Luxemburgo será el primer país del mundo donde el transporte público será gratuito

El país centroeuropeo ha tomado la medida para reducir los niveles de contaminación e incentivar el uso de transporte público. Es el primer Estado que regula de esta forma este tipo de transporte y se pone a la cabeza a nivel mundial.


Luxemburgo se ha convertido en el primer país de todo el mundo en el que el transporte público será gratuito sin ningún tipo de distinción. Recogiendo el testigo de la ciudad francesa de Dunkerque, a partir del 1 de marzo de 2020 ningún autobús, tren o tranvía tendrá coste para los ciudadanos del país europeo, siempre y cuando viajen en clase turista.
François Bausch, ministro de movilidad y trabajos públicos del Estado centroeuropeo, anunció en su Twitter que también habrá fuertes inversiones para mejorar las infraestructuras del transporte público que empezará por los trenes, ya que serán gratuitos para aquellos que no viajen en primera clase a partir de este domingo.

La medida entrará en vigor a partir de marzo del próximo año debido a la caducidad de los abonos de los ciudadanos que son anuales o temporales, por lo que el último día de validez de los tickets será el 29 de febrero de 2020, consiguiendo así aunar los abonos diarios, mensuales y anuales.


Por otra parte, Luxemburgo puede enorgullecerse de ser el país con la red de transporte público más barata de toda Europa, ya que toda persona con menos de 20 años viaja gratuitamente y un billete de 24 horas tiene un coste de tan solo cuatro euros.

Esta medida también tendrá repercusión en sus países vecinos, ya que entre Bélgica, Francia y Alemania son 200.00 trabajadores los que cruzan diariamente a Luxemburgo, según afirman en The Independent.

24/01/2019 17:48 Actualizado: 24/01/2019 18:23
PÚBLICO

 

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Venezuela: la disputa es por los territorios

Desde semanas atrás, ya se anunciaban turbulencias a partir de enero-2019 en Venezuela, con la instalación de la Asamblea Nacional y la toma de posesión de Nicolás Maduro para un hoy incierto período presidencial 2019-2025. De nuevo, saltan una serie de jugadas políticas y geopolíticas de corto y mediano plazo, movimientos, alianzas y decisiones que avivan las tensiones ya existentes y buscan generar nuevos puntos de inflexión y cambios de escenario. El dramático avance de la devastación económica y de la descomposición política e institucional del país, sumado al hostil panorama internacional, nos han llevado a tiempos de mucha mayor volatilidad, en comparación con el muy conflictivo 2017.

Sin embargo, todo esto va mucho más allá de los reacomodos del poder institucional y los potenciales cambios de mandatario. Ante el colapso del rentismo, del Petro-Estado y toda su institucionalidad, la disputa por la renta ha ido perdiendo centralidad y se va dirigiendo con más fuerza hacia la apropiación directa de los recursos y el control de los territorios.

Mientras casi toda la atención se centra en la llegada de un ‘desenlace’ en las cúpulas del poder, lo cierto es que desde hace ya varios años se viene produciendo un intenso proceso de des-territorialización1 y re-colonización a lo largo y ancho de la geografía venezolana, que está teniendo un extraordinario impacto no sólo en los tejidos sociales, en la correlación de fuerzas y en los ecosistemas y la reproducción de la vida socio-ecológica; sino en la propia forma de la soberanía política en el país.

Es claro que el Estado/Gobierno de Nicolás Maduro está jugando un rol clave en este complejo proceso de recolonización, al intensificar la lógica extractivista, aplicando un brutal ajuste económico sobre los territorios (zonas económicas especiales, mega-proyectos como el Arco Minero del Orinoco A.M.O., entre otros), al tiempo que se vuelve políticamente muy agresivo y autoritario, y ha suprimido de facto el estado de derecho (estado de excepción permanente, zonas militares especiales, etc.).

No obstante, por más que algunos análisis quieran omitirlo, no es el único actor en el juego. En realidad ni siquiera es un actor homogéneo y sólido. La crisis hegemónica que se produce desde 2013 con la muerte de Chávez y la metástasis de la corrupción, se unen a la extraordinaria crisis económica que colapsa y caotiza al país, lo que ha hecho que el Petro-Estado venezolano no sea hoy más que una colección de grupos de poder (que pueden tener conflictos y tensiones entre sí) y un conjunto de instituciones precarias y discontinuas.

El impacto de esta Gran Crisis (2013-2019) ha sido tan profundo, que ha removido y redimensionado las múltiples contradicciones y tensiones territoriales ya existentes, al tiempo que los territorios quedan abiertos ante los flujos salvajes de la actual globalización tardía y descompuesta. Lejos de ser homogénea, estamos ante una cartografía política fragmentada, muy movible y volátil: una parte de la sociedad venezolana, precarizada, migra desde la hueca economía formal hacia estas dinámicas de apropiación directa de los recursos y el control de los territorios; prolifera el paramilitarismo en sus diversas formas; bandas criminales y sindicatos mineros; sectores militares corrompidos que ejercen poder feudal; frentes de las guerrillas colombianas ‘desmovilizados’ (exFARC) o no (como el ELN); poderosos sectores ganaderos y terratenientes; y la creciente influencia/presencia, directa o a través de intermediarios, de las corporaciones transnacionales; entre otros. Es el capitalismo global 2.0 al desnudo.

Estos procesos no se pueden comprender en código binario/lineal, polarizado o sólo como los intereses de la Nación contra el Imperio. Los grupos en disputa pueden actuar basados en sus intereses particulares/locales o articularse hasta hacer parte de redes regionales, nacionales e internacionales, que conectan con mercados globales de recursos primarios, legales o ilegales. En estas múltiples escalas engranándose podemos hablar también de una geopolítica de la Región Guayana, una geopolítica de Los Llanos, una geopolítica de la Amazonía, etc.

En cualquier caso, todos estos actores mencionados son agentes de la acumulación por desposesión y de una u otra manera operan bajo lógicas bélicas. En esto, aunque no se articularan entre ellos, coinciden. Constituyen las diversas estructuras de poder que promueven una re-territorialización del despojo y la expoliación, y parecen llevar a Venezuela a re-configurarse como una o un conjunto de economías de enclave.

Cartografías del despojo, guerras y resistencias: algunas coordenadas

Es imposible dar cuenta de todas las múltiples tonalidades y rasgos de estas disputas territoriales a nivel nacional. Apenas si podemos mencionar algunas de ellas y sus tendencias de manera general.

Además del colapso del capitalismo rentístico, las zonas de enclaves petroleros han entrado en decadencia (al igual que las propias ciudades). Esto ha propiciado que las economías informales de extracción hayan tomado un muy importante auge. Las lógicas de apropiación y poder se van dirigiendo con mucha fuerza al control de las tierras, el territorio y las posibilidades de la extracción de materiales (oro, diamantes, coltán, madera, especies protegidas, etc) e incluso agua, así como al de la movilidad social, de mercancías, corredores estratégicos y de comercios transfronterizos.

En la región Guayana y la Amazonía –las que consideramos las nuevas fronteras de los commodities venezolanas– son tal vez las áreas donde presenciamos estas dinámicas con mayor crudeza. Las principales zonas del oro, en la Reserva Forestal de Imataca (al oriente del estado Bolívar), están siendo atravesadas por lógicas de guerra y se han creado feudos mineros dominados por bandas criminales, militares corruptos y/o sectores de la guerrilla colombiana, lo que no excluye la existencia de enfrentamientos armados con componentes de las Fuerzas Armadas, principalmente a través de operativos. Las nuevas fronteras de los commodities son claves en la reformulación del proyecto extractivista venezolano, pero al mismo tiempo lo son para el enriquecimiento y consolidación de intereses particulares y el posicionamiento territorial en relación al conflicto político nacional. Por eso es tan importante el devenir de lo que vaya ocurriendo en estas áreas.

Estos procesos han hecho metástasis en la zona, expandiéndose con mucha fuerza desde mediados de la década pasada, y en especial en este período de crisis actual. Se han intensificado en la cuenca del Caroní, en el Parque Canaima, en la cuenca del río Paragua, en el sur oriente de Bolívar (frontera con Brasil) y en el Caura, así como en los territorios Yanomami y en los municipios nor-orientales del estado Amazonas. Del mismo modo ha ocurrido con el coltán desde el nor-occidente de Bolívar hasta el eje carretero, y en la frontera de Amazonas con Colombia hasta el sur (oro).

Las disputas entre grupos armados y la instalación del proyecto del A.M.O. han generado violencia, muertes y desplazamientos. Varios pueblos indígenas han puesto resistencia, como han sido los pemón, yekwana, yabarana, wótjüja, yanomami, entre otros, aunque varias de estas comunidades se han también incorporado crecientemente a la actividad minera informal. En el caso de los pemón, desde hace varios años han luchado férreamente contra los desplazamientos y el despojo de estos grupos, y constituyen hoy uno de los principales bastiones de resistencia en estos territorios.

Estas operaciones de extracción se están expandiendo aceleradamente por todo el país, bajo una lógica de saqueo. No solo en el sur: minas metálicas (como las de oro en el estado Carabobo o en Yaracuy) o no metálicas (areneras, caliza, entre otras) proliferan en la geografía nacional, estas últimas también impulsadas en buena parte por militares corruptos que dan un usufructo personal de estas, generando deforestación, desvío de ríos y conflictos con poblaciones locales. Situación similar está ocurriendo con la madera.

