La agroecología, fundamento de una "república amorosa"
Cada civilización establece una relación material e inmaterial con la naturaleza. Hoy, la crisis de la civilización moderna es, antes que todo, una crisis de sus formas de apropiarse los recursos, procesos y servicios del mundo natural. Son los modos agroindustriales de producir causa primera y fundamental de la destrucción ecológica en todos los rincones del planeta y de su principal efecto: el cambio climático.

Hoy, por fortuna, una corriente innovadora y crítica de la ciencia ha desarrollado modelos alternativos a aquellos que dominan en la agricultura, la ganadería, lo forestal y la pesca "modernos". Se trata de la agroecología, una disciplina integradora realizada por investigadores con conciencia social y ecológica. Debido a lo anterior, hoy el dilema civilizatorio en el terrenal campo de la producción es entre el modelo agroindustrial y el modelo agroecológico. El primero genera alimentos y materias primas bajo esquemas de destrucción ecológica, reducción de la diversidad natural, contaminación química y genética (transgénicos), altos costos energéticos, y en grandes propiedades, todo lo cual atenta contra la salud ambiental y humana. El segundo realiza prácticas en armonía con los principios del ecosistema local, crea sistemas productivos diversificados y resilientes, labora con energía solar, y genera alimentos sanos en sistemas de pequeña escala. El primero tiende a imponerse, el segundo se construye con los productores, cuyos saberes se reconocen como esenciales. Se trata de dos maneras radicalmente diferentes de concebir, manejar y aprovechar los recursos que ofrece la naturaleza, las expresiones de dos diferentes civilizaciones.

La agroecología, como nuevo campo de conocimiento pero también como propuesta tecnológica y como movimiento social, ha tenido un crecimiento vertiginoso y una expansión sin par en el mundo. La agricultura orgánica, su principal oferta, es hoy practicada por más de 1.2 millones y rebasa las 80 millones de hectáreas. Su máximo desarrollo lo ha alcanzado en Latinoamérica, tanto por el número de practicantes, publicaciones, cursos, congresos y organizaciones como por la superficie agropecuaria y forestal convertida a sus principios. Hoy en la región existe el Maela (Movimiento Agroecológico Latinoamericano) y la Socla (Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología), cuyo segundo congreso en Brasil reunió a 4 mil académicos y productores, incluyendo Vía Campesina y el Movimiento de los Sin Tierra. LEISA, revista de agroecología, alcanza ya los 10 mil suscriptores. Otros importantes avances se han logrado desde las esferas de los gobiernos progresistas mediante sendos apoyos económicos e institucionales que han aumentado su área de acción. Es este el caso de Brasil, Cuba Venezuela y Bolivia.

La conexión más relevante de la agroecología es, sin embargo, con los movimientos sociales rurales y urbanos de la región. En Cuba, ante la crisis del petróleo, la sociedad civil creó alternativas productivas agroecológicas en La Habana y las principales ciudades y hoy existen 200 mil predios orgánicos. Como complemento, el gobierno cubano creó fábricas de biofertilizantes y cientos de centros para el control biológico de plagas. Por su parte la ANAP (Asociación Nacional de Agricultores Pequeños) había integrado a la agroecología a 110 mil familias en 2009. Hoy en Cuba 60 por ciento de los alimentos provienen del sector orgánico.

En Centroamérica dos fenómenos llaman la atención: el Movimiento de Campesino a Campesino, que agrupa a 10 mil promotores y medio millón de familias rurales de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, y cientos de comunidades forestales agrupadas en una organización regional. En el territorio mexicano existen además unas mil experiencias comunitarias de inspiración ecológica, principalmente en las regiones indígenas, en torno a la producción de café orgánico (200 mil productores), la miel y el manejo sustentable de selvas y bosques. En Brasil, las tres principales organizaciones campesinas de escala nacional han adoptado la agroecología y existen organismos que vinculan a decenas de universidades con los movimientos sociales del campo. En los Andes, la AOPEB (Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia) está formada por 75 organizaciones y cerca de 70 mil familias, en tanto que la ANPE (Asociación Nacional de Productores Ecológicos, de Perú) cuenta con 12 mil miembros de 22 diferentes regiones del país.

