Domingo, 17 Noviembre 2019 06:16

Licencia para matar y salir impune en Bolivia

En Cochabamba, ciudadanos rodean los féretros de los muertos en la represión de Sacaba. Imagen: AFP

Tras la masacre de Cochabamba, la presidenta ilegal le dio inmunidad a las FF.AA.

El decreto 4078 aprobado por Añez deslinda de responsabilidad penal a los militares que participen en “los operativos para el restablecimiento del orden interno”.

Fueron nueve muertos y ciento quince heridos en la ya denominada masacre de Cochabamba. “Hubo un acto de represión, no ha existido un enfrentamiento”, informó el representante de la Defensoría del Pueblo para Sacaba, Cochabamba, Nelson Cox. Todos los fallecidos presentaron disparos en la cabeza o el tórax, añadió.

Son así un total de 24 muertos en Bolivia, según declaró la Defensoría del Pueblo. Esas cifras grafican lo que se ha vivido en el país a partir del golpe de Estado concretado el pasado domingo cuando el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera fueron obligados a renunciar.

La escalada represiva y de muerte a escalado forma vertiginosa y el anuncio del sábado anticipa que aumentará. En efecto, fue conocido el decreto 4078, aprobado por el gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Añez, que deslinda de responsabilidad penal a los militares que participen en “los operativos para el restablecimiento del orden interno y la estabilidad pública”.

El decreto establece que las Fuerzas Armadas podrán “hacer uso de todos los medios disponibles que sean proporcionales al riesgo de los operativos”.

El conocimiento de la orden dada por el gobierno generó reacciones adversas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De esta manera, cinco días después del anuncio de la Fuerza Armada Boliviana (FAB) de salir a las calles, se hizo oficial la autorización para proceder a actuar con impunidad.

“Es una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo”, escribió Evo Morales desde su cuenta de Twitter.

La presencia de la FAB en las carreteras del país y calles de las principales ciudades comenzó el lunes por la noche, luego de que la Policía Nacional Boliviana (PNB) pidiera el refuerzo militar en vista de los levantamientos, en particular el ocurrido en la ciudad de El Alto.

A partir de esa noche comenzaron a sobrevolar aviones y helicópteros militares, y las tanquetas se hicieron presenta a diario en las inmediaciones de la Plaza Murillo, donde se encuentran la sede de gobierno y el poder legislativo. Bolivia pasó a estar de facto en un estado de sitio.

Esta situación de escalada se vio agravada por las declaraciones de Añez, quien aseguró que enfrentan acciones desestabilizadoras de “grupos subversivos armados”. De esta manera los tres elementos centrales han sido puestos en marcha: el operativo militar, su respaldo legal y su justificación narrativa. La masacre de Cochabamba fue su implementación.

En ese marco tuvo lugar la reunión entre el enviado de Naciones Unidas, Jean Arnault, y Añez. Arnauld explicó en sus declaraciones que se reunirá con todos los líderes y actores, para abordar dos cuestiones centrales: la “pacificación” de la crisis y la “convocatoria de elecciones libres a los cuales todos los actores están comprometidos”.

La cuestión electoral también fue abordada en una rueda de prensa dada por los presidentes de las cámaras de Senadores, Eva Copas, y de diputados, Sergio Choque, ambos del Movimiento Al Socialismo (MAS). Allí anunciaron que convocarán a una sesión de la Asamblea Plurinacional el día martes para tratar la convocatoria a nuevas elecciones.

Una de las respuestas al anuncio vino por parte Oscar Ortiz, actual senador, ex candidato presidencial, quien afirmó que la convocatoria “busca desestabilizar la transición democrática” y, agregó, que “el MAS busca la convulsión”.

El tema electoral es una de las variables centrales de la actual situación. Quienes encabezan el golpe de Estado y actual dictadura anunciaron desde el inicio que existirá una convocatoria a elecciones presidenciales. Para eso es necesario la elección de nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que necesita un acuerdo dentro del ámbito legislativo.

Aún no se sabe si existirá el acuerdo para el TSE o si el gobierno de facto buscará otro camino por encima de la Constitución. Mientras tanto avanza en uno de sus objetivos centrales: perseguir a dirigentes políticos, sociales, forzar al asilo, asesinar de manera selectiva o en escenarios como la masacre de Cochabamba.

El plan golpista es llegar a elecciones habiendo diezmado las fuerzas del proceso de cambio, de los movimientos sociales que han tomado las calles, del MAS, y ha anunciado, a través del decreto de impunidad, que avanzará en ese plan. Cuenta, para sostenerse, con la FAB, la PNB, la clase política y empresarial que busca una restauración y una revancha, así como de la protección político-diplomática norteamericana.

La situación en Bolivia se encuentra en horas oscuras: sin Estado de derecho, con autorización para la FAB de matar, dirigentes y periodistas amenazados, perseguidos, un gobierno de facto que multiplica amenazas, y un manto de silencio que intenta invisibilizar lo que sucede.   

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Lula da Silva: "Yo ya probé que es posible construir un país mejor"

El expresidente de Brasil apuntó al actual mandatario y antagonista. "Tengo la voluntad de probar que este país puede ser mucho mejor cuando tenga un gobierno que no mienta tanto como miente Bolsonaro por Twitter".

Escoltado por "brigadistas" del Movimiento de los Campesinos Sin Tierra Lula, Luiz Inácio Lula da Silva dejó la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba luego de 580 días de reclusión que lo convirtieron en el preso político más notorio del mundo. Eran las diecisiete y cuarenta y dos de un día histórico. "Lula guerrero, del pueblo brasileño" fue una de las consignas más repetidas por los militantes conmovidos de quienes el líder recibía abrazos, palmadas y palabras de aliento. Vistiendo saco y remera negros saludaba a sus compañeros con el gesto concentrado, probablemente escogiendo las palabras de su primera alocución en la que le apuntó a dos blancos preferenciales: Jair Bolsonaro y Sergio Moro. A ellos se refirió en el discurso pronunciado a unos cuantos metros del reclusorio policial y luego volvió a citarlos, durante un mensaje que envió desde el vehículo a bordo del cual dejó el evento acompañado por su novia Rosángela, con la que prometió casarse.

En el palco lo acompañaron la titular del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann y el ex candidato Fernando Haddad, su bendecido en las elecciones anómalas de octubre del año pasado, de las que fue proscripto.

"Salgo con mucha voluntad de volver a luchar".

