Páramo de Santurbán: “Lo que está en juego es si la vida puede pervivir en estos territorios”

El páramo de Santurbán, despensa de agua de Bucaramanga, está en los ojos de las multinacionales desveladas por extraer de su interior 9 millones de onzas de oro. Las presiones del capital internacional sobre el alto gobierno para que entregue la licencia para la explotación no cesan, tampoco la ciudadanía para cerrar el paso a tal posibilidad, cuya más reciente movilización del pasado 10 de mayo, con cien mil personas como un solo cuerpo, levantó una muralla por la vida y en contra de la muerte.

 

desdeabajo (da). ¿Cuál es la situación actual del páramo Santurbán?
Carlos Sotomonte (CS)*. Hoy por hoy el páramo vive una situación crítica. Como es conocido, el peligro de explotación megaminera en este ecosistema, que le aporta agua a más de dos millones de personas, sigue latente, ya que las presiones para que el Estado de luz verde para la explotación no cesan. Las presiones de la multinacional árabe Minesa son muy grandes.

 

da. ¿A qué aspira Minesa?
CS. Ellos calculan que del páramo pueden extraer 9 millones de onzas de oro.

 

da. ¿Y cómo lo harían?
CS. Según sus proyecciones, avanzarían a través de una megamina subterránea, para lo cual abrirían dos grandes túneles gemelos de 5 kilómetros de profundidad que comunicarían al municipio de California con el de Suratá, con diámetros de 5 metros de altura por 5 de ancho en el ceno de la montaña, fracturando los acuíferos que se encuentran dentro del ecosistema.

 

da. ¿Qué produciría esto en al interior de la montaña y cuál sería su consecuencia para quienes habitan Bucaramanga?
CS. Al romper la montaña, el agua filtrada, con la oxidación del ambiente y los elementos que hacen parte de la montaña, con grandes cantidades de arsénico, se pondrían en contacto con las aguas subterráneas, contaminando el acueducto metropolitano de Bucaramanga, que recibe agua del río Suratá, uno de los más afectados por la explotación que llevaría a cabo esta empresa multinacional.

 

da. Los efectos externos, ¿cuáles serían?
CS. Solo por mencionar algunos estarían la contaminación aérea a partir de los gases nitrogenados que generan las explosiones de anfo dentro de la montaña, como también podríamos hablar de la disminución del caudal de los ríos, en particular el Suratá y Tora, hoy en estado crítico respecto al indicador de escasez de agua según lo indica el estudio nacional de agua. Es decir, la cantidad de agua que transportan los ríos está al límite de la demandada por nuestra población. Así mismo, está la discusión sobre la cantidad de desechos que generaría esta explotación megaminera, según algunos cálculos de 7 mil toneladas de desechos diarios, es decir, una cantidad de proporciones colosales.

 

da. En la lucha dada por la defensa del páramo en los últimos años, ¿qué logros se consiguieron y cuáles de ellos están en riesgo ahora?
CS. Mediante la resistencia ciudadana hemos logrado consumir durante 10 años agua de altísima calidad, de las mejores del país, para quienes habitan en Bucaramanga, Piedecuesta, Floridablanca y Girón. Logramos que la gente conociera de manera más plena lo qué es el páramo de Santurbán y lo que significa para la ciudad, así como la importancia de estos ecosistemas en todo el país, y su aporte para el equilibrio del planeta. Lo que está en riesgo en este momento es todo lo avanzado, lo que llevaría a un grave peligro para la vida humana y de todas las especies, pues lo que está en juego es si la vida puede pervivir en estos territorios.

da. ¿Cómo se está organizando la sociedad para evitar la entrada de este proyecto extractivista y cuáles son los retos que hoy tienen?
CS. Creo que el Comité en Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán ha sido una plataforma sui generis en la historia de este país, en términos de resistencias ambientales, marcando una pauta que sin lugar a duda se ha convertido en un referente siempre que hay discusiones sobre Santurbán. Logramos construir una plataforma amplia y horizontal, en la que, de alguna manera, los contrapesos políticos, ideológicos y sociales de los diversos colectivos y sectores que lo componen permite que haya heterogeneidad y que nadie se lo tome para su haber: que salgan 100 mil personas a la calle en defensa del páramo es una garantía de que eso no adquiera un color específico.

 

da. Además del oro, ¿qué otros elementos existen en el páramo de Santurbán?
Julián Soto (JS)**. De llevarse a cabo esta explotación minera a gran escala se afectaría todo el bosque altoandino del páramo, pues la extensión de esta mina es de aproximadamente 2 kilómetros de largo y 780 metros de profundidad. En donde pretenden extraer oro, también existen minerales como plata, arsénico, cromo, mercurio, plomo, azufre, uranio, zinc, sulfuros, sulfatos, entre otros, que se encuentran estratégicamente ordenadas por la misma montaña y al removerlos esto conlleva afectación en la hidrogeología del territorio, generando así problemáticas de salud, ambientales, sociales y culturales, pues se afectarían directamente alrededor de 14 vertientes de fuentes hídricas que se encuentran entre los municipios de California y Suratá.

 

da. En la actualidad, ¿existen explotaciones sobre el páramo?
JS. Explotación como tal no se presenta, o no tenemos registro. Sin embargo, en la etapa de exploración, la empresa Minesa realizó más de 2.000 kilómetros de exploraciones, lo que quiere decir, que fueron demasiadas perforaciones en el territorio, reflejadas en una bocamina o túnel exploratorio por donde estaban desarrollando la exploración, lo que impactó de manera directa a cuatro quebradas que se encontraban encima del túnel, las cuales quedaron completamente afectadas en su hidrogeología.

 

da. ¿Cómo ha sido el empoderamiento de la comunidad frente a la defensa del agua?
JS. Hay que tener en cuenta que la lucha por proteger el páramo de este intento de explotación ya cumple 10 años, durante los cuales un proceso de información, difusión y educación tomó forma, pues charlas, conferencias, informes, etcétera, se realizaron o entregaron en iglesias, puerta a puerta, en salones comunales, etcétera. Y el resultado de todo ello son los miles de bumangueses que responden a cada citación para defender este importante ecosistema. Sin duda, todo esto llevó a unir a múltiples sectores sociales.

* Integrante del Movimiento Coraje.
** Integrante del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Corporación Compromiso.

Publicado enColombia
Páramo de Santurbán: “Lo que está en juego es si la vida puede pervivir en estos territorios”

El páramo de Santurbán, despensa de agua de Bucaramanga, está en los ojos de las multinacionales desveladas por extraer de su interior 9 millones de onzas de oro. Las presiones del capital internacional sobre el alto gobierno para que entregue la licencia para la explotación no cesan, tampoco la ciudadanía para cerrar el paso a tal posibilidad, cuya más reciente movilización del pasado 10 de mayo, con cien mil personas como un solo cuerpo, levantó una muralla por la vida y en contra de la muerte.

 

desdeabajo (da). ¿Cuál es la situación actual del páramo Santurbán?
Carlos Sotomonte (CS)*. Hoy por hoy el páramo vive una situación crítica. Como es conocido, el peligro de explotación megaminera en este ecosistema, que le aporta agua a más de dos millones de personas, sigue latente, ya que las presiones para que el Estado de luz verde para la explotación no cesan. Las presiones de la multinacional árabe Minesa son muy grandes.

 

da. ¿A qué aspira Minesa?
CS. Ellos calculan que del páramo pueden extraer 9 millones de onzas de oro.

 

da. ¿Y cómo lo harían?
CS. Según sus proyecciones, avanzarían a través de una megamina subterránea, para lo cual abrirían dos grandes túneles gemelos de 5 kilómetros de profundidad que comunicarían al municipio de California con el de Suratá, con diámetros de 5 metros de altura por 5 de ancho en el ceno de la montaña, fracturando los acuíferos que se encuentran dentro del ecosistema.

 

da. ¿Qué produciría esto en al interior de la montaña y cuál sería su consecuencia para quienes habitan Bucaramanga?
CS. Al romper la montaña, el agua filtrada, con la oxidación del ambiente y los elementos que hacen parte de la montaña, con grandes cantidades de arsénico, se pondrían en contacto con las aguas subterráneas, contaminando el acueducto metropolitano de Bucaramanga, que recibe agua del río Suratá, uno de los más afectados por la explotación que llevaría a cabo esta empresa multinacional.

 

da. Los efectos externos, ¿cuáles serían?
CS. Solo por mencionar algunos estarían la contaminación aérea a partir de los gases nitrogenados que generan las explosiones de anfo dentro de la montaña, como también podríamos hablar de la disminución del caudal de los ríos, en particular el Suratá y Tora, hoy en estado crítico respecto al indicador de escasez de agua según lo indica el estudio nacional de agua. Es decir, la cantidad de agua que transportan los ríos está al límite de la demandada por nuestra población. Así mismo, está la discusión sobre la cantidad de desechos que generaría esta explotación megaminera, según algunos cálculos de 7 mil toneladas de desechos diarios, es decir, una cantidad de proporciones colosales.

