Tres tablas periódicas que explican el irracional consumo de muchos aparatos electrónicos

En el Año Internacional de la Tabla Periódica, estas tres versiones analizan la escasez de muchos materiales clave, su impacto en la minería y su porcentaje de reciclaje

 

Estas son tres representaciones diferentes de la tabla periódica que muestran el consumo irracional de muchos materiales utilizados en aparatos electrónicos: la primera muestra el riesgo de escasez de cada elemento químico, la segunda el impacto en la minería y la tercera cuánto se reciclan. Este 2019 fue designado por Naciones Unidas como el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos, pues se cumplen 150 años de su creación por parte del científico ruso Dmitri Mendeleev.


La tabla periódica de la escasez


Esta primera tabla ha sido diseñada por la Sociedad Química Europea (EuChems) y muestra los 90 elementos químicos naturales con los que se hace todo (la tabla actual tiene 118 elementos, pero se han excluido los sintéticos creados por el ser humano). Su particularidad es que el área de cada elemento se ha dibujado más o menos grande en función de la cantidad aproximada existente en la Tierra. Además, se ha utilizado un código de colores para identificar aquellos con los que puede haber más problemas por la forma en que se están utilizando. En color rojo aparecen aquellos con los que puede haber un grave riesgo de escasez en los próximos 100 años (como el galio (Ga) o el indio (In). En naranja, los que muestran un riesgo en aumento por su uso creciente (como el cobalto (Co). En amarillo, con los que puede haber riesgo futuro de abastecimiento (como el litio (Li)).

 

La tabla también señala los materiales usados para fabricar un smartphone. Uno solo de estos teléfonos contiene cerca de 30 minerales. Sin embargo, con 17 de ellos puede haber problemas en el futuro a causa de su escasez. Por ello, la EuChems critica que solo en la Unión Europa se tiren o reemplacen 10 millones de estos teléfonos todos los meses.

 

La tabla periódica del impacto en minería

La segunda tabla muestra la contaminación causada por cada elemento en su extracción minera. Los colores van del azul (el impacto más bajo) al rojo (el más alto). El oro (Au) es el que aparece con un impacto más alto, seguido de otros materiales como el mercurio (Hg), el platino (Pt)...

Esta representación aparece en un informe que acaba de hacer público el Foro Económico Mundial de Davos sobre basura electrónica, titulado ‘Una nueva visión circular para la electrónica’.

 

La tabla periódica del reciclaje

A excepción del helio (He), que es tan ligero que puede escaparse de la Tierra, los elementos químicos no desaparecen. Sin embargo, sí pueden dispersarse y volverse demasiado complicados de recuperar. Es lo que ocurre con los minerales usados en aparatos electrónicos que acaban en un vertedero.

 

La última tabla periódica también aparece en el mismo trabajo del Foro Económico Mundial. Esta vez, lo que se muestra es el porcentaje de reciclaje de cada uno de estos materiales. Como se ha visto, existe un riesgo creciente de escasez y muchos de ellos tienen un alto impacto en su extracción. Sin embargo, gran parte de la tabla está coloreada de rojo, que corresponde a menos de 1 por ciento de reciclaje. Es lo que ocurre con el galio (Ga), el indio (In), el itrio (Y)…

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Al menos nueve muertos y 300 desaparecidos tras romperse una represa minera en Brasil

El dique de contención se ha quebrado y el lodo ha sumergido el comedor de las instalaciones, según el presidente de la empresa propietaria

 

Al menos nueve personas han muerto y casi 300 permanecen desaparecidas después de que la rotura de un dique de contención de residuos de una mina brasileña inundara este viernes una amplía extensión de terreno de lodos férreos. La catástrofe ha ocurrido en el municipio de Brumadinho, en Minas Gerais (sudeste de Brasil) y las probabilidades de encontrar vivos a los desaparecidos son "mínimas", según aseguró el gobernador del Estado, Romeu Zema antes de que se diese a conocer el último balance oficial de víctimas. 

La compañía propietaria del complejo minero, Vale, ha precisado que el accidente sucedió a primera hora de la tarde en la conocida como mina Judía. El presidente de Vale, Fabio Schwartsman, ha explicado en una rueda de prensa que había algo más de 400 empleadas de la mina (propios y subcontratados) en el momento del colapso. Las primeras imágenes muestran la zona convertida en un mar de barro.


La rotura del dique de contención se produce poco más de tres años después de la tragedia ambiental de Mariana, la más grave de la historia del país sudamericano. Schwartsman ha asegurado que la empresa desconoce por qué ha colapsado la presa, que está vigilando otros diques en la mina. El máximo directivo de Vale ha añadido que "el impacto ambiental puede ser menor que aquel pero el coste humano, mayor".


El presidente brasileño, Jair Bolsonaro,lamentó la catástrofe en nota compartida en sus redes sociales. "Nuestra mayor preocupación en este momento es atender eventuales víctimas de esta grave tragedia", afirmó. El Gobierno activó un gabinete de crisis, coordinado por los ministerios de Desarrollo Regional y de Medioambiente.


La empresa minera Vale movilizó al cuerpo de bomberos y activó su plan de emergencias. “La prioridad total de Vale, en este momento, es preservar y proteger la vida de empleados y de miembros de la comunidad”, explicó la compañía en un comunicado. La catástrofe de Brumadinho hizo caer un 8% las acciones de la minera en la Bolsa de Nueva York este viernes.
La rotura de la presa de Vale en Brumadinho sucede tres años después del desastre de Mariana, la mayor tragedia ambiental del Brasil, ocurrida en noviembre de 2015. Entonces, la presa de Fundão, de la Samarco (propiedad también de Valle y de BHP Billiton), se rompió, matando a 19 personas y provocando un tsunami de barro que avanzó sobre el río Doce hasta llegar al litoral de Espírito Santo.


Alrededor de la 13.30 (hora local) el Ayuntamiento de Brumadinho alertó en sus redes sociales a la población de que se mantuvieran alejados del lecho del río Paraopeba.
El Instituto Inhotim, un museo a cielo abierto de arte contemporáneo localizado en Brumadinho, informó a través de sus redes sociales que fue evacuado por precaución. “Debido a la rotura en Brumadinho (MG), el Instituto Inhotim comunica que evacuó el área de visitas del museo" siguiendo las recomendaciones de las autoridades, explicó la institución. Inhotim es uno de los principales destinos turísticos del Estado de Minas Gerais y recibe miles de turistas todos los meses.


También a través de una nota, el Ministerio de Desarrollo Regional informó de que está "en contacto constante con los equipos de Defensa Civil".

 

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Luxemburgo será el primer país del mundo donde el transporte público será gratuito

El país centroeuropeo ha tomado la medida para reducir los niveles de contaminación e incentivar el uso de transporte público. Es el primer Estado que regula de esta forma este tipo de transporte y se pone a la cabeza a nivel mundial.


