Lunes, 30 Julio 2012 07:10

Una consulta sobre la ruta

Una consulta sobre la ruta
El gobierno de Evo Morales inició ayer una consulta en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) para construir una carretera que uniría los departamentos de Cochabamba y Beni. En varias comunidades anunciaron que no permitirán la entrada de la comisión encargada de preguntarles, porque consideran que avalar el tendido de la vía implicaría la destrucción de su territorio y forma de vida. Indicaron que el presidente tampoco está cumpliendo con una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que lo manda a “concertar” con los originarios que se oponen a esta obra caminera. Si no obedece la medida judicial, todo el procedimiento podría invalidarse.

La consulta del gobierno empezó ayer en Oromomo, del lado de Beni, y en San Miguelito, del lado de Cochabamba. Hasta el 25 de agosto, los ministerios de Obras Públicas y de Medio Ambiente desplegarán 15 brigadas para visitar las 69 comunidades del Tipnis, de 1.200.000 hectáreas. Los resultados definitivos estarían a principios de septiembre.

La consulta se realizará de acuerdo con la ley 222, cuya constitucionalidad está “condicionada”, según una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a la concertación entre el gobierno nacional con los indígenas del Tipnis, pertenecientes a los pueblos Chimán, Mojeño y Yuracaré. Según miembros de este tribunal, no sería una consulta transparente si la efectúa el mismo gobierno que quiere construir la ruta Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

“El fallo ya debería de cumplirse, tal como dispone la sentencia, pero vemos que hay dificultades. Parece que la sentencia fuera un mero adorno y eso es lamentable”, dijo Gualberto Cusi Mamani, magistrado del TCP.

“Hasta el último día pueden estar concertando, definiendo puntos sobre cómo va a ser la consulta. Pero vemos que hay una polarización, y yo, la verdad, dudo de que la consulta se lleve a cabo”, dijo Cusi. Hay un problema semántico. Para el Movimiento Al Socialismo (MAS), “concertar” significa “hacer lo que la mayoría manda”.

“El Ministerio de Obras Públicas tiene la obligación de concertar con las comunidades. Desde nuestro punto de vista, cuando hablamos de ‘concertar’ hablamos de mayorías y minorías. Consensuar significa ‘cien por ciento’ (de aprobación) y si hay una sola persona que no está de acuerdo, no se puede hacer. Pero ese concepto no está en la Constitución”, dijo Vladimir Sánchez, ministro del área.

“El gobierno no debe estar interpretando el fallo constitucional, tiene que cumplir con la concertación, involucrando a todas las comunidades y habitantes del Tipnis. Tiene que buscar ese objetivo y llegar a un consenso, porque hay jurisprudencia internacional en ese aspecto. Pero el gobierno quiere interpretar a su manera. Estamos como antes, en un estado colonial”, dijo Cusi a la red Erbol.

“Las partes afectadas podrían acudir tranquilamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), podrían apelar y eso sería catastrófico para Bolivia”, razonó el magistrado.

De la consulta participan veedores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unasur. Para los indígenas que rechazan la construcción de una ruta por dentro del Tipnis, la presencia de la OEA garantizará la nulidad del procedimiento, porque verán las resistencias dentro del territorio al proyecto de Morales.

“No es una consulta previa, porque el proyecto carretero y la plata para construirlo están desde 2008. No es una consulta de buena fe, porque desde hace meses la gente del gobierno va a las comunidades con motores fuera de borda, generadores de electricidad y otros regalos para comprar conciencias y dividir a las organizaciones indígenas. Además se está vulnerando la sentencia del TCP, que es vinculante y de obligatorio cumplimiento. Así, todos los actos serán declarados nulos de pleno derecho, algunos funcionarios del gobierno serán procesados por incumplimiento de deberes y desacato a la ley”, dijo Rafael Quispe, de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).

Publicado enInternacional
La integración sudamericana y los conflictos socio-ambientales
Los procesos de integración regional en Sudamérica han dado importantes pasos en la construcción de una comunidad política en base a valores y expectativas comunes. La defensa de la democracia, la resolución de conflictos mediante la diplomacia, el resguardo de la paz y la reivindicación conjunta de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas ante los diferendos con el Reino Unido han sido algunos de campos en donde se logró alcanzar un inédito dinamismo y convergencia regional. Muchos de estos consensos acompañaron el surgimiento de nuevas formas institucionales como la UNASUR, ALBA y la Comunidad de Estados Latinoamericana y Caribeños (CELAC).

No obstante tales avances, existe otra dimensión del proceso regional en la que es menos evidente que consensos se expresan. Las dinámicas de la región, como espacio socio-político en construcción, actualmente está regida por los patrones de conflictos y cooperación entre gobiernos, empresas y actores sociales en torno a la utilización de los recursos naturales para fines de exportación y de insumos para la industria. Este es el caso de los recursos minerales y del agua de ríos para la generación de energía hidroeléctrica. A diferencia de las avances alcanzados en materia de construcción política regional en otros campos, el lugar que hoy ocupan los recursos naturales en la integración es más inquietante y potencialmente una fuente de tensiones.

Las políticas de utilización de tales recursos, y los conflictos socio-ambientales que se producen por las mismas, en su mayoría son de carácter nacional o sub-nacional. Sin embargo, al mismo tiempo se despliegan algunas iniciativas de carácter regional impulsadas por gobiernos o por actores sociales que regionalizan sus disputas como estrategias de acción frente a la orientación extractivista de algunos proyectos. Es decir que las dinámicas socio-políticas de construcción de un espacio político regional en Sudamérica van más allá de las distintas iniciativas intergubernamentales que se puedan emprender desde los estados. Los recursos naturales constituyen un eje de articulación tanto para iniciativas de cooperación interestatal como también para la movilización social transfronteriza.

La propuesta de este articulo es la de pensar las dinámicas de la construcción política regional desde ésta perspectiva, en la que las interacciones de cooperación y conflicto entre actores públicos, empresariales y sociales moldean el escenario regional, sus posibilidades y limitaciones.

La minería en zonas de frontera es una de las formas que se redefine el escenario social y político regional. El caso más paradigmático de ello es la frontera entre Argentina y Chile. Tradicionalmente, las fronteras internacionales eran zonas en donde no se permitía emprendimientos productivos (o extractivos) dado que constituían lugares sensibles a la defensa del territorio nacional. Los procesos de democratización e integración económica llevados a cabo en la región permitieron desactivar las hipótesis de conflicto que fundamentaron el imaginario geopolítico de gobiernos y sociedades nacionales durante gran parte del siglo veinte. Sin embargo, estos cambios estuvieron asimismo signados por la orientación neoliberal que marcó las políticas de integración durante la década del 90. Una de las características de ello fue el establecimiento de nuevas mecanismos institucionales para atraer y resguardar inversiones. La minería de frontera entre Argentina y Chile es producto de ello, y su expresión más acabada es el acuerdo binacional minero que fuera firmado en 1997 y ratificado en los parlamentos en el 2000.

El territorio comprendido por el acuerdo binacional cubre un área sobre la cordillera de los Andes de más de 200.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 95% de la frontera internacional de ambos países. El acuerdo concede a las empresas la disponibilidad de minerales y agua para sus procesos de extracción, así como poder de control fronterizo. Pascua Lama es el proyecto binacional de megaminería que fue posible con este acuerdo. Las empresas que desarrollan el proyecto son: Barrick Exploraciones Argentina y Exploraciones Mineras Argentinas, en la Republica Argentina, y Compañía Minera Nevada en Chile. Otros proyectos mineros ya han sido aprobados, amparados en el tratado binacional, se encuentran actualmente en diferentes etapas de desarrollo. Entre ellos, está el proyecto El Pachón en la provincia de San Juan.

