Sábado, 27 Julio 2013 07:02

La CIA y el control del clima

La CIA y el control del clima

La CIA estadunidense está financiando un estudio sobre geoingeniería (manipulación climática) que durará 21 meses, con un costo inicial de 630 mil dólares. Lo ejecuta la Academia Nacional de Ciencias, con participación de la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de ese país. (revista Mother Jones 17/7/2013).

 

El interés de la CIA por el clima no es nuevo, pero esta participación es significativa, debido a las implicaciones bélicas que tiene la posibilidad de manipular el clima y a la presión que están ejerciendo los proponentes de la geoingeniería en ese país para avanzar en experimentación de esas técnicas, pese a existir una moratoria en Naciones Unidas contra su aplicación.

 

El proyecto analizará diferentes propuestas de geoingeniería, como manejo de la radiación solar y remoción de dióxido de carbono de la atmósfera; también estudiarán los efectos de la “siembra de nubes” y otras formas de manipular el tiempo atmosférico para provocar lluvia, sequías o controlar huracanes. Según descripción oficial harán una evaluación técnica de los impactos de esas tecnologías, desde el punto de vista ambiental, económico y de seguridad nacional.

 

Estos últimos son los aspectos que preocupan a la CIA, que en documentos anteriores ha calificado el cambio climático y el control del clima como factores de importancia geopolítica estratégica y de seguridad nacional. Pese a ello, los republicanos votaron por desaparecer el departamento de cambio climático de la CIA, lo que según la agencia la motivó a financiar esta iniciativa. Las razones podrían ir mucho más allá, ya que el control del clima es un proyecto militar de larga data en ese país, que realizó experimentos ya durante la guerra de Vietnam, provocando lluvia por meses seguidos para anegar los cultivos y caminos de los vietnamitas. En el mismo sentido, la Fuerza Área estadunidense publicó en 1996 un documento titulado Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025 (El tiempo como multiplicador de la Fuerza: poseyendo el tiempo en 2025), cuyo título refleja claramente sus intenciones.

 

Estos intereses convergen con los de un grupo pequeño pero influyente, de climatólogos y otros científicos de países del Norte, que alegan que la geoingeniería es necesaria porque no se puede reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero (como si sus países no fueran quienes tienen que tomar las medidas principales para ello). O, como declaró David Keith, un conocido promotor de la geoingeniería, porque es un plan “barato y fácil”. (MIT Technology Review, 8/2/2013).

 

Sí, barato y fácil para los que han causado el cambio climático con su sobreconsumo de recursos e industrialización basada en petróleo, porque en lugar de reducir realmente sus emisiones, podrían seguir calentando el planeta y además hacer un jugoso negocio con nuevas tecnologías que manipulen el clima de todos, para bajar o subir la temperatura según convenga a los intereses económicos y bélicos de quienes las controlen.

 


Bajo el término “manejo de la radiación solar”, la meta es disminuir la cantidad de rayos solares que llegan a la Tierra. Por ejemplo, a través de construir enormes nubes volcánica artificiales, inyectándolas con partículas azufradas. Otras propuestas incluyen blanquear las nubes, colocar trillones de espejos en el espacio para reflejar la luz del sol o la más reciente, del mismo David Keith, dispersar ácido sulfúrico desde aviones en la línea ecuatorial para que se mezcle con las nubes. En “remoción de dióxido de carbono” se incluyen otras técnicas, como máquinas o árboles artificiales que absorban carbono de la atmósfera (que por cierto no saben dónde depositarán luego para que permanezca por siempre). La más conocida es la fertilización oceánica: verter nanopartículas de hierro o urea en el mar para provocar florecimientos de plancton, que absorban dióxido de carbono y lo lleven al fondo.

 

Las técnicas de geoingeniería son solamente teóricas salvo alguna, como la fertilización oceánica, de la cual se conocen experimentos legales e ilegales, que mostraron que además de no servir para su propósito –el carbono no permanece en el fondo de mar– los impactos pueden ser enormes, con disrupción de la cadena alimentaria marina, anoxia (falta de oxígeno) en capas marinas, crear algas tóxicas, etcétera.

 

La geoingeniería, para tener impacto en el clima global, tendría que aplicarse a mega escala, disrumpiendo un ecosistema global poco conocido, altamente dinámico y en interacción con toda la vida en el planeta. No existe por tanto una etapa experimental. Lo que se haga en pequeña escala no mostrará la acción sobre el clima global, aunque podría tener impactos negativos graves en la zona o en la región. Y si se hace a gran escala, no es experimental, es despliegue y es irreversible.

 

Por ejemplo, las nubes volcánicas artificiales no se pueden retirar, hasta que las partículas caigan a la tierra, lo cual es tóxico. Esta técnica empeoraría además el agujero en la capa de ozono y la acidificación de los mares, dos problemas globales muy graves. Si realmente lograran disminuir la cantidad de luz solar que llega al Norte, producirían sequía extrema en África y disrupción de los monzones en Asia, colocando en peligro las fuentes alimentarias de 2 mil millones de personas.

 

Imaginen si la CIA pudiera decidir sobre el termostato global. La geoingeniería es tan riesgosa, tanto por sus efectos climáticos como por su potencial uso hostil contra otros países, que lo único sensato es prohibir internacionalmente su uso.

 


Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC

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Los pequeños mineros, otro sector que desnuda al Gobierno

Como lo habían anunciado sus promotores, el miércoles 17 de julio tomó forma en Colombia el paro de los pequeños y medianos mineros.

 

De acuerdo a los reportes de sus voceros, la protesta se sintió con fuerza a la altura del corregimiento de Córdoba, a unos 20 kilómetros de Buenaventura, donde se concentraron unos dos mil mineros, y donde fueron incineradas dos tractomulas y un camión, con enfrentamientos entre manifestantes y el Escuadrón móvil Antidisturbios (Esmad), por lo cual la vía que comunica con el principal puerto del Pacífico colombiano permaneció cerrada durante todo el día.

 

Por su parte, en el corregimiento de Irra, municipio de Quinchía-Risaralda, otros 2.000 mineros se dieron cita cerrando la vía que comunica hacia Medellín entre las 2 p.m. y las 8 p.m.

 

En Caucasia, Antioquia, protestaron 5.000 mineros. Todo el comercio local cerró en solidaridad con estos. La vía que conduce hacia la Costa Atlántica fue bloqueada en el sector conocido como Caserí.

 

En Quibdó, capital del Chocó, cerca de 9.000 pequeños y medianos mineros chocoanos se movilizaron para pedirle al Gobierno presencia en el departamento y soluciones viables para la formalización de su actividad.