"Vi en la televisión los datos del IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas), después de que fui preso Brasil empeoró, el pueblo no tiene más trabajo, el pueblo trabaja en Uber, el pueblo trabaja en bicicleta para entregar pizza, y me enteré de que no va a haber aumento del salario mínimo por dos años, yo no tengo rabia de nadie, tengo la voluntad de probar que este país puede ser mucho mejor cuando tenga un gobierno que no mienta tanto como miente Bolsonaro por Twitter".

El diario Folha de San Pablo documentó que el mandatario miente o falsea datos una vez cada cuatro días desde que asumió en enero pasado. La última vez fue esta semana cuando anunció que tres multinacionales dejarían Argentina para instalarse en Brasil.

"Yo ya probé que es posible construir un país mejor, con más salario, con más calidad de enseñanza, yo tengo la convicción de que el pueblo pobre es la fuente para recuperar al país cuando se lo incluye en el presupuesto".

Citó al juez de Lava Jato, Sergio Moro, y el jefe de los fiscales de ese proceso, Deltan Dallagnol, incluyéndolos en "el lado podrido de la justicia, el lado podrido del ministerio público" conjurados para "criminalizar a la izquierda, al PT y a Lula".

El jueves el Supremo Tribunal Federal determinó por seis votos a cinco, que el exmandatario sea puesto en libertad durante una audiencia de casi ocho horas en la que no faltaron críticas, de algunos jueces, al "marketing" y los "abusos" de Moro y Dallagnol, funcionarios judiciales del interior proyectados a la escena nacional gracias a su condición de perseguidores de Lula.

Para ambos el fallo del Supremo significó una derrota considerable. Lo mismo cabe para Bolsonaro quien había prometido que su principal adversario político se iba a "pudrir en la cárcel". El regreso de su antagonista dejó sin palabras al dirigente ultraderechista que prefirió salir de Brasilia para encabezar un acto con cadetes de la policía federal en el estado de Goias. De aquí en más el presidente tendrá que enfrentar al único político capaz de galvanizar la oposición y plantarle cara.

Caravanas

Lula comenzó a delinear, en su primer discurso a cielo abierto, los puntos fuertes de su estrategia.

Necesitará calibrar la nueva realidad del país, de la disposición de lucha de los trabajadores, clases medias, estudiantes y las alianzas a ser construidas.

El Brasil actual no es el mismo del 7 de abril del año pasado cuando fue detenido con la complicidad del Supremo Tribunal Federal que esta semana permitió su excarcelación.

Este sábado volverá a San Bernardo do Campo para reencontrarse con sus compañeros del sindicato de los metalúrgicos a donde estuvo alojado hasta el momento de su detención por parte de efectivos de la policía federal. Allí se forjó como líder sindical en los años setenta antes de fundar el PT y lanzarse a la vida partidaria. Habrá que prestar atención a ese discurso y a los símbolos a los que eche mano este político sagaz. Su año y medio como preso político lo convirtieron en una leyenda y agigantaron su estatura internacional.

Se espera que en los próximos días o semanas retome las caravanas por el país suspendidas con su arresto. Fuentes del PT comunicaron que se adoptarán medidas de seguridad redobladas, y recordaron que el año pasado un convoy fue baleado mientras recorría el interior del estado de Paraná.

Desde su entorno dejan trascender la idea de construir un frente de fuerzas democráticas, en el que se contemplan incluso partidos de centro, para antagonizar con el régimen. Explican la importancia de impedir la deriva autoritaria a la que conduce Bolsonaro en su alianza con Moro, las "milicias" paramilitares y las corporaciones armadas aunadas para imponer manu militare un modelo neoliberal a la chilena. El propio Bolsonaro anunció haber dado instrucciones al Ministerio de Defensa para poner en alerta a las tropas a fin de responder a protestas como las que arrinconaron aSebastián Piñera. El chileno es uno de los pocos aliados latinoamericanos del ocupante del Palacio del Planalto.

Una de las preguntas surgidas por estas horas era si el jefe petista tendrá autorización judicial para asistir a la toma de posesión de Alberto Fernández el 10 de diciembre en Buenos Aires. A la que no irá Bolsonaro, convertido en un paria de la comunidad internacional.

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Tribunal Supremo anula prisión en segunda instancia y Lula podría ser liberado

Por 6 votos contra 5, la Corte brasileña siguió el principio constitucional que garantiza presunción de inocencia

Por mayoría, el Supremo Tribunal Federal (STF) revocó este jueves (7) la ejecución de pena después de condena en segunda instancia. Iniciado el 23 de octubre, el juzgamiento se cerró con un marcador de 6 a 5 a favor de la posición, expresa en la Constitución brasileña, de que la prisión de un acusado sólo puede ser autorizada después de agotar todas las instancias.

Considerada la decisión más importante de este año, podrá resultar en la liberación de casi 5 mil personas encarceladas sin condena en firme, entre ellas el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso político desde abril del año pasado.

El Tribunal Federal Supremo deberá aún debatir como tal decisión será puesta en práctica. Hay divergencias, por ejemplo, sobre si la libertad debe ser decretada automáticamente por la propia Corte Suprema o evaluada por los jueces de ejecución penal caso por caso, pudiendo convertir el cumplimiento de pena en prisión preventiva.

Los votos

En la sesión de este jueves –la tercera de la Corte dedicada a analizar el tema–, iniciada con un marcador parcial de 4 a 3 a favor de la prisión después de segunda instancia, votaron Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso de Mello y el presidente de la Corte, Dias Toffoli.

Carmen Lúcia reiteró su posicionamiento tradicional con relación al tema, votando a favor de la prisión después de condena en segunda instancia.

Gilmar Mendes presentó un voto en que explicó la evolución de su posición, ya que, en el pasado, votó a favor de la prisión en segunda instancia y, este jueves, consolidó sus críticas más recientes a la medida.

Siendo el único además de Toffoli en citar el “caso Lula”, Mendes, que se mostró simpático a la idea de prisión en tercera instancia, afirmó que la actuación del Superior Tribunal de Justicia en el proceso del petista también influenció en su cambio de posición.

“El caso Lula contaminó la discusión. Eso no contribuyó para el debate racional. Puedo ser sospechoso de todo, menos de ser petista. El caso Lula muestra como el sistema funciona mal. Y aún no estoy hablando deThe Intercept. El combate a la corrupción se debe hacer dentro de los marcos del debido proceso legal”, dijo.

Celso de Mello, que votó después de Mendes, también fue contrario a la prisión después de segunda instancia. El afirmó que, a pesar de la gravedad de la corrupción en el país, las directrices establecidas por la Constitución deben ser plenamente observadas, contrariando también algunos argumentos de defensores de la medida.