 

da. En la lucha dada por la defensa del páramo en los últimos años, ¿qué logros se consiguieron y cuáles de ellos están en riesgo ahora?
CS. Mediante la resistencia ciudadana hemos logrado consumir durante 10 años agua de altísima calidad, de las mejores del país, para quienes habitan en Bucaramanga, Piedecuesta, Floridablanca y Girón. Logramos que la gente conociera de manera más plena lo qué es el páramo de Santurbán y lo que significa para la ciudad, así como la importancia de estos ecosistemas en todo el país, y su aporte para el equilibrio del planeta. Lo que está en riesgo en este momento es todo lo avanzado, lo que llevaría a un grave peligro para la vida humana y de todas las especies, pues lo que está en juego es si la vida puede pervivir en estos territorios.

da. ¿Cómo se está organizando la sociedad para evitar la entrada de este proyecto extractivista y cuáles son los retos que hoy tienen?
CS. Creo que el Comité en Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán ha sido una plataforma sui generis en la historia de este país, en términos de resistencias ambientales, marcando una pauta que sin lugar a duda se ha convertido en un referente siempre que hay discusiones sobre Santurbán. Logramos construir una plataforma amplia y horizontal, en la que, de alguna manera, los contrapesos políticos, ideológicos y sociales de los diversos colectivos y sectores que lo componen permite que haya heterogeneidad y que nadie se lo tome para su haber: que salgan 100 mil personas a la calle en defensa del páramo es una garantía de que eso no adquiera un color específico.

 

da. Además del oro, ¿qué otros elementos existen en el páramo de Santurbán?
Julián Soto (JS)**. De llevarse a cabo esta explotación minera a gran escala se afectaría todo el bosque altoandino del páramo, pues la extensión de esta mina es de aproximadamente 2 kilómetros de largo y 780 metros de profundidad. En donde pretenden extraer oro, también existen minerales como plata, arsénico, cromo, mercurio, plomo, azufre, uranio, zinc, sulfuros, sulfatos, entre otros, que se encuentran estratégicamente ordenadas por la misma montaña y al removerlos esto conlleva afectación en la hidrogeología del territorio, generando así problemáticas de salud, ambientales, sociales y culturales, pues se afectarían directamente alrededor de 14 vertientes de fuentes hídricas que se encuentran entre los municipios de California y Suratá.

 

da. En la actualidad, ¿existen explotaciones sobre el páramo?
JS. Explotación como tal no se presenta, o no tenemos registro. Sin embargo, en la etapa de exploración, la empresa Minesa realizó más de 2.000 kilómetros de exploraciones, lo que quiere decir, que fueron demasiadas perforaciones en el territorio, reflejadas en una bocamina o túnel exploratorio por donde estaban desarrollando la exploración, lo que impactó de manera directa a cuatro quebradas que se encontraban encima del túnel, las cuales quedaron completamente afectadas en su hidrogeología.

 

da. ¿Cómo ha sido el empoderamiento de la comunidad frente a la defensa del agua?
JS. Hay que tener en cuenta que la lucha por proteger el páramo de este intento de explotación ya cumple 10 años, durante los cuales un proceso de información, difusión y educación tomó forma, pues charlas, conferencias, informes, etcétera, se realizaron o entregaron en iglesias, puerta a puerta, en salones comunales, etcétera. Y el resultado de todo ello son los miles de bumangueses que responden a cada citación para defender este importante ecosistema. Sin duda, todo esto llevó a unir a múltiples sectores sociales.

* Integrante del Movimiento Coraje.
** Integrante del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Corporación Compromiso.

Publicado enEdición Nº257
Sábado, 18 Mayo 2019 07:10

Quinua de cien colores

Quinua de cien colores

Para el poder económico y político, la minería es la única actividad económica viable en las regiones andinas. Así ha sido en Perú desde la conquista. Pese a los inocultables daños que produce, los críticos suelen ser acusados de “enemigos del desarrollo”, y las comunidades que se oponen a la megaminería son perseguidas bajo la figura legal de “organización criminal”.


La luminosidad del Cusco lacera la vista. Pero también retiene la atención, seduce la mirada que se va posando ingenua sobre las piedras incas, primero, y tuerce hacia las montañas mágicas, poco después. Los suaves valles cusqueños van dando paso, carretera arriba y abajo, a profundas gargantas tapizadas de los más variados cultivos según los diferentes pisos ecológicos que recorremos. Las tierras altas y frías, a más de 3.500 metros, pobladas por pastores de alpacas, llamas y ovejas, dialogan e intercambian con las tierras bajas y cálidas, productoras agropecuarias y de frutos tropicales.


La despiadada geografía del Ande, en uno de sus nudos centrales, permite contemplar, en una sola mirada, desde la profundidad del valle hasta las cumbres nevadas. La región de Apurímac es crucial por lo abrupta y extrema. La llegada a Andahuaylas, la ciudad más poblada, con 100 mil habitantes, implica bajar casi dos mil metros en apenas diez kilómetros de carretera. Una caída vertical, con mil vericuetos, desde el páramo hasta un valle cálido y húmedo a poco más de dos mil metros sobre el nivel del mar. Por algo el geógrafo Antonio Raimondi comparó la región con un papel arrugado.


Recorriendo el cañón del río Apurímac, que nace a 5 mil metros y se vierte en el Amazonas, trepamos por laderas verticales pinceladas de parcelas verdes y amarillas, aferradas a las pendientes, donde las familias comuneras cultivan en condiciones sólo explicables por la obstinación que exige la sobrevivencia. Allá arriba sólo papas y habas desafían el frío y las ventiscas; en la zonas templadas intermedias, las espigas de trigo van mudando del verde al ocre, anunciando la inminente cosecha; más abajo, en la calidez de la hondonada, el maíz generoso y la infinita variedad de frutas, mangos, granadillas, aguacates y papayas.

En alguna vuelta del camino, en general cerca de las decenas de caseríos que bordeamos, los pisonays majestuosos se yerguen frondosos, ostentando un tapiz de flores coloradas. En pequeños grupos, emergiendo de improviso, con cierta timidez, islotes de quinuas destacan por la multiplicidad de colores, desde el verde marcial hasta un verdoso que chilla cuando lo ilumina el sol en las alturas, pasando por morados brillantes, rojos frenéticos y ocres amarillentos de múltiples variantes, tan bien retratados por el poeta nacido en Andahuaylas: “Las cien flores de la quinua que sembré en las cumbres hierven al sol en colores”.


ABUSO MINERO.


El llamado “corredor minero” atraviesa tres regiones: Cusco, Apurímac y Arequipa. Son 500 quilómetros desde la mina de cobre Las Bambas, a 4 mil metros de altura, hasta el puerto de Matarani en el Pacífico, por donde se exporta el mineral con destino al continente asiático. La carretera atraviesa 215 centros poblados en los que viven 50 mil personas; está militarizada porque cualquier alteración del transporte tiene costos millonarios para la empresa.


Apurímac es el corazón del corredor, la región más pobre del país y la que cuenta con el mayor porcentaje de quechuahablantes. Campesinos humildes de manos arrugadas y pies encallecidos, pero no tan pobres como sus elites, que recién se avinieron a crear universidades, en la capital Abancay y en Andahuaylas, hace poco más de una década para calmar a las mujeres del mercado que reventaron las calles para demandar educación terciaria para sus hijos.


Entre febrero y marzo de este año, la carretera estuvo cortada durante 68 días por los comuneros de Fuerabamba, la comunidad más cercana a una de las mayores minas del mundo, que produce 140 mil toneladas diarias de cobre. La mina está a 75 quilómetros al sur de Cusco y comenzó a operar en 2015, pero los primeros pasos para su instalación se dieron una década atrás de la mano de la minera suiza Xstrata Copper, que en 2014 la vendió a la estatal china Minerals and Metals Group (Mmg).


Cuando la minera china compró Las Bambas, decidió modificar el proyecto que ya contaba con el permiso ambiental. Lo más grave fue el abandono del mineroducto destinado a transportar el cobre hasta Espinar, Cusco, donde sería procesado por el traslado del mineral en camiones. Es el principal motivo de conflicto, ya que todos los días pasan por las comunidades y pueblos 600 camiones articulados que se desplazan en convoyes de 35 unidades, levantando impertinentes nubes de polvo.


Los campesinos se quejan de que las chacras fueron invadidas por el polvo, que ya no pueden sacar su ganado y que el ruido que hace “el gusano de tráilers” les impide conversar con los vecinos. Peor aun porque la carretera de la empresa atraviesa sus tierras, sin la autorización de los comuneros. Además, pasan decenas de cisternas con combustibles, por lo cual la carretera se convirtió en un verdadero peligro.

