La descolonización sentipensante desde las rondas campesinas de Perú

Las históricas rondas campesinas de Perú son una forma de organización y resistencia que, desde sus sentires y pensares, nos ayudan a seguir trazando caminos descolonizadores para los pueblos de nuestra América Latina.

Uno de los grandes problemas que actualmente enfrentan los pueblos latinoamericanos se ve reflejado en el gran nivel de conflictividad con los estados debido a la imposición de proyectos extractivos de manera violenta. En este sentido, Lander nos dice que, a pesar del ascenso de gobiernos -autodeclarados- de izquierda o progresistas en parte de Latinoamérica, no hubo cambios en términos de mercantilización y privatización de la naturaleza sino que, independientemente del tipo de gobierno, la destrucción de la Madre Tierra se ha acelerado.

En medio de ello, gran parte de los pueblos originarios y campesinos más vulnerables son los que se ven más afectados ya que se encuentran en lugares donde las grandes empresas mineras transnacionales realizan sus actividades. Prueba de ello es el caso del Megaproyecto Minero Conga situado en la región de Cajamarca en Perú donde la empresa minera Yanacocha, cuyos capitales son transnacionales, pretende operar pese al gran rechazo expresado por la población afectada. Gracias a las luchas, resistencias y formas de organización se pudo detener este megaproyecto en el año 2012 aunque, lamentablemente, costó la vida de cinco personas debido a la represión del Estado peruano, el cual empleó fuerzas policiales y del ejército de una manera desproporcionada.


Por la defensa del agua y de la vida: ¡Conga no va!


Tanto daño, tanto engaño, no más minería en Cajamarca, no más contaminación, seamos libres como el agua, como el viento. ¡Jallalla Pachamama! ¡Jallalla!
GRUPO TINKARI, 2012


“¡Agua Sí, Oro No!”, “¡Conga No Va!” o “el agua es un tesoro que vale más que el oro” son algunas de las arengas que retratan parte de las luchas y resistencias contra el Megaproyecto Minero Conga. Éste fue impuesto de manera violenta a los pueblos originarios de Cajamarca en el año 2011 por parte del Estado y la empresa minera. Cada una de las expresiones citadas enaltece y recuerda, como si fuera ayer, uno de los episodios de lucha y resistencia histórica más conocidos en América Latina, con venas abiertas todavía. En medio de todo, gran parte de las mujeres, hombres, niños, niñas, jóvenes, ancianos y ancianas, y la sociedad civil, nacional e internacional, han venido manifestándose firmemente en contra de la minería de las formas más originales y valiosas.


En especial, en estas líneas nos gustaría alabar e indagar mejor el aporte de las rondas campesinas en esta región del Perú. Ellas constituyen la base de la organización comunal de defensa que surgió de manera autónoma en las zonas rurales del norte del Perú en los años de 1970 frente al frecuente robo de ganado (abigeato). Así, ejercían su derecho consuetudinario en el cuidado de su territorio al “rondar” y/o cuidar sus territorios. Esa es la misma forma que emplean hoy en día al ser guardianes y guardianas de las lagunas, las cuales se ven amenazadas por la destrucción de la empresa minera.


Asimismo, estas organizaciones de autoprotección del campo y de las ciudades se autodenominan democráticas, patrióticas, justas y moralizadoras, guiadas por sus prácticas, tal como lo señala la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú CUNARC-P, la cual es su instancia legítima de representación política. Es por ello que esta significativa experiencia, muy semejante a otras resistencias de los pueblos del Perú y de Latinoamérica, nos ayuda a continuar construyendo las alternativas descolonizadoras desde esta parte del Sur del continente.


Sentir y pensar desde América Latina: la descolonización sentipensante


Entendemos la descolonización como un conjunto de alternativas y proyectos necesarios que cuestionan las estructuras elementales de las problemáticas latinoamericanas. Para Fanon es una noción referida a trasformaciones en el plano epistémico y ético-político. Autoras feministas como Galindo contribuyen a pensarla como el ejercicio de poner en cuestión las estructuras, lógicas y sentidos coloniales de todas y cada una de las instituciones. En el análisis de Quijano, se trata de irrumpir y atacar a la colonialidad del poder, la cual es entendida como un conjunto de patrones de dominación que se ven expresados en la conformación estructural de las sociedades latinoamericanas. He ahí la importancia de mapear alternativas descolonizadoras desde diferentes aspectos.


Tras haber estudiado las experiencias de lucha y resistencia frente al extractivismo protagonizadas por las rondas campesinas es de gran importancia tomar y rescatar los conocimientos que ellas traen para la comprensión de sus realidades. Es así que esas experiencias expresan, por ejemplo, sus visiones propias del Buen Vivir.


El intelectual indígena Javier Lajo, nos dice que este paradigma (que en términos andinos-amazónicos sería el Sumaq Kawsay-ninchick) plantea un distanciamiento entre la visión occidental y la indígena de la relación de la persona y la naturaleza, donde el cuidado de la vida es lo más importante. Para las rondas campesinas esta noción permea su modo de vida y existencia donde se enaltece el respeto a la Madre Naturaleza, especialmente, a la Yacumama o Madre Agua. Ejemplo de ello es la manera de organizarse frente a megaproyectos extractivos como la minería donde una de las acciones fue cuidar y/o rondar las fuentes de agua que serían impactadas de forma irreversible por la empresa Yanacocha. En ese sentido, como señala Yrigoyen, las rondas campesinas son sujetos colectivos que hacen uso legítimo de su derecho consuetudinario en la protección de sus territorios jurisdiccionales. Esto quiere decir que conciben y practican el derecho desde sus conocimientos ancestrales, lo cual es amparado por la propia Constitución Política del Perú, la cual reconoce ese sistema jurídico al mismo nivel que el sistema jurídico ordinario. Por lo tanto, las rondas campesinas nos ayudan a ver cómo esta forma de organización abre caminos para repensar la propia descolonización del derecho en América Latina.


Lucha contra la minería y descolonización


El papel de las mujeres ronderas es, sin duda, uno de los pilares más importantes en el gran camino de lucha y resistencia. Ellas afirman que siempre se han dedicado a actividades como la agricultura, la ganadería o el comercio, por ello el impacto de las actividades extractivas les afecta como mujeres, pues son ellas las que utilizan el agua y ven cómo su carencia puede afectar a sus familias. Del mismo modo, la organización como rondas campesinas femeninas vienen a ser espacios donde ellas mismas se ven representadas con sus mismas pautas y propuestas al reivindicar sus derechos como mujeres. Todo ello podría considerarse como parte de las múltiples miradas propias de una descolonización despatriarcalizadora.
Rescatamos también que las experiencias de lucha y resistencia frente a la minería constituyen procesos de descolonización, pues son en estos escenarios donde se visibilizan los conocimientos ancestrales sobre el control de sus territorios que las rondas campesinas poseen. Ellas mismas lo expresan señalando que sus conocimientos ancestrales, sus múltiples saberes y las capacidades de los pueblos tienen de unirse para construir otro mundo basado en la defensa de la dignidad humana, el respeto a los derechos ambientales y de todos los seres vivos acogidos por la Madre Tierra o Pachamama.


Otro aspecto interesante es que los episodios de lucha y resistencia resignifican las propias prácticas que como sujetos colectivos poseen. Valores como la solidaridad, reciprocidad y organización comunal cada vez forman parte de un pensamiento local que se expande a otras experiencias similares, por ejemplo en la formación de redes a nivel nacional e internacional donde la defensa del agua y de la vida son el centro de la lucha. Por ejemplo, podemos citar a la Vía Campesina como una red de resistencia a nivel mundial en la defensa del agua, el territorio y la vida. Todo ello con un trabajo conjunto entre hombres y mujeres donde la descolonización también vaya de la mano de senderos despatriarcalizadores.

Por Shyrley Tatiana Peña Aymara
Docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y encargada de Relaciones Internacionales del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS)

publicado
2019-02-08 10:00:00

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Brasil vuelca su indignación contra la empresa minera Vale y exige justicia

Cinco ingenieros que evaluaron en diciembre la presa que se quebró fueron detenidos por orden de una juez que se plantea acusarles de homicidio, crimen ambiental y falsedad

El impacto inicial por la catástrofe de la mina de Brumadinho, en Brasil, ha ido derivando con el paso de los días en una creciente indignación e ira de los familiares, los ambientalistas, los políticos, sus propios accionistas y la ciudadanía en general hacia Vale, la empresa propietaria que ya estuvo implicada en un desastre similar en 2015. La exigencia para que se haga justicia, esta vez sí, es ya un clamor. Cinco ingenieros que evaluaron en diciembre la presa que se quebró fueron detenidos cautelarmente este martes por orden de una juez que se plantea acusarles de homicidio, crimen ambiental y falsedad. Tres de ellos, empleados de Vale, estuvieron directamente implicados en la última autorización de la mina Córrego do Feijão, en diciembre. Los otros dos trabajan para la auditora alemana Tuv-Sud, encargada de evaluar el riesgo de la instalación. Todos los permisos estaban en regla.