 

Otros puntos álgidos, donde están concentrados los activistas del paro minero, son Zaragoza y Amagá en Antioquia, e Istmina en el Chocó.

 

Los razones para llegar al paro

 

Este paro se veía venir desde cuando fue declarada inexequible la Ley 1382 de 2010 –la única que planteaba medidas para formalizar la minería– apoyada en los decretos 2715 y 1970 de 2012.

 

Para suplir esta realidad el Gobierno expidió en mayo de este año el Decreto 933, pero la norma lo que hace en realidad es colocar una infinidad de requisitos que impiden que los miles de mineros informales que existen en el país (el 86 por ciento de quienes están dedicados a este oficio) regularicen su actividad. De hecho, producto de esta norma, no hay áreas donde se permita ejercer la actividad minera, pues el 95% de las solicitudes de legalización presentadas en los últimos meses han sido rechazadas.

 

Es por esto que los mineros demandan la derogatoria del decreto 2235 de 2012, el mismo que explicita que toda persona que no tenga título minero y pretenda explotar minerales se le incautará o destruirá la maquinaria y no podrá seguir ejerciendo esta actividad.

 

Además de esta exigencia, el pliego de quienes protestan, de 15 puntos (ver recuadro) reclama unas áreas de minería especial como lo contempla el Código de Minas y que se autorice a las corporaciones autónomas para recibir los planes de cumplimiento ambiental, los cuales están perfeccionando para que sea una minería responsable.

 

Esta es una parte de sus motivos. Pero los pequeños y medianos mineros del país también se quejan por el trato que como "delincuentes" les da el gobierno nacional, señalándolos como asociados a narcotraficantes y guerrilla, pero además, inculpándolos del desastre ambiental que padece el país; se quejan, además, por lo que consideran una política de exterminio a la pequeña minería para entregar títulos a las multinacionales, y porque el Gobierno no dio herramientas ni estableció mecanismos para ayudar a los mineros a formalizarse.

 

Producto de la nueva normatividad, y de las negativas presentadas por la Agencia Nacional de Minería, en el departamento de Caldas 60 mineros han sido judicializados en los últimos dos meses, a pesar de ser personas dedicadas durante toda su vida, y vivir, de este oficio. Hay que recordar que en este departamento el 52 por ciento de su territorio tiene actividad minera informal, y el 51 por ciento está pedido en concesión por multinacionales.

 

Por su parte, según lo denuncian los líderes del sector, en la jurisdicción de Buenaventura han destruido más de siete retroexcavadoras, mientras que en todo el país la cifra asciende a 25.

 

No es extraño, por tanto, que estos trabajadores del campo, muchos de ellos con vinculación vía hereditaria con la minería, se sientan a disgusto con las políticas que para este sector de la economía tiene el actual gobierno, eso sí, volcado a los acuerdos mineros con multinacionales las cuales han licitado gran parte del territorio nacional, desde la Guajira hasta la amazonia.

 

De parte de líderes mineros del departamento del Chocó, reunidos en la Asociación de barequeros y minidragueros de Quidó y Beté (medio Atrato), este paro se sustenta en los incumplimientos del gobierno nacional con los acuerdos logrados en el 2013. Acuerdos que aludían la formalización de pequeños y medianos mineros; la creación de herramientas especiales para que comunidades afros e indígenas puedan acceder a títulos mineros; tratamiento especial para mineros artesanales; capacitación y acompañamiento para acceder a proyectos de extracción minera; la instalación de una oficina de la Agencia Nacional Minera en el departamento, y la suspensión de los decretos que autorizaban la destrucción de maquinaria para la actividad minera.

 

Dilaciones e incumplimientos

 

Nada de esto se ha cumplido. Como tampoco ha cumplido los acuerdos firmados con mineros de otros departamentos, tanto en el año 2011 como en el 2012. Conscientes de esta manipulación y del efecto que todo esto tiene sobre sus ingresos, tanto los mineros del Chocó como los del resto del país, demandan que todos los títulos que fueron entregados sin contar con el aval de las comunidades, violando el derecho que tienen las minorías a la consulta previa, sean derogados.

 

La realidad de la minería a gran escala, la que corre a cargo de las multinacionales, es la que, como reconoce un grupo de intelectuales y políticos que han circulado una carta de apoyo a la protesta, afecta, el tejido social y la biodiversidad del país, llevando el país "[....] a la condición de exportador neto de materias primas, condenándonos a la miseria, el hambre y la destrucción ambiental".

 

Reconocen los firmantes de la carta que "Aun cuando es cierto que este tipo de minería, como cualquiera otra, genera un impacto ambiental, también lo es –como es apenas obvio– que por su tamaño el nivel de contaminación es menor que el de la gran minería a cielo abierto".

 

Segundo día de paro

 

Para el jueves 18, segundo día de paro, con un ambiente tenso en varias regiones rurales del país, así como en algunas de sus carreteras centrales, el paro gana participación. Es así como al mismo se vincularon mineros de Turbo en Antioquia, como también en el departamento de Nariño.

 

Un bloqueo vial se presentó por varias horas a la altura del municipio de Buriticá, Antioquia, vía a Turbo,

 

En las carreteras bloqueadas el día anterior se han registrado enfrentamientos con la fuerzas pública, la cual logró desalojar a los manifestantes de las vías de Caldas, pero en la que conduce al puerto de Buenaventura la situación permanece estática. La vía a Puerto Berrio también fue bloqueada por varias horas.

 

De esta manera, y con un paro que todo indica que apenas está iniciando pues no hay voluntad central para negociarlo, la coyuntura social del país se tensiona hasta niveles no vistos desde hace varios años. La situación se traduce de azul a gris para un Gobierno que se ufana de su disposición para el diálogo pero que en la práctica no cede en nada. Así lo evidencian los campesinos levantados desde hace cerca de 40 días en el Catatumbo, así como los cafeteros, paneleros y otros que anuncian una nueva jornada de protesta para la segunda quincena de agosto.

De esta manera, con amenazas de parte del gobierno central de que despejará todas las vías a como de lugar, y aunque los mineros en paro no lo sepan o no lo asuman como eje central de su levantamiento, con esta protesta se desnuda la prioridad que el gobierno nacional le da a su locomotora minero – energética, centro del modelo económico en Colombia, a través de la cual la dependencia internacional se profundiza y el tema de la tierra evidencia –una vez más– la urgencia de resolución que tiene para aclimatar la paz en el país.

 



Recuadro


Pliego de peticiones


El siguiente es el pliego de peticiones que los trabajadores mineros le enviaron al Gobierno Nacional.

