Martes, 20 Octubre 2020 05:42

China está transformando los mares

China está transformando los mares

Las subvenciones han convertido a la flota pesquera china en una fuerza mundial de tamaño y alcance geográfico sin precedentes. Esta situación está agotando las poblaciones de peces y provocando conflictos internacionales

Ian Urbina 18/10/2020

A más de ciento sesenta kilómetros de la orilla, cerca de las costas de África occidental, acompañé a agentes de la policía marítima de Gambia cuando arrestaron a 15 barcos extranjeros acusados de violaciones laborales y pesca ilegal en el transcurso de una semana en 2019. Todos menos uno de los buques detenidos eran de China.

A principios de ese mismo año, durante un viaje de un mes en un palangrero de austromerluza que se dirigía a aguas antárticas desde Punta Arenas (Chile), los otros únicos barcos con los que nos cruzamos fueron una docena de oxidados cerqueros –embarcaciones de pesca que usan largas redes como cortinas–, que apenas parecían en buen estado para navegar.

En mayo de 2019, a bordo de un barco de calamar surcoreano, vi a casi dos docenas de barcos con banderas chinas abrirse paso en fila india hacia aguas de Corea del Norte, en flagrante violación de las sanciones de las Naciones Unidas. Formaban parte de la flota de barcos ilegales más grande del mundo: 800 arrastreros chinos que pescaban en el Mar de Japón desde 2019, según reveló una reciente investigación para NBC.

Y en julio de este año, más de 340 barcos pesqueros chinos aparecieron en las afueras de la reserva marina de Galápagos, biodiversa y ecológicamente sensible. Muchos de los navíos estaban vinculados a empresas asociadas con la pesca ilegal, según C4ADS, una firma de investigación de conflictos. Tres años antes, una flotilla china de tamaño similar llegó a estas mismas aguas, y un barco fue detenido con unas 300 toneladas de pescado capturado ilegalmente, incluidas especies en peligro de extinción, como tiburones martillo.

Con entre 200.000 y 800.000 barcos, algunos en zonas tan lejanas como Argentina, China es incomparable en tamaño y alcance de su armada pesquera. Impulsado principalmente por subsidios gubernamentales, su crecimiento y sus actividades no han sido en gran medida controladas, en parte porque la propia China históricamente ha tenido pocas reglas que rijan las operaciones de pesca. El dominio y la ubicuidad global de esta flota plantean preguntas más amplias sobre cómo China ha puesto tantos barcos en el agua y qué significa para los océanos del mundo.

La flota pesquera de China es más que una simple preocupación comercial; actúa como una proyección del poder geopolítico en los océanos del mundo. A medida que la Marina de los Estados Unidos se ha retirado de las aguas de África Occidental y Medio Oriente, China ha reforzado su presencia pesquera y naval. Y en lugares como el Mar de China Meridional y la Ruta del Mar del Norte del Ártico, China ha reclamado preciadas rutas marítimas, así como depósitos submarinos de petróleo y gas.

“La escala y la agresividad de su flota ponen a China en posición de control”, dice Greg Poling, director de la Iniciativa de Transparencia Marítima de Asia en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, y agrega que pocos países extranjeros han estado dispuestos a hacerla retroceder cuando los barcos pesqueros de China hacen incursiones en sus aguas nacionales.

No es que la pesca en sí no sea importante. La flota también es una forma de obtener seguridad alimentaria para los 1.400 millones de habitantes de China. Han disminuido muchas de las poblaciones marinas más cercanas a las costas de China debido a la sobrepesca y la industrialización, por lo que los barcos se ven obligados a aventurarse más lejos para llenar sus redes. El gobierno chino dice que tiene aproximadamente 2.600 embarcaciones pesqueras de aguas distantes, lo que, según un informe reciente del Stimson Center, un grupo de investigación de seguridad, la hace tres veces más grande que las flotas de los siguientes cuatro países principales (Taiwán, Japón, Corea del Sur y España) combinados.

Durante las últimas dos décadas, China ha gastado miles de millones de dólares en apoyar su industria pesquera, dice Tabitha Grace Mallory, profesora de la Universidad de Washington, que se especializa en las políticas pesqueras de este país. En 2018, se estimó que las subvenciones totales a la pesca mundial eran de 35.400 millones de dólares, y China representaba 7.200 millones de dólares. Esto incluye las de combustible y para barcos nuevos que aumentan el tamaño de la flota.

El gobierno también ayuda a cubrir el costo de los nuevos motores, de los cascos de acero más duraderos para los arrastreros, y de que los barcos médicos y de seguridad armados estén estacionados permanentemente en los caladeros, lo que permite que los capitanes de pesca permanezcan en el mar por más tiempo. Los pescadores chinos se benefician además de la inteligencia pesquera dirigida por el gobierno que les ayuda a encontrar las aguas más ricas.

“Sin sus esquemas de subsidios masivos, la flota pesquera de aguas distantes de China sería una fracción de su tamaño actual, y la mayor parte de su flota del Mar del Sur de China no existiría en absoluto”, dice Poling.

Daniel Pauly, investigador principal del Proyecto Sea Around Us en el Instituto de Océanos y Pesca de la Universidad de Columbia Británica, explica en un correo electrónico que estos subsidios no solo han aumentado las tensiones geopolíticas, al permitir que los barcos se adentren en regiones en disputa, “también juegan un importante papel en el agotamiento de las poblaciones de peces, ya que mantienen en funcionamiento buques que de otro modo serían dados de baja”.

Mientras las flotas reciban asistencia financiera para la sobrepesca, los expertos dicen que es imposible la pesca sostenible. Ya el 90% de las poblaciones de peces comerciales rastreadas en todo el mundo por la FAO, la organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, han sido sobrepescadas o explotadas por completo, lo que significa que han superado su capacidad para reponerse de manera sostenible, incluidas las 10 especies comerciales más importantes del mundo.

Sobrepesca financiada por los gobiernos

El caso de China no es de ninguna manera singular cuando se trata de subsidiar su flota pesquera. Más de la mitad de la industria pesquera mundial no sería rentable en su escala actual sin los subsidios de los gobiernos, según un estudio de 2018 en Science Advances, dirigido por el explorador residente de la National Geographic Society, Enric Sala.

Japón gasta más en subsidios para la pesca en alta mar (las partes del océano que no están bajo el control de ningún gobierno) que cualquier otro país, lo que representa alrededor del 20% de los subsidios mundiales a la pesca en alta mar, muestra el estudio de Sala. España representa el 14% de los subsidios pesqueros mundiales, seguida de China con el 10%, luego Corea del Sur y Estados Unidos.

Pero cuando se trata de escala, China es, con mucho, el más grande. Con más de 800 barcos en alta mar, los barcos chinos fueron responsables de más del 35% de la captura mundial reportada en alta mar en 2014, más que cualquier otro país. (Taiwán, con el siguiente número más alto de barcos con 593, representa alrededor del 12% de esa captura, y Japón, con 478 barcos, representa menos del 5%).

Los subsidios no son solo una de las principales razones por las que los océanos se están quedando rápidamente sin peces. Al poner demasiados barcos en el agua en todo el mundo, los subsidios pueden conducir a una pesca insostenible, competencia insalubre, disputas territoriales y pesca ilegal a medida que los capitanes se desesperan por encontrar nuevos caladeros de pesca menos poblados.

“Para decirlo sin rodeos, esto es similar a pagar a los ladrones para que roben la casa de un vecino”, dice Peter Thomson, enviado especial del secretario general de la ONU para los océanos, sobre el papel que juegan los subsidios en el fomento de la pesca ilegal.

China tiene el peor puntaje del mundo en lo que respecta a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, según un índice publicado el año pasado por Poseidon Aquatic Resource Management, una firma consultora de pesca y acuicultura.

Pequeños cambios

Pese a todo, China muestra pequeños signos de mejora en su actuación. En respuesta a la presión internacional de los grupos conservacionistas de los océanos y de los gobiernos extranjeros, Pekín ha comenzado a reforzar el control de su flota en los últimos años, aunque los conservacionistas y los expertos en pesca siguen siendo escépticos.

En 2016, el gobierno publicó un plan de cinco años para limitar el número de embarcaciones pesqueras en aguas distantes a menos de 3.000 para 2021 (no está claro si China ha avanzado hacia este objetivo, sin embargo, porque el gobierno publica pocos datos sobre números de barcos). Y en junio, las autoridades pesqueras chinas anunciaron que de julio a noviembre cerrarán las temporadas de captura de calamares para los barcos chinos en ciertas aguas sudamericanas, citando la necesidad de permitir que las poblaciones de calamares se repongan. Esta es la primera vez que China cierra voluntariamente una temporada de pesca.

“Creo que el gobierno chino habla en serio cuando se ofrece a restringir su flota de aguas distantes”, dice Pauly. “Si pueden hacer cumplir las restricciones planificadas en su flota es otra cuestión; de hecho, no creo que controlen sus flotas de aguas distantes más de lo que nosotros controlamos las nuestras en Occidente”.

Es difícil asegurar que los barcos de cualquier nación cumplan con las normas ambientales, laborales o de otro tipo cuando se encuentran en aguas internacionales, ya que ningún país tiene la jurisdicción o los recursos para vigilarlos tan lejos de la costa.

Con una clase media en rápido crecimiento que puede pagar más pescado, el gobierno chino ha impulsado su industria de la acuicultura con más de 250 millones de dólares en subsidios entre 2015 y 2019 en un esfuerzo por reducir la dependencia del país del pescado capturado en la naturaleza.

Sin embargo, esa medida presenta un nuevo problema: para engordar sus peces, la mayoría de las piscifactorías dependen de la harina de pescado, un polvo rico en proteínas elaborado principalmente a partir de pescado capturado en la naturaleza en aguas extranjeras o internacionales. Además, la acuicultura requiere mucha harina de pescado: antes de que un atún cultivado llegue al mercado, por ejemplo, puede comer más de 15 veces su peso en pescado salvaje en forma de harina de pescado.

Los conservacionistas del océano advierten que la voraz naturaleza de la producción de harina de pescado está acelerando el agotamiento de los océanos, contribuyendo a la pesca ilegal, desestabilizando la cadena alimentaria acuática y minando las aguas de los países más pobres de las fuentes de proteínas necesarias para la subsistencia local.

“Tiene poco sentido la captura de grandes cantidades de peces silvestres para alimentar una creciente demanda de peces de cultivo”, dice Sala. “En cambio, una fracción de esos peces silvestres podría usarse para alimentar a las personas directamente, con menos impacto en la vida marina”.

Para satisfacer la demanda de harina y aceite de pescado, las autoridades pesqueras chinas dijeron en 2015 que planeaban aumentar la cantidad de krill recolectado en las aguas antárticas de 32.000 toneladas métricas a dos millones de toneladas métricas, aunque se comprometieron a permanecer fuera de las áreas “ecológicamente vulnerables”. El krill es una fuente principal de alimento para las ballenas, y los conservacionistas se preocupan por los efectos en cadena de una cosecha tan alta.

El papel de las subvenciones en la desestabilización de las relaciones internacionales

Además de las consecuencias ambientales potencialmente devastadoras de la sobrepesca y el colapso de la pesca, tantos barcos en el mar significa más competencia por los caladeros, lo que puede desestabilizar las relaciones entre los países y provocar enfrentamientos violentos.

En 2016, la Guardia Costera de Corea del Sur abrió fuego contra dos barcos pesqueros chinos que habían amenazado con embestir a las patrulleras en el Mar Amarillo. Un mes antes, los pescadores chinos embistieron y hundieron otra lancha rápida surcoreana en la misma zona. Ese mismo año, Argentina hundió un barco chino que, según afirmó, pescaba ilegalmente en sus aguas. Indonesia, Sudáfrica y Filipinas han tenido recientes enfrentamientos con las flotas pesqueras chinas. En la mayoría de estos casos, los barcos chinos pescaban calamar, que representa más de la mitad de las capturas de la flota en alta mar.

Una de las razones por las que la flota de China está tan sobredimensionada es que algunos de sus barcos pesqueros tienen fines distintos a la mera pesca. Como parte de la llamada milicia civil, dice Poling, estos barcos de pesca se envían a zonas de conflicto en el mar para vigilar las aguas y, en ocasiones, para intimidar y embestir a los barcos de pesca o de aplicación de la ley de otros países. Aparte de sus subsidios a la pesca, China tiene un programa que incentiva a los barcos a operar en aguas en disputa en el Mar de China Meridional como una forma de hacer valer sus reclamos territoriales. Estos obtienen muchos de los mismos beneficios que la flota de aguas distantes, además de pagos en efectivo porque operar en esa región no es rentable.

