BLOQUEO CONTRA EL PUEBLO. La policía boliviana bloqueó ayer la carretera Sacaba-Cochabamba para evitar que los partidarios del presidente en el exilio Evo Morales lleguen a la sede del gobierno. Las autoridades reconocieron que han muerto ocho civiles en las manifestaciones.Foto Ap

Mas allá del abordaje sociologista ultra-reduccionista sobre el golpe de Estado policiaco/militar/mediático en Bolivia, con bendición de Estados Unidos y la OEA–con sede en Washington y cuyo 60 por ciento de su presupuesto es financiado por Washington–, surgen sus profundas razones en el análisis geopolítico multidimensional que trasluce un litio-golpe (https://bit.ly/2NQomfI).

Desde el 8 de octubre, Behind Back Doors explayó los preparativos del golpe de Estado, con coartada de fraude electoral (https://bit.ly/35iR27h), para derrocar al gobierno anti-neoliberal de Evo Morales con la ayuda de los evangelistas (20 por ciento de la población).

Dejo de lado la mórbida personalidad del líder cívico de Santa Cruz, el gasero-financiero Luis Fernando Camacho, miembro de la logia Los caballeros del Oriente y exhibido como narco-lavador en los Panama Papers, junto al fascista peruano Mario Vargas Llosa (https://bit.ly/2qlJOAf). También soslayo la todavía más vulgar personalidad de la proclamada presidenta Jeanine Áñez, elegida por ocho diputados sin quorum: entronizada por el ejército y con una Biblia evangelista en la mano, cuyo sobrino Áñez Dorado libra una condena por narcotráfico en Brasil (https://bit.ly/357y7vW).

Dos meses antes del golpe, Ivanka, asesora e hija de Donald Trump, visitó Jujuy (Argentina), frontera con Bolivia, y pletórica en litio, donde prometió 400 millones de dólares para las rutas del litio (https://bit.ly/33TsTDZ). El 75 por ciento de las reservas globales de litio se encuentran en el triángulo Bolivia/Chile/Argentina que son motivo de la codicia geoestratégica de las superpotencias debido a su uso para las baterías de los carros eléctricos y los teléfonos inteligentes.

La firma del gobierno de Evo Morales con China de un contrato por mil millones de dólares para explotar el litio indispuso a Estados Unidos, con quien la nación asiática libra una guerra comercial (https://bit.ly/33UkH6l).

A las trasnacionales mineras anglosajonas de Estados Unidos y Canadá, que controlan a la OEA, les indispuso todavía más el lanzamiento del carro eléctrico Quantum de fabricación totalmente boliviana: una asociación de la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con Quantum Motors, de Cochabamba (https://bit.ly/2KqNury).

El golpe de estado abre de par en par a las mineras anglosajonas el Salar de Uyuni en Bolivia, la primera reserva global de litio (https://bit.ly/2KtSMCn). Según Common Dreams, el golpe viene menos de una semana después de que Evo Morales frenó (sic) el acuerdo para la extracción de litio con la firma alemana Acisa debido a semanas de protestas en la región de Potosí –cuya población exigía menos desventajas– que contiene “entre 50 y 70 por ciento de las reservas mundiales de litio en el Salar de Uyuni (https://bit.ly/2OklGpD)”.

El gobierno antineoliberal de Evo Morales había ya molestado a las trasnacionales gaseras/petroleras/acuíferas, debido a su exitosa nacionalización del gas/agua/electricidad/mineras/ telecomunicaciones, lo cual le procuró el segundo mayor crecimiento económico de todo el continente americano frente al artificial primer lugar de Panamá, especializado en el blanqueo financiero.

Hace dos años Stratfor publicó, la CIA en las sombras de las trasnacionales, y advertía el “empoderamiento de la revolución global del litio (https://bit.ly/32U3B72)” cuando la demanda de baterías de litio-iónico continuará a crecer, mientras Bolivia podría perder (sic) su oportunidad la próxima década para llenar las brechas del abastecimiento global del litio.

¿El pesimismo de Stratfor, en referencia a Bolivia hace dos años, se debía al gobierno nacionalista y anti-neoliberal de Evo Morales? En 20 años la producción de litio se ha triplicado y se espera que se duplique su demanda en 2025. Una cosa es tener las mayores reservas del mundo, el caso de Bolivia, y otra cosa es exhibir su producción, donde vienen a la cabeza Australia, Chile, Argentina y China. También hace un año, Laura Millán Lombrana de Bloomberg, aseveraba el casi imposible (sic) sueño del litio de Bolivia (https://bloom.bg/2QrsjJu). Ahora sus golpistas neoliberales pueden cumplir el sueño posible de las trasnacionales mineras anglosajonas.

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Sábado, 16 Noviembre 2019 07:39

Un largo proceso de degradación

Un largo proceso de degradación

Es clave para entender lo que está sucediendo ahora en Bolivia entender, a su vez, el proceso de división creciente y la degradación que durante los gobiernos de Evo Morales sufrieron los llamados movimientos sociales –que fueron el respaldo inicial del presidente– por una izquierda que permitía una sola posibilidad y no permitía la autonomía


Es una historia que comenzó entre 2009 y 2010, aproximadamente, cuando se armó otra forma de gobierno, otra forma de Estado, distinta a la que se venía proponiendo en las bases. Es un Estado crecientemente autoritario, que va a monopolizar el poder y no va a permitir ningún margen de autonomía a las organizaciones.


Este proceso fue deteriorando la relación del gobierno con los movimientos sociales. En 2010 esos malestares se dieron en organizaciones indígenas que adoptaron una posición autónoma y pidieron una mesa en la cumbre de Tiquipaya, una cumbre con la que el oficialismo pretendía mostrar que Evo Morales tenía una actitud de respeto para con la Madre Tierra y la protección de derechos indígenas. Allí, una de las mesas tenía que tratar el tema de la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (Iirsa) y la contaminación minera, y el gobierno se negó a tocar esos temas. Allí estaba planteada la contaminación de los campos y las aguas de riego, que ya estaba produciendo graves problemas, sobre todo en Potosí, Oruro y Huanuni, que se sumó a la patética destrucción y la desaparición del lago Poopó, el segundo más grande del país.


Obviamente, se trata de procesos cuyos orígenes datan de mucho tiempo atrás, pero que estaban siendo promovidos por la intensificación del extractivismo. Este proceso llevó a que se destruyera la noción de tierras comunitarias de origen (Tco), que fueron en su momento la base de la autonomía indígena. A fines de 2010 se dictó un decreto que establece que esas tierras indígenas, además de “originarias”, son “campesinas”, lo que permitió la invasión de parques nacionales por cocaleros, como en el caso del Territorio Indígena y el Parque Nacional Isiboro‑Sécure (Tipnis). Se firmó luego un protocolo de financiamiento, cargado de corrupción, con la constructora brasileña Oas para construir en ese parque una carretera. Es mucho lo que se podría detallar de ese episodio en particular, pero vale recordar que el gobierno optó por reprimir a los indígenas del parque y favorecer la invasión cocalera y la construcción de esa carretera.


Ese fue un momento de quiebre. A partir de entonces y en 2013, el gobierno dio la instrucción de invadir la sede del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), y se instaló como dirigente, contra los procedimientos indígenas de rotación de las autoridades que allí había, Hilarión Mamani, un empresario minero.


Es un proceso largo, de muchos años, que tiene entre sus últimas manifestaciones el incendio de la Chiquitanía (véase “La otra frontera”, Brecha, 30‑VIII‑19), originado en un decreto del gobierno que alentaba la invasión por colonos del occidente del país de ese ecosistema único. Ya el año pasado se había dado un enorme acercamiento del gobierno con los ganaderos en un plan de exportación de carne a China. Obviamente es mucho más barato quemar el bosque, como habilitaba ese decreto, que traer tractores o retroexcavadoras. Con la sequedad que hay en la Chiquitanía, el fuego se les fue de las manos. Fue una tragedia sin nombre y el más grande detonante de la debacle de Evo Morales.


Luis Fernando Camacho y la derecha que él encabeza viven ahora un momentáneo estrellato, gracias a haber logrado articular diferentes broncas hacia el Mas. Pero la disputa más grande todavía está en la acaparación de tierra y en la expansión de la frontera agrícola, que ha sido pactada entre la derecha y Evo Morales. La derecha no va a deshacer este pacto, no va a entregar a los indígenas la tierra que Evo Morales les arrebató, sino que, con la euforia momentánea de estas horas, está preparando la consolidación de la economía de la soja, del agronegocio, ya empezado con Evo.