Luxemburgo se ha convertido en el primer país de todo el mundo en el que el transporte público será gratuito sin ningún tipo de distinción. Recogiendo el testigo de la ciudad francesa de Dunkerque, a partir del 1 de marzo de 2020 ningún autobús, tren o tranvía tendrá coste para los ciudadanos del país europeo, siempre y cuando viajen en clase turista.
François Bausch, ministro de movilidad y trabajos públicos del Estado centroeuropeo, anunció en su Twitter que también habrá fuertes inversiones para mejorar las infraestructuras del transporte público que empezará por los trenes, ya que serán gratuitos para aquellos que no viajen en primera clase a partir de este domingo.

La medida entrará en vigor a partir de marzo del próximo año debido a la caducidad de los abonos de los ciudadanos que son anuales o temporales, por lo que el último día de validez de los tickets será el 29 de febrero de 2020, consiguiendo así aunar los abonos diarios, mensuales y anuales.


Por otra parte, Luxemburgo puede enorgullecerse de ser el país con la red de transporte público más barata de toda Europa, ya que toda persona con menos de 20 años viaja gratuitamente y un billete de 24 horas tiene un coste de tan solo cuatro euros.

Esta medida también tendrá repercusión en sus países vecinos, ya que entre Bélgica, Francia y Alemania son 200.00 trabajadores los que cruzan diariamente a Luxemburgo, según afirman en The Independent.

24/01/2019 17:48 Actualizado: 24/01/2019 18:23
PÚBLICO

 

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Venezuela: la disputa es por los territorios

Desde semanas atrás, ya se anunciaban turbulencias a partir de enero-2019 en Venezuela, con la instalación de la Asamblea Nacional y la toma de posesión de Nicolás Maduro para un hoy incierto período presidencial 2019-2025. De nuevo, saltan una serie de jugadas políticas y geopolíticas de corto y mediano plazo, movimientos, alianzas y decisiones que avivan las tensiones ya existentes y buscan generar nuevos puntos de inflexión y cambios de escenario. El dramático avance de la devastación económica y de la descomposición política e institucional del país, sumado al hostil panorama internacional, nos han llevado a tiempos de mucha mayor volatilidad, en comparación con el muy conflictivo 2017.

Sin embargo, todo esto va mucho más allá de los reacomodos del poder institucional y los potenciales cambios de mandatario. Ante el colapso del rentismo, del Petro-Estado y toda su institucionalidad, la disputa por la renta ha ido perdiendo centralidad y se va dirigiendo con más fuerza hacia la apropiación directa de los recursos y el control de los territorios.

Mientras casi toda la atención se centra en la llegada de un ‘desenlace’ en las cúpulas del poder, lo cierto es que desde hace ya varios años se viene produciendo un intenso proceso de des-territorialización1 y re-colonización a lo largo y ancho de la geografía venezolana, que está teniendo un extraordinario impacto no sólo en los tejidos sociales, en la correlación de fuerzas y en los ecosistemas y la reproducción de la vida socio-ecológica; sino en la propia forma de la soberanía política en el país.

Es claro que el Estado/Gobierno de Nicolás Maduro está jugando un rol clave en este complejo proceso de recolonización, al intensificar la lógica extractivista, aplicando un brutal ajuste económico sobre los territorios (zonas económicas especiales, mega-proyectos como el Arco Minero del Orinoco A.M.O., entre otros), al tiempo que se vuelve políticamente muy agresivo y autoritario, y ha suprimido de facto el estado de derecho (estado de excepción permanente, zonas militares especiales, etc.).

No obstante, por más que algunos análisis quieran omitirlo, no es el único actor en el juego. En realidad ni siquiera es un actor homogéneo y sólido. La crisis hegemónica que se produce desde 2013 con la muerte de Chávez y la metástasis de la corrupción, se unen a la extraordinaria crisis económica que colapsa y caotiza al país, lo que ha hecho que el Petro-Estado venezolano no sea hoy más que una colección de grupos de poder (que pueden tener conflictos y tensiones entre sí) y un conjunto de instituciones precarias y discontinuas.

El impacto de esta Gran Crisis (2013-2019) ha sido tan profundo, que ha removido y redimensionado las múltiples contradicciones y tensiones territoriales ya existentes, al tiempo que los territorios quedan abiertos ante los flujos salvajes de la actual globalización tardía y descompuesta. Lejos de ser homogénea, estamos ante una cartografía política fragmentada, muy movible y volátil: una parte de la sociedad venezolana, precarizada, migra desde la hueca economía formal hacia estas dinámicas de apropiación directa de los recursos y el control de los territorios; prolifera el paramilitarismo en sus diversas formas; bandas criminales y sindicatos mineros; sectores militares corrompidos que ejercen poder feudal; frentes de las guerrillas colombianas ‘desmovilizados’ (exFARC) o no (como el ELN); poderosos sectores ganaderos y terratenientes; y la creciente influencia/presencia, directa o a través de intermediarios, de las corporaciones transnacionales; entre otros. Es el capitalismo global 2.0 al desnudo.

Estos procesos no se pueden comprender en código binario/lineal, polarizado o sólo como los intereses de la Nación contra el Imperio. Los grupos en disputa pueden actuar basados en sus intereses particulares/locales o articularse hasta hacer parte de redes regionales, nacionales e internacionales, que conectan con mercados globales de recursos primarios, legales o ilegales. En estas múltiples escalas engranándose podemos hablar también de una geopolítica de la Región Guayana, una geopolítica de Los Llanos, una geopolítica de la Amazonía, etc.

En cualquier caso, todos estos actores mencionados son agentes de la acumulación por desposesión y de una u otra manera operan bajo lógicas bélicas. En esto, aunque no se articularan entre ellos, coinciden. Constituyen las diversas estructuras de poder que promueven una re-territorialización del despojo y la expoliación, y parecen llevar a Venezuela a re-configurarse como una o un conjunto de economías de enclave.

Cartografías del despojo, guerras y resistencias: algunas coordenadas

Es imposible dar cuenta de todas las múltiples tonalidades y rasgos de estas disputas territoriales a nivel nacional. Apenas si podemos mencionar algunas de ellas y sus tendencias de manera general.

Además del colapso del capitalismo rentístico, las zonas de enclaves petroleros han entrado en decadencia (al igual que las propias ciudades). Esto ha propiciado que las economías informales de extracción hayan tomado un muy importante auge. Las lógicas de apropiación y poder se van dirigiendo con mucha fuerza al control de las tierras, el territorio y las posibilidades de la extracción de materiales (oro, diamantes, coltán, madera, especies protegidas, etc) e incluso agua, así como al de la movilidad social, de mercancías, corredores estratégicos y de comercios transfronterizos.

En la región Guayana y la Amazonía –las que consideramos las nuevas fronteras de los commodities venezolanas– son tal vez las áreas donde presenciamos estas dinámicas con mayor crudeza. Las principales zonas del oro, en la Reserva Forestal de Imataca (al oriente del estado Bolívar), están siendo atravesadas por lógicas de guerra y se han creado feudos mineros dominados por bandas criminales, militares corruptos y/o sectores de la guerrilla colombiana, lo que no excluye la existencia de enfrentamientos armados con componentes de las Fuerzas Armadas, principalmente a través de operativos. Las nuevas fronteras de los commodities son claves en la reformulación del proyecto extractivista venezolano, pero al mismo tiempo lo son para el enriquecimiento y consolidación de intereses particulares y el posicionamiento territorial en relación al conflicto político nacional. Por eso es tan importante el devenir de lo que vaya ocurriendo en estas áreas.

