Viernes, 05 Diciembre 2014 18:22

Amazonas, el paraíso olvidado.

Amazonas, el paraíso olvidado.

El Amazonas es un territorio que enamora. Desde que arriba a su territorio quien lo visita siente sorpresa por su inmensidad, la tranquilidad que transmite su selva, lo majestuoso del río de su mismo nombre. El departamento del Amazonas es un paraíso, un paraíso que contradictoriamente a lo pensado, vive desde hace mucho tiempo una situación de olvido y desinterés estatal que llega a límites alarmantes. En los últimos años está situación ha mejorado en algunos aspectos, pero todavía son visibles situaciones inexplicables en este tiempo ya que, además de la tecnología que actualme existe, el presupuesto del departamento da para solucionar muchos de los problemas que soportan sus pobladores.


La presente columna realizará un recorrido rápido sobre los principales problemas que afectan al departamento, explicará cómo el histórico desinterés del Estado colombiano con respecto a este territorio afecta la configuración del sistema político nacional, e intentará formular una salida a esta situación.


Geografía y transporte


De los treinta y dos departamentos que integran nuestro país, el Amazonas es el más extenso, además de estar compuesto totalmente por selva. Su bastedad limita con los departamentos del Caquetá, Vaupés y Putumayo, pero además, como región fronteriza, allí el país tiene fronteras con Brasil y al sur y sureste con Perú.


Este departamento que hasta 1991 era parte de los llamados "Territorios Nacionales", desde siempre ha estado aislado del "centro" del país y de la llamada "realidad nacional". Razones para ello hay muchas, por ejemplo las dificultades para acceder al mismo, casi limitadas a transporte aéreo A inicios del siglo XXI, para llegar en avión desde Bogotá había que pagar hasta 800.000 pesos por trayecto, lo que limitaba en gran medida el turismo y mucho más la posibilidad de que algún curioso llegara por accidente o descuido. Estos costos ahora son menores aunque igual siguen siendo inexequibles para muchas personas, rondan los 350.000 pesos en temporada alta y 200.000 en temporada baja.

La otra forma para llegar es por río, la cual no es fácil: hay que llegar a Puerto Asís, Putumayo, y después buscar un barco de carga, que muy pocas veces permite cupo para que las personas viajen; recorrer este trayecto exige un promedio de 15 a 29 días por el río Putumayo hasta desembocar al Amazonas. Pocas personas tienen el tiempo para encarar esta travesía.


Otra de las razones por las que en este territorio permaneció y todavía permanece aislado del centro político responde a la mirada hacia adentro o localista que carectizó desde siempre a las élites criollas, las cuales nunca entendieron ni potenciaron la realidad estratégica y la diversidad de nuestro país. Como es conocido, situado a la entrada –o salida– de Sur América, Colombia es el puente entre Centro y Sur América; país Caribe, Pacífico, Andino, Orinóco y amazónico, con diversidad de climas, reducido por la miopia de esas élites a país andino.
Es así como nunca entendieron ni miraron al Amazonas ni a la bastedad amazónica, menospreciada como territorio de "indios", negado en su potencial en todas y cada una de sus cualidades y características, mucho menos comprendieron el papel que podría jugar en la potenciación de unas relaciones de integración subregional con Brasil, Perú y Ecuador.


Sus suelos, distintos a los andinos, cargados de hierro, aluminio, ácidos, tampoco fueron ni estudiados ni valorados, cuando mucho, con su tradicional mirada antiecológica, lo único que vieron en ellos fue madera y caucho.


El aislamiento de un territorio tan grande como éste, ha afectado la configuración del sistema político colombiano, definido como Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, con centralización política y descentralización administrativa, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general, todo esto articulado en la Constitución Política de 1991, premisas que quedan sin fundamentos al observar el estado en que se encuentra el Amazonas, donde hasta hace muy poco tiempo la única presencia estatal evidente era la militar, y cuando empezó a llegar otro tipo de instituciones desde siempre quedaron manchadas por la ineficiencia, la corrupción y/o el sospechoso manejo de los presupuestos.

Derechos sociales

Por ejemplo, en muchos de los corregimientos que componen este territorio, para que a un paciente le apliquen una inyección no es extraño que tenga que llevar la jeringa, los guantes, el medicamento y una vela para que en el puesto de salud le puedan prestar el servicio. Realidad evidenciada en un artículo periodístico llamado "En el Amazonas el acceso a la salud se mide en kilómetros", de la periodista Natalia Gómez Carvajal. Su acompañamiento a una brigada de salud desarrollada en Puerto Nariño, segundo municipio del departamento, habitado por 8.000 habitantes , le permitió corroborar las carencias que tiene el departamento en temas como el de salud. En su nota la periodista también explica las dificultades y costos para el transporte, y ejemplifica que un desplazamiento desde Puerto Nariño y hasta Leticia cuesta 50.000 pesos ida y vuelta, el mismo que puede tomarse 3 horas, o puede conseguirse un transporte más barato en una embarcación de la zona llamada "peque-peque" pero el tiempo para el viaje se duplica a 6 horas e, incluso, puede llegar a 8. Otro ejemplo que da es cómo desde Mirití –al norte del departamento–, para buscar un vuelo hasta Leticia, debe hacerse un recorrido en lancha hasta el corregimiento de La Pedrera, viaje conocido como "el paseo de la muerte", el cual puede demandar hasta 700.000 pesos en gasolina.


La periodista recuerda en su escrito la sorpresa de uno de los médicos de la brigada ante la pobreza en que viven muchos de los habitantes de la región, los cuales no pueden ser atendidos por la falta de especialistas en la región.


La precaridad en el área de salud que padecen los habitantes del departamento queda evidente en el cuadro adjunto, donde puede observarse el porcentaje de personas con acceso médico por ubicación geográfica. El cuadro perrmite notar cómo en la región Orinoquía-Amazonía, que incluye los departamentos de Arauca, Casanare, Putumayo y Amazonas, en el año 1997 se vivía una cobertura del 82,7 por ciento mientras en el 2012 está llega a un 69,0. Salta a la vista que aunque existan avances en esta área de los derechos sociales, el porcentaje de personas con acceso médico disminuyó. Por qué no llegan los pacientes, ¿Falta de dinero para el trasporte? ¿Falta de médicos, situación que conocen y los desestimula para viajar?

Vivencia


Cómo estudiante de primaria y secundaria en la capital del departamento conocí muchos aspectos que me decepcionaban de la educación y de mi colegio, que siempre fue público, donde tuve la misma clase de inglés, con los mismos temas de segundo a quinto de primaria, enseñando además una lengua que no requeriamos de inmediato, desconociendo nuestro sistema educativo las lenguas de más de dos docenas de pueblos indígenas con los cuales sí teníamos la necesidad inmediata de integrarnos y desarrollar convivencia; o donde el 80 por ciento de las compañeras de mi hermana –grado 11–, estaban embarazadas o habían tenido hijos al poco tiempo de su graduación.


Mediocridad, falta de apoyo estatal. Como estudiante, muchas veces desee ser brasilera, por qué los niños de las escuelas de Tabatinga, el pueblo vecino, les daban el uniforme, los útiles, tenían computadores que funcionaban y además les hacían parques o canchas. Ahora que conozco un poco más del mundo me doy cuenta que ni los colegios de Tabatinga tienen la calidad que necesitan los niños de la región, ya que buenas instalaciones sin un proceso de educación de calidad, y el trabajo por la no violencia en las sedes, de poco sirven.


Un término que puede ayudar a entender lo planteado es el explicado por Fernán González y Silvia Otero Bahamon, en el artículo "La presencia diferenciada del Estado: un desafío a los conceptos de gobernabilidad y gobernanza", donde explican que en algunas regiones del país el Estado colombiano pudo consolidarse cómo el regulador del orden social, el detentador del monopolio de la violencia y de las administraciones. Pero en otras zonas esto no ha sucedido, recurriendo para ello al clientelismo, como sucede en el Amazonas, zonas que están en disputa con los actores armados.


Los autores explican cómo la violencia, la crisis de los mecanismos de representación política y la presencia creciente del narcotráfico en la sociedad colombiana, llevaron a que estos territorios quedaran aislados del desarrollo logrado en la zona andina del país.

Un reto


Es necesario que el Estado emprenda una campaña de reconocimiento de los territorios que no controla ni incluye de manera cabal, que adquiera un compromiso serio con los ciudadanos de los mismos para iniciar un proceso de articulación a la realidad nacional.
El Estado debe encontrar formas de romper con las tan arraigadas costumbres clientelistas dominantes en el departamento del Amazonas, todo esto apoyado directamente desde el gobierno central y la diversidad de instituciones que lo integran, que en un trabajo conjunto intenten generar este cambio, para que el Amazonas deje de ser uno de los departamentos más empobrecidos del país, donde la corrupción tiene más peso, aprovechando todo su potencial para no solo ser el paraíso natural que actualmente es sino, además, para que en su territorio se cumplan todas esas palabras que dan cuerpo a la Constitución Política de Colombia.

Bibliografía


• Cuadro 1, Ayala, García, Jhorland, La salud en Colombia: más cobertura pero menos acceso. Publicado por el Banco de la República – Sucursal Cartagena. Fuente secundaria: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 1997 – 2012.
• GONZÁLEZ, Fernán, BAHAMON, Silvia O. La presencia diferenciada del Estado: un desafío a los conceptos de gobernabilidad y gobernanza. Programa Análisis y evaluación de la gobernanza. 7 de julio de 2006. Sitio Web: http://www.institut-gouvernance.org/es/analyse/fiche-analyse-237.html. Revisado: 20 de octubre de 2014.
• Gómez C, Natalia. "En el Amazonas el acceso a la salud se mide en kilómetros". Periódico El Tiempo. 1 de septiembre de 2012. Ubicación online: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12184932

 

Por Natalia Soto González

Estudiante
Departamento de Ciencia Política
Universidad Nacional de Colombia

 

Publicado enColombia
Viernes, 28 Noviembre 2014 16:40

Sobre el valor de no tener armas

Sobre el valor de no tener armas


El departamento del Cauca sobresale en Colombia por su tradición de organización indígena y resistencia civil. Hechos como la condena decretada a los siete guerrilleros indígenas de las Farc que el pasado 4 de noviembre asesinaron a dos miembros de la comunidad Nasa, evidencian la contundencia de la justicia indígena que actúa de manera autónoma, y la firmeza de la acción sin armas de su Guardia que defiende, entre otros aspectos, el derecho a la soberanía de su territorio.

 

La resistencia civil se consagra en las

declaraciones universales de los derechos

humanos como uno de los derechos fundamentales y,

en el caso de que el Estado los viole o no los garantice,

los ciudadanos tienen el deber y el derecho de acogerse

a la resistencia civil para recuperarlos

Eugenio Guerrero

 

Sucedió el pasado cinco de noviembre. Un sonido seco y tajante rasga la piel cada vez que la contacta el cuero con que está hecho el perrero de arriar ganado. El dolor se prolonga 20 veces, número de fuetazos decidido por la comunidad indígena para remediar la desarmonía de Daniel Coicué y Manuel Tumiñá, tras el asesinato de otros dos de sus miembros.

 

Luz y sombra. Las piernas de los dos menores de edad encontrados culpables tratan de soportar la aguda vibración de los fuetazos; sombra. Pero el dolor causado por el castigo, según la tradición, ayudará a que los implicados retornen a su origen. El fuetazo como transmisor de energía ancestral, el fuetazo como rayo; luz. El rayo como padre de los Nasa, mediador entre lo claro y lo oscuro, elemento purificador que devolverá la armonía que rompieron los jóvenes de rasgos notoriamente indígenas.

 

Sin embargo, la condena no se reduce solo al fuetazo. De manera casi unánime la población elige 40 años de cárcel para cuatro de los milicianos indígenas; 60 años de cárcel para el autor de los asesinatos y para los dos restantes, por ser menores de edad, el envío a un centro de rehabilitación mientras cumplan la mayoría de edad.

 

La justicia de la comunidad indígena del Cauca ha sido elogiada por la agilidad y eficacia en el juicio celebrado alrededor del asesinato de dos de sus miembros, con funciones de Guardia, pero también criticada por no contar con un debido proceso en el que los milicianos farianos puedan acceder a la defensa, así como a una segunda instancia, como lo reprocharon el abogado y exprocurador Jaime Bernal Cuellar y el representante de la ONU en Colombia, Fabrizio Hochschild, quien además agregó para Caracol Radio que a los siete guerrilleros condenados les violaron los derechos humanos.


Ante estas declaraciones, el activista y exconsejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), Carlos Houghton, opina que a la justicia indígena la miran con vista occidentalizada, sin analizar que para ellos los derechos colectivos priman sobre los individuales. Por eso la importancia que le otorgan a la armonización de la comunidad: es el nivel de desarmonía causado lo que define la gravedad del hecho.

 

"Cuando la prioridad es otra, el debido proceso es para la comunidad, no para el individuo. No tuvieron un abogado pero sí miembros de las familias de los acusados, para señalar y controvertir a la comisión. Además, los responsables reconocieron su culpa. Es una justicia asamblearia y casuística, que no está escrita en ningún lado", añade Houghton.

 

Ley de origen

 

Así es como nombra a la justicia que aplican en las comunidades la Organización Nacional Indígena de Colombia –Onic–, debido a que su origen va mucho antes del Estado. "No vamos a renunciar nunca a ella, porque sería renunciar a vivir como somos y desaparecer. Pero se trata de dos derechos distintos, y en algunos casos enfrentados".

 

Sin embargo esto no quiere decir que los indígenas busquen sustituir por completo el Estado colombiano, sino asegurar un grado de autodeterminación para los suyos dentro de sus territorios ancestrales.

 

La ausencia del Estado en la comunidad, el crecimiento de la inequidad social y la problemática de la apropiación de tierra ayudó a que en 1971, en la coyuntura de la reforma agraria vivida en las décadas del 60 y 70 en el país, surgiera el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), "con el objetivo de hacer reconocer los derechos de los indígenas como pueblo", según un artículo realizado por Anders Rudqvist y Roland Anrup.

 

Para 1991 la Constitución Política de Colombia generó el ambiente legislativo propicio para que la resistencia civil surgida de las comunidades indígenas diera fruto. Es así como el artículo 246 consagra su jurisdicción especial, "Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales" documenta Castro Blanco en el libro Multiculturalismo y Constitución Política: el neocontractualismo de John Rawls, Charles Taylor y la Constitución Política de Colombia de 1991.En esa medida la ley estatal establece que esta jurisdicción especial deberá coordinarse con el sistema judicial nacional.

 

Para ese tiempo, surgen estructuras indígenas zonales, entre ellas la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), organización creada en 1994, que luego de diez años sería merecedora del Premio Ecuatorial a "logros extraordinarios en el empeño por reducir la pobreza mediante la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad", otorgado por el secretario general de la ONU, Kofi Annan, gracias a los avances de la Asociación en etnoeducación, tenencia de la tierra, cultivos y demás proyectos de desarrollo comunitario.

 

Para esa misma fecha, los delegados de los comuneros Nasa pidieron en Nueva York a la ONU que brigadas internacionales de paz los acompañaran como escudos humanos. Años después solicitarían que la Guardia Indígena, creada de manera formal en el 2001, fuera declarada "agente internacional de paz".

 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la comunidad por mantener su autonomía en el territorio, el conflicto en el departamento del Cauca procede de varias décadas atrás.

 

Asiento insurgente

 

La presencia de grupos guerrilleros en este departamento es histórica. El latifundio, la discriminación, el sometimiento de los indígenas por los gamonales, pero también la posición geográfica y la presencia de megaproyectos mineros, son algunas de las razones por las que esta parte del país es uno de los mayores focos de conflicto en Colombia. Allí, en 16 de sus 42 municipios, sus habitantes han visto vulnerado, en numerosas ocasiones, el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos humanos.

 

Según un análisis realizado por la Corporación Nuevo Arco Iris, en la zona, y a través del tiempo, han tenido presencia diferentes organizaciones armadas: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), El Ejército de Liberación Nacional (Eln), el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Movimiento Quintín Lame, el Movimiento Jaime Bateman Cayón, el Comando Ricardo Franco Frente-Sur, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (Prt) y el Comando Pedro León Arboleda (Pla). Actualmente, las Farc despliegan allí los frentes sexto y octavo, y las columnas–móvil– Jacobo Arenas y Arturo Ruiz.

 

Solo para el año 2012 este departamento sumó catorce tomas guerrilleras, más de 400 hostigamientos y una lista incalculable de heridos, según cifras del entonces gobernador del cabildo de Toribío, Marcos Yule, lo que ha causado que existan tensiones entre la guerrilla y las organizaciones indígenas.

 

El 15 de julio 2012, según la investigación de Rudqvist y Anrup, la Acin mandó una carta a Timoleón Jiménez, comandante de las Farc, en la cual explica sus "acciones de liberación y armonización" de los territorios indígenas y reitera que "no queremos la presencia guerrillera, ni de ningún ejército" en nuestros territorios. La Acin demanda que la guerrilla se aleje de los sitios poblados y de vivienda, que no realice mas "ataques que con toda seguridad van a afectar a la población civil aunque pretendan atacar solo a la fuerza pública", que no use armas de efecto indiscriminado, como los llamados tatucos o las minas antipersonales, que no se atrinchere en las casas y que los milicianos no guarden armas ni explosivos en las viviendas de las familias.