El rastreo en busca de las víctimas prosigue mientras tanto en Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, donde el 10% del PIB depende de la minería. Las autoridades sostienen que es probable que no todos los cadáveres puedan ser recuperados, dada la extensión que alcanzó la marea de lodo y su densidad. Los muertos son ya 84, según el último balance oficial, pero aún permanecen desaparecidas 276 personas, en su mayoría empleados de Vale o de subcontratas que trabajaban en la instalaciones en el momento en que el dique cedió y surgió una lengua de barro que devoró todo y a todos.


Las detenciones, a primera hora de la mañana, se produjeron después de que la víspera arreciaran las críticas a la cúpula de la mayor empresa minera de Brasil por la magnitud de la tragedia y porque es reincidente. Inmediatamente después de conocerse el desastre de este viernes, esta compañía, un gigante de 100.000 empleados entre directos e indirectos, empezó a ser castigada en la Bolsa en la de Nueva York. Ese día, la de São Paulo estaba cerrada porque la ciudad celebraba su 465 aniversario, pero el lunes las acciones llegaron a caer un 22% en el índice Bovespa.


El presidente de Vale, Fabio Schvatsman, ha anunciado a última hora de la tarde que la firma va a acabar con las represas como las de Brumadinho y de la mina Mariana, a la que la compañía Vale también estaba vinculada. Esta sufrió un desastre similar hace tres años. En ambos casos cedieron los diques que contenían inmensas balsas de residuos de la actividad minera generando un tsunami de lodo devastador. Menos de 100 kilómetros separan a una mina de la otra. El impacto ambiental fue entonces mucho mayor; murieron 19 personas. En Brasil existen unas 4.000 represas que están oficialmente consideradas de “alto potencial dañino”, de esas 205 contienen residuos minerales, según ha explicado el ministro de Desarrollo Regional, Gustavo Canuto. El ministro ha precisado que, como el Gobierno no tiene capacidad de auditarlos todos, va a dar prioridad a los que entrañan mayores riesgos.


Vale había echado mano antes de diversos recursos para parar el golpe y aminorar el dolor de los afectados. Ha anunciado una donación de 100.000 reales (27.000 dólares, 23.000 euros) para las familias de cada uno de los fallecidos y de las personas que no han sido localizadas independientemente de si trabajaban en la mina o no, ha anunciado la contratación de médicos del hospital Albert Einstein —precisamente donde el presidente, Jair Bolsonaro, se recupera de la operación para retirarle la bolsa de colostomía tras el atentado sufrido en la campaña electoral— para atender a los afectados y el pago de más tasas a los municipios donde desarrolla sus actividades mineras.


Un grupo de inversores ha presentado una demanda civil en Estados Unidos contra Vale a la que acusan de la pérdida de valor de sus acciones ADR, que el lunes perdieron el 27% de su valor en ese país.

NAIARA GALARRAGA GORTÁZAR
São Paulo 30 ENE 2019 - 04:30 COT

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Al menos nueve muertos y 300 desaparecidos tras romperse una represa minera en Brasil

El dique de contención se ha quebrado y el lodo ha sumergido el comedor de las instalaciones, según el presidente de la empresa propietaria

 

Al menos nueve personas han muerto y casi 300 permanecen desaparecidas después de que la rotura de un dique de contención de residuos de una mina brasileña inundara este viernes una amplía extensión de terreno de lodos férreos. La catástrofe ha ocurrido en el municipio de Brumadinho, en Minas Gerais (sudeste de Brasil) y las probabilidades de encontrar vivos a los desaparecidos son "mínimas", según aseguró el gobernador del Estado, Romeu Zema antes de que se diese a conocer el último balance oficial de víctimas. 

La compañía propietaria del complejo minero, Vale, ha precisado que el accidente sucedió a primera hora de la tarde en la conocida como mina Judía. El presidente de Vale, Fabio Schwartsman, ha explicado en una rueda de prensa que había algo más de 400 empleadas de la mina (propios y subcontratados) en el momento del colapso. Las primeras imágenes muestran la zona convertida en un mar de barro.


La rotura del dique de contención se produce poco más de tres años después de la tragedia ambiental de Mariana, la más grave de la historia del país sudamericano. Schwartsman ha asegurado que la empresa desconoce por qué ha colapsado la presa, que está vigilando otros diques en la mina. El máximo directivo de Vale ha añadido que "el impacto ambiental puede ser menor que aquel pero el coste humano, mayor".


El presidente brasileño, Jair Bolsonaro,lamentó la catástrofe en nota compartida en sus redes sociales. "Nuestra mayor preocupación en este momento es atender eventuales víctimas de esta grave tragedia", afirmó. El Gobierno activó un gabinete de crisis, coordinado por los ministerios de Desarrollo Regional y de Medioambiente.


La empresa minera Vale movilizó al cuerpo de bomberos y activó su plan de emergencias. “La prioridad total de Vale, en este momento, es preservar y proteger la vida de empleados y de miembros de la comunidad”, explicó la compañía en un comunicado. La catástrofe de Brumadinho hizo caer un 8% las acciones de la minera en la Bolsa de Nueva York este viernes.
La rotura de la presa de Vale en Brumadinho sucede tres años después del desastre de Mariana, la mayor tragedia ambiental del Brasil, ocurrida en noviembre de 2015. Entonces, la presa de Fundão, de la Samarco (propiedad también de Valle y de BHP Billiton), se rompió, matando a 19 personas y provocando un tsunami de barro que avanzó sobre el río Doce hasta llegar al litoral de Espírito Santo.


Alrededor de la 13.30 (hora local) el Ayuntamiento de Brumadinho alertó en sus redes sociales a la población de que se mantuvieran alejados del lecho del río Paraopeba.
El Instituto Inhotim, un museo a cielo abierto de arte contemporáneo localizado en Brumadinho, informó a través de sus redes sociales que fue evacuado por precaución. “Debido a la rotura en Brumadinho (MG), el Instituto Inhotim comunica que evacuó el área de visitas del museo" siguiendo las recomendaciones de las autoridades, explicó la institución. Inhotim es uno de los principales destinos turísticos del Estado de Minas Gerais y recibe miles de turistas todos los meses.


También a través de una nota, el Ministerio de Desarrollo Regional informó de que está "en contacto constante con los equipos de Defensa Civil".

 

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Venezuela: la disputa es por los territorios

Desde semanas atrás, ya se anunciaban turbulencias a partir de enero-2019 en Venezuela, con la instalación de la Asamblea Nacional y la toma de posesión de Nicolás Maduro para un hoy incierto período presidencial 2019-2025. De nuevo, saltan una serie de jugadas políticas y geopolíticas de corto y mediano plazo, movimientos, alianzas y decisiones que avivan las tensiones ya existentes y buscan generar nuevos puntos de inflexión y cambios de escenario. El dramático avance de la devastación económica y de la descomposición política e institucional del país, sumado al hostil panorama internacional, nos han llevado a tiempos de mucha mayor volatilidad, en comparación con el muy conflictivo 2017.

Sin embargo, todo esto va mucho más allá de los reacomodos del poder institucional y los potenciales cambios de mandatario. Ante el colapso del rentismo, del Petro-Estado y toda su institucionalidad, la disputa por la renta ha ido perdiendo centralidad y se va dirigiendo con más fuerza hacia la apropiación directa de los recursos y el control de los territorios.

Mientras casi toda la atención se centra en la llegada de un ‘desenlace’ en las cúpulas del poder, lo cierto es que desde hace ya varios años se viene produciendo un intenso proceso de des-territorialización1 y re-colonización a lo largo y ancho de la geografía venezolana, que está teniendo un extraordinario impacto no sólo en los tejidos sociales, en la correlación de fuerzas y en los ecosistemas y la reproducción de la vida socio-ecológica; sino en la propia forma de la soberanía política en el país.

Es claro que el Estado/Gobierno de Nicolás Maduro está jugando un rol clave en este complejo proceso de recolonización, al intensificar la lógica extractivista, aplicando un brutal ajuste económico sobre los territorios (zonas económicas especiales, mega-proyectos como el Arco Minero del Orinoco A.M.O., entre otros), al tiempo que se vuelve políticamente muy agresivo y autoritario, y ha suprimido de facto el estado de derecho (estado de excepción permanente, zonas militares especiales, etc.).