Estos procesos han hecho metástasis en la zona, expandiéndose con mucha fuerza desde mediados de la década pasada, y en especial en este período de crisis actual. Se han intensificado en la cuenca del Caroní, en el Parque Canaima, en la cuenca del río Paragua, en el sur oriente de Bolívar (frontera con Brasil) y en el Caura, así como en los territorios Yanomami y en los municipios nor-orientales del estado Amazonas. Del mismo modo ha ocurrido con el coltán desde el nor-occidente de Bolívar hasta el eje carretero, y en la frontera de Amazonas con Colombia hasta el sur (oro).

Las disputas entre grupos armados y la instalación del proyecto del A.M.O. han generado violencia, muertes y desplazamientos. Varios pueblos indígenas han puesto resistencia, como han sido los pemón, yekwana, yabarana, wótjüja, yanomami, entre otros, aunque varias de estas comunidades se han también incorporado crecientemente a la actividad minera informal. En el caso de los pemón, desde hace varios años han luchado férreamente contra los desplazamientos y el despojo de estos grupos, y constituyen hoy uno de los principales bastiones de resistencia en estos territorios.

Estas operaciones de extracción se están expandiendo aceleradamente por todo el país, bajo una lógica de saqueo. No solo en el sur: minas metálicas (como las de oro en el estado Carabobo o en Yaracuy) o no metálicas (areneras, caliza, entre otras) proliferan en la geografía nacional, estas últimas también impulsadas en buena parte por militares corruptos que dan un usufructo personal de estas, generando deforestación, desvío de ríos y conflictos con poblaciones locales. Situación similar está ocurriendo con la madera.

En la extensa región de los Llanos, se han venido recrudeciendo las disputas por la tierra, que desde 2001 y hasta la fecha ha dejado un saldo de más de 350 campesinos asesinados. En el período de crisis, han venido arreciando situaciones de desalojos arbitrarios de tierras que habían sido recuperadas por comunidades campesinas, para así ser re-apropiadas por latifundistas. Los campesinos señalan que han sido abandonados desde instancias gubernamentales, que son asediados y perseguidos, criminalizados, judicializados, amenazados y en muchos casos asesinados a través de paramilitares y sicarios pagados por terratenientes y latifundistas. Las agresiones se han registrado al menos en los estados Barinas, Portuguesa, Monagas, Anzoátegui, sur del lago de Maracaibo (Zulia), Apure, Cojedes, Trujillo, Guárico o Mérida. En los últimos meses se han registrado asesinatos de campesinos, como el caso de dos de ellos pertenecientes al predio Hato Quemao (Barinas), el dirigente campesino del Partido Comunista de Venezuela, Luís Fajardo (sur del Lago) o recientemente (12/01/19) el de José "Caballo" de La Cruz Márquez, también en el sur del Lago.

El 12 de julio de 2018, un grupo de 200 campesinos que hacen parte de La Plataforma de la Lucha Campesina, inició una marcha desde Guanare (estado llanero de Portuguesa) recorriendo 430 kms a pie durante 21 días hasta llegar a la capital Caracas, en lo que representa una movilización inédita en Venezuela, y de grandes repercusiones políticas para los movimientos populares. Los campesinos exigen justicia por los asesinatos y denuncian cómo organismos de seguridad como la Guardia Nacional o la Policía Nacional Bolivariana habían participado de agresiones hacia ellos. A su vez, plantearon la necesidad de redireccionar el modelo agrícola, reconociendo a los campesinos como eje central de la soberanía alimentaria en el país. Estas movilizaciones revelan la necesidad de reorganización y relanzamiento del movimiento campesino, ante las crecientes amenazas a las que se ven expuestos.

Estados como Zulia y Táchira, como ya es sabido, son zonas sobrecargadas de intereses económicos y conflictos, claves en el mil millonario comercio ilegal de contrabando y extracción transfronterizo entre Venezuela y Colombia, pero además tienen incidencia en la dinámica de las conflictivas relaciones entre estos dos países. Numerosos actores armados –en buena parte, provenientes del conflicto colombiano– han incursionado y se han posicionado en diversos territorios, y hacen parte de intensas disputas por el control de los mismos, así como de los negocios de la gasolina, alimentos, entre otros. Quisiéramos destacar, para el caso del Zulia, el asedio en los últimos años que han sufrido los indígenas en la Sierra de Perijá (yukpas) y La Guajira (wayuu), siendo que esto se ha intensificado con las familias del asesinado cacique Sabino Romero y la cacica Carmen Fernández, lo cual se evidenció con el secuestro y tortura que sufrió la docente yukpa Mary Fernández, hija de Carmen, y el desplazamiento forzado del que fue objeto la comunidad de Kuse –liderada por la mencionada cacica.

Por último, las zonas urbanas, atravesadas por la precariedad, son áreas donde se producen intensas disputas por el control de barrios, comercio y corredores estratégicos. Bandas criminales han logrado ampliar su capacidad de organización y fuego, e incluso se han logrado articular con sectores corruptos de los cuerpos de seguridad del Estado. Estos últimos llevan adelante frecuentes operativos de choque en barrios populares (como ha sido la Operación para la Liberación del Pueblo) y el despliegue de fuerzas especiales a lo largo y ancho de las ciudades, los cuales actúan sin mayor regulación.

El juego está bastante abierto y la geografía venezolana cruje, jaloneada por múltiples actores del despojo y la re-colonización. Cuando de a ratos, en la escena de la política partidista las cosas parecen estacionadas, en la materialidad de las localidades, estos procesos avanzan vertiginosamente, evidenciado que, en buena medida, en Venezuela la disputa es por los territorios.

Epílogo. ¿Re-pensar un proyecto emancipatorio, en tiempos muy conflictivos?

Es difícil no analizar estos escenarios y hacer parangones con otras experiencias, como la colombiana, Centroamérica, o algunos casos africanos como el de Congo. En este caso, la pregunta es si presenciamos la instalación territorial de estructuras, y sobre todo, lógicas de poder mediadas por la guerra. Y de ser cierto, la consiguiente pregunta sería cómo revertirla. Es fundamental, no desmayar en los intentos de la construcción de una alternativa política para el país, que vaya más allá de los dos grandes proyectos neoliberal/autoritarios en disputa (Gobierno de Maduro y Frente Amplio/Voluntad Popular et al), y que pueda permitir el re-surgimiento de las potencialidades populares y el nacimiento de nuevas culturas políticas que tributen a la vida socio-ecológica. Si el escenario no es reversible en los próximos plazos, es evidente que los pueblos tienen derecho a la defensa propia. En ese caso, esto supone re-pensar un proyecto emancipatorio, en tiempos muy conflictivos.