El anterior presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, actualmente en prisión preventiva por lavado de activos, ocupó la presidencia del directorio de Servosa, una empresa que en la actualidad cuenta con 400 camiones y tiene el monopolio del transporte del mineral de Las Bambas. El economista, empresario y banquero presidente jugó fuerte a favor del proyecto minero, escondiendo sus intereses en el transporte del mineral. En 2015, el congresista Justiniano Apaza denunció que Kuczynski recibía financiamiento de la minera y que su empresa obtuvo “sin licitación el cien por ciento del transporte del mineral en varias zonas del sur del país”. Al año siguiente, fue elegido presidente sin que nadie investigara las denuncias.


COMUNEROS SIN COMUNIDADES.


La lógica del modelo extractivo es implacable. Para hacer posible la explotación de Las Bambas, las 450 familias de la comunidad Fuerabamba debieron ser trasladadas, porque vivían justo encima de una fabulosa riqueza que supuso la mayor inversión minera del mundo, con 11 mil millones de dólares para poner en marcha la quinta mina del mundo. El nuevo asentamiento fue levantado con viviendas “estilo suizo” y se compensó a los comuneros con elevadas cifras, y en el nuevo asentamiento (a dos quilómetros del original, a 3.800 metros de altitud) se construyeron un centro de salud, instituciones educativas y hasta un cementerio, completamente trasladado del sitio original.


Pero ya no cultivan la tierra, se sienten “como palomas encerradas” en la nueva localización y los ancianos no saben qué hacer sin sus ovejas; deambulan sin norte entre las modernas viviendas en hileras que parecen prisiones. Sin embargo, sobrellevan el dolor y el abandono en silencio, porque en Perú uno de los epítetos más difíciles de aceptar es el de “antiminero”.


En la región minera, el 80 por ciento de la población es pobre y la mitad de los menores de 5 años padece desnutrición crónica. La capital del distrito donde se asienta Las Bambas, Challhuahuacho, a dos quilómetros de la mina, creció de dos a 16 mil habitantes en pocos años, un verdadero tsunami demográfico con hondas consecuencias sociales. Según Ruth Vera, de Derechos Humanos Sin Fronteras, ahora “abundan los problemas de violaciones, violencia doméstica y delincuencia que fueron desencadenados por la presencia minera”.


La mayoría de los varones prestan servicios a empresas que operan para la mina y acceden a cantinas y bares, lo que trastoca la vida familiar y comunitaria, en una sociedad profundamente patriarcal en la que la violencia cuenta con amplia legitimidad social.


El otro problema es la represión estatal. Según la Ong CooperAcción, las 50 mil personas que viven cerca de la carretera “tienen suspendidos sus derechos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio”, por la aplicación del estado de emergencia cada vez que se produce algún conflicto.


El corredor vial se ha convertido en pieza estratégica en Perú, ya que incluye cinco grandes unidades mineras en explotación (entre ellas, Las Bambas) y conecta no menos de cuatro proyectos exploratorios importantes. En ese marco, la Policía Nacional firmó, en secreto, 31 convenios con empresas mineras para la protección de sus negocios. Los policías se trasladan en camionetas de las empresas y tienen bases en los campamentos de las mineras, lo que los convierte en una guardia privada empresarial. Estos mecanismos permiten hablar de un “gobierno minero” en la región, en el que participan el Estado y las empresas.


En el conflicto minero en torno a Las Bambas, sobresalen dos cuestiones. Por un lado, 500 comuneros tienen procesos abiertos por haber participado en protestas contra la empresa minera. Tres campesinos purgarán más tiempo de prisión por cortar la ruta que el ex presidente por robarse millones. El mes pasado, los abogados asesores de la comunidad fueron sentenciados a tres años de prisión preventiva tras ser acusados mediante la figura legal de “organización criminal” que “extorsionaba a la empresa minera”. Pero la represión es apenas una cara del conflicto. Las consecuencias más profundas de la presencia minera pueden resumirse en el desmembramiento de las comunidades por la desarticulación del tejido comunitario que provocan los emprendimientos.


LA UTOPÍA DE SEGUIR SIENDO.


Apurímac es la región donde nacieron Micaela Bastidas (esposa de Túpac Amaru) y José María Arguedas, dos grandes de la lucha social y de las letras de este continente. En casi todas las plazas de Abancay, la tierra natal de Micaela, hay alguna estatua blanca que la recuerda, con sus trenzas largas y una mano alzada al cielo. La tumba de Arguedas fue erigida en una plaza en la que se reúnen, desde tiempos remotos, los campesinos que llegan al mercado de Andahuaylas, donde nació un siglo atrás.


El martirio de Bastidas debería haber sido motivo de alguna compasión por los herederos de la conquista. Fue llevada junto con sus hijos, Hipólito, de 18 años, y Fernando, de 10, y su esposo, a la plaza de armas de Cusco, luego de ser torturados, para ejecutarlos de uno en uno. Micaela fue obligada a presenciar la muerte de su hijo mayor, al que primero le cortaron la lengua por hablar mal de los españoles. La estrangularon en público, le dieron garrote y la remataron a patadas.


Sería excesivo decir que el episodio es sólo historia, a la luz de los relatos de la antropóloga quechua Gavina Córdova, nacida en Ayacucho y residente en Andahuaylas. La minería a cielo abierto actualiza el hecho colonial o, por mentar al más importante sociólogo latinoamericano, Aníbal Quijano, refuerza la “colonialidad del poder”, que permaneció intacta pese a la desaparición de la colonia. El derecho de pernada sigue funcionando en la sierra, ya sea como abuso sexual, o bien adaptado a las nuevas relaciones laborales, que permiten, por ejemplo, que los patrones no paguen el salario durante los primeros meses de “prueba” de los nuevos trabajadores.


Pero el colonialismo tiene una cara más fétida aun: la que muestran las propias organizaciones sociales y políticas que resisten a la minería, pero también los partidos de izquierda. El periodista Jaime Borda, presidente de Derechos Humanos Sin Fronteras, asegura que “desde 2006 hasta 2014 la mayoría de los dirigentes comunales han terminado mal su mandato, con acusaciones de aprovechamiento del cargo, de malos manejos económicos y de negociar sólo a favor de sus familiares”. Las empresas mineras operan con cuantiosos recursos para que las comunidades elijan personas afines a sus intereses, lo que hace que los cargos de dirección sean ferozmente disputados.


En muchos casos, asegura el periodista, “la comunidad ya no reacciona como un grupo coherente, sino como una suma de individuos que velan cada uno por sus propios intereses”. Por su parte, Córdova destaca que los terrenos comunales se están parcelando y se titulan como propiedad privada, porque para la empresa minera es más fácil negociar con las familias que con la comunidad.


La simbiosis entre modernidad y minería, entre desarrollo y colonialidad del poder está provocando mayores daños que los ya cuantiosos enhebrados por la colonia y la república durante cinco siglos. Poco más de medio siglo después de haber escrito “Llamado a algunos doctores”, un desgarrador poema de Arguedas en el que denunciaba la discriminación de la cultura quechua, la “quinua de cien colores” que amaba y celebraba se ha convertido en mercancía altamente estimada en los restaurantes de los países centrales, pero se ha convertido en lujo inalcanzable para las familias comuneras.


“Siembro quinua de cien colores, de cien clases, de semilla poderosa. Los cien colores son también mi alma, mis infaltables ojos”, versea el poeta. Arguedas no vivió para ver la destrucción de sus sueños regeneradores, prefirió marcharse por propia voluntad, antes que contemplar impotente la destrucción del mundo que amaba.

Por Raúl Zibechi
16 mayo, 2019

Publicado enMedio Ambiente
La imposible gobernabilidad de las derechas

Cuando comenzó el declive del ciclo progresista, aproximadamente cinco años atrás, planteamos que los eventuales gobiernos de la derecha que los sucedían serían inestables, asediados por una elevada conflictividad social, la profundización de la crisis sistémica y cambios en las relaciones entre las diversas clases sociales (https://bit.ly/2XCMzbB).

El fin del progresismo es mucho más que la desaparición de esos gobiernos y que no le sucederá un ciclo derechista o conservador sino un periodo de inestabilidad. Esto quiere decir que veremos cambios bruscos en el escenario político, virajes de la derecha extrema a la izquierda moderada, y viceversa, sin que ninguna de esas fuerzas consiga estabilizar la gobernabilidad.