Más de 200 de estos barcos de pesca de la milicia ocupan las aguas alrededor de las disputadas Islas Spratly del Mar de China Meridional, un área rica en peces, y posiblemente también en petróleo y gas natural, que reclaman China, Filipinas, Vietnam y Taiwán. Las imágenes de satélite muestran que los barcos de pesca chinos en el área pasan la mayor parte del tiempo anclados juntos en grupos y no están pescando.

“La única razón por la que los pescadores [chinos] más pequeños van a las Spratlys es porque se les paga por hacerlo”, dice Poling. La presencia de estos barcos pesqueros ha acelerado el declive de los peces alrededor de las islas, provocado enfrentamientos con barcos pesqueros de otros países y ha dado cobertura a China para construir instalaciones militares en algunos de los arrecifes, reforzando aún más sus reclamos sobre el territorio.

“Son muy serios”

En parte porque viajan en grupos y, a veces, con seguridad armada, los barcos pesqueros chinos suelen ser agresivos con los competidores o amenazas percibidas. Vi esto de cerca en 2019 después de pagar mi entrada a un barco de calamar de Corea del Sur y dirigirme a la costa en el Mar de Japón, donde esperaba documentar la presencia de barcos de calamar chinos ilegales que operan en aguas de Corea del Norte.

Nuestro capitán era un hombre bajo y enjuto, de unos 70 años, con ojos hundidos y piel curtida como un elefante. En la mañana de nuestra salida programada, la tripulación contratada le dijo al capitán que no trabajarían en el viaje. Dijeron que estaban demasiado nerviosos por estar asociados con cualquier informe relacionado con Corea del Norte y por acercarse a los barcos pesqueros chinos.

El capitán dijo que aun así podíamos hacernos a la mar solo con su primer oficial, pero que el barco sería difícil de manejar, estaría más sucio de lo normal y tendríamos que ayudarles cuando nos lo pidieran.

Oliendo a perro muerto y como si fuera una pista de patinaje resbaladiza por la captura anterior, la cubierta del barco de madera de 60 pies de largo era un desastre. Los cuartos de la tripulación estaban destrozados y el motor del barco estalló sobre nosotros a varios cientos de millas de la costa, lo que llevó a dos tensas horas hasta que se solucionó.

Poco después del anochecer de nuestro primer día en alta mar, apareció en nuestro radar la silueta de un barco. Corrimos para alcanzar lo que resultó ser no un solo barco, sino casi dos docenas, todos en fila india desde aguas de Corea del Sur a aguas de Corea del Norte. Todos ondeaban banderas chinas y ninguno con los transpondedores encendidos, como se requiere en aguas de Corea del Sur.

Al enviar una armada previamente invisible de barcos industriales para pescar en estas aguas prohibidas, China ha estado desplazando violentamente a los barcos más pequeños de Corea del Norte y encabezando una disminución en las poblaciones de calamar que alguna vez fueron abundantes. Cuando se le preguntó acerca de los hallazgos, documentados por una nueva tecnología satelital de Global Fishing Watch, y confirmados por mi excursión de 2019, documentada para NBC, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo en un comunicado que “hizo cumplir concienzudamente” las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Corea del Norte y que “castigó sistemáticamente” la pesca ilegal, pero no confirmó ni negó la presencia de barcos chinos allí.

Seguimos a los barcos, los filmamos, documentamos sus números de identificación y, después de unos 45 minutos, pusimos un dron en el aire para verlos mejor. En respuesta, uno de los capitanes tocó la bocina, encendió las luces y luego se acercó abruptamente a nosotros en una maniobra de embestida: una advertencia. Mantuvimos nuestro rumbo, pero el barco chino continuó hacia nosotros. Cuando llegó a 30 pies de nosotros, viramos repentinamente para evitar la colisión.

Era todo lo que nuestro capitán quería arriesgar. Decidió que era demasiado peligroso continuar, dio la vuelta a nuestro barco y comenzó el viaje de ocho horas de regreso al puerto, durante el que se mostró inusualmente callado y un poco nervioso. “Son muy serios”, seguía murmurando, refiriéndose a los pescadores chinos, quienes, impertérritos, continuaron dirigiéndose hacia aguas norcoreanas.

Claramente, las subvenciones no solo han convertido a la flota pesquera china en una fuerza mundial de tamaño y alcance geográfico sin precedentes. También han inculcado un sentido de ambición, empuje y audacia que pocos países o sus capitanes de pesca están dispuestos o son capaces de desafiar.

Autor: Ian Urbina, exreportero de investigación del New York Times y director de The Outlaw Ocean Project, una organización de periodismo sin fines de lucro con sede en Washington, D.C., que se enfoca en informar sobre crímenes ambientales y de derechos humanos en el mar.

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El informe económico anual del FMI, que encabeza Georgieva, dejó planteado el tema.

El organismo instó a gravar el dioxido de carbono y subsidiar las energías renovables

El tema está entre las prioridades de Europa y China y es uno de los ejes de la campaña electoral de Joe Biden en Estados Unidos. Argentina acompaña como actor de reparto.

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó a todos los países, con Estados Unidos, Europa, China, India y Japón a la cabeza, a implementar impuestos a las emisiones de dióxido de carbono y fuertes subsidios para las energías renovables. "Sin cambios en las políticas, la temperatura de la superficie del planeta subiría de 2 a 5 grados adicionales para el final del siglo, imponiendo daños sobre la productividad de la actividad primaria, frecuentes disrupciones de la actividad económica, destrucción física del capital y de la infraestructura como resultado desastres naturales más frecuentes y más severos y deterioro de la salud", indicó el FMI en su informe económico anual.

El tema está en el tope de prioridades de Europa y también en China y es uno de los grandes ejes de la campaña electoral "verde" de Joe Biden en los Estados Unidos. Si la política global sigue los canales más o menos esperados, en los próximos treinta años se profundizará un giro en las formas de producción. 

En esta agenda, la Argentina, que enfrenta una larga lista de emergencias socio-económicas, es a lo sumo un actor de reparto. No obstante, muestra importantes avances en materia de generación de energía renovable y hasta cuenta desde hace dos años con un impuesto al dióxido de carbono, impulsado por el macrismo para reforzar la candidatura del país en el ingreso a la OCDE, que no se dio. Los especialistas en el tema advierten que el país necesita calibrar el grado de acompañamiento de la agenda global, para aprovechar oportunidades, hacer el aporte propio en términos de reducción de las emisiones y prepararse para lo que vendrá pero también teniendo en cuenta que el problema se está definiendo en otra liga donde juegan las grandes potencias, que además cargan con una evidente responsabilidad histórica.

Con este set de tendencias, peligros, restricciones y necesidades es de interés analizar la postura que el FMI adoptó en su Panorama Económico Mundial 2020, que otorga un lugar central a la cuestión medioambiental.

El diagnóstico

Se calcula que la temperatura promedio de la superficie del planeta es un grado superior a la que existía en el período de la revolución industrial a causa de la emisión de gases efecto invernadero asociados en primer lugar a la quema de combustibles fósiles. El incremento se está acelerando, lo cual se observa en que desde 1980, cada década es más cálida que su predecesora. “El período 2015-2019 fue el más cálido del que se tenga registro y 2019 fue el segundo año más caluroso. El impacto es evidente por el aumento en la frecuencia de los desastres naturales”, dice el Fondo.

El Acuerdo de París de 2015 establece como objetivo que el aumento de la temperatura respecto del período pre-industrial esté para el año 2100 por debajo de los dos grados e idealmente quede en 1,5 grados. “Para llegar a ese objetivo se necesita que las emisiones netas de dióxido de carbono –relación entre la emisión y la retirada que proporciona el mundo vegetal— sean iguales a cero para 2050”, agrega el informe.

“Sin cambios en las políticas, la temperatura subiría de 2 a 5 grados adicionales para el final del siglo, con lo cual llegaría a niveles no vistos en millones de años, imponiendo daños sobre la productividad de la agricultura y la pesca, disrupción frecuente de la actividad económica, destrucción física del capital y la infraestructura como resultado desastres naturales más frecuentes y más severos y deterioro de la salud”, advierte.

La lupa sobre el carbón

El uso del carbón por parte de industrias y para la generación eléctrica explica casi la mitad de las emisiones globales de dióxido de carbono y tres cuartas partes de toda la emisión de dióxido de carbono que realiza el sector de la energía. Actualmente, la mitad del consumo mundial de carbón se explica por China, que junto a India, Estados Unidos, Rusia y Japón llevan adelante el 77 por ciento del consumo global de carbón.

El Fondo subraya que el carbón es la fuente de energía más contaminante, muy por encima de los hidrocarburos. La reina histórica del carbón es Inglaterra, que está al borde de eliminar su uso, mientras que China llegó a su pico en 2013 y está en camino de la reducción, aunque al actual ritmo necesitaría 38 años para llegar a cero.

El ritmo de “descarbonización” es lento por dos factores: es difícil reemplazar el carbón en aquellas las industrias que lo utilizan directamente en la operación (que representan un tercio del consumo total de carbón) y en el caso de la generación eléctrica, las plantas en base a carbón tienen una vida útil de 30 a 40 años.

Las acciones

El informe investiga las alternativas para llegar al objetivo de emisión neta de dióxido de carbono igual a cero para dentro de treinta años (2050), para lo cual sería necesario que cada país reduzca las emisiones “brutas” en un 80 por ciento, junto al avance de bosques y otros ecosistemas naturales de captación de carbono.

 “Se suele argumentar que los países que han contribuido en mayor medida al stock acumulado de emisiones deben cargar con la mitigación. Pero las economías avanzadas por sí solas no pueden mantener la temperatura en valores seguros. En cambio, si los Estados Unidos, Europa, China, Japón y la India actúan de manera conjunta, pueden provocar una fuerte caída de las emisiones”, dice el FMI.

El FMI quiere que “se lleven a cabo medidas para elevar el precio de las actividades con mayor huella de carbono a través de impuestos”. Si bien esto “incrementa el precio global de la energía y afecta a la actividad económica, los ingresos fiscales resultantes se pueden transferir a los hogares para evitar el daño sobre los más pobres”.

En segundo lugar, propone aplicar agresivos subsidios de precio y para investigación e inversión pública para abaratar fuentes de energía limpia. 

Efectos económicos desiguales

Si avanza una agenda como la que propone el FMI, Europa se vería beneficiada, porque ya cuenta con un sector fuerte de energías renovables, de manera que la inversión que hay por delante es relativamente menor que en Estados Unidos, China y la India, que serían las economías grandes con mayores costos de transición. De hecho, Europa ya aplica impuestos al dióxido de carbono y Estados Unidos y China, no. 

Por otro lado, las economías que dependen de la exportación de petróleo se verían directamente afectadas por esta agenda.

El FMI advierte que estas medidas se deben tomar de manera conjunta a nivel global porque si se aplican impuestos y cae la demanda de combustibles fósiles, afectaría a la baja el precio internacional, lo cual podría ser aprovechado por otros países que no aplican impuestos. Adicionalmente, las actividades más intensiva en emisiones de carbono podrían buscar relocalizarse en economías de baja regulación

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Domingo, 11 Octubre 2020 05:13

Trump, presidente de los obreros

Donald Trump y Mike Pence han visitado varias veces la planta que Shell está construyendo en Monaca, en el condado de Beaver (Pensilvania). En agosto del 2019 habló ante 5.000 trabajadores ligados a las obras. La prensa local reveló que algunos empleados asistieron obligados para poder cobrar ese día. (Jeff Swensen / Getty)

La batalla de los demócratas por recuperar la Casa Blanca choca con una incómoda realidad: la clase trabajadora idolatra al presidente

Primera parada de la ruta en los estados clave en las elecciones presidenciales de EE.UU.

Beatriz Navarro, Beaver, Pensilvania

11/10/2020 01:53 | Actualizado a 11/10/2020 10:36

El cinturón del óxido parece menos roñoso al oeste de Pittsburgh (Pensilvania). La actividad es frenética en los alrededores de la nueva planta que la petroquímica Shell está construyendo en el condado de Beaver, a orillas del río Ohio.

Alimentada por el gas natural obtenido a pocos kilómetros gracias a la técnica del fracking , en un año debería estar produciendo millones de toneladas de pellets de plástico para fabricar botellines, móviles o coches. “La inversión nos ha puesto en el mapa”, celebra Lew Villotti, presidente del consejo económico del condado. “A los que me preguntan por la contaminación siempre les digo lo mismo: ¿qué había antes ahí? Una fundición de zinc y laderas con árboles muertos. Es lo que recuerda la gente de aquí. La mayoría no lo ve como un problema”.