Dias Toffoli, último en votar por ser presidente de la Corte, inició su posicionamiento afirmando que la cuestión técnica en los presentes procesos es la adecuación de las reglas del Código de Proceso Penal a la Constitución.

En ese sentido, afirmó que la "voluntad de los representantes del pueblo" estaba de acuerdo con el texto constitucional al establecer el agotar todas las instancias como marco. Indicó, por otro lado, que no vería problema en caso de que el Congreso desee, a futuro, modificar ese momento procesal.

Lula

En una nota divulgada enseguida de terminada la sesión, la defensa del ex presidente informó que, con base en la decisión del STF, ingresará este viernes (8) un pedido de liberación inmediata de Lula. La decisión de ingresar el pedido habría sido tomada después de conversar con el ex presidente.

Por ley, Lula ya podría estar en régimen semiabierto, pero se había negado a pedir la conmutación de pena por entender que eso heriría su dignidad. "Quiero que sepan que no acepto regatear mis derechos ni mi libertad”, afirmó Lula en esa ocasión.

"Necesitamos recuperar el espíritu rebelde del pueblo", dijo Lula a BdF; lea la entrevista completa

Este jueves, los abogados del petista, Cristiano Zanin Martins y Valeska Martins, también afirmaron que van a reiterar la solicitud para que el Tribunal Supremo juzgue los habeas corpus que piden la nulidad del proceso alegando la "improbidad del ex juez Sergio Moro y de los fiscales de la Operación Lava Jato, entre otras innumerables ilegalidades".

Primer día de votación

El relator del caso, Marco Aurélio Mello, votó contra la prisión después de condena en segunda instancia. En la ocasión, él afirmó que la armonia entre el Código de Proceso Penal y la Constitución es "completa", así, la prisión sólo es posible después de agotar todas las instancias, o sea, después del fin de todos los recursos.

Alexandre de Moraes presentó un posicionamiento divergente. El apuntó que la posición a favor de la prisión en segunda instancia prevaleció por veinticuatro años y comenzó con la promulgación de la Constitución de 88.

Edson Fachin y Luís Roberto Barroso siguieron la posición de Moraes y el primer día de votación cerró con marcador de 3 a 1.

Segundo día

En el segundo día de votación, 24 de octubre, la expectativa era en torno al posicionamiento de Rosa Weber. Eso porque, en el juzgamiento del habeas corpus del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ella cuestionó el tema.

“El STF es el guardián de la Constitución, no su autor. Cuando el juez es más rígido que la ley, es injusto. No fuimos investidos de autoridad para declarar inconstitucional a la propia Constitución”, dijo Weber al posicionarse hoy por agotar las instancias.

En la misma fecha, Luiz Fux votó por la prisión después de condena en segunda instancia, mientras que Ricardo Levandowski se alineó con Rosa Weber, conformando 4 votos a 3 contra la interpretación literal de la Constitución.

Prisión después de segunda instancia

La mayoría de los magistrados del Supremo decidió, en 2016, que la Justicia podría pedir la prisión de acusados cuya condena fuera confirmada en segunda instancia. El inciso 57 del artículo 5º de la Constitución afirma, mientras tanto que, “nadie será considerado culpable hasta agotar todas las instancias de sentencia penal condenatoria”.

En comunicación con Brasil de Fato, juristas calificaron la prisión después de la condena en segunda instancia como “violación expresa, clara y frontal” de la Constitución y del Código de Proceso Penal y hasta incluso como una interpretación que “viola la lógica” fruto de un “debate vulgar”.

Por Rafael Tatemoto

Brasil de Fato

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Ministro de Defensa de Colombia presenta su dimisión tras escándalo por la masacre de ocho menores de edad

Las muertes ocurrieron en el marco de un operativo del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES) de las Fuerzas Militares de Colombia.

El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, renunció este miércoles luego de haberse difundido información sobre la muerte de ocho menores de edad tras un bombardeo en una zona de San Vicente del Caguán (Caquetá), en el sur del país. 

"El día de hoy en reunión con el señor presidente de la República para analizar la actual coyuntura política, se acordó que lo más conveniente era presentar renuncia al cargo de ministro de Defensa Nacional", reza un comunicado oficial de su despacho.

Tras aceptar la renuncia de Botero, el presidente Iván Duque informó a través de su cuenta de Twitter que el general Luis Fernando Navarro, actual comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, será el nuevo ministro de Defensa. 

En medio del escándalo político, Duque destacó los supuestos logros durante la gestión de Botero, entre los que enumeró el "freno" al crecimiento de los cultivos de coca y la reducción del delito de homicidio en 2%. 

Este miércoles, la Fiscalía General de la Nación detalló que de los 15 cuerpos identificados por equipos forenses tras el bombardeo en Caquetá, 8 eran menores de edad y 7 adultos. Otros dos cadáveres permanecen sin identificar.

La dependencia informó que el fiscal del caso ha autorizado la entrega a familiares de 10 cuerpos identificados. 

La operación 

El 30 de agosto, Botero informó a través de su cuenta de Twitter que habían muerto nueve integrantes de los Grupos Armados Organizados Residuales' (GAO), como también son llamados los grupos disidentes de las FARC-EP. "Los delincuentes están advertidos: se entregan o serán vencidos", agregó en su trino.

Días después, el ministro de Defensa actualizó la cifra a 14 personas fallecidas, entre los que se encontraba 'Gildardo El Cucho', quien presuntamente pertenecía a los grupos armados residuales. Esta operación, que fue la primera acción de los cuerpos de seguridad del Estado, tras el anuncio del prófugo de la Justicia colombiana Iván Márquez y un grupo de guerrilleros de regresar a las armas, fue resaltada como una victoria del Gobierno de Duque.

Sin embargo, el pasado martes, durante una moción de censura contra el ministro, el senador del Partido Social de Unidad Nacional, Roy Barreras, presentó un informe de Medicina Legal que puso en entredicho la versión oficial. 

"Usted le escondió a Colombia que ese día de septiembre bombardeó a siete niños", afirmó Barreras, presidente de la Comisión de Paz del Senado. Además, el legislador advirtió que esa cifra podría incrementarse debido a que cuatro cuerpos "llegaron tan despedazados" y las pruebas forenses solo pudieron establecer que tres tenían menos de 20 años.

Después del informe presentado por el senador, Botero alegó que las operaciones militares "siempre se realizan de acuerdo de estándares internacionales de derecho humanitario" y aseguró que cuando se llevó a cabo la operación, "no se sabía la presencia de menores".