Pero quizás lo más importante es que la agroecología ha comenzado a reconocerse como la base o fundamento de los nuevos modelos que los gobiernos de izquierda ponen en juego. El ejemplo más notorio es el de Bolivia, donde la filosofía del buen vivir, llevada a la Constitución por el poderoso movimiento indígena, se combina con la decisión del presidente Evo Morales de situar la agricultura ecológica como uno de los objetivos centrales de su gobierno En otra tesitura se mueve el ecosocialismo de Venezuela todavía incipiente.

Como toda utopía realizable, la república amorosa requiere de una reformulación de los procesos productivos agrícolas, pecuarios, pesqueros y forestales, de una plataforma material que haga posibles los intangibles sueños, valores, prédicas morales, visiones y creaciones culturales que se postulan, pues cielo y tierra, espíritu y materia, abstracción y concreción, no persisten si no están en una dialéctica permanente. Como hemos mostrado con el caso de la agroecología, la izquierda mexicana está obligada a mirar las experiencias latinoamericanas, para aprender de ellas, no repetir errores e incluso ponerse por delante. Hoy México para salirse del dominio neoliberal debe tejer vínculos de todo tipo con las experiencias más avanzadas de la región. Visualizada como un "salto de civilización", la república amorosa será una reformulación radical de la realidad tangible e intangible de México, o no será.

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Una maldición acecha a hidroeléctricas amazónicas
PORTO VELHO, Brasil, feb (IPS) - "Quizás sea la maldición de Rondônia", ironizó Ari Ott, al referirse a los problemas de arranque sufridos por la primera turbina de la Central Hidroeléctrica de Santo Antônio, con la que se quería poner en marcha en Brasil el nuevo ciclo de grandes proyectos energéticos amazónicos.

El gigantesco aparato, hecho para generar 71,6 megavatios, se calentó demasiado en las pruebas iniciales en diciembre, exigiendo reparos que retrasaron por lo menos tres meses el inicio de sus operaciones, ahora anunciado para fines de marzo.

El profesor Ott, de la Universidad Federal de Rondônia, dijo que esos problemas eran "un mal agüero" para las 44 turbinas a instalarse a lo largo de cuatro años en el complejo sobre el río Madeira a cargo del consorcio Santo Antônio Energia, conformado por las firmas Odebrecht, Andrade Gutiérrez y otros inversionistas.

Precisamente, el uso de turbinas del tipo bulbo y alta potencia es una innovación en ríos amazónicos, adecuada a la baja declinación y flujo intenso del Madeira.

En Santo Antônio, las aguas caerán desde solo 13,9 metros.
La duda de Ott es si esas máquinas soportarán los abundantes sedimentos de este río, que es "joven, de lecho aún indefinido", y que arrastra gran cantidad de árboles en sus aguas.

"Cuando me bañaba cerca de la cascada Santo Antônio, llevaba días librarme del polvo fino que penetra en los poros", realzó Ott, un médico y antropólogo de evidente ascendencia alemana y testigo de las transformaciones que vivió Rondônia en las tres últimas décadas.

Es prácticamente imposible que los responsables de una obra que requiere casi 9.000 millones de dólares de inversión cometan tal falla técnica y la repitan en otro proyecto similar como es la hidroeléctrica de Jirau, en construcción 110 kilómetros hacia el sudoeste en el mismo Madeira. Ambas se basaron en estudios sedimentarios, aunque cuestionados por ambientalistas.

Pero la "maldición de Rondônia", que condenaría al fracaso los grandes proyectos locales, proviene de los orígenes de ese estado de la Amazonia, en el noroeste de Brasil, explicó.

