Histórico avance en la causa Ayotzinapa: López Obrador ordenó 70 detenciones de policías involucrados

El mandatario presentó su informe, a 6 años de la desaparición de los 43 estudiantes

 

Al cumplirse seis años de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, el gobierno de México lanzó una de las primeras medidas concretas sobre las responsabilidades del caso. El presidente Andrés Manuel López anunció 70 órdenes de captura contra miembros de las policías municipal y Federal, miembros del Ejército y funcionarios del Ministerio Público. “El que haya participado y se le demuestre, va a ser juzgado”, remarcó.

"Se han entregado órdenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar. Cero impunidad”, afirmó el mandatario y confirmo que también hay órdenes similares contra miembros de la Procuraduría nacional que habrían encubierto el hecho bajo el amparo del ex presidente Enrique Peña Nieto.

En el acto, el nuevo fiscal especial para el caso, Omar Gómez Trejo, precisó que las 70 capturas incluyen a miembros del crimen organizado. "Es la primera vez que se vincula por los hechos a un elemento de la Policía Federal, deberá recordarse que por mucho tiempo se negó la participación de otros cuerpos policíacos en la desaparición", explicó.

El anuncio de las capturas fue hecho durante una reunión que el mandatario mexicano mantuvo en el Palacio Nacional con los familiares de las víctimas de ese hecho ocurrido en la noche del 26 de septiembre de 2014.

Allí, López Obrador lanzó duras críticas a su antecesor. Recordó que durante esa administración “se decía que si estaba involucrado el Ejército" se tenía que "proteger" a la institución para que no se viera afectada.

"Yo sostenía lo contrario: si se aclaraba que habían participado militares, se tenía que decir, saber y castigar a los responsables y eso en vez de debilitar a las Fuerzas Armadas, las fortalecía", expresó.

Según la cuestionada versión del Gobierno de Peña Nieto, durante la noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos por policías corruptos en la ciudad de Iguala y entregados al cártel narco Guerreros Unidos, que los asesinó, incineró en el vertedero de basura de Cocula y tiró los restos en un río.

Este relato, conocido como la "verdad histórica", fue cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

Al asumir López Obrador, se creó una Comisión de la Verdad junto a las familias y la Fiscalía. Se reinició la investigación contra los responsables de la desaparición y contra las autoridades que habrían creado ese cuestionado relato mediante torturas a los presuntos implicados.

El fiscal Omar Gómez Trejo dijo que se está buscando la captura del exidrector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien huyó a Israel y está acusado de haber sido el autor de esas torturas.

Por el caso ya están detenidos Carlos Gómez Arrieta, jefe de la Policía Federal Ministerial; y Blanca Castillo, ministerio público. Por su parte, el subsecretario mexicano de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien dirige la Comisión para la Verdad, presentó un informe de los avances de la investigación.

"La verdad histórica se ha colapsado" después de que se identificaron restos de uno de los estudiantes lejos del basurero donde se suponía que los habían matado y que un análisis de las llamadas de esa noche concluyó que los jóvenes "nunca estuvieron juntos", dijo y prometió avances “sin generar falsas expectativas”. “Lo que queremos es conocer la verdad por dolorosa que sea", aseveró.

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La justicia chilena ordenó el cierre del megaproyecto minero Pascua Lama por daño ambiental

Pertenecía a la canadiense Barrick Gold, que ahora deberá pagar 9 millones de dólares

 

La justicia chilena cerró definitivamente el proyecto aurífero Pascua Lama por los daños ambientales causados en la frontera entre Chile y Argentina, enterrando así la intención de la minera canandiense Barrick Gold de construir la mina de oro y plata a cielo abierto más grande del mundo.

El Tribunal del Medio Ambiente de Chile determinó "la clausura total y definitiva de Pascua Lama" y una multa equivalente a unos 9 millones de dólares para la minera Barrick Gold, que en 2019 era el segundo productor mundial de oro.

"La magnitud del peligro de daño en la salud de las personas hace necesario el cierre del proyecto minero Pascua Lama al no parecer viables otras alternativas de funcionamiento seguro para el medioambiente y la salud de la población", indicó el tribunal.

El fallo confirma la decisión que anunció en 2018 la Superintendencia de Medio Ambiente de cancelar este proyecto por no cumplir con la licencia ambiental que se le había otorgado, y que Barrick Gold impugnó ante el tribunal medioambiental chileno.

El proyecto aurífero estaba ubicado a unos 4.500 metros de altitud en una zona de glaciares en la Cordillera de Los Andes, en la frontera norte entre Chile y Argentina. Era fuertemente resistido en ambos países debido a los problemas medioambientales provocados.

Según el ente regulador chileno, Pascua Lama violaba 33 normativas medioambientales, con monitoreo incompleto de los glaciares y la descarga de aguas ácidas en un río cercano, el Estrecho, que abastecía a comunidades indígenas diaguitas. Además, causó daños a especies de fauna y flora nativa.

"La Superintendencia obró dentro del ámbito de la legalidad ponderando correctamente los elementos de la proporcionalidad al optar por la sanción de clausura definitiva y no por una clausura parcial o temporal acotada", sostuvo el fallo.

El tribunal determinó también que Pascua Lama implementó una metodología de cálculo para alertas de calidad de aguas no autorizada, que utiliza niveles más permisivos que los contemplados en la calificación ambiental.

El proyecto se encontraba suspendido desde 2013, luego de que la Superintendencia considerara insuficientes las obras realizadas por Barrick Gold para resguardar los cursos de agua aledaños al yacimiento, por lo que le quitó la licencia ambiental.

La noticia fue celebrada por Greenpeace Chile, quien destacó la sentencia por ser "un importantísimo triunfo de las comunidades locales que por años han denunciado y realizado acciones legales por la grave afectación que la minería ha tenido en sus territorios."

La organización ecologista internacional señaló en un hilo de Twitter que Pascua Lama "es un referente nacional de la destrucción de glaciares por la minería y evidencia de manera clara todos los impactos e irregularidades de esta industria en sobre glaciares y ecosistemas de montaña, especialmente importantes en contexto de crisis de agua en Chile.

"Es el momento de aprobar una Ley de Glaciares que proteja a todos y cada uno de los glaciares en Chile. A estas alturas se trata de una legislación estratégica no solo para el cuidado del medioambiente, sino para la provisión futura de agua del país", remarcó en el descargo.

Y concluyó: "Chile enfrenta una grave crisis hídrica que no hará más que profundizarse en el futuro. Ante esta situación debemos cuidar cada gota de agua disponible. Por eso es que resulta clave y de vital importancia proteger los glaciares".

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A 40 años del atentado que terminó con Somoza

El ataque realizado por una célula del ERP acabó con la vida del dictador nicaragüense

El 17 de septiembre de 1980 Anastasio Somoza Debayle encontró la muerte en el Paraguay de Alfredo Stroessner sobre la avenida Generalísimo Franco. Los tres dictadores quedaron unidos en el tiempo. 

 

El 17 de septiembre de 1980 el nicaragüense Anastasio Somoza Debayle encontró la muerte en el Paraguay de Alfredo Stroessner sobre la avenida Generalísimo Franco. Los tres dictadores quedaron unidos en tiempo y espacio por un atentado cometido hace 40 años que sacudió al mundo. La operación Reptil acabó con la vida del último tirano de una dinastía que había comenzado en 1937 su padre, Anastasio Somoza García, en la tierra de los poetas Rubén Darío y Ernesto Cardenal. La autopsia determinó que tenía 25 orificios de bala en el cuerpo, un cuerpo calcinado por un lanzacohetes RPG-2 que falló al primer tiro pero no al segundo arrojado sobre el Mercedes Benz blanco donde viajaba. Dos argentinos protagonizaron la acción: Enrique Gorriarán Merlo vació el cargador de su fusil de asalto M-19 sobre el parabrisas y su compañero del ERP, Hugo Irurzun, el capitán Santiago, completó la faena con el disparo que hizo explotar el auto. El primero consiguió escapar y contó años después que el asesinato de Tachito – apodo por el cual se conocía al menor de los Somoza – se había empezado a planificar en el restorán Los Gauchos de Managua, que todavía existe. La historia dice que cuando unos periodistas le preguntaron al comandante sandinista Tomás Borge si sabía quiénes habían sido los autores del ataque respondió: “Fuenteovejuna”.

