Martes, 13 Noviembre 2018 08:58

La dura pelea contra el fracking en Colombia

La dura pelea contra el fracking en Colombia

Desde su época como candidato a ocupar la primera magistratura, el hoy presidente de Colombia, Iván Duque, nunca asumió una actitud crítica al uso del fracking en el país como una alternativa para la ampliación de las reservas de hidrocarburos. Todo lo contario. Duque se ha mostrado dispuesto a considerar esta técnica como parte del desarrollo de lo que ha denominado la “economía naranja”. Este eufemismo ha sido útil para ocultar el verdadero plan de su gobierno: la producción y explotación de recursos naturales y la reducción de impuestos a las clases privilegiadas en detrimento de las clases medias.

 

En efecto, la nueva ministra de Minas, María Fernanda Suárez, aseguró que uno de sus principales propósitos será “convencer al presidente Duque de que el fracking se puede hacer de manera responsable y segura” (https://www.elespectador.com/noticias/nacional/es-posible-hacer-fracking-de-manera-responsable-ministra-de-minas-articulo-805901). Mediante esta técnica según la ministra, Colombia podría aumentar sus reservas de gas y petróleo en 19 y 8 años respectivamente. La pregunta central es ¿qué consecuencias traería la ampliación de las reservas de estos recursos? Pues el gobierno actual quiere vender el fracking como la nueva panacea en la reactivación de la economía de los hidrocarburos pero ignora, al mismo tiempo, las nefastas secuelas de esta técnica que han sido referenciadas en otros artículos de este portal (http://laotraopinion.net/recursos-naturales/petroleoygas/el-gran-dano-del-fracking-a-colombia/). Los costos naturales y humanos de esta forma de explotación no se justifican para que unos pocos empresarios foráneos obtengan las ganancias y el gobierno pueda llenarse diciendo que “aumentó la inversión extranjera”. No puede una administración hablar de beneficiar a sus habitantes con proyectos que a todas luces dejarán grandes daños medioambientales.

 

El debate más reciente en la materia lo ha ocupado la instalación de maquinaria pesada en tres provincias de Boyacá por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en junio de 2108. Los rumores de la llegada del fracking a este departamento despertó la alarma de sus habitantes que pronto iniciaron las protestas para combatir toda acción no consultada, por lo que la gobernación pidió suspender las actividades de la agencia petrolera (https://www.dinero.com/pais/articulo/boyaca-debate-la-llegada-del-fracking-a-su-territorio/259594).

 

A pesar de que la empresa negó el desarrollo de fracking en la región argumentando que sólo se utilizará la maquinaria para “obtener información del subsuelo”, las sospechas están fundamentadas pues los intereses de la empresa polaca Geofizyka Torún están involucrados. Según la información recabada, la empresa extranjera fue contratada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos para realizar estudios de sísmica en la región y no para la explotación de petróleo. Sin embargo, ¿para qué se realizan estos estudios sísmicos? La respuesta salta a la vista: para determinar la viabilidad y potencial que un territorio tiene en materia de hidrocarburos. En otras palabras, están en una fase exploratoria que tiene como fin último -si todas las condiciones técnicas lo permiten– explotar el petróleo y gas mediante el fracking.

 

A esto se suma el hecho de que en Colombia existen 48 bloques de yacimientos no convencionales, 9 de los cuales se ubican en el departamento de Boyacá (https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/hay-o-no-hay-fracking-en-boyaca-crece-la polemica-articulo-795479). Por esa razón, la presencia de las compañías petroleras ha despertado las sospechas de los habitantes de 14 municipios del departamento, quienes a través del gobernador Carlos Amaya han manifestado que “nunca permitirán el fracking en el departamento pues parte de la columna vertebral de su política es el cuidado del ambiente y los recursos naturales”. De hecho, la polémica reside en que las exploraciones se hicieron en inmediaciones de la laguna de Tota por lo que las implicaciones socio-ambientales y arqueológicas podrían ser adversas. Al margen de las consideraciones de las empresas y su aparente intención de “conocer las condiciones del subsuelo”, es claro que el propósito fundamental es analizar la viabilidad para iniciar cuanto antes la implementación de la fractura hidráulica. Dicho de otro modo, los estudios sísmicos sólo conducen a establecer las condiciones para comenzar con el fracking que desde el alto gobierno ya ha recibido la aprobación, de ahí la importancia de la resistencia ciudadana.

 

El conflicto social en Boyacá por la explotación del petróleo puede adquirir nuevas dimensiones pues el caso de la provincia de Sugamuxi en el oriente del departamento ha comenzado a cobrar importancia en los medios de comunicación. En este lugar desde 2012 se viene explorando petróleo a manos de la empresa Maurel & Prom. Ya son dos pozos en los municipios de Tota y Pesca dentro de un proyecto llamado área de interés exploratorio muisca (https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/sogamoso-y-el-proyecto-petrolero-que-incendiaria-a-boyaca/36724). A pesar de la rotunda oposición de sus habitantes, la compañía francesa continúa con las exploraciones y solicitó al gobierno la modificación de su licencia ambiental para aumentar su influencia en la región. El problema fundamental es que en esta zona se encuentran 410 nacederos, de los cuales se extrae agua potable para cerca de los 7.000 habitantes de la provincia. En caso de otorgarse la licencia las consecuencias serían catastróficas para una población que ya ha comenzado a evidenciar las secuelas producto de los estudios sísmicos y la deforestación.

 

 

En contravía de las manifestaciones populares, Ecopetrol ha pretendido negociar con los campesinos y habitantes de Boyacá mecanismos conjuntos que permitan la exploración de recursos sin generar afectación socio-ambiental. No obstante, esta propuesta es una contradicción en los términos pues toda forma de explotación de hidrocarburos genera secuelas medioambientales que terminan por convertirse en problemas de salud pública. La única alternativa viable para los campesinos es que las empresas abandonen sus territorios para poder iniciar un proceso de recuperación. Desde luego, debido a los mezquinos intereses económicos, las empresas extranjeras con el consentimiento y apoyo de Ecopetrol no dejaran abandonada una actividad rentable que, bajo la nueva administración, encontrará vientos a favor. Sin embargo, existe una fuerte oposición a estos planes que no es mencionada con mucha regularidad por los medios oficiales por lo que es necesario presentar algunas de las denuncias de los habitantes de la región.

En primera instancia, de acuerdo con Patricia Corredor, vocera del colectivo de la defensa de la provincia de Sugamuxi, el proceso de sísmica genera secuelas irreversibles en los territorios. Por ejemplo, por acción de esta técnica se secaron más de 210 nacimientos de agua y 70 familias perdieron sus hogares a causa de los agrietamientos. Además de lo anterior, los campesinos han perdido su forma de sustento pues sin cuerpos de agua para regar los campos, la agricultura que es un eje fundamental en la economía de Boyacá ha perdido paulatinamente su impulso (https://www.elcampesino.co/los-mas-afectados-con-la-sismica-y-el-fracking-son-los-campesinos/). La consecuencia natural ha sido la profunda protesta social que ha desencadenado en represión por parte de la fuerza pública.