Botero, quien llevaba 14 meses de funciones, adujo que ese tipo de operaciones "tienen control judicial y estaban soportadas en investigaciones de dos fiscalías".

Publicado: 6 nov 2019 23:48 GMT | Última actualización: 7 nov 2019 04:29 GMT

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Trump podría ser relecto en 2020, pese a escándalos y proceso de impeachment

 Por orden del magnate, funcionarios de la Casa Blanca se niegan a comparecer ante tres comités legislativos

Nueva York. A un año de las elecciones presidenciales, si las actuales tendencias en niveles de apoyo político y el desempeño económico se mantienen y no hay magnas sorpresas, el pronóstico es que Donald Trump podría ser el primer presidente formalmente acusado de delitos que ameritan su destitución –o sea que ha sido impeached– que logra su relección.

Pero un año en términos electorales es una eternidad, y si la historia es guía, los procesos de investigación sobre comportamiento criminal de un presidente que amerita un juicio político suelen revelar otros delitos y/o escándalos aún no detectados, o reacciones extremas que resultan en un delito más –como obstrucción de la justicia–, mientras, por otro lado, los mejores economistas casi nunca han logrado pronosticar las crisis.

Sin embargo, el hecho de que Trump aún goza de suficiente apoyo, a pesar de la larga lista de posibles delitos revelados en la investigación en curso junto con lo que salió a la luz durante la indagación previa por un fiscal especial, más los incesantes ataques presidenciales contra las normas e instituciones del gobierno, las acusaciones de corrupción, sus más de 13 mil afirmaciones falsas o engañosas documentadas, ni hablar de la más de 60 mujeres que han denunciado el hostigamiento y abuso sexual, entre tanto más, es casi increíble.

Según estrategas republicanos, para que Trump sobreviva el proceso de impeachment y sea relecto, se requiere de dos cosas: unidad firme entre republicanos –tanto entre la clase política como en el electorado– y una economía que siga registrando resultados positivos en empleo y ganancias, reporta Axios.

Ambas cosas por ahora están así. Trump, aun después de las revelaciones de las últimas semanas sobre Ucrania, no sólo conserva más de 85 por ciento de apoyo en las filas republicanas, mientras ni un solo diputado de su partido rompió filas al votar en contra del proceso de impeachment en la cámara baja la semana pasada. Más aún, analistas registran que por ahora Trump mantiene suficiente apoyo en los estados claves del mapa electoral para lograr la relección.

Batallas

El proceso de impeachment procedió ayer con cuatro altos funcionarios de la Casa Blanca que rehusaron comparecer ante los tres comités de la cámara baja encargados de la investigación, tal como ordenó Trump. No se sabe si otros que están citados esta semana harán lo mismo.

Si es así, esto podría detonar otra controversia legal, con legisladores demócratas formulando acusaciones de "obstrucción del Congreso", igual que se hizo hace medio siglo con Richard Nixon.

Por su parte, Trump y sus aliados republicanos continuaron descalificando tanto a los mensajeros como al mensaje.

Una vez más el presidente intensificó su presión para que se revele la identidad del denunciante que detonó el proceso de impeachment al reportar por canales oficiales que en la llamada entre Trump y su homólogo ucranio, el estadunidense le instó a lanzar una investigación contra sus rivales demócratas, invitando así a la interferencia de un poder extranjero en el proceso electoral de 2020 en Washington.

Según la ley, el denunciante –quien sólo ha sido identificado como un funcionario de inteligencia asignado a la Casa Blanca– tiene el derecho de mantenerse anónimo para proteger su seguridad personal. Sin embargo, Trump ha insinuado que sabe quién es, y lo ha acusado de ser pieza de los demócratas. En un tuit de ayer denunció que "el denunciante ofreció información falsa y se manejó con el político corrupto Schiff", en referencia al presidente del Comité de Inteligencia, el representante demócrata Adam Schiff.

Mientras tanto, hoy la cámara baja empezó a divulgar las transcripciones de las declaraciones de algunos de los testigos que se presentaron durante esta fase a puerta cerrada de la pesquisa.

Este mes se anticipa el comienzo de la fase pública de la investigación en la cámara baja que, se supone, culminará con la aprobación de acusaciones formales contra Trump, con lo cual será considerado impeached.

Esos cargos oficiales son enviados al Senado, donde se realiza el juicio político para determinar si será o no destituido, algo que por ahora se descarta por el apoyo casi total del presidente por la mayoría republicana.

Sin embargo, el impeachment no es la única batalla política que enfrenta el presidente.

Ayer un tribunal federal de apelaciones rechazó la solicitud de los abogados de Trump y ordenó que el magnate entregue sus documentos fiscales a un procurador estatal en Nueva York. Se espera que el mandatario lleve el caso a la Suprema Corte.

Por otro lado, el Departamento de Justicia está advirtiendo al autor anónimo que dice ser, o haber sido, un funcionario dentro de la Casa Blanca, que su libro por publicarse este mes podría violar acuerdos oficiales de no divulgación.

Y una columnista de consejos, E. Jean Carroll, quien acusó a Trump de un ataque sexual en los años 90, presentó una demanda legal en su contra por difamación.

Un día más en el paraíso democrático estadunidense.

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El pleno de la Cámara de Representantes aprobó ayer una resolución para el proceso de impeachment contra el presidente Donald Trump. La votación para abrir al público las investigaciones fue de 232 demócratas a favor por 196 republicanos en contra. "De lo que se trata es de saber la verdad. Lo que está en juego es nada menos que nuestra democracia", sostuvo la líder de la cámara baja, Nancy Pelosi.Foto Ap

Nueva York. Por cuarta ocasión en la historia de Estados Unidos, el pleno de la Cámara de Representantes del Congreso aprobó ayer una resolución para el proceso de impeachment, estableciendo las reglas del juego para, eventualmente, formular cargos para un juicio político al presidente Donald Trump. Todo lo cual se podrá ver por televisión en vivo.

Después de poco más de un mes de investigaciones a puerta cerrada encabezadas por tres comités de la cámara baja, la resolución aprobada ayer establece los parámetros y procedimientos para abrir por primera vez la fase pública de las indagaciones.

La decisión del liderazgo demócrata de convocar el voto para aprobar esta resolución indica que confían en que ya cuentan con suficiente evidencia para proceder hacia el impeachment de Trump por abuso de poder al presionar a un gobierno extranjero (en este caso el de Ucrania) para investigar a sus contrincantes políticos estadunidenses, y con ello invitar a la interferencia exterior en los comicios estadunidenses de 2020. También podría ser acusado de obstrucción de la justicia.