No obstante, por más que algunos análisis quieran omitirlo, no es el único actor en el juego. En realidad ni siquiera es un actor homogéneo y sólido. La crisis hegemónica que se produce desde 2013 con la muerte de Chávez y la metástasis de la corrupción, se unen a la extraordinaria crisis económica que colapsa y caotiza al país, lo que ha hecho que el Petro-Estado venezolano no sea hoy más que una colección de grupos de poder (que pueden tener conflictos y tensiones entre sí) y un conjunto de instituciones precarias y discontinuas.

El impacto de esta Gran Crisis (2013-2019) ha sido tan profundo, que ha removido y redimensionado las múltiples contradicciones y tensiones territoriales ya existentes, al tiempo que los territorios quedan abiertos ante los flujos salvajes de la actual globalización tardía y descompuesta. Lejos de ser homogénea, estamos ante una cartografía política fragmentada, muy movible y volátil: una parte de la sociedad venezolana, precarizada, migra desde la hueca economía formal hacia estas dinámicas de apropiación directa de los recursos y el control de los territorios; prolifera el paramilitarismo en sus diversas formas; bandas criminales y sindicatos mineros; sectores militares corrompidos que ejercen poder feudal; frentes de las guerrillas colombianas ‘desmovilizados’ (exFARC) o no (como el ELN); poderosos sectores ganaderos y terratenientes; y la creciente influencia/presencia, directa o a través de intermediarios, de las corporaciones transnacionales; entre otros. Es el capitalismo global 2.0 al desnudo.

Estos procesos no se pueden comprender en código binario/lineal, polarizado o sólo como los intereses de la Nación contra el Imperio. Los grupos en disputa pueden actuar basados en sus intereses particulares/locales o articularse hasta hacer parte de redes regionales, nacionales e internacionales, que conectan con mercados globales de recursos primarios, legales o ilegales. En estas múltiples escalas engranándose podemos hablar también de una geopolítica de la Región Guayana, una geopolítica de Los Llanos, una geopolítica de la Amazonía, etc.

En cualquier caso, todos estos actores mencionados son agentes de la acumulación por desposesión y de una u otra manera operan bajo lógicas bélicas. En esto, aunque no se articularan entre ellos, coinciden. Constituyen las diversas estructuras de poder que promueven una re-territorialización del despojo y la expoliación, y parecen llevar a Venezuela a re-configurarse como una o un conjunto de economías de enclave.

Cartografías del despojo, guerras y resistencias: algunas coordenadas

Es imposible dar cuenta de todas las múltiples tonalidades y rasgos de estas disputas territoriales a nivel nacional. Apenas si podemos mencionar algunas de ellas y sus tendencias de manera general.

Además del colapso del capitalismo rentístico, las zonas de enclaves petroleros han entrado en decadencia (al igual que las propias ciudades). Esto ha propiciado que las economías informales de extracción hayan tomado un muy importante auge. Las lógicas de apropiación y poder se van dirigiendo con mucha fuerza al control de las tierras, el territorio y las posibilidades de la extracción de materiales (oro, diamantes, coltán, madera, especies protegidas, etc) e incluso agua, así como al de la movilidad social, de mercancías, corredores estratégicos y de comercios transfronterizos.

En la región Guayana y la Amazonía –las que consideramos las nuevas fronteras de los commodities venezolanas– son tal vez las áreas donde presenciamos estas dinámicas con mayor crudeza. Las principales zonas del oro, en la Reserva Forestal de Imataca (al oriente del estado Bolívar), están siendo atravesadas por lógicas de guerra y se han creado feudos mineros dominados por bandas criminales, militares corruptos y/o sectores de la guerrilla colombiana, lo que no excluye la existencia de enfrentamientos armados con componentes de las Fuerzas Armadas, principalmente a través de operativos. Las nuevas fronteras de los commodities son claves en la reformulación del proyecto extractivista venezolano, pero al mismo tiempo lo son para el enriquecimiento y consolidación de intereses particulares y el posicionamiento territorial en relación al conflicto político nacional. Por eso es tan importante el devenir de lo que vaya ocurriendo en estas áreas.

Estos procesos han hecho metástasis en la zona, expandiéndose con mucha fuerza desde mediados de la década pasada, y en especial en este período de crisis actual. Se han intensificado en la cuenca del Caroní, en el Parque Canaima, en la cuenca del río Paragua, en el sur oriente de Bolívar (frontera con Brasil) y en el Caura, así como en los territorios Yanomami y en los municipios nor-orientales del estado Amazonas. Del mismo modo ha ocurrido con el coltán desde el nor-occidente de Bolívar hasta el eje carretero, y en la frontera de Amazonas con Colombia hasta el sur (oro).

Las disputas entre grupos armados y la instalación del proyecto del A.M.O. han generado violencia, muertes y desplazamientos. Varios pueblos indígenas han puesto resistencia, como han sido los pemón, yekwana, yabarana, wótjüja, yanomami, entre otros, aunque varias de estas comunidades se han también incorporado crecientemente a la actividad minera informal. En el caso de los pemón, desde hace varios años han luchado férreamente contra los desplazamientos y el despojo de estos grupos, y constituyen hoy uno de los principales bastiones de resistencia en estos territorios.

Estas operaciones de extracción se están expandiendo aceleradamente por todo el país, bajo una lógica de saqueo. No solo en el sur: minas metálicas (como las de oro en el estado Carabobo o en Yaracuy) o no metálicas (areneras, caliza, entre otras) proliferan en la geografía nacional, estas últimas también impulsadas en buena parte por militares corruptos que dan un usufructo personal de estas, generando deforestación, desvío de ríos y conflictos con poblaciones locales. Situación similar está ocurriendo con la madera.

En la extensa región de los Llanos, se han venido recrudeciendo las disputas por la tierra, que desde 2001 y hasta la fecha ha dejado un saldo de más de 350 campesinos asesinados. En el período de crisis, han venido arreciando situaciones de desalojos arbitrarios de tierras que habían sido recuperadas por comunidades campesinas, para así ser re-apropiadas por latifundistas. Los campesinos señalan que han sido abandonados desde instancias gubernamentales, que son asediados y perseguidos, criminalizados, judicializados, amenazados y en muchos casos asesinados a través de paramilitares y sicarios pagados por terratenientes y latifundistas. Las agresiones se han registrado al menos en los estados Barinas, Portuguesa, Monagas, Anzoátegui, sur del lago de Maracaibo (Zulia), Apure, Cojedes, Trujillo, Guárico o Mérida. En los últimos meses se han registrado asesinatos de campesinos, como el caso de dos de ellos pertenecientes al predio Hato Quemao (Barinas), el dirigente campesino del Partido Comunista de Venezuela, Luís Fajardo (sur del Lago) o recientemente (12/01/19) el de José "Caballo" de La Cruz Márquez, también en el sur del Lago.

El 12 de julio de 2018, un grupo de 200 campesinos que hacen parte de La Plataforma de la Lucha Campesina, inició una marcha desde Guanare (estado llanero de Portuguesa) recorriendo 430 kms a pie durante 21 días hasta llegar a la capital Caracas, en lo que representa una movilización inédita en Venezuela, y de grandes repercusiones políticas para los movimientos populares. Los campesinos exigen justicia por los asesinatos y denuncian cómo organismos de seguridad como la Guardia Nacional o la Policía Nacional Bolivariana habían participado de agresiones hacia ellos. A su vez, plantearon la necesidad de redireccionar el modelo agrícola, reconociendo a los campesinos como eje central de la soberanía alimentaria en el país. Estas movilizaciones revelan la necesidad de reorganización y relanzamiento del movimiento campesino, ante las crecientes amenazas a las que se ven expuestos.

Estados como Zulia y Táchira, como ya es sabido, son zonas sobrecargadas de intereses económicos y conflictos, claves en el mil millonario comercio ilegal de contrabando y extracción transfronterizo entre Venezuela y Colombia, pero además tienen incidencia en la dinámica de las conflictivas relaciones entre estos dos países. Numerosos actores armados –en buena parte, provenientes del conflicto colombiano– han incursionado y se han posicionado en diversos territorios, y hacen parte de intensas disputas por el control de los mismos, así como de los negocios de la gasolina, alimentos, entre otros. Quisiéramos destacar, para el caso del Zulia, el asedio en los últimos años que han sufrido los indígenas en la Sierra de Perijá (yukpas) y La Guajira (wayuu), siendo que esto se ha intensificado con las familias del asesinado cacique Sabino Romero y la cacica Carmen Fernández, lo cual se evidenció con el secuestro y tortura que sufrió la docente yukpa Mary Fernández, hija de Carmen, y el desplazamiento forzado del que fue objeto la comunidad de Kuse –liderada por la mencionada cacica.