 

Propuesta pliego de peticiones de los mineros colombianos

 

1. Se incorpore al ordenamiento jurídico de manera inmediata una norma que diferencie entre la minería informal y la minería ilegal. A partir de esta conceptualización se implemente inmediatamente un procedimiento para que quienes reúnen la condición de minero informal sean reconocidos como tal y puedan seguir haciendo la actividad hasta tanto se incorpore al ordenamiento jurídico una nueva oportunidad de legalización de la actividad minera informal.

 

2. Se incorpore al ordenamiento jurídico de manera inmediata normas que caractericen y definan las diferentes tipos de minería que se desarrollan en el país, atendiendo diferentes variables como medios de producción (si es de manera artesanal o mecanizada) y la capacidad de producción.

 

3. Que se derogue de manera inmediata el Decreto 2235 del 30 de octubre de 2012 y se incorpore en el ordenamiento jurídico de manera inmediata, un procedimiento para la reparación e indemnización de las personas que han sido sujeto y/o víctimas de las acciones derivadas del Decreto 2235 de 2012.

 

4. Que se incorpore al ordenamiento jurídico una norma que exceptúe a las personas naturales y/o jurídicas reconocidas como mineros informales de la aplicación de normas y medidas establecidas contra las personas que desarrollan la actividad minera careciendo de títulos, esto incluye las medidas del Decreto 2235, las acciones policivas, ambientales y/o penales.

 

5. Que se incorpore al ordenamiento jurídico un proceso de legalización cuyos requisitos atiendan a la realidad de la actividad minera en Colombia, especialmente los diferentes tipos de minería y la escala en la que se desarrollan. Que la implementación de este procedimiento cuente con la participación de los mineros informales.

 

6. Que el Gobierno de aplicación inmediata y vinculante a los acuerdos de la OIT en relación con las comunidades Afro e Indígenas, con respecto al territorio, consulta con consentimiento previo, libre e informado y prelación para las comunidades en el territorio. Que a las comunidades negras e indígenas no se les cobre canon superficiario y se les reconozca el tratamiento diferencial consagrado en la Constitución y en la ley.

 

7. Subsidio y respaldo con crédito oportuno y accesible para la legalización y asistencia técnica y seguridad social y salud para la pequeña y mediana minería. Reconocimientos legales de la minería de cúbicos, clavados o apiques.

 

8. Que se ordene la suspensión inmediata de la entrega de títulos mineros y se mantenga la suspensión del otorgamiento de contratos de concesión a las empresas multinacionales mineras y se proceda a la revocatoria inmediata los contratos concedidos sobre territorios de comunidades étnicas negras e indígenas sin el cumplimiento de la obligación de Consulta Previa y derechos de prelación.

 

9. Otorgamiento de áreas libres a los mineros tradicionales e informales y se agilice la depuración en el catastro minero de las áreas entregadas mediante licencias, permisos mineros, registro mineros de cartera, contratos en virtud de aporte y/o registro de propiedad privada que actualmente se encuentren en causal de vencimiento, caducidad, cancelación, renuncia y/o terminación y que hayan sido otorgadas con anterioridad a la ley 685 de 2001.

 

10. El gobierno Nacional presentará en la próxima legislatura un proyecto de ley para la reforma del actual Código Minero, previa concertación con la Confederación Nacional de Mineros de Colombia. Esta reforma debe contener un capítulo especial sobre los diferentes tipos de minería, caracterizando cada una de las formas de explotación minera y diferenciándolas en sus aspectos técnicos, ambientales, tributarios, sociales, étnicos y económicos.

 

11. Que el Gobierno reconozca un bono pensional con cargo a las regalías para familias barequeras del país.

 

12. Que se protejan los procesos de legalizaciones que se radicaron hasta el 10 de mayo de 2013 y que no sean objeto de rechazo por el no cumplimiento de los requisitos técnicos y comerciales.

 

13. Se creen en los epicentros mineros del país oficinas de atención, asesoría, acompañamiento, capacitaciones en los temas técnicos, ambientales y sociales para el pequeño y mediano minero.

 

14. Que se regule y se garantice la entrega oportuna del certificado de carencia para el combustible de uso en la minería y que el costo del mismo sea subsidiado por el Gobierno.

 

15. Que todos los acuerdos a que se lleguen, sean acogidos a través de decretos y resoluciones según sea el caso.

 

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Comienza en Colombia juicio ético contra multinacional Pacific Rubiales

Organizaciones no gubernamentales y líderes políticos de Puerto Gaitán, municipio ubicado en el departamento de Meta (al centro de Colombia), desarrollan este sábado un juicio ético y político contra la multinacional canadiense Pacific Rubiales.


 
El corresponsal de teleSUR en Colombia, Paul Bacarés, informó desde el lugar de los hechos que el juicio contra la multinacional es porque ésta “ha hecho una política de despojos en contra de la comunidad”.


 
La comunidad de la entidad está denunciando que dicha empresa ha despojado a la comunidad indígena Sikuani, “una comunidad indígena que ha vivido en estás tierras por más de cien años”, señaló el periodista.


 
Los habitantes de la zona también están denunciando la problemática ambiental que están sufriendo los ríos y las fuentes hídricas en la zona donde opera la multinacional.


 
Las denuncias están siendo presentadas en una audiencia pública en Puerto Gaitán, para luego ser presentadas ante un juicio que se realizará los días 15, 16 y 17 de agosto, en contra de la mencionada empresa.


 
En el juicio participarán funcionarios de Pacific Rubiales, así como defensores de la comunidad, “que van a poner en la mesa las quejas que hay en contra de la multinacional que según los habitantes ha despojado del territorio a los campesinos y está haciendo muchísimas afectaciones ambientales en la zona y lo que más preocupa a la comunidad es que se está extinguiendo a una comunidad indígena”, señaló Bacarés.


 
El pasado 30 de junio el presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez, advirtió que la transnacional petrolera canadiense Pacific Rubiales “financia y conspira abiertamente” contra el Gobierno Bolivariano de ese país suramericano.

 

13 julio 2013


 
(Con información de Telesur)

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Desdeña el primer ministro turco la rebelión popular

Las manifestaciones contra el primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, llegaron hoy a su décimo día consecutivo en las dos principales ciudades turcas, Estambul y Ankara, y de manera intermitente en otras localidades del país, pero el jefe de gobierno nuevamente endureció su postura sobre los reclamos al afirmar que su administración no rendirá cuentas ante “grupos marginales”.

