Sábado, 11 Mayo 2019 05:20

El veneno que nos legó Monsanto

El veneno que nos legó Monsanto

Ya son más de 13 mil juicios iniciados contra Monsanto (ahora propiedad de Bayer) por haber causado cáncer a los demandantes o a sus familiares con el uso del herbicida glifosato, a sabiendas de los peligros que implicaba y sin informar de los riesgos a las personas expuestas. Son, en su mayoría, personas que aplicaban el agrotóxico sea en su trabajo agrícola, de jardinería o parques. En 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el glifosato es cancerígeno para animales y probable cancerígeno en humanos.

El primer juicio que ganó una víctima, en agosto de 2018, fue la demanda de D. Lee Johnsson, un jardinero que aplicó glifosato por dos años en una escuela, a partir de lo cual contrajo el cáncer linfoma no-Hodgkin. (https://tinyurl.com/y5umrtt3). Un juez de San Francisco condenó a Monsanto-Bayer a pagar 289 millones de dólares en primera instancia, pero luego de que Bayer apelara quedó en 78 millones. En otro juicio, en marzo 2019, se dictaminó que Monsanto-Bayer debe pagar 80 millones de dólares a Edwin Hardeman por ser responsable de su enfermedad. Está a punto de concluir en Oakland el tercer juicio similar, iniciado por el matrimonio Pilliod contra Monsanto. Tienen 70 años y ambos padecen cáncer. Se espera que nuevamente sea un dictamen multimillonario en favor de las víctimas. (https://usrtk.org/monsanto-papers/)

Paralelamente, en Europa, Monsanto perdió por tercera vez, en abril de 2019, el juicio iniciado por el agricultor francés Paul François, quien sufre daños neurológicos por el uso del herbicida Lasso, con otro componente agrotóxico.

Bayer, que finalizó la compra de Monsanto en 2018, ha perdido hasta el momento más de 30 mil millones de dólares por la disminución del valor de sus acciones, por el impacto negativo de los resultados de los juicios sobre glifosato. El 26 de abril 2019, 55 por ciento de accionistas de Bayer votó contra las estrategias del directorio, liderado por Werner Baumann, que defendió la compra de Monsanto.

El glifosato, inventado por Monsanto en 1974, es uno de los herbicidas más usados en el mundo. Se vende bajo muchas marcas, como Faena, Rival, RoundUp, Ranger y otras. Las cantidades aplicadas aumentaron exponencialmente con la liberación de cultivos transgénicos resistentes a herbicidas. El aumento de su uso produjo resistencia en más de 25 tipos de malezas, creando un círculo vicioso de aplicar cada vez más glifosato. Se han encontrado cantidades elevadas de residuos de glifosato en alimentos, fuentes de agua y test de orina, sangre y leche materna en varios países y continentes, fundamentalmente en los mayores productores de transgénicos.

En todos los casos de juicios nombrados, los jueces dictaminaron en favor de las víctimas porque hallaron que Monsanto sabía de los riesgos y no lo explicó en etiquetas ni estrategia de venta de los productos. El punto es central, ya que el argumento de Monsanto es que las agencias regulatorias, como la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) anuncian el glifosato como un herbicida de bajo riesgo.

No obstante, en el curso de los juicios Monsanto ha tenido que liberar documentos internos que prueban que tenía estudios propios muy tempranos que mostraban el potencial carcinogénico del glifosato y que pese a ello se dedicó durante décadas a escribir artículos que lucieran como si fueran científicos negando la toxicidad del glifosato, que luego acordaron con diferentes autores supuestamente científicos que los publicaran en su nombre sin mencionar a Monsanto.

Varios de esos artículos fueron listados por la EPA para determinar que el glifosato era casi inocuo a la salud. La organización US Right To Know ha publicado en su sitio dedicado a los juicios contra Monsanto documentos desclasificados hasta 2019 con pruebas y nombres de varios autores y artículos falseados (https://usrtk.org/monsanto-papers/).

En un reciente artículo de Nathan Donley y Carey Gillam en The Guardian, denuncian que Monsanto nunca realizó estudios epidemiológicos del uso de glifosato para ver su potencial cancerígeno, y en su lugar dedicó enormes sumas de dinero (hasta 17 millones de dólares en un año) para hacer campañas de propaganda, artículos de opinión de periodistas sesgados y actuar como escritor fantasma de artículos científicos que afirman que el glifosato es inocuo o no tiene grandes riesgos. Esto aumentó luego de la declaración de la OMS en 2015 (https://tinyurl.com/yxkrw4l9).

También dan a conocer correos electrónicos de Monsanto con la consultora de "estrategia e inteligencia política" Hakluyt, en julio de 2018, que revelan que la Casa Blanca afirma que "le guardará la espalda a Monsanto" en cualquier caso y que pese a los estudios que muestran toxicidad no votarán nuevas regulaciones. (https://tinyurl.com/yxcbswp5)

Son abrumadoras las evidencias de que se debe prohibir el glifosato. Varias ciudades estadunidenses y algunas latinoamericanas ya lo han establecido. El tema no es solamente este tóxico o sólo Monsanto-Bayer. Todas las trasnacionales de agronegocios tienen estrategias parecidas para vender veneno a costa de la salud y el medio ambiente. Hay que avanzar en la eliminación de todos los agrotóxicos.

 

Por Silvia Ribeiro,  investigadora del Grupo ETC

 

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¿Calentamiento Global? ¿Cambio Climático? ¿Desequilibrio climático? ¿De qué hablamos y qué podemos hacer?

La lucha contra el cambio climático es una emergencia global que no admite excusas. Es alentador comprobar que los jóvenes, -principales sufridores de las consecuencias futuras-, se han puesto en marcha para interpelarnos. Siempre hubo huracanes, grandes borrascas, sequías y otros fenómenos climáticos, pero es un hecho constatable que cada vez son más frecuentes e intensos.


La principal causa de este cambio o desequilibrio son las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la actividad humana.


Los datos del IPCC (Panel Intergubernamental del Cambio Climático) son concluyentes respecto a lo que está sucediendo con el clima global: los fenómenos atmosféricos extremos se correlacionan con la temperatura de la superficie del mar en los océanos, que han capturado el 90% del calor adicional producido en los últimos 50 años. Tenemos la obligación de reducir los efectos potenciales de ese calentamiento. Abordar medidas para la mitigación y para la adaptación, lo que implica actuar para minimizar los efectos que empezamos a sufrir. Eso supone la reducción de las concentraciones de gases de efecto invernadero, preferiblemente mediante la reducción de sus fuentes. Pero no se están tomando medidas para lograr una reducción significativa. En muchas regiones del Hemisferio Sur se da por sentado un incremento de temperaturas excesivo.


En países como España, asumiendo el cumplimiento del Acuerdo de París, supondría, en cualquier caso, un aumento en torno a los 4ºC, con terribles consecuencias, ya anticipadas científicamente, para el sector agrícola y las poblaciones costeras, por la subida del nivel del mar.


No hay un Acuerdo Internacional de cómo gestionar la capacidad de carga de la biosfera, de absorber los residuos de nuestra actividad industrial. Lo de París fue un acuerdo de mínimos y no va a tener trascendencia en el control de emisiones.


Hoy existen más refugiados por causas climáticas que por guerras: según datos de Naciones Unidas hay más de 20 millones de personas desplazadas por desastres ecológicos. Los que quieren seguir pensando que son fenómenos naturales quizá no sepan que, en muchos de esos focos de emigración, por ejemplo, en África, sus habitantes llevaban siglos viviendo en durísimas condiciones climatológicas y sabían afrontarlo. Los desplazamientos son algo nuevo y en muchos casos tienen que ver con las políticas de los Gobiernos, favorecedoras de las grandes Multinacionales y de los monocultivos y sobreexplotación de recursos. Acaparan tierras, pero, más dramático aún, acaparan agua en muchos sitios donde ya de por sí escasean y obligan a sus moradores a desplazarse. En ese sentido el Brasil de Bolsonaro nos sirve de triste ejemplo. Lo primero que ha hecho al llegar al poder ha sido desproteger los territorios del acoso de grandes corporaciones madereras, ganaderas o extractivistas en general.