 

Luego de reiteradas peticiones por parte de la comunidad indígena, los grupos armados siguen actuando sobre este territorio. El asesinato de dos de los guardias indígenas más queridos por la comunidad de Toribío propició, una vez más, el ahondamiento de la tensión entre esta guerrilla y las autoridades del norte del Cauca.

 

La disputa no termina. La Acin, a través de comunicados, sigue solicitando estrategias reales al Estado colombiano y el reconocimiento jurídico de la Guardia Indígena como un sujeto de reparación colectiva. Paralelo a esto también preparan para este año el "Encuentro de mingas por la vida y en defensa del territorio", a celebrarse entre el 24 y 25 de noviembre, que agrupará líderes en contra del proyecto megaminero de La conga en Cajamarca, Perú, de La Colosa en Cajamarca, Colombia, y otros activistas en contra de las actividades extractivas que se adelantan en sus territorios.

 

Las iniciativas de los pueblos indígenas del Cauca cada día tienen más seguidores. Esto probablemente se deba a la concientización de la comunidad sobre su papel como actores políticos “luego de la negociación de San Vicente del Caguán, empiezan a hacer una propia lectura de la guerra y se dan cuenta que la estrategia que su comunidad ha elaborado es mucho mejor que la de los actores armados, en términos de mejoramiento de las condiciones de vida, de formación de conciencia, de organización y control territorial. Además de tener mayor poder y credibilidad que ellos. La montonera indígena es más poderosa, la montonera indígena construye más lazos con la gente”, reflexionaHoughton.

 

En estas circunstancias, y mientras la comunidad indígena del norte del cauca continúe padeciendo violaciones a los derechos humanos, probablemente proseguirá su resistencia civil en búsqueda de su autonomía territorial, jurídica y administrativa; teniendo como objetivo la consecución de la paz y la armonía de sus territorios, alterada por la persistencia del latifundio, de los gamonales y de más de cincuenta años de conflicto armado en Colombia.

 


Recuadro 1

 

El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric)

Surge en 1971 en el municipio de Toribío, Cauca, en la coyuntura de la reforma agraria vivida en las décadas del 60 y 70,con el objetivo de hacer reconocer los derechos de los indígenas como pueblo. Proponen siete objetivos primordial es en su plataforma:

 

1. Recuperar las tierras de los resguardos
2. Ampliar los resguardos
3. Fortalecer los cabildos indígenas
4. No pagar terraje
5. Hacer conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación
6. Defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas
7. Formar profesores indígenas para educar de acuerdo con su situación particular y en su respectiva lengua.

 

Es una de las organizaciones indígenas más grandes de Colombia: "comprende 77 resguardos, más de 115 cabildos y alrededor de 246 mil miembros pertenecientes a siete pueblos diferentes, de los cuales los Nasas son el mayoritario, al constituir un 80 por ciento del total de los miembros de la organización".(Hernández Delgado, Resistencia civil artesana de paz, Experiencias indígenas, afrodescendientes y campesinas).

 

Aparte del Cric, que tiene una cobertura departamental, hay importantes prácticas a nivel local y zonal tales como el Proyecto Nasa, el Proyecto Global, la Resistencia Indígena Comunitaria de Caldono y la experiencia de La María, entre otras.

 

Recuadro 2

 

Guardia Indígena, "agente internacional de paz"

 

Fue creada, de manera formal, a través de la resolución 003 del 28 de mayo de 2001, expedida por los cabildos indígenas de la zona norte en el municipio de Caloto, con el apoyo del Cric.

 

La Guardia Indígena está compuesta por indígenas nasas, guambianos, coconucos, totoroes y yanaconas y sus símbolos son un brazalete verde o rojo y un bastón de mando.

La misión de la Guardia Indígena es la de preservar la integridad y autonomía del territorio y defender los derechos de los pueblos indígenas, respetar y difundir la cultura y el derecho autóctono, hacer prevalecer el poder de las autoridades propias y prevenir o solucionar cualquier situación que atente contra la existencia de los pueblos indígenas. Sus actividades son principalmente las siguientes:


- Controlar el movimiento interno y externo de los comuneros.
- Controlar el tránsito de comerciantes y vendedores ambulantes.
- Acompañar a la comunidad y cabildos dentro del contexto de la población civil.
- Mantener informada a la comunidad y cabildos sobre el orden público y exigir respeto 
como organización social a los actores del conflicto.
- Investigar antecedentes y el destino de personas y vehículos que ingresan al territorio.
- Hacer decomisos, allanamientos y requisas, con previa autorización de la autoridad 
propia.
- Defender los derechos humanos, denunciando todos los actos que atenten contra el 
bienestar y la tranquilidad de la comunidad.
- Controlar los eventos importantes que se desarrollen en las comunidades como marchas, congresos, asambleas, etcétera.

 

"La Guardia Indígena está conformada por 10 representantes de cada una de las 320 veredas para un total de 3.200 personas, a las que se pueden sumar más, según las demandas del momento. Este es uno de los modos de resistencia en el cual participa voluntariamente un grupo de comuneros elegidos por los habitantes de cada vereda y luego ratificados por el cabildo de cada resguardo".(Minga en resistencia).

 

El servicio de guardia es por un periodo de uno o dos años y las guardias son además escuelas de formación donde se capacitan los futuros líderes de las comunidades. Los guardias solamente van armados con bastones y radios transmisores.

Publicado enEdición 208
¿Por qué se niega la Consulta Previa al pueblo Inga de Mocoa?

Contra la Consulta Previa a las comunidades indígenas y a los grupos poblacionales afrodescendientes, existe una descomunal arremetida de poderosas empresas multinacionales asociadas al extractivismo, así como de sus agremiaciones y de altas esferas gubernamentales que los consideran un estorbo para su modelo depredador de "desarrollo" y explotación de los recursos naturales no renovables.

Es similar a la presión contra las licencias ambientales cuyas normas regulatorias recientemente han sido reformadas para establecer un mecanismo exprés que constituye una salvajada contra la naturaleza y el medio ambiente. Mediante el decreto 2041 de octubre de 2014 (http://bit.ly/10WLIon), el gobierno del señor Santos fijó un procedimiento sumario para que las Licencias se expidan en 150 días, cuando en otros gobiernos, como el de los Estados Unidos, dicho trámite demora, como mínimo, 6 años. Y eso que esa es la catedral del aterrador fracking.

Quiero responder la pregunta que encabeza esta columna colocando a consideración de quienes la lean dos planos que ilustran la situación concreta del ejercicio de este derecho fundamental de las comunidades étnicas nacionales. En primer lugar están los hechos ocurridos en el caso concreto del Cabildo Inga del municipio de Mocoa, Putumayo. De tales acontecimientos puede inferirse un sistemático sabotaje por parte de un poderoso grupo empresarial, propiedad de la familia Solarte de Pasto, contratistas del Estado en obras civiles, para impedir la realización de la Consulta Previa y el consentimiento tanto en lo relacionado con la expedición de la Licencia ambiental como con la ejecución de una obra vial que hace parte de un complejo de carreteras en construcción en la Amazonía. En segundo lugar, presento el panorama histórico, legal e institucional del reconocimiento y la garantía de esta institución en el periodo posterior a la expedición de la Constitución de 1991.

Los dos escenarios ilustran claramente cuál es la situación concreta de la Consulta Previa y su consentimiento en el Estado colombiano. Todos los datos y hechos nos demuestran que para las elites dominantes, para las multinacionales y para el modelo de acumulación extractivista y financiero neoliberal, la Consulta Previa a las comunidades indígenas y afros es un estorbo que debe ser doblegado, borrado y destruido.

Vamos por partes.

Los eventos en el Cabildo Ingá de Mocoa.

Sobre el territorio de la comunidad Inga (Cabildo de Mocoa) en la actualidad se adelanta el Contrato No 407 de 2010, Modulo 1. EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ubicado en jurisdicción del municipio de Mocoa, Putumayo (file:///C:/Users/usuario/Downloads/periodico.pdf).

Se trata del proyecto de "CONSTRUCCION DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA", que comprende la construcción de una vía nueva entre las cabeceras municipales de San Francisco y Mocoa, la cual será una ruta de una sola calzada con dos carriles bidireccionales de una longitud aproximada de 45.6 Km, incluyendo 49 puentes con una longitud de 2.775 metros, estructuras de contención, obras de arte y demás.
El 60 por ciento del trazado de la Variante está ubicado en la Reserva Forestal de la cuenca alta del rio Mocoa (http://bit.ly/1pOtLUW).

Para la ejecución de este proyecto vial el presupuesto aproximado suma quinientos mil millones de pesos (260 millones de dólares), que serán ejecutados a los largo de 6 años, iniciando en el mes de septiembre de 2010 y terminando en el 2016.

Este proyecto hace parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), cuyo objetivo es desarrollar obras para el mejoramiento de la infraestructura regional de transporte, energía y telecomunicaciones; promover la integración regional; y facilitar la extracción de recursos naturales. Estrategia que cuenta con apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (http://bit.ly/1EyOH56).

Se trata de un proyecto de interés para la región Ingá, el megaproyecto "Corredor Multimodal Tumaco-Puerto Asís-Belém do Pará, el cuál involucra directamente a los territorios indígenas de Putumayo. Este corredor multimodal está integrado por proyectos de naturaleza vial, fluvial, marítima y portuaria. De acuerdo con el Ministerio de Transporte de Colombia, son dos las funciones estratégicas del Corredor Intermodal: i) implementar el eje de desarrollo e integración del sur de Colombia, las zonas del norte ecuatoriano, el Amazonas peruano y el norte de Brasil y ii) potenciar la interconexión del interior del continente con la cuenca del Pacífico.


Antecedentes

En septiembre 15 de 2009 fue publicado el Plan de Manejo Ambiental, Social, Integrado y Sostenible –Pmasis- para el corredor vial Pasto-Mocoa variante San Francisco-Mocoa (co-l1019), donde, Corpoamazonia y el Invías, después de una evaluación técnica, económica y ambiental, seleccionan para la obtención de material de arrastre a utilizar en la construcción de la variante San Francisco/Mocoa, el río Mocoa, ya que de conformidad con la normatividad municipal vigente (PBOT de Mocoa)[1], se presenta como un lugar apto para su explotación. El sitio exacto propuesto se ubicaba en las inmediaciones del casco urbano de Mocoa con coordenadas: N: 620.200 m, E 1.048.400 m[2].

De acuerdo a lo indicado en el Pmasis (2009), estaba previsto comprar el material a las empresas mineras de la región que contaran con licencias y permisos ambientales y mineros vigentes para su explotación, así como con un plan de restauración de las áreas explotadas debidamente aprobado, o en caso de ser necesario, estuvieran en capacidad de tramitar las licencias y permisos ambientales y mineros exclusivos para la construcción de la Variante, ante las autoridades competentes.

En la margen derecha del río Mocoa para esa fecha se encontraba, y allí está actualmente el asentamiento "El Guadual", el cual ocupa territorios ancestrales, donde está viva la cultura, el pensamiento, la cosmovisión, los usos y costumbres del Pueblo Inga.

El 5 de diciembre de 2011, Corpoamazonia emitió el Informe No. 1453 denominado "Informe de viabilidad de obras preventivas en un tramo del río Mocoa, municipio de Mocoa"[3], en el que categorizaban el lugar del río Mocoa que abarca aproximadamente desde unos metros del puente metálico en la vía Mocoa- Pitalito (Vía Nacional 4503) y la desembocadura del río Mulato, como una zona de riesgo de inundación para el municipio de Mocoa, lo que coincidió "casualmente" con el lugar propuesto por el Pmasis (2009), para la obtención de material de arrastre.

Debido a lo anterior, el presidente del Consejo municipal para la atención de desastres del municipio de Mocoa, realizó acercamientos con el Invías y las empresas Sonacol S.A.S. y Consorcio Vial del Sur (de la familia Solarte), llegando a un acuerdo consistente en que autorizaban a la empresa Sonacol S.A.S., para que realizara obras de mitigación del riesgo y, como contraprestación, recibiría el aprovechamiento del material de arrastre del río para la construcción de la Variante San Francisco-Mocoa.

Para los meses de octubre y noviembre de 2011 la empresa Sonacol S.A.S., realizó acercamientos con el asentamiento Indígena "El Guadual", enviando un profesional para realizar el censo de la comunidad, pero en ningún momento les fue socializado el proyecto con todos sus componentes y alcances. Con engaños y maniobras fraudulentas se hizo firmar a la comunidad los informes sin que la misma tuviese pleno conocimiento de su contenido.

El 31 de enero de 2012 la empresa Sonacol S.A.S., se reúne con las familias del asentamiento "El Guadual", y sin las garantías del debido proceso, el consentimiento y la Consulta Previa, logran acuerdos verbales, como contraprestación al permiso para el paso del material del material de arrastre por el territorio de la Comunidad. Dichos acuerdos los plasma la empresa en un Acta que hace firmar a cada una de las familias, sin entregarles copia de la misma. Luego, cuando la comunidad finalmente conoce el texto del documento, se percatan que aparecen compromisos a los que no había llegado, por lo que sus integrantes consideran que la empresa se aprovechó y abusó del escaso conocimiento que para la época tenía la comunidad sobre su derecho a ser consultada y al consentimiento, dispuesto por la ley.

El Consorcio Vial del Sur entregó a Corpoamazonia para el trámite de la Licencia Ambiental del proyecto CONTRATO No. 407 DE 2010, entre otros documentos, copia del Acto Administrativo No. 949 del 30 de mayo de 2012[4], por medio del cual el Ministerio del Interior expidió la certificación de la no presencia de grupos étnicos en la zona del proyecto, obteniendo la viabilidad técnica para el mismo en el trámite de la Licencia Ambiental con Corpoamazonia, viabilidad que debían presentar al Servicio Geológico Colombiano para acceder a una autorización temporal de explotación. Sin embargo, este Acto Administrativo indicaba en su artículo Quinto, que si la empresa identificaba afectaciones directas a alguna comunidad indígena, antes o durante la ejecución del proyecto, estaría en la obligación de informar de inmediato a la Dirección de Consulta Previa y solicitar que esta inicie el proceso de consulta.

El Servicio Geológico Colombiano, a través de su Dirección del Servicio Minero expide, por solicitud del Consorcio Vial del Sur, la Resolución DSM No. 0021 del 21 de febrero de 2012, por medio de la cual concede la autorización temporal No. MLM-08541 para que el Consorcio Vial del Sur, explote, durante tres (3) años a partir de la inscripción de la resolución en el Registro Minero, el yacimiento de materiales de construcción ubicado en el río Mocoa con coordenadas: N: 620620.8 m, E 1048450.0 m, para la construcción de la variante San Francisco Mocoa. Cabe anotar que esta resolución queda sujeta al adecuado cumplimiento de la normatividad ambiental (Art. 10 de la Ley 1382 de 2010)[5] y que por tanto el Consorcio Vial del Sur, está obligado a acatar lo establecido en el artículo 117 del Código de Minas, en lo referido a la obtención de la Licencia Ambiental, como requisito legal para la ejecución de esta Autorización Temporal.

A partir del visto bueno emitido por Corpoamazonia, de que estaban en trámite la Licencia Ambiental, así como el permiso temporal otorgado por el Servicio Geológico Colombiano para la ejecución del proyecto CONTRATO No. 407 DE 2010, la empresa Sonacol S. A. S. inició actividades de obra hacia el mes de febrero de 2012, con pleno conocimiento –y ocultando a las entidades– la presencia de la comunidad indígena Inga de Mocoa en la zona de influencia directa del proyecto.

El día 1 de abril del 2013, la empresa Sonacol S.A.S, envió una solicitud al Incoder para le indicara, de acuerdo a sus bases de datos e información, si en la zona de extracción de minerales río Mocoa, ubicada en el municipio del mismo nombre, proyecto CONTRATO No. 407 DE 2010, existían resguardos titulados y en trámite de titulación de las comunidades indígenas.

Para el día 9 de julio de 2013 el Incoder remitió un oficio como respuesta a la solicitud de la empresa Sonacol S.A.S., en el que indicaba que aunque las coordenadas del área de influencia directa del proyecto, CONTRATO No. 407 DE 2010, no coincidían con coordenadas de resguardos indígenas titulados registrados en el Sistema de Información Geográfica –SIG-, ni tampoco en la base de datos de la Subgerencia de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos, el proyecto CONTRATO No. 407 DE 2010, podría no obstante, impactar sobre los territorios titulados o en proceso de titulación a las comunidades indígenas del Putumayo, y que por lo tanto, si al adelantar actividades la empresa encontrara la presencia de comunidades indígenas, o de sus territorios, debería informar de manera inmediata a esta entidad.

La empresa Sonacol S.A.S, como ejecutora del proyecto CONTRATO No. 407 DE 2010, conocía previamente (exactamente desde octubre de 2011) "la presencia" de la comunidad Inga de Mocoa en la zona de influencia directa del proyecto en mención, pero omitió lo estipulado tanto en la resolución No. 949 del 30 de mayo de 2012, como la Certificación emitida por el Incoder el 9 de julio de 2013, al no informar por escrito a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior y al Incoder, la existencia de dicha comunidad, evitando con ello que estas entidades iniciaran el proceso de Consulta Previa y consentimiento, en cumplimiento del artículo 330 de la Constitución Política, del artículo 7 de la Ley 21 de 1991, del artículo 76 de la Ley 99 de 1993 y del Decreto 2820 de 2010.

