Desembalsar Hidroituango, el primer paso para reducir la amenaza

Las instituciones del Estado colombiano de manera conjunta impulsan, celebran, promueven y licencian, otorgan todo tipo de permisos para la construcción de grandes represas como Hidroituango, sobre el río Cauca, pero a la hora de responder por los daños y riesgos que estas generan sobre toda la población que habita tales territorios, dejan traslucir su incapacidad para controlar a los empresarios y garantizar los derechos humanos y de la naturaleza.

 

La desolación crecía. No era para menos. La sensación nos cubrió a varias personas el pasado 28 de junio mientras escuchábamos como, una a una, las instituciones del Estado colombiano que fueron llamadas por el Viceprocurador delegado Camilo José Orrego para preguntarles por su capacidad para dar cumplimento a la orden del Juez 75 Penal con funciones de control de garantías de Bogotá, negaban su capacidad y/o competencia en términos de un estudio independiente que permita definir si Hidroituango continua o no por el riesgo que representa para las comunidades afectadas y para el país.

 

Impunidad como regla

La desolación se combinaba con incredulidad, ya que estábamos ante la evidencia de impunidad, desinterés por la vida de miles de personas, desprecio por la naturaleza, indiferencia por los reclamos que tantas veces hemos interpuesto como comunidades al ver las vidas destrozadas, reclamos que nunca encontraron eco en ninguna de las instituciones en cuestión.

No era para menos lo que experimentaban nuestros cuerpos, ya que todas las entidades allí presentes a través de sus delegados expresaban no tener capacidad ni personal técnico, después de intentar alegar que no tenían competencias para intervenir a Hidroituango, respuesta que incluso brindó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), el Ministerio de Ambiente y de Minas y Energía, autoridades de la obra cuestionada.

Para nosotros, como víctimas, quedó claro que el Estado en Colombia nos dejaba solos con el grave problema por él generado, pues es evidente que licencia obras sin tener capacidad para controlarlas, y que cuando suceden tragedias –como Hidroituango– todos se lavan las manos, sin asumir las obligaciones que les corresponde de protección de la población.

 

Los territorios al servicio del capital

Ante lo que estamos viviendo es evidente que el abandono estatal no es sólo que no haya salud, trabajo, ambiente sano, seguridad, libre movilidad, acceso a alimentos, educación y otros tantos derechos que a las tierras del Cañón del río Cauca no han llegado, sino que este abandono también se expresa en sacrificar nuestros territorios entregándolos a empresas para su explotación, sin que haya como mínimo capacidad para ejercer control y presionar el cumplimiento de las obligaciones que les asignan, control para evitar un mayor empobrecimiento y vulnerabilidad de la población afectada por la obra autorizada. Las Licencias parecen ser licencias para matar, con apenas una simulación de control estatal para que nos quedemos tranquilos y tengamos la falsa esperanza de que alguien nos cuida.

Según la teoría política, el Estado es una estructura que representa al conjunto social, para el bien de todos, no de una parte del mismo. Y en este caso cumple su función otorgando o negando Licencias ambientales. Pero lo que presenciábamos mientras una a una las instituciones denegaban su función era todo lo contrario: todas y cada una de ellas son el canal para que el capital realice sus propósitos, es decir, para que el capital se incremente para el beneficio de algunos pocos sin importar el perjuicio de muchos, en este caso de la inmensa mayoría de quienes habitan un amplio territorio de un país llamado Colombia.

De esta manera, ante nuestros desorbitados ojos quedaba claro que las Licencias ambientales son un requisito de adorno que nadie cumple y las “autoridades” ambientales la intencionadamente débil mesa en la que se pone el florero. Constatación desprendida del proceso de medidas cautelares otorgadas por el juez que en el marco de la investigación derivada por la denuncia penal ambiental realizada por las comunidades afectadas por Hidroituango –articuladas en el Movimiento Ríos Vivos– y la denuncia penal por fraude procesal realizada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ambas denuncias en contra de Hidrotuango, EPM y en nuestro caso en contra de la Anla, una situación compleja en la que esta entidad participa del proceso como víctima y como presunto victimario.

La primera de las medidas fue un espacio interinstitucional y con las víctimas para proteger los derechos fundamentales a la vida, salud, mínimo vital, vida digna y al medio ambiente, desde el día 12 de junio de 2018 esperamos que el Estado de inicio a su cumplimiento, pero lamentablemente la Procuraduría no da respuesta a este pedido del Juez y clamor nuestro.

La segunda medida fue la creación de una Mesa Técnica que resolviera la incertidumbre con la que vivimos las comunidades desde que inició el proyecto, pero con mayor angustia desde el pasado 28 de abril de 2018, cuando el país se enteró del llenado del embalse que realmente había comenzado en el mes de enero de 2018 cuando EPM decidió sellar con cemento uno de los túneles de desviación, sin haber terminado el muro, sin haber terminado el vertedero, ni tener el túnel intermedio listo (que era como el salvavidas nuestro y aún no lo terminan), sin tener las ocho compuertas de captación terminadas, sin haber talado y retirado toda la capa vegetal y lo más importante sin haber cenado y reparado a las comunidades afectadas que por ello se encontraban en la zona de inundación. Una Mesa que le dijera al país, en nuestros términos “si eso se va a caer o no”, si la obra es estable o no, y que indique el riesgo que representa para las comunidades. Un diagnóstico que le permita retomar su vida a quienes ahora, y desde hace tiempo atrás, viven en completa zozobra.

El juez dio la potestad a la Mesa de realizar el estudio y tomar la decisión, pero las instituciones allí sentadas les da miedo asumir la responsabilidad asignada. No es para menos, puso en sus manos la necesidad de resolver en 60 días cómo disminuir el riesgo o eliminar la amenaza, para nosotros es claro que la amenaza latente es el agua represada, por tanto, no entendemos como no se ha obligado a desembalsar mientras realizan todos los estudios que quieran, pero sin esa bomba de tiempo encima.

Ante esta realidad, nosotros, con estupor, sentimos que la Procuraduría asistió a una audiencia distinta de la nuestra. Y así es porque olvidó que no son de confianza los informes de EPM.

Ante la urgencia de la situación el juez concedió 60 días hábiles. Las instituciones citadas alegaron “imposibilidad técnica” mal interpretando el tiempo en el sentido de no decidir reducir el riesgo y tomar medidas intermedias como desembalsar mientras se realiza el estudio de fondo. ¿Negligencia? ¿Dilación? Y nos preguntamos esto pues años atrás el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, en menos de tres meses otorgó la Licencia Ambiental para que iniciará la obra, Licencia sin estudios de detalle, sin un plan de gestión del riesgo, sin un estudio real sobre la población afectada…

No les interesa el cuidado de la vida

Instituciones facilitadoras y complacientes con lo sucedido en y alrededor de Hidroituango; las mismas que olvidan de manera intencional que la emergencia allí vivida no empezó con la orden del juez sino hace casi un año y medio, y que la obra empezó en el 2009 y desde ese momento debieron prever que EPM tenía la intencionalidad de no cumplir con las obligaciones establecida por las autoridades, que su único interés eran los tiempos y las leyes del mercado. EPM no sólo ha jugado con la vida de miles de personas, sino que ha expresado abiertamente porque lo hace, porque no reconoce los errores constructivos y esto es porque implicaría la posibilidad de que sus acreedores le cobren sus deudas, entre otras razones de tipo económico.

Importante recordar que desde antes del otorgamiento de la Licencia ambiental la Procuraduría le había pedido a EPM que realizara tres Audiencias Públicas: una en el norte, otra en el occidente y otra en el bajo Cauca de Antioquia para que las comunidades supiéramos de los impactos. Claro, no acataron tal mandato, y solo realizaron una, en el municipio de Liborina, y con la escasa participación de unas 100 personas.

¿Los sancionaron por este proceder? No. Contrario a ello les otorgaron la Licencia, véase bien, sin la participación y socialización que debieron haber realizado con las miles de familias hoy afectadas. Pero no es el único ejemplo, la Anla sabe cómo EPM desvió el río por dos túneles sin compuertas porque tenía mucho afán y estaban retrasados, también sabe que son varias las obras realizadas sin la Licencia, para nosotros la Anla es cómplice de la destrucción generada.

Este ha sido el actuar cotidiano de EPM, y de ello son conscientes los entes estatales: hace estas obras con o sin permiso. La Anla sabía que EPM iba a llenar el embalse por encima de lo que fuera, porque lo único que le interesa es el dinero y no la vida de las comunidades y menos de los ecosistemas. También sabían que cerrarían las compuertas y matarían miles de peces, y a pesar de saberlo lo ha permitido una y otra vez. Así funciona el poder, y quienes no lo tenemos padecemos las consecuencias de tal actuar.

Es tal este proceder, que hoy no sabemos qué pasará cuando la obra se exponga a fenómenos extremos. Nuestras preguntas son nuestros miedos, que pasará ¿Si tiembla? ¿Si las lluvias son demasiado fuertes y se satura la posibilidad de que salga agua por el vertedero? ¿Si se destapa nuevamente el túnel colapsado? ¿Si llega el verano y el agua queda por debajo del nivel del vertedero? ¿Si el vertedero no aguanta? ¿Si las montañas no aguantan? ¿Si nosotros no aguantamos más? ¿Si las aves no vuelven? ¿Si nos seguimos enfermando? ¿Si los peces no vuelven? ¿Si la vida se sigue cayendo a pedazos? ¿Si siguen excluyendo familias de los censos de afectados por ahorrar dinero? ¿Si encuentran más maneras de desarraigarnos del territorio? ¿si nadie nos ayuda? ¿Si nadie nos escucha? ¿Si nunca llega la justicia? ¿Si los muertos están molestos? ¿Si los vivos no entienden?

*Vocera del Movimiento Ríos Vivos.
@ISAZULETA
www.riosvivoscolombia.or


 

Líderes sociales y comunidad


¿Cuál es la situación actual más allá de estos procesos judiciales? Por un lado, los líderes estamos en alto riesgo, la persecución y amenazas no cesan; el último ataque a nuestra sede nos deja en mayor vulnerabilidad y el Estado no responde: la Policía no va a las veredas porque “están muy lejos” y de pronto hay que caminar. Nos acusan de ser opositores al desarrollo (no vemos desarrollo en el hambre, la violencia y la destrucción generada por este megaproyecto). Es claro que en Colombia están matando a los que denunciamos y proponemos un país distinto; es evidente el exterminio de una forma de pensamiento que tiene opciones de avanzar por ser de grupos sociales, por convocar a vivir de manera solidaria; matar al que convoca busca matar la idea y los líderes sociales somos eso, denuncia, ideas, convocatoria, construcción colectiva, lucha contra la desigualdad y la injusticia.

Comunidad

Por otro lado, EPM miente abierta y descaradamente, incluso por escrito, a las comunidades de Sabanalarga –Antioquia– que, por ejemplo, mueren y están enfermas de Leishmaniasis por cientos, sin que haya un estudio claro que determine la causa de este suceso. Al mismo tiempo tienen que sufrir el hecho de que perdieron sus medios de vida y de subsistencia, porque sus viviendas quedaron debajo del agua, al igual que los muertos. Estas comunidades, que fueron rescatadas por el Personero del municipio y llevadas al parque principal, abandonadas a su suerte, presentaron declaración juramentada sobre el desplazamiento forzado causado por Hidroituango y aún hoy –más de un año después– no tienen respuesta. Buscaron refugio, alimentación y medicinas, hasta hoy no han recibido un grano de arroz, por lo que huyen buscando las áreas del río que aún no han sido inundadas en Liborina, Olaya y Santa Fe de Antioquia, para seguir barequeando y pescando, pero ya llegó la amenaza de desalojo forzoso, de que el alcalde de Liborina enviará el Esmad, como lo hizo con las comunidades de Angelina.

En estas actuaciones de abuso de poder sí parece haber experticia por parte de las instituciones. Las víctimas de Hidrotiuango en Sabanalarga, por ejemplo, reciben la nota de EPM en la que afirma que han sido atendidos, supuestamente recibieron alimentación, refugio, agua… La rabia por las mentiras no puede crecer más. Pero no sólo ocurre en Sabanalarga, también ocurre en Ituango, Toledo, Briceño y demás comunidades de la zona del embalse, zona en riesgo por la inestabilidad creada por EPM, no por la naturaleza. Insisten en este riesgo para que la gente no intente pescar, pero el mismo riesgo lo trasladan a las Juntas de Acción Comunal al contratarlas para que retiren el buchona de agua: no se puede pescar, pero sí trabajar para EPM; no se puede protestar, pero sí pagar a líderes sociales por parte de EPM para “dar información”.

Aguas abajo EPM anuncia que se levantará pronto la alerta roja, que están a punto de cumplir con todo, que cuando eso pase las pocas familias que reciben auxilios dejaran de recibirlos y deberán volver a sus casas y parcelas destruidas por Hidrotiuango y el paso del tiempo; los obligaran a volver como ya lo han hecho con muchas familias, aunque no haya pescado ni forma de barequear ni obtener medios de subsistencia. Los devuelven a la sin salida de la guerra, a entregar a los hijos a los grupos al margen de la ley que pagan más de un millón mensualmente por…

 


 

El riesgo


Pero también son razones para ello, procederes irresponsables como someter a una comunidad de miles de personas a la incertidumbre, angustia y zozobra por tener ante ellos toneladas de agua represada sin ningún control; así como cambiar diseños cuando se les dé la gana porque tienen el poder y punto, por no reconocer y menos respetar los derechos de los pobladores, porque sí, porque son los adalides del falso desarrollo, ese “desarrollo” que les lleva a secar el río y matar a más de cien mil peces porque tenían que llegar a una subasta y mostrar avances de la obra. Por todo esto, Hidrotiuango debe ser desmantelado de manera controlada, pues el riesgo de catástrofe no desaparecerá. Si manipularon y mintieron una vez, y jugaron con nuestras vidas, así lo volverán a hacer cuando lo consideren necesario.

¿Dónde queda lo público?

Nos preguntamos, ¿esas son las actuaciones debidas de una empresa pública? EPM conocía el riesgo para las comunidades y aun así actuó y lo sigue haciendo sin que hasta ahora nadie, excepto el primer juez ambiental que hemos conocido, intente poner las cosas en su orden. Una empresa no es el Estado, a ninguna empresa se le debería permitir que juegue con la vida de los ciudadanos y el futuro de miles de personas, y de un extenso territorio de Colombia.