Por último, las zonas urbanas, atravesadas por la precariedad, son áreas donde se producen intensas disputas por el control de barrios, comercio y corredores estratégicos. Bandas criminales han logrado ampliar su capacidad de organización y fuego, e incluso se han logrado articular con sectores corruptos de los cuerpos de seguridad del Estado. Estos últimos llevan adelante frecuentes operativos de choque en barrios populares (como ha sido la Operación para la Liberación del Pueblo) y el despliegue de fuerzas especiales a lo largo y ancho de las ciudades, los cuales actúan sin mayor regulación.

El juego está bastante abierto y la geografía venezolana cruje, jaloneada por múltiples actores del despojo y la re-colonización. Cuando de a ratos, en la escena de la política partidista las cosas parecen estacionadas, en la materialidad de las localidades, estos procesos avanzan vertiginosamente, evidenciado que, en buena medida, en Venezuela la disputa es por los territorios.

Epílogo. ¿Re-pensar un proyecto emancipatorio, en tiempos muy conflictivos?

Es difícil no analizar estos escenarios y hacer parangones con otras experiencias, como la colombiana, Centroamérica, o algunos casos africanos como el de Congo. En este caso, la pregunta es si presenciamos la instalación territorial de estructuras, y sobre todo, lógicas de poder mediadas por la guerra. Y de ser cierto, la consiguiente pregunta sería cómo revertirla. Es fundamental, no desmayar en los intentos de la construcción de una alternativa política para el país, que vaya más allá de los dos grandes proyectos neoliberal/autoritarios en disputa (Gobierno de Maduro y Frente Amplio/Voluntad Popular et al), y que pueda permitir el re-surgimiento de las potencialidades populares y el nacimiento de nuevas culturas políticas que tributen a la vida socio-ecológica. Si el escenario no es reversible en los próximos plazos, es evidente que los pueblos tienen derecho a la defensa propia. En ese caso, esto supone re-pensar un proyecto emancipatorio, en tiempos muy conflictivos.

Emiliano Terán Mantovani es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela e investigador asociado al Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES)


1 Entendiendo ‘desterritorialización’ como un proceso de ruptura y trastocamiento de una territorialidad determinada, de sus configuraciones socio-culturales, metabólicas y ecológicas. La desterritorialización en el sistema capitalista suele estar determinada por la apertura forzada y violenta de nuevos procesos de despojo y acumulación de capital, y para los países del Sur Global puede comprender formas de pérdida de territorio.

15/01/2019

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Venezuela y Rusia evalúan nuevos proyectos de inversión en el Arco Minero del Orinoco

En una reunión en Caracas, autoridades de ambas naciones revisaron contratos de exploración y explotación en las reservas auríferas en el país suramericano

Venezuela y Rusia evalúan la viabilidad de proyectos de exploración y explotación en el Arco Minero del Orinoco, una zona de 114.000 kilómetros cuadrados con riquezas minerales, situada al sureste del estado de Bolívar.


El ministro de Desarrollo Minero de Venezuela, Víctor Cano, y el embajador de Rusia en el país suramericano, Vladimir Zaemskiy, se reunieron esta semana en Caracas y revisaron "condiciones, indicadores, ejes de negociación y garantías de la actividad productiva minera", dijo Cano, vía telefónica, a este medio.


El ministro Cano informó que en la reunión se expusieron las capacidades de Venezuela en el área minera, "con el objetivo de atraer la inversión extranjera e impulsar el apoyo tecnológico" en ese ámbito.


El titular de la cartera destacó que la discusión de los nuevos proyectos planteados sirve de antesala a la reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel (CIAN) Rusia-Venezuela, prevista a efectuarse en el primer trimestre del 2019.


La CIAN es una instancia intergubernamental, creada desde 2004, donde ambos países abordan proyectos en las áreas de energía, agroindustria, minería, técnico-militar y comercialización.


Acuerdos previos


Uno de los acuerdos discutidos en la reunión contempla la posibilidad de que profesionales venezolanos viajen a Rusia para un intercambio científico-técnico. Otro de los convenios incluye el fortalecimiento de los laboratorios del Instituto Nacional de Geología y Minería en Venezuela para avanzar hacia una actividad "menos invasiva" con el ambiente.
El Ministro expresó que los acuerdos, además, implican la dotación de insumos para potenciar el área geocientífica en el país suramericano: "Es parte del apoyo que nos brindan instituciones rusas para adquirir partes y piezas. La idea es que estén a la disposición para nuestros proyectos mineros", agregó.
Diamantes y basalto


En el encuentro, Venezuela y Rusia analizaron el potencial diamantífero correspondiente al área 1 del Arco Minero del Orinoco, específicamente en la población de Cuchivero, en Guaniamo. Allí, de acuerdo con estudios preliminares del ministerio venezolano, se calcula la existencia de 40 millones de toneladas de depósitos de diamantes.


Según el Ministro Cano, el objetivo es evaluar los bloques potenciales para la explotación y los términos de negociación.


Otra área en estudio es la propuesta de una empresa rusa para la producción de fibra a partir del basalto, una roca volcánica de color oscuro con grandes reservas en territorio venezolano.


Cano detalló que con el basalto se puede crear, por ejemplo, "una fibra resistente y menos pesada que el acero y el hierro, que sirve para fabricar cabillas y mallas, como refuerzo de estructuras de concreto".

Publicado: 30 nov 2018 03:15 GMT 

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En medio de las crisis latinoamericanas, ¿por qué florece la Bolivia de Evo Morales?

El país del altiplano mantiene hace más de una década una estabilidad, crecimiento económico y mejora de los índices sociales que contrasta con sus vecinos.

En enero de 2006, por primera vez en la historia de Bolivia, asumía el Gobierno un presidente indígena. Evo Morales Ayma, dirigente sindical cocalero, había triunfado meses antes con más del 50% de los votos en una elección sin precedentes.


Su victoria se inscribió en una oleada progresista y de izquierda que llegó a los Gobiernos de América Latina durante los primeros años del siglo XXI. Para ese entonces ya estaban en la presidencia Hugo Chávez en Venezuela, Lula da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina y Tabaré Vázquez en Uruguay. Unos meses después se sumaría Daniel Ortega en Nicaragua y en 2007 Rafael Correa en Ecuador.


No obstante, en comparación con sus pares (quizás exceptuando el caso uruguayo), Bolivia logró consolidarse como un modelo social, político y económico estable que no sufrió las crisis económicas y políticas de Venezuela o Nicaragua ni perdió el Gobierno mediante golpes de Estado e 'impeachments' –como en Brasil, Honduras y Paraguay– o elecciones –como en Argentina–. ¿A qué se debe esta excepcionalidad?


Estadísticas contundentes


Según datos del Banco Mundial, en 2006 el Producto Bruto Interno (PBI) boliviano era de 11.452 millones de dólares. Para 2017 ese número había aumentado más de tres veces llegando a 37.509 millones. En el mismo período de tiempo, el ingreso anual per cápita pasó de 1.120 dólares a 3.130 y la esperanza de vida subió de 64 a 71 años. A su vez, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del país, sostiene que la pobreza se redujo del 59,9% cuando asumió Evo Morales al 36,4% el año pasado.


Por otra parte, como remarca el investigador y máster en Desarrollo Económico y Sostenibilidad Sergio Martín-Carrillo, Bolivia "ha sido el país suramericano que mayor crecimiento económico ha experimentado, incluso manteniendo un ritmo por encima del 4% a pesar del contexto de debilidad que vive la región desde el año 2015". Esto fue acompañado de un descenso constante de la inflación, que pasó de un 12% en 2007 a menos de un 2% en lo que va de 2018.


Estos logros se sostuvieron en una política que contradice los postulados neoliberales que impulsan hoy Gobiernos de países vecinos como Argentina, Chile, Paraguay o el electo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.


Las razones


El sociólogo y escritor boliviano Antonio Abal enumeró en diálogo con este medio "los ejes del sostenido crecimiento de la economía de Bolivia".


Según su mirada, se trata de una política basada en "nacionalizaciones de sectores estratégicos, como las comunicaciones, los hidrocarburos y la minería"; la redistribución de los ingresos estatales, "sobre todo en infraestructura productiva"; el "fortalecimiento del mercado interno"; una política monetaria de "apreciación de la moneda nacional", es decir, una "desdolarización de la economía"; y finalmente una fuerte inversión en procesos industriales como el "litio, lácteos, textiles, etc. y fomento de las pequeñas y medianas empresas, con facilidades en los soportes crediticios".


En el mismo sentido se expresó el vicepresidente del país, Álvaro García Linera, en una entrevista con Página/12, donde explicó lo que para él son los cuatro factores principales de este éxito económico.


En primer lugar, que el Estado controle como propietario los principales sectores generadores de excedente económico: hidrocarburos, electricidad y telecomunicaciones. Por otra parte, llevar a cabo una redistribución de la riqueza, "pero de una manera sostenible", de forma que "los procesos de reconocimiento y ascenso social de los sectores subalternos populares e indígenas tenga una sostenibilidad en el tiempo".