 

La problemática es aún más compleja si se toma en cuenta la directriz del nuevo ministro de defensa que busca “regular la protesta social” lo que en plata blanca significa reprender cualquier tipo de manifestación contraria al gobierno de turno. Este escenario resulta preocupante toda vez que las comunidades sólo cuentan con las manifestaciones como el mecanismo más efectivo para visibilizar sus problemas. Pero si el gobierno insiste en constreñir cualquier movimiento anti-fracking, el panorama para los defensores de los derechos humanos es inviable.

 

Como lo ha manifestado la organización No al fracking en Colombia, esta técnica ha generado afectaciones a los ecosistemas, evidenciado esto en la reducción de los cuerpos hídricos que pueden generar el aumento en los conflictos socio-ambientales, pues existen sectores que buscan un acceso equitativo y sostenible que permita una adecuada distribución del agua en el país (https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2017/03/2017-03-14-carta-presidente santosfinalconlogos.pdf). Por eso las posturas enfrentadas son muy claras: una defiende la explotación de recursos a toda costa, en beneficio de los negocios privados y cuyas retribuciones en materia de regalías no son suficientes para cubrir los daños causados, y otra que respalda el uso responsable del agua y el medioambiente como centro de una relación equilibrada con la naturaleza.


Las protestas no sólo se dan en Boyacá sino en varios de los 100 municipios donde potencialmente se podrá realizar fracking. Uno de los casos más emblemáticos es la puja entre la comunidad indígena U’wa que quiere por fuera de sus territorios ancestrales a Ecopetrol. Este resguardo, ubicado en Norte de Santander, busca que la empresa de hidrocarburos no intervenga con sus proyectos en zonas protegidas (https://www.elespectador.com/noticias/economia/los-uwas-no-quieren-ecopetrol-sus-territorios-ancestral-articulo-644102). Como este podrían reproducirse miles de ejemplos de colectivos de ciudadanos que se oponen a la explotación de hidrocarburos y que progresivamente han recibido atención por parte de los medios de comunicación.

 

El reconocimiento a los opositores al fracking es tal que actualmente cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley para prohibir esta técnica en el país. El propósito es impedir la exploración y explotación de yacimientos no convencionales y pretende que el país inicie un proceso de transición para que dejen de usarse combustibles fósiles. El proyecto cuenta con el respaldo de la lista de los Decentes, el Polo Democrático y la Alianza Verde, así como algunos cuadros del partido de la U, el Liberal y el Conservador. La propuesta espera hacerle frente a una de las banderas del gobierno Duque por lo que se convertirá en un auténtico conflicto político (https://www.elespectador.com/noticias/politica/radican-proyecto-de-ley-para-prohibir-fracking-en-colombia-articulo-803549). La situación es compleja debido a las mayorías que ostenta el Centro Democrático, el partido pro-fracking en el Congreso, razón por la cual la lucha en contra de esta técnica deberá continuar a través de diversos medios y mecanismos. Con todo, el caso de Boyacá abre una esperanza para que el foco de atención se centre en la ciudadanía y en las demandas que pretenden acabar con el fracking en Colombia.

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Costa Rica cancela la construcción de la mayor hidroeléctrica de Centroamérica

El Instituto Costarricense de Electricidad de Costa Rica (ICE) ha echado este viernes el candado a un añejo proyecto que planteaba la construcción, en el sur del país, la mayor planta hidroeléctrica de Centroamérica. Los planes, nacidos en la década de los setenta y actualizados en 2006, quedan ahora descartados por su elevado coste y por razones de mercado, asociadas con el bajo crecimiento del consumo de energía eléctrica en el país centroamericano. El 99% de la electricidad que se genera en Costa Rica proviene de fuentes renovables, una de las tasas más altas del planeta.


El Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PHED), con un potencial de capacidad instalada de 650 megavatios, quedó fuera de los planes del ICE después de cuatro décadas de intentos para construir el megaproyecto sobre la cuenca del río Térraba, junto a tierras indígenas en el cantón Buenos Aires (provincia de Puntarenas, 150 kilómetros al sureste de la capital, San José). Su costo rondaba los 3.700 millones de dólares y consideraba un embalse de 6.815 hectáreas (el 0,13% del territorio nacional) que afectaba a poblados y sitios sagrados de comunidades de la etnia teribe. Los planes apuntaban a su entrada en operación después de 2025, como eje de una estrategia energética renovable a largo plazo. Pero las nuevas autoridades del ICE consideran que las circunstancias cambiaron.


La presidenta del Instituto, Irene Cañas, anunció este viernes la cancelación del proyecto y la anulación del proceso de consultas a los pueblos indígenas, requerido después las advertencias del relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anay, en 2011. También se archiva el expediente de verificación ambiental, que consideraba observaciones sobre el impacto del megaproyecto en la riqueza natural de la zona, incluido el humedal Sierpe-Osa, protegido por convenciones internacionales. El actual ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, presente este viernes en la rueda de prensa, ya se había manifestado en contra.


Pero las razones del ICE para abortar el proyecto son, sobre todo, económicas: casi toda la electricidad que consume Costa Rica ya procede de fuentes renovables y la demanda ha dejado de crecer por el cambio de modelo industrial, el ahorro y la eficiencia energética, y la generación privada a pequeña escala. En 2017 el crecimiento del consumo fue inferior al 1%, según cifras oficiales recogidas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el brazo de Naciones Unidas para el desarrollo de la región.


Tampoco hay una estructura suficiente para exportar electricidad a los vecinos centroamericanos y la posibilidad de electrificar la creciente flota de autos está aún en fase incipiente. Es decir, la actual Costa Rica no necesita el megaproyecto hidroeléctrico y la inversión financiera en el escenario actual parece más bien un desperdicio. La entidad estatal ya gastó 146 millones de dólares que deberán sumarse al rubro de pérdidas en este año, proyectadas en 523 millones (22%). “Para Costa Rica, el gran desafío ya no es aspirar a un modelo eléctrico renovable. Hoy nos corresponde innovar para consolidar este modelo, frente a los retos de la demanda eléctrica, la llegada de nuevas tecnologías en la industria eléctrica y condiciones como el cambio climático”, dijo Cañas.


La noticia alivia las preocupaciones de comunidades de Térraba, que temían perder más de 900 hectáreas de su territorio por la construcción de la presa y el embalse. La dirigente Elides Rivera celebraba el fin de “una lucha constante” que se prolongó por más de una década, dijo al semanario Universidad. Enfrentaron “diferentes escenarios que se dieron a nivel político, institucional, regional y a escala local. Siempre hubo muchos frentes en los que tuvimos que mantenernos con mucha fe de que realmente teníamos una razón en el derecho a la vida y a la permanencia del pueblo de los Bröran”, apuntó en referencia a su comunidad.