El cambio de paradigma necesario requiere actuar en distintos frentes:


Movilidad global, ordenación del territorio, sobre todo en los crecimientos urbanísticos desproporcionados que generan mayor necesidad de desplazamientos; Gestión hídrica y cierre del ciclo natural del agua. Recuperación de sistemas de protección naturales en nuestro litoral, que eviten las consecuencias de tener buena parte de nuestra costa encementada; mantenimiento de zonas forestales en condiciones óptimas que eviten o minimicen los incendios forestales que cada vez afectan con más intensidad y a mayores extensiones.
Desafortunadamente la mayoría de los medios de mitigación parecen efectivos para prevenir calentamiento adicional, no para revertir el calentamiento existente. Y eso es preocupante. Medidas como: reducir la demanda de bienes y servicios que producen altas emisiones, incrementar la eficiencia, el uso y desarrollo de tecnologías de bajo nivel de CO2 e ir sustituyendo los combustibles fósiles. Incrementar la eficiencia energética de los vehículos, dando mayor peso en el transporte terrestre al ferrocarril y al transporte colectivo. Se precisan cambios en los estilos de vida y en las prácticas de negocios. Así como en el planeamiento urbano, que también debería servir para reducir la expansión descontrolada de las ciudades y con ello, reducir los km viajados, minimizando las emisiones del transporte.


La planificación urbana tiene un efecto evidente sobre el consumo de energía. El uso ineficiente de la tierra, muchas veces tierra fértil escasa, para los desarrollos urbanísticos, más allá de las necesidades reales, y basándolo en la especulación, ha aumentado los costes de infraestructura, así como la cantidad de energía necesaria para el transporte, los servicios comunitarios y en edificios. Se podrían reducir los consumos energéticos considerablemente a través del uso más compacto y mezclado de los patrones del suelo.
El parque urbanístico construido a toda velocidad en los años de la burbuja, no ha cumplido los estándares adecuados desde el punto de vista de eficiencia energética y aprovechamiento pasivo de energía, y, para colmo, la especulación ha impedido cubrir las necesidades de vivienda de la población. Se necesita mejorar la eficiencia energética del parque edificatorio y facilitar el derecho a disfrutar de viviendas en condiciones dignas.


Una grave derivada tiene que ver con la especulación en el litoral. La invasión urbanística del espacio costero y llanuras de inundación ante fenómenos cada vez más fuertes hace también a las poblaciones litorales más vulnerables a sus efectos.


Otro grave problema es el imparable proceso de desertificación donde concurren diversos factores que se van sumando para empeorar la situación: la pésima gestión del ciclo del agua, sobre todo por el elevado peso de la que se destina a regadíos y asimismo la falta de protección a lugares de especial relevancia y valor natural, como el emblemático PN de Doñana, con su especialmente vulnerable y frágil marisma, de extraordinaria importancia como lugar de paso, cría e invernada para miles de aves. Porque también cumplen las marismas importantes funciones, como la de amortiguar y minimizar las corrientes marinas cuando hay mucho viento o tormentas, y esa es una función fundamental en relación a la protección del litoral frente al cambio climático, que no siempre se considera, cuando se le da vía libre a procesos de encementado del litoral.


A lo anterior hay que agregar la acelerada subida del nivel del mar, que además es cada vez más rápida: desde los 1,2 mm año del periodo 1901 a 1990 a los 3,4 mm anuales de los últimos años, que además en el litoral malagueño llega a ser de 9 mm/año. Este incremento del nivel del mar se suma al producido por el oleaje amplificando la zona inundada por el mar.


La conclusión es clara: es urgente tomar medidas contra el cambio climático, de mitigación y de adaptación.


En 2017, la que fue secretaria general del Convenio Mundial contra el Cambio Climático, Christiana Figueres, publicaba en la revista ‘Nature’ un manifiesto en el que advertía que nos quedaban tres años para cambiar la actual tendencia en materia de cambio climático y comenzar a reducir las emisiones. O sea, para 2020 debían estar en marcha medidas ambiciosas. Planteaba el desarrollo de una hoja de ruta de 6 puntos en sectores concretos que nos permitieran alcanzar ese objetivo.


El sector de la producción de energía es clave: el ambicioso objetivo era alcanzar con energías renovables para el año 2020 un 35% de la producción energética global. En materia de transporte vehículo eléctrico eficiente, pero mejor aún, ferrocarril movido por electricidad procedente de renovables. Detener totalmente la destrucción de las selvas y bosques tropicales, hoy tan amenazados. Y aquí tenemos pendiente buscar soluciones a los graves problemas de nuestras masas forestales, como la seca del alcornocal y mal estado de encinares y pinares, o frenar la expansión de eucaliptales que promueven empresas como ENCE para pasta de papel. Fundamental detener la degradación de los suelos. Las soluciones están ahí, y hay que ponerlas en marcha.


La lucha contra el cambio climático es una emergencia global que ya no admite excusas. Aceleremos las actuaciones necesarias. Los jóvenes y el futuro lo están demandando.

15 marzo, 2019
Por Carmen Molina Cañadas

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Viernes, 22 Febrero 2019 06:30

Trump y la guerra del petróleo

Trump y la guerra del petróleo

Donald Trump ha ordenado apremiar el plan imperial para desestabilizar Venezuela, promover una guerra civil que justifique su intervención militar y tomar el control de la mayor riqueza petrolera del planeta. Hoy da un paso más en su plan de guerra bajo la máscara de la mendaz "ayuda humanitaria" transportada en aviones militares estadunidenses para tratar de introducirla por la ciudad de Cúcuta, fronteriza con la nación bajo el régimen chavista.

La violencia del plan imperial de guerra contra Venezuela es directamente proporcional a la amenaza que enfrenta la nación del norte de que su auge petrolero esté llegando a su límite, con los precios actuales del crudo, y se reinicie la declinación de sus reservas de hidrocarburos y disminuya su producción interna.

Estados Unidos es el país de mayor consumo de combustibles fósiles del planeta. Su consumo de representa 20 por ciento del total mundial contra 11 por ciento de China, que con su excesivo consumo ocupa el segundo lugar.1 Precisamente, la declinación de sus reservas en los años sesenta del siglo XX y en su ritmo de producción de crudo a finales de 1970 y del gas a partir de 1973, impulsó a sus gobiernos a poner en práctica un conjunto de acciones que estremecieron el mercado mundial, destruyendo la economía y el tejido social de extensas regiones de Medio Oriente y África.

Frente al talón de Aquiles que era depender 80 por ciento de sus importaciones petroleras de la OPEP, establecieron una alianza con países como Irán, bajo el mandato del sah Reza Pahlevi, para un aumento de petroprecios que favoreciera la explotación de yacimientos en otras regiones, incluyendo su propio territorio.2

Estados Unidos logró optimizar el consumo del crudo en su mercado interno, en particular en la industria, y disminuir su dependencia de la OPEP, pero no logró frenar la declinación de sus reservas. La caída en la rentabilidad para explotar sus yacimientos fue consecuencia del prolongado desplome que atravesaron los precios reales del petróleo que los redujo 83 por ciento en 1998 respecto a 1980.3 Por lo tanto, sus reservas de crudo y gas continuaron declinando llegando, en el caso del gas, a su nivel mínimo en 1993 con 171 trillones de pies cúbicos y, en el caso del petróleo, en 2008, con 19 mil millones de barriles.

Frente a ese panorama de menor disponibilidad, Estados Unidos reaccionó como león herido. En su interior impulsó, aun por encima de su legislación vigente de protección ambiental, la técnica del fracking para recuperar los combustibles fósiles.4 Hacia el exterior fue el eje articulador de todos los eventos violentos y de guerra que se extendieron en regiones petroleras; siempre invocando como pretexto cínicas mentiras y personajes manipulados.

