La crisis económica es también una crisis ecológica

Hace poco un compañero sindicalista me retaba, con cariño, a explicar cómo se relacionan crisis económica y crisis ecológica. Recojo el guante y aprovecho para transmitir un mensaje clave. Una salida duradera a la crisis económica pasa necesariamente por luchar al mismo tiempo contra la crisis ecológica. Y será más factible tener éxito en esta tarea si los sindicatos interiorizasen más esta realidad e hicieran de la ecología un eje central de su teoría y práctica.


De hecho, crisis económica, social y ecológica son tres facetas de una misma crisis. Son interdependientes y se retroalimentan entre ellas. No es sorprendente puesto que nuestro modelo de organización social y económica depende de los recursos naturales disponibles y, a su vez, la salud de nuestros ecosistemas (y por tanto de nuestro futuro) dependen de este modelo socio-económico. Por un lado, la globalización y las economías llamadas modernas están totalmente basadas en la energía y materias primas baratas, abundantes y de buena calidad. Por ejemplo, el transporte o el sistema agroalimentario dependen de los combustibles fósiles en general y del petróleo en particular. Por otro lado, los impactos sobre el medio ambiente del sistema económico son hoy patentes. El cambio climático, de origen humano, es una amenaza para las generaciones futuras y nuestra economía: en caso de seguir los escenarios de Business as usual, los costes del cambio climático podrían ser superiores al 20% del PIB europeo en los años venideros.


Para ilustrar este análisis, tomemos el ejemplo de la crisis del 2008. Es evidente que la falta de control y regulación de los mercados, la avaricia del 1% o la desconexión entre finanzas y economía productiva, son elementos esenciales que explican parte de la crisis. Pero no lo explican todo. Como hemos apuntado, nuestra máquina socio-económica tiene un problema de drogadicción con el oro negro. Por desgracia para ella, desde 1999 los precios del petróleo no han parado de aumentar principalmente por los efectos acumulados del techo del petróleo (es decir escasez de oferta), la creciente demanda en constante aumento (principalmente en los países emergentes como China o la India) y la especulación (que se aprovecha de la tensión entre demanda y oferta). Lógicamente, cuando ya no tiene acceso a buen precio a su dosis diaria, la máquina se pone gravemente enferma. Y más aún si de por sí no está en buen estado de salud (al haber por ejemplo comido demasiados "activos tóxicos").


En la actual crisis, tras un aumento continuo desde 1998, el barril de petróleo superó por primera vez los 100 dólares a finales de 2007 y alcanzó su máximo en julio del 2008 con 147 dólares. Como se analizaba antes de la crisis incluso desde la FED (el banco central estadounidense), ese aumento récord de los precios del crudo fue una de las principales fuentes de inflación. Además de suponer un alza de los precios de los alimentos con consecuencias dramáticas para los países del Sur, la inflación supuso una brutal pérdida de poder adquisitivo para las clases medias y bajas y un aumento de las tasas de interés (y de las hipotecas). Al mismo tiempo, un mayor precio del petróleo significó también un mayor precio de la energía y de la gasolina. En un país como Estados Unidos donde el coche es imprescindible para ir a trabajar y por tanto generar un salario que a su vez permita pagar la casa, mucha gente —a quién se le había otorgado hipotecas basuras sin ningún tipo de control— se vio económicamente ahogada entre la "pared hipoteca" y la "espada gasolina". Por tanto, el economista Jeremy Rifkin o el sindicalista Manuel Garí en un reciente artículo en eldiario.es tienen razón en afirmar que la actual crisis económica tiene, como uno de sus principales detonantes, el precio de la energía. Junto con otros factores sistémicos (dominio de la economía financiera, connivencias entre mercados y alta política, agencias de calificación de riesgos al servicio de la banca, etc.), formó parte de un cóctel explosivo que desembocó en la mayor recesión desde 1930.


Pero es que incluso si atendiésemos a los factores sistémicos no ecológicos (que sí o sí tenemos que erradicar), la máquina seguiría enferma porque, en el fondo, tiene un problema de metabolismo. Vicenç Navarro afirma por ejemplo que "si los salarios fueran más altos, si la carga impositiva fuera más progresiva, si los recursos públicos fueran más extensos y si el capital estuviera en manos más públicas (de tipo cooperativo) en lugar de privadas con afán de lucro, tales crisis social y ecológica (y económica y financiera) no existirían" (Público, 07-03-2013). Sin embargo, eso no es suficiente. Incluso si redistribuyéramos de forma equitativa las rentas entre capital y trabajo, y todos los medios de producción estuviesen en manos de los trabajadores, la humanidad seguiría necesitando las 1'5 planetas que consume hoy en día (y no hace falta recordar que "no tenemos planeta B"). Al fin y al cabo, nuestro sistema socio-económico heredado de la revolución industrial es como un aparato digestivo a gran escala con problemas de sobrepeso estructurales. Ingiere recursos naturales por encima de las reservas de la nevera Tierra, los transforma en "bienes y servicios" que (además de ser mal repartidos) no son buenos para la salud de sus glóbulos rojos, y produce demasiados residuos no asimilables por su entorno.


Además este cuerpo tiene una enfermedad añadida: no sabe parar de crecer. Y para alimentar este crecimiento infinito, calculado por el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), necesita absorber muchas proteínas abundantes y baratas (la energía) y quemarlas sin restricción hacia la atmósfera (el 75% de las emisiones de CO2 desde la época preindustrial resultan de la quema de los combustibles fósiles). Eso ocurre en las economías productivistas en general y en España en particular donde, como demuestra Jesús Ramos, "el crecimiento real de la economía española ha ido de la mano de un crecimiento en la misma proporción del consumo de energía". Dicho de manera simplificada, el PIB es una función de la energía disponible. Cuando no hay suficiente petróleo, que representa el 40% de la energía final en el mundo, no hay "suficiente energía" y no hay "suficiente PIB". Es lo que hemos verificado desde 1973: no consumimos menos petróleo por culpa de la(s) crisis sino que estamos en recesión (entre otros motivos) por tener menos petróleo. Y la recesión se hace hoy aún más fuerte en los países con mayor dependencia energética en Europa que, casualidad, son Grecia, Portugal, España e Irlanda...


Sin embargo, sanar el enfermo es posible. Primero, se debe hacer un diagnóstico correcto basado en entender que 1) cualquier economía es indisociable de la realidad física que la sostiene 2) como demuestra Tim Jackson en su libro Prosperidad sin crecimiento, no es posible desacoplar de forma convincente el PIB del consumo de energía y de las emisiones de CO2. De hecho, por mucho que disminuyan la intensidad energética y el CO2 emitido por unidad producida, las mejoras tecnológicas se encuentran sistemáticamente anuladas por la multiplicación del número de unidades vendidas y consumidas en términos absolutos (es el llamado "efecto rebote"). Por tanto, el paciente necesita urgentemente deshacerse de su "drogadicción al crecimiento" y adoptar un nuevo estilo de vida saludable. Como cualquier ser humano que una vez llegada su edad adulta sigue madurando sin crecer de tamaño, debe reconocer que su bienestar ya no depende del crecimiento del PIB. Debe también solucionar sus problemas de sobrepeso desde una doble perspectiva de justicia social y ambiental: reducir su huella ecológica hasta que sea compatible con la capacidad del planeta a la vez que redistribuye de forma democrática las riquezas económicas, sociales y naturales.


En este camino hacia la sociedad del vivir bien, los sindicatos (y los intelectuales de izquierdas) son fundamentales. Tras su nacimiento al calor de la revolución industrial, se pueden reinventar a la luz de los límites ecológicos del Planeta. Pueden hacer suya esta nueva realidad social y ecológica, y llevarla a los centros de trabajo. La transición ecológica de la economía puede convertirse pues en el eje de una visión y lucha compartida entre los movimientos obrero y ecologista (y ¡muchos más!). Ya que la crisis económica tiene raíces ambientales, solo habrá economía próspera, paz y justicia social si remediamos también a la crisis.

Por Florent Marcellesi
Coautor de "Adiós al crecimiento. Vivir bien en un mundo solidario y sostenible". miembro del consejo de redacción de la revista Ecología política y coordinador de Ecopolítica. Es también miembro de Equo.


 

Decálogo para la gran transformación ecológica


¿Cuáles tendrían que ser las prioridades para una transición ecológica, social, democrática y ética hacia otros mundos posibles? Tras una breve introducción sobre qué es la crisis ecológica, propongo un decálogo de acción para la gran transformación ecológica.

 

Crisis de modelo: Hoy en día sufrimos las consecuencias de un modelo socio-económico pernicioso y suicida tanto para la justicia social y la solidaridad intrageneracional como para la justicia ambiental y la solidaridad intergeneracional: el "liberal-productivismo". Basado en un crecimiento financiero y material sin límites, no es otra cosa que una fusión progresiva entre los rasgos y estragos estructurales del neoliberalismo dominante desde los años setenta y los del productivismo reinante desde el fin de la II Guerra Mundial. Este modelo genera la tensión actual entre Humanidad y Naturaleza que se manifiesta a través de las principales crisis ecológicas que sufrimos: cambio climático, techo del petróleo, perdida de biodiversidad, deforestación, crisis alimentaria, etc.


Crisis de escasez: Asimismo, detrás de las crisis financieras y especulativas, siempre se encuentran crisis más profundas que tocan lo que solemos llamar la economía real (también llamada economía productiva) y la economía real-real, es decir la de los flujos de materias y energía (que depende por una parte de factores económicos y por otra parte de los límites ecológicos del planeta). En este contexto, la crisis ecológica es principalmente una crisis de escasez: escasez de materias primas y de energía para mantener el ritmo de la economía actual, y aún menos extenderlo a los países del Sur. El modo de producción y de consumo impulsado por el Norte no tiene en cuenta los límites físicos del planeta, tal y como lo deja patente la huella ecológica: la humanidad ya supera en un 50% su capacidad de regenerar los recursos naturales que utilizamos y asimilar los residuos que desechamos. Y sobre todo, existe una profunda desigualdad en el uso de los recursos ambientales disponibles: mientras muchas comunidades humanas consumen por debajo de la capacidad de carga de su territorio, si todas las personas de este mundo consumieran como la ciudadanía española, necesitaríamos tres planetas.


Crisis ética: Desde que entramos en la edad moderna occidental y la revolución industrial, se ha ido apoderando de nuestras mentes el «antropocentrismo tecnocrático», es decir una cosmovisión particular donde la naturaleza es sobre todo el objeto propuesto para nuestro dominio, para nuestro provecho, gracias a la tecnociencia, fuente de la felicidad de los seres humanos. La crisis ecológica es por tanto también una crisis de valores y de civilización donde cada persona y cada sociedad tiene que repensar de forma individual y colectiva el sentido de nuestra existencia y, por consiguiente, nuestro lugar adecuado en la naturaleza. Es necesario contestar de forma democrática a preguntas fundamentales y existenciales: ¿por qué, para qué, hasta dónde y cómo producimos, consumimos y trabajamos?