Lo que se avecina es un proceso de mucha incertidumbre, de fragilidad institucional, de sabotaje, de liquidación económica. Los masistas van a tratar de dejar un país en ruinas para volver triunfantes. Ha sido un gravísimo error de la clase política prescindir del Mas y darle un viso de ilegalidad a este gobierno. Este gobierno de transición que ahora se ha posesionado nace cojo y manco, no es legítimo. No se puede borrar de un plumazo a un 40 por ciento del electorado. Una cosa es reconocer las fallas del gobierno de Evo Morales y otra es desconocer que efectivamente el Mas tiene un electorado y que ha tenido un papel simbólico muy importante por la dignificación de lo indígena.

 


Aquí cayó toda la clase política, no sólo Evo Morales. Y hay un vacío de poder porque la gente no ha reconocido aún su propia energía, su propia fuerza organizativa. Lamentablemente, hemos perdido muchos años en esta disputa por el control corporativo de los movimientos y las organizaciones sociales, lo que nos ha dejado fuera de combate en un momento en que la derecha está levantando cabeza y el ejército sigue intacto con todos sus negocios y todas sus empresas dolosas y corruptas. Estamos en una situación muy crítica.


A pesar de todo, en estos últimos años ha habido un reconocimiento y un autorreconocimiento de lo indígena como una fuerza moral. Aunque ha sido, hasta cierto punto, degradado por el gobierno del Mas, en la vida cotidiana se reconoce que lo indígena es valioso en cuanto a idioma, comida, cultura, y formas comunitarias y solidarias. Toda una serie de colectivos está saliendo con la whipala para dejar claro que no vamos a retroceder 17 años. Camacho ha ido al viejo palacio de gobierno, como para decir que no existió este proceso de reconocimiento y autorreconocimiento, para intentar tapar el sol con un dedo. Pero no hay vuelta atrás.


Lo que sí hay es una necesidad imperiosa de reencausar las movilizaciones populares, quitándoles aquellos aspectos muy fuertes de misoginia y autoritarismo fomentados por el gobierno del Mas. La negación de la democracia horizontal de las organizaciones y la degradación de estas están cobrándonos la cuenta en este momento, una cuenta que se llama parálisis y estupor.


En medio de eso, en la lucha contra eso, las mujeres estamos en la primera fila en cuanto a pensamiento y acción. Y en cuanto al dolor que nos produce toda esta situación. Las mujeres estamos en todos lados, articulando formas más locales de democracia y bregando por que la idea de la indignación, la idea del cabildo, la idea del Parlamento de Mujeres se fragmente en miles de parlamentos, miles de cabildos para que podamos deliberar qué país queremos, qué es democracia, qué es ser indígena. ¿Ser indígena es vestir poncho y organizar una gran borrachera? Nosotras, en nuestra posición como mujeres, no lo creemos así. En varios colectivos hemos creado una especie de plataforma para hacer de cada esquina un espacio de deliberación.


Nos vamos a apoyar en la Constitución, una Constitución que ha sido maltratada por el propio gobierno del Mas. Estamos ahorita en la defensa de la Constitución, en la defensa de la whipala, en la defensa de la democracia comunitaria de los ayllus* y la defensa de las mujeres.

*Comunidades tradicionales de los pueblos originarios de la región andina (N de E).Silvia Rivera Cusicanqui 15 noviembre, 2019

Por Silvia Rivera Cusicanqui, historiadora y socióloga boliviana, especializada en las cosmologías quechua 

15 noviembre, 2019

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Sábado, 02 Noviembre 2019 07:54

Graves problemas para el fracking en Colombia

Graves problemas para el fracking en Colombia

Como si se tratara de un escenario apocalíptico, digno de las películas sobre el fin del mundo, la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, aseguró que la decisión del Consejo de Estado de prohibir el fracking en Colombia es caótica: lo más grave que le pudo haber sucedido al país. En un tono muy cerca a la manipulación alarmista, la Ministra se atrevió a decir que el rechazo del alto tribunal llevaría a la devaluación del peso e incluso un dólar podría cotizarse en 5.000 pesos en los próximos años. De acuerdo con datos suministrados por Ecopetrol, las reservas de crudo en Colombia son para máximo siete años y los cerca de 400.000 barriles de consumo interno, tendrían que importarse. Una calamidad absoluta, según la Ministra. En esta misma línea, siguiendo algunos medios de comunicación, la seguridad energética en el país está comprometida y el fracking parece constituir la única salvación posible. Los conceptoa anteriores son un completo absurdo si se toma en consideración los daños absolutos que la técnica de fracturamiento hidráulico podría causar. Sin embargo, vamos por partes.

El primer elemento que debe ponerse en el debate es que la ministra Suárez como todo el gabinete del (pseudo)presidente Duque sigue unos intereses específicos, relacionados con los grandes poderes de multinacionales del petróleo. De manera que le queda muy mal a la Ministra posar como “preocupada” por la seguridad energética, si todos saben que son los negocios los que motivan sus “reflexiones”. Si en verdad la cartera de Minas y Energía, y por extensión todo el Gobierno Nacional estuvieran preocupados por la situación del país, entonces dirían algo en torno a que Colombia es el cuarto país más desigual del mundo, sólo por debajo de Sudáfrica, Haití y Honduras. Lo más grave es que, según la OCDE, una familia de bajos recursos tardaría 11 generaciones (¡once!) en alcanzar el ingreso promedio en el país. Pero hay datos más preocupantes: “el 10% de la población más rica gana cuatro veces lo que gana el 40% más pobre. El 20% de los ingresos totales están concentrados en sólo el 1% de la población, y la mitad total de los ingresos está en las manos del 10% de ella”. Por si fuera poco, el 1% de la población más rica, junto con algunas compañías transnacionales, poseen alrededor del 81% de las tierras en Colombia. Y todavía hay algunos que se atreven a decir que la concentración del territorio y la desigualdad económica no son los problemas más graves que aquejan al país.

Por esa simple razón, las declaraciones de la ministra Suárez son pura demagogia y oportunismo apocalíptico. ¿A quién quiere manipular la funcionaria con datos que sólo afectan a las empresas más ricas del país y a las compañías explotadoras en su mayoría norteamericanas? El día que ministros como María Fernanda Suárez denuncien la desigualdad en el país, que hablen con preocupación sobre los niños que mueren de inanición o las familias que viven por debajo de la línea de pobreza, ese día sí se les podrá llenar la boca al hablar de “crisis energética”. ¿Quiere hacer la Ministra, la “gran Juan Manuel Corzo” y decir que ya no habrá gasolina para los tres y cuatro carros de los altos funcionarios del gobierno?. Señora ministra: hay gente que muere de hambre y que ni toda la gasolina del mundo o incluso los billetes que usted tanto parece proteger, les darían lo que más necesitan. Por el contrario, el fracking representa un peligro definitivo para miles de comunidades cuyas únicas fuentes de agua potable estarían amenazadas.

En efecto, ya habíamos denunciado las graves afectaciones en temas de salud, cultura, política y economía que el fracking traería consigo. Sólo por recordar algunas de ellas, están: los riesgos de sismicidad que podrían ocasionarse con el ingreso de poderosas máquinas que arrasan todo a su paso; los grandes desperdicios de agua, pues justamente para la fracturación de las rocas se utilizan miles de litros del líquido a presión (mezclado con sustancias tóxicas); y la contaminación de acuíferos y otros cuerpos de agua a causa de las rupturas de las tuberías y que han producido los fenómenos de "ríos de fuego". De esta manera, no hay que ser ingeniero de petróleos ni experto en perforación para darse cuenta que el fracking es una industria dañina y peligrosa. Lo anterior se menciona debido al debate que se ha generado por “las voces no autorizadas” que han denunciado esta técnica. Pues bien, tampoco son expertos los miembros de las comunidades que tienen que padecer las consecuencias de unos pocos que se lucran a partir de la explotación de la tierra y viven en carne propia las decisiones que tecnócratas toman desde sus oficinas.

En consecuencia, la problemática es mucho más profunda que simplemente “la crisis energética” o “la ausencia de reservas petroleras”. El fracking como fenómeno productivo incluye una serie de elementos que superan el ámbito económico y que podrían incluso relacionarse con lo que los sociólogos llaman la interseccionalidad. Este término hace referencia a los elementos de género, etnia, clase o incluso de orientación sexual que también influyen sobre las relaciones de explotación y dominación. Dicho de otro modo, el impacto sobre las mujeres afrodescendientes en Tumaco (donde las necesidades básicas insatisfechas son cercanas al 50%) es distinto a las relaciones de dominación y explotación en otras regiones del país para un hombre blanco. Estos elementos deben incluirse a la hora de entender un fenómeno como el fracking que no sólo debe reducirse a las reservas energéticas del país, de hecho, hay detrás una serie variopinta de temas como: el reconocimiento de las comunidades ancestrales, la protección del medio ambiente, la búsqueda de modos de producción alternativos, la inclusión de la población en la toma de decisiones, entre otros.