En la extensa región de los Llanos, se han venido recrudeciendo las disputas por la tierra, que desde 2001 y hasta la fecha ha dejado un saldo de más de 350 campesinos asesinados. En el período de crisis, han venido arreciando situaciones de desalojos arbitrarios de tierras que habían sido recuperadas por comunidades campesinas, para así ser re-apropiadas por latifundistas. Los campesinos señalan que han sido abandonados desde instancias gubernamentales, que son asediados y perseguidos, criminalizados, judicializados, amenazados y en muchos casos asesinados a través de paramilitares y sicarios pagados por terratenientes y latifundistas. Las agresiones se han registrado al menos en los estados Barinas, Portuguesa, Monagas, Anzoátegui, sur del lago de Maracaibo (Zulia), Apure, Cojedes, Trujillo, Guárico o Mérida. En los últimos meses se han registrado asesinatos de campesinos, como el caso de dos de ellos pertenecientes al predio Hato Quemao (Barinas), el dirigente campesino del Partido Comunista de Venezuela, Luís Fajardo (sur del Lago) o recientemente (12/01/19) el de José "Caballo" de La Cruz Márquez, también en el sur del Lago.

El 12 de julio de 2018, un grupo de 200 campesinos que hacen parte de La Plataforma de la Lucha Campesina, inició una marcha desde Guanare (estado llanero de Portuguesa) recorriendo 430 kms a pie durante 21 días hasta llegar a la capital Caracas, en lo que representa una movilización inédita en Venezuela, y de grandes repercusiones políticas para los movimientos populares. Los campesinos exigen justicia por los asesinatos y denuncian cómo organismos de seguridad como la Guardia Nacional o la Policía Nacional Bolivariana habían participado de agresiones hacia ellos. A su vez, plantearon la necesidad de redireccionar el modelo agrícola, reconociendo a los campesinos como eje central de la soberanía alimentaria en el país. Estas movilizaciones revelan la necesidad de reorganización y relanzamiento del movimiento campesino, ante las crecientes amenazas a las que se ven expuestos.

Estados como Zulia y Táchira, como ya es sabido, son zonas sobrecargadas de intereses económicos y conflictos, claves en el mil millonario comercio ilegal de contrabando y extracción transfronterizo entre Venezuela y Colombia, pero además tienen incidencia en la dinámica de las conflictivas relaciones entre estos dos países. Numerosos actores armados –en buena parte, provenientes del conflicto colombiano– han incursionado y se han posicionado en diversos territorios, y hacen parte de intensas disputas por el control de los mismos, así como de los negocios de la gasolina, alimentos, entre otros. Quisiéramos destacar, para el caso del Zulia, el asedio en los últimos años que han sufrido los indígenas en la Sierra de Perijá (yukpas) y La Guajira (wayuu), siendo que esto se ha intensificado con las familias del asesinado cacique Sabino Romero y la cacica Carmen Fernández, lo cual se evidenció con el secuestro y tortura que sufrió la docente yukpa Mary Fernández, hija de Carmen, y el desplazamiento forzado del que fue objeto la comunidad de Kuse –liderada por la mencionada cacica.

Por último, las zonas urbanas, atravesadas por la precariedad, son áreas donde se producen intensas disputas por el control de barrios, comercio y corredores estratégicos. Bandas criminales han logrado ampliar su capacidad de organización y fuego, e incluso se han logrado articular con sectores corruptos de los cuerpos de seguridad del Estado. Estos últimos llevan adelante frecuentes operativos de choque en barrios populares (como ha sido la Operación para la Liberación del Pueblo) y el despliegue de fuerzas especiales a lo largo y ancho de las ciudades, los cuales actúan sin mayor regulación.

El juego está bastante abierto y la geografía venezolana cruje, jaloneada por múltiples actores del despojo y la re-colonización. Cuando de a ratos, en la escena de la política partidista las cosas parecen estacionadas, en la materialidad de las localidades, estos procesos avanzan vertiginosamente, evidenciado que, en buena medida, en Venezuela la disputa es por los territorios.

Epílogo. ¿Re-pensar un proyecto emancipatorio, en tiempos muy conflictivos?

Es difícil no analizar estos escenarios y hacer parangones con otras experiencias, como la colombiana, Centroamérica, o algunos casos africanos como el de Congo. En este caso, la pregunta es si presenciamos la instalación territorial de estructuras, y sobre todo, lógicas de poder mediadas por la guerra. Y de ser cierto, la consiguiente pregunta sería cómo revertirla. Es fundamental, no desmayar en los intentos de la construcción de una alternativa política para el país, que vaya más allá de los dos grandes proyectos neoliberal/autoritarios en disputa (Gobierno de Maduro y Frente Amplio/Voluntad Popular et al), y que pueda permitir el re-surgimiento de las potencialidades populares y el nacimiento de nuevas culturas políticas que tributen a la vida socio-ecológica. Si el escenario no es reversible en los próximos plazos, es evidente que los pueblos tienen derecho a la defensa propia. En ese caso, esto supone re-pensar un proyecto emancipatorio, en tiempos muy conflictivos.

Emiliano Terán Mantovani es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela e investigador asociado al Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES)


1 Entendiendo ‘desterritorialización’ como un proceso de ruptura y trastocamiento de una territorialidad determinada, de sus configuraciones socio-culturales, metabólicas y ecológicas. La desterritorialización en el sistema capitalista suele estar determinada por la apertura forzada y violenta de nuevos procesos de despojo y acumulación de capital, y para los países del Sur Global puede comprender formas de pérdida de territorio.

15/01/2019

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321 activistas de los derechos humanos fueron asesinados en 2018

Los asesinatos tuvieron lugar en 27 países y el 77% de ellos se perpetraron contra activistas ambientales, según Front Line Defenders. La organización destaca que el uso de la violencia contra defensores de los derechos humanos es generalizado, además de una tendencia hacia legislaciones restrictivas que entorpecen y limitan el trabajo activista

 

La lucha por los derechos humanos, la tierra, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas se cobra sus víctimas a punta de pistola. Y no son caso aislados. Nada menos que 321 defensoras de los derechos humanos, en al menos 27 países, fueron asesinadas en 2018, tal como indican los datos recopilados por Front Line Defenders, una organización especializada en la protección de “las personas que trabajan, de forma no violenta, por cualquiera o todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.


La cifra real de asesinatos, sin embargo, “casi con certeza, es superior a esta”, como aseguran desde la organización. Y tres de cada cuatro de esos asesinatos han tenido como blanco activistas ambientales, según destaca la federación Ecologistas en Acción.


El último informe de la Front Line Defenders, titulado Basta de Asesinatos, destaca que estos ataques no son hechos aislados, sino que van precedidos de acoso judicial, amenazas y ataques físicos. En concreto, el 49 % de las personas asesinadas habían recibido previamente amenazas de muerte y, tal como destacan desde Ecologistas, “en la mayoría de los casos, las activistas no recibieron ni la protección ni el apoyo necesario por parte de las autoridades estatales”.


Para Front Line Defenders, “el uso de la violencia mortal para silenciar a quienes defienden los derechos de las personas más vulnerables sigue siendo generalizado y endémico en varios países”. De hecho, 2018 es el año en el que la organización ha recopilado un número mayor de asesinatos, nueve más que el pasado año.


La persecución y criminalización de activistas tiene, además, el agravante de género. Activistas y defensoras del medio ambiente “sufren agresiones sexuales por parte de actores estatales y no estatales”, incluso dentro dentro de sus movimientos sociales, destaca el informe. Violaciones, abusos sexuales, hostigamiento y persecución de sus hijos, campañas de desprestigio cuestionando su compromiso con sus familias o su eliminación e imposibilidad de acceder a cargos de alto rango en ONG, estructuras públicas o sindicatos son algunas de las realidades recopiladas en el informe.


UN MUNDO MÁS RESTRICTIVO


Por si no bastaba con todo esto, el análisis global de Front Line Defenders remarca una tendencia hacia “una legislación restrictiva dirigida a limitar el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos”. Como indican desde Ecologistas en Acción, “los gobiernos legislan en torno a las amenazas a la ‘seguridad nacional’ como una excusa para censurar y criminalizar movimientos sociales”. Asimismo, “las autoridades utilizan con frecuencia la vigilancia telefónica y electrónica centrándose en activistas ambientales y defensoras LGBTIQ”, añaden.


Serlinda Vigara, portavoz de la federación ecologista, señala que “los asesinatos son solo la cara más visible de un sistema que pretende silenciar a todas aquellas personas que se enfrentan a los intereses corporativos y estatales al defender, día tras día, modos de vida alternativos frente a la crisis social y ecológica que afrontamos”.
Por ello, desde el colectivo muestran su “máxima preocupación” por los datos del informe y exigen “la implicación de gobiernos e instituciones internacionales en la lucha contra estos crímenes y hostigamientos”. En concreto, instan a “impulsar y establecer marcos normativos nacionales e internacionales jurídicamente vinculantes sobre empresas transnacionales y derechos humanos, que establezcan regulaciones de obligado cumplimiento e impongan sanciones frente a las violaciones de derechos humanos”.

