Miércoles, 03 Octubre 2012 08:30

Ocupa Monsanto llega a la casa de Monsanto

Ocupa Monsanto llega a la casa de Monsanto
En la ciudad estadounidense de San Luis no hay nadie que no tenga un amigo, pariente o vecino trabajando para la Monsanto. Esta ciudad en las orillas del río Mississippi tiene el dudoso honor de ser la sede de esa corporación transnacional. Fundada en 1901, Monsanto fue una de las principales corporaciones químicas del mundo en el siglo XX. Al comienzo de este siglo se transformó en un gigante de la biotecnología, o como dicen los publicistas de la compañía, "un líder en la industria de las ciencias de la vida (life sciences)". Hoy día Monsanto es la mayor compañía de semillas del mundo (27% del mercado mundial) y domina por un amplísimo margen el negocio mundial de las semillas transgénicas, o genéticamente modificadas.


Monsanto es por lo tanto la personificación misma del complejo biotecnológico-agrícola-industrial; la compañía ha trabajado muy duro para ganarse esa distinción. Esto significa también que simboliza todo lo que anda mal con nuestro sistema alimentario. (1)


Esta nefasta empresa tiene un historial muy cercano a mi país natal. Según el periodista Eliván Martínez:


"El estadounidense John Francis Queeny se inspiró en una mujer boricua para nombrar, en 1901 en Misuri, a la empresa Monsanto. Queeny bautizó la empresa en honor a su esposa Olga, hija de Emmanuel Mendes de Monsanto, quien a su vez financió los primeros pasos de la corporación. Ésta iba a convertirse en fabricante de agente naranja, el defoliante y herbicida que se probó en las granjas de Aguadilla (Puerto Rico) en los años 50, y que se usó a gran escala para pelar la selva bajo la que se escondía el enemigo de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam.
" (2)


El lunes 17 de septiembre fue el día escogido por la campaña mundial Ocupa Monsanto para realizar acciones contra la compañía (3). Se hizo un llamado a activistas del mundo entero a realizar protestas contra las instalaciones o siembras de Monsanto más cercanas. Grupos en lugares tan lejanos como Chile y Argentina piquetearon oficinas de Monsanto y circularon fotos de sus acciones por Facebook.


Ese día yo estaba nada menos que en San Luis piqueteando la entrada principal de las instalaciones de la compañía. Estaba acompañado por docenas de activistas locales, más algunos que vinieron de lugares tan lejanos como Chicago y San Francisco. Entre los manifestantes que hablaron a la pequeña multitud estaba el agricultor texano Eric Herm, quien sembraba el algodón transgénico Roundup Ready de Monsanto, pero se tornó en contra del uso de agrotóxicos y transgénicos. Herm narra su experiencia de descubrimiento y transformación en su libro "Son of a Farmer, Child of the Earth" (4).


El piquete fue la culminación de dos días de protestas y actividades educativas organizadas por GMO Free Midwest (5) y Occupy Monsanto. Las organizaciones Safe Food Action, Gateway Green Alliance/Partido Verde de San Luis (6) y la Organic Consumers Association llevaron a cabo varias actividades en distintas partes de la ciudad para agitar y educar acerca de la amenaza que representan los cultivos y alimentos transgénicos a la salud humana, a los pequeños agricultores, a las economias rurales y a la soberanía alimentaria en el mundo entero (7).


El día domingo 16 fue dedicado por completo a eventos educativos, incluyendo charlas y proyecciones de documentales, en el edificio de Community Arts and Movement Project (CAMP), entre la calle Cherokee y la avenida Minnesota en el lado sur de la ciudad, y Black Bear Bakery, negocio a una breve caminata de distancia. CAMP es una organización comunitaria que promueve la expresión creativa, la interconección social, el vivir saludable y la sustentabilidad a través de una gran variedad de actividades que celebran la diversidad y animan al pensamiento crítico, incluyendo clases, proyectos, artistas en residencia, reparación de bicicletas, jardinería comunitaria, murales, y mucho más (8). Black Bear Bakery, panadería muy conocida por su pan de centeno Lickhalter, es una empresa colectiva propiedad de sus trabajadores que a menudo presta su espacio para actividades culturales, políticas y creativas, incluyendo conciertos, proyecciones de películas, reuniones, presentaciones y conferencias de prensa (9).


Los presentadores ese día incluyeron al ingeniero químico Dr. Ollie Fisher, ex-empleado de Monsanto que dio un giro total a su vida y ahora se dedica a promover la salud integral y holística a través del Fisher Wellness Center (10); Priti Cox, artista de la India que se dedica mediante su arte a narrar y analizar los devastadores efectos de la globalización corporativa sobre la sociedad india (11); el genetista y autor Stan Cox (12), quien labora en el Land Institute, una ONG radicada en el estado de Kansas, donde desarrolla cultivos alimentarios perenes de raíces profundas; Orin Langelle y Anne Peterman del Global Justice Ecology Project (13), quienes trabajan una gran variedad de temas activistas, desde la justicia climática hasta la campaña en contra de los árboles transgénicos; el activista social y ambiental Daniel "Digger" Romano, quien ayuda a establecer redes alimentarias locales como alternativas al sistema alimentario corporativo agrotóxico; la agricultora orgánica, apicultora y maestra Suzanne Renard; el agricultor Eric Herm; y este servidor.


En mi presentación ofrecí un contexto histórico y político para la actual batalla global en torno a los cultivos transgénicos y el patentamiento de semillas, para demostrar que los esfuerzos por controlar las semillas de plantas de valor económico toman lugar desde hace varios siglos y que éstos han sido esenciales en la historia y desarrollo del imperialismo y la industrialización de Europa y Estados Unidos. Monsanto no es más que el más reciente capítulo en esta saga de siglos. Estos temas los abordé en mis recientes artículos "El Gran Juego de Ajedrez Botánico" y "Semillas del Imperio" (14), que son parte de un trabajo de investigación de mayor envergadura sobre la geopolítica de las semillas y genomas, desde la perspectiva de la ecología social.


El día siguiente fue la gran fecha: el día internacional de Ocupa Monsanto. Las actividades comenzaron con una conferencia sobre los mitos y realidades de la muy publicitada "economía verde" en el lujoso hotel Millenium en el centro de la ciudad, con Don Fitz, editor en jefe de la revista de izquierda verde Synthesis/Regeneration y miembro de la Gateway Green Alliance, y Orin Langelle como presentadores y este servidor de moderador. En ese mismo piso del Millenium tomaba lugar un simposio científico de la industria biotecnológica sobre la bioseguridad de los organismos transgénicos (15). No era coincidencia, sino astuta estrategia y buena planificación. Meses antes, el profesor Brian Tokar, del Instituto de Ecología Social en Vermont, se enteró del simposio, el cual coincidiría con los actos de Ocupa Monsanto, y se lo informó a Barbara Chicherio, organizadora de GMO Free Midwest. Los organizadores de la protesta entonces rentaron con meses de anticipación la sala Lewis & Clarke, justo frente a donde tomaría lugar la actividad de la industria.


Pero las cosas no salieron exactamente de acuerdo al plan. Aparentemente la administración del hotel se enteró de lo que teníamos entre manos y a último minuto nos cambiaron a otra sala de conferencias, al otro lado del piso, la cual tenía la mitad del tamaño de la que habíamos separado. He aquí el recuento de Don Fitz de lo que ocurrió cuando Chicherio se quejó con el ejecutivo del hotel a cargo:


- "Si usted no deja de hablarme ordenaré que la saquen del hotel", fue la respuesta más sensata que él parecía capaz de ofrecer. Mirando su carnet de identificación, Barbara vio que él era 'Rich Martin, Director de servicios de 'catering' y convenciones'.
(¡Alguien dígame cómo es 'catering' en español!)