El acuerdo minero binacional consiste en un modelo de integración territorial y representa un hito internacional, considerando la extensión del área cubierta, los volúmenes de minerales e inversiones que potencialmente se verían implicados y la posible replicabilidad de este modelo en otras zonas de frontera con comparables condiciones geológicas. Evidentemente, la replicabilidad de este enfoque para la explotación conjunta de depósitos minerales en zonas de jurisdicción nacional compartida está expuesta también a los vaivenes de las presiones sociales frente al extractivismo y al creciente grado de concientización sobre la necesidad de fundar nuevos paradigmas del desarrollo con criterios de sostenibilidad.

La tendencia de minería de frontera se confirma asimismo en otros países latinoamericanos sin que exista necesariamente ningún acuerdo entre los países. Este es caso de los proyectos de exploración minera que actualmente tienen lugar en la frontera de Costa Rica y Nicaragua, de El Salvador y Guatemala y de Perú y Ecuador en la llamada Cordillera del Cóndor – región que en 1995 fue epicentro de un conflicto bélico entre ambos países. En este ultimo caso, desde la resolución del conflicto bélico han habido grandes inversiones mineras atraídas por la riqueza de de yacimientos de oro de este lugar. Incluso sin un acuerdo minero entre ambos países, entre 2005 y 2010 se han triplicado el número de concesiones de exploración a empresas interesadas, en su mayoría del lado peruano de la frontera. Las empresas transnacionales mineras sin duda constituyen actores de creciente influencia en la redefinición del espacio regional y es de suponer que asimismo constituyen factores de influencia en los gobiernos para promover acuerdos mineros internacionales (los gobiernos de Alan García en Perú y Correa en Ecuador habían comenzado a explorar esta posibilidad).

La minería en zonas de frontera contribuye a regionalizar conflictos que se suscitan desde hace años en toda América Latina. Son conocidas las expresiones de resistencia a proyectos mineros llevados a por comunidades rurales en distintas provincias argentinas como Chubut, San Juan, Catamarca, La Rioja y Tucumán. Sin embargo, éstos no son casos aislados sino que se enmarcan en una tendencia generalizada de creciente conflictividad en zonas de exploración minera. Evidencia de ello es que actualmente existen 155 conflictos relacionados a esta actividad en todo Latinoamérica y el Caribe, en las que se ven implicadas 205 comunidades en relación a 168 proyectos mineros. Asimismo, según un informe a cargo del ex Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, John Ruggie, las industrias extractivas representan el 28 % de los casos de los casos de violaciones a los Derechos Humanos con complicidad de las empresas. Esta tendencia global se profundiza en América Latina. Un elemento común a tales conflictos es la ausencia de debate público sobre los cuáles son los beneficios y costos de estos proyectos – definidos en términos económicos, sociales y ambientales – así de cómo arbitrar equitativamente los derechos y responsabilidades de los principales beneficiarios y damnificados de los mismos. Las comunidades tampoco son consultadas previamente, según lo establece el Convenio 169 de la OIT, sin bien algunos cambios en esta dirección comienzan a promoverse en Bolivia, Perú y Ecuador.

Las resistencias sociales a la minería a cielo abierto, y especialmente en zonas de frontera, se traducen crecientemente en la búsqueda de estrategias de incidencia mediante la movilización transnacional. Ejemplo de ello es la realización de tribunales de opinión, en donde comunidades afectadas por la minería pueden denunciar simbólicamente los estragos de la minería en el ambiente y su impacto sobre los derechos de las poblaciones. Se realizó el primer “Tribunal Ético de Minería de Frontera” organizado por el Observatorio de Conflictos Minero de América Latina en Chile en el 2010. También el “Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Empresas Transnacionales” sesionó en Austria 2006, Perú/Colombia 2008 y España 2010 para denunciar la complicidad de empresas transnacionales en casos de violación de derechos humanos en Latinoamérica. Muchos de los casos denunciados están relacionados con la minería, además de la explotación de hidrocarburos, agronegocios, etc. Asimismo, se han creado redes de acción global para el intercambio de información y coordinación de campañas conjuntas. Estas son algunas de las formas que adquiere el activismo transnacional en respuesta a la minería y demás instancias de violaciones de derechos humanos en los que estados y empresas se ven acusados. En este sentido, la minería de frontera actúa como catalizador tanto de nuevos relacionamientos entre empresas y gobiernos, así como también de nuevas formas de resistencias sociales que intervienen en la redefinición del debate regional sobre los vínculos entre desarrollo sustentable y derechos humanos.

Además de la minería de frontera, las dinámicas de la integración regional en Sudamérica están regidas también por una serie de proyectos de infraestructura para la generación y transporte de energía hidroeléctrica. La abundancia de agua en la cuenca del Amazonas hace de esta zona el epicentro de una serie de redes interconectadas de represas y líneas de transmisión que se proyecta vincularán lugares de producción y consumo. La creciente demanda de energía esta dada por el crecimiento económico en las economías de los países sudamericanos, y especialmente del sector industrial brasileño y minero (esta actividad es gran demandante de agua para sus procesos de extracción del mineral). Estos cambios están dando lugar a nuevos patrones de la cooperación regional internacional en el que las empresas brasileñas juegan un papel clave como las concesionarias principales de los proyectos de infraestructura de energía hidroeléctrica.

La Iniciativa para la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), establece la financiación para estos proyectos. IIRSA es un mecanismo institucional creado en 2000 para la coordinación de las organizaciones intergubernamentales acciones con el objetivo de "promover el proceso de integración política, social y económica de América del Sur, incluyendo la modernización de la infraestructura regional y acciones específicas para estimular la integración y el desarrollo de las regiones aisladas de los subsistemas. IIRSA cuenta una cartera 524 proyectos de infraestructura en las áreas de transporte, energía y las comunicaciones, que se agrupan en 47 grupos de proyectos que representan una inversión estimada de dólares EE.UU. 96,119.2 millones de dólares. El Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) es también un actor regional clave en la movilización de recursos para los proyectos patrocinados por la IIRSA, tanto en territorio brasileño como también en países vecinos.

El Complejo Hidroeléctrico rio Madeira es uno de los proyectos más emblemáticos y la principal iniciativa hidroeléctrica del IIRSA. Una vez terminado, contará con cuatro represas interconectadas y será el de mayor tamaño de la cuenca del Amazonas. El BNDES provee parte del financiamiento para su construcción. Dos de las represas estarán emplazadas en Brasil mientras que una de ellas estará en territorio boliviano y la última en un río que demarca la frontera internacional entre Bolivia y Brasil.

Además, Brasil y Perú procuran la construcción de un mega-complejo hidroeléctrico en la Amazonía peruana financiado por Brasil. El objetivo de esta iniciativa es para generar electricidad en Perú para ser transportada sobre a Brasil para satisfacer su creciente demanda de energía. Para ello, ambos gobiernos negociaron un Acuerdo Energético que establece que Perú se compromete a exportar el 70% de la energía que produzcan sus centrales hidroeléctricas a Brasil durante un plazo de 50 años. Su construcción tendrá un costo de 4.000 millones de dólares e incluye también una línea de 357 kilómetros para tener la electricidad a la frontera brasileña. Una vez terminada la construcción del complejo, este será el mayor proyecto de energía hidroeléctrica en Perú y el quinto más grande en América Latina. Este proyecto y acuerdo energético ha sido objeto de grande críticas en Perú. El acuerdo fue firmado por los gobiernos de Alan García y de Ignácio Lula da Silva en 2010, pero actualmente está pendiente la ratificación del congreso peruano.