La resolución adoptada ayer, por el voto dividido de 232 demócratas (dos votaron no) contra 196 republicanos presentes, establece que el Comité de Inteligencia realizará las audiencias públicas –algunas con los mismos testigos que ya comparecieron en privado–, que arrancarán alrededor de la semana del 11 de noviembre y transmitirá sus conclusiones en un reporte público que entregará al Comité Judicial.

Será ahí donde por primera vez, abogados que representarán al presidente podrán intervenir en los interrogatorios y hasta convocar testigos en las audiencias. Según las reglas, el Comité Judicial será el encargado de formular los cargos que podrían ameritar su destitución, conocidos como “artículos de impeachment”.

Si el pleno de la cámara baja aprueba estos artículos, como por ahora se anticipa, el presidente será considerado impeached.

Pero eso sólo implica que fue formalmente acusado, no destituido. Lo segundo depende del Senado, el cual al recibir los cargos aprobados por la cámara baja sesionará como un tribunal presidido por el jefe de la Suprema Corte.

En ese juicio los senadores esencialmente cumplen el papel de un jurado y al final se requiere una mayoría de dos tercios para destituir al presidente, algo que por ahora nadie apuesta sucederá en la cámara alta, controlada por mayoría republicana.

Por ahora los pronósticos son que Trump será impeached, pero que el Senado lo absolverá y se mantendrá en el cargo, lo cual ocurrió en el caso de Bill Clinton, en 1998.

Vale subrayar que –como enfatizó la presidenta de la cámara baja Nancy Pelosi–, lo que se votó ayer no fue el impeachment en sí, sino las reglas del juego para la fase pública de la investigación de Trump, y con ello determinar si se procede hacia el juicio contra el mandatario.

Pelosi advirtió, al convocar el voto, que este es un paso "solemne". A la vez, ante los incesantes ataques de los aliados de Trump descalificando todo el proceso, declaró que "no sé por qué los republicanos temen la verdad". En su discurso ante el pleno sobre el voto, afirmó: “todo miembro debería apoyar que el pueblo estadunidense escuche los hechos… De eso se trata este voto. De la verdad, y lo que está en juego en todo esto es nada menos que nuestra democracia”.

No sorprendió el que Trump usara su cuenta de Twitter para declarar que todo esto “es la Cacería de Brujas Más Grande en la Historia de America” –así, todo en mayusculas– mientras su Casa Blanca y múltiples republicanos calificaran el proceso de ilegítimo. "Los demócratas están intentando destituir al presidente porque temen no poder derrotarlo en las urnas", acusó Kevin McCarthy, líder de la minoría republicana en la cámara baja.

Pero tal vez el impacto más importante de abrir el proceso al público es que esto se transformará de inmediato en un espectáculo de televisión, con audiencias y debates transmitidos en vivo (también por radio y los portales de los principales medios) ofreciendo imágenes similares a las que persisten en la memoria colectiva en el caso de Clinton y, aún más peligroso para el actual régimen, Watergate en los años 70.

Nuevos testigos

Las investigaciones a puerta cerrada de los tres comités continuaron ayer, donde este día compareció el asesor sobre Rusia y Europa del Consejo de Seguridad Nacional, Timothy Morrison, quien corroboró versiones de otros diplomáticos, incluyendo el del embajador interino en Kiev, en torno a la existencia de un quid pro quo –de solicitar el anuncio de una investigación contra los demócratas a cambio de asistencia militar– de Trump en la relación con el gobierno ucranio. Morrison, el primer testigo que fue nombrado en su puesto por Trump, anunció ayer que estaba renunciando sin mayor explicación.

La investigación de los demócratas en la cámara baja contra el presidente ha procedido relativamente rápido, con más de una docena de testigos hasta la fecha –entre ellos diplomáticos de alto rango y asesores de la Casa Blanca–, y documentos oficiales que sugieren que Trump empleó las palancas de su puesto y operadores no oficiales (como Rudolph Giuliani, su abogado personal) para intentar que el gobierno de Ucrania le hiciera "el favor" de anunciar investigaciones contra demócratas con fines electorales personales.

Los investigadores de la cámara baja ahora han solicitado la comparencia del ex asesor de Seguridad Nacional y otros dos altos funcionarios de la Casa Blanca para la próxima semana, aunque pocos esperan que se presenten de manera voluntaria.

Próximamente se estrenará en vivo el proceso de impeachment, y Trump, el ex famoso conductor de su reality show El Aprendiz, que concluía cada noche con un concursante despedido por él, ahora será sujeto a otro tipo de programa con consecuencias reales que incluyen –aunque por ahora permanece como posibilidad muy remota– su propia despedida.

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La muerte de Marielle salpica a Bolsonaro  

Según el portero del condominio donde vivían Bolsonaro y el acusado por el asesinato, el presidente habría autorizado el ingreso de un supuesto cómplice del acusado poco antes del crimen.

 

Son conocidos desde hace mucho los vínculos de uno de los hijos de Jair Bolsonaro, el hoy senador Flavio, con las “milicias”, como son conocidos los bandos integrados por policías, militares retirados y hasta bomberos, y que dominan, a base de la violencia extrema, vastas áreas de Rio de Janeiro y municipios vecinos.

Son frecuentes y extremamente violentas las disputas con narcotraficantes por el control de territorio, frente a la visible ineficacia, cuando no complicidad, de las fuerzas policiales.

Es igualmente conocida la admiración del actual presidente por esas bandas criminales. Buen ejemplo de eso se registró en sus tiempos de diputado nacional: Bolsonaro llegó a ofrecerse, en una frase de humor más que dudoso, para despachar algunos milicianos a Bahia, cuando la provincia vivía un brote de asaltos.

El ex policía militar de Rio Fabricio Queiroz, mano derecha de Bolsonaro a lo largo de décadas y estrechamente vinculado a su hijo Flavio, facilitó siempre el acceso del hoy senador y hasta el año pasado diputado provincial en Rio a milicianos y vice-versa. Flavio distribuyó varios cargos de asesor de su despacho de diputado a familiares de notorios milicianos. Queiroz retenía la mayor parte de los sueldos de esos supuestos asesores, la mayoría de los cuales jamás aparecieron en el trabajo, y se sospecha que ese dinero era reenviado al hoy senador.

Como para subrayar esa cercanía, en el condominio de Barra da Tijuca, un barrio de nuevos ricos de Rio donde está la casa de Bolsonaro, vivía, a metros de distancia, el ex policía militar Ronnie Lessa, preso por sospechoso de ser el autor de los disparos que asesinaron a la entonces concejala de Rio Marielle Franco y su asistente y chofer, Anderson Gomes.