Mientras se desarrollaba la conversación, Orin Langelle sacó su cámara para filmar la interacción. Rich alzó su mano y gruñó, "¡Fotos no! Aléjese de mí o voy a ordenar que le saquen del hotel". Cerca de Orin estaba Anne Peterman. Ella sacó su cámara quietamente y filmó a Rich. -



El relato entero de Fitz y algunas fotos de la actividad están disponibles en la página web de Occupy Monsanto. (16)


Una científica rusa que participaba en el simposio de la industria cruzó el pasillo y brevemente se nos unió justo antes de comenzar nuestra conferencia. Era nada menos que Irina Ermakova. Su nombre es desconocido para la gran mayoría del público de Estados Unidos (y Puerto Rico) pero es toda una celebridad de reputación heroica entre activistas anti-transgénicos. En 2007 ella publicó los resultados de estudios que realizó con ratas de laboratorio que demostraron los daños a la salud causados por la soya transgénica (17). 
 

Por sus hallazgos, integridad y valentía, Ermakova fue objeto de abusos verbales de sectores aliados a la industria de biotecnología. Los editores de la revista Nature Biotechnology desempeñaron un papel particularmente penoso y bochornoso en esta controversia. Aparentemente los organizadores del simposio pensaron que necesitaban de alguna voz "radical" para poder alegar que su actividad estaba "balanceada". Fue una sorpresa agradable y emocionante el que ella nos hablara brevemente sobre sus hallazgos científicos. Más tarde, ella se nos unió de nuevo cuando hicimos un piquete anti-transgénicos frente al hotel.


Nuestra siguiente acción del día fue en el supermercado Whole Foods Market, supercadena detallista que es considerada el Wal-Mart de los alimentos orgánicos. La mayoría de los consumidores de EEUU creen que Whole Foods vende solamente productos orgánicos, naturales y saludables, pero en realidad una parte considerable de su inventario la componen productos no orgánicos. Y entre todos esos productos no orgánicos hay algunos que tienen contenido transgénico- si un producto no es orgánico no hay garantía alguna de que sea libre de transgénicos. A diferencia de muchos colmados y cooperativas en Estados Unidos que venden alimentos orgánicos, Whole Foods no tiene una política de "no a los transgénicos".


Algunos de nosotros nos pusimos a caminar por las góndolas, conversando con los clientes acerca de los alimentos transgénicos y la importancia de etiquetarlos. No tuvimos que hacer esfuerzo por conseguir la atención de la gente; al ver nuestras camisetas y botones contra Monsanto y los transgénicos varios clientes vinieron hacia nosotros para preguntar sobre nuestra campaña. La reacción de la clientela a nuestros planteamientos fue extremadamente favorable, y por lo menos un empleado conversó con nosotros y nos expresó abiertamente su apoyo. Otros miembros de nuestro grupo fueron a la caja registradora con varios artículos y le preguntaron a los cajeros si estos eran libres de transgénicos. Según la política de Whole Foods, los empleados tienen que poder contestar cualquier pregunta que le haga la clientela. Los cajeros simplemente no sabían contestar las preguntas. No hubo ningún roce desagradable con la gerencia, aunque la policía sí se presentó.


El evento culminante del día fue el piquete en la entrada principal de las instalaciones de Monsanto. Terreno cero de la revolución genética mundial. Nos sorprendió la cantidad de conductores en la carretera que nos pasaban por el lado y expresaban solidaridad con nuestra protesta. Esos gestos no son poca cosa, considerando el control que ejerce Monsanto en esta ciudad.


Ruiz Marrero es un autor, periodista investigativo y educador ambiental que lleva investigando e indagando la problemática de la biotecnología transgénica desde la década de los noventa. Es autor del libro "Balada Transgénica: Biotecnología, Globalización y el Choque de Paradigmas", mantiene la página web Haciendo Punto en otro Blog (http://carmeloruiz.blogspot.com/search/label/esp), y dirige el Proyecto de Bioseguridad de Puerto Rico (http://bioseguridad.blogspot.com/search/label/es). Ruiz Marrero, graduado del programa de maestría del Instituto de Ecología Social, ha estado involucrado en la política verde desde la década de los ochenta, cuando estuvo activo en los Comités de Correspondencia de los Verdes, de los cuales eventualmente surgiría el Partido Verde de Estados Unidos. Está actualmente en la junta editorial de Synthesis/Regeneration, una revista de pensamiento ecologista de izquierda ( http://www.greens.org/s-r/ ). Su identificación en Twitter es @carmeloruiz

NOTAS:
   
1) El documental de la cineasta francesa Marie Monique Robin "El Mundo Según Monsanto" es una de las mejores referencias sobre el historial criminal de esta empresa. Pueden verlo entero gratuitamente por Vimeo: http://vimeo.com/13096415  
2) Eliván Martínez. "El impacto ambiental de Monsanto" http://cpipr.org/historias/actualidad/270-el-impacto-ambiental-de-monsanto-tercera-parte.html
3) http://occupy-monsanto.com/
4) http://www.sonofafarmer.com/
5) http://gmofreemidwest.org/
6) http://gateway-greens.org/
7) En cuanto a los riesgos intrínsecos e inherentes de los cultivos transgénicos, les refiero a los siguientes artículos míos "Guisantes australianos y papas asesinas" (http://alainet.org/active/10616&lang=es), "¿Transgénicos, no gracias" (http://www.ciudadccs.info/?p=290298) y "Transgénicos riesgosos e innecesarios" (http://www.ciudadccs.info/?p=308083). Para referencias científicas más extensas les recomiendo el reciente informe "GMO Myths and Truths" de la organización Earth Open Source (http://earthopensource.org/index.php/reports/58).
8) http://stlcamp.org/
9)
http://www.blackbearbakery.org/
10)
http://www.fisherwellnesscenter.com/
11)
http://www.vanishingindia.com/
12)
http://www.losingourcool.com/writer.html
13)
http://globaljusticeecology.org/
14)
http://alainet.org/active/54242&lang=es, http://alainet.org/active/54698
15)
http://www.isbgmo.com
16) "“Stop Talking or You Will Be Removed from the Hotel”"
http://occupy-monsanto.com/occupy-monsanto-in-st-louis-action-1-stop-talking-or-you-will-be-removed-from-the-hotel/
17)
http://bioseguridad.blogspot.com/search/label/Ermakova
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Domingo, 23 Septiembre 2012 05:40

Conga: vida sí, oro no

Conga: vida sí, oro no
El poderoso señor Roque Benavides, de la empresa Buenaventura, tuvo una rabieta en Lima el 24 de agosto pasado. Su socio en Yanacocha, la segunda mina de oro del planeta, la empresa Newmont de Denver, Colorado, anunció que suspendía el proyecto Conga. Ese gran proyecto de minería de oro y cobre iba a ser una extensión del de Yanacocha, propiedad de Newmont, Buenaventura y el Banco Mundial. Conga ha sido suspendida. Más auún, Yanacocha debe ir pensando en pagar sus pasivos ambientales, como la Chevron-Texaco, en Ecuador, y la Repsol YPF, en Argentina. Debe pagar sus deudas sociales y ecológicas.


Los pasivos ambientales de Yanacocha son enormes. Cerros destruidos, tierras apropiadas ilegalmente, aguas contaminadas, un derrame de mercurio que acabó sin justicia para los damnificados. El distrito de Bambamarca ha declarado huelgas generales varias veces en los pasados 20 años. El de Hualgayoc se le unió en diversas ocasiones. Ahora fue Celendín la zona que protestó más fuertemente ante la amenaza a las fuentes de agua. En escarmiento, la policía mató en julio de 2012 a cinco manifestantes en Bambamarca y Celendín. El estado de emergencia todavía continuaba a finales de agosto.


El 4 de julio fue detenido en la plaza de Cajamarca el ex sacerdote Marco Arana, el video de su brutal detención dio la vuelta al mundo. Un Gandhi peruano, cuyas imágenes y palabras llegaron a Denver, Colorado.