Las razones son las mismas que provocaron el fin del ciclo anterior. Pero antes veamos brevemente la situación en los tres principales países de la región sudamericana.
En Brasil el gobierno de Jair Bolsonaro entró en crisis apenas unas semanas después de asumir. A una fuerte caída en su aprobación, se le suma el enfrentamiento con el sector militar, que conforma el núcleo de su gobierno, y las trabas que encuentra para hacer aprobar la reforma previsional, con un trasfondo de estancamiento de la economía. La forma principal que está asumiendo la crisis del gobierno es la puja abierta y pública entre los bolsonaristas y el vicepresidente Hamilton Mourao, que agudiza la inestabilidad.


Por abajo, los movimientos no han parado un solo momento. Entre enero y febrero, en pleno verano, el Movimento Passe Livre (MPL), que desencadenó las jornadas de junio de 2013, volvió a las calles con cinco grandes marchas en Sao Paulo. Estos días las organizaciones indígenas están acampando en la Explanada de los Ministerios en Brasilia, provocando una aguda respuesta represiva del gobierno que movilizó la Fuerza Nacional contra la Articulación de los Pueblos Indígenas.


En Colombia el gobierno uribista de Iván Duque debió enfrentar una oleada de movilizaciones indígenas, negras y campesinas desde el 10 de marzo, que bloquearon las principales carreteras del país, en particular la estratégica Panamericana que corre de norte a sur y es la vía de las exportaciones hacia Ecuador y el resto del continente. La organización correspondió a una amplia confluencia, realizada en febrero, con 380 delegados de 170 organizaciones, que cuestionaron el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno.


La Minga indígena y popular (trabajo comunitario) fue la primera gran movilización nacional posterior a la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, enseñó la acumulación de muchos malestares, en particular contra el modelo extractivo en curso. Hubo 25 mil personas en las carreteras, acampadas o movilizadas de forma permanente, lo que forzó al presidente a acudir al Cauca a negociar con los movimientos.


Argentina es el caso paradigmático de la imposible gobernabilidad derechista. La crisis desatada en abril de 2018, que llevó el dólar de 18 a 44 pesos, disparó la inflación a 50 por ciento anual y multiplicó la pobreza pero también la fuga de capitales, comenzó en diciembre de 2017 con las masivas protestas contra la reforma de las pensiones. Los de arriba comprendieron que Mauricio Macri no podía imponer su programa y comenzaron a especular frenéticamente.


En estos momentos el panorama es de una crisis de credibilidad del gobierno, una oleada de protestas con marchas diarias (en la que destaca el activismo del movimiento de mujeres) y la posibilidad de que Macri pierda las elecciones de octubre. En el medio, un impresentable acuerdo con el FMI que multiplica la deuda y hace que los próximos gobiernos, del signo que sean, tendrán enormes dificultades para sacar al país del atolladero.


En esta situación, veo tres aspectos que van a profundizar la crisis de gobernabilidad en los próximos años, generando mayor inestabilidad y planteando profundos desafíos a los movimientos antisistémicos.


La primera es la potencia del campo popular. Más allá de la opinión que se tenga de los gobiernos progresistas, es evidente que en las dos pasadas décadas hubo un fortalecimiento de los sectores populares, aunque sus organizaciones a menudo se han debilitado. Este es el núcleo del déficit de gobernabilidad.
La segunda radica en las consecuencias del agravamiento de la crisis global, que entra en una fase de caos sistémico. Con ello se reducen las chances de estabilidad económica y política.


La tercera es que ninguna fuerza tiene la capacidad para estabilizar la situación. Para hacerlo, la derecha debería derrotar al campo popular, lo que no está en condiciones de hacer. La izquierda puede gobernar si logra mover el modelo extractivo, romper con las agencias globales que lo sostienen y las élites locales que lo avalan. No tiene la voluntad de ánimo para iniciar un ciclo de luchas que debería ser tan potente, que no sólo barrería el extractivismo sino que podría expulsarla del escenario.


Brasil, Argentina y Colombia…

Publicado enPolítica
Tres ríos en el mundo tienen derechos. Uno es este y ‘vive’ amenazado

Una sentencia ordenó hace dos años proteger el Atrato, en la región colombiana de El Chocó, por su biodiversidad. Pero el enorme impacto de la minería, el conflicto armado, el narcotráfico y la sobreexplotación lo llevan al colapso ecológico


En el río Atrato, el nacimiento de un niño es un gran acontecimiento. Los indígenas embera, en cuanto saben la buena nueva, corren a bañarse en sus aguas para desear que ese nuevo ser abandone la pereza tras haber estado tanto tiempo en el vientre de la madre y sea activo. Las mujeres afrodescendientes también lo celebran repartiendo dulces y compartiendo una botella de aguardiente mientras lavan la ropa en la orilla. Para las comunidades negras e indígenas que habitan desde tiempos ancestrales en está zona del Pacífico colombiano, su río lo es todo. Es su despensa para pescar, su vía para transportarse, el lugar donde realizan sus acciones más cotidianas como preparar la comida y lavar los platos, el espacio de encuentro para charlar o donde los niños y niñas juegan a todas horas. La vida en este vasto territorio interétnico de la región de El Chocó está íntimamente relacionada con las aguas del Atrato.


Desde hace algunas décadas, la plácida vida en este río que recorre la selva de la segunda región más biodiversa del mundo hasta desembocar en El Caribe empezó a desvanecerse. El Chocó se convirtió en un teatro de guerra. Llegaron los actores armados: guerrilla, paramilitares y ejército que dejaron miles de muertos, desaparecidos y desplazados. Llegó también el narcotráfico y la explotación salvaje de sus recursos naturales. El río se llenó de dragas y retroexcavadoras para buscar oro y lo contaminaron de ingentes cantidades de mercurio. La minería se apoderó del río y el pescado empezó a escasear. Todo, sumado a un permanente abandono estatal, unas altas condiciones de pobreza y a una nueva reconfiguración del conflicto armado tras la firma de la paz por parte de las FARC. Los territorios abandonados por la antigua guerrilla fueron copados por otros grupos, como bandas criminales herederas del paramilitarismo y la guerrilla del ELN. El Atrato tuvo que pedir auxilio y las comunidades dijeron basta.


Una demanda al Estado colombiano interpuesta por diferentes organizaciones que defienden el territorio chocoano terminó en 2016 con una sentencia histórica de la Corte Constitucional instando a diferentes instituciones competentes a proteger, conservar, mantener y restaurar el Atrato. Era la tercera vez en el mundo que un río era reconocido como sujeto de derechos. Antes, lo habían sido el Ganges en La India y el Wanganui de Nueva Zelanda. Sobre el papel, la sentencia sostiene que el Atrato es una entidad viviente de la que dependen otras formas de vida y culturas por lo que otorgarle derechos supone de facto proteger a las comunidades que habitan su cuenca. El auto pone el acento en el tema de la seguridad alimentaria y ambiental, en el control de la minería y en el análisis de la toxicidad del río.


Tras la resolución, más allá del diagnóstico, apenas ha habido algunos avances para tratar de articular la participación de las comunidades con la intención de ver qué tipo de desarrollo se pretende. También se encargó un macroestudio para tomar muestras que permitan saber el alcance de la contaminación de las aguas y poder implementar, de ser necesario, un plan integral de salud para la población. Los resultados del estudio no se conocerán hasta dentro de dos años. Otros informes realizados, de carácter más limitado, determinaron ya altos niveles de contaminación por mercurio que obligaron a poner en marcha algunas alertas comunitarias que restringieron el consumo de peces. Existe también mucha preocupación por los efectos que ese mercurio pueda tener en la leche de las madres lactantes.


La sentencia es esperanzadora, pero también hay serias dudas sobre si conseguirá revertir la situación. Para garantizar su implementación, la Corte creo la figura de los guardianes del Atrato, entre los que se encuentran varias instituciones y ministerios gubernamentales como el de Ambiente, así como siete hombres y siete mujeres en representación de las comunidades indígenas y negras. Nixon Chamorro, líder indígena embera, es uno de los guardianes. No deja de ser escéptico, pero reconoce que la sentencia es una gran oportunidad. “Aquí tenemos claro que debemos dejarle a nuestros hijos el mismo río que nos dejaron nuestros abuelos. Tanto los territorios indígenas como los de las comunidades afro son territorios colectivos reconocidos por ley y como tales debemos ejercer nuestra autonomía. No podemos seguir replicando sistemas económicos que destruyen nuestra naturaleza. Tenemos que construir una propuesta de desarrollo económico propio sin depender de la extracción de recursos” , asegura.


Alexander Rodríguez es también guardián del Atrato. Como líder social de Cocomacia, una organización étnico territorial de la cuenca media del río que representa a 123 comunidades negras, considera igualmente que el futuro de la región pasa por el respeto de su autonomía y por más inversión social. “No es solo que llegue la fuerza pública, sino que construyan escuelas y hospitales. Deben ejercer una política pública que permita desarrollar nuestro territorio acorde con nuestra cosmovisión y nuestra cultura, no hecha desde un despacho en Bogotá”, señala.