 

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China, Rusia y Noruega vetan la creación de una gran reserva en la Antártida

La aprobación del proyecto hubiera supuesto la protección de 1,8 millones de kilómetros cuadrados y su conversión en el área marina protegida más grande del planeta

 

El Santuario de la Antártida tendrá que esperar. Tras dos semanas de reuniones en Hobart (Tasmania, Australia) los 25 Gobiernos que integran la Comisión del Océano Antártico (CCAMLR, según sus siglas en inglés) no han logrado llegar a un acuerdo para su creación. El proyecto preveía la protección de 1,8 millones de kilómetros cuadrados y su conversión en el área marina protegida más grande del planeta. Han votado a favor de la propuesta 22 de los 25 países presentes, incluido Estados Unidos, lo que para Frida Bengtsson, delegada de Greenpeace en la cumbre anual, es "la buena noticia". El problema es "que lograr que todos los países implicados lleguen a un acuerdo es muy complicado", añade la ecologista.

La masa de tierra de la Antártida está protegida, pero el océano que la rodea no. En una zona solo habitada por los científicos de las bases, la mayor amenaza que existe es la pesca industrial del kril, un pequeño camarón cuya captura se ha incrementado debido a su uso en la farmacología y como complemento nutricional, al ser muy rico en omega 3 y vitaminas, explica Pilar Marcos, de Greenpeace España. El kril es básico en la dieta de muchas especies que viven en esta zona de la tierra, como pingüinos, focas o ballenas.

"La pesquería está bien regulada, pero la creación del santuario hubiese supuesto acotar este tipo de actividades", añade Marcos. La ecologista sostiene que "se ha perdido una oportunidad histórica para crear el área protegida más grande de la Tierra y salvaguardar la biodiversidad".

Sí ha habido un acuerdo en la protección de los ecosistemas de fondo marino descubiertos por Greenpeace. "De hecho, es uno de los únicos resultados tangibles de esta reunión de la Comisión del Océano Antártico. Este resultado es una contribución enorme para salvaguardar el medioambiente marino antártico y debemos estar muy orgullosos de ello", afirma la representante de la organización ecologista.

Pero el rechazo al santuario es difícilmente entendible, dado que el 85% de la industria pesquera se había mostrado a favor del proyecto, recuerda la ONG. Frida Bengtsson rechaza especular sobre si las razones económicas son las que han llevado a China, Rusia y Noruega a vetar el acuerdo, solo indica que, "por alguna razón, la naturaleza no tiene prioridad". Greenpeace aclara que los dos primeros Estados han utilizado tácticas dilatorias para desmantelar y destruir las enmiendas, de tal forma que se han obstruido todas las oportunidades para cooperar y crear el espacio protegido.

Estos países no han actuado de "buena fe", asegura la organización. Recuerdan que cuando Rusia presidió la Comisión del Océano Antártico en 2016 acordó proteger el mar de Ross, "pero, desde entonces, solo persigue intereses de pesca industrial".

Noruega, en cambio, estaba de acuerdo con la propuesta, pero presentó su propio proyecto, que incluía partir el área en dos. Greenpeace ha reclamado a ese país "que establezca un plan de trabajo con un calendario claro".

Pilar Marcos recuerda que "la protección marina sigue siendo un reto pendiente", porque solo un 6,9% de los mares y océanos están protegidos, incluyendo las aguas nacionales dentro de las zonas económicas exclusivas. "Y de ese casi 7%, apenas un 2% se refiere a espacios bien vigilados y donde la actividad humana industrial queda prohibida", puntualiza.

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EPM, Gobernación y Estado son responsables por los severos daños ocasionados por Hidroituango

Tribunal Latinoamericano del Agua responsabiliza a Empresas Públicas de Medellín (EPM), a la Gobernación de Antioquia y al Estado colombiano por severos daños ocasionados por Hidroituango y recomienda de manera urgente e imperiosa el desmantelamiento de la hidroeléctrica.


Durante la XII Audiencia pública de juzgamiento del Tribunal Latinoamericano del Agua, realizada en Guadalajara –Jalisco– México entre los días 22-26 de octubre de 2018, las comunidades afectadas por la hidroeléctrica Hidroituango articuladas en el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, presentaron el caso: violación de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales por la construcción de la hidroeléctrica Hidroituango en el departamento de Antioquia Colombia, en contra de los accionistas de Hidroituango S.A. E.S.P; la Gobernación de Antioquia y Empresas Públicas de Medellín (EPM). Los honorables jurados, cuyo presidente fue el doctor Philippe Texier , escucharon el caso, recibieron pruebas y peritajes de expertos durante la sesión del día martes 23 de agosto en las instalaciones del Iteso, Universidad Jesuita de Guadalajara. El día viernes 26 de octubre el Dr. Alejandro Mendo Gutiérrez realizó lectura del veredicto oficial.


El tribunal se adhiere a la jurisprudencia nacional e internacional y con base en ella desarrolla su ejercicio de justicia alternativa ante la comunidad académica, la sociedad civil, las instituciones públicas y privadas. En vista de los hechos y declaraciones que anteceden, el jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua resuelve:


“Responsabilizar al Estado colombiano, a la empresa Hidroituango S.A. E.S.P; a Empresas Públicas de Medellín (EPM) y a la Gobernación de Antioquia por los severos daños ambientales, sociales, económicos y culturales que el proyecto Hidroituango ha provocado a los habitantes de la zona, así como por la exposición de la población al riesgo permanente que representa la peligrosidad de las condiciones sísmico-geológicas en que se emplaza la represa y sobre todo por las deficiencias técnicas y de construcción de la obra”.


“Deplora la ausencia de mecanismos de protección que impidan la destrucción de posibles sitios de enterramiento de cuerpos de personas desaparecidas por parte de las empresas responsables de la construcción de la represa Hidroituango”; por lo que recomienda que:

“El Estado colombiano, la Gobernación del Departamento de Antioquia y las empresas responsables de la obra realicen de manera urgente e imperiosa el desmantelamiento de la obra y apliquen un programa de remediación integral del sitio con la participación de la población afectada.


Cumplan con su obligación convencional, constitucional y legal de aplicar medidas de reparación, restitución y satisfacción de los daños que incluyan la reubicación digna de las poblaciones desplazadas.
Que el Estado colombiano realice la persecución y juzgamiento de los autores de asesinatos, masacres, desplazamientos forzosos de población y desapariciones forzosas en la zona.


Que la Comisión de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas intervenga para detener la destrucción que las empresas responsables de la represa Hidroituango hacen de posibles sitios de enterramiento de cuerpos de personas desaparecidas.


Este tribunal adoptará medidas de seguimiento y monitoreo con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las recomendaciones de este veredicto, en caso que no sean acatadas”. Dado en el Auditorio D2 del Iteso, el 26 de octubre de 2018.

Pese al evidente impacto social y medioambiental que origina la demanda de los habitantes del cañón del bajo Cauca Antioqueño, articulados al Movimiento Ríos Vivos, y el consecuente fallo del Tribunal, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, enfatizó en que lo dicho por este tribunal no tiene ninguna injerencia legal sobre el proyecto.