 


 

Hidroituango debe ser desmantelada


Las razones para tomar tal decisión son muchas, entre ellas: la ausencia de estudios técnicos, sociales y ambientales serios sobre la viabilidad o inviabilidad de la obra. La ocurrencia de hechos graves, como haber sellado los túneles de desviación del segundo río más importante de Colombia sin haber terminado el muro, construyendo un tercer túnel para que dizque “[…] pasara el agua que iba antes por dos”, obra realizada sin los permisos necesarios “porque igual se los darían después” así no tuvieran estudios. Pero también, por las consecuencias que esto tiene sobre la población, sometida a un riesgo altísimo de perecer por inundación o sequía, o perder todo su territorio como consecuencia del acelerado e intencional llenado del embalse, generando con tal proceder un gran riesgo de desestabilización de la zona, como en efecto ocurrió.

Publicado enColombia
De la economía del socialismo a la planificación ecológica

La reflexión sobre un cálculo económico que permita tener en cuenta las restricciones ambientales podría alimentarse ventajosamente de debates ya antiguos sobre la economía del socialismo.

El libro de Eugène Préobrajensky, La nueva economía, va a ser objeto de una nueva edición. La redacción de una nueva introducción a esta obra ha revelado una posible continuidad entre las antiguas teorías del socialismo y la elaboración de un ecosocialismo.

En su libro, publicado en 1926, Preobrazhensky buscó plantear en términos teóricos los principios operativos de una economía socialista. Plantea esta hermosa fórmula: "en el campo de la ciencia, la economía política da paso a la tecnología social, es decir, a la ciencia de la producción socialmente organizada". Preobrazhensky se refiere a los pocos pasajes en los que Engels, en el Anti-Dühring, y Marx, en El Capital, esbozan una organización social en los que "los productores asociados regulan racionalmente sus intercambios con la naturaleza, la controlan conjuntamente en lugar de ser dominados por su potencia ciega y logran estos intercambios gastando el mínimo de fuerza y ​​ en las condiciones más dignas, más en conformidad con su naturaleza humana" 1/ .

Pero en una economía en transición al socialismo, como sobre la que reflexiona Preobrazhensky, todavía se está en el "imperio de la necesidad". Las "leyes de la actividad social" no se suprimen, sino que se transforman en el sentido de un control de la sociedad sobre sus objetivos y prioridades.

Un ejemplo un poco reductor de Preobrazhensky

Sin embargo, el ejemplo concreto que da Preobrazhensky para contrastar el funcionamiento diferente de estas leyes es probablemente un poco limitado. Se inicia a partir de un aumento de la demanda de zapatos de cuero. En el régimen capitalista, explica, el ajuste entre la oferta y la demanda se hace posteriormente, pero afortunadamente, "la desproporción en una dirección u otra es la regla". Por otro lado, en una economía planificada, este aumento de la demanda se registrará "previamente", no a través del mercado, sino gracias a las "columnas de cifras de la contabilidad socialista (...) que se han elevado al conocimiento de los centros planificadores". 

Esta presentación es bastante insuficiente, y se estaría casi tentado de burlarse de tales ilusiones al evocar los puestos vacíos de las tiendas soviéticas. Obviamente, esta sería una lectura anacrónica, bastante estéril e injusta porque el libro de Preobrazhensky es, por otra parte, de gran riqueza.

Aquí es mejor hacer un bosquejo de la discusión a partir de las deficiencias reveladas por esta demostración de Preobrazhensky, aprovechando los debates posteriores sobre el socialismo. La debilidad de su razonamiento radica principalmente en la elección de un bien de consumo. Que su precio pueda fluctuar en el mercado es fundamentalmente un aspecto secundario de la crítica que puede dirigirse al capitalismo. La crítica esencial debe ser más fundamental y estar relacionada con el hecho de que una clase social tiene el privilegio, conferido por la apropiación del excedente, de definir las prioridades sociales. Al optar por invertir en esta o aquella área, los capitalistas deciden sobre la trayectoria de la sociedad y la modelan de acuerdo con sus propios intereses. La otra característica fundamental del capitalismo es, obviamente, transformar a las y los trabajadores en proletarios y someterlos a los deseos de los patrones. Pero, en cualquier caso, es curioso que la prueba de Preobrazhensky se limite al equilibrio entre la oferta y la demanda a corto plazo, mientras que la diferencia real entre capitalismo y socialismo se encuentra potencialmente en su diferente dinámica.

Precio y mercado: ¿qué cálculo económico?

Sin embargo, podemos continuar la reflexión sobre los bienes de consumo. Preobrazhensky plantea una pregunta teórica exigente al preguntarse si los precios y los mercados aún deben existir en una economía socialista plenamente desarrollada. Para él, esta pregunta parece ser equivalente a otra, que consiste en preguntar si la ley del valor continuará prevaleciendo o debería desaparecer.

Esta doble pregunta plantea la cuestión de qué significa exactamente la "ley del valor". La respuesta más básica es que la ley del valor, tal como la entiende Marx, establece que el valor de una mercancía depende de la cantidad de trabajo socialmente necesario para su producción. Por extensión, implica, como corolario, que la acumulación de capital está orientada por la búsqueda de su valorización máxima.

La conclusión lógica es que la ley del valor solo puede decaer "en una atmósfera de abundancia", por usar la expresión de Mandel en su introducción al libro de Preobrazhensky. En la medida en que la elaboración de un modelo de socialismo no puede basarse en la hipótesis de la abundancia, significa que la ley del valor no está abolida, y que la necesidad de un cálculo económico permanece, pero basada en otro modo de definición de las opciones sociales.

Preobrazhensky podría haber citado otro pasaje del Anti-Dühring, donde Engels da algunas indicaciones: "Por supuesto, la sociedad estará obligada a saber incluso cuánto trabajo se necesita para producir cada objeto de uso. Tendrá que elaborar el plan de producción de acuerdo con los medios de producción, de los cuales las fuerzas de trabajo son especialmente parte. Estos son, a fin de cuentas, los efectos útiles de los diversos objetos de uso, medidos ​​ entre sí y en relación con las cantidades de t rabajo necesarias para su producción, que determinarán el plan. La gente resolverá todo muy simplemente sin la intervención del famoso valor" 2/ .

La "ponderación de los efectos útiles" permitirá, por lo tanto, prescindir del “famoso valor", pero seguirá siendo necesario saber "cuánto trabajo es necesario para producir cada objeto de uso". El cálculo económico no desaparece pues, y el "famoso valor" en cuestión aquí se refiere a la forma en que el capitalismo asigna los recursos de acuerdo con sus intereses privados.

Así pues es obligado compartir la posición del economista polaco, Wlodzimierz Brus, quien propuso "rechazar resueltamente" la asimilación entre categorías mercantiles y monetarias y la ley del valor: "cuando el Estado modela, por medio del plan, las proporciones de la producción social y los precios, el hecho de que se manifiesten las categorías monetarias y de mercado ya no puede definirse como un "uso de la ley del valor", particularmente si las relaciones de precios se desvían de las relaciones de valor no como un fenómeno accidental y momentáneo, sino como el efecto de una política consciente" 3/ .

Kantorovich y la maximización del bienestar

Leonid Vitalievich Kantorovich (1912-1986) fue un matemático y economista ruso (el único que recibió el "Premio Nobel" de economía en 1975). Formalizó en términos matemáticos las modalidades de este nuevo cálculo económico: el "programa" de una economía socialista apunta a producir, con los recursos disponibles, la mayor cantidad posible de una variedad de productos de acuerdo con proporciones fijadas directamente por la sociedad y que expresan sus preferencias. El principio de "rentabilidad", y por lo tanto el cálculo económico, no desaparece, pero su papel está subordinado: "en la sociedad socialista, una rentabilidad elevada no debe ser un objetivo en sí mismo (como en el capitalismo) sino un medio de lograr el mejor resultado o el mínimo de gastos, para el conjunto de la sociedad. En consecuencia, las aplicaciones de este principio [la] subordinación a las exigencias de la mejor realización de los objetivos del plan general” 4/ .  

Este proceso de maximización lleva al cálculo de pseudoprecios que Kantorovich llama "valoraciones objetivamente determinadas" que juegan un papel diferente que los precios en el capitalismo. En el capitalismo, la "señal del precio" es un indicador de rentabilidad; en el socialismo es un indicador de utilidad social. La diferencia esencial entre capitalismo y socialismo, por lo tanto, reside en el modo de asignación de recursos, y principalmente en la asignación del excedente. Esta diferencia no se ha entendido, y Kantorovich ha sido presentado erróneamente como una especie de teórico del óptimo soviético, por ejemplo, por Pierre Naville5/ .

No son solo las modalidades de cálculo económico las que cambian, sino su función misma. Bajo el capitalismo, es el requisito de la maximización del beneficio lo que determina hacia qué sectores la economía va a dirigir el esfuerzo de inversión: las prioridades de desarrollo social son limitaciones para el cálculo económico (aunque sigue siendo necesario que las mercancías producidas correspondan a una demanda social). Por el contrario, el socialismo se define como el control ejercido por el conjunto de la sociedad sobre sus propias prioridades, a las que el cálculo económico ahora está subordinado.

En una sociedad racional, la necesidad ya no sería una condición vacía de contenido que garantice la realización del valor: la intensidad de la necesidad define una jerarquía en línea con las prioridades de la sociedad. En el capitalismo, por el contrario, el objetivo es la maximización del beneficio, y la proporción en que se ofrecen los diferentes bienes es un subproducto, y no una restricción, del proceso de maximización.

La democracia social, principio de regulación de la economía socialista.

A pesar de su formalismo, la presentación de Kantorovich tiene la ventaja de resaltar la disociación que presupone el modo de funcionamiento de la economía socialista. Sus objetivos están determinados de alguna manera extraeconómicamente, en oposición a las leyes del mercado capitalista que, al mismo tiempo que aseguran la regulación, modelan sus propios fines en un proceso que no está controlado socialmente.

La posibilidad misma de esta disociación se basa en lo que podría llamarse la hipótesis de la democracia socialista: para funcionar de acuerdo con esta lógica superior, la sociedad debe haber tenido los medios para objetivar sus propias elecciones colectivas a través de un plan aprobado democráticamente, ya que de lo contrario el cálculo económico funcionará en base a datos falsos. Incluso sin mencionar la dictadura burocrática, el fracaso económico de los países de Europa del Este se debe fundamentalmente al hecho de que se suprimieron los mecanismos que permiten al capitalismo funcionar, sin poner en marcha lo que es la condiciones necesaria de existencia del socialismo, es decir, la democracia social6/ .

La razón por la que la economía desempeña un papel desmesurado en el sistema capitalista es porque que no se limita a seleccionar los medios, sino que contribuye centralmente a revelar, seleccionar y calibrar los fines, mientras que el socialismo correspondería a una reducción de la esfera de la economía, rigurosamente limitada a una función de ajuste de los medios a los fines determinados en otros lugares. Preobrazhensky había insistido particularmente en este cambio, cuando explica: "Con la desaparición de la ley del valor en el ámbito de la realidad económica, también desaparece la vieja economía política. Una nueva ciencia ocupa ahora su lugar, la ciencia de pronosticar la necesidad económica en economía organizada, la ciencia de obtener lo que se necesita de la manera más racional. Es una ciencia muy diferente, es la tecnología social, la ciencia de la producción organizada, del trabajo organizado, la ciencia de un sistema de las relaciones de producción en el que las regulaciones de la vida económica se manifiestan bajo nuevas formas, donde ya no hay objetivación de las necesidades humanas, donde el fetichismo de la mercancía desparece con la mercancía” 7/ .

El problema de la eficacia de una economía socialista no es, por lo tanto, técnico-económico, sino eminente y directamente político. Las prioridades que la sociedad se establece a sí misma se determinan de forma extraeconómica y se imponen como objetivos a las leyes de la técnica económica, mientras que, por el contrario, los fines sociales del capitalismo solo aparecen después posteriormente, como un subproducto de las transacciones mercantiles. La democracia es, por lo tanto, la condición misma del funcionamiento de una organización social de este tipo, y esta concepción conduce a plantear de forma diferente la articulación entre plan y mercado.

Por la planificación ecológica

Este enfoque adquiere hoy una legitimidad adicional, cuando se introducen las restricciones ecológicas. Se podrían retomar aquí los términos de la programación lineal para decir que el criterio de maximización del beneficio conduce a valores que no garantizan el cumplimiento de ciertos estándares ecológicos. El capitalismo pretende tenerlos en cuenta formando pseudomercados o modificando las señales de precios.

Los modelos económicos, incluso los modelos "climáticos", razonan en términos de coste-eficacia 8/ . Ellos "estiman los beneficios sociales netos del dinero gastado en la acción climática, y luego comparan estos beneficios con los que la humanidad podría haber obtenido invirtiendo ese dinero en otro instrumento financiero de bajo riesgo, como los bonos del Estado 9/ ". Ese tipo de cálculo lleva a valoraciones como ésta: "La pérdida económica neta de un calentamiento de 3 grados es del orden del 0,25% del ingreso nacional para los Estados Unidos". Es cierto que esta evaluación aberrante se remonta a 1992 10/ , pero su autor, William Nordhaus, nunca cuestionó su deficiente metodología y, sin embargo, recibió el "Premio Nobel" de economía en 2018.

Esta pseudomonetarización del medio ambiente puede modular en el margen el principio de la maximización del beneficio, pero fuera de toda proporción con la escala de las reducciones de emisiones a realizar. Es por eso que Servaas Storm tiene doblemente razón: primero cuando acusa a los economistas de bloquear el progreso en el cambio climático, pero también cuando afirma que el crecimiento verde es una ilusión, en un artículo que es una síntesis notable sobre este tema 11/ .

El propósito de esta revisión rápida ha sido el de mostrar que los debates sobre la planificación socialista, que casi han desaparecido hoy, deben reanudarse, ya que el desafío climático les otorga una nueva relevancia. A nivel teórico, ciertamente muy abstracto, la necesidad de luchar contra el calentamiento global plantea la cuestión de otro cálculo económico susceptible de incorporar correctamente las restricciones ambientales. Puede ser el momento de abrir los viejos dossiers y darse cuenta de que el subdimensionamiento de las políticas actuales reenvía directamente a la negativa ideológica a una planificación que alteraría la lógica del beneficio.  

 

Por Michel Husson

Viento Sur

 

Notas:

1/ Karl Marx, El Capital, Libro, capítulo 48.