El fracking colocó a Estados Unidos frente a un auge en disponibilidad y producción de reservas de hidrocarburos sin precedente, logrando lo siguiente: a) aumentar las reservas en 2017 a 39 mil 157 millones de barriles y 464.3 trillones de pies cúbicos, respectivamente; b) incrementar la producción de petróleo a finales de 2018 a 11 millones 900 mil barriles por día; c) disminuir las importaciones netas de petróleo a finales de 2018 a un millón 589 mil barriles por día y a disponer, por segundo año consecutivo, de un excedente neto de gas natural para exportación.5

Hoy el interés imperial de adueñarse del control del hidrocarburo de Venezuela tiene entre otros, tres objetivos principales: 1) asegurar un abastecimiento adicional de crudo importado y estratégico como el que ya le suministra Canadá y cubrir desde el continente americano el total de sus requerimientos de importación; 2) provocar un desplome de petroprecios que arrastre a una mayor crisis a todos los países productores y exportadores del combustible, incluyendo a sus "aliados"; lo cual alcanzaría a Rusia; 3) colocar bajo el precio de esta mercancía, como sucedió en el cuarto ciclo en la historia del petróleo de 1932 a 1970 y salir de la larga depresión económica que atraviesa.

Por Francisco Colmenares, jubilado de Pemex, economista.

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1 Datos para 2017 del BP Statistical Review of World Energy, junio de 2018.

2 Estados Unidos a través del sah de Irán logró llevar a la OPEP a aprobar las mayores alzas en los precios del petróleo desde el siglo XIX. La revelación del tejido de esta estrategia fue realizada por Zaki Yamani en 2007, mencionando públicamente el nombre de su artífice: Henry Kissinger. Yamani, Zaki, Conferencia titulada "OPEP: pasado, presente y futuro", en Madrid el 21 de noviembre de 2007, dentro del ciclo de conferencias del Real Instituto Elcano.

3 Datos de la serie de precios históricos del petróleo a valor de 2017 publicados por British Petroleum.

4 Método de extracción que consiste básicamente en fracturar mediante agua a presión mezclada con arena y elementos químicos las zonas rocosas del subsuelo en las que están alojadas las reservas de hidrocarburos.

5 El atentado criminal y siniestro a las Torres Gemelas de Nueva York y las instalaciones del Pentágono, el 11 de septiembre de 2001, reconocido por Osama Bin Laden, reclutado por la CIA para operaciones en Afganistán, fue utilizado por el gobierno de George W. Busch para intensificar operaciones intervencionistas de Estados Unidos.

Publicado enCrisis Venezuela
Lunes, 04 Febrero 2019 06:38

Crear valor

Crear valor

Reducido a su esencia, el propósito de la actividad económica en una sociedad es producir bienes y servicios para ser consumidos ahora o en el futuro.


La diferencia temporal es del todo relevante: significa que parte de la disponibilidad de los recursos tiene que invertirse para que el proceso no sólo pueda continuar, sino lo haga de manera ampliada para satisfacer las crecientes y cambiantes necesidades de la población hoy y después.


Es necesario, entonces, el ahorro, que consiste en la diferencia entre el ingreso y el consumo, tanto privado como público. La capacidad de ahorro en una sociedad puede asociarse con el fenómeno de la desigualdad, aunque no necesariamente las cuentas al respecto son una operación aritmética simple.


Su derivación de los métodos de la contabilidad nacional es cuestionable, a partir de la consolidación de ese concepto muy poco claro, lleno de concepciones técnicas, trucos e ideología que es el producto interno bruto, que se mide cada año y sobre el que se fija la política del gobierno desde el presupuesto.


Se trata, pues, de crear valor de modo constante. Esa es la fuente de la riqueza. Producir y distribuir los ingresos que se generan es factor clave de cualquier organización social. Cada modo de producción resuelve este problema de manera distinta. Cada uno entraña sus propios conflictos. No es un asunto meramente técnico y ocurre, por supuesto, dentro de un entramado políticamente determinado.


En principio la producción crea valor, pero es un proceso que tiene fugas. Esto quiere decir que al mismo tiempo ocurre también una extracción de valor que es apropiado por ciertos agentes económicos. Se trata, por ejemplo, de una diversidad de rentas que se derivan de posiciones de control, ya sea en la misma producción como ocurre con los monopolios o concesiones especiales para explotar algún recurso.


Otra forma de extracción son los impuestos. La justificación de los impuestos o tributos –los términos mismos son muy indicativos de lo que representan– es diversa y su uso por parte del Estado o el gobierno es controvertido.


Los impuestos son recursos que pueden ser usados para crear valor, siempre y cuando soporten la generación de riqueza. No es sencillo calificar el gasto del gobierno en cuanto a su capacidad de generar valor, no es clara la utilización eficiente de los recursos que concentra. También es justificable en principio su asignación con otros criterios.
En un sentido técnico eso tiene que ver, por ejemplo, con la manera en que se fijan los precios de los servicios públicos, cuestión que difiere del sector privado, donde una referencia son los precios en el mercado.


Los subsidios son de tipos muy variados y repercuten en la distribución del ingreso. Sería necesario cuantificar los efectos que tienen en la creación de valor y riqueza. La eficacia del uso de los recursos públicos es un asunto complejo, como puede advertirse.


En el caso de las actividades financieras la experiencia reciente de la crisis de 2008 ha puesto en evidencia que muchas de ellas no crean valor, sino lo extraen mediante la apropiación de rentas que distorsionan la actividad productiva y concentran la riqueza. Hay, sí, un uso productivo de las transacciones financieras.


La efectividad de la inversión privada se mide, finalmente, en las utilidades que genera luego del pago de los impuestos y en entornos distintos de competencia en el mercado. La efectividad del gobierno no se mide necesariamente por ese rasero. Lo nebuloso que en muchas ocasiones resulta la actividad productiva del gobierno y su capacidad de generar valor es hoy un asunto explícito en el país en torno a la grave crisis de Petróleos Mexicanos y no es el único caso.


Con respecto a lo esencial de la creación de valor por medio de la actividad productiva para consumir hoy y en el futuro, se aprecia que de modo recurrente tiende a producirse menos en lugar de alcanzar el potencial de utilización de los recursos materiales, financieros y especialmente la fuerza de trabajo.


Esta situación se justifica con argumentos tales como el riesgo de un alza en la inflación, los déficits en la balanza de pagos, los desequilibrios del presupuesto, el aumento de la deuda pública y privada o el colapso del peso. Todo esto se expresa finalmente en la distribución del ingreso y la riqueza.

 

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EE UU encadena 100 meses seguidos de creación de empleo

El cierre parcial del Gobierno no tuvo un efecto perceptible en el mercado laboral. El paro sube al 4% porque hay más gente que busca empleo

La creación de empleo en Estados Unidos se aceleró en enero, tras registrarse 304.000 ocupados. El dato es muy sólido y revela que el cierre parcial del Gobierno no tuvo un efecto perceptible en el mercado laboral. Se encadenan así 100 meses consecutivos en positivo. La tasa de paro subió, entretanto, una décima y se coloca en el 4%, porque la tasa de participación laboral crece.


Esta primara lectura está sujeta a dos revisiones, por lo que puede fluctuar. Se ve en el dato que se da ahora para diciembre, que queda en 222.000 ocupados frene los 312.000 que se anunciaron hace un mes. Pese a este recorte, la tendencia confirma que la economía avanza en la buena dirección y eso daría munición a la Reserva Federal para subir los tipos de interés en junio o más adelante.


La racha de creación de empleo en EE UU comenzó en octubre de 2010. Es la más prolongada de la historia y machaca los 48 meses que se encadenaron hasta junio de 1990. Pero, a diferencia de otras fases expansivas, la intensidad en la contratación es más baja. La media actual está siendo próxima a los 200.000 ocupados mensuales. Solo fue más baja en el periodo que finalizó en 2007, antes de la crisis mundial.


Se esperaban 170.000 nuevos ocupados y que el paro se mantuviera en el 3,9%. Era, en todo caso, difícil de entender las consecuencias del parón gubernamental. El mes de enero suele verse afectado por los empleos que se pierden tras la temporada de compras navideñas. Enero fue, además, más cálido de lo normal, lo que podría haber compensado al incentivar el consumo.


El litigio presupuestario afectó a 800.000 funcionarios. La mitad se quedó en casa sin paga. La disrupción afectó a nueve departamentos y a las agencias que están bajo su paraguas. Los empleados esenciales tuvieron que trabajar sin cobrar. Pero el mercado laboral cuenta con cerca de 163 millones de ocupados. El efecto, según el Departamento de Empleo, fue “discernible”.