"En este planeta hay entidades para todo. Tenemos que acostumbrarnos a ser tolerantes con la crítica. Hay entidades sin ánimo de lucro que desde otros países tratan de hacer juicios, pero no tienen ningún impacto legal, solo de opinión y es respetable", dijo el gobernador, desconociendo la trayectoria de 20 años del Tribunal y la experiencia de las personas que lo integran.

 

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Los niños wayuu, poema sobre la problemática de su pueblo

El impacto del cambio climático afecta en gran manera a diversos pueblos indígenas como es el caso de los Wayuu en Colombia. La falta de agua potable, la interminable sequía y la escasez de alimentos son uno de los factores que má afecta a sus niños.


La desnutrición infantil en La Guajira colombiana es una de las principales razones detrás de las 45 muertes de niños wayuu en 2016, episodio que evidencia la vulneración de sus derechos fundamentales como la salud y la seguridad alimentaria.


A continuación, un poema de Estercilia Simanca Pushaina, escritora que proviene de la comunidad indígena El Paraíso, del resguardo Caicemapa, al sur de La Guajira, que expresa su sentir a través de este poema.


Los niños Wayuu


Los niños Wayuu se queman con fogones.
Los niños Wayuu no comen lo que quisieran comerse y cuando quisieran.
Los niños Wayuu buscan el agua descendiendo en pozos en cuyas profundidades hay agua verdosa y un sapo viejo.
Los niños Wayuu cargan a sus hermanos menores.


Los niños Wayuu los registran cada cuanto hay brigadas, por eso nacen muchas veces.

Los niños Wayuu van a la escuela por la galletita y el guineo maduro que dan en la jornada única escolar.

Los niños Wayuu son buenos haciendo oficios en las casas de los arijunas.
Los niños Wayuu casi nunca lloran, por eso nunca se sabe cuando tienen hambre.


Los niños Wayuu no saben que mis personajes siempre serán niños.
Los niños Wayuu no saben que ellos son causas sociales en las ciudades grises y frías.
Los niños Wayuu no saben que son estándares en estadísticas de analfabetismo.
Los niños Wayuu no saben que son imágenes en campañas de seguridad alimentaria.


Los niños Wayuu no saben que fueron y son tendencia.
Los niños Wayuu no saben que son niños fantasmas que reciben la alimentación adecuada.
Los niños Wayuu ya no nacen los 31 de diciembre.
Los niños Wayuu ahora escriben con las palabras que aprendieron en su breve paso por la educación contratada: “Mi ermano nacio oi 7 de setiembre, llovía y se yamara Rapayet”


Los niños Wayuu no quieren que sus hermanas se vayan con ese señor tan viejo que se parece al sapo de la cacimba.
Las niñas tampoco quieren irse.
Los niños Wayuu no saben que hay organizaciones peleando por sus derechos.
Los niños Wayuu no saben de Cortes Interamericanas de derechos humanos.


Los niños Wayuu no saben de derechos humanos.
Los niños Wayuu no saben dar gracias.
Los niños Wayuu no saben que ellos son “Nuestros niños Wayuu” porque nunca se han sentido propiedad de nadie.
Los niños Wayuu no saben que aparecen en fotografías y los ven en Madagascar, Singapur y en las frías montañas de Alberta mientras un abuelo blanco hace de caballo y pasea a su nieto Wayuu.


Los niños Wayuu no saben que otros niños Wayuu, han nacido en muchas partes.
Los niños Wayuu no saben que el agua es un derecho fundamental.
Los niños Wayuu no saben porque los políticos en Ayotzinapa llevan mercado a sus familias en campaña.
Los niños Wayuu no saben que es una campaña.


Los niños Wayuu no saben que le compran la conciencia a sus padres con frijol, maíz y panela.
Los niños Wayuu no saben que la gasolina explota.
Los niños Wayuu no saben que el tren genera progreso.
Los niños Wayuu no conocen el progreso aunque les pase cerca y devore sus ovejas.
Los niños Wayuu no saben que un judío murió injustamente porque Poncio Pilato se lavó las manos.
Los niños Wayuu no se lavan las manos.


Los niños Wayuu no saben que ese judío era el cordero de Dios que quita los pecados del mundo.
Los niños Wayuu no saben que a ese judío le pusieron cordero para disimular que perdieron el juicio contra Barrabás.
Los niños Wayuu no saben que Barrabás sólo fue una excusa para crucificar a otro.
Los niños Wayuu no saben que generan honorarios y que los están cobrando.
Hay muchas cosas que los niños Wayuu ignoran.
Por eso sonríen.

 

Servindi
29 octubre 2018 0

*Estercilia Simanca Pushaina es escritora del pueblo Wayuu.

 

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Schlumberger alerta: evanescente productividad del shale gas/petróleo en EU

Mientras el “México neoliberal itamita” (http://bit.ly/2CZ3XRF) importa 1.4 millones de barriles de petróleo en forma kafkiana –lo cual exhibe el cataclismo de la "reforma energética" del que advertí hace 10 años– (http://bit.ly/2D2V89x) otro espejismo neoliberal, sobre el milagro tecnológico del caníbal fracking y la "productividad" del shale gas/petróleo, se desmorona en la legendaria Cuenca Pérmica en la parte occidental de Texas, según Schlumberger (FT; 19/10/18).

Schlumberger, como Halliburton, no goza de óptima reputación en México: es la principal trasnacional de servicios petroleros en el mundo con más de 100 mil empleados en 85 países y con sedes policéntricas en París/Houston/Londres/La Haya (http://bit.ly/2CYab40).

Dejo de lado sus múltiples depredaciones, como el superlativo desastre ecológico Deepwater Horizon en el Golfo de México en colusión con British Petroleum (http://bit.ly/2PNiAKA), pero perturba que su mandamás Paal Kibsgaard advierta sobre la evanescencia productiva del shale gas/petróleo debido a "problemas emergentes (sic)", sumados de la “escasez de oleoductos que frena el crecimiento en la Cuenca Pérmica de Texas y Nuevo México, corazón del auge del shale de EU”.

Resulta que “se ha vuelto más difícil incrementar la producción conforme los campos petroleros de shale maduran y los nuevos pozos se hunden (sic) en áreas ya exploradas”.

Según Paal Kibsgaard, las "amenazas al crecimiento de la producción del petróleo de EU" se debe a los pozos "infantes" (child) explorados en áreas que tienen ya existentes pozos "padres" (parent).

En mi conferencia magistral en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, aduje que la curva de producción del shale gas/petróleo es de corta duración cuando se compara a la más longeva curva "convencional" (Fracking en México y EU; http://bit.ly/2PRiJfQ).

El "gran secreto mexicano" para no sucumbir a la trampa del caníbal fracking (http://bit.ly/2ykYXCE) radica en defender las aguas "nacionales": desde los 20 municipios de la Huasteca, pasando por Jalisco, hasta los ríos chiapanecos/tabasqueños Usumacinta y Grijalva.

El prototipo del declive se ha gestado en el área shale de Eagle Ford, al sur de Texas, que "declina en forma continua" debido a la “creciente proporción de pozos child que ahora representan 70 por ciento de todos los nuevos pozos explorados”.