El acuerdo y proyecto ha sido objeto de serios cuestionamientos por los impactos ambientales y sociales de estas obras. En octubre de 2011 la principal concesionaria de este proyecto, la brasileña Odebrecht, decidió retirarse de la construcción de dos des las represas proyectadas como consecuencia de la oposición que este mega-proyecto genera en las poblaciones locales, sobre todo de pueblos originarios. El interés del gobierno brasileño por asegurar un acuerdo que le permita proveerse de energía a costos rentables se mantiene. Seguramente veremos nuevos intentos por reflotar el debate sobre este acuerdo, tal vez tomando en consideración las más recientes resistencias sociales que se han manifestado en repudio al mismo. Evidencia de ello es el proceso de revisión que emprenden los ocho países amazónicos de los mecanismos nacionales de consulta a grupos étnicos en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica.

En la medida que avanzan las iniciativas de integración sudamericana se pone en evidencia la ausencia de consensos sobre ciertas áreas sensibles como es el caso de los recursos naturales. Muchos cuestionamientos comienzan a aflorar en el debate regional, como las tensiones entre visiones productivistas del desarrollo y de ecología política en las que se propician formas de desarrollo sustentable, vinculadas a los derechos humanos, la armonía ambiental y formas de producción y consumo más inclusivas. Asimismo, se manifiesta la necesidad de nuevos mecanismos de toma de decisión en materia de recursos naturales, no sólo a nivel nacional sino especialmente en lo relacionado a proyectos regionales que involucran acuerdos entre estados e instrumentos de financiamiento regionales. Es fundamental abordar en profundidad las nuevas asimetrías que genera este tipo de integración, no solo entre economías de mayor y menor tamaño, perfiles productivos especializados como industriales y proveerdores de materias primas, sino también en la necesidad de formular marcos regionales regulatorios y de políticas específicamente sobre recursos naturales (coordinación fiscales, normas de protección ambiental, derecho a de consulta a las poblaciones, eficiencia energética, entre otras).

En un contexto de creación de una comunidad política sudamericana, los conflictos y desafíos del desarrollo sustentable se vuelven invariablemente preocupaciones de todo el bloque regional. Mientras antes podamos avanzar sobre nuevos consensos en materia de recursos naturales, mejor estaremos preparados para avanzar en la profundización de nuevas bases de soberanía.

Nota: Las ideas que aquí se exponen están desarrolladas en un artículo recientemente publicado como: Saguier, Marcelo (2012) ‘Socio-environmental regionalism in South America: tensions in the new development models’, The Rise of Post-Hegemonic Regionalism: The Case of Latin America, Pia Riggirozzi and Diana Tussie, eds., Series United Nations University Series on Regionalism, Springer.


- Dr. Marcelo Saguier es profesor de estudios internacionales e investigador CONICET/FLACSO
Publicado enInternacional
Falso dilema: ambientalismo versus extractivismo
En el debate actual en Bolivia y en América Latina se ha posicionado intencionadamente el dilema entre ambientalismo versus extractivismo, orientado especialmente a valorar y criticar los procesos políticos y económicos de algunos países, en particular los casos de Perú, Bolivia y Ecuador, dejando de lado otras contradicciones que son fundamentales en relación a las condiciones históricas y sociales de nuestros países y a los desafíos para enfrentar los graves problemas de atraso, dependencia y pobreza.

Estos problemas no son solamente del presente, sino que provienen de causas que se han establecido estructuralmente tanto por la opresión colonial e imperialista más que centenaria, como por las relaciones internas marcadas por grandes desigualdades sociales y económicas. Los pueblos y países oprimidos, como los de nuestra región, han sido y son víctimas del capitalismo internacional que ha impuesto una división internacional del trabajo en la que las potencias consiguen grandes riquezas y recursos a costa de la pobreza, expoliación y marginalidad de millones de seres humanos, en el contexto de la relación centro-periferia del sistema mundo.

Por eso, en el fondo de la confrontación entre la defensa medioambiental y la economía de explotación primaria de recursos naturales se encuentra la misma pista: es decir ambos polos son parte de la estrategia imperialista de controlar los medios de vida más importantes del planeta.

La defensa medioambiental, en los términos del interés de las potencias industriales, significa impedir el uso interno endógeno de esos recursos para impulsar procesos de desarrollo e industrialización independiente en las semicolonias y países del Tercer Mundo e inclusive impulsar la creación de “reservas naturales de la humanidad”, como es el caso de la región amazónica, rechazadas por Brasil y otros países de la región. Por otra parte, la postura de economía extractivista de materias primarias en el viejo modelo primario-exportador es también parte de las políticas transnacionales para mantener su hegemonía y control sobre los recursos estratégicos frente a intentos de desarrollar políticas independientes y de potenciamiento interno hacia la integración regional.

La alianza entre las transnacionales con las oligarquías y burguesías dependientes ha generado un patrón de dominación política que, en algunos casos, está siendo cuestionado por las fuerzas populares emergentes bajo una bandera del nacionalismo defensivo con proyecciones de fortalecer la economía estatal y social que permite una mejor redistribución de las riquezas y los excedentes.

El mayor temor de las transnacionales y de las potencias capitalistas es que en nuestros países se consigan mayores márgenes de independencia economía, soberanía política y participación de las masas, junto al avance de procesos de integración y complementación regional que conviertan nuestra región en un espacio geográfico, geopolítico y económico con poder propio y autosuficiencia ante los desafíos que se presentan en el mapa internacional.

El uso interno de los recursos naturales en procesos de industrialización avanzada, la incorporación de valor agregado, el incremento de posibilidades de trabajo, la complementación económica y comercial entre los países vecinos y la capacidad de enfrentar la crisis capitalista europea y norteamericana pasan por emprender a profundidad los procesos integracionistas que se perfilan. El Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que impulsan la integración política, militar, energética, bancario-financiera, comercial, cultural y social son expresiones valiosas en la perspectiva de conseguir la unidad de la Patria Grande.

Las mayores expectativas desde inicios del siglo se produjeron en los casos de Venezuela con Chávez, Bolivia con Morales, Ecuador con Correa y Brasil con Lula, sin embargo los pasos se fueron desviando peligrosamente en distintos caminos. Las iniciativas de Chávez no tuvieron la repercusión y el acompañamiento de los otros líderes y tampoco sus funcionarios fueron eficientes en la perspectiva trazada; Brasil emprendió una estrategia aislacionista o, en su caso, avanzó en relaciones de dominación política y económica hacia los otros países de la región y Correa y Morales tuvieron que negociar y aceptar imposiciones en distintos campos.

En el caso boliviano el problema es mayor porque el gobierno Evo Morales no solamente cedió ante las transnacionales petroleras, mineras y financieras, sino que ha impulsado la aprobación de una Constitución y políticas que tienden a impulsar la división geográfica, la fragmentación nacional y la aparición de innumerables conflictos entre comunidades, regiones, departamentos, sindicatos, cooperativas y otras organizaciones sobre la base del reconocimiento de inexistentes 36 naciones y de un estado plurinacional que genera expectativas de autodeterminación y derechos por encima de la unidad del país.

De esta manera, con la división interna, se hace imposible pensar en aportar efectivamente en procesos de unidad e integración regional, sudamericana y latinoamericana y, por el contrario, se abren opciones de maniobra para quienes, desde el extractivismo o desde el medioambientalismo, pretender hacer abortar definitivamente los procesos de avance social y económico que se consiguieron en la última década.

El contexto mundial en esta hora clave de la historia de los pueblos, por la crisis del capitalismo central y la ausencia de alternativas dentro del mismo, abre posibilidades para una propuesta democrática más intensa y comprometida con el desarrollo integral de los sectores y clases populares, hacia la integración basada en la liberación nacional y la construcción de un socialismo nacional latinoamericano.