La misión de los guardianes será hacer pedagogía de la sentencia en los territorios y ahondar en el tema de la conservación, especialmente entre los niños y niñas. “Parte de la responsabilidad de como está el río es también nuestra porque nos falta mucho sentido de pertenencia y apropiación. Es fundamental, por ejemplo, que aprendamos a manejar el tema de las basuras”, afirma Fausto Palacios, de la organización Ascoba y guardían del Atrato.


Un río de oro


Pero la sentencia se enfrenta en la práctica a una dura realidad y es que buena parte del río se encuentra ya concesionado a la minería de extracción de oro, su principal fuente de contaminación. La Corte no la prohíbe, solo habla de regularla y de ejercerla con responsabilidad social y ambiental. Según datos de 2017 del Ministerio de Minas, existen 251 títulos mineros vigentes ya otorgados que está previsto poner en marcha en el Atrato. Casi el 50% pertenece a potentes multinacionales como Anglo Gold Ashanti, Continental Gold o la Newmont. “No hubo un pronunciamiento de la Corte sobre las concesiones mineras. El río Atrato sigue corriendo así mucho riesgo si se ponen en marcha todos los títulos y proyectos mineros que están otorgados y donde las empresas siempre amenazan con demandas millonarias al Estado si no les dejan hacer. Entonces, cómo se planifica en un territorio que está concesionado”, se pregunta Viviana González, abogada de Tierra Digna, la organización que acompañó a las comunidades del Chocó en la defensa de su río.


En el Chocó hoy coexiste la minería artesanal con la gran minería y con la ilegal, muy ligada a las actividades delictivas de los grupos al margen de la ley. Un contexto muy complejo porque finalmente la extracción de oro se convirtió en una fuente de trabajo para mucha gente en una región donde la minería artesanal forma además parte de su cultura. “Ha sido la gran minería la que ha acabado con todo y se debería combatir la ilegal, pero el Gobierno tendría que legalizar al pequeño minero artesanal. Es verdad que la gente se acostumbró a que con una máquina retroexcabadora saca mucha más cantidad de oro en un día que con la batea y esta parte si debería mitigarse”, explica Alexander Rodríguez.


Para Viviana González, de Tierra Digna, la minería acabó generando una gran dependencia, destruyó la zona y perjudicó a la agricultura y la pesca, así como a la cultura de las comunidades. “Un minero gana en una semana lo que puede ganar un agricultor en un año. Los jóvenes ya no quieren saber nada del campo. Romper esa lógica es muy difícil. Entre la subsistencia y vivir algo más holgadamente siempre gana lo segundo. El desafío del Estado es dejar de tratar a los grupos étnicos en términos de subsistencia y hacerlos acreedores de una mejor calidad de vida acorde a lo que ellos quieren, un desarrollo propio”, argumenta.


Nadie sabe con certeza si el río Atrato se podrá recuperar porque el modelo de desarrollo no da demasiado margen. No es solo la minería. Hay otros grandes intereses económicos que se proyectan en la región en forma de megaproyectos de infraestructura. “Es una pelea que no queremos dar por perdida porque, ademas, el 80% del territorio pertenece a las comunidades afro e indígena y eso les da un derecho. El Estado no ha entendido que los resguardos indígenas y los consejos comunitarios afrodescendientes son territorios colectivos y que por tanto son como una propiedad privada que se les otorgó legalmente. Entonces, si alguien tiene un interés en sus territorios es con ellos con quienes deben hablar y para cualquier proyecto se debe realizar la pertinente consulta previa con las comunidades, como señala la propia Corte”, sentencia la abogada Viviana González de Tierra Digna.

Por MILO DEL CASTILLO Y JAVIER SULÉ ORTEGA
Quibdó (Colombia) 20 ABR 2019 - 17:06 COT

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La descolonización sentipensante desde las rondas campesinas de Perú

Las históricas rondas campesinas de Perú son una forma de organización y resistencia que, desde sus sentires y pensares, nos ayudan a seguir trazando caminos descolonizadores para los pueblos de nuestra América Latina.

Uno de los grandes problemas que actualmente enfrentan los pueblos latinoamericanos se ve reflejado en el gran nivel de conflictividad con los estados debido a la imposición de proyectos extractivos de manera violenta. En este sentido, Lander nos dice que, a pesar del ascenso de gobiernos -autodeclarados- de izquierda o progresistas en parte de Latinoamérica, no hubo cambios en términos de mercantilización y privatización de la naturaleza sino que, independientemente del tipo de gobierno, la destrucción de la Madre Tierra se ha acelerado.

En medio de ello, gran parte de los pueblos originarios y campesinos más vulnerables son los que se ven más afectados ya que se encuentran en lugares donde las grandes empresas mineras transnacionales realizan sus actividades. Prueba de ello es el caso del Megaproyecto Minero Conga situado en la región de Cajamarca en Perú donde la empresa minera Yanacocha, cuyos capitales son transnacionales, pretende operar pese al gran rechazo expresado por la población afectada. Gracias a las luchas, resistencias y formas de organización se pudo detener este megaproyecto en el año 2012 aunque, lamentablemente, costó la vida de cinco personas debido a la represión del Estado peruano, el cual empleó fuerzas policiales y del ejército de una manera desproporcionada.


Por la defensa del agua y de la vida: ¡Conga no va!


Tanto daño, tanto engaño, no más minería en Cajamarca, no más contaminación, seamos libres como el agua, como el viento. ¡Jallalla Pachamama! ¡Jallalla!
GRUPO TINKARI, 2012


“¡Agua Sí, Oro No!”, “¡Conga No Va!” o “el agua es un tesoro que vale más que el oro” son algunas de las arengas que retratan parte de las luchas y resistencias contra el Megaproyecto Minero Conga. Éste fue impuesto de manera violenta a los pueblos originarios de Cajamarca en el año 2011 por parte del Estado y la empresa minera. Cada una de las expresiones citadas enaltece y recuerda, como si fuera ayer, uno de los episodios de lucha y resistencia histórica más conocidos en América Latina, con venas abiertas todavía. En medio de todo, gran parte de las mujeres, hombres, niños, niñas, jóvenes, ancianos y ancianas, y la sociedad civil, nacional e internacional, han venido manifestándose firmemente en contra de la minería de las formas más originales y valiosas.


En especial, en estas líneas nos gustaría alabar e indagar mejor el aporte de las rondas campesinas en esta región del Perú. Ellas constituyen la base de la organización comunal de defensa que surgió de manera autónoma en las zonas rurales del norte del Perú en los años de 1970 frente al frecuente robo de ganado (abigeato). Así, ejercían su derecho consuetudinario en el cuidado de su territorio al “rondar” y/o cuidar sus territorios. Esa es la misma forma que emplean hoy en día al ser guardianes y guardianas de las lagunas, las cuales se ven amenazadas por la destrucción de la empresa minera.


Asimismo, estas organizaciones de autoprotección del campo y de las ciudades se autodenominan democráticas, patrióticas, justas y moralizadoras, guiadas por sus prácticas, tal como lo señala la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú CUNARC-P, la cual es su instancia legítima de representación política. Es por ello que esta significativa experiencia, muy semejante a otras resistencias de los pueblos del Perú y de Latinoamérica, nos ayuda a continuar construyendo las alternativas descolonizadoras desde esta parte del Sur del continente.


Sentir y pensar desde América Latina: la descolonización sentipensante


Entendemos la descolonización como un conjunto de alternativas y proyectos necesarios que cuestionan las estructuras elementales de las problemáticas latinoamericanas. Para Fanon es una noción referida a trasformaciones en el plano epistémico y ético-político. Autoras feministas como Galindo contribuyen a pensarla como el ejercicio de poner en cuestión las estructuras, lógicas y sentidos coloniales de todas y cada una de las instituciones. En el análisis de Quijano, se trata de irrumpir y atacar a la colonialidad del poder, la cual es entendida como un conjunto de patrones de dominación que se ven expresados en la conformación estructural de las sociedades latinoamericanas. He ahí la importancia de mapear alternativas descolonizadoras desde diferentes aspectos.


Tras haber estudiado las experiencias de lucha y resistencia frente al extractivismo protagonizadas por las rondas campesinas es de gran importancia tomar y rescatar los conocimientos que ellas traen para la comprensión de sus realidades. Es así que esas experiencias expresan, por ejemplo, sus visiones propias del Buen Vivir.


