe una necesidad irrefrenable de combatir y humillar al diferente que hace quince años llamábamos “mentalidad tribal”, promotora de los nuevos “vientos de odio”.
Estados Unidos nunca ha dejado de pelear la Guerra de Secesión y ahora ese conflicto se profundiza y se irradia, como todo, a otros países satélites.

 

Por  Jorge Majfud, escritor uruguayo-estadounidense. Profesor en la Jacksonville University.

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Martes, 21 Agosto 2018 07:21

El milagro boliviano

El milagro boliviano

El Deber es el periódico más vendido en Bolivia. Es un diario serio, clásico de las élites de Santa Cruz, el centro comercial del país. Su orientación es claramente conservadora. Expresa sin ambigüedad los intereses de la derecha tradicional cruceña.


El pasado 6 de agosto, 193 aniversario de la independencia boliviana y de la creación de la república, publicó en sus páginas una encuesta encargada a Captura Consulting. En ella se preguntó: Cuál presidente de la historia moderna de Bolivia generaba mayor admiración. La respuesta fue contundente: Evo Morales ocupó el primer puesto con 41 por ciento de las opiniones. Muy por debajo de él, con apenas 14 por ciento, quedó Carlos Diego de Mesa.


Al interpretar en el mismo rotativo el significado del sondeo, Diego Ayo, ¬ahora analista político, opositor furibundo del presidente Morales, ex viceministro de Participación Popular del gobierno neoliberal en Bolivia y funcionario de Usaid, respondió: Estamos frente a una suerte de leyenda, y eso hay que decirlo sin mezquindades. Evo ha significado la ciudadanización política del aimara, lo cual es un cambio paradigmático.
Fue el presidente Evo Morales quien me habló sobre el sondeo de El Deber en la entrevista que le hice en Cochabamba el pasado 10 de agosto. Estaba sorprendido. “Esa no es nuestra encuesta, es la encuesta de la derecha –me dijo–. Ustedes saben que algunos medios de comunicación no nos quieren para nada. Y, además de eso, es una encuesta realizada solamente en las ciudades y nuestra fuerza siempre han sido las áreas rurales”.


Para él, el mensaje de ese sondeo es muy preciso: el pueblo se plantea que es necesario continuar con nuestra revolución democrática y cultural. Explicó: Hicimos un gran cambio de un Estado colonial a un Estado plurinacional. Económicamente nacionalizamos los recursos nacionales, recuperamos las empresas. El pueblo quiere que Evo termine las grandes obras. La sociedad boliviana está moralmente conforme con su proceso de transformación.


Evo Morales asumió la presidencia el 22 de enero de 2006. Desde esa fecha, en buena parte como resultado de la conquista de su soberanía energética y la recuperación estatal de empresas estratégicas, la economía boliviana es una locomotora que no se detiene. En 2006, el producto interno bruto (PIB) era de alrededor de 6 mil millones de dólares y ahora es de más de 37 mil millones. En los recientes 10 años, la economía ha crecido en promedio anual de 5 por ciento, a pesar de la caída en el precio del petróleo y las materias primas. En 2014 aumentó 5.5 por ciento; en 2015, 4.9 por ciento; en 2016, 4.3 por ciento, y en 2017, 4.2 por ciento. En 2018 crecerá en torno a 4.8 por ciento.


“Cuando llegamos –me contó en Cochabamba– sólo se exportaba gas natural y se importaba gas licuado del petróleo (GLP). Ahora estamos exportando GLP. Tenemos dos plantas separadoras de líquidos y una planta de GNL (gas natural licuado). Ahora nosotros tenemos una planta de GNL y estamos acá preparados para exportar GNL a otros países vecinos, y no perdemos la esperanza de exportarlo a otros continentes. Antes se importaban fertilizantes y ya estamos exportándolos a Brasil. En temas de construcción de caminos, estamos integrando el oriente al occidente. Tenemos aeropuertos ya terminados y algunos por terminar. Hemos empezado con la industrialización. En el litio estamos invirtiendo cerca de mil millones de dólares. En el momento en que terminemos la industrialización del litio estoy convencido de que vamos a poner el precio del litio para el mundo, porque tenemos la reserva más grande del mundo. Hemos empezado a industrializar el hierro, ya no vamos importar hierro para la construcción.”


La riqueza generada ha servido para combatir la pobreza. Ésta se redujo a 36.4 durante 2017 frente a 59.9 de 2006. Su nivel histórico más bajo. A pesar del multilingüismo, la tasa de analfabetismo es ahora de solamente 2.7 por ciento, a diferencia de 27 por ciento de 1995. El cuarto lugar en América Latina. Entre 2005 y 2016 el coeficiente Gini de desigualdad bajó de 0.60 a 0.41.