El plástico, dicen, puede ser el nuevo carbón para los Apalaches. “El renacimiento energético de América ha llegado a Pensilvania”, proclamaDonald Trumpen sus frecuentes visitas a la zona, en las que se arroga el mérito de la inversión, aunque se decidió antes de su elección. Otros dicen que no es más que un espejismo. Aunque las obras emplean a 6.000 personas y están dejando mucho dinero a los gremios locales, cuando la planta esté acabada no dará trabajo a más de mil. Las autoridades locales aseguran que la presencia de Shell será un imán para otras compañías.

Los 6.000 millones de dólares invertidos han sido un auténtico maná para esta deprimida región al oeste de Pittsburgh. Por primera vez en décadas, en el 2016 Pensilvania dio la espalda a los demócratas para apoyar a Trump. En este condado, el terremoto fue devastador: 19 puntos a favor del republicano, a pesar de que más de la mitad de los votantes están registrados como demócratas. Aunque hay más carteles de apoyo a Joe Biden que hace cuatro años por Hillary Clinton y en las ciudades compiten bien con los republicanos, los de Trump arrasan. La demografía local le es propicia: el 92% de sus habitantes son blancos y el 76% de los trabajadores no tiene estudios universitarios.

En amplias regiones de Pensilvania y el Medio Oeste, el presidente sigue siendo el improbable ídolo de la clase obrera. Pero este año, para ganar, no solo necesita mantener esos votos –y los de la América rural, a la que sacó por sorpresa de su letargo– sino conseguir bastantes más. Solo así podrá contrarrestar la potente ola demócrata que recorre las zonas urbanas y amenaza con convertirle en una rareza, un presidente de un solo mandato.

Trump volverá a contar con el voto de Robert, un obrero jubilado que siempre antes respaldó a los demócratas. “Es lo que votaba todo el mundo en mi familia. Ahora casi todos vamos con Trump. Yo me cambié porque me gustó lo que proponía”, afirma señalando la bandera con el lema Make America Great Again que tiene en el porchede su casa en Ambridge, una ciudad que lleva su origen grabado en el nombre (la acerería American Bridge).

 “Es un bocazas pero no me importa. Dice lo que piensa y, te guste o no, siempre sabes dónde está. No es una marioneta. Dijo lo que iba a hacer y básicamente lo ha hecho”, sostiene este antiguo montador de bombas y compresores citando lo bien que iba la economía hasta que llegó la pandemia. “Ha apoyado mucho a los trabajadores y a la gente con fondos de jubilación”. Ni se plantea votar a Joe Biden. “No creo que pueda hacer todo lo que está haciendo Trump por los trabajadores. ¿Que es de Pensilvania? Pero si no vivió aquí más que unos meses...”. (Biden vivió allí hasta los 11 años).

“No es un político. Le voté porque era diferente y no era parte del sistema. Los dos partidos son unos mentirosos. Necesitábamos a alguien nuevo. Voté por Barack Obama en el 2008 y en su primer mandato no hizo nada más que darnos un seguro médico universal que yo no quiero. Quien trabaja tiene seguro, así debe ser”, afirma Chuck, un obrero de la construcción jubilado de 61 años en Monroe (Michigan). “Necesitamos un presidente fuerte y no creo que Biden lo sea”.

En noviembre, Cody Campbell, un joven de Battle Creek (Michigan) de 23 años, votará por primera vez y lo hará por Trump. Le gusta que haya sido empresario. “Es un hombre de negocios, un millonario. No sé cómo explicarlo bien, pero creo que está del lado de los trabajadores y me gusta. La mayoría de los presidentes no lo está. Él se preocupa por nosotros”, dice Campbell, propietario de un taller de motos.

Eso que a este votante le cuesta explicar es un movimiento de tierras que politólogos y analistas definen como “el gran realineamiento de los partidos políticos estadounidenses”. “Nos encontramos en un proceso de transformación a diez años vista. La gente que hoy pone carteles de Trump en sus casas solía trabajar en minas o fábricas y nunca antes había votado a un republicano. Y la gente del Duquesne Club, fundado por magnates del acero e industrialistas, ya son en su mayoría demócratas”, afirma el estratega republicano Mike DeVanney en sus oficinas en Pittsburgh.

El fenómeno va más allá de la figura del presidente. “Donald Trump no hay más que uno” pero “no creo que se pueda volver a meter al genio en la lámpara. El Partido Republicano, antes gran defensor del libre comercio, lleva 20 años haciéndose más proteccionista y conservador socialmente, mientras que el demócrata ahora es más atractivo para la gente con más ingresos y educación”, sostiene DeVanney.

Pero mientras Hillary Clinton, que llamó “deplorables” a los votantes de Trump, se confió y solo hizo campaña en las grandes ciudades de Pensilvania, “Biden es consciente de que debe ir a las zonas rurales y tiene un perfil con el que puede ir un poco más allá de su base”. Para eso le eligieron los demócratas. Según las encuestas va 10 puntos por delante de Trump en intención de voto en Pensilvania, pero nadie se fía.

Los republicanos saben que tienen el viento en contra, pero confían en que ocurra lo mismo que en el 2016. “Salió gente a votar que no había votado nunca o no lo había hecho en años. Gente que había tirado la toalla con los políticos porque pensaba que nadie se preocupaba por ellos. Trump fue el primero en tocar esa fibra. Los anteriores gobiernos nos habían vendido firmando malos acuerdos comerciales”, afirma Sam DeMarco, presidente del Partido Republicano del condado de Allegheny, donde se encuentra Pittsburgh.

Con 1,2 millones de habitantes, es el segundo mayor condado del estado después de Filadelfia. Tiene 250.000 votantes republicanos registrados, pero en el 2016 cosechó 367.000 votos para Trump. “Mi trabajo es educar a la gente en los logros del presidente antes de la pandemia. Puedo defender al presidente por lo que ha hecho. Hay gente que me dice que le gustan sus tuits o cómo habla. Yo les digo que lo que importan sus políticas”, afirma.

Pero contra Clinton se hacía campaña mejor. “Era una figura muy polarizadora, nada simpática. Biden cae bien y te tomarías una cerveza con él. Pero no es alguien a quien se tome en serio”, opina DeMarco. Movilizar al máximo ciudades y suburbs a la vez que arañan votos a Trump entre los obreros blancos es la única forma que tienen los demócratas de llevarse los 20 votos del colegio electoral de Pensilvania. Lo mismo en el Medio Oeste .

El ambiente de estas elecciones “no tiene nada que ver con el 2016”, asegura Terri Mitko, presidenta del Partido Demócrata del condado de Beaver. Pero no todos los votantes se convencen por sí mismos y lo que le gustaría es ver a Biden sobre el terreno. “No será porque no lo hayamos pedido”, dice sin ocultar su fastidio, aunque está convencida de que al final los visitará. Trump ha ido varias veces en pocos meses.

No todos ven a Biden como el héroe de la clase obrera (los blue collar workers , por el mono azul de faena) que él dice ser. Pero el hartazgo tras cuatro años de Trump es un aliciente poderoso para votantes desengañados como Valery. “Dijo que iba a resucitar el carbón. Hizo todo tipo de promesas y le creí. Le había ido bien como empresario ¿por que no lo iba a hacer bien como presidente?”, dice antes de echarse una buena carcajada. “Mi empresa cerró en el 2018 después de 35 años. Yo perdí mi trabajo”, explica esta sexagenaria frente a un supermercado Walmart cerca de la planta de Shell. “Trump es una vergüenza para el país. Biden es mayor, pero con la edad viene la experiencia”.

A Jennifer Curtis, en cambio, no la convence. “Iba a votar por Biden, pero vi todos esos anuncios en la tele y me desanimé”, dice citando publicidad negativa pagada por la campaña de Trump. “Biden quiere quitarnos cosas y sale siempre llevando mascarilla”, dice con desconfianza esta votante de 48 años. Trabajaba en una guardería de Beaver pero perdió su empleo por la pandemia. “No es justo, pero tenemos que mantenernos sanos. Trump está intentando encontrar una vacuna. Lo estamos esperando”.

La polarización es extrema, y la mayoría de los votantes tiene las cosas claras. Alguno duda. Mike, un electricista de 38 años que trabaja en la planta de Shell, dice estar dividido entre lo que su sindicato le dice que vote (demócrata) y lo que le pide el cuerpo, porque no tiene nada que objetar a la presidencia de Trump. A él, admite, le ha ido bien desde que está en la Casa Blanca. “He hecho mucho dinero en bolsa estos años”, comenta a salir de la obra. “Pero los dos partidos –dice desmotivado– podían haber elegido candidatos menos viejos y seniles”

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Viernes, 25 Septiembre 2020 04:59

Camisas de fuerza

Camisas de fuerza

Imaginemos que en las bases de convocatoria de uno de los premios literarios importantes establecidos en nuestra lengua, digamos el Alfaguara o el Herralde, se estableciera como requisito de participación que la novela concursante debe llenar determinados requisitos sobre el tema y en cuanto a la procedencia racial de los personajes, o su género, sus preferencias sexuales, o sus capacidades físicas.

No estoy usando mi fantasía para crear un escenario distópico. Sólo hago una transferencia al territorio de la literatura de las condiciones que se acaban de establecer para las producciones que a partir de 2024 compitan por el premio Óscar a la mejor película.

En cuanto a "representación en la pantalla, temática y argumento", la película debe centrarse en uno de los siguientes grupos: "mujeres, una etnia poco representada, personas LGTBI+, o personas con discapacidad física, cognitiva o auditiva". "Al menos uno de los actores principales o secundarios de cierta relevancia, deben ser parte de uno de los siguientes grupos raciales o étnicos: asiático, latino/hispano, negro/afroamericano, indígena/nativo, americano/nativo de Alaska, originario del cercano Oriente o del norte de África, hawaiano nativo u otro tipo de isleño originario de Oceanía, o de otra etnia poco representada". Y 30 por ciento de los actores secundarios debe llenar todos estos mismos requisitos.

Algunas de estas condiciones pueden ser intercambiadas, o sustituidas, por la misma representación diversa en los equipos de dirección y producción, que no se ven en la pantalla; pero todo obedece a un plan para enfrentar “el mayor desafío de nuestra historia para crear una comunidad más igualitaria e inclusiva… tanto en la creación de las películas como en el público que conecta con ellas”.

Conviene separar, antes de seguir adelante, la justicia de las políticas de inclusión social, racial y de género, que responde a una lucha de siglos de la humanidad por la conquista de la justicia, de la pretensión de imponer temas y cuotas dentro de la obra de arte, que representa por sí misma un campo infinito de diversidad, y asimismo de libertad, sin lo cual el acto creativo no sería posible. Y en esto equiparo al cine, del que he sido devoto toda mi vida, a la literatura, que es mi otra devoción, como escritor, y como lector.

He oído alegatos de que las alarmas respecto a estas reglas son exageradas, porque se trata de requisitos leves, que bien pueden ser evadidos parcialmente sustituyéndolos por los otros, invisibles, que atañen a la composición de los equipos de producción; y que, en todo caso, de tan leves, no se notarían, y el cine seguiría siendo el mismo.

La censura nunca es leve, y su tendencia es a avanzar, una vez establecida una cabeza de playa, porque las exigencias que llevan a imponer en el arte cánones políticos, sociales, o morales, nunca se sacian, por mucho que las intenciones puedan parecer benévolas, o justicieras.

No veo tampoco por qué no, a algún bien intencionado no se le ocurra ensayar esas mismas reglas en la literatura. Jurados literarios determinados a servir de muro de contención contra la discriminación. Comités editoriales celosos de reglas de contenido que no perturben al lector, o busquen evitar el arraigo de tendencias morales, políticas o filosóficas perjudiciales al conjunto de la sociedad. De todo estos hemos visto antes, ya sea porque el Estado se impone como el "gran benefactor" de las conciencias, o porque grupos de presión buscan conquistar terreno y consideran que la creación artística es la joya de la corona, por su poder de influencia espiritual.

Y cuando se trata de reglas, la naturaleza ideológica deja de importar. En la espléndida novela de Julian Barnes, El ruido del tiempo, Stalin atormenta a Shostakóvich porque quiere imponerle, en cambio de su música reaccio-naria y decadente, los parámetros del realismo socialista que canta las virtudes del hombre nuevo, siempre optimista, mirando hacia el futuro luminoso.

Censura desde el poder, pero también desde los grupos de presión. Cuando Memoria de mis putas tristes, la novela de García Márquez, fue convertida en México en una pieza de teatro, la representante de una organización feminista exigió que se prohibiera su representación, por las mismas razones morales que Lolita, la obra maestra de Nabokov fue sacada de las bibliotecas públicas en Estados Unidos: el uso de "nínfulas" como personajes.