En tercer lugar, al igual que como sostiene Abal, "apuntalar el mercado interno" y, por último, la "articulación entre el capital bancario y el productivo, lo que implica que el 60% de los ahorros de los bancos se dirige al sector productivo, generando mano de obra".


Políticas públicas de redistribución


A esto se suma una serie de programas sociales que han acompañado la mejora económica y han sido los dispositivos que han garantizado una redistribución de la riqueza. En ese sentido, Martín-Carrillo enumeró tres que considera los más importantes: el Bono Juancito Pinto, la Renta Dignidad y el Bono Juana Azurduy


El primero de estos fue lanzado durante el primer año de Gobierno y apunta a que los niños y niñas finalicen la escuela. Supone un aporte de 200 bolivianos (29 dólares) a estudiantes de escuelas públicas a cambio de que sostengan un mínimo de un 80% de asistencia a clases. Durante 2018 hubo 2.221.000 de estudiantes beneficiados por esta iniciativa. A su vez, esto logró que entre 2006 y 2017 la deserción escolar en primaria cayese del 6,5% al 1,8% y en la educación secundaria fue del 8,5% al 4%.


Por su parte, la Renta Dignidad, vigente desde 2007, apunta a la población de adultos mayores –60 años o más– e implica 250 bolivianos (36 dólares) para las personas con pensiones de jubilación y 300 (43 dólares) para personas que no tienen pensiones de jubilación.


Finalmente, el Bono Juana Azurduy está dirigido a mujeres gestantes a las cuales estipula el cumplimiento de cuatro controles prenatales, parto institucional y control postparto, así como para niños y niñas condicionado a 12 controles integrales de salud bimensual.


También ha habido una política agresiva de incremento del Salario Mínimo Nacional, que en 2005 equivalía a 440 pesos bolivianos (57 dólares de aquel entonces) y en la actualidad llega a 2.060 (298 dólares). Asimismo, este año, debido al crecimiento económico, tal como informó la Agencia Boliviana de Información, el Ejecutivo dispuso el pago del doble aguinaldo para todos los trabajadores públicos y privados.


Un proceso con debates y tensiones


Más allá de su situación actual, los Gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) no han estado al margen de problemas, algunos incluso muy graves. Quizás, el punto más álgido fue en el año 2008, cuando la llamada 'Media Luna', que incluía cuatro departamentos orientales del país, intentó escindirse del resto del territorio por acción de los sectores de la derecha boliviana que contaban con el apoyo solapado de EE.UU.


No obstante, con respaldo de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), esa crisis logró ser superada y apenas unos meses después el proceso avanzaba proclamando una nueva Constitución a comienzos de 2009, la que declaró el carácter "Plurinacional" del Estado, reconociendo en la ley suprema del país a los pueblos originarios históricamente negados. Evo Morales pasó a encarnar así, ya no solo simbólica sino institucionalmente, el ascenso definitivo de los sectores marginados durante siglos de la política nacional.


Si bien para Abal no se puede "hablar de etapas, sino de una sostenida aplicación de un modelo económico", a partir de ese momento se puede analizar una profundización de algunos aspectos. Se trata de un punto de inflexión en el cual se comienza a hablar de "socialismo comunitario", lo que el sociólogo define como "una aproximación teórica a la aplicación del marxismo y sus categorías para comprender las lógicas de los 'ayllus' (comunidades)", que como indicaron muchos autores, mantenían estructuras de 'comunismo primitivo' o comunitarias contrarias a la propiedad privada y la acumulación individual.


Por su parte, García Linera sostiene que, una vez superada esa ofensiva de la derecha, se abrió un nuevo momento en la revolución boliviana que él ha denominado de "tensiones creativas". Es decir, debates al interior del proceso que lo hacen avanzar.


Al respecto, Abal asegura que en los movimientos sociales conviven dos tendencias político-ideológicas: "una la sindical, centrada en la reivindicaciones sectoriales, y la otra revolucionaria, como parte del proceso de cambio y parte del gobierno". Es en la disputa de esas dos miradas donde se dan las tensiones creativas que, desde su punto de vista, son "la dialéctica del movimiento de conciencia de la clase".


La lógica "obrerista", según el sociólogo, no logra terminar de comprender "la otra lógica organizativa e ideológica de los pueblos originarios". Y esto lo atribuye a una contradicción impulsada durante décadas de enfrentar "indios contra obreros" y que "fue fomentada en una etapa del nacionalismo revolucionario (1952 – 1985)".


Finalmente, el analista apunta que "el vínculo potente se encuentra entre el Gobierno y los movimientos sociales", donde "el gran articulador de este bloque es, sin duda, Evo Morales, incluso más allá del instrumento político". Como contracara, Estado y movimientos sociales "aún se encuentran distanciados", porque este último "mantiene su matriz colonial no superada".


Una revolución con futuro


Si bien los procesos políticos nacionales difícilmente pueden sobrevivir mucho tiempo aislados, además de sus fortalezas internas, Bolivia cuenta todavía con aliados en el continente. Más allá de sus propios conflictos están Venezuela, Nicaragua y también Cuba, países con los que integra la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (Alba). Cabe recordar que, con colaboración de La Habana, en 2008 se declaró "libre de analfabetismo" a todo el territorio boliviano.


Por otra parte, a pesar del traspié sufrido en el referéndum de comienzos de 2016, que impedía a Morales volver a presentarse en las elecciones presidenciales de 2019, esto finalmente fue habilitado por el Tribunal Supremo. Con su candidatura y una derecha por ahora dividida, la continuidad del proceso parece estar asegurada.


Por último, pero no menos importante, García Linera pronosticó en el reciente Foro Mundial de Pensamiento Crítico, llevado a cabo en Buenos Aires, que los Gobiernos conservadores de la región durarán poco tiempo y luego vendrá un nuevo auge progresista y de izquierda.


"Estamos enfrentando una oleada conservadora neoliberal que tiene dos limites intrínsecos: es fosilizada y es en sí misma contradictoria", apuntó. Y detalló que en estos países se están "repitiendo las recetas que hace veinte años fracasaron", por lo que "no hay inventiva, no hay creatividad, no hay esperanza".


A su vez, "el neoliberalismo actual solamente moviliza odios y resentimientos". Es decir, que está "fundado en la negatividad y no en la proposición. No en la esperanza de mediano plazo, sino en el rechazo emotivo de corto plazo. Y eso tiene patas cortas", completó el vicepresidente boliviano.


Por eso, con optimismo, sentenció: "En vez de vivir una larga noche neoliberal, hemos de vivir una corta noche de verano neoliberal. Y ahí es donde nos toca a nosotros reconocer lo que hicimos bien, reconocer lo que hicimos mal, y prepararnos". "La izquierda tiene que volver a prepararse para tomar el poder en los siguientes años en el continente", concluyó.

 

Publicado: 27 nov 2018 18:54 GMT

 

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Consulta popular legítima del municipio de San Lorenzo –Nariño–

Tras un prologando y participativo proceso comunitario, el próximo 25 de noviembre quienes habitan el municipio de San Lorenzo en el departamento de Nariño se pronunciarían, Sí o No, sobre la explotación minera en su territorio. La consulta va pese a lo decidido en días anteriores por la Corte Constitucional sobre este tipo de consultas, y al bloqueo que desde el ministerio de Hacienda y el organo electoral le han interpuesto a esta iniciativa colectiva, expresión del constituyente primario.

 

San Lorenzo es un Municipio con una inmensa riqueza ambiental, se encuentra ubicado en el norte de Nariño, con numerosos nacimientos de arroyos y quebradas que alimentan los ríos Mayo y Juanambú, el agua que brota de las montañas surte acueductos y distritos de riego no solo dentro de San Lorenzo, también benéfica a los municipios vecinos de la Unión, Taminango, Arboleda y Cartago. La vocación del municipio históricamente ha sido agropecuaria, donde se destaca la producción de café de alta calidad, frutales, pequeña ganadería y una producción diversa de alimentos.

 

En el año 2008 sin consultar a las comunidades se entregaron títulos mineros a grandes empresas multinacionales y en el 2010, inicia exploración la multinacional Mazamorras Gold en los corregimientos de San Rafael y Santa Marta en el municipio de San Lorenzo y las Veredas Olaya y El Volador en el municipio de Arboleda; al poco tiempo los campesinos de la zona vieron los efectos ambientales, sociales y de violencia que ocasiona la gran minería; las comunidades alarmadas por los estragos que se venían desencadenando deciden tomar acciones de hecho para liberar el territorio y expulsan a esta multinacional, este fue el inicio de una lucha constante para proteger el agua y el territorio, y continuamente han creado conciencia en todos los otros corregimientos, esto, gracias al incansable trabajo de organizaciones campesinas locales; a pesar de que se hizo respetar la decisión de las comunidades, los conflictos con las empresas multinacionales siguieron, generando incluso hechos de violencia.