El intelectual indígena Javier Lajo, nos dice que este paradigma (que en términos andinos-amazónicos sería el Sumaq Kawsay-ninchick) plantea un distanciamiento entre la visión occidental y la indígena de la relación de la persona y la naturaleza, donde el cuidado de la vida es lo más importante. Para las rondas campesinas esta noción permea su modo de vida y existencia donde se enaltece el respeto a la Madre Naturaleza, especialmente, a la Yacumama o Madre Agua. Ejemplo de ello es la manera de organizarse frente a megaproyectos extractivos como la minería donde una de las acciones fue cuidar y/o rondar las fuentes de agua que serían impactadas de forma irreversible por la empresa Yanacocha. En ese sentido, como señala Yrigoyen, las rondas campesinas son sujetos colectivos que hacen uso legítimo de su derecho consuetudinario en la protección de sus territorios jurisdiccionales. Esto quiere decir que conciben y practican el derecho desde sus conocimientos ancestrales, lo cual es amparado por la propia Constitución Política del Perú, la cual reconoce ese sistema jurídico al mismo nivel que el sistema jurídico ordinario. Por lo tanto, las rondas campesinas nos ayudan a ver cómo esta forma de organización abre caminos para repensar la propia descolonización del derecho en América Latina.


Lucha contra la minería y descolonización


El papel de las mujeres ronderas es, sin duda, uno de los pilares más importantes en el gran camino de lucha y resistencia. Ellas afirman que siempre se han dedicado a actividades como la agricultura, la ganadería o el comercio, por ello el impacto de las actividades extractivas les afecta como mujeres, pues son ellas las que utilizan el agua y ven cómo su carencia puede afectar a sus familias. Del mismo modo, la organización como rondas campesinas femeninas vienen a ser espacios donde ellas mismas se ven representadas con sus mismas pautas y propuestas al reivindicar sus derechos como mujeres. Todo ello podría considerarse como parte de las múltiples miradas propias de una descolonización despatriarcalizadora.
Rescatamos también que las experiencias de lucha y resistencia frente a la minería constituyen procesos de descolonización, pues son en estos escenarios donde se visibilizan los conocimientos ancestrales sobre el control de sus territorios que las rondas campesinas poseen. Ellas mismas lo expresan señalando que sus conocimientos ancestrales, sus múltiples saberes y las capacidades de los pueblos tienen de unirse para construir otro mundo basado en la defensa de la dignidad humana, el respeto a los derechos ambientales y de todos los seres vivos acogidos por la Madre Tierra o Pachamama.


Otro aspecto interesante es que los episodios de lucha y resistencia resignifican las propias prácticas que como sujetos colectivos poseen. Valores como la solidaridad, reciprocidad y organización comunal cada vez forman parte de un pensamiento local que se expande a otras experiencias similares, por ejemplo en la formación de redes a nivel nacional e internacional donde la defensa del agua y de la vida son el centro de la lucha. Por ejemplo, podemos citar a la Vía Campesina como una red de resistencia a nivel mundial en la defensa del agua, el territorio y la vida. Todo ello con un trabajo conjunto entre hombres y mujeres donde la descolonización también vaya de la mano de senderos despatriarcalizadores.

Por Shyrley Tatiana Peña Aymara
Docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y encargada de Relaciones Internacionales del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS)

publicado
2019-02-08 10:00:00

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Brasil vuelca su indignación contra la empresa minera Vale y exige justicia

Cinco ingenieros que evaluaron en diciembre la presa que se quebró fueron detenidos por orden de una juez que se plantea acusarles de homicidio, crimen ambiental y falsedad

El impacto inicial por la catástrofe de la mina de Brumadinho, en Brasil, ha ido derivando con el paso de los días en una creciente indignación e ira de los familiares, los ambientalistas, los políticos, sus propios accionistas y la ciudadanía en general hacia Vale, la empresa propietaria que ya estuvo implicada en un desastre similar en 2015. La exigencia para que se haga justicia, esta vez sí, es ya un clamor. Cinco ingenieros que evaluaron en diciembre la presa que se quebró fueron detenidos cautelarmente este martes por orden de una juez que se plantea acusarles de homicidio, crimen ambiental y falsedad. Tres de ellos, empleados de Vale, estuvieron directamente implicados en la última autorización de la mina Córrego do Feijão, en diciembre. Los otros dos trabajan para la auditora alemana Tuv-Sud, encargada de evaluar el riesgo de la instalación. Todos los permisos estaban en regla.


El rastreo en busca de las víctimas prosigue mientras tanto en Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, donde el 10% del PIB depende de la minería. Las autoridades sostienen que es probable que no todos los cadáveres puedan ser recuperados, dada la extensión que alcanzó la marea de lodo y su densidad. Los muertos son ya 84, según el último balance oficial, pero aún permanecen desaparecidas 276 personas, en su mayoría empleados de Vale o de subcontratas que trabajaban en la instalaciones en el momento en que el dique cedió y surgió una lengua de barro que devoró todo y a todos.


Las detenciones, a primera hora de la mañana, se produjeron después de que la víspera arreciaran las críticas a la cúpula de la mayor empresa minera de Brasil por la magnitud de la tragedia y porque es reincidente. Inmediatamente después de conocerse el desastre de este viernes, esta compañía, un gigante de 100.000 empleados entre directos e indirectos, empezó a ser castigada en la Bolsa en la de Nueva York. Ese día, la de São Paulo estaba cerrada porque la ciudad celebraba su 465 aniversario, pero el lunes las acciones llegaron a caer un 22% en el índice Bovespa.


El presidente de Vale, Fabio Schvatsman, ha anunciado a última hora de la tarde que la firma va a acabar con las represas como las de Brumadinho y de la mina Mariana, a la que la compañía Vale también estaba vinculada. Esta sufrió un desastre similar hace tres años. En ambos casos cedieron los diques que contenían inmensas balsas de residuos de la actividad minera generando un tsunami de lodo devastador. Menos de 100 kilómetros separan a una mina de la otra. El impacto ambiental fue entonces mucho mayor; murieron 19 personas. En Brasil existen unas 4.000 represas que están oficialmente consideradas de “alto potencial dañino”, de esas 205 contienen residuos minerales, según ha explicado el ministro de Desarrollo Regional, Gustavo Canuto. El ministro ha precisado que, como el Gobierno no tiene capacidad de auditarlos todos, va a dar prioridad a los que entrañan mayores riesgos.


Vale había echado mano antes de diversos recursos para parar el golpe y aminorar el dolor de los afectados. Ha anunciado una donación de 100.000 reales (27.000 dólares, 23.000 euros) para las familias de cada uno de los fallecidos y de las personas que no han sido localizadas independientemente de si trabajaban en la mina o no, ha anunciado la contratación de médicos del hospital Albert Einstein —precisamente donde el presidente, Jair Bolsonaro, se recupera de la operación para retirarle la bolsa de colostomía tras el atentado sufrido en la campaña electoral— para atender a los afectados y el pago de más tasas a los municipios donde desarrolla sus actividades mineras.


Un grupo de inversores ha presentado una demanda civil en Estados Unidos contra Vale a la que acusan de la pérdida de valor de sus acciones ADR, que el lunes perdieron el 27% de su valor en ese país.

NAIARA GALARRAGA GORTÁZAR
São Paulo 30 ENE 2019 - 04:30 COT

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Al menos nueve muertos y 300 desaparecidos tras romperse una represa minera en Brasil

El dique de contención se ha quebrado y el lodo ha sumergido el comedor de las instalaciones, según el presidente de la empresa propietaria

 

Al menos nueve personas han muerto y casi 300 permanecen desaparecidas después de que la rotura de un dique de contención de residuos de una mina brasileña inundara este viernes una amplía extensión de terreno de lodos férreos. La catástrofe ha ocurrido en el municipio de Brumadinho, en Minas Gerais (sudeste de Brasil) y las probabilidades de encontrar vivos a los desaparecidos son "mínimas", según aseguró el gobernador del Estado, Romeu Zema antes de que se diese a conocer el último balance oficial de víctimas. 

La compañía propietaria del complejo minero, Vale, ha precisado que el accidente sucedió a primera hora de la tarde en la conocida como mina Judía. El presidente de Vale, Fabio Schwartsman, ha explicado en una rueda de prensa que había algo más de 400 empleadas de la mina (propios y subcontratados) en el momento del colapso. Las primeras imágenes muestran la zona convertida en un mar de barro.


La rotura del dique de contención se produce poco más de tres años después de la tragedia ambiental de Mariana, la más grave de la historia del país sudamericano. Schwartsman ha asegurado que la empresa desconoce por qué ha colapsado la presa, que está vigilando otros diques en la mina. El máximo directivo de Vale ha añadido que "el impacto ambiental puede ser menor que aquel pero el coste humano, mayor".


El presidente brasileño, Jair Bolsonaro,lamentó la catástrofe en nota compartida en sus redes sociales. "Nuestra mayor preocupación en este momento es atender eventuales víctimas de esta grave tragedia", afirmó. El Gobierno activó un gabinete de crisis, coordinado por los ministerios de Desarrollo Regional y de Medioambiente.