El día 31 de julio de 2013, la comunidad Ingá de Mocoa, a través del el señor Álvaro Muchavisoy Buesaquillo, en calidad de Gobernador del Cabildo para el periodo 2013, solicitó a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior que verificara y certificara la presencia de la Comunidad Indígena Inga de Mocoa en el área del mencionado proyecto y garantizara de esta manera el derecho a la Consulta Previa.

En respuesta a esta solicitud, el Ministerio del Interior certificó la presencia del Cabildo Inga en el área de influencia directa del proyecto: CONTRATO No. 407 DE 2010, por medio de una visita de verificación en campo llevada a cabo entre el 11 y el 14 de diciembre de 2013, con la cual concluyó que en el área de influencia de dicho proyecto había presencia del Cabildo Inga de Mocoa, reconocido por la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, y con base en la información aportada y recogida en esta visita de verificación, emitió la Resolución No. 20 del 6 de marzo de 2014 (http://bit.ly/1sz0Pe3) por medio de la cual revoca el Acto Administrativo No. 949 del 30 de mayo de 2012.

Pese a esta revocatoria, con la inocultable evidencia alegada, y con la entrada en vigencia del Acto Administrativo No. 20 del 6 marzo de 2014, y con pleno conocimiento de ello, la empresa Sonacol S.A.S. siguió ejecutando sin interrupción alguna el proyecto CONTRATO No. 407 DE 2010. Por tal motivo la comunidad, a través del señor Antonio Jacanamejoy Quinchoa, en su calidad de Gobernador del Cabildo indígena Inga de Mocoa periodo 2014, envió hasta el 4 de abril de 2014 varios derechos de petición y oficios a distintas autoridades e instituciones para que intervengan y corrijan el desconocimiento de los derechos de la comunidad Indígena Ingá de Mocoa a ser consultados, consentidas y a un ambiente sano, solicitado reiteradamente la colaboración institucional para lograr el cese de actividades de dicho proyecto y el inicio de una Consulta Previa.


No obstante todos estos eventos la empresa Sonacol/Consorcio Vial del sur sigue bloqueando la realización de la Consulta Previa y la obtención del consentimiento del Cabildo Inga de Mocoa. La más reciente maniobra fue la decisión del Tribunal de Bogotá que admitió una acción de tutela de los Solarte para negar la Consulta porque, según los magistrados, los Inga violaron el debido proceso. Un absurdo. Tanto como si a una persona en estado grave de salud le es negada la atención médica de urgencia argumentando la alteración del debido proceso. Eso solo ocurre acá.

Desde luego, este aberrante atropello no es casual. El desconocimiento del derecho a la Consulta Previa, al consentimiento, a los derechos adicionales como el de las indemnizaciones por daños y afectaciones, los beneficios derivados de la ejecución de un proyecto o la anulación del mismo, ha sido una constante en las últimas dos décadas en que tal institución democrática ha hecho parte de los derechos de las minorías étnicas.

La Consulta Previa ha sido sometida al más feroz bloqueo por poderosos grupos minoritarios. Circunstancia que lleva a pensar en acudir a instancias judiciales internacionales para obtener su garantía.



La Consulta Previa, lectura histórica

Veamos cuál ha sido su desarrollo desde el año 1991 en que fue incorporada a la legislación nacional.

La noción [6].

La Consulta Previa es un derecho fundamental de las comunidades que se autoreconocen como indígenas y pueblos triviales que deben ser consultadas sobre actos legislativos, medidas administrativas y proyectos públicos o privados que pueden afectar directamente sus formas de vida. Los criterios señalados para la consulta son: la buena fe, la información (y comunicación), la adecuación cultural, el carácter previo y oportuno, la amplia participación y la consecución de acuerdos o consentimientos. La Consulta Previa es una obligación para los estados que la incorporan a sus bloques de constitucionalidad.

En Colombia ese derecho fue reconocido a través de la ley 21 de 1991 (http://bit.ly/1u8p0p9), la cual adopta el Convenio 169 de la OIT (http://bit.ly/1pJrOFL). El derecho a la Consulta Previa es reconocido dentro del bloque de constitucionalidad y tiene carácter obligatorio. La Consulta Previa procede para tratados de libre comercio, leyes de iniciativa parlamentaria y del gobierno, el Plan nacional de Desarrollo, la Licencia ambiental, los permisos y autorizaciones ambientales, los permisos de investigación y acceso a recursos genéticos, los proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático, la erradicación de cultivos de uso ilícito y el ingreso de las Fuerzas Armadas a los territorios, entre otras materias.

Algunas de las disposiciones sobre la Consulta Previa son el Decreto 1320 de 1998 (http://bit.ly/1u8pg7D) que reglamenta la Consulta Previa a comunidades indígenas y negras sobre la explotación de recursos; la directiva presidencial 01 de 2010 (http://bit.ly/1ukmjR2) que reseña mecanismos de consulta; el decreto ley 4633 de 2011 (http://bit.ly/1xr1tiN) que dicta "medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de derechos territoriales a las victimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas"; y la Directiva Presidencial No 10 de 2013 (http://bit.ly/14aDD1k) que ofrece unas guías para la realización de la Consulta y brinda herramientas de coordinación interinstitucional. La Corte Constitucional ha señalado que la omisión de la Consulta constituye un vicio de forma, y que por tanto, puede viciar la constitucionalidad de la medida.

Historia de su aplicación nacional.

No obstante que el Estado colombiano adoptó el derecho desde 1991, solo hasta 1994 fue realizada la primera Consulta Previa. En la administración César Gaviria (1990-1994) solo fueron realizados tres procesos de consulta. En el periodo de Ernesto Samper (1994-1998), tomaron forma dos consultas relacionadas con situaciones de intensa conflictividad, el caso U´Wa y el caso Urra. Andrés Pastrana (1998-2002) debió asumir demandas indígenas de eliminación del Decreto 1320. En la primera administración de Uribe Vélez (2002-2006) se adelantaron cuatro consultas y se incrementaron los procesos de judicialización de casos, lo que hizo que en su segundo gobierno (2006-2010) se ampliaran los procesos de Consulta Previa, al tiempo que los jueces defendieron el derecho. Por lo menos, tres leyes de importancia fueron declaradas inexequibles por vicios en el procedimiento al no haber sido sometidas a Consulta Previa: La Ley Forestal, el Estatuto de Desarrollo Rural y la reforma de Código de Minas (Ley 1382 de 2010).

Durante el primer periodo de Juan Manuel Santos (2010-2014), por primera vez se consultó el Plan Nacional de Desarrollo, así como la Ley de Victimas y Restitución de Tierras. Sin embargo, altos cargos del Ministerio de Agricultura, Ambiente y Desarrollo Sostenible y Minas y Energía desatendieron y estigmatizaron la Consulta Previa como un obstáculo para el desarrollo de medidas legales, administrativas y proyectos.

De otro lado el Departamento de Planeación Nacional/DNP en el Conpes 3762 de 2014 (http://bit.ly/1zicAuW) estableció entre las mayores dificultades para agilizar el desarrollo de PINES la Consulta Previa y los permisos y tramites ambientales. En consecuencia planteo estrategias para solucionar los supuestos escollos mediante el recorte de tales herramientas sociales y ambientales.

Estas posturas gubernamentales son adversas a la Sentencia T-574 de 1996 (http://bit.ly/1EyVmfJ) que estableció que los derechos de los pueblos en condiciones de vulnerabilidad prevalecen sobre el interés particular del crecimiento económico.

La realidad hoy respecto de la Consulta Previa es que las esferas gubernamentales han omitido deliberadamente la aplicación de la consulta en la mayoría de los casos, y las poblaciones han tenido que recurrir sistemáticamente a la acción de tutela para la protección de de sus derechos fundamentales. El aumento en el número de consultas realizadas consolida esta percepción. El incremento del número de consultas desde el segundo gobierno de Uribe Vélez es el resultado del gran volumen de procesos judiciales por violación y vulneración del derecho a la consulta. Adicionalmente, el Informe de 2013 de la Alta Comisionada de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Colombia hizo hincapié en la inexistencia de una sola buena práctica en la materia (http://bit.ly/1tErI0k).
Hay que resaltar que la Consulta Previa conlleva derechos adicionales como la reparación por daños (sociales, económicos, culturales y ambientales), los beneficios de la ejecución del proyecto o la suspensión del mismo si se determina que no es viable.

Por tal razón la violación y desconocimiento de este derecho da lugar a la reparación económica y simbólica a las comunidades que han sido afectadas. Entre estas medidas se encuentran la restitución a la situación anterior, la compensación o indemnización proporcional a la gravedad de la violación, la indemnización colectiva e individual, la rehabilitación física y psicológica, medidas dignificantes y garantías de no repetición.

La Consulta Previa en sectores urbanos y el consentimiento libre, informado y previo son oportunidades para avanzar en la garantía del derecho. Las consultas en sectores urbanos reconocen la contemporaneidad de los pueblos sin restringirla a contextos rurales. Y el consentimiento permite avanzar en el carácter vinculante de las decisiones durante el proceso.

El antecedente internacional más importante en materia de consentimiento es la sentencia del 28 de noviembre de 2007 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del pueblo Saramaca versus Surinam. En ésta la Corte señala que los planes de desarrollo y las inversiones a gran escala, no solo deben ser consultados sino consentidos (http://bit.ly/TaBn48).

En Colombia, el consentimiento procede en los siguientes casos: si se requiere traslado o desplazamiento, si está en juego el vertimiento y almacenamiento de sustancias toxicas y se entra en riesgo la existencia misma de la comunidad étnica.

En el 2012 el gobierno de Santos organizó una propuesta de Ley Estatutaria para reglamentar y acotar la Consulta, en la que proponía la conformación de un Registro Único Nacional de etnias, la creación de una única instancia consultiva conformada por tres Cámaras y la restricción de la duración de la consulta a tres meses: la Organización Nacional Indígena/ONIC expreso abiertamente su inconformidad al juzgar que la Ley no era necesaria y que apuntaba a restringir y estandarizar los procedimientos. Es por tal razón que se puede inferir que dicha iniciativa de Estatuto es parte de la política minera explotadora y destructora de los recursos ambientales.

Como tal proyecto se hundió el gobierno expidió el decreto 2613 de 2013 o Protocolo de coordinación institucional para la Consulta Previa (http://bit.ly/1sz6YGZ).

Ese decreto asume que la función administrativa sirve a los intereses generales que el gobierno debe consultar a pueblos interesados en cumplimiento de la Ley 21 e 1991 y que la dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior tiene competencia en la coordinación interinstitucional para la Consulta Previa. Con tales planteamientos, el decreto adopta un Protocolo de coordinación interinstitucional.

Dicho Protocolo es utilizado, entre otros, en los siguientes casos: en proyectos prioritarios presentados por el Gerente de Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos/PINES (Conpes 3762); cuando lo solicite el gerente de los Pines en proyectos concretos con dificultades de gestión; y cuando el Comité técnico o el Gerente de los Pines considere indispensable el Protocolo para dinamizar la consulta. La Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior es la entidad competente en la certificación de la presencia de comunidades étnicas. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) tiene competencia para suministrar rápidamente a la Dirección de Consulta Previa la información actualizada sobre resguardos indígenas y títulos colectivos de comunidades negras, legalmente constituidos y en proceso de constitución. Asimismo, la Dirección de Consulta Previa puede solicitar a cualquier entidad pública o ejecutor del proyecto la información necesaria para la expedición de los certificados, por ejemplo, la descripción del proyecto y su área de influencia. Las autoridades públicas deben dar respuesta a estas solicitudes de manera explícita.

El Protocolo también señala los momentos específicos para la solicitud de certificados por entidades públicas o ejecutores de un proyecto, obra o actividad. Para la construcción de infraestructura, cuando se haga pública la contratación de estudios de los proyectos en el Portal Único de Contratación (Secop).

La Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior es competente para convocar reuniones de coordinación entre entidades públicas para determinar el plan de trabajo y los recursos para la realización de la consulta. Igualmente, la dirección de Consulta Previa es competente para la suscripción de acuerdos entre las autoridades, los ejecutores de POA y las comunidades. La autoridad competente en la expedición de licencias ambientales debe participar en el proceso.

Para dar seguimiento y cumplimiento a los compromisos asumidos en la consulta, el protocolo dispone un comité de seguimiento integrado por la dirección de Consulta Previa, el ejecutor del Proyecto, los organismos de control, las autoridades ambientales y los representantes de la comunidad. Solo hasta que el comité verifique el cumplimiento de los compromisos, la Dirección de Consulta Previa puede convocar a la reunión de cierre de la Consulta.

El Protocolo de coordinación interinstitucional para la Consulta Previa reproduce en su lenguaje una aproximación al derecho fundamental a la Consulta Previa como un problema de "gestión" y una postura de intervención estatal para la "dinamización" de medidas administrativas, legislativas y proyectos de interés nacional. Esta visión difiere del espíritu garantista del Convenio 169 y de la Ley 21 de 1991. Si bien el Protocolo determina competencias entre autoridades estatales, en particular en relación a la coordinación institucional, el mismo no prevé estrategias de fortalecimiento institucional tanto en personal como en presupuesto para hacer operativos y más rigurosos los procedimientos. La información se asume como una condición previa, pero no atienden las dificultades en términos de producción, disponibilidad y acceso a la información. Además, los momentos que establece el Protocolo son contrarios al carácter previo de la consulta. Según el protocolo, la consulta procede de manera posterior a la contratación de estudios para la construcción de infraestructura, en este caso específico.

En tal sentido, el Protocolo recoge una tendencia a la delimitación, restricción y estandarización del derecho, en lugar de avanzar en su garantía atendiendo a los procesos propios y la diversidad de las comunidades étnicas. Todavía se encuentran pendientes medidas de reparación, pecuniarias y no pecuniarias por la multiple y sistemática vulneración del derecho, así como debates sobre el consentimiento de carácter vinculante y el reconocimiento del derecho en contextos urbanos.


Mi opinión

En vista de las dificultades y del sabotaje que las empresas, contratistas y funcionarios del Estado hacen de la Consulta Previa, del consentimiento de las comunidades indígenas y afro, de los derechos correspondientes y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos Indígenas (http://bit.ly/1GMYhU5), no queda más alternativa que la movilización social y la denuncia que hagan las comunidades étnicas. Además, es necesario adelantar todos los procesos administrativos y judiciales para que el derecho sea reconocido efectivamente. En la situación de la comunidad Inga de Mocoa, con el Proyecto vial San Francisco-Mocoa, es necesario hacer la reposición y la apelación del pronunciamiento del Tribunal de Bogotá que negó la Consulta y acudir, con una Acción de Tutela ante la Corte Constitucional, y en el caso de persistir el bloqueo, dirigirse a instancias judiciales internacionales hasta que se haga efectivo el derecho fundamental, para lo cual es sustancial apoyarse en los Principios rectores sobre empresas y derechos humanos aprobados desde el 2011 por las Naciones Unidas (http://bit.ly/1skBwx0).

Nota. Para cualquier gesto de apoyo y solidaridad con la comunidad Ingá del Putumayo, dirigirse al siguiente correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Mocoa, 11nov2014.

[1] Se trata del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Mocoa disponible en la siguiente dirección electrónica http://bit.ly/1GMScqA

[2] CORREDOR VIAL PASTO-MOCOA VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCOA (CO-L1019) PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL, INTEGRADO Y SOSTENIBLE PMASIS. 15 de Septiembre de 2009. Consultado el 9 de septiembre de 2014, de la dirección: http://www.corpoamazonia.gov.co/files/otros/pmasis/pmasis.pdf

[3] Corpoamazonia (2011). Informe No.1453. "Informe viabilidad de obras preventivas en n tramo del río Mocoa, municipio de Mocoa (http://bit.ly/1syXjjP).

[4] Acto Administrativo 949 del 30 de mayo de 2012. Ministerio del Interior. Obtenido de: http://mininterior.gov.co/sites/default/files/recursos/archivos/CONSUTA%20PREVIA/CERTIFICACIONES%20CONSULTA%20PREVIA%202012/CERTIFICACION%209497709.PDF
[5] Dicha norma que contenía el Código de Minas fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, ver siguiente enlace electrónico http://bit.ly/1utFgg4

[6] La presentación de este contexto histórico, legal, político e institucional se apoya en el texto de Gloria Amparo Rodríguez sobre la Consulta Previa disponible en el siguiente enlace electrónico http://bit.ly/1v0D0T6; igualmente en el Informe del Observatorio de las industrias extractivas correspondiente al año 2013, coordinado de manera excelente por el experto Fabio E. Velásquez, de donde he tomado gran parte de los planteamientos sobre la situación de la Consulta Previa y el consentimiento a las comunidades

Publicado enColombia
Jueves, 25 Septiembre 2014 06:20

La agenda originaria

La agenda originaria

Salud, educación, vivienda, agua y, principalmente, respeto al territorio. Son algunos de los ejes que los pueblos originarios llevaron a la Primera Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas en Naciones Unidas (ONU). El texto aprobado por todos los gobiernos en la Asamblea General fija una agenda global y contempla un punto fundamental: el derecho al consentimiento libre, previo e informado, que implica que los Estados deben lograr la aceptación de los pueblos indígenas en cualquier decisión que pudiera afectarlos. Entre los indígenas de Argentina estuvieron Nilo Cayuqueo y Félix Díaz. "Es un paso más. Ahora todo dependerá de la presión para que se implemente, y en cada país será diferente", afirmó Cayuqueo.