 

Las organizaciones campesinas comenzaron a buscar alternativas para hacerle frente a la amenaza inminente de la megaminería, e incluso fueron más allá del mismo municipio; acciones como la Construcción del Territorio Campesino Agroalimentario del Macizo Norte de Nariño y sur del Cauca –Tcam– que es una estrategia de protección del territorio y el ejercicio de los derechos campesinos, la realización de foros mineros locales, regionales y departamentales entre otras; es precisamente en el foro de “Agua y minería” realizado el 2 de julio de 2017 en Berruecos (Nariño) que se decide adelantar procesos de consulta popular para refrendar la voluntad de las comunidades y sus instituciones locales de proteger el territorio, sus bienes naturales y la vocación agropecuaria y cafetera de estos municipios.

 

De inmediato inicia el proceso de consulta popular minera en cinco municipios del Tcam; en San Lorenzo, la comunidad y las organizaciones campesinas con el apoyo de la alcaldía logran que el Concejo Municipal dé el concepto de conveniencia, y que el tribunal contencioso administrativo de Nariño emita un concepto de constitucionalidad, pero el Ministerio de Hacienda, la Registraduria Nacional y últimamente la Corte Constitucional, han puesto obstáculos para la realización de la consulta con los argumentos que no hay recursos para su financiación y la existencia de un conflicto de competencias entre el estado nacional y los entes territoriales, y en última instancia la decisión de la Corte Constitucional de que las comunidades no pueden decidir sobre el uso del subsuelo a través de mecanismos de participación, en especial las consultas populares, así como la decisión por parte del Consejo Nacional Electoral de acatar la determinación de la Corte y ordenar suspender todos los proceso de consulta para frenar proyectos megamineros hasta que el legislativo se pronuncie frente al tema, en una clara negación al derecho fundamental a la participación y a la vida misma.

 

A la fecha, según la Agencia Nacional de Minas, no se tiene títulos vigentes ya que en el 2017 y en el mes de septiembre de 2018 se presentaron renuncias por parte de las multinacionales a los títulos otorgados, sin embargo en los datos publicados por la misma agencia aparecen 20 solicitudes para realizar exploración y explotación minera a gran escala en el municipio, por lo cual la comunidad no baja la guardia y se ve en la obligación de tomar acciones para proteger el legado de las futuras generaciones.

 

Las organizaciones sociales y comunitarias, con el apoyo de la institucionalidad local articuladas en el “Comité por la protección de agua, la vida y el territorio”, como ente promotor de la consulta, decide continuar el proceso democrático de la consulta minera de manera legítima y convoca su realización para el 25 de noviembre de 2018, para que jóvenes y adultos participen activamente y tomen una decisión cuantificable del querer frente a la implementación de proyectos megamineros en el Municipio de San Lorenzo.

 

La pregunta aprobada por el concejo Municipal y el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño, y que se pone a consideración de la comunidad lorenceña es la siguiente:

 

“Está usted de acuerdo SI o NO con que en el municipio de San Lorenzo (Nariño) se realice exploración y explotación minera de metales e hidrocarburos”?

 

El proceso de la consulta legítima, siguiendo lo estipulado en el Código electoral de Colombia, camina con paso firme, teniendo a la juventud como actor principal, a líderes y lideresas comunitarias trabajando de manera mancomunada e incansable en cada vereda, yendo a cada casa a promover la protección del agua y la vida.

 

Es un hecho la realización y ejercicio de esta práctica democrática, y serán los lorenceños quienes se encargarán de hacer respetar el mandato que emane de la consulta; pero además, organismos internacionales, universidades, instituciones de orden regional y nacional han expresado su apoyo y servirán como garantes de transparencia de la acción a realizarse en el mes de noviembre. Finalmente, cabe rescatar que la financiación y logística, tanto del día de votación como del proceso de campaña, fue asumido por parte de las mismas comunidades integradas en el comité.

 

* Vocero comité por la protección del agua, la vida y el territorio.

 

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“La defensa del territorio en Colombia se paga con la vida”

La afrocolombiana Francia Márquez, premiada por plantar cara a la minería en Colombia, recorre Europa para denunciar el impacto de las políticas extractivas en su país


De poseedora de un territorio ancestral a ser considerada objetivo militar. La activista afrocolombiana Francia Márquez (Suárez, Colombia, 1981) nunca imaginó que defender el río en el que pescaba de pequeña le obligaría a huir de su casa para no volver nunca más. “En Colombia defender el territorio se paga con la vida”, señala a su paso por Bilbao dentro de una gira por toda Europa como referente internacional. En abril, recibió el Premio Goldman 2018, considerado el Nobel ambiental, por plantar cara a la minería ilegal y a la construcción de represas en su país. “Mi voz ya se oye por todo el mundo. Pero mi vida y la de mi comunidad siguen en peligro: presionen a sus empresas para que no saqueen más Colombia”.


Eran tan ingenuos los recuerdos de infancia en ese río que no comprendía por qué se los querían quitar. El Gobierno colombiano había proyectado desplazar el río hacia una presa. Márquez tenía 15 años y decidió unirse a las protestas. “Hasta ese momento sentía vergüenza por ser negra, por vivir en un entorno rural y descender de esclavos”. Comenzó a participar en las primeras charlas de una organización de comunidades negras en defensa de su cultura y territorios. Y cayó en la cuenta de que el color de su piel no era motivo de complejos. “Procedía de personas libres que fueron esclavizadas, que es muy distinto de lo que me habían contado en la escuela”. Y el río Ovejas pertenecía a esos mismos antepasados. Las protestas mantuvieron vivo el río.


El Gobierno entregó después en 2009 una licencia de explotación minera a una empresa trasnacional que obligaba a desplazar a las 6.000 personas que conformaban su comunidad. A sus recuerdos de pesca en el río Ovejas, ahora se le unían los de todos sus ancestros, familiares y vecinos. “Comenzamos a estudiar las leyes, a contactar con abogados, a recorrer Estados Unidos en busca de aliados”, relata Márquez con un acento cantarín, dos grandes ojos negros y el pelo lleno de trenzas. “En nombre del desarrollo nos esclavizaron y ahora en nombre del desarrollo nos expulsaban de nuestras tierras", dice.


Y consiguieron plantar cara a la multinacional: documentaron que la primera presencia de la comunidad databa de 1636 y que la Constitución reconocía el derecho de los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes sobre sus territorios. Presentaron así una demanda contra el Gobierno “por violar sus derechos fundamentales”.


Al año, les daban la razón. Ordenaron que se respetaran los títulos de tierra, se paralizaran los desplazamientos y se realizara una consulta previa para otorgar nuevas licencias de explotación minera. Sus recuerdos quedaban salvados, la comunidad fortalecida y ella fue nombrada máxima autoridad local.


El río Ovejas seguía atravesando La Toma, en el departamento de Cauca. Sin embargo, la minería ilegal comenzaba a sitiar la región con maquinaria pesada. “En 2010 llegaron las primeras retroexcavadoras y con ellas las primeras enfermedades por el aumento de los niveles de mercurio en el agua”. Estima que los mineros de oro ilegales vierten más de 30 toneladas de mercurio en los ríos y lagos de la región al año, envenenando a los peces y la gente que habita sus orillas.


En los siguientes cuatro años más de 2.000 máquinas perforarían el río en busca de oro. La guerrilla y los paramilitares también se habían fijado en el valor de los recursos que bañaba el río Ovejas. “Tocaba actuar antes de que nos mataran las balas o el mercurio”.


Márquez volvió a repasar las leyes y a consultar a organizaciones internacionales. Hasta que de nuevo, decidió actuar. En 2014 inició junto a otras 18 mujeres la “Movilización de Mujeres Negras por el cuidado de la vida y de los territorios ancestrales”, rebautizada después como la “Marcha de los Turbantes”. Caminaron desde su territorio hasta la capital y visitaron por el camino a otras comunidades amenazadas. En 10 días recorrieron 350 kilómetros y llegaron a Bogotá con el apoyo total de 150 mujeres. “Nos recibían las instituciones pero nadie mostraba un compromiso real por cambiar nuestra situación”. Así que decidieron acampar en “asamblea permanente” frente al Ministerio de Interior y la Presidencia del Estado.


El Gobierno les acusó de “amenaza contra la seguridad nacional”. Pero ya nadie se atrevía a tocarlas. Los medios nacionales e internacionales seguían al detalle su marcha y sus protestas. Al Gobierno no le quedó otra que sentarse y dialogar. “Así mandaron destruir toda la maquinaría que perforaba la región y hacerlo de manera pública”. En 2015 recibió el Premio Nacional como Defensora del Año de Colombia y fue invitada a participar en el proceso de paz que se desarrollaba en La Habana.