Porto Velho, la capital estadual, nació de un campamento de trabajadores que construyeron, entre 1907 y 1912, el Ferrocarril Madeira-Mamoré, para transportar el látex, la materia prima del caucho natural extraída de las "seringueiras" (Hevea brasiliensis, árboles nativos y dispersos), y cuya exportación hacía prosperar la Amazonia de Brasil y de Bolivia.
La vía natural de salida de estas actividades era el extenso río Madeira, que desemboca en el Amazonas para luego llegar al océano Atlántico.
La cuenca superior del Madeira abarca el centro y norte de Bolivia, el sudeste de Perú y el oeste de Brasil. Pero tiene un tramo no navegable, arriba de Porto Velho hasta Guajará-mirim, por lo cual se instaló esta línea férrea de 366 kilómetros de largo, entre bosques y pantanos.

Con su construcción se cumplió un tratado firmado con Bolivia en 1903, compensando a ese país por el territorio conquistado por brasileños en el pasado y que originó el estado de Acre. Pero esa gigantesca obra, máxime para la época, costó miles de vidas de trabajadores venidos de todos los continentes, principalmente de las Antillas colonizadas por los británicos. Las enfermedades tropicales, como el paludismo y beriberi, diezmaron esa mano de obra, matando o incapacitando temporalmente a la mayoría pocos meses después de llegar, obligando al reemplazo constante.

La tragedia incluyó una crueldad histórica. El ferrocarril se inauguró cuando empezaba la decadencia del caucho amazónico ante los bajos precios de la producción asiática, más competitiva y en rápida expansión, gracias a los monocultivos de la "seringueira" a partir de plantones llevados por los británicos de Brasil a Malasia.

Sin viabilidad económica, el ferrocarril sufrió interrupciones en su puesta en marcha, conflictos con los exportadores y el abandono en 1931 por parte de la concesionaria Madeira-Mamoré Railway de capitales estadounidenses y europeos. Continuó, de modo intermitente, finalmente hasta 1972 gracias a los esfuerzos del gobierno de Brasil.

Algo similar ocurrió con la implantación de 1.786 kilómetros de línea telegráfica hasta Porto Velho, otra epopeya liderada por el entonces comandante Cándido Rondon, un héroe nacional posteriormente elevado a Mariscal del ejército y homenajeado con el nombre del estado de Rondônia.

Sus expediciones sufrieron, además del paludismo y otras enfermedades, numerosos ataques de indígenas. Su actitud de nunca contraatacar, sino de buscar el contacto pacífico, inspiró la política de protección a los pueblos aborígenes en Brasil.

Pero cuando Rondon llegó con sus cables a Porto Velho en 1914, ya se había inventado el telégrafo inalámbrico, recordó Ott. Así, los trabajadores que tendieron la línea y operaban los puestos telegráficos "quedaron abandonados a su suerte por décadas, sobreviviendo "a la manera indígena", de la caza y de la pesca, acotó.

Sin embargo, la línea no fue una obra inútil, porque el sistema inalámbrico no resultó eficaz en el clima amazónico, contrarrestó Carlos Muller, un periodista que investigó la historia de las telecomunicaciones brasileñas para su doctorado. Muller explicó que, además, preparó la ruta por donde, cinco décadas después, avanzaría la carretera que conectó Rondônia con el centro del Brasil.

Pero esa misma carretera, la BR-364, se convirtió en eje de la expansión agrícola a partir de los años 70, con el consecuente incremento de la deforestación, de los conflictos por el acaparamiento de haciendas, de la emigración desordenada, la matanza de indígenas y de la invasión de sus tierras ancestrales, especialmente en Rondônia.

Ese proceso se agravó en los años 80 al pavimentarse la carretera, un ejemplo destacado de los proyectos desastrosos financiados por el Banco Mundial, que se intentó corregir en las décadas siguientes con el Plan Agropecuario y Forestal de Rondônia, con objetivos ambientales.