Ahora bien, la decisión del Consejo de Estado se basó en ratificar la suspensión del fracking en el país, ignorando la medida cautelar impulsada por el Ministerio de Minas y Energía que pedía al menos mantener las pruebas piloto en Magdalena y Cesar. La decisión del alto tribunal se suma a la suspensión parcial de las normas que regulan la explotación de los yacimientos no convencionales (Decreto 3004 del 26 de diciembre de 2013 y Resolución 90341 del 27 de marzo de 2014) y contribuyó a poner un alto en las pretensiones de las empresas petroleras en el país. Con todo, la determinación del Consejo de Estado es un respiro para las comunidades, como lo dejó ver Carlos Andrés Santiago, miembro de la Alianza Colombia Libre Contra el Fracking para quien "lo que está en juego es el agua, el ambiente y la salud de las comunidades de las regiones donde se desarrollarían los pilotos de esta técnica". Esta perspectiva se conecta con el fenómeno de interseccionalidad pues deja ver el problema en su justa dimensión y no sólo como un dilema entre la seguridad energética y la “lucha de unos cuantos ambientalistas”. Por el contrario, el fracking es un asunto que le compete a todos los colombianos y debe tomarse con toda la seriedad antes que derive en un problema mayor.

No obstante, la reacción por parte de la Ministra de Minas y algunos sectores de la ultraderecha en el país fue la de rasgarse las vestiduras y asegurar que el Consejo de Estado incurría en un grave error pues prácticamente condenaba al país a la recesión energética. La ministra Suárez instó a “dejar la decisión sobre fracking en manos de la ciencia y no de Twitter”, como si el fallo de la alta Corte no tuviera relevancia por sí mismo. ¿Qué dirá la Ministra cuando los estudios científicos sean concluyentes en torno a los graves daños que el fracking causa a la salud y el medio ambiente? ¿Tendrá la misma postura o dirá que son estudios pagados o invenciones de Twitter? Lo grave de este caso es que ella, haciendo gala de su más vil politiquería, la ministra Suárez busca manipular a diversos sectores diciendo boca en jarro que las tarifas de energía y gas se pueden duplicar si no se acepta el fracking en el país. En otras palabras, o se acepta el fracking o el país tendrá que lamentar las consecuencias. ¡Qué bajeza, señora ministra!

A pesar de lo anterior, hay que ser sumamente prudentes con la decisión del alto tribunal pues es una medida provisional. De hecho, de acuerdo con una investigación de Nohora Celedón para el portal de la Silla Vacía, una sentencia de fondo de las altas Cortes puede demorar entre cinco y siete años, con lo cual, a pesar de que los sectores que se oponen al fracking han ganado algunas batallas, no se han hecho con la victoria definitiva. Debe considerarse una serie de variables como el término del periodo de algunos magistrados que, como Ramiro Pazos Guerrero, se han mostrado en contra de la implementación del fracking. Esto quiere decir que en cualquier momento se puede reactivar la normatividad que rige la explotación de yacimientos no convencionales y, con ello, el fracking podría convertirse en una alternativa de explotación de hidrocarburos.

Por lo expuesto hasta aquí, es necesario que los sectores sociales y movimientos ambientalistas no den su brazo a torcer y mucho menos se confíen frente a lo que está por venir. Si bien la ratificación del Consejo de Estado podría parecer esperanzadora, todavía no es una sentencia definitiva y en la cambiante política colombiana, todo puede suceder. Sin embargo, esto tampoco resta importancia a la decisión, de hecho, es un gran triunfo para aquellos sectores que han luchado con valentía para evitar la contaminación de sus entornos y debe tomarse en su justa proporción. Lo que debe rechazarse con vehemencia son las posturas alarmistas y manipuladoras de personas como la ministra María Fernanda Suárez que quieren reducir el debate de vida o muerte. Si ese fuera el caso, el fracking simboliza la muerte del medio ambiente, de los ecosistemas y del agua potable. Y no sólo eso, pues está en juego la independencia de las comunidades, su autodeterminación y la oportunidad de decidir su destino político. Retomando las palabras del novelista Edward Morgan Forster: “retengamos la idea de lucha: toda acción es una batalla; la única felicidad es la paz”.

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Yuri Borísov, vice primer ministro de Rusia, se reune con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 5 de octubre en Caracas. Foto: Reuters.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reafirmó hoy la unidad entre la nación bolivariana y Rusia, expresada en convenios de colaboración, con vistas a avanzar en la recuperación económica del país sudamericano.

"Es una verdadera cooperación estratégica, con 264 acuerdos en múltiples áreas que buscan el desarrollo compartido y la sincera hermandad entre nuestros pueblos", escribió el jefe de Estado venezolano en la red social Twitter.

Tras el encuentro de copresidentes de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel entre ambos países, celebrado este sábado, el vicepresidente sectorial para el Área Económica de Venezuela, Tareck El Aissami, junto al primer viceministro ruso, Yuri Borísov, suscribieron nuevos acuerdos en materia energética, tecnológica, económica, agrícola y militar.

Maduro aseveró en tal sentido, que la nación sudamericana tiene la asesoría de Rusia para ganar la batalla económica a la cual está sometida.

Durante la reunión, el primer viceministro ruso informó que el comercio entre Venezuela y su país aumentará en 150 millones de dólares en lo que resta de 2019.

Resaltó a su vez, que el país sudamericano es importante para la nación euroasiática en materia comercial, y reafirmó el compromiso de la Federación Rusa con el mejoramiento de la calidad de vida de los venezolanos a través de los envíos de medicamentos y productos de primera necesidad.

Por otra parte, El Aissami ratificó que la relación de intercambio y respeto entre las naciones se afianzó aún más con la visita de Maduro a Rusia, por invitación de su homólogo Putin, la cual convirtió a la Federación Rusa en uno de los más importantes socios comerciales y aliados políticos de Venezuela.

De acuerdo con el vicepresidente sectorial la reunión se traduce el día de hoy en grandes proyectos en el sector energético, con inversiones rusas en Venezuela por el orden de los cuatro mil millones de dólares, así como un importante crecimiento en el intercambio comercial en el sector agrícola.

La nación euroasiática suministrará al país sudamericano un millón 500 mil vacunas para la gripe y cinco millones de medicinas, así como también importantes alianzas en la producción de insulina, resaltó el vicepresidente venezolano.

"Nuestro Gobierno siempre abrirá las puertas a todas las empresas inversionistas rusas que desean trabajar en el país, en aras de fortalecer la cooperación empresarial y el desarrollo en ambas naciones", enfatizó El Aissami.

Señaló también que la reunión permitirá construir un sistema político, económico, social, cultural y financiero más justo, al tiempo que resaltó la consolidación de la cooperación entre ambos países en los últimos 20 años, producto de la visión estratégica del comandante Hugo Chávez (1954-2013).

6 octubre 2019

(Con información de Prensa Latina)

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Maduro recibe el respaldo de Putin a su presidencia al visitar Moscú

Moscú. Con un claro propósito doble –demostrar al anfitrión que controla la situación en Venezuela y, a sus enemigos y críticos, que goza del pleno respaldo de una potencia nuclear–, el presidente Nicolás Maduro vino a Moscú para reunirse este miércoles con su homólogo ruso, Vladimir Putin, quien reiteró que reconoce a su huésped como gobernante legítimo y abogó por un arreglo político de la crisis en el país sudamericano.

"Rusia apoya de manera consecuente todos los órganos de poder legítimos de Venezuela, incluidos la presidencia y el Parlamento", dijo Putin según el escueto comunicado distribuido por su oficina de prensa. Algunos medios dieron por seguro que el titular del Kremlin se refirió a la Asamblea Nacional declarada en desacato en Venezuela, de Juan Guaidó, el autoproclamado "presidente encargado", pero en los otros párrafos del comunicado se infiere que Putin, al hablar de Parlamento, aun sin nombrarla tenía en cuenta a la Asamblea Nacional Constituyente, creada por Maduro.

Por si quedaran dudas, Putin afirmó: "Desde luego apoyamos el diálogo que usted, señor presidente, y su gobierno, mantienen con fuerzas de la oposición. Cualquier negativa a sostener esa conversación sería irracional, perjudicial para el país y una amenaza para el bienestar de la población". Y remató: "Siempre respaldamos a las autoridades legítimas".

Maduro agradeció el apoyo de Rusia, muy importante en el contexto del anuncio de nuevas sanciones de la administración de Donald Trump, y destacó el carácter ascendente de la cooperación bilateral en ámbitos tan variados como la alimentación, la medicina, la energía y los armamentos.

"Venezuela y Rusia siempre hemos demostrado que podemos superar juntos cualquier dificultad", enfatizó.