Eduardo Paz Rada, sociólogo, académico de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia


Publicado enInternacional
Cambio climático: ‘esto recién comienza’
Las pruebas que demuestran la existencia del cambio climático están golpeando fuertemente a Estados Unidos este verano: de los incendios forestales en las montañas de Colorado a la reciente tormenta “Derecho”, que dejó un saldo de al menos 23 muertos y 1,4 millones de personas sin electricidad de Illinois a Virginia. La frase “eventos climáticos extremos” aparece en las pantallas de televisión a lo ancho del país. Sin embargo, su vínculo con el cambio climático es omitido sistemáticamente, cuando no es objeto de burla. Si nuestros medios de comunicación y, en especial, los meteorólogos que trabajan en ellos, continúan omitiendo el vínculo esencial entre los eventos climáticos extremos y el cambio climático, entonces nosotros, como país, los mayores contaminadores per cápita del planeta, quizá no actuemos a tiempo para evitar una catástrofe aún peor.

 
La semana pasada se batieron más de 2.000 récords de temperaturas máximas en todo Estados Unidos. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), el organismo gubernamental que realiza un seguimiento de estos datos, informó que la primavera de 2012 “registró el mayor alejamiento de la temperatura promedio que cualquier otra estación de la que se tenga registro en la zona continental de Estados Unidos”. La NOAA afirma que las temperaturas récord registradas en mayo “han sido tan extremadamente diferentes que establecen un nuevo “parámetro” aparte con respecto a las temperaturas históricas registradas hasta la fecha”.

 
En Colorado, siete grandes incendios están ardiendo en este momento. Dos personas murieron y 347 hogares fueron destruidos como consecuencia del incendio del Cañón Waldo en Colorado Springs, mientras que el incendio de High Park dejó un saldo de un muerto y 259 hogares destruidos. Si bien los incendios están oficialmente “controlados”, la Oficina de Manejo de Emergencias de Colorado afirma que el incendio no se apagará hasta que se produzca un “evento de la naturaleza como lluvia o nieve durante un período de tiempo prolongado”. La tormenta “Derecho” es otro ejemplo de esto. Como lo indica su nombre, justamente lo que hizo la tormenta fue seguir un camino recto de destrucción imparable: se formó cerca de Chicago y azotó el este del país, dejando a su paso varios muertos, además de derribar varias redes de tendido eléctrico.

 
A los incendios y las tormentas se suma la sequía. Según el Dr. Jeff Masters, uno de los pocos meteorólogos que vincula a menudo el clima extremo con el cambio climático, “en la zona continental de Estados Unidos, un 72% del área terrestre fue clasificada como seca o en condiciones de sequía” la semana pasada. “Se registrarán eventos climáticos de este tipo cada vez con mayor frecuencia, habrá más impactos como los que hemos visto a raíz de las olas de calor, los incendios y las tormentas. …Esto recién comienza”.

 
Por suerte también veremos con más frecuencia a Jeff Masters. En 1995 co-fundó el conocido sitio web sobre clima Weather Underground. Esta semana anunció que el sitio fue adquirido por The Weather Channel, quizá el mayor proveedor de informes sobre los eventos climáticos extremos. Masters promete que su blog tendrá el mismo enfoque que antes y que espera llegar al gran público que sigue día a día a The Weather Channel. Se necesitan muchos meteorólogos como Masters para contrarrestar a quienes niegan la importancia del cambio climático provocado por el hombre, como lo hace el carismático Rob Marciano, que brinda el informe del tiempo en CNN. En 2007, un juez británico estaba considerando prohibir la película de Al Gore “Una verdad incómoda” en las escuelas de Inglaterra. Luego de la noticia, Marciano dijo en CNN: “Por fin. Por fin. Ya saben, los premios Oscar son premios a las películas de ficción también. Como hemos visto, no está demostrado que el calentamiento global provoque huracanes más intensos”. En respuesta a ese clip característico, Masters me dijo: “Los meteorólogos de la televisión se están perdiendo una gran oportunidad de educar y decirle a la población lo que probablemente sucederá”.

 
Más allá de las fronteras de los países ricos como Estados Unidos, en los países en desarrollo, donde vive la mayoría de la población mundial, los impactos del cambio climático son mucho más letales y abarcan desde la creciente desertificación de África hasta la amenaza del aumento del nivel del mar y la desaparición de pequeños Estados insulares.

 
Los medios estadounidenses pueden desempeñar un papel fundamental en la educación de la población sobre el cambio climático. Imaginen si la mitad de las veces que se habla de ‘clima extremo’ en las pantallas de televisión se mencionara ‘calentamiento global’. Esta semana en que se conmemora el Día de la Independencia, los estadounidenses podrían comenzar a ejercer presión para poner fin a nuestra dependencia de los combustibles fósiles y seguir un camino saludable hacia la independencia que brinda la energía sustentable.

 
--------------------------------------------------------------------------------

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.


Publicado el 6 de julio de 2012
 
 
Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Publicado enInternacional
Las protestas detienen la construcción de una fábrica de aleación de cobre en China
Internet y una mayor conciencia ciudadana se han convertido en el motor de las cada vez más frecuentes protestas en China para luchar contra la degradación ambiental y las injusticias sociales. El último episodio que refleja esta situación se ha producido en la ciudad de Shifang (provincia suroccidental de Sichuan), donde el Gobierno se ha visto obligado a suspender la construcción de una fábrica de aleación de cobre, después de que miles de vecinos –incluidos colegiales- tomaran las calles para rechazar la planta, preocupados por su impacto contaminante. Lo que el domingo comenzó como una manifestación pacífica, el lunes degeneró en violentos enfrentamientos con la policía.


Las autoridades de Shifang han publicado este martes un anuncio en su página web en el que aseguran que la construcción ha sido detenida temporalmente mientras son enviados equipos a educar a los ciudadanos sobre el proyecto. El aviso afirma que seguir adelante sin haber logrado la comprensión y el apoyo públicos supone una amenaza para la estabilidad social. Pero al mismo tiempo han amenazado con “castigar duramente” a quienes continúen las movilizaciones.


“Cualquiera que haya incitado, planeado u organizado concentraciones ilegales, marchas de protesta o manifestaciones y aquellos que han participado en destrozos o saqueos (…) serán duramente castigados”, ha afirmado la policía. “Cualquiera que utilice Internet, mensajes de telefonía móvil y otros medios para incitar, planear u organizar concentraciones ilegales, marchas de protesta o manifestaciones debe cesar inmediatamente sus actividades ilegales”. Las autoridades aseguran que los cabecillas serán castigados, especialmente aquellos que no se entreguen a la policía en un plazo de tres días.


Las movilizaciones se volvieron violentas el lunes, cuando miles de residentes arremetieron contra la sede del gobierno local, dañaron coches de la policía y se enfrentaron con los antidisturbios, según la prensa de Hong Kong. La ira creció entre los vecinos cuando comenzaron a circular en Internet fotos y vídeos de la policía utilizando gases lacrimógenos y golpeando a la gente con palos. Al menos 13 personas -según ha comunicado el Gobierno local en su cuenta en Weibo, el Twitter chino- resultaron heridas después de que los agentes se emplearan a fondo para dispersar a la muchedumbre. Las autoridades han negado que haya muerto una persona, en contra de lo que afirman algunos internautas.