Emiliano Terán Mantovani es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela e investigador asociado al Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES)


1 Entendiendo ‘desterritorialización’ como un proceso de ruptura y trastocamiento de una territorialidad determinada, de sus configuraciones socio-culturales, metabólicas y ecológicas. La desterritorialización en el sistema capitalista suele estar determinada por la apertura forzada y violenta de nuevos procesos de despojo y acumulación de capital, y para los países del Sur Global puede comprender formas de pérdida de territorio.

15/01/2019

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321 activistas de los derechos humanos fueron asesinados en 2018

Los asesinatos tuvieron lugar en 27 países y el 77% de ellos se perpetraron contra activistas ambientales, según Front Line Defenders. La organización destaca que el uso de la violencia contra defensores de los derechos humanos es generalizado, además de una tendencia hacia legislaciones restrictivas que entorpecen y limitan el trabajo activista

 

La lucha por los derechos humanos, la tierra, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas se cobra sus víctimas a punta de pistola. Y no son caso aislados. Nada menos que 321 defensoras de los derechos humanos, en al menos 27 países, fueron asesinadas en 2018, tal como indican los datos recopilados por Front Line Defenders, una organización especializada en la protección de “las personas que trabajan, de forma no violenta, por cualquiera o todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.


La cifra real de asesinatos, sin embargo, “casi con certeza, es superior a esta”, como aseguran desde la organización. Y tres de cada cuatro de esos asesinatos han tenido como blanco activistas ambientales, según destaca la federación Ecologistas en Acción.


El último informe de la Front Line Defenders, titulado Basta de Asesinatos, destaca que estos ataques no son hechos aislados, sino que van precedidos de acoso judicial, amenazas y ataques físicos. En concreto, el 49 % de las personas asesinadas habían recibido previamente amenazas de muerte y, tal como destacan desde Ecologistas, “en la mayoría de los casos, las activistas no recibieron ni la protección ni el apoyo necesario por parte de las autoridades estatales”.


Para Front Line Defenders, “el uso de la violencia mortal para silenciar a quienes defienden los derechos de las personas más vulnerables sigue siendo generalizado y endémico en varios países”. De hecho, 2018 es el año en el que la organización ha recopilado un número mayor de asesinatos, nueve más que el pasado año.


La persecución y criminalización de activistas tiene, además, el agravante de género. Activistas y defensoras del medio ambiente “sufren agresiones sexuales por parte de actores estatales y no estatales”, incluso dentro dentro de sus movimientos sociales, destaca el informe. Violaciones, abusos sexuales, hostigamiento y persecución de sus hijos, campañas de desprestigio cuestionando su compromiso con sus familias o su eliminación e imposibilidad de acceder a cargos de alto rango en ONG, estructuras públicas o sindicatos son algunas de las realidades recopiladas en el informe.


UN MUNDO MÁS RESTRICTIVO


Por si no bastaba con todo esto, el análisis global de Front Line Defenders remarca una tendencia hacia “una legislación restrictiva dirigida a limitar el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos”. Como indican desde Ecologistas en Acción, “los gobiernos legislan en torno a las amenazas a la ‘seguridad nacional’ como una excusa para censurar y criminalizar movimientos sociales”. Asimismo, “las autoridades utilizan con frecuencia la vigilancia telefónica y electrónica centrándose en activistas ambientales y defensoras LGBTIQ”, añaden.


Serlinda Vigara, portavoz de la federación ecologista, señala que “los asesinatos son solo la cara más visible de un sistema que pretende silenciar a todas aquellas personas que se enfrentan a los intereses corporativos y estatales al defender, día tras día, modos de vida alternativos frente a la crisis social y ecológica que afrontamos”.
Por ello, desde el colectivo muestran su “máxima preocupación” por los datos del informe y exigen “la implicación de gobiernos e instituciones internacionales en la lucha contra estos crímenes y hostigamientos”. En concreto, instan a “impulsar y establecer marcos normativos nacionales e internacionales jurídicamente vinculantes sobre empresas transnacionales y derechos humanos, que establezcan regulaciones de obligado cumplimiento e impongan sanciones frente a las violaciones de derechos humanos”.

Por REDACCIÓN EL SALTO

PUBLICADO
2019-01-15 11:25:00

 

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Alexandria Ocasio-Cortez y la política del baile

Se cuenta que Emma Goldman, gran pensadora anarquista, escritora y activista por la justicia social de principios del siglo XX, manifestó alguna vez: “Si no puedo bailar, no quiero ser parte de tu revolución”. Si bien es posible que no haya pronunciado exactamente estas mismas palabras, el sentido de la frase tuvo su actualización en el Congreso de Estados Unidos la semana pasada cuando empezó a circular en las redes sociales un video de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez bailando con amigos cuando era estudiante de la Universidad de Boston, hace 10 años. El video salió a la luz en un intento fallido de desacreditar a la nueva integrante del Congreso mientras asumía como la mujer más joven electa para integrar la Cámara de Representantes en la historia de Estados Unidos.

La respuesta de Ocasio-Cortez a las críticas en internet fue concisa y brillante: un tuit con un video de ella bailando mientras se dirigía a su nueva oficina del Congreso. El video captó una atención tremenda. Lo que se pasó por alto fue el son al que bailaba: el clásico himno contra la guerra de 1970, “War”, cantado por Edwin Starr. Este tema se convirtió rápidamente en el número uno en el verano de 1970 y ha sido un importante himno contra la guerra desde entonces. “Guerra / Para qué sirve / Para absolutamente nada”, dice el estribillo. Ocasio-Cortez va pronunciando las palabras mientras baila hacia la puerta de su oficina en el Congreso.

El sitio web de la campaña de Ocasio-Cortez detalla una serie de políticas progresistas, entre las que se incluye la propuesta de una “economía de paz”. “Desde 2018 participamos en acciones militares en Libia, Siria, Irak, Afganistán, Yemen, Pakistán y Somalia. Cientos de miles de civiles en estos países han muerto como daño colateral de los ataques estadounidenses o por la inestabilidad causada por las intervenciones de Estados Unidos. Millones más han huido de sus fracturados países, lo que contribuye a la crisis mundial de refugiados (…) Debemos poner fin a la “guerra eterna” implementando la retirada de nuestras tropas y poniendo fin a los ataques aéreos que perpetúan el ciclo del terrorismo en todo el mundo”.

Ocasio-Cortez corrigió recientemente a Sean Hannity, presentador de Fox News y asesor no oficial del presidente Donald Trump, quien la acusó de la herejía de exigir el “fin de los ataques aéreos militares”. La representante respondió con un tuit en el que afirma estar a favor de “acabar con las guerras injustas” por completo.

Desde su victoria en las elecciones primarias demócratas para representar al 14° Distrito de Nueva York, en las que derrotó al poderoso demócrata Joe Crowley, en aquel momento congresista en funciones, Ocasio-Cortez ha sido atacada regularmente por la derecha. En julio del año pasado declaró en una entrevista para Democracy Now!: “Los temas en los que basé mi campaña eran muy claros y creo que fueron una parte importante de nuestra victoria: mejorar Medicare y ampliarlo a toda la población, educación superior pública gratuita, un New Deal ecológico, justicia para Puerto Rico, una plataforma sin concesiones en torno a la reforma de la justicia penal y el fin de la guerra contra las drogas, y también afrontar al poder con la verdad y hablar sobre el dinero en la política”.