Más de 370 millones de personas en el mundo forman parte de pueblos indígenas. Representan a más de 5000 grupos étnicos diferentes, son los guardianes de la mayor parte de la diversidad biológica y cultural del mundo, y dos tercios de ellos viven en países de Tercer Mundo. En América latina viven 45 millones de indígenas, distribuidos en 826 pueblos.
Tuvieron que pasar 69 años para que Naciones Unidas convoque a la primera Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas"(más conocida como Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas –CMPI–). Implicó un trabajo durante años de cientos de dirigentes indígenas.

Realizada en Nueva York y con la presencia de un millar de indígenas, el lunes y martes fueron el momento de talleres, plenarios y reuniones especiales para alcanzar el consenso del documento, que finalmente fue aprobado en la Asamblea General por más de 190 gobiernos. El texto tiene 40 puntos, y el ítem tres ya deja explícito uno de los objetivos de los pueblos indígenas: "Reafirmamos nuestro apoyo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los compromisos que hemos contraído al respecto de celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado".


Nilo Cayuqueo forma parte de la Mesa de Pueblos Originarios de Buenos Aires y es uno de los dirigentes de Argentina con mayor experiencia en la diplomacia indígena internacional. Participó de las jornadas junto al vocero del Consejo Plurinacional Indígena y referente de la comunidad qom La Primavera, Félix Díaz. "El documento aprobado recoge el clamor de los pueblos indígenas como es el caso del consentimiento libre, previo e informado", resaltó Cayuqueo, pero también alertó sobre grises del documento que le generan desconfianza en cómo lo aplicarán los gobiernos. También recordó que (al igual que la Declaración de la ONU de 2007) el documento aprobado no es vinculante, por lo cual la dirigencia indígena reclama que sea elevado a categoría de "convención" (de cumplimiento vinculante)

.
Cayuqueo y Díaz se reunieron con la nueva Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, Victoria Tauli Corpuz. "Se mostró preocupada por la situación de los pueblos indígenas en Argentina", afirmó Cayuqueo. Y remarcó el vaso medio lleno de la Conferencia: "En algunos países es tan crítica la situación que la aprobación de este documento servirá para presionar y dar la pelea por el cumplimiento de los derechos indígenas".

La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es una suerte de equivalente a la Declaración de los Derechos Humanos pero específica para los pueblos originarios. Fue aprobada en 2007 y es uno de los logros históricos de los pueblos indígenas. Diversos países tomaron distancia de la Declaración y se niegan a aplicar muchos de los derechos vigentes. Que en la reciente Conferencia de la ONU se haya reafirmado de manera unánime la vigencia de la Declaración es también un logro del activismo indígena.


El apartado veinte del documento aprobado insiste: "Reconocemos los compromisos contraídos por los Estados de celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios". El punto seis llama a respetar el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y el apartado 24 apunta a otro actor que avasalla derechos indígenas: "Recordamos la responsabilidad de las empresas transnacionales y otras empresas de respetar todas las leyes y todos los principios internacionales aplicables".


Una crítica común a las resoluciones de la ONU es la gran brecha entre la letra escrita y el incumplimiento en los territorios. El apartado 31 solicita al secretario general de la ONU que ponga en marcha un "plan de acción" para todo el sistema de Naciones Unidas que asegure "aumentar la coherencia" para lograr el cumplimiento efectivo de los derechos indígenas.

 

Documento final de la reunión plenaria de Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas

 

Publicado enInternacional
La propiedad de la tierra, la deuda de Latinoamérica con los indígenas

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha presentado este lunes un informe sobre la situación de los pueblos indígenas en el que reconoce algunos avances en la región en materia de educación y salud, pero apunta hacia un eterno desafío: el reconocimiento de los derechos territoriales, que incluye el control de los recursos naturales. Así, se detectaron entre 2010 y 2013, más de 200 conflictos en territorios ligados a actividades de extracción de hidrocarburos y minería.


El documento se presenta en el marco de la primera Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, los días 22 y 23 de septiembre en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. En ella, representantes indígenas y políticos se han reunido para discutir compromisos y medidas destinados a llevar a la práctica lo fijado en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007. Y ha arrancado con un llamamiento sobre la necesidad de tomar medidas para garantizar los derechos de estas comunidades y terminar con la discriminación y los altos niveles de pobreza que sufren en muchos países.


El estudio de la CEPAL señala que existen en América Latina cerca de 45 millones de indígenas, lo que supone un 8,3% de la población regional. Estos están integrados en 826 pueblos, casi 200 más respecto a los datos de los que disponía el organismo en 2006.


El documento apunta a una reducción de los fallecimientos de menores de cinco años y al aumento en las tasas de asistencia escolar. Aunque destaca aún "brechas significativas" en la culminación de la educación media y en el acceso a la superior. Se advierte también un ligero aumento de la participación política de los pueblos indígenas, pero sigue habiendo una escasa representación de estos pueblos en órganos de los poderes del Estado.


El texto recalca que si bien se observan algunos progresos en el derecho al consentimiento libre, previo e informado y en los sistemas de autogobierno de los pueblos indígenas, "estos resultan aún insuficientes en relación a los estándares internacionales que reconocen el derecho fundamental a la libre determinación de estos pueblos".


Una de las medidas acordadas este lunes por los Gobiernos en la conferencia fue la de cooperar más estrechamente con los representantes indígenas y facilitar su participación en el seno de Naciones Unidas. En las conclusiones de la cumbre de este primer día ha quedado recogido el compromiso de asegurar el respeto de las tradiciones indígenas y la igualdad de acceso de esos pueblos a servicios como la educación, la sanidad, la vivienda o el agua. "Es muy importante tener promesas de los Gobiernos, pero es aún más importante ver que actúan", subrayó en la apertura el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

La guatemalteca Rigoberta Menchú, premio nobel de la Paz, que intervino en el acto, destacó los "avances extraordinarios" logrados por los indígenas en las últimas tres décadas e hizo un llamamiento a los jóvenes para seguir construyendo sobre el "legado" que la cumbre les ha dejado. A su vez, el presidente de México, Enrique Peña Nieto pidió "unión a todo el mundo para terminar con la discriminación que sufren esas comunidades".


El mandatario de Bolivia, Evo Morales, del país con mayor proporción de población indígena (62,2%), manifestó que "es un imperativo para todos los gobiernos del mundo avanzar en la superación y erradicación de la discriminación que todavía sufren los pueblos indígenas para dar solución a los problemas estructurales de pobreza".


La cumbre proseguirá mañana con la participación de numerosos líderes políticos y representantes de la sociedad civil, que aprobarán un documento con compromisos y medidas para tratar de avanzar en el respeto de los derechos de los pueblos indígenas de todo el mundo.


 

Pueblos en peligro de extinción


En la actualidad es posible contabilizar 826 pueblos indígenas en América Latina. Esto supone un incremento respecto a la última cifra dada a conocer por la CEPAL en 2006, cuando se identificaron 642 pueblos. Esta alza se debe a la mejora de la información estadística en años recientes y a la incidencia de los propios pueblos en la lucha por su reconocimiento.


Brasil posee la mayor cantidad de pueblos indígenas (305), seguido por Colombia (102), Perú (85), México (78) y Bolivia (39). Muchos de ellos se encuentran el peligro de desaparición física o cultural, como se ha podido constatar en los casos de Brasil (70 pueblos en riesgo), Colombia (35) y Bolivia (13).


Además de ellos, se estima que existen otros 200 pueblos indígenas en aislamiento voluntario en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela.

El potencial de crecimiento de la población indígena es mayor que el de la no indígena, ya que su estructura etaria es más joven y sus tasas de fecundidad son más elevadas, si bien se observa una reducción en este indicador en los cinco países con datos disponibles (Brasil, Ecuador, México, Panamá y Venezuela).


El documento también revela que la migración interna reciente es menor entre los pueblos indígenas que entre la población no indígena y que en cuatro de 10 países con información disponible (México, Perú, Uruguay y Venezuela), la mayoría de la población indígena vive en ciudades.

Publicado enInternacional
Viernes, 13 Junio 2014 06:10

Doscientos mil doscientos nueve

Tramas y Mingas es el nombre del encuentro que esta semana mantuvieron indígenas, campesinos y afros en el Cauca, sur de Colombia. Se trataba de tejer realidades en minga, trabajo colectivo, horizontal, con base en la cooperación y la ayuda mutua. Indígenas misak, nasa y coconucos del Cauca, quechuas de Perú y Bolivia, campesinos de diversos países, afros de la costa Pacífico, profesores y estudiantes, compartimos saberes y problemas que nos afligen y necesitamos superar.


El Cauca es el departamento más diverso de Colombia. La mitad de la población son indígenas y afrodescendientes, la mayor parte campesinos que viven en aldeas o en pequeñas ciudades, siendo la colonial Popayán la única ciudad de mediano tamaño. Es también una de las regiones más violentas, donde la guerra ha provocado miles de muertos, desplazados y desaparecidos.


Un grupo de niños y niñas de una escuela del resguardo coconuco, a una hora de la ciudad, participaron en el encuentro, con sus bastones de mando. En las escuelas los niños indígenas también forman sus cabildos, en los que aprenden a gobernarse, replicar los modos de vivir de sus mayores y de cuidar la madre tierra.


Tramas y Mingas se organizó en torno a cuatro temas: la vida y la resistencia; las economías comunitarias; las autonomías y los poderes, y la educación y la comunicación. Mientras todo el país estaba pendiente de las elecciones del domingo (en las que se enfrentan dos versiones de la derecha) y del Mundial de Futbol, los de abajo dedicaron tres días a poner en común lo caminado y lo construido, los modos como lo hicieron, y los dolores que deben atravesar en medio de la guerra.

En el espacio dedicado a las autonomías, las palabras más fuertes fueron las de los fundadores del movimiento, cinco décadas atrás, quienes no sólo relataron todo lo andando sino que hicieron hincapié en lo que falta. Un miembro del resguardo coconuco destacó las divisiones que provocan los traspasos de fondos del gobierno en las comunidades y en los cabildos (autoridades que gobiernan los territorios o resguardos). Hubo acuerdo en el papel decisivo que jugaron las agendas (programas) de los pueblos, construidas desde abajo; así como los problemas que están generando los malos dirigentes, que utilizan esas demandas construidas colectivamente para beneficios personales.


Las organizaciones indígenas de Colombia, como las de buena parte del continente, están siendo acosadas (literalmente) por las políticas sociales, por esa mezcla perversa de agresiones paramilitares y militares, con los fondos estatales para educación y salud, librados con el objetivo de dividir y de sujetar a los movimientos a los fines de los estados.


Al hablarse de autonomías, fue inevitable referirse a la Guardia Indígena, una de las más notables creaciones de los indígenas del Cauca. Se trata de una vasta red de comuneros elegidos por las comunidades para defender los territorios y las autoridades, sin armas, sólo con bastones de mando y una estricta organización. Autonomía es que la Guardia no haya sido creada a imagen y semejanza de la policía del Estado, sino con criterios de rotación y de obedecer a los pueblos, para cuidar y educar, para intervenir no sólo cuando hay agresiones externas sino también cuando surgen problemas en las familias y las comunidades.


Uno de los momentos más fecundos giró en torno a la economía propia, o sea los modos de producir y reproducir la vida por fuera del capital y del Estado. Es notable constatar la existencia de infinidad de emprendimientos de base para producir alimentos, en general encabezados por mujeres, quienes no distinguen entre producción y reproducción porque, en realidad, son dos facetas de la vida.


Un veterano dirigente cocunuco explicó los intercambios entre los pueblos de tierras bajas y tierras altas, cada uno aportando los productos que crecen en sus territorios, desde cereales y tubérculos hasta frutas y hortalizas. No utilizan monedas, todo con base en el trueque, una práctica ancestral recuperada en el proceso de organización como pueblos, y verdadera alternativa a los mercados capitalistas.


Durante el encuentro circuló el comunicado del subcomandante insurgente Moisés en el cual el EZLN informa sobre la decisión de construir la escuela autónoma y la clínica destruidas por el ataque de la CIOAC-H, cuando se produjo el asesinato del compañero Galeano. El zapatismo es referente en estas tierras, en particular entre los jóvenes que integran el Tejido de Comunicación de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), que tejen puentes entre las resistencias locales y las luchas globales.


El tejido de las resistencias y las mingas para darle forma al tapiz multicolor del mundo nuevo se alimenta de todas las resistencias, aun de las más pequeñas, no importando cuántos y cuántas son, sino cómo hacen, con qué espíritu trabajan. Preguntan sobre el zapatismo los jóvenes luchadores de las comunidades, no así los dirigentes que negocian y los académicos que sólo piensan.


En los intercambios surgió la necesidad de juntar los 200 mil 209 pesos mexicanos necesarios para la reconstrucción de lo destruido en La Realidad. Hay dos posibilidades para hacerlo. Una, al estilo de los de arriba, recibiendo el dinero de las personas que pueden aportarlo, una a una con nombre y apellido. La otra es hacerlo en minga, con base en el trabajo colectivo, haciendo fiestas, empanadas, tortillas o lo que cada quien quiera o pueda. Al estilo indígena y campesino, del mismo modo como se hacen los eventos en las periferias de las ciudades.


Este modo de hacer no individualiza a los donantes, ya que los nombres se disuelven en el colectivo. Pero tiene otra enorme virtud. Es un modo de tejer tejidos, trozos pequeños que van formando el tapiz del mundo nuevo. Aquí no importa tanto cuánto dinero se recauda, sino cómo se lo consigue. En suma, el modo individualistas o el comunitario. Ojalá sean muchos los colectivos en el mundo que lo hagan de este modo.

Publicado enColombia
El despojo se cubre con mentiras como las mal llamadas reformas

El campo mexicano está completamente destrozado, como si un paquete de bombas atómicas lo hubiera arrasado, sostiene el subcomandante Marcos, del EZLN, en un comunicado donde se refiere a las recientes reformas constitucionales. Pasa ya "con la gasolina, la energía eléctrica, la educación, la justicia, todo será más caro, de peor calidad, más escaso.

"El despojo disfrazado de reforma constitucional empezó a formalizarse con Carlos Salinas de Gortari y su reforma al artículo 27. El despojo agrario fue entonces 'cubierto' por las mismas mentiras que ahora envuelven las mal llamadas reformas", agrega. Antes de eso y aun antes de las actuales reformas, los pueblos originarios eran y son despojados de sus territorios, que lo son también de la nación. El oro líquido moderno, el agua y no el petróleo, ha sido hurtado sin que eso llame la atención de los grandes medios. Para el vocero rebelde, el despojo es todos los días y en todas partes. Pero es hasta ahora que se dice que la patria fue traicionada.


El comunicado cuestiona la forma en que se dio la oposición a la reforma energética, y critica al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, quien, dice Marcos en una posdata, "ha declarado solemnemente que su administración 'se ha apretado el cinturón' con un programa de austeridad; y como muestra de su decisión se ha gastado más de 10 millones de dólares en una campaña publicitaria masiva y costosa". Ironiza que ya las agencias turísticas lanzan el turipaquete que incluye anteojeras para no ver a los grupos paramilitares ni la miseria y el crimen que pululan en las principales ciudades chiapanecas (Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Tapachula, Palenque), en una entidad donde se supone que los indígenas sean los pobres, no los mestizos.

Y si "el gran ladrón Juan Sabines Guerrero pagó millonadas a los medios para simular gobierno donde sólo hubo despojo, el actual 'júnior' de la política local paga más porque ha aprendido, del actual titular del Ejecutivo federal", que se puede pasar de una averiguación judicial a una lista de candidatos presidenciales para 2018 con sólo algunas decenas de millones de dólares, un buen photoshop y una telenovela rosa.


En otra posdata, Marcos se refiere a que pasó lo que pasó en cuanto a los cambios constitucionales, y como antes, algunos voltean a ver a quién culpar del fracaso, pues olvidan que los de arriba no aceptan abrazos sino genuflexiones. Alude a los opositores a las recientes reformas, que no es que no tengan ideas y banderas, es sólo que están desvencijadas.


El problema con los muertos


Ahora que los zapatistas vivos se aprestan a conmemorar 20 años de su alzamiento, Marcos encuentra en los muertos del zapatismo el sentido de su lucha. El problema con los muertos son los vivos, dice de quienes administran vidas y muertes. Pero, añade, el problema con los muertos es sobrevivirlos. Postula: lo que importa es el camino, no el caminante. Y se pregunta "del subPedro, del señor Ik, de la comandanta Ramona, ¿valen sus árboles genealógicos?, ¿sus ADN?, ¿sus actas de nacimiento con nombre y apellidos? ¿O lo que vale es el camino con los sin nombre y sin rostro?


Del subcomandante Pedro expresa que lo que vale es la memoria que de él hay en los pueblos que organizó. La decisión de luchar del subPedro, el comandante Hugo (o señor Ik), la comandanta Ramona, los insurgentes Álvaro, Fredy, Rafael, ¿vale porque alguien le pone nombre, calendario, geografía?, ¿o porque es colectiva y hay quien sigue?