A diferencia de épocas anteriores, la presidencia de Evo Morales se ha caracterizado por la estabilidad. Ha encabezado el Estado durante 12 años. No siempre fue así. “La historia cuenta que en 24 horas había tres presidentes –me dijo en Cochabamba–. Cinco años antes de mi llegada al gobierno, cada año había un presidente. En 2001, Hugo Banzer Suárez; en 2002, Jorge Tuto Quiroga; en 2003, Gonzálo Sánchez de Lozada; en 2004, Carlos Mesa, y en 2005, Eduardo Rodríguez. Así era la situación política del país”.


Como demuestra la experiencia boliviana, los milagros existen. Su proceso de transformación muestra que es posible seguir un modelo no neoliberal, que recupere la soberanía popular, descolonice el Estado, pague la deuda histórica con sus pueblos originarios y abra las puertas a la participación popular en las decisiones trascendentales de la nación.
Twitter: @lhan55

 

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Las mujeres indígenas andinas y amazónicas de Perú promueven una economía basada en la distribución y en los saberes ancestrales que giran en torno a la ecología, el medioambiente y la cultura, lo que les permite vivir en armonía con la naturaleza. Ahora trabajan para visibilizar y que se reconozca su aportación en la lucha mundial contra el cambio climático. (ONAMIAP)

Para los 45 millones de indígenas de América Latina, la vinculación con el medio ambiente va más allá de su potencial uso como recurso, es una conexión espiritual y cultural. Ver un río agonizar por sequía o por contaminación, equivale a ver morir a un familiar.

Así lo expresa Ketty Marcelo, del pueblo Yanesha-Asháninka, en la selva central de la Amazonía peruana. Ha visto morir el río Perené con el que creció y, en los últimos años, ha sido voz de las mujeres indígenas ante el cambio climático y el medio ambiente en las COP de Lima, París, Marrakech y Bonn, y preside la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas de Perú (ONAMIAP, que visibiliza los aportes de estas mujeres en la lucha mundial contra el cambio climático).

Las lagunas de Bolivia están desapareciendo. Los glaciares se derriten en la cordillera peruana: en los últimos 40 años han registrado una pérdida en superficie del 42,64%(respecto al inventario de 1970). El Niño, un fenómeno climatológico extremo cada vez más frecuente, provocó en 2017 inundaciones y, en Colombia, Ecuador y Perú los damnificados se contaron por miles.

Harvey, Irma o María en un solo año: cada vez hay más huracanes en el Atlántico. El aumento de la temperatura está provocando riesgos para la salud en Centroamérica, con mayor propagación de las enfermedades del Zika y Dengue. La deforestación de la Amazonía causa la pérdida de los bosques y la biodiversidad. Estos son algunos de los riesgos que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) resalta, y advierte, al mismo tiempo, que el costo económico del fenómeno es difícil de prever.

Quizá por eso la región avanza en mecanismos políticos. Son las leyes contra el cambio climático. México fue pionera en 2012, aunque ya en 2010 Bolivia aprobó la Ley Madre Tierra con el objeto de “vivir en armonía” con la naturaleza; Brasil, por su parte, trabajaba en estrategias nacionales desde 2009.

A la ley mexicana le siguió la de Guatemala en 2013, la de Honduras en 2014 y, recientemente, la de Perú. Otros países de la región han ido fortaleciendo políticas para la mitigación, la adaptación y la gestión de riesgos y desastres.

América Latina es la segunda región que menos gases de efecto de invernadero emite en el mundo (11,7%), de acuerdo a un informe de Naciones Unidas, pero es altamente vulnerable a los impactos del cambio climático, puesto que los daños causados por eventos climáticos extremos son un nuevo reto a su desarrollo.
Nueva economía del clima

Manuel Pulgar Vidal, líder internacional de Cambio Climático y Energía del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), responde al teléfono desde Colombia, donde la organización que trabaja por la conservación de la naturaleza celebró a principios de mayo su Conferencia Anual, con la celebrada presencia del entonces todavía presidente Juan Manuel Santos.

Las leyes contra el cambio climático son positivas, opina Pulgar Vidal, pero no suficientes: “Los sectores económicos y productivos requieren de acciones muy concretas para reducir las emisiones y en la nueva economía del clima no se puede ser ajeno a consideraciones medioambientales”.

Lo ejemplifica con iniciativas regionales que ya son una realidad. Vehículos eléctricos en ciudades ecuatorianas. Quito como una de las ciudades sostenibles del mundo. Chile, Colombia y México poniéndole precio al carbono. El caso de Colombia, que sin una ley marco, tiene normas de acción climática para la reducción de bolsas de plástico, y, por ejemplo, ha creado el fondo Herencia Colombia –que promueve la sostenibilidad de los ecosistemas y la vida humana, o para la conservación y crecimiento de áreas protegidas, superando la meta global de Aichi de un 10% en áreas marinas–.