El New Deal ecológico —en referencia a las políticas implementadas en Estados Unidos por el presidente Franklin D. Roosevelt para luchar contra los efectos de la Gran Depresión de 1929— exige una descarbonización rápida y radical de toda la economía, con una transición de los combustibles fósiles hacia fuentes de energía renovable, con la esperanza de evitar los peores efectos del cambio climático mientras aún quede tiempo. El New Deal ecológico también exige una “transición justa”, que asegure que los trabajadores desplazados de las industrias a cerrar, como la minería del carbón, obtengan el apoyo que necesitan para pasar a otro trabajo productivo.

Ocasio-Cortez se unió a una protesta del movimiento Sunrise, liderado por jóvenes, que tuvo lugar en la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Ocasio-Cortez estaba reclamando que la nueva mayoría demócrata de esta cámara promoviera un “Comité Selecto para un New Deal ecológico”, que tendría amplia autoridad, incluido un poder de citación, para impulsar el proyecto. Claramente, la campaña de presión tuvo efecto, pero no alcanzó las demandas de los activistas. Pelosi reactivó el Comité Selecto de la Cámara de Representantes para la Crisis Climática pero con carácter exclusivamente asesor. La nueva presidenta de ese comité será la demócrata Kathy Castor, de Florida, quien, según críticos, ha recibido decenas de miles de dólares de intereses de los combustibles fósiles (aunque un portavoz de la congresista manifestó que iba a renunciar a tales contribuciones en el futuro). Ocasio-Cortez tuiteó en respuesta: “No tenemos tiempo para quedarnos de brazos cruzados mientras nuestro planeta arde. Para las personas jóvenes, el cambio climático es más importante que la elección o la reelección. Es un asunto de vida o muerte”.

En la ceremonia de jura en el Congreso el 3 de enero, la representante Alexandria Ocasio-Cortez vistió de blanco, según indicó, “para homenajear a las mujeres que pavimentaron el camino antes que yo, y para todas las mujeres que están por venir. Desde las sufragistas hasta Shirley Chisholm, no estaría aquí si no fuera por las madres del movimiento”.

Alexandria Ocasio-Cortez respeta a sus mayores. La vieja guardia del Congreso, tanto republicana como demócrata, no debería temer que esta mujer, la más joven en ser electa para el Congreso, se ponga a bailar en círculos a su alrededor. En su lugar, deberían imitar sus pasos.

Columna 11 de enero 2019

Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta

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Constituciones para un mundo social y ecológicamente sostenible

Tras la lectura de 37 textos constitucionales, el autor concluye que la mayoría no recoge la sostenibilidad ecológica como pacto de convivencia


Las constituciones hablan de lo que una sociedad considera importante normativizar. Son producto de la correlación de fuerzas entre las clases sociales y las dinámicas de poder. A veces son impuestas, otras pactadas entre fuerzas desiguales y otras son conquistadas. También son hijas de su tiempo. Aunque no siempre se aplican, pueden servir para hacer valer determinados derechos. En ocasiones hablan de los sueños de los pueblos. Son producto de la realidad, pero también la crean.


Estamos a las puertas de un grave deterioro de las bases materiales que permiten la vida de las personas, de los pueblos y de los ecosistemas complejos de los que dependemos para nuestra supervivencia. La mayoría de las constituciones han sido escritas desde la cosmovisión de un sistema económico en crecimiento. Sin embargo la economía ecológica nos muestra que los bienes que permiten la vida están siendo esquilmados por un sistema económico que necesita crecer a toda costa. Esto se manifiesta en problemas como la pérdida grave de biodiversidad, la menor cantidad de agua dulce y suelo fértil, el calentamiento global o el declive energético.


La mayor parte de las constituciones no están preparadas para cambiar el rumbo hacia una sostenibilidad ecológica y social imprescindible para seguir habitando –y con dignidad– en la biosfera.


Estamos en un momento de la historia en el que es necesario incluir la sostenibilidad ecológica en el rango más alto de los pactos de convivencia, o no habrá convivencia posible.
Tras la lectura de 37 constituciones, incluida la española1, se puede afirmar que la mayor parte de ellas, si bien hacen alguna mención a la protección del medio ambiente, ponen por delante la producción y el crecimiento económico, tanto en extensión como en jerarquía normativa, con alguna excepción: “El Estado asegura al pueblo un ambiente de vida y condiciones laborales, cultos e higiénicos, al adoptar medidas para la protección del medio ambiente anteponiéndolo a la producción, para conservarlo y acondicionarlo y prevenir su contaminación” (República Popular de Corea).


Muchas constituciones entienden el medio ambiente sólo en términos de “recurso” al servicio del crecimiento económico y de la producción industrial.


Con frecuencia se reduce el bienestar a una perspectiva monetaria, ignorando que para que el bienestar exista, cuando no la supervivencia, tiene que haber agua limpia, atmósfera respirable, temperatura equilibrada, biodiversidad y tierra no contaminada.


Las referencias a la seguridad nacional, con frecuentes alusiones a ejércitos y fronteras, prácticamente nunca incluyen las amenazas, tal vez mayores, procedentes del deterioro ecológico.


Unas pocas constituciones ponen la sostenibilidad como tema central y la desarrollan. La de Bolivia nombra con detalle muchos aspectos de la sostenibilidad tales como la soberanía alimentaria, la protección de la biodiversidad, la conservación de los suelos, la prohibición de los depósitos de residuos nucleares, las energías renovables, la prohibición de privatización de los hidrocarburos o la prohibición de incluir recursos naturales en el mercado de valores. La constitución iroquesa habla del agradecimiento a la tierra. Por el contrario en algunas constituciones como la de Emiratos la tierra es invisible, no es nombrada, ni regulada, ni protegida. En la finlandesa se habla de los derechos de la naturaleza. La constitución de Bután va más allá: “El Gobierno debe asegurar que, con el objetivo de conservar los recursos naturales del país y de prevenir la degradación del ecosistema, un mínimo del 60% de la tierra de Bután se mantenga virgen siempre”.


Algunas constituciones introducen los “derechos” o referencias a las generaciones venideras, entre otras la de Argentina, Bután, Cuba, Bolivia, Egipto, Noruega, Portugal, Sudáfrica o la antigua constitución iroquesa. Los derechos de las próximas generaciones tienen numerosas implicaciones, pues significan incluir la sostenibilidad como eje vertebrador, es decir, la capacidad de sobrevivir como comunidad en el futuro.


Es un asunto clave para las constituciones de Egipto, Bután, Cuba, Corea o Bolivia que la propiedad de los bienes naturales pertenezca al pueblo. En la constitución iroquesa la propiedad de suelo es de quien vive en él, en la de Bután se reafirma en varias ocasiones “la posición superior del Estado en la posesión y control de los recursos naturales, frente a posibles injerencias de multinacionales”, mientras que la de Lituania afirma explícitamente: “Las entidades extranjeras pueden adquirir la propiedad de la tierra, de las aguas interiores y de los bosques en la República de Lituania de acuerdo con una ley constitucional”.