 

Este domingo, la policía volvió a intervenir en el centro de Estambul para dispersar con gas lacrimógeno y chorros de agua a decenas de miles de personas que a lo largo del día asistieron a un concierto-mitin, en el que se mezclaron diversas corrientes musicales con la frase “¡gobierno, dimisión!”.

 

A pesar de la incursión policial, varios grupos mantuvieron sus campamentos en la plaza Taksim, centro de las movilizaciones antigubernamentales. Manifestantes como Buse Albay, una arquitecta de 25 años, prometió permanecer en el lugar “el tiempo necesario” hasta conseguir la renuncia de Erdogan, quien llegó al gobierno en 2003, dos años después de fundar el Partido Justicia y Desarrollo, de inspiración islamita.

 

En Izmir, al suroeste de Estambul, miles de manifestantes volvieron a las calles para ratificar su rechazo al autoritarismo de la administración de Erdogan. Medios turcos reportaron que en Ankara, durante la madrugada, hubo choques entre policías y ciudadanos que participaron en la marcha del sábado, mientras que en Adana, en el sur del territorio, se produjeron enfrentamientos entre partidarios y contrarios a Erogan.

 

El partido gobernante –ratificado en las elecciones parlamentarias de 2007 y 2011– convocó a dos reuniones públicas el próximo fin de semana en Ankara y Estambul para lanzar oficialmente la campaña para las elecciones municipales de marzo de 2014 y para responder a las movilizaciones de protesta.

 


Antes del anochecer, el primer ministro se presentó en la capital, Ankara, donde afirmó que “hemos tenido paciencia y seguimos teniéndola, pero esto tiene límites”, dijo.

 

“No rendiremos cuentas ante grupos marginales, sino ante la nación, que nos condujo al poder y es ella la única que nos sacará” del gobierno, dijo el mandatario.

 

“Hablan de democracia, de libertades y de derechos, pero no los conseguirán con la violencia sino con la ley”, agregó el primer ministro, quien además sugirió a los opositores esperar los comicios locales del año próximo, “en vez de ocupar el parque Gezi”.

 

Las manifestaciones contra Erdogan comenzaron el martes 28 de mayo cuando un grupo de residentes de Estambul se apostó en el parque Gezi –aledaño a la plaza Taksim– para expresar su enojo por los planes para destruir el área verde y sus 600 árboles, dando paso a la construcción de una zona comercial y habitacional.

 

Desde el 31 de enero, las marchas se han realizado en forma continua y las demandas han subido de tono, reclamando la renuncia del gobernante y de autoridades policiales y municipales.

 

En Bruselas, la responsable de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Catherine Ashton, emitió una nueva declaración sobre los recientes acontecimientos en Turquía y pidió a su gobierno “un compromiso abierto y duradero” para “fortalecer la democracia, crear confianza y evitar una escalada”.

 

Ashton señaló que las condiciones de ingreso de Turquía a la comunidad europea y su compromiso con los llamados “criterios de Copenhague” de democracia, pluralismo y estado de derecho son el marco para la garantía de los derechos humanos y las libertades básicas para todos los ciudadanos.

 

Afp, Dpa y Reuters

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Viernes, 07 Junio 2013 06:48

Semana de furia en Turquía

Semana de furia en Turquía

Las tensiones en Turquía siguieron después de siete días de protestas en varias ciudades que ya dejaron un saldo de 4 muertos y más de 4000 heridos, mientras que el premier Recep Tayyip Erdogan aseguró que no negociará nada con los manifestantes. El cuarto muerto se conoció ayer, cuando se reveló que un agente de policía, que sufrió graves heridas al caerse en una zanja durante una persecución, falleció en el hospital en la ciudad de Adana, en el sur del país.

 

El pasado viernes la policía desalojó una protesta de cientos de personas que se oponían a la demolición del parque Gezi, en Estambul, para la construcción de un centro comercial y un complejo de viviendas. Ese desalojo desencadenó manifestaciones en todo el país que derivaron en quejas contra las políticas del gobierno islamista moderado de Erdogan.

 

Anteanoche, decenas de miles de personas volvieron a reunirse en las plazas de las principales ciudades convocadas por dos importantes sindicatos para protestar contra las políticas del gobierno. Hubo enfrentamientos entre la policía y manifestantes en Ankara y en Tuncelli, en el este de Anatolia, mientras que en el resto del país las protestas se desarrollaron en relativa calma. Por primera vez desde que comenzaron las manifestaciones, la policía no atacó a los activistas de Estambul.

 

Sin embargo, Erdogan insinuó que no retrocederá en sus planes de demoler el parque Gezi, origen de la actual crisis. “Los ciudadanos que tienen una responsabilidad en la protección del medio ambiente tienen que saber que algunas personas que participan en las protestas están condenadas por actos de terrorismo”, afirmó el primer ministro en una conferencia de prensa en Túnez, donde finalizó ayer una gira regional. Aseguró también que hay “terroristas” entre los manifestantes que protestan en las calles de su país.

 

Además, el premier turco declaró que algunas personas que participan en las protestas están fichadas por los servicios secretos como responsables de los ataques a la embajada estadounidense en Ankara perpetrados por un grupo de extrema izquierda el pasado 1º de febrero. “Nuestro servicio secreto los conoce”, afirmó Erdogan en conferencia de prensa.

 

Sobre el proyecto urbanístico, dejó entrever que seguirá adelante al sostener que el objetivo es mejorar el lugar, conservar y proteger las ruinas históricas y el patrimonio. “Estamos intentado cambiar el país, que progrese, pero no hablé de organizar un referéndum para aprobar los cambios en el parque”, explicó el premier ministro.

 

Al ser consultado sobre la posibilidad de abrir un diálogo con los manifestantes fue tajante. “No podemos concretar nada con la gente que provoca incendios. Ya declaré que pido perdón por el uso excesivo de gases lacrimógenos, pero no existe ningún país que no los utilice”, dijo el jefe de gobierno en Túnez al finalizar un foro empresarial turco-tunecino. Sostuvo también que quien quiera manifestarse debe hacerlo en los lugares correspondientes.

 

Por otro lado, el comisario europeo, Stefan Fule, llegó ayer a Estambul, para reunirse con los activistas y participar de una conferencia sobre las relaciones de la Unión Europea (UE) y Turquía en la que esperaba reflexionar sobre las lecciones extraídas de los acontecimientos en los últimos días, según informó su oficina.