Al respecto, Putin mencionó que los intercambios en materia agropecuaria, "tomando en cuenta las dificultades que atraviesa Venezuela por las presiones foráneas, pueden considerarse una suerte de cooperación humanitaria, en la medida en que esta producción guarda relación directa con el bienestar de la gente y satisface sus necesidades de alimentación". En este sentido, cabe destacar que el suministro de trigo ruso a Venezuela alcanzará este año 600 mil toneladas, frente a las 254 mil toneladas que se enviaron el año anterior.

El mandatario ruso también anunció que Rusia proporcionará a Venezuela un millón 500 mil vacunas contra la gripe y tiene posibilidades de ampliar ese suministro hasta 5 millones.

Poco trascendió de las conversaciones a puerta cerrada, primero en una reunión con los miembros de las respectivas comitivas y luego durante un almuerzo oficial.

Se supo sólo que Maduro, quien llegó a Moscú el mediodía del martes, tuvo ocasión de ofrecer a sus interlocutores locales –sobre todo a través del viceprimer ministro Yuri Borisov, encargado de la industria militar, y del director ejecutivo de la petrolera Rosneft, Igor Sechin– una versión optimista de la situación en Venezuela ante la preocupación que muestran los principales consorcios rusos que han invertido, según estimó el propio Putin, 4 mil millones de dólares en el país sudamericano.

Llamó la atención en el Kremlin que Maduro –acompañado de Cilia Flores, su esposa, que ostenta el título de primera combatiente de la República Bolivariana– haya adelantado su viaje a Moscú, en principio programado para octubre siguiente, coincidiendo con un momento en que otras figuras de la cúpula gobernante tampoco están en Venezuela. Es el caso de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que asiste al periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, junto con el canciller Jorge Arreaza, y del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, quien se encuentra de visita en Corea del Norte.

Maduro, se comenta aquí, quiso mostrar a Putin que él y otros miembros del primer círculo del gobierno venezolano pueden ausentarse del país porque, como presidente, cuenta con la lealtad de la plana mayor del ejército, encabezado por el general Vladimir Padrino.

Durante esta visita de Maduro no se firmó ningún convenio ni se hizo público algún proyecto de cooperación nuevo. Hay filtraciones interesadas que, por ejemplo, apuntan a que la petrolera venezolana PDVSA trasladará a Moscú su oficina en Europa, que ahora tiene en Lisboa, y se sondeó la posibilidad de inaugurar un vuelo directo entre las dos capitales.


Diamantes, oro y petróleo: la cooperación minera entre Rusia y Venezuela

 

Rusia y Venezuela preparan una serie de proyectos conjuntos en el ámbito energético

 

Rusia tiene experiencia en minería y procesamiento, en la refinación en caso del oro, señaló, mencionando una larga historia de la cooperación entre los dos países. Moscú tiene la oportunidad de reforzar los vínculos con un socio en una región importante y tendrá acceso al producto que necesita para su economía.

"El oro y los diamantes no son tan valorados en la industria de la joyería como en la fabricación de herramientas técnicas, sin las cuales la ingeniería de precisión y la industria aeroespacial serían imposibles", destacó.

Por su parte, Venezuela obtendrá una base financiera para abordar sus problemas internos y para fortalecer el clima socioeconómico necesario para estabilizarla, afirmó el analista.

Asimismo, la cooperación en el sector del combustible y la energía, principalmente en la producción de petróleo, es prometedora, opinó, y señaló que "es la base para el desarrollo de cualquier industria en los próximos años, aunque se avecina energía alternativa". Sin embargo, la era del petróleo no terminará inmediatamente, asegura el experto.

Las inversiones darán a Venezuela la posibilidad de restaurar el sector de los combustibles y fortalecerán el clima socioeconómico, según el experto.

Sin embargo, durante el encuentro de los dos mandatarios no se anunciaron planes concretos. Para el analista, la designación de la dirección del desarrollo de cooperación y la ausencia de proyectos específicos es algo natural, dado los acontecimientos recientes en Venezuela.

"Basta con que los dos presidentes anunciaran que están volviendo a la cooperación mutua, volviendo a fortalecer los lazos y que esta será la dirección en la que se moverán de inmediato. Creo que empresas concretas, basándose en estos acuerdos, probablemente ya tienen proyectos en desarrollo, que se pondrán en práctica", concluyó.

Las inversiones rusas en proyectos mineros en Venezuela podrían ascender a los 1.000 millones de dólares.

Sptunik

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 Un niño permanece junto a una bomba de agua instalada por una empresa minera china en Masumbiri, Sierra Leona, el 26 de julio de 2019. Nellie Peyton Thomson Reuters Foundation

Los pueblos colindantes a una mina quieren un hospital, un colegio y agua potable, pero de momento ni los han obtenido ni han dejado de ser pobres

Cuando los mineros chinos llegaron al pueblo de Masumbiri, en el norte de Sierra Leona, en busca de oro, todo el mundo se puso a la cola para conseguir un empleo. Los adolescentes mentían acerca de su edad, y las mujeres y las niñas iban a cocinar y limpiar el campamento de los trabajadores, un complejo cerrado situado en la ladera de una montaña cercana que da a los campos de arroz.

Dayu, una empresa privada que empezó a operar en Sierra Leona en 2018, no era más que la última de una serie de compañías chinas en busca de oro atraídas por la riqueza mineral del subsuelo del distrito sierraleonés de Tonkoili. "Al principio la gente estaba muy contenta con los empleos", cuenta Hasan Tholley, el envejecido jefe de Masumbiri, sentado en su porche junto a los ancianos del lugar en este pueblo de calles de tierra. Pronto, cientos de jóvenes con casco empezaron a llevar un sueldo a casa, y la población, con sus 5.000 habitantes, tuvo por primera vez cobertura móvil y bombas de agua, todo cortesía de Dayu.

Sin embargo, cuentan los lugareños, al cabo de 18 meses del comienzo del proyecto, cuyo valor asciende a miles de millones de dólares, el sueldo que ganaban no compensaba la pérdida de tierras, y la pobreza empeoró.

Al igual que muchos otros países africanos, Sierra Leona ha cortejado a las empresas extranjeras que pagan a los Gobiernos elevadas tasas por los derechos de extracción, mientras que la población local a menudo tiene la sensación de que no se le pide su opinión ni recibe ningún beneficio.

China es, con diferencia, el mayor exportador de minerales de África subsahariana. En la última década ha invertido alrededor de 30.000 millones de dólares en minería metálica en el continente, alrededor del 15% de ellos en Sierra Leona. Allí, la extracción de oro ha sido un sector relativamente pequeño comparado con el de los diamantes o el mineral de hierro, pero está aumentando con empresas como Dayu, que afirma tener la mayor mina de oro subterránea del país. Su explotación es el único proyecto de la compañía.

Varios equipos menores, algunos de los cuales operan ilegalmente, también extraen oro de la zona al mismo tiempo que las empresas grandes. "Considerando la actividad de extracción, las comunidades deberían estar experimentando un gran desarrollo", señala Mohamed Smooth Bagura, miembro del consejo del distrito de Tonkoili.

A lo largo de la pista embarrada y llena de baches que conduce a Masumbiri, los carteles oxidados anuncian las compañías mineras que llegaron y se fueron. Los únicos coches, edificios o carreteras nuevas en un radio de kilómetros estaban en el campamento chino.

Empleos

Desde su tienda de la calle principal de Masumbiri llena de cerraduras, camisetas y relojes, Ibrahim Thulleh cuenta que el negocio ha disminuido. "Desde que llegó Dayu, la gente tiene menos dinero para gastar", se lamenta durante una tarde calurosa, sentado en su choza descubierta.

Antes de Dayu, durante algunos años no hubo en el pueblo ninguna compañía minera grande. La gente acudía en masa a buscar pepitas de oro, a menudo con éxito, y luego iba a la tienda de Thulleh a gastar lo ganado. Dayu contrató a unos 350 lugareños, y los demás mineros se fueron porque la empresa se quedó con los yacimientos que ellos explotaban.

Thulleh cuenta que, cuando los trabajadores reciben la paga —cada uno cobra entre 50 y 150 dólares al mes—, la reparten entre la familia y los vecinos y la utilizan para liquidar sus deudas. "A final de mes no queda dinero", cuenta Abdulai Kargbo, un minero de 29 años que tiene uno de los empleos mejor pagados: ocuparse de las voladuras y la perforación de la montaña en busca de oro. Antes de Dayu, transportaba a gente en su moto y ganaba entre 10 y 15 dólares al día, más del doble de lo que gana ahora, cuenta el trabajador, que es padre de seis hijos. Las ventajas de un empleo estable no compensan la mengua de los ingresos, asegura. Dentro de unas semanas, cuando lleve un año trabajando en la mina, piensa dejarlo y volver a la moto.