“Pocos reconocen el liderazgo de América Latina en la lucha frente al cambio climático. El camino al acuerdo de París tuvo a México recuperando el proceso, tras la pérdida de optimismo en Copenhague 2009; y Perú, junto a Francia, impulsó el acuerdo y logró involucrar a los actores no estatales”, afirma Pulgar Vidal que también fue ministro del Medio Ambiente en Perú.

Este experto resalta el papel de los actores no gubernamentales fortaleciendo la agenda climática: “En los EEUU se ha lanzado una iniciativa equivalente, We are still in, que ha permitido que, sin prejuicio de las decisiones de Trump, el país siga avanzando en acción climática”.

La sociedad civil es clave ante el cambio climático. Elisa Hernández ha recorrido América Latina “con las gafas de desarrollo sostenible y género puestas”. Experta en medioambiente, ha trabajado para organismos internacionales, gubernamentales y asociaciones locales, estudiando el rol de las mujeres indígenas, el derecho al agua y la resiliencia de las comunidades frente al cambio climático.

Afirma que “más allá de las políticas de cada país, es la gente de América Latina la que está llevando a cabo iniciativas sociales muy interesantes como el encuentro Panamazónico o el Tribunal de la Naturaleza, acciones para liderar un cambio de modelo en la región”. Y resalta que uno de los mayores desafíos es “asegurar la participación de las personas en las políticas. Hacer hincapié en las prácticas tradicionales y el respeto a la cosmovisión de las comunidades es fundamental”.

De su experiencia destaca cómo las comunidades se movilizan muy visiblemente en oposición a modelos de desarrollo en los que no tienen participación: “Los escenarios del cambio climático no se conocen con exactitud. Seguramente van a generar situaciones de mayor desigualdad y esto puede exacerbar conflictos a distintos niveles”.

El Atlas Global de Justicia Ambiental sitúa tres países de la región dentro del ranking mundial de conflictos medioambientales: Colombia, Brasil y Perú. Los conflictos, en su mayoría causados por la minería, son una realidad que ya reportan organizaciones como Amnistía Internacional. Dos de sus informes publicados recientemente en Perú, Estado tóxico y Una receta para criminalizar, apuntan a un fenómeno que va en aumento: poblaciones de los Andes y de la Amazonía gravemente afectadas por los metales tóxicos de las industrias extractivas y personas defensoras del medioambiente estigmatizadas y en peligro.

Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú, afirma que América Latina es la región con mayor número de asesinatos de personas defensoras del medioambiente: “2017 fue el peor año en la última década. Hay un uso excesivo de la fuerza. Cuando las personas defensoras de derechos levantan la voz, se les acusa de ir contra el progreso y el sistema penal se utiliza para criminalizarlas. No hemos visto a una autoridad que salga a defenderles y no hay ninguna política de protección”.

Aunque en Perú las organizaciones han dado la bienvenida a la ley de cambio climático, Marina considera que “ratificar el Principio LAC 10 sería un gran paso adelante”. Ese principio, que reconoce que la participación de “todos los ciudadanos interesados” es el modo óptimo “para tratar las cuestiones ambientales”, es el antecedente del Acuerdo Regional de Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Materia Ambiental en América Latina y el Caribe, los tres pilares hacia la gestión del medioambiente y el desarrollo sostenible, aprobado el pasado mes de marzo.
Las mujeres, más afectadas por el extractivismo

¿Por qué un país que aprueba y lidera acciones climáticas promueve, en paralelo, un desarrollo basado en el extractivismo –opción que merma los derechos de las poblaciones–? “Es un gobierno esquizofrénico”.

Así responde la coordinadora del Grupo Perú Ambiente y Clima, Beatriz Salazar, que agrupa a casi un centenar de organizaciones de la sociedad civil que han impulsado la ley contra el cambio climático: “En Perú hay un debilitamiento de los estándares ambientales y se aprueban normas que benefician las inversiones a costa de la vulneración de derechos”.

Rocío Silva Santisteban, periodista peruana que ha investigado cómo las actividades extractivas afectan a las mujeres en América Latina, afirma que “las mujeres defensoras son heroínas” pues se enfrentan casi en solitario a una resistencia que vulnera todos sus derechos.

En Mujeres y conflictos ecoterritoriales concluye que estos conflictos son el gran problema del siglo XXI en la región y que el modelo de desarrollo extractivista es insostenible a largo plazo y, más aún, ante el cambio climático.

Marcelo ha cambiado su río Perené por el río Rímac en Lima. Todas las mañanas le saluda, aunque, como ocurre ahora, baje sucio. Esta portavoz de las mujeres indígenas asegura que seguirá trabajando para que se reconozcan las contribuciones andino-amazónicas de las mujeres: “Ya estamos adaptándonos al cambio climático, nos asociamos en iniciativas productivas como piscigranjas, promovemos la artesanía, los corredores turísticos y queremos visibilizar la economía indígena”. Esta economía, basada en la distribución y en los saberes ancestrales en torno a la ecología, el medioambiente y la cultura, les permite vivir en armonía con la naturaleza.