La regla debería ser entonces: "no se permite en las novelas la figuración como personajes con connotación sexual, de personas del sexo femenino menores de 15 años de edad". Esto incluiría, por supuesto, la pintura, para prevenir casos tan lamentables como el de los cuadros de Balthus, maestro de la incorrección.

Ganar espacios de representación, y conquistar la justicia postergada, o denegada, nada tiene que ver con la imposición de reglas que buscan entrar en el territorio de la creación artística, y moldearla, adaptarla o limitarla. Al imponer a una obra de arte una camisa de fuerza, se le impone, en fin de cuentas, a toda la sociedad.

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Plásticos en las profundidades de mares y océanos / EFE

Japón, el segundo país que más basura plástica arroja a los océanos, ha sucumbido ante la creciente influencia de los criterios medioambientales en las carteras de inversión. Cloma, una asociación que integra a 361 grandes firmas niponas, nace con el objetivo de reciclar sus residuos plásticos y limpiar los océanos.

 

¿Cómo contribuir a la limpieza de los océanos desde uno de los países más contaminantes del planeta? Varias compañías japonesas de distintos sectores y dimensión pusieron en marcha en 2019 Cloma, una asociación fundada con el desafío de reciclar el 100% de los residuos plásticos de las 361 firmas del club en 2050. Con reducciones intermedias exigentes y acciones concretas de recogida de la basura de este material de origen fósil que se arrojan y almacenan en los mares y océanos del planeta. En la estructura de Cloma figuran desde grandes corporaciones Seven & i Holdings, Shiseido o Itochu, hasta decenas de startups. Pero todas asumen un compromiso de orden corporativo enfocado a la preservación medioambiental. Dentro de sus criterios ESG, que se están asentando entre las exigencias inversoras que cada vez más sociedades de valores y gestoras de fondos demandan a las multinacionales, cotizadas y, en general, a las compañías con presencia en los mercados de capital internacionales. Junto a unas reglas medioambientales estos criterios priorizan la apuesta de las carteras de inversión hacia empresas con proyectos de responsabilidad social y de buen gobierno corporativo. Cloma es una piedra en el zapato de la tercera economía global y segundo país que más material plástico arroja a los océanos. También es uno de los dos socios del G-7 que se negó a suscribir, en 2018, los objetivos de reducción el uso de plásticos para 2040. Pese a que prácticamente cada producto de consumo, desde el té al chocolate o piezas de fruta individuales se protege con este tipo de envoltorio.

La alianza empresarial nació de la necesidad de aunar esfuerzos. La plataforma integra los planes individuales que cada socio fundador estaba poniendo en marcha desde sus departamentos de medio ambiente y de responsabilidad social corporativa. Y les ha otorgado una mayor capacidad de maniobra y, sobre todo, instrumentos para expandir a una escala más operativa y eficiente los objetivos fijados. Desde una perspectiva colaboracionista. En seis distintas áreas de negocio. Por ejemplo, la empresa Kaneka, que fabrica pajitas para absorber refrescos biodegradables en caso de ser lanzadas a las aguas de los océanos, ha empezado a comercializarlas entre los centros de servicios de cafés y refrescos para consumo fuera de los establecimientos. Su primera pica en esta cruzada ha sido la suscripción de un acuerdo de exclusividad con las tiendas 7-Eleven, muy asentadas en el país del Sol Naciente, afirma la agencia Bloomberg.

Cloma nació por la iniciativa empresarial. Sin embargo, ha recibido en su corta vida el apoyo del todopoderoso Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) japonés. Interesado, casi de repente, en un puente de entendimiento entre el Gobierno nipón y sus empresas para un reto de primer orden. Un proceso avanzado de reciclaje. Para Cloma se abre de par en par las puertas a regulaciones que faciliten su tarea fundacional. También con el Ministerio de Medio Ambiente. Pero, sobre todo, se la acepta como interlocutor colectivo y como lobby influyente. Porque sus intenciones pasan por expandir el número de socios y poder ganar más peso en las propuestas legislativas que, de otra forma, de manera individual, sus firmas nunca podrían conseguir. Entre otras razones, también por la necesidad imperiosa de que el sector privado nipón sea más verde. Después de un último bienio en el que los criterios ESG se han expandido por todos los círculos bursátiles y, por ende, por los consejos de administración y cúpulas directivas de las sociedades mercantiles. También por iniciativas de alto calado estratégico como la de la EU y su decisión de enmarcar la transición energética y las emisiones cero como uno de los pilares de su cambio de patrón de crecimiento. Dentro del esperado inicio del ciclo de negocios post-Covid. Al igual que Japón, EEUU -alerta un reciente informe Standard & Poor’s- se expone a perder el liderazgo de las energías renovables.

Creciente reivindicación social por la ecología

El subconsciente colectivo japonés ha virado, con antelación, pero casi en paralelo, al cambio de rumbo de una parte de la comunidad empresarial del país. Los productos que dañan el medio ambiente son cada vez más repudiados entre la opinión pública nipona. Especialmente, entre el estrato más joven de la sociedad, que se decantan mayoritariamente por cajas y contenedores reciclables. Cloma, además, pretende trasladar sus iniciativas y tecnología a naciones en vías de desarrollo. Tanto sus materiales manufacturados, como sus procesos productivos, sus marcas o sus líneas de innovación de reciclajes industriales. Promueve la exportación de su know-how. Y, por ello, buscará de forma preferente joint-ventures con empresas de otras latitudes con las que compartir sus cadenas de valor. Expresamente concebidas para reducir la elevada concentración de plástico en aguas marinas y oceánicas. Que, paradójicamente, por el parón productivo global, se ha incrementado aún más durante la epidemia del coronavirus. Mascarillas, viseras faciales y protectores oculares se han sumado a la basura de bolsas y otros residuos plásticos por la alta demanda de estos productos durante las crisis sanitarias de la Covid-19 por todo el mundo. Una consecuencia de la que Japón, que se deshizo de 8 millones de toneladas de material plástico el pasado año, no ha sido precisamente una excepción.

El Día Mundial de los Océanos, que se celebra el 8 de junio, John Hocevar, biólogo marino y director de la campaña de Greenpeace para la limpieza oceánica, recordó a ABC News que la producción masiva de este tipo de envoltorio universalmente utilizado emergió en la década de los cincuenta y que, a pesar de ser un artículo industrial relativamente reciente -en comparación con otros materiales- ha logrado expandir su uso exponencial después de siete décadas. "Casi todos los fabricados desde su implantación todavía están con nosotros", explica Hocevar de su perdurabilidad en el tiempo. "Nunca se desintegran completamente, porque se convierten en microplásticos, partículas de menos de 5 milímetros de diámetro que se prodigan por todo el planeta". En términos globales, hay más de 8.300 millones de toneladas métricas de plástico. Fruto de su proliferación en los últimos 70 años, coincide Dianna Cohen, CEO de Plastic Pollution Coalition, que incide en que “está en el agua que consumimos, la comida con la que nos nutrimos y en el aire que respiramos”. Cada año, 8 millones de toneladas métricas de plásticos acaban en los océanos, según un estudio publicado por el World Economic Forum de 2016. El equivalente a una furgoneta media cargada de plástico cada minuto. Con escasas esperanzas de reversión, porque otro análisis, en este caso predictivo, reciente, de la revista Science, augura que la basura plástica en los mares de todo el planeta se triplique en los próximos 20 años y que los proyectos de limpieza y reciclaje apenas reduzcan este tsunami medioambiental en un 7% el volumen total. Ante el mínimo esfuerzo de los gobiernos para abordar esta catástrofe ecológica, con medidas drásticas como las restricciones de uso de estos materiales en supermercados y la instauración de medidas alternativas. De hecho, Science alerta de que los 8 millones de toneladas métricas de 2016 han pasado a suponer 11 millones en 2019.

World Population Review constata que China, con 59 millones de toneladas, es el país que más residuos plásticos genera, seguida de EEUU, con 37,8; Alemania (14,4); Brasil (11,8) y Japón, con 7,99 millones. España se sitúa en decimotercer lugar, con 4,7 millones de toneladas.

madrid

25/09/2020 07:23

DIEGO HERRANZ

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Megaincendios en la costa oeste de EEUU: “Si no creen en el cambio climático, vengan a California”

El humo proveniente de incendios forestales es visible en Pasadena, California, este sábado 12 de septiembre de 2020. Foto: AP.Varios megaincendios incineran más de un millón de hectáreas. Millones de residentes están asfixiados por el aire tóxico. Apagones continuos y olas de calor con temperaturas altísimas. El cambio climático, en palabras de un científico, le está dando una bofetada a California.

La crisis que enfrenta el estado más poblado de Estados Unidos es algo más que una mera acumulación de catástrofes individuales. También es un ejemplo de algo que les ha preocupado a los expertos del clima desde hace mucho, pero que pocos esperaban ver tan pronto: un efecto en cascada en el que una serie de desastres coinciden y se detonan o amplifican entre sí.

“Se están cayendo las piezas de dominó como los estadounidenses nunca se habían imaginado”, dijo Roy Wright, quien dirigió programas de resiliencia en la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por su sigla en inglés) hasta 2018 y creció en Vacaville, California, cerca de uno de los incendios más grandes de este año. “Es apocalíptico”.

Lo mismo se podría decir de toda la costa oeste del país esta semana, hasta Washington y Oregón, donde los pueblos se vieron diezmados por el fuego mientras los bomberos combatían al límite de sus capacidades.

Las crisis simultáneas de California son un ejemplo de cómo funciona la reacción en cadena. Un verano sofocante derivó en condiciones de sequía que jamás se habían experimentado. La aridez ayudó a que los incendios forestales de la temporada fueran los más grandes que se hayan registrado. Seis de los 20 incendios forestales más grandes en la historia moderna de California han sucedido este año.

Si el cambio climático era un concepto abstracto hace una década, en la actualidad es demasiado real para los californianos. Los intensos incendios forestales no solo están desplazando a miles de personas de sus hogares, sino que están provocando que químicos peligrosos se filtren en el agua potable. Las advertencias sobre el calor excesivo y el aire asfixiante lleno de humo han amenazado la salud de personas que ya están batallando durante la pandemia.

Además, la amenaza de más incendios forestales ha hecho que las aseguradoras cancelen las pólizas de los propietarios de las viviendas y que los principales proveedores de servicios públicos del estado corten el suministro de electricidad para decenas de miles de personas con fines preventivos.

“Si no creen en el cambio climático, vengan a California”, dijo el gobernador Gavin Newsom el mes pasado.

Los funcionarios se han preocupado por los eventuales desastres en cascada. Pero no pensaron que comenzarían tan pronto.

“Solíamos preocuparnos por un peligro natural a la vez”, dijo Alice Hill, investigadora principal del Consejo de Relaciones Exteriores que supervisó la planificación de la resiliencia en el Consejo de Seguridad Nacional durante la administración Obama. “Pero la aceleración de los impactos climáticos ha sucedido más rápido de lo que esperábamos”.

Los climatólogos argumentan que el mecanismo detrás de la crisis de incendios forestales es simple: el comportamiento humano, sobre todo la quema de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo, ha liberado gases de efecto invernadero que elevan las temperaturas, lo cual seca los bosques y los predispone a incendiarse.

Mark Harvey, quien fue director sénior de resiliencia en el Consejo de Seguridad Nacional hasta enero, dijo que al gobierno se le ha dificultado prepararse para situaciones como las que se están viviendo en California.

“El gobierno tiene un desempeño muy muy deficiente en cuanto a los efectos en cadena”, afirmó Harvey. “La mayoría de nuestros sistemas están diseñados para lidiar con un problema a la vez”.

De cierto modo, los incendios forestales que han sucedido en California durante este año llevan décadas gestándose. Una sequía prolongada que terminó en 2017 fue una de las principales causas de muerte de 163 millones de árboles en los bosques de California en la última década, según el Servicio Forestal de Estados Unidos. Uno de los incendios que se propagó con más velocidad este año devastó los bosques que tenían la concentración más alta de árboles muertos, al sur del Parque Nacional de Yosemite.

Más al norte, el Bear Fire (incendio del oso) se convirtió en el décimo incendio más grande en la historia de California, pues arrasó con la impactante cantidad de 93.077 hectáreas en un periodo de 24 horas.

“Es realmente impresionante ver la cantidad de incendios enormes y destructivos que se propagan con tanta rapidez y suceden al mismo tiempo”, dijo Daniel Swain, climatólogo del Instituto del Medioambiente y Sustentabilidad en la Universidad de California en Los Ángeles. “He hablado con casi treinta expertos en incendios y climatología en las últimas 48 horas, y casi todos se han quedado sin palabras. Sin duda, no se ha vivido algo de esta magnitud en los últimos tiempos”.