La central hidroeléctrica de Samuel, construida entre 1982 y 1989 en el río Jamari, afluente del Madeira, es otra obra maldecida como un desastre ecológico. Inundó 540 kilómetros cuadrados para generar 216 megavatios. A modo de ejemplo comparativo: Santo Antônio inundará 35 por ciento menos y tendrá una capacidad de generación 14,5 veces mayor.

Los "garimpos" (minería informal) de oro y casiterita también tuvieron una intense actividad, que dejaron más llagas sociales y ambientales que beneficios en muchos lugares del estado. Como profesor, Ott estudia y orienta investigaciones universitarias sobre los impactos de la invasión de Rondônia en la salud de los indígenas, ya en el tercer ciclo.

Después de enfermedades contagiosas, como sarampión y varicela, vinieron las "modernas" como cáncer, diabetes, cardiológicas y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) y, ahora, las "patologías sociales", como homicidios frecuentes, alcoholismo y violencia doméstica, "antes impensables en las aldeas indígenas", señaló.

El estupro, ahora común, no existía en una cultura en que el varón "era un caballero" en los ritos sexuales, dejándole a la mujer la iniciativa de decidir el momento de la penetración, destacó el médico antropólogo. Ott se venga de la actual invasión de las centrales hidroeléctricas, poniendo énfasis en los retrocesos que debe hacer la empresa en las negociaciones con los indígenas afectados indirectamente.

El grupo Karitiana, que "vive bien" en su reserva a 90 kilómetros de Porto  Velho, se dio cuenta de que Santo Antônio Energía, el consorcio que construye la central, ofrecía compensaciones a cada aldea. Ante esa evidencia, triplicaron sus aldeas y obtuvieron más camionetas que las previstas inicialmente.(FIN/201

Por Mario Osava, enviado especial

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En El Quimbo, primero la obra y después la licencia
Ante el anuncio del desvío del río Magdalena para el próximo 14 de febrero, las comunidades del centro del Huila han reiniciado el Paro Regional por la Defensa del Territorio. La lucha de este sector del país ha sido intensa, y en su primera fase –paro del 3 al 17 de enero– lograron parar la obra y que el Gobierno nacional citara para la conformación de mesas temáticas de control y seguimiento sobre los problemas generados en el Huila por la obra. Los acuerdos fueron incumplidos por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. El país en vilo por el ataque que sufre el más importante de sus ríos.


Quieren río sin gente


La reactivación del paro se inicia con el llamado a concentrarse a orillas del río Magdalena para evitar su desviación por un túnel de aproximadamente 800 metros. Esta desviación estaba programada por parte de la empresa para los días 8 y 9 de febrero y tenía como objetivo comenzar las obras correspondientes al punto donde necesitan interrumpir el río para construir la hidroeléctrica. Llegada la fecha, los representantes de la protesta son llamados a reunirse en Bogotá con el Ministerio del Interior para discutir la situación, de cuyas deliberaciones surge un preacuerdo para presentárselo al Ministerio del Medio Ambiente, quien no se compromete y tampoco adelanta la convocatoria a la audiencia pública acordada desde el 18 de enero.


En el preacuerdo se le solicita al Ministerio del Medio Ambiente: actualizar el censo realizado; identificar los impactos de índole socio-económica, cultural y ambiental; establecer las compensaciones, realizar los estudios, y hacer seguimiento y control. De ser aceptadas las peticiones, Asoquimbo se compromete con el retiro de los manifestantes de la orilla del río para el normal desarrollo de las obras, en la medida en que la empresa garantice el mínimo vital de las comunidades mientras se establecen las condiciones definitivas de reasentamiento y compensaciones. La licencia que otorgó el gobierno de Uribe se pasó por la faja la realización seria de estos cinco puntos.


El silencio del Ministerio va de la mano con la orden de desalojo programada por parte de la Alcaldía de Paicol para el martes 14 de febrero, en razón de que la empresa solicitó amparo policivo por considerar que los pescadores estaban invadiendo la margen del río.