 

Publicado originalmente en Equal Times

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Miércoles, 27 Junio 2018 05:54

Racismo y derechos

Racismo y derechos

Roberto Samar se pregunta cuál debería ser nuestro rol como comunicadores y comunicadoras frente a una mirada racista, clasista y eurocéntrica que tiene un fuerte anclaje en el sentido común y que aparece en redes sociales, medios de comunicación y comentarios de lectores.

Las miradas racistas nos atraviesan. Son miradas que jerarquizan, que colocan a determinadas personas sobre otras. Esta jerarquización tiene varias funciones: legitima la vulneración de derechos de determinados sectores y facilita la construcción de un enemigo, al cual responsabilizaremos de nuestros problemas.
Julio Cesar Monasterio, profesor de la Universidad Nacional del Comahue, señaló: “el sujeto moderno, blanco, varón, europeo, heterosexual, civilizado, desarrollado, de elite, se constituirá en oposición a ese otro, negro, mujer, no europeo, homosexual, bárbaro, subdesarrollado, popular, que debe ser invisibilizado y/o visibilizado negativamente, que aparecerá por fuera de la historia o en un estadio inferior, como en la edad de la infancia y de la ignorancia. Esta estrategia de constitución del sujeto moderno será el pilar de la expansión europea hacia los escenarios regionales del sur que, como plantea Albán Achinte (2008) se fundamentó en cinco pilares: una sola raza, una sola lengua, una sola religión, una sola historia y un solo género. Todo lo demás será estigmatizado y construido desde una visión negativa”.


Esta mirada racista, clasista y eurocéntrica tiene un fuerte anclaje en el sentido común y se reproduce en los mensajes violentos que circulan en redes sociales, medios de comunicación y se vuelcan en los comentarios de lectores.


Solo a modo de ejemplo. En la noticia del diario Río Negro: “A seis meses del homicidio de Nahuel, la Justicia no muestra ningún avance” se puede leer los siguientes comentarios: “Saben que hay secretos muy bien guardados de los mapuches terroristas”. “Todo esto ocurre porque los mapuches violaron la propiedad privada o pública con la toma”.


Estas miradas racistas quizás no sean mayoritarias, pero están presentes. Existen sectores que legitiman la violencia institucional, que asocian el pertenecer a un pueblo indígena con el terrorismo y que interpretan la recuperación territorial y defensa de derechos como delitos.


Una de las razones del fuerte consenso del racismo son sus raíces históricas. En ese sentido, “la República Argentina se constituyó como Estado-Nación sobre la base de la negación de las raíces históricas americanas, la sujeción de sus ocupantes originarios y la usurpación de sus territorios”, afirmaba el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo.


Domingo Sarmiento llegó a manifestar “¿lograremos exterminar a los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar”. “Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado”.


Lo complejo del momento actual es que esta matriz cultural racista se legitima y fortalece con el discurso criminalizador y estigmatizante del gobierno nacional hacia el pueblo mapuche. Basta recordar que Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación, sostuvo en el Senado: “Los mapuches son un grupo de extrema violencia”.


En ese marco, ¿cuál debería ser nuestro rol como comunicadores y comunicadoras?


En el capítulo de “Pueblos indígenas” de la publicación “Buenas prácticas en la comunicación pública”, el INADI recomendaba “evitar el uso, en noticias, relatos o imágenes, de símbolos o elementos propios de los colectivos en escenas que los muestran como ‘extraños’, ‘problemáticos’ o ‘peligrosos’ “.


Asimismo, si queremos construir una sociedad menos injusta nuestro rol también debería ser visibilizar las violencias cotidianas que sufren estos pueblos y las riquezas culturales que los atraviesan. A modo de ejemplo: no fue noticia en los grandes medios que el 13 de junio un grupo de personas llevaron adelante un violento desalojo de familias mapuches en el Cerro Belvedere. El grupo de matones que portaban garrotes y armas de fuego destrozaron la totalidad de la ruka (casa) de la comunidad.


En el mismo sentido, tampoco fue noticia que el 24 de junio el pueblo Mapuche festejó el WiñoyXipantv, momento cuando el sol recupera sus fuerzas y los días comienzan a ser gradualmente más largos.


Por último, nuestra mirada sería distinta si desde los medios de comunicación que ocupan posiciones dominantes se visibilizara los derechos de los grupos históricamente vulnerados. Recordemos que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas establece que: “los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación y tienen el derecho colectivo de vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos”.


* Licenciado en Comunicación Social UNLZ. Docente de “Comunicación Social y Seguridad Ciudadana” UNRN

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¡Asesinaron a Ramón! Liberador de tierra de Corinto-Cauca

Con dolor e indignación lamentamos informar que en la noche del 14 de mayo fue asesinado el liberador de tierras Ramón Ascué Calix; los hechos se presentaron a las 9:15 pm en pleno casco urbano de Corinto cuando, después de seguirlo, sicarios dispararon contra Ramón Ascué arrancándole la vida.