A pesar de toda su trayectoria de lucha, la voz de Márquez no transmite euforia. Desde que su nombre apareciera en la firma de la denuncia contra el Gobierno en 2010, no ha dejado de recibir amenazas. “Al principio, lo ignoras. Después, te incomodas. Hasta que un día te avisan de que tienes que salir corriendo porque hay hombres con armas preguntando por tu casa”. Y así vive ahora: luchando por la defensa de un territorio al que no puede regresar.


El pasado mes de abril recibió en París el Nobel del medioambiente, el Goldman Environmental Prize 2018. Pero conoce el desenlace de otras mujeres que recibieron el mismo premio en reconocimiento a los mismos méritos. “Berta Cáceres también lo recibió. Ahora está muerta. Aquí no hay premio que te ponga a salvo”. Durante los días que ha visitado Bilbao ha participado en el Curso Internacional sobre Economía Popular que imparte la ONGD Paz con Dignidad. “Los privilegios de Europa se sostienen en los saqueos a otros países. Os pedimos que pongáis vuestro desarrollo al servicio de la vida de nuestras comunidades. Nos están matando, es un genocidio”, denunció.


En breve saldrá hacia Barcelona y después continuará de gira por Europa hasta regresar a su nueva casa donde seguirá luchando por la defensa del río Ovejas, el mismo en el que pescaba de pequeña junto a su madre y al que nunca más podrá regresar.


La coordinadora de ONGD de Euskadi cumple 30 años y el pasado 27 de septiembre, más de 400 personas aprovecharon para celebrar su aniversario. Durante la gala, premiaron a Francia Márquez en “representación de la lucha de los pueblos del Sur” a los que han acompañado durante todos estos años.


Márquez aprovechó su turno de micrófono para denunciar la muerte de los defensores de derechos humanos en su país. “No nos interesan las ONG que limpian la cara a las empresas que nos están matando. La cooperación no es dar limosna. Recordad que los privilegios de Europa proceden del saqueo de nuestros territorios. Seguid impulsando un desarrollo que garantice la vida y no la muerte”, enfatizó la activista colombiana y ya de ruta por Europa.

Por Iñaki Makazaga
Bilbao 1 NOV 2018 - 18:00 COT

Publicado enMedio Ambiente
Consulta popular legítima del municipio de San Lorenzo –Nariño–

Tras un prologando y participativo proceso comunitario, el próximo 25 de noviembre quienes habitan el municipio de San Lorenzo en el departamento de Nariño se pronunciarían, Sí o No, sobre la explotación minera en su territorio. La consulta va pese a lo decidido en días anteriores por la Corte Constitucional sobre este tipo de consultas, y al bloqueo que desde el ministerio de Hacienda y el organo electoral le han interpuesto a esta iniciativa colectiva, expresión del constituyente primario.

 

San Lorenzo es un Municipio con una inmensa riqueza ambiental, se encuentra ubicado en el norte de Nariño, con numerosos nacimientos de arroyos y quebradas que alimentan los ríos Mayo y Juanambú, el agua que brota de las montañas surte acueductos y distritos de riego no solo dentro de San Lorenzo, también benéfica a los municipios vecinos de la Unión, Taminango, Arboleda y Cartago. La vocación del municipio históricamente ha sido agropecuaria, donde se destaca la producción de café de alta calidad, frutales, pequeña ganadería y una producción diversa de alimentos.

 

En el año 2008 sin consultar a las comunidades se entregaron títulos mineros a grandes empresas multinacionales y en el 2010, inicia exploración la multinacional Mazamorras Gold en los corregimientos de San Rafael y Santa Marta en el municipio de San Lorenzo y las Veredas Olaya y El Volador en el municipio de Arboleda; al poco tiempo los campesinos de la zona vieron los efectos ambientales, sociales y de violencia que ocasiona la gran minería; las comunidades alarmadas por los estragos que se venían desencadenando deciden tomar acciones de hecho para liberar el territorio y expulsan a esta multinacional, este fue el inicio de una lucha constante para proteger el agua y el territorio, y continuamente han creado conciencia en todos los otros corregimientos, esto, gracias al incansable trabajo de organizaciones campesinas locales; a pesar de que se hizo respetar la decisión de las comunidades, los conflictos con las empresas multinacionales siguieron, generando incluso hechos de violencia.

 

Las organizaciones campesinas comenzaron a buscar alternativas para hacerle frente a la amenaza inminente de la megaminería, e incluso fueron más allá del mismo municipio; acciones como la Construcción del Territorio Campesino Agroalimentario del Macizo Norte de Nariño y sur del Cauca –Tcam– que es una estrategia de protección del territorio y el ejercicio de los derechos campesinos, la realización de foros mineros locales, regionales y departamentales entre otras; es precisamente en el foro de “Agua y minería” realizado el 2 de julio de 2017 en Berruecos (Nariño) que se decide adelantar procesos de consulta popular para refrendar la voluntad de las comunidades y sus instituciones locales de proteger el territorio, sus bienes naturales y la vocación agropecuaria y cafetera de estos municipios.

 

De inmediato inicia el proceso de consulta popular minera en cinco municipios del Tcam; en San Lorenzo, la comunidad y las organizaciones campesinas con el apoyo de la alcaldía logran que el Concejo Municipal dé el concepto de conveniencia, y que el tribunal contencioso administrativo de Nariño emita un concepto de constitucionalidad, pero el Ministerio de Hacienda, la Registraduria Nacional y últimamente la Corte Constitucional, han puesto obstáculos para la realización de la consulta con los argumentos que no hay recursos para su financiación y la existencia de un conflicto de competencias entre el estado nacional y los entes territoriales, y en última instancia la decisión de la Corte Constitucional de que las comunidades no pueden decidir sobre el uso del subsuelo a través de mecanismos de participación, en especial las consultas populares, así como la decisión por parte del Consejo Nacional Electoral de acatar la determinación de la Corte y ordenar suspender todos los proceso de consulta para frenar proyectos megamineros hasta que el legislativo se pronuncie frente al tema, en una clara negación al derecho fundamental a la participación y a la vida misma.

 

A la fecha, según la Agencia Nacional de Minas, no se tiene títulos vigentes ya que en el 2017 y en el mes de septiembre de 2018 se presentaron renuncias por parte de las multinacionales a los títulos otorgados, sin embargo en los datos publicados por la misma agencia aparecen 20 solicitudes para realizar exploración y explotación minera a gran escala en el municipio, por lo cual la comunidad no baja la guardia y se ve en la obligación de tomar acciones para proteger el legado de las futuras generaciones.

 

Las organizaciones sociales y comunitarias, con el apoyo de la institucionalidad local articuladas en el “Comité por la protección de agua, la vida y el territorio”, como ente promotor de la consulta, decide continuar el proceso democrático de la consulta minera de manera legítima y convoca su realización para el 25 de noviembre de 2018, para que jóvenes y adultos participen activamente y tomen una decisión cuantificable del querer frente a la implementación de proyectos megamineros en el Municipio de San Lorenzo.

 

La pregunta aprobada por el concejo Municipal y el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño, y que se pone a consideración de la comunidad lorenceña es la siguiente:

 

“Está usted de acuerdo SI o NO con que en el municipio de San Lorenzo (Nariño) se realice exploración y explotación minera de metales e hidrocarburos”?

 

El proceso de la consulta legítima, siguiendo lo estipulado en el Código electoral de Colombia, camina con paso firme, teniendo a la juventud como actor principal, a líderes y lideresas comunitarias trabajando de manera mancomunada e incansable en cada vereda, yendo a cada casa a promover la protección del agua y la vida.

 

Es un hecho la realización y ejercicio de esta práctica democrática, y serán los lorenceños quienes se encargarán de hacer respetar el mandato que emane de la consulta; pero además, organismos internacionales, universidades, instituciones de orden regional y nacional han expresado su apoyo y servirán como garantes de transparencia de la acción a realizarse en el mes de noviembre. Finalmente, cabe rescatar que la financiación y logística, tanto del día de votación como del proceso de campaña, fue asumido por parte de las mismas comunidades integradas en el comité.

 

* Vocero comité por la protección del agua, la vida y el territorio.

 

Publicado enEdición Nº251
Cinco violaciones de derechos humanos por multinacionales europeas que hacen necesario un tratado vinculante

Arranca la cuarta ronda de negociaciones para lograr un tratado vinculante sobre multinacionales y violaciones de derechos humanos. Organizaciones de todo el planeta denuncian la impunidad con la que estas empresas pueden evadir sus responsabilidades.