Ese miércoles 17 a las 9.55 de la mañana, el grupo comando de siete guerrilleros – cuatro hombres y tres mujeres - fue por su objetivo. El plan para matar a Somoza había llevado casi un año de preparación. La primera célula ingresó a Paraguay desde Brasil. Las armas se cruzaron en una embarcación desde la Argentina. Ya en Asunción, se estudió cómo hacer la operación que cerca estuvo de levantarse porque le perdieron el rastro al blanco. El huésped de Stroessner había dejado por un tiempo de hacer su trayecto habitual. No aparecía en el radar de sus ejecutores.

Los integrantes del ERP liderados por Gorriarán pudieron seguir con precisión los movimientos del dictador cuando uno de ellos, camuflado como canillita, alquiló una parada de diarios en la esquina de las avenidas Generalísimo Franco y Santísimo Sacramento. Muy cerca de la vivienda desde la que Somoza, su chofer nicaragüense César Gallardo y su asesor financiero, el italo-estadounidense Joseph Jou Baittiner, salieron aquel día a bordo del Mercedes Benz custodiados por un auto de la policía. Ninguno de los tres sobreviviría al ataque sincronizado.

En la logística del operativo también resultó clave otra situación. Los guerrilleros alquilaron una vivienda vecina a la de Tachito bajo un ardid de comedia. Le explicaron al dueño de la propiedad –un ingeniero llamado Luis Alberto Montero – que eran representantes del cantante Julio Iglesias y que el verdadero locador era él. Adujeron que el español planeaba filmar una película en Paraguay y hacer una serie de recitales y con esa zanahoria pidieron anonimato absoluto para su representado. Una ficción que les dio resultado pero que mandó al propietario a la cárcel por un tiempo. La historia fue investigada por la periodista nicaragüense Mónica Zub Centeno para su libro Somoza en Paraguay. Vida y muerte de un dictador, publicado en 2016.

Cuando el Mercedes Benz patente 177561 iba por la avenida Generalísimo Franco – hoy España – un Jeep Cherokee que conducía Roberto Sánchez, uno de los guerrilleros, se le cruzó de golpe a una combi que antecedía al auto donde iba Somoza. Armando, tal su nombre de guerra, moriría en el ataque al cuartel de La Tablada en febrero de 1989. Su maniobra fue suficiente para que el objetivo frenara y quedara en la línea de fuego del lanzacohetes de Irurzun. El primer disparo no salió. Pero sí todos los tiros con los que Gorriarán ejecutó a Somoza y su reducida comitiva antes de que reaccionara la custodia que venía detrás. El segundo proyectil del RPG-2 que portaba el capitán Santiago sobre uno de sus hombros completó la tarea. El chofer voló fuera del vehículo y cayó a varios metros sobre el asfalto según las crónicas periodísticas.

Angel Bogado, reportero gráfico del desaparecido diario paraguayo Hoy, fue uno de los primeros en llegar al lugar. En aquel momento contó: “Recuerdo que todavía salía humo del cuerpo de Somoza, tipo vapor, por el tema de las balas que recibió. Él y su acompañante estaban como agachados, como metiendo la cabeza entre las piernas”. Años más tarde, Gorriarán comentó el episodio en un programa de TV: “La explosión fue impresionante. Pudimos ver el auto totalmente destrozado y la custodia escondida detrás de un murito de la casa de al lado. Ya no tiraban más”.

El único guerrillero que no pudo escapar al operativo cerrojo montado minutos después para dar con el comando fue el santiagueño Irurzun. Flaco, muy alto – medía más de 1,90- no pasaba inadvertido. Había combatido en el monte tucumano durante el Operativo Independencia y en Nicaragua con los sandinistas. Después del ataque regresó a un departamento en el popular barrio San Vicente. La versión oficial sobre su destino fue que murió enfrentándose a la policía. Con los años se comprobó que había sido torturado y su cuerpo desaparecido. En 2007 se realizó una exhumación de restos en el cementerio de Asunción que no arrojó resultados positivos. En su ciudad natal de La Banda, en Santiago del Estero, se lo recuerda desde 2015 con un pequeño monumento en una plaza.

El cuerpo irreconocible de Somoza no fue fácil de identificar. Su amante nicaraguense, Dinorah Sampson Moganam, lo había acompañado hasta Paraguay y no podía creer lo que veía. Esta mujer de 73 años que llevó una vida fastuosa durante su relación con el dictador se instaló en Miami en 1981. Lo había conocido en un velorio en 1962 y desde entonces nunca volvió a separarse de él hasta su muerte.

La herencia que dejó el último de los Somoza en Nicaragua fue demoledora: unos 50 mil muertos, la mayoría entre la población civil, casi el doble de heridos, unos 40 mil huérfanos y alrededor de 150 mil desplazados hacia los países vecinos de Honduras y Costa Rica. Stroessner le concedió el status de residente temporal cuando huyó. Los dos tiranos coincidieron apenas casi un año en Asunción y se vieron muy poco. Tachito alcanzó a invertir una parte de su fortuna – estimada en 6 mil millones de dólares -en el Chaco paraguayo a donde llegó el 19 de agosto de 1979. Un mes antes se había producido la entrada triunfante en Managua de los revolucionarios sandinistas. El dictador buscó refugio en varios países hasta que lo encontró en Asunción. Diez años después de la huída de Somoza de su país, del que se escapó llevándose hasta sus loros, al dictador que lo recibió le llegaría su propio final. Stroessner fue derrocado por uno de sus generales, su consuegro Andrés Rodríguez. A diferencia del  nicaragüense llegó a la vejez, se mudó a Brasil y murió a los 93 años en 2006 sin que nadie lo molestara.

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El Congreso peruano habilitó el juicio político contra Martín Vizcarra 

Tras la difusión de audios que incriminarían al Presidente en un caso de corrupción

Desde Lima. Un cantante de poca monta, convertido en funcionario de tercer nivel, ha puesto al presidente Martín Vizcarra al borde del abismo.  Vizcarra debe enfrentar un juicio político que puede acabar en su destitución por supuesta “incapacidad moral permanente”, una figura que forzándola deja un amplio margen de acción. La acusación se origina en la revelación de audios de conversaciones privadas del presidente, grabadas en secreto, en las que coordina con asesores y dos funcionarias de su círculo cercano cómo deben responder en las investigaciones en el caso del cantante devenido en funcionario Richard Cisneros, contratado irregularmente por el Ministerio de Cultura, cuestión que salpica al propio presidente. Vizcarra ha negado un posible contenido delictivo en lo que se dice en esos audios y ha denunciado un complot desde el Legislativo para desestabilizar su gobierno y la democracia.

Sin una investigación previa de los hechos, solo horas después de divulgados extractos de los audios, se presentó en el Congreso la moción para abrirle juicio político al presidente. Es inocultable el apuro y entusiasmo por tumbarse a Vizcarra de diversos sectores de un Parlamento enfrentado al Ejecutivo. Con 65 votos de los 130 miembros del Parlamento unicameral, superando la cifra de 52 que se necesitaban, se dio luz verde al juicio político. Pero sus promotores esperaban un mayor apoyo. Para destituir al presidente se necesitan 87 votos, cifra que luego de la votación de ayer parece difícil de alcanzar. Las abstenciones fueron 24, grupo del cual los impulsores de la vacancia presidencial esperan sacar los 22 votos que les faltan. Hubo 36 votos contra el impeachment.

Vizcarra, o sus abogados, irían la próxima semana al Congreso para responder los cargos en su contra. El juicio político es un proceso rápido, que puede resolverse en alrededor de una semana. El oficialismo no tiene una bancada parlamentaria propia.

En un breve mensaje al país dado la noche del jueves, horas después de difundidos los audios en el Congreso, Vizcarra denunció “un vil intento” para desestabilizar su gobierno y la democracia, y acusó a sectores del Parlamento de buscar “tomar el control del gobierno”. Denunció la ilegalidad de las grabaciones de sus conversaciones.