 

En el séptimo día de protestas, varios medios informaron sobre la detención, ayer por la madrugada, de 15 extranjeros a los que la policía acusa de incitar a las protestas contra el gobierno, aunque la información no fue confirmada oficialmente. Los datos sobre las detenciones varían según el medio. El diario Radikal habló de 11 estudiantes extranjeros de un programa de la UE que fueron detenidos. En cambio, el periódico Zaman afirmó que los jóvenes son de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Grecia y agregó que entre las pertenencias de los detenidos encontraron cartuchos de gas y petardos y que algunos tenían pasaportes diplomáticos. Por su parte, el diario islamista Yeni Akit declaró que los detenidos son presuntos “terroristas” que intentaron cometer un atentado y agregó que hay fuerzas extranjeras involucradas en las protestas.

 

Mientras, la Cancillería turca dijo no estar al tanto de las detenciones y las embajadas europeas comunicaron que están investigando para confirmar la veracidad de la información. Erdogan había anunciado el lunes pasado que detrás de las manifestaciones hay grupos extranjeros que son investigados por los servicios secretos.

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Segundo día de represión policiaca en Turquía

La policía de Turquía reprimió este sábado por segundo día consecutivo a manifestantes en el centro de Estambul, los cuales rechazan un proyecto urbanístico local. Sin embargo, poco después el gobierno turco hizo concesiones al retirar a la policía de la plaza Taksim, centro de las protestas, y el primer ministro Recep Tayyip Erdogan admitió “excesos” de la corporación.

 

Horas antes de ordenar el repliegue policial, Erdogan aseveró que la policía permanecería en la plaza Taksim, porque ese lugar “no puede ser área donde los extremistas hagan lo que quieran”. Además, instó a los manifestantes para que cesen las protestas.

 

“Llamo a los que protestan a interrumpir las manifestaciones inmediatamente”, expresó el primer ministro durante un discurso, luego de que las movilizaciones del viernes fueron reprimidas con extrema violencia. No obstante, las protestas continuaron toda la noche y se prolongaron hasta la madrugada de este sábado, cuando la policía volvió a chocar contra los manifestantes.

 

Se va la policía de la plaza Taksim

 

Enfrentado una de las más importantes oleadas de protestas desde su llegada al poder en 2002, el primer ministro ordenó a las fuerzas policiales que se retiren de la plaza Taksim y del parque Gezi, donde se planea un proyecto urbanístico que ha desatado la ira popular por la tala de árboles.

 


Inmediatamente después de la salida de la policía, miles de personas estallaron en júbilo en la plaza y el parque aledaño.

 

Erdogan aceptó que hubo casos en los que la policía actuó con “extremismo” en la represión a manifestantes que protestaban, ya que se cometieron “errores” en el uso de gases lacrimógenos. Agregó que se iniciará una investigación.

 

Según el ministro del Interior, Muamer Guler, 53 civiles y 26 policías resultaron heridos durante los dos días de violencia en Turquía, y 939 manifestantes fueron detenidos en varias ciudades del país. Pero algunas fuentes hospitalarias hablaron hasta de mil lesionados tras los enfrentamientos en Estambul.

 

Estados Unidos dijo estar “preocupado” por los numerosos heridos, mientras el Parlamento Europeo planteó su “inquietud”. Amnistía Internacional criticó el “recurso excesivo de la fuerza frente a manifestantes pacifistas”, y Reporteros Sin Fronteras denunció los “ataques deliberados” contra periodistas, uno de los cuales fue herido en la cabeza.

 

Afp, Dpa, Reuters y Xinhua

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Sábado, 01 Junio 2013 07:10

Doscientos millones contra Monsanto

Doscientos millones contra Monsanto

Fueron 2 millones de personas las que el 25 de mayo se manifestaron en 52 países, en más de 430 ciudades de todo el mundo, contra Monsanto. Pero muchísimos más acompañaron ese día y protestan cada día, de muchas formas, contra Monsanto, contra los transgénicos y el robo corporativo de nuestra alimentación. Por ejemplo, la Vía Campesina, que tiene más de 200 millones de miembros y ahora preparan su sexta conferencia internacional del 6 al 13 de junio, en Indonesia. Cumplen 20 años y son el movimiento campesino organizado más grande de la historia y un puntal de resistencia a Monsanto, a los transgénicos y a las corporaciones de agronegocios en el planeta.

 

Monsanto tiene mucha cola para pisarle en su larga historia de fabricante de venenos desde 1901. Es un ejemplo paradigmático de codicia, control corporativo y falta de escrúpulos. Entre muchos desastres, legó al planeta la contaminación con armas químicas, como el Agente Naranja usado en la guerra contra Vietnam, donde aún la tercera generación de la población sufre secuelas. Ocultó intencionalmente que su químico PCB (incluyendo askareles) es terriblemente tóxico, envenenando por más de 40 años –a sabiendas– el agua y a miles de familias en Alabama, donde se fabricaba. Para aumentar sus lucros, creó semillas transgénicas adictas a sus agrotóxicos y compró empresas semilleras por todo el mundo, para eliminar competencia y asegurar dependencia. Controla 27 por ciento del mercado mundial de semillas de todo tipo (no solamente transgénicas) y tiene más de 80 por ciento del mercado mundial de semillas transgénicas, un monopolio industrial que no tiene precedentes en casi ningún rubro industrial. Solamente Bill Gates, con Microsoft, tiene un porcentaje de mercado tan alto. Pero a diferencia de los programas de computación, las semillas son imprescindibles para la vida: son la llave de todas las redes alimentarias.

 

Por ello y mucho más, 2 millones nos manifestamos en el mundo contra Monsanto. Sólo una pequeña muestra del rechazo global a esa transnacional, que se extiende a todas las otras empresas de transgénicos (Syngenta, DuPont-Pioneer, Dow, Bayer, Basf).

 

La agencia Investigative Reporter Denmark reveló que Monsanto decidió abandonar la investigación, desarrollo y experimentos de maíz transgénico en Europa (aunque siguen las plantaciones que existen en España, Portugal y República Checa, menos de uno por ciento del maíz en Europa). Nueve países europeos han prohibido el maíz transgénico. Monsanto se suma a Syngenta, Bayer y Basf, que abandonaron en años anteriores la investigación y experimentación de papa y otros transgénicos en Europa. Sus declaraciones son significativas: según Brandon Mitchener, ejecutivo de Monsanto en Europa, sólo van a seguir con transgénicos en países “donde tengamos apoyo político” y sistemas regulatorios a su favor. Como México, por ejemplo, donde las protestas contra el maíz transgénico son cada vez más amplias, pero el sistema regulatorio y el gobierno favorecen a Monsanto, contra los intereses de su propia población.