La humanidad, es decir tanto los individuos como las sociedades que las componemos, está ante una encrucijada: puede decidir, al igual que la civilización maya clásica, cerrar los ojos ante el peligro y caminar sin marcha atrás hacia su derrumbe, o puede decidir rebelarse y perdurar dentro de la llamada "supervivencia civilizada de la humanidad". Para alcanzar este objetivo, es necesario otro modelo de producción y consumo donde reconciliemos, de forma democrática y solidaria, nuestra aspiración individual y colectiva a la buena vida con los límites ecológicos de un planeta finito.


En este camino, planteo diez prioridades hacia aquella transformación ecológica, social, democrática y ética de la sociedad:


1. Establecer los límites y fijar umbrales de recursos y emisiones per capita, así como objetivos de reducción del consumo diferenciando entre países del Norte (contracción, es decir decrecimiento radical de la huella ecológica dentro de los límites ecológicos del Planeta) y del Sur (convergencia, es decir evolución socioecológica hacia un alto bienestar y una baja huella ecológica sin pasar por la casilla del maldesarrollo de los países occidentales). [Para saber más, véase Del desarrollo al posdesarrollo: otra cooperación es posible y deseable]

 

2. Construir una macroeconomía ecológica que integre las variables ecológicas donde la estabilidad no dependa del crecimiento, donde la productividad del trabajo no sea el factor determinante. En este marco, es central superar definitivamente el Producto Interno Bruto (PIB) como indicador principal de riqueza, por ejemplo a través de indicadores construidos de forma participativa y de debates deliberativos —locales, estatales y europeos— sobre qué es la naturaleza de la riqueza, su cálculo y su circulación. Por ejemplo, el estado de Acre, considerado uno de los más pobres de Brasil, ha definido unos indicadores de buen vivir que tienen en cuenta el medio ambiente y su principal riqueza: el bosque amazónico. El proceso se ha llevado a cabo de forma participativa con economistas brasileños y la sociedad civil local —en primer lugar, los pueblos indígenas— y ha contado con el asesoramiento de una ONG y una universidad francesas.

 

3. Relocalizar la economía. Es necesario privilegiar las actividades con utilidad social y ecológica, por ejemplo las de circuitos cortos que generan riqueza a nivel local con baja huella ecológica y con alta capacidad de resiliencia. Es el caso de los grupos de consumo. Creados en Japón en la década de 1960, este sistema pone en contacto directo a las personas que practican una agricultura ecológica y a las personas consumidoras que la utilizan. Llegado a España a finales de los años ochenta y principios de los noventa y, con una nueva oleada desde comienzos de 2000, es hoy en día una realidad en constante y rápida evolución, mezclando grupos autogestionados —difíciles de contabilizar— con cooperativas legalmente estructuradas.(1) Otra iniciativa en auge son las llamadas monedas locales (también llamadas sociales o complementarias), utilizadas para el intercambio de bienes y servicios por una comunidad reducida (un barrio, un pueblo, una ciudad, una provincia) y donde el dinero, controlado por la comunidad, vuelve a ser un medio al servicio de las personas y la economía real (y real-real).(2) Además, para ser de verdad una herramienta transformadora, suele favorecer los intercambios de productos y servicios con alto valor ambiental, ético y social y busca aumentar el poder de control ciudadano sobre la economía.(3) Al mismo tiempo, la relocalización necesita una coordinación y una acumulación de fuerzas supralocales (regional, europea, global) para garantizar solidaridad interterritorial, políticas eficientes ante problemas transfronterizos y globales, y redes potentes capaces de hacer frente y ser alternativas a los poderes políticos y económicos globales. El camino seguido por Via Campesina que lucha a la vez por la relocalización agrícola y por la construcción de alianzas mundiales es en este modo un buen ejemplo de esta dinámica donde la relocalización es un proyecto global.

 

4. A través de un "New Deal Verde", invertir masivamente en sectores sostenibles y empleo verde, es decir en puestos de trabajo que garanticen una conversión ecológica de la economía en sectores sostenibles como las energías renovables, agricultura ecológica, rehabilitación de edificios, gestión forestal sostenible, economía de cuidados, artesanía, economía social y solidaria, etc. Sin duda, vivir bien en un mundo eco-solidario implicará una contracción para los sectores intensivos en energía fósil y/o en especulación financiera y/o perjudiciales para un mundo pacífico (industria manufacturera, sector automovilístico, pesca industrial, bancos y seguros, industria armamentística, etc.), lo cual supone desarrollar una reconversión planificada y participada de las personas trabajadoras hacia los sectores antes mencionados. Según la Organización Internacional del Trabajo, se podrían crear en el mundo hasta 60 millones de empleos verdes y en España hasta 2 millones de aquí a 2020 (hasta 1,37 millones para mejorar el aislamiento y la eficiencia energética de 25 millones de viviendas, 770.000 empleos para movilidad sostenible, 125.265 empleos en energías renovables si este sector pasara a generar un mínimo del 20% de la producción primaria de energía).

 

5. Hacer un uso masivo de la reducción de la jornada laboral y del reparto del trabajo, incluyendo el de los cuidados. En este sentido, la propuesta de las 21 horas permite vincular reivindicaciones históricas del movimiento obrero y sindical con las del movimiento ecologista al afirmar que una semana laboral más corta puede ayudarnos al mismo tiempo a proteger el planeta, aumentar la justicia social y el bienestar de la sociedad, y construir una economía próspera sin crecimiento. Entre otras cosas, el reequilibrar los tiempos de vida entre trabajo remunerado y no remunerado, vuelve a dar valor social y económico a los trabajos domésticos y de cuidados (principal e históricamente cubiertos por las mujeres), voluntarios, artísticos, políticos, culturales, autónomos, etc., permite aumentar sustancialmente tanto nuestra incorporación en circuitos cortos de producción y consumo como nuestra capacidad de producir parte de lo que vamos a consumir (alimentos, energía, etc.), apuesta por transformar los aumentos de productividad en tiempo libre no consumista y abre la posibilidad de una reducción de la factura energética.(4)

 

6. (Re)Distribuir la riqueza a través de una renta máxima, una renta básica de ciudadanía y una fiscalidad sobre los capitales y los recursos naturales. En un planeta finito, hace falta una doble dinámica en torno a una «estrategia de máximos» de lucha contra la riqueza en las clases hiperconsumistas (renta máxima, limitación en el consumo de recursos naturales, gravamen del lujo) y una «estrategia de mínimos» de lucha contra la miseria social y ambiental para las clases empobrecidas y que infraconsumen (renta básica, acceso gratuito o barato a los recursos naturales). Para hacerla posible, necesitamos redistribuir la riqueza a través de una reforma profunda del sistema fiscal donde, además de bajar la fiscalidad sobre el trabajo, aumentamos la fiscalidad sobre capitales (lucha contra el fraude y paraísos fiscales, eliminación de todas las deducciones en el impuesto de sociedades, impuesto sobre las transacciones financieras, etc.) y sobre recursos naturales (eliminación de subvenciones a combustibles fósiles, tasa sobre emisiones de carbono, etc.). Por otro lado, necesitamos una mejor distribución inicial de las rentas primarias antes de impuestos, es decir revertir la creciente desigualdad entre salarios y ganancias del capital.

 

7. Convertir la "banca ética" en norma para el sector financiero. Cualquier banco, sea público o privado, no puede invertir en actividades perjudiciales para el medio ambiente o las personas, como puede ser por ejemplo la fabricación de armas.(5) Al contrario, la banca ética, preferentemente pública o cooperativa, se presenta como una alternativa a la banca tradicional y su afán de buscar ante todo la creación de rendimiento económico y valor para sus accionistas y altos directivos. Además de obtener beneficios para garantizar la continuidad de la actividad, la banca ética persigue una economía al servicio de las personas y del medio ambiente. Se rige por criterios positivos (financiación de proyectos que transforman positivamente la sociedad), por criterios negativos (no financiación de proyectos nocivos para la sociedad) y por principios de transparencia, coherencia y participación.(6)

 

8. Desmantelar la lógica social del consumismo. Por una parte, la educación en valores y verde, es decir un educación para "vivir bien con menos", es fundamental para cambiar nuestras mentalidades y revertir la crisis ética hacia otra relación respetuosa con las demás sociedades humanas, nuestro entorno y el resto de seres vivos. Primero, se trata de evolucionar de una sociedad del tener hacia una sociedad del ser donde el estatus social no dependa de la riqueza material sino del bienestar individual, social, comunitario y ecológico. Segundo, como nos lo aconsejan la educación no violenta o las resoluciones pacíficas de conflictos, se trata de enseñar y aprender respeto, escucha activa y empatía. Por otra parte, la regulación de la publicidad comercial, verdadero pilar del sociedad de consumo, es un paso esencial que se puede concretar, por ejemplo, a través de la reducción de su presencia en los espacios y medios públicos o de la creación de un órgano de control independiente.

 

9. Reestructurar nuestras ciudades y territorios. Supone construir "pueblos en transición" a escala humana y local que apuesten por parar el crecimiento de las ciudades (y también la construcción de grandes infraestructuras como nuevos aeropuertos, autopistas y trenes de alta velocidad), reciclar y revalorizar las ciudades existentes (programa masivo de rehabilitación de edificios, utilización de las viviendas vacías, impulso de las cooperativas de viviendas), relocalizar las actividades (además de lo apuntado en el punto 3, los huertos urbanos son un ejemplo magnífico), favorecer una movilidad sostenible (con el peatón y la bici en el centro de las preocupaciones urbanísticas hasta alcanzar en 2030 un reparto modal del 10% para el coche, 30% para el transporte colectivo y 60% para el peatón y la bici), alcanzar la autosuficiencia energética (reducción del consumo, energías renovables locales y eficiencia energética), reequilibrar ciudad y campo (un campo donde la agricultura convencional vuelva a ser la agricultura ecológica, capaz de producir localmente en cantidad suficiente productos de temporada y sanos para consumo local y que apueste por la soberanía alimentaria), democratizar la ciudad (pueblos policéntricos con núcleos urbanos más reducidos que permiten acercar la ciudadanía a los ámbitos de decisión).

 

10. Poner en marcha una democracia participativa como instrumento vertebrador de una transición social y ecológica exitosa. De hecho, la democracia moderna tiene una deuda latente con la ecología política y con su lucha por extender la autonomía personal y la solidaridad colectiva en el espacio (solidaridad transnacional), en el tiempo (solidaridad transgeneracional) y al conjunto de la naturaleza (solidaridad biocéntrica e interespecie). Sobre todo, esta democracia tiene que integrar en sus procesos algunos aspectos que, además de ampliar nuestros círculos de solidaridad, son centrales para la transición hacia una supervivencia civilizada de la especie humana: la cuestión de la autolimitación, la representación de los sin voz, la gobernanza glocal y la capacidad de responder a la urgencia ecológica.
Este esbozo de prioridades podría representar un sustrato mínimo capaz de juntar a multitud de personas y colectivos que desde sus ámbitos particulares ya están impulsando alternativas concretas aquí presentadas. De forma proactiva y propositiva, aliemos y tejamos cada vez más redes y plataformas de resistencia y creativas. Más que nunca necesitamos que cada nodo del cambio se conecte con todos las demás y juntos, con un programa compartido y que respete la diversidad de sus componentes, se conviertan en alternativa viable al sistema actual.