“Si quieren sacarme aquí estoy, con la frente en alto y la conciencia tranquila. Nada de lo presentado (los audios), de manera ilegal, constituye causal de vacancia. No voy a renunciar, no me voy a correr”, dijo el presidente.

En mayo pasado se denunció que el cantante Richard Cisneros, que se hace llamar Richard Swing, había sido contratado por el Ministerio de Cultura para dar charlas motivacionales a sus trabajadores y que por ello recibiría un pago equivalente a unos 50 mil dólares. Escuchar esas charlas es sumergirse en lo más profundo de lo absurdo: abundan los autoelogios y se repiten consejos como decirles a las trabajadoras que deben ir a laborar “bien bonitas, arregladitas, maquilladitas, como debe ser el liderazgo”.

Luego se sabría que anteriormente Cisneros había firmado otros contratos con el mismo ministerio para dar otras charlas de este tipo. Y se reveló que en 2016 “Swing” había apoyado la campaña del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski cantando en algunos mítines, campaña de la que Vizcarra fue jefe, adeás de compañro de fórmula de Kuczynski. A partir de ese hecho, y de visitas de Cisneros a Palacio de Gobierno, se vinculó a Vizcarra con las irregulares contrataciones del cantante. El presidente no ha negado conocerlo, pero ha asegurado que no ha intervenido en su inexplicable contratación.

“En esta investigación estamos todos involucrados y la estrategia debe ser para salir todos en conjunto”, se le escucha decir al presidente en uno de los tres audios revelados. Es el diálogo de una conversación en Palacio de Gobierno, en la que coordina con la secretaria de Palacio, Mirian Morales, y con su secretaria administrativa, Karem Roca, sobre qué declarar acerca de las visitas de Cisneros a Palacio de Gobierno, que se señala son cinco, pero el gobierno solo admite dos. Acuerdan decir que no se concretó una reunión con el presidente. En ese mismo diálogo, Vizcarra dice haberlo recibido dos veces, reuniones que ha negado en público. Es el audio más comprometedor.

En otro audio, Vizcarra discute agriamente con su secretaria administrativa, que se queja de que le quieren cargar toda la responsabilidad. El tercer audio es una conversación entre Cisneros y la secretaria de Vizcarra, Roca, en la que ambos hablan con amargura del mandatario. “Si algo me pasa a mí, yo le echo la culpa al presidente”, amenaza “Swing”, y asegura tener grabaciones y pruebas que comprometen a Vizcarra. Ayer Cisneros salió a decir que todo lo que afirmaba en esa conversación era falso. Este diálogo, marcado por la incontenible fanfarronería y delirios de grandeza del cantante, que dice haber sido un poderoso asesor al que Vizcarra obedecía en los temas más trascendentes, cae en lo absurdo y no aporta evidencias creíbles al caso, pero igual ha sido tomado en cuenta por los promotores de la vacancia presidencial.

Todo apunta a que la secretaria administrativa del presidente, Karem Roca, que era del círculo de mayor confianza de Vizcarra, la única persona presente en las tres conversaciones, fue quien grabó en secreto las conversaciones que han jaqueado al gobierno. Los audios fueron revelados por el congresista Edgar Alarcón, quien está acusado de corrupción por su anterior labor como Contralor.

El protagonismo de este cuestionado congresista, y los oscuros antecedentes de los más entusiastas con la vacancia presidencial, abona a favor de quienes dicen que detrás de las apresuradas acciones para destituir al presidente hay una agenda que nada tiene que ver con la lucha contra la corrupción y sí con otros intereses y afanes de venganza de sectores políticos afectados en su poder e impunidad por este gobierno.

Pero esos intereses subalternos no liberan a Vizcarra de sus posibles responsabilidades. Los audios lo ponen en la complicada posición de una probable obstrucción a la justicia, y el caso “Swing” podría involucrarlo en un tráfico de influencias si se demostrara que influyó para contratarlo. 

Vizcarra, que asumió en marzo de 2018 cuando Pedro Pablo Kuczynski, de quien era el vice, renunció por cargos de corrupción, mantiene una alta aprobación, que supera el 50 por ciento. Ayer en la noche hubo cacerolazos desde los balcones de algunos barrios de Lima en rechazo a este intento de destituir al presidente.

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Una operación contra Rafael Correa queda al desnudo 

La confesión del exagente de Inteligencia Raúl Chicaiza expone el armado de una causa

Chicaiza dice que fue presionado para involucrar al exmandatario en el caso del fallido secuestro del opositor Fernando Balda en 2012. Huyó de Ecuador y permanece en Argentina. 

 

El exagente de Inteligencia de Ecuador, Raúl Chicaiza, confesó que fue presionado para involucrar al expresidente Rafael Correa en el caso del fallido secuestro del opositor Fernando Balda en 2012. Chicaiza aseguró en conferencia de prensa que se vio forzado a acusar al candidato a la vicepresidencia de Ecuador para evitar nueve años de cárcel. También denunció que, a pesar de cumplir su condena, nunca recibió la asistencia correspondiente al programa de protección de testigos. "Mi vida ha corrido riesgo. He tenido tres atentados de bala y un accidente de transito", aseguró el exagente desde Argentina, donde espera que se termine de tramitar su condición de refugiado. Sobre Balda, un opositor al proyecto de Correa que incluso coqueteó con presentarse a las elecciones presidenciales de 2021, Chicaiza aseguró que "se reunía clandestinamente con Lenín Moreno para armar el montaje de su caso". 

"Nos sacaban de los centros de reclusión social intempestivamente con el fin de presionar y que se involucre con nuestro testimonio anticipado a altos mandos jerárquicos, y desde el Ejecutivo al economista Rafael Correa", dijo Chicaiza en una conferencia de prensa virtual desde Argentina. Luego del cumplimiento de la pena que se le impuso por participar en el operativo por el secuestro de Fernando Balda en Bogotá, en julio del 2019, Chicaiza quedó en libertad bajo el programa de protección de testigos de la Fiscalía. Sin embargo, el exagente advirtió que no se le brindaba la protección requerida en tres cartas dirigidas al presidente Lenín Moreno, a la ministra de Gobierno María Paula Romo, y a la fiscal General Diana Salazar que no fueron respondidas. 

"En el mes de agosto pedí refugio a Argentina de acuerdo a los convenios y tratados de Ginebra que su país siempre ha respetado. Apliqué en el mes de agosto. Desde el momento en que pisé territorio argentino se me dan las garantías y ahora aguardo que se me brinde el documento oficial del refugio", explicó Chicaiza a Página/12. "Tengo solicitado refugio por mi seguridad y mi vida, ya que en Ecuador se ha vulnerado nuestra Constitución, ya que es obligación del Estado velar por los derechos de los testigos protegidos. El Estado colombiano no supo protegerme", agregó el exagente.

Chicaiza afirmó que por involucrar a Rafael Correa en el intento de secuestro de Balda la justicia le ofreció "seguridad, reinserción laboral y cargos públicos para mis familiares". Pero no cumplieron con ninguna de las promesas. El testimonio del exespía es la única prueba en la que se apoyó el Tribunal para imputar al actual candidato a la vicepresidencia de Unión por la Esperanza (UNES).

"Somos los chivos expiatorios de la justicia para alcanzar fines políticos. Si tuviéramos una justicia independiente tendríamos que averiguar qué hacía Fernando Balda en Colombia. Y Balda se dedicaba junto a su esposa a vender equipos de tecnología para interceptación de celulares de Colombia a Ecuador. Todas estas pruebas las presentamos ante la justicia, pero parece que no les interesa", aseguró Chicaiza.

El exasambleísta Balda denunció que fue introducido de manera forzada en un vehículo en 2012, en la ciudad de Bogotá, Colombia, para ser devuelto a Ecuador. Al cabo de 90 minutos, el intento de secuestro fue frustrado por la policía local que acudió al llamado de taxistas. Los autores fueron detenidos y juzgados en Colombia y confesaron que en el secuestro intervinieron agentes ecuatorianos de la Secretaría Nacional de Inteligencia, bajo las órdenes de la presidencia de Ecuador. 