El año pasado fueron asesinados dos comuneros indígenas en las inmediaciones de la hacienda Miraflores, propiedad del Ingenio Incauca, mientras la comunidad indígena Nasa adelantaba acciones de control y recuperación de sus tierras ancestrales. El 22 de marzo fue asesinado el liberador Javier Oteca por miembros de la seguridad privada de Incauca; luego, el 9 de mayo del 2017, fue asesinado Daniel Felipe Castro, un joven liberador de tierras de apenas 16 años, por miembros de la Policía Nacional cuando los uniformados abrieron fuego indiscriminado contra la comunidad indígena desarmada.


Estos asesinatos no solo se encuentran en la impunidad sino que, además, para este año las acciones de violencia y represión contra la comunidad indígena han llegado a un nuevo nivel de recrudecimiento, ya que los liberadores de la Madre Tierra son seguidos por sicarios y hombres armados, en lo que amenaza convertirse en una serie de asesinatos selectivos que busca detener el proceso de Liberación de la Madre Tierra en Corinto. Así, el pasado 30 de abril, a las 6:40 pm, fue asesinado el liberador indígena Héctor Janer mientras se movilizaba en una moto desde la cabecera municipal de Corinto hasta la vereda el Guanabano, mientras que hoy cae muerto otro liberador de la Madre Tierra en el casco urbano de Corinto.


Ramón Ascué Calix fue un hombre comprometido con el proceso de Liberación de la Madre Tierra, siempre estuvo junto a la comunidad realizando registros en fotografía y vídeo sobre las constantes agresiones de la Policía, el Ejército y grupos paramilitares, utilizando la denuncia como una herramienta para proteger a la comunidad indígena. Una noche, para comienzos del 2017, mientras caminábamos por las vías veredales de Corinto, Ramón Ascué comentó que pensaba retirarse un tiempo del proceso de Liberación ya que presentía que lo iban a matar, sin embargo su amor y entrega a la lucha por la Liberación de Tierras no se lo permitió, y continuó luchando, hasta que en la noche de hoy sicarios al servicio del capital agro-industrial le arrancaron su vida.


Le enviamos un saludo de solidaridad a la familia, ya que en poco tiempo perdieron a dos hermanos comprometidos con el proceso de Liberación: Javier y Ramón Ascué Calix. Pero sus muertes no han sido en vano, ya que su ejemplo, su determinación y su lucha quedan vivas en la memoria para seguir este camino de Liberación.

 

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Marichuy, la voz de los indígenas de México

María de Jesús Patricio, conocida como Marichuy, es una hija de la tierra y de la explotación de la que son víctimas los indígenas. Con una propuesta organizativa, representa a las 60 etnias de su país y a los zapatistas.

Allí van. Aquí vienen. Estuvieron “callados pero no ausentes”. Resistieron y resisten a la violencia del Estado, a las agresiones del crimen organizado, a la expoliación de las empresas mineras, al robo del agua, el desvío de los ríos, a la invasión de las tierras, al racismo permanente, a la exclusión y a la desidia del resto de la sociedad mexicana. A esos sufrimientos las sesenta etnias indígenas de México le pusieron un rostro que las represente en las elecciones presidenciales de este primero de julio. María de Jesús Patricio, conocida como Marichuy. Es la primera mujer indígena en la historia de México que alcanza ese nivel. Marichuy habla con el tono de una canción de cuna, pero es un temple hecho de su historia y la de su pueblo. Marichuy nació en la zona nahua de Tuxpan, Jalisco, hace 54 años. Es una hija de la tierra y de la explotación de las que son víctimas los indígenas. Su padre le cerró el camino a los estudios secundarios para que trabajara la tierra pero ella aprendió ocultándose hasta ser una especialista en medicina natural. Cuando rememora su infancia recuerda que a sus “abuelos los obligaban a sacarse la ropa tradicional que llevaban puesta en la vida cotidiana y ponerse otra cuando se desplazaban a otro pueblo”. Pese a ello, Marichuy salió a recorrer el país para “representar a todos”, es decir, a la vida entera, la biodiversidad, a la vida que destruyen los ladrones de las multinacionales, a la que ignoran las burguesías blancas colonizadas y colonizadoras.


En México la muerte acecha en los rincones y Marichuy apostó por la vida en condiciones de un surrealismo para privilegiados. La candidata presidencial tenía por delante un desafió infranqueable, pero lo asumió con entereza desde que el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la designaron candidata a la presidencia. La idea surgió en octubre de 2016 y recién se plasmó entre mayo y octubre de 2017, primero con la creación del Congreso Indígena de Gobierno, CIG, y luego con el nombramiento de Marichuy como portavoz y candidata. Se trata de un proceso de largo aliento de cuyos principios bien podrían inspirarse nuestras acalambradas izquierdas latinoamericanas. El mandato de Marichuy consistía en ir andando “desde de abajo y a la izquierda para gobernar este país, desde la otra política, la de los pueblos, la de la asamblea, la de la participación de todas y todos”.