Las fotos que han circulado ampliamente en foros y mircoblogs muestran las calles con nubes de gases lacrimógenos y personas heridas. En ellas, se ve también a gente caminando con pancartas en las que piden la paralización del proyecto y la protección del medioambiente. En otras, se ve a manifestantes arrojando botellas de agua de plástico a las fuerzas de seguridad. La fábrica procesaría un metal pesado y los vecinos temen que contamine la ciudad. Shifang está situada a unos 50 kilómetros de Chengdu, capital de Sichuan, y tiene 220.000 habitantes.


En un comunicado anterior, el Gobierno de Shifang ha culpado a “gente con motivos ocultos” de estar detrás de la participación de los estudiantes para llevar a cabo la protesta coincidiendo con el aniversario, el 1 de julio, del nacimiento del Partido Comunista Chino. Las autoridades han citado directamente al movimiento de inspiración budista Falun Gong –ilegal en China continental, que lo considera un “culto diabólico”- y a los “separatistas” del Dalai Lama, líder espiritual de los tibetanos, que vive en el exilio en India.


El grupo Hongda, propietario de la fábrica, que cotiza en la Bolsa de Shanghái, es uno de los mayores productores de zinc y plomo de China. Su objetivo inicial era que la instalación, destinada a refinar molibdeno de cobre, estuviera finalizada para 2015.


La contaminación se ha convertido en una de las principales causas de protestas en China. En agosto del año pasado, miles de personas forzaron el cierre de una planta química en la ciudad portuaria de Dalian (noreste de China). En aquel caso, sin embargo, las protestas fueron mayormente pacíficas.


Las disturbios sociales son uno de los principales quebraderos de cabeza del Gobierno chino, que tiene que hacer frente cada año a miles por un amplio abanico de motivos, que van desde la contaminación a las expropiaciones ilegales de suelo, la corrupción, los abusos laborales o las disputas étnicas.


Las autoridades suelen responder vetando la información, pero los ciudadanos acuden a Internet y a microblogs como Weibo para organizarse, y difunden las noticias con tal rapidez que los censores no pueden impedirlo. Shifang es este martes el tema más solicitado en Weibo con más de 10 millones de búsquedas.


Por Jose Reinoso Pekín 3 JUL 2012 - 13:12 CET


Publicado enInternacional
Sábado, 30 Junio 2012 08:13

Primavera silenciosa menos 50

Primavera silenciosa menos 50
Con más de dos años de preparación, se realizó la conferencia Río+20 de Naciones Unidas, titulada Conferencia Mundial por el Desarrollo Sostenible. Los resultados son extraordinariamente magros y apenas en línea con los de la conferencia Río92, que, aunque con muchas contradicciones, reconoció que urgía considerar desarrollo y medio ambiente en conjunto, y dio origen a varias convenciones multilaterales (Diversidad Biológica, Desertificación, Cambio Climático y otras posteriores) y a la institucionalidad ambiental del planeta (tratados internacionales y regionales, ministerios e instituciones de medio ambiente, etcétera).

Ahora en medio de profundas crisis gobales (financiera, ambiental, climática, alimentaria), la conferencia destacó por evitar los temas esenciales y apenas "reafirmar", con trabajo, acuerdos de hace 20 años.

Desde el Grupo ETC señalamos que es más exacto llamar a esta conferencia "Primavera Silenciosa -50", recordando el libro de Rachel Carson que en 1962 conmocionó al mundo al denunciar el efecto mortal de los plaguicidas y químicos sobre los pájaros y el medio ambiente, inspirando el surgimiento de varios movimientos ambientalistas.

En lugar de avanzar drásticamente para desarmar los mitos y falsedades de gobiernos y trasnacionales para seguir llenando impunemente de tóxicos la comida, el agua, el aire, los cuerpos y el ambiente, la conferencia quedó atrapada entre los países que querían volver más atrás de 92 (como Estados Unidos), los que pretendían avanzar en la falacia de la llamada "economía verde" (como Europa y otros) y muchos países del Sur que criticaron esa economía verde (lo cual teóricamente es bueno) pero lo hicieron porque lo ven como una "traba al desarrollo" y potencial fuente de nuevas condicionalidades para financiamiento. En el camino se retrocedió en principios básicos establecidos en Río92, como el de "responsabilidades comunes pero diferenciadas" –que alude a que son principalmente los países más industrializados y sus trasnacionales quienes se beneficiaron y crearon los problemas ambientales y deben asumir mayor responsabilidad por ello–; el derecho a la información y el de "el contaminador paga" (aún siendo un principio perverso, porque significa que los que tienen dinero se compran el derecho a contaminar). Para botón de muestra del tono de las negociaciones, baste decir que el capítulo sobre minería, una de las actividades más contaminantes del planeta, que en la última década ha avanzado vertiginosamente devastando aguas, tierras y territorios indígenas y campesinos, fue "coordinado" por Canadá, patria global de las mafiosas trasnacionales mineras. Como consecuencia, se borró la referencia a obligación de consulta previa a comunidades indígenas y locales (que igual aplica porque está asentada en otros convenios, pero significativamente quisieron eliminar del tema minería).

La única "novedad" de la conferencia fue el empuje a la llamada "economía verde", que pretende aumentar los mercados financieros con la naturaleza y legitimar el uso de nuevas tecnologías para "resolver" los problemas, sin tener que tocar los patrones dominantes de producción y consumo.

No salió como mensaje limpio como pretendían sus principales promotores (gobiernos de Unión Europea, Korea, Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, PNUMA) en parte por la resistencia desde muchos países del Sur, pero también el planteo desconoce las causas de la crisis financiera, cuando se basa en aumentar los mercados financieros (de carbono, biodiversidad, servicios ambientales). Sin embargo, pese a la controversia, el documento de Río+20 llama a crear "ambientes propicios" legal y financieramente, da un concepto ambiguo de economía verde, que sin duda será interpretado por las trasnacionales, los gobiernos y las instituciones financieras internacionales según les convenga y aumenta las potestades del Pnuma.

Cabe destacar la reserva explícita de Bolivia en la plenaria final, que “rechaza la "economía verde" como modelo y herramienta para la privatización de la naturaleza y la sociedad (… y se reserva ante…) cualquier interpretación derivada como: mercantilización de funciones y ciclos de la naturaleza y pago por servicios ambientales…”

La tecnología como "solución" y una visión estrecha y lineal de la ciencia, quedó omnipresente en todos los temas, lo que convierte en más significativo que desde el Grupo ETC y organizaciones de la sociedad civil, logramos que se reconociera la necesidad de evaluar previamente a nivel nacional, regional e internacional a las nuevas tecnologías, "en vista del rápido desarrollo y despliegue de tecnologías que puedan tener efectos negativos, en particular sobre la biodiversidad y la salud, y otras consecuencias imprevistas". Además, se reforzó el rechazo a la fertilización oceánica, una de las técnicas de geoingeniería más desarrolladas, abriendo camino para la prohibición de la geoingeniería en su conjunto, demanda asumida explícitamente desde la Cumbre de los Pueblos por Justicia Social y Ambiental.

La Cumbre de los Pueblos logró robar atención mediática con varias movilizaciones y una manifestación unitaria de todos los movimientos sociales con 80 mil personas. Lo más importante sin embargo fue la forma novedosa de participación real de miles de personas en plenarias temáticas –no de aclamación y masividad solamente, sino de reflexión y construcción detallada de diagnóstico y propuestas colectivas– que volvieron al centro del debate los temas de fondo: la crisis múltiples del sistema capitalista y las falacias de las falsas "soluciones", como la economía verde.