Tras una pacífica Marcha por el Agua desde Cajamarca hasta Lima en febrero de 2012, la situación se hizo muy tensa por la terquedad del gobierno. Una gran parte de la región de Cajamarca ha estado en estado de emergencia bajo control de la policía varios meses en 2012, sin derecho de manifestación ni asamblea. El estado puesto al servicio de la minería extranjera, insultando a la población local.


La evaluación de impacto ambiental presentada por Newmont y aprobada por el gobierno anterior fue criticada desde el propio Ministerio de Ambiente, cuando Ollanta Humala llegó a la presidencia en 2011 y después fue desmenuzada por el experto hidrogeólogo Robert Moran. Nada pudo hacer el gobierno de Perú para remediar el descrédito del EIA con sus expertos ad-hoc traídos de España y Portugal.


Mario Vargas Llosa en su rol de comentarista neoliberal defendió el proyecto Conga en marzo y abril de 2012 argumentando que “detrás de las protestas, existe una izquierda radical que se escuda en los temas ambientales”, denunciando la posición “puramente ideológica y dogmática” de quienes se oponían a esas inversiones mineras. Todo podía hacerse sin dañar el ambiente. La minería, dijo el escritor, incluso puede favorecer el ambiente natural. ¿Qué más fantasías escribirá Vargas Llosa sobre los conflictos mineros?
El 24 de agosto pasado Richard O’Brien, máximo ejecutivo de Newmont, dijo en Lima que se suspendía ese proyecto de casi 5 mil millones de dólares, porque las condiciones locales no eran favorables. El gobierno regional se oponía y las encuestas de opinión en la región eran desfavorables al proyecto.


La empresa ha tenido tanta presencia en Cajamarca que la policía se desplazaba a veces en sus vehículos pero Yanacocha ya perdió una vez ante los campesinos y el cura Marco Arana, renunciando a destruir el Cerro Quilish. Esta es ahora su segunda gran derrota, tal vez la definitiva.


Para la derecha, todo se reduce a una mezcla de ignorantes y resentidos, de maximalistas anticapitalistas, eco-fascistas, maoístas recalcitrantes, ONG extranjeras que parecen inocentes, intelectuales utópicos, todos ellos contra el progreso y el desarrollo.


Le derecha ha defendido la mano dura del presidente Ollanta Humala, tan dura que costó la renuncia de dos primeros ministros en solamente un año tras 15 muertes de manifestantes en distintas regiones del país. El tercer primer ministro, Juan Jiménez Mayor, asegura que la suspensión es simplemente una decisión de la Newmont: por favor no hablen más de Conga. Los grupos ecologistas temen un engaño, exigen que retiren la maquinaria, la empresa dice que seguirá construyendo unos reservorios de agua. A pesar de esas sospechas, es una gran victoria del ecologismo popular. El presidente regional de Cajamarca, Goyo Santos, indicó que el proyecto Conga está muerto. Los muertos no se levantan.


Yanacocha fue muy próspera (3.3 millones de onzas de oro en 2005, 1.4 millones en 2011), necesitaba ahora el nuevo proyecto. A los que dijeron “Conga no va”, Ollanta Humala replicó que Conga sí iba. Al final ha cedido. Ojalá esta derrota lleve a Humala hacia una política post-extractivista para evitar los conflictos sociales y prevenirse ante una oscilación a la baja de los precios de algunos minerales.


Por Joan Martínez Alier, Instituto de Ciencias y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona; coordinador del Proyecto EJOLT

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El nuevo ‘El Dorado’ siembra conflictos en América Latina
Hasta hace ocho años, la minería era un sector poco trascendente en el mundo y también en Latinoamérica. Incluso había perdido peso en países mineros como Bolivia, donde este miércoles murió un obrero en un enfrentamiento para dirimir quiénes explotarán el yacimiento de estaño de Colquiri. Las crisis del petróleo de los años setenta habían depreciado las cotizaciones. Pero a partir de 2004, ante el creciente apetito de China por minerales que den abasto a sus industrias y la actividad de la construcción, los precios del oro, la plata, el cobre, el níquel, el zinc y el hierro comenzaron a trepar tanto que han alcanzado máximos históricos. Y ahí comenzaron los conflictos.
 

Las empresas mineras, la mayoría multinacionales, han acelerado sus proyectos de exploración y producción en América Latina. Los gobiernos han comenzado a reclamar que tributaran una parte mayor de su renta, los empleados de las compañías han iniciado protestas por mejores nóminas, los mineros independientes y cooperativistas han elevado su voz para explotar también el recurso y muchos pobladores de regiones mineras, en general zonas áridas y pobres, se han puesto en pie de lucha para oponerse a los yacimientos a cielo abierto por el impacto medioambiental que éstos provocan por el uso de agua, cianuro y arsénico.


En toda la región se han desatado unos 161 conflictos entre gobiernos y empresas, por un lado, y ciudadanos que se resisten a la instalación de yacimientos a cielo abierto en sus territorios con el argumento de que, a diferencia de la menos rentable minería subterránea, los nuevos proyectos dañarán su entorno ambiental y sus actividades agrícolas tradicionales. Incluso empresas de aguas, como Danone, o bodegas, como la española O. Fournier, se han opuesto a desarrollos mineros en Argentina. Con lemas como que el agua vale más que el oro, unas 212 comunidades se enfrentan a unos 173 proyectos mineros y reclaman que se las consulte antes de su ejecución. En Perú es donde más conflictos de este tipo se han producido, unos 28, e incluso este jueves la policía reprimió un bloqueo de una carretera que lleva a una mina de oro de la empresa Barrick, canadiense, al igual que muchas de las mineras que operan en la región, y mató a uno de los manifestantes. Ya son 19 los muertos en Perú en protestas por demandas relacionadas con la explotación de recursos naturales (la mayoría mineros, pero también por hidrocarburos) desde que Ollanta Humala asumió la presidencia del país, en julio de 2011.

 
La resistencia contra la minería a cielo abierto ha llevado a que algunas compañías paralizaran proyectos en Perú y también en Argentina, donde este año la Corte Suprema de Justicia ratificó la vigencia de una ley que impide la explotación minera y petrolera en zonas de glaciares. Los conflictos mineros por cuestiones ecológicas se extienden por casi toda la región, en unos 16 países. En Costa Rica se han prohibido nuevos proyectos a cielo abierto a partir de 2010.


Otros se pelean por cómo se reparte la tarta cada vez más grande que supone este negocio. Entre 1990 y 2003, la minería suponía el 3,9% del PIB de Bolivia. Entre 2004 y 2009, el 5,7%, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La proporción subió también mucho en Chile, del 7,7% al 17,7% (estas estadísticas incluyen también el acotado sector de hidrocarburos); en Ecuador, del 6,9% al 14,7%, y en Perú, del 4% al 8,5%. Latinoamérica produce el 52% de la plata del planeta, el 45% del cobre y el 22% del zinc.
 

Los gobiernos nacionales, provinciales y municipales discuten entre sí y con las empresas mineras (además de europeas y norteamericanas, las hay chilenas, mexicanas y brasileñas) para definir cuántos impuestos pagan. Los políticos de izquierdas no han rechazado la minería a cielo abierto sino que le han exigido que tribute una porción mayor de sus beneficios considerados extraordinarios por el alza de las cotizaciones de recursos no renovables que pertenecen a los estados y se concesionan al sector privado (solo Chile cuenta con una minera estatal importante como Codelco). Pero este tipo de disputas no acaban en violencia como los que enfrentan a las compañías con los propietarios de las tierras donde se descubre el mineral y que piden mayores arriendos, o con los trabajadores mineros que piden mejores nóminas. También han acabado mal algunas refriegas de obreros que practican la llamada minería ilegal, sin autorización de los gobiernos, en Perú o Brasil.