En la Cuenca Pérmica, en la formación Midland Wolf Camp, donde se ha exagerado la exploración, “la proporción de pozos child alcanzó 50 por ciento”, lo cual se parece al declive que padece Eagle Ford.

Ed Crooks, del Financial Times (6/9/18), afirma que “el auge del shale de EU empieza a enfriarse” con la ralentización de la producción en los nuevos pozos, lo cual ya es archisabido hasta por los leguleyos.

Hasta la vilipendiada trasnacional estadunidense de servicios petroleros Halliburton, tercera en el mundo en su género, con múltiples ecocidios a cuestas, entre ellos la explosión de Deepwater Horizon en el maltratado Golfo de México, confiesa el declive de la mítica Cuenca Pérmica.

El fraude financiero –desde la gasera Enron hasta toda la industria del caníbal fracking– ha sido ampliamente expuesto por la investigadora Bethany McLean (https://amzn.to/2yG6QCj). Suena aberrante que la industria del caníbal fracking decline mientras que el barril del petróleo haya alcanzado 80 dólares por barril (aunque hoy declinó 5 por ciento en forma artificial).

Nick Butler –profesor del King’s College de Londres– (Financial Times; 9/9/18) comenta en forma persuasiva que las "ambiciones de Trump para el gas tiene fundamentos tambaleantes (sic)" cuando EU pretende “dominar el mercado global del gas natural licuado (GNL) con las crecientes exportaciones del gas producido de las rocas shale” gracias al caníbal fracking.

Trump chantajea a la prodigiosa industria automotriz alemana, en vísperas de las negociaciones de su acuerdo comercial, con el fin de violentar a Europa a comprar su GNL y así golpear la exportación gasera de Rusia mucho más barata por simple logística, como aduje en mi entrevista a Russia Today (http://bit.ly/2PNiAKA).

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Miércoles, 17 Octubre 2018 06:21

Transición justa: los sentidos verdaderos

Transición justa: los sentidos verdaderos

En el mes de septiembre 2018, representantes de los movimientos de base más significativos de Estados Unidos se reunieron en San Francisco, en una semana de protestas, debates, talleres, manifestaciones artísticas, encuentros, reuniones, marchas. Le llamaron la semana de “Solidaridad para las Soluciones”. El momento y lugar fue para manifestarse contra las propuestas de la Cumbre Global de Acción Climática (CGAC), convocada por Jerry Brown, actual gobernador de California.

 

Pero lo que se manifestó fue mucho más que eso. Fue una muestra, apenas un pedacito, de un movimiento profundo y diverso que crece desde abajo, en el Estados Unidos que usualmente no sale en los medios de comunicación masivos. Fue por unos días respirar que la normalidad cambiaba de sentido en las calles y encuentros, y que la solidaridad, la auto-organización, la autogestión, la diversidad de lenguas, colores y pensamientos convergían para fortalecer cada lucha, cada construcción local y también internacional. Pero no fue solo por el hecho de encontrarse, hay algo más profundo y más sólido que anima estos movimientos y que no empezó ni terminó en esta semana. Se trata de un cuestionamiento sistémico profundo que se enriquece en los intercambios.


La convocatoria fue organizada por la alianza de movimientos “It takes roots”, que reúne a la Red Ambiental Indígena, la Alianza de Organizaciones de Base por la Justicia Global, la Alianza por la Justicia Climática y los movimientos por el derecho a la ciudad. (Indigenous Environmental Networ (IEN), Grassroots Global Justice Alliance (GGJ), Climate Justice Alliance (CJA); Rigth to the city )


Son cientos de organizaciones locales de base, barriales, comunitarias, artísticas, de comunidades y pueblos indios, de comunidades negras, feministas y de géneros, asociaciones de migrantes de ahora y de antes, de lucha urbana y rural, de trabajadores del campo y la ciudad. Son los que de Alaska a Arizona sufren y resisten la contaminación, la devastación y las injusticias ambientales, sociales, raciales, económicas, políticas, de género, culturales e históricas. Un movimiento que tiene raíces más allá de fronteras y se une a otras raíces similares en otros países.


Al territorio Ohlone ocupado –sobre toda la bahía de San Francisco– llegaron organizaciones desde todo Estados Unidos, y también organizaciones aliadas de Canadá, Puerto Rico, México, Brasil, Ecuador, Mozambique, Filipinas, Uruguay, Nicaragua, Suiza, Alemania, entre otras. Se pueden ver videos, fotos documentos y del encuentro en los sitios de las organizaciones y en It takes roots.


El nombre de esta alianza de movimientos: “Se necesitan raíces”, comenzó como una coordinación en temas de justicia climática. “Se necesitan raíces para aguantar la tormenta”. Ahora lo ampliaron a “Se necesitan raíces para crecer la resistencia”.


En esta semana, se trataba efectivamente de contestar las falsas soluciones que planteó la Cumbre Climática (CGAC), en la cual el gobernador Jerry Brown –que se opone a Trump en su negación del clima– aparece como el sector que sí quiere enfrentar al cambio climático. Pero, como describe Cynthia Mellon, de la Alianza por Justicia Climática, lo que allí se discutió es como favorecer el capitalismo verde, con más mercados de carbono, más tecnologías de las trasnacionales para hacer negocios con la crisis climática, incluso las más extremas como geoingeniería, que amenaza con experimentos en varios territorios indígenas de Estados Unidos.


“No podíamos dejarlo pasar”, dice Jaron Browne de GGJ. “Las comunidades y la gente de nuestros movimientos están en situaciones realmente críticas, con la contaminación por la explotación, producción y uso de petróleo, gas, carbon, fracking, sumado a la desocupación y la persecución a los migrantes. No tenemos tiempo para perder, dejando que parezca que las falsas soluciones van a resolver algo, cuando nada va cambiar.”


Pero además de una resistencia constante y organizada, estos movimientos respiran mucho más, y más aún cuando están juntos. No en vano le llamaron encuentro de “Solidaridad para las Soluciones”: es vasto el arcoíris de propuestas y realidades alternativas y autogestionarias. El nivel de organización, de preparación para las acciones y protestas es notable y refleja mucha experiencia colectiva acumulada y compartida. Igualmente es notable el nivel de horizontalidad y descentralización coordinada, la presencia tranquila de la experiencia unida a la energía de la juventud en una coordinación que claramente exigió mucho esfuerzo y trabajo, pero que al momento de actuar parece un río que se desliza sin tropiezos. Más notable aún, es no se trata sólo de organización para la resistencia. En el día de discusión en talleres, presentaron experiencias de muchos tipos que ya están ocurriendo. Desde cooperativas y comunidades intencionales a organizaciones económicas, educativas, de salud, de solidaridad con migrantes y las y los que sufren persecución de género.


La convergencia de pueblos y movimientos indígenas, negros, migrantes, feministas, trabajadoras y trabajadores se manifiesta, entre otros, en el concepto de justicia ambiental y justicia climática. Un concepto permea en todas las organizaciones: transición justa.