A William Bangura, que tiene dos hijos trabajando para Dayu, no se le ocurre nada que la familia pueda comprar ahora que no pudiese permitirse ya antes. "Solo nos llega para ir tirando", se queja. Aún así, está agradecido por los empleos. "No teníamos elección", sentencia.

En vez de cribarlas a mano y venderlas en el sitio, ahora las partículas de oro se extraen triturando las rocas en una planta de procesamiento situada en la ladera de la montaña. En el suelo de la última sala se apilan grandes bolsas blancas llenas de polvo gris que contiene unos cuantos gramos de oro. En este estado se transporta en camiones al puerto donde se embarca rumbo a China.

Repartir la riqueza

Sierra Leona está "abierta a las empresas", anunciaba el presidente Julius Maada Bio, que ha pregonado su mensaje entre los inversores de China, Gran Bretaña y Emiratos Árabes Unidos desde que llegó al cargo el año pasado con el compromiso de garantizar que su país se beneficiaría de la minería. De acuerdo con el Código de Minería, las compañías como Dayu pagan medio millón de dólares anuales al Gobierno por una licencia de extracción a gran escala, y se les exige que dediquen el 0,01% de sus ingresos al desarrollo de las comunidades.

Pero las medidas para el desarrollo de las comunidades no están claras y el código no siempre se aplica, afirmaba el Gobierno el año pasado al anunciar una nueva política minera dirigida a poner en marcha una serie de reformas.

Dayu ha decidido aumentar su contribución al 1%, pero todavía está negociando las condiciones con la población local, informaba Mohamed Daffae, gestor encargado de relaciones con la comunidad. Los tres pueblos de la zona piden cosas diferentes. Uno quiere un colegio, otro un centro de salud, y el tercero necesita agua potable, explica el concejal Bangura. Hasta ahora solo se han instalado las bombas de agua, que llega directamente del río sin filtrar. "Hacemos todo lo que podemos para contribuir al desarrollo de la comunidad", declara Peng Hui Yao, director general de Dayu. "Queremos sinceramente que la gente de la zona sea feliz".

Según Daffae, la población está impaciente por que le lleguen los beneficios. "La principal dificultad es que entiendan la concesión", añade desde su oficina del complejo. Los lugareños creen que la tierra y los minerales son suyos, pero no tienen autorización, afirma.

El acuerdo de Dayu con el Gobierno da acceso a la empresa a 9,6 kilómetros cuadrados durante 25 años. Hace poco, Daffae se encontró con la resistencia de la gente del lugar que estaba extrayendo oro de la zona en la que la empresa china quería excavar. "Tuve que desplazarme hasta allí y explicarles que no pueden parar una explotación como esta, que es para todos nosotros", concluye.

Este artículo ha sido realizado gracias al apoyo de la Fundación Thomson Reuters, la sección sin ánimo de lucro de Thomson Reuters dedicada a informar sobre temas humanitarios, derechos de las mujeres y LGTB+, tráfico de personas, derechos de propiedad y cambio climático.

Por Nellie Peyton y Richmond Tholley

MASUMBIRI (Sierra Leona) 20 SEP 2019 - 03:01 COT

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Miércoles, 04 Septiembre 2019 06:20

La fiebre del oro arrasa la Amazonia venezolana

La fiebre del oro arrasa la Amazonia venezolana

El furor por el metal precioso, estimulado por Nicolás Maduro, en una región controlada por mafias, sindicatos y grupos guerrilleros deja un saldo de deforestación y violencia

 

En el norte del Amazonas arde otro incendio desde hace años. La minería ilegal se ha disparado en Venezuela en la última década y en mayor proporción desde la firma en 2016 del decreto del Arco Minero del Orinoco, por parte del régimen de Nicolás Maduro, que abrió la extracción de oro y otros minerales con concesiones a empresas extranjeras y nacionales, con la intención —fallida— de regularizar la minería ilegal, un mal endémico en el sur del país.

El 85% de los puntos de minería ilegal que hay en ese pulmón, que mantuvo en vilo al mundo desde que se iniciaron los voraces incendios en Brasil y Bolivia, están en la pequeña porción de la Amazonia venezolana. "El Arco Minero del Orinoco, que ocupa un 12% del territorio nacional, es nuestro incendio en el Amazonas", señala el ambientalista Alejandro Álvarez, de la organización Clima 21. "Lo que se hacía en pequeña escala, ahora es a gran escala. Y es complejo medirlo con satélites pues debes interpretar qué está ocurriendo en una zona donde hay nubosidad todo el año, donde los árboles de 30 metros de altura tapan la minería y las grandes excavaciones alrededor de todas las cuencas de Guayana y donde se está usando el mercurio para separar el oro de otros minerales, ya presente en todos los ríos".

La Red Amazónica de Información Socioambiental Georeferenciada (RAISG) monitorea desde hace varios años la pérdida de cobertura boscosa de este gran ecosistema transfronterizo que abarca nueve países. La investigación regional apunta que para enero de este año se concentraban 1.781 puntos de minería en la porción venezolana del Amazonas, de 345 kilómetros cuadrados, una superficie que equivale a dos veces la ciudad de Madrid. Es una superficie que ha venido creciendo desde 2010, asegura Bibiana Sucre, directora de Provita, organización que junto a la ONG Watanibe participa en el monitoreo de la RAISG. Los mapas están disponibles en línea y evidencian que al sur del enorme río Orinoco hay, literalmente, un campo minado.

Esa es una de las mayores preocupaciones de los investigadores. La minería ilegal atomizada y la que ha sido permitida por el Gobierno de Maduro, aunque no hay información pública sobre la distribución de los yacimientos ni transparencia sobre los volúmenes de la extracción que, según investigaciones periodísticas en la zona, en su mayoría se va por los caminos verdes y no llega a las arcas del Banco Central de Venezuela. Para Álvarez, el cuadro se ha agravado y salido de control en medio de la profunda crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela.

"Hace 20 años la minería de oro estaba concentrada en el municipio Sifontes del Estado Bolívar. Por la geología de la región ahí están las vetas de oro más importantes y ocurría una minería artesanal de muy pequeña escala en la que estaban involucradas algunas comunidades indígenas. Lo de ahora está relacionado con dos efectos: el aumento del precio del oro en el mundo —que la guerra comercial entre EE UU y China estimula— y la debacle económica de Venezuela, que ha impulsado una minería de supervivencia con una devastación masiva del ambiente y con violaciones de derechos humanos", dice Álvarez.

"Se deforesta para que acampen los mineros y en el borde de los ríos, por el tipo de extracción. Se arrasan entre dos y 10 hectáreas por punto minero. Así se hace muy difícil hacer una categorización de los mineros, que solo en poquísima cantidad son artesanales. La mayoría está usando máquinas, motobombas y mercurio con reportes de población contaminada a través de la bioacumulación de la sustancia en peces de consumo", señala Vilisa Morón, bióloga y presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología. "Para tener estos números de deforestación y esta situación tienes que tener a muchísima gente haciendo minería y esa es una de las grandes vergüenzas que tenemos al sur del Orinoco", lamenta.

Sustituto del bolívar

Hay casi 80 puntos de minería en parques nacionales. Se ven en Canaima, en Yacapama, en la cabecera del Caura que hasta hace poco era un sitio prístino, incluso en la Reserva de Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare, un tepuy a 1.300 metros de altura, denuncia Morón. El oro, junto con el dólar, ha sustituido al devaluado bolívar como moneda en la economía del sur de Venezuela, donde se puede pagar con gramas de oro —pepitas del mineral— ropa, zapatos y teléfonos móviles en cualquier tienda. Esta semana un gramo de oro se cotizaba entre el equivalente a 27 y 36 euros, treinta o cuarenta veces el salario mínimo.

"Todos los países que conforman la panamazonía son responsables de esta zona, donde viven 30 millones de personas. Ni siquiera hay que pensar en el efecto a largo plazo, porque el problema es hoy", señala Álvarez. "Hay un montón de personas que está sufriendo las consecuencias de la falta de controles y políticas ambientales equivocadas promovidas tanto por populismos de derecha como de izquierda. La cantidad de millones de dólares que salen de ahí no compensan lo que va a costar esto en salud y en muertes. Apostar a largo plazo a la minería es insostenible porque en los ecosistemas amazónicos los costos de recuperación son enormes. Y Venezuela ya no es la de 1999, ahora es un país pobre".


 Un deterioro creciente en cada lustro

En las leyes venezolanas está totalmente prohibida la minería en el Estado Amazonas. Tampoco está permitido en los parques nacionales y áreas protegidas y ya se da en todos. Fuera de la zona donde están las grandes vetas, el mineral se encuentra en pequeñas cantidades y su extracción implica la remoción de grandes extensiones de terreno para poder sacar el botín, con consecuencias ambientales más devastadoras. El furor del oro ha hecho que Venezuela sea el único país en la región que aumentó su tasa de deforestación entre 2000 y 2015, según las mediciones de RAISG cada cinco años.