 
La muerte del miércoles en Bolivia ilustra la disputa por la renta minera. En junio pasado, el Gobierno de Evo Morales había nacionalizado la parte del yacimiento de Colquiri que estaba en manos de la suiza Glencore. Pero a partir de entonces comenzó la tensión sobre quién debía explotar el recurso: si la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), a la que defienden sus empleados, o los cooperativas mineras, que cuentan con el respaldo de Morales. Cooperativistas protestaron el jueves en la sede del sindicato de los empleados mineros. Murió uno de los asalariados. Otra prueba más que de en Latinoamérica a algunos se les va la vida por la minería.


Por Alejandro Rebossio Buenos Aires 21 SEP 2012 - 18:05 CET
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Sábado, 08 Septiembre 2012 07:08

Comida que calienta

Comida que calienta
Dos de las mayores crisis planetarias que vivimos, la crisis alimentaria y la crisis climática, tienen como causa principal el sistema alimentario agroindustrial: desde la agricultura y pecuaria industrial a los supermercados forman una cadena que oprime a la gente y exprime al planeta, con Monsanto firmemente tirando de un extremo y Walmart del otro. México es un triste ejemplo de ello (Ver Comer o no comer ¿quién decide? La Jornada, 25/8/12)


El papel de esta cadena en provocar el caos climático es fundamental, pero como esta realidad es muy diferente de lo que nos dice la propaganda empresarial, muchos se preguntan en qué se basan estas afirmaciones. Una referencia obligada es el documento de Grain Alimentos y cambio climático, el eslabón olvidado (www.grain.org), que da cuenta de las principales entre más de 350 fuentes de las que parten.


La mayoría de los estudios oficiales –desde el Informe Stern del Reino Unido al Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y otras instituciones– ubican a la agricultura industrial –a gran escala, en monocultivo, con alto uso de insumos (fertilizantes, agrotóxicos, semillas híbridas o transgénicas)– como causante de 11 a 15 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), dándole el tercer o cuarto lugar entre los factores causantes del cambio climático.


Sin embargo, esto no refleja la totalidad del problema, porque el sistema alimentario agroindustrial está directamente relacionado a porcentajes importantes de otros grandes factores identificados como causantes del cambio climático (transportes, producción de energía, deforestación).


La deforestación y cambio de uso de suelo, a lo que se atribuye hasta 20 por ciento de la emisiones de GEI globales, se debe entre 70 y 90 por ciento a la expansión de la frontera agrícola, que invade sabanas, cerrados, bosques y humedales para instalar monocultivos industriales de commodities controladas por trasnacionales, como soya, caña de azúcar, palma aceitera, maíz industrial y canola. Por tanto, entre 15 y 18 por ciento de las emisiones adjudicadas a deforestación son en realidad parte del sistema agroindustrial.

Otro factor es la gran cantidad de transportes que exige ese sistema alimentario, desde el traslado de cosechas a depósitos centralizados, a centros de procesamiento, puntos de distribución, venta y además una enorme cantidad de desplazamientos internacionales de alimentos que en su mayoría son innecesarios, pero se hacen por el lucro que obtienen las corporaciones comprando barato en un país y vendiendo caro en otros, o vendiéndonos caro el lujo de comer cualquier producto fuera de temporada en cualquier parte del mundo. Grain calcula que 5-6 por ciento de los gases debidos a transportes se deben al sistema alimentario.

Otro 8-10 por ciento lo atribuyen, basados en numerosos datos, a la industria de procesamiento y empacado de alimentos, 1-2 por ciento a la energía para refrigeración y otro 1-2 por ciento a la venta en almacenes. Por tanto, el procesamiento, empacado y venta al menudeo de alimentos es responsable de entre 15 a 20 por ciento adicionales de emisiones de gases de efecto invernadero.


Esta forma de producción, distribución y consumo industrializado produce un desperdicio de comida gigantesco: desde los establecimientos agrícolas a los procesadores, distribuidores y comerciantes, se estima que ¡la mitad de la comida se desecha! Esto, muestra Grain, sería suficiente para alimentar seis veces a todos los hambrientos del mundo. La mayor parte de esa comida desperdiciada se descompone en basureros. Según informes oficiales, de 3 a 5 por ciento de las emisiones de gases proviene de grandes basureros urbanos. El 90 por ciento de esos gases se debe a descomposición de alimentos.


Resumiendo, el sistema alimentario agroindustrial es responsable de emisión de gases de efecto invernadero de entre 11-15 por ciento por agricultura industrial, 15-18 por ciento por deforestación, 15-20 por ciento por transportes, procesamiento, empacado, refrigeración y venta en supermercados y 3-4 por ciento por descomposición de alimentos que van a parar a los basureros. En suma es responsable por entre 44 y 57 por ciento de las emisiones que provocan el cambio climático. Otros estudios sobre las emisiones de la cría intensiva de animales –no desglosados en los datos anteriores– sitúan los porcentajes en la franja superior.


Además, la agricultura industrial usa (y contamina con agrotóxicos) 70 por ciento del agua potable global. De lo que queda, entre sólo cinco corporaciones del sistema alimentario global –Danone, Nestlé, Unilever, Anheuser-Bush y Coca Cola– consumen, privatizando de facto, suficiente agua para satisfacer los requerimientos domésticos diarios de agua de cada persona en el planeta.


Paradójicamente, esta cadena agroindustrial ni siquiera da de comer a la mayoría: el 70 por ciento de la población del mundo se alimenta gracias a lo producido por campesinos y agricultores familiares, indígenas, recolectores, pescadores artesanales, huertas urbanas. (Ver “Quién nos alimentará?”, Grupo ETC, www.etcgroup.org ).


Las alternativas existen y están a la mano: salir de la cadena agroindustrial, apoyando y fortaleciendo la red alimentaria campesina, la producción culturalmente diversa y descentralizada, sin tóxicos, los mercados locales. Así además se pueden reconstituir los suelos, el mayor factor de absorción y retención de carbono del planeta.

Por Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC

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Miércoles, 22 Agosto 2012 09:52

Cambio climático*

Cambio climático*
Epigramas. Aplicaciones de polvos paramagnéticos de rocas y materiales orgánicos mejoran el suelo, aumentan las cosechas, capturan carbono y mejoran el ciclo de nutrientes.

Scotish SEER Research Project. Cameron and Maira Thompson, 2012.

Introducción. Tratamientos que ha estado trabajando el SEER:

–Suelo testigo
–Suelo con composto
–Suelo con estiércol vacuno
–Suelo con fertilizantes N-P-K
–Suelo + polvo de roca paramagnética
–Suelo + composto + polvo de roca paramagnética
–Suelo + estiércol + polvo de roca paramagnética
–Suelo + NPK + polvo de roca paramagnética.

El doctor Donald Supkow, 1995, afirma que, cuando el polvo de roca se aplica a la tierra, el calcio y el magnesio reaccionan con el CO2, fijándose como carbonatos. Recomienda aplicar de 2 a 6 toneladas de polvo por hectárea-año para mantener estable el CO2 de la atmósfera. Finura del polvo: malla 300.

Para reducir el efecto de invernadero, se han estado considerando medidas como las siguientes:

–Reducir las emisiones de CO2.
–Secuestrar carbono en los océanos, fomentando algas.
–Recobrar carbono mecánicamente (propuesta del profesor Wally Broker, Ohio University).
–Secuestrar carbón en vegetación y suelos.

El SEER, tras 20 años de experimentos, habla de aplicar dos toneladas de polvo de roca por año y por hectárea para secuestrar “altas” cantidades de carbono.

El doctor Steve Diver, 2012, recomienda no usar polvo de granito por su alto contenido de cuarzo. En cambio, enfatiza usar polvos de rocas volcánicas y polvos de alto valor paramagnético.