“Es un concepto que viene de los trabajadores de las industrias contaminantes”, explica Cynthia Mellon, que es antes de ser parte del equipo de CJA fue por años activista barrial en Newark, en el Ironbound Community Corporation, donde viven todo tipo de resistencias colectivas a la devastación de salud y ambiental de trabajadoras, trabajadores y vecinos. “Hay una crítica a las industrias contaminantes, las de combustibles fósiles que causan el cambio climático, pero las y los trabajadores no pueden quedar desocupados, entonces la demanda comenzó como una “transición justa” para crear otras fuentes de trabajo”.


Pero el concepto creció y se enriqueció enormemente en el encuentro de todos estos movimientos. Fue un diálogo construido desde la realidad de las comunidades y barrios obreros, en encuentro con las organizaciones de migrantes, feministas y de género, con los pueblos indígenas y comunidades negras. En ese diálogo acuñaron el marco de la justicia ambiental y la justicia climática, que incluye la transición justa.


Al concepto de solamente demandar transición justa para trabajadores, le sumaron muchos otros. Según Jaron, la transición justa debe ser hacia una economía feminista y regenerativa. Una economía que cuestione el patriarcado, aspecto fundamental del capitalismo, que integre la diversidad, la autogestión y también que recupere la relación con la naturaleza, el ambiente, el agua, el aire.


Para la Red Ambiental Indígena, la “transición justa” es la que lleva a los pueblos a la autonomía y sus culturas y territorios. Una transición que no se trata de integrarse a la economía capitalista, sino que integra la soberanía, la responsabilidad y la acción transformadora, en una relación que vuelva a integrar a todas y todos, en comunidad, con la Madre Tierra y el Padre Cielo. Un ejemplo de esta transición lo representan de manera extraordinaria las acciones de las comunidades navajo en Black Mesa Water Coalition, que inició con jóvenes hopis y navajos para defender el acuífero navajo y que en lugar de esperar a que alguien solucionara su futuro en una zona de devastación por las mineras y la explotación de carbón, lograron parar grandes projectos contaminadores, pero también establecieron varias cooperativas y pequeñas empresas de energías solar y formas de valorizar las actividades tradicionales de trabajar textiles y otras.


Agrega Cynthia, “la transición justa es un principio, un proceso y una práctica. No se trata solamente de las demandas, también del proceso de discusión y de relación para entender el sistema del cual queremos salir, y discutir con respeto y en colectivo lo que queremos construir. Es un proceso completo de cuestionar los modos de producción y de consumo, es una relación de construcción de comunidad. La transición justa en sí misma tiene que ser parte de donde queremos ir y cómo”.

 

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"No nos preguntamos si los productos que consumimos están bañados en sangre"

La activista colombiana denuncia la complicidad del Estado colombiano en la minería ilegal, un cáncer que contamina sus ríos y deforesta sus tierras.



.-¡Negra¡, gritó la niña al verse en el espejo. //Desde entonces, ese es mi color favorito”. Ese fue el verso elegido por Francia Márquez, la mujer afrocolombiana que ostenta el premio Goldman, considerado como el Nobel del Medioambiente, en la presentación del libro "Horas de guerra", minutos de paz, de Emilio Polo. Era uno de los muchos actos que ha mantenido durante su gira por España para subrayar el abandono de sus comunidades por parte del Estado.


La activista es del Cauca, una de la zonas más golpeadas por la guerra en Colombia donde a pesar de los pactos firmados entre las FARC y el Gobierno, la guerra persiste. A esa violencia han de sumar la que trae la minería ilegal: un auténtico cáncer en sus territorios que se está comiendo su tierras –que son deforestadas en busca del metal- y ríos, envenenados por el mercurio utilizado para separar sustancias. Márquez empezó como activista siendo una adolescente, pero su “master” como defensora del medio ambiente le llegó tras una marcha que realizó para gritar al mundo, tras un sinfín de denuncias infructuosas, que la minería ilegal estaba acabando con sus tierras. Caminó 350 kilómetros durante 10 días junto con otras 130 mujeres y jóvenes. Consiguió sacar unas máquinas retroexcavadoras de sus tierras, pero solo unas; las hay por miles. Según fuentes de la Fiscalía colombiana, el 80% de todo el oro minado anualmente en Colombia se produce de forma ilegal con métodos que causan una devastadora destrucción ambiental. Un reciente estudio de la Universidad Externado de Bogotá encontró que hasta 80 ríos del país están contaminados. La Fiscalía también señala que diez importantes ríos están a punto de "desaparecer".


Francia Márquez, que tuvo que desplazarse de su tierra y vive amenazada, dice haberse inspirado en la sabiduría de sus mayores, “gente que no sabía leer pero que le decían: ‘ustedes tiene que cuidar al río como a su papá y a su mamá, porque eso es el ciclo de vida’”.


Usted denuncia una política extractivista por parte del gobierno colombiano que va en contra de las comunidades


Desde que se empezó a vender a Colombia como un país para la minería, se disparó la minería ilegal en toda la región del Pacífico. Para mí, la minería ilegal es una estrategia para justificar la gran minería y esa política extractivista en Colombia que no mira a las comunidades. Porque la minería ilegal ha llegado a nuestras regiones con la complicidad de las instituciones del Estado, que dejan pasar esas máquinas retroexcavadoras por nuestros caminos hasta llegar a los ríos. ¿Cómo llegan esas máquinas allí, no los ven los retenes de la fuerza pública? Pareciese que esas grúas y dragas fuesen cájas de fósforos se llevan en un bolsillo. ¿Quién permite esa compra de un mercurio que forzosamente debe ser importado del exterior? Con licencias o sin ellas, solo hay que asomarse y ver cómo se están destruyendo el territorio, pero eso no lo ven ni el ejército ni las instituciones ambientales.


Les acusan de ir contra el desarrollo


En muchos territorios donde el Gobierno ha entregado títulos mineros a empresas, se nos ha acusado de ser perturbadores de mala fe. Cuando nos dicen que nos oponemos al desarrollo, yo pregunto: ¿al desarrollo de quién? A la gente la han despojado de sus tierras y ahora se ven forzadas a trabajar en latifundios de caña de azúcar, monocultivos que solo dan intereses para los grandes terratenientes. ¿De qué desarrollo estamos hablando si para construir una represa han tenido que quedar sepultadas las tierras con las que vivíamos del café, cacao y plátano, la pesca y la minería artesanal?.


El problema de la minería ilegal viene de hace años, pero además ahora con el nuevo Gobierno estamos saltándonos la Constitución del 91 y retrocediendo a la del 86, donde los afrocolombianos no teníamos derechos. Esos derechos fundamentales que nos permitían proteger nuestros territorios, entendidos como espacio de vida, donde podíamos recrear nuestra cultura, se han ido menoscabando. Se está presentando un proyecto de ley para que el derecho fundamental de la consulta previa [otorgado para la poblaciones originarias] no sea un obstáculo para la élite que defiende que el desarrollo se mida en términos económicos y no en bienestar social.