Más de un mes


En los primeros 15 días de protesta, la comunidad se ubicó en el puente Paso El Colegio, entre los municipios de Paicol y Gigante, en la vía a La Plata. Desde allí lograron paralizar las obras mediante el bloqueo de la entrada. Posteriormente, la comunidad se trasladó a cinco minutos de allí, sobre un costado del río, para protegerlo y evitar su desvío, mientras en la margen de enfrente se encuentra la empresa Endesa Engesa. Más exactamente la comunidad se ubicó en la playa de la vereda Domingo Arias (Paicol). Estos son los lugares donde se ha venido concentrando la protesta según las circunstancias.

En el lugar han llegado a reunirse aproximadamente hasta 500 personas. Como algunas personas o delegaciones no pueden estar todos los días, salen a cumplir con sus obligaciones cotidianas y regresan pasadas algunas horas o algunos días. Por su parte, la fuerza pública también se ha instalado en este mismo sitio, tanto Policía como Ejército, lo mismo que el infaltable Esmad, grupo que tiene como prioridad evitar el bloqueo a la entrada de la obra.


El Ministerio le tiene miedo a la Audiencia Ambiental


En la mesa de diálogo sobre la problemática generada por la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, la exploración petrolera de los municipios de Gigante-Garzón del proyecto llamado VSM32 de la empresa Emerald Energy y la destrucción de vías en el Suroccidente del Huila, el día 17 de enero en Bogotá entre el gobierno y la comunidad, se llegó a un acta de compromisos y acuerdos que contemplaba: la realización de la Audiencia Ambiental, el desarrollo de mesas temáticas de control y seguimiento que recogieran la información para la audiencia con el acompañamiento de los entes de control, el compromiso del Ministerio de tomar medidas para proteger los derechos humanos de los afectados y del medio ambiente a partir del resultado de las mesas del día 3 de febrero y detener el desvío del río Magdalena programado para el día 8 y 9 de febrero.


El día 25 de enero, cuando comenzaron las mesas temáticas, el Ministerio se retira con el argumento que una parte de los manifestantes no se había retirado y se mantenían concnetrados sobre la margen del río. Es necesario aclarar que estos manifestantes ya no están haciendo bloqueo a la entrada de las obras y muchos de ellos son pescadores que trabajan en esta zona.


A pesar de las dificultades, las siete mesas instaladas (pescadores, campesina, transportadores y mineros, ambiental, vías y de evaluación) se desarrollan con la presencia de funcionarios asignados de los Ministerios de Agricultura y Trabajo, el ICA y el Incoder, y se sumaron la Contraloría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Estas mesas contaron con la presencia de aproximadamente 3.000 personas y sus resultados concluyeron que en la región se vive una crisis humanitaria generada por el megaproyecto El Quimbo.


Pese a esto, el Ministerio del Medio Ambiente no procedió con el aval para la realización de una Audiencia Pública Ambiental, debate que es necesario encarar porque la actual licencia y el comienzo del proyecto fueron impuestos por el gobierno de Uribe de manera irregular, proceso que hasta ahora no ha sido replanteado por la administración de Santos.


¿Quién es el invasor?



¿La empresa española Endesa Emgesa o los pescadores que históricamente han permanecido en este territorio? Ante el hecho de calificar a los pescadores de invasores por permanecer en la margen del río, Asoquimbo solicitó amparo policivo a los bienes de uso público, con fundamento en la Ley 1242 de 2008, que declara como bien de uso público una franja de terreno que se extiende 30 metros por cada lado del cauce de los ríos de la nación; y la Ley 13 de 1990, que reconoce la actividad pesquera como de utilidad pública e interés social. En la misma solicitud se exige que se esclarezca el uso abusivo de la margen del río Magdalena y las invasiones a los bienes de uso público de la nación por parte de la empresa Engesa S.A.