Refiere: la cuenta que tengo que darle a nuestros muertos es qué se ha hecho, qué falta y qué se está haciendo para completar lo que motivó esa lucha. Reflexiona que fue el sentido del deber lo que nos colocó aquí; la necesidad de algo qué hacer "frente a la injusticia milenaria, esa indignación que sentimos como la característica más contundente de 'humanidad'". Así que "en el aliento postrero, una zapatista, un zapatista, nos preguntamos '¿se dio un paso en el camino?, ¿hay quien lo sigue andando?' Cuando vamos a la tumba de Pedro, ¿le decimos lo que hemos hecho para que lo recuerden o le contamos lo que se ha hecho en la lucha, lo que hace falta, lo pequeños que somos aún? Mas le podemos decir 'Oí Pedrín, aquí seguimos, no nos vendimos, no claudicamos, no nos rendimos'"


Comunicado completo

Publicado enInternacional
Hace casi 20 años, despertamos con la rebeldía zapatista

Compañ[email protected]:


Hace casi 20 años, nos despertamos con la noticia de que los indígenas mayas del estado de Chiapas se habían levantado en armas en contra del mal gobierno del inefable Carlos Salinas de Gortari. A partir de ahí, grandes movilizaciones y un diálogo no siempre fácil se desarrolló con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

De manera fundamental, una nueva generación salió entonces a las calles y se identificó con la rebeldía zapatista. Fueron [email protected] los que marcaron una buena parte de las movilizaciones que se desarrollaron en esa primera fase de la lucha zapatista.


La insurrección zapatista del 1 de enero había cimbrado la conciencia nacional. Efectivamente, como dijo José Emilio Pacheco: "Cerramos los ojos para suponer que el otro México desaparecería al no verlo. El primero de enero de 1994 despertamos en otro país. El día que íbamos a celebrar nuestra entrada en el primer mundo retrocedimos un siglo hasta encontrarnos de nuevo con una rebelión como la de Tomochic. Creímos y quisimos ser norteamericanos y nos salió al paso nuestro destino centroamericano. La sangre derramada clama poner fin a la matanza. No se puede acabar con la violencia de los sublevados si no se acaba con la violencia de los opresores" (José Emilio Pacheco, La jornada, 5 de enero).


La izquierda mexicana y mundial se encontraba en ese momento en un aparente callejón sin salida. El 11 de noviembre de 1989, comenzaron a caer, como pinos de boliche, las llamadas "democracias populares" (República Democrática de Alemania, Checoeslovaquia, Hungría, Bulgaria, Polonia, Rumania, Albania). En 1991, la Unión de República Socialistas Soviéticas se "desmerengó" y, más allá de lo que cada quien pensábamos de ese proceso, lo que no se puede negar es que, en la práctica, su derrumbe abrió paso a la llegada de un capitalismo salvaje dirigido por una mafia criminal.


En América Latina, el 25 de febrero de 1990, los sandinistas pierden las elecciones y se inicia no sólo el proceso de despojo en contra de los campesinos nicaragüenses, lo mismo que el final del cooperativismo, sino que también se desarrolla una dinámica de corrupción entre los dirigentes sandinistas. Todavía pesaba que uno de los fundadores del sandinismo y figura emblemática de la revolución, Tomás Borge, hubiera realizado un libro-alabanza-libelo —disfrazado de entrevista a Carlos Salinas de Gortari— titulado "Dilemas de la modernidad".


El 16 de enero de 1992, se firman los acuerdos de Chapultepec que ponen fin a la guerra en El Salvador, sin que una serie de demandas centrales del pueblo pobre se hayan conquistado, en especial, el derecho a la tierra. En medio de ese proceso, el señor Joaquín Villalobos ("dirigente" del FMLN), quien ya cargaba sobre sus hombros la terrible decisión de matar al gran poeta Roque Dalton, le entrega su AK-47 a Carlos Salinas de Gortari.


Después de esto, se buscó ubicar todo en el marco institucional, de la democracia representativa.Todos abogaban por una izquierda que se limitara a ser cliente respondón del Estado capitalista.


En medio de la euforia anticomunista y de los coloquios en los que se pregonaba el fin de la historia y la llegada de un nuevo orden mundial, alguien describió bien la época que vivíamos e hizo una afirmación que le dio sentido a nuestra necedad: Eduardo Galeano, quien escribió un texto memorable: "En Bucarest, una grúa se lleva la estatua de Lenin. En Moscú, una multitud ávida hace cola a las puertas de McDonald's. El abominable muro de Berlín se vende en pedacitos, y Berlín Este confirma que está ubicado a la derecha de Berlín Oeste. En Varsovia y en Budapest, los ministros de Economía hablan igualito que Margaret Thatcher. En Pekín también, mientras los carros de combate aplastan a los estudiantes. El Partido Comunista Italiano, el más numeroso de Occidente, anuncia su próximo suicidio. Se reduce la ayuda soviética a Etiopía y el coronel Mengistu descubre súbitamente que el capitalismo es bueno. Los sandinistas, protagonistas de la revolución más linda del mundo, pierden las elecciones: Cae la revolución en Nicaragua, titulan los diarios.Parece que ya no hay sitio para las revoluciones, como no sea en las vitrinas del Museo Arqueológico, ni hay lugar para la izquierda, salvo para la izquierda arrepentida que acepta sentarse a la diestra de los banqueros. Estamos todos invitados al entierro mundial del socialismo. El cortejo fúnebre abarca, según dicen, a la humanidad entera.


Yo confieso que no me lo creo. Estos funerales se han equivocado de muerto". (Eduardo Galeano: El niño perdido a la intemperie).


La insurrección zapatista del 1 de enero abrió un nuevo ciclo de confrontaciones sociales. La capacidad de trasmitir su mensaje, que era y es el de los condenados de la tierra, abrió una brecha para poder re-andar el camino en la búsqueda de una práctica emancipadora.


El pensamiento libertario zapatista abrió un gran hoyo en el aparentemente sólido edificio ideológico del poder del capital, y permitió que por ahí se expresaran viejas buenas ideas y nuevas buenas ideas.


En medio de la mayor euforia de la clase dominante; cuando se levantaban las copas de champagne para brindar por nuestro ingreso al primer mundo (el 1 de enero entraría en vigor el Tratado de Libre Comercio); cuando el priísmo estaba más seguro, en tanto había logrado "destapar" a su candidato sin que se dieran grandes fisuras en su interior; cuando las 15 familias más ricas del país festejaban la capacidad que habían tenido los mecanismos de control para dominar a los "jodidos" (como le gusta decir de los pobres, al zar de la televisión privada: Emilio Azcárraga Milmo); se dio el levantamiento de los pueblos zapatistas. Escogieron esa fecha como para demostrar que la memoria no había sido derrotada por una modernidad excluyente.


Ni el gobierno y los partidos de derecha, ni la izquierda o los sectores democráticos, teníamos la menor idea de que algo semejante iba a suceder. Sabíamos del rencor que se venía agolpando en el pecho de una manera soterrada, pero no pensábamos que se podría expresar de esta manera.


Empezamos a tratar de comprender. Por supuesto, no sólo no siempre entendíamos a cabalidad el conjunto de la nueva gramática de la rebeldía zapatista, sino que muchas ideas nos eran ajenas y, muchas veces, las malinterpretamos.


Lo más importante es que el 1 de enero fue una bocanada de aire fresco. Salimos a las calles no sólo para exigirle al gobierno parar la guerra, sino para evidenciar que todos los cantos al fin de la historia eran, antes que nada, vacíos discursos ideológicos.


La idea de que NO todo estaba perdido fue clave para comprender que, al final, esa rebelión no era sino una grieta por donde podíamos ver que todavía había muchas luchas por delante. Que la historia no sólo no había terminado, sino que era, todavía, una-muchas páginas en blanco.
Ahora podemos agregar que, para nosotros, la insurrección zapatista no es una efeméride, un evento que corre el peligro de ser deglutido por el carácter omnívoro del capitalismo. Que, a pesar de los intentos llevados a cabo por los medios de comunicación, el zapatismo no forma parte de la sociedad del espectáculo.


El zapatismo ha sido un proceso, efectivamente, lleno de varios momentos luminosos pero, antes que nada, ha sido un proceso ininterrumpido de luchas, acciones, experiencias que, encadenadas entre sí, han constituido una nueva práctica de la izquierda de abajo.


Entonces, a pesar de las veces que los comentaristas y analistas —que confunden su ilusión con la realidad— han dado por muerto al zapatismo, éste no sólo ha continuado sino que ha ido generando nuevos procesos sociales.


A lo interno, con el desarrollo de la autonomía (auténtico proceso de auto-organización sin paralelo en la historia, por lo menos de manera tan profunda y prolongada) y la construcción de nuevas relaciones sociales, es decir, de nuevas formas de vida. Y hacia afuera, al no buscar hegemonizar u homogeneizar ni dirigir a otros movimientos sociales.


Ubicándose siempre al lado de los perseguidos, humillados y ofendidos, en especial, de los más perseguidos, más humillados y más ofendidos.
No en función de la defensa en abstracto de la patria o de la nación, sino en función de los seres humanos que,viviendo abajo y más abajo, son considerados como prescindibles o como simple carne de cañón que no merece ninguna otra cosa que ir atrás de sus dirigentes siempre tan dispuestos a decirles cuándo levantar la mano. Esos seres humanos que son la esencia fundamental de la patria o de la nación.


Si alguien le preguntara a un zapatista: ¿Cuáles han sido tus mejores años? Éste contestaría: "los que vendrán". Porque algunas de las cosas más importantes que nos ha mostrado el zapatismo es su permanente voluntad de lucha, su capacidad organizativa y su convicción —a prueba de todo, incluso de la incomprensión de [email protected]— de que vamos a ganar.


Si la rebeldía zapatista —de la cual queremos ser cómplices— no es una fecha, ni un cumpleaños, ni un acontecimiento, ni algo petrificado, dogmático o terminado, entonces, es algo que se arma, se construye, se cimienta todos los días.


Si otros quieren darse por derrotados porque consideran que ya se perdió "la madre de todas las batallas", ése es su derecho. [email protected] preferimos la visión de que, como decían los estudiantes franceses del mayo de 1968: "esto no es más que el inicio, el combate continúa".
Mucha agua ha corrido bajo el puente desde el 1 de enero de 1994. Y muchos los ataques de los señores del dinero, la clase política y sus palafreneros, "intelectuales" de pacotilla que desde el primer día fueron contratados para una misión imposible: denigrar con cierta credibilidad a los pueblos zapatistas y a su ejército. Las plumas verde olivo se ofrecieron al mejor postor, desde el líbelo Nexos hasta lo que hoy es su espejo: el diario La Razón. Todos ellos han acogido a varios tinterillos proclives a exhibirse como lo que son: mercenarios que escriben con la mano derecha y cobran con la izquierda

.
El impulso vital que venía de abajo fue escuchado y entendido sólo por una parte de toda la izquierda mexicana. La que no sufre de esa enfermedad del cuello que es la tortícolis, producto de tener la cabeza y la mirada siempre volteando hacia arriba, suspirando por un poder que —aunque nadie de ellos se ha dado cuenta— ya no existe, que es un holograma.


Por nuestro lado, los que mantuvimos el planteamiento rebelde de la Otra Izquierda decidimos, con la ayuda del ejemplo de los pueblos zapatistas, mantenernos abajo y a la izquierda. Empeñados en construir otra realidad, donde los mecanismos comunitarios de auto-organización sean el motor de las transformaciones prácticas y teóricas. Al lado de quienes viven en los sótanos y la planta baja del edificio capitalista.
Para lograr esa construcción fue necesario estar [email protected] a reaprender muchas cosas, como lo veremos más adelante.

 

********

 

En ese proceso en el que "el educador debe ser educado" reaprender ha sido fundamental.
Desde luego, el camino no ha sido fácil. Varios paradigmas teóricos del pensamiento de izquierda fueron puestos en cuestión:
La idea de una vanguardia que dirige desde el exterior al movimiento social.
La idea de que la teoría es algo exclusivo de los pensadores universitarios.
La idea de que la clase obrera es la única clase revolucionaria.
La idea de que lo que importa en el concepto lucha de clases, es el segundo elemento y no el primero.
La idea de que la diversidad y la diferencia es un estorbo para luchar juntos.
La idea de que el Estado es el único instrumento que se puede utilizar para cambiar de manera duradera las condiciones de vida y la organización social del pueblo

.
La idea de que luchamos por una revolución socialista a la que se le debe firmar un cheque en blanco, dejando de lado las mal llamadas luchas minoritarias (indígenas, mujeres, homosexuales, lesbianas, otros amores, punks, etcétera).


La idea de la izquierda —que también tiene un pensamiento único— de que quien no cuadre en su visión es un enemigo.


Frente a esa crisis de paradigmas hemos comenzado a construir un pensamiento muy Otro. Lo primero ha sido romper con esa visión de que la política es una tarea que únicamente pueden acometer los especialistas. Que se trata de un discurso lleno de secretos arcanos no apto para la población en general.


Descubrimos poco a poco que existe otra teoría: la que nace del seno de los movimientos de verdad, aquéllos que no son golondrinas que no hacen verano. Que es ahí en las comunidades, los barrios, los ejidos, los pueblos, donde la gente comienza a reflexionar sobre el significado de tomar en sus manos el control de sus destinos y, a partir de ahí, a elaborar una teoría producida por ella misma.


Esa irrupción de los "peatones de la historia", como dicen los compañeros zapatistas, ha puesto en crisis a más de uno de los que se piensan a sí mismos como los poseedores del pensamiento político, de los que tienen "respuestas" para todo lo que pasa en el mundo, producto de una lectura profunda... de los periódicos. Desde luego, como siempre sucede, ningún pueblo les hace caso.

Las y los indocumentados de la política, los que no tienen papeles ni títulos universitarios son los que, desde hace ya varios años, están haciendo la verdadera teoría política.


La gran pregunta para los que se reivindican como organizaciones de vanguardia y para los que se consideran "formadores de opinión" es saber si van a tener la modestia de escuchar esas voces. Si van a ser capaces de bajar el volumen del estruendo que producen sus teorías, casi siempre producto de diseños analógicos, que son válidas para cualquier momento de la historia, es decir, para ninguno.


Aprender a escuchar solamente se logra cuando uno se calla. ¿Será posible que después de tantos años de hablar, la izquierda tenga la capacidad para callarse y escuchar? Las voces que vienen de abajo, aunque de pocos decibeles, son claras y nítidas. Solamente es indispensable inclinarse un poco y prestar atención.


Y, entonces, nos daremos cuenta que desde lo más profundo de la sociedad mexicana, cual torrente, están brotando tal nivel de ideas y pensamientos como los que hoy vemos en la Escuelita Zapatista. Si aguzamos el oído para mirar tendremos que reconocer que sí, es cierto, las nuevas generaciones de zapatistas son mucho más lúcidas y capaces que aquéllas que hicieron la insurrección. Las múltiples voces de las bases de apoyo zapatistas nos confirman que, a pesar del importante esfuerzo de su jefe militar y vocero, sólo logró trasmitirnos un pálido reflejo de lo que estaba pasando en territorio zapatista.


La riqueza de esa experiencia nos ha dado nuevas herramientas prácticas y teóricas. Es responsabilidad nuestra que su uso sea fructífero. Sabemos que no ha sido fácil, y estamos lejos de haberlo logrado, pero lo estamos intentando, realmente intentándolo. Y hoy podemos decir que aquí estamos.


Que no nos rendimos, que no nos vendemos, que no renegamos. Que, sin duda, nos hemos equivocado, pero hemos logrado preservar el fuego y separar la ceniza. Que ese fuego es hoy apenas un llama, a lo mejor una llamita, pero que todos los días es alimentado con dos cosas: las acciones destructivas de un poder neoliberal excluyente y rapaz que nos obliga a mantenernos en el imperativo categórico de eliminarlo, y la voluntad inquebrantable de lo que somos.


Todos los días con nuestra práctica y pensamiento velamos esa llama o llamita, que representa nuestra voluntad de luchar en contra de la explotación, el despojo, la represión y el desprecio, es decir, en contra de la esencia del capitalismo.


Que hacemos nuestras las siguientes palabras, que ustedes pronunciaron en el festival de la Digna Rabia:


"Permítanos contarles: El EZLN tuvo la tentación de la hegemonía y la homogeneidad. No sólo después del alzamiento, también antes. Hubo la tentación de imponer modos e identidades. De que el zapatismo fuera la única verdad. Y fueron los pueblos los que lo impidieron primero, y luego nos enseñaron que no es así, que no es por ahí. Que no podíamos suplir un dominio con otro y que debíamos convencer y no vencer a quienes eran y son como nosotros pero no son nosotros. Nos enseñaron que hay muchos mundos y que es posible y necesario el respeto mutuo...


"Y entonces lo que queremos decirles es que esta pluralidad tan la misma en la rabia, y tan diferente en sentirla, es el rumbo y el destino que nosotros queremos y les proponemos...


"No todos somos zapatistas (cosa que en algunos casos celebramos). Tampoco somos todos comunistas, socialistas, anarquistas, libertarios, punks, skatos, darks, y como cada quien nombre su diferencia..."
(Fragmentos del discurso del Subcomandante Insurgente Marcos: "Siete vientos en los calendarios y geografías de abajo").
Esa concepción nos interpela para ir formulando una respuesta. A continuación daremos unas ideas, que desde luego solamente son una reflexión inicial.