En esos 15 años se perdieron 5.265 kilómetros cuadrados de bosque en la Amazonia venezolana de los siete millones del ecosistema. Esta pérdida de cobertura boscosa fue incrementándose cada quinquenio: el 17% de la deforestación ocurrió entre los años 2000 y 2005; el 29,4% entre 2006 y 2010; y en el siguiente quinquenio se registró el 53,6% de la pérdida de cobertura boscosa.

Por Florantonia Singer

Caracas 3 SEP 2019 - 12:07 COT

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Arde Perú. En medio de protestas suspenden minera Tía María

Los primeros días de julio el gobierno de Martin Vizcarra otorgó la licencia para la construcción del proyecto cuprífero Tía María, de la  Southern Copper Corporationdel Grupo México. A principios de agosto el mismo gobierno debió dar marcha atrás y suspender esa licencia, “hasta que los recursos de revisión presentados por la autoridades y colectivos sociales de Arequipa se resuelvan”, según declara el Consejo de Minería del ministerio.

¿Qué sucedió para provocar un cambio tan drástico? La población de la región Arequipa se levantó contra la minera y el gobierno. Estaba en curso el paro de cinco días con epicentro en la provincia de Islay, donde se asienta la mina, pero con fuerte repercusión en la ciudad de Arequipa.

La huelga indefinida comenzó a mediados de agosto en el Valle de Tambo, una región situada entre el desierto costero y la cordillera andina, donde está el distrito Cocachacra, corazón de la resistencia anti-minera. El paro urbano de cinco días lo decidieron los gremios dela Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) junto a las asociaciones civiles que comenzaron la protesta el pasado lunes 5.

La paralización de la mina es uno de los mayores triunfos de la lucha popular contra la minería. El conflicto lleva ocho años en pie, pero se agudizó el 3 de agosto cuando el gobierno decidió la movilización de las fuerzas armadas en la región.

La región está en conflicto desde 2011, cuando la empresa que comenzó a gestionar la mina en 2003, presentó su proyecto de impacto ambiental. Se sucedieron paros, marchas y cortes de ruta con un saldo de siete muertos. El 2009 se realizó una consulta vecinal promovida por las autoridades distritales de la provincia de Islay y supervisada por la asociación civil Transparencia, con el resultado de que el 95% de los votantes se opusieron al proyecto.

José De Echave, investigador de CooperAcción, sostiene que un paro que comenzó a escala local en Islay, se había instalado en Arequipa, la segunda ciudad del país con algo más de un millón de habitantes. Con los días, el conflicto se fue extendiendo hacia otras ciudades, como Moquegua, y estaba a punto de hacerse carne en toda la región macro sur, cuando el gobierno decidió la paralización del proyecto.

De Echave sostiene que el marco actual para la minería “fue construido y diseñado como parte de los ajustes sectoriales de los años 90, auspiciados por el Banco Mundial”, que beneficia a las empresas y “fue reduciendo derechos económicos sociales, ambientales y culturales de las poblaciones que están en la zona de influencia directa de las actividades mineras y esoexplica la creciente conflictividad social” (https://bit.ly/2MPr1Gx). Por eso, “el Perú se ha convertido en uno de los principales productores de conflictos sociales vinculados a la minería a nivel mundial”.

El problema de fondo es que Perú es un país minero desde la conquista y la colonia, no ha desarrollado su industria pero tiene un importante sector agrícola que está siendo afectado por las explotaciones mineras. La nueva mega-minería a cielo abierto, aterrizada a base de militarización por el régimen de Fujimori a principios de la década de 1990, es una actualización del colonialismo. 

Va de la mano, naturalmente, de los estados de excepción, la ocupación empresarial-policial-militar de los territorios concesionados a las mineras, y de una sostenida resistencia comunitaria indígena y campesina.

La violencia no es excepcional sino intrínseca al modelo, como señala Gilberto López y Rivas cuando la define como “acumulación militarizada por desposesión” (https://bit.ly/2KCk4pG). Es una política de muerte, porque es el único modo como el capital puede seguir acumulando en su fase de decadencia global, que el zapatismo ha definido como “cuarta guerra mundial”.

Lo verdaderamente importante, es que pese al brutal despliegue de armas y violencia que hace el sistema, se consiguen victorias tan importantes como las de Conga y Tía María en Perú, Río Blanco y Kimsacocha en Ecuador, y un puñado más en Chile, Colombia y Argentina. 

Son triunfos de la pelea cara a cara con los opresores, victorias que no se consiguen tecleando “like” en la pantalla del celular ni firmando desplegados en los medios, sino poniendo el cuerpo, arriesgando la vida, como se hizo siempre.

Son pequeñas victorias que no toman en cuenta los investigadores de arriba, pero que están abriendo brechas en la dominación y creando las condiciones para la fuga de los poderosos

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La ética rentista y el espíritu del extractivismo

En el marco de las polémicas que retornan ante el proyecto minero de Tía María, enclavado en el sur de Perú, un grupo de personalidades subscribió un “Acuerdo por el Desarrollo”. En ese texto apoyan una minería que llaman “moderna” y que serviría para el “desarrollo”, compartiendo una serie de recomendaciones para el Estado, la empresa y las comunidades locales, a las que les piden abandonar “discursos polarizantes” (1).

Tía María es un enorme proyecto de minería de cobre de la empresa Southern Peru Copper Corporation, localizado en el departamento de Arequipa, y que ha venido despertando todo tipo de polémicas desde hace diez años atrás (2). Se procesarán cien mil toneladas por día, de los cuales la mayor parte quedará como residuos ya que la concentración de cobre está estimada apenas en un 0,38 %. La meta es explotar 650 millones de toneladas de mineral con óxido de cobre. La explotación minera además compromete recursos hídricos clave para los agricultores de la zona. La resistencia local existe por lo menos desde 2009, los estudios de impacto ambiental han sido muy cuestionados, y se han pasado por picos de muy dura resistencia, incluyendo importantes movilizaciones y enfrentamientos, sumando al menos siete muertos.

El politólogo Martín Tanaka, uno de los firmantes del “Acuerdo”, en twitter defendió ese Acuerdo ante una aguda crítica de Mirta Vázquez, una reconocida abogada que acompaña a líderes locales ante las empresas extractivas (3). Vázquez señaló que algunas ideas del Acuerdo eran “absurdas” pero Tanaka replicó que compartía el “espíritu” de la declaración.

El uso de esa palabra, “espíritu”, y en ese contexto, inmediatamente me recordó a Max Weber con su clásico “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”, publicado en 1905. En esa obra, el sociólogo alemán retrataba el profundo cambio cultural de la pérdida de trascendencia que antes se buscaba en la religión, para ser suplantada por una moralidad impersonal e individualista. Perseguir el éxito económico, ganar dinero y más dinero, se volvió un fin en sí mismo que pasó a ser aceptado socialmente. Allí está el “espíritu” al que se refiere Weber, y que se lo adjudica al “capitalismo”, aunque su uso de esa palabra mejor correspondería a lo que hoy llamaríamos cultura o modernización.

Apelando a esa perspectiva, ¿cuál sería el “espíritu” del Acuerdo por el Desarrollo enfocado en Tía María? Para responder esto comencemos por precisar que aquella idea de “espíritu” no tiene un sentido religioso o metafísico, sino que sirve para entender los valores (ética) y los sentidos de los correcto e incorrecto en la sociedad (moral). Hoy estamos frente a extractivismos mineros y petroleros que tienen por detrás una ética y una moral. En ellos, la valoración económica reemplaza otros valores, y por ello ya no interesa ni importa si se “matan” o “amputan” a los apus, ya que se los ha despojado de cualquier trascendencia. El objetivo es lograr el éxito económico y captar la mayor proporción posible de renta económica. Esto no se esconde, sino que ahora goza de legitimidad moral. Lo moralmente correcto es ganarse los billetes como sea. Es más, la moral comenzó a actuar en sentido invertido ya que sería “inmoral” no aprovechar las riquezas minerales y petroleras del país, dicen empresarios, gobiernos y buena parte de la academia.

A mi modo de ver, el “Acuerdo por el Desarrollo – a propósito del proyecto Tía María”, está embebido en ese espíritu de la cultura capitalista o moderna aunque con algunas particularidades contemporáneas y criollas. Alrededor de cincuenta personas adhirieron al Acuerdo, y ciertamente hay variedad entre ellas, pero todos coincidieron en al menos dos cuestiones básicas: alentar la minería y no advertir que lo que proponen es imposible. Para decirlo con más precisión: el punto de partida del Acuerdo son unas metas incompatibles entre sí.