La doctora en medicina tradicional se metió en los pliegues de una democracia reservada a los blancos y los corruptos, o a “los de arriba”, como diría ella, “a los amañados”. Salió a la arena política sabiendo que no llegaba porque lo importante estaba más allá del proceso electoral. El manifiesto de los pueblos indígenas que acompañó su nombramiento, “Que retiemble en sus centros la tierra”, precisaba: “nuestra lucha no es por el poder, no lo buscamos; sino que llamaremos a los pueblos originarios y a la sociedad civil a organizarnos para detener esta destrucción, fortalecernos en nuestras resistencias y rebeldías, es decir en la defensa de la vida de cada persona, cada familia, colectivo, comunidad o barrio. De construir la paz y la justicia rehilándonos desde abajo, desde donde somos lo que somos”. El INE (Instituto Nacional electoral) permitió, por primera vez, que este año hubiesen candidaturas independientes pero impuso un piso de 866 mil firmas para que un candidato pudiese competir en las elecciones. Sólo los ricos o los partidos del sistema podrían llegar a esa cifra. Como si fuera poco, el INE decidió que los candidatos debían juntar esas 800 mil firmas mediante dispositivos electrónicos, es decir,

celulares de cierto nivel cuyos precios son inabordables para la mitad del país. La propuesta de Marichuy alcanzó 275 mil firmas, sin embargo, su campaña y los incidentes que la atravesaron le dieron a ella y a las abusadas comunidades indígenas una visibilidad excepcional. Con su modales discretos, con su voz pausada, se puso en marcha por todo el país. Preservó la forma cultural con la que se relacionan los pueblos originarios donde “se manda obedeciendo” y fue, de pueblo en pueblo, rehilando la relación entre unos y otros. Cuando vino a la Ciudad de México, la caravana indígena de Marichuy colgó un cartel que decía: “Venimos a hablar de lo imposible, porque de lo posible se ha dicho demasiado”. De esos imposibles hablamos con ella.


–Después de todos estos meses de campaña, de atentados, de boicots y de recorrido por el país ¿qué balance hace usted de este proceso en el cual, por primera vez, una mujer indígena fue candidata a la candidatura de presidencia?.


–Aprendí principalmente los problemas que fuimos viendo y escuchando directamente desde la voz de los miembros de los pueblos indígenas. Todo ese despojo y todo ese desprecio del cual son objeto de parte de la gente que está en el poder y que tienen dinero. Cuando son tiempos electorales están aquí, y luego cuando ya quedan se les olvida que estamos y que existimos, nos desconocen. Eso fue algo que fui viendo en todo el país. Y aunado a esto, están todas las estrategias que está usando el gobierno para despojarlos de sus tierras y territorios, de sus aguas y sus bosques. Están todas esas formas amañadas de la gente que llega a los territorios para asegurarse ese despojo. La gente de los pueblos tiene ahora una esperanza con este Consejo indígena de Gobierno. Es una forma de caminar colectivamente porque sólo nosotros nos vamos a defender entre nosotros, nadie más lo va a hacer. Debemos proceder de manera organizada. ¿Qué aprendimos al final?. Pues vimos cómo el poder amañado busca nada más este grupito que tiene arriba y saben a quien van a poner, saben cómo usan a la gente de abajo. Allá los pobres no figuramos. Pero nuestra propuesta es organizativa, nuestra lucha va más allá de unas elecciones.


–Robo de tierras, el problema del agua, el despojo de las grandes multinacionales mineras, los pueblos son objeto de una expoliación permanente.


–Claro que es así. En México lo seguimos viviendo y ha costado muchos muertos, desaparecidos, encarcelados que han luchado, han resistido y se han opuesto a esas mega empresas que llegan y se imponen a la fuerza en las comunidades. La única manera de hacer frente es que cada pueblo tenga su manera de poderse organizar y defender. En Oaxaca, por ejemplo, 8 comunidades lograron unirse para hacerse fuerte y echar a una minera que se quería meter. Este es el sentido de lo que estamos llamando: tenemos que organizarnos todos, tenemos que hacer una sola fuerza abajo porque, sino, cada quien por separado nos van a acabar. Eso es lo que pretenden a través de los programas de gobierno, a través de los partidos y de las empresas que llegan: dividirnos en las comunidades. Agarran a los líderes de las comunidades por separado y luego ya les dan dinero y con eso van dividiendo. Esos megaproyectos mas que beneficios han traído destrucción y muerte.