 


En la misma semana, un informe de la organización estadunidense Food and Water Watch, basado en más de 900 mensajes de Wikileaks, mostró que Estados Unidos usó cuantiosos recursos públicos para promover a Monsanto y a los transgénicos, a través de sus embajadas, de representantes del ministerio de agricultura (USDA) y de USAID en muchos países. Sus estrategias incluyen desde conferencias “técnicas” de (des)información a periodistas y funcionarios, hasta presiones bilaterales para adoptar legislaciones favorables y abrir mercado a las empresas.

 

Pese a que Monsanto reporta grandes ganancias, las resistencias globales le significan un enorme gasto, más que económico. Cada día salen nuevas evidencias de daños a la salud y ambiente, de que solamente con engaños, corrupción y falseando datos, con científicos y gobiernos comprados, se pueden defender los transgénicos. Nos imponen los transgénicos con maña y fuerza, pero no han podido ni podrán colonizar nuestras mentes ni corazones a su favor, a la larga el arma más poderosa.

 

Por eso, aunque hay muchas y diversas resistencias por todo el globo, es importante destacar el papel histórico de La Vía Campesina, que cumple 20 años de lucha y organización, derrumbando mitos y mostrando caminos. Con más de 150 organizaciones campesinas en 70 países en África, Asia, Europa y las Américas, con más de 200 millones de campesinas y campesinos, el mundo nunca ha tenido una organización campesina de tal extensión y entidad. Independientes de partidos políticos e intereses corporativos, La Vía Campesina ha profundizado el análisis y la crítica del sistema agroalimentario, desde la visión y experiencia cotidiana de sus actores fundamentales. En estas dos décadas, Vía Campesina nos mostró, junto a sus aliados, que las y los campesinos, indígenas, pescadores artesanales, productores familiares, producen más de 70 por ciento de la alimentación en el mundo, con apenas 20 por ciento de la tierra arable; que son las y los que producen y cuidan las semillas y la biodiversidad, las y los que están enfriando al planeta contra el calentamiento global que nos afecta a todos, pese a ser provocado en su mayor parte por el sistema alimentario agroindustrial y sus transnacionales de agronegocios. El camino no es fácil, la articulación intercultural, intercontinental y la equidad de género han sido grandes desafíos, pero desde las raíces, la Vía Campesina sigue creciendo, dando flores y frutos, abriendo surcos, sembrando resistencias. Contra Monsanto y otras empresas que siembran muerte, globalizando la lucha, globalizando la esperanza.

 


Por Silvia Ribeiro, ivestigadora del Grupo ETC

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Domingo, 26 Mayo 2013 06:16

Jornada internacional contra Monsanto

Jornada internacional contra Monsanto

Diversas organizaciones ambientalistas y sociales exhortaron al gobierno federal a negar a la trasnacional Monsanto la siembra comercial de maíz transgénico en el país, luego de que el 15 de marzo pasado esa empresa presentó tres solicitudes para cultivar el grano genéticamente modificado, en “aproximadamente 33 millones de hectáreas de los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango”.

 

En el contexto de la Jornada Internacional contra Monsanto y por la soberanía alimentaria, realizada ayer en diversos países y en alrededor de 20 estados mexicanos, Mercedes López Martínez, representante en el Distrito Federal de Vía Orgánica y de la campaña nacional Sin Maíz no hay País, indicó que el actual gobierno debe mostrar mayor determinación para prohibir a Monsanto sembrar maíz transgénico, pues contaminaría el centro de origen del grano y porque estos productos no han demostrado ser inocuos.

 

Algunos manifestantes llevaban pancartas con leyendas como “Fuera Monsanto de México”; “De santo, nada, Monsanto mata”, y “Por un mundo sin Monsanto”. Otros recordaron que “en octubre pasado el científico Eric Seralini encabezó un grupo de investigación que alimentó ratas con maíz transgénico, y éstas desarrollaron cáncer y problemas de riñón e hígado” en cuatro semanas.

 

Entrevistada en el Carnaval del Maíz que se llevó a cabo ayer en la explanada de Bellas Artes, López indicó: “estamos atendiendo un llamado internacional, porque hoy (ayer) es el día internacional contra Monsanto, y por eso en México decidimos hacer un acto festivo, un carnaval en defensa del maíz”, y llamó a los funcionarios de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de Salud (Ssa) a “no dejarse comprar ni presionar por empresas trasnacionales como Monsanto”, y que “busquen preservar la salud y la cultura porque el maíz es nuestra sangre, somos hombres y mujeres del maíz”.

 


También indicó que es “importante que la gente se sume, que defienda su alimento y cultura”. De hecho, el colorido festival organizado ayer atrajo desde el comienzo a cientos de transeúntes, muchos de los cuales se detenían a escuchar los pronunciamientos y a observar los dibujos, las obras de teatro y a escuchar la música, pese al intenso calor.

 

Las manifestaciones en contra de Monsanto se realizaron en diversas ciudades de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Colombia y España, entre otros países, y en el caso de México se perfilaban protestas en diversas ciudades, entre ellas Morelia, Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, Ensenada, Cuernavaca, León, Salamanca, Celaya, Puebla, Durango, Oaxaca, Querétaro, Colima, San Cristóbal de las Casas, Mexicali, Jalapa y Cancún. En el Distrito Federal el carnaval también se realizó en el Monumento a la Revolución.

 

Thalia Guido, del movimiento YoSoy132, indicó que para los jóvenes es “muy importante defender la alimentación de nuestro país y sobre todo la soberanía y libertad alimentaria”, y acotó que la defensa del maíz criollo es una tarea que atañe a todos. “No es sólo cosa de campesinos; la alimentación influye muchísimo en nuestra manera de ser, de cómo percibimos al mundo en general y nos da identidad. Esta lucha no es una causa aislada y por eso es muy importante unirnos a esta lucha; nunca se había visto una manifestación mundial tan grande en contra de una sola corporación semillera transgénica”.

 

La joven de 23 años refirió que la estrategia de este tipo de empresas consiste en “contaminar los centros de origen” y advirtió que si eso sucede en México “seria perder nuestro patrimonio alimenticio”.

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Sábado, 25 Mayo 2013 12:05

¡Detengamos la locomotora minera!

¡Detengamos la locomotora minera!