La constitución española tiene un enfoque marcadamente productivista, exalta el mercado y, en buena medida, pone al servicio de éste el resto de cuestiones. En el artículo 38 “se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”.


No está actualizada al momento y contexto actual. Y menos a las dificultades ecológicas y sociales de los tiempos venideros. Y además está configurada de modo que es difícil hacer cambios.


Aparece el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, pero sin obligación de que esto sea así. Es un principio rector que, aun siendo importante, no es un derecho fundamental reivindicable sino una orientación genérica para el Estado. Aunque el artículo 45 abre una pequeña puerta: “Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”, lo deja en manos de un desarrollo posterior: “Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado”.


El artículo 53 establece una jerarquía priorizando los derechos del capítulo segundo y dejando en un menor nivel los del capítulo tercero donde se encuentra el derecho a disfrutar de un medio ambiente. No tiene las garantías que corresponden a otros derechos subjetivos de obligado cumplimiento. Y sólo es exigible ante los tribunales de acuerdo con las leyes que lo desarrollen. Esto supone una dificultad injustificada para asegurar una salvaguarda activa y eficaz de nuestro entorno2.


Globalmente no muestra interés en el medio ambiente. Y puede interpretarse que lo deja vulnerable en el espacio de una posible mercantilización.


Curiosamente, aun cuando la constitución de la II República Española refleja la práctica inexistencia de preocupaciones ecológicas de la época, se refiere a la naturaleza como riqueza y no como recurso. Además de proponer la socialización de las riquezas naturales.


La palabra “tierra” aparece sólo dos veces y una para referirse al “Ejército de tierra”. El bosque no es nombrado aunque sí “los aprovechamientos forestales”. El hecho de que aparezca 38 veces la palabra economía (o derivados) y ninguna la palabra ecología indica la simplista visión economicista de la realidad y la ignorancia de la dependencia ecológica que tiene la sociedad. Tras haber sido reformada en 2011 (cuando ya la sensibilidad ecológica mundial era mucho mayor) la única vez que aparece la palabra “sostenibilidad” en el artículo 135 es para hablar de sostenibilidad económica.


Tras la polémica incorporación del artículo 135 no se ha visto, sin embargo, necesario incorporar cuestiones como la lucha contra el cambio climático o la conservación y restauración de la biodiversidad.


Cualquier constitución que pretenda mantener a la sociedad en convivencia con la biosfera de la que depende ha de incluir las siguientes propuestas.


1. Explicitar y defender la sostenibilidad ecológica y social como objetivo central y eje vertebrador de la constitución.
2. La sostenibilidad ecológica y social ha de tener un rango de máxima jerarquía.
3. Cuando existan incompatibilidades entre desarrollo económico y sostenibilidad ecológica ha de ponerse esta segunda por delante, ya que si no hay sostenibilidad ecológica finalmente no la habrá económica.
4. Ha de proteger la propiedad colectiva y el bien común.
5. Ha de reinterpretar el concepto de seguridad incorporando la seguridad ecológica y de cuidados.
6. Ha de incluir el análisis de la economía ecológica en las propuestas económicas, reconociendo los límites de los recursos y la dependencia de las sociedades y sus economías de la base material de la vida.
7. Ha de proteger la sostenibilidad local y global en los tratados internacionales.
8. Ha de tomar un papel proactivo en la lucha contra el cambio climático, la transición energética, la defensa de la biodiversidad y la prohibición y limitación de residuos peligrosos.
9. Ha de defender la propiedad colectiva de los bienes ecológicos clave para la sostenibilidad.

10. Ha de defender el principio de precaución en la extracción, producción y emisión de residuos cuando las consecuencias son inciertas, complejas o poco estudiadas.
11. Debe incluir referencias en torno a la soberanía alimentaria y la agroecología, el equilibrio ecológico, la movilidad sostenible y la limitación de la insostenible; la conservación de las aguas, el aire y los suelos, la prohibición de armas químicas, la limitación y prohibición de los depósitos de residuos nucleares, el desarrollo energías alternativas y renovables, la protección de los recursos genéticos y microorganismos; la restauración de la biodiversidad en riesgo de extinción, la prohibición de incluir recursos naturales en el mercado de valores, el desarrollo de tecnologías sostenibles, el derecho a la información ambiental, el fomento de la investigación en sostenibilidad, el desarrollo de la educación para la sostenibilidad.
12. En un contexto de escasez de recursos ha de poner algún tipo de freno a la acumulación privada de bienes naturales.
13. Ha de defender la participación de la población en la gestión ambiental y la defensa de la naturaleza.


Una constitución no cambia en sí misma la realidad, pero permite la transición a una sostenibilidad cada vez más urgente, respaldando los cambios, limitando el rumbo insostenible y ayudando a cambiar la percepción de la realidad. No tenemos muchas más oportunidades.


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Referencias
1. Argentina, Bélgica, Bolivia, Bulgaria, Bután, Chile, China, República Democrática de Corea, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Emiratos, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Guayana Francesa, India, Islandia (frustrada), Italia, antigua constitución Iroquesa, Letonia, Lituania, Marruecos, Noruega, República Española, Rojava, Países Bajos, Portugal, Rumanía, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Vaticano.
2. Informe ECODES diciembre 2015
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Fernando Cembranos es psicólogo y sociólogo. Miembro de la Comisión de Educación Ecológica. Ecologistas en Acción.

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Declarados culpables siete de los ocho acusados del asesinato de Berta Cáceres

Entre los condenados por el crimen de la activista se encuentra un ejecutivo de la empresa DESA, que impulsa la construcción de la hidroeléctrica, además de un oficial activo del Ejército y otro retirado, que fue empleado de la compañía.

Un Tribunal de Honduras ha declarado culpables este jueves a siete de los ocho acusados por el asesinato en 2016 de la activista hondureña Berta Cáceres, que lideraba la oposición contra la construcción de una presa hidroeléctrica en territorio indígena.


Organismos humanitarios locales e internacionales han advertido de que la decisión del juez permite que queden impunes los empresarios que impulsaban la construcción, a quienes señalan como los autores intelectuales del crimen.

Los siete condenados se podrían enfrentar a una pena de hasta 30 años de prisión por el ataque contra la ambientalista. Cuatro de ellos podrían recibir una pena adicional de hasta 20 años, tras ser hallados culpables también del intento de homicidio del activista Gustavo Castro, que resultó herido durante la agresión.


Otro de los implicados fue absuelto de todos los cargos, según ha señalado a Reuters el portavoz del Tribunal Supremo de justicia, Melvin Duarte.


Cáceres, una maestra de 43 años ganadora del premio Goldman, el máximo galardón en materia medioambiental, fue asesinada a tiros en su residencia la noche del 2 de marzo de 2016 en un crimen en el que participaron empleados de la empresa, sicarios y miembros del ejército, según las autoridades.