Por REDACCIÓN EL SALTO

PUBLICADO
2019-01-15 11:25:00

 

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Alexandria Ocasio-Cortez y la política del baile

Se cuenta que Emma Goldman, gran pensadora anarquista, escritora y activista por la justicia social de principios del siglo XX, manifestó alguna vez: “Si no puedo bailar, no quiero ser parte de tu revolución”. Si bien es posible que no haya pronunciado exactamente estas mismas palabras, el sentido de la frase tuvo su actualización en el Congreso de Estados Unidos la semana pasada cuando empezó a circular en las redes sociales un video de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez bailando con amigos cuando era estudiante de la Universidad de Boston, hace 10 años. El video salió a la luz en un intento fallido de desacreditar a la nueva integrante del Congreso mientras asumía como la mujer más joven electa para integrar la Cámara de Representantes en la historia de Estados Unidos.

La respuesta de Ocasio-Cortez a las críticas en internet fue concisa y brillante: un tuit con un video de ella bailando mientras se dirigía a su nueva oficina del Congreso. El video captó una atención tremenda. Lo que se pasó por alto fue el son al que bailaba: el clásico himno contra la guerra de 1970, “War”, cantado por Edwin Starr. Este tema se convirtió rápidamente en el número uno en el verano de 1970 y ha sido un importante himno contra la guerra desde entonces. “Guerra / Para qué sirve / Para absolutamente nada”, dice el estribillo. Ocasio-Cortez va pronunciando las palabras mientras baila hacia la puerta de su oficina en el Congreso.

El sitio web de la campaña de Ocasio-Cortez detalla una serie de políticas progresistas, entre las que se incluye la propuesta de una “economía de paz”. “Desde 2018 participamos en acciones militares en Libia, Siria, Irak, Afganistán, Yemen, Pakistán y Somalia. Cientos de miles de civiles en estos países han muerto como daño colateral de los ataques estadounidenses o por la inestabilidad causada por las intervenciones de Estados Unidos. Millones más han huido de sus fracturados países, lo que contribuye a la crisis mundial de refugiados (…) Debemos poner fin a la “guerra eterna” implementando la retirada de nuestras tropas y poniendo fin a los ataques aéreos que perpetúan el ciclo del terrorismo en todo el mundo”.

Ocasio-Cortez corrigió recientemente a Sean Hannity, presentador de Fox News y asesor no oficial del presidente Donald Trump, quien la acusó de la herejía de exigir el “fin de los ataques aéreos militares”. La representante respondió con un tuit en el que afirma estar a favor de “acabar con las guerras injustas” por completo.

Desde su victoria en las elecciones primarias demócratas para representar al 14° Distrito de Nueva York, en las que derrotó al poderoso demócrata Joe Crowley, en aquel momento congresista en funciones, Ocasio-Cortez ha sido atacada regularmente por la derecha. En julio del año pasado declaró en una entrevista para Democracy Now!: “Los temas en los que basé mi campaña eran muy claros y creo que fueron una parte importante de nuestra victoria: mejorar Medicare y ampliarlo a toda la población, educación superior pública gratuita, un New Deal ecológico, justicia para Puerto Rico, una plataforma sin concesiones en torno a la reforma de la justicia penal y el fin de la guerra contra las drogas, y también afrontar al poder con la verdad y hablar sobre el dinero en la política”.

El New Deal ecológico —en referencia a las políticas implementadas en Estados Unidos por el presidente Franklin D. Roosevelt para luchar contra los efectos de la Gran Depresión de 1929— exige una descarbonización rápida y radical de toda la economía, con una transición de los combustibles fósiles hacia fuentes de energía renovable, con la esperanza de evitar los peores efectos del cambio climático mientras aún quede tiempo. El New Deal ecológico también exige una “transición justa”, que asegure que los trabajadores desplazados de las industrias a cerrar, como la minería del carbón, obtengan el apoyo que necesitan para pasar a otro trabajo productivo.

Ocasio-Cortez se unió a una protesta del movimiento Sunrise, liderado por jóvenes, que tuvo lugar en la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Ocasio-Cortez estaba reclamando que la nueva mayoría demócrata de esta cámara promoviera un “Comité Selecto para un New Deal ecológico”, que tendría amplia autoridad, incluido un poder de citación, para impulsar el proyecto. Claramente, la campaña de presión tuvo efecto, pero no alcanzó las demandas de los activistas. Pelosi reactivó el Comité Selecto de la Cámara de Representantes para la Crisis Climática pero con carácter exclusivamente asesor. La nueva presidenta de ese comité será la demócrata Kathy Castor, de Florida, quien, según críticos, ha recibido decenas de miles de dólares de intereses de los combustibles fósiles (aunque un portavoz de la congresista manifestó que iba a renunciar a tales contribuciones en el futuro). Ocasio-Cortez tuiteó en respuesta: “No tenemos tiempo para quedarnos de brazos cruzados mientras nuestro planeta arde. Para las personas jóvenes, el cambio climático es más importante que la elección o la reelección. Es un asunto de vida o muerte”.

En la ceremonia de jura en el Congreso el 3 de enero, la representante Alexandria Ocasio-Cortez vistió de blanco, según indicó, “para homenajear a las mujeres que pavimentaron el camino antes que yo, y para todas las mujeres que están por venir. Desde las sufragistas hasta Shirley Chisholm, no estaría aquí si no fuera por las madres del movimiento”.

Alexandria Ocasio-Cortez respeta a sus mayores. La vieja guardia del Congreso, tanto republicana como demócrata, no debería temer que esta mujer, la más joven en ser electa para el Congreso, se ponga a bailar en círculos a su alrededor. En su lugar, deberían imitar sus pasos.

Columna 11 de enero 2019

Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta

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Constituciones para un mundo social y ecológicamente sostenible

Tras la lectura de 37 textos constitucionales, el autor concluye que la mayoría no recoge la sostenibilidad ecológica como pacto de convivencia


Las constituciones hablan de lo que una sociedad considera importante normativizar. Son producto de la correlación de fuerzas entre las clases sociales y las dinámicas de poder. A veces son impuestas, otras pactadas entre fuerzas desiguales y otras son conquistadas. También son hijas de su tiempo. Aunque no siempre se aplican, pueden servir para hacer valer determinados derechos. En ocasiones hablan de los sueños de los pueblos. Son producto de la realidad, pero también la crean.


Estamos a las puertas de un grave deterioro de las bases materiales que permiten la vida de las personas, de los pueblos y de los ecosistemas complejos de los que dependemos para nuestra supervivencia. La mayoría de las constituciones han sido escritas desde la cosmovisión de un sistema económico en crecimiento. Sin embargo la economía ecológica nos muestra que los bienes que permiten la vida están siendo esquilmados por un sistema económico que necesita crecer a toda costa. Esto se manifiesta en problemas como la pérdida grave de biodiversidad, la menor cantidad de agua dulce y suelo fértil, el calentamiento global o el declive energético.


La mayor parte de las constituciones no están preparadas para cambiar el rumbo hacia una sostenibilidad ecológica y social imprescindible para seguir habitando –y con dignidad– en la biosfera.


Estamos en un momento de la historia en el que es necesario incluir la sostenibilidad ecológica en el rango más alto de los pactos de convivencia, o no habrá convivencia posible.
Tras la lectura de 37 constituciones, incluida la española1, se puede afirmar que la mayor parte de ellas, si bien hacen alguna mención a la protección del medio ambiente, ponen por delante la producción y el crecimiento económico, tanto en extensión como en jerarquía normativa, con alguna excepción: “El Estado asegura al pueblo un ambiente de vida y condiciones laborales, cultos e higiénicos, al adoptar medidas para la protección del medio ambiente anteponiéndolo a la producción, para conservarlo y acondicionarlo y prevenir su contaminación” (República Popular de Corea).


Muchas constituciones entienden el medio ambiente sólo en términos de “recurso” al servicio del crecimiento económico y de la producción industrial.


Con frecuencia se reduce el bienestar a una perspectiva monetaria, ignorando que para que el bienestar exista, cuando no la supervivencia, tiene que haber agua limpia, atmósfera respirable, temperatura equilibrada, biodiversidad y tierra no contaminada.


Las referencias a la seguridad nacional, con frecuentes alusiones a ejércitos y fronteras, prácticamente nunca incluyen las amenazas, tal vez mayores, procedentes del deterioro ecológico.


Unas pocas constituciones ponen la sostenibilidad como tema central y la desarrollan. La de Bolivia nombra con detalle muchos aspectos de la sostenibilidad tales como la soberanía alimentaria, la protección de la biodiversidad, la conservación de los suelos, la prohibición de los depósitos de residuos nucleares, las energías renovables, la prohibición de privatización de los hidrocarburos o la prohibición de incluir recursos naturales en el mercado de valores. La constitución iroquesa habla del agradecimiento a la tierra. Por el contrario en algunas constituciones como la de Emiratos la tierra es invisible, no es nombrada, ni regulada, ni protegida. En la finlandesa se habla de los derechos de la naturaleza. La constitución de Bután va más allá: “El Gobierno debe asegurar que, con el objetivo de conservar los recursos naturales del país y de prevenir la degradación del ecosistema, un mínimo del 60% de la tierra de Bután se mantenga virgen siempre”.


Algunas constituciones introducen los “derechos” o referencias a las generaciones venideras, entre otras la de Argentina, Bután, Cuba, Bolivia, Egipto, Noruega, Portugal, Sudáfrica o la antigua constitución iroquesa. Los derechos de las próximas generaciones tienen numerosas implicaciones, pues significan incluir la sostenibilidad como eje vertebrador, es decir, la capacidad de sobrevivir como comunidad en el futuro.