 

Notas:

(1) Solo en Cataluña, se estima que existen alrededor de 3.000 unidades de consumo que cuentan periódicamente con una cesta con productos del campo ecológicos.
(2) En la "ciudad en transición" de Bristol (cuyo zona metropolitana llega al millón de habitantes en Reino Unido), se ha puesto en marcha el Bristol Pound que opera en un rayo de 80km y que incluso el alcalde arropa al declarar que cobrará el 100% de su sueldo en moneda local: http://bristolpound.org/
(3) Para saber más sobre monedas locales: guía para montar una moneda local en Diagonal. Funcionamiento de una moneda local en el caso de Bilbao o mapa de las monedas locales (y también bancos de tiempo y demás instrumentos parecidos) en España.
(4) Por ejemplo si los estadounidenses decidieran acortar su semana laboral a la altura de los países europeos, EEUU consumiría un 20% menos de energía, lo cual supone un acercamiento muy importante a los objetivos del Protocolo de Kyoto (Rosnick, Weisbrot, 2006).
(5) Según la campaña Banca Limpia de Setem, el BBVA invierte en empresas productoras de armas prohibidas más de 1.000 millones de euros; el Santander ha prestado más de 700 millones de euros a fabricantes de armas nucleares, armas de uranio empobrecido y bombas de racimo, prohibidas desde el 2010, y el Banco Sabadell gestiona casi 3 millones de euros en acciones de siete empresas fabricantes de armas nucleares y armas de uranio empobrecido.
(6) Hoy en España existen diversos proyectos de banca ética como Fiare, Triodos Bank, Coop57 u Oikocredit. En el caso de Fiare, cooperativa sin ánimo de lucro creada desde la base (nace en el País Vasco) desde el ámbito de la economía social y solidaria, es una apuesta por una banca ética europea en colaboración con la Banca Popolare Ética de Italia y la NEF de Francia.

 

Publicado en la revista Ecología Política, nº44 (diciembre del 2012).

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Acaloradas protestas contra el cambio climático

La semana pasada, en el lejano Océano Ártico, el buque de Greenpeace Arctic Sunrise navegó hacia una plataforma petrolera rusa para realizar una protesta pacífica. Varios manifestantes intentaron subir a la plataforma para llamar la atención acerca de lo que podría constituir un peligroso precedente: la plataforma de la empresa de gas rusa Gazprom será la primera en producir petróleo en las delicadas aguas heladas del Ártico. El Gobierno ruso respondió rápidamente mediante el uso de la fuerza, al enviar soldados de las fuerzas especiales al lugar, que llevaban pasamontañas y portaban armas automáticas. Los soldados amenazaron a los activistas pacíficos de Greenpeace, destruyeron sus botes inflables, arrestaron a treinta de ellos y remolcaron el buque de Greenpeace hacia el puerto de Murmansk, en el norte de Rusia. Según la información más reciente, los activistas podrían afrontar acusaciones de piratería.

 

El Director Ejecutivo de Greenpeace Internacional, Kumi Naidoo, participó en una acción similar el año pasado junto a otros activistas, aunque en esa oportunidad no fueron arrestados. Naidoo habló acerca de la acción de este año: "Uno de los activistas del grupo, Denis Sinyakov, un compañero ruso que es fotógrafo a bordo del buque, dijo: 'La actividad delictiva de la que me acusan se llama periodismo y continuaré realizándola'. Sus palabras captan muy bien lo sucedido. Se trata de un uso desproporcionado de la autoridad del Estado para intentar silenciar las importantes conversaciones que necesitamos tener a nivel global. En este momento estamos llegando a un punto de inflexión a nivel climático. El Ártico sirve como refrigerador y aire acondicionado del planeta y, en lugar de ver lo que sucede en el mar Ártico en los meses de verano como una señal de advertencia, de que tenemos que tomar medidas serias para combatir el cambio climático, lamentablemente las empresas petroleras de Occidente como Exxon, Shell y otras se están asociando con el Estado ruso para intentar extraer hasta las últimas gotas de petróleo en el medio ambiente más frágil, remoto y riesgoso para realizar esas actividades".

 


La protesta llama la atención por su gran audacia. Sin embargo, no es la única protesta reciente contra la extracción y el consumo de combustibles fósiles. En todo el mundo, cada vez hay más personas que se manifiestan para exigir que se tomen medidas para combatir el calentamiento global. En América del Norte, hay una coalición cada vez más grande de grupos que se unieron para detener el proyecto de construcción del oleoducto Keystone XL y la explotación de arenas bituminosas de Alberta, Canadá, que el oleoducto planea transportar.
El 21 de septiembre pasado, el último día de verano del Hemisferio Norte, miles de personas se manifestaron en todo el continente en contra del oleoducto Keystone XL. En Nebraska, activistas construyeron una granja ecológica que funciona íntegramente a energía solar, precisamente en un lugar por donde está planeado que pase el oleoducto. Los habitantes locales temen que el oleoducto derrame petróleo en el frágil ecosistema de médanos de la región y contamine el importante Acuífero Ogallala. Ese mismo día se realizó la Cumbre Internacional de Mujeres sobre la Tierra y el Clima en Suffern, Nueva York, un encuentro de mujeres de todo el mundo. Todas ellas son reconocidas por haber luchado de diferente forma para reclamar que se tomen medidas urgentes para combatir el cambio climático. Una de las participantes, Melina Laboucan-Massimo, de la nación indígena Cree, del norte de Alberta, describió el efecto de la extracción de arenas bituminosas en su comunidad y su territorio:


"Nada se compara con la destrucción que está ocurriendo aquí. Si existiera un premio mundial para el desarrollo no sustentable, las arenas bituminosas serían un claro ganador. Cubren 141.000 kilómetros cuadrados, que equivalen a destruir Inglaterra y Gales juntos, o el estado de Florida entero. Las minas que nos rodean son más grandes que ciudades enteras. En este momento hay seis o siete y podría haber hasta nueve. Imperial Oil, por ejemplo, será más grande que Washington D.C. Hay muchos problemas de toxicidad con los que tenemos que lidiar y que están relacionados con el agua y con las grandes balsas de aguas residuales. Las llaman balsas, pero en realidad son grandes lagos de lodo tóxico. Actualmente hay una extensión de 180 kilómetros cuadrados de lodo tóxico en nuestro paisaje. Cada día, un millón de litros de estas aguas residuales se filtran a la Cuenca de Athabasca, que es de donde se extrae el agua que beben nuestras familias. Soy de la Región Peace, que está conectada con la cuenca del Athabasca, que se conecta con la cuenca del Ártico, y de esta manera es que las poblaciones del norte se contaminan con las toxinas, que contienen cianuro, mercurio, plomo, hidrocarburo aromático policíclico, de modo que debemos afrontar muchos problemas de salud."


El oleoducto Keystone XL necesita la aprobación del Gobierno de Estados Unidos, debido a que atravesará territorio estadounidense, desde la frontera norte con Canadá hasta la costa del Golfo de México. El proceso de aprobación se ha postergado debido a las fuertes protestas. Después de que más de 1.250 personas fueran arrestadas frente a la Casa Blanca en 2011, en lo que fue el mayor acto de desobediencia civil en Estados Unidos en 30 años, el Presidente Barack Obama anunció que postergaría la decisión. Desde entonces, la organización ambientalista Amigos de la Tierra Estados Unidos (AT) viene denunciando que existe un conflicto de intereses con el grupo que fue contratado por el Departamento de Estado de Estados Unidos para realizar el estudio de impacto ambiental de Keystone XL. Amigos de la Tierra descubrió que el grupo Environmental Resources Management (ERM), una empresa consultora con sede en Londres, ocultó sus vínculos comerciales con TransCanada, la empresa de combustibles fósiles que estará a cargo del proyecto Keystone XL. Del mismo modo, el observatorio Oil Change International acaba de informar que "Michael Froman, el representante comercial de Estados Unidos que está a cargo de negociar una serie de tratados de 'libre comercio' secretos, aparentemente apoya el lobby de las grandes empresas petroleras, al exigir a Europa que suavice sus leyes sobre clima". Steve Kretzmann, de Oil Change, explicó: "A menos que Europa suavice sus leyes, la exportación de diésel de Estados Unidos, que contendrá arenas bituminosas, será menos competitiva".


La activista por el medio ambiente Tzeporah Berman también participó en la cumbre de mujeres. Allí habló acerca de cómo el Gobierno canadiense del Primer Ministro conservador Stephen Harper ha silenciado a científicos en un intento desesperado de acallar las críticas a Keystone XL. Berman me dijo: "En primer lugar, el Gobierno canceló la mayor parte de la investigación científica del país que tenía que ver con el cambio climático. Se trata de un gobierno que niega el cambio climático y no quiere hablar del cambio climático. El año pasado clausuraron la Estación de Investigación Atmosférica, que era uno de los lugares más importantes del mundo para obtener datos sobre el clima. Cerraron la Mesa Redonda Nacional sobre Medio Ambiente y Economía. Han despedido a científicos y, a los que quedan, les dicen que no pueden hacer públicas sus investigaciones, a pesar de que son financiadas con dinero de los contribuyentes. También se les dice que no pueden hablar a la prensa a menos que haya un responsable y se trate de una entrevista aprobada previamente. Deben tener un responsable de la Oficina del Primer Ministro. De modo que los científicos con los que he hablado se sienten avergonzados, frustrados, están protestando. La semana pasada en Canadá cientos de científicos salieron a las calles con su bata de laboratorio para protestar contra el Gobierno porque no pueden hablar. Los están amordazando a un punto tal que la destacada revista científica Nature publicó el año pasado un editorial en el que afirmaba que es hora de que Canadá deje a sus científicos en paz".


Las muertes provocadas por desastres climáticos son cada vez más: desde la devastadora inundación que destruyó ciudades enteras en Colorado, hasta el norte de la India, donde las inundaciones y los deslizamientos de tierra provocados por una tormenta en junio de este año dejaron un saldo de 5.700 muertos. La esperanza está puesta en el cada vez mayor movimiento mundial por la justicia climática, que exige a los gobiernos que tomen medidas reales para detener el cambio climático antes de que sea demasiado tarde.

 

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Los efectos del cambio climático se acercan al punto de no retorno

Los científicos tienen cada vez más claro —al 95%— que el hombre es el principal actor del cambio climático y advierten de que los daños causados hasta ahora por las emisiones —subida del nivel del mar, acidificación de los mares o el derretimiento de los glaciares— se mantendrán durante siglos si los Gobiernos no se conciencian de que el calentamiento es real y muy grave, aunque se haya suavizado en los últimos años, y toman ya medidas drásticas para combatirlo. Aunque lo enfrentaran con firmeza, ya hay efectos con los que conviviremos al menos 1.000 años. Dependiendo del escenario, entre el 15% y el 40% del CO2 emitido puede quedarse ya en la atmósfera. Según sus previsiones, el nivel del mar podría subir entre 26 y 82 centímetros y la temperatura aumentar hasta 4,8 grados a finales de siglo.