Mientras las autoridades estatales se movilizan para lidiar con las amenazas inmediatas, los incendios también dejarán a California con problemas difíciles y costosos a largo plazo, desde los efectos de inhalar humo hasta el daño a los sistemas de agua potable.

El humo proveniente de un incendio forestal puede ser mortal, en el peor de los casos, sobre todo para las personas mayores. Hay estudios que demuestran que cuando llegan las olas de calor, la tasa de hospitalizaciones se eleva, y los pacientes experimentan problemas respiratorios, paros cardiacos y derrames cerebrales.

La pandemia de coronavirus añade una nueva capa de riesgo a una situación que de por sí es peligrosa. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han emitido comunicados que advierten que las personas con COVID-19 corren mayor riesgo de resultar afectadas por el humo de los incendios forestales durante la pandemia.

“Cuanto más tiempo dure el aire contaminado en California, más preocupaciones tendremos por los efectos adversos en la salud”, comentó John Balmes, vocero de la Asociación Americana del Pulmón y profesor de Medicina en la Universidad de California, campus San Francisco.

13 septiembre 2020 

(Tomado de The New York Times)

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Un hombre sostiene una foto que muestra una estructura antes de que se sumergiera bajo el agua debido a las inundaciones. REUTERS/Baz Ratner

Andrew Wheeler, dirigente de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos, afirmó que la regulación climática va en contra de los más vulnerables. Sin embargo, la ciencia señala que los efectos del cambio climático serán más severos para las clases más desfavorecidas y los países en desarrollo.

 

En el 50 aniversario de la EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos), su actual dirigente, Andrew Wheeler, opinaba que las políticas dirigidas a luchar contra la crisis climática basadas en medidas regulatorias suponen un ataque a los intereses de los pobres y los colectivos más vulnerables. Se trata de un mantra del negacionismo que parecía olvidado y que durante el mandato de Trump ha resurgido con fuerza.

De esta forma, el administrador del organismo federal –designado por Trump en 2017– cargaba contra las políticas demócratas del mandato Obama y vinculando la desregulación ambiental con los intereses de las clases trabajadoras. "Algunos miembros de administraciones anteriores y progresistas en el Congreso han elevado la defensa de un solo tema, en muchos casos centrados solo en el cambio climático, y por encima de los intereses de las comunidades dentro de su propio país", comentaba este jueves Wheeler, haciendo ver que una hipotética reelección del presidente republicano supondrá el portazo definitivo a la lucha contra el cambio climático.

No en vano, la afirmación del dirigente de la EPA pretende difuminar las evidencias científicas que confirman que los efectos de la crisis climática son (y serán) más severos para las clases trabajadoras y los países pobres del sur global. Se trata de un mensaje tradicional de la derecha republicana que señala con el dedo a las políticas de protección ambiental por lastrar los intereses económico y las vincula con un supuesto interés de la izquierda de querer controlar las vidas cotidianas de los ciudadanos de a pie. En un ejemplo claro, Wheeler hizo referencia a la restricción de los combustibles fósiles, argumentando que no van tanto en contra de los intereses de las compañías de petróleo y las marcas de automóviles, como de las necesidades de las clases trabajadoras para moverse en automóvil. De hecho, según informa Reuters, el dirigente de la Administración Trump vinculó escenarios de apagones en California con las políticas demócratas de transición verde basadas en energías renovables como la eólica o la solar.

El rechazo de Wheeler a la regulación y protección ambiental es un fiel reflejo de la forma en la que se aborda desde la Casa Blanca el reto climático. Más allá del incremento de contaminación y el aumento de concesión de licencias para macroproyectos con impacto ambiental, el hecho de que desde la EPA se considere que la lucha contra la crisis ecológica va en detrimento de los más vulnerables va en contra del grueso de las publicaciones científicas. El Panel Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU (IPCC), sin ir más lejos, advirtió en su último informe que el incremento del nivel del mar como consecuencia del calentamiento global será devastador para los países más pobres y para las estados insulares, que serán engullidos por el agua. No sólo eso, sino que la absorción del océano de cerca del 30% del CO2 emitido por el ser humano desde los años ochenta del siglo XX afectará en mayor medida a las comunidades rurales que viven de la pesca debido a una gran pérdida de biodiversidad marina.

"Las personas más expuestas y vulnerables son a menudo aquellas que cuentan con menor capacidad de respuesta", dijo el presidente del IPCC, Hoesung Lee, en relación al informe y alertando de que las demandas de la ciencia ya no pueden ir destinadas a luchar contra el cambio climático, sino a mitigar en la medida de lo posible sus consecuencias sobre los colectivos más desfavorecidos.

Cómo todo fenómeno, la crisis climática está teniendo consecuencias en función de la clase social. Así lo evidencia una investigación exhaustiva realizada por The New York Times , que detalla como los barrios negros y obreros de grandes urbes norteamericanas como Nueva York, Baltimore, Richmond, Dallas o Portland sufren ya temperaturas más cálidas que los distritos blancos y con mayor nivel de renta.

El oleoducto de Keystone que pretende transportar crudo desde EEUU es un buen ejemplo de cómo la desregulación normativa afecta directamente a los intereses de determinados colectivos. Este proyecto fue bloqueado durante el mandato de Obama, después de numerosas denuncias por parte de grupos ecologistas y comunidades indígenas canadienses y estadounidenses que iban a ver como sus territorios tradicionales iban a ser atravesados por esta infraestructura destinada al transporte de combustibles fósiles. Pese a ello, la Administración Trump decidió, en el mes de abril, reactivar el plan unos días después de que la EPA emitiera un comunicado donde anunciaba que todas las normas de protección ambiental quedaban suprimidas, al menos hasta que se ponga fin a la pandemia del coronavirus

La desregulación, al servicio de las grandes empresas

 

El mandato de Trump en materia ambiental ha estado articulado por un menosprecio a la ciencia y a todo lo relacionado con la crisis climática y la protección ambiental. Tanto es así, que su llegada a la Casa Blanca supuso la salida de los EEUU del Acuerdo de París, el tratado internacional firmado por 195 países que buscaba limitar las emisiones de CO2 mundiales y evitar que la temperatura del planeta ascendiera más de dos grados centígrados antes de que finalice el siglo XXI.

Tal y como recoge la revista Climática, durante sus cuatro años de Gobierno, el presidente republicano ha reducido o eliminado más de 150 medidas relacionadas con el medioambiente, ha incrementado la perforación del Ártico y ha afirmado que el cambio climático no tiene que ver con las acciones del ser humano en la Tierra. Todo ello, lejos de ir en beneficio de las clases proletarias como afirmaba dejaba ver el pasado jueves el dirigente de la EPA, ha ido destinado a favorecer los intereses de las grandes compañías petroleras.

El fin de las restricciones a las fugas de metano, una de las últimas medidas aprobadas por el Ejecutivo demócrata de Obama, ha sido una de las últimas decisiones de Trump más criticadas por la oposición y los grupos ecologistas, ya que libera a las compañías de la obligación de detectar y reparar cualquier escape de este gas nocivo, según informa The New York Times. La medida, como muchas otras, producirá beneficios económicos de hasta 100 millones de dólares al año hasta 2030 y conllevará 850.000 toneladas de metano durante esa década. La EPA justifica esta reciente medida y argumenta que "las cargas regulatorias impuestas por la administración Obama-Biden recayeron en gran medida sobre las pequeñas y medianas empresas de energía".

"Las acciones del presidente Trump con frecuencia han tomado la forma de ordenes ejecutivas que describen políticas nacionales, como priorizar la producción y distribución de combustibles fósiles, enfatizar el uso económico de los recursos naturales, acelerar las revisiones ambientales federales para proyectos de infraestructuras, y disminuir las restricciones de emisiones y estándares de eficiencia en todos los ámbitos", resumen desde el Centro Sabin para la Ley de Cambio Climático de la Universidad de Columbia, que cifra en en 159 el número de medidas de desregulación climática llevadas a cabo por el Ejecutivo republicano durante los últimos cuatro años de legislatura. 

05/09/2020 10:14

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El imperialismo estadounidense, la catástrofe climática y la nueva Guerra Fría

Entrevista a Paul Oquist

 

Es evidente que la humanidad se enfrenta a varias amenazas extremadamente graves. Lo que está en juego en las luchas que definirán la próxima década tendrá implicaciones sísmicas para el futuro de nuestra especie.

Me reuní con el Dr. Paul Oquist, representante de larga data de Nicaragua ante las Naciones Unidas en materia de cambio climático, para entrevistarlo con motivo del lanzamiento de su nuevo libro Equilibra: la filosofía y la economía política de la existencia y la extinción, en el que se exploran las múltiples amenazas existenciales a las que se enfrenta la humanidad.

La pandemia mundial de coronavirus -que ya se ha cobrado la vida de más de 800.000 personas en los primeros ocho meses de 2020- sigue propagándose de manera incontrolada en muchas partes del mundo, en particular en los Estados Unidos, el Brasil y la India. Al mismo tiempo, la perspectiva de una catástrofe humana mucho más grande se avecina a medida que las temperaturas mundiales siguen aumentando hacia el punto crítico de 1,5°C. Si se supera este umbral, se producirán cambios drásticos en el clima, lo que dará paso a una era de sufrimiento humano con condiciones meteorológicas extremas, hambrunas, inundaciones, huracanes, sequías y olas de calor a una escala que amenazaría la vida de millones de personas.

Oquist sostiene que los Estados Unidos son un gran obstáculo para que la humanidad logre la cooperación para resolver nuestros problemas. Los EE.UU. se han fijado el objetivo de lograr la “dominación del espectro completo”, argumenta. Es esta mentalidad de “América primero” la que está impulsando la política exterior estadounidense hacia una constante agresión contra los gobiernos progresistas y de izquierda de América Latina, incluida Nicaragua, y hacia un gran ataque a China, a través del lanzamiento de una nueva Guerra Fría.

Frente a estas inmensas amenazas a la humanidad, Oquist está reclamando un movimiento global de “supervivencia” para desafiar la dominación de los EE.UU. y hacer frente a los problemas urgentes que enfrenta la humanidad, desde el cambio climático hasta las armas nucleares.

Lo que está en juego: las amenazas existenciales a las que se enfrenta la humanidad

Empecé preguntando al Dr. Oquist cuáles son los principales mensajes que intenta transmitir en su nuevo libro, Equilibra. Su respuesta es franca y al punto: “Estamos realmente en un estado de cosas mucho más precario de lo que pensamos. Vivimos en una falsa estabilidad”.

Sostiene que el equilibrio a largo plazo del planeta, un equilibrio vital que sostiene y hace posible la vida humana, es ahora inestable y se enfrenta a múltiples amenazas a corto plazo que podrían desequilibrarlo.

La razón de esto, sostiene Oquist, es debido a los “puntos de inflexión” – puntos de inflexión a los que nos acercamos después de 170 años de emitir carbono desde la revolución industrial, más allá de los cuales “los ecosistemas básicos que mantienen la vida humana y la vida en general” se enfrentan a un “impacto permanente e irreversible”.

El enfoque en la acumulación de capital a toda costa, y un sistema económico dominante que “se basa en tomar ganancias a corto plazo a pesar de las consecuencias negativas a largo plazo” es fundamental para el problema, dice Oquist.

“El uso continuado de los combustibles fósiles es un ejemplo de ello”, dice, y “la creencia de que el crecimiento de la producción, el consumo y la acumulación de capital puede continuar sin cesar, sin pensar, sin límite alguno en un planeta con recursos finitos, degradados y limitados”.

El riesgo de un intercambio nuclear es otro escenario en el que el equilibrio de la Tierra, y los ecosistemas que sostienen a los humanos podrían ser expulsados en un corto espacio de tiempo: “Es un triste comentario sobre nuestra especie que estemos jugando a la ruleta rusa con nuestra propia existencia, que estemos jugando con un suicidio potencial de las especies al tener estas 4.000 armas nucleares operativas desperdigadas por ahí; y si continúan desperdigadas algún día serán usadas, así que deshagámonos de ellas mientras podamos”.

Los Estados Unidos son el “desafío número uno” para resolver el cambio climático

Le pregunté al Dr. Oquist cuáles son los principales desafíos para detener la catástrofe climática en la próxima década. Su respuesta fue enfática: “El desafío número uno es los Estados Unidos de América… Los EE.UU. son un gran problema. El resto del mundo tiene que hacer el trabajo pesado porque los EE.UU. se llevan la palma en este tema.”