2/ Friedrich Engels, Anti-Düring, [1878], Editions sociales, 1963, p. 349 [disponible en https://www.fundacionfedericoengels.net/images/PDF/engels_antiduhring_interior.pdf ]

3/ W?odzimierz Brus, Problèmes généraux du fonctionnement de l’économie socialiste , 1968 [1964]; The Market in a Socialist Economy , 1972. Citado por Catherine Samary, Plan, marché et démocratie. L’expérience des pays dits socialistes , IIRF, Cahiers d’études et de recherche n°7/8, 1988.

4/ Leonid Kantorovitch, Calcul économique et utilisation des ressources , Dunod, 1963, p.20.

5/ Pierre Naville, “Kantorovitch et le retour à Pareto”, en Le nouveau Léviathan, tome 3 , 1970.

6/ Catherine Samary, Plan, marché et démocratie. L’expérience des pays dits socialistes , Cahiers d’études et de recherche, IIRF, 1988. De forma menos teórica, Francis Spufford describe dans Red Plenty (Faber & Faber, 2010) como las estructuras burocráticas impidieron que las construcciones teóricas de Kantorovitch – uno de los personajes de esa novela – se hiciesen reales.

7/ Eugène Préobrajensky, La nouvelle économique , EDI, 1966, p.98 [La nueva economía, Ediciones Ariel, 1970, disponible en https://elsudamericano.wordpress.com/2017/09/18/la-nueva-economia-por-eugeny-preobrazhenski/ ].

8/ Alain Grandjean, Gaël Giraud, “ Comparaison des modèles météorologiques, climatiques et économiques : quelles capacités, quelles limites, quels usages ?”, mayo 2017.

9/ Servaas Storm, “ Are Economists Blocking Progress on Climate Change ?”, INET, June 24, 2019.

10/ William D. Nordhaus, “ An optimal transition path for controlling greenhouses gases ”, Science , 20 november 1992.

11/ Enno Schröder & Servaas Storm, “ Why “Green Growth” Is an Illusion ”, INET, Dec 5, 2018. resumen de: “ Economic Growth and Carbon Emissions: The Road to ‘Hothouse Earth’ is Paved with Good Intentions ”, Science and Engineering Ethics n°23, 2017.

Texto original en francés: http://alencontre.org/ecologie/de-leconomie-du-socialisme-a-la-planification-ecologique.html

Traducción: viento sur

Publicado enEconomía
Marcha-carnaval, San Martín-Cesar

Una de las promesas de campaña del hoy presidente de Colombia, Iván Duque, fue que bajo ninguna circunstancia iba a permitir la explotación petrolera vía fracking. Es claro que todos los políticos realizan propuestas que jamás cumplirán, pero tener un giro de 180 grados en uno de los temas más polémicos y peligrosos en el mundo, demuestra la poca independencia que tiene el jefe de Estado para tomar sus propias decisiones.

Iván Duque tiene la presidencia hipotecada.

En efecto, el entonces candidato llegó a afirmar que en Colombia existe la “superposición de ecosistemas diversos y complejos, acuíferos subterráneos de enorme riqueza y unos riesgos de mayor sismicidad por los tipos de suelos que tenemos, por eso he dicho: en Colombia no se hará fracking” (https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/en-colombia-no-se-hara-fracking-la-promesa-de-ivan-duque-en-campana-presidencial/20190215/nota/3864510.aspx). Esta frase se la han recordado al hoy presidente quien parece haber olvidado, de repente, todas las nefastas consecuencias de esta técnica y la riqueza de las aguas subterráneas en el país. El hecho de permitir que una comisión de expertos analice la “viabilidad” de la fracturación hidráulica es un claro indicio de su deseo por continuar por esta vía de explotación. Sin embargo, el camino para aceptar definitivamente el fracking en Colombia no será nada fácil.

Veamos por qué:

En primera instancia, multitudinarias marchas en por lo menos 70 municipios del país, se llevaron a cabo en contra de la decisión del gobierno de dar vía libre a esta técnica de explotación. La Marcha-carnaval por el agua, contra el fracking y la minería contaminante, logró reunir a miles de personas que se concentraron en las principales plazas del país para exigirle al presidente Duque que cumpla su palabra de prohibir el fracking (https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/galeria/asi-fue-la-marcha-carnaval-contra-el-fracking-y-la-mineria-contaminante/44504). A pesar de que parezca un acto simbólico, la marcha-carnaval fue una manifestación política que demuestra la transformación social que se está generando, pues los líderes de la marcha fueron estudiantes de colegios y universidades que tienen una perspectiva muy distinta con respecto a la protección del medio ambiente y los recursos naturales. No sólo fue una marcha más en el país, sino una concentración con fines políticos de llevar la cuestión del fracking a la agenda de lo público y generar un debate de altura frente a los daños que trae consigo esta técnica.

 Sumado a la toma de conciencia política, la implementación del fracking tiene además una traba de un orden jurídico. En efecto, el Consejo de Estado suspendió las normas que regulan la explotación de yacimientos no convencionales (Decreto 3004 del 26 de diciembre de 2013 y Resolución 90341 del 27 de marzo de 2014), al considerar que no existen elementos que prueben su utilización segura. En una reciente decisión, el alto tribunal pidió a la Universidad Nacional conformar una comisión que entregue un concepto para tomar un fallo de fondo sobre la suspensión definitiva de la reglamentación o permitir su uso controlado. Este grupo que es diferente a la Comisión de expertos convocada por el gobierno, deberá emitir un concepto en el inicio del segundo semestre de 2019 (https://www.elheraldo.co/economia/el-largo-camino-que-le-queda-la-entrada-del-fracking-en-colombia-644180). Por esa razón, miembros de la comunidad académica, enviaron una carta a la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, solicitando más tiempo para el análisis de las implicaciones del fracking, pues debe tenerse en cuenta en su dimensión integral que incluya no sólo variables biofísicas sino también elementos socioeconómicos, ambientales y culturales.  

 Desde esta perspectiva, la comisión de la Universidad Nacional tendrá un importante papel para defender al país de la fracturación hidráulica, pues si el Consejo de Estado emite un fallo de fondo sobre su decisión, es posible que el fracking quede prohibido definitivamente. Sin embargo, conociendo la argucia del presidente y de sus poderosos jefes, la batalla económica y legal continuará. De hecho, para la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, si el país comienza a explotar los yacimientos no convencionales, la autonomía energética se podría triplicar y las reservas de petróleo y gas serían de 24 años y 30 a 50 años, respectivamente (https://conexioncapital.co/habra-fracking-en-colombia/). Desde el ámbito económico, según la ministra, los beneficios serían considerables pues el país podría obtener 14 billones de pesos adicionales por año. Su postura, es respaldada por el economista Juan Pablo Ruíz, para quien el hecho de negar la fractura hidráulica, podría traer graves consecuencias en temas de abastecimiento energético en Colombia (https://es.panampost.com/felipe-fernandez/2019/06/28/fracking-colombia/). Según esta visión, si el gobierno cede ante la presión de los grupos ambientalistas, en unos años el país podría tener una crisis energética considerable y necesitaría importar petróleo y gas, algo impensado para un territorio con grandes reservas de hidrocarburos.

 Siguiendo esta misma línea, la ministra asegura que los ingresos vía recaudo tributario estarían en el orden de los 230 billones de pesos, además de 90 billones en regalías, en total 320 billones, lo que representa un 35% del PIB en Colombia (https://www.elheraldo.co/economia/el-largo-camino-que-le-queda-la-entrada-del-fracking-en-colombia-644180). Esa es la razón por la cual la ministra Suárez insiste en permitir los pilotos en la cuenca del Valle Medio del Magdalena, en Cesar, La Guajira, Antioquia y Santander. En caso de demostrar que el fracking puede llevarse a cabo de “manera responsable”, se estaría dando un paso en su aceptación. No obstante, por cuenta del fallo emitido por el Consejo de Estado, los pilotos se encuentran suspendidos y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), tampoco puede aprobar conceptos favorables para la fracturación hidráulica. De acuerdo con los defensores del fracking, la técnica ha evolucionado de manera permanente por lo que los primeros daños causados en el ambiente han sido controlados y corregidos, entonces por este motivo, en países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Argentina, esta forma de explotación ha sido aceptada.

 En contraste con la postura del gobierno y los economistas de ultraderecha, los cuestionamientos a la fracturación hidráulica se concentran en tres aspectos. Por una parte, los niveles de sismicidad que puede generar la actividad, los cuales justamente fueron denunciados por Iván Duque –candidato. En este orden de ideas, se ha logrado relacionar la entrada de tubería y químicos a presión con sismos de diferentes grados. La segunda dimensión tiene que ver con el uso y disposición final de la industria, pues para generar la fractura de las rocas se utilizan grandes cantidades de agua mezcladas con una serie de químicos que, al volver a la superficie, contienen altos índices de contaminación. Además, existe el riesgo permanente de que las tuberías se rompan y contaminen los acuíferos (otra de las grandes preocupaciones de Iván Duque-candidato). Finalmente, algunos estudios han dado cuenta de las afectaciones en la salud de las poblaciones que han estado expuestas a esta técnica. No sólo con agua contaminada que se enciende en fuego al contacto con gas (https://www.youtube.com/watch?v=1DhF9xPZfYo), sino además por las emisiones que contaminan el aire.  

De hecho, las razones otorgadas por el Consejo de Estado para suspender provisionalmente la reglamentación de los yacimientos no convencionales estuvieron relacionadas con el aumento de la sismicidad, la contaminación hídrica y la afectación de la salud, aún más tomando en cuenta que el fracturamiento se desarrolla en zonas protegidas y ecosistemas estratégicos como los páramos (https://www.elheraldo.co/economia/el-largo-camino-que-le-queda-la-entrada-del-fracking-en-colombia-644180) (nuevamente una de las hipócritas preocupaciones de Iván Duque-candidato).

Por si fuera poco, la Contraloría General de la Nación, publicó un estudio sobre los riesgos y afectaciones ambientales de la utilización del fracking en el país. Sin embargo, en una acción que podría juzgarse digna de Poncio Pilatos, el contralor, Carlos Felipe Córdoba, dijo que el órgano de control no se opone si se hace de manera responsable (https://www.dinero.com/pais/articulo/en-que-quedo-el-fracking-luego-de-la-audiencia-del-consejo-de-estado/273006). De esta manera, diversos organismos dentro del Estado colombiano se han mostrado desconfiados frente al uso de fracking como mecanismo de explotación de hidrocarburos. Pero debe tomarse en cuenta que los socios del presidente harán hasta lo imposible por lograr la aceptación de la técnica.

 Por esa razón, la batalla contra el fracking en Colombia será larga y complicada, pues diversos sectores harán presión para que se logre la aceptación definitiva de esta técnica que pone en riesgo la salud humana y la calidad del medio ambiente. Otro de los elementos que debe considerarse es el aumento de la brecha social históricamente generada en los municipios petroleros. En efecto, la gran paradoja es que en estos territorios existe grandes recursos producto de las regalías, pero poca inversión social, lo que profundiza los niveles de desigualdad. De esa manera, de acuerdo con Leonardo Donado Garzón, uno de los miembros de la Comisión de expertos, “el gobierno debe dar garantías de protección al ambiente y ofrecerles a los municipios acueductos y agua potable, plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otros proyectos” (https://www.vanguardia.com/economia/local/brecha-social-clave-para-aprobacion-de-fracking-en-santander-AF1135662).

Así las cosas, la explotación de yacimientos no convencionales sólo traería ventajas a los grandes grupos económicos, o lo que es lo mismo, a los socios del presidente Iván Duque. Es importante entonces que las acciones públicas sigan siendo parte de la estrategia de los sectores que se oponen a la explotación de los recursos naturales.

El concepto técnico de los expertos de la Universidad Nacional marcará un antes y un después en la historia ambiental del país. De las recomendaciones que este grupo le haga al Consejo de Estado dependerá la decisión de suspender definitivamente la reglamentación del fracking en el país. Por ese motivo, estos meses son determinantes para conocer si el gobierno de Iván Duque tendrá vía libre para envenenar el medio ambiente de un país que todavía padece las secuelas de la contaminación, de los errores técnicos en el transporte de petróleo y en el ejercicio desaforado de la explotación minera. Los políticos no dimensionan el daño que sus decisiones han traído al país, pues en busca del “equilibrio en la balanza de pagos” y otro tipo de conceptos falaces, miles de personas han estado expuestas a graves afectaciones sociales, culturales y económicas.

Con todo, la batalla por el fracking no ha terminado y las manifestaciones continuarán hasta que el presidente traiga a su memoria aquellas frases que pronunció en su campaña, cuando no le debía la presidencia a nadie.  

 

LA LUCHA CONTINÚA: NO AL FRACKING EN COLOMBIA

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Sacrificar la Antártida para salvar el capitalismo

La Antártida, el casquete polar del hemisferio sur, se está derritiendo. Cada vez más rápido, debido al caos climático provocado por el capitalismo industrial. Esto provoca el aumento global del nivel del mar, que en el curso de un siglo podría alcanzar tres metros, cubriendo países insulares e inundando ciudades costeras. Esto y otras catástrofes en curso deberían causar que los gobiernos, especialmente los del Norte global que son los principales culpables, tomaran medidas claras y enérgicas que detuvieran las causas del cambio climático. En lugar de ello siguen surgiendo, como proyectos científicos serios, las propuestas más descabelladas de geoingeniería: manipular a gran escala los sistemas de la Tierra para solamente aliviar los síntomas del cambio climático.

 

Para supuestamente salvar ciudades como New York, Shangai, Tokyo o Calcuta, un equipo de científicos del Instituto Postdam de investigación sobre el impacto climático, financiado por el gobierno alemán, propuso el 18 de julio de este año un nuevo megaproyecto de geoingeniería. Miles de cañones arrojarían desde el mar 74 billones de toneladas de nieve artificial sobre los glaciares Isla Pine y Thwaites, en la Antártida occidental, para ralentizar su derretimiento. Es un territorio no reclamado por ningún país, según el Tratado Antártico, vecino a la Antártida chilena y argentina. (https://tinyurl.com/yytsdno3)

 

Esos glaciares están en la zona crítica de derretimiento del hielo, que en la Antártida se debe principalmente al calentamiento del mar, que está derritiendo su base submarina. No es un proceso lineal, sino que a cierto punto el derretimiento desencadena más vulnerabilidad y se acelera, algo que ya se está observando.