Hay fotos de los dos vecinos, Bolsonaro y Lessa, imágenes que, más que sugerir, indican fuerte cordialidad entre ambos.

Nunca antes, sin embargo, había surgido – siquiera en insinuaciones vagas – alguna cercanía entre Bolsonaro y el crimen que sacudió a la opinión pública brasileña y cuyos mandantes nunca fueron identificados.

En la noche del pasado martes el programa Jornal Nacional, de la red Globo de Televisión, el de mayor audiencia en Brasil, contó en un reportaje que el portero del condominio donde Bolsonaro y Lessa tienen casas había declarado que alrededor de las cinco y diez de la tarde del 14 de marzo del año pasado un Renault Logan se acercó a la portería diciendo que iba a la casa de número 58, del entonces diputado y actual presidente.

Luego de llamar pidiendo que se autorizara la entrada del visitante, el ex policial militar Elcio Queiroz, se le permitió al conductor ingresar al condominio. Acorde a lo que el portero declaró en dos testimonios prestados a la policía, la voz que autorizó era la de “don Jair”. Por las cámaras internas de vigilancia, el portero vio que el visitante se dirigía a la casa de número 65, donde vivía el ex policía militar Ronnie Lessa. Volvió a llamar a “don Jair”, que lo tranquilizó diciendo saber a qué casa iba el visitante.

Horas después, Lessa y Queiroz salieron del condominio y fueron a cumplir su misión, asesinar a Marielle Franco.

El Jornal Nacional destacó que había una evidente e innegable contradicción entre el testimonio del portero y Jair Bolsonaro: el entonces diputado estaba en la Cámara, en Brasilia, y además de firmar el libro de presencia sacó varias fotos con admiradores.

No se informó si el portero llamó a la casa de Bolsonaro o solamente a “don Jair”. La pregunta es justificada, porque podría haber sido una llamada al celular de Bolsonaro.

La reacción del actual presidente superó todos sus anteriores brotes de furia y agresividad. En una transmisión por Facebook de 23 minutos y 47 segundos realizada desde la alta madrugada de Arabia Saudita (diez de la noche en Brasil) un Bolsonaro transpirado y ruborizado de furia atacó a la Globo, amenazando con no renovar su concesión que vence en 2022, al actual gobernador de Rio Wilson Witzel y rehusó, entre palabrotas y menciones a las “canalladas” de la Globo, cualquier vínculo con el asesinato de Marielle Franco y su motorista.

Concretamente, no hay, al menos por ahora, ninguna base justificable para que se sospeche de la existencia de ningún vínculo. Llama la atención, en todo caso, la desproporcionada reacción del presidente. Por más que sean harto conocidas tanto su desequilibrio emocional como su agresividad sin límites, nunca antes Bolsonaro había ofrecido espectáculo tan furioso, al borde del descontrol.

Por involucrar el nombre del presidente de la República, será necesaria una autorización del Supremo Tribunal Federal para que sean iniciadas investigaciones. Pero ayer mismo el Ministerio Público ya se pronunció, defendiendo el archivo del caso por inconsistencias en las declaraciones del portero, cuya identidad no fue revelada, a la policía.

Bolsonaro, a su vez, oredenó al ministro de Justicia, el ex juez Sergio Moro, que la policía federal se encargue del tema. Se olvidó, el señor presidente, que tal decisión no depende de él. Ni de su ministro. Hay que esperar qué decide la corte suprema.  

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En su defensa contra la llamada de Bernie Sanders a la desaparición de los multimillonarios, los argumentos de Mark Zuckerberg son elitistas e incorrectos

En respuesta a la afirmación del candidato presidencial Bernie Sanders de que los multimillonarios no deberían existir –y su llamada a gravar su riqueza con impuestos mucho más altos– el Director Ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, con una fortuna de 70.000 millones de dólares, acudió a Fox News para defender a su clase asediada. Los multimillonarios, argumentó, no deberían existir en un "sentido cósmico", sino que en realidad la mayoría de ellos son simplemente "personas que hacen cosas realmente buenas y que ayudan a muchas otras personas. Y te compensan bien por eso”. Zuckerberg también advirtió sobre los peligros de ceder demasiado control sobre su riqueza al gobierno, presuntamente propenso a sofocar la innovación y la competencia y “privar al mercado” de los fondos de sus compañeros multimillonarios para filantropía e investigación científica.

“Algunas personas piensan que, bueno, la clave o la forma de lidiar con este tipo de acumulación de riqueza es: "Hagamos que el gobierno lo tome todo"”, dijo Zuckerberg. "Y ahora el gobierno básicamente puede decidir, ya sabes, toda la investigación médica que se realiza". Lo que Zuckerberg no mencionó es que el impuesto que Sanders propone le costaría 5.500 millones de dólares en su primer año.

El razonamiento de Zuckerberg no es único entre el 1% más rico, especialmente en Silicon Valley: las personas con una riqueza escandalosa se lo han ganado mediante su propia astucia, creando un servicio esencial para el mundo y que promueve el bien común. Su éxito –nos dice este mito– es un reflejo de su capacidad para adivinar lo que es mejor para la sociedad y llevarlo a cabo; sus fortunas son proporcionales a su genialidad. La filantropía, como tal, no es solo una alternativa a pagar más impuestos, sino que es preferible. Después de todo, ¿qué podría saber mejor una cuadrilla de burócratas sin nombre ni rostro que un hombre –sí, generalmente son hombres– que ha construido una riqueza tan vasta? La innovación más crucial, advierte Zuckerberg, solo sucederá si eres lo suficientemente amable con él y sus amigos ricos.

Pese a lo común que es este argumento, resulta que no es cierto. Fijémonos en los cimientos de la fortuna de Mark Zuckerberg, Internet. Internet se desarrolló a partir de una pequeña red del Pentágono destinada a permitir que los militares intercambiasen información durante la Guerra Fría. En su libro The Entrepreneurial State, la economista Mariana Mazzucato muestra que los iPhones –de los que Facebook roba grandes cantidades de datos para venderlos al mejor postor– son en gran parte un conjunto de tecnologías creadas por varias agencias estatales, juntadas por Apple en un mismo elegante producto.