La oficina presupuestaria del Congreso estimó el impacto económico del cierre parcial en unos 11.000 millones de dólares. Duplica la estimación que hizo la agencia de calificación Standard & Poor's para el periodo que duró el bloque político en Washington y también los 5.700 millones que solicita el presidente Donald Trump para financiar con fondos públicos la construcción del muro.


El efecto, en todo caso, es menor si se compara con el tamaño de la economía de Estados Unidos. La publicación del indicador que mide el producto interior bruto se aplazó como consecuencia del parón gubernamental, que afectó al Departamento de Comercio. Será el correspondiente al cuarto trimestre de 2018. El lastre se notará más en el arranque de 2019, el mes más débil por el invierno.


La Fed decidió esta semana dejar intactos los tipos de interés en una banda entre el 2,25% y el 2,5%. El presidente Jerome Powell dio la indicación más clara hasta ahora de que no encarecerá mucho más el dinero y se mostró paciente al avanzar en el proceso de normalización. La inflación le da margen para ir con cautela, para no pasarse de frenada al retirar los estímulos monetarios.


Powell ya anticipó la posibilidad de una pausa hace unas semanas, lo que dio aire caliente a Wall Street tras sufrir un diciembre de vértigo como no se veía desde la Gran Depresión. El sentimiento en el parqué es justo el opuesto y provocó que el índice S&P 500 avanzara casi un 8%, en el mejor enero desde 1987. Otro de los factores de sustento es el optimismo en la negociación con China

Por SANDRO POZZI
Nueva York 1 FEB 2019 - 09:31 COT

 

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En medio de las crisis latinoamericanas, ¿por qué florece la Bolivia de Evo Morales?

El país del altiplano mantiene hace más de una década una estabilidad, crecimiento económico y mejora de los índices sociales que contrasta con sus vecinos.

En enero de 2006, por primera vez en la historia de Bolivia, asumía el Gobierno un presidente indígena. Evo Morales Ayma, dirigente sindical cocalero, había triunfado meses antes con más del 50% de los votos en una elección sin precedentes.


Su victoria se inscribió en una oleada progresista y de izquierda que llegó a los Gobiernos de América Latina durante los primeros años del siglo XXI. Para ese entonces ya estaban en la presidencia Hugo Chávez en Venezuela, Lula da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina y Tabaré Vázquez en Uruguay. Unos meses después se sumaría Daniel Ortega en Nicaragua y en 2007 Rafael Correa en Ecuador.


No obstante, en comparación con sus pares (quizás exceptuando el caso uruguayo), Bolivia logró consolidarse como un modelo social, político y económico estable que no sufrió las crisis económicas y políticas de Venezuela o Nicaragua ni perdió el Gobierno mediante golpes de Estado e 'impeachments' –como en Brasil, Honduras y Paraguay– o elecciones –como en Argentina–. ¿A qué se debe esta excepcionalidad?


Estadísticas contundentes


Según datos del Banco Mundial, en 2006 el Producto Bruto Interno (PBI) boliviano era de 11.452 millones de dólares. Para 2017 ese número había aumentado más de tres veces llegando a 37.509 millones. En el mismo período de tiempo, el ingreso anual per cápita pasó de 1.120 dólares a 3.130 y la esperanza de vida subió de 64 a 71 años. A su vez, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del país, sostiene que la pobreza se redujo del 59,9% cuando asumió Evo Morales al 36,4% el año pasado.


Por otra parte, como remarca el investigador y máster en Desarrollo Económico y Sostenibilidad Sergio Martín-Carrillo, Bolivia "ha sido el país suramericano que mayor crecimiento económico ha experimentado, incluso manteniendo un ritmo por encima del 4% a pesar del contexto de debilidad que vive la región desde el año 2015". Esto fue acompañado de un descenso constante de la inflación, que pasó de un 12% en 2007 a menos de un 2% en lo que va de 2018.


Estos logros se sostuvieron en una política que contradice los postulados neoliberales que impulsan hoy Gobiernos de países vecinos como Argentina, Chile, Paraguay o el electo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.


Las razones


El sociólogo y escritor boliviano Antonio Abal enumeró en diálogo con este medio "los ejes del sostenido crecimiento de la economía de Bolivia".


Según su mirada, se trata de una política basada en "nacionalizaciones de sectores estratégicos, como las comunicaciones, los hidrocarburos y la minería"; la redistribución de los ingresos estatales, "sobre todo en infraestructura productiva"; el "fortalecimiento del mercado interno"; una política monetaria de "apreciación de la moneda nacional", es decir, una "desdolarización de la economía"; y finalmente una fuerte inversión en procesos industriales como el "litio, lácteos, textiles, etc. y fomento de las pequeñas y medianas empresas, con facilidades en los soportes crediticios".


En el mismo sentido se expresó el vicepresidente del país, Álvaro García Linera, en una entrevista con Página/12, donde explicó lo que para él son los cuatro factores principales de este éxito económico.


En primer lugar, que el Estado controle como propietario los principales sectores generadores de excedente económico: hidrocarburos, electricidad y telecomunicaciones. Por otra parte, llevar a cabo una redistribución de la riqueza, "pero de una manera sostenible", de forma que "los procesos de reconocimiento y ascenso social de los sectores subalternos populares e indígenas tenga una sostenibilidad en el tiempo".


En tercer lugar, al igual que como sostiene Abal, "apuntalar el mercado interno" y, por último, la "articulación entre el capital bancario y el productivo, lo que implica que el 60% de los ahorros de los bancos se dirige al sector productivo, generando mano de obra".


Políticas públicas de redistribución


A esto se suma una serie de programas sociales que han acompañado la mejora económica y han sido los dispositivos que han garantizado una redistribución de la riqueza. En ese sentido, Martín-Carrillo enumeró tres que considera los más importantes: el Bono Juancito Pinto, la Renta Dignidad y el Bono Juana Azurduy


El primero de estos fue lanzado durante el primer año de Gobierno y apunta a que los niños y niñas finalicen la escuela. Supone un aporte de 200 bolivianos (29 dólares) a estudiantes de escuelas públicas a cambio de que sostengan un mínimo de un 80% de asistencia a clases. Durante 2018 hubo 2.221.000 de estudiantes beneficiados por esta iniciativa. A su vez, esto logró que entre 2006 y 2017 la deserción escolar en primaria cayese del 6,5% al 1,8% y en la educación secundaria fue del 8,5% al 4%.


Por su parte, la Renta Dignidad, vigente desde 2007, apunta a la población de adultos mayores –60 años o más– e implica 250 bolivianos (36 dólares) para las personas con pensiones de jubilación y 300 (43 dólares) para personas que no tienen pensiones de jubilación.


Finalmente, el Bono Juana Azurduy está dirigido a mujeres gestantes a las cuales estipula el cumplimiento de cuatro controles prenatales, parto institucional y control postparto, así como para niños y niñas condicionado a 12 controles integrales de salud bimensual.


También ha habido una política agresiva de incremento del Salario Mínimo Nacional, que en 2005 equivalía a 440 pesos bolivianos (57 dólares de aquel entonces) y en la actualidad llega a 2.060 (298 dólares). Asimismo, este año, debido al crecimiento económico, tal como informó la Agencia Boliviana de Información, el Ejecutivo dispuso el pago del doble aguinaldo para todos los trabajadores públicos y privados.


Un proceso con debates y tensiones


Más allá de su situación actual, los Gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) no han estado al margen de problemas, algunos incluso muy graves. Quizás, el punto más álgido fue en el año 2008, cuando la llamada 'Media Luna', que incluía cuatro departamentos orientales del país, intentó escindirse del resto del territorio por acción de los sectores de la derecha boliviana que contaban con el apoyo solapado de EE.UU.


No obstante, con respaldo de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), esa crisis logró ser superada y apenas unos meses después el proceso avanzaba proclamando una nueva Constitución a comienzos de 2009, la que declaró el carácter "Plurinacional" del Estado, reconociendo en la ley suprema del país a los pueblos originarios históricamente negados. Evo Morales pasó a encarnar así, ya no solo simbólica sino institucionalmente, el ascenso definitivo de los sectores marginados durante siglos de la política nacional.