Crisis humanitaria


Desde hace cuatro años, Asoquimbo investiga y denuncia la problemática de El Quimbo, a la cual el Gobierno ha prestado oídos sordos. Esta problemática se ha incrementado, y hoy, con el resultado de las mesas de seguimiento y control, se evidencia que en la región se presenta una crisis humanitaria. que obedece a la destrucción de las cadenas productivas y la seguridad alimentaria, el desplazamiento estatal, el desempleo, el daño de los ecosistemas, las afectaciones psicosociales, la ruptura de los tejidos sociales, los daños al patrimonio arqueológico, el riesgo sísmico y la vulneración de los derechos fundamentales de los afectados y el derecho colectivo al medio ambiente sostenible.


La crisis bien pudiera multiplicarse de hacerse realidad la construcción de la represa. Pero, además, extenderse a otras regiones a partir de las consecuencias que tendría el embalse del río, sumado a los cambios climáticos que de manera notoria padece el país.


De ser así, la lucha de Asoquimbo y otras comunidades del Huila –para que el maltratado río Magdalena sobreviva–, debiera ser la lucha de todo el país. ¿Qué se dice en el interior y en la costa norte colombiana?

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Miércoles, 08 Febrero 2012 15:53

Todos resistiendo el desvío del río Magdalena

Todos resistiendo el desvío del río Magdalena
Las comunidades del centro del Huila han adelantado una lucha de resistencia civil contra el megaproyecto de la represa El Quimbo. Su voz de rechazo se hizo sentir con fuerza el pasado mes de enero, entre los días 3 y 17 del mes, logrando concertar con el gobierno nacional (representados por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible) una meses de negociación.
 
Como siempre, de las mesas salieron palabras pero pocos compromisos, hasta tal punto que para este miércoles la empresa Endesa Emgesa anunció el desvió del río Magdalena, para iniciar la construcción de un túnel de aproximadamente 800 metros. Alertados por esta realidad, el pasado 5 del mes en curso se retomó la protesta, y con gran decisión se han retomado plantones, mítines y demás manifestaciones de protesta. 
 
Paseo de olla para defender el río
 
Una de las primeras protestas de esta nueva jornada de lucha, se llevó a cabo a través de un “paseo de olla”, con el cual se buscaba una mayor presencia de la comunidad huilense en esta lucha, que no sólo es por la defensa del territorio huilense, sino por el bienestar de todo el país, toda vez que el inmenso río, el mayor del país, atraviesa buena parte del mismo, y su deterioro, por tanto, implica al conjunto nacional. 
 
La desviación del río, valga recordar, tiene como objetivo iniciar las obras correspondientes al punto donde necesitan interrumpir su curso natural para construir la hidroeléctrica. Según Miller Dussán, investigador de la Universidad Sur Colombiana y miembro de Asoquimbo, “estamos retomando nuestra tradición del paseo de olla para que todos vayamos a defender nuestro río. No debemos permitir su desviación porque esto traería graves consecuencias ambientales y sería abrirle paso a la represa que pretenden construir por encima de la población”.
 
En los primeros 15 días de la protesta, la comunidad se ubicó en el puente Paso El Colegio, entre los municipios de Paicol y Gigante, en la vía a La Plata. Desde allí lograron paralizar las obras mediante el bloqueo de la entrada. En este momento, la comunidad se ha trasladado a cinco minutos de allí, pero esta vez se ubica sobre un costado del río para protegerlo y evitar su desvío, mientras en la margen de enfrente se encuentra la empresa Endesa Emgesa. Más exactamente, la comunidad está en la playa de la vereda Domingo Arias (Paicol).
 
En el lugar aproximadamente 500 personas han organizado cambuches, algunas permanecen toda la jornada y otras se rotan. Por su parte la fuerza pública también se ha instalado en este mismo sitio, tanto Policía, como Ejército y el infaltable Esmad, grupo que tiene como prioridad evitar el bloqueo a la entrada de la obra. Con el incremento de inconformes en el sitio de protesta, la presión se siente y la tensión alcanza nuevos niveles.
 