–Esa es la nueva fase que se desprende de las acciones en los pueblos indígenas: un paciente trabajo de organización a largo plazo.


–Nosotros le apostamos a que solamente eso nos va a hacer fuertes desde abajo. Juntos podemos ir construyendo y revisando qué es lo que no está bien y avanzar construyendo según nuestras formas, nuestros tiempos, nuestros modos. Si esperamos que los centros de salud estén bien se seguirá muriendo la gente. ¿Entonces, cómo le vamos a hacer desde abajo ?. Debemos ir buscando formas en educación, en salud, todo se tiene que ir viendo desde abajo.


– ¿La experiencia del movimiento zapatista en Chiapas fue un modelo importante en al refundación de esta fase?


–Pues ellos fueron parte de esta propuesta. Los zapatistas han estado desde hace más de 20 años construyendo su proceso de autonomía y hemos sido testigos de la organización que tienen desde abajo sin contar con los recuerdos del gobierno. Ellos son una muestra de que sí podemos hacer las cosas desde abajo.


–Lo paradójico radica en el hecho de que mucha gente, incluso en América Latina y desde la izquierda, se pregunta si los zapatistas están vivos.


–Nosotros que estamos aquí hemos visto cómo los zapatistas han seguido. El hecho de estén callados o ausentes no quiere decir que no estén construyendo sus autonomías. Además, esas son las formas con la que durante años y años funcionaron los pueblos. Eso es lo que hacemos cuando vamos caminando por los pueblos y les decimos “hay que retomar, hay que reforzar, hay que consolidar nuestro proceso de autonomía. Solamente así saldremos delante”.


–El lema que ustedes usan consiste en decir “por abajo y a la izquierda”.


–Es la gente que está abajo, todos los trabajadores del campo y la ciudad, todos los olvidados, aquellos a quienes no se los toma en cuenta y que están del lado del corazón, todos los que sienten el amor por el otro y que entienden que solamente algo colectivo es lo que nos va a sacar adelante.


–En la Argentina también hay gente abajo, pueblos indígenas como el Mapuche expulsados de sus tierras por el colonialismo financiero blanco. Represión, encarcelamiento, asesinatos. La misma pistola que apunta a las cienes de los pueblos en México apunta en la Argentina.


–No, claro, este problema no es nada más de México sino que el problema de los pueblos indígenas es internacional. Y no solamente son esos pueblos, yo digo que son todos. Por eso nuestra lucha no es únicamente para los pueblos. Cuando salimos lo dijimos: nuestra lucha es por todos. Tal vez ahora no se entienda pero en el caminar se va a ir entendiendo que nosotros, al luchar por la vida, estamos luchando por todo y todos. Si el agua se contamina, o si destruye un árbol les va a afectar a todos. Si la tierra se contamina todos se enfermarán, indígenas o no.


–A partir de la lucha de aquí y con los problemas que hay con los indígenas en Perú, en Bolivia, en Colombia, en la Argentina, ¿ acaso no habría que replantear una suerte de caminar juntos latinoamericano ?. Si las burguesías coloniales blancas dividen ¿cómo nos unimos?.


–Creo que como nuestra lucha es por la vida y es mucho más allá de México el siguiente paso será juntarnos con más hermanos y, juntos, pensar qué vamos a hacer para salvar este planeta. A los mapuches les digo que sigan adelante, no se desesperen, no se vendan, no claudiquen. Hay que seguir construyendo esa autonomía desde nuestros pueblos y desde nuestros barrios. Debemos hacernos fuertes para resistir. Los pueblos indígenas tenemos nuestras formas que están todavía después de más de 500 años. Entonces, no dejemos que nos acaben. Nuestras comunidades indígenas siguen siendo despojadas de sus recursos, de sus aguas, de sus bosques y de formas propias de vida. Luchemos para seguir existiendo y luchemos por los demás.


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Migrantes indígenas, atrapados en la frontera entre Colombia y Venezuela

Los miembros de la comunidad yukpa cruzaron la frontera para escapar de la crisis en Venezuela, pero han sido deportados en dos ocasiones

 

A finales del año pasado, la niña de 12 años Betania escuchó hablar a sus vecinos sobre una ciudad no muy lejana donde se podía encontrar comida. "Mi madre me dijo: 'Betania, vete de aquí, porque tenemos hambre. Mira a tus hermanos, no tienen nada en la barriga'", recuerda.

Así que Betania se despidió de su familia, abandonó su remota aldea en la comunidad indígena yupka de las montañas del oeste venezolano, y caminó 300 kilómetros hasta la ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela.


Acampados en la orilla lejana del río Táchira, encontró cientos de indígenas yukpas. También huían de la desnutrición y de la enfermedad en Venezuela, donde la escasez causada por el colapso económico ha afectado incluso a las comunidades indígenas rurales.


Los yukpas representan una parte minúscula de los cientos de miles de venezolanos que en los últimos años han cruzado la frontera para escapar de la hiperinflación, la escalada del crimen y una crisis política que parece no tener fin.