Es un asunto clave para las constituciones de Egipto, Bután, Cuba, Corea o Bolivia que la propiedad de los bienes naturales pertenezca al pueblo. En la constitución iroquesa la propiedad de suelo es de quien vive en él, en la de Bután se reafirma en varias ocasiones “la posición superior del Estado en la posesión y control de los recursos naturales, frente a posibles injerencias de multinacionales”, mientras que la de Lituania afirma explícitamente: “Las entidades extranjeras pueden adquirir la propiedad de la tierra, de las aguas interiores y de los bosques en la República de Lituania de acuerdo con una ley constitucional”.


La constitución española tiene un enfoque marcadamente productivista, exalta el mercado y, en buena medida, pone al servicio de éste el resto de cuestiones. En el artículo 38 “se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”.


No está actualizada al momento y contexto actual. Y menos a las dificultades ecológicas y sociales de los tiempos venideros. Y además está configurada de modo que es difícil hacer cambios.


Aparece el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, pero sin obligación de que esto sea así. Es un principio rector que, aun siendo importante, no es un derecho fundamental reivindicable sino una orientación genérica para el Estado. Aunque el artículo 45 abre una pequeña puerta: “Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”, lo deja en manos de un desarrollo posterior: “Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado”.


El artículo 53 establece una jerarquía priorizando los derechos del capítulo segundo y dejando en un menor nivel los del capítulo tercero donde se encuentra el derecho a disfrutar de un medio ambiente. No tiene las garantías que corresponden a otros derechos subjetivos de obligado cumplimiento. Y sólo es exigible ante los tribunales de acuerdo con las leyes que lo desarrollen. Esto supone una dificultad injustificada para asegurar una salvaguarda activa y eficaz de nuestro entorno2.


Globalmente no muestra interés en el medio ambiente. Y puede interpretarse que lo deja vulnerable en el espacio de una posible mercantilización.


Curiosamente, aun cuando la constitución de la II República Española refleja la práctica inexistencia de preocupaciones ecológicas de la época, se refiere a la naturaleza como riqueza y no como recurso. Además de proponer la socialización de las riquezas naturales.


La palabra “tierra” aparece sólo dos veces y una para referirse al “Ejército de tierra”. El bosque no es nombrado aunque sí “los aprovechamientos forestales”. El hecho de que aparezca 38 veces la palabra economía (o derivados) y ninguna la palabra ecología indica la simplista visión economicista de la realidad y la ignorancia de la dependencia ecológica que tiene la sociedad. Tras haber sido reformada en 2011 (cuando ya la sensibilidad ecológica mundial era mucho mayor) la única vez que aparece la palabra “sostenibilidad” en el artículo 135 es para hablar de sostenibilidad económica.


Tras la polémica incorporación del artículo 135 no se ha visto, sin embargo, necesario incorporar cuestiones como la lucha contra el cambio climático o la conservación y restauración de la biodiversidad.


Cualquier constitución que pretenda mantener a la sociedad en convivencia con la biosfera de la que depende ha de incluir las siguientes propuestas.


1. Explicitar y defender la sostenibilidad ecológica y social como objetivo central y eje vertebrador de la constitución.
2. La sostenibilidad ecológica y social ha de tener un rango de máxima jerarquía.
3. Cuando existan incompatibilidades entre desarrollo económico y sostenibilidad ecológica ha de ponerse esta segunda por delante, ya que si no hay sostenibilidad ecológica finalmente no la habrá económica.
4. Ha de proteger la propiedad colectiva y el bien común.
5. Ha de reinterpretar el concepto de seguridad incorporando la seguridad ecológica y de cuidados.
6. Ha de incluir el análisis de la economía ecológica en las propuestas económicas, reconociendo los límites de los recursos y la dependencia de las sociedades y sus economías de la base material de la vida.
7. Ha de proteger la sostenibilidad local y global en los tratados internacionales.
8. Ha de tomar un papel proactivo en la lucha contra el cambio climático, la transición energética, la defensa de la biodiversidad y la prohibición y limitación de residuos peligrosos.
9. Ha de defender la propiedad colectiva de los bienes ecológicos clave para la sostenibilidad.

10. Ha de defender el principio de precaución en la extracción, producción y emisión de residuos cuando las consecuencias son inciertas, complejas o poco estudiadas.
11. Debe incluir referencias en torno a la soberanía alimentaria y la agroecología, el equilibrio ecológico, la movilidad sostenible y la limitación de la insostenible; la conservación de las aguas, el aire y los suelos, la prohibición de armas químicas, la limitación y prohibición de los depósitos de residuos nucleares, el desarrollo energías alternativas y renovables, la protección de los recursos genéticos y microorganismos; la restauración de la biodiversidad en riesgo de extinción, la prohibición de incluir recursos naturales en el mercado de valores, el desarrollo de tecnologías sostenibles, el derecho a la información ambiental, el fomento de la investigación en sostenibilidad, el desarrollo de la educación para la sostenibilidad.
12. En un contexto de escasez de recursos ha de poner algún tipo de freno a la acumulación privada de bienes naturales.
13. Ha de defender la participación de la población en la gestión ambiental y la defensa de la naturaleza.


Una constitución no cambia en sí misma la realidad, pero permite la transición a una sostenibilidad cada vez más urgente, respaldando los cambios, limitando el rumbo insostenible y ayudando a cambiar la percepción de la realidad. No tenemos muchas más oportunidades.


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Referencias
1. Argentina, Bélgica, Bolivia, Bulgaria, Bután, Chile, China, República Democrática de Corea, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Emiratos, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Guayana Francesa, India, Islandia (frustrada), Italia, antigua constitución Iroquesa, Letonia, Lituania, Marruecos, Noruega, República Española, Rojava, Países Bajos, Portugal, Rumanía, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Vaticano.
2. Informe ECODES diciembre 2015
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Fernando Cembranos es psicólogo y sociólogo. Miembro de la Comisión de Educación Ecológica. Ecologistas en Acción.

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Declarados culpables siete de los ocho acusados del asesinato de Berta Cáceres

Entre los condenados por el crimen de la activista se encuentra un ejecutivo de la empresa DESA, que impulsa la construcción de la hidroeléctrica, además de un oficial activo del Ejército y otro retirado, que fue empleado de la compañía.

Un Tribunal de Honduras ha declarado culpables este jueves a siete de los ocho acusados por el asesinato en 2016 de la activista hondureña Berta Cáceres, que lideraba la oposición contra la construcción de una presa hidroeléctrica en territorio indígena.


Organismos humanitarios locales e internacionales han advertido de que la decisión del juez permite que queden impunes los empresarios que impulsaban la construcción, a quienes señalan como los autores intelectuales del crimen.

Los siete condenados se podrían enfrentar a una pena de hasta 30 años de prisión por el ataque contra la ambientalista. Cuatro de ellos podrían recibir una pena adicional de hasta 20 años, tras ser hallados culpables también del intento de homicidio del activista Gustavo Castro, que resultó herido durante la agresión.


Otro de los implicados fue absuelto de todos los cargos, según ha señalado a Reuters el portavoz del Tribunal Supremo de justicia, Melvin Duarte.


Cáceres, una maestra de 43 años ganadora del premio Goldman, el máximo galardón en materia medioambiental, fue asesinada a tiros en su residencia la noche del 2 de marzo de 2016 en un crimen en el que participaron empleados de la empresa, sicarios y miembros del ejército, según las autoridades.


El Tribunal ha fijado la vista de la sentencia para el 10 de enero de 2019.


La dirigente de la etnia Lenca libraba una fuerte oposición a la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca por considerarla destructiva para el medioambiente y que acarrearía el desplazamiento de la comunidad indígena de la zona.


Entre los condenados por el crimen de Cáceres se encuentra un ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que impulsa la construcción de la hidroeléctrica, además de un oficial activo del Ejército y otro retirado, que fue empleado de la compañía.


Honduras es escenario de habituales confrontaciones entre poblaciones indígenas y campesinas con emprendimientos mineros o hidroeléctricos, sectores donde el Gobierno del presidente del país, Juan Orlando Hernández, alienta la inversión.


"La Justicia no es total pues los empresarios dueños de DESA no han sido investigados y menos encausados, aunque ellos son los responsables intelectuales del crimen de mi madre. Ellos quedan impunes", ha señalado a Reuters Olivia Zúñiga, una de las hijas de Berta Cáceres.


La empresa ha rechazado las acusaciones de responsabilidad en el crimen de la ambientalista, al igual que contra el ejecutivo de la compañía enjuiciado.


Roberto David Castillo, otro ejecutivo de DESA que se desempeñaba como presidente ejecutivo y quien ha sido señalado por el Ministerio Público como autor intelectual del crimen, está siendo juzgado separadamente.

TEGUCIGALPA
30/11/2018 09:44 Actualizado: 30/11/2018 09:44

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Venezuela y Rusia evalúan nuevos proyectos de inversión en el Arco Minero del Orinoco

En una reunión en Caracas, autoridades de ambas naciones revisaron contratos de exploración y explotación en las reservas auríferas en el país suramericano

Venezuela y Rusia evalúan la viabilidad de proyectos de exploración y explotación en el Arco Minero del Orinoco, una zona de 114.000 kilómetros cuadrados con riquezas minerales, situada al sureste del estado de Bolívar.


El ministro de Desarrollo Minero de Venezuela, Víctor Cano, y el embajador de Rusia en el país suramericano, Vladimir Zaemskiy, se reunieron esta semana en Caracas y revisaron "condiciones, indicadores, ejes de negociación y garantías de la actividad productiva minera", dijo Cano, vía telefónica, a este medio.