Chicaiza, quien ya cumplió condena por el caso, aún duda de la carátula de secuestro que figura en la causa. "La justicia colombiana debería decir por qué esto amerita que sea un secuestro. Deben decir donde está el requerimiento. ¿Fue económico, político, social? Dentro de la policía mundial hay normas y protocolos para saber si fue un secuestro, un paseo millonario o una situación para llamar la atención y sacar beneficios a largo tiempo, como lo está haciendo Balda en Ecuador", aseguró el exespía ante la consulta de este diario.

"El Ejecutivo actual tenía sus tentáculos de poder y los sigue teniendo. Es necesario que Ecuador conozca quién es Balda. Este pseudo-activista ha manejado a la justicia a su antojo bajo el mando de Lenín Moreno", manifestó Chicaiza. Hasta hace pocos días, Balda seguía firme en su sueño de ser candidato presidencial, pero finalmente decidió postularse a la Asamblea Nacional de Ecuador. 

En 2006, Balda se había sumado al movimiento Alianza País liderado por Correa. Un año después abandonó ese espacio para sumarse a las filas del Partido Sociedad Patriótica. A los 48 años, este hábil operador político buscará llegar al Congreso a través del movimiento Libertad es Pueblo, fundado por Gary Moreno, hermano del presidente.

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Fuente: Rebelión

La detención domiciliaria del “colombiano más importante de la historia” aparte de constituir una parodia, ha mostrado hasta que punto hablar de Estado social de derecho en Colombia es una ficción fantasiosa, pese a que los cultores de tal pretensión sostengan lo contrario: que dicha detención ha mostrado la separación de poderes, la vigencia de los logros de la Constitución de 1991, la fortaleza de la democracia colombiana y mil cuentos imaginarios por el estilo.

Por el contrario, lo que están demostrando los actuales acontecimientos es que Estado de Derecho en Colombia no existe y nunca ha existido y para comprobarlo no se necesita ni tener el título de rábula, de los que tanto abundan en la patria de Francisco de Paula Santander, ni pertenecer a ciertas “prestigiosas” ONG, como De Justicia, cuyos empresarios y periodistas exaltan nuestra democracia de pacotilla, porque eso les dispensa miles de dólares de sus investigaciones financiadas desde los Estados Unidos, ni tampoco ser un vocero de  Human Right Watch, esa instancia seudodemocrática que forma parte del aparato legal del imperialismo estadounidense.

Seguir el proceso contra el intocable expresidente es toda una lección de impunidad, que bien vale recalcar en sus aspectos principales, porque desmiente las falacias del pretendido Estado de Derecho y demuestra que es un estado “torcido”. Recordemos que torcido en la jerga imperante en Colombia está asociado a delincuencial, vinculado al mundo de la lumpemburguesia (en donde se fusiona lo chic y lo traqueto), es decir, al entorno que ha dominado la política, la sociedad, la farándula y falsimedia en este país en las últimas décadas

¿Detención domiciliaria o vacaciones en el campo?

El sistema judicial colombiano que es un órgano al servicio de los poderosos que persigue y encarcela a los pobres y humildes, los cuales no gozan de ningún tipo de garantía, ni pueden contratar abogados, tiene en detención a miles de colombianos que no han sido sometidos a juicio. Y ellos no están en latifundios de 1800 hectáreas, como el Ubérrimo, sino hacinados en terribles condiciones en las mazmorras de todo el país. Muchos de ellos inocentes, sin señalamientos claros, con pruebas falsas, llevan años en esas cárceles y sus nombres nunca se mencionan, como si no existieran. Esta es una característica de este “Estado de derecho”, en el cual como lo indica no solo el caso del señor de las sombras sino de los mandamases de este país (como el extraditado Andrés Felipe Arias), la “justicia es para los de ruana”. Si aquí existiera Estado de Derecho hace años estaría en una prisión de alta seguridad el exsenador y expresidente, y condenado a varias cadenas perpetuas por sus numerosos crímenes de lesa humanidad.

“La justicia tarda, pero llega”

Un consuelo que circula en estos días se sustenta en esa máxima para señalar que, por fin, el dueño del ubérrimo fue apresado, tras un largo proceso que comenzó en el 2012. Llama la atención en este caso que, con miles de evidencias, de centenares de grabaciones y de pruebas incontrovertibles la decisión se haya demorado tantos años, cuando eso se debió haber hecho hace tiempo. Y no solo eso, sino que sorprende la celeridad y “eficiencia” de la justicia colombiana que opera en cuestión de días, cuando se trata de perseguir, encarcelar y torturar con saña a alguna persona que declaran su enemigo, a partir de montajes y de mentiras, como sucede a diario con luchadores sociales y dirigentes populares o a todos aquellos que son señalados, sin pruebas, por falsimedia como responsables de atentados o acciones similares.

La “separación de poderes”

Algunos se sorprenden por la interferencia del sub-presidente Iván Duque, de sus funcionarios en la decisión de los jueces, como si eso fuera algo novedoso en nuestra historia, y no un hecho permanente, que ha caracterizado el funcionamiento del aparato judicial de este país como engranaje del Terrorismo de Estado y de la contrainsurgencia. Acaso se nos olvida que eso sucedió durante el Frente Nacional con sus permanentes declaraciones de Estado de Sitio, cuando los jueces actuaban bajo las órdenes directas del régimen de turno, en una especie de estado de guerra judicial permanente contra quienes desafiaran el “orden público” o durante la tal “justicia sin rostro” de la década de 1990, cuando con falsos testigos se llevaba a la cárcel y se acusaba sin pruebas a dirigentes sindicales como “terroristas y enemigos del Estado”, o en el régimen de la (in) seguridad (anti) democrática, cuando el propio señor de las sombras daba en público la orden de perseguir, encarcelar o eliminar a quien dispusiera por considerarlo un enemigo o un terrorista.

La “independencia del poder judicial”

Uno de los preceptos que se invoca para hablar de “Estado de derecho” es el de la pretendida independencia de la rama judicial que, se nos dice, existe como lo demostraría la decisión tomada el 4 de agosto, cuando ordenó la detención domiciliaria de un senador activo. Desde antes de esa decisión y hasta el momento lo que ha quedado claro es que tal independencia es, por decirlo de manera benigna, bastante frágil, si tenemos en cuenta las fuerzas que se han manifestado, con toda la complicidad criminal del caso, esos que a sí mismos se denomina “hombres y mujeres” de bien de este país: los miembros del Consejo Gremial y los grandes empresarios, los medios de desinformación (televisión, radio, prensa) y sus para-opinólogos (por sus abiertas simpatías con el paramilitarismo), y por si hubiera dudas hasta el vicepresidente de los Estados Unidos. Este último, para comprobar que somos una miserable colonia del Tío Sam, dijo: «Respetamos las instituciones colombianas y su independencia, pero estando el expresidente Álvaro Uribe bajo arresto domiciliario, nos unimos a todas las voces amantes de la libertad en todo el mundo para pedir a los funcionarios colombianos que permitan que este Héroe, que ha recibido la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos, se defienda como un hombre libre». Esta retórica si que ejemplifica el Estado de Derecho en Colombia, puesto que habla es el dueño del circo, y no solamente su payaso más patético (Duque, por supuesto), y recordemos que como dice el dicho “Washington no opina, ordena”. Todo esto evidencia que en Colombia puede existir de todo, menos un imaginario de la separación de los poderes, y mucho menos cuando medio se toca a alguno de los “héroes  (léase hedores) de este país”.

La “transparencia de la justicia”

Otro criterio exaltado es el de la pretendida “transparencia” de la justicia, con lo que se quiere dar a entender que esta opera en forma autónoma, sin que sea influenciada por ninguna fuerza externa, llámese prensa, abogados o terceros interesados… El caso del innombrable demuestra todo lo contrario, puesto que, desde un principio, el caso se ha ventilado a través de los medios de desinformación que han conocido los pormenores del proceso, han revelado asuntos internos (testimonios, grabaciones…), con la finalidad de favorecer al ahora exsenador. Y el asunto de esa poca transparencia ha quedado mucho más claro al comenzar la “detención domiciliaria” del expresidente, cuando sí que se ha metido la mano al proceso, hasta el punto de que el largo expediente de 1500 páginas se hizo público, sin que ni siquiera se haya iniciado el juicio.