 

El Grupo Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), creado por Naciones Unidas, ha avanzado este viernes en Estocolmo (Suecia) las principales conclusiones de su último informe, que representa una llamada de atención a los líderes políticos en un momento de crisis en el que la lucha contra el calentamiento ha dejado de ser prioridad.

 

Seguimiento y proyecciones del cambio climático

 


El documento será estudiado por los gobernantes del mundo antes de llegar a un acuerdo multilateral vinculante para reducir la emisión de gases de efecto invernadero en 2015, que deberá comenzar a aplicarse en 2020. "Todavía podemos prevenir los peores efectos del cambio climático y dejar a nuestros hijos y sus hijos un planeta decente. Pero necesitamos Gobiernos que actúen como bomberos y no como pirómanos", ha recogido este viernes Europa Press citando un cuadro del informe de consejos para políticos que no ha sido difundido este viernes.

 

Para lograrlo, los autores recomiendan comenzar "lo más rápido posible" una senda hacia la energía renovable, proteger los bosques, los océanos y los recursos hídricos de los que depende la economía.

 

El informe AR5, principalmente pensado para los representantes políticos, reúne las evidencias científicas de los últimos seis años. En esta edición, en la que han participado 831 expertos de 85 países, se ha podido comprender con mayor exactitud la forma en la que está subiendo el nivel del mar, algo que ha aumentado la confianza de sus previsiones, que dibujan en varios escenarios posibles.

 

El anterior trabajo, difundido en 2007, mostró evidencias suficientes de que el cambio climático es inequívoco y estableció como causa probable las actividades humanas. Fue atacado en su momento por varios expertos por incluir errores. Entre otros, sobre la velocidad con la que podrían desaparecer los glaciares del Himalaya. Otro grupo lo revisó después y concluyó que las principales conclusiones seguían siendo válidas.

 

Estas son algunas de las previsiones de esta entrega:

 

  • » Nivel del mar. La confianza en las previsiones del crecimiento del nivel del mar ha crecido con respecto al anterior informe, el AR4, gracias a la mejora de la comprensión de los componentes de nivel del mar, un mayor acuerdo de los modelos basados en procesos con observaciones y la inclusión del hielo en los cambios dinámicos. "Como el océano se calienta, los glaciares y las capas de hielo se reducen, el nivel del mar seguirá aumentando a nivel mundial, pero a un ritmo más rápido que hemos experimentado en los últimos 40 años" dijo Qin Dahe, vicepresidente del grupo de trabajo número 1 del IPCC. Las previsiones apuntan a una subida para 2100 que va de los 26 a los 82 centímetros. La horquilla es mayor de la que se estimaba en 2007 (18 y 59 centímetros).
  • » Papel del hombre. El trabajo dice que es muy factible, con una probabilidad de al menos el 95%, que las actividades humanas sean la causa predominante del calentamiento global en el siglo XX. Este aspecto ha aumentado con respecto al último estudio, de 2007, en que la probabilidad la situaban en el 90%. En el de 2001, estaba en un 66%.
  • » Cambios en el clima. El calentamiento es inequívoco, y desde 1950 muchos de los cambios observados no tienen precedentes en décadas o milenios. La atmósfera y los océanos se han calentado, las cantidades de nieve y hielo han disminuido, los niveles del mar han crecido, y las concentraciones de gases de efecto invernadero han crecido. Cada una de las últimas tres décadas ha sido sucesivamente más cálida —y las olas de calor serán más frecuentes y duraderas con una probabilidad del 90% —, la superficie de la tierra ha estado mucho más caliente que cualquier década precedente a 1850. Entre 1880 y 2012, el aumento estimado de la temperatura ha sido de 0,85 grados. Los científicos creen "probable" que suba a finales de siglo al menos 1,5 grados con respecto a la era preindustrial, aunque los escenarios más pesimistas elevan el aumento a 4,8 grados.
  • » Océanos. Es "virtualmente cierto" (al 99%) que se ha calentado la parte superior de los océanos, desde la superficie a los 700 metros de profundidad, desde 1971 hasta 2010. El informe considera, con alto nivel de confianza, que el calentamiento oceánico es el principal actor del aumento de la temperatura, ya que representa más del 90% de la energía acumulada entre 1971 y 2010.
  • » Hielos. En las últimas décadas, los bloques de Groenlandia y del Antártico han ido perdiendo masa, mientras que los glaciares continúan menguando.
  • » Carbono. Las concentraciones en la atmósfera de dióxido de carbono, metano y óxido nítrico han crecido hasta niveles sin precedentes al menos en los últimos 800.000 años. Esas agrupaciones de C02 han crecido un 40% desde los tiempos preindustriales, principalmente por las emisiones de combustibles fósiles. Los océanos han absorbido el 30% de dióxido de carbono produciendo la acidificación de los mares.
  • » Irreversibilidad. Muchos aspectos del cambio climático persistirán durante siglos aunque las emisiones de CO2 se detengan. Las temperaturas permanecerán a niveles elevados durante siglos.

 

 

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Martes, 24 Septiembre 2013 10:47

¿Y los derechos etnicoterritoriales?

¿Y los derechos etnicoterritoriales?


En medio del pasado paro minero, con sus movilizaciones, bloqueos y opiniones varias, la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano (CRPC) sentó posición: señaló y rechazó el doble discurso estatal, al tiempo que criticó las atribuciones que se auto-otorgan los mineros para exigir derechos de explotación en territorios colectivos y resguardos del Pacífico y en la minería, sin duda, un modelo económico que genera mayor pobreza social y desastre ambiental.


Durante los pasados meses de julio-agosto se llevó a cabo un paro minero nacional, su objetivo fundamental: negociar el reconocimiento de la minería informal y derogar el decreto 2235 del 30 de julio de 2012 por el cual el gobierno autoriza a la policía nacional a destruir la maquinaría pesada en ejercicio minero "ilegal". El 26 de julio, tras acuerdo con las instituciones respectivas, se acordó levantar el paro en el departamento del Chocó, mientras que en Irra, Marmato, Caucasia y otras zonas, los huelguistas seguían acusando al gobierno de negligente.

 

Si bien, muchos de los puntos exigidos por el gremio minero –hoy en la "ilegalidad"– pueden contener reivindicaciones sociales, como Coordinación Regional del Pacífico Colombiano (Crpc) que agrupa a organizaciones étnicoterritoriales y de Iglesia católica de la región en mención, expresaron profundas preocupaciones con lo reivindicado, dadas las distintas tensiones surgidas de la triada mineros-gobierno-comunidades afrocolombianas e indígenas y en el impacto negativo que sobre el frágil ambiente de la región se han derivado de las prácticas mineras con retroexcavadora y las que van a tener, tal como lo quiere el gobierno, las prácticas de la gran minería.

 

En este sentido, enfatizamos el doble discurso manifiesto en el decreto 2235 por el cual el gobierno autoriza a la policía para que destruya la maquinaria pesada, que no cuente con los permisos exigidos por la ley. Uno de los argumentos del decreto es "Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia señaló entre los deberes ambientales del Estado el de proteger el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano, así como la diversidad e integridad del ambiente y la conservación de áreas de especial importancia ecológica"1.

 

Como es sabido, en el Pacífico colombiano el Estado ha otorgado concesiones mineras a multinacionales en territorios de comunidades negras e indígenas. Esto implica una normatividad nacional e internacional que el Estado sigue violando a discreción: No hay consultas previas, no se conocen los estudios de impacto ambiental y socio-económico, la voz de las organizaciones etnicoterritoriales es acallada y las amenazas son también parte de la estrategia de entrega de lo poco que le ha sobrevivido territorialmente a estos pueblos.

 

Hay que recordar, en el contexto del paro minero, que en el Pacífico colombiano hay más de siete millones de hectáreas de títulos colectivos de las comunidades negras y de resguardos indígenas. Esto infiere, de entrada, la necesaria presencia de las organizaciones étnicoterritoriales en la toma de decisiones sobre lo que se va hacer en el territorio de su propiedad.

 

 

En el Chocó, varias organizaciones no participaron de las negociaciones, pues ya habían fijado su posición de no a la minería:

 

La Asociación Orewa ha dicho: "Si examinamos bien el pliego de peticiones minero lo que nos está diciendo es que ellos le piden al gobierno que les otorgue licencias o títulos de explotación sin ninguna restricción, que se puedan mover de un lugar a otro sin ser molestados y eso no lo podemos permitir por el bien de nuestras comunidades y territorios"2.

 

Por su parte el Consejo Comunitario Mayor del Alto Atrato (Cocompoca) expresó en comunicado del 22 de junio de 2013 que se retiran de la mesa de concertación minera, pues vienen recibiendo amenazas y acusaciones temerarias donde son señalados como instigadores de la quema de retroexcavadoras, situación que pone en peligro sus vidas 3.

 

Como se puede ver, tanto mineros de retroexcavadora como el gobierno han pasado por encima de esta titulación y por encima de los consejos comunitarios y cabildos indígenas, y toman decisiones a sus espaldas, como si fueran territorios baldíos.

 

En este sentido, las reivindicaciones en cuanto al uso del territorio para minería que piden los mineros con retroexcavadora no las puede solucionar el gobierno, si no pasan por negociaciones y consultas con las organizaciones etnicoterritoriales, únicas dueñas del territorio, y a quienes se les ha invisibilizado y desconocido.

 

De otra parte, el gobierno debe aclarar su posición frente a la minería y el impacto socio-económico y ambiental que va a producir la entrega –a través de concesiones– de los territorios colectivos y resguardos a multinacionales.

 

Es evidente que la negligencia de años atrás para detener el sinnúmero de retroexcavadoras en el Pacífico, es parte de un estratagema tendiente a preparar el camino para la entrada de las multinacionales. Hacerse el de la vista gorda ha implicado zafarse de la responsabilidad por el daño ambiental generado por miles de retroexcavadoras en esta región del país, y por tanto, una manera maquiavélica de decir que las multinacionales sí respetan las normas ambientales, "pagan" impuestos y son la solución para el crecimiento económico que "tanto necesita el país".

 

De esta manera, hay que enfatizar, el Estado colombiano es responsable de la fiebre de retroexcavadoras para la extracción minera en el Pacífico pues tal como se lo exige la Constitución política en su artículo 80 "... el deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución, así como el deber de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental y de imponer las sanciones legales correspondientes" (Justificación del decreto 2235). Y está claro que el deber no ha sido cumplido. Nuevamente el Estado que tenemos no es garante de derechos, sino un simple Estado policial que todo lo resuelve con gases lacrimógenos, balas y cárcel.

 

En consecuencia, las comunidades afrocolombianas e indígenas, deben tener claro que la propuesta económica minera no es la que va a salvar a la región Pacífica. Ni la de retroexcavadora, y mucho menos la minería a gran escala que está concediendo el gobierno a las multinacionales.