La empresa minera Vale movilizó al cuerpo de bomberos y activó su plan de emergencias. “La prioridad total de Vale, en este momento, es preservar y proteger la vida de empleados y de miembros de la comunidad”, explicó la compañía en un comunicado. La catástrofe de Brumadinho hizo caer un 8% las acciones de la minera en la Bolsa de Nueva York este viernes.
La rotura de la presa de Vale en Brumadinho sucede tres años después del desastre de Mariana, la mayor tragedia ambiental del Brasil, ocurrida en noviembre de 2015. Entonces, la presa de Fundão, de la Samarco (propiedad también de Valle y de BHP Billiton), se rompió, matando a 19 personas y provocando un tsunami de barro que avanzó sobre el río Doce hasta llegar al litoral de Espírito Santo.


Alrededor de la 13.30 (hora local) el Ayuntamiento de Brumadinho alertó en sus redes sociales a la población de que se mantuvieran alejados del lecho del río Paraopeba.
El Instituto Inhotim, un museo a cielo abierto de arte contemporáneo localizado en Brumadinho, informó a través de sus redes sociales que fue evacuado por precaución. “Debido a la rotura en Brumadinho (MG), el Instituto Inhotim comunica que evacuó el área de visitas del museo" siguiendo las recomendaciones de las autoridades, explicó la institución. Inhotim es uno de los principales destinos turísticos del Estado de Minas Gerais y recibe miles de turistas todos los meses.


También a través de una nota, el Ministerio de Desarrollo Regional informó de que está "en contacto constante con los equipos de Defensa Civil".

 

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Venezuela: la disputa es por los territorios

Desde semanas atrás, ya se anunciaban turbulencias a partir de enero-2019 en Venezuela, con la instalación de la Asamblea Nacional y la toma de posesión de Nicolás Maduro para un hoy incierto período presidencial 2019-2025. De nuevo, saltan una serie de jugadas políticas y geopolíticas de corto y mediano plazo, movimientos, alianzas y decisiones que avivan las tensiones ya existentes y buscan generar nuevos puntos de inflexión y cambios de escenario. El dramático avance de la devastación económica y de la descomposición política e institucional del país, sumado al hostil panorama internacional, nos han llevado a tiempos de mucha mayor volatilidad, en comparación con el muy conflictivo 2017.

Sin embargo, todo esto va mucho más allá de los reacomodos del poder institucional y los potenciales cambios de mandatario. Ante el colapso del rentismo, del Petro-Estado y toda su institucionalidad, la disputa por la renta ha ido perdiendo centralidad y se va dirigiendo con más fuerza hacia la apropiación directa de los recursos y el control de los territorios.

Mientras casi toda la atención se centra en la llegada de un ‘desenlace’ en las cúpulas del poder, lo cierto es que desde hace ya varios años se viene produciendo un intenso proceso de des-territorialización1 y re-colonización a lo largo y ancho de la geografía venezolana, que está teniendo un extraordinario impacto no sólo en los tejidos sociales, en la correlación de fuerzas y en los ecosistemas y la reproducción de la vida socio-ecológica; sino en la propia forma de la soberanía política en el país.

Es claro que el Estado/Gobierno de Nicolás Maduro está jugando un rol clave en este complejo proceso de recolonización, al intensificar la lógica extractivista, aplicando un brutal ajuste económico sobre los territorios (zonas económicas especiales, mega-proyectos como el Arco Minero del Orinoco A.M.O., entre otros), al tiempo que se vuelve políticamente muy agresivo y autoritario, y ha suprimido de facto el estado de derecho (estado de excepción permanente, zonas militares especiales, etc.).

No obstante, por más que algunos análisis quieran omitirlo, no es el único actor en el juego. En realidad ni siquiera es un actor homogéneo y sólido. La crisis hegemónica que se produce desde 2013 con la muerte de Chávez y la metástasis de la corrupción, se unen a la extraordinaria crisis económica que colapsa y caotiza al país, lo que ha hecho que el Petro-Estado venezolano no sea hoy más que una colección de grupos de poder (que pueden tener conflictos y tensiones entre sí) y un conjunto de instituciones precarias y discontinuas.

El impacto de esta Gran Crisis (2013-2019) ha sido tan profundo, que ha removido y redimensionado las múltiples contradicciones y tensiones territoriales ya existentes, al tiempo que los territorios quedan abiertos ante los flujos salvajes de la actual globalización tardía y descompuesta. Lejos de ser homogénea, estamos ante una cartografía política fragmentada, muy movible y volátil: una parte de la sociedad venezolana, precarizada, migra desde la hueca economía formal hacia estas dinámicas de apropiación directa de los recursos y el control de los territorios; prolifera el paramilitarismo en sus diversas formas; bandas criminales y sindicatos mineros; sectores militares corrompidos que ejercen poder feudal; frentes de las guerrillas colombianas ‘desmovilizados’ (exFARC) o no (como el ELN); poderosos sectores ganaderos y terratenientes; y la creciente influencia/presencia, directa o a través de intermediarios, de las corporaciones transnacionales; entre otros. Es el capitalismo global 2.0 al desnudo.

Estos procesos no se pueden comprender en código binario/lineal, polarizado o sólo como los intereses de la Nación contra el Imperio. Los grupos en disputa pueden actuar basados en sus intereses particulares/locales o articularse hasta hacer parte de redes regionales, nacionales e internacionales, que conectan con mercados globales de recursos primarios, legales o ilegales. En estas múltiples escalas engranándose podemos hablar también de una geopolítica de la Región Guayana, una geopolítica de Los Llanos, una geopolítica de la Amazonía, etc.

En cualquier caso, todos estos actores mencionados son agentes de la acumulación por desposesión y de una u otra manera operan bajo lógicas bélicas. En esto, aunque no se articularan entre ellos, coinciden. Constituyen las diversas estructuras de poder que promueven una re-territorialización del despojo y la expoliación, y parecen llevar a Venezuela a re-configurarse como una o un conjunto de economías de enclave.

Cartografías del despojo, guerras y resistencias: algunas coordenadas

Es imposible dar cuenta de todas las múltiples tonalidades y rasgos de estas disputas territoriales a nivel nacional. Apenas si podemos mencionar algunas de ellas y sus tendencias de manera general.

Además del colapso del capitalismo rentístico, las zonas de enclaves petroleros han entrado en decadencia (al igual que las propias ciudades). Esto ha propiciado que las economías informales de extracción hayan tomado un muy importante auge. Las lógicas de apropiación y poder se van dirigiendo con mucha fuerza al control de las tierras, el territorio y las posibilidades de la extracción de materiales (oro, diamantes, coltán, madera, especies protegidas, etc) e incluso agua, así como al de la movilidad social, de mercancías, corredores estratégicos y de comercios transfronterizos.

En la región Guayana y la Amazonía –las que consideramos las nuevas fronteras de los commodities venezolanas– son tal vez las áreas donde presenciamos estas dinámicas con mayor crudeza. Las principales zonas del oro, en la Reserva Forestal de Imataca (al oriente del estado Bolívar), están siendo atravesadas por lógicas de guerra y se han creado feudos mineros dominados por bandas criminales, militares corruptos y/o sectores de la guerrilla colombiana, lo que no excluye la existencia de enfrentamientos armados con componentes de las Fuerzas Armadas, principalmente a través de operativos. Las nuevas fronteras de los commodities son claves en la reformulación del proyecto extractivista venezolano, pero al mismo tiempo lo son para el enriquecimiento y consolidación de intereses particulares y el posicionamiento territorial en relación al conflicto político nacional. Por eso es tan importante el devenir de lo que vaya ocurriendo en estas áreas.

Estos procesos han hecho metástasis en la zona, expandiéndose con mucha fuerza desde mediados de la década pasada, y en especial en este período de crisis actual. Se han intensificado en la cuenca del Caroní, en el Parque Canaima, en la cuenca del río Paragua, en el sur oriente de Bolívar (frontera con Brasil) y en el Caura, así como en los territorios Yanomami y en los municipios nor-orientales del estado Amazonas. Del mismo modo ha ocurrido con el coltán desde el nor-occidente de Bolívar hasta el eje carretero, y en la frontera de Amazonas con Colombia hasta el sur (oro).

Las disputas entre grupos armados y la instalación del proyecto del A.M.O. han generado violencia, muertes y desplazamientos. Varios pueblos indígenas han puesto resistencia, como han sido los pemón, yekwana, yabarana, wótjüja, yanomami, entre otros, aunque varias de estas comunidades se han también incorporado crecientemente a la actividad minera informal. En el caso de los pemón, desde hace varios años han luchado férreamente contra los desplazamientos y el despojo de estos grupos, y constituyen hoy uno de los principales bastiones de resistencia en estos territorios.