Si bien para Abal no se puede "hablar de etapas, sino de una sostenida aplicación de un modelo económico", a partir de ese momento se puede analizar una profundización de algunos aspectos. Se trata de un punto de inflexión en el cual se comienza a hablar de "socialismo comunitario", lo que el sociólogo define como "una aproximación teórica a la aplicación del marxismo y sus categorías para comprender las lógicas de los 'ayllus' (comunidades)", que como indicaron muchos autores, mantenían estructuras de 'comunismo primitivo' o comunitarias contrarias a la propiedad privada y la acumulación individual.


Por su parte, García Linera sostiene que, una vez superada esa ofensiva de la derecha, se abrió un nuevo momento en la revolución boliviana que él ha denominado de "tensiones creativas". Es decir, debates al interior del proceso que lo hacen avanzar.


Al respecto, Abal asegura que en los movimientos sociales conviven dos tendencias político-ideológicas: "una la sindical, centrada en la reivindicaciones sectoriales, y la otra revolucionaria, como parte del proceso de cambio y parte del gobierno". Es en la disputa de esas dos miradas donde se dan las tensiones creativas que, desde su punto de vista, son "la dialéctica del movimiento de conciencia de la clase".


La lógica "obrerista", según el sociólogo, no logra terminar de comprender "la otra lógica organizativa e ideológica de los pueblos originarios". Y esto lo atribuye a una contradicción impulsada durante décadas de enfrentar "indios contra obreros" y que "fue fomentada en una etapa del nacionalismo revolucionario (1952 – 1985)".


Finalmente, el analista apunta que "el vínculo potente se encuentra entre el Gobierno y los movimientos sociales", donde "el gran articulador de este bloque es, sin duda, Evo Morales, incluso más allá del instrumento político". Como contracara, Estado y movimientos sociales "aún se encuentran distanciados", porque este último "mantiene su matriz colonial no superada".


Una revolución con futuro


Si bien los procesos políticos nacionales difícilmente pueden sobrevivir mucho tiempo aislados, además de sus fortalezas internas, Bolivia cuenta todavía con aliados en el continente. Más allá de sus propios conflictos están Venezuela, Nicaragua y también Cuba, países con los que integra la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (Alba). Cabe recordar que, con colaboración de La Habana, en 2008 se declaró "libre de analfabetismo" a todo el territorio boliviano.


Por otra parte, a pesar del traspié sufrido en el referéndum de comienzos de 2016, que impedía a Morales volver a presentarse en las elecciones presidenciales de 2019, esto finalmente fue habilitado por el Tribunal Supremo. Con su candidatura y una derecha por ahora dividida, la continuidad del proceso parece estar asegurada.


Por último, pero no menos importante, García Linera pronosticó en el reciente Foro Mundial de Pensamiento Crítico, llevado a cabo en Buenos Aires, que los Gobiernos conservadores de la región durarán poco tiempo y luego vendrá un nuevo auge progresista y de izquierda.


"Estamos enfrentando una oleada conservadora neoliberal que tiene dos limites intrínsecos: es fosilizada y es en sí misma contradictoria", apuntó. Y detalló que en estos países se están "repitiendo las recetas que hace veinte años fracasaron", por lo que "no hay inventiva, no hay creatividad, no hay esperanza".


A su vez, "el neoliberalismo actual solamente moviliza odios y resentimientos". Es decir, que está "fundado en la negatividad y no en la proposición. No en la esperanza de mediano plazo, sino en el rechazo emotivo de corto plazo. Y eso tiene patas cortas", completó el vicepresidente boliviano.


Por eso, con optimismo, sentenció: "En vez de vivir una larga noche neoliberal, hemos de vivir una corta noche de verano neoliberal. Y ahí es donde nos toca a nosotros reconocer lo que hicimos bien, reconocer lo que hicimos mal, y prepararnos". "La izquierda tiene que volver a prepararse para tomar el poder en los siguientes años en el continente", concluyó.

 

Publicado: 27 nov 2018 18:54 GMT

 

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EEUU y los grandes mercados emergentes frenan la lucha contra el cambio climático


Los BRICS -Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica- y la mayor economía mundial son las grandes rémoras al control de emisiones de CO2. Y, por ende, los principales causantes de que la temperatura del planeta suba por encima de los 2 grados centígrados en 2050. Un estudio de la consultora BCG compara sus políticas, sus inversiones y su tecnología junto a las de Alemania, adalid del cumplimiento de los Acuerdos de París.


Los gobiernos están aún muy lejos de adquirir conciencia plena de los efectos del calentamiento del planeta. Sus políticas son inadecuadas y abocan al desastre. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) lo advertía a comienzos del pasado mes de octubre. Persiste la idea de que las consecuencias del efecto invernadero son inevitables, fruto de la normal evolución de la Tierra y que la acción del hombre no resulta determinante.


Un cóctel explosivo que convierte en distopía la declaración de intenciones de los Acuerdos de París, de 2015, de lograr que el globo terráqueo no supere un calentamiento superior a los dos grados centígrados respecto a los niveles de la era pre-industrial a partir de 2020.


Superado el ecuador de esta primera fase de actuación, el IPCC no sólo alertan del freno que, para la consecución del tratado, supone la salida del pacto de la primera potencia mundial, por decisión expresa de la Administración Trump. También del riesgo aparejado de que, probablemente, no habrá más oportunidades de revertir la situación. Y de que los grandes mercados emergentes -China, Brasil, Rusia, India y Sudáfrica- tampoco están haciendo esfuerzos de la suficiente intensidad como para contribuir decididamente a la causa. Priman entre sus dirigentes el deseo de seguir con su ritmo de desarrollo, con medidas anacrónicas, propias de la revolución industrial, en la que los límites a las emisiones de CO2 nunca fueron un obstáculo.


Los expertos independientes del IPCC, además, han empezado a clamar contra el propio acuerdo. Lo consideran poco ambicioso. Aconsejan a la comunidad internacional que, si de verdad desean paliar los desastres que provocará el calentamiento global en el futuro, deberían tratar de lograr un repunte de temperatura más ambicioso, de 1,5 grados.


En juego está la brusca extensión de amplias franjas del territorio planetario que pasarán a registrar súbitos episodios de calentamiento extremo, de desabastecimiento de agua, de sequías y de miles de islas, primero, y zonas costeras, después, que quedarán irremediablemente sumergidas bajo el nivel de mares y océanos. Todos estos fenómenos afectarán a la vida diaria de cientos de millones de habitantes, provocarán flujos de migraciones, acabarán con la producción y la rentabilidad de vastas áreas agrícolas, destruirán los arrecifes de coral, imprescindibles para la subsistencia de millones de especies de la fauna y flora marinas y precipitará la extinción de especies terrestres. Y lo más irónico de todo -enfatiza el IPCC- es que se está en disposición de lograr contener el calentamiento a sólo 1,5 grados en sólo 22 años. De lo contrario, perdurará más de lo recomendable el uso de combustibles fósiles, desde el carbón hasta el gas o el petróleo, los mayores detonantes del cambio climático.


Reconversión de los mix energéticos


Hay estados, ciudades, empresas, inversores y asociaciones filantrópicas que han iniciado acciones en la dirección adecuada. Pero sin la involucración de las grandes potencias, los esfuerzos serán demasiado dispersos y vanos. De ahí que los investigadores carguen contra la permisividad en esta materia de EEUU y los mercados emergentes. A ellos les encomiendan especialmente que pongan en marcha medidas para corregir sus mix energéticos. Para reducir las emisiones de los combustibles fósiles. Y que apuesten todo a las energías renovables.


Incluso no dudan en hacer un llamamiento abierto a los ciudadanos de los países incumplidores para que castiguen en las urnas a los candidatos que no revelen un compromiso expreso en este desafío. Más allá de los partidos a los que representen. Su juicio es premonitorio. Con un control exigente -el reto de aumentar 1,5 grados la temperatura global para 2050- el nivel promedio del mar sería aproximadamente 17,7 centímetros menos que bajo un incremento de 2 grados. Mientras que, si se alcanzase esta cota, algo difícil de cumplir con los parámetros de actuación actuales, el derretimiento de las barreras de hielo de la Antártida será ineludible y propiciará catástrofes por todas las latitudes con subidas de los niveles de agua de los océanos. Sin contar con esta negra predicción sobre el continente del sur, el mar subiría diez centímetros más que si se limitara a 1,5 grados, con el consiguiente daño o desaparición de numerosos ecosistemas y, probablemente, transformaciones irreversibles, más a largo plazo, para frenar el cambio climático.