Publicado enInternacional
Términos de la discusión ecológica actual
La Río+20 ha provocado una amplia discusión sobre cuestiones ecológicas. Como no todos entienden los términos técnicos de la temática, publicamos aquí un artículo del ecologista más conocido del Estado de Río, Arthur Soffiati, de Campos de Goytacazes, RJ, fundador del Centro Norte Fluminense para la Conservación de la Naturaleza, publicado el 14 de mayo de 2012 en la Folha da Manhã de esa ciudad. Estas son las palabras principales: Ecodesarrollo sostenible, economía verde, huella ecológica, antropoceno.

Hace cerca de 11 mil años, la temperatura de la Tierra comenzó a aumentar de modo natural, ocasionando el derretimiento progresivo de la última gran glaciación. Gran parte del agua, al pasar del estado sólido al líquido, elevó el nivel de los mares, separó tierras de los continentes, formó islas, incentivó la formación de bosques y de otros ambientes. Los científicos dieron a esta nueva fase el nombre de Holoceno.

En estos últimos 11 mil años de los Homínidos solo quedó el Homo sapiens, que se volvió soberano en todo en planeta. Con un cerebro bien desarrollado, fue desafiado por las nuevas condiciones climáticas y domesticó plantas y animales, inventó la actividad agropecuaria, creó tecnología para pulir la piedra, inventó la rueda, el telar y la metalurgia. Después, creó ciudades, imperios, represas, drenajes e irrigación. Varias civilizaciones sobrepasaron los límites de los ecosistemas en los que se levantaron, generando crisis ambientales que contribuyeron a su fin.

Entra, entonces, el concepto de huella ecológica. Se refiere al grado de impacto ecológico producido por un individuo, una actividad, una economía, una sociedad. La huella ecológica de la civilizaciones anteriores a la civilización occidental tuvo siempre un carácter regional, siendo reversible en ocasiones y en otras no. Occidente fue la civilización que calzó las botas más pesadas conocidas hasta el momento. El peso comenzó con el capitalismo, que transformó el mundo.

A partir del siglo XV, la civilización occidental (léase europea) pasó a imprimir marcas profundas con la expansión marítima. Impuso su cultura a otras áreas del planeta. El mundo fue occidentalizado y pasó también a pisar fuerte en el ambiente.

Vino, entonces, otra gran transformación con la revolución industrial, cuyo origen se localiza en la Inglaterra del siglo XVIII, y que se extendió por el mundo dividiéndolo en países industrializados y países exportadores de materias primas. A partir de ella, empieza a crearse otra realidad planetaria, con emisiones de gases causantes del calentamiento, devastación de bosques y selvas, empobrecimiento de la biodiversidad, uso indebido del suelo, fuerte urbanización, alteraciones profundas en los ciclos de nitrógeno y fósforo, contaminación del agua dulce, adelgazamiento de la capa de ozono y extracción excesiva de recursos naturales no renovables, que, a su vez, producen cantidades inauditas de basura.

Los científicos están demostrando que dentro del Holoceno (holos = entero + koinos = nuevo), la acción humana colectiva en el capitalismo y en el socialismo ha provocado una crisis ambiental sin precedentes en la historia de la Tierra porque ha sido generada por una sola especie. Han denominado al periodo pos-revolución industrial del siglo XVIII, Antropoceno, o sea, una fase geológica construida por la acción colectiva del ser humano (antropos = hombre + koinos = nuevo).

En función de esta gran crisis o de esta nueva época la Organización de las Naciones Unidas viene promoviendo grandes conferencias internacionales, como las Conferencias de Estocolmo (1972), Río-92 y ahora la de Río+20. El objetivo es resolver los problemas del Antropoceno, sea conciliando desarrollo económico y protección del ambiente, sea buscando otras formas de desarrollo. La Río-92 adoptó la fórmula de desarrollo sostenible, que ha ido adquiriendo distintos sentidos, inclusive antagónicos al original.

La Conferencia Río+20 pretende colocar en pie de igualdad las dimensiones ambiental, social y económica. La palabra mágica, ahora, es economía verde, cuyo contenido no está claro. Se supone que, como mínimo, signifique la sustitución progresiva de fuentes de energía carbono-intensivas por fuentes renovables de energía, así como la sustitución de recursos no renovables por renovables.

La Río+20 mostró que los países industrializados no quieren abdicar de su posición; los países emergentes quieren alcanzar a los industrializados, y los países pobres quieren ser emergentes. Mientras no exista entendimiento acerca de los límites del planeta, es inútil pensar en justicia social y desarrollo económico. Por consiguiente, el ambiente es más importante que lo social y lo económico, ya que sin él no se puede encontrar solución para los otros dos. Por otro lado, el concepto de ecodesarrollo parece ser el más correcto como táctica y estrategia.


Publicado enInternacional
“El futuro que queremos” desde la perspectiva boliviana
Río de Janeiro, Brasil – Junio 20, 2012 – Las primeras secciones (1 y 2) del documento “El futuro que queremos” se denominan “Nuestro futuro común” y “Renovando nuestros compromisos políticos” y presentan el acercamiento conceptual de la Declaración y los principales aspectos políticos. En este contexto, la Declaración ha finalmente reivindicado los Principios de Río 1992 y de la Agenda 21 que estaban siendo puestos en duda por algunos países desarrollados.

 
Para el Estado Plurinacional de Bolivia es importante que el párrafo 39 reconozca al planeta tierra como nuestro hogar y se haya manifestado que la expresión Madre Tierra sea común para varios países y regiones, notando que algunos países han reconocido los derechos de la naturaleza para la promoción del desarrollo sostenible. A su vez, el párrafo 40 hace un llamado a una visión holística del desarrollo que guíe a la humanidad a la armonía con la naturaleza y a la restauración de la integridad y salud de los ecosistemas de la Tierra.

 
Sin embargo, en el párrafo 7 todavía persiste la lógica antropocéntrica en la que prima el hombre sobre la naturaleza, colocándolo en el centro del desarrollo sostenible. Asimismo, si bien el párrafo 49 enfatiza la importancia de la participación de los pueblos indígenas no convoca la aplicación o suscripción universal a la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas.

 
La sección 3, denominada “Economía verde”, sin lugar a dudas se ha constituido en la sección más polémica de la Declaración, en tanto que la sociedad civil y las organizaciones sociales han identificado que a través de este término se está aceptando la incorporación del capitalismo en la naturaleza, promoviéndose la mercantilización de las funciones ambientales y procesos naturales con serias implicaciones sobre el medio ambiente y los medios de vida de las comunidades indígenas y poblaciones locales.

 
En esta sección el Estado Plurinacional de Bolivia ha logrado tres importantes aspectos. En primer lugar, se ha promovido el “reconocimiento de diferentes enfoques, visiones, modelos y herramientas” para lograr el desarrollo sostenible (párrafo 56). De este modo, se ha avanzado en el hecho de que los países que no comparten sus postulados no tienen por qué aparecer como prisioneros de la “economía verde” en el futuro. En segundo lugar, se ha logrado degradar a la “economía verde” a una simple herramienta para el desarrollo sostenible (el mismo párrafo 56). En tercer lugar, se ha conseguido diluir el significado y el alcance de la “economía verde” introduciéndose una serie de salvaguardas que incluyen el respeto a la soberanía de los países a sus recursos naturales; la promoción de un crecimiento económico inclusivo y sostenible; fortalecimiento de la población indígena y comunidades tradicionales; manejo sustentable de los recursos naturales; preservación y respeto a enfoques de no mercado que contribuyan a la erradicación de la pobreza (párrafo 58).

 
Entonces, se ha conseguido hacer inaplicable un enfoque mercantilista de la economía verde y neutralizarlo en la práctica. Sin embargo, es de esperar que los países desarrollados sigan insistiendo en la puesta en marcha de este enfoque y dirigiendo los recursos financieros y asistencia técnica y tecnológica a los países en desarrollo que escojan soberanamente avanzar en la implementación de proyectos de economía verde.