 

Para intentar detener esto la propuesta de este grupo de científicos es crear nieve artificial por decenas de billones de toneladas, lanzarla con cañones que alcancen arriba de 640 metros para superar la altura de los glaciares y depositarla a un ritmo de 10 metros anuales de nieve sobre una superficie de 52 mil kilómetros cuadrados (como toda Costa Rica o más del doble de El Salvador) durante al menos 10 años. O más, si el cambio climático continúa. (https://tinyurl.com/yxhpas63)

 

La nieve artificial se crearía con agua bombeada del océano, que primero habría que desalinizar y lograr que se mantuviera como nieve o hielo hasta que se integre a los glaciares. Todo el proceso demandaría cantidades ingentes de energía, parte de la cual proponen sea provista por 12 mil generadores eólicos en el mar, pero reconocen que esto es sólo para hacer la nieve artificial y lanzarla. No incluye la construcción de las instalaciones ni la demanda energética para desalinizar, lo cual es esencial, ya que si se hiciera con agua salada tendría "serios efectos negativos en los flujos dinámicos de la capa de hielo", ni de otras fases relacionadas con el proceso, todo en condiciones extremadamente duras.

 

La instalación de la infraestructura de energía y cañones tendría efectos devastadores en la fauna. Los científicos que hacen la propuesta admiten que conlleva enormes impactos negativos sobre el ecosistema y especies marinas. De hecho, lo refieren como "sacrificar la Antártida" para salvar grandes ciudades.

 

Reconocen, además, grandes incertidumbres sobre otros posibles efectos; por ejemplo, no toman en cuenta en el estudio el calentamiento adicional de la atmósfera si la temperatura sigue aumentado, ni que al remover enormes masas de agua oceánica se podría alterar la circulación marina y facilitar que entre más agua caliente a la base del casquete polar, acelerando su derretimiento. Al igual que con las demás propuestas de geoingeniería, podría acabar siendo peor que el problema inicial.

 

Es muy preocupante que una institución reconocida, como el Instituto Postdam, se sume al coro de los proponentes de la geoingeniería –que está bajo moratoria en el Convenio de Diversidad Biológica­–, aun admitiendo que se trata de sacrificar ecosistemas enteros y que los riesgos de fracaso e impactos colaterales son muy graves.

 

Según el instituto, lo hacen porque aun si se cumplieran las metas del Acuerdo de París, de mantener el aumento promedio de la temperatura a menos 2 grados, la Antártida seguirá derritiéndose y en 200 años Nueva York, Tokyo y otras megalópolis desaparecerán. Plantean que entonces los gobiernos tienen que pensar qué sacrificar.

 

Pero la pregunta crucial es por qué ante tal gravedad no hacen propuestas igualmente dramáticas para terminar con las causas y parar el cambio climático. Por ejemplo, si el 10 por ciento más rico del planeta tuviera un nivel de vida como un ciudadano europeo medio (muchísimo mayor que el promedio latinoamericano), la emisión de gases de efecto invernadero global ¡bajaría 30 por ciento! (Kevin Anderson,Tyndall Centre)

 

El principal motor del cambio climático es el capitalismo industrial basado en combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón) y los únicos que se benefician son una absurda minoría de países, empresas e individuos ricos. Las propuestas de geoingeniería no son para salvar ciudades, sino para salvar esos intereses. Eso es lo que hay que cambiar, no sacrificar a la Antártida o cualquier otra región.

Por Silvia Ribeiro

 

Publicado enMedio Ambiente
Más de una décima parte de la población mundial podría carecer de agua potable en 2030

 

 

Las señales de colapso de la civilización industrial están a nuestro alrededor. Debemos prestar atención y prepararnos para vivir en el mundo que nos ha traído la perturbación climática. 

 

Fuera, en el porche de mi casa, el humo del pedazo de madera sale de mi pequeña parrilla. Las rejillas dentro de la parrilla de estaño están llenas de salmón salvaje Alaskan Coho que me proporcionó mi amigo Jonathan. Él y su esposa llevan a sus tres hijas en su barco de pesca y se dirigen hacia el norte, desde nuestro pueblo en la costa norte de la península Olímpica del Estado de Washington, para las carreras de salmón a finales de verano en el sureste de Alaska. Regresan con el casco lleno de pescado congelado para aquellos de nosotros que tenemos la suerte de haber hecho nuestros pedidos.

Varios amigos aquí, apegados a la tierra donde vivo, también están fuera ocupados haciendo sus propias cosas: uno está preparando su velero para partir en una semana, otro está trabajando en el jardín, otros dos están montando una tienda de campaña, otro está con su trabajo de verano con la Asociación para la Conservación de Washington y otra más está leyendo y contemplando lo que podría escribir en la próxima columna en la que somos coautores para Truthout.

Es verdaderamente idílico. Un sueño que he tenido durante décadas se está haciendo realidad: estoy viviendo de una manera cercana a la Tierra, que me permite minimizar mi huella de carbono. Estoy cultivando mucha de mi propia comida y viviendo en comunidad con gente de ideas afines.

Pero todo está ocurriendo en el contexto de una crisis climática mundial. La desbocada alteración climática causada por los humanos ya está haciendo invivible la vida de millones de personas en todo el planeta, y es una razón integral por la que ya estamos en el Sexto Evento de Extinción Masiva.

Cada uno de nosotros en esta pequeña comunidad nuestra es plenamente consciente de la crisis que se cierne sobre nosotros. Entendemos que estamos viviendo en una burbuja, en el sentido de que somos capaces de cultivar gran parte de nuestros alimentos, ahumar este pescado, ir de excursión, compartir comidas saludables y tener suficiente agua para hacer todo esto. Nuestras conversaciones tienden a ser variadas: desde discutir los últimos fallos de partes de nuestro sistema global de soporte vital, hasta cuándo vamos a colgar la casa para los murciélagos, dónde poner el tendedero, qué pasa cuando las ciudades se quedan sin comida, o cuándo me voy a mi próxima excursión de escalada.

Mientras tanto, las noticias del colapso continúan llegando.

Un estudio reciente publicado en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias demostró que el aumento del nivel del mar podría ser el doble de lo esperado, debido al derretimiento acelerado en la Antártida y Groenlandia. En lugar del anterior escenario, en el peor de los casos de 1 metro en 2100, el estudio ha duplicado esa cifra. Varios científicos entrevistados por este redactor creen que la cifra realista del aumento del nivel del mar para el año 2100 será aún mayor que la predicción de este estudio reciente.

Otro informe mostró cómo el Estado de Florida podría estar enfrentando un proyecto de ley de 76.000 millones de dólares para mitigar y adaptarse a los impactos de la crisis climática para el año 2040, principalmente a causa del aumento del nivel del mar.

Para que se hagan una idea de lo avanzados que estamos ya en esta crisis, en algunas zonas de China los árboles frutales tienen que ser polinizados a mano debido a la falta de polinizadores. La alteración del clima es un factor importante que contribuye a la pérdida de insectos en todo el planeta.

El Ártico, nuestro habitual primer indicio climático, acaba de ver su mayo más caliente jamás registrado. La erosión costera del permafrost está ocurriendo a un ritmo de hasta un metro cada día, y la tasa actual de erosión costera ya es seis veces mayor que la tasa histórica.

En Siberia, el permafrost cargado de carbono se ha calentado en 1,6 grados Fahrenheit solo en los últimos diez años. Esta es una señal nefasta, ya que a medida que el permafrost se descongela libera carbono y metano, lo que lo convierte en uno de los bucles de retroalimentación más peligrosos en la crisis climática, dado que el permafrost en todo el mundo contiene el doble de la cantidad de carbono que ya se encuentra en la atmósfera. De hecho, se ha demostrado que el permafrost se está descongelando 70 años antes de lo previsto.

Según un estudio de 2017, la tundra en Alaska ya se está calentando tan rápidamente que se ha convertido en un emisor neto de CO2 antes de lo previsto, en lugar de capturar carbono, como ha hecho históricamente. El deshielo se está produciendo tan rápidamente en el Ártico que las grutas son cada vez más comunes en toda la región.

Para empeorar las cosas, la extensión del hielo marino del Ártico a principios de junio estaba en un nivel mínimo récord, y el hielo podría estar en camino hacia un año de derretimiento récord en la trayectoria actual.

Subrayando la gravedad de la crisis, recientemente se ha publicado otro informe bien documentado que advierte que el fin de la civilización humana podría estar en el horizonte si no cambiamos de rumbo. En el informe, los científicos climáticos predicen el año 2050 como el año en que nos enfrentamos a una catástrofe climática completa.

Los autores predicen que “más de mil millones de personas necesitarán ser reubicadas, y en escenarios extremos, la escala de destrucción está más allá de nuestra capacidad de modelar, con una alta probabilidad de que la civilización humana llegue a su fin”.

Descubrieron que en 2050 el colapso ecológico total podría traer enormes consecuencias sociales, desde “un mayor fervor religioso al caos absoluto”. El informe advierte que los desastres ambientales catastróficos podrían dar lugar a pandemias generalizadas, migraciones forzadas desde lugares que ya no son compatibles con los seres humanos, y la propagación de la guerra por la disminución de los recursos.

El informe describe un escenario posible, en el que “los sistemas planetarios y humanos [alcanzan] un ‘punto de no retorno’ a mediados de siglo en el que la perspectiva de una Tierra en gran medida inhabitable conduce a la desintegración de las naciones y del orden internacional”.

Sería un error pensar que hay tanto tiempo antes de este tipo de colapso. Si usted vive en el delta en Bangladesh, o en Paradise (California), o en la costa del norte u oeste de Alaska, la crisis ya está sobre usted.

Tierra

Los fenómenos meteorológicos extremos provocados por la alteración del clima provocada por los humanos ya están afectando gravemente a la producción de alimentos, causando impactos en los precios de estos. Un informe estadounidense centrado en las recientes inundaciones en el Medio Oeste ilustró cómo los campos inundados por la lluvia a lo largo del Cinturón del Maíz, junto con un número masivo de ganado ahogado, son factores que contribuyen a esta situación. Es algo que se va a incrementar en el futuro.

Mientras tanto, a pesar de que la alteración del clima causada por los humanos es, en muchos sentidos, un experimento de geoingeniería que ha ido mal, la discusión en curso dentro de la comunidad científica sobre el uso de la geoingeniería para resolverla continúa en aumento.

A pesar de los claros peligros de consecuencias imprevistas, generando conflictos entre naciones, y la inmoralidad inherente a la idea de intentar controlar partes de la biosfera, algunos científicos están proponiendo estrategias como rociar aerosoles de partículas de sulfato en la estratosfera y usar barcos altos para bombear partículas de sal del océano a las nubes polares para iluminarlas con el fin de intentar volver a congelar partes calientes de las regiones polares.

Mientras tanto, expertos de 27 academias nacionales de ciencias diferentes publicaron un informe demostrando cómo la alteración del clima ya está afectando negativamente la salud de las personas a través de olas de calor e inundaciones, pero también indirectamente por cosas como la propagación de enfermedades transmitidas por mosquitos y los efectos nocivos en la salud mental.

“Hay impactos que están ocurriendo ahora [y], en el próximo siglo, el cambio climático tiene que ser clasificado como una de las amenazas más serias para la salud”, señalaba Andrew Haines, copresidente del informe del Consejo Asesor Científico de las Academias Europeas, a The Guardian.

Agua

La ya escasa población de la ballena franca del Atlántico Norte, que se encuentra en peligro de extinción, está disminuyendo, y esta disminución se ha relacionado directamente con el calentamiento oceánico, que por supuesto, está siendo causado por la alteración del clima, según un informe reciente. El calentamiento de los océanos ha causado que el suministro de alimento de las ballenas cambie de lugar, causando que tengan que viajar más lejos para encontrarlo, junto con moverlas a áreas más cercanas a las rutas de navegación que son peligrosas para ellas.

Mientras tanto, docenas de ballenas grises han sido encontradas muertas y varadas en las playas de la costa oeste, desde California hasta Canadá, causando que los científicos estadounidenses inicien una investigación sobre el inusual alto caso de mortalidad. Los científicos creen que el número de muertes es sólo una fracción del número real, ya que la mayoría de las ballenas muertas no llegan a la orilla.

“Muchas de las ballenas han estado delgadas y desnutridas, y eso sugiere que tal vez no hayan comido lo suficiente durante su última temporada de alimentación en el Ártico”, indicó Michael Milstein, portavoz de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), a los reporteros sobre el caso de mortalidad.

Además, cientos de frailecillos muertos “gravemente demacrados” han llegado a la costa de la isla de San Pablo, en las Islas Pribilof de Alaska. Se cree que han muerto de hambre por el calentamiento de las aguas en las que se alimentan por tener menos comida disponible para que se alimenten. Las estimaciones del número total de frailecillos muertos oscilan entre 3.000 y 9.000.

Un asombroso estudio publicado en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias mostró que el calentamiento de los océanos probablemente reducirá el contenido oceánico de los peces y otras formas de vida marina en una sexta parte para finales de este siglo. El estudio advirtió que por cada grado centígrado de calentamiento de los océanos del mundo se proyecta que la masa total de animales marinos se reducirá en un cinco por ciento.

Mientras tanto, la crisis mundial del agua, estimulada por la alteración del clima, sigue desarrollándose de manera dramática. Un informe reciente advirtió que para 2030, la mitad de la población total de la India (unos 700 millones de personas, o dicho de otro modo, una décima parte de toda la población del mundo) podría carecer de agua potable adecuada (esto es, por supuesto, además de todos los otros lugares en los que el suministro de agua potable será inadecuado). El mismo informe advertía que las ciudades de Bangalore y Nueva Delhi podrían quedarse sin agua subterránea utilizable ya en 2020.

La sexta ciudad más grande de la India, Chennai, ya se está enfrentando a una escasez masiva de agua, ya que los cuatro embalses de esa ciudad se han secado recientemente. La gente está luchando mientras hace cola para conseguir agua. Muchos no pueden ducharse y los hoteles advierten a la gente sobre la escasez de agua. La mayoría de los cuatro millones de habitantes de esa ciudad ya dependen exclusivamente de los camiones cisterna del gobierno para obtener agua.

De vuelta en los Estados Unidos, el sureste de Alaska, normalmente un bosque templado con intensa lluvia, está experimentando su primera sequía extrema registrada. Esta es normalmente la región más húmeda del Estado de Alaska.