Oquist procedió a explicar cómo los EE.UU. han desempeñado un papel destructivo en los debates internacionales sobre el cambio climático durante dos décadas, comenzando con el Protocolo de Kyoto en 1997:

“El Protocolo de Kyoto era un buen acuerdo, era legalmente vinculante, tenía objetivos para el mundo… Los EE.UU. eran signatarios del Protocolo de Kyoto y luego el Senado de los EE.UU. no lo ratificó, así que los EE.UU. quedaron fuera”.

Caracteriza el próximo período de la política internacional de cambio climático en el período previo al Acuerdo de París de la ONU en 2015 en los siguientes términos:

“Los europeos y el derecho latinoamericano hicieron concesión tras concesión tras concesión a los EE.UU. con el fin de que se sumaran al Acuerdo de París.” Una de las concesiones importantes hechas a los EE.UU. fue hacer que el Acuerdo de París no fuera “legalmente vinculante” sino “voluntario”.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos europeos y de los gobiernos de derecha de América Latina, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció en 2017 que los Estados Unidos se retirarían del Acuerdo de París. Oquist dice:

“Así que, dada toda esta historia, se puede imaginar el trago amargo que fue para los europeos y la derecha latinoamericana que, habiendo hecho todas las concesiones del mundo, los EE.UU. se retiraran del Acuerdo de París. Así que una vez más los EE.UU. están fuera del acuerdo. La mayor economía del mundo no va a participar en el Acuerdo de París y actualmente basa su modelo económico en los combustibles fósiles. Los EE.UU. son el mayor productor y exportador de petróleo y gas del mundo.”

Por qué Occidente debe pagar por la crisis climática

La clase dirigente de los Estados Unidos está decidida a bloquear una demanda vital que ha sido presentada constantemente por los países en desarrollo en las negociaciones internacionales sobre el cambio climático: que los países y las empresas más responsables de causar el cambio climático paguen por las pérdidas y los daños causados por el cambio climático. Esto tal vez no sea sorprendente, ya que los EE.UU. son responsables de un cuarto de todas las emisiones de carbono jamás liberadas.

Oquist explica por qué la demanda de los países en desarrollo por pérdidas y daños es justa:

“Sabemos, desde la revolución industrial, quiénes son los grandes países emisores y quiénes son las grandes empresas emisoras. Se les debe hacer responsables de las pérdidas y daños en la medida de su responsabilidad por haber causado el problema. Algunas personas dicen que eso es muy radical. No, no es radical en absoluto”.

Señala que la idea de que si se causa daño a otra persona se debe pagar por ello es una parte central del derecho común. “Es la única manera científica de decidir quién debe pagar por la pérdida y los daños… preguntándose histórica y actualmente quién lo ha causado y en qué medida. Entonces pueden contribuir proporcionalmente al costo.”

Para Oquist, la negativa de los EE.UU. y Occidente a pagar por la crisis climática es una continuación de la explotación de los pueblos y recursos del mundo en beneficio del capital. Señala que el capital en Occidente se enriqueció utilizando un recurso común, el presupuesto mundial de carbono.

Dominio de todo el espectro: desde el cambio de régimen en América Latina hasta la nueva guerra fría de los EE.UU. contra China, lo que significa para el mundo “América primero”.

Oquist cree que “hay un bajo nivel de conciencia sobre el hecho de que América Latina este siglo ha sido objeto de acciones muy viciosas de cambio de régimen por parte de los EE.UU.”.

“Hubo el golpe de estado en Venezuela en 2002 en el que Hugo Chávez fue detenido y llevado a una isla. Sólo después de 3 manifestaciones, de una gran presión de algunos sectores del ejército y de una cierta presión internacional, eso se resolvió. Jean-Bertrand Aristide ganó las elecciones presidenciales en Haití con el 92% de los votos, pero eso no fue suficiente. Los EE.UU. lo depusieron en 2004; incluso hubo una breve intervención militar en ese momento. En 2009 el presidente electo Zelaya en Honduras es depuesto en un golpe de estado, seguido por Paraguay donde el presidente electo Lugo es depuesto por un golpe de estado. Luego tenemos a Dilma en Brasil con el golpe de estado”.

“Y luego, para completar esta lista tan triste, tenemos el golpe de Estado boliviano de 2019, que derrocó a un movimiento social y una revolución muy poderosa que había llevado por primera vez a los grupos indígenas a encontrar su independencia. Porque la independencia antes de eso no había sido para los grupos indígenas, había sido para los grupos de descendencia europea no para los indígenas que nunca fueron reconocidos”.

Sobre el fallido intento de golpe de estado respaldado por los Estados Unidos en Nicaragua en 2018, Oquist dice que la realidad de lo que realmente ocurrió no se entiende en los Estados Unidos y Europa debido a la distorsionada cobertura de los medios de comunicación occidentales. Dice que:

“24 oficiales de policía fueron asesinados por disparos en ese golpe. Tomaron las carreteras del país e hicieron un gran daño a la economía del país porque querían estrangular la capital impidiendo la entrada de alimentos. Estos bloqueos en la autopista fueron muy, muy violentos, se impusieron violentamente, se mantuvieron violentamente y de ellos se obtuvieron secuestros, torturas, asesinatos”.

“Los EE.UU. usaron el mismo manual que en las revoluciones de color”, afirma. Como en muchos otros casos en el continente donde los EE.UU. intentan cambiar de régimen, cualquier acción tomada para controlar la violencia extrema y los intentos de golpe de Estado por parte del gobierno se presenta entonces en los medios de comunicación occidentales como la represión gubernamental de los manifestantes pacíficos. “Lo cual es ridículo” dice, claramente frustrado por la facilidad con la que tan obvias mentiras no son cuestionadas.

Me resulta difícil entender por qué los europeos tienen tanta dificultad para entender que hubo un intento de golpe de estado. Cuando todo lo que tienen que hacer es escuchar al Presidente Trump, al Vicepresidente Pence y al Secretario de Estado Pompeo que declaran explícitamente que quieren un cambio de régimen, que quieren derrocar los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua”.

La política de EE.UU. de “dominio del espectro completo” está llevando al mundo hacia una nueva guerra fría, según Oquist. Los EE.UU. están “tratando de imponer su voluntad a todo el mundo con su política de ‘América primero’”.

“La etapa actual del imperialismo es la política de EE.UU. de dominación del espectro completo. No sólo dominar el mundo militar y políticamente, sino también dominar los medios de comunicación, dominar los medios sociales, dominar la ciencia y la tecnología. Es por eso que tienes esta segunda guerra fría inminente, esta vez entre los EE.UU. y China, porque los EE.UU. quiere seguir siendo hegemónico en lo que respecta a la ciencia y la tecnología – y sucede que en términos de inteligencia artificial y 5G está detrás de China.

“Los EE.UU. y sus aliados no tienen sistemas que puedan competir con el Huawei. EEUU es muy explícito en contra del socialismo – lo combatirá internacionalmente dondequiera que se encuentre, como declaró Trump. Pero parece que tampoco cree mucho en el capitalismo, porque en lugar de competir con Huawei en un mercado libre quiere excluirlo del mercado”

Un nuevo movimiento para la supervivencia

Con las amenazas de una guerra permanente, una nueva guerra fría, armas de destrucción masiva, calentamiento global y degradación ambiental identificadas en Equilibra, ¿qué soluciones ve Oquist como un camino a seguir para la humanidad? Sus esperanzas están puestas en la gente.

“Si se mira la historia de los últimos siglos, un cambio social importante, realmente profundo, un cambio transformador ha venido de los movimientos sociales.”

Cree que se necesita un movimiento para la supervivencia, que una a los movimientos sociales y a los gobiernos progresistas que resisten la presión de los Estados Unidos en todo el mundo, para superar el cambio climático y las demás amenazas urgentes a las que se enfrenta la humanidad.

Sin esta presión, las negociaciones de la ONU seguirán sin llegar a ninguna parte. “Las negociaciones de la ONU pueden prolongarse durante otro siglo sin resolverlo. Lo que puede resolverlo es la gente – tiene que ser la gente organizada en un movimiento social para la supervivencia que obligue a los políticos y obligue a los países en sus votos y en sus acciones en las organizaciones internacionales a tomar las medidas para abolir los combustibles fósiles, para abolir las armas nucleares, para controlar nuestra ciencia y tecnología”.

Oquist considera que las elecciones de noviembre en EE.UU. son críticas en su potencial para romper la “coalición de negación del clima” que crece alrededor de Trump. Si Trump pierde las elecciones “los EE.UU. volverán al Acuerdo de París”.

También ve esperanza en el grupo de estados y ciudades de EE.UU. que dicen “todavía estamos en el Acuerdo de París”. “Son muy influyentes y estas ciudades pueden tomar acciones muy importantes y los estados también porque tienen poder sobre la energía y las emisiones y por lo tanto eso es una señal positiva dentro de los EE.UU.”.

Sin embargo, es en la gente joven en la que más confía. “Quedé muy impresionado en Madrid, una tarde saliendo tarde de la reunión de la COP de la ONU. Greta había tenido una gran manifestación. Se veían esos jóvenes de 16 y 17 años allí con sus carteles yendo a casa. Y luego vi a niños de 10, 11, 12 años que se iban a casa con sus carteles. Partiendo de eso se puede obtener un cambio generacional muy profundo… Podemos ver un giro de oleaje más rápido de lo que pensamos cuando esta generación tome posiciones en su activismo que obliguen a los políticos y las organizaciones internacionales a tomar medidas.”

“A los 67 años de edad esa es mi esperanza – ver que algo suceda mientras aún estoy en este planeta y mi esperanza es que la juventud venga al rescate con un movimiento de supervivencia.”

Por Fiona Edwards | 02/09/2020 

Traducido del inglés por Alexandre Anfruns. Fuente original Eyes on Latin America

Publicado enInternacional
Green New Deal: del capitalismo verde al cambio de sistema

Si bien el debate de los últimos meses en los movimientos ecologistas está fundamentado en “Green New Deal vs decrecimiento”, quizá sería más acertado plantearlo en términos de “Green New Deal para el decrecimiento", ¿cómo lo hacemos”?

 

Hay pocas formas más brillantes y sencillas de describir la crisis socioecológica a la que nos enfrentamos que la que expuso Greta Thunberg en el Foro de Davos en 2019: nuestra casa está ardiendo. Vivimos en un escenario de urgencia, donde la economía, la política y la cultura hegemónicas le han declarado la guerra a la vida, a través de la construcción de sus paradigmas completamente en contra de las bases materiales que la sostienen. La ciencia actual confronta la idea de que es posible alcanzar una economía sostenible bajo el mantra del crecimiento ilimitado. Iago Otero y algunos de sus colaboradores concluyen en su trabajo que la única forma de frenar la pérdida de biodiversidad es abandonando esa línea, igual que ocurre si queremos respetar los límites de emisiones de gases, y por tanto resistir el cambio climático, como señala Jason Hickel.

En el imaginario colectivo parece imposible la renuncia a este sistema tóxico, y aunque “es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo”, la cuestión es si podemos pagar el precio de creer que no existen alternativas. O visto desde otro ángulo, si podemos pagar el precio de pensar que todo lo que está respaldado por la razón nos va a permitir construir políticas públicas, o tiene más de mantra sobre el que fundamentamos nuestros discursos. Quizá tener un discurso basado únicamente en el conocimiento científico, pero que no apele a nuestros deseos, dudas y sentimientos, que es lo que nos hace humanos, no sea suficiente para construir hegemonía en torno a esas alternativas.

Además, nos surge otra dificultad: la necesidad de conseguir este cambio por el que llevamos décadas luchando, en apenas cinco años, el margen de seguridad con el que contamos si no queremos presenciar la sexta extinción masiva, o la emigración forzada de casi un tercio de la población mundial huyendo de la sequía, las inundaciones y el hambre.

En este escenario de urgencia, no nos queda alternativa a elegir que el camino más corto entre nuestra realidad y el mundo nuevo que hay en nuestros corazones —que decía Buenaventura Durruti— y asegurarnos victorias que nos permitan generar una transición que no deje a nadie atrás. Y si bien el decrecimiento es la única opción a largo plazo, no parece que sea una alternativa realista en el corto, cuando tenemos que disputar hasta las medidas más obvias de transición ecosocial, como las zonas bajas en emisiones en el centro de las ciudades.

Por ello, la posibilidad de contar con un Acuerdo Verde, puede ser el primer paso (insisto, el primer paso, no el fin) para mantenernos bajo los límites de seguridad ecológica, mientras generamos el resto de condiciones materiales que nos permitan el cambio de sistema, inevitable para garantizar nuestra supervivencia.