Pero, ¿cuál es el escenario actual en el que se mueven los grandes países contaminantes? Un reciente informe realizado por Boston Consulting Group (BCG) pasa revista a las iniciativas que se siguen en seis países -Alemania, EEUU y los BRICS que, juntos, son responsables de casi el 60% de las emisiones de CO2-, arroja luz sobre sus diferentes estrategias y añade argumentos sólidos al mensaje de Naciones Unidas de que el mundo aún dispone de doce años para tratar de evitar la catástrofe climática.


l estudio, dirigido por Jens Burchardt y Philipp Gerbert hacen hincapié en que la ausencia de la prioridad esencial para este cometido, una acción concertada global, implica para las naciones que se han enfrascado en la reducción de emisiones “se enfrenten a significativas desventajas”, porque sus iniciativas “les pasarán factura” en el orden macroeconómico. Incluso si programas ambiciosos como los que han empezado a implantar los líderes en el cambio climático, logran suprimir entre el 75% y el 95% del CO2, a través los avances tecnológicos implantados para tal misión, para 2050. Contribución que dejaría el alza de temperatura en 1,5 grados. Pero este escenario sombrío sólo se produciría a corto plazo.Porque, a la larga, “los obstáculos al crecimiento se convertirán en un motor indiscutible de prosperidad”. En línea con el tenor de otros informes como el de la Comisión Global sobre la Economía y el Clima (GCEC, según sus siglas en inglés) que pronostica un aumento del PIB mundial de 26 billones de dólares (equivalente a la suma de las economías de EEUU, Japón e Italia) si los gobiernos y las empresas focalizaran sus políticas y sus negocios al reto del cambio climático. A razón de 2 billones de dólares anuales en el próximo decenio. Aunque sus científicos advierten que, para ello, “hay que erradicar la idea de que suprimir la combustión de carbón y de otros combustibles fósiles es demasiado costoso”, dice Helen Mountford, directora del estudio.


El diagnóstico de BCG, que lleva la firma de su think-tank corporativo, el Instituto Henderson, pasa revista a tres escenarios: las políticas ecológicas en vigor en cada país; la aplicación de tecnología para la contención de emisiones científicamente probada y sus agendas reformistas encaminadas a la consecución del objetivo de limitar el calentamiento a los 2 grados que estipula el Acuerdo de París. Su conclusión es clara: “subyacen sobradas razones económicas y medioambientales para que los estados aceleren sus esfuerzos para mitigar el cambio climático” sin que haya motivos que impidan que “no empiecen ya” a paliar los efectos de las energías contaminantes.


El espejo alemán


Alemania surge como modelo a seguir. Para alcanzar tal aseveración se basan en otro estudio, en esta ocasión, realizado en colaboración con la empresa de investigación Prognos, que revela que el Gobierno germano está en la senda de reducir las emisiones de CO2 entre un 72% y un 93% de los niveles de polución de 2015, para el ecuador de este siglo. Lo que equivale -dice el informe- a unos recortes de entre el 80% y el 95% en relación a la cota de gases de efecto invernadero de 1990.


Un esfuerzo de reconversión energética que sitúa a Berlín ante un horizonte considerado ya como “económicamente viable”; incluso si siguiera su protocolo de actuación de manera unilateral; es decir, sin un conveniente consenso internacional, que impulsaría los distintos proyectos nacionales en todo el planeta. Si se diera este caso, Alemania lograría, sin problemas, la cota de recorte de emisiones de las bandas más anchas de su doble horquilla mencionada -la que se compara con las cotas de contaminación de 2015 y 1990- y añadiría más crecimiento a su economía; tan sólo con una mayor apuesta -e inversión- en tecnología. Cuantitativamente, exige un recorte de 62 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono y la eliminación de ciertos sectores industriales, que serían suplidos por segmentos de actividad. Y constantes inversiones. Toda reducción superior al 77%, además, requiere nuevos instrumentos tecnológicos para llevarla a cabo. Pero Alemania, uno de los líderes indiscutibles de la Revolución 4.0, la digitalización industrial, está en ello.


Según datos de la BDI, la patronal industrial alemana, el sector energético está en condiciones de abastecer con energías renovables -solar y eólica- el 80% de la demanda del país y de sustituir la generación eléctrica de carbón y lignito por gas. En paralelo, el resto de segmentos productivos se adaptarían con bastante diligencia a las nuevas pautas de consumo; desde la construcción hasta el transporte. Sin problemas de que se produzca caso de sobredimensionamiento del potencial energético renovable. También el escenario tecnológico resulta idóneo para que la biomasa supla, en el sector industrial, a los combustibles fósiles en los procesos de generación calorífica. Aunque los avances futuros deben concentrarse en ampliar la red de suministro energético, conseguir una mayor capacidad de almacenamiento, especialmente de baterías limpias, en crear un sistema de integración energética más flexible y en apostar por inversiones que ayudan a cambiar el parque automovilístico hacia los vehículos eléctricos o las sustituciones de caladeras y bombas de calor en hogares e industrias. Algo factible, si se tiene en cuenta que, por ejemplo, en la construcción, más del 80% de los edificios del país deben acometer obras de rehabilitación antes de 2050, lo que adelantaría la renovación hacia las energías de bajas emisiones contaminantes. O que, en el sector del transporte, los vehículos eléctricos hayan empezado a sustituir, no sin controversias sociales, aunque mínimas, las flotas de furgonetas comerciales, autobuses y otros servicios públicos o la red de camiones que circulan por las grandes autovías del país.
El coste de las inversiones necesarias para que Alemania alcance el objetivo de la reducción de dos grados es substancial: 1,6 billones de dólares hasta 2050. Casi el PIB español. Pero asumible, si se tiene en cuenta que esta cifra supondría apenas un 1,1% de su economía cada año. Además, si se descuentan el ahorro de los costes operativos, la cantidad se reduciría a menos de 20.000 millones anuales.


Europa y EEUU, en distinta dimensión


Las potencias industrializadas, incluidas mayoritariamente en el espacio europeo, y EEUU registran aún altas emisiones per cápita. A pesar de sus agendas industriales de bajas emisiones y la notable eficiencia de sus adelantos tecnológicos. Todos ellos, han aumentado su porción de suministros de electricidad en detrimento de los combustibles fósiles. Al igual que Alemania, gran parte de sus socios de la UE han minimizado su crudo-dependencia. Sin embargo, Europa, con perspectivas de pérdida demográfica en los próximos decenios, pese a los flujos de inmigración que recibe, no está ante el mismo escenario futuro que EEUU que, donde se espera un incremento de población de 67 millones de personas. Las necesidades de transporte en la primera potencia mundial serán una fuente mayor de emisiones. Aunque también hay otro notable hecho diferencial. EEUU tiene sobradas fuentes de energía en su territorio, fósiles y de otros orígenes, con las que puede jugar a la hora de modificar su mix energético.


En cualquier caso, el parón en la atención al cambio climático de la Administración Trump, que ha dado manga ancha a la contaminación industrial para espolear su producción y generar puestos de trabajo inmediatos -dentro de su política proteccionista- deja una brecha substancial entre ambas orillas del Atlántico. El impacto mínimo de las actuales políticas medioambientales entre Alemania, prototipo europeo, y EEUU arroja unas predicciones muy distintas. Así -señala el informe de BCG-, mientras la locomotora europea rebajaría su huella de emisiones en un 45% el mayor mercado del mundo lo haría en apenas un 11%. En 2050. De forma que el esfuerzo ecológico de la Casa Blanca debería ser mucho mayor en las próximas décadas.


El resto del mundo, a remolque


La mayoría de las economías emergentes anda en el furgón de cola. Aunque en longitudes de onda distintas. Todos siguen empleando tecnologías de bajo coste e intensivas en carbón. Causa de que sus emisiones per cápita “no sean sostenibles”, según BCG. Aun así, sus trayectorias son también ambivalentes. China espera un crecimiento de más del 300% de su PIB para 2050. Es, sin embargo, del grupo BRICS, el que más ha impulsado la agenda ecológica. Para ese año, con una población en descenso y con aumentos de la eficiencia energética y tecnológica, la gran factoría mundial aumentará un 6% sus emisiones. India, por su parte, tiene una proyección de incremento de su PIB del 700%, con fuerte expansión demográfica (un 26% más) y una apuesta decidida por el carbón, principal fuente de su tejido industrial. Doblará sus emisiones en 2050, lo que le convertirá en el segundo país más contaminante del planeta. Escenario similar al de los tigres asiáticos.