El Tribunal ha fijado la vista de la sentencia para el 10 de enero de 2019.


La dirigente de la etnia Lenca libraba una fuerte oposición a la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca por considerarla destructiva para el medioambiente y que acarrearía el desplazamiento de la comunidad indígena de la zona.


Entre los condenados por el crimen de Cáceres se encuentra un ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que impulsa la construcción de la hidroeléctrica, además de un oficial activo del Ejército y otro retirado, que fue empleado de la compañía.


Honduras es escenario de habituales confrontaciones entre poblaciones indígenas y campesinas con emprendimientos mineros o hidroeléctricos, sectores donde el Gobierno del presidente del país, Juan Orlando Hernández, alienta la inversión.


"La Justicia no es total pues los empresarios dueños de DESA no han sido investigados y menos encausados, aunque ellos son los responsables intelectuales del crimen de mi madre. Ellos quedan impunes", ha señalado a Reuters Olivia Zúñiga, una de las hijas de Berta Cáceres.


La empresa ha rechazado las acusaciones de responsabilidad en el crimen de la ambientalista, al igual que contra el ejecutivo de la compañía enjuiciado.


Roberto David Castillo, otro ejecutivo de DESA que se desempeñaba como presidente ejecutivo y quien ha sido señalado por el Ministerio Público como autor intelectual del crimen, está siendo juzgado separadamente.

TEGUCIGALPA
30/11/2018 09:44 Actualizado: 30/11/2018 09:44

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Venezuela y Rusia evalúan nuevos proyectos de inversión en el Arco Minero del Orinoco

En una reunión en Caracas, autoridades de ambas naciones revisaron contratos de exploración y explotación en las reservas auríferas en el país suramericano

Venezuela y Rusia evalúan la viabilidad de proyectos de exploración y explotación en el Arco Minero del Orinoco, una zona de 114.000 kilómetros cuadrados con riquezas minerales, situada al sureste del estado de Bolívar.


El ministro de Desarrollo Minero de Venezuela, Víctor Cano, y el embajador de Rusia en el país suramericano, Vladimir Zaemskiy, se reunieron esta semana en Caracas y revisaron "condiciones, indicadores, ejes de negociación y garantías de la actividad productiva minera", dijo Cano, vía telefónica, a este medio.


El ministro Cano informó que en la reunión se expusieron las capacidades de Venezuela en el área minera, "con el objetivo de atraer la inversión extranjera e impulsar el apoyo tecnológico" en ese ámbito.


El titular de la cartera destacó que la discusión de los nuevos proyectos planteados sirve de antesala a la reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel (CIAN) Rusia-Venezuela, prevista a efectuarse en el primer trimestre del 2019.


La CIAN es una instancia intergubernamental, creada desde 2004, donde ambos países abordan proyectos en las áreas de energía, agroindustria, minería, técnico-militar y comercialización.


Acuerdos previos


Uno de los acuerdos discutidos en la reunión contempla la posibilidad de que profesionales venezolanos viajen a Rusia para un intercambio científico-técnico. Otro de los convenios incluye el fortalecimiento de los laboratorios del Instituto Nacional de Geología y Minería en Venezuela para avanzar hacia una actividad "menos invasiva" con el ambiente.
El Ministro expresó que los acuerdos, además, implican la dotación de insumos para potenciar el área geocientífica en el país suramericano: "Es parte del apoyo que nos brindan instituciones rusas para adquirir partes y piezas. La idea es que estén a la disposición para nuestros proyectos mineros", agregó.
Diamantes y basalto


En el encuentro, Venezuela y Rusia analizaron el potencial diamantífero correspondiente al área 1 del Arco Minero del Orinoco, específicamente en la población de Cuchivero, en Guaniamo. Allí, de acuerdo con estudios preliminares del ministerio venezolano, se calcula la existencia de 40 millones de toneladas de depósitos de diamantes.


Según el Ministro Cano, el objetivo es evaluar los bloques potenciales para la explotación y los términos de negociación.


Otra área en estudio es la propuesta de una empresa rusa para la producción de fibra a partir del basalto, una roca volcánica de color oscuro con grandes reservas en territorio venezolano.


Cano detalló que con el basalto se puede crear, por ejemplo, "una fibra resistente y menos pesada que el acero y el hierro, que sirve para fabricar cabillas y mallas, como refuerzo de estructuras de concreto".

Publicado: 30 nov 2018 03:15 GMT 

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De la “guerra comercial” a la guerra económica global

Cuando hablamos de guerra económica, lo primero que se nos viene a la cabeza es una disputa entre bloques (EEUU, China y Unión Europea, principalmente), pero la verdadera guerra económica vigente es la que el capitalismo en su conjunto está librando contra la humanidad y el propio planeta.

El capitalismo nos conduce de manera acelerada al colapso ecológico y a un abismo de mayor violencia, autoritarismo y desigualdad. Para desmantelarlo, se hacen necesarios diagnósticos certeros sobre su dinámica interna (principales apuestas, límites, conflictos), que nos permitan poner palos en la rueda capitalista a la vez que impulsamos alternativas que pongan la vida, el trabajo y el bien común en el centro.


Pero no es un ejercicio sencillo. Vivimos en un sistema incierto y sobrecomplejizado, en el que la velocidad, la escala y la interdependencia en la que se desarrollan relatos, procesos y acciones dificultan la elaboración de radiografías atinadas de lo que nos ocurre.


En el ámbito económico, hasta el estallido financiero de 2008, imperaba un consenso multilateralista en la agenda hegemónica, que apostaba por acumular tratados comerciales, megaproyectos y organismos internacionales en favor del mercado global. Hoy, en cambio, son de actualidad conceptos como guerra comercial, proteccionismo, aranceles, complejo industrial-militar, disputa energética, cuarta revolución industrial (4RI), etc. Y estos definen la actual coyuntura, en el marco de una guerra económica a escala global.


¿Asistimos a un giro en la agenda hegemónica? ¿Han perdido los tratados su rol estratégico tras el congelamiento del TTIP y el avance de gobiernos como el de Trump? ¿Se consolida un escenario des-globalizador en el que prima el proteccionismo estatal? ¿Son los aranceles el centro de la disputa entre bloques corporativo-regionales?


Para responder a estos interrogantes parece necesario discernir lo relevante de lo mediático, complejizar el análisis de la realidad. Con ese ánimo abordamos el reto de definir guerra económica como un fenómeno innegable, pero que debemos situar dentro de las señas de identidad del capitalismo actual.


Cuando hablamos de guerra económica, lo primero que se nos viene a la cabeza es una disputa entre bloques (EEUU, China y Unión Europea, principalmente, de la mano de sus transnacionales), atravesada además por conflictos entre diferentes tipologías de capital (financiero, industrial-militar, digital, extractivo, etc.). Siendo esta la acepción comúnmente aceptada, es solamente una parte de algo más amplio: la verdadera guerra económica vigente es la que el capitalismo en su conjunto está librando contra la clase trabajadora, la humanidad y el propio planeta.