 

 

Es bien sabido que los pueblos que han cedido al espejismo minero hoy padecen de desnutrición y del resquebrajamiento de su tejido socio-económico. Un entable minero siempre llega acompañado de prostitución, licor, armas y grupos ilegales. Una vez se llevan el último grano de oro, quedan los grandes pozos –focos de infección del paludismo–, ríos contaminados con mercurio y cianuro, bosques talados, y sin lugares para cultivar, en fin, una situación peor que la inicial. La consecuencia inmediata en buena parte de la población ha sido el desplazamiento.

 

La Crpc llama, por tanto, a las organizaciones étnicoterritoriales a buscar consensos que sienten posición frente a la minería y demás recursos naturales en armonía con sus usos y costumbres. Nadie sino ellos, pueden decidir sobre el qué hacer en su territorio.

 

Y enfatizamos. Ni el gobierno, ni los mineros con retroexcavadoras, ni las multinacionales pueden decir o negociar sobre lo que no les pertenece. Pues como dijo un dirigente chocoano: "El gobierno dice que es dueño del subsuelo, pero primero tiene que pasar por el suelo, y ese es nuestro".

 

Saludamos la actitud democrática y decisiva del municipio de Piedras en el Tolima que ha dicho en las urnas no a la gran minería que pretende ejecutar la multinacional AngloGold Ashanti en la Colosa. La minería avanza, pero la resistencia de los pueblos es cada día más fuerte y solidaria.

 

Como Crpc brindamos toda nuestra solidaridad y apoyo a los procesos de resistencia que realizan las organizaciones étnicoterritoriales en defensa de su territorio, de sus prácticas tradicionales y de su cultura. Esto debe ir en consonancia de un correcto y consensuado plan de ordenamiento territorial que permita definir, como se hace desde hace varios años, el uso adecuado del territorio acompañado de un trabajo fuerte de incidencia política en los ámbitos nacional e internacional.

 

1 Ver: wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/Documents/OCTUBRE/30/DECRETO%202235%20DEL%2030%20DE%20OCTUBRE%20DE%202012.pdf.
2 Ver: www.pacificocolombia.org/novedades/vida-respeto-nuestros-territorios-ancestrales-mineria/878
3 Ver: www.renacientes.org/index.php/home-bottom-123/984-comunicado-a-la-opinion-publica-de-los-municipios-de-atrato-lloro-bagado-y-certegui.

Publicado enEdición Nº 195
La explotación petrolera amenaza al segundo pulmón de América

El Gobierno panameño sacará petróleo en el Tapón de Darién, fronterizo con Colombia. Los críticos alertan del riesgo medioambiental.

El Tapón de Darién, una muralla natural de casi 21.000 kilómetros cuadrados de tupida vegetación, jungla, pantanos, montañas y múltiples accidentes geográficos que comparten Colombia y Panamá y que impide que el sur y el norte de América se unan por la Carretera Interamericana, está ahora en la mira de empresas petroleras tras convertirse en base de narcotraficantes, 500 años después de ser descubierto y recorrido por el conquistador español Vasco Núñez de Balboa.

 

En la culminación de una secuencia de hechos que se remonta a 2010, la Asamblea Nacional de Panamá reformó el 27 de agosto una ley de 1987 para otorgar incentivos fiscales al sector privado para explorar y explotar petróleo en todo el territorio. En mayo de 2010, el presidente panameño, Ricardo Martinelli, afirmó que "en Panamá hay petróleo en el área de Darién. Estamos haciendo los estudios y hemos confirmado que las mismas vetas de Colombia llegan a Panamá".

 

El 23 de agosto de 2011, la Secretaría de Energía de Panamá reveló que de acuerdo con un estudio contratado en 2010 a la compañía estadounidense OTS Latin America LLC, valorado en 400.000 dólares y financiado por la multinacional paraestatal Corporación Andina de Fomento (CAF), en Darién hay reservas por 900 millones de barriles de petróleo. El Estado panameño recibiría más de 20.000 de dólares millones en ganancias por los 90.000 millones que generaría la inversión de las petroleras, según los cálculos del informe. Petroleras de Estados Unidos, Colombia, Brasil, México y Europa han mostrado interés en participar en las posibles licitaciones.

 

 

El diputado Raúl Hernández, del gobernante Partido Cambio Democrático, ha afirmado que la nueva ley "prepara mejores condiciones" para que Panamá fomente y regule la exploración y explotación de yacimientos de petróleo. La meta, según el legislador, es que las empresas contratistas "paguen canon de arrendamientos en tierra firma como en aguas interiores y en el mar un cano superficial".

 

Los efectos ambientales son la cara B de la cuestión. "El riesgo de someter al Darién a la exploración y explotación de petróleo es muy grave", advirtió la ambientalista panameña Raisa Banfield, directora ejecutiva de la Fundación Panamá Sostenible, organización no estatal de ese país. "Los bosques del Darién representan un pulmón importante: son el segundo pulmón más importantes del continente después del Amazonas y junto con el de la Biosfera Maya, en El Petén en Guatemala", explicó Banfield a este diario.

 

"Justo en las costas donde se pretende explorar también hay una riqueza de biodiversidad enorme. De ahí depende la pesca en el Pacífico panameño. Es decir, los valores ecológicos en riesgo son muchísimos, sin mencionar a todo el desplazamiento a que serían sometidas las comunidades mayoritariamente humildes, campesinas e indígenas, por la exploración petrolera", añadió.

 

Un alegato es que Panamá debe reducir su dependencia de petróleo importado, recordó. El monto de la factura de petróleo de Panamá pasó de 447 millones en 2000 a 2.250 millones en 2012, según cifras oficiales.

 

 

Es contradictorio, insistió, que el gobierno impulse la producción y consumo de etanol para mejorar la calidad ambiental, pero con el plan del petrolero "somete al país a la vulnerabilidad de sus ecosistemas. Es mero interés comercial y no obedece a un desarrollo sostenible. Es más el daño que tendremos versus el beneficio". Este diario solicitó, sin éxito, una opinión de la Secretaría sobre los reiterados cuestionamientos ambientales.

 

Sin embargo, la panameña Renza Samudio, siendo directora de Hidrocarburos de la Secretaría, alegó el 13 de septiembre de 2011, citada por el diario La Prensa, de la capital panameña, que la explotación se realizaría "fuera de las zonas naturales protegidas" del Darién e identificó dos cuencas del Tapón en el Pacífico como objetivos del plan petrolero: Garachiné-Sambú y Bayano-Chucunaque-Atrato.

 

El área protegida del Darién es de 5.790 kilómetros cuadrados en el lado panameño. La cuenca de Garachiné-Sambú es de 7.410 kilómetros cuadrados y la de Bayano-Chucunaque-Atrato tiene 7.630 kilómetros cuadrados, según datos oficiales.

 

"Debió de existir una consulta pública, porque se afectarán derechos de terceros", adujo el abogado panameño Harley Mitchell, exdirector legal de la Autoridad del Ambiente de Panamá. "Las exploraciones petrolíferas vienen acompañadas de la necesidad de expropiaciones, de remover recursos naturales en el área superficial de los yacimientos, del uso de agua en proporciones que las poblaciones no están acostumbradas y otros asuntos que afectan la vida de la gente que está cerca de estos yacimientos", dijo Mitchell a EL PAÍS.

 

Colindante con los océanos Atlántico y Pacífico, el Tapón se extiende del norte de los departamentos colombianos del Chocó y Antioquia a la oriental provincia panameña del Darién y a comarcas indígenas y comunidades. La zona fue recorrida por Núñez de Balboa en la expedición que el 25 de septiembre de 1513 le permitió ser el primer europeo en avistar el Mar del Sur, hoy Océano Pacífico, en uno de los principales descubrimientos de la conquista española en el Nuevo Mundo.

 

Una grave amenaza que en los últimos años golpeó a la remota selva es que ha sido santuario de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y punto de acopio y pasadizo de droga transportada por mar y tierra de Colombia en ruta a México y Estados Unidos, vía Centroamérica. La primera plantación de hoja de coca en suelo centroamericano fue hallada en un operativo de soldados colombianos y policías panameños en junio anterior en el Darién, junto a un laboratorio artesanal para producir cocaína.

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Sábado, 21 Septiembre 2013 09:14

Ecuador denuncia "la mano sucia de Chevron"

Ecuador denuncia "la mano sucia de Chevron"

Con un llamado internacional a boicotear los productos de Chevron, el presidente ecuatoriano Rafael Correa lanzó la campaña "la mano sucia de Chevron", el pasado 17 de septiembre, en rechazo a los intentos de la empresa petrolera norteamericana de evadir su responsabilidad por la contaminación petrolera en la cuenca amazónica.

 

Chevron está empeñada en evitar la ejecución de la sentencia de la corte de justicia de Lago Agrio (ciudad ubicada en el Oriente ecuatoriano), que le ordena pagar cerca de 19 mil millones de dólares para limpiar la zona afectada y prestar servicios de salud y agua potable a sus habitantes. Con este propósito, según Correa, Chevron ya ha gastado más de 400 millones de dólares en una campaña contra Ecuador y ha contratado decenas de empresas de lobistas y unos 900 abogados.

 

En una visita a una piscina tóxica cerca del pozo petrolero Aguarico 4, operado décadas atrás por Texaco, Correa dio a conocer que como ésta hay unas mil piscinas que esta empresa (que se fusionó con Chevron en 2001) dejó abiertas, en cerca de tres décadas de explotación petrolera en la selva amazónica, entre 1964 y 1992. Se estima que vertió en las piscinas unos 18 mil millones de galones de agua contaminada con petróleo, que sigue filtrándose en la tierra o se derrama durante los aguaceros, además de otros 17 millones de galones de petróleo que se derramó en accidentes; estas cantidades hacen que el daño total sea mucho mayor que el derrame de Exxon Valdez en Alaska, o por el provocado por British Petroleum en el Golfo de México. "Es uno de los desastres ambientales más graves de la humanidad ", aseveró Correa.

 

La filtración de elementos tóxicos en las tierras, arroyos y ríos, en un área de unas 480 mil hectáreas, contaminó el agua que usaba la población local, devastó la vida silvestre y afectó la producción agropecuaria. Se han registrado números casos de cáncer, con más de mil muertos, graves casos de afectación de la piel, muerte de animales, entre muchos otros problemas.

 

En la época ya existían normas y tecnologías más adecuadas para proteger el ambiente, por ejemplo con el uso de piscinas selladas y técnicas de limpieza de derrames, pero Texaco no las utilizó para ahorrar entre 2 y 3 dólares por barril en los costos de producción. Durante el juicio en Lago Agrio, se inspeccionaron 54 centros de producción donde se constató niveles de contaminación muy por encima de las normas ecuatorianas e internacionales de la época. En el momento en que Texaco operó, la norma ecuatoriana para el volumen de hidrocarburos totales de petróleo en el suelo y el agua era diez veces más blanda que la norma vigente en EE.UU., pero aun así, la contaminación hallada en los 54 sitios fue en promedio 20 veces mayor que la norma ecuatoriana, llegando, en algunos sitios, a un nivel hasta 900 veces mayor.(1)

 

Correa llamó a los accionistas de Chevron a no ser cómplices indirectos de una empresa que no sólo ha demostrado irresponsabilidad absoluta, sino que ahora quiere la impunidad.