Un hecho adicional que evidencia la falacia de esa “transparencia” lo indica que el pretendido prisionero # 1087985 siga delinquiendo, como lo hacia Pablo Escobar en su Catedral de Envigado, desde su finca del Ubérrimo, puesto que no se le han cortado las comunicaciones con el mundo exterior, dándose el lujo de conceder una “entrevista” de dos hora y media a esa cloaca periodística que se llama Semana, a dos adoratrices del expresidente, en el que acusa, calumnia, miente, amenaza, desdice y desobedece a la Corte que dio la orden de encarcelarlo en su domicilio. Si existiera transparencia y Estado de Derecho en Colombia, nada de eso se permitiría y de inmediato el preso # 1087985 hubiera sido sacado de su Hotel de Cinco Estrellas y llevado a una cárcel común y corriente por interferir la acción judicial. ¡Como para reforzar lo que es nuestro “Estado de derecho”, vale recordar que cualquier colombiano que esté en la cárcel puede dar entrevistas, transmitidas en vivo y en directo, durante varias horas, y acusar y amenazar a diestra y siniestra, como se hace desde el Ubérrimo!

Conclusión: Un Estado de Derecho muy “torcido”

El caso del preso #. 1087985 indica que antes que vivir en un Estado de Derecho nos encontramos en una terrible realidad completamente distinta (una dictadura, un Estado “torcido”) como lo dijo un periodista convencional, Julio Cesar Londoño, columnista de El Espectador, con unas palabras que deben tener horrorizados a los cultores del Estado de Derecho: “En la precaria historia de nuestra democracia, nunca padecimos una dictadura tan atroz como esta. Comparado con la patriótica malignidad de Uribe, el COVID-19 es un algodón de azúcar”.

Por Renán Vega Cantor | 25/08/2020

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El ocaso de Bannon y el golpe al ‘movimiento’ de la extrema derecha populista

La imputación del exasesor de Trump por parte de la fiscalía de Nueva York llega el mismo día en que un juez federal neoyorkino denegara un recurso del presidente en el caso de su declaración de impuestos, que el mandatario se niega a hacer pública.

washington

21/08/2020 09:00

Manuel Ruiz Rico

@ManuelRuizRico

La detención ayer del ideólogo de la extrema derecha populista Steve Bannon, casi dos años exactos después de que Trump lo despidiera de asesor de la Casa Blanca, supone la confirmación definitiva del ocaso de su figura y un golpe a la línea de flotación de su proyecto ideológico, cuya fuerza legitimadora y capacidad de influir prácticamente sólo pende ya del hilo de la reelección o no del presidente norteamericano en las elecciones de noviembre. Bannon es el sexto hombre del entorno cercano de Trump en ser imputado por un tribunal federal o en entrar en la cárcel. 

Su arresto, además, se produjo el mismo día que otros dos acontecimientos que se conectan entre sí. Por un lado, ocurrió mientras se celebraba el último día de la Convención Demócrata en la que se ha nominado oficialmente a Joe Biden como candidato del partido a las elecciones, y que ayer aprovechó que el Pisuerga pasaba por Valladolid para denunciar que la administración de Trump es "la más corrupta de la historia"; por otra parte, fue también el día en que un juez federal de Nueva York denegó el recurso de Trump en el caso abierto sobre la declaración de impuestos que el presidente se niega a hacer pública. Que todo esto esté sucediendo en los tribunales neoyorkinos dista de ser una casualidad puesto que ésa es la ciudad de Donald Trump.

La operación contra Bannon, de 66 años, se produjo además dos meses exactos después de que el controvertido fiscal general William Barr despidiera al fiscal general de Nueva York, Geoffrey Berman, que llevaba meses investigando presuntos casos de corrupción del entorno del presidente, como el de Michael Cohen y del abogado personal del presidente, Rudolf Giuliani. La imputación de Bannon fue ejecutada precisamente por la sustituta de Berman en la fiscalía, Audrey Strauss.

La detención del ideólogo de Trump, que se produjo en su barco en las aguas de Connecticut, al norte de Nueva York, donde llevaba viviendo varios meses, reunió dos elementos muy significativos. Primero, según el escrito de la fiscal federal de Nueva York, Bannon está imputado junto a otros tres socios suyos, de dos delitos de fraude cibernético y de conspiración para el fraude, por lo que se enfrenta a una pena de hasta 40 años; una losa de plomo para su credibilidad, más teniendo en cuenta que ese fraude consistió, según el auto de imputación, en desviar dinero para su uso privado de la campaña para construir el muro con México.

El segundo elemento, éste de tipo más simbólico, es que Bannon fue detenido por… inspectores del Servio de Correos de Estados Unidos, justo la empresa pública que Trump quiere sabotear para impedir todo lo que pueda el voto por correo en las elecciones presidenciales. Según informó la cadena CBS, los inspectores del servicio postal tienen competencias en cuanto a los delitos de fraude online.

El efecto de un elemento y otro en la derecha norteamericana no se hizo esperar. El propio Trump no tardó en reaccionar ayer. En una comparecencia ante la prensa en la Casa Blanca, al ser preguntado por este asunto, criticó a Bannon y se deshizo de él, aunque esto lo hizo tras afirmar que se sentía "muy mal" y "triste" por la noticia. Sin embargo, acto seguido y tras asegurar no haber tenido contacto con él "en un período muy largo de tiempo", pasó a las críticas: "No me gusta ese proyecto [de recaudar fondos para construir el muro]. Creo que lo lanzaron para fardar. Es inapropiado financiar un muro fronterizo con fondos privados". Así despachó Trump el asunto Bannon.

No fue sólo Trump. La cadena ultraderechista Fox informó de la detención de Bannon y lo trató como el ídolo caído que ya es el otrora hombre más influyente de la administración Trump. El analista judicial de la cadena, el exjuez Andrew Napolitano, criticó que Bannon y sus socios "consiguieron cientos de miles de dólares de gente que dio ese dinero pensando que iría para el muro" y no para financiar "sus lujosos estilos de vida", y sentenció: "El hecho de que usaran una tercera parte para ocultar las huellas porque sabían que estaban engañando a sus donantes no pinta nada bien para Bannon ahora mismo".

Fox, además, dio pábulo a las declaraciones de la subdirectora de la campana de Biden, Kate Bedingfield, quien aseguró que "Trump ha dirigido la administración más corrupta en la historia de Estados Unidos. La ha usado constantemente para enriquecerse a sí mismo, a su familia y a sus compinches".

El efecto de esta detención provoca en Bannon no sólo se queda en las fronteras de Estados Unidos puesto que quien fuera el ideólogo de la campaña de Trump en 2016 había extendido sus redes fuera del país, especialmente en Europa, donde quería exportar esa especie de populismo obrero de extrema derecha nacionalista, por parafrasear una expresión suya, en la que quiso basar su ideología; aunque eso fue sólo la mitad de la misma: la otra mitad fue marketing, redes sociales y desinformación, que para algo Bannon procedía del mundo del espectáculo; elementos, por cierto, copiados en mayor o menor medida por la extrema derecha europea.

Sexto hombre de Trump imputado o en la cárcel

Tras su detención e imputación ayer por fraude cibernético y conspiración para el fraude, Steve Bannon se convirtió en el sexto hombre del entorno cercano de Donald Trump en ser imputado o acabar entre rejas. Los otros cinco de esa lista son: Roger Stone, Michael Flynn, Paul Manafort, Rick Gates y Michael Cohen.

Roger Stone, ex asesor de campaña de Trump, fue condenado a 40 meses de prisión por diversos delitos como obstrucción a la justicia, manipulación de testigos y mentir en sus declaraciones ante el Congreso. El pasado mes de julio, Trump lo indultó.