 
La sección 5 se denomina “Marco para las acciones a seguir”. El mayor logro del Estado Plurinacional de Bolivia en esta sección ha sido la eliminación de los mecanismos de mercado, pago por servicios ambientales, incorporación de los costos ambientales en la economía y evitar un enfoque muy climatizado y/o ambiental del desarrollo y la lucha contra la pobreza. Bolivia también ha logrado eliminar cualquier mención en el texto al mecanismo REDD+ que está vinculado a la mercantilización de los bosques.

 
Un problema que todavía persiste en el documento es el rol excesivo que se le ha asignado al sector privado, ya no como un grupo más de la sociedad civil, sino como una entidad de financiamiento del desarrollo sostenible, a través de las alianzas publico-privadas, lo que debilita el concepto de cooperación internacional a favor de las inversiones privadas. Por otra parte, no se ha podido lograr que los países desarrollados trabajen en medios de implementación coherentes para lograr el desarrollo sostenible.

 
Con relación a la seguridad alimentaria, se han reafirmado los compromisos con el derecho humano a la alimentación y el acceso a la nutrición, la seguridad alimentaria y el acceso a alimentos suficientes, nutritivos y seguros para eliminar el hambre. También se reconoce el rol de las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y los pequeños productores campesinos en la agricultura y de sus prácticas productivas que preservan el medio ambiente, reducen la degradación de la tierra, promueven la seguridad alimentaria y fortalecen la producción nacional.

 
En el tema del agua, Bolivia ha logrado reafirmar los compromisos sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, aunque en un lenguaje más diluido que el de la Resolución promovida por el Estado Plurinacional de Bolivia. También se resalta la importancia crítica del agua para ejercer el derecho al desarrollo, la erradicación del hambre y la pobreza, la salud pública, la agricultura, la seguridad alimentaria, la generación de energía hidroeléctrica, la forestación y el desarrollo rural.

 
Con relación al tema de la biodiversidad, Bolivia ha insistido para que fueran retiradas del documento todas laspropuestas que mercantilizaban la naturaleza, como es el pago por los servicios de los ecosistemas.
 

Con referencia a la sección 6 de “Medios de implementación”, que es también una de las partes más controversiales de la Declaración, ya que se están debilitando de manera sistemática los compromisos y esfuerzos de los países desarrollados para promover e impulsar el desarrollo sostenible en el mundo. En esta sección simplemente se han reafirmado los medios de implementación prometidos en las Cumbres de 1992 y 2002 y otras. También se establece dar inicio a un proceso intergubernamental para determinar necesidades financieras y evaluar necesidades adicionales para proponer opciones para una Estrategia para el Financiamiento del Desarrollo Sostenible. Esta propuesta ha sido desarrollada conjuntamente por el Brasil, Bolivia y la India.

 
Este es uno de los temas donde existe un importante retroceso ya que se han introducido en el lenguaje los cambios que se han venido dando en los últimos años con el impulso a una arquitectura de la ayuda internacional en el marco de la movilización de recursos de la inversión privada, el comercio para la ayuda, y la exigencia para que los propios países en desarrollo contribuyan financieramente a su desarrollo.

 
Por René Orellana y  Diego Pacheco integran el Equipo de Negociación de la Delegación boliviana para el Cambio Climático y Río+20

Publicado enInternacional
Martes, 19 Junio 2012 06:55

Dos cumbres, muchos reclamos

Dos cumbres, muchos reclamos
A seis días del inicio de la cumbre ambiental y cuando faltan dos para la llegada de los jefes de Estado, anoche no estaba definido el documento que deberían firmar los mandatarios. “Hay por lo menos diez cuestiones complejas en el texto”, admitió ayer el embajador André Correa do Lago, jefe de la delegación brasileña. El debate está empantanado en torno del concepto de economía verde que impulsan los países desarrollados y, sobre todo, si esas naciones se van a hacer cargo de su mayor responsabilidad en el deterioro ambiental del planeta, financiando un fondo para iniciativas sustentables. Hasta ahora se resisten, escudados en la crisis económica que los afecta. Se estima que el texto podría ser aprobado esta madrugada. Mientras los diplomáticos debaten contra reloj, los movimientos sociales que participan de la Cumbre de los Pueblos, en esta misma ciudad, avanzan con sus reclamos. Ayer, tres movilizaciones paralizaron el centro de Río: grupos de aborígenes que rechazan las represas hidroeléctricas en el Amazonas, ambientalistas que se oponen a la economía verde y unas sesenta organizaciones de mujeres que pidieron por el derecho al aborto y contra la violencia doméstica.


De la Cumbre de los Pueblos participan numerosas organizaciones de la Argentina, la mayoría de ellas nucleadas en la Red Social que organizó y coordinó la Cancillería. “La delegación representa a unas 567 organizaciones que, si bien no elaboraron un documento en conjunto, lograron establecer un debate y elaborar una postura con coincidencias”, dijo a Página/12 Oscar Laborde, coordinador del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería.


La convocatoria incluyó a organizaciones ambientalistas, sociales, universitarias, sindicales, políticas y de pueblos originarios. Entre ellas participan la CTA, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el INTI, el Instituto Gino Germani de la UBA, organizaciones de pueblos originarios y de migrantes, la Universidad Nacional de San Martín y el área de profesionales del Movimiento Evita, entre otros.


“Todos coincidimos en que no va a haber política ambiental viable si no se contemplan políticas de inclusión”, dijo a este diario Beatriz Anchorena, directora ejecutiva de la Fundación Compromiso, una de las integrantes de la delegación argentina.


La Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental se desarrolla en forma paralela a la Cumbre de Naciones Unidas, en el Aterro do Flamengo, un predio ubicado en pleno centro de Río de Janeiro, lejos del escenario de la cumbre de jefes de Estado. Han llegado delegaciones de diversos países, todos con un denominador común: el rechazo a la mercantilización de la vida y la naturaleza, y en defensa de los bienes comunes.


En ese escenario se desarrollan conferencias y exposiciones simultáneas sobre diferentes temas, como los estragos de la minería a cielo abierto o la amenaza por la deforestación, como consecuencia de la extensión de las fronteras agropecuarias. El tema de género también se incorporó a los debates, en una ampliación del concepto de protección del medio ambiente, en la que las mujeres, como mayoría de la población mundial, tienen un papel decisivo.


Fueron las mujeres, justamente, las que salieron a la calle ayer, y se manifestaron con un corte en las avenidas Presidente Vargas y Antonio Carlos que paralizó el centro de Río. Las convocantes dijeron haber reunido a unas cinco mil participantes, muchas de ellas con los pechos desnudos y los cuerpos pintados con coloridas pinturas. “No queremos estar encerradas en el Aterro do Flamengo, salimos a hacer públicas nuestras reivindicaciones por la igualdad”, dijeron.


No fueron las únicas. Grupos indígenas de Brasil también hicieron su piquete para hacer visibles sus reclamos contra un proyecto del Banco Nacional de Desarrollo para construir centrales hidroeléctricas en el Amazonas. Por último, grupos ambientalistas del Comité de Defensa de los Bosques también se manifestaron en contra del Código Forestal.


Las organizaciones son críticas del concepto de economía verde que impulsan los países desarrollados y Africa. Coinciden grosso modo con la posición que vienen sustentando los países del G-77 (entre ellos la Argentina) más China, que sospechan que puede convertirse en un instrumento de las potencias para imponer nuevas barreras a las importaciones provenientes de países en desarrollo que no cumplan con esos parámetros verdes.