1. Cambio climático y glaciación. De acuerdo con los doctores daneses Iversen y Anderson, el presente interglacial (unos 10.800 años) transcurrió así:

–Fase protocrática, 2.800 años, en que la vegetación pionera empezó a formar suelo.
–Fase mesocrática, 3.000 años, óptimo climático y óptima formación de suelo.
–Fase oligocrática, 5.000 años, transformación de minerales por acidificación, desmineralización del suelo.
–Fase telocrática, más o menos 200 años, Revolución Industrial, erosión, envenenamiento del suelo y la comida, fase del cambio climático precursor de la próxima glaciación. Extracción de minerales del suelo por megaproyectos. Los minerales extraídos del suelo por la agricultura se pueden recuperar de las aguas cloacales: constituyen del 4 al 6 por ciento del peso de las cosechas. La megaminería es otro asunto que no trataremos aquí.

En los últimos dos y medio millones de años han ocurrido 25 glaciaciones de aproximadamente 90.000 años de duración cada una, con 25 interglaciales de más o menos 10.000 años cada uno. Si este ciclo se repite, el cambio climático, acelerado por la cultura industrial, nos precipita hacia la próxima glaciación, como los extremos climáticos de la actualidad lo indican. La transición es catastrófica.

2. Qué hacer. Sólo las agriculturas alternativas, no la agricultura convencional (que consiste en transformar petróleo en comida), pueden responder en la ruralidad al cambio climático. Sólo un cambio personal en lo patrones de conducta (otros creen en los decretos del gobierno y en los programas de partido) puede responder al cambio climático en todos los órdenes sociales: la unidad ecología-espiritualidad.

3. Los no creyentes (al estilo Bush and company) respecto del cambio climático confían en que la solución vendrá, como siempre, de la combinación tecnología-voluntad política. Un descreído del cambio climático es como quien se cae del piso 100 pero, cuando va viene en el piso 4, todavía puede decir que todo va bien y que un vientecillo fresco (tecnología) lo acompaña.

4. Conclusión: sea el esquema siguiente, según un estudioso norteamericano cuyo nombre olvido.

¿En qué cuadrante te sitúas?

Si te sitúas en los cuadrantes de “hago algo”, tal vez te decidas por alguna orientación. En la escogencia de esa ruta, podrían ser útiles algunos autores:

Haeckel, 1864, Ecología como biología. Además, Odum y afines.
René Durmont, 1904-2001, Ecología transdisciplinar, la transversalidad de la ecología.
Ivan Ilich, 1926-2002, Ecología radical.
Murray Broockhim, 1926-2006, Ecología social.
André Gorz, 1923-2007, Ecología política.

Este abrebocas de autores no agota la disponibilidad de puntos de vista. Hay muchos más. Estos son sólo ejemplos paradigmáticos.

*Artículo redactado con base en documentos obtenidos por el ingeniero Miguel Vera. Junio de 2012, desde Escocia y Estados Unidos.
Situaciones Opción A Opción B
No hay cambio climático No hago nada Hago algo
Sí hay cambio climático No hago nada Hago algo

Publicado enEdición 183
En dos meses, alza de casi 50% a costo de maíz y trigo
El precio del maíz y del trigo, dos de los granos que junto con el arroz constituyen la base de la alimentación de la mayoría de los habitantes, aumentó casi 50 por ciento desde junio pasado. Un reporte del Banco Mundial (BM) da cuenta de que los incrementos continúan, mientras la sequía mina las cosechas en Estados Unidos, principal productor de maíz del orbe.

“El repunte de los precios no sólo afectará el del pan y los alimentos elaborados, sino también el del forraje y, en última instancia, de la carne”, apuntó el organismo. “La inestabilidad del costo de los alimentos genera una preocupación creciente”, añadió.

En 2012 se han elevado los precios de todos los cereales, salvo el del arroz, expuso. En el caso del maíz, el incremento ha sido de 45 por ciento desde mediados de junio, mientras el trigo subió 50 por ciento, también desde mediados de ese mes, abundó. La soya acumula un alza de 30 por ciento desde junio, y de casi 60 por ciento en comparación con finales del año.

La tonelada de maíz subió en julio pasado a 333.1 dólares, según un seguimiento de precios del BM. En 2010 el costo promedio fue de 186 dólares por tonelada, mientras en 2011 se situó en 291.

En comparación con el precio reportado por el BM en julio de 2011, que fue de 300.77 dólares por tonelada, la cotización del maíz acumula en los últimos 12 meses un incremento de 11 por ciento.

El BM advirtió en su más reciente reporte sobre la evolución del mercado de alimentos que los precios de los cereales serán inestables y superiores a la media al menos hasta 2015. En los países más pobres, donde las personas gastan hasta dos tercios de sus ingresos en alimentos, el alza representa “una amenaza para el crecimiento mundial y la estabilidad social”.

Sin embargo, consideró el organismo, el repunte reciente puede aportar a los agricultores pobres los ingresos que tan desesperadamente necesitan, lo cual les permitiría invertir, elevar su producción y, de ese modo, formar parte de la solución global para la seguridad alimentaria.

Hay casi 1000 millones de personas en el mundo que padecen hambre. Más de 60 por ciento son mujeres, apuntó. La malnutrición contribuye a las enfermedades entre niños y madres, a la disminución de la capacidad de aprendizaje, a la reducción de la productividad y al aumento de la mortalidad. Un tercio de todos los decesos de infantes se atribuye a la desnutrición; 80 por ciento de la estructura cerebral de una persona se desarrolla durante los primeros mil días de vida, por lo cual el acceso a alimentos nutritivos es esencial, en particular en el caso de los niños, agregó.

En meses recientes ha habido incrementos a los precios de los alimentos por la prolongada sequía que afecta las regiones productoras de Estados Unidos, país donde más se cultiva ese grano en el mundo. La menor oferta del grano, que es empleado para producir combustible para vehículos, ha contribuido a elevar también el precio internacional del petróleo.

La mayor cotización del crudo se ha expresado, a su vez, en alzas a los precios de los fertilizantes –elaborados principalmente a partir de derivados del petróleo–, lo cual ha añadido presión adicional a los agricultores del mundo.
En el segundo trimestre de este año la tonelada de urea se cotizó en 470 dólares, cantidad superior en 49 dólares al promedio para 2011, que fue de 421 dólares por tonelada, incremento de 11.6 por ciento, según los datos del BM.

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Chicago, 13 de agosto. Durante una visita al estado de Iowa, golpeado por la sequía, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció el lunes una compra de emergencia hasta de 170 millones de dólares de carne y pescado para ayudar a los ganaderos y pequeños productores y controlar así los precios de los alimentos. Al tiempo, acusó al candidato republicano a vicepresidente, Paul Ryan, de bloquear ayuda para los agricultores y se refirió a él como “uno de aquellos líderes del Congreso que impiden el Proyecto de Ley Agrícola”.


En tanto, la Reserva Federal de Kansas City divulgó en un informe la previsión de que el próximo año los estadunidenses enfrentarán precios más altos de los alimentos en el supermercado, debido al impacto de la peor sequía en medio siglo, pero estimó que el efecto sobre la inflación general será moderado. Según estimaciones de la institución, la sequía, que ha golpeado los rendimientos del maíz y de la soya además de disparar sus precios en el mercado de futuros, podría sumar 4 por ciento más a los precios anuales de los alimentos durante el próximo año.


Con el plan anunciado por Obama, el Departamento de Agricultura comprará cerdo, cordero, pollo y bagre (pez) con dinero de un fondo de emergencia para responder a desastres naturales. Los alimentos serán enviados a programas de ayuda, como bancos de alimentos. Se estima que la cosecha de maíz será 25 por ciento menor que la de 2011, debido a la peor sequía que ha afectado la zona en medio siglo.


El mandatario estadunidense también ordenó al Departamento de Defensa a que “aliente” a sus proveedores a acelerar las compras de esos productos y congelarlos para su uso posterior.