Michael Flynn, exasesor de seguridad nacional de Trump, se declaró culpable en 2017 de mentir al FBI sobre sus conversaciones con el antiguo embajador ruso en Estados Unidos. El Departamento de Justicia actuó después para retirar su procesamiento pero un juez federal rechazó en primera instancia dicha acción al haberse declarado culpable y el caso está pendiente de ser tratado en un tribunal de apelación.

Paul Manafort, expresidente de la campaña de Trump, fue condenado en 2019 a de 7,5 años de prisión por delitos relacionados con su trabajo como consultor político en Ucrania así como por fraude bancario y fiscal. Él mismo se declaró culpable de dos cargos de conspiración en 2018.

Rick Gates, exvicepresidente de la campaña de Trump y uno de los principales asociados de Manafort, se declaró culpable en 2018 de conspiración contra los Estados Unidos y de mentir al FBI. Fue sentenciado a finales de 2018 a 45 días de cárcel, que se cumpliría sólo los fines de semana. Su escasa condena, en comparación con la que recibió su jefe Manafort, se debió a que cooperó con la investigación del informe Mueller.

Por último, está el caso de Michael Cohen, exabogado personal y fontanero del presidente. Se declaró culpable de mentir, tras pedírselo el presidente, al Comité de Inteligencia del Senado en 2017 sobre la duración y el alcance de su trabajo en los planes para construir una Torre Trump en Moscú. Está cumpliendo una condena de tres años de prisión en régimen de reclusión domiciliaria. Cohen ha anunciado la publicación inminente de un libro del que ya se conoce su prólogo y que se titula Desleal. La verdadera historia del abogado personal del presidente Donald Trump. En estas memorias, Cohen se describe "como uno de los chicos malos de Trump".

En dicho libro, según recoge la CNN, Cohen asegura, sin tapujos: "En ciertos aspectos, lo conozco [a Trump] mejor incluso que su familia porque fui testigo del verdadero hombre en clubes de striptease, en reuniones de negocios turbias y en los momentos en que reveló quién era realmente: un tramposo, un mentiroso, un fraude, un matón, un racista, un depredador, un estafador".

El velo que poco a poco parece ir cayendo en torno a la figura de Trump es el mismo que cayó ayer alrededor de la figura de Steve Bannon, quien durante un año estuvo paseándose a sus anchas, enredando y siendo entrevistado a diestro y siniestro por toda Europa. Todo ese relumbrón ayer cayó de golpe con su detención en su yate de las aguas de Connecticut y los cargos que se le imputan, zas, zas, zas. Fue el punto final a una carrera de ascenso fulgurante hasta su despido como asesor de la Casa Blanca en agosto de 2017.

Bannon y su desembarco en Europa

La puerta de Europa se le abrió a Bannon cuando su declive americano estaba consumándose. Según The Guardian, el artífice de abrirla fue el político de extrema derecha belga Mischaël Modrikamen. Éste, cuando Trump ganó las elecciones de noviembre de 2016, le hizo llegar una carta al magnate neoyorkino a través de un conocido que ambos tienen en común: Nigel Farage. Modrikamen le reclamaba a Trump trabajar en común para crear un levantamiento populista global. Para allanar el camino, Modrikamen registró en enero de 2017 El Movimiento, una fundación para este fin con sede en belga.

Desde Washington sólo le llegaba silencio hasta que en julio de 2018, Bannon, que llevaba casi un año fuera de la Casa Blanca, no dejó pasar la oportunidad y respondió la misiva. Quería asumir el mando de la Fundación. Modrikamen haría de director gerente y ambos transformarían El Movimiento hacia una máquina de campaña electoral para los partidos de extrema derecha europeas de cara a las elecciones a la Eurocámara de mayo de 2019. Así fue como desembarcó en Europa, un continente que se le apareció en forma de salvavidas.

Bannon creció en Norfolk, Virginia, 320 kilómetros al sur de Washington, en una familia católica de clase trabajadora de origen irlandés. Estuvo cuatro años en la marina (Norfolk tiene la base naval más grande del país) y después estudió un MBA en Harvard. Se dedicó primero al sector bancario, del que pasó al mundo del espectáculo: fue uno de los socios de la serie Seinfeld, éxito absoluto de la televisión americana de los años 90. De ahí saltó a Hollywood, donde produjo 18 películas y dirigió nueve, fundamentalmente documentales de ideología conservadora.

A principios de siglo, con las nuevas tecnologías empujando por tomar el sitio privilegiado que tienen ya, conoció a Andrew Breitbart, un periodista de extrema derecha que ansiaba crear una web de información y opinión ultraconservadora para combatir la ideología progresista en Estados Unidos. A mediados de 2007, el periodista fundó Breitbart News, en cuyo nacimiento participó Bannon. Breitbart falleció de un infarto en 2012 y Bannon encabezó el proyecto, que pasó a considerar como "plataforma de la derecha alternativa", es decir, la extrema derecha populista, una plataforma para eso que se llama la White America: ese Estados Unidos blanco, ultranacionalista, muy religioso y racista.

Según The Guardian, el primer encuentro entre el magnate de Nueva York y Bannon se produjo en 2010. A Bannon parecieron entusiasmarle las ideas de Trump sobre China y sobre el comercio internacional. Para la campaña a las elecciones presidenciales de 2016, Bannon ya era el jefe de campaña del candidato republicano, un millonario que había tomado una estrategia que ya se había visto antes en Europa en las figuras de Jesús Gil y de Silvio Berlusconi: el millonario antiestablishment. Trump se montó por su cuenta su campaña en contra del aparato republicano y acabó conquistando el cuerpo y el alma de un partido que no era el suyo. Porque Trump no es republicano. Trump es Trump. Bannon fue crucial en el uso de las redes sociales, de la campaña agresiva, faltona y en el empleo de los bulos masivos y la desinformación. En enero de 2017, Trump tomó posesión como el 45º presidente de Estados Unidos y Steve Bannon era calificado como el segundo hombre más influyente del país. En agosto de ese año, tras sus desavenencias con Ivanka Trump y su marido Jared Kushner, Bannon fue despedido.

Cuando en 2018 llegó a Europa, en la antesala de las elecciones comunitarias del año siguiente, la extrema derecha populista, nacionalista y antieuropea mantenía una tendencia ascendente, un terreno abonado para la semilla populista de Bannon. Boris Johnson en Reino Unido; Marinne Le Pen en Francia; Matteo Salvini en Italia; Viktor Orban en Hungría; Santiago Abascal y Vox empezaban a asomar en España. Con todos esos partidos tuvo contactos Bannon. Según una información de El Confidencial de febrero de 2020, Rafael Bardají, exasesor de Aznar y exdirector de política internacional de FAES y asesor de Vox, se entrevistó en la Casa Blanca con Bannon. "Vox es el que más se adecúa a sus ideas; de hecho, fue él quien se interesó por nuestra formación; considera que su discurso casa perfectamente con las ideas que defiende nuestro partido", declaró Bardají a El Confidencial en 2018.

Sin embargo, a pesar del auge electoral de muchos de esos partidos (Boris Johnson es incluso primer ministro británico), esa especie de alianza de extrema derecha populista europea no pareció cuajar en ningún momento como movimiento articulado europeo o como alianza organizada en torno a La Fundación. Poco a poco, Bannon dejó de estar presente hasta que ayer, mucho tiempo después de sus últimas apariciones estelares en el viejo continente, saltó la noticia de su detención acusado de dos cargos por fraude que lo podrían meter en la cárcel durante 40 años, es decir, para el resto de su vida. Era la confirmación definitiva de su declive. El interruptor que apaga una de las luces más intensas y demagogas que ha alentado esa derecha alternativa en los últimos años. Y todo sucede a dos meses y medio de las elecciones presidenciales en las que Trump se disputará la Casa Blanca con Joe Biden.

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El CELS denunció al gobierno de facto de Bolivia ante la ONU por las masacres de Sacaba y Senkata

A nueve meses de la represión que provocó 21 muertos y alrededor de 200 heridos 

La denuncia acusa al gobierno de Jeanine Áñez de cometer ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los derechos humanos. La violencia en las calles continuó en los hospitales y se extendió incluso a los cortejos fúnebres.