El ministro Cano informó que en la reunión se expusieron las capacidades de Venezuela en el área minera, "con el objetivo de atraer la inversión extranjera e impulsar el apoyo tecnológico" en ese ámbito.


El titular de la cartera destacó que la discusión de los nuevos proyectos planteados sirve de antesala a la reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel (CIAN) Rusia-Venezuela, prevista a efectuarse en el primer trimestre del 2019.


La CIAN es una instancia intergubernamental, creada desde 2004, donde ambos países abordan proyectos en las áreas de energía, agroindustria, minería, técnico-militar y comercialización.


Acuerdos previos


Uno de los acuerdos discutidos en la reunión contempla la posibilidad de que profesionales venezolanos viajen a Rusia para un intercambio científico-técnico. Otro de los convenios incluye el fortalecimiento de los laboratorios del Instituto Nacional de Geología y Minería en Venezuela para avanzar hacia una actividad "menos invasiva" con el ambiente.
El Ministro expresó que los acuerdos, además, implican la dotación de insumos para potenciar el área geocientífica en el país suramericano: "Es parte del apoyo que nos brindan instituciones rusas para adquirir partes y piezas. La idea es que estén a la disposición para nuestros proyectos mineros", agregó.
Diamantes y basalto


En el encuentro, Venezuela y Rusia analizaron el potencial diamantífero correspondiente al área 1 del Arco Minero del Orinoco, específicamente en la población de Cuchivero, en Guaniamo. Allí, de acuerdo con estudios preliminares del ministerio venezolano, se calcula la existencia de 40 millones de toneladas de depósitos de diamantes.


Según el Ministro Cano, el objetivo es evaluar los bloques potenciales para la explotación y los términos de negociación.


Otra área en estudio es la propuesta de una empresa rusa para la producción de fibra a partir del basalto, una roca volcánica de color oscuro con grandes reservas en territorio venezolano.


Cano detalló que con el basalto se puede crear, por ejemplo, "una fibra resistente y menos pesada que el acero y el hierro, que sirve para fabricar cabillas y mallas, como refuerzo de estructuras de concreto".

Publicado: 30 nov 2018 03:15 GMT 

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De la “guerra comercial” a la guerra económica global

Cuando hablamos de guerra económica, lo primero que se nos viene a la cabeza es una disputa entre bloques (EEUU, China y Unión Europea, principalmente), pero la verdadera guerra económica vigente es la que el capitalismo en su conjunto está librando contra la humanidad y el propio planeta.

El capitalismo nos conduce de manera acelerada al colapso ecológico y a un abismo de mayor violencia, autoritarismo y desigualdad. Para desmantelarlo, se hacen necesarios diagnósticos certeros sobre su dinámica interna (principales apuestas, límites, conflictos), que nos permitan poner palos en la rueda capitalista a la vez que impulsamos alternativas que pongan la vida, el trabajo y el bien común en el centro.


Pero no es un ejercicio sencillo. Vivimos en un sistema incierto y sobrecomplejizado, en el que la velocidad, la escala y la interdependencia en la que se desarrollan relatos, procesos y acciones dificultan la elaboración de radiografías atinadas de lo que nos ocurre.


En el ámbito económico, hasta el estallido financiero de 2008, imperaba un consenso multilateralista en la agenda hegemónica, que apostaba por acumular tratados comerciales, megaproyectos y organismos internacionales en favor del mercado global. Hoy, en cambio, son de actualidad conceptos como guerra comercial, proteccionismo, aranceles, complejo industrial-militar, disputa energética, cuarta revolución industrial (4RI), etc. Y estos definen la actual coyuntura, en el marco de una guerra económica a escala global.


¿Asistimos a un giro en la agenda hegemónica? ¿Han perdido los tratados su rol estratégico tras el congelamiento del TTIP y el avance de gobiernos como el de Trump? ¿Se consolida un escenario des-globalizador en el que prima el proteccionismo estatal? ¿Son los aranceles el centro de la disputa entre bloques corporativo-regionales?


Para responder a estos interrogantes parece necesario discernir lo relevante de lo mediático, complejizar el análisis de la realidad. Con ese ánimo abordamos el reto de definir guerra económica como un fenómeno innegable, pero que debemos situar dentro de las señas de identidad del capitalismo actual.


Cuando hablamos de guerra económica, lo primero que se nos viene a la cabeza es una disputa entre bloques (EEUU, China y Unión Europea, principalmente, de la mano de sus transnacionales), atravesada además por conflictos entre diferentes tipologías de capital (financiero, industrial-militar, digital, extractivo, etc.). Siendo esta la acepción comúnmente aceptada, es solamente una parte de algo más amplio: la verdadera guerra económica vigente es la que el capitalismo en su conjunto está librando contra la clase trabajadora, la humanidad y el propio planeta.


El capitalismo atraviesa un momento especialmente crítico, en el que a las escasas expectativas de reproducción de un enorme excedente financiero se le une la incuestionable merma de la base física en la que opera el sistema. Cómo sostener la acumulación de capital en un contexto de bajo crecimiento, cómo hacerlo con menos recursos materiales y energéticos, y además en un contexto de crisis climática, define su gran paradoja presente.


Para tratar de salir de esta, lanza una virulenta ofensiva en forma de capitalismo del siglo XXI. Su principal objetivo es derribar cualquier barrera (geográfica, política, sectorial) a la mercantilización capitalista a escala global. Todo, de este modo, debe convertirse en espacio de acumulación capitalista. Nada, en sentido contrario, puede impedir el flujo natural del comercio y la seguridad de las inversiones. Y como esta apuesta tiene un alcance limitado, se pretende iniciar una nueva onda económica expansiva de la mano de la 4RI (inteligencia artificial, robotización, automatización, etc.), que permita ampliar exponencialmente la productividad y los sectores de reproducción del capital de la mano de las megaempresas digitales.


Este y no otro es el principal exponente de la guerra económica en ciernes: el conflicto entre un capitalismo caníbal —que exacerba su matriz dictatorial, desigual e insostenible— y la propia vida.


No obstante, la actual coyuntura también exacerba los conflictos intracapitalistas. Quienes detentan el poder compiten por el menguante pastel del crecimiento económico. Se trata de conflictos que no ponen en cuestión la ofensiva capitalista —al menos por el momento, sin descartar hipotéticas escaladas bélicas—, delimitando su disputa dentro del marco de ciertos patrones estructurales vigentes. Destacamos tres, que definen el marco de lo posible para la guerra económica intracapitalista.


En primer lugar, las finanzas son el gran hegemón, imponiendo al sistema en su conjunto su naturaleza cortoplacista, inestable y auto-ultrarregulada en su favor a escala mundial. No hay agenda capitalista que no se adapte a este patrón, en mayor o menor medida.


En segundo término, las cadenas económicas se estructuran en lógicas globales, a partir del control que ejercen las empresas transnacionales. La interdependencia de agentes es muy significativa; toda medida en un territorio (aranceles, intereses, tipos de cambio, etc.) tiene una respuesta global y efectos secundarios cual boomerang, lo que dificulta una guerra abierta y total donde todas las partes tienen mucho que perder.


Y tercero: los capitales en su conjunto son conscientes de la crisis ecológica y de acumulación, por lo que la verdadera confrontación se centra en los materiales y fuentes de energía, por un lado, así como en tratar de tomar la delantera en sectores avanzados de la 4RI (datos, inteligencia artificial, comercio digital), por otro.
Por tanto, la guerra intracapitalista se inserta en los límites de una economía globalizada y financiarizada, que centra sus esfuerzos en superar la grave crisis de acumulación y el colapso ecológico, aunque ello conlleve una guerra abierta entre capital y vida.


Esta es la clave para caracterizar la actual guerra económica. Si analizamos la agenda de EEUU, principal percutor del estallido del consenso multilateralista, veremos cómo lo mediático no corresponde con lo estratégico. Así, frente a la supuesta primacía de la guerra arancelaria con China y la UE, y frente a la pretendida apuesta proteccionista sustentada en el America First y el congelamiento del TTIP, EEUU asume la guerra económica en su integridad. Pero siempre dentro de los tres patrones estructurales señalados, ofreciendo así una mirada diferente del concepto.


De esta manera, Wall Street es “quien manda aquí”, no la industria clásica y agroexportadora. La globalización se sigue imponiendo, por tanto, a la necesidad de protección. Las finanzas han conseguido hacer saltar por los aires todo intento de regulación financiera, rebajar los impuestos, elevar los tipos de interés y mantener un dólar fuerte, generar ofensivas contra monedas más débiles y sostener la firma de tratados comerciales como herramienta de blindaje corporativo (como evidencia la actualización del TLCAN), aunque aceptando la necesidad de negociar en mejores condiciones los acuerdos multilaterales como el TTIP.


Esta es la base de la agenda real, que se completa con la competencia salvaje con China por el control de los datos como materia prima —Europa se muestra bastante ausente en este sector—, así como por el desarrollo de nuevos servicios digitales como espacio de acumulación. Esta disputa, junto a la constatación del enorme superávit comercial chino y su control sobre la deuda pública estadounidense, convierten al gigante asiático y a su soberanía en el verdadero objetivo de la guerra intracapitalista, con Europa como convidado de piedra y escenario vulnerable por influenciar. El cuadro de la agenda mainstream concluye con el sostenimiento —también militar, si es necesario— del complejo extractivo de energía y materiales, ante el agotamiento global.