El Ministerio le tiene miedo a la Audiencia Ambiental
 
En la mesa de diálogo sobre la problemática generada por la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, la exploración petrolera de los municipios de Gigante-Garzón, del proyecto llamado VSM32, de la empresa Emerald Energy, y la destrucción de vías en el Suroccidente del Huila, el 17 de enero en Bogotá entre el Gobierno y la comunidad se llegó a un acta de compromisos y acuerdos que contemplaba: realizar la Audiencia Ambiental, desarrollar mesas temáticas de control y seguimiento que recogieran la información para la audiencia con el acompañamiento de los entes de control, el compromiso del Ministerio de tomar medidas para proteger los derechos humanos de los afectados y del medio ambiente a partir del resultado de las mesas del 3 de febrero, y detener el desvío del río Magdalena programado para los días 8 y 9 de febrero.
 
El 25 de enero, cuando empezaron las mesas temáticas, el Ministerio se retira porque una parte de los manifestantes se mantienen ubicados sobre la margen del río, lo cual era cierto, pero con una claridad: los allí presentes, que no ejercian ningún bloqueo, eran pescadores de la región en desarrollo de sus faenas, que como no, también estaban alertas por la obra en marcha.
 
A pesar de las dificultades, las siete mesas (pescadores, campesina, transportadores, mineros, ambiental, vías y de evaluación) se desarrollan con la presencia de funcionarios asignados de los Ministerios de Agricultura y del Trabajo, el ICA, el Incoder, y se sumaron la contraloría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Estas mesas contaron con la presencia de aproximadamente 3.000 personas y sus resultados concluyeron que en la región se vive una crisis humanitaria generada por el megaproyecto El Quimbo. 
 
Pese a esto, el Ministerio del Medio Ambiente no procedió con el aval para la realización de una Audiencia Pública Ambiental, debate necesario de encarar porque la actual licencia y el inicio del proyecto fueron impuestos por el gobierno de Uribe de manera irregular, proceso que hasta ahora no ha sido replanteado por la administración de Santos.
 
¿Quién es el invasor?
 
¿La empresa española Endesa Emgesa o los pescadores que históricamente en permanecido en este territorio? Ante el hecho de calificar a los pescadores de invasores por permanecer en la margen del río, Asoquimbo solicitó amparo policivo a los bienes de uso público, con fundamento en la Ley 1242 de 2008 –que declara como bien de uso público una franja de terreno que se extiende 30 metros por cada lado del cauce de los ríos de la nación– y la Ley 13 de 1990, que reconoce la actividad pesquera como de utilidad pública e interés social. En la misma solicitud se exige que se esclarezca el uso abusivo de la margen del río Magdalena y la invasión de bienes de uso público de la nación por parte de la empresa Emgesa S.A.
 
Crisis humanitaria
 
Desde hace cuatro años, Asoquimbo investiga y denuncia la problemática del Quimbo, a la cual el Gobierno ha presentado oídos sordos. Esta problemática se ha incrementado y hoy, con el resultado de las mesas de seguimiento y control, se ha evidenciado que en la región se presenta una crisis humanitaria. La crisis obedece a la destrucción de las cadenas productivas y la seguridad alimentaria, el desplazamiento estatal, el desempleo, el daño de los ecosistemas, las afectaciones psicosociales, la ruptura de los tejidos sociales, los daños al patrimonio arqueológico, el riesgo sísmico y la vulneración de todos los derechos fundamentales de los afectados y el derecho colectivo al medio ambiente sostenible.
 
Crisis que podría multiplicar de hacerse realidad la construcción de la represa. Pero además, crisis que se podría extender a otras regiones, a partir de las consecuencias furutas que tendría el embalse del río, sumado a los cambios climáticos que de manera notoria padece el país.
 
Al ser así, la lucha de Asoquimbo y otras comunidades del Huila –para que el maltratado río Magadalena sobreiva-, debería ser la lucha de todo el país. ¿Qué se dice en el interior y en la costa norte colombiana?
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