Por otro lado, en vez de allanar el camino para la mejora de los resultados de salud, el afán de beneficios en el sector de la medicina privada ha llevado a las compañías farmacéuticas a producir fármacos lo suficientemente diferentes de los de sus competidores para patentarlos, permitiendo a estas empresas cobrar una renta a los enfermos. Asimismo, los economistas Fred Block y Matthew Keller han descubierto que, de las 88 principales innovaciones clasificadas por la revista R&D como las más importantes entre 1971 y 2006, 77 fueron beneficiarias de una importante financiación federal para la investigación en su desarrollo inicial. "Si uno busca una edad dorada en la que el sector privado hizo la mayor parte de la innovación por sí solo sin ayuda federal", escriben, "uno tiene que volver a la era anterior a la Segunda Guerra Mundial". Así pues, a medida que la derecha ha ido rebajando la reputación del sector público, éste solo se ha vuelto más fundamental para el progreso por el cual el sector privado se ha llevado todo el reconocimiento.

No olvidemos tampoco los innumerables proyectos fallidos e innecesarios surgidos de Silicon Valley en la última década, desde Theranos hasta el Fyre Festival y Juicero. La reciente implosión de la empresa inmobiliaria WeWork, respaldada por SoftBank y JP Morgan Chase, así como la pérdida de un dólar por cada dólar que gana, debería arrojar algunas dudas sobre la supuesta habilidad del sector privado para superar los desafíos más apremiantes de la sociedad, o incluso para elegir ganadores. Además de la financiación gubernamental, la mayoría de las prodigiosas empresas tecnológicas están respaldadas por ejércitos de trabajadores típicamente mal pagados, ya sea que estén manejando Ubers, extrayendo los minerales de tierras raras necesarios para teléfonos inteligentes en condiciones de trabajo brutales o viendo videos espeluznantes hora tras hora para alejarlos de nuestros timelines de Facebook.

Todo esto no es para decir que el sector privado no ha desempeñado un papel importante en impulsar la innovación; al fin y al cabo, alguien tenía que diseñar el iPhone. Pero las fortunas construidas a partir de cada uno de estos nuevos inventos no podrían existir si no fuera por el hecho de que el gobierno –la mayoría de las veces– dio el primer paso, asumiendo unos riesgos en la financiación de la innovación que los emprendedores capitalistas y los prodigiosos inversores generalmente no asumen. "No solo el gobierno ha financiado la investigación más arriesgada", escribe Mazzucato, "sino que a menudo ha sido la fuente de los tipos de innovación más radicales y novedosos". En otras palabras, los Mark Zuckerbergs del mundo pueden hacer cosas buenas. Pero casi nunca lo hacen solos.

Además, la insultante riqueza de los multimillonarios no se gasta –como sugiere Zuckerberg– en investigación de vanguardia y esfuerzos filantrópicos. Después de haber comprado suficientes yates y jets privados, estos invierten su dinero principalmente en enriquecerse a través de la especulación financiera al estilo de los casinos y en bienes inmuebles de lujo en ciudades muy desiguales como San Francisco, Miami y Nueva York, donde la mayoría de las casas vacías actúan como depósitos de seguridad para proteger su riqueza de los impuestos. Su dinero también podría terminar en paraísos fiscales como las Islas Caimán, donde puede permanecer sin ser molestado por los recaudadores del estado. Por todo ello, muy poca de esa riqueza llega al 99% de la población, para quienes la desigualdad se ha disparado y los salarios se han estancado.

Así pues, la defensa de Zuckerberg de la clase multimillonaria es, por encima de todo, profundamente antidemocrática, puesto que pone en duda la capacidad de las masas para decidir qué es lo mejor para sí mientras repite el mito de que el sector público está condenado al despilfarro y al estancamiento. Quizás el mejor argumento para el tipo de políticas que Sanders ha propuesto sería dejar claro que, si bien podrían desempeñar algún papel en la financiación de la investigación avanzada que surge de lugares como ARPA-E y los National Institutes of Health, los multimillonarios no pueden trascender la democracia y tomar todas las decisiones sobre lo que la sociedad necesita y lo que no. En un mundo verdaderamente democrático –donde el trabajo se valorara de manera justa– los multimillonarios no existirían en absoluto.

28/10/2019

Kate Aronoff

Es periodista en de In This Times, donde cubre elecciones y política relacionada con el cambio climático.

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Cambio climático: a pagar por las mentiras

Hace unos años conocí a Polly Higgins, la famosa abogada ecologista, hoy difunta, que en 2009 propuso la inclusión del ecocidio como crimen en las cortes internacionales, que hasta hoy sólo reconocen el ecocidio como crimen en casos de su empleo como arma bélica (a partir del uso que en la guerra de Vietnam se hizo del herbicida conocido como agent orange). Lo cierto es que la lucha por tipificar el ecocidio como crimen internacional no ha triunfado aún, aunque ha ido avanzando la propuesta en foros internacionales, y varios países ya han criminalizado el ecodicio. Se trata en todo caso de una lucha internacional que continúa, y sin duda irá ganando apoyos hasta triunfar; el ecocidio está destinado a ser perseguido en las cortes criminales de todo el mundo.

Mientras, la lucha legal contra la devastación ecológica cobra cada vez más fuerza, aunque sea por otras rutas. Las demandas judiciales relacionadas con el cambio climático, en especial, se multiplican a diario, sólo que usualmente apelan a otras leyes y recaen en otros mecanismos legales que no son precisamente el del ecocidio. Hoy, tan sólo en Estados Unidos hay más de mil demandas contra agentes y compañías responsables del cambio climático.

De hecho, ayer mismo comenzó un juicio de especial importancia en el estado de Nueva York contra Exxon-Mobil. Se trata apenas del segundo litigio ligado al cambio climático que llega a la fase de tribunales en ese país. Por eso hay muchas miradas puestas en el caso, que interesa además no sólo por la cantidad de dinero en juego (entre 600 y mil 600 millones de dólares en daños), sino sobre todo por la ruta legal que han escogido los litigantes. Así, según el alegato del fiscal, Exxon habría deliberadamente engañado a sus inversionistas respecto del costo futuro que para ellos implicará el cambio climático generado por la corporación. Exxon va a juicio por haber escondido a sus accionistas los efectos financieros que tendría el cambio climático que ellos generaban. Según la fiscalía, la firma conocía en detalle los resultados de las investigaciones científicas que calculaban el monto de esos daños; las conocían entre otras razones porque ellos mismos las habían financiado. Y habrían escondido el dato a sus inversionistas para proteger el valor de las acciones bursátiles de la compañía.