El proyecto de ley 2012, que incluye programas de ayuda en caso de desastre, está estancado en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos. “Entonces, si ven al congresista Ryan díganle lo importante que es este proyecto de ley agrícola para Iowa y nuestras comunidades rurales”, reclamó Obama en comentarios preparados para un discurso en Council Bluffs, en Río Misuri, en el borde occidental de Iowa. “Es hora de dejar a un lado la política y aprobarlo de inmediato (el proyecto de ley)”, instó.


Como presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, Ryan ha exigido grandes recortes al gasto en el Proyecto de Ley Agrícola. Ryan votó a favor de un proyecto de ley de ayuda de emergencia para ganado por 383 millones de dólares, que fue aprobado por esa cámara el 2 de agosto, antes de un receso de cinco semanas.


Los agricultores estadunidenses están sufriendo la peor sequía en medio siglo, mientras aumenta la preocupación de que los productores de ganado no puedan costear los crecientes precios del maíz, producto básico para alimentar a los animales.


En lo que va del año fiscal, el Departamento de Agricultura ha gastado 941 millones de dólares para comprar más de 453.6 millones de kilos de comida, desde albaricoques y frijoles a papas y nueces, así como también carne, huevos y pescado, para los programas de almuerzo escolar y donación de alimentos.


“Basados en las relaciones entre el índice de precios al consumidor (IPC) para los alimentos y los precios de las granjas para los cultivos y el ganado, los incrementos en el precio de los cultivos y la baja en el precio del ganado durante julio podrían generar un alza de 4 por ciento en el índice de precios de los alimentos entre septiembre de 2011 e igual mes de 2012”, dijo la Fed de Kansas.

Reuters

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Martes, 14 Agosto 2012 06:46

El referéndum da vuelta el conflicto

Veinticinco comunidades originarias del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécuere (Tipnis), en Bolivia, que participan en un referéndum apoyaron la construcción de una ruta que lo atraviesa. Sólo una, la de San Miguelito, pidió que la carretera no transite el núcleo de la reserva, sino que tenga un trazado alternativo por su periferia.


De un total de 69 comunidades del Tipnis, 25 que fueron consultadas hasta el domingo aprobaron la construcción de una ruta entre Villa Tunari (Cochabamba) y San Ignacio de Moxos (Beni), afirmó el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez. Asimismo, estos grupos rechazaron la “intangibilidad” de esa reserva. El ministro calificó este resultado como significativo porque evidencia que la VIII Marcha Indígena que llegó a La Paz el año pasado y “arrancó” del gobierno la ley 180 de intangibilidad, nunca consultó a estas comunidades para plantear ese reclamo. Sánchez reflexionó sobre la importancia que tiene este proceso, que se realiza por primera vez en el país, pues se trata, dijo, del ejercicio de la democracia comunal, con su principal soporte en el diálogo intercultural. “La participación de mujeres y ancianos es destacable en las comunidades pobres; las mujeres se preocupan por el día a día, porque son quienes deben dar de comer a sus hijos, entonces plantean con fuerza demandas de salud, educación, seguridad, soberanía alimentaria”, señaló. En tanto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, citado por el diario paceño La Razón, enfatizó que “no hay comunidades que estén en contra de la carretera, son sólo pequeños grupos de activistas que se han movilizado para hacer creer que hay oposición a la vía”.


Por otra parte, el ministro de la Presidencia (jefe de Gabinete), Juan Ramón Quintana, reveló ayer que la construcción de la ruta Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, por el Tipnis, fue una propuesta electoral del opositor Movimiento Sin Miedo (MSM) en la campaña para alcanzar la gobernación de Cochabamba. En conferencia de prensa en el Palacio Quemado, sede del Ejecutivo, mostró a la prensa el Plan de Gobierno del MSM estipulado para el período 2010-2015 de cara a las elecciones departamentales de Cochabamba, en el que proponía la construcción de esa obra. “Queremos ser responsables de lo que decimos y queremos que el MSM le diga al país si está a favor o en contra de la carretera que une San Ignacio de Moxos con Villa Tunari. Nos han dicho que se oponen, pero por qué se oponen cuando en su programa de Gobierno Autónomo de Cochabamba se comprometen a construir la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos”, dijo. El MSM se convirtió en uno de los principales defensores del Tipnis y opositores a la construcción de la vía, incluso financió la IX Marcha de indígenas que llegó en junio de 2012 a La Paz.


Cabe destacar que, como detalló Prensa Latina, además de la construcción de una carretera interdepartamental en la reserva, la inédita consulta en esa región del nordeste amazónico boliviano trata, además, sobre la denominada intangibilidad de la reserva, categoría establecida por una ley que se promulgó tras una controvertida marcha indígena que arribó a La Paz en 2011 en protesta contra la ruta entre Cochabamba y San Ignacio de Moxos. A la manifestación inicial se han ido sumando otras muchas a lo largo de estos meses, que desembocaron en la plaza Murillo, donde se ubican el Palacio de Gobierno y las sedes de varios ministerios e instituciones, dando lugar a enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. El gobierno del presidente Evo Morales consideró que la consulta, una figura enmarcada en la Constitución del país y en los convenios internacionales, es la única solución al conflicto. Desde la región amazónica viajaron a la capital 56 de 63 corregidores originarios y otra marcha indígena en apoyo a la carretera para reafirmar el apoyo mayoritario a la consulta y entablaron un diálogo con el gobierno para evaluar la problemática y las demandas de sus habitantes. El proceso de la consulta, que durará cuatro semanas bajo la mira de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), comenzó el domingo 29 de julio y debe terminar el 25 de agosto, tras la realización de 69 asambleas indígenas, en cada una de las comunidades del Tipnis.

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Lunes, 30 Julio 2012 07:10

Una consulta sobre la ruta

Una consulta sobre la ruta
El gobierno de Evo Morales inició ayer una consulta en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) para construir una carretera que uniría los departamentos de Cochabamba y Beni. En varias comunidades anunciaron que no permitirán la entrada de la comisión encargada de preguntarles, porque consideran que avalar el tendido de la vía implicaría la destrucción de su territorio y forma de vida. Indicaron que el presidente tampoco está cumpliendo con una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que lo manda a “concertar” con los originarios que se oponen a esta obra caminera. Si no obedece la medida judicial, todo el procedimiento podría invalidarse.

La consulta del gobierno empezó ayer en Oromomo, del lado de Beni, y en San Miguelito, del lado de Cochabamba. Hasta el 25 de agosto, los ministerios de Obras Públicas y de Medio Ambiente desplegarán 15 brigadas para visitar las 69 comunidades del Tipnis, de 1.200.000 hectáreas. Los resultados definitivos estarían a principios de septiembre.

La consulta se realizará de acuerdo con la ley 222, cuya constitucionalidad está “condicionada”, según una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a la concertación entre el gobierno nacional con los indígenas del Tipnis, pertenecientes a los pueblos Chimán, Mojeño y Yuracaré. Según miembros de este tribunal, no sería una consulta transparente si la efectúa el mismo gobierno que quiere construir la ruta Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

“El fallo ya debería de cumplirse, tal como dispone la sentencia, pero vemos que hay dificultades. Parece que la sentencia fuera un mero adorno y eso es lamentable”, dijo Gualberto Cusi Mamani, magistrado del TCP.

“Hasta el último día pueden estar concertando, definiendo puntos sobre cómo va a ser la consulta. Pero vemos que hay una polarización, y yo, la verdad, dudo de que la consulta se lleve a cabo”, dijo Cusi. Hay un problema semántico. Para el Movimiento Al Socialismo (MAS), “concertar” significa “hacer lo que la mayoría manda”.

“El Ministerio de Obras Públicas tiene la obligación de concertar con las comunidades. Desde nuestro punto de vista, cuando hablamos de ‘concertar’ hablamos de mayorías y minorías. Consensuar significa ‘cien por ciento’ (de aprobación) y si hay una sola persona que no está de acuerdo, no se puede hacer. Pero ese concepto no está en la Constitución”, dijo Vladimir Sánchez, ministro del área.