Esta semana se celebra en Ginebra la cuarta sesión del grupo de trabajo intergubernamental encargado de elaborar un tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Más de 100 organizaciones internacionales, movimientos sociales y representantes gubernamentales se reúnen para negociar un acuerdo que aborde las lagunas en la legislación nacional e internacional y hacer frente así a las complejas estructuras jurídicas de las empresas transnacionales, con la intención de que las compañías matriz de las grandes multinacionales sean responsables de las violaciones a los derechos humanos que realizan sus empresas subsidiarias en todo el mundo.


Una investigación coordinada por varias organizaciones civiles —como Amigos de la Tierra Francia, el Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM) o el Transnational Institute (TNI)— revela que los argumentos para obstruir y oponerse a la elaboración de un tratado vinculante que ha realizado la Unión Europea (UE) en las negociaciones son exactamente iguales que los argumentos de los grandes lobbies industriales.


“La UE no hace más que repetir como un loro lo que dicen los lobbies empresariales internacionales en este grupo de trabajo de la ONU, con los mismos argumentos y a veces las mismas palabras. Se deben tomar medidas para proteger el proceso de la ONU de influencias corporativas dañinas", explica Juliette Renaud, de Amigos de la Tierra Francia.
El informe, llamado The EU and the corporate impunity nexus , presenta además una serie de casos de empresas europeas donde, tras los apellidos como “verdes” y “responsables”, se esconden prácticas que contradicen totalmente el discurso que utiliza la UE para defenderlas como tales. La exposición de este tipo de prácticas por parte de estas empresas europeas se ha hecho para mostrar la necesidad de que avancen las negociaciones para un tratado internacional vinculante.


“Los estudios de casos de las multinacionales europeas que hemos incluido en este informe muestran cómo prevalece actualmente la impunidad de las empresas y a las comunidades afectadas se les priva de justicia”, declara Mónica Vargas, del Transnational Institute (TNI), quien añade que “un tratado vinculante sobre las transnacionales y los derechos humanos que sea robusto será un cambio de juego en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos”.


LA PETROLERA SHELL Y LA PATAGONIA ARGENTINA


La holandesa Royal Dutch Shell, junto a otras empresas como Chevron, BP, Total, Wintershall y Statoil, participa en un proyecto de extracción de gas y petróleo no convencionales en la provincia Neuquén, en la Patagonia argentina. Según relata la organización Observatorio Petrolero Sur , la filial de argentina de la petrolera, Shell CAPSA, participó en la perforación de pozos en las inmediaciones del área natural protegida Auca Mahuida, violando la legislación de protectora del medio ambiente. Tampoco se tuvo en cuenta la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas de Argentina, como las comunidades mapuches afectadas, y su derecho al territorio consagrado en la Constitución argentina.


Esto llevó a las organizaciones de la sociedad civil a presentar una declaración conjunta al Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2016 y, en 2017, a presentar otro documento al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. La única vez que Shell reconoció los impactos adversos de sus operaciones en una comunidad Mapuche fue cuando en la firma de un acuerdo voluntario de compensación, en el que no reconoció los derechos indígenas como tales, ignorando la Constitución del país y las denuncias ante la ONU.
las energéticas españolas y el Istmo de Tehuantepec


Las empresas españolas Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona, Renovalia y EDF están implicadas en el desarrollo del mayor corredor eólico de América Latina, que está provocando numerosos impactos en el territorio y en la población de la zona, predominantemente indígena. Según relata el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) en el informe, el proceso de construcción del Corredor Eólico Istmo de Tehuantepec no ha garantizado el derecho al consentimiento libre, previo e informado. Asimismo, ha implicado el uso de medios ilegales para modificar la propiedad de la tierra de la comunidad y falsas promesas para engañar a la población para que firme contratos de arrendamiento de sus tierras. Además, aunque la energía eólica se considera energía limpia, este megaproyecto está teniendo múltiples impactos en el territorio, que van desde cambios en el uso de la tierra e impactos ambientales, hasta la militarización y la masculinización del territorio.


Sin embargo, a pesar de las diversas violaciones de los derechos y de las numerosas sentencias judiciales aún pendientes, las peticiones de cancelación de contratos o de suspensión de los proyectos iniciados sin consulta previa sólo han dado un resultado positivo en un pequeño porcentaje de los pocos casos.


G4S Y LOS TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS


La multinacional de seguridad británica G4S se ha hecho famosa por ofertar la realización de servicios “de baja reputación” a gobiernos, tales como la detención de migrantes o el control de fronteras. Según denuncia en este informe la organización española Instituto internacional por la Acción no Violenta, Novact, este tipo de externalizaciones por parte de los Estados puede difuminar y dificultar la depuración de responsabilidades de gobiernos y las empresas privadas en las violaciones de los derechos humanos mientras se acometen estos servicios.


La empresa británica ya ha recibido varias denuncias por ofrecer a los gobiernos una manera low cost de realizar este tipo de servicios de seguridad y transferir las responsabilidades a esta, la cual se protege mediante su estructura internacional y, según Novact, “crea un entorno propicio para que se cometan violaciones de los derechos humanos”.


A través de su filial israelí, G4S se ha visto implicada en varias denuncias de violaciones de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. Las primeras violaciones se denunciaron en varios centros de detención gestionados por la empresa, donde los menores permanecieron en régimen de aislamiento durante días. Otra de las denuncias por el maltrato de mujeres palestinas, especialmente mujeres embarazadas, en centros de detención controlados por la compañía. Un tercera denuncia abarca todas las operaciones de G4S en territorios ocupados palestinos. A pesar de que el Punto de Contacto Nacional británico concluyó que se habían producido violaciones, no se pudieron tomar medidas legales, ya que G4S vendió la mayor parte de sus activos israelíes en 2016 a inversores locales, aunque los nuevos propietarios conservaron el equipo de gestión de G4S.
Indra, la militarización de las fronteras y Yemen


La empresa española Indra continúa su paso firme para convertirse en una de las principales empresas europeas de defensa y seguridad. Según denuncia el Centre Delàs en el informe, Indra tiene una enorme fuerza como lobby en Bruselas y participa en la elaboración de directrices estratégicas del Programa Europeo de Investigación sobre Seguridad, lo que ha dado lugar a un mayor número de contratos para la empresa española.


Cuando en 2005 se decidió reforzar el muro de la frontera marroquí en Ceuta y Melilla, Indra y otras dos empresas (ACS y Ferrovial) ganaron 8 de cada 10 euros que se destinaron al desarrollo fronterizo. Gracias, en parte, a las presiones como lobby de Indra y de otras empresas del sector, la UE destinó 2.000 millones de euros a reforzar sus fronteras exteriores entre 2007 y 2013, y solo 700 millones de euros a mejorar las condiciones de vida de los refugiados y solicitantes de asilo.


Según el Centre Delàs, el ejemplo más claro es la guerra en Yemen. Armas con componentes producidos por Indra están siendo utilizadas por la coalición saudí para bombardear objetivos civiles. La violación de los derechos humanos por parte de un país al que una empresa con participación del Estado español (un 18,7% de sus acciones están en manos de la empresa estatal SEPI) ha vendido armas, según el informe, haría cómplices a Estado y multinacional de las violaciones de los derechos humanos y los presuntos crímenes de guerra cometidos por Arabia Saudí.


SYNGENTA Y LA MUERTE DE TRABAJADORES DEL ALGODÓN EN LA INDIA


En Yavatmal, región algodonera de la India, varios trabajadores del algodón fueron envenenados mientras fumigaban entre julio y noviembre de 2017. Al menos 50 murieron y más de 1.000 enfermaron, algunos durante meses.


Syngenta, una multinacional anteriormente suiza que ahora es de propiedad china, fabrica Polo, uno de los plaguicidas involucrados en este caso. Su ingrediente activo, el diafentiurón, está clasificado como ligeramente peligroso por el Gobierno de la India y altamente peligroso por la Pesticide Action Network (PAN) India. Por ley, los fabricantes de plaguicidas, como Syngenta, deben capacitar a los usuarios y garantizarles el acceso al equipo de protección personal y al equipo médico necesario en caso de envenenamiento. Algo que, según relata en el informe la organización suiza MultiWatch, no parece haberse hecho en el caso de la India. Tampoco se ha proporcionando información en los idiomas locales sobre seguridad de uso, algo también obligado para este tipo de productos.


Una coalición de ONG presentó un informe a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para denunciar a Syngenta y a otras empresas químicas con sede en la UE por violar el Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas, un código de aceptación voluntaria. Sin embargo, estos organismos de las Naciones Unidas no han cumplido ninguna recomendación específica y la empresa no ha sido sentada ante ningún tribunal.

Yago Álvarez
@EconoCabreado
2018-10-15 16:48:00

 

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