Resulta paradójico que ríos en su país sean sujetos de Derecho y sus gentes no tengan ni agua potable, ni pescado que comer


Se explica si miras a sus habitantes: somos negros. Y yo no me olvido de nuestra historia, a nosotros nos dijeron que éramos salvajes. A nosotros nos quitaron nuestra humanidad. Y eso está ahí: el racismo hace que nosotros seamos considerados como cosas que no merecemos derechos. Y cuando nos dan derechos, se quedan en el papel. Y cuando los exigimos, nos replican: “Su derecho no puede obstaculizar nuestro desarrollo”.


Estamos hablando casi más de derechos humanos que de medioambiente


Es que no se pueden separar. Están totalmente relacionados. Para mí, la naturaleza no se desprende del territorio, que es vida. Y esa es parte de nuestra lucha, luchamos por nuestro modo de vida, luchamos por el río.


No parece que quede mucho espacio para los derechos humanos hoy en Colombia, a pesar del pacto entre las FARC y el Gobierno


Es cierto. Como comunidades afro, como campesinas y como mujeres hoy le apostamos a la paz, pero el nuevo panorama es muy duro: está el ELN, las disidencias de las FARC, los paras, los narcos… A mí se me parte el corazón, porque tenía la esperanza de que el conflicto iba a disminuir, y sí, ya no hay bombardeos, pero la violencia sigue, entre otras cosas, porque el Gobierno no cumple con su compromiso de implementación de esos acuerdos de paz.


No podemos hablar de paz cuando vivimos realidades como el horror del desplazamiento forzado. La semana pasada en una audiencia pública el gobernador de Nariño denunciaba que en este año se han desplazado por el conflicto armado 5.000 personas en su departamento. ¿No lo ven? Allí no hay que hablar de guerrillas, hay que hablar de gente que lucha todos los días por vivir de una forma digna y que por el contrario, les ha tocado vivir una guerra que no es la suya, una guerra que ha sido introducida por un mismo sistema económico de muerte.


Yo quisiera que no haya gente muriendo en los territorios, sobre todo porque muchos de los jóvenes, de la gente que está en esos grupos armados, son los nuestros. Y se van al ejército, a la policía o a los paramilitares por absoluta necesidad. En muchas comunidades el Estado no está en términos de inversión social. Las vías las levantan la gente a punta de pico y pala. No obstante, sí están para entregar nuestras tierras a empresas multinacionales.


La semana pasada daban el Nobel de la Paz a dos personas que luchan contra la violencia sexual ejercida contra las mujeres en la guerra. ¿Qué pasa en su país?


Ese tema no es algo que yo haya trabajado, pero por ejemplo en Buenaventura, en el mayor puerto de Colombia, el feminicidio ha sido una estrategia para generar terror en la comunidad y entrar allí con un megaproyecto sin tener oposición.


¿Qué responsabilidad tiene la comunidad internacional en esa compleja guerra?


Muchas de las presiones económicas que tenemos sobre los territorios tienen que ver con las empresas que se han lucrado y saqueado nuestros territorios, que son las mismas que esclavizaron a nuestros ancestros y ancestras. Unión Fenosa, entre ellas.


En Europa hay muchas empresas que están violentando y vaciando nuestros territorios. Y eso pasa en mi país, en el resto de Latinoamérica y en África. La gente que se está cruzando el Mediterráneo, que se está muriendo en él, es producto de cómo le han destrozado su casa, de no tener condiciones de vida dignas. Y los que tienen la suerte de llegar y no morir, deben soportar la discriminación y el maltrato, que les traten como basura.


Luego, cada persona debe ver qué hace y cómo consume. No nos preguntamos si los productos que consumimos están bañados de sangre, si el costo de obtenerlos implica la destrucción de ríos y envenenamiento del territorio. Hoy el cambio climático es una muestra de que es necesario transformar esa visión de vida basada solo en el consumo. Hay que repensarnos la vida. Pero algunos, quienes tienen una serie de privilegios, no quieren verlo: creen que los recursos son ilimitados. Quizás nosotros somos los primeros que nos vamos a morir allá, pero el planeta se está apagando día a día. Todos los días esa lucecita se va mermando y va a llegar un momento en donde ya no va a alumbrar más.

 

Madrid
Actualizado: 15/10/2018 07:32

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¿Reserva, parque, bosque, Thomas Van Der Hammen?

El pasado 10 de octubre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (TAC) emitió un fallo resolutorio que ordena a la Corporación Autónoma Regional (CAR) acoger la propuesta de modificación urbanística en la Reserva Thomas Van Der Hammen presentada por la actual alcaldía bogotana, generando reacciones de todo tipo entre defensores y detractores.


Destruye ecosistema nativo


Grupos y organizaciones ambientalistas han insistido en el desastre y daños al medio ambiente que ocasioanría, de llevarse a cabo, la propuesta de la administración presidida por Enrique Peñaloza, pues de cambiarse el trazado, función y destinación de los predios la preservación de la reserva natural se perdería.


Lo que para la administración actual “…son solo potreros…”. como lo hizo saber en su momento el Alcalde en diferentes medios de comunicación, para los ambientalistas es realmente una reserva ambiental que debe ser revitalizada; es uno de los pocos terrenos que aún pueden salvarse en el Distrito de Bogotá y con ello la fauna, flora nativas que la habitan, como cuerpos de agua así. Sus argumentos no son caprichos, cada una de ellas está soportada esn estudios científicos y técnicos.


Por esta reserva cruza la quebrada La Salitrosa, además de contar con canales que alimentan el río Bogotá. La reseva está unida ecológicamente con el Cerro La Conejera, Humedal conejera, Humedal Torca–Guaymaral; suelos de capas freáticas permiten que el agua se filtre en la tierra y se creen depósitos subterráneos; 486 especies vegetales, como el Sentenció de pantano, el Silbato; en su interior queda el bosque Las Mercedes. La fauna, variada, cuenta entre especies con La Tingua bogotana, el Chamicero, El Chirriador, El Cucharro, La Tingua moteada, la Zarigüeya andina, El Gabilan bailarín, y 26 especies de mariposas, entre otros. (1)


La reserva queda ubicada al norte de la ciudad de Bogotá, convirtiéndose de esta manera en un límite natural al proceso de expansión descontrolado y desmesurado de la ciudad, y comprende una extensión de 1.395 hectáreas que deben ser revitalizadas, lo que implica compra de terrenos y viviendas allí existentes.


Para la ciudad es fundamental proteger este ecosistema, ya que el ecosistema nativo en la Sabana de Bogotá se encuentra en muy malas condiciones, pues la presencia de invernaderos –en su mayoría para la producción de flores que explotan descontroladamente las fuentes de agua– ha deteriorado con el tiempo partes fundamentales de lo que originalmente fue la Sabana.


La reserva lleva el nombre del científico naturalista de origen holandés Thomas Van der Hammen, quien durante su vida se dedicó a investigar ecosistemas en la Sabana de Bogotá, los Andes colombianos y zonas tropicales en Sudamérica, buscando la protección y preservación de los mismos.