De resultar cierto el alegato, entonces, Exxon tendrá que compensar a sus propios accionistas por los costos que la compañía tendrá que absorber como resultado del cambio climático, generado por sus emisiones de carbono. Se juzga a Exxon, en otras palabras, por haber mentido deliberadamente sobre la magnitud y los costos de la contaminación generada por la compañía, y específicamente por los costos que el cambio climático tendría para los propios accionistas de Exxon. El razonamiento es que la compañía ocultó los resultados de la investigación científica a sus accionistas, para evitar una caída en el valor de mercado de las acciones de la compañía.

Esta es una avenida legal bien interesante para empezar a obligar a las corporaciones y a los gobiernos a pagar por sus mentiras del pasado, es decir, por lo que han contaminado a sabiendas de lo que hacían los grandes emisores de carbono. Así, los principales responsables del calentamiento global, entre los cuales, recordemos, nuestro Pemex ocupa un noveno lugar mundial, deberán comenzar a pagar por las mentiras que llevan esparciendo durante décadas respecto de los efectos contaminantes de su actividad.

Hoy decimos a cada rato que vivimos en la "era de la posverdad". No cabe duda de que la mentira es la moneda de cambio más frecuente de los gobiernos de casi todo el mundo. El New York Times ya se cansó de contar los números de mentiras diarias, mensuales y anuales emitidas por el presidente Donald Trump. El hábito de tener siempre "otros datos" ante la ciencia, ante las estadísticas o ante el periodismo, es ya lugar común para los jefes de quién sabe cuántos gobiernos. Sí... Y, sin embargo, mienten.

Y han mentido muy señaladamente en lo que atañe al cambio climático. Así, en Estados Unidos, el Partido Republicano se dedicó durante décadas a burlarse de quienes se preocupaban por este asunto. Los acusaban de afeminados y de elitistas. Decían que los científicos eran unos buenos para nada, dedicados sólo a buscar su propio financiamiento, y adoctrinar estudiantes. Y fueron golpeando tanto al prestigio de los científicos que se comenzó a relativizar hallazgos perfectamente sólidos, con tal de poder seguir explotando los recursos de siempre.

Todo eso servía, además, a un doble propósito. Finalmente, atacar a los científicos era divertido y popular. Entre la envidia que les tenían unos, y el rencor que generaba su sabiondez para otros, resultaban ser un blanco fácil. Atacarlos servía, además, para consolidar la alianza que forjaron los republicanos con las iglesias evangélicas. Pero sobre todo, deslegitimar a la ciencia sirvió para seguir contaminando a gusto. Sirvió para seguir talando bosques. Para seguir invirtiendo en petróleo y en la minería del carbón.

Ahora, algunas de las compañías que participaron de esa costumbre de mentir tendrán que vérselas en la corte. Ojalá que paguen y que paguen caro.

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Sábado, 19 Octubre 2019 06:18

Medio millón de catalanes sale a la calle

Cataluña realizó su manifestación más multitudinaria y pacífica este viernes. Imagen: EFE

La contundencia y unanimidad del rechazo civil a las sentencias contrastó con la fractura que se percibe entre las fuerzas políticas soberanistas.

 

El movimiento independentista de Cataluña realizó su manifestación más multitudinaria y pacífica este viernes en una huelga general que coincidió con la confluencia de cinco columnas de manifestantes que partieron el martes desde diversas ciudades catalanas para concluir en Barcelona.


Más de 500 mil personas se reunieron en la capital de la comunidad para rechazar la sentencia que condenó por sedición a los dirigentes independentistas que organizaron el referéndum ilegal de octubre de 2017. Entre ellas, numerosos estudiantes que se adhirieron al paro, y, en menor medida, funcionarios, trabajadores y comerciantes.
La contundencia y unanimidad del rechazo civil al juicio que condenó a los dirigentes independentistas contrastó con la fractura que se percibe en estos últimos días entre las fuerzas políticas soberanistas.


La promesa del presidente del Gobierno catalán, Quim Torra, de celebrar un nuevo referéndum durante su mandato abrió grietas con sus socios de Esquerra Republicana de Catalunya, y sumó pedidos de dimisión de parte del Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista Catalán.  El líder del Gobierno regional camina en la cuerda floja. Por un lado, busca mantenerse dentro del marco de la ley para evitar que se intervenga la región y, por otro, no puede ocultar que los disturbios alimentan la épica de la confrontación entre el independentismo y el Gobierno español.


El presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, reafirmó una vez más que su apuesta es por la proporcionalidad, y no lo que reclama la oposición que es intervenir el Gobierno catalán o aplicar la Ley de Seguridad Nacional para hacerse con el control de la policía autonómica. “Creo que estamos en un momento en el que la moderación y la ponderación de las medidas contribuyen a calmar los ánimos, a reconducir las situaciones y, por tanto, eso es lo que hace el Gobierno de España”, dijo el mandatario socialista en rueda de prensa desde Bruselas.


La postura de Sánchez pasa también por no oponerse a las cientos de miles de personas que durante esta semana han manifestado su rechazo a la sentencia de forma pacífica. El problema es que los disturbios y los choques con la policía regresaron esta tarde, y prometen extenderse. El ministro del Interior en funciones advirtió que la noche de este viernes llegarían grupos “radicales” del País Vasco y del extranjero para participar de las protestas. “Estamos ante una situación de violencia minoritaria, pero muy organizada”, dijo Fernando Grande-Marlaska, para restarle trascendencia.


Ciudadanos y Partido Popular no piensan igual. Albert Rivera comparó el incendio de coches y los destrozos de la noche del miércoles con Bagdad y Alepo, para luego exigir la intervención del Gobierno catalán que dirige Torra. La dirigente del PP, la argentina Cayetana Álvarez de Toledo se enfrentó a manifestantes en Barcelona, para decirles que la huelga era “golpista” e “inútil”.


En paralelo, la Audiencia Nacional ordenó el cierre de la web de Tsunami Democratic que el movimiento independentista utilizaba para coordinar las protestas, y que, presuntamente, planificó la paralización del Aeropuerto de El Prat el lunes. La investigación que se abrió es por el delito de “terrorismo”.


En este contexto, las perspectivas del Gobierno español de que la tensión disminuya no parecen tener mucho fundamento. Este sábado, la organización Òmnium Cultural, cuyo presidente fue condenado en el juicio, convocó una nueva marcha en Barcelona. Otro marco en el que pueden germinar los disturbios que hemos visto estos días. Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, convocó otra marcha para el domingo con el lema de “Basta Ya, Justicia y Convivencia”, para oponerse a que Torra les diga “lo que tienen que hacer”.


El marco en Cataluña es impredecible, y las multitudinarias manifestaciones pacíficas de este viernes recuerdan que, cuando pase la tensión, la política volverá a estar en el centro de la solución, o del problema.

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