El capitalismo atraviesa un momento especialmente crítico, en el que a las escasas expectativas de reproducción de un enorme excedente financiero se le une la incuestionable merma de la base física en la que opera el sistema. Cómo sostener la acumulación de capital en un contexto de bajo crecimiento, cómo hacerlo con menos recursos materiales y energéticos, y además en un contexto de crisis climática, define su gran paradoja presente.


Para tratar de salir de esta, lanza una virulenta ofensiva en forma de capitalismo del siglo XXI. Su principal objetivo es derribar cualquier barrera (geográfica, política, sectorial) a la mercantilización capitalista a escala global. Todo, de este modo, debe convertirse en espacio de acumulación capitalista. Nada, en sentido contrario, puede impedir el flujo natural del comercio y la seguridad de las inversiones. Y como esta apuesta tiene un alcance limitado, se pretende iniciar una nueva onda económica expansiva de la mano de la 4RI (inteligencia artificial, robotización, automatización, etc.), que permita ampliar exponencialmente la productividad y los sectores de reproducción del capital de la mano de las megaempresas digitales.


Este y no otro es el principal exponente de la guerra económica en ciernes: el conflicto entre un capitalismo caníbal —que exacerba su matriz dictatorial, desigual e insostenible— y la propia vida.


No obstante, la actual coyuntura también exacerba los conflictos intracapitalistas. Quienes detentan el poder compiten por el menguante pastel del crecimiento económico. Se trata de conflictos que no ponen en cuestión la ofensiva capitalista —al menos por el momento, sin descartar hipotéticas escaladas bélicas—, delimitando su disputa dentro del marco de ciertos patrones estructurales vigentes. Destacamos tres, que definen el marco de lo posible para la guerra económica intracapitalista.


En primer lugar, las finanzas son el gran hegemón, imponiendo al sistema en su conjunto su naturaleza cortoplacista, inestable y auto-ultrarregulada en su favor a escala mundial. No hay agenda capitalista que no se adapte a este patrón, en mayor o menor medida.


En segundo término, las cadenas económicas se estructuran en lógicas globales, a partir del control que ejercen las empresas transnacionales. La interdependencia de agentes es muy significativa; toda medida en un territorio (aranceles, intereses, tipos de cambio, etc.) tiene una respuesta global y efectos secundarios cual boomerang, lo que dificulta una guerra abierta y total donde todas las partes tienen mucho que perder.


Y tercero: los capitales en su conjunto son conscientes de la crisis ecológica y de acumulación, por lo que la verdadera confrontación se centra en los materiales y fuentes de energía, por un lado, así como en tratar de tomar la delantera en sectores avanzados de la 4RI (datos, inteligencia artificial, comercio digital), por otro.
Por tanto, la guerra intracapitalista se inserta en los límites de una economía globalizada y financiarizada, que centra sus esfuerzos en superar la grave crisis de acumulación y el colapso ecológico, aunque ello conlleve una guerra abierta entre capital y vida.


Esta es la clave para caracterizar la actual guerra económica. Si analizamos la agenda de EEUU, principal percutor del estallido del consenso multilateralista, veremos cómo lo mediático no corresponde con lo estratégico. Así, frente a la supuesta primacía de la guerra arancelaria con China y la UE, y frente a la pretendida apuesta proteccionista sustentada en el America First y el congelamiento del TTIP, EEUU asume la guerra económica en su integridad. Pero siempre dentro de los tres patrones estructurales señalados, ofreciendo así una mirada diferente del concepto.


De esta manera, Wall Street es “quien manda aquí”, no la industria clásica y agroexportadora. La globalización se sigue imponiendo, por tanto, a la necesidad de protección. Las finanzas han conseguido hacer saltar por los aires todo intento de regulación financiera, rebajar los impuestos, elevar los tipos de interés y mantener un dólar fuerte, generar ofensivas contra monedas más débiles y sostener la firma de tratados comerciales como herramienta de blindaje corporativo (como evidencia la actualización del TLCAN), aunque aceptando la necesidad de negociar en mejores condiciones los acuerdos multilaterales como el TTIP.


Esta es la base de la agenda real, que se completa con la competencia salvaje con China por el control de los datos como materia prima —Europa se muestra bastante ausente en este sector—, así como por el desarrollo de nuevos servicios digitales como espacio de acumulación. Esta disputa, junto a la constatación del enorme superávit comercial chino y su control sobre la deuda pública estadounidense, convierten al gigante asiático y a su soberanía en el verdadero objetivo de la guerra intracapitalista, con Europa como convidado de piedra y escenario vulnerable por influenciar. El cuadro de la agenda mainstream concluye con el sostenimiento —también militar, si es necesario— del complejo extractivo de energía y materiales, ante el agotamiento global.


A partir de ahí se desarrollan otras medidas de rango menor, que tratan de contentar al resto de capitales: escaladas verbales belicistas (Rusia, Venezuela, acuerdo atómico, etc.) para favorecer al complejo industrial-militar e incremento limitado de aranceles para la industria doméstica y agroexportadora, que al menos compense el dólar fuerte y sostenga apoyos electorales. Pero todo ello sin la relevancia que le otorgan los medios, dada la interdependencia global que impide una guerra abierta.


En definitiva, EEUU como adalid de la guerra económica muestra que esta se libra fundamentalmente en el ámbito financiero, energético-material y en torno a la 4RI, cuestiones que no parecen estar en el foco mediático. Las finanzas son el eje sobre el que pivota el marco de lo posible, por lo que la apuesta globalizadora y en favor de los tratados se mantiene, con matices. Los aranceles y el proteccionismo estatal, en cambio, tienen un alcance limitado y con un fuerte componente retórico; solo hay verdaderas restricciones al flujo de personas, desde lógicas racistas. Mientras tanto, la guerra económica en sentido amplio se silencia, siendo la mayor amenaza.


En este contexto, ¿cómo enfrentar la guerra económica? En primer lugar, asumiendo la acepción amplia de confrontación con el capital. El cambio en la matriz económica desde claves ecológicas, feministas y de clase, la defensa de los bienes comunes y la disputa en torno a la 4RI —rompiendo el falso relato de la «economía colaborativa»— aparecen como prioridades estratégicas.


En segundo término, no teniendo que elegir entre un capitalismo u otro, uno multilateralista u otro más unilateralista. Ambos nos conducen al abismo social y al colapso ecológico. Por supuesto, se trata de frenar sin ambages el fascismo social y político, pero la alternativa nunca habrá de pasar por un universalismo abstracto y mercantilizado que también nos condena.


Romper esta dicotomía a la que nos empujan los mass media es un tercer eje prioritario, creando una agenda económica y comercial ajena por completo a los relatos y prácticas excluyentes y reaccionarias. Sin por ello denostar la disputa por las soberanías, no solo la estatal sino también la local, regional y global. Y la energética, alimentaria, feminista y popular, redefiniendo conceptos y perspectivas desde una mirada radical e inclusiva. Pese al ruido mediático, el antagonista es claro; el desafío es cómo hacerlo descarrilar.

 

Por Gonzalo Fernández
Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) - Paz con Dignidad

publicado
2018-11-23 11:15:00

 

Publicado enEconomía