“El gobierno no debe estar interpretando el fallo constitucional, tiene que cumplir con la concertación, involucrando a todas las comunidades y habitantes del Tipnis. Tiene que buscar ese objetivo y llegar a un consenso, porque hay jurisprudencia internacional en ese aspecto. Pero el gobierno quiere interpretar a su manera. Estamos como antes, en un estado colonial”, dijo Cusi a la red Erbol.

“Las partes afectadas podrían acudir tranquilamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), podrían apelar y eso sería catastrófico para Bolivia”, razonó el magistrado.

De la consulta participan veedores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unasur. Para los indígenas que rechazan la construcción de una ruta por dentro del Tipnis, la presencia de la OEA garantizará la nulidad del procedimiento, porque verán las resistencias dentro del territorio al proyecto de Morales.

“No es una consulta previa, porque el proyecto carretero y la plata para construirlo están desde 2008. No es una consulta de buena fe, porque desde hace meses la gente del gobierno va a las comunidades con motores fuera de borda, generadores de electricidad y otros regalos para comprar conciencias y dividir a las organizaciones indígenas. Además se está vulnerando la sentencia del TCP, que es vinculante y de obligatorio cumplimiento. Así, todos los actos serán declarados nulos de pleno derecho, algunos funcionarios del gobierno serán procesados por incumplimiento de deberes y desacato a la ley”, dijo Rafael Quispe, de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).

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La integración sudamericana y los conflictos socio-ambientales
Los procesos de integración regional en Sudamérica han dado importantes pasos en la construcción de una comunidad política en base a valores y expectativas comunes. La defensa de la democracia, la resolución de conflictos mediante la diplomacia, el resguardo de la paz y la reivindicación conjunta de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas ante los diferendos con el Reino Unido han sido algunos de campos en donde se logró alcanzar un inédito dinamismo y convergencia regional. Muchos de estos consensos acompañaron el surgimiento de nuevas formas institucionales como la UNASUR, ALBA y la Comunidad de Estados Latinoamericana y Caribeños (CELAC).

No obstante tales avances, existe otra dimensión del proceso regional en la que es menos evidente que consensos se expresan. Las dinámicas de la región, como espacio socio-político en construcción, actualmente está regida por los patrones de conflictos y cooperación entre gobiernos, empresas y actores sociales en torno a la utilización de los recursos naturales para fines de exportación y de insumos para la industria. Este es el caso de los recursos minerales y del agua de ríos para la generación de energía hidroeléctrica. A diferencia de las avances alcanzados en materia de construcción política regional en otros campos, el lugar que hoy ocupan los recursos naturales en la integración es más inquietante y potencialmente una fuente de tensiones.

Las políticas de utilización de tales recursos, y los conflictos socio-ambientales que se producen por las mismas, en su mayoría son de carácter nacional o sub-nacional. Sin embargo, al mismo tiempo se despliegan algunas iniciativas de carácter regional impulsadas por gobiernos o por actores sociales que regionalizan sus disputas como estrategias de acción frente a la orientación extractivista de algunos proyectos. Es decir que las dinámicas socio-políticas de construcción de un espacio político regional en Sudamérica van más allá de las distintas iniciativas intergubernamentales que se puedan emprender desde los estados. Los recursos naturales constituyen un eje de articulación tanto para iniciativas de cooperación interestatal como también para la movilización social transfronteriza.

La propuesta de este articulo es la de pensar las dinámicas de la construcción política regional desde ésta perspectiva, en la que las interacciones de cooperación y conflicto entre actores públicos, empresariales y sociales moldean el escenario regional, sus posibilidades y limitaciones.

La minería en zonas de frontera es una de las formas que se redefine el escenario social y político regional. El caso más paradigmático de ello es la frontera entre Argentina y Chile. Tradicionalmente, las fronteras internacionales eran zonas en donde no se permitía emprendimientos productivos (o extractivos) dado que constituían lugares sensibles a la defensa del territorio nacional. Los procesos de democratización e integración económica llevados a cabo en la región permitieron desactivar las hipótesis de conflicto que fundamentaron el imaginario geopolítico de gobiernos y sociedades nacionales durante gran parte del siglo veinte. Sin embargo, estos cambios estuvieron asimismo signados por la orientación neoliberal que marcó las políticas de integración durante la década del 90. Una de las características de ello fue el establecimiento de nuevas mecanismos institucionales para atraer y resguardar inversiones. La minería de frontera entre Argentina y Chile es producto de ello, y su expresión más acabada es el acuerdo binacional minero que fuera firmado en 1997 y ratificado en los parlamentos en el 2000.

El territorio comprendido por el acuerdo binacional cubre un área sobre la cordillera de los Andes de más de 200.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 95% de la frontera internacional de ambos países. El acuerdo concede a las empresas la disponibilidad de minerales y agua para sus procesos de extracción, así como poder de control fronterizo. Pascua Lama es el proyecto binacional de megaminería que fue posible con este acuerdo. Las empresas que desarrollan el proyecto son: Barrick Exploraciones Argentina y Exploraciones Mineras Argentinas, en la Republica Argentina, y Compañía Minera Nevada en Chile. Otros proyectos mineros ya han sido aprobados, amparados en el tratado binacional, se encuentran actualmente en diferentes etapas de desarrollo. Entre ellos, está el proyecto El Pachón en la provincia de San Juan.

El acuerdo minero binacional consiste en un modelo de integración territorial y representa un hito internacional, considerando la extensión del área cubierta, los volúmenes de minerales e inversiones que potencialmente se verían implicados y la posible replicabilidad de este modelo en otras zonas de frontera con comparables condiciones geológicas. Evidentemente, la replicabilidad de este enfoque para la explotación conjunta de depósitos minerales en zonas de jurisdicción nacional compartida está expuesta también a los vaivenes de las presiones sociales frente al extractivismo y al creciente grado de concientización sobre la necesidad de fundar nuevos paradigmas del desarrollo con criterios de sostenibilidad.

La tendencia de minería de frontera se confirma asimismo en otros países latinoamericanos sin que exista necesariamente ningún acuerdo entre los países. Este es caso de los proyectos de exploración minera que actualmente tienen lugar en la frontera de Costa Rica y Nicaragua, de El Salvador y Guatemala y de Perú y Ecuador en la llamada Cordillera del Cóndor – región que en 1995 fue epicentro de un conflicto bélico entre ambos países. En este ultimo caso, desde la resolución del conflicto bélico han habido grandes inversiones mineras atraídas por la riqueza de de yacimientos de oro de este lugar. Incluso sin un acuerdo minero entre ambos países, entre 2005 y 2010 se han triplicado el número de concesiones de exploración a empresas interesadas, en su mayoría del lado peruano de la frontera. Las empresas transnacionales mineras sin duda constituyen actores de creciente influencia en la redefinición del espacio regional y es de suponer que asimismo constituyen factores de influencia en los gobiernos para promover acuerdos mineros internacionales (los gobiernos de Alan García en Perú y Correa en Ecuador habían comenzado a explorar esta posibilidad).

La minería en zonas de frontera contribuye a regionalizar conflictos que se suscitan desde hace años en toda América Latina. Son conocidas las expresiones de resistencia a proyectos mineros llevados a por comunidades rurales en distintas provincias argentinas como Chubut, San Juan, Catamarca, La Rioja y Tucumán. Sin embargo, éstos no son casos aislados sino que se enmarcan en una tendencia generalizada de creciente conflictividad en zonas de exploración minera. Evidencia de ello es que actualmente existen 155 conflictos relacionados a esta actividad en todo Latinoamérica y el Caribe, en las que se ven implicadas 205 comunidades en relación a 168 proyectos mineros. Asimismo, según un informe a cargo del ex Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, John Ruggie, las industrias extractivas representan el 28 % de los casos de los casos de violaciones a los Derechos Humanos con complicidad de las empresas. Esta tendencia global se profundiza en América Latina. Un elemento común a tales conflictos es la ausencia de debate público sobre los cuáles son los beneficios y costos de estos proyectos – definidos en términos económicos, sociales y ambientales – así de cómo arbitrar equitativamente los derechos y responsabilidades de los principales beneficiarios y damnificados de los mismos. Las comunidades tampoco son consultadas previamente, según lo establece el Convenio 169 de la OIT, sin bien algunos cambios en esta dirección comienzan a promoverse en Bolivia, Perú y Ecuador.