Como contrapartida, los países emergentes reclaman la creación de un fondo con el aporte de los países más ricos –los que más daño hicieron al ambiente en el planeta– para financiar el desarrollo de las naciones periféricas de una manera sustentable.


Ambas posiciones constituyen los ejes de un debate que hasta anoche no había terminado de saldarse. Los esfuerzos de la diplomacia anfitriona procuraban que la cumbre no termine en fracaso y se llegue a un compromiso lo menos lavado posible. Luis Figueiredo Machado usó una metáfora futbolera para describir el cuadro: “Ya terminó el tiempo reglamentario, estamos en el alargue”.
Publicado enInternacional
Río+20: Omisiones y debilidades del texto en negociación
Las negociaciones oficiales en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible han ingresado a su etapa final con la presentación de un documento de negociación presentado por Brasil, el Estado anfitrión, que sigue siendo discutido. Es un texto de 20 páginas y 287 parágrafos que muestra algunos tímidos avances en materia de reconocimiento de derechos, pero insiste en un modelo único de desarrollo sostenible que no incorpora la diversidad cultural y se resiste a reconocer a la Madre Tierra como sujeto de derechos.

 
El documento insiste en los tres pilares del desarrollo sostenible (económico, ambiental y social) acordados hace veinte años y que no han hecho sino profundizar la crisis, al enfatizar el pilar económico para definir las políticas ambientales e ignorar el pilar social. Textualmente, el documento apenas reconoce “la diversidad natural y cultural del mundo” y “que todas las culturas y civilizaciones pueden contribuir al desarrollo sostenible”. Los pueblos indígenas planteamos la incorporación expresa del pilar cultural, a fin de garantizar el reconocimiento de todas las visiones y prácticas de desarrollo, en particular las de aquellas culturas que, aunque diversas, nos identificamos en un modelo de diálogo y armonía con la Madre Tierra.

 
Particularmente grave es considerar la minería como una actividad compatible con el desarrollo sostenible, siendo la minería una de las actividades más dañinas para la conservación de la Madre Tierra y que más impactos causa en la vida y la cultura de los pueblos.

 
Derechos y participación

 
El documento propuesto por Brasil señala: “Somos conscientes de que el planeta Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar y que la Madre Tierra es una expresión común en varios países y regiones, y tomamos nota de que algunos países reconocen los derechos de la naturaleza en el contexto de la promoción del desarrollo sostenible. Estamos convencidos de que a fin de lograr un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y medio ambiente de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza”.

 
Es decir, los Estados siguen resistiéndose a reconocer a la Madre Tierra como sujeto de derechos y a adoptar, en consecuencia, una Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra, como venimos planteando los pueblos indígenas en diversos escenarios internacionales y hemos reiterado en Río+20.

 
El “hincapié en la importancia de la participación de los pueblos indígenas en el logro del desarrollo sostenible” y el reconocimiento de “la importancia de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el contexto de aplicación a nivel mundial, regional, nacional y subnacional de las estrategias de desarrollo sostenible” solo representarán un avance si este reconocimiento se materializa en salvaguardas de derechos para todos los programas de desarrollo sostenible.

 
En el mismo sentido, el “pleno respeto del derecho internacional y sus principios” debe incluir, en la práctica, el principio de progresividad. Nos referimos concretamente al requisito del consentimiento previo, libre e informado, ya reconocido por el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) y que por tanto debe hacerse extensivo a todo aquello que involucre a los pueblos indígenas, en todos los ámbitos.

 
Lo mismo rige para el fomento de la participación de la sociedad civil en el que insiste el texto presentado por Brasil. Esto debe significar que todas las instancias de las Naciones Unidas deben crear espacios de participación para los pueblos indígenas, como existen en el CDB, pero no solo en calidad de observadores sino con poder de decisión. La Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, adoptó el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales hace 23 años y su estructura sigue siendo tripartita, sin que se haya creado un espacio para los pueblos indígenas.

 
Responsabilidades históricas y con el futuro

 
El texto reitera el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”. Un principio que solo se hará realidad si los países industrializados y las corporaciones multinacionales asumen su deuda histórica con los pueblos y la Madre Tierra, acumulada en siglos de depredación, saqueo, contaminación y colonialismo. Y si se comprometen a cambiar sus patrones de consumo y su matriz energética basada en los combustibles fósiles, fijándose también metas reales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

 
De no ser así, toda declaración acerca de la “diversificación de la matriz energética”, citada en el documento, seguirá siendo un discurso hueco. Peor aun si se insiste en las soluciones de mercado, como los proyectos REDD+ a los que alude el texto propuesto.

 
Glaciares, agua, biodiversidad

 
 El texto propuesto por Brasil reconoce los riesgos que corren los Estados insulares, pero no señala como una de las causas el creciente retroceso de los glaciares, a fin de tomar medidas para su protección. Lo mismo ocurre con el tema de los desastres, porque la desglaciación es una de sus causas. Los pueblos indígenas planteamos expresamente declarar la intangibilidad de los glaciares, las cuencas hídricas, los páramos y las zonas de alta biodiversidad, para que se prohíban en todos ellos las actividades extractivas.

 
Esto nos lleva al tema del agua, a la que el documento que se negocia solo se refiere para garantizar el acceso a los servicios, pero no dice nada respecto a la indispensable protección de las fuentes hídricas, porque se sigue considerando al agua como un recurso o un servicio, no como un ser vivo ni como un derecho universal.
 

El documento reconoce “la importancia de las prácticas tradicionales de agricultura sostenible, incluyendo los sistemas tradicionales de suministro de semillas, incluidas las de muchos pueblos indígenas y comunidades locales”. Y que “los conocimientos tradicionales, innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades locales hacen una importante contribución a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, y su aplicación más amplia, puede apoyar el bienestar social y de medios de vida sostenibles. Además, reconocemos que los pueblos indígenas y las comunidades locales a menudo dependen más directamente de la biodiversidad y los ecosistemas y por lo tanto son a menudo más inmediatamente afectados por su pérdida y degradación”.
 

Sin embargo, no dice nada respecto a la protección de los conocimientos tradicionales de su mercantilización. Solo reconoce los derechos de los Estados nacionales sobre los recursos genéticos, pero no que los pueblos indígenas somos los que más los hemos desarrollado, otorgando alimentos indispensables para el mundo.

 
El documento continúa restringiéndose a hablar de “seguridad alimentaria”, pero una propuesta de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas en particular es garantizar la soberanía alimentaria, a fin de proteger los recursos genéticos y ejercer el derecho a decidir que sembramos y qué comemos.

 
Ciudades y educación

 
Otro tema es el de las “ciudades sostenibles”, en el que el documento no hace referencia alguna a todo aquello que obliga al desplazamiento de los pueblos indígenas hacia las zonas urbanas debido a la invasión y saqueo de sus territorios por la minería y otras actividades extractivas o megaproyectos como represas hidroeléctricas y grandes carreteras que impactan sobre nuestros derechos fundamentales.

 
De manera similar, el tema de la educación es abordado de manera pobrísima, nuevamente como un servicio y no como un derecho. No se pueden discutir mejoras curriculares y oportunidades de acceso sin empezar por plantearnos que la educación debe ser intercultural, desde la producción de contenidos propios, que no se limiten al bilingüismo sino que constituyan un camino para lograr la convivencia armónica y respetuosa entre los pueblos y la reafirmación de la identidad, desde la defensa de la vida y para garantizar un futuro a las próximas generaciones.
 

Río de Janeiro, 18 de junio del 2012


Por Miguel Palacín Quispe, cCordinador General de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas - CAOI
www.coordinadoracaoi.org
Publicado enInternacional