En Brasil, tanto la economía como su población crecerán a ritmos que harán ineludibles las subidas de las emisiones. En todos los sectores productivos. Por si fuera poco, la victoria de Jair Bolsonaro no invita al optimismo. En una nación en la que más del 40% de sus emisiones de gases de efecto invernadero procede de la agricultura, unos de sus motores exportadores. Sudáfrica, en cambio, es el que mejores perspectivas obtiene. Hasta el punto que reduciría sus emisiones, pese al fuerte repunte económico y demográfico, ya que se espera que su población crezca más del 40%. El país africano ha empezado a reemplazar centrales de generación eléctrica de carbón. El éxito de Rusia depende, en gran medida, de la demanda global de combustibles fósiles y de que transforme su agenda de reformas con mayores medidas de mitigación de la polución.


Ante esta tesitura, las voces internacionales en favor de acciones concertadas se dejan sentir cada vez con más fuerza. JP Morgan cree que, si EEUU no contribuye a parar el cambio climático, el 40% de su población, la que vive en zonas costeras, estará amenazada. Al Gore asegura seguir siendo optimista de que estalle una revolución sostenible. Y el presidente de la Cruz Roja, Peter Maurer, piensa que el cambio climático promoverá la conflictividad mundial y tendrá un impacto decidido sobre las crisis humanitarias y, en consecuencia, sobre los flujos de inmigración globales.

madrid
21/11/2018 11:37 Actualizado: 21/11/2018 11:37
DIEGO HERRANZ

Publicado enMedio Ambiente
Martes, 13 Noviembre 2018 07:59

La ciencia y su existencia

La ciencia y su existencia

La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina organizó un encuentro en el que se debatirá a quién sirve, si al capital y las empresas, o a la sociedad. La Uccsnal exigió la prohibición del glifosato.

Ciencia para transgénicos o para campesinos. Investigaciones para explotar litio o trabajar junto a comunidades kollas. Académicos para extraer petróleo o para un modelo no contaminante. ¿Ciencia para quién y para qué? Son algunos de los planteos y preguntas que se debatirán hoy y mañana en el “Encuentro por la Ciencia Digna”, en Rosario, donde confluirán académicos que rechazan el modelo científico vinculado a las empresas. En septiembre pasado, el mismo grupo de investigadores exigió la prohibición total del herbicida glifosato.


La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (Uccsnal) se conformó en junio de 2015, en homenaje a Andrés Carrasco (científico que en 2009 confirmó los efectos letales del glifosato) y retoma el legado de otros académicos, como Oscar Varsavsky.


La Uccsnal se propone como espacio de encuentro, reflexión e intervención para fortalecer una ciencia al servicio de los pueblos. En ese marco, hoy y mañana martes, durante todo el día, será el “Encuentro por la Ciencia Digna”, en el edificio Anexo de la Universidad Nacional de Rosario (Corrientes 2001).


“Vivimos un tiempo en el que los ahogos presupuestarios y las políticas oficiales empujan a los vínculos con las corporaciones para poder trabajar en investigación. Hay quienes no aceptamos ese rol de empleados del poder de turno y definimos, contra viento y marea, construir conocimiento científico para los pueblos, entendiendo que la salud de los seres humanos depende de la salud de la madre tierra”, explicó Damián Verzeñassi, del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, coorganizador del encuentro junto a la Red de Salud y Ambiente de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (Alames) y la Fundación Rosa Luxemburgo.


Participarán decenas de científicos de Argentina, Brasil, Paraguay y Argentina. Alicia Massarini, investigadora del Conicet y de la Maestría en Política y Gestión de la Ciencia de la UBA, explicó que el encuentro busca reunir a académicos que trabajan en una ciencia alternativa y también dar cuenta de los impactos de la ciencia hegemónica, impulsada por empresas y gobiernos. “Interpelamos la idea dominante que presenta a la ciencia como una actividad neutral, objetiva, estrictamente racional, como un espacio para verdades comprobadas, posicionada erróneamente en un lugar de autoridad. Esa tecnociencia no mide los impactos y daños de sus intervenciones y tiene la impunidad de presentarse como motor de progreso, de modernidad, de bienestar. Cuando en realidad sólo está al servicio del mercado”, afirmó Massarini.
En septiembre pasado, la Unión de Científicos emitió un documento donde exigió la prohibición total del glifosato. “En países como Argentina, Brasil y Paraguay tenemos registros de tasas elevadísimas de cáncer, linfomas, leucemias, enfermedades autoinmunes, malformaciones genéticas y otras enfermedades en habitantes de comunidades rodeadas por campos de soja transgénica, donde se realizan aplicaciones intensivas de glifosato”, recordaron los académicos.


“Por si no fuera suficiente, hay evidencia científica de que el glifosato persiste en los suelos agrícolas, alcanza los cuerpos de agua, también se dispersa a través de la lluvia, y sus residuos permanecen en los cultivos, llegando así a los alimentos que consumen personas aún a grandes distancias de los campos de cultivo”, afirmaron desde la Unión de Científicos.


La Unión de Ciencia cuestiona el ideario de que la ciencia pareciera tener la verdad y es la que salda las controversias. Aclaran que el conocimiento científico es un saber más, ni mejor ni peor que otros conocimientos (campesinos, indígenas, sociales). Hablan de una “ecología de saberes”, donde confluyen y se complementan de forma horizontal distintos conocimientos.


Leonardo Melgarejo, de Brasil, cuestiona también que los medios de comunicación reproducen sin problematizar a la ciencia empresaria y que, incluso, no respeta los derechos humanos al justificar que se usen agrotóxicos con consecuencias en la salud de la población. “Necesitamos una ciencia, de medios de comunicación y de poderes ejecutivos, legislativos y judiciales pautados por la ética y atentos a lo que está ocurriendo en la llamada ‘ciencia instrumental’, la ciencia hegemónica está mayoritariamente al servicio del capital financiero y actúa en el sentido opuesto de los intereses de la población”, cuestionó el científico brasileño.


Massarini destacó que América Latina experimenta una nueva “etapa de saqueo” en la cual la ciencia juega un papel central en la investigación y justificación de actividades “que afectan la salud de madre tierra y nuestra salud, que son lo mismo”. Cuestionó el rol de científicos al servicio de la minería a cielo abierto, el fracking, la pesca intensiva, el monocultivo forestal, transgénicos y agrotóxicos, entre otros. “Son modelos que hacen estragos en nuestros pueblos”, cuestionó.


Desde 2011, cada dos años el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario organiza una semana de jornadas referidas a ciencia, universidad, extractivismo y movimientos sociales. Este encuentro (de lunes y martes) es la antesala del nuevo congreso, en junio de 2019, donde se reforzará en vínculo entre la academia y las organizaciones sociales, en defensa del territorio.

Los ingresos per cápita de América Latina llevan 60 años estancados

El Banco de Desarrollo CAF analiza en Bogotá las fórmulas para reducir la brecha con las economías avanzadas

América Latina necesita incrementar con urgencia sus índices de productividad. La brecha que la separa, en su conjunto, de las economías más avanzadas es aún profunda y la fotografía del pasado reciente demuestra que la situación, en lo sustancial, no ha mejorado en los últimos 60 años. Así lo indica CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, que este jueves ha presentado en Bogotá un informe que arroja un diagnóstico sobre el panorama socioeconómico lleno de desafíos e insta a los Gobiernos de la región a poner en marcha una agenda de reformas estructurales.


"El habitante latinoamericano promedio tiene una cuarta parte del ingreso de un estadounidense típico. Incluso dentro del grupo de países más avanzados de la región, el nivel de ingreso per cápita actualmente fluctúa aproximadamente entre 20% y 40% del de Estados Unidos", señala el informe. "En el año 1960 el habitante latinoamericano promedio tenía un 20% del ingreso de un estadounidense típico. Hoy, la situación sigue siendo prácticamente la misma. Otros países, por el contrario, han mostrado importantes avances en el mismo periodo: Corea del Sur, por ejemplo, pasó de un ingreso per cápita del 7% del de Estados Unidos a uno del 67% en ese período".