El fallo


En su primera administración, el actual Acalde buscó incluir en el Plan de Ordenamiento Territorial la ampliación de la ciudad hacia el norte, proponiendo la modificación de uso del suelo de rural o semi urbano a suelo urbano, lo que ya lo haría susceptible de urbanizción, propósito que fue impedido por la CAR. Mediante la Resolución 0475 de 2000 el ministerio responsabilizó a la CAR de delimitar, declarar y hacer un Plan de Manejo Ambiental, algo que le tomó unos 11 años, hasta el 2011, que mediante el acuerdo 011 la declara como “área de Reserva Forestal Productora Regional del Norte de Bogotá”, y para el 2014 decreta el plan de manejo ambiental; finalmente, en 2015 la Alcaldía dicta la resolución 0835 por medio de la cual convirtió en suelo de interés público esta reserva, para fortalecer la cual, a través de compra de terrrenos, destinó 110 mil millones de pesos (2).


Como todo negociante debido al capital urbanístico, Peñalosa nunca renunció a su propósito de urbanizar parte de esta Reserva y ahora, con este fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamrca, satisface su sed de negoción. En efecto, el fallo ordena que se redelimite, reordene, recategorice y sustraiga parte de la reserva para la construcción, beneficiando los intereses de empresas inmobiliarias que apoyaron fuertemente su candidatura a la Alcaldía. Así, este proyecto se suma a las megas obras urbanísticas Lagos de Torca y Ciudad Río.
Aun es posible hacer algo


El fallo ordena a la CAR expedir actos administrativos para acoger el proyecto de la Alcandía, aduciendo que traerá beneficios ambientales, sociales y económicos para la ciudad. En este sentido, cabe la duda sobre competencias decisorias para ordenar modificaciones, si es la CAR o el TAC, pues la primera es la máxima autoridad en temas ambientales, y el segundo lo es en dictar disposiciones de ley conforme a elementos técnicos y científicos.


Según Maria Mercedes Maldonado, exsecretaria de Hábitat y Planeación de Bogotá durante la administración de Gustavo Petro, lo fallado “no está en firme, admite recurso de reposición o de apelación”.


Ante esta situación legal, se abre una disputa legal, que deberá ir acompañada de movilización social/ambiental, para lograr finalmente que la Reserva en riesgo de ser urbanizada no pierda su carácter. La estabilidad ambiental de la ciudad, al menos en parte, y el control a su crecimiento sin límite, están en juego acá-


Fuentes consultadas


1. Fundación Humedales Bogotá http://humedalesbogota.com/2016/02/01/reserva-thomas-van-der-hammen-hogar-de-aves-y-naturaleza-que-un-alcalde-llama-potrero/
2. Reserva Forestal del Norte de Bogotá Thomas Van der Hammen http://www.reservathomasvanderhammen.co/index.php/que-es-la-reserva/linea-de-tiempo

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Insta ONU a adoptar cambios rápidos y sin precedente contra un clima más extremo

Si se quiere que la temperatura de la Tierra no suba más de 1.5 grados, hay que adoptar cambios rápidos y sin precedente en la forma en que se usa la energía para comer, viajar y vivir, o nos arriesgamos a sufrir un clima aún más extremo y la pérdida de especies, señaló este lunes un reporte de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Limitar el aumento de la temperatura promedio global a 1.5 grados Celsius, por encima de los niveles preindustriales, en lugar de cumplir con la meta de dos grados acordada en las conversaciones sobre el cambio climático de París en 2015, tendría "claros beneficios para los seres humanos y los ecosistemas naturales", indicó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por su siglas en inglés).

Sin un cambio real, el mundo no está ni siquiera en camino de alcanzar el objetivo de dos grados, aseguraron los expertos.

Petteri Taalas, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, señaló a los periodistas en Ginebra que "hay una clara necesidad de tener una ambición mucho mayor para alcanzar incluso el objetivo de los dos grados, ya que en este momento nos estamos moviendo hacia entre tres y cinco grados".

Los pasados 18 años han sido los más cálidos registrados desde el comienzo de las mediciones en la década de 1850, indicó. Los científicos atribuyen el incrementeo de las temperaturas y el clima extremo sobre todo a gases de invernadero como el dióxido de carbono a partir de combustibles fósiles, entre ellos el carbón, el petróleo y el gas.

El reporte del IPCC señaló que al ritmo actual de calentamiento, las temperaturas mundiales serían 1.5 grados más altas entre 2030 y 2052, tras un alza de un grado por encima de los niveles preindustriales desde mediados del siglo XIX.

Cumplir con el objetivo de 1.5 grados mantendría la subida del nivel global del mar en 0.1 metros por debajo del objetivo de dos grados para 2100, según el reporte. Esto podría reducir las inundaciones y dar tiempo para adaptarse a la gente que vive en las costas, islas y deltas fluviales de todo el mundo. También se reduciría la pérdida de especies y la extinción y el impacto en los ecosistemas, agregó.

"Hasta los científicos se sorprendieron al ver (...) lo grandes que serían los beneficios de limitar el calentamiento global a 1.5 grados en lugar de dos", dijo a Reuters Thelma Krug, vicepresidenta de IPCC.

El grupo, ganador de un premio Nobel, emitió su informe desalentador en una reunión llevada a cabo en Incheon, Corea del Sur.

En el documento, de 728 páginas, el grupo detalló cómo el clima, la salud y los ecosistemas podrían estar mejor si los líderes mundiales pudieran limitar de alguna forma el calentamiento causado por el ser humano a solamente medio grado Celsius.

 

Panorama

 

En el informe también ofreció varios puntos de lo que podría ocurrir:

 

• Se afectaría a sólo la mitad de las personas por falta de agua.

• Habría menos muertes y enfermedades ocasionadas por el calor, contaminación y enfermedades contagiosas.

• El nivel de los océanos subiría casi 10 centímetros o menos.

• Menos de la mitad de los animales vertebrados y plantas perderían gran parte de sus hábitats.

• Habría menos ondas de calor, aguaceros y sequías.

• La capa de hielo de la Antártida occidental podría no llegar a un derretimiento irreversible.

• Y podría ser apenas suficiente para evitar que la mayor parte de los arrecifes de coral del mundo mueran.

 

"Para algunas personas esta es una situación de vida o muerte sin lugar a duda", señaló Natalie Mahowald, climatóloga de la Universidad de Cornell y una de las autoras principales del reporte.

Limitar el calentamiento a medio grado a partir de ahora significa que el mundo puede mantener una "semblanza" de los ecosistemas que tenemos. Añadir otro medio grado –meta de los líderes mundiales– significa, en esencia, una Tierra diferente y más desafiante para la gente y las especies, señaló otro de los autores principales del reporte, Ove Hoegh-Guldberg, quien también es director del Instituto de Cambio Global de la Universidad de Queensland, en Australia.

Sin embargo, cumplir con la meta más ambiciosa de un menor calentamiento requeriría un recorte inmediato en las emisiones de gases que atrapan el calor, así como cambios drásticos en el sector energético.

Aunque el panel de la ONU dijo que técnicamente es posible, vio poca probabilidad de que vayan a ocurrir los ajustes necesarios.

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