********
"En la Sexta no decimos que todos los pueblos indios se entren al EZLN, ni decimos que vamos a dirigir obreros, estudiantes, campesinos, jóvenes, mujeres, otros, otras, otroas. Decimos que cada quien tiene su espacio, su historia, su lucha, su sueño, su proporcionalidad. Y decimos que entonces echemos trato para luchar juntos por el todo y por lo de cada quien y cada cual. Por echar trato entre nuestras respectivas proporcionalidades y el país que resulte, el mundo que se logre esté formado por los sueños de todos y cada uno de los desposeídos.


"Que ese mundo sea tan abigarrado, que no quepan las pesadillas que vivimos ninguno, ninguna, ningunoa, de abajo.


"Nos preocupa que en ese mundo parido por tanta lucha y tanta rabia se siga viendo a la mujer con todas las variantes de desprecio que la sociedad patriarcal ha impuesto; que se siga viendo como raros o enfermos o enfermoas y raroas a las diversas preferencias sexuales; que se siga asumiendo que la juventud debe ser domesticada, es decir, obligada a "madurar"; que los indígenas sigamos siendo despreciados y humillados o, en el mejor de los casos, enfrentados como los buenos salvajes a los que hay que civilizar.


"Vaya, nos preocupa que ese nuevo mundo no vaya a ser un clon del actual, o un transgénico o una fotocopia del que hoy nos horroriza y repudiamos. Nos preocupa, pues, que en ese mundo no haya democracia, ni justicia, ni libertad".

"Entonces les queremos decir, pedir, que no hagamos de nuestra fuerza una debilidad. El ser tantos y tan diferentes nos permitirá sobrevivir a la catástrofe que se avecina, y nos permitirá levantar algo nuevo. Les queremos decir, pedir, que eso nuevo sea también diferente".


(Fragmentos del discurso del Subcomandante Insurgente Marcos: "Siete vientos en los calendarios y geografías de abajo")

.
¿Qué escribiríamos si hoy tuviéramos la pretensión de decir qué es lo que nos muestra la experiencia zapatista?


Cada vez que un hombre, una mujer, un niño o un anciano base de apoyo zapatista habla de su lucha, de su autonomía, de su resistencia hay una palabra que se repite con insistencia: organización. Pero ¿Cómo llegar a ella? El problema no se resuelve utilizando la palabra como una especie de "ábrete sésamo", buena para todo.


Tampoco se puede simplemente elevar a modelo lo que ellos mismos nos dicen que no es un modelo. Que ellos lo han hecho así, pero que otros modos habrá.


Si rechazamos el pensamiento único de la derecha, es imposible pensar que ahora vamos a implantar una especie de pensamiento único de la izquierda de abajo.


No, de lo que se trata es de aprender de las experiencias diarias que vamos trabajando. Y esas experiencias aunque semejantes no serán iguales. Pero, ¿habría algo que nos permitiera orientarnos en ese sinuoso camino?


Sí, hay varias cosas, por lo menos eso creemos [email protected]


Ubicarnos siempre al lado de los condenados de la tierra.


No mirar para arriba, pero tampoco para abajo. Buscar siempre echar miradas de complicidad a los lados, es decir adonde pertenecemos, a abajo.


Privilegiar la escucha al discurso. Dar oportunidad a que el abajo hable y nos diga lo que él sabe.


Entender que es inevitable que desde el poder y sus medios se van a realizar labores de linchamiento en contra de aquellos [email protected] que desentonan, que no se cuadran ni cuadran: en contra de los rebeldes.


Rehuir la tentación de dirigir los movimientos. Esto siempre provoca vértigo. Siempre surge la pregunta de cómo se van a expresar los que luchan, la población que abajo habita, si no hay quien les dirija. Pues la respuesta siendo sencilla tiene una gran complejidad aceptarla: por ellos mismos.


Respetar las formas organizativas que cada quien se dé, aunque nos parezcan tortuosas y desesperadamente lentas. Cada quien su modo.
No perseguir las coyunturas que de arriba nos imponen, sino trabajar para crear nuestras propias coyunturas. Mover el tablero de la política quiere decir no respetar las reglas de lo "políticamente correcto". Aspiramos a ser "políticamente incorrectos".


Trabajar y construir en la diferencia. Generando espacios habitables donde las mujeres no sean hostigadas por el simple hecho de ser mujeres. Donde se acepte las diversas preferencias sexuales. Donde no se imponga una religión pero tampoco el ateísmo. Donde se promueva el encuentro de los diversos, de los [email protected]


Donde no nos auto limitemos porque la polis es mucho más complicada que la selva. Muchos han dicho que los zapatistas pueden hacer lo que hacen porque su sociedad no es compleja. Pero que en las grandes urbes vivimos una sociedad compleja que impide la posibilidad de que la gente tome el control de su destino. Eso ha sido teorizado, tanto desde la derecha como en la izquierda. Este "argumento" contiene dos estupideces: pensar que los pueblos zapatistas conforman una sociedad simple. Quien dice eso nunca ha pisado territorio zapatista, donde casi cada compañ[email protected] es un municipio autónomo. Simplemente hay que recordar que en una Junta de Buen Gobierno conviven compañ[email protected] que hablan hasta cuatro idiomas diferentes. La otra estupidez es achicar a los pueblos de las grandes ciudades y expropiarles su capacidad de decisión, por un problema técnico: la dificultad en la comunicación. Digo, esos mismos son los que cantan las glorias del Internet y las redes sociales.


En fin, éstas son solamente algunas ideas. Ni son todas y muy probablemente no sean las mejores.


La cuestión es que si como dicen algunos: la historia nos muerde la nuca, debemos voltearnos y comerle la nuca a la historia. Claro, todo esto hecho con gran serenidad y paciencia.


En ese proceso surgirán muchas experiencias de las cuales aprender. Aquí sí que "florecerán cien flores", que representen cien o más formas de organización diversa. No hay límites más que los que nos pongamos nosotros mismos.


En las palabras que recordamos de [email protected] compañ[email protected] del EZLN durante el festival de la Digna Rabia, se ubica lo fundamental de lo que sería la nueva buena nueva: Sí, es verdad que el pueblo unido jamás será vencido, pero siempre y cuando se entienda que será en la diversidad que se construya el gran [email protected] que este país y el mundo necesita.


Por nuestro lado, finalmente, queremos decir que desde el 1 de enero de 1994 decidimos que nuestro futuro estaba al lado de [email protected] [email protected] y compañ[email protected] zapatistas. Que no fuimos de los que buscaron simplemente tomarse la foto en el momento en que los medios de comunicación, y los que siempre persiguen la moda, acechaban a los dirigentes zapatistas, en especial al Subcomandante Insurgente Marcos.
Y hoy, casi 20 años después de su gran insurrección y 20 años después de que supimos que su rebelión era también la de [email protected], les decimos compañ[email protected] zapatistas: aquí estamos, aquí seguiremos, buscando caminar con ustedes, hombro con hombro, como parte de la Sexta.

Les decimos que, efectivamente, [email protected] también tenemos un objetivo muy modesto: cambiar la vida, cambiar el mundo.


Por todo lo anterior y por muchas otras razones y sinrazones, un grupo de hombres, mujeres, niñ@s, [email protected], [email protected], hemos decidido organizarnos, porque hemos entendido que la rebeldía organizada es uno de los caminos, para [email protected] el más importante, que sí nos llevan a donde queremos ir.


No a construir un camino único y sin obstáculos, sino uno donde nos encontremos a [email protected] [email protected] y podamos trabajar [email protected] sin que eso quiera decir que les digamos: "vengan a éste, el bueno es éste". Porque después de veinte años estamos aprendiendo que los caminos se hacen andando, en la acción y no en debates teóricos sin raíces prácticas.


Desde las visiones zapatistas del mundo, de México y de la vida, buscamos generar un marco común, un refugio habitable a nuestra rebeldía, una casamata que sea un punto de apoyo para poder continuar con nuestra labor del viejo topo (o mejor: de un escarabajo llamado Don Durito de la Lacandona) que corroe los cimientos del capital.


Por eso, [email protected], rebeldes e [email protected], manifestamos nuestra voluntad de caminar junto a [email protected] zapatistas y nuestro deseo de ser sus compañ[email protected] Les decimos que vamos a poner todo el empeño en ello y que, efectivamente, en la larga noche que ha sido lo que algunos llaman día, tarde que temprano "noche será el día que será el día".


Afuera ya no es medianoche... ya se mira el horizonte.


México, diciembre de 2013.

Publicado enInternacional
Jueves, 28 Noviembre 2013 16:58

Paro y minga indígena

Con alrededor de 40 mil indígenas movilizados, 48 comunidades, 22 vías bloqueadas, y acciones en 18 departamentos, de los cuales por lo menos 7 resultaron colapsados, la Minga indígena nacional dejó cla roal país, el músculo del movimiento indígena que agrupa la ONIC. Como en ninguna otra protesta social, el gobierno Santos debilitado, reaccionó y accedió rapidito a la negociación. La casa de Nariño sabe que la reivindicación y confrontación que tiene raíz y corazón en el macizo colombiano, cuando asuma identidad y aparte politiquerías, posee un aire centenario con capacidad de extender ejemplo y solidaridad.

 

No son molinos de papel los que hace mover el movimiento indígena nacional. Con un menor cubrimiento noticioso y de televisión, pero con mayor contundencia, las comunidades indígenas a través de la convocatoria de su Minga, lograron un importante resultado en la defensa de sus reivindicaciones históricas.

 

Temor del Paro Nacional agrario y popular

 

Aunque el gobierno central no exhiba la aparente estabilidad de periodos anteriores, en su conjunto actúa como un estratégico jugador. Todas las trasformaciones en el mundo rural a las que obligado responde el ejecutivo –tras bloqueos y marchas tanto regionales como nacionales– esconden bajo el disfraz de "dialogo social" la agenda del capitalismo acaparador de tierras, así como, la afectación y acción en contra de las territorialidades que han hecho con su tradición las comunidades que confluyen en el campo. Un caso apenas, en última instancia, certificar la gran desposesión agraria del Catatumbo. Los considerandos del llamado "pacto agrario" y en últimas el acuerdo de la María Piendamó, como maniobra desde el gobierno, repiten este libreto.

 

 

Santos abona el camino, para el proyecto a fondo económico, de futuro y en el continente, con provecho, pauta y funcionalidad del capital financiero internacional, pero, como todo acuerdo, fueron dos quienes pactaron.

 

Del pliego a los acuerdos

 

Cinco fueron los temas gruesos que llevaron a convertir las carreteras nacionales en puntos de concentración de los indígenas para su lucha directa.

 

- Territorio y tierras; seguridad jurídica de los territorios indígenas; ejercicio pleno del derecho al territorio; constitución, ampliación y saneamiento de los territorios indígenas.
- Consulta previa sobre proyectos minero-energéticos e hidrocarburos; revocatoria directa de las concesiones o contratos de explotación minera en territorios indígenas.
- Ejercicio de autonomía y gobierno propio; autonomía territorial; la cosmovisión y la autonomía en el ejercicio de gobierno propio.
- Tratados de Libre Comercio y política agraria; promoción del referendo para la derogatoria de los TLC o la renegociación de los mismos; derogatoria de todas las normas que afecten la soberanía alimentaria.
- Derechos humanos, conflicto armado y Paz; adopción integral de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas; desmilitarización de los territorios indígenas; desmonte de los planes de consolidación y respeto al ejercicio de control territorial a través de la guardia indígena.

 

El pliego en apariencia abarcó mucho, pero realmente, en el movimiento planearon apretar solo en lo necesario. Las direcciones de los pueblos ancestrales actúan y tienen certeza, tanto de cuál es el momento en el que se encuentran en el marco de la agenda estratégica del capital y la impronta que en correspondencia aplica el gobierno, como a la vez, asumen que en el aporte y la búsqueda de la paz, son estos los días de presión y de planear con anticipación y en medio de la contradicción, el post conflicto.

 

Las territorialidades de carácter colectivo, así como la existencia y los conocimientos de los pueblos ancestrales, no es en pocas regiones del país donde chocan con los planes y espacios de extracción, producción, y apropiación de conglomerados económicos trasnacionales y nacionales. Ejemplos sobran: Desde la usurpación de saberes ancestrales para su conversión en productos médicos o acumulados teóricos en propiedad privada por pare de empresas extranjeras como Pfyser en el Amazonas, hasta la lucha violenta en tierras indígenas con ejecución por la BP en Arauca ó la persecución de Muriel Mining Corp en el Alto Guayabero contra centenas de familias del pueblo Embera.

 

La Mesa de La Habana tiene sus bemoles

 

El diálogo tiene un especial sabor para las comunidades indígenas, sobre todo las caucanas. En la Isla, el gobierno no discute con cualquiera ni con un extraño para la región. Sino, en particular, con las farc-ep, organización insurgente que mucho desconoce o irrespeta la autonomía y la organización propia de las comunidades. El primer punto: el agrario, de la agenda de los diálogos de paz, puso sobre la mesa las figuras de reordenamiento territorial.

 

En su función, entreveros y declaraciones, De la Calle y Márquez no en pocas ocasiones, han polemizado incluso públicamente, sobre las Zonas de reserva campesina, las zonas de reserva forestal y los parques nacionales naturales. De fondo, para los indígenas existe una preocupación y un límite.

 

La preocupación de los indígenas y de decenas de agrupaciones campesinas, tiene punto en que el acuerdo entre la guerrilla y el gobierno, resulte y esté en detrimento de los derechos colectivos y las figuras de ordenamiento territorial existentes en Colombia que favorecen a estos pueblos, y el límite es: Que los fallos de La Habana, sin dejar dudas, no afecten ni a la propiedad terrateniente y su codicia ni limiten en un gran sentido, el acaparamiento de tierras por parte de transnacionales y empresarios nacionales. A su vez, que permita abrir brechas entre campesinos, indígenas y afros que terminarían divididos en disputas por ínfimas porciones de tierras. Es decir, los indígenas en su reivindicación se sienten entre la espada y la pared. Mejor dicho, entre los intereses del gobierno-farc por una parte, y las nuevas figuras de ordenamiento territorial que impone el capitalismo, por otra.

 

Entre La Habana por arriba y La María desde abajo

 

Autonomía, defensa de sus territorios, preservación de los pueblos y otorgamiento de nuevas espacialidades fueron los temas gruesos del acuerdo de la María. Defensivamente, el movimiento indígena no trato de profundizar sino de consolidar las conquistas existentes en el pulso y el acuerdo con el gobierno. Así como en La Habana se negocia con la burguesía la existencia de las zonas reserva campesina, sin atacar desde el terreno político la gran propiedad terrateniente ni al acaparamiento transnacional de tierras; en el Cauca no hubo más en el pacto, que defender y robustecer las conquistas alcanzadas, a través de siglos de resistencias.

 


 

 

Recuadro 1

 

El acuerdo de La María con la fuerza de la mirada encima

 

"En defensa de los territorios y otorgamiento de nuevas espacialidades: Se acuerda la aplicación de un estatuto especial que modifica el pacto agrario –decreto 1987 de 2013- y la ley de procedimientos especiales agrarios de clarificación de la propiedad –1465 de 2013– con el fin de construir mecanismos específicos en estos temas, que respeten las territorialidades indígenas...".

 

La complejidad que acarrea esta defensa está en que la ONIC es el único sector popular organizado, que acepta, revisa y "refrenda" de esta manera directa, el Pacto Agrario, aun pese a las críticas de sectores como la Mesa de Interlocución y Acuerdo –MIA.

 

Además, en el "Acuerdo No. 4: Para la Constitución, Ampliación y Saneamiento, de Resguardos Indígenas el Gobierno Nacional se compromete a documentar, evacuar y presentar al Consejo Directivo del INCODER, como meta, 400 expedientes sobre ampliación, constitución, y saneamiento de Resguardos Indígenas."1 El ejecutivo se compromete en otorgar "recursos por valor de cincuenta (50) mil millones de pesos para la compra de tierras a pueblos indígenas de la vigencia 2014. Adicionalmente, se destinarán treinta (30) mil millones de pesos a través de vigencias futuras de 2015". Al respecto y contrario a otorgar espacios específicos para la expansión de territorialidades de los cabildos indígenas existentes, el gobierno opta por entregar dineros para la compra de tierras, de las cuales, algunas no estarían ubicadas en lugares ancestrales. De este modo, fomentan y obligan la migración y abandono de sitios milenarios de culturas con fuerte vinculación a sus espacios tradicionales. Santos ejecuta una estrategia de preparar conflictos internos entre indios, campesinos y afros, pues los primeros, terminarán fruto de este mecanismo, incrustándose en zonas ajenas que históricamente han sido recreadas por labriegos y negros.

 

En autonomía: La ONIC cristaliza el interés por ponerle cuerpo a logros de la Constitución del 91 que hoy no tienen ni pies ni cabeza. La puesta en práctica, por medio de un decreto del artículo 56 transitorio que consolida la relación entre autonomía y unidades territoriales indígenas; fue el logro. El movimiento indígena pretende así establecer "las disposiciones normativas relativas al funcionamiento de los Territorios Indígenas, sus autoridades y gobierno propio, respecto de los sistemas, tales como: el Sistema Educativo Indígena Propio, Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural y Sistema General de Participaciones –SGP, entre otros2".