Las resistencias sociales a la minería a cielo abierto, y especialmente en zonas de frontera, se traducen crecientemente en la búsqueda de estrategias de incidencia mediante la movilización transnacional. Ejemplo de ello es la realización de tribunales de opinión, en donde comunidades afectadas por la minería pueden denunciar simbólicamente los estragos de la minería en el ambiente y su impacto sobre los derechos de las poblaciones. Se realizó el primer “Tribunal Ético de Minería de Frontera” organizado por el Observatorio de Conflictos Minero de América Latina en Chile en el 2010. También el “Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Empresas Transnacionales” sesionó en Austria 2006, Perú/Colombia 2008 y España 2010 para denunciar la complicidad de empresas transnacionales en casos de violación de derechos humanos en Latinoamérica. Muchos de los casos denunciados están relacionados con la minería, además de la explotación de hidrocarburos, agronegocios, etc. Asimismo, se han creado redes de acción global para el intercambio de información y coordinación de campañas conjuntas. Estas son algunas de las formas que adquiere el activismo transnacional en respuesta a la minería y demás instancias de violaciones de derechos humanos en los que estados y empresas se ven acusados. En este sentido, la minería de frontera actúa como catalizador tanto de nuevos relacionamientos entre empresas y gobiernos, así como también de nuevas formas de resistencias sociales que intervienen en la redefinición del debate regional sobre los vínculos entre desarrollo sustentable y derechos humanos.

Además de la minería de frontera, las dinámicas de la integración regional en Sudamérica están regidas también por una serie de proyectos de infraestructura para la generación y transporte de energía hidroeléctrica. La abundancia de agua en la cuenca del Amazonas hace de esta zona el epicentro de una serie de redes interconectadas de represas y líneas de transmisión que se proyecta vincularán lugares de producción y consumo. La creciente demanda de energía esta dada por el crecimiento económico en las economías de los países sudamericanos, y especialmente del sector industrial brasileño y minero (esta actividad es gran demandante de agua para sus procesos de extracción del mineral). Estos cambios están dando lugar a nuevos patrones de la cooperación regional internacional en el que las empresas brasileñas juegan un papel clave como las concesionarias principales de los proyectos de infraestructura de energía hidroeléctrica.

La Iniciativa para la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), establece la financiación para estos proyectos. IIRSA es un mecanismo institucional creado en 2000 para la coordinación de las organizaciones intergubernamentales acciones con el objetivo de "promover el proceso de integración política, social y económica de América del Sur, incluyendo la modernización de la infraestructura regional y acciones específicas para estimular la integración y el desarrollo de las regiones aisladas de los subsistemas. IIRSA cuenta una cartera 524 proyectos de infraestructura en las áreas de transporte, energía y las comunicaciones, que se agrupan en 47 grupos de proyectos que representan una inversión estimada de dólares EE.UU. 96,119.2 millones de dólares. El Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) es también un actor regional clave en la movilización de recursos para los proyectos patrocinados por la IIRSA, tanto en territorio brasileño como también en países vecinos.

El Complejo Hidroeléctrico rio Madeira es uno de los proyectos más emblemáticos y la principal iniciativa hidroeléctrica del IIRSA. Una vez terminado, contará con cuatro represas interconectadas y será el de mayor tamaño de la cuenca del Amazonas. El BNDES provee parte del financiamiento para su construcción. Dos de las represas estarán emplazadas en Brasil mientras que una de ellas estará en territorio boliviano y la última en un río que demarca la frontera internacional entre Bolivia y Brasil.

Además, Brasil y Perú procuran la construcción de un mega-complejo hidroeléctrico en la Amazonía peruana financiado por Brasil. El objetivo de esta iniciativa es para generar electricidad en Perú para ser transportada sobre a Brasil para satisfacer su creciente demanda de energía. Para ello, ambos gobiernos negociaron un Acuerdo Energético que establece que Perú se compromete a exportar el 70% de la energía que produzcan sus centrales hidroeléctricas a Brasil durante un plazo de 50 años. Su construcción tendrá un costo de 4.000 millones de dólares e incluye también una línea de 357 kilómetros para tener la electricidad a la frontera brasileña. Una vez terminada la construcción del complejo, este será el mayor proyecto de energía hidroeléctrica en Perú y el quinto más grande en América Latina. Este proyecto y acuerdo energético ha sido objeto de grande críticas en Perú. El acuerdo fue firmado por los gobiernos de Alan García y de Ignácio Lula da Silva en 2010, pero actualmente está pendiente la ratificación del congreso peruano.

El acuerdo y proyecto ha sido objeto de serios cuestionamientos por los impactos ambientales y sociales de estas obras. En octubre de 2011 la principal concesionaria de este proyecto, la brasileña Odebrecht, decidió retirarse de la construcción de dos des las represas proyectadas como consecuencia de la oposición que este mega-proyecto genera en las poblaciones locales, sobre todo de pueblos originarios. El interés del gobierno brasileño por asegurar un acuerdo que le permita proveerse de energía a costos rentables se mantiene. Seguramente veremos nuevos intentos por reflotar el debate sobre este acuerdo, tal vez tomando en consideración las más recientes resistencias sociales que se han manifestado en repudio al mismo. Evidencia de ello es el proceso de revisión que emprenden los ocho países amazónicos de los mecanismos nacionales de consulta a grupos étnicos en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica.

En la medida que avanzan las iniciativas de integración sudamericana se pone en evidencia la ausencia de consensos sobre ciertas áreas sensibles como es el caso de los recursos naturales. Muchos cuestionamientos comienzan a aflorar en el debate regional, como las tensiones entre visiones productivistas del desarrollo y de ecología política en las que se propician formas de desarrollo sustentable, vinculadas a los derechos humanos, la armonía ambiental y formas de producción y consumo más inclusivas. Asimismo, se manifiesta la necesidad de nuevos mecanismos de toma de decisión en materia de recursos naturales, no sólo a nivel nacional sino especialmente en lo relacionado a proyectos regionales que involucran acuerdos entre estados e instrumentos de financiamiento regionales. Es fundamental abordar en profundidad las nuevas asimetrías que genera este tipo de integración, no solo entre economías de mayor y menor tamaño, perfiles productivos especializados como industriales y proveerdores de materias primas, sino también en la necesidad de formular marcos regionales regulatorios y de políticas específicamente sobre recursos naturales (coordinación fiscales, normas de protección ambiental, derecho a de consulta a las poblaciones, eficiencia energética, entre otras).

En un contexto de creación de una comunidad política sudamericana, los conflictos y desafíos del desarrollo sustentable se vuelven invariablemente preocupaciones de todo el bloque regional. Mientras antes podamos avanzar sobre nuevos consensos en materia de recursos naturales, mejor estaremos preparados para avanzar en la profundización de nuevas bases de soberanía.

Nota: Las ideas que aquí se exponen están desarrolladas en un artículo recientemente publicado como: Saguier, Marcelo (2012) ‘Socio-environmental regionalism in South America: tensions in the new development models’, The Rise of Post-Hegemonic Regionalism: The Case of Latin America, Pia Riggirozzi and Diana Tussie, eds., Series United Nations University Series on Regionalism, Springer.


- Dr. Marcelo Saguier es profesor de estudios internacionales e investigador CONICET/FLACSO
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