Los hechos se precipitan velozmente, no han pasado cuatro meses desde el derrame de carbón de la Drummond en la Bahía de Santa Marta1 y ya el país se retuerce hastiado con los abusos de las transnacionales mineras. Por estos días la Contraloría General de la República ha saltado a la palestra lanzando el libro “Minería en Colombia – Fundamentos para superar el modelo extractivista”. Ha propuesto además que se revoque el arreglo de prórroga del contrato de Cerromatoso y pide que se investigue a los ministros responsables de dejar vencer el término fijado por la Corte Constitucional para presentar al Congreso un nuevo Código de Minas, ante la inconstitucionalidad de la Ley 1382 de 2010, que lo modificaba por haber omitido la consulta previa con los pueblos indígenas. Hace solo dos meses la protesta contra la minería en el páramo de Santurban se tomaba nuevamente las calles de Bucaramanga; en Tabio la comunidad logró que se cerrara una gravillera… la enumeración de los hechos se hace interminable.

 

Los minerales colombianos en la mira de las transnacionales

 

En la época del final del petróleo barato y en el pico o cenit de varios de los minerales para la producción industrial, un frenesí minero recorre al mundo. No es de extrañar entonces que el territorio colombiano, rico en estos recursos, esté en la mira de las compañías en su inmensa mayoría transnacionales que se dedican a la extracción, transporte y comercialización de los mismos.

 

Si bien Colombia ha sido un país minero desde la colonia española, aunque el peso de la minería no ha sido constante en la economía del país, las actuales formas de extracción con tecnologías altamente destructoras como la denominada “minería a cielo abierto”, constituyen la mayor amenaza sobre la frágil ecología de su territorio. Si los páramos del país son destruidos o fuertemente afectados, el ciclo hidrológico se estropeará para siempre, más cuando la deforestación a que ha sido sometida la zona andina ya constituye un problema mayor (como se puso de presente en las recientes inundaciones de 2010 – 2011), mostrando la aceleración inusitada de la escorrentía y la sedimentación del Magdalena y el Cauca, los desagües naturales del sistema andino.

 

Se destruyen los ecosistemas a cambio de muy poco

 

Los riesgos brevemente expuestos serían argumento suficiente para abandonar la locomotora minera. Sin embargo la profunda alteración que ella está generando –y generará en el futuro próximo– sobre los frágiles ecosistemas colombianos es más grave pues cercenará en definitiva la posibilidad de otro tipo de desarrollo para el país. En efecto, la pérdida de la biodiversidad y los suelos aptos para la agricultura, son irreparables. Quien quiera comprobarlo no tiene sino que mirar lo que ha pasado en el departamento del Cesar, convertido en un inmenso hueco y depósito de desechos de la minería del carbón que explota la Drummond contaminando también el mar, como ya se anotó.

 

Otro aspecto a tener en cuenta es que Colombia entrega sus recursos mineros a cambio de muy poco. Mientras otros países suramericanos han mejorado no solo el control directo sobre tales recursos sino las regalías y otras condiciones del negocio, los anteriores gobiernos, y el actual, facilitan al máximo la explotación de aquellos con regalías exiguas y todo tipo de ventajas tributarias para las empresas extractoras.

 

Esta desregulación y flexibilización ha conducido a un conjunto de irregularidades, sintetizadas por la experta Tatiana Rodríguez Maldonado, de Censat - Amigos de la Tierra de la siguiente manera:

 

Superposición de títulos mineros en áreas de páramos, parques naturales y otras zonas protegidas. Buena parte de las cuencas abastecedoras de agua se encuentran tituladas para la minería. Lo anterior va en contra del derecho fundamental al agua y de la destinación prioritaria del líquido al consumo humano.

 

La piñata de títulos y solicitudes para minería está concentrada principalmente en dos minerales, el carbón y el oro. El primero está destinado a la generación eléctrica, donde se constituye en uno de los principales motivos del cambio climático. El segundo es un bien completamente suntuario que para ser extraído requiere del uso de sustancias tóxicas como el cianuro, que fue prohibido por el Parlamento Europeo en el viejo continente2.

 

La cifra que recibe anualmente el país por concepto de regalías es tan irrisoria, que es menor incluso que la que se percibe por canón superficiario. Así, en 2009 se recaudaron 1,9 billones de pesos por regalías, mientras que solamente el canón superficiario debió ser de 2,8 billones de pesos.

 

A octubre de 2009, diecinueve resguardos indígenas se encontraban titulados para minería en más del 90% de su área.

 

La campaña por una moratoria de la explotación minera

 

El problema sin embargo es: ¿Qué hacer? ¿Cómo se moviliza la sociedad civil para frenar la máquina de destrucción que se ha instalado en el país con la complicidad del Gobierno “Nacional”?

 

En su libro, “Políticas mineras en Colombia”3, el geólogo Julio Fierro Morales, propone una moratoria en el país a la actividad minera hasta que se den unas condiciones que garanticen el menor impacto posible, excluyendo ecosistemas esenciales para el ciclo del agua y la biodiversidad. y posibilitando una real y efectiva regulación de la actividad.

 

Esta iniciativa está siendo retomada por organizaciones sociales como la Organización Nacional Indígena de Colombia –Onic–, Sintraemsdes, y ambientalistas como Unión Libre Ambiental, Censat–Agua Viva, el Grupo Semillas y organizaciones que promueven la paz como desde abajo e Indepaz, entre otras.

 

La meta es recoger por lo menos cien mil firmas de apoyo a los doce puntos que aparecen en el recuadro. Dichas firmas se entregarán a los máximos representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, a fin de que se pronuncien sobre el clamor ciudadano que expresan los firmantes, esperando que las organizaciones sociales y populares hagan propia esta iniciativa y la desarrollen por los más novedosos e insospechados caminos.

 

Por Rafael Colmenares, miembro de Unión Libre Ambiental.


1 Véase “Drummond y las debilidades de la gestión costera”, en Razón Pública, 18 de Febrero de 2013.
2 Resolución de la Unión Europea, adoptada el 5 de mayo de 2010.
3 Julio Fierro Morales, “Políticas mineras en Colombia”, ILSA, Febrero de 2012.