A partir de ahí se desarrollan otras medidas de rango menor, que tratan de contentar al resto de capitales: escaladas verbales belicistas (Rusia, Venezuela, acuerdo atómico, etc.) para favorecer al complejo industrial-militar e incremento limitado de aranceles para la industria doméstica y agroexportadora, que al menos compense el dólar fuerte y sostenga apoyos electorales. Pero todo ello sin la relevancia que le otorgan los medios, dada la interdependencia global que impide una guerra abierta.


En definitiva, EEUU como adalid de la guerra económica muestra que esta se libra fundamentalmente en el ámbito financiero, energético-material y en torno a la 4RI, cuestiones que no parecen estar en el foco mediático. Las finanzas son el eje sobre el que pivota el marco de lo posible, por lo que la apuesta globalizadora y en favor de los tratados se mantiene, con matices. Los aranceles y el proteccionismo estatal, en cambio, tienen un alcance limitado y con un fuerte componente retórico; solo hay verdaderas restricciones al flujo de personas, desde lógicas racistas. Mientras tanto, la guerra económica en sentido amplio se silencia, siendo la mayor amenaza.


En este contexto, ¿cómo enfrentar la guerra económica? En primer lugar, asumiendo la acepción amplia de confrontación con el capital. El cambio en la matriz económica desde claves ecológicas, feministas y de clase, la defensa de los bienes comunes y la disputa en torno a la 4RI —rompiendo el falso relato de la «economía colaborativa»— aparecen como prioridades estratégicas.


En segundo término, no teniendo que elegir entre un capitalismo u otro, uno multilateralista u otro más unilateralista. Ambos nos conducen al abismo social y al colapso ecológico. Por supuesto, se trata de frenar sin ambages el fascismo social y político, pero la alternativa nunca habrá de pasar por un universalismo abstracto y mercantilizado que también nos condena.


Romper esta dicotomía a la que nos empujan los mass media es un tercer eje prioritario, creando una agenda económica y comercial ajena por completo a los relatos y prácticas excluyentes y reaccionarias. Sin por ello denostar la disputa por las soberanías, no solo la estatal sino también la local, regional y global. Y la energética, alimentaria, feminista y popular, redefiniendo conceptos y perspectivas desde una mirada radical e inclusiva. Pese al ruido mediático, el antagonista es claro; el desafío es cómo hacerlo descarrilar.

 

Por Gonzalo Fernández
Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) - Paz con Dignidad

publicado
2018-11-23 11:15:00

 

Publicado enEconomía
EEUU y los grandes mercados emergentes frenan la lucha contra el cambio climático


Los BRICS -Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica- y la mayor economía mundial son las grandes rémoras al control de emisiones de CO2. Y, por ende, los principales causantes de que la temperatura del planeta suba por encima de los 2 grados centígrados en 2050. Un estudio de la consultora BCG compara sus políticas, sus inversiones y su tecnología junto a las de Alemania, adalid del cumplimiento de los Acuerdos de París.


Los gobiernos están aún muy lejos de adquirir conciencia plena de los efectos del calentamiento del planeta. Sus políticas son inadecuadas y abocan al desastre. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) lo advertía a comienzos del pasado mes de octubre. Persiste la idea de que las consecuencias del efecto invernadero son inevitables, fruto de la normal evolución de la Tierra y que la acción del hombre no resulta determinante.


Un cóctel explosivo que convierte en distopía la declaración de intenciones de los Acuerdos de París, de 2015, de lograr que el globo terráqueo no supere un calentamiento superior a los dos grados centígrados respecto a los niveles de la era pre-industrial a partir de 2020.


Superado el ecuador de esta primera fase de actuación, el IPCC no sólo alertan del freno que, para la consecución del tratado, supone la salida del pacto de la primera potencia mundial, por decisión expresa de la Administración Trump. También del riesgo aparejado de que, probablemente, no habrá más oportunidades de revertir la situación. Y de que los grandes mercados emergentes -China, Brasil, Rusia, India y Sudáfrica- tampoco están haciendo esfuerzos de la suficiente intensidad como para contribuir decididamente a la causa. Priman entre sus dirigentes el deseo de seguir con su ritmo de desarrollo, con medidas anacrónicas, propias de la revolución industrial, en la que los límites a las emisiones de CO2 nunca fueron un obstáculo.


Los expertos independientes del IPCC, además, han empezado a clamar contra el propio acuerdo. Lo consideran poco ambicioso. Aconsejan a la comunidad internacional que, si de verdad desean paliar los desastres que provocará el calentamiento global en el futuro, deberían tratar de lograr un repunte de temperatura más ambicioso, de 1,5 grados.


En juego está la brusca extensión de amplias franjas del territorio planetario que pasarán a registrar súbitos episodios de calentamiento extremo, de desabastecimiento de agua, de sequías y de miles de islas, primero, y zonas costeras, después, que quedarán irremediablemente sumergidas bajo el nivel de mares y océanos. Todos estos fenómenos afectarán a la vida diaria de cientos de millones de habitantes, provocarán flujos de migraciones, acabarán con la producción y la rentabilidad de vastas áreas agrícolas, destruirán los arrecifes de coral, imprescindibles para la subsistencia de millones de especies de la fauna y flora marinas y precipitará la extinción de especies terrestres. Y lo más irónico de todo -enfatiza el IPCC- es que se está en disposición de lograr contener el calentamiento a sólo 1,5 grados en sólo 22 años. De lo contrario, perdurará más de lo recomendable el uso de combustibles fósiles, desde el carbón hasta el gas o el petróleo, los mayores detonantes del cambio climático.


Reconversión de los mix energéticos


Hay estados, ciudades, empresas, inversores y asociaciones filantrópicas que han iniciado acciones en la dirección adecuada. Pero sin la involucración de las grandes potencias, los esfuerzos serán demasiado dispersos y vanos. De ahí que los investigadores carguen contra la permisividad en esta materia de EEUU y los mercados emergentes. A ellos les encomiendan especialmente que pongan en marcha medidas para corregir sus mix energéticos. Para reducir las emisiones de los combustibles fósiles. Y que apuesten todo a las energías renovables.


Incluso no dudan en hacer un llamamiento abierto a los ciudadanos de los países incumplidores para que castiguen en las urnas a los candidatos que no revelen un compromiso expreso en este desafío. Más allá de los partidos a los que representen. Su juicio es premonitorio. Con un control exigente -el reto de aumentar 1,5 grados la temperatura global para 2050- el nivel promedio del mar sería aproximadamente 17,7 centímetros menos que bajo un incremento de 2 grados. Mientras que, si se alcanzase esta cota, algo difícil de cumplir con los parámetros de actuación actuales, el derretimiento de las barreras de hielo de la Antártida será ineludible y propiciará catástrofes por todas las latitudes con subidas de los niveles de agua de los océanos. Sin contar con esta negra predicción sobre el continente del sur, el mar subiría diez centímetros más que si se limitara a 1,5 grados, con el consiguiente daño o desaparición de numerosos ecosistemas y, probablemente, transformaciones irreversibles, más a largo plazo, para frenar el cambio climático.


Pero, ¿cuál es el escenario actual en el que se mueven los grandes países contaminantes? Un reciente informe realizado por Boston Consulting Group (BCG) pasa revista a las iniciativas que se siguen en seis países -Alemania, EEUU y los BRICS que, juntos, son responsables de casi el 60% de las emisiones de CO2-, arroja luz sobre sus diferentes estrategias y añade argumentos sólidos al mensaje de Naciones Unidas de que el mundo aún dispone de doce años para tratar de evitar la catástrofe climática.


l estudio, dirigido por Jens Burchardt y Philipp Gerbert hacen hincapié en que la ausencia de la prioridad esencial para este cometido, una acción concertada global, implica para las naciones que se han enfrascado en la reducción de emisiones “se enfrenten a significativas desventajas”, porque sus iniciativas “les pasarán factura” en el orden macroeconómico. Incluso si programas ambiciosos como los que han empezado a implantar los líderes en el cambio climático, logran suprimir entre el 75% y el 95% del CO2, a través los avances tecnológicos implantados para tal misión, para 2050. Contribución que dejaría el alza de temperatura en 1,5 grados. Pero este escenario sombrío sólo se produciría a corto plazo.Porque, a la larga, “los obstáculos al crecimiento se convertirán en un motor indiscutible de prosperidad”. En línea con el tenor de otros informes como el de la Comisión Global sobre la Economía y el Clima (GCEC, según sus siglas en inglés) que pronostica un aumento del PIB mundial de 26 billones de dólares (equivalente a la suma de las economías de EEUU, Japón e Italia) si los gobiernos y las empresas focalizaran sus políticas y sus negocios al reto del cambio climático. A razón de 2 billones de dólares anuales en el próximo decenio. Aunque sus científicos advierten que, para ello, “hay que erradicar la idea de que suprimir la combustión de carbón y de otros combustibles fósiles es demasiado costoso”, dice Helen Mountford, directora del estudio.


El diagnóstico de BCG, que lleva la firma de su think-tank corporativo, el Instituto Henderson, pasa revista a tres escenarios: las políticas ecológicas en vigor en cada país; la aplicación de tecnología para la contención de emisiones científicamente probada y sus agendas reformistas encaminadas a la consecución del objetivo de limitar el calentamiento a los 2 grados que estipula el Acuerdo de París. Su conclusión es clara: “subyacen sobradas razones económicas y medioambientales para que los estados aceleren sus esfuerzos para mitigar el cambio climático” sin que haya motivos que impidan que “no empiecen ya” a paliar los efectos de las energías contaminantes.