 

A nueve meses de las masacres de Sacaba Senkata , el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció al gobierno de facto de Bolivia ante las Naciones Unidas por presuntas ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los derechos humanos. La abundante evidencia recolectada da cuenta de que, en ambos territorios, las fuerzas armadas y policiales reprimieron salvajemente las protestas contra el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. El saldo fue de 21 víctimas fatales y alrededor de 200 heridos. La violencia en las calles continuó en los hospitales: en los dos hechos calificados como masacres por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los heridos y familiares fueron acosados y humillados por policías y por el mismo personal de salud. El dispositivo represivo dispuesto por el Estado llegó al límite grotesco de arrojar gases lacrimógenos contra el cortejo fúnebre de los familiares de las víctimas que bajaba del Alto en dirección a La Paz. 

"La denuncia del CELS, el Centro Europa-Tercer Mundo, la Asociación Pro Derechos Humanos Bolivia, la Red Andina de Información y la Red Universitaria de Derechos Humanos se presentó el 10 de agosto. Hace una cronología de los hechos de las masacres de Sacaba y de Senkata a partir de un amplio conjunto de evidencias", asegura Camila Barretto Maia, coordinadora de Trabajo Internacional del CELS. "Hay evidencias contundentes sobre la responsabilidad estatal en las ejecuciones y graves lesiones ocasionadas a manifestantes y, como en el caso de Senkata, a muchas personas que simplemente transitaban por una zona de mucha circulación", agrega Barretto Maia en diálogo con Página/12.

Ambos episodios se enmarcan en el contexto de las protestas de los días posteriores al golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019 y la asunción, dos días después, de un gobierno de transición encabezado por la exsenadora Jeanine Áñez. Un día antes de la masacre de Sacaba, el 14 de noviembre, Áñez dictó el Decreto Supremo 4078 que le otorgaba inmunidad a las fuerzas de seguridad para garantizar el "reestablecimiento del orden" en las calles. El 15 de noviembre, el mismo gobierno de facto emitió el Decreto 4082 que asignaba 42,7 millones de pesos bolivianos (6,16 millones de dólares) para equipar a los militares. El terreno se había sembrado para lo peor.

Sacaba

La cacería desatada sobre esta populosa ciudad de Cochabamba tuvo lugar el 15 de noviembre de 2019 y dejó un saldo de al menos 10 muertos y 120 heridos. Las seis Federaciones del Trópico habían decidido marchar a la ciudad de La Paz en protesta por la quema de la wiphala, la persecución a la mujer de pollera y exigiendo el retorno de Evo Morales. La movilización, que hasta ese momento era pacífica y estaba encabezada por mujeres con hijos, empezó a ser reprimida con una violencia inusitada. "Las fuerzas estatales contaban con el apoyo de al menos una tanqueta y un vehículo Neptuno que sirve para dispersar manifestantes con agua, además de un avión de guerra y varios helicópteros que sobrevolaban a baja altitud", expresa parte de la denuncia del CELS a la que accedió este diario.

"La versión oficial del gobierno de facto en los momentos inmediatamente posteriores a la masacre fue una versión completamente fantasiosa. Impulsaron la tesis de que los manifestantes se habían matado entre ellos porque tendrían disparos en sus espaldas”, afirma Barretto Maia. Pero los resultados de las pericias balísticas arrojaron la presencia de fusiles de reglamento de las fuerzas armadas (FAL) presentes en el día del operativo. La gran cantidad de heridos provocó que los hospitales de la localidad se vieran colapsados, lo que significó una nueva pesadilla para los heridos y sus familiares.

Senkata

El martes 19 de noviembre de 2019, el gobierno de facto le ordenó a las fuerzas armadas y a la policía que rompan el bloqueo a la planta de gas envasado ubicada en la localidad de Senkata. Luego de negociar con quienes mantenían el corte, las fuerzas militares y policiales consiguieron, a través de un operativo cinematográfico que incluyó un convoy de 49 camiones cisterna, transportar combustible y garrafas de gas para abastecer a las ciudades de La Paz y El Alto. Aún habiendo cumplido con el objetivo principal, las fuerzas militares y policiales resolvieron ocupar la planta y reprimieron con gases y balas de plomo a los manifestantes que intentaron retomar el bloqueo.

"Numerosos testimonios coincidieron en que las fuerzas estatales estaban manteniendo personas detenidas en el interior de la planta", aporta la denuncia presentada por el CELS y otros colectivos de derechos humanos. La versión de que los manifestantes usaron explosivos, a su vez, nunca fue demostrada. "Acusaron de terroristas a los manifestantes por haber derribado un muro que da acceso a la planta, y aseguraron que las fuerzas armadas no habrían realizado ni un solo disparo. Pero no solo han habido disparos de las fuerzas de seguridad sino que fueron disparos masivos e indiscriminados contra personas que no representaban ninguna amenaza", explica Barretto Maia. El saldo fue de 11 muertos y 72 heridos.

Tanto en Sacaba como en Senkata, los problemas no terminaron luego de la represión de las fuerzas estatales. Según testimonios recogidos en los centros de salud, las víctimas con heridas graves fueron hostigadas por médicos y enfermeros. "Familias productoras de coca, de bajos ingresos, viven hace nueve meses con mucho dolor y la estigmatización permanente del gobierno autoritario que los tilda de narcoterroristas. Los dirigentes son perseguidos políticamente. Viven en temor permanente de represalias estatales y de grupos paramilitares motoqueros y pasan hambre", asegura Kathryn Ledebur, directora de la Red Andina de Información y también parte de la denuncia presentada ante la ONU.

Las causas abiertas

A pesar de la dudosa versión sostenida por el gobierno de facto, hay dos causas abiertas por las masacres: una en la fiscalía de Sacaba y otra en la ciudad de El Alto. "La causa de Sacaba al principio incluía una denuncia contra manifestantes que se archivó por falta de pruebas, y consiste en la investigación por homicidios y graves lesiones a los manifestantes", detalla Barretto Maia. En ese caso se llegaron a hacer pericias balísticas en el lugar de los hechos. "Tenemos información extraoficial de que este estudio habría comprobado que el origen de los disparos era el puente donde se encontraban las fuerzas de seguridad, pero el informe nunca se hizo público ni se sabe de qué manera permitirá determinar responsabilidades porque no hubo avances en la causa", añade la coordinadora del área internacional del CELS.

En Senkata la situación es aún peor porque ni siquiera se hizo un informe balístico ni se reconstruyeron los hechos. "Las fuerzas armadas se niegan a compartir con la fiscalía información sobre los operativos planificados, sus comandantes, las unidades movilizadas y el armamento que portaban", aporta Barretto Maia. "A nueve meses de la masacre no hay justicia ni reconocimiento de los asesinatos por parte del Estado", afirma por su parte Ledebur desde la Red Andina. La denuncia presentada días atrás es, en ese sentido, concluyente: "La comunidad internacional debe seguir exigiendo verdad y justicia para las víctimas de Sacaba y Senkata y hacer un seguimiento de la situación de los derechos humanos hasta el restablecimiento de la democracia en el país".

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Jueves, 13 Agosto 2020 05:36

La culpa y ¿el perdón?

La culpa y ¿el perdón?

A veces, la consulta nos acerca un problema para el que podemos pensar una solución o imaginar un acompañamiento para los consultantes. Raramente una certeza es la respuesta tranquilizadora. Pero nuestros saberes estallan cuando el asombro nos deja sin palabras, porque la conducta humana puede alterar sus decisiones hacia un lado o hacia otro, en un giroscopio demencial, proponiendo argumentos semejantes y equivalentes para avalar una u otra elección.