Las cosas no están mejor bajo el agua. Un crudo informe ha demostrado que el Océano Austral de la Tierra podría ser un menor “sumidero de carbono” de lo que se pensaba. De hecho, ya podría estar vertiendo más CO2 a la atmósfera del que está absorbiendo.

Además, la alteración del clima está alterando la composición de las comunidades de plancton del mundo, según otro estudio. “Se han detectado grandes cambios en la fenología de las especies, la extensión del área de distribución y la composición de la comunidad en los ecosistemas marinos”, apunta el resumen del estudio. Vale la pena recordar que el plancton proporciona un gran porcentaje del oxígeno del planeta, y los científicos estiman que proporciona entre el 50 y el 85 por ciento del oxígeno a la atmósfera terrestre. Ha habido una disminución del 40 por ciento en el fitoplancton desde 1950.

El derretimiento del hielo y la expansión térmica del calentamiento de las aguas son los dos principales factores que contribuyen a la elevación del nivel del mar, y continúan a buen ritmo.

El pueblo galés de Fairbourne está en camino de convertirse en el primer pueblo de Gran Bretaña en ser abandonado por la elevación del nivel del mar, ya que toda la población tendrá que ser reubicada. Al igual que otros que serán abandonados, el plan de reasentamiento de los refugiados sigue siendo poco claro.

Los residentes de Fairbourne están lejos de ser los únicos. Miles de comunidades a lo largo de las costas del mundo tendrán que ser abandonadas a medida que los mares sigan creciendo. En Estados Unidos, las comunidades en las que al menos el 21% de los hogares estarán en riesgo de sufrir inundaciones crónicas para 2060 incluyen Miami Beach y Key West en Florida, Hoboken y Atlantic City en Nueva Jersey, Galveston (Texas), y Hilton Head Island (Carolina del Sur).

Mientras tanto, los grandes impactos de la alteración del clima han devastado a los agricultores del Medio Oeste, que en muchos lugares ni siquiera pudieron plantar sus cultivos de primavera. Y la cuestión no es si este tipo de devastación volverá a ocurrir, sino cuándo y con qué frecuencia. Las tierras de cultivo a lo largo de esa región fueron literalmente ahogadas por semanas de lluvias implacables durante la primavera.

Esta tendencia continuó en mayo, ya que Estados Unidos tuvo oficialmente su segundo mayo más húmedo jamás registrado, según la NOAA.

Lo mismo ha ocurrido en Canadá, donde las inundaciones de una vez en un siglo han ocurrido dos años seguidos, inundando comunidades a lo largo del Atlántico canadiense y forzando a los residentes a tomar una decisión difícil: reconstruir o reubicarse.

Fuego

El Oeste Americano está listo para experimentar el humo crónico de los incendios forestales del verano, de acuerdo con un informe reciente. Sin embargo, la mayor parte de la región no ha hecho casi nada para prepararse para lo que se considera una amenaza masiva y continua para la salud humana a causa de los problemas respiratorios.

Esto no está relegado solo al oeste. Minnesota, tan lejos como está de la fuente del humo, también está experimentando ya un aumento dramático en el humo debido a los incendios forestales que acechan las Rocosas canadienses y el oeste de los Estados Unidos.

Subrayando ambas situaciones se encuentra un análisis generado por Climate Central que muestra cómo la temporada de incendios forestales de la azotada región es actualmente 105 días más larga que en la década de 1970, y está quemando seis veces el área en acres. La región también tiene tres veces más incendios de más de mil acres de tamaño que en la década de 1970.

Aire

Las temperaturas en el Círculo Polar Ártico en Alaska fueron 22°C por encima de lo normal en algunos lugares en marzo. Esto es crítico por múltiples razones, particularmente debido al hecho de que en el Ártico, el hielo funciona como parte de la infraestructura de toda la región, dado que las carreteras, las casas, los edificios y otras estructuras se construyen sobre el permafrost, y la caza de subsistencia es una forma de vida para muchos inuits. Si las tendencias actuales continúan, esa forma de vida está, de forma devastadora, en vías de desaparición.

Una ola de calor en Japón durante el mes de mayo mató a cinco personas y hospitalizó a otras 600 que sufrían de síntomas de insolación. Luego, a mediados de junio, una gran ola de calor en la India mató a docenas de personas cuando las temperaturas alcanzaron los 48,8ºC en vastas zonas del país. En una sola área, 49 personas murieron en solo 24 horas. Cabe señalar que 11 de los 15 años más cálidos registrados en la India han tenido lugar después de 2004.

En los EE UU, una ola de calor en junio en todo el oeste alcanzó los 48,8ºC, mientras se observaron máximos históricos en toda la región.

Negación y realidad

Mientras tanto, el alcance de lo que la administración Trump va a hacer para apaciguar a los partidarios de los combustibles fósiles sigue asombrando.

La administración Trump llevó a cabo recientemente uno de sus ataques más abiertos contra la ciencia climática hasta la fecha, cuando intentó evitar que un empleado del Departamento de Estado testificara sobre la crisis climática, según The New York Times. El analista de inteligencia Rod Schoonover había presentado su testimonio a la Casa Blanca para su aprobación antes de comparecer ante el Comité Permanente Selecto de Inteligencia de la Cámara para compartir sus comentarios sobre los riesgos de seguridad que la crisis climática representa para Estados Unidos. Pero, como informó The Washington Post, la administración Trump se negó a aprobar su testimonio para que se incluyera en el registro del Congreso, declarando que su análisis no se alineaba con los puntos de vista del poder ejecutivo.

Además, el Departamento de Energía de Trump rebautizó las exportaciones de gas de EE UU como “moléculas de libertad”.

De vuelta en el mundo de la realidad, en mayo, un número récord de estudiantes de todo el mundo abandonaron sus clases en medio de una huelga mundial para llamar la atención sobre la crisis climática.

Esto es bueno, ya que los datos recientes no muestran signos de que la crisis climática se esté ralentizando. De hecho, solo se está acelerando, ya que el contenido de CO2 atmosférico se ha incrementado en su segundo aumento anual más alto en los últimos 60 años. Esto hace que este sea el séptimo año consecutivo en el que el contenido de CO2 aumenta considerablemente en la ya sobrecargada atmósfera.

La NOAA también informó recientemente que este año está en camino de convertirse en el tercer más cálido jamás registrado en 140 años de registros de temperatura.

Las señales de colapso de la civilización industrial están a nuestro alrededor. Debemos prestar atención y prepararnos para vivir en el mundo que nos ha traído la perturbación climática.

Para mí y para mi comunidad, esto significa conectarme más profundamente con la Tierra, para construir resiliencia psicológica, social, espiritual y física, además de cuidar tan bien como podamos de la tierra que nos está cuidando. De esta manera, estamos trabajando para modelar a escala micro lo que se puede hacer en lo macro, incluso en medio de esta era de grandes pérdidas.

 

Por Dahr Jamail

Truthout. Traducción: Pilar Gurriarán


publicado

2019-07-17 07:00:00

Publicado enMedio Ambiente
Jueves, 11 Julio 2019 05:52

En el reino del revés

En el reino del revés

Me dijeron que en el reino del revés

Nadie baila con los pies

Que un ladrón es vigilante y otro es juez

Y que dos y dos son tres

Vamos a ver como es

El Reino del Revés

Vamos a ver como es

El Reino del Revés

(María Elena Walsh, autora e intérprete. Canción infantil [1])

 

Real, no ficción. El Ministerio de Recursos Naturales – el mayor interesado – no apeló la sentencia de primera instancia que favoreció a la nacionalidad waorani. ¡Lo hizo el Ministerio del Ambiente! Y fue el abogado de este Ministerio quien, en la audiencia dada en la Corte Provincial de Justicia del Puyo el lunes 1 de julio, lideró el enfrentamiento en contra de dicha comunidad indígena, abanderándose de las tesis extractivistas. Para colmo, los abogados de estos dos ministerios, junto con el abogado de la Procuraduría del Estado, defendieron a ultranza los intereses extractivistas aduciendo el cumplimiento de la consulta previa, libre e informada en el Bloque 22, a partir del decreto 1247 sin priorizar la Constitución.

Sorprende, por decir lo menos, que el Ministerio de Recursos Naturales – realmente el interesado en demostrar que sí hubo tal consulta para realizar sus planes extractivistas – no apelara la sentencia favorable a la nacionalidad waorani, donde se demostró hasta la saciedad el incumplimiento de ese requisito previsto en la Constitución y en instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT. El argumento de los abogados de dicha cartera de Estado de que esta omisión fue una falla técnica no le exime de responsabilidad al gobierno, pues incluso por acción directa de dicha desidia deberían cumplir lo dispuesto por la jueza provincial Esperanza del Pilar Araujo y el Tribunal Penal de Pastaza en su sentencia del 26 de abril pasado; en concreto deberían reconocer la vulneracion cometida y cumplir las obligaciones que de un acto así se desprenden (por ejemplo no avanzar con la licitacion de ese bloque porque sin consulta previa cualquier acto es nulo). En este caso la Corte Provincial debería disponer no solo la ratificacion de la sentencia y que el Ministerio en mención la cumpla; sino que debiera, además, aceptar la apelación de la nacionalidad Waorani, es decir ampliando las comunidades afectadas y las medidas de reparacion establecidas.

Por otro lado y sin rodeos: el papel del Ministerio del Ambiente es vergonzoso. Su abogado lideraba los intereses extractivistas en vez de cumplir con el objetivo de esa cartera de Estado: defender el ambiente, más aún en el primer país en el mundo que ha constitucionalizado a la Naturaleza como sujeto de derechos. indigna que ese ministerio apelara tan prestamente en contra de la sentencia de primera instancia [2] y que, en la práctica, suscriba la agenda extractivista del gobierno. Desde hace tiempo atrás, el ministerio del ambiente sólo cumple con vulgares trámites administrativos al margen de sus objetivos fundamentales.

El accionar de la Procuraduría, cuyo supuesto papel es el ser “abogado del Estado”, demuestra que perdió sus papeles pues se ha vuelto un mero defensor de los intereses del gobierno. Al no reconocer las vulneraciones a la Constitución y más bien ser cómplice de dichas violaciones, la Procuraduría abre la puerta para que los accionantes –en este caso la nacionalidad waorani– si es del caso, recurran a la vía internacional y se consiga una sanción al Estado por incumplir sus obligaciones constitucionales, que incorporan varios instrumentos internacionales relacionados con los Derechos Humanos (parte activa del bloque constitucional por mandato de los artículos constitucionales 11.3 y 426).

En este reino del revés casi que no sorprendería que a la postre los tres jueces provinciales -Carlos Alfredo Medina Riofrio, Bolívar Enrique Torres Ortíz, Segundo Oswaldo Vimos Vimos- de la mencionada Corte, quienes deben tramitar la mencionadas apelaciones, terminen por priorizar el Decreto Ejecutivo 1247 –a todas luces inconstitucional– sobre la disposiciones de la carta magna, que en su artículo 424 establece la supremacía de la Constitución sobre cualquier otra ley del ordenamiento jurídico del Estado; y, que en el artículo 425, fija un claro orden jerárquico de aplicación de las normas: la Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos…

Con este Decreto en la mano -sin siquiera haberlo cumplido a cabalidad- el Ministerio de Recursos dio paso a una consulta inconsulta que fue procesada como un simple trámito administrativo, es decir, apenas como una socialización de informaciones, lo que supone en palabras sencillas pero precisas: una tomadura de pelo. Tengamos presente que la inconstitucionalidad del mencionado decreto es inocultable. El 19 de julio de 2012, el presidente de la República, Rafael Correa, emitió el Decreto Ejecutivo 1247, que entró en vigor a través de la publicación en el Registro Oficial No. 759 del 2 de agosto de 2012. Dicho decreto reglamenta la ejecución de la consulta previa, libre e informada en los procesos de licitación y asignación de áreas y bloques hidrocarburíferos, la misma que sería aplicada en el marco de la XI Ronda Petrolera. Cabe señalar que el Decreto 1247 no acata todas las disposiciones establecidas en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y en los que hablan sobre los derechos de los pueblos indígenas. Tampoco se consideran en este Decreto 1247 las dispociones emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Sarayaku, vinculantes para el Estado ecuatoriano, emitidas en el mes de mayo del año 2012.

En su pobre papel, los abogados gubernamentales, a más de apuntalar su posición en base a ese incostitucional decreto, y como medida desesperada ante la falta de argumentos, pedían sanciones penales para dos de los testigos de la comunidad waorani por alguna declaración poco clara o quizás confusa, debida -tal como reconoció el intérprete judicial- a lo complejo que resulta traducir términos y conceptos inexistentes en la cultura waorani, en medio de un proceso de socialización llevado adelante por una persona que tenía 18 años cuando fue contratada como encargada de la oficina de consulta y que nunca fue debidamente capacitada, entre otros temas de gravitan en contra de la posición gubernamental.

Es mucho lo que se juega en este caso. Por un lado la vida misma de la nacionalidad waorani y su selva amenazadas por el extractivismo petrolero. Por otro lado está la posibilidad de construir – aunque lentamente luego de la metida de la mano en la justicia ejecutada por el correísmo – una justicia independiente y autónoma, como se estableció en Montescriti. También está en debate la necesidad de construir otra economía que garantice en simultáneo la justicia social y la justicia ecológica desde sus bases, superando la trampa perversa de los extractivismos. En este escenario se disputa, además, la misma democracia.

¿Podrán los jueces involucrados superar las sombras de un Estado colonial, racista y patriarcal? ¿Darán un paso para salir de esta maraña de contradicciones y empezar así a cristalizar la vigencia de la Constitución de Montecristi?  

Vamos a ver como es

El Reino del Revés

Vamos a ver como es

El Reino del Revés

 

Notas:

[1] A través de este link se puede escuchar la canción: https://www.youtube.com/watch?v=KlMQZsifcio  

[2] Sobre la sentencia de primera instancia se puede consultar el texto del autor: “ No Contaban Con Su Inteligencia : Las Waorani Dan La Vuelta Al Embudo De La Consulta” https://www.amazonfrontlines.org/chronicles/waorani-consulta-alberto-acosta/  

Por Alberto Acosta

Amazon Frontlines

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Colombia recupera las polémicas fumigaciones con glifosato contra los cultivos de coca

El Gobierno quiere volver a este método para erradicar la producción que, según la Oficina de Drogas de Estados Unidos, se estancó

 

 

A casi un año de mandato, con problemas en varios frentes internos y sin éxito en su cruzada para sacar a Nicolás Maduro de su cargo, el Gobierno de Iván Duque enfila su discurso al problema de las drogas en Colombia con un debate que promete ser álgido. Desde que Duque anunció la reactivación de las fumigaciones aéreas con glifosato, suspendidas desde 2015 como respuesta a un fallo de la Corte Constitucional colombiana, académicos y ambientalistas se han manifestado en contra por los riesgos que pudiera traer el uso de este herbicida potencialmente cancerígeno.