El espejo alemán


Alemania surge como modelo a seguir. Para alcanzar tal aseveración se basan en otro estudio, en esta ocasión, realizado en colaboración con la empresa de investigación Prognos, que revela que el Gobierno germano está en la senda de reducir las emisiones de CO2 entre un 72% y un 93% de los niveles de polución de 2015, para el ecuador de este siglo. Lo que equivale -dice el informe- a unos recortes de entre el 80% y el 95% en relación a la cota de gases de efecto invernadero de 1990.


Un esfuerzo de reconversión energética que sitúa a Berlín ante un horizonte considerado ya como “económicamente viable”; incluso si siguiera su protocolo de actuación de manera unilateral; es decir, sin un conveniente consenso internacional, que impulsaría los distintos proyectos nacionales en todo el planeta. Si se diera este caso, Alemania lograría, sin problemas, la cota de recorte de emisiones de las bandas más anchas de su doble horquilla mencionada -la que se compara con las cotas de contaminación de 2015 y 1990- y añadiría más crecimiento a su economía; tan sólo con una mayor apuesta -e inversión- en tecnología. Cuantitativamente, exige un recorte de 62 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono y la eliminación de ciertos sectores industriales, que serían suplidos por segmentos de actividad. Y constantes inversiones. Toda reducción superior al 77%, además, requiere nuevos instrumentos tecnológicos para llevarla a cabo. Pero Alemania, uno de los líderes indiscutibles de la Revolución 4.0, la digitalización industrial, está en ello.


Según datos de la BDI, la patronal industrial alemana, el sector energético está en condiciones de abastecer con energías renovables -solar y eólica- el 80% de la demanda del país y de sustituir la generación eléctrica de carbón y lignito por gas. En paralelo, el resto de segmentos productivos se adaptarían con bastante diligencia a las nuevas pautas de consumo; desde la construcción hasta el transporte. Sin problemas de que se produzca caso de sobredimensionamiento del potencial energético renovable. También el escenario tecnológico resulta idóneo para que la biomasa supla, en el sector industrial, a los combustibles fósiles en los procesos de generación calorífica. Aunque los avances futuros deben concentrarse en ampliar la red de suministro energético, conseguir una mayor capacidad de almacenamiento, especialmente de baterías limpias, en crear un sistema de integración energética más flexible y en apostar por inversiones que ayudan a cambiar el parque automovilístico hacia los vehículos eléctricos o las sustituciones de caladeras y bombas de calor en hogares e industrias. Algo factible, si se tiene en cuenta que, por ejemplo, en la construcción, más del 80% de los edificios del país deben acometer obras de rehabilitación antes de 2050, lo que adelantaría la renovación hacia las energías de bajas emisiones contaminantes. O que, en el sector del transporte, los vehículos eléctricos hayan empezado a sustituir, no sin controversias sociales, aunque mínimas, las flotas de furgonetas comerciales, autobuses y otros servicios públicos o la red de camiones que circulan por las grandes autovías del país.
El coste de las inversiones necesarias para que Alemania alcance el objetivo de la reducción de dos grados es substancial: 1,6 billones de dólares hasta 2050. Casi el PIB español. Pero asumible, si se tiene en cuenta que esta cifra supondría apenas un 1,1% de su economía cada año. Además, si se descuentan el ahorro de los costes operativos, la cantidad se reduciría a menos de 20.000 millones anuales.


Europa y EEUU, en distinta dimensión


Las potencias industrializadas, incluidas mayoritariamente en el espacio europeo, y EEUU registran aún altas emisiones per cápita. A pesar de sus agendas industriales de bajas emisiones y la notable eficiencia de sus adelantos tecnológicos. Todos ellos, han aumentado su porción de suministros de electricidad en detrimento de los combustibles fósiles. Al igual que Alemania, gran parte de sus socios de la UE han minimizado su crudo-dependencia. Sin embargo, Europa, con perspectivas de pérdida demográfica en los próximos decenios, pese a los flujos de inmigración que recibe, no está ante el mismo escenario futuro que EEUU que, donde se espera un incremento de población de 67 millones de personas. Las necesidades de transporte en la primera potencia mundial serán una fuente mayor de emisiones. Aunque también hay otro notable hecho diferencial. EEUU tiene sobradas fuentes de energía en su territorio, fósiles y de otros orígenes, con las que puede jugar a la hora de modificar su mix energético.


En cualquier caso, el parón en la atención al cambio climático de la Administración Trump, que ha dado manga ancha a la contaminación industrial para espolear su producción y generar puestos de trabajo inmediatos -dentro de su política proteccionista- deja una brecha substancial entre ambas orillas del Atlántico. El impacto mínimo de las actuales políticas medioambientales entre Alemania, prototipo europeo, y EEUU arroja unas predicciones muy distintas. Así -señala el informe de BCG-, mientras la locomotora europea rebajaría su huella de emisiones en un 45% el mayor mercado del mundo lo haría en apenas un 11%. En 2050. De forma que el esfuerzo ecológico de la Casa Blanca debería ser mucho mayor en las próximas décadas.


El resto del mundo, a remolque


La mayoría de las economías emergentes anda en el furgón de cola. Aunque en longitudes de onda distintas. Todos siguen empleando tecnologías de bajo coste e intensivas en carbón. Causa de que sus emisiones per cápita “no sean sostenibles”, según BCG. Aun así, sus trayectorias son también ambivalentes. China espera un crecimiento de más del 300% de su PIB para 2050. Es, sin embargo, del grupo BRICS, el que más ha impulsado la agenda ecológica. Para ese año, con una población en descenso y con aumentos de la eficiencia energética y tecnológica, la gran factoría mundial aumentará un 6% sus emisiones. India, por su parte, tiene una proyección de incremento de su PIB del 700%, con fuerte expansión demográfica (un 26% más) y una apuesta decidida por el carbón, principal fuente de su tejido industrial. Doblará sus emisiones en 2050, lo que le convertirá en el segundo país más contaminante del planeta. Escenario similar al de los tigres asiáticos.


En Brasil, tanto la economía como su población crecerán a ritmos que harán ineludibles las subidas de las emisiones. En todos los sectores productivos. Por si fuera poco, la victoria de Jair Bolsonaro no invita al optimismo. En una nación en la que más del 40% de sus emisiones de gases de efecto invernadero procede de la agricultura, unos de sus motores exportadores. Sudáfrica, en cambio, es el que mejores perspectivas obtiene. Hasta el punto que reduciría sus emisiones, pese al fuerte repunte económico y demográfico, ya que se espera que su población crezca más del 40%. El país africano ha empezado a reemplazar centrales de generación eléctrica de carbón. El éxito de Rusia depende, en gran medida, de la demanda global de combustibles fósiles y de que transforme su agenda de reformas con mayores medidas de mitigación de la polución.


Ante esta tesitura, las voces internacionales en favor de acciones concertadas se dejan sentir cada vez con más fuerza. JP Morgan cree que, si EEUU no contribuye a parar el cambio climático, el 40% de su población, la que vive en zonas costeras, estará amenazada. Al Gore asegura seguir siendo optimista de que estalle una revolución sostenible. Y el presidente de la Cruz Roja, Peter Maurer, piensa que el cambio climático promoverá la conflictividad mundial y tendrá un impacto decidido sobre las crisis humanitarias y, en consecuencia, sobre los flujos de inmigración globales.

madrid
21/11/2018 11:37 Actualizado: 21/11/2018 11:37
DIEGO HERRANZ

Publicado enMedio Ambiente
Quemar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para abonar una nueva agenda común global

Una minoría creciente de los movimientos sociales creemos que estamos frente a una auténtica crisis sistémica y global o, para ser más exactos, ante una civilización fallida en fase de colapso. ¿Cómo debe ser la agenda para afrontar el futuro?

En octubre se celebró el Encuentro Islas Encendidas, un evento impulsado por la iniciativa Quórum Global con el objetivo de impulsar un proceso de confluencia desde abajo frente a la crisis democrática y ecosocial. Allí nos reunimos cerca de tres centenares de personas procedentes en su mayoría de ONG, pero también del movimiento feminista, antirracista, ecologista, vecinal, etc.


El Encuentro transcurrió en un clima de gran afinidad entre las personas y organizaciones participantes en torno a una idea central que fue repetida a lo largo de los tres días, “la necesidad de poner la vida en el centro frente a la lógica neoliberal y la emergencia de los fascismos”. Sin embargo, bajo este aparente consenso emergió una cuestión que resultó polémica, la relativa a si la nueva Agenda Internacional 2030 marcada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es un buen marco de referencia desde el que trabajar juntas para lograr ese objetivo común.


Una controversia que refleja, en esencia, la existencia de al menos dos interpretaciones radicalmente distintas de la crisis que estamos viviendo y que, en consecuencia, plantea hojas de ruta también diferentes que, lejos de poder confluir, comienzan a ser divergentes desde el mismo punto de partida: el diagnóstico. Mientras una mayoría de las organizaciones y los movimientos sociales aún consideran que lo que enfrentamos es básicamente una estafa económica, una minoría creciente entendemos que estamos frente a una auténtica crisis sistémica y global o, para ser más exactos, ante una civilización fallida en fase de colapso.
Los ODS un documento sin diagnóstico


Lo primero que llama la atención cuando se analizan los ODS es que carecen de un diagnóstico acerca de las realidades sobre las que se quiere actuar, proponiendo 17 objetivos y 169 metas, sin el más mínimo argumento que los justifique y permita comprender su razón de ser. No hay nada, ni siquiera un somero diagnóstico que nos ayude a comprender cuáles son las causas que hay detrás de fenómenos como la pobreza, el hambre, las enfermedades, las desigualdades entre géneros o económicas, la degradación del medioambiente o el cambio climático. Y, ¿cómo no tener en cuenta las causas de esos problemas? ¿Acaso se quiere dar respuesta sólo a los síntomas?