 

Recuadro

 

Firma en www.moratoriaminera.org para qué:

 

  1. Se revisen, por una comisión independiente y no gubernamental, los títulos mineros y licencias ambientales expedidas hasta hoy, y se revoquen o anulen los que violen la Constitución, la Ley o causen grave daño al agua, al ambiente o a la salud humana.
  2. Se excluyan de cualquier actividad minera los ecosistemas estratégicos, terrestres y marinos, especialmente los esenciales para el ciclo del agua, la soberanía alimentaria, los territorios de comunidades étnicas, las áreas protegidas, los perímetros urbanos y los suelos de protección y expansión urbana.
  3. Se prohíba el uso del cianuro y cualquier otro agente altamente tóxico utilizado en la actividad minera.
  4. Se garantice que el transporte terrestre, marítimo y fluvial de los minerales extraídos sea seguro para los seres humanos y el ambiente.
  5. Se reforme el Código de Minas, eliminando el carácter de actividad de utilidad pública y de interés social que actualmente tiene la minería, para que prevalezcan sobre la normativa minera los principios constitucionales y legales ambientales, los de autonomía territorial étnica, así como los derechos de los propietarios o poseedores de la tierra sobre las concesiones del subsuelo.
  6. La expedición de títulos mineros y licencias ambientales quede sometida a la revisión y decisión de una comisión independiente, con participación de la sociedad civil.
  7. Se respete la autonomía municipal para excluir la actividad minera en el territorio del municipio que así lo decida.
  8. Se garanticen y respeten los derechos laborales, la salud y la seguridad de los trabajadores de la minería.
  9. Se den garantías para que la pequeña minería se realice con respeto al ambiente y la salud de los mineros y las comunidades y, cuando esto no sea posible, se apoye la reconversión del pequeño minero y el minero artesanal a otra actividad tanto o más productiva.
  10. Se modifiquen la política y los porcentajes de regalías desventajosas que recibe el Estado por las concesiones mineras y se eliminen los incentivos tributarios y prerrogativas que tienen las actividades mineras por encima de las demás actividades económicas.
  11. Se garanticen los procesos adecuados de consulta previa con pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas en sus territorios y conforme a sus sistemas de derecho y gobierno propios.
  12. Se declare la emergencia ecológica para adoptar con prontitud las medidas que correspondan a los puntos anteriores.
Publicado enEdición 191

¿Lo qué le interesa a la mayoría de la Humanidad es lo que finalmente se ejecuta? Muchos pueden pensar que en la historia siempre ha sido así porque eso explicaría el enorme salto tecnológico que nuestra especie ha logrado a lo largo de su existencia. El fuego, la rueda, las herramientas de metales, los acueductos, la construcción de caminos, el telescopio, las máquinas, la utilización de la electricidad, el coche, la televisión, internet, etcétera, son los grandes inventos que nos han servido para mejorar nuestra vida.

 

Sin embargo, no todos los inventos, no toda la capacidad tecnológica de la que somos capaces se pone a disposición de las necesidades más prioritarias para la mayoría de la sociedad.

 

Ejemplifiquemos esta afirmación con la energía. La revolución energética que vivimos, obligados por dos hechos: la desaparición futura, pero próxima del petróleo y el cambio climático producido por un exceso de generación de CO2 tiene una meta de llegada lógica: las renovables. Sin embargo, la transición hacía el modelo 100 por ciento renovable en la que nos encontramos actualmente no se producirá con la celeridad que la Humanidad necesita y tampoco de la forma que sería necesaria.

 

El estúpido argumento de que las renovables no son tecnologías maduras es el “cuento” que los poderosos nos repiten a través de sus medios de comunicación, que reiteran sus “expertos” y ratifican sus gobiernos y partidos políticos. El único impedimento para que las renovables no ocupen con más celeridad todas las fuentes energéticas no es la incapacidad tecnológica de la ciencia como implícitamente se nos hace creer, más bien es el interés de las empresas petroleras y de la inmensa mayoría de los emporios eléctricos y energéticos del mundo de seguir recibiendo beneficios de las instalaciones ya realizadas para amortizar sus costes o disponer de más inversión y dividendos.

 

En contra de ellos y en pro del conjunto de la humanidad y de la naturaleza, es necesario operativizarlas. La colocación de las actuales tecnologías renovables en la cadena de producción industrial masiva posibilitaría la reducción constante de sus costes y la fabricación de máquinas más eficientes. El modelo energético 100 por ciento renovable se podría alcanzar en menos de 20 años si la apuesta política y empresarial fuera decidida. Sólo manteniendo el actual nivel de crecimiento en algunos países más innovadores en esta materia se podría conseguir ese objetivo… sin embargo, ¿se desea conseguirlo?

 

Las empresas directamente implicadas en el abastecimiento energético de nuestra sociedad planetaria han decidido que ese modelo se implante más allá del 2050 y eso después de grandes resistencias a que así sea. La Agencia Internacional de la Energía, aunque no sea su función, actúa en la práctica como el portavoz de esas empresas y han constatado el cambio descrito: hace unos años decían que las renovables eran fuentes que solo ocuparían un lugar marginal en el pool de producción, hoy reconocen que es inevitable el modelo 100 por ciento renovables. Al fin y al cabo los ricos viven en el mismo planeta que el resto de la Humanidad.

 

Pero no es solo un problema la lentitud de la implantación del modelo 100 por ciento renovables, también lo es la forma en la que se implementan las renovables. Las todopoderosas empresas energéticas pretenden que las “peligrosas” renovables sean monopolio exclusivo de ellas. Quieren salvaguardar el negocio para sus descendientes. ¡Qué se joda la Humanidad! Escucho cada vez que actúan.

 

La explotación del gas, el petróleo o la instalación de una central nuclear está al alcance solo de grandes corporaciones. El viento, las olas, el sol, el agua son fuentes “peligrosas” al alcance de cualquiera con instalaciones y máquinas capaces de aprovechar a pequeña escala la energía que generan esas fuentes a un precio asequible para cualquiera.

 

Cada local, cada edificio o cada vivienda puede ser la base de la instalación de equipos de producción energética: la fotovoltaica en techo, la minieólica, la minihidraulica o el aprovechamiento de la energía sobrante de las baterías de los coches eléctricos son elementos que la tecnología pone al alcance de cualquier familia o pequeña empresa para su explotación como pequeña central energética. Es la generación distribuida. Con ella la revolución de las renovables sería mucho mas inminente que es la velocidad que requieren las necesidades de nuestro vapuleado ecosistema.

 

Pero con la generación distribuida también se habrá descubierto una poderosa herramienta de distribución de la riqueza, porque la energía es riqueza. No solo para que en las sociedades desarrolladas, las familias y pequeñas empresas se distribuyan las enormes plusvalías que hoy se reparten los pocos dueños de las compañías energéticas, sino también para que en todos los rincones del Planeta en los que la pobreza castiga a sus habitantes, se establezcan estas instalaciones que traerían la prosperidad y los recursos. Y que con bajos costes posibilitarían una mejora de su nivel de vida.


La generación distribuida podría suponer una revolución social, un cambio en algunos de los pilares que hoy sostienen el sistema económico, pero mucho nos tememos que los guardianes de este sistema no permitirán que se implante esta revolución.

 

Ángel Rivera, Creativa

Publicado enEdición 191