La diferencia con otros migrantes es que a este grupo indígena lo han deportado en dos ocasiones. Una y otra vez regresaron a Colombia, donde volvieron a acampar a orillas del río. Pero ahora están atascados: no quieren regresar a Venezuela y no son bienvenidos para seguir avanzando en Colombia.


"¿Sabes por qué vine hasta aquí? Porque no puedo quedarme allá atrás sin comida, ni dinero, ni ropa, ni nada", dijo Anteli Romero, un artesano yukpa de 28 años de las montañas que rodean la ciudad de Machiques. "Ahora dicen que no quieren a los yukpas por aquí, dicen que vinimos para nada".


Hay unos 500 miembros del grupo indígena acampando junto al río, entre ellos varias decenas de mujeres embarazadas. Duermen al raso o en refugios hechos con material reciclado. Por la noche, un montón de pequeños fuegos parpadea en el bosque mientras cocinan el arroz blanco o los pasteles de maíz.


El grueso de los migrantes venezolanos que cruzaron se ha dispersado en las ciudades de Colombia, pero la presencia concentrada de los yupkas en la frontera irrita a las autoridades locales. Los miembros del grupo se han enfrentado repetidamente con los funcionarios fronterizos colombianos, llegando a amenazarlos con arcos y flechas.


Aunque las relaciones entre Colombia y Venezuela han sido tensas durante varios años, las autoridades de ambos países cooperaron en enero para desalojar el campamento en la ribera del Táchira y devolver unos 500 yukpas a sus tierras en las inmediaciones de la ciudad de Machiques. Los yukpas dijeron que seguían sin tener comida ni medicinas y regresaron caminando a Colombia.


Las autoridades de Cúcuta volvieron a deportar a los yukpas en marzo. Pero muchos de ellos regresaron y siguen llegando más. "En Venezuela, a veces pasamos todo el día sin comida, por eso todos vienen", dijo Arbelei Landino, otro migrante yukpa.


Cuando hace dos años estalló la crisis migratoria, Colombia respondió otorgando residencia legal a los trabajadores venezolanos. Hasta que en febrero retiró los privilegios y desplegó a 3.000 soldados en la frontera. Pero la marea de migrantes sobre una frontera abierta ha demostrado ser imparable.


Los activistas creen que el Gobierno debe invertir en una respuesta adecuada antes de que se haga ingobernable la situación. Según el padre Francesco Bortignon, responsable de un refugio para migrantes en Cúcuta, "el Gobierno no tiene ni idea de cómo manejar la situación".
Los yukpas son anteriores a los estados


Los yukpas, cuyos territorios ancestrales se extienden a ambos lados de la frontera y son anteriores a la creación de Colombia y de Venezuela, han tratado de invocar sus derechos como tribu binacional.


En teoría, el texto de la Constitución colombiana reconoce la ciudadanía a los miembros de dichos grupos y dispone de protecciones especiales para la preservación de las comunidades indígenas. Los líderes yukpas dicen que los 15.000 miembros de la tribu no han recibido ninguna de esas protecciones.


El Ministerio de Interior de Colombia ha dicho que primero debe certificar su identidad indígena haciendo un censo de los yukpas. Hasta entonces, los considerará como venezolanos viviendo ilegalmente en Cúcuta.


Según Andrés Barona, asesor legal de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), "la actitud del Gobierno es 'esconded a los pobres, son feos'. Son acciones motivadas por el racismo que hay contra los indígenas".


En su opinión, las autoridades nacionales y municipales colombianas se han limitado a tomar la opción más sencilla frente a la complicada crisis humanitaria y diplomática.
El ayuntamiento de Cúcuta no respondió a las llamadas de The Guardian, pero antes había comunicado a los medios locales que los yukpas estaban implicados en el contrabando de la frontera.


Barona y la ONIC creen que el Gobierno debería dar a los yukpas un espacio para vivir mientras elabora un plan, además de garantizarles el acceso a comida, agua y letrinas.
Como dijo Deborah Hines, directora del Programa Mundial de Alimentos en Colombia, los grupos indígenas son olvidados a menudo en una crisis humanitaria que ya ha abrumado al Gobierno y a las organizaciones de ayuda internacional. "Nos centramos en las comunidades indígenas porque tienden a ser los más vulnerables", dijo.


Pero muchos en el campamento yukpa dijeron que la vida junto al río era mejor que en su hogar. Al menos aquí, unas pocas monedas pueden servir para comprar una bolsa de arroz. En Venezuela no hay arroz. "Nos cansamos de sufrir tanta hambre, así que aquí vinimos", dice Ángel Romero, de 32 años. "Confiamos en que nos ayuden".

Dylan Baddour - Cúcuta
28/04/2018 - 19:57h


Traducido por Francisco de Zárate

 

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