El acuerdo de La María corrobora y confirma los derechos de consulta afirmativa previa, que poseen las comunidades indígenas, como mecanismo de preservación de sus territorios ancestrales ante los intereses económicos de los mega planes infraestructurales, el extractivismo y la agro industria.

 

Los vacíos y los menos del acuerdo

 

Temas relevantes como la mega minería y los TLCs quedaron por fuera de los acuerdos. Santos no está dispuesto a realizar negociación alguna con la propiedad estatal de los subsuelos y la agenda de libre comercio. Pilares estos, de subordinación al capitalismo financiero internacional. Sin embargo, el más nocivo de los bemoles está en el hecho de la realización de los acuerdos indígenas, sin dialogo alguno con el resto del campo popular. Especialmente, con los subalternos rurales. Justo en el momento cuando la movilización agraria nacional está en reactivación.

 

Al igual que en el Catatumbo, y en los acuerdos parciales con las organizaciones que hicieron parte del paro agrario nacional, cada organización sostiene su propuesta específica para el campo: algunos ZRC, otros ZRF, los cabildos indígenas, etcétera. Sin embargo, el grueso que está hoy en discusión pública, es el conjunto del futuro del país rural. Las figuras, movilizaciones y reivindicaciones de cada uno de los sectores, no alcanzan ni tienen un diálogo entre sí. Una incomunicación y parcelación que impide el acuerdo popular y la aprobación de un pliego o plataforma de emplazamiento nacional. Acción que en su realización y dinámica proyecte y salve a la nación indígena, a la identidad negra y a la reivindicación campesina, en vía a la construcción de la Colombia popular.

 

Algunos intelectuales y el ávido debate al interior del movimiento indígena, en cabeza de sus mas representativas organizaciones ACIN y CRIC, señalan y advierten del lugar que la élite y el poder quieren dar al movimiento indígena: no es otro que acabar su capacidad de acción directa y movilización beligerante, en el propósito de reducir su participación a un actor meramente 'gremial', reivindicativo, sin proyección histórica, con olvido de su identidad; y sujeto a los canales legales para ejercer su participación.

 

Desde luego, las comunidades ancestrales dan ejemplo de luchar y estar en las antípodas de este papel. Empero, vale preguntar en el marco de los planes del bloque dominante, por el reto que significa impedir que el acuerdo de la María sea una victoria en el presente y una derrota en el futuro.

 

1 Acta de Acuerdos logrados entre los Pueblos Indígenas que participaron en la Minga Social Indígena y Popular y el Gobierno Nacional, 23 de octubre de 2013, La María, Piendamó, Cauca, Colombia.
2 ídem.

 


 

 

Recuadro 2

 

El mosaico del poder en el paro

 

Un lado de la "negociación acelerada" tuvo actores que no fueron cualquiera. Aurelio Iragorri Valencia nieto del ex presidente Guillermo León Valencia e hijo de su homónimo padre –político y senador desde hace mas de 20 años–, con ancestros y acusación popular de persecución y oposición a los resguardos indígenas del Cauca. Junto con la familia Chaux, son castas dominantes desde los años de la Independencia. Los dominios Irragorri tocan desde Popayán hasta el extenso macizo colombiano. El tamaño de su poder económico y social es difícil de calcular, sin embargo, es simbólico que son parte de las pocas oligarquías regionales con asiento en los escenarios de poder nacional.

Publicado enEdición N°197

Como el resto de la población americana, las etnias subalternas dividieron sus simpatías políticas entre quienes defendían la lealtad a la monarquía española, y quienes proclamaban la necesidad de romper el yugo colonial y constituir naciones independientes y soberanas en América. En uno y otro bando se alinearon gentes de todas las capas y estamentos que integraban la sociedad colonial: hubo españoles patriotas y criollos realistas, por supuesto. Y hubo indios, negros y mulatos patriotas y realistas. Pero la mayoría de los miembros de estos grupos étnicos, o al menos los más activos políticamente, mostraron una clara propensión al realismo en todo el territorio americano. En ese contexto, los indios neogranadinos no fueron la excepción. Aunque sus motivos fueran distintos en cada región y en cada momento, en términos generales, se ha dado por supuesto que los indios preferían estar sujetos a un rey lejano y a una monarquía paternalista que los había reconocido desde el comienzo como "vasallos libres", y que había producido una profusa legislación protectora de sus comunidades y pueblos. Ello fue así hasta el punto de que los revoltosos indios mexicanos que se alistaron en los movimientos insurgentes comandados por los curas Hidalgo y Morelos, decían combatir bajo el comando compartido de la Virgen de Guadalupe y el Rey Fernando VII.

 

Con todo, ya fuera por convicción, pero sobre todo por conveniencia, muchos indios se alistaron en los ejércitos patriotas, generalmente inducidos a ello por los curas, los corregidores o protectores de indios, o por sus propios caciques y capitanes.

 

No obstante, en más de una ocasión, impulsados por intereses comunitarios o étnicos particulares, o dando rienda suelta a antiguas rencillas y enemistades, algunas comunidades indígenas optaron por enrolarse en los ejércitos adversarios de realistas o patriotas en contra sus propios congéneres, con el fin de procurar la reivindicación de viejos agravios o de ratificar pretendidas hegemonías étnicas. Fue así como en las regiones de población mayoritariamente indígena, los ejércitos contendientes estuvieron en buena medida integrados por indios adscritos a grupos étnicos diferentes, como lo demuestran palmariamente no solo los casos paradigmáticos de Perú o México, sino los que en el actual territorio colombiano se han puesto de presente en casos como el de diferentes comunidades de la Guajira, estudiado por José Polo Acuña, o el de los "pastos" de Túquerres y sus alrededores, enfrentados a los "quillacingas" vecinos de la ciudad de Pasto, alineados los unos con los "patriotas" y los otros con los "realistas".

 

Población y acción política

 

En el Nuevo Reino de Granada el proceso de mestizaje fue tan intenso durante el periodo colonial que para fines del siglo XVIII la población indígena censada no alcanzaba al 10%, con una concentración muy desigual a lo largo del territorio neogranadino. La mayor parte de quienes fueron considerados "indios" por los realizadores del censo general de 1778 habitaba en la zona central del país, entre las provincias de Santa Fe y Pamplona (cerca del 41%). En la Región Caribe se contabilizó el 18% de los indios neogranadinos, y en la provincia de Pasto el 10% de la población era indígena.

 

En esas zonas, alejadas y diversas entre sí, fue donde la presencia indígena en las guerras de Independencia tuvo mayor relevancia. En cuanto a lealtades o afinidades políticas, en dos de esas regiones, la caribeña y la pastusa, los indios fueron acérrimos defensores de la monarquía; y en la tercera, la región centro-oriental, la lealtad de sus pobladores indígenas fue más flexible, acomodándose en cada momento a las circunstancias predominantes.

 

La inestable situación política que caracterizó los años turbulentos de la independencia necesariamente afectó las relaciones entre los indígenas y los diversos gobiernos que se sucedieron muy rápidamente unos a otros ¿Cómo actuaron los indígenas en medio de la consiguiente inestabilidad normativa, política y social? Algunos grupos adecuaron su conducta y su discurso a las cambiantes circunstancias de la guerra y la política, como ocurrió en la región central, vecina a Santa Fe. Otros, en cambio, optaron por una posición más consecuente u obstinada a lo largo de todo el proceso, como fue el caso de los indios realistas de las provincias de Santa Marta y Pasto.

 

Los veleidosos indios de Santa Fe y Tunja

 

Hacia 1810, el discurso y la práctica política de los indios conservaban mucho de su forma y contenido colonial. A fines de la Colonia sus reclamos se centraban en la defensa de sus tierras y sus pueblos, el rechazo a las innovaciones, el mantenimiento de las normas tradicionales de administración étnica, y los abusos continuos de sus curas y corregidores. En los años subsiguientes a la Independencia, en cambio, no fueron escasos los reclamos de los derechos pregonados por el bando republicano de "igualdad ciudadana", reclamos que en ocasiones se tradujeron en insubordinación y desórdenes en procura de reivindicar los derechos hasta entonces desconocidos de libertad, igualdad y ciudadanía. Ese notable cambio de actitud ocasionado por la Primera República, es un indicio claro de la nueva conciencia política surgida tempranamente entre las comunidades de indígenas próximas a la capital.

 

Poco tiempo después la Reconquista española impuso la necesidad de una reorientación estratégica de los pueblos indios, pues Morillo y su ejército tenían como misión no sólo restablecer el poder absolutista del rey de España y someter a los súbditos rebeldes, sino también restaurar la totalidad de las leyes, las instituciones y los usos propios del antiguo régimen. Y entre ellos se incluían las relativas a la administración étnica, agravadas por nuevas cargas personales y gravámenes extraordinarios a favor de las tropas realistas. Los indígenas, por consiguiente, debieron olvidarse por lo pronto de sus pretensiones de ciudadanía y volver a asumir su antiguo estatus de tributarios y súbditos del rey de España.

 

La nueva situación se reflejó de inmediato en los reclamos dirigidos a los "nuevos" gobernantes. Así, en 1818, los indios de Boavita y el Cocuy, en la provincia de Tunja, le solicitaron a sus curas y a su corregidor que certificasen cuánto habían servido, en trabajo y en especie, al sostenimiento del ejército del rey, y cómo esta demostrada fidelidad al monarca no había sido justamente correspondida. No les faltaban razones para quejarse. A la restauración del tributo se le añadió una nueva exacción fiscal: la "mensualidad", mucho más onerosa y expeditiva en su cobro, como quiera que éste se hacía manu militari. Pero además se les extorsionaba con gravosas contribuciones en especie: bestias de carga y silla, ganados, vendas, camas, alimentos. Y por si fuera poco, se restableció el trabajo personal, requiriéndolos el Ejército Expedicionario como porteadores y peones en la construcción de caminos, sin remuneración y con la obligación de alimentarse por su propia cuenta. A todo esto había que agregar la pretensión de cobrarles los tributos atrasados. Comprensiblemente desesperados y molestos por su situación, los indios recurrieron al rey, "su protector", a quien Morillo pretendía suplantar abusando de sus atribuciones.

 

Una vez derrotado el ejército realista, ya en 1820, salta a la vista la intención de los indígenas de pasar cuanto antes las cuentas de cobro al recién instalado gobierno republicano por los sufrimientos ocasionados por la guerra emancipadora. Ése pareció ser el mejor momento para tomarle la palabra al nuevo régimen y reivindicar sin más dilaciones la tan proclamada igualdad. Así, las solicitudes más frecuentes en el decenio 1820-1830, fueron las relacionadas con en detestado tributo de indios. Son igualmente llamativas en este periodo las solicitudes que invocaban los recién adquiridos derechos de ciudadanía, las quejas contra curas y funcionarios civiles por sus malos tratos, el repudio manifiesto al derrocado régimen colonial, y los reclamos sustentados en los derechos inherentes a su estatus de ciudadanos.

 

Pero, no obstante sus protestas y reclamos permanentes, los indios de Santa Fe y Tunja nunca tomaron las armas por su propia iniciativa, ya fuera para defender al rey o a la patria.

 

Los indios realistas del Caribe y los Andes

 

En la región caribe neogranadina, asolada desde comienzos del siglo XVI por las expediciones de conquista y saqueo, sobrevivieron, no obstante, un buen número de grupos indígenas, algunos de ellos muy beligerantes y defensores a ultranza de su autonomía, como los guajiros, los chimilas o los motilones; y otros parcial o totalmente sometidos a la dominación colonial, pero debidamente asentados en sus pueblos y resguardos y, por consiguiente, poseedores del poderoso elemento identitario y cohesionante constituido por sus cabildos o "repúblicas de indios". Esta población se encontraba dispersa y desconectada en el amplio territorio caribeño, y quizás por eso durante las guerras de Independencia solo es posible seguir, aunque con dificultad, la actuación de los indios de las cercanías de algunas de sus ciudades principales: los puertos de Santa Marta y Riohacha. Curiosamente, y a pesar de contener una importante población indígena en su jurisdicción, la actuación de los indios resulta en Cartagena mucho menos visible que la de los negros y mulatos, seguramente por la mayor concentración urbana de estos últimos, y sin duda por su notable actuación en los acontecimientos políticos locales.

 

En los casos de Santa Marta y Riohacha, en cambio, desde las obras más clásicas, como la de José Manuel Restrepo, hasta las más recientes se ha resaltado siempre la importancia de los indios en la resistencia contra los sucesivos embates republicanos que sufrieron ambas ciudades, tanto en la fase inicial de las guerras de Independencia (1810-1814), como en su etapa definitiva (1818-1820).

 

En la primera fase, en medio de la encarnizada guerra civil por la hegemonía provincial que libraron los puertos de Cartagena y Santa Marta, el uno en procura de someter al otro a su propio gobierno y jurisdicción, y el otro defendiendo su autonomía arropado bajo el manto del rey, la actuación de los indios de los pueblos próximos a Santa Marta fue notoria. A fines de 1812, los cartageneros, animados por la llegada de un importante grupo de militares venezolanos y franceses, decidieron someter a Santa Marta por la vía de las armas. Esta ciudad, que había establecido una junta patriótica en agosto de 1810, había vuelto a manos de los realistas en diciembre del mismo año. Desde entonces, una abierta hostilidad había caracterizado las relaciones entre ambas ciudades, hasta llegar a su punto culminante con la invasión comandada por el francés Pedro Labatut, quien a comienzos de 1813 inició su ofensiva por el pueblo de San Juan de la Ciénaga, en las proximidades de Santa Marta. Allí fue recibido por una menguada tropa de indios que, "armados con arcos y flechas, unas pocas pistolas y un par de cañones, esperaban listos a defender el pueblo contra los barcos y las tropas de la provincia de Cartagena". Después de una corta resistencia, los republicanos se tomaron el pueblo, y el 6 de enero entraron a Santa Marta.

 

Fue a raíz de esta invasión y de las desacertadas medidas tomadas por el comandante francés que se dio lugar al protagonismo de los indios de los pueblos vecinos a la ciudad. Según José Manuel Restrepo, la insurrección realista comenzó en Santa Marta cuando, el 5 de marzo de 1813, los indios de Mamatoco y Bonda se amotinaron y marcharon hacia la ciudad con el fin de liberar a un indígena lugareño, preso por Labatut. Aprovechando la circunstancia, los realistas samarios se unieron al movimiento indígena. Y el comandante francés, al ver al amenazante grupo que se reunía en la plaza, salió apresuradamente de la ciudad dejando abandonadas a sus tropas que se rindieron sin resistencia. Lo más llamativo de este episodio es que hayan sido los indios los que encabezaran la reconquista de la ciudad, así el éxito de su intento debiera mucho a la casualidad. El hecho es que los propios habitantes no indios de la ciudad ponderaron ante el comandante del ejército de reconquista, el general Pablo Morillo, los méritos de su cacique y sus seguidores. Morillo admitió que el cacique de Mamatoco, don Antonio Núñez, había hecho gala de un extraordinario valor y ascendiente sobre sus subordinados y demás vecinos de la ciudad, por lo que decidió condecorarlo e informó al rey de los honores conferidos a Núñez, hecho que fue considerado en el Consejo de Indias, el cual no sólo confirmó la condecoración, sino que le concedió al cacique de Mamatoco el grado y el salario de Capitán de los Reales Ejércitos y la Orden de la Cruz de Isabel, y a su hijo Juan José Núñez le otorgó una medalla de oro y el derecho de heredar el cacicazgo cuando su padre muriera.

 

De esta manera, los samarios liberaron su ciudad de la invasión cartagenera a muy bajo costo, se proclamaron leales al rey, y reclamaron el apoyo inmediato de los jefes españoles de los puertos de la Panamá, La Habana, Puerto Rico y Maracaibo.

 

Ante la vergonzosa defección de su comandante, los cartageneros procuraron negociar en buenos términos con los samarios. Pero ya era demasiado tarde para buscar un arreglo amistoso. El 20 de abril desembarcó en Santa Marta su nuevo gobernador, el coronel Pedro Ruiz de Porras, un veterano oficial que llegó acompañado de tropas de línea de Maracaibo y Riohacha. Ante esta disyuntiva los cartageneros prepararon un nuevo ataque. Esta vez pusieron al frente a otro comandante francés, el coronel Luis Fernando Chatillon, quien inició su campaña a comienzos del mes de mayo, y después de amenazar con su flotilla el puerto de Santa Marta, optó por desembarcar, al igual que su antecesor Labatut, en el cercanías de San Juan de la Ciénaga, donde suponía que lo esperaban los hombres mandados por el presidente de Cartagena Manuel Rodríguez Torices. Pero uno y otro fueron derrotados completamente el 11 de mayo por los indios de Ciénaga. Como resultado del combate, murieron cerca de cuatrocientos republicanos, y entre ellos el coronel Chatillon y otros seis oficiales. Los samarios hicieron un centenar de prisioneros y se apoderaron de la artillería, municiones y armamento, como había ocurrido cuatro meses antes, y una vez más con la decisiva participación de los indios.

 

El 30 de mayo de 1813 llegó a Santa Marta Francisco Montalvo, recién designado capitán general del Nuevo Reino de Granada, por lo que la ciudad se convirtió en la capital efectiva del reino, y consolidó su carácter de bastión del realismo. Dos años después llegó la expedición "pacificadora" de Morillo, y entonces llegó el momento de las felicitaciones y las condecoraciones, como ya hemos visto.