Estas operaciones de extracción se están expandiendo aceleradamente por todo el país, bajo una lógica de saqueo. No solo en el sur: minas metálicas (como las de oro en el estado Carabobo o en Yaracuy) o no metálicas (areneras, caliza, entre otras) proliferan en la geografía nacional, estas últimas también impulsadas en buena parte por militares corruptos que dan un usufructo personal de estas, generando deforestación, desvío de ríos y conflictos con poblaciones locales. Situación similar está ocurriendo con la madera.

En la extensa región de los Llanos, se han venido recrudeciendo las disputas por la tierra, que desde 2001 y hasta la fecha ha dejado un saldo de más de 350 campesinos asesinados. En el período de crisis, han venido arreciando situaciones de desalojos arbitrarios de tierras que habían sido recuperadas por comunidades campesinas, para así ser re-apropiadas por latifundistas. Los campesinos señalan que han sido abandonados desde instancias gubernamentales, que son asediados y perseguidos, criminalizados, judicializados, amenazados y en muchos casos asesinados a través de paramilitares y sicarios pagados por terratenientes y latifundistas. Las agresiones se han registrado al menos en los estados Barinas, Portuguesa, Monagas, Anzoátegui, sur del lago de Maracaibo (Zulia), Apure, Cojedes, Trujillo, Guárico o Mérida. En los últimos meses se han registrado asesinatos de campesinos, como el caso de dos de ellos pertenecientes al predio Hato Quemao (Barinas), el dirigente campesino del Partido Comunista de Venezuela, Luís Fajardo (sur del Lago) o recientemente (12/01/19) el de José "Caballo" de La Cruz Márquez, también en el sur del Lago.

El 12 de julio de 2018, un grupo de 200 campesinos que hacen parte de La Plataforma de la Lucha Campesina, inició una marcha desde Guanare (estado llanero de Portuguesa) recorriendo 430 kms a pie durante 21 días hasta llegar a la capital Caracas, en lo que representa una movilización inédita en Venezuela, y de grandes repercusiones políticas para los movimientos populares. Los campesinos exigen justicia por los asesinatos y denuncian cómo organismos de seguridad como la Guardia Nacional o la Policía Nacional Bolivariana habían participado de agresiones hacia ellos. A su vez, plantearon la necesidad de redireccionar el modelo agrícola, reconociendo a los campesinos como eje central de la soberanía alimentaria en el país. Estas movilizaciones revelan la necesidad de reorganización y relanzamiento del movimiento campesino, ante las crecientes amenazas a las que se ven expuestos.

Estados como Zulia y Táchira, como ya es sabido, son zonas sobrecargadas de intereses económicos y conflictos, claves en el mil millonario comercio ilegal de contrabando y extracción transfronterizo entre Venezuela y Colombia, pero además tienen incidencia en la dinámica de las conflictivas relaciones entre estos dos países. Numerosos actores armados –en buena parte, provenientes del conflicto colombiano– han incursionado y se han posicionado en diversos territorios, y hacen parte de intensas disputas por el control de los mismos, así como de los negocios de la gasolina, alimentos, entre otros. Quisiéramos destacar, para el caso del Zulia, el asedio en los últimos años que han sufrido los indígenas en la Sierra de Perijá (yukpas) y La Guajira (wayuu), siendo que esto se ha intensificado con las familias del asesinado cacique Sabino Romero y la cacica Carmen Fernández, lo cual se evidenció con el secuestro y tortura que sufrió la docente yukpa Mary Fernández, hija de Carmen, y el desplazamiento forzado del que fue objeto la comunidad de Kuse –liderada por la mencionada cacica.

Por último, las zonas urbanas, atravesadas por la precariedad, son áreas donde se producen intensas disputas por el control de barrios, comercio y corredores estratégicos. Bandas criminales han logrado ampliar su capacidad de organización y fuego, e incluso se han logrado articular con sectores corruptos de los cuerpos de seguridad del Estado. Estos últimos llevan adelante frecuentes operativos de choque en barrios populares (como ha sido la Operación para la Liberación del Pueblo) y el despliegue de fuerzas especiales a lo largo y ancho de las ciudades, los cuales actúan sin mayor regulación.

El juego está bastante abierto y la geografía venezolana cruje, jaloneada por múltiples actores del despojo y la re-colonización. Cuando de a ratos, en la escena de la política partidista las cosas parecen estacionadas, en la materialidad de las localidades, estos procesos avanzan vertiginosamente, evidenciado que, en buena medida, en Venezuela la disputa es por los territorios.

Epílogo. ¿Re-pensar un proyecto emancipatorio, en tiempos muy conflictivos?

Es difícil no analizar estos escenarios y hacer parangones con otras experiencias, como la colombiana, Centroamérica, o algunos casos africanos como el de Congo. En este caso, la pregunta es si presenciamos la instalación territorial de estructuras, y sobre todo, lógicas de poder mediadas por la guerra. Y de ser cierto, la consiguiente pregunta sería cómo revertirla. Es fundamental, no desmayar en los intentos de la construcción de una alternativa política para el país, que vaya más allá de los dos grandes proyectos neoliberal/autoritarios en disputa (Gobierno de Maduro y Frente Amplio/Voluntad Popular et al), y que pueda permitir el re-surgimiento de las potencialidades populares y el nacimiento de nuevas culturas políticas que tributen a la vida socio-ecológica. Si el escenario no es reversible en los próximos plazos, es evidente que los pueblos tienen derecho a la defensa propia. En ese caso, esto supone re-pensar un proyecto emancipatorio, en tiempos muy conflictivos.

Emiliano Terán Mantovani es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela e investigador asociado al Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES)


1 Entendiendo ‘desterritorialización’ como un proceso de ruptura y trastocamiento de una territorialidad determinada, de sus configuraciones socio-culturales, metabólicas y ecológicas. La desterritorialización en el sistema capitalista suele estar determinada por la apertura forzada y violenta de nuevos procesos de despojo y acumulación de capital, y para los países del Sur Global puede comprender formas de pérdida de territorio.

15/01/2019

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Venezuela y Rusia evalúan nuevos proyectos de inversión en el Arco Minero del Orinoco

En una reunión en Caracas, autoridades de ambas naciones revisaron contratos de exploración y explotación en las reservas auríferas en el país suramericano

Venezuela y Rusia evalúan la viabilidad de proyectos de exploración y explotación en el Arco Minero del Orinoco, una zona de 114.000 kilómetros cuadrados con riquezas minerales, situada al sureste del estado de Bolívar.


El ministro de Desarrollo Minero de Venezuela, Víctor Cano, y el embajador de Rusia en el país suramericano, Vladimir Zaemskiy, se reunieron esta semana en Caracas y revisaron "condiciones, indicadores, ejes de negociación y garantías de la actividad productiva minera", dijo Cano, vía telefónica, a este medio.


El ministro Cano informó que en la reunión se expusieron las capacidades de Venezuela en el área minera, "con el objetivo de atraer la inversión extranjera e impulsar el apoyo tecnológico" en ese ámbito.


El titular de la cartera destacó que la discusión de los nuevos proyectos planteados sirve de antesala a la reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel (CIAN) Rusia-Venezuela, prevista a efectuarse en el primer trimestre del 2019.


La CIAN es una instancia intergubernamental, creada desde 2004, donde ambos países abordan proyectos en las áreas de energía, agroindustria, minería, técnico-militar y comercialización.


Acuerdos previos


Uno de los acuerdos discutidos en la reunión contempla la posibilidad de que profesionales venezolanos viajen a Rusia para un intercambio científico-técnico. Otro de los convenios incluye el fortalecimiento de los laboratorios del Instituto Nacional de Geología y Minería en Venezuela para avanzar hacia una actividad "menos invasiva" con el ambiente.
El Ministro expresó que los acuerdos, además, implican la dotación de insumos para potenciar el área geocientífica en el país suramericano: "Es parte del apoyo que nos brindan instituciones rusas para adquirir partes y piezas. La idea es que estén a la disposición para nuestros proyectos mineros", agregó.
Diamantes y basalto


En el encuentro, Venezuela y Rusia analizaron el potencial diamantífero correspondiente al área 1 del Arco Minero del Orinoco, específicamente en la población de Cuchivero, en Guaniamo. Allí, de acuerdo con estudios preliminares del ministerio venezolano, se calcula la existencia de 40 millones de toneladas de depósitos de diamantes.


Según el Ministro Cano, el objetivo es evaluar los bloques potenciales para la explotación y los términos de negociación.


Otra área en estudio es la propuesta de una empresa rusa para la producción de fibra a partir del basalto, una roca volcánica de color oscuro con grandes reservas en territorio venezolano.


Cano detalló que con el basalto se puede crear, por ejemplo, "una fibra resistente y menos pesada que el acero y el hierro, que sirve para fabricar cabillas y mallas, como refuerzo de estructuras de concreto".

Publicado: 30 nov 2018 03:15 GMT 

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