Colombia mantiene el deshonroso título de productor del 70% de la cocaína mundial. Y aunque la Oficina Nacional para las Políticas sobre el Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés) de la Casa Blanca acaba de revelar que existe un “estancamiento”, no hay mucho que celebrar. De acuerdo con la ONDCP, durante el 2018 fueron detectadas 208.000 hectáreas, una reducción de apenas 0,5 % frente a las 209.000 hectáreas del 2017. Lo mismo ocurrió con la “producción potencial de cocaína pura”, que bajó apenas de 900 a 887 toneladas métricas puras en ese mismo período.

“Aunque el cultivo de coca en Colombia se mantuvo en niveles históricamente altos en 2018, fue el primer año (desde 2012) en que la cosecha no aumentó”, dijo el director de la ONDCP, Jim Carroll, a través de un comunicado. El Gobierno de Duque se lo adjudicó como un reconocimiento a su labor. Falta, sin embargo, conocer las cifras del Sistema de Monitoreo de Naciones Unidas, que se publicarían en julio.

Con ese panorama, Duque apuesta por una política antidroga fundada en dos ejes: la aspersión aérea con glifosato; y el prohibicionismo. Una doble apuesta que busca, por un lado, mantener tranquilo a Estados Unidos, que ha sido su aliado estratégico; y por el otro, estar en consonancia con su partido, el Centro Democrático, para el cual la problemática de drogas debe resolverse desde la prohibición.

Desde que Donald Trump dijo de Duque que “es un buen tipo, pero no ha hecho nada para solucionar el problema de las drogas”, se afianzó el fantasma de la descertificación, es decir, una sanción, y que es una decisión que tomará la Casa Blanca en septiembre próximo y que afectaría el acceso del país a créditos del Banco Mundial. Según Luis Felipe Cruz, investigador de la Línea de Política de Droga del centro de estudios Dejusticia, es en ese contexto internacional que se entiende la determinación de reanudar la aspersión aérea. “Pero también, en cuanto a política interna, esta decisión se lee como una apuesta por la mano dura, para mejorar los niveles de popularidad del presidente”.

Dudan de efectividad

Colombia fumiga cultivos ilícitos con glifosato desde 1984 y a pesar de esto la presencia de coca ha sido constante. La aspersión aérea con este herbicida se mantuvo hasta finales de 2015 cuando el gobierno de Juan Manuel Santos la interrumpió como respuesta a un fallo de la Corte Constitucional que apela al principio de precaución y ante las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que califican el glifosato como potencialmente cancerígeno.

Por eso, el debate sobre el uso de este agroquímico tiene al menos tres aristas: la salud, el medio ambiente y su efectividad para reducir los cultivos ilícitos, esta última puesta en duda por varios expertos.

En cuanto a sus efectos en la salud, el gobierno confía en que los estudios no son concluyentes y que, como señaló Duque, contemplarían “técnicas de aspersión con precisión para no producir efectos dañinos de las personas”. Para el Gobierno, la aspersión es la vía más rápida de derrotar la siembra de coca, pero las cifras indican que no existe una correlación de efectividad. El 2007 fue uno de los años de mayor fumigación, y a pesar de esto, las hectáreas llegaron a 150 mil. Por otro lado, el fallo de la Corte prohíbe que las aspersiones se hagan en zonas de reserva forestal o parques naturales, lugares donde los grupos armados han ubicado los cultivos. Una razón más para dudar de la efectividad de las fumigaciones aéreas.

Jerry McDermott, cofundador del centro de investigación de crimen organizado, InSight Crime, dice que las fumigaciones podrían atomizar los cultivos ; pero no tendrían un impacto a largo plazo y sí alimentarían el conflicto armado. “Históricamente, la fumigación aérea fue una de las mejores herramientas de reclutamiento de la guerrilla. Esto es grave porque hay jefes guerrilleros como Iván Márquez o El paisa, que en cualquier momento podrían salir del proceso de paz y si ellos salen y la fumigación regresa, nosotros creemos que hasta mil guerrilleros podrían irse con ellos”.

La aspersión aérea con glifosato no es el único método que ha utilizado Colombia para erradicar los cultivos ilícitos. Actualmente, el gobierno hace erradicación manual a través de auxiliares de policía y campesinos de bajos recursos contratados para retirar la mata de coca. Pero ante la presencia de minas en las zonas de cultivos, instaladas por grupos armados y disidencias, tan solo en 2018 murieron seis de estos erradicadores y otros 66 resultaron heridos.

Los otros mecanismos son la fumigación terrestre con glifosato; fumigación con drones a baja altura y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, que se creó durante los acuerdos de paz con las Farc y que involucra a cien mil familias campesinas que reciben subsidios para cambiar la coca por otros productos. Dejusticia le pide a Duque que refuerce este último para “incentivar el desarrollo rural”.

Pero el gobierno está decidido a la aspersión y se propone reiniciarla en 16 semanas. El debate promete ser largo y aún no es claro cómo se reactivarán las fumigaciones pues para hacerlo, Duque tendrá que demostrarle a la Corte que ha cumplido con seis protocolos exigidos que garanticen que no habrá riesgos sobre la salud y el medio ambiente.

Por Catalina Oquendo

Bogotá 29 JUN 2019 - 20:02 COT

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Hidroituango: “Si quieren salvar las comunidades, hay que desmantelar el proyecto”

En Puerto Valdivia –norte de Antioquia–, el río Cauca se convirtió en un sendero de charcos, peces muertos y barro luego de que la empresa EPM (Empresas públicas de Medellín) decidiera cerrar la última compuerta de su proyecto Hidroituango el cinco de febrero de 2019, generando así una hecatombe ambiental.

Para fortuna del gobierno y la empresa, el espectáculo de la llamada “ayuda humanitaria” a Venezuela amainó el espanto del desecamiento de un río a manos de una empresa privada. Con el río Cauca cada vez más ensombrecido por las noticias del último momento, en marzo, en conmemoración del día mundial del agua, tomaron cuerpo marchas en distintos lugares de Colombia, eventos a los que asistió Juan Pablo Soler, uno de los líderes del Movimiento Nacional Ríos Vivos –agrupación que lucha por la protección de las diferentes cuencas hidrográficas y sus territorios en Colombia–, quien nos brindó una entrevista que devino en una conferencia completa sobre la historia de las represas y los movimientos que luchan en su contra en el país. A continuación, apartes de la misma.

Andrés Felipe Escovar (AFE). ¿Cuál fue el origen del Movimiento Ríos Vivos en Colombia?
Juan Pablo Soler (JPS). Varios procesos de afectados por las represas del país vimos la necesidad de crear un espacio donde juntarnos todos los afectados, de allí nació la Red Nacional de Pueblos Afectados y Amenazados por Represas y Trasvase, en 2006. Pasado un tiempo, vimos que esta red se estancó porque únicamente nos limitábamos a distribuir información y hacer denuncias sobre las represas. Para el año 2011 decidimos realizar una movilización que, comparándola con ejercicios de otros años, fue masiva, lo que nos llevó a concluir que había que revisar el tema de la Red e ir hacia otro lado. Esta discusión nos llevó a la decisión de recrear el Movimiento Ríos Vivos en torno a tres objetivos:

1. Defensa de los derechos de los afectados, es decir comunidades afectadas.
2. Permanencia en el territorio en condiciones dignas.
3. Trabajar por la transición energética, al tiempo que decimos no a las represas.

AFE. ¿Desde qué momento surgió conciencia sobre el daño ocasionado por la construcción de represas en el país?
JPS. Desde que se implementaron estos proyectos ha habido conciencia del impacto que tienen. En los cincuenta del siglo pasado se dio un auge en la construcción de embalses como los de Anchicaya, Neusa y Sisga. En los sesenta se construyeron proyectos como los de Chivor, Tominé y Chingaza. Ya en los años ochenta, a raíz de la construcción del embalse Salvajina, ubicado en el municipio de Suárez (Cauca), se firmó un documento que es actual: el acta de 1986, suscrita con la Corporación autónoma regional del Valle del Cauca –CVC–, que era la propietaria del proyecto, en donde se estableció centro de salud, carretera, trabajo. De esa acta, hasta hoy, se ha cumplido el 15 a 20 por ciento. Este negocio se vendió a la Empresa de Energía del Pacífico –Epsa–, luego a Unión Fenosa y, esta, al gremio antioqueño: las empresas dicen que esa acta del 86 la firmó la comunidad afectada con el gobierno y entonces no tienen por qué responder.

En 1998 el proyecto Urrá, generó múltiples conflictos tanto ambientales como sociales, pues en este tiempo fue el auge del paramilitarismo en Córdoba, en Montes de María y en el Nudo de Paramillo. Ejemplo de esto fueron las declaraciones de Salvatore Mancuso –comandante paramilitar– quien sostendría que a Kimy Pernía –líder indígena Embera Katío– lo asesinaron por oponerse al proyecto hidroeléctrico. Esto trae consigo algo más complejo: saber la verdad sobre los autores que le dieron la orden a Mancuso. Necesitamos conocer la verdad para la no repetición, y la verdad no es quién jaló el gatillo sino quién ordenó el asesinato.

En Urrá, en la década de los noventa, el inconformismo fue creciendo gracias al conocimiento e intercambio de experiencias con gente de la Comisión Mundial de Represas en Brasil, con quienes se realizaron experiencias de diálogo de pescador a pescador. Una metodología que nos impactó, pues cuando pones a un pescador con otro, se escuchan y entienden mutuamente. Entonces fue mediante estos intercambios que los integrantes de la Asociación de Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú –Asprocig– tomaron conciencia de lo que iban a perder con la represa y así se construyó un proceso de oposición a los efectos que el proyecto iba a tener en los manglares del Sinú.

En 2008 se licenciaron tres proyectos: Hidrosogamoso, El Quimbo e Hidroituango. Lo más aberrante del último caso es que se declaró la utilidad pública de un terreno sin que se hubiera emitido la licencia ambiental.

AFE. ¿En qué consiste la utilidad pública?
JPS. En que, a partir de estudios, se hace un polígono con coordenadas de lo que hay dentro y esto tiene que venderse al propietario del proyecto hidroeléctrico al precio que determine una comisión tripartita constituida por un representante de la comunidad, uno de la empresa y otro del gobierno. En el caso de Hidroituango, el precio del metro cuadrado fue de 172 pesos, aún no sabemos cómo el representante aceptó eso.

Retomando: salió la utilidad pública sin licencia ambiental y era en ella donde debía haber un estudio que precede a cualquier decisión sobre la utilidad y, por lo tanto, el terreno declarado fue más allá de donde debía. Hoy vemos que, en el embalse de Sogamoso, hay franjas de fincas que están frente a este y son las que luego harán el negocio del turismo y por eso es que compraron la finca completa. Entonces, viene otra pregunta: ¿EPM a quién les venderá la finca? Se desconoce por qué los ministerios de salud, ambiente y los demás permitieron cosas como esas.

En Hidroituango dieron licencia en 2009 y todavía hoy no terminan de construir el proyecto, los efectos siguen y siguen. Digamos que uno podría decir cuándo uno empieza a sentir los cambios por un proyecto como esos, pero no cuándo se acaban los efectos porque estos pueden extenderse por décadas.
AFE. ¿Podría hacernos una cronología del proyecto Hidroituango en su ejecución y consecuencias sociales y culturales?
JPS. Fue propuesto a fines de los sesenta y los gobiernos de turno siempre estuvieron interesados en llevarlo adelante. Hubo una puja por construirlo. Se puso como el proyecto más grande de Colombia y eso ha conllevado a que se tomen decisiones apresuradas y regionalistas. Es hasta iniciado el nuevo siglo, cuando el proyecto realmente da pistas de ser construido, hubo una puja por quién lo iba a ejecutar: si los chinos o los colombianos. Finalmente, se decidió que EPM, para mí es estúpida esa competencia porque una cosa es el propietario y otra quién lo construye.

A partir de ese momento, la gobernación de Antioquia decidió invertir y se convirtió en el mayor accionista del proyecto a finales de la década de los dos mil. En 2008, se dio la declaración de utilidad pública. En 2009, se profirió la licencia ambiental, que ha sido modificada más de veinticuatro veces.

El proyecto de Hidroituango se socializó a mil trescientos habitantes, pero ¡Ituango tiene 25 mil personas y son varios municipios! Acá el problema es que, si a la socialización llegaron veinte y se demuestra la convocatoria, se cumplió con su requisito. Eso es ridículo y así ha pasado con todos los proyectos hidroeléctricos; se hizo una audiencia pública y muchos no se acuerdan lo que dijeron; se hicieron socializaciones en medio del conflicto armado –ya se habla de más de cien masacres en esa zona–. La gente fue a los espacios de la audiencia pública pero no sabía nada; EPM cumplía con sus protocolos y el proyecto iba para adelante: todo esto ocurrió en 2009.

Además, la audiencia se hizo en una zona donde predomina el control paramilitar y mucha gente no fue porque no entendían la dimensión de ese proyecto. En un contexto de guerra hay que valorar estas cosas con respecto a la participación de la sociedad civil. A la audiencia llegaron algunas personas, movilizadas en los propios buses de EPM pero muchos no fueron porque dejaban de ganar su ingreso diario. También hubo quienes creyeron que el proyecto iba a traer desarrollo y bienestar; se decía que se iban a emplear miles de personas, pero no especificaban que esos contratos eran de dos años y lo peor es que mucha gente que trabajó en esos proyectos hidroeléctricos ya no quiere volver a trabajar la tierra. Este es un fenómeno que impulsa el desplazamiento forzado con desalojos y aumento de costo de vida.

Cuando inició el proceso de construcción, los canales de participación ciudadana fueron mínimos, llegaban a destiempo o eran manipulados. El proyecto se desarrolló bajo la estigmatización del movimiento y, pese a ello, iniciamos unos talleres de licencia ambiental para que los concejales se dieran cuenta que lo que creían del proyecto no era verdad.
En este punto se da algo muy interesante: haces un ejercicio de incidencia local y llegan las elecciones y ocupan los cargos otros colores, otros personajes, entonces es como volver a arrancar de cero. Esta situación nos ha partido porque en algunos casos avanzamos y en otros retrocedemos.

Con en el curso del proyecto, vimos que la empresa hacía cosas muy mal pero, por estar en zona de conflicto la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –Anla– no llegaba hasta donde trabajaban en la construcción del mismo; cuando nosotros los invitábamos, nos decían que había zonas vetadas para funcionarios públicos por el tema de seguridad –esto también ocurrió con la Unidad Nacional de Protección, pues van a hacer estudios de riesgo pero no van al sitio, nosotros los llamamos pero luego decían que el riesgo era ordinario sin siquiera haber ido al lugar–.

Nosotros, en el período que fue del 2008 al 2018, tocamos puertas. A todas las instituciones las pusimos al corriente del asunto y ninguna hizo algo, incluida la gobernación de Antioquia, con quien habíamos definido un recorrido por todo el cañón para identificar lo que creíamos que estaba mal, incluyendo la tala del bosque seco tropical que es lo que nosotros decimos causó el taponamiento inicial de los túneles. No nos pararon bolas y todo el proyecto se puteó.

Se creó una mesa de diálogo con la Anla y nos enfrascamos en debates muy tontos. El tiempo transcurrió con violación de derechos. A lo último, se puso el tema de víctimas enterradas en el cañón del río Cauca porque ellos hicieron el estudio con robots para ver si había huesos donde iba a estar el muro, entonces les dijimos por qué no hicieron esa misma prospección en toda la zona que iban a inundar y ellos nunca respondieron.

Después llegó la inundación que anegó algunos sitios de tumbas. Este asunto ha sido difícil porque mucha gente dijo que vio bajar cuerpos por el río y los enterró, haciéndoles cristiana sepultura, pero no dijeron nada a las autoridades porque la fiscalía los perjudicaba: todo eso está bajo las aguas de Hidroituango.

Para mí, hay un elemento fundamental: el cronograma de terminación de obras. En diciembre de 2018, Hidroituango tenía que estar generando energía y, si no generaba, debía pagar una multa a la Comisión de Regulación de Energía y Gas –Creg–. Nos enteramos en una audiencia pública del 27 de agosto de 2018, que ofrecieron setenta mil millones de pesos al consorcio constructor para que acelerara las obras y operara en diciembre del año pasado. Entonces los contratistas trabajaron a toda mierda y, por ejemplo, violaron, en nuestro caso, derechos sociales y ambientales. Hay una perversidad en ese ofrecimiento terrible; un contratista le echó el carro a un compañero nuestro y lo tumbó, lo atropelló, pero no lo asesinó… uno empieza a preguntarse qué relación tiene un funcionario de esos y ahora lo entendemos… yo les decía a los empleados de EPM que iban a ganar lo mismo trabajaran o no trabajaran y ahora entiendo, eso sí les importaba porque los retrasaba en obras y no ganaban ese dinero que les ofrecieron.

También se hizo una movilización fuerte porque se evidenció que la empresa tiraba los materiales de construcción al río. Gracias a esto se profirió la resolución 0027 de la Anla y ya reconocieron el impacto aguas abajo pero no hicieron lo mismo con lo que ocurre aguas arriba. Jamás se hizo una resolución sobre esa zona y en ese documento era donde se debía abordar el asunto de los censos porque, cuando los hicieron por primera vez, ya no había población en la zona… se hicieron los huevones.

AFE. Luego del secamiento del río por parte de EPM, ¿Cuál es el estado actual del río y la región?
JPS. Aguas arriba, la gente nunca creyó verlo así. El río es amarillo, pero, cuando llega a la represa, su curso se vuelve lento, todos los sedimentos se asientan y se ve un paisaje verde; cuando uno lo ve en una foto parece lindo, como pensaría un turista desprevenido, pero quienes vivieron eso saben qué significa. Aguas abajo, el río volvió, pero no la vida; el impacto de los peces que se fueron va a tomar no sabemos cuánto tiempo. Hoy hay pobreza porque no hay pesca, hay desatención, digamos que el tema Ituango empieza a naturalizarse, y la vida normal no está porque no hay trabajo.

AFE. ¿Qué situación avizoran para ustedes en el futuro cercano?
JPS. Nosotros le decimos a EPM: si quieren salvar las comunidades, hay que desmantelar el proyecto. Creo que, si esa decisión se toma, no va a llegar porque nosotros la pedimos sino porque ellos van a ver que es más barato desmantelar que seguir en eso o porque el macizo rocoso cederá y habrá una catástrofe que va a cobrar vidas, pero hay gente que insiste que no va a pasar nada; ya hemos hecho lo suficiente para alertar, pero no todos escuchan.

Nuestra expectativa en cuanto a reconocimiento de derechos, las veo muy inundadas, más aún si el proyecto colapsa porque se declararán en bancarrota y no habrá dinero sino para reparar daños que no tengan que ver con impactos culturales o ambientales, todo eso va a entrar a la lista de pasivos.

Respecto a organización local, habrá mucho trabajo, vamos a seguir trabajando en lo que sabemos: crear alternativas energéticas con el buen vivir en comunidades, con quienes trabajamos en occidente y norte de Antioquia. Esto estaba dentro de nuestros pronósticos: los peores impactos llegan con la inundación.

Las perspectivas son seguir para crear condiciones de vida dignas en el territorio porque con represa o sin represa, hay impactos en la productividad, por ejemplo, cuando la gente tenga menos ingresos tendremos que hacer algo. Hay que trabajar en clave de futuro.

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Transnacionales mineras: la segunda “colonización” en América Latina

Mujeres defensoras de derechos humanos, procedentes de América Latina, concordaron en que los proyectos extractivos transnacionales se han convertido en la segunda colonización de los pueblos del continente, que las mujeres continúan siendo las más vulnerables, en la lucha social de sus territorios, sus recursos naturales y las comunidades.


Convocadas al IV Encuentro Regional de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN), mujeres defensoras de Bolivia, Perú y Haití, expusieron las duras circunstancias en que viven las poblaciones, a la sombra de proyectos mineros, que lejos de generar progreso en las comunidades han roto el tejido social y generado violencia en su interior.
La Rinconada, en la provincia de San Antonio de Putina, departamento de Puno, Perú, la conocen también como “tierra de nadie”, que coloca a la mujer en un riesgo grave permanente, en donde el dominio masculino y las leyendas heredadas vulneran sus derechos individuales.


Leny Olivera, quien trabaja en Democracy Center Bolivia, habló sobre la criminalización del movimiento social y cómo las mujeres son vulneradas en sus derechos humanos, señalando casos graves en Bolivia y Perú, que termina condenándolas a vivir permanentemente, en pobreza extrema, excluidas socialmente por reforzamiento de patrones culturales.


Olivera habló sobre La Rinconada (Perú), un proyecto minero que se enclava a cinco mil 100 metros sobre el nivel del mar, que se considera uno de los lugares más altos en el mundo.
“En La Rinconada se refuerza el machismo que nos llegó con la Colonización, además de otras formas de dominación, hacia las mujeres, a través los mitos (invenciones) que se van construyendo socialmente. Y no significa que sea parte de la cultura andina, pero, en La Rinconada, las mujeres están expuestas a riesgos y peligros, porque los mineros aseguran encontrar el mineral más fácil si tienen relaciones sexuales o violan a mujeres jóvenes vírgenes o sea, de menos de 20 años. Entonces, en estos lugares se encuentran muchas mujeres jóvenes, a las que llevan con engaños o promesas de trabajo, que ya estando allí son vulneradas o pueden ser violadas por extranjeros, gente que no son del lugar y luego quedan estigmatizadas, no pueden salir fácilmente y se incrementan las experiencias de prostíbulos, la trata y tráfico de personas, te pueden botar hasta en el río y nadie puede reclamar. Es como si la vida de las mujeres no valiera nada”, relató.


A esa situación se suma que muchas mujeres están comenzando a trabajar, al interior de las minas y no por decisión propia, han quedado viudas, otro grupo son madres solteras. Entonces tratan de buscar un sustento para sus familias, pero son repelidas por los mineros.


“Los mineros dicen que las mujeres no puede entrar a la mina, porque se va a enojar o se pondrá celoso el tío, dicen. El tío es una deidad que los mineros tienen al que invitan a beber alcohol o pichar coca (hojas de coca en la boca), para evitar que les pase una desgracia dentro de la mina y aunque no puedo generalizar que todos los mineros son así, pero en La Rinconada, la vida llega a ese extremo”, aseveró.


En cuanto a la vivencia de la segunda colonización, Olivera reiteró que es una “invasión”, que lleva al riesgo y vulnerabilidad a las comunidades y Pueblos Indígenas o afrodescendientes y en especial las mujeres y las defensoras de derechos.


“El contexto es igual, simplemente los actores han cambiado, son empresas transnacionales, organismos como el Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional, que tienen control e intereses para beneficiar minorías acaudaladas, de países del Primer Mundo, a costa de la explotación y subordinación de las poblaciones en América Latina, entonces, todos los acuerdos a nivel internacional que en teoría defienden los derechos humanos de indígenas y comunidades son limitadas, pero la resistencia sigue estando presente en la lucha en América Latina, en donde muchos mueren en defensa de sus territorios”, reconoció Olivera. Mientras, Joseline Colas Noel, de JPIC Haití, narró como están destruyendo el ecosistema de la isla y cómo influye que el territorio sea víctima de muchas catástrofes, señalando como un proyecto minero que abandonó su equipo con restos de cianuro, continúan contaminando a la población y recursos naturales.


“Nos preocupa que compañías internacionales estén interesadas en la explotación de minas de Haití. Explotaciones de minas que no aportan nada al país. Solo entre 1996 a 1997, el Estado ha dado 57 permisos de explotación que representa el 15 % del territorio haitiano. En donde viven 11 millones de habitantes, la situación es difícil, y la situación política mucho más, cuando la población entendió que los fondos de PetroCaribe, no han sido utilizado en bienestar social como escuelas, hospitales y servicios básicos”, manifestó.


Sobre reformas jurídicas, Angie Lee Gardy, del Grupo de Apoyo a Refugiados de Haití, enfatizó, que la propuesta de una nueva Ley de Medio Ambiente (1976), no garantiza la protección del agua, suelo y aire. Ni responsabiliza a las empresas a reparar daños ocasionados al territorio y tenemos empresas mineras de Canadá y Estados Unidos.
“Han elaborado un anteproyecto de ley de mina incompleta, que quita los derechos y autoridad al parlamento, y crea la Autoridad Minera, que sería la única que daría los permisos, donde la empresa puede explotar todo lo que encuentre en esa área, si hay un río, pues lo toma y no tiene que reportarlo a ninguna otra institución del Estado, al generar daños al medio ambiente. Es una situación grave, aunque no ha sido firmada por el parlamento, consideramos que Haití puede desaparecer”, puntualizó.

20 mayo 2019

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Economía y vida: paradigma del cuidado frente al extractivismo

«Al parecer ya no creemos tener una tarea o misión que realizar en el planeta y tampoco hay un legado que nos sintamos obligados a preservar o del que seamos guardianes.» 

Zygmunt Bauman: El arte de la vida (p. 55)

La catedral de Notre Dame en llamas. Una de esas imágenes que ya quedará indeleble en los anales como uno de los siniestros más traumáticos de Francia, Europa, el mundo... ¿Cómo pudo ocurrir? Un accidente, se dice, mientras se trabajaba en su restauración, siempre postergada, siempre insuficiente. Un símbolo gravemente dañado, materia que nos hablaba más allá de su ser físico, evocando un universo de significados que trasciende los límites espacio-temporales de una vida humana; y, sin embargo, producto de la vida, plasmación de su belleza cuando los hombres obran el milagro de revelar su esencia y transfigurarla en arte, a mayor gloria de la humanidad por más que se confunda con el delirio de la divinidad.


De tantas cosas que se ha dicho y han sido escritas con ocasión de tan malhadado acontecimiento a mí me ha llamado la atención una, mencionada de paso cuando se informaba sobre el propósito en seguida manifestado de volver el monumento a su integridad previa al incendio. Era una noticia de radio en la que el locutor destacaba la presta disposición de una gran cantidad de ciudadanos, de diversa condición y clase, a donar dinero con el fin de volver a contemplar la catedral de París como parte de esa estampa estereotipada de la capital de Francia. De pasada decía que contrastaba esta actitud con la racanería mostrada durante décadas por las instituciones encargadas de su conservación, lo que por cierto tampoco había suscitado significativas protestas por parte de la ciudadanía. Ahora, sin embargo, es el momento de la gesta, el instante que descuella y rompe con el monótono devenir de los días idénticos del cuidado. Cuando había que cuidar el monumento mediante un trabajo callado y anónimo, sin lustre heroico, parecía no existir estímulo para la generosidad ciudadana ni para el interés político, pues no luce en el escaparate de las pantallas. Un gran incendio sí que luce ofreciéndonos ese dramático punto de inflexión en el que se da pie a la gloria del rescate. El trabajo del cuidado, por comparación, es aburrido. Donde se ponga un golazo de Cristiano que se quite la lección del maestro que logra que algunos de sus alumnos aprenda algo tan cotidiano como leer.


El cuidado es la esencia del cultivo, actividad que transformó la vida de homo sapiens sobre la faz de la Tierra con la revolución neolítica. De esa actividad –expresada en latín con la palabra colere cuya forma de supino es cultum y de aquí «cultura»– se derivó un cambio determinante de una forma de vida que estableció la base material para la creación de la civilización. El inculto es el no cultivado, el que está por civilizar, el que no ha sido cuidado como es debido para llegar a ser plenamente humano. Casos extremos de esa falta de cultivo son los llamados «niños salvajes», como el famoso Víctor de L´Aveyron, cuya historia fue magistralmente plasmada por François Truffaut en su película L'Enfant sauvage. La educación, en efecto, es una de las versiones del cuidar, esencial en igual medida que la agricultura para el sólido cimiento de la civilización, y complemento inseparable de la puericultura, es decir, el cuidado del niño (del puer latino).


Frente al paradigma del cuidado, el de la extracción. La pesca y la caza seguramente son las más ancestrales actividades representativas del paradigma de la extracción. Y también, por supuesto, la guerra. Trabajos todos ellos abonados para la gesta.