 

Acciones ante las cortes

 

A partir de 1993, un grupo de ciudadanos afectados por la contaminación presentó una demanda privada en Nueva York por la contaminación y afectación a la salud, a nombre de unos 30.000 habitantes de la zona, en su mayoría indígenas. Durante nueve años, Chevron buscó bloquear el juicio, argumentando que éste debía presentarse en Ecuador; los demandantes presumen que la empresa consideró que la corte ecuatoriana sería más fácil de manipular. Finalmente logró su propósito; el juez de Nueva York desistió de conocer el caso pero dijo que Chevron debía aceptar el veredicto de la corte ecuatoriana. Cuando en 2011 y 2012, luego de casi dos décadas de litigios, el veredicto de Lago Agrio salió desfavorable a la empresa, ésta se negó a acatarlo y emprendió nuevas acciones legales para tratar de bloquearlo, junto con la campaña de desprestigio al gobierno, a la corte, y a los demandantes y sus abogados. Entre sus principales preocupaciones está la de impedir que sus bienes puedan ser embargados en otro país para cumplir con el pago, siendo que en Ecuador ya no tiene bienes.

 

Por un lado, la empresa inició un nuevo juicio en un tribunal federal de Nueva York, alegando que la sentencia ecuatoriana se obtuvo ilegítimamente, con actos de corrupción. Por otro, acudió al tribunal de arbitraje de La Haya por una supuesta violación del Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre Ecuador y EEUU, alegando que Ecuador no debía permitir que se lleve a cabo el juicio de Lago Agrio. Lo insólito es que el tribunal se haya declarado competente para juzgar el caso, lo que implica aplicar retroactivamente el TBI que entró en vigencia en 1997, cinco años después de que Texaco-Chevron ya había abandonado el país. También llama la atención que, entre sus primeros laudos, el tribunal haya ordenado al gobierno ecuatoriano tomar las medidas necesarias para suspender u obtener la suspensión de la ejecución de la sentencia de Lago Agrio, sea en Ecuador o en otros países, haciendo caso omiso de la independencia de las funciones del Estado.

 

"Es un caso emblemático que demuestra lo injusto y lo inmoral del orden internacional, donde existe la supremacía total del capital de las transnacionales sobre los pueblos, sobre las sociedades, las naciones", denunció Correa.

 

Chevron alega que los acuerdos firmados con el gobierno de Ecuador en 1995 y 1998 -en el periodo de gobiernos neoliberales- que dan por finiquitados el contrato y las obligaciones de la empresa, liberan a ésta de enfrentar cualquier otro reclamo, con lo cual tratan de traspasar al Estado ecuatoriano la responsabilidad de cualquier consecuencia derivada del juicio de Lago Agrio. No obstante, el mismo día del lanzamiento de la campaña ecuatoriana, el Tribunal de La Haya emitió un veredicto parcial en el que concluye que dichos acuerdos no impiden que terceras personas puedan presentar reclamaciones en defensa de sus derechos individuales, aunque reconoce que podría impedir reclamos "colectivos" o "difusos". No se pronunció sobre si esta caracterización se aplica al caso que fue ventilado en la corte de Lago Agrio. Las audiencias se reanudarán en enero.

 

Sin embargo, la petrolera, al día siguiente, declaró en un comunicado (2) que el "tribunal internacional de arbitraje encuentra que Chevron no es responsable ante los reclamos internacionales en Ecuador"; ante ello, el día 20, la procuraduría general del Estado ecuatoriano solicitó al tribunal medidas provisionales para impedir que la empresa prosiga con su campaña de desprestigio contra el país y distorsionando la realidad del laudo arbitral.

 

Más allá de esta coyuntura inmediata, Ecuador está planteando la necesidad de una reforma del sistema de tribunales de arbitraje de los tratados de inversión y ha propuesto la creación de un tribunal suramericano en el marco de UNASUR que operaría bajo reglas más justas. Se espera la decisión de UNASUR para fines de este año.

 

En el caso de que Chevron logre bloquear definitivamente la aplicación de la sentencia de Lago Agrio, o alcance una resolución para que sea el Estado ecuatoriano el que deba pagar los daños, esto sería catastrófico para la economía del país. "Chevron quiere quebrar al país", reclamó Correa. El presupuesto anual del Estado ecuatoriano es de unos 26 mil millones de dólares, mientras que Chevron, en 2012, obtuvo ingresos por 230 mil millones de dólares (3), o sea, casi nueve veces el presupuesto del país suramericano.

 

- Sally Burch es periodista de ALAI.

(1) Summary of Overwhelming Evidence Against Chevron in Ecuador Trial, Amazon Defense Coalition, http://chevrontoxico.com/assets/docs/2012-01-evidence-summary.pdf

(2) http://www.chevron.com/chevron/pressreleases/article/09182013_internationalarbitrationtribunalfindschevronnotliableforenvironmentalclaimsinecuador.news

(3) http://www.chevron.com/annualreport/2012/documents/pdf/Chevron2012AnnualReport.pdf

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Que siempre "no es lucrativo" el shale gas, según The Financial Times

Resultó más real la postura asépticamente escéptica de los críticos del shale gas (gas esquisto/lutitas), quienes fustigan su extracción como una "burbuja" adicional del modelo neoliberal financierista global (Bajo la Lupa, 29/4/12; 19 y 26/12/12; 10/2/13; 17/3/13; 10/4/13; 3, 7, 21 y 28/7/13), sin contar la grave impugnación de su depredación ambiental, en especial, en Europa occidental: uso masivo de agua, que contaminaría los escasos mantos freáticos del planeta, el "secreto" de las 96 sustancias tóxicas inyectadas, y su presunta causalidad de sismos.

 

La polémica reforma energética de Peña/Videgaray/Aspe, más que encontrarse en peligro en las calles turbulentas (The Financial Times, 15/9/13), puede ser quebrada en su columna vertebral: el shale gas no es "lucrativo", según la columna Lex, del Financial Times (17/9/13): "Mucho shale, pero ¿alguien ganará algo de dinero?"


La reforma energética de corte neoliberal/entreguista/antiambientalista fue inspirada teológicamente por los centros de EU: CSIS/Wilson Center y su excrecencia local, el ITAM, a quienes se agregaron las extrañas entelequias Cidec/IMCO/Comexi y sus ampliamente conocidos intereses financieros (Bajo la Lupa, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 y 31/7/13; 18 y 21/8/13), que llevan en última instancia a los minotauros a los dos lados del Atlántico Norte, los banqueros Rothschild (y su empresa petrolera BP) y la estadunidense Chevron con sus accionistas bancarios: JP Morgan Chase (con el equivalente al PIB mundial en "derivados financieros"), Black Rock, Vanguard Group (2 millones de millones de dólares de activos), Capital Group (1.5 millones de millones de dólares de activos), etcétera. En 1988, el polémico israelí-estadunidense Larry Fink fundó Black Rock, una de las más influyentes instituciones financieras del mundo (con activos de casi 4 millones de millones de dólares) bajo el fantasmagórico paraguas financierista de The BlackStone, que fue beneficiada asombrosamente con el doble (sic) cobro de seguros de las Torres Gemelas del 11/S (Bajo la Lupa, 26/9/04).


La insensatamente cacareada "re­volución" del shale gas, rumiada en México sin el menor rigor académico por IMCO, no es tal: abundan dudas sobre lo "lucrativo" de su extracción. Un estudio de la firma consultora IHS afirma que "podría existir cuatro veces más shale gas en el mundo que en EU", cuando "todo el mundo" perora de su "revolución" y la "transformación" (¡supersic!) de la energía industrial de EU.
Su principal "riesgo", que ocultaron los turiferarios de la elusiva y alusiva "revolución": mucho rui­do y pocas nueces a nivel "lucrativo". En el "México neoliberal itamita", los fatuos apologistas del shale están resultando ser las ratas seducidas por la flauta del Hamelin desinformativo global.


Lex, del FT –no olvidemos adónde fueron a entregarse Peña, Videgaray y su nutrido séquito (Bajo la Lupa, 7/8/13)–, confiesa que "pocas empresas tienen buenas tasas de retorno con el shale". En contraste, las grandes petroleras anglosajonas, como ExxonMobil y Shell, "parece (sic) que no pueden comprar, descubrir o crear valor (¡supersic!)". ¿Cómo queda con esta exhumación de datos nada "lucrativos", que oculta(ba) una burbuja, la columna vertebral de la reforma energética Peña/Videgaray/Aspe?


En el "México neoliberal itamita", el asunto del shale gas es peor, ya que en la región noreste, donde es abundante, existe carencia de agua, lo cual complica más su abultado costo de extracción.


Resulta y resalta que existen tres mejores áreas de oportunidad fuera de EU: Argentina, Noráfrica (principalmente Argelia) y Siberia, cada una con sus problemas específicos, mientras la opinión pública en Europa occidental se opone ferozmente al polémico fracking (fracturación hidráulica).

 

Todo parece indicar que, efectivamente, la producción controvertida de shale en EU "cambió el mapa de la producción de energía mundial", pero de manera efímera, al resultar una vulgar burbuja financierista. Sin duda, "la producción de petróleo de EU se incrementó a la mitad desde 2008, basado en la fortaleza del shale" y es probable que se mantenga, si es que no decae antes debido al inicio del estallido de su burbuja, hasta 2020.


Se dice poco, pero a diferencia del restante de los hidrocarburos –como me señaló en forma personal el ex director de Petrobras Ildo Sauer–, la extracción del shale gas es exageradamente expedita (en un inicio: una captura de 70 por ciento) y no es duradera, como el petróleo.


El análisis de la consultora IHS (FT, 17/9/13) "sugiere que los campos, incluidos Vaca Muerta (Argentina), Bazhenov (Siberia) y el shale Silurian (Noráfrica), pueden producir más que el yacimiento Bakken (Dakota-Norte) y el Eagle Ford (Texas)".


A juicio de Ed Crooks, "los costos de extraer las reservas de 'petróleo apretado' (tight oil), que se encuentran en el shale y en otras rocas de difícil acceso son significativamente mayores en otros países que en Norteamérica" (¡supersic!; nota: se han de referir a la tripleta EU/México/Canadá) que "sugieren que necesitan un mayor precio del petróleo para ser comercialmente viables": ¡todo lo contrario a su cantado abaratamiento!


Según IHS, los 23 más promisorios campos de tight oil fuera de EU y Canadá tendrían 175 mil millones de barriles de petróleo extraíble frente a los 40 mil millones de campos similares de Norteamérica (¡supersic!), con el potencial de producir 5 millones de barriles al día en la próxima década de 2020, lo cual afectará significativamente el "mercado del petróleo". Muy defensivos, los "ejecutivos petroleros" han expresado mucha precaución sobre la tasa en la que tales recursos puedan ser desarrollados debido a problemas como la "incertidumbre sobre los derechos de propiedad" –como en el "México neoliberal itamita", donde prevalece la tramposa discusión bizantina entre "reparto de utilidades", "reparto de producción" y el intermediario booking–, así como la "oposición am­bientalista (supersic!), la carestía de agua (¡supersic!), la necesidad del fracking y, por encima de todo, la falta de personal calificado (¡supersic!) y el equipo necesario en la industria de servicios del petróleo".


Hasta Peter Voser, mandamás de Shell, comentó que hablar de una revolución global del shale "era un poco sobrexagerado".
¡Pues a ver si convence a los alucinados fundamentalistas neoliberales de la fauna del ITAM/IMCO/Cidac/Comexi!
Crooks aduce que desarrollar el shale gas requiere una enorme inversión. Todo empeora bajo el horizonte de no ser "lucrativo": objetivo primordial de cualquier entidad neoliberal, en especial la omnipotente banca de inversiones de Wall Street/la City.
¿Estalló la primera de las tres burbujas financieristas de la repelente "reforma" neoliberal/entreguista/ antiambientalista de Peña/Videgaray/Aspe: el shale gas y los "tesoros", el "convencional" en tierra firme y el "no-convencional" en aguas profundas? ¿Se aferrarán Peña/Videgaray/Aspe al espejismo del shale gas nada "lucrativo"?

Primum nihil nocere: "lo primero es no dañar".


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El movimiento ecologista y la defensa del decrecimiento

Desde sus inicios, el movimiento ecologista ha tenido dos vertientes o versiones. Una asume que el mayor problema que tiene la humanidad debido al deterioro del medioambiente se debe al crecimiento demográfico que, al generar el consumo de más y más recursos, llegará a determinar un deterioro total del medioambiente, que será inhabitable.
 


El autor más conocido de esta versión (que fue homenajeado por el gobierno de la Generalitat en 2009), que podríamos llamar malthusiana, es Paul Ehrlich que terminaba su famoso libro The Population Bomb con este párrafo “La causa más importante del deterioro ambiental a nivel mundial es fácil de ver. La raíz del problema es que cada vez hay más coches, más fábricas, más detergentes, más pesticidas, menos agua, demasiado dióxido de carbono, resultado de que hay demasiada población en el mundo”.


 
De esta explicación de la crisis medioambiental, Paul Ehrlich deriva su propuesta de solucionarla centrándose en controlar el tamaño de las poblaciones e intentar reducir su crecimiento. Esta versión aparece de muchas maneras y con distintos matices. Suele ir acompañada de la teoría de las limitaciones de los recursos que se están consumiendo y, entre ellos, los recursos energéticos son un ejemplo claro. La futura limitación de las fuentes de energía no renovables tiende a ser el caso citado como causa de alarma y preocupación por los autores pertenecientes a esta tradición.


 
La otra versión del movimiento ecologista es la que centra la causa del deterioro ambiental, no tanto en el crecimiento de la población, sino en el crecimiento de la utilización de tecnologías o sustancias tóxicas y contaminantes, que pueden sustituirse, independientemente del crecimiento de la población. Su máximo exponente es Barry Commoner que fue el fundador del movimiento ecologista progresista en EEUU y que, diferenciándose de la versión conservadora –que se caracterizó por su determinismo demográfico-, centró sus propuestas en el cambio y sustitución de los recursos y tecnología utilizados, cuestionando la inevitabilidad del deterioro medioambiental que Ehrlich consideraba como consecuencia del crecimiento demográfico. Barry Commoner mostraba la reducción del dióxido de carbono (resultado de sustituir el tráfico de mercancías por carretera por el de tráfico ferroviario, basado en la electricidad) como ejemplo de la reversibilidad del daño medioambiental. Barry Commoner no ponía el énfasis en el crecimiento demográfico sino en la utilización de productos que afectan negativamente al medioambiente y, por lo tanto, a la humanidad. La solución es encontrar sustitutivos a los productos contaminantes. La sustitución de la energía nuclear por las energías renovables como la solar es un ejemplo de ello.


 
En varios escritos, que se han convertido en clásicos, Commoner analizó la contaminación atmosférica (debida al dióxido de carbono) en varios países desarrollados y subdesarrollados, mostrando que la variable más importante para explicar la calidad ambiental no era la población sino la tecnología utilizada, de manera que países con escasa población podían ser muy contaminantes y países muy poblados no tenían que ser contaminantes, pues podían utilizar tecnologías que no afectaban negativamente al ambiente (Commoner, Barry “Rapid Population Growth and Environmental Stress” y “Population, Development, and Environment: Trends and Key Issues in the Developed Countries”, ambos publicados en el International Journal of Health Services, Volumen 21, 1991 y Volumen 23, 1993). La población podía ser una variable influyente en el crecimiento de la toxicidad en el medioambiente, pero el impacto de la tecnología utilizada era varias veces superior al impacto generado por el tamaño de la población. Barry Commoner cuestionaba el catastrofismo que suele caracterizar la versión ecologista conservadora, refiriéndose al mejoramiento de las aguas en varios ríos estadounidenses, resultado de la regulación del flujo de sus aguas.
 


Esta concienciación de la importancia de la utilización de estas tecnologías y productos contaminantes llevó a Barry Commoner a analizar porqué unas tecnologías eran utilizadas más que otras. Y ello le llevó al estudio de la estructura económica y energética de un país, concluyendo que la estructura de poder que sostiene el tipo de producción era el causante del deterioro ambiental. Y le preocupaba mucho, por ejemplo, la enorme concentración de la propiedad de las energías no renovables que coincidía con la de las renovables. Y de ahí deriva el problema.


 
Las teorías del decrecimiento


 
Una situación semejante existe ahora en algunas de las teorías del decrecimiento. En un momento en el que la economía no crece, causando enormes daños, como el elevado desempleo, aparecen teorías económicas que sostienen que el crecimiento económico es malo, pues consume más y más recursos que son finitos, cuya desaparición causará gravísimos daños, considerando el decrecimiento como una evolución positiva, forzándonos a todos a ser más austeros en nuestro consumo. Como millones de seres humanos ya viven en condiciones de gran austeridad, no queda claro qué es lo que tienen que hacer los países austeros, excepto desincentivar que se consuma más. Su solución, por lo tanto, se aplicaría a los países de gran consumo, comúnmente conocidos como “países económicamente desarrollados”. Y es ahí donde se centra la propuesta de reducir el consumo que se considera un despilfarro de recursos finitos e insustituibles.


 
El problema con esta propuesta es (tal como Barry Commoner criticaba a Paul Ehrlich) que asume erróneamente que solo hay un tipo de consumo y actividad económica y que hay solo una manera de crecer económicamente (además de sostener también la finitud de recursos y/o su falta de sustituibilidad).


 
El crecimiento es una categoría contable y tiene un carácter genérico que nos dice muy poco. Se puede crecer económicamente produciendo prisiones y tanques y se puede crecer construyendo escuelas e investigando cómo curar el cáncer. Se puede crecer construyendo grandes edificios o manteniendo los ya existentes para hacerlos más ahorradores de energía y habitables. Ser anticrecimiento, sin más, es una actitud que refleja un cierto inmovilismo que perjudicará a los más débiles de la sociedad como ya estamos viendo ahora, cuando las sociedades están decreciendo. La cuestión no es, pues, crecimiento o decrecimiento sino qué tipo de crecimiento, para qué y para quién. Hoy las necesidades de la población mundial son enormes. Exigir que el mundo deje de crecer es equivalente a negar la posibilidad de mejorar. Ni que decir tiene que existen ya los recursos para permitir una vida digna a todos los ciudadanos del mundo. Ahora bien, alcanzar esta realidad requerirá una enorme redistribución de los recursos que será necesaria pero insuficiente, pues habrá la necesidad de producir más y mejor para satisfacer las enormes necesidades, definidas estas democráticamente.


 
Esta redistribución no pasa necesariamente por una reducción del crecimiento de los países desarrollados como algunas voces del movimiento por el decrecimiento están sugiriendo. En realidad, y tal como he indicado anteriormente, el tema relevante no es el crecimiento sino el tipo de crecimiento. La sustitución del transporte de mercancías en camión por un sistema ferroviario no contaminante para ahorrar energía o la sustitución del coche contaminante por el coche eléctrico o del coche individual por el transporte público colectivo no suponen necesariamente un crecimiento menor sino otro tipo de crecimiento. Esto es lo que algunos defensores del decrecimiento parecen ignorar. Es necesario redefinir lo que se entiende por crecimiento pero me parece erróneo asumir que hay solo una forma de crecer y concluir, con ello, que el crecimiento económico es intrínsecamente negativo. Como también me parece erróneo asumir que la inteligencia humana, puesta al servicio de las necesidades de la población en lugar de optimizar la acumulación del capital, no pueda redefinir los recursos materiales, de manera que enriquezcan en lugar de que deterioren la calidad medioambiental del planeta. Ejemplos de que ello es posible ya tenemos, como bien documentó Barry Commoner.


 
Una última observación. Nada de lo que he dicho puede interpretarse como una dilución de mi compromiso en cuanto a la necesidad de tomar medidas radicales para prevenir el deterioro medioambiental y aplaudo el esfuerzo de movimientos ecologistas a favor de concienciar a la ciudadanía del grave problema que se ha creado con el crecimiento actual, poco respetuoso, cuando no hostil, con la calidad medioambiental de donde las poblaciones viven. Pero, es este mismo compromiso el que me exige ser crítico con aquellas voces que parecen añorar nostálgicamente un mundo pasado, negando la posibilidad del progreso. Hace años, debatí con Ivan Illich, criticando su postura opuesta a la universalización de los servicios sanitarios, por considerar que negaban al ser humano su característica de ser autónomo, creando dependencias del sistema médico. Este mirar atrás puede verse fácilmente como una mera actitud regresiva. Y es ahí donde creo que se puede llegar con este discurso anticrecimiento. Se tiene que exigir otro tipo de crecimiento, un crecimiento que responda a las necesidades humanas y no a la necesidad de acumular capital, pero esto es muy distinto a paralizar todo el crecimiento. Me parece un profundo error

 


Por Vicenç Navarro, catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

 

29 ago 2013

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 Los derechos de la naturaleza después de la caída de la moratoria petrolera en la Amazonia

ALAI AMLATINA, 19/08/2013.- Una de las iniciativas ambientales más originales de los últimos años, originada en Ecuador, buscaba dejar el petróleo en tierra para preservar la Amazonia y sus pueblos indígenas. Era una idea construida desde la sociedad civil que se concretó en 2007, durante el primer gobierno de Rafael Correa, enfocándola en proteger el Parque Nacional Yasuní, y sus áreas adyacentes (conocidas por la abreviatura ITT). Esos esfuerzos terminaron pocos días atrás, cuando el gobierno anunció la cancelación de esa iniciativa y permitir la explotación petrolera.


 
La idea de una moratoria petrolera en Yasuní-ITT maduró durante muchos años, pero contó con un marco excepcional otorgado por el sistema de derechos aprobados en la nueva Constitución de 2008. En ella se organizan de mejor manera los derechos a la calidad de vida de las personas, la regulación del uso de los recursos naturales y las salvaguardas a los pueblos indígenas. En paralelo a éstos, se reconocieron por primera vez los derechos de la Naturaleza o de la Pachamama. De esta manera quedó establecido un mandato constitucional ecológico, que para ser cumplido no podría permitir una actividad de tales impactos como la explotación petrolera en Yasuní-ITT.
 


En etapas siguientes, el gobierno mantuvo la moratoria petrolera pero comenzó a buscar opciones alternativas para lograr una compensación económica. En aquel tiempo se razonó que Ecuador perdería un estimado de más de 7 mil millones de dólares por no extraer los 920 millones de barriles de crudo que estaban debajo del Yasuní-ITT. El presidente Correa afirmó que si se lograba un fondo de compensación de al menos la mitad de esas ganancias perdidas, se mantendría la suspensión petrolera.


 
La condición para la protección del área pasó a estar desde entonces en recolectar 3 600 millones de dólares. Se diseñaron distintos mecanismos y justificaciones para implementar ese fondo internacional, donde gobiernos, empresas o personas, pudieran depositar dinero. La idea era sensata, ya que existen muchos argumentos por los cuales otros gobiernos, especialmente del norte industrializado, deberían ahora apoyar solidariamente la protección de la biodiversidad, abandonando así su postura clásica de apropiarse vorazmente de los recursos del sur.


 
Pero con el paso del tiempo, el andamiaje conceptual gubernamental comenzó a crujir. Por un lado, se insistía cada vez más en la idea de la compensación o indemnización económica. Por otro lado, comenzó a quedar en segundo plano la fundamentación basada en los derechos de la Naturaleza, para pasar a priorizar argumentos enfocados en detener el cambio climático global. Se sostenía que se debía mantener el petróleo bajo tierra para evitar que una vez extraído fuera quemado en algún sitio, y los gases producidos alimentaran el calentamiento global. Con ello, la propuesta era sobre todo una compensación económica para evitar un aumento en el cambio ambiental planetario.


 
La iniciativa Yasuní-ITT era mirada con mucho interés por la comunidad internacional y despertaba muchas ilusiones entre varios movimientos sociales, al ser un ejemplo de una transición postpetrolera. Pero siempre sufrió de tensiones, como el constante recordatorio gubernamental de pasar a un “plan B” que consistía en explotar ese petróleo amazónico, e incluso contradicciones, como fueron las declaraciones presidenciales contra los posibles donantes internacionales.


 
El presidente Correa acaba de presentar varios argumentos para cancelar esta iniciativa de moratoria en Yasuní-ITT. Uno de ellos fue denunciar la falta de apoyo de la comunidad internacional, calificándola de hipócrita. En parte le asiste la razón, ya que muchas naciones industrializadas crecieron gracias a la expoliación de los recursos del sur, y la iniciativa Yasuní-ITT les permitía comenzar a saldar esas deudas. Pero tampoco puede minimizarse que al condicionar la moratoria petrolera a una compensación económica, se cayó en una contradicción insalvable. Es que el mandato constitucional ecuatoriano obliga a la protección de ese tipo de áreas, tanto por proteger los derechos de indígenas como los de la Naturaleza. Se vuelve muy difícil pedir a otros gobiernos una compensación económica por cumplir con una obligación constitucional propia. Una adecuada analogía sería la de un país que le pide a otros compensaciones económicas por sus gastos en atender la salud de sus niños.


 
Otro argumento presidencial se basa en una actitud de optimismo tecnológico, sosteniendo que ahora sí se puede hacer una explotación petrolea en la Amazonia minimizando los impactos. Esta actitud es muy común en varios gobiernos, pero es especialmente paradojal en Ecuador, ya que allí se vivieron en carne propia los duros impactos de extraer petróleo en la Amazonia. Esto ha quedado en evidencia en el proceso contra Texaco-Chevrón. Toda la información científica disponible abrumadoramente deja en claro los graves impactos de las petroleras en ambientes tropicales.


 
El combate a la miseria es otro de los argumentos presidenciales para cancelar la moratoria petrolera. Esta es una posición que suscita muchas adhesiones, y debe celebrarse que se usen los recursos naturales en beneficio del país, en lugar que nutran las arcas de empresas transnacionales. Pero decirlo no resuelve el problema de cómo asegurar que ello suceda. Es que más o menos lo mismo sostienen las empresas (cuando prometen, por ejemplo, que la minería resolverá la pobreza local y generará empleo), lo repiten unos cuantos gobiernos ideológicamente muy distintos (la “locomotora minera” de Santos se supone que reducirá la pobreza en Colombia), y está en el núcleo conceptual del desarrollo convencional (creyendo que todo aumento de exportaciones arrastrará al producto interno, y con ello se reduciría la pobreza).


 
Hay muchos pasos intermedios entre extraer un recurso natural y reducir la pobreza, y es precisamente en esas etapas donde se originan multitud de problemas. Estos van desde los dudosos beneficios económicos de ese tipo de extractivismo (ya que lo que el Estado ganaría por un lado por exportar petróleo, lo perdería por otro al atender sus impactos sociales y ambientales), el papel del intermediario (donde las empresas, sean estatales o privadas, del norte o de amigos del sur, sólo son exitosas cuando maximizan su rentabilidad, y casi siempre lo hacen a costa del ambiente y las comunidades locales).


 
La decisión de Correa genera ondas de choque en diversos planos. Al liberar a las petroleras, se pone en riesgo inmediato un ecosistema de alta biodiversidad, y a los pueblos indígenas que lo habitan (incluyendo aquellos que viven en aislamiento). Se desploma el intento de aplicar una alternativa postpetrolera, y la capacidad de servir como ejemplo entre los demás países desaparece. La medida ecuatoriana sin dudas alentará las presiones sobre áreas protegidas que también se viven, por ejemplo, en Perú y Bolivia. También muestra que el país no logra cumplir las promesas de diversificación productiva, y vuelve a caer en un papel de proveedor de materias primas.


 
Pero posiblemente el impacto más fuerte ha sido sobre el marco constitucional de los derechos de la Naturaleza. Es que al final de su discurso, Correa regresó a la vieja oposición de la década de 1970 entre desarrollo y conservación ambiental, cuando dijo que el “mayor atentado a los Derechos Humanos es la miseria, y el mayor error es subordinar esos Derechos Humanos a supuestos derechos de la naturaleza: no importa que haya hambre, falta de servicios... ¡lo importante es el conservacionismo a ultranza!”. Nadie en el ambientalismo defiende la miseria, sino que denuncian que bajo los titulares de promover el crecimiento económico no sólo se desemboca en mayores desigualdades sociales sino que se destruye el entorno natural.


 
Al margen de esa precisión, el problema es que en esa frase los derechos de la Naturaleza quedan apenas como un supuesto. Si esos derechos son dejados a un lado, prevalecerá el desarrollo convencional, con un nuevo triunfo del petróleo, ya que los impactos sociales y ambientales no tienen valor económico. Los derechos de la Naturaleza son una reacción a ese tipo de razonamiento. No son una concesión a las plantas y animales, o a los ambientalistas, sino que son una necesidad para poder proteger efectivamente a los pueblos y su patrimonio natural.
 


Todo esto hace que quede planteada la angustiosa pregunta si el día en que cayó la iniciativa de moratoria petrolera en la Amazonia de Ecuador, también no comenzaron a desplomarse los derechos de la Naturaleza.


 

Por Eduardo Gudynas integra el equipo de CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social). Su twitter es: @EGudynas

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Propone Correa en Ecuador terminar con diarios de papel

El presidente ecuatoriano Rafael Correa se pronunció hoy porque ya no haya diarios en papel en el país y que sean todos digitales, para, dijo, evitar la tala indiscriminada de bosques. Planteó que la iniciativa sea incluida en una eventual consulta popular en la que los ecuatorianos también decidirán si permiten la explotación de petróleo en un parque nacional en la Amazonia.

 

El gobernante formuló la propuesta en su cuenta de Twitter, en la que se refirió con tono irónico a las críticas y los análisis aparecidos en los periódicos ecuatorianos sobre la decisión de permitir la explotación petrolera en la reserva amazónica Yasuní.

 

“Ahora los mayores ecologistas son los diarios mercantilistas. Bueno si vamos a consulta popular propondremos también diarios...”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter, que de inmediato completó: “solamente digitales para ahorrar papel y evitar tanta tala indiscriminada de árboles. Veremos quién es quién. No se dejen engañar”.

 

En la misma red social, Correa añadió que “hay grupos que están politizando el Yasuní-ITT para derrotar al gobierno y manipulan sobre todo a los jóvenes”, en referencia a un ambicioso proyecto de explotación petrolera en el parque nacional Yasuní.

 

Correa decidió el jueves pasado poner fin a ese proyecto ecológico que consistía en no explotar y mantener bajo tierra, en una prístina región de la Amazonia, 846 millones de barriles de petróleo pesado a cambio de recibir 3 mil 600 millones de dólares por parte de la comunidad internacional. Pero el proyecto fracasó y luego de seis años apenas logró obtener fondos por 13.3 millones de dólares.

 

“Con profunda tristeza, pero también con absoluta responsabilidad con nuestro pueblo y con la historia, he tenido que tomar una de las decisiones más difíciles de mi gobierno. He firmado el decreto ejecutivo para la liquidación de los fideicomisos Yasuní-ITT y, con ello, poner fin a la iniciativa”, expresó Correa el viernes pasado.

 


Para llevar a consulta popular la explotación de crudo en el parque nacional los ecologistas y organizaciones sociales deben recoger cerca de 600 mil firmas de apoyo.

 

El domingo, voces dentro del propio gobierno se pronunciaron en favor de la consulta popular, informó el diario El Universo.

 

La gobernadora del estado de Guayas, confirmó que la explotación de parte del Yasuní siempre estuvo dentro del plan B del gobierno: “Es importante aclarar que la decisión explotar 0.1% #Yasuní estaba contemplado dentro del Plan B. Es decir, siempre existió un plan alternativo”, indicó en Twitter.

 

La ministra de Ambiente, Lorena Tapia, dijo al diario oficial El Ciudadano: “que la ciudadanía no dude ni un sólo momento que este es un proyecto responsable (explotar el Yasuní) y como ministra del Ambiente asumiré con total responsabilidad, para probar que la autoridad ambiental está comprometida. Tenemos un criterio de control y fiscalización estricto”.

 

La iniciativa comenzó en 2007 impulsada por el presidente ecuatoriano con el propósito de proteger el parque nacional Yasuní, declarado en 1989 por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (Unesco) como reserva mundial de la biósfera por su gigantesca diversidad animal y vegetal. Allí también habitan dos grupos indígenas en aislamiento voluntario: los tagaeri y los taromenane.

 

Frente a la decisión, se generó en Ecuador una corriente liderada por grupos ecologistas y amazónicos, que pide consultar a los ciudadanos sobre iniciar o no con la explotación del petróleo en esta zona.

 

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