Es como si los que lo firmaron no hubiesen analizado con rigurosidad lo que allí estaba escrito. Esas incongruencias se disimulan por el llamado una y otra vez al “desarrollo”, y en ello reaparece otro aspecto del “espíritu” del documento: invocar una difusa idea del desarrollo como justificación de una moral para que algunos se beneficien mientras se daña a otros y al ambiente.

Me explico: el Acuerdo comienza postulando que es posible una minería, o sea un extractivismo, que atienda cuatro condiciones. Estas son cumplir con estándares globales, proteger el ambiente, dinamizar el desarrollo nacional y beneficiar a las poblaciones locales. Habría una minería, que ellos llaman “moderna” que debería cumplir los cuatro objetivos a la vez, todos al mismo tiempo.

Ante esto se debe señalar con toda claridad y énfasis que eso es imposible. No se pueden cumplir todas esas condiciones a la vez. Además, algunas de ellas ni siquiera existen en los términos que se plantean en ese Acuerdo.

Para evaluar si es posible alcanzar las cuatro metas, comencemos por una de ellas. Pongamos por caso que un emprendimiento como Tía María realmente promueva el desarrollo nacional, dejando en suspenso que quieren decir los firmantes del Acuerdo con conceptos como “dinamizar” y “desarrollo”. Pero, si se implanta esa minera enseguida se incumple otra meta del Acuerdo, la de la protección ambiental. Es evidente que un megaproyecto como Tía María acarrea alteraciones ecológicas de tal magnitud que no es posible asegurar que allí hay una “protección” de la Naturaleza. Por su propia dimensión y operación, ese proyecto conlleva un impacto ambiental severo, y las opciones de amortiguación y remediación son limitadas.

La discusión real es si se aceptarán o no, ese tipo de amputaciones ecológicas bajo el supuesto de un beneficio económico (entendido como ingresos de dinero por la exportación de materias primas). Es una falacia afirmar que se alcanzará a la vez una ventaja económica y una protección de la Naturaleza. Si hay una protección de la Naturaleza no habría beneficio económico planteado en esos términos, y si se busca el provecho de la renta será necesario perforar, horadar y extraer el mineral con todos sus impactos ecológicos.

Algo similar ocurre con la meta de “estándares globales” que plantea el Acuerdo, ya que no existen requisitos internacionales acordados por ejemplo para lidiar con los impactos de la minería. En realidad, los países compiten por rebajar sus controles ambientales para atraer a los inversores, y ese propósito estaba detrás de los defensores del “paquetazo ambiental” (y no escapa a nadie que algunos de los firmantes apoyaban ese tipo de rebajas ecológicas). Si por “estándares globales” los firmantes del Acuerdo se refieren a algunas reglas de desempeño que se sigue, pongamos por caso en la Unión Europea o que promueve Naciones Unidas, ya se sabe que la anterior evaluación ambiental recibió 138 observaciones desde los veedores de UNOPS, y la más reciente padece de otros serios problemas como se reveló en la prensa. Estamos ante otro objetivo violado (4). El gobierno Vizcarra recientemente otorgó la licencia ambiental al emprendimiento a pesar de todas estas limitaciones y de la resistencia ciudadana.

Los extractivismos denominados de tercera generación, que corresponden a actividades como la megaminería a cielo abierto o la explotación petrolera en selvas tropicales, por sus impactos y las resistencias que generan, son resistidos por comunidades locales sea en Perú como en todos los demás países del continente. En todas ellas hay grupos locales que los consideran perjudiciales. Esto hace que se viole otra de las metas de los firmantes del Acuerdo, la que se refiere al “beneficio” de las comunidades locales. La imposición de los emprendimientos, muchas veces por medio de la policía o la criminalización muestra cristalinamente la facilidad con que se abandonan objetivos de ese tipo.

Por todo esto, lo más impactante con el texto de ese Acuerdo no es tanto que repita el mito de una minería moderna que sería mejor y más provechosa, sino que sus firmantes ni siquiera se dan cuenta que su planteo es contradictorio en sí mismo y por lo tanto imposible. Si se cumplen una o dos de sus metas, inmediatamente se están violando alguno de sus otros objetivos. El Acuerdo tiene un vicio de nacimiento y es carecer de coherencia interna. Las referencias a los estándares globales o la protección ambiental quedan convertidos en una retórica justificativa.

Como hay una ceguera radical en advertir esto, el Acuerdo da unas curiosas vueltas basadas en recomendaciones, tales como impulsar programas de desarrollo de la agricultura, salud y educación, o crear un fondo de desarrollo. A tono con las clásicas defensas extractivistas, en el Acuerdo no hay pudor en concluir pidiéndole a las comunidades locales que dejen los “discursos polarizantes” y tomen a la minería como “una oportunidad de desarrollo”. Habría que ver si cuando una comunidad local reclama proteger el ambiente, una de las metas de los firmantes del Acuerdo, serán respaldados desde Lima como paladines de la justica ecológica o serán estigmatizados como actores atrapados en discursos polarizantes que impiden el desarrollo.

Por esto concluyo que el contenido del Acuerdo sí tiene un espíritu, y siguiendo la inspiración de Max Weber de hace más de un siglo atrás, me pregunto si no estamos ante algo así como “La ética rentista y el espíritu del extractivismo”.

Si por el contrario, el objetivo de los que firmaron el “Acuerdo por el Desarrollo” es como indican, “evitar una confrontación con posibles consecuencias lamentables”, deberían comenzar por sopesar que tal vez la primera línea de su documento debería haber sido un llamado a detener todo ese proceso.

Notas

  1. Acuerdo por el Desarrollo – a propósito del proyecto Tía María, El Comerio, disponible en: http://www.centrowinaq.com/noticias/acuerdo-por-el-desarrollo-proposito-del-proyecto-tia-maria
  2. Aportes técnicos que cuestionan la viabilidad del proyecto minero Tía María en Islay – Arequipa, M. del Castillo y colaboradores, Red Muqui y Cooper Acción, Lima, 2015.

Pinto Herrera, H. Proyecto minero Tía María: razones de la protesta. Investigaciones Sociales, UNMSM, 20 (36): 199-213.

  1. ¿Acuerdo por el Desarrollo de Tía María?, M. Vázquez, Noticias Ser, Perú, http://www.noticiasser.pe/opinion/acuerdo-por-el-desarrollo-de-tia-maria
  2. Tía María y las observaciones que Southern Copper tiene pendientes, J. Paucar Albino, La Mula, Lima, 18 julio 2019, https://redaccion.lamula.pe/2019/07/18/tia-maria-licencia-construccion-informe-resolucion-minem-southern-copper-observaciones/jorgepaucar/
  3. Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Una primera versión de este artículo se publicó en Noticias Ser de Perú. Seguimiento: twitter: @EGudynas
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El capitalismo a la conquista del espacio

En pleno 50º aniversario de la llegada del Apolo 11 a la Luna, los motivos por los que no se ha vuelto a alunizar medio siglo después parecen dejarse de lado y el presidente de EEUU Donald Trump se ha marcado el objetivo de volver hacerlo en 2024: pretende liderar la nueva economía espacial.

 

En una reciente entrevista para la cadena CBS, el propio Administrador de la NASA Jim Bridenstine, exponía que los motivos para no haber vuelto a alunizar desde 1972 son más motivos políticos y económicos que técnicos. Algo que para Trump no parece representar ningún obstáculo ahora, dado que antes de que termine el segundo de sus mandatos –si revalida presidencia- está convencido de que verá ondear la bandera de EEUU en la superficie lunar.

El horizonte se sitúa en el año 2024, adelantándose cuatro años respecto a lo inicialmente planificado. Surge así la misión Artemisa –hermana gemela del dios Apolo-, que presenta algunas diferencias respecto a la del Apolo 11. Bridenstine ya ha avanzado que la misión que regrese a la Luna lo hará “de una manera sostenible, es decir, para quedarnos”. La Luna serviría de prueba piloto para aprender a vivir en el satélite antes de dar el salto a Marte. En realidad, se trata de un banco de pruebas para llegar al Planeta Rojo. Otra de las grandes novedades es que, según afirmó el responsable de la NASA, la primera persona que vuelva a plantar su huella en la superficie lunar será una mujer.

Sin embargo, hoy por hoy Artemisa es una misión muy incipiente, dado que ni siquiera se ha diseñado el aterrizaje lunar ni se han realizado prácticamente pruebas de vuelo, ni del cohete ni de la cápsula lunar. De hecho, se está construyendo y probando ahora la nave, en colaboración con la Agencia Espacial Europea (ESA). Aunque los primeros viajes serán no tripulados, la aeronave bautizada como Orion tendrá capacidad para cuatro personas aguantando hasta 21 días sin necesidad de reaprovisionarse de víveres.