Los ODS trazan el camino: más crecimiento e industrialización


Por otra parte, como bien argumenta Manuel Casal en “La Agenda 2030, misión imposible” existe una “preocupante mezcla entre fines y medios”. Mientras que “lo adecuado hubiera sido establecer unos fines, permitiendo flexibilidad en los medios”, se opta por “poner determinados medios a la misma altura que los fines, lo que genera confusión, contradicciones y rigidez”. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con el “crecimiento económico” (O8) y “la industrialización” (O9) que son instrumentos convertidos en objetivos, marcando así el camino a seguir para alcanzar los verdaderos fines, como son “poner fin a la pobreza (O1) y al hambre (O2)” o “lograr la igualdad entre los géneros (O5)”.


Esta imposición de medios para la consecución de fines resulta especialmente alarmante cuando la Agenda se presenta además en ausencia de un diagnóstico. ¿Cómo justificar más crecimiento e industrialización? ¿Aceptaríamos un tratamiento médico sin antes conocer sus posibles riesgos, contraindicaciones y efectos secundarios? ¿Cómo valorar la idoneidad de este tratamiento? ¿Qué hace la diferencia? Ahí van algunas suposiciones: 1) Predomina una fe ciega bienintencionada sobre el documento al que no se le pide justificación; 2) Esta falta de justificación pasa desapercibida, pues los medios que se proponen como objetivos (O8 y O9) son mitos de nuestras sociedades modernas y 3) Los agentes sociales dependen económicamente de que los gobiernos destinen anualmente fondos renovados en el desarrollo de esta agenda, por lo que ¿quién se atreve a morder la mano que le da de comer?


La falacia “sostenible” e “inclusiva”


Habrá quien argumente que lo que la Agenda 2030 propone no es cualquier tipo de crecimiento económico e industrialización, sino sólo de aquellos que resultan ser “sostenibles” e “inclusivos”. Sin embargo, la tozuda realidad demuestra que ambos conceptos son auténticos oximorones en el contexto actual.


En el caso del crecimiento económico, su sostenibilidad no es realista por múltiples razones, siendo la principal que nos encontramos ya en un momento en el que hemos superado el cénit mundial de extracción del petróleo convencional siendo lo que tenemos por delante un descenso energético que hará imposible nuevos crecimientos económicos globales, teniendo en cuenta que las energías renovables presentan grandes limitaciones incluso para poder mantener el sistema económico en un estado estacionario.


Pero es que además el crecimiento económico es siempre insostenible. De hecho, los crecimientos “verdes” no llegan siquiera a producir una disminución total del consumo material y energético, ya que las mejoras en eficiencia sólo se traducen en una disminución relativa, es decir, en una reducción del consumo material y energético por unidad producida. Por ejemplo, los coches modernos consumen menos materia y energía que los más antiguos.


Sin embargo, en una economía adicta al crecimiento, el imperativo del crecimiento económico obliga al aumento de las ventas de coches y de sus desplazamientos, de modo que no es posible un crecimiento económico desacoplado de la degradación del medio ambiente y las emisiones de gases de efecto invernadero, porque sencillamente cuanto más crecen la producción y el consumo, más materia y energía se necesitan extraer de nuestra corteza terrestre y más emisiones se generan.


En cuanto a la inclusividad social del crecimiento, resulta ingenuo pensar que, ahora que nos adentramos en un escenario global de creciente escasez, se vaya a producir la reducción de los niveles de pobreza y desigualdad que no se logró cuando el crecimiento gozaba de buena salud y existía mayor abundancia.


Por otro lado, en el caso de la industrialización, no se entiende muy bien a qué se refiere cuando se la apellida de “inclusiva” y “sostenible”, en un contexto en el que los gobiernos y las corporaciones transnacionales están trabajando juntos en el desarrollo de la cuarta revolución industrial (4RI). Una disrupción tecnológica que, incluso según sus propios promotores, amenaza con incrementar las desigualdades y los procesos de exclusión, bajo el riesgo de crear una desigualdad masiva entre una clase tecnológica rica y una inmensa clase marginal, tanto en el interior de los países como entre ellos, mediante una robotización en clara competencia con las generaciones presentes y futuras.


Pero es que, además, la 4RI tampoco es sostenible tal y como analiza detalladamente José Halloy: “En términos de energía y materiales, las tecnologías informáticas actuales no son sostenibles a largo plazo”. De modo que podemos afirmar que la cacareada industrialización 4.0 sólo puede presentarse como una oportunidad si se invisibiliza su insostenibilidad ecológica e indeseabilidad social.


Perseguir el crecimiento y la industrialización abona el fascismo


Insistir entonces en el crecimiento y la industrialización en este contexto global de creciente escasez energética y material es una vía genocida y ecosuicida que nos conduce directamente a la guerra por los recursos y al caos climático a través del desarrollo de agendas fascistas.


Un fascismo que ya estamos viendo emerger en las grandes potencias económicas y que se expresa en dos estrategias narrativas complementarias: Por un lado, mediante la idea de “Mi país primero” que busca sostener el crecimiento económico permitiendo la entrada de ingentes cantidades de energía y materiales procedentes en su mayoría de la expoliación neocolonial, mientras se impide la entrada —cuando no se expulsa— a las poblaciones inmigrantes y refugiadas, en su mayoría huérfanas de una vida digna en sus territorios, ocupados y degradados por las guerras, el extractivismo y el cambio climático.


Y, por otro lado, mediante el discurso que da centralidad al “Hombre Blanco Heterosexual y Nacional” con la que se busca fortalecer el orden heteropatriarcal y colonial, devolviéndole un cierto protagonismo a la vieja clase trabajadora industrial nacional, empobrecida y precarizada, y desplazar su ira contra otros colectivos sociales (pobres, inmigrantes, mujeres, homosexuales, etc.).


En resumen, como bien argumenta Luis I. Prádanos, “la crisis ecosocial no requiere ni del catastrofismo apocalíptico (al que nos conduce el imperativo del crecimiento económico), ni del tecno-optimismo (fomentado desde la cuarta revolución industrial)”, sino de nuevos ecosistemas culturales y socio-económicos capaces de prosperar sin crecimiento, poniendo la defensa y el cuidado de la vida en el centro.


Por una nueva Agenda Común Global


A estas alturas del Siglo XXI no habrá gobierno, organización o movimiento social que pueda argumentar que el actual proceso de colapso de nuestras sociedades modernas les pilló por sorpresa, pues hace más de 45 años que nuestra civilización industrial lleva recibiendo avisos sobre el abismo al que nos conduce el imperativo del crecimiento ilimitado.
Sin embargo, a pesar de dichos avisos, nada significativo se ha hecho hasta la fecha para cambiar de rumbo. El proyecto civilizatorio impulsado por la globalización de la Modernidad Capitalista está llegando a su fin y la lucha por todo aquello que amamos depende, ahora más que nunca, de que las grandes mayorías sociales seamos capaces de presionar a nuestros gobiernos para que abandonen el objetivo del crecimiento económico e impulsar medidas de emergencia social y ecológica capaces de favorecer nuevas formas de organización ecosocial que permitan adaptarnos de forma rápida y justa a un escenario de creciente escasez energética y material.


Muchas personas, grupos y comunidades locales de todo el mundo ya han comenzado a organizarse con el fin de satisfacer sus necesidades de un modo más justo y resiliente fuera de la lógica industrial y la búsqueda del beneficio económico: la agroecología, la permacultura, los sistemas de movilidad sostenible, la bioconstrucción, los sistemas de trueque en comunidad, los mercados sociales, la economía social y solidaria, los barrios y municipios en transición… son modelos que ya han demostrado su capacidad de satisfacer las necesidades de las personas en equilibrio con los límites de los ecosistemas. Sin embargo, para que dejen de ser marginales y se conviertan en verdaderas alternativas necesitan de un apoyo social masivo y de políticas activas de los gobiernos.


Si los Objetivos de Desarrollo Sostenible disfrutan todavía de legitimidad es porque aún la mayoría de los Agentes Sociales siguen sin cuestionar en profundidad las bases de la civilización industrial y su lógica de crecimiento ilimitado. Mientras los ricos traman cómo abandonar el barco, nosotros parecemos empeñados en seguir remando y mantener a toda la tripulación abordo, con esperanzas de mejorar nuestras condiciones como tripulantes.


Por ello, antes de que naufraguemos y los ODS sean papel mojado, quemémoslos y con sus cenizas abonemos el desarrollo de una nueva agenda común global. Una nueva hoja de ruta feminista, antihomófoba, queer, antirracista, decolonial, antimilitarista, municipalista y ecologista que, con un diagnóstico comprensivo de las complejas realidades que enfrentamos, nos permita una salida justa y ordenada ante el hundimiento de este Titanic, evitando así la catástrofe del fascismo, las guerras por los recursos y el caos climático. Nos jugamos la vida en ello.

Por Marcos Rivero Cuadrado 

Solidaridad Internacional Andalucía

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