Por ello, si bien el debate de los últimos meses en los movimientos ecologistas está fundamentado en “Green New Deal vs decrecimiento”, quizá sería más acertado plantearlo en términos de “Green New Deal para el decrecimiento, ¿cómo lo hacemos?”. Y es que si bien muchos de los modelos presentados por distintas naciones en torno a esto se basan en que todo cambie para que nada cambie, la indefinición manifiesta de este tipo de políticas nos permite reapropiarnos de ellas, de forma que el Green New Deal nos interese en tanto en cuanto sea una herramienta para el cambio de sistema.

Tenemos que articular medidas y marcos de referencia que superen la tibieza del mismo, y aunque es una propuesta arriesgada sabiendo la facilidad que tiene la economía de reapropiarse de nuestro discurso y despojarlo de cualquier elemento emancipador, no podemos esperar a que, parafraseando a Jorge Riechmann, lo necesario ecológicamente se haga posible políticamente. Y quizá sea esta una de las palancas que hagan posible lo imposible.

Resignificar el Green New Deal implica de base incidir en que esta propuesta tendrá que ir unida a la reparación al Sur Global y no a perpetuar nuestras dinámicas colonialistas, a democratizar la alimentación y la energía, a incluir una mirada feminista y de cuidados en las propuestas económicas o a expulsar al poder corporativo de los procesos internacionales de toma de decisiones. Lamentablemente, la fina diferencia lingüística entre lo que el Green New Deal “es” y lo que “puede ser” puede cambiar el devenir de la humanidad.

Empujar en esa dirección implica en primer lugar asegurar lo que ya tenemos, y por tanto crear y mantener redes de resistencia para evitar los peores efectos sobre los ecosistemas y las personas vulnerables. Junto con esto, y más si entendemos el Green New Deal como un proceso, tenemos la tarea de crear e implementar alternativas en todos los sectores que nos permitan esa transición, a la vez que aseguramos recorrido.

Por último, y quizá lo más importante, necesitamos una movilización masiva que presione a empresas e instituciones en la dirección que debemos tomar, que no puede ser otra que la superación de la economía neoliberal. Este es posiblemente el punto también más complicado, ¿cómo conseguimos que decenas de miles de personas se movilicen por un cambio de sistema que no permitirá el desarrollo de muchos planes que comercialmente nos han prometido? ¿Cómo asociamos esa movilización a un esfuerzo por imaginar un mundo más allá del consumo desenfrenado?

En septiembre tendrá lugar la Online Youth Gathering for Climate and Social Justice, un evento online organizado por la red Young Friends of the Earth y con el apoyo de decenas de organizaciones, que reunirá a jóvenes de toda Europa para debatir, reflexionar y avanzar en la creación de escenarios realistas posibles y ambiciosos para la configuración de una sociedad más justa y respetuosa. Grupos de base de todo el continente nos reuniremos del 3 al 13 de septiembre, en un encuentro abierto a escuchar las voces de todos y todas, generando redes de resistencia y creación de alternativas.

Puede que esto sea uno de los pasos que nos permita tener a miles de personas bloqueando instalaciones extractivistas, cultivando huertas en las ciudades o instalando placas solares junto a sus vecinas. Puede que tengamos días oscuros, pero no podemos perder. Porque hay mucho en juego. Y para ganar solo tenemos una receta: movilizar, resistir y transformar.

Por Miguel Díaz-Carro

responsable de Juventud en Amigos de la Tierra (@MDiazCarro)

27 ago 2020 05:25

Publicado enMedio Ambiente
El dueño de la vacuna Hugo Sigman: de la izquierda a la farmacéutica

¿Quién es el empresario argentino que producirá la vacuna contra el covid-19 para América Latina? Sus lazos históricos con el Partido Comunista, su ingreso al mundo empresarial, su mirada de la política: el perfil de un personaje peculiar.

 

El pasado 12 de agosto, el gobierno argentino anunció la coproducción con México de la vacuna contra el coronavirus AZD1222, diseñada por la Universidad de Oxford. El acuerdo permitirá fabricar 250 millones de dosis de esta vacuna (que se encuentra ahora en fase experimental) y abastecer a toda América Latina (excepto a Brasil) con vacunas que costarán entre 3 y 4 dólares.

Se trata de un acuerdo de transferencia de tecnología entre el laboratorio británico AstraZeneca, dueño de la fórmula, el argentino mAbxience, que fabricará el principio activo, y el mexicano Liomont, que se encargará de la estabilización, fabricación y envasado. La Fundación Slim financiará todo el proyecto. Detrás de esta trama empresarial hay dos personas: Carlos Slim, el quinto hombre más rico del mundo, y el mucho menos conocido Hugo Sigman, el argentino dueño de un imperio farmacológico que se extiende desde Vietnam hasta Barcelona, desde Marruecos hasta Paraguay, desde Rusia hasta la Patagonia argentina.

El misterio de Sigman radica en su «exterioridad interna» al capitalismo farmacéutico: formado como psiquiatra en Argentina, progresista de pasado comunista, amante del arte y la intelectualidad, comenzó su carrera empresarial en Europa y nunca deja de definirse como alguien ajeno a un mundo de los negocios que, por otra parte, maneja con maestría: aprovechando los vacíos legales de la industria farmacológica, tejiendo alianzas con el Estado y rentabilizando de una u otra manera sus variados mecenazgos.

La acumulación originaria

La historia de Sigman es inseparable de la de su esposa y socia, Silvia Gold. Doctora en Bioquímica, es hija de Roberto Gold, dueño de los laboratorios Sintyal y miembro del «directorio» del Partido Comunista Argentino (PCA), una comisión auxiliar creada en la década de 1940 para financiar al partido (tal como lo indica Isidoro Gilbert en su libro El oro de Moscú). Sus integrantes eran empresarios no afiliados como el propio Gold, Samuel Sivak o José Ber Gelbard, quien llegaría a ser ministro de Economía del tercer gobierno de Juan Perón en 1974.

A través del «directorio», el PCA, que fracasó como partido revolucionario, tuvo un éxito notable como empresa capitalista: llegó a controlar constructoras, agencias publicitarias, la embotelladora de Coca Cola y ChemotécnicaSintyal, adquirida por Gold en 1959. Luego del golpe de Estado de 1976, el grupo se desbandó y muchas de las empresas pasaron a estar bajo control de sus propios miembros. Gold se asentó en Barcelona y se asoció con capitales italianos en una nueva farmoquímica. Luego llegaron su hija y el esposo, Hugo Sigman, un bohemio psiquiatra becado. «Aquella decepción inicial con la que llegué a España después de haber tenido que dejar mi país me facilitó el cambio de mentalidad. Fue decisiva la inteligencia de mi suegro, que me llevó de la mano lentamente, sin que yo me diera cuenta. Yo creo que él pensaba en su hija, en sus nietos y se diría: 'Este, como psiquiatra, ¿qué futuro tiene?'. Con preocupación de padre me fue llevando sin que yo me diera cuenta, tranquilamente, hacia la actividad empresarial», aseguró en el libro Los que dejan huella: 20 historias de éxito empresarial.

Gold les propuso a su hija y a su yerno colocar en el mercado europeo los principios activos que él desarrollaba. Un medicamento está compuesto por dos tipos de sustancia: los excipientes, que ayudan a la absorción pero no provocan efectos medicinales, y los principios activos o API (ingredientes farmacéuticos activos), que son los que permiten prevenir, tratar o curar. En 1977, Sigman y Silvia Gold fundaron Chemo, la empresa española dedicada a la comercialización de API. En 1984 pasaron a la producción y adquirieron Industriale Chimica, una pequeña fábrica en Italia.

El mercado farmacéutico no era amigable, pero Sigman confiaba en su mirada no empresarial: «Nos diferenciamos de los demás porque los bróker tradicionales eran comerciantes sin formación científica (…) me entusiasmaba la idea de adelantarme a las prácticas estrictamente comerciales y tratar de ver con años de anticipación los productos que podrían necesitarse en el mercado».

Sin embargo, la suerte empresaria de Sigman conoce otras causas. Una es el padrinazgo de Gold, quien les prestó su prestigio y contactos farmacéuticos en Europa y Sudamérica. Algunos iban más allá de la cortina de hierro: los lazos de Gold con el PCA le dieron a Sigman acceso a laboratorios de Cuba, China y la Unión Soviética.

Otra causa la relata el propio Sigman: «Hasta 1978 Italia no tuvo una ley de patentes. Italia era en esa época el gran suministrador mundial de materias primas para la industria farmacéutica (…) Al implantar Italia la Ley de Patentes en 1978, España, sin norma de patentes, pasa a ocupar el lugar que Italia tenía hasta ese momento. Y nosotros estábamos en España…». Sigman operaba sobre los vacíos legales de una Europa que se unificaba muy lentamente, como más adelante hará con los laboratorios de China y el ex-bloque oriental. Esa práctica lo vincula, pese a su «mirada no empresarial», a una de las más arraigadas prácticas del capitalismo farmacéutico argentino.

El capital que no teme al vacío

La industria farmacéutica argentina se desarrolló de manera casi salvaje, antes que el resto de la industria local, en un estado de vacío legal casi constante. A fines del siglo XIX se asentaron en el país distribuidores europeos de medicamentos que pronto comenzaron a producir. Así empezaron algunas de las dinastías que aún hoy controlan el mercado, como Bagó o Roemmers. Bajo un marco legal mínimo, los laboratorios consolidaron una posición de mercado dominante, que a lo largo de todo el siglo XX supieron defender de cada intento gubernamental de regulación. Tan tarde como en 1992, y ante la epidemia de cólera, que afectó sobre todo al noroeste del país, se creó un ente destinado a regular la producción y distribución de medicamentos: la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Hoy el mercado farmacéutico argentino es un enclave asimétrico y cartelizado, con fuerte presencia de capitales locales: 20 laboratorios (de los cuales 13 son nacionales) que concentran 67% de la facturación total pero participan modestamente del crecimiento económico (1% del PIB, 6% del sector industrial), en parte debido a su carácter de punta (empleo calificado, capital intensivo), que aísla al sector de su entorno subdesarrollado; en parte, debido a su deficitaria dependencia de insumos importados.

Uno de los vacíos legales que más duramente defendieron los laboratorios fue su negativa a pagar patentes por el uso de fórmulas extranjeras, pese a los reclamos de laboratorios e incluso gobiernos de otros países. Recién en 1995 fue aprobada una ley de patentes y aun así los laboratorios nacionales pudieron prorrogarla por cinco años, mantener el control del mercado interno y forzar a los laboratorios internacionales a importar directamente o a dedicarse a vender patentes.

En ese mercado salvaje desembarcó Sigman a la vuelta de su exilio, durante las reformas neoliberales de los años 90. Asociado con la familia Sielecki (de laboratorios Phoenix) y al resto de la familia Gold (de Sintyal), adquirió Elea, una empresa especializada en productos hormonales de alta complejidad, que desde entonces provee a compañías como Merck, Pfizer y AstraZeneca.

La campaña antiaftosa de 1994 fue la siguiente oportunidad de Sigman para formar un consorcio. La fiebre aftosa asolaba al ganado de la región desde principios del siglo XX, con grandes epidemias locales en 1942 y 1966. A fines de los años 70 se optó por reemplazar las vacunas tradicionales por otras de tipo oleoso, que fueron obligatorias a partir de 1994. Para fabricar la nueva vacuna, los laboratorios debieron encarar una costosa reconversión. Chemotécnica Sintyal se fusionó con Biogénesis y dio a luz Biogénesis Sintyal, que pronto exportó la vacuna a toda la región.

En 1998 murió Roberto Gold. La empresa de Hugo y Silvia había alcanzado la mayoría de edad. Era hora de saltar al mundo.

La metástasis de un imperio

«Siempre tuve la convicción de querer tener una empresa internacional. No tenía el dinero para que lo sea», aseguró Sigman en su día. En 1986 Chemo adquirió Química Sintética de España, su primera planta aprobada por la Food and Drug Administration de Estados Unidos, que les daba acceso al mercado de ese país. Al año siguiente, el grupo empezó a operar en China, que atravesaba un momento crítico de sus reformas económicas. Pero fue recién en el nuevo milenio cuando Sigman se globalizó.

Entre 2003 y 2015 Chemo se lanzó a un raid de adquisiciones en Brasil, México, Rusia, Estados Unidos, Marruecos y Turquía, además de la formación de consorcios regionales como Altian (América Central), Ladee Pharma (Europa Central), Gold Pharma (China) y Exeltis (India), la marca que desde entonces engloba a toda la red de empresas y su centro de investigación, el Ladee Pharma Research Institute, centrado en la salud femenina.