A eso se añade que "la productividad laboral", según esta institución, "es de alrededor del 30% con relación a la de Estados Unidos, en contraste con la del Reino Unido, del 75%, Australia, del 82%, o Alemania, del 90%". Con estas premisas, explica a EL PAÍS Pablo Sanguinetti, vicepresidente de Conocimiento de CAF, América Latina afronta retos enormes relacionados con el crecimiento y la productividad de las economías, cuyas disfunciones están a la base de esta brecha. "La productividad es baja en todo, el problema es transversal, de la infraestructura al sector financiero, y hay que trabajar para mejorarla en cada sector", apunta. Al mismo tiempo, se debe hacer frente a la alta informalidad.


¿Qué pueden hacer las autoridades? En opinión de Sanguinetti, se trata de lograr "mayor competencia, mejor acceso a insumos, un mejoramiento de las relaciones laborales y finalmente el acceso a financiamiento". Eso no significa que hasta ahora los Gobiernos no hayan hecho esfuerzos. El Banco de Desarrollo reconoce "que muchos países de la región han llevado a cabo planes para impulsar la productividad". No obstante, en líneas generales el insuficiente ritmo de crecimiento tiene que ver con "bajos niveles de innovación, barreras a la financiación de empresas e individuos, brechas en la adopción de nuevas tecnologías, marcos regulatorios que no suelen propiciar la entrada y salida de empresas o los centros logísticos poco desarrollados para comercializar exitosamente productos y servicios".


El estudio de CAF apuesta por aplicar una agenda de reformas institucionales que se han abordado durante dos días en un encuentro de alrededor de 500 líderes latinoamericanos. Ayer recibieron la bienvenida del presidente de Colombia, Iván Duque, quien prometió acabar con la informalidad para que los ingresos medios superen los 20.000 dólares per cápita en tres décadas, y debatieron las fórmulas para superar los obstáculos de la productividad urbana y mejorar la calidad del empleo.


Esas reformas deben, según el Banco, no solo promover la competencia, sino "fomentar la cooperación entre empresas mediante el desarrollo de conglomerados productivos; impulsar ecosistemas innovadores y la adopción tecnológica; mejorar el acceso al financiamiento de empresas y reducir las barreras de oferta y demanda para el acceso a recursos financieros formales por parte de empresas e individuos; o limitar los marcos regulatorios y políticas hostiles que dificultan la entrada y salida de empresas y afectan la eficiencia en la asignación de recursos productivos".


Luis Carranza Ugarte, presidente ejecutivo de CAF, resumió esos desafíos con una pregunta y un toque de ironía: "¿Cuánto es dos más dos?". La respuesta no es tan obvia, en realidad, sobre todo en economía. "Normalmente, el economista se demora un tiempo y dice… ¿Cuánto quieres que sea? En economía dos más dos no siempre es cuatro. Dos más dos son ocho, esa es la historia de los países europeos. En Latinoamérica dos más dos en promedio han sido cuatro, y eso no es suficiente para llegar a la prosperidad", afirmó. La pelota está ahora en el tejado de los sectores productivos y de los Gobiernos de la región.

Por F. MANETTO
Bogotá 8 NOV 2018 - 19:46 COT

 

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Alternativas reales frente al cambio climático

Existen alternativas reales, justas y saludables para frenar el cambio climático y estudios científicos recientes lo demuestran, contrariamente a los que proponen opciones especulativas, teóricas y altamente riesgosas como la geoingeniería climática.

El informe Missing Pathways to 1.5 (Caminos que faltan para 1.5 grados), muestra que garantizar los derechos indígenas y campesinos, restaurar bosques naturales y la transición hacia áreas de cultivo agroecológico, junto con un cambio hacia dietas con menos carne, pueden reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050. Estiman un potencial de reducción de cerca de 23 gigatoneladas anuales de dióxido de carbono o equivalente, lo cual elimina la supuesta necesidad de usar técnicas de geoingeniería. Son, además, cambios positivos para la biodiversidad, las comunidades indígenas y campesinas, y para la salud de todas y todos. (https://tinyurl.com/y8l4wgfr)

El documento se basa en una amplia y detallada revisión de documentos científicos recientes y fue publicado en octubre 2018 por una coalición de 38 organizaciones que trabajan por la justicia ambiental y social, el derecho a la tierra y a la alimentación y por la agroecología y la conservación de bosques. Las autoras principales son Kate Dooley y Doreen Stabinsky, con la revisión y colaboración de la alianza CLARA (Climate Land, Ambition and Rights Alliance).

El estudio sale al mismo tiempo que el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) publica un nuevo informe sobre cómo limitar el calentamiento global a 1.5 °C con respecto a niveles preindustriales, un límite que plantean crucial para evitar un cambio climático catastrófico. En tres escenarios, el IPCC considera el uso de técnicas de geoingeniería para remover dióxido de carbono de la atmósfera, pero en otro plantea que con medidas basadas en las funciones de los ecosistemas –algunas como las que plantea el estudio de CLARA– sería posible también alcanzar esa meta. (Ver más en "Caos Climático, capitalismo y geoingeniería", La Jornada 13/10/18; https://tinyurl.com/y96xudje )

Más de la mitad de las reducciones de gases de efecto invernadero planteadas en el estudio de CLARA vendría de la restauración y protección de bosques naturales y turberas (un tipo de humedal que retiene altas cantidades de carbono y nitrógeno orgánicos). El resto se puede lograr con cambios en la agropecuaria industrial –que es el mayor factor de deforestación y destrucción de humedales–, con la recuperación de suelos y agroecosistemas, a través de disminuir el uso de fertilizantes sintéticos, apoyar sistemas agroecológicos y locales, y de parte de los consumidores, cambiar la dieta.

El informe afirma que los "derechos comunitarios sobre la tierra y bosques, son la acción climática mas efectiva, eficiente y equitativa que los gobiernos pueden ejercer para reducir su huella de carbono y proteger los bosques del mundo". Enfatiza la necesidad de afirmar los derechos a tierra y territorio de las comunidades y pueblos indígenas para lograr los objetivos planteados. Todos los bosques del mundo están habitados por comunidades indígenas, que son las principales cuidadoras de los bosques. A escala global, la mitad de esos territorios tienen reclamos de tenencia por parte de comunidades, pero solamente 20 por ciento tiene reconocimiento legal.

Cuestiona también el uso del concepto de "emisiones negativas", un término absurdo que no existe en ningún idioma. Fue inventado para justificar mantener la emisión de gases de efecto invernadero, que se contrarrestarían, supuestamente, con medidas tecnológicas para remover el carbono de la atmósfera (geoingeniería). Una opción de alto riesgo que carga el problema a las generaciones futuras, colocándolas en dependencia con los dueños de las tecnologías.

En contraposición, este informe plantea formas de evitar las emisiones antes de que se generen, y remover el excedente de carbono ya acumulado en la atmósfera mediante la expansión de los bosques naturales con especies nativas y aumentar la agroforestería comunitaria, entre otras medidas.

Con respecto al sistema agroalimentario, que es el factor de mayores emisiones de GEI, plantea reducir los desperdicios (que la FAO estima hasta en 40 por ciento de lo cosechado), disminuir los transportes de alimentos, aumentar la producción y consumo local, disminuir el uso de fertilizantes sintéticos y agroquímicos; reducir y mejorar la ganadería, terminando con la cría confinada de vacas, cerdos y aves, y basarla en alimentación de pradera. Complementariamente, ven como esencial reducir el consumo de carne, que es muy desigual en el mundo por lo que se dirigen especialmente a los que más consumen. La gran mayoría de la producción industrial y consumo de carnes se concentra en sólo seis países.

Señalan también el error de enfocarse solamente en limitar la temperatura, planteando la crisis climática como fenómeno aislado. Necesitamos respuestas holísticas a las crisis ambientales, sociales, de salud y otras y sólo los enfoques múltiples y sinérgicos aportarán las verdaderas soluciones, tal como demuestra este estudio.

Silvia Ribeiro, Investigadora del grupo ETC

 

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