Los trabajos del cuidado no son apreciados como notables. Tienen algo de naturaleza negativa en el sentido de que no producen, sino que evitan que ocurra el mal. Toda inversión en ellos parece no lucir, pues se trata de conservar en buen estado lo dado. Por contra, los trabajos de extracción traen a la esfera de nuestro poder lo que no nos era dado. No hay drama en el cuidado que sí hay en la extracción, en el cazador que expande el territorio en busca de la presa y, en general, en el buscador de recursos que ha de luchar por arrebatárselos a la naturaleza o a otros, incluso si es menester mediante el recurso a la guerra. El tiempo del cuidado es aburrido, tedioso, incluso ingrato. Nulo margen hay en él para el reconocimiento de la heroicidad humana. Digamos que no es viril, sino femenino. La extracción, el botín, siempre fue cosa de hombres. Su tiempo es el corto plazo, que conlleva la gratificación inmediata. El tiempo del cuidado es el largo plazo en cuya dimensión se diluye la entidad del beneficio que depara.


El científico y excelente divulgador norteamericano Jared Diamond dedica una parte muy importante de su entretenido libro ¿Por qué es divertido el sexo? a la lactancia, capítulo principal de la puericultura. «Dar de mamar a los gemelos humanos –nos dice– es un gasto de energía tal que el presupuesto de energía de una madre de gemelos se acerca al de un soldado en un campo de entrenamiento» (p. 73). Me pregunto cuál de las dos conductas se valora más cuando la segunda de ellas está institucionalizada en la esfera pública en tanto que la primera es asunto del hogar, que incluso se debe mantener dentro de sus límites si se atiende a cierto pacato sentido del pudor.


La dicotomía que aquí presento entre los paradigmas del cuidado y de la extracción tiene su plasmación desde la perspectiva sociológica. La recientemente galardonada con el Premio Nacional de Sociología, pionera en la investigación del trabajo dentro del hogar, la socióloga María de los Ángeles Durán, ha acuñado el término «cuidatoriado» para nombrar la clase social de los que cuidan. Importante, sin duda, para el reconocimiento de una realidad que si no se nombra no existe. Su labor investigadora de los últimos cuarenta años da cuenta de un fenómeno en el que se demuestra una vez más lo difícil que resulta desligar la economía de la ideología, el machismo en este caso. Pues lo que ya empezamos a peinar canas sabemos muy bien que todavía en los ochenta del siglo pasado era mayoritaria la idea de que ese trabajo de cuidados confinado al espacio del hogar era cosa exclusiva de mujeres que lo tenían por «sus labores», no por un trabajo al que le correspondiese un valor económico; y así era –¿y es?– para todos ya que no es generador de riqueza. Pero –a poco que se repare en ello– se trata de un trabajo de enorme valor vital, aunque no tenga el debido reconocimiento económico, que aún hoy realizan en un ochenta por ciento las mujeres.


Según los cálculos de la mencionada socióloga, habría que subir un 70% el IRPF para pagar parte de los cuidados que hoy se hace gratis (declaración en entrevista del diario 20minutos de 12 de febrero de 2019). De tal magnitud es su valor económico. En cualquier caso, una necesidad social que nuestro Estado del bienestar no cubre, que puede comprar quien tiene recursos; pero quien carece de ellos recurre al «cuidatoriado», los que se dedican principalmente a cuidar siendo la mayoría trabajadores no remunerados en absoluto o insuficientemente remunerados. Los remunerados suelen ser mujeres inmigrantes con condiciones laborales peores que todos los demás trabajadores. Pero el grueso de esta clase social son mujeres que no cobran por cuidar, sino que lo hacen por afecto o por sentimiento de obligación familiar. Sin derecho a la seguridad social están condenadas a la miseria y a la dependencia.


Con un país inmerso en un «invierno demográfica», que envejece a toda prisa, con una de las esperanza de vida más altas del planeta, el sector del cuidado es el gran negocio; si no fuera porque pocas familias pueden pagar lo que cuesta una plaza en una residencia o una persona que cuide interna al dependiente. Es la confusión de mercado y economía la que lleva al desprecio del trabajo de cuidados, que poco tiene que ver a simple vista con la producción y la generación de riqueza. Se calcula lo que cuesta una vacuna infantil, el salario del personal sanitario que la suministra, las instalaciones donde se practica; pero queda al margen de los números, lo que más valor tiene, a saber: el tiempo de la persona que deberá dejar de trabajar para acompañar al niño y que, seguramente, al día siguiente tendrá que quedarse en casa cuidándolo.


El cuidado queda fuera del PIB por el mercadocentrismo que denuncia el economista Ha-Joon Chang en su libro Economía para el 99% de la población. En él critica la miopía de la escuela neoclásica actualmente dominante en la ciencia económica. Según su concepción, la economía se reduce a una red de relaciones comerciales que conforma el mercado. «La focalización en el mercado –nos advierte Chang– ha propiciado que la mayoría de los economistas no presten atención a ámbitos cruciales de nuestra vida económica, con importantes consecuencias negativas para nuestro bienestar» (p. 409). Diríase que nos hemos vuelto des-cuidados, desatendiendo aspectos tan vitales como la calidad del trabajo y el equilibrio entre la vida privada y el trabajo. Aquí residen las claves para identificar las causas últimas del invierno demográfico que dicen padecemos. Mujeres trabajadoras, a menudo mal pagadas y demasiado estresadas sin la seguridad de una cierta estabilidad, a las que se les exige cargar con el cuidado de la prole y puede que también con el de sus mayores y dependientes. ¿Es ético exigirles tamaña abnegación? ¿Cabe esperarla de ellas por decisión voluntaria conforme se van liberando de la tradicional moral cristiana del sacrificio femenino?
Ya lo dijo Robert Kennedy el 18 de marzo de 1968 en el fragor de la campaña electoral: «el PIB lo mide todo excepto lo que hace que valga la pena vivir la vida». Por eso no mide el cuidado, quedando este trabajo, esencial para gozar de una vida buena, al margen de valoración y ninguneado en la agenda política.


En cuanto a la relación entre valor social de un trabajo y remuneración recibida por su desempeño, el heterodoxo antropólogo británico David Graeber lo tiene claro: «cuanto más ayuda y beneficia un trabajo a los demás, y por tanto mayor valor social crea, menos se suele pagar por él» (p. 275). Es la sentencia que encontramos en su libro Trabajos de mierda. Una teoría. Según algunas investigaciones a las que nos remite, una de las profesiones que mayor valor social aporta es la de maestro de primaria, no especialmente bien pagada como todos sabemos, mientras que la que más valor social sustrae es la de los profesionales del sector financiero, los cuales, sin embargo y como muy bien sabemos, están excelentemente bien pagados. Y dado que la actividad financiera es un exponente flagrante de extractivismo (se trata de extraer la poca riqueza de unos muchos para incrementar la mucha riqueza de unos pocos) tenemos otra constatación más de ese desequilibrio económico entre el cuidado y el extractivismo que venimos analizando. De este desequilibrio económico fueron síntoma evidente los recortes salariales aplicados a partir de la crisis de 2008 a casi todos los sectores públicos que proporcionan beneficios claros e inmediatos a la población (sanidad, educación, dependencia, etc.) entretanto se mostraba sin pudor una actitud realmente indulgente con las crecientes remuneraciones de los responsables de las entidades financieras cuya gestión había sido la causante en gran medida del desastre económico.


Al mismo tiempo, el trabajo se ha ido convirtiendo en un valor en sí mismo; quien no trabaje, aunque sea en algo que no le guste y en lo que sea explotado e invirtiendo en ello la mayor parte de su tiempo, es un gorrón, un gandul, un parásito indigno de simpatía y de ayuda pública. Así se achica el espacio y se merma el tiempo dedicado al cuidado, que –como hemos dicho– queda al margen de la matematizada valoración económica.


La pregunta es cómo se decide el valor del trabajo, en función de qué criterios. La respuesta ortodoxa que resuelve dogma en ristre la cuestión echando mano del mercado –animal metafísico donde los haya– es cuando menos discutible por cuanto desprecia consideraciones de orden vital que ya han sido expuestas. El aludido David Graeber ensaya la formulación de un criterio: «cuando un servicio o producto responde a una demanda o mejora de alguna manera la vida de la gente se puede considerar que tiene verdadero valor, pero no así cuando solo sirve para crear demanda, haciendo que la gente se sienta gorda y fea o engañándola para endeudarse y luego cobrar intereses por ello» (p. 267).


El trabajo de cuidados es el fenómeno que desafía la autenticidad de la conexión entre economía y vida. Cabe preguntarse si el actual paradigma económico globalmente vigente no ha permitido una expansión excesiva de su componente extractivo, ya sea de recursos naturales, ya de recursos financieros mediante el procedimiento del endeudamiento crónico. Si es así, la economía pone en peligro su genuina razón de ser, que tiene que ver, básicamente, con una administración de los medios materiales, siempre limitados, que posibilite que los humanos estemos en disposición de alcanzar el disfrute de una vida buena. A juzgar, sin embargo, por los efectos bien evidentes a estas alturas del proceso de globalización sujeto a la providencia del libre mercado (trasunto actual de la de Dios) diríase más bien que la esfera económica se ha constituido en un mundo independiente con leyes propias al margen de las de la materia y las de la vida.


Recientemente la antropóloga Yayo Herrero, prestigiosa investigadora en los ámbitos ecologista y feminista, participó en un diálogo radiofónico en el que ofrecía su visión del momento actual que vivimos, congruente con las ideas aquí expuestas (emitido por la Cadena Ser el 14 de abril de 2019 en el programa A vivir, que son dos días). Transcribo parte de su intervención: «Estamos viviendo un momento, yo diría, en el que hay una triple guerra, en el que se combinan una guerra convencional, por los recursos, como las que ha habido siempre, mucho más intensificada en un momento de declive de energía, de declive de minerales que intensifica ese extractivismo del que hablaba Silvia; una guerra también contra los derechos laborales y sociales, que precariza a las personas, que las reduce básicamente a la situación de consumidores, y si eres un consumidor fallido básicamente ya no cabes; y una guerra también sutil y dura contra los vínculos y las relaciones». A su entender, para enfrentar esa triple amenaza es menester colocar en el centro del horizonte humano lo que es prioritario para sostener la vida, y no cualquier vida (al estilo de los fanáticos provida) sino vidas que merezcan la pena y la alegría de ser vividas. Considera esta investigadora social que el modelo de capitalismo extractivista supone una guerra contra la vida, y que es suicida por cuanto para que haya producción –la actividad material esencial de la economía real– es necesaria como condición previa la producción de la vida, que se realiza en la naturaleza y en los trabajos que cotidianamente tenemos que llevar a cabo para mantener las vidas; es decir, lo que he venido llamando el cuidado. Es estúpido sacrificar todo lo que constituye la genuina vida humana al crecimiento económico tal como es entendido dentro del paradigma del capitalismo global de libre mercado y extractivista. La historia de homo sapiens demuestra que uno a uno los individuos somos vulnerables y que siempre es un error soslayar la evidencia de que somos cuerpo y pertenecemos a una misma especie.


El desarrollo ideológico de las últimas décadas ha llevado a cabo un continuado y efectivo trabajo de erosión de toda apreciación del vínculo social, del sentido de comunidad al margen del entramado económico. «No existe lo que se llama sociedad. Hay hombres y mujeres individuales y hay familias», decretó la Primera Ministra británica Margaret Thatcher hace cuarenta años. Desde entonces, carece de sentido preocuparse por la sociedad y pensar en el bien común, mientras que lo tiene todo que cada individuo trabaje más y haga lo posible por ganar más. Quiere decirse también que la solidaridad no es productiva; o sea, que es inútil unir fuerzas y subordinarlas a una causa común. Toda apelación al principio de responsabilidad comunal por el bienestar de los miembros integrantes de una sociedad se condena como lo propio de un Estado paternalista que debilita la capacidad de emprendimiento de los individuos, máxima virtud promotora del crecimiento económico. Se asume que el cuidado de otros, por contra, es el vicio que conduce a una dependencia aborrecible y detestable. A la postre, el debilitamiento del sentido del cuidado da lugar a sociedades fracasadas en las que el consumismo y el extractivismo se retroalimentan con el convencimiento de que no hay alternativa.


El agotamiento de los bienes materiales y el agotamiento de los cuerpos, procesos en el que nos ha instalado el paradigma extractivista nos lleva a vivir en el tiempo de la inminencia, en el que todo puede cambiar radicalmente o todo puede acabarse definitivamente. Es lo que la filósofa Marina Garcés en su sugerente ensayo titulado Nueva ilustración radical denomina «el límite de lo vivible», el apocalipsis por agotamiento de la vida. Su definición de dicho límite: «Ese umbral a partir del cual puede ser que haya vida, pero que no lo sea para nosotros, para la vida humana. Vida vivible es la gran cuestión de nuestro tiempo. (...) vida vivible es vida digna. Sus límites son aquellos por los que podamos luchar» (p. 15-16). ¿Acertará cuando afirma que nuestro tiempo no es ya el de la posmodernidad sino el de la insostenibilidad? ¿Será verdad que vivimos en la prórroga desde que en 1972 el Club de Roma en su informe Los límites del crecimiento advirtiera de la imposibilidad del crecimiento ilimitado, horizonte verdaderamente utópico del capitalismo en un planeta finito?


¿Es esto vivir? Es la pregunta a la que cualquiera puede recurrir en cualquier contexto de vida, según señalara el filósofo Etienne de La Boétie en el siglo XVI. No tiene que ver con una objetividad calculable, sino que apela a una dignidad que siempre puede ser puesta en cuestión. Según Marina Garcés de nuevo, «es una pregunta que se puede compartir pero no delegar, porque lo que expresa es que la vida consiste en elaborar el sentido y las condiciones de lo vivible» (p 58). En ella, en fin, se halla la semilla de la insubordinación a toda servidumbre voluntaria, también la promovida por un paradigma económico cuya ansia extractivista menoscaba la relevancia vital del cuidado.

Por  José María Agüera Lorente
Rebelión


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:


BAUMAN, ZYGMUNT: El arte de la vida. De la vida como obra de arte. Editorial Paidós. Barcelona, 2017.
CHANG, HA-JOON: Economía para el 99% de la población. Editorial Debate. Barcelona, 2015.
DIAMOND, JARED: ¿Por qué es divertido el sexo? Círculo de Lectores. Barcelona, 2007.
GARCÉS, MARINA: Nueva ilustración radical. Editorial Anagrama. Barcelona, 2017.
GRAEBER, DAVID: Trabajos de mierda. Una teoría. Editorial Ariel. Barcelona, 2018.

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