En medio de ese despliegue, Biogénesis Sintyal se fusionó con Bagó y nació Biogénesis Bagó, un ciclópeo trust de biotecnología y sanidad animal, habilitado para exportar a Europa y Estados Unidos, a los que provee de antígenos. En 2009 la planta de Biogénesis Bagó, con un predio de 10.000 metros cuadrados en Garín, al norte de la provincia de Buenos Aires, fue incluida entre los 300 lugares del mundo que el Departamento de Estado de Estados Unidos debía proteger de un ataque terrorista. En 2013 Biogénesis se asoció a la china Hile Biotechnology en una joint-venture que provee al gobierno chino de 90% de las vacunas antiaftosa.

Hoy Chemo tiene 5.000 profesionales en más de 12 centros de alto rendimiento en Investigación y Desarrollo que proveen a una red de fabricación propia con puntos de contacto comercial en más de 95 países. «Siempre quise que mis hijos conocieran otras culturas. A casa venían hindúes, chinos, asiáticos…». La periferia es el espacio vital de Chemo: América Latina, Oriente Medio, Sudeste asiático y la ex-Unión Soviética. La marginalidad que Sigman se atribuye en el mundo de los negocios se tradujo en su predilección por hacer negocios en los márgenes del mundo.

mAbxience: el reseteo biotecnológico

«Si me voy ahora, me voy, porque si me quedo, no vamos a trabajar bien, tendremos conflictos, porque vos tenés tu estilo y yo el mío, vos tenés una formación y yo la mía... ¡Así que me voy!». El que habla es Hugo Sigman. El que escucha es Leandro, su hijo. Había empezado a trabajar para su padre durante la adolescencia, como visitador médico, usando otro apellido. Se formó como economista y llegó a CEO de Chemo Group España. El choque generacional fue inevitable.«A pesar de mi voluntad, los primeros años no fui capaz de retirarme totalmente –admitió Hugo más tarde– y, consciente o inconscientemente, no llegué a renunciar del todo. Se produjeron algunos cortocircuitos con Leandro por culpa mía».

En 2007, el patriarca por fin se retiró de Chemo y concentró su energía en otro rincón del capitalismo farmacéutico: la compra y capitalización de pequeños emprendimiento biotecnológicos, un nuevo vacío legal en donde innovar: «Las agencias de regulación todavía están confundidas respecto a los productos biotecnológicos».

Los fármacos biológicos son sustancias medicinales producidas a partir de seres vivos: una hormona, una enzima o un anticuerpo monoclonal. Se emplean para tratar enfermedades complejas y su costo es muy elevado. «Los productos biotecnológicos son pocas unidades a altísimo precio y son de uso perentorio para enfermedades donde el paciente se juega la vida», dice Sigman. Un biosimilar en un clon de un fármaco biológico. Su costo es sensiblemente menor y su mercado, prometedor: hoy representan 15% del mercado mundial de medicamentos, más de 600.000 millones de dólares, y se prevé que lleguen a ser 25% en los próximos diez años, especialmente por la expiración de patentes.

En 2009 Sigman creó mAbxience, una división de Chemo especializada en anticuerpos monoclonales, o mAbs, biosimilares empleados para neutralizar objetos extraños como tumores. En 2012 inauguró la planta piloto en Munro, viejo polo industrial semiabandonado al norte de la provincia de Buenos Aires. La empresa pronto hizo acuerdos con laboratorios de Rusia, Irán, Turquía y el Sudeste asiático.

Las aventuras biotecnológicas de Sigman en América conocen dos hitos. El primero es el desarrollo de una vacuna para tratar el cáncer de pulmón. Un proyecto que Sigman comenzó a mediados de la década de 1990 en Cuba, con el desarrollo del antígeno NgcCM3, y culminó en 2013 con la presentación de Racotumomab, la primera vacuna que logra cronificar el cáncer pulmonar, transformando un mal mortífero en una enfermedad tratable, como la diabetes o la hipertensión. Los 18 años de investigación y desarrollo involucraron a las empresas de Sigman, universidades nacionales, centros de investigación cubanos y argentinos (incluyendo al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina) y el respaldo de dos ministerios.

El segundo hito fue la creación de Sinergium Biotech. Durante la pandemia de gripe A H1N1 de 2009, Sigman le propuso al gobierno argentino, a través del entonces ministro de Salud Juan Manzur, un proyecto de transferencia de tecnologías farmacéuticas a cambio de la concesión de un monopolio provisorio, inspirado en un proyecto similar del gobierno brasileño. La licitación se presentó privilegiando a Sigman como «autor de la iniciativa», con el compromiso de adquirir todas las vacunas producidas. El acuerdo se hizo con la multinacional Novartis, que tendría un monopolio de tres años sobre la vacuna antigripal, mientras transfería la tecnología a Elea y Biogénesis Bagó, a través de una empresa creada a tal fin: Sinergium Biotech. Pasados los tres años, Sinergium sería la fabricante exclusiva.

En 2012, la Organización Mundial de la Salud (OMS) desconoció a la gripe A, como pandemia pero el negocio mundial ya estaba hecho. Sinergium siguió operando acuerdos de transferencia de tecnología con Pfizer para la vacuna neumocócica y con Merck & Co para la vacuna contra el papiloma, ambas incluidas por el gobierno argentino en el calendario de vacunación obligatorio. El mismo tipo de acuerdo que hoy alcanzó con AstraZeneca para la producción de la vacuna contra el covid-19.

Coleccionista y mecenas

En oposición a buena parte de la alta burguesía argentina, más proclive al fútbol, el turismo de alta gama y la evasión fiscal, Hugo Sigman profesa una devoción por el mundo de la cultura que lo posiciona como mecenas. Quizás por su pasado comunista, quizás por el volumen que representan las industrias de contenidos a escala mundial, una serie de proyectos e iniciativas se encadenan como gemas incrustadas en su corona.

La cadena de producción de valor cultural de Sigman como mecenas empieza por la «sustentabilidad». Más allá de poseer miles de hectáreas utilizadas por sus empresas de ganadería bovina y ovina, agricultura y producción de madera –su cabaña Garruchos tiene 75.000 hectáreas dedicadas a la siembra directa y al pastoreo en San Luis, y Sigman posee más de 200.000 hectáreas dedicadas a estos mismos fines en la Patagonia, rankeando apenas detrás de Lázaro Báez y Luciano Benetton–, al mecenas le gusta mostrar sus emprendimientos sustentables con valor agregado a base de diseño.

Solantu, por ejemplo, diseña, produce y exporta las materias primas tanto de sus estancias australes como los cueros y la carne de los yacarés que se crían en la provincia de Corrientes. Cuencos, floreros, cajas y tablas de maderas nobles son comercializados tanto en internet como en locales europeos de diseño. La sustentabilidad de Solantu tiene un tercer vértice: el hotel boutique Puerto Valle, instalado sobre una estancia construida en 1868, localizado en los Esteros del Iberá, en la provincia de Corrientes. Una construcción de tan solo 13 habitaciones, también orientada al mercado del lujo. Galerías, pequeños livings, proximidad a las playas y oferta de turismo ecológico, que incluye avistaje de especies en los esteros y visitas al criadero de Yacaré Porá, una granja modelo donde se trabajan el yacaré overo y el yacaré negro, especies locales en peligro de extinción.

En una época en que la sociedad occidental no ve con buenos ojos la matanza de animales salvajes para producir objetos de lujo, ni la deforestación para confeccionar habaneras que cotizan en euros, este impacto negativo es licuado por las estrategias de sustentabilidad y el desarrollo socioeconómico de las regiones donde intervienen. Como si esto fuera poco, Solantu posee en su plantel a una empleada de lujo: Lucía González, hijastra de Felipe, ex-presidente del gobierno y hombre influyente en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), se encarga del marketing y la comercialización de la firma.

El particular mecenazgo de Sigman se completa con la creación de empresas culturales y de la producción de películas. Es dueño de la franquicia argentina de Le Monde diplomatique y de la editorial Capital Intelectual (en España, Clave Intelectual). En la producción audiovisual, a través de Kramer & Sigman, produjo desde 2005 films como El perro, El último Elvis, El pasado, Relatos salvajes y El clan, entre otras. Fue pionero en el mundo de las revistas periodísticas progresistas con TresPuntos y TXT. Circulan diversos rumores sobre los motivos del cierre. El primero y el más fuerte es que se trataba de publicaciones que iban a pérdida. Y como los emprendimientos culturales dependen exclusivamente de su voluntad, un día Sigman se cansó. Al cansancio habrían contribuido los frecuentes llamados de políticos, muchos de ellos socios, amigos o conocidos suyos a lo largo de su ajetreada historia empresaria.

Esto no logró que Sigman dejase de disfrutar de rodearse de figuras del mundo de la cultura, un puñado de elegidos para frecuentar su cuartel del palacio Díaz Vélez, sede corporativa de Insud, el grupo que engloba sus empresas argentinas. Una construcción de estilo francés ubicada en el Barrio Norte porteño, forjada en 1900, con más de 1.000 metros cuadrados cubiertos restaurados. Cerca de la entrada, el palacio posee una monumental escultura del alemán Anselm Kiefer, uno de los artistas europeos más cotizados en la actualidad. La colección de Sigman posee también obras de Guillermo Kuitca, Jorge de la Vega, Juan Carlos Distéfano; esculturas del británico Tony Cragg y pinturas de los españoles Pablo Palazuelo, Jaume Plenza y Sevilla. Apoyó también los envíos de Jorge Macchi y del mismo Kuitca a bienales de Venecia, e integra el comité del Museo Nacional de Bellas Artes.

Uno de los proyectos que más entusiasmó a Sigman fue el documental sobre el ex-presidente uruguayo José «Pepe» Mujica. Porque, cerca de los 75 años, el mecenas aún navega en busca de su identidad. «Tratamos de armar una compañía universal, globalizada y coherente en todas sus ramas, desde la ciencia a la cultura. Todo se integra, no tengo contradicciones al respecto. Pero tampoco soy un ser súper especialista en todas las ramas que tengo, sino que trabajo con grupos humanos que me revitalizan y me permiten conocer cosas distintas. Todavía tengo el sueño de ir armando mi propio personaje, es lo que busco en este momento de mi vida», supo declarar.

Sigman, el pharmakon

Amigo personal de Felipe González, Sigman no pierde oportunidad de ponderar el modelo europeo de cooperación público-privada como tercera vía entre un socialismo que ya dejó atrás y un neoliberalismo en el que nunca confió del todo. No se trata de una idea abstracta: el rubro farmacéutico necesariamente se articula con las políticas sanitarias de cada Estado y Sigman se maneja allí con la misma exterioridad interna que en todos lados, como un antígeno extraño pero influyente en los cuerpos que habita.

Durante el conflicto por la Ley de Patentes, Sigman hizo causa común con el proteccionismo de los laboratorios locales a pesar de ser dueño de un laboratorio multinacional e importar los principios activos para sus medicamentos. Sigman también fue parte de la resistencia de los laboratorios a la Ley de Genéricos, sancionada durante la crisis de 2002, que obliga a los médicos a recetar el medicamento genérico y no la marca, para permitirle al paciente elegir. Para 2014, solo 25% de las recetas cumplía con la ley.

Ese mismo año, ante un aumento generalizado de los precios de los medicamentos, la entonces presidenta argentina Cristina Fernández, quien nunca dejó de beneficiar a Sigman con contratos y licitaciones, denunció desde su cuenta de Twitter a Elea y Biogénesis como dos de las farmacéuticas de mayor facturación, sin olvidar consignar el nombre de sus titulares: Hugo Sigman, Luis Alberto Gold y la familia Sielecki (parientes políticos de su propio canciller de entonces, Héctor Timerman).

La crisis económica obligó a Elea a pedir un procedimiento preventivo de crisis en 2019, pese a las estrechas relaciones de Silvia Gold con el gobierno de Mauricio Macri. Con el retorno del peronismo, Sigman inauguró una nueva planta de mAbxience junto a la plana mayor del nuevo gobierno y reclamó menos impuestos para los laboratorios locales.

Hasta que llegó el covid-19. Paracelso, un alquimista del siglo XV, llamaba pharmakon a la enfermedad entendida como posible cura. El elemento externo que el cuerpo debe incorporar. En el otoño de su vida y al frente del que seguramente será su último consorcio farmacéutico, Sigman busca la oportunidad para salvarnos de la peste y reivindicarse como un ser exterior e interior al sistema, un pharmakon que invade el cuerpo social para inmunizarlo.

Este perfil es una adaptación del publicado en el libro Los dueños del futuro (Planeta, Buenos Aires, 2017).

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