 

Pero llegó el año de 1820, y con él las peores noticias. Tras la derrota del ejército español en Boyacá y la subsiguiente ocupación de Santa Fe por los republicanos, estalló la revolución liberal en España, lo que incrementó aún más el entusiasmo de los patriotas neogranadinos, dispuestos a acabar cuanto antes con los focos de resistencia realista, de modo que, por orden directa de Bolívar, la ciudad de Santa Marta fue atacada nuevamente a fines de año por tierra y mar. Una vez más los indios de Ciénaga defendieron con denuedo su territorio. Pero ahora las circunstancias eran otras, y en esta ocasión fueron arrasados y masacrados por la caballería republicana, lo que facilitó el sitio de Santa Marta que fue ocupada el 11 de noviembre de 1820 por las tropas del almirante Brion. La desconfianza que le generaba la población realista de la ciudad, hizo que Bolívar dispusiera la extracción de 2.000 hombres para enviarlos al ejército de Venezuela. Ante esta decisión, muchos hombres huyeron a los bosques, prontos a formar partidas de guerrillas antirrepublicanas.

 

En los años siguientes, y en curiosa sincronía con los levantamientos indígenas de Pasto, en Ciénaga y Santa Marta los indios refugiados en los montes comenzaron a actuar como guerrillas realistas con una eficacia tal que, comandados por el indio Jacinto Bustamante, se tomaron el cuartel de Ciénaga el 31 de diciembre de 1822 a la media noche, y el 2 de enero de 1823, reforzados con indios y otros simpatizantes de San Juan de la Ciénaga, Puebloviejo y Gaira, marcharon hacia Santa Marta. Ocuparon el pueblo de Gaira y más tarde entraron en Santa Marta sin encontrar mayor resistencia. El 4 de enero se izó la bandera española en el castillo del Morro, último foco de la resistencia realista en el Caribe neogranadino.

 

La respuesta no se hizo esperar. El general Mariano Montilla movilizó sus tropas desde Riohacha, sitió el puerto samario y, con el apoyo de los cartageneros, organizó una poderosa expedición punitiva que se encargó de doblegar primero a los indios de Ciénaga, los más empecinados realistas de la provincia, y luego marchó sobre Santa Marta, ciudad que fue ocupada el 22 de enero, con la única resistencia de los indios de Mamatoco y Bonda, que pretendieron vanamente rescatar la ciudad. Ante su fracaso, muchos huyeron nuevamente a los bosques cercanos, desde donde continuaron el asedio guerrillero a los republicanos. Con el tiempo, algunos de ellos fueron muertos, y los que se lograron apresar con vida fueron conducidos al presidio de Chagres en Panamá o al ejército que combatía en el Perú. No obstante, una cuadrilla de indios realistas encabezados por Jacinto Bustamante sostuvo por algún tiempo la guerra de guerrillas en los alrededores de Ciénaga y Santa Marta, como lo harían el indio Agualongo y sus seguidores en los alrededores de Pasto.

 

Los indios realistas de Pasto

 

Situada en el otro extremo de la actual Colombia, sobre los altiplanos andinos que limitan con Ecuador, a comienzos del siglo XIX la provincia de Pasto albergaba 67 pueblos de indios, y de su población calculada en algo más de 30.000 habitantes, más de la mitad eran indios, cuya participación en las guerras de Independencia fue, por consiguiente, de gran importancia y notoriedad. Como los de Ciénaga y Santa Marta, los indios de Pasto se alinearon desde el comienzo del lado de los realistas. Al comienzo de la mano de la élite lugareña, pero en la fase final, haciendo gala de una notable autonomía.

 

Al igual que en Santa Marta, las guerras de Independencia se iniciaron en la provincia de Pasto como resultado de la invasión de un ejército insurgente que pretendía su subordinación. En este caso se trataba de una expedición enviada por la primera Junta de Quito, en 1809. Quito había sido por muchos años la más fuerte competidora de Pasto en el aspecto económico, y a ella estaba subordinada en lo judicial y lo eclesiástico.

 

Sin pensarlo dos veces los notables de Pasto rechazaron las pretensiones de la junta como una patraña de los quiteños, inventada para facilitar un asalto a su autonomía y a su integridad territorial. La invasión de las tropas quiteñas tuvo como resultado la resistencia armada de los pastusos y consolidó el acendrado sentimiento realista que caracterizó a la región, pues mientras otras ciudades como Quito y Cali esperaban que el republicanismo les permitiera alcanzar una mayor prominencia en la jerarquía regional, Pasto afincó sus esperanzas en el realismo.

 

La primera Junta de Quito tuvo corta duración, pero el 19 de septiembre de 1810 los revolucionarios quiteños establecieron una nueva junta que sobrevivió hasta finales de 1812. Los quiteños decidieron invadir nuevamente a Pasto, y en septiembre de 1811 atacaron y saquearon la ciudad. Las tropas quiteñas permanecieron en Pasto por varios meses.

 

Al mismo tiempo que en Quito, primero en Cali y luego en Popayán se habían instalado sendas Juntas de Gobierno. A diferencia de los quiteños, los juntistas caleños consiguieron el apoyo de algunos vecinos prominentes de Pasto y luego de una amigable negociación con los quiteños entraron a la ciudad y obtuvieron su reconocimiento de la Junta Suprema de Santafé de Bogotá, su incorporación a la Junta de Popayán, y la declaración de que los miembros del cabildo, el clero, y el pueblo abrazarían la causa patriota. Pero este sentimiento no era unánime. La declaración de republicanismo del cabildo fue de inmediato contestada por el clero y algunos miembros de la élite y el pueblo, desconfiados de las intenciones de los caleños, desconfianza que se agudizó cuando el presidente de la junta de Popayán, Joaquín de Caicedo y Cuero siguió rumbo a Quito, donde estableció muy buenas relaciones con la junta local.

 

Los enemigos de la república hicieron circular entonces rumores sobre la caída inminente de la Junta de Quito y otras especies destinadas a desestabilizar el nuevo gobierno de Pasto. Estimulados por la creciente fragilidad del gobierno republicano instaurado con el consentimiento de la élite pastusa, nuevos actores sociales hicieron presencia en las luchas por el poder desencadenadas por la creciente crisis política.

 

A comienzos de 1812 Caicedo y Cuero viajó a Quito, y algunos de los más prominentes desafectos a la causa insurgente iniciaron una rebelión contra el nuevo gobierno, pero esta fracasó. Caicedo regresó a Pasto, pero pronto fue víctima de una revuelta más exitosa. El 20 de mayo de 1812, realistas del Patía marcharon sobre Pasto, invitados por los pastusos realistas, y derrotaron a los republicanos. Los patianos capturaron a Caicedo y Cuero y de inmediato los caleños, quienes controlaban la Junta de Popayán, enviaron un ejército en su rescate, pero fueron obligados por los pastusos a retirarse a Popayán. Dos meses más tarde volvieron los republicanos al ataque y esta vez los pastusos se vieron precisados a rendirse y acordaron un armisticio, mediante el cual se acordó la libertad de Caicedo y la inmediata retirada de los caleños. Poco después, alegando incumplimiento de armisticio de parte de los caleños, los pastusos los atacaron y capturaron nuevamente a Caicedo y al comandante de la tropa republicana, el coronel norteamericano Alejandro Macaulay, quienes fueron fusilados en la plaza mayor de Pasto en enero de 1813.

 

Estos acontecimientos condujeron a la derrota total de los republicanos de Pasto y Popayán. Poco después la Junta de Quito fue derrocada, y el republicanismo fue temporalmente eliminado del sur del virreinato.

 

No fue nada grato para la élite pastusa deber su "liberación" a los guerrilleros zambos y mulatos del Patía aliados con los indios de los pueblos que rodeaban la ciudad, y menos tener que soportarlos por algún tiempo en el gobierno de Pasto. Pero la fuerza de las circunstancias los obligó a doblegarse.

 

La derrota de los republicanos de Quito y Popayán no trajo consigo una paz duradera para los pastusos, pues en septiembre de 1813 el presidente de Cundinamarca marchó al sur con la intención de restablecer el republicanismo. La ofensiva republicana comenzó bien. Nariño no tuvo problemas para conseguir guías nativos y la mayor parte de los hombres encargados de transportar la pesada artillería a través de las montañas fueron porteadores indios. Un buen número de clérigos locales también lo apoyaron, y después de derrotar el ejército realista acantonado en Popayán, los santafereños marcharon hacia Pasto a fines de marzo de 1814.

 

La marcha no fue nada fácil, pues a su paso por el Patía fueron hostilizados permanentemente por las guerrillas realistas, a quienes derrotaron en más de una ocasión hasta acorralarlos en la ciudad de Pasto. Pero la toma de la ciudad les resultó imposible, pues los pastusos habían logrado la solidaridad de los indios que habitaban los 21 pueblos que circundaban la ciudad. Fortalecidos con este valioso apoyo, los pastusos rechazaron las fuerzas de Nariño, quien fue capturado luego de la desordenada retirada de sus tropas.

 

Como en Santa Marta, la Reconquista española trajo consigo una larga tregua y un simbólico reconocimiento a los esfuerzos de los indios de Pasto. En efecto, a comienzos de 1816 el cabildo de Pasto solicitó al general Morillo la exención del tributo para los indios de su jurisdicción, ensalzando su fidelidad al rey y los servicios prestados a su causa. El resultado fue la expedición una orden real el 15 de mayo de 1817, mediante la cual decidió rebajar un peso en el tributo y premiar a los caciques pastusos, como antes se había hecho con el cacique de Mamatoco.

 

Pero después de la batalla de Boyacá, las fuerzas realistas debieron ponerse a la defensiva. Para enero de 1820 en Pasto se había reunido un ejército formado por fuerzas de Quito enviadas por Melchor Aymerich, aumentadas por las tropas reunidas por José María Obando, Simón Muñoz y otros caudillos de la región, bajo el liderazgo de Sebastián de la Calzada, un comandante de la expedición de Morillo que había emigrado a Popayán. Este ejército se componía de cerca de 3.000 hombres, aunque de escasa disciplina y entrenamiento, y precariamente armados. Como era previsible, este ejército improvisado y mal armado fue derrotado finalmente por la tenaza republicana que lo acorraló definitivamente una vez tomado Quito por el ejército de Sucre y Popayán por el de Bolívar, a mediados de 1822.

 

Sin embargo, ni la toma de Pasto ni su pacificación resultaron tarea fácil para los republicanos. Los hechos demostrarían que no bastaba con seducir a los dirigentes para pacificar a los pastusos. Al poco tiempo del viaje de Bolívar a Quito estalló en Pasto la primera rebelión popular antirrepublicana. El 8 de octubre de 1822, cuando nadie se lo esperaba, una incontenible masa de indígenas mal armados y encabezados por dos veteranos del ejército del rey se tomó la ciudad de Pasto y derrocó al gobierno republicano, restableciendo brevemente el gobierno realista. En diciembre Pasto fue tomada a sangre y fuego por un ejército llegado de Quito al mando del general Sucre. Muchos pastusos murieron en la refriega y al menos 1.300 realistas reconocidos fueron deportados, muriendo muchos de ellos en el camino a Guayaquil.

 

Bolívar regresó a Pasto en enero de 1823 y decretó duras sanciones económicas. A finales de enero, además de las exacciones en dinero en especie, se desterraron otros 1.000 pastusos. La sangrienta represión encabezada por Sucre y el despótico gobierno del general Bartolomé Salom no hicieron más que exacerbar el odio de los pastusos contra la república y sus representantes. Poco después estalló nuevamente la rebelión, esta vez comandada por un indio que había sido coprotagonista del anterior levantamiento y que mantenía estrechos vínculos con los dirigentes étnicos de la región. En esta ocasión Agustín Agualongo logró levantar en muy poco tiempo un ejército de indígenas, restablecer la alianza con los patianos, y asestar un nuevo golpe al ejército republicano, ahora encabezado por el coronel Juan José Flores.

 

Los principales soportes de Agualongo fueron los campesinos mestizos e indios, los esclavos negros de las minas de Barbacoas, y algunos hacendados y negros libres del Patía. Luego de la defección de la elite local durante la ocupación republicana y la rebelión de Boves, y de parte del clero que siguió la "conversión" republicana del obispo de Popayán, la resistencia realista consistió principalmente en bandas de indios que rondaban las montañas de Pasto emboscando a los soldados republicanos y cometiendo actos de bandidaje, tal como ocurría al mismo tiempo con los seguidores de Bustamante en los alrededores de Ciénaga y Santa Marta.

 

A pesar de la persecución de las tropas republicanas y del repudio de los antiguos realistas de la élite pastusa, la rebelión se sostuvo y se extendió entre junio y julio de 1823, cuando, después de tomarse a Ibarra, los pastusos fueron atacados y masacrados por un numeroso ejército comandado por Simón Bolívar. Un año después Agualongo fue apresado y fusilado en Popayán. Aun así, las guerrillas de campesinos pastusos y patianos sobrevivieron por lo menos hasta 1828, cuando apoyaron con entusiasmo al ejército que se enfrentó a la dictadura de Bolívar al mando del antiguo general realista José María Obando.

 

Entonces, ¿no hubo indios "patriotas" en la Nueva Granada?

 

Curiosamente, en la historia escrita sobre la Independencia de la Nueva Granada se ha dedicado más espacio a los indios "realistas", que a aquellos que se alistaron en los ejércitos patriotas o combatieron a su lado. Este silencio bien podría deberse a la ausencia de grandes movilizaciones colectivas o acciones militares destacables de parte de los indígenas en favor de la independencia. No obstante, en la Nueva Granada los ejércitos de uno y otro bando reclutaron indistintamente a indios, negros y mestizos. De hecho, indígenas de todas las provincias debieron servir como cargueros, proveedores, enfermeros o soldados tanto en los ejércitos patriotas como en los realistas.

 

Existen, por lo demás, claros indicios de que en aquellas regiones en las cuales la población indígena era mayoritaria o tenía un importante peso demográfico, los dirigentes patriotas hicieron todo lo posible por obtener su apoyo, ya fuese este logístico (alojamiento, alimentos, bestias) o militar, mediante la recluta de cargadores o combatientes. Y en más de una ocasión lo lograron. Tal fue el caso, por ejemplo, de Antonio Nariño, quien antes de emprender su desafortunada expedición al sur del año 1813, solía pasearse por las calles de Santa Fe acompañado del cacique del pueblo de La Plata, Martín Astudillo, quien le había ofrecido el apoyo de los indios de su comunidad para cruzar el temible páramo de Guanacas en su paso hacia Popayán y Pasto. También los Paeces de Tierradentro jugaron un papel muy destacado en las luchas emancipadoras del lado patriota. La reconocida beligerancia de estos indios y la localización de su pueblo en la vía de paso de las tropas patriota hacia el sur, llevó a que sus hombres fueran reclutados como soldados en importante número, y que incluso algunos de ellos alcanzaron prestancia, como el coronel Agustín Calambás, quien al mando de los suyos fue apresado y fusilado por los realistas en Pitayó, en medio de la campaña de Reconquista. Igualmente destacada fue la participación de los paeces en otros hechos de guerra como la toma de Inzá en 1811, o las batallas del Bajo Palacé y Alto Palacé, Calibío, Río Palo, Cuchilla del Tambo, y Pitayó.

 

De los indios "patriotas" de la región Caribe se sabe menos. No obstante, hay indicios de que algunos pueblos fueron incendiados por sus propios moradores antes que entregarlos a las tropas del ejército español de Reconquista, como fue el caso de Turbana, en las goteras de Cartagena. En otros lugares de esta misma provincia, los indios resistieron activamente a las tropas de Morillo, tal como sucedió en los pueblos de Malambo, Usiacurí, Baranoa, y Galapa, cercanos a la insurgente villa de Barranquilla, en algunos de los cuales se formaron guerrillas de apoyo a los ejércitos patriotas.

 

* Doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor titular de la Escuela de Historia de la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga.

 

Bibliografía

Earle, Rebecca. Regional Revolt and Local Politics in the Province of Pasto (Colombia), 1780-1850. (M. A. Dissertation, University of Warwick, 1989).

Guerrero Vinueza, Gerardo León. Pasto en la guerra de Independencia, 1809-1824, Bogotá: Tecnoimpresores, 1994.

Guerrero,Gustavo S. Documentos históricos de los hechos ocurridos en Pasto en la guerra de Independencia, Pasto: Imprenta del Departamento, 1912.

Gutiérrez Ramos, Jairo. Los indios de Pasto contra la República (1809-1824), Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2007.

Helg, Aline. Liberty & Equality in Caribbean Colombia, 1770-1835, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2004.

Ortíz,Sergio Elías.Agustín Agualongo y su tiempo, Bogotá: Cámara de Representantes, 1987.

Polo Acuña, José. "Los indígenas de la Guajira en la independencia de las provincias caribeñas de la Nueva Granada", en: Memoria y Sociedad, Bogotá, vol.,15, Nº30 (enero-junio2011), pp. 21-37.

Restrepo Tirado, Ernesto. Historia de la Provincia de Santa Marta, Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 1953.

Restrepo, José Manuel. Historia de la revolución de Colombia, Medellín: Bedout, 1969. Vol. 1.

Sæter, Steinar. Identidades e Independencia en Santa Marta y Riohacha, 1750-1850, Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2005.

Zuluaga, Francisco. José María Obando. De soldado realista a caudillo republicano, Bogotá: Banco Popular, 1985.