Nueva carrera espacial

En el seno del Congreso estadounidense se ve con escepticismo esta aceleración de los plazos. Es el caso de la congresista por Texas Eddie Bernice Johnson, que preside el Comité de Ciencia Espacio y Tecnología. El pasado mes de abril negó la “carrera espacial” con la que el vicepresidente Michael Pence justifica la meta de 2024. Johnson señala que “ganamos esa carrera hace medio siglo, como deja en claro la conmemoración de este año del Apolo 11”, al tiempo que critica la “retórica anticuada de la Guerra Fría” que emplean Trump y los suyos.

La congresista llegó a afirmar que “sería el colmo de la irresponsabilidad llevar astronautas a la Luna dentro de cinco años sin saber cuánto costará, cuál será el alcance de ese programa y cómo impactará en los otros que desarrolla la NASA”. En este sentido, Johnson ha reclamado que se detalle por anticipado y año a año el coste de la nueva misión a la Luna. Sólo para el primer año de Artemisa, se anunció una modificación presupuestaria de 1.600 millones de dólares, lo que llevó a Johnson a volver a cuestionar la misión hace un par de meses.

Este mismo año, la NASA ha adjudicado contratos por valor de 253,5 millones dólares a las empresas Astrobotic, Intuitive Machines y Orbit Beyond con el fin de que desarrollen módulos robóticos de aterrizaje que se harán cargo de la logística a la superficie de lunar de la ciencia y la tecnología dentro del marco de Artemisa, con el primer desembarque previsto para 2020.

La carrera espacial que se dio en la década de los 60 con la Unión Soviética no se da del mismo modo en la actualidad. Entonces, Kennedy forzó la máquina para demostrar el poderío tecnológico y económico de EEUU –la misión de Apolo 11 acaparó el 4% de todo el presupuesto federal-; hoy, se han sumado a la carrera otros actores, como China o India. Tanto es así, que esta misma semana y apenas una hora antes de su lanzamiento, India suspendía Chandrayaan-2, su segunda misión a la Luna que esperaba explorar el Polo Sur del satélite.

La nueva economía espacial

Desde el punto de vista científico, la NASA lleva años convencida de que los polos de la Luna contienen millones de toneladas de agua helada, lo que a sus ojos representa energía y una vía para establecerse en el satélite aprovechando sus recursos humanos. Tanto es así que Artemisa alunizará donde nunca antes se ha hecho: en el Polo Sur de la Luna.

Los expertos de la agencia confían que una permanencia sostenida, no sólo de robots, sino también de seres humanos contribuirá a ampliar los conocimientos de nuestro propio planeta y del Sol, probando estructuras de cara a la conquista de Marte.

Por otro lado, desde el punto de vista más económico, la NASA sostiene que “la próxima revolución ocurrirá en el espacio”, con una “una economía espacial basada en la minería, el turismo y la investigación científica que potenciará y capacitará a las generaciones futuras”. De esta manera, si 2024 es la fecha para devolver al ser humano a la Luna, 2028 se espera que éste se establezca allí, “para culminar nuevos descubrimientos científicos, demostrar nuevos avances tecnológicos y sentar las bases para que las empresas privadas construyan una economía lunar”, según la propia NASA.

En junio de 2015, el Congreso de EEUU aprobó la Space Resource Exploration and Utilization Act of 2015, en virtud de la cual se abría la puerta a que las empresas privadas pudieran, no sólo explorar, sino también explotar los recursos espaciales. Una de estas compañías es Moon Express, que considera a la Luna como el octavo continente de la Tierra.

El 20 de julio de 2016, Moon Express se convirtió en la primera compañía en recibir la aprobación del gobierno de EEUU para enviar una nave espacial robótica más allá de la órbita terrestre tradicional y hacia la Luna y ya ultima sus primeras misiones robóticas con las que espera “introducir un nuevo paradigma comercial para las misiones gubernamentales, democratizar la investigación y abrir el camino al transporte y la exploración comercial espacial más allá de la órbita de la Tierra”.

Dominio internacional

Desde la óptica del Derecho Internacional, no es posible colonizar el espacio. En diciembre de 1966 se aprobó el Tratado del Espacio Exterior, un documento visionario, suscrito por más de un centenar de países, con el que se intentaba regular la carrera espacial. Su Artículo II establece que “el espacio exterior, incluidos la Luna y otros cuerpos celestes, será libre de exploración y uso por todos los Estados sin discriminación de ningún tipo, sobre la base de la igualdad y, en general, de acuerdo con el derecho internacional, y habrá acceso gratuito a todas las áreas de los cuerpos celestes”.

En virtud de este Tratado, algunos expertos consideran que la Space Resource Exploration and Utilization Act of 2015 no se ajustaría a derecho. Sin embargo, esta postura no cuenta con el respaldo del consenso internacional; de hecho, once años antes (2004) de la polémica ley promovida por Trump, el Instituto Internacional de Derecho Espacial (IISL, por sus siglas en inglés) emitió una declaración que daba vía libre a la iniciativa privada, apoyándose para ello en el artículo VI del mismo Tratado del Espacio Exterior, que determina que "las entidades gubernamentales, incluidos los particulares, las empresas y las organizaciones, tienen derecho a realizar actividades en el espacio de conformidad con el derecho internacional del espacio, y están sujetas a la autorización y la supervisión continua del Estado Parte correspondiente".

En cierto modo, sería como la pesca en aguas internacionales, pero trasladada a los recursos naturales intergalácticos (minerales, agua, etc.). Sin embargo y dada la inseguridad que se desprenden de las lagunas legales existentes, en 2014, se creó el Grupo de Trabajo sobre la Gobernanza de los Recursos Espaciales de La Haya (Hague Space Resources Governance Working Group), compuesto por líderes industriales, científicos, diplomáticos, políticos y expertos legales de todo el mundo. El objetivo de aquel foro fue discutir y proponer soluciones para resolver el vacío legal para el uso de los recursos espaciales, sentar al menos un marco legal regulatorio. Asimismo, la ONU cuenta con un capítulo especial en su organización para abordar asuntos relacionados con el espacio exterior, desde el uso de sus recursos, al despliegue de determinadas actividades o a la utilización de energía nuclear, entre muchos otros tratados.

El último dictamen del IISL, fechado en 2017, es tajante al afirmar que “teniendo en cuenta el equilibrio de los derechos y las prohibiciones del Tratado del Espacio Exterior, el uso de los recursos espaciales no está explícitamente prohibido siempre que se cumplan las demás obligaciones del tratado”. Entre las condiciones aparejadas a esta explotación de los recursos espaciales se encuentran, por ejemplo, que sea “para beneficio e interés de todos los países”, “sin discriminación de ningún tipo”, “de conformidad con el derecho internacional” o “guiado por el principio de cooperación y cooperación mutua”. El objetivo final, desde la óptica de IISL, es garantizar que las actividades espaciales, incluida la explotación, sirvan a toda la humanidad.

Los nuevos viajeros espaciales

Otro de los mercados emergentes que van ligados a esta nueva carrera espacial es la de los viajes comerciales espaciales. Durante el último mandato de Obama (2015), el Senado aprobó el proyecto de ley HR 2262 (Commercial Space Launch Competitiveness Act), conocida como la Ley Espacial de EEUU.

Empresas como SpaceX, Blue Origin o Virgin Galactic son tres de las grandes beneficiadas; detrás de ellas, tres magnates como son el propietario de Tesla Elon Musk; el multimillonario y fundador de Amazon Jeff Bezos, y el británico Richard Branson, fundador de Virgin.

Desde el punto de vista legal, hace descansar la responsabilidad de los vuelos espaciales privados en quienes los realizan, sin que exista una regulación estatal que salvaguarde a estas personas. En realidad, es una moratoria al periodo anterior que se había concedido previamente, que expiraba en 2012. Con la HR 2262, el llamado ‘periodo de aprendizaje’ exento de la estricta normativa de la FAA (Federal Aviation Administration) se amplía hasta el 30 de septiembre de 2023.

En ese periodo, la FAA tiene escaso margen, más allá de emitir las correspondientes licencias para los lanzamientos, así como para las aeronaves que vuelvan a la Tierra. Más allá de eso, las autoridades no pueden determinar el modo en que se han de construir las aeronaves; ni siquiera exigir medidas de seguridad específicas como sucede con la aviación comercial, de manera que los pasajeros espaciales han de firmar previamente un consentimiento dando fe del conocimiento que tienen del riesgo de muerte que afrontan en un viaje cuyos billetes rondan los 250.000 dólares. De hecho, el vehículo suborbital SpaceShipTwo de Virgin Galactic sufrió un accidente en 2016 que se cobró la vida del piloto.

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