La consultante era una mujer de 58 años, madre de una muchacha de 22. Según refirió, la relación entre ambas siempre había sido muy buena. Compañeras, se contaban todo, según sostenía la señora sin desconfiar (aunque es razonable suponer que los hijos no hacen eso, porque son personas independientes). Incluso la presencia de Carlos, el novio de la muchacha, había sido bien recibida. ¿Y el padre? Ese era el problema. Por denuncia de la madre, él había debido cumplir varios años de cárcel por abuso sexual con agravante carnal (violación) contra la hija, cuando ella era niña. En ese momento, en libertad, había vuelto a tomar contacto con la joven, a pesar de la oposición de la madre, indignada con el hecho de que reiniciaran su trato. Esta es una estrategia conocida; una vez cumplida la pena, los violadores regresan para conectarse con sus hijos.

Ese asunto había sido motivo de un roce entre las mujeres, que no volvieron a abordarlo después de esa primera vez. La consulta materna se debía a que la hija había decidido casarse con Carlos; la familia de él planeaba una ceremonia religiosa clásica: el padre de la novia ingresaría a la iglesia del brazo de su hija y detrás, la madrina... la madre, la denunciante del violador. El novio y su familia desconocían las circunstancias previas. La jovencita rogaba a su mamá que no se opusiera a esta planificación, porque la haría muy desgraciada: al fin y al cabo, ella había perdonado a su padre violador. ¿Por qué la madre no podría hacer lo mismo y vestirse de madrina para acompañarla? Así de sencillo era: solo se trataba del inmenso, universal problema de la culpa y el perdón. Desconcertada, la señora, que no quería hacer sufrir a su hija, tampoco lograba superar el dolor de que esa joven mujer olvidara sus dolorosas declaraciones infantiles relativas al abuso con acceso carnal del que la hiciera víctima su padre. El mismo que ahora pretendía ingresar de su brazo a la iglesia, asumiendo lo que ella denominaba perdón. ¿O quizá lo que la novia anhelaba era vivir la ilusión de llevar un traje blanco, con un novio ingenuo que la esperara en el altar? Porque esa familia ignoraba los antecedentes de su padre. La consultante se preguntaba si debía esclarecer esto con ellos, aunque arriesgara perder a su hija. ¿Qué pasaría en ese caso con su vínculo con la joven? ¿Y si perdonara al miserable al que años atrás había denunciado y enviado a la cárcel? De solo considerarlo, el asco la consumía.

¿Era injusto no perdonar? ¿Y si en, los avatares de los años, el padre se hubiese arrepentido y buscara genuinamente el perdón de su hija? ¿Qué experiencias tenemos con violadores que han cumplido su condena? Sabemos que, en libertad, vuelven a violar... ¿Deberíamos dar por válida la supuesta redención del personaje? O sea, creer en un violador que ni siquiera se había expresado al respecto, porque solo había reaparecido en el justo momento en que podía incorporarse a la vida de la hija. Una clave residiría en la honradez de la muchacha que asumiría el sagrado sacramento del matrimonio (ya que así lo creía ella) a partir de un ocultamiento grave que acallaba el conflicto. Pero esa joven no hablaría mientras se contara a sí misma que había perdonado a su padre; así crucificaba a su madre, horrorizada por la situación de mentira. La situación sería muy diferente si ella reconociera la verdad ante la familia de Carlos y a ellos no les importara incorporar al violador con sanción cumplida. Esto, ¿sería viable? El novio, ¿podría perdonar a su novia este silencio y olvidaría que su mujer fue atacada y violada por su padre desde los seis años de edad?

Cualquier hipótesis es válida, pero el núcleo incandescente de la cuestión se recorta sin salida y reside en la angustiosa duda personal. ¿Cuándo decidir en favor de la culpa y cuándo del perdón?

Los cristianos se proveyeron de un rezo que les garantiza una salida: el Padrenuestro. Jesús murió perdonando. O sea, en ese ámbito parecería haber respuestas, pero filosóficamente sabemos que la duda impregna la elección. ¿Hacer las paces con los violadores, que pueden ser reincidentes? ¿Hay hechos imperdonables? ¿Es posible lograr la paz mediante el perdón? En este caso, esta madre consultante, ¿debería aceptar vestirse como madrina para esa boda?

Semejante dilema no puede quedar en manos de la modista. Ese padre está sobrando y la joven novia tendrá que crecer, tanto como afirma haber crecido para elegir un perdón más allá de la Ley que sancionó duramente al padre con varios años de cárcel, para quien no hubo contemplaciones a la hora de medir la culpa.

¿Qué le digo a esa mujer desfalleciente ante la duda? Ella sabe que tiene razón y que el amor por su hija no titubeó cuando la joven era niña y con su denuncia la dejó sin padre. Ahora tendrá que volver a elegir, arriesgando dejarla sin matrimonio, como una mujer que no oculta su verdad.

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Viernes, 07 Agosto 2020 06:59

Amazon, acusada de prácticas desleales

Amazon, acusada de prácticas desleales

Avanza una investigación contra la empresa en Estados Unidos

Los fiscales generales de Nueva York y California anunciaron que seguirán con el caso presentado en el Congreso y realizarán audiencias con testigos. 

 

La pelea entre Google, Amazon, Facebook, Apple (GAFA) y el gobierno de Estados Unidos avanzó un casillero. Después de las casi seis horas de debate ante la Comisión Federal de Comercio de la semana anterior, en la que las GAFA respondieron a las pruebas producto de una investigación de varios años que las acusa por prácticas desleales, los fiscales generales de Nueva York y California anunciaron que seguirán adelante con el caso de Amazon y realizarán en las próximas semanas entrevistas a testigos a través de conferencias conjuntas. 

En la práctica, la aparición de las fiscalías estatales implica la intención que tiene la justicia estadounidense de penalizar monetariamente a estas empresas, en este caso  a Amazon. Sin embargo, los tiempos legales de estos procesos son extensos: la Unión Europea comenzó esta batalla hace cuatro años, sobre todo contra Apple y Google, y aún no hubo ninguna resolución favorable: las firmas no tuvieron que pagar multas. Sin embargo, "no es lo mismo ser la Unión Europea contra una empresa estadounidense, que el propio Estados Unidos. También es un momento general de discusión en USA muy influído por las elecciones. Trump anunció que si él ganaba, las iba a controlar, pero la realidad es que las empresas tienen también injerencias políticas", reflexiona Cecilia Rikap, investigadora del Conicet y autora del paper "Amazon: una historia de acumulación vía extractivismo de datos y depredación". Desde la visita al Capitolio de Bill Gates, cofundador de Microsoft, en 1998, no se habían hecho audiencias antimonopólicas en el país.

La denuncia

La audiencia de la semana anterior no es más que una discusión de largo plazo. Aunque saquen la conclusión de que las prácticas que ejercen estas empresas son monopólicas y que deberían ser reguladas, el Congreso no tiene injerencia a la hora de decidir sobre los mecanismos de Defensa de la Competencia en Estados Unidos, salvo para realizar un cambio ante la Ley.  

La Ley de Defensa de la Competencia en Estados Unidos entiende que la competencia se encuentra amenazada si atenta contra el bienestar de los consumidores. Entender el carácter monopólico de Amazon es complejo. "No se la podría acusar bajo el concepto de esta ley, porque para ello tendría que estar ofreciendo un precio muy alto para los consumidores -típico análisis de monopolio neoclásico, de vender menos a un precio muy alto-, y Amazon hace todo lo contrario, vende a un precio más bajo", explica Rikap.  

La denuncia que se le realiza a Amazon es por prácticas desleales con otras empresas que operan (o no) en su plataforma. Monetizando los datos que recojen de los usuarios, ofrecen los mismos productos que sus clientes pero a un precio más bajo, deciden en qué puesto aparecen determinados artículos en los resultados de búsquedas, anulan a la competencia mediante la compra de plataformas que perciben exitosas y podrían proyectarse como competidoras. 

Con estas prácticas, Amazon hizo desaparecer al resto de los espacios de venta. En un esquema profundizado por la pandemia, los pequeños productores se ven obligados a vender sus productos en esa plataforma, que cobra comisiones cada vez más altas: "Amazon es quien organiza hoy el mercado y a la vez es oferente del mercado", resume la investigadora. Incluso, utilizan su poder para manejar la información y para bloquear opiniones y los datos. 

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