Rodrigo Mundaca, activista por el agua: "No puede ser más importante la producción de un kilo de aguacate que la vida de las personas"

El activista Rodrigo Mundaca ha sido galardonado con el Premio de Derechos Humanos de Núremberg por su lucha contra la privatización del agua en Chile

La industria minera y de producción de aguacates están dejando sin agua a la población rural del centro de Chile

El país, cuyo presidente ha sido premiado por su contribución al medio ambiente pese a las críticas, acogerá en diciembre la Cumbre Mundial del Clima

Rodrigo Mundaca es ingeniero agrónomo, campesino y ahora ganador del prestigioso premio de derechos humanos que entrega cada dos años el tribunal de la ciudad de Núremberg por su lucha por una mejor gestión del agua en su Chile natal. Chile acogerá en diciembre una Cumbre Mundial del Clima de Naciones Unidas bajo el amparo de un Gobierno con pocas ganas de escuchar los reclamos de Mundaca y de las "tres millones de personas sin acceso al agua potable en Chile", denuncia el activista a eldiario.es.

"No puede ser más importante la producción de un lingote de cobre, de un kilo de aguacate o la generación de energía que la vida de las personas", señala el activista. Los ejemplos corresponden a las principales industrias que operan en las zonas rurales de la economía más boyante de Latino América. "La situación en Chile es bastante dantesca", apunta Mundaca. "No tenemos sequía, sino saqueo".

El aumento de la demanda internacional de los aguacates —paltas en Chile— que llenan las dietas y supermercados occidentales tiene buena culpa de la situación. Mundaca narra cómo a principios de la década de los noventa las plantaciones de estos alimentos en las colinas y cerros en la región de Petorca comenzaron a crecer, extendiéndose a zonas menos fértiles y que necesitaban más agua.

En 2005 la situación comenzó a hacerse insostenible, "desapareció el agua de los ríos y la gente se empezó a quedar sin agua", recuerda. Dos años después comenzaron a parecer los primeros camiones cisterna para abastecer a una población rural que nunca había conocido la sed.

¿Cómo se ha llegado a esta situación?

En Chile la privatización de las aguas data de 1981, incluso se encuentra consagrada en la Constitución chilena, fraguada en dictadura. Hoy en día el agua dulce se encuentra en la industria extractiva y en el agronegocio. Además, en Chile no existe el delito ambiental, robar agua en el país es una falta administrativa. Los que roban agua la pagan y pueden seguir robando agua. 

En este contexto surge Modatima, acrónimo de Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente, que se constituye como organización en 2010 como "resistencia contra el robo de agua en nuestro territorio", relata el activista. Un "saqueo" que deja tras de sí un paisaje también bastante dantesco, piscinas de agua para el riego y cultivos verdes al lado de secarrales y poblaciones que "tienen que comprar el agua", explica.

En Petorca, lugar de nacimiento y símbolo del movimiento en defensa del agua, sus casi 80.000 habitantes tienen que vivir con 50 litros de agua a la semana por persona. Mientras que un estudio reciente muestra que una planta de aguacate puede llegar a consumir hasta 187,4 litros de agua al día en periodos de riego como enero, febrero y marzo.

Ríos de propiedad extranjera

La Dictadura de Pinochet estableció que el agua era un bien nacional de uso público, pero también permitió su comercialización. Concedió los derechos de aprovechamiento de agua de forma perpetua y gratuita, sin establecer prioridades de uso. Además, estos derechos operan sobre el agua y sobre la cuenca, con lo que "un empresario puede comprarse un río" y después tratar de vender el agua a la población más cercana que se abastece de ese caudal.

¿Cómo se entregan los derechos de agua?

El estado entrega de forma perpetua a los particulares los derechos de aprovechamiento del agua y es un derecho real, es decir, pueden usarla o pueden comprarla o arrendarla. Esa es la estructura jurídica. Hay dos categorías de derechos de aprovechamiento de agua. Hay aguas consuntivas y aguas no consuntivas.

Las consuntivas son aquellas que se consumen y el 80% de los derechos de aprovechamiento están en manos del sector irrigado, es decir, el sector forestal y el sector agrícola. Aproximadamente un 7 o 9% —aunque nosotros creemos que es más— está en manos del sector minero. Y el saldo restante se divide entre el sector industrial y el sector sanitario [que corresponde al saneamiento y abastecimiento de agua potable en los hogares].

Y en materia de derechos de agua de uso no consuntivo, que se destinan preferentemente a la generación de hidroelectricidad, hasta el año 2004 Endesa España era propietario del 90% de estos derechos. En el año 2004 hubo un reordenamiento de capitales y ahora Enel, una empresa público-privada italiana es dueña del 81% de los derechos de aprovechamiento.

Hoy día la mayoría de los derechos de agua tanto de uso consuntivo como no consuntivo no son de la nación, no son del Estado, sino que se encuentran privatizados. 

Más premios que soluciones

Ya son cinco las regiones de Chile declaradas en emergencia hídrica, la sequía afecta sobre todo al centro del país, donde es la más grave de los últimos sesenta años. Modatima propone "hacer del agua un bien común y su acceso un derecho humano" y reformar la ley para hacerla más democrática estableciendo prioridades de uso como primeras medidas para impulsar un cambio en la gestión de agua del país.

Preguntado por las soluciones que plantea el actual Gobierno de Sebastián Piñera, que Mundaca tacha de "falsas", el activista argumenta su rechazo. Por ejemplo, las autoridades estudian construir una carretera hídrica que transvase agua del norte al sur para mantener un consumo estable en las zonas más afectadas. Sin embargo, la sequía es generalizada y "no existen excedentes de agua que permitan el trasvasije" de una zona a otra, apunta el activista.

Otra solución, la desalinización de agua de mar, tampoco es aceptable para Modatima. No solo por los "daños ecosistémicos" sino porque la propuesta valora que sea el Estado quien asuma los costes de un agua que será aprovechada por manos privadas.

¿Qué posibilidades existen de que la situación cambie?

Hoy día no existe ninguna posibilidad de que haya una iniciativa política de este Gobierno que haga del agua un bien común y su acceso un derecho humano, puesto que es un Gobierno que está profundamente comprometido con el modelo de privatización del agua. 

Mundaca se refiere al actual ministro de Agricultura, Antonio Walker, destacado empresario de frutas en la céntrica región del Maule, propietario de derechos de agua, y encargado de la reforma del Código de Aguas, que todavía se discute en el Senado. Otra importante figura del gobierno conservador es Edmundo Pérez Yoma, antiguo ministro del Interior y empresario agrícola.

Pese a las contradicciones, el presidente con el que Greta Thunberg rehusó sentarse en la última cumbre del Clima en Nueva York, Piñera, acaba de recibir el Premio al Ciudadano Global del Consejo Atlántico de Nueva York por su contribución a la mejora del medio ambiente.

¿Qué le parece el premio entregado al presidente Piñera?

Es un premio de mierda que tiene por finalidad lavar imagen. Cómo se va a premiar a Piñera cuando se mantiene la privatización del agua dulce, cuando en Chile siguen existiendo 28 termoeléctricas a carbón que queman combustibles fósiles, cómo premias a un individuo que mantiene la privatización del mar, que prioriza la industria extractiva y no la vida de sus comunidades…

Chile es anfitrión de la cumbre de Cambio Climático de 2019 pero también en Chile el último premio Goldman, el nobel verde, es Alberto Curamil, un mapuche que se encuentra encarcelado de las cárceles de Piñera. 

Mundaca no quiere desvelar qué tiene preparado Modatima para la Cumbre pero considera que el evento contribuirá a internacionalizar su lucha. "Solas y solos no podemos, necesitamos de la solidaridad internacional, ustedes como comunidad pueden hacer muchas cosas, (…) ¿y no parece de justicia hacer del agua un bien común y su acceso un derecho humano? ¿Les parece justo que a miles de kilómetros de distancia haya gente, pueblo sencillo, que privado de agua deba esperar el camión aljibe?", terminaba Rodrigo Mundaca su discurso tras recoger el premio de Derechos Humanos de Núremberg.

Por Marta Maroto 

18/10/2019 - 21:30h

 

Publicado enMedio Ambiente
La naturaleza se quema y la política se agota

Los incendios en la Amazonia están afectando a Brasil, Bolivia, Perú y Paraguay, países con gobiernos de ideologías opuestas, pero con iguales modelos de desarrollo extractivista y agropecuario.

En los primeros días el fuego te acorrala; en los días siguientes las cenizas te entristecen. Así pueden describirse mis sensaciones en una de mis visitas años atrás a las zonas amazónicas de Brasil, Perú y Bolivia. Estas coincidieron con incendios como los que hoy causan alarma mundial.

Cuando las llamas están activas, el humo inunda todo, es peligroso transitar los caminos por la poca visibilidad, hay momentos en los que cuesta respirar, la garganta se inflama y los ojos lagrimean. Cuando las llamas se apagan, el ocre y el gris dominan las escenas. Aquí y allá siguen erguidos los restos de algunos árboles, mientras que en el suelo, entre las cenizas, aparecen de tanto en tanto los cadáveres calcinados de animales que no pudieron escapar.

Esta destrucción de la fauna y la flora es lo que está repitiéndose en estos días en América del Sur. Si bien la prensa convencional insiste con los titulares sobre la Amazonia y sobre Brasil, la realidad es más compleja, y también más hiriente.

En efecto, este tipo de incendios está ocurriendo en estos momentos en por lo menos cuatro países sudamericanos; además de Brasil, afectan a Bolivia, Perú y Paraguay. A su vez, se están quemando selvas tropicales húmedas, la Amazonia, pero lo mismo está sucediendo con los bosques secos y sabanas arboladas, como la Chiquitanía en Bolivia o el Cerrado brasileño.

En los datos más recientes, el número de incendios en Brasil superó los 82 mil focos (al 26 de agosto), la cifra más alta desde 2010, y casi el doble de lo registrado en estas mismas fechas en el año anterior. En Bolivia son más de 19 mil focos (el doble que en 2018), en Paraguay más de 10 mil (manteniéndose en valores semejantes al año anterior), y en Perú más de 6 mil (un poco más del doble).

Todas las grandes regiones ecológicas del trópico y subtrópico sudamericano están afectadas por los incendios. Por ejemplo, en Brasil, aproximadamente la mitad de los focos se ubican en la Amazonia, pero casi un tercio ocurren en el Cerrado, y un 10 por ciento en los bosques atlánticos. Bolivia en estos momentos vive el drama de ver cómo enormes áreas de bosques secos e incluso su Pantanal están siendo devorados por las llamas (las pérdidas al día de hoy se estiman en 1,5 millones de hectáreas). Por lo tanto, pensar que solamente está ardiendo la Amazonia brasileña es una simplificación. Las pérdidas ecológicas en todos esos ambientes son enormes. Por ejemplo, el bosque seco de la Chiquitanía es único en su tipo en todo el continente, y se estima que más de 750 mil hectáreas ya se quemaron.

EL CHAQUEO DE AYER Y LA DEFORESTACIÓN DE HOY.

La quema de bosques o campos, el llamado “chaqueo” en algunos sitios, ha sido una práctica tradicional realizada especialmente por pequeños campesinos e indígenas. Afectaba a pequeñas superficies en tanto estaba directamente vinculada al autoconsumo de alimentos o por limitaciones tecnológicas. Todo eso ha cambiado en las últimas décadas a medida que han llegado a las áreas tropicales y subtropicales todo tipo de colonos y empresas. Los incendios de hoy nada tienen que ver con aquellos del pasado.

En la actualidad se deforestan y queman amplias zonas, casi siempre con el propósito de liberar espacio para la ganadería extensiva, aunque en otros sitios es para la agricultura. Para hacerlo a esa mayor escala se necesitan importantes recursos materiales, como motosierras y maquinaria pesada, y mucho capital para financiar una ingeniería de trámites legales o ilegales, formales o amparados en la corrupción. Detrás de esto no están ni los indígenas ni los pequeños agricultores.

Esa presión ganadera puede ser brutal. Por ejemplo, en la zona de San Félix de Xingú (estado de Pará), se concentra un rodeo vacuno de más de 2 millones de cabezas. Factores como esos empujan a la agropecuaria convencional a las áreas naturales tropicales y subtropicales.

A su vez, la diseminación de los monocultivos, especialmente de la soja, en otras zonas de Brasil, pero también en Bolivia y Paraguay, hace que los ganaderos se desplacen hacia nuevas áreas a deforestar. Todo esto genera un enorme arco de deforestación amazónica que atraviesa América del Sur, desde la costa atlántica brasileña hasta las faldas de los Andes en Bolivia y Perú. Es una franja de casi 3 mil quilómetros de largo; una distancia similar a la que separa Madrid de Varsovia.

BOLSONARIZACIÓN PARA MILITARIZAR LA AMAZONIA.

Esta problemática se ha agravado notablemente bajo el gobierno de Jair Bolsonaro. Por un lado, recortó controles ambientales en cuestiones críticas como la deforestación, redujo el presupuesto del Ministerio del Ambiente, cesó a personal clave en las agencias del ambiente y de conservación de la biodiversidad, maniobró para que se cancelaran multas a los infractores ambientales, y mucho más.

Por otro lado, Bolsonaro y su equipo han hostigado repetidamente a los ambientalistas, indígenas y pequeños campesinos, presentándolos como trabas al progreso, potenciales criminales e incluso como responsables de los incendios. Tan sólo como ejemplo, el 27 de agosto, en la reunión con los gobernadores de los estados amazónicos, en lugar de analizar la crisis ecológica volvió a quejarse de que los indígenas ya tienen demasiadas tierras y anunció que no aprobará nuevas áreas protegidas.

Bolsonaro tampoco duda en repeler las críticas diciendo que son parte de un complot del exterior para quedarse con la Amazonia brasileña. Esa retórica tiene antecedentes desde por lo menos la década de 1970, cuando el gobierno militar se oponía a las primeras negociaciones internacionales ambientales. Bolsonaro revive parte de ese vocabulario, viene colocando a militares en puestos afectados a la gestión ambiental y ha dado señales de resucitar un programa de control militar en las fronteras amazónicas. Bajo esas condiciones, no puede sorprender que recibiera cierto respaldo de otro gobierno muy conservador, el de Ivan Duque en Colombia. Este también ha presentado un nuevo plan de desarrollo en el que la gestión ambiental pasa a ser parte de la estrategia de seguridad del Estado.

LA GEOPOLÍTICA AMAZÓNICA.

La condición internacional de la Amazonia volvió al primer plano con la reacción internacional ante los incendios. Una circunstancia que aprovechó Emmanuel Macron, en la que hay poco de ambientalismo y mucho de oportunismo comercial y político. Pero el problema es que, por lo menos desde la década de 1980, los gobiernos brasileños por un lado insisten en el control soberano sobre su Amazonia, pero al mismo tiempo repiten que no tienen dinero para protegerla y reclaman ayudas a los países industrializados. Desde allí se construyeron diversos mecanismos, financiados especialmente por Europa.

Por ejemplo, en 1992 se inició el Programa Piloto de Protección de los Bosques Tropicales del G7 (Ppg7), que funcionó hasta 2009, con un presupuesto de más de 460 millones de dólares. Cuando se hacía lobby por esos dineros, desde Brasil se insistía en que la Amazonia era un ecosistema único en el planeta y que los países ricos debían colaborar a protegerlo. También se alentó una visión deformada, como si sólo existiera Amazonia en Brasil, dejando en segundo plano a los otros países que comparten la cuenca. De ese modo, las propias autoridades brasileñas durante al menos 30 años han contribuido a ese entrevero que ha oscilado entre una Amazonia “solo mía” a otra que sería “de toda la humanidad”.

La actual crisis ha expuesto en toda su crudeza las tensiones entre la soberanía nacional y las responsabilidades ecológicas, no sólo hacia adentro de un país, sino con sus vecinos y con la salud ecológica planetaria.

LAS CENIZAS IDEOLÓGICAS.

El problema se vuelve más complejo cuando se entiende que las quemas y la crisis ambiental se repiten en las naciones vecinas. No sorprende que ocurra con gobiernos conservadores como los de Colombia, Perú y Paraguay. Más difícil se vuelve asumir que en Bolivia, desde posturas ideológicas que se presentan como opuestas, también se han debilitado los controles ambientales, se perdonaron las faltas a los deforestadores y se alienta el avance del agronegocio.

El gobierno de Evo Morales cita a la Pachamama, pero sus acciones concretas han sido las de promover la explotación minera, petrolera y agropecuaria, y por ello enfrenta un desastre ecológico similar. Así como Bolsonaro ataca a los ambientalistas, la administración de Morales se burla de ellos, los hostiga y ha amenazado con expulsarlos del país.

En los progresismos, la retórica se nutre de otros argumentos. Por ejemplo, el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, cita a Marx y a Lenin, pero también sostiene que la protección de la naturaleza es un invento del norte y por eso no deberían ser guardabosques de nadie. Tuvieron éxito en esa promesa: no cuidaron los bosques y ahora se están incendiando. Y aunque los aderezos de sus discursos son opuestos a los de Bolsonaro, las similitudes en sus esencias dejan un gusto muy amargo.

Por todo esto, cuando se leen los titulares de la prensa en Madrid, Londres o París, siempre queda esa sensación de que realmente no están entendiendo lo que ocurre aquí en el sur. Es más sencillo atacar a Bolsonaro, en tanto es machista, racista, violento y autoritario, pero es más dificultoso asumir las serias contradicciones en otras tiendas políticas. Nos cuesta entender que estamos ante una crisis ecológica de escala continental y que ella también expresa el agotamiento de las ideologías políticas herederas de la Europa ilustrada. Las viejas políticas, todas ellas, han caducado. La cuestión es comprenderlo para construir alternativas antes de que se queme el último árbol.

*    Miembro del Centro Latino Americano de Ecología Social.

(Tomado de Ctxt por convenio)

Publicado enMedio Ambiente
Palma de aceite: el monocultivo que puso en jaque la biodiversidad del Pacífico colombiano

El tapete verde de palmas africanas alineadas una tras otra, como si estuvieran en una formación militar, ya no es tan grande como antes en el municipio de Tumaco, en Nariño, uno de los departamentos de Colombia que limita con Ecuador. Este cultivo, que prometió ser el más rentable en esta zona del país, llegó a ocupar más de 36 000 hectáreas del territorio hace más de 12 años, un tamaño incluso más grande que Malta, ese país europeo incrustado en el centro del Mediterráneo. Ahora esa cifra alcanza las 20 000 hectáreas. Y aunque intenta volver a ser lo que era, no la tendrá fácil: campesinos de Tumaco están convencidos que “de eso tan bueno no dan tanto”. La historia se los dejó claro.

 

Desde que la palma africana (Elaeis guineensis) llegó ofreciendo nuevas opciones de vida a las comunidades, cultivos tradicionales de la región, como el chontaduro y el cacao, empezaron a ocupar un segundo lugar, sobre todo desde finales de los años 90 e inicios de la década del 2000. Y no era para menos. La bonanza financiera que prometía esa planta extranjera era la única que se acercaba a los rendimientos económicos de los cultivos ilícitos. Era un negocio que no se podía dejar pasar.


“Antes, con una o dos hectáreas de cacao, mensualmente una familia podía obtener entre 400 000 y 500 000 pesos (entre 130 y 160 dólares). Mientras que con una sola hectárea de palma de aceite le quedaban 800 000 pesos (260 dólares)”, cuenta César Quiñones, miembro del consejo comunitario Alto Mira y Frontera, que administra el territorio cercano a la parte alta del Río Mira, el afluente que nace en Ecuador y pasa por Colombia. El ‘boom’ fue tan grande que cientos de tumaqueños hicieron a un lado sus cultivos de pancoger, como el chontaduro y el plátano, para no desaprovechar la tierra y sembrar la palma. “Durante un tiempo la gente salía a comprar plátano, cuando el territorio es apto para sembrarlo”, añade.


Y es que no solo los costos de producción de este negocio eran más bajos ─comparado, por ejemplo, con el cacao─ sino que también brindaba cierta estabilidad a los pequeños productores, pues estaban las plantas extractoras que les garantizaban la venta del producto. Con esas promesas, el cultivo terminó de extenderse por el territorio que está sobre la vía Panamericana ─que conduce de Tumaco a Pasto (capital del departamento de Nariño)─ y alrededor de los ríos Mira, Rosario y Caunapí.


Se acabó la bonanza

Todo parecía perfecto hasta que, entre 2006 y 2007, la enfermedad Pudrición del Cogollo (PC), la más devastadora en toda América Latina, afectó las 36 934 hectáreas que estaban sembradas en ese momento. “Se murieron cerca de 35 000 hectáreas”, confirmó Jens Mesa Dishington, presidente ejecutivo de Fedepalma, a Mongabay Latam. La crisis resultó tan fuerte que las más de 12 empresas palmeras que están en este municipio, como Palmas de Tumaco, Palmeiras, Salamanca y Astorga, aún no se reponen del todo. Y ni qué decir de los pequeños productores. De las 1200 hectáreas de palma que tenían sembradas en la zona del Alto Mira y Frontera, solo se han reactivado actualmente unas 300.


Pero no es el único padecimiento que ha vivido la zona. El Anillo Rojo, que es diseminado por un insecto conocido como picudo (Rhynchophorus palmarum), también ataca a la planta de aceite y a otros cultivos como el chontaduro. “En condiciones naturales es muy fácil que la palma controle ese proceso, pero cuando están en un área reducida ─pues una hectárea puede tener 1000 palmas de una misma especie─, es más probable que se propague. Muchas de las especies nativas empezaron a manifestar la enfermedad con más frecuencia”, explica Giovanny Ramírez, subdirector del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP).


Y es que todo monocultivo es un detonante para las plagas, sobre todo en una región tan biodiversa como el Pacífico. Es así como esos bichos que afectan, en este caso, a la palma de aceite, también terminan perjudicando a otros cultivos. William Tolosa Montaño, ingeniero agrónomo y profesional de Investigación de Agrosavia, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, antes conocida como Corpoica, cuenta que desde hace dos años descubrieron que el insecto Dynamis borassi, parecido a un cucarrón, que se sabía que afectaba a la palma aceitera, ahora también ataca al chontaduro. “Cuando te extiendes en un área muy grande y no diversificas, estás más expuesto a que te lleguen las enfermedades”, añade.


Aunque todos estos insectos tenían reportes desde hace más de 30 años, se han fortalecido desde hace poco. Hay quienes no dudan en responsabilizar de esa situación al monocultivo de la palma africana. Es el caso de Dalila España Solís, especialista en proyectos productivos y miembro del Consejo Comunitario Acapa, quien cree que el Rhynchophorus palmarum acabó con el chontaduro de la región. “Ese picudo busca llegar al palmito, el corazón de la palma, y cuando se lo come, la acaba completamente”, explica y, al mismo tiempo, resalta que estos insectos se están propagando porque se ha acabado con sus hábitats, como los bosques de la palma naidí, que crecen en zonas húmedas inundables.


Para ella, la clave está en sembrar diversidad y tener modelos agroforestales que permitan hacer control biológico. Cree que el monocultivo es enemigo del medioambiente y no es sostenible en el tiempo. “Todo esto sin contar que la palma africana es exigente en fertilizantes y ocasiona otro tipo de daños”, explica.


Este último punto también lo comparte Giovanny del IIAP, sobre todo después de estudiar el daño que ocasionó la palma de aceite en las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, en el departamento de Chocó, en donde los habitantes fueron desplazados por grupos paramilitares y empresas (no vinculadas al gremio de palmeros colombianos, Fedepalma) que llegaron a sembrar el cultivo y que, ahora, están en procesos de restitución de tierras ─un programa estatal que pretende devolverle sus tierras a las víctimas del conflicto armado en Colombia─. Al investigar ese caso, Giovanny comprobó que los químicos que usaban para manejar el cultivo mataron muchos de los polinizadores de otras plantaciones, como abejas y escarabajos, que garantizaban el funcionamiento de los cultivos de plátano, banano y chontaduro.


Celso Tenorio, presidente de la junta directiva de Palmasur, la organización que reúne a los pequeños productores de palma de aceite de Tumaco, no cree que su plantación afecte tanto al medioambiente como dicen algunos. “Nosotros le hacemos un tratamiento a la palma con fertilizantes para no deteriorarla y que no cause daño. Hay otros cultivos que son más contaminantes, como los de uso ilícito”, dice, y deja claro que la llegada de esta planta en Tumaco “mejoró los ingresos de las personas” y “no desplazó” poblaciones, como ocurrió en otros lugares de Colombia.


Una palma bañada en dolor

Mientras en Tumaco la bonanza de la palma aceitera llegó a ser una esperanza para muchos; en Chocó llegó con desplazamiento y muerte. Allá, a finales de los 90, el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se encargó de despojar las tierras de los habitantes de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, mientras varias empresas palmeras, como Urapalma S.A., se beneficiaban de la violencia para apropiarse de los territorios de las comunidades afrodescendientes e implantar su modelo productivo.


Jens Mesa Dishington, director de la agremiación que reúne a los palmicultores, Fedepalma, asegura que este caso fue ajeno al sector y que siempre estuvieron al margen. “En Fedepalma nos sorprendimos tanto como muchos colombianos de esos desarrollos en este departamento. En su momento, cuando tratamos de averiguar, pudimos establecer que estos cultivos se estaban adelantando por personas y capitales muy poco claros”, aclara.


Los nexos del paramilitarismo con los empresarios fueron comprobados por las autoridades y poco a poco han ido capturando a los responsables de este atroz episodio, que se terminó convirtiendo en uno de los emblemas del desplazamiento forzado en el país. Tan solo el año pasado, el Tribunal Superior de Medellín condenó a 10 años de prisión al socio de Urapalma, Antonio Nel Zuñiga, por sus vínculos con las AUC. Ahora, esas más de 100 000 hectáreas del Bajo Atrato chocoano deben regresarse a las comunidades negras y se encuentran en procesos de restitución de tierras.


Por más que pase el tiempo y las comunidades chocoanas intenten olvidar esa época lúgubre, el daño ambiental que ocasionó la palma les recuerda nuevamente toda la película. Esa plantación llegó a una tierra en la que no tenía cabida: un lugar de ciénagas y ríos que tuvieron que intervenir y que desencadenó un secamiento de los ecosistemas, que pertenecen a bosques cenagosos e inundables.
“La palma necesita suelos bien drenados, y los del Bajo Atrato son demasiado saturados de agua. Tuvieron que bajar 6, 7, hasta 12 metros para hacer drenajes”, explica Giovanny Ramírez, a la vez que resalta que las empresas que se apropiaron de las tierras de Jiguamiandó y Curvaradó también “taponaron” caños y modificaron la dinámica hídrica de muchos cuerpos de agua. Fue así como muchas ciénagas se secaron; especies endémicas de fauna desaparecieron; y los químicos que usaban para tener la planta libre de hongos y enfermedades terminaron en los ríos, matando a los polinizadores de otros cultivos de pancoger.


Los bosques, como era de esperarse, se destruyeron. Eran tan grandes las extensiones de palma, que las empresas trazaron carreteras ilegales para movilizar los elementos de trabajo y poder comunicarse entre fincas. Un daño irreparable.


Como si todo esto fuera poco, Giovanny resalta que las enfermedades que afectan a la planta africana, también perjudicaron ─y casi acabaron─ con varios grupos de palma que se encuentran especialmente en la Costa Pacífica, como los ‘naidizales’, que son asociaciones casi puras de la palma naidí (Euterpe oleracea), y los ‘panganales’, conformados por la palma pangana (Raphia taedigera). El primer ecosistema prestaba muchos servicios ambientales para la fauna nativa, como dantas (Tapirus) y chigüiros (Hydrochoerus hydrochaeris); y el segundo era casi el principal hábitat de los monos aulladores (Alouatta seniculus) y otros mamíferos.


El experto explica también que el monocultivo hizo que, al igual que en Nariño, se aumentaran las poblaciones del picudo, el enemigo número uno de los cultivos de chontaduro. Esta fruta nativa “era muy importante en la agricultura de las comunidades étnicas, y para el caso de Chocó todas desaparecieron”, dice. Pero no fue lo más grave. El funcionario del IIAP explica que, un alto porcentaje de las comunidades que vivían del chontaduro, al no saber de qué iban a subsistir, se pasaron a la minería.


“En el caso de Chocó hay una relación directa entre la palma de aceite y la pérdida del chontaduro. Además de que se transformó el uso del suelo de la agricultura a la minería. El impacto ambiental es muy alto. La gran minería de Chocó, que se fortaleció desde 2006, se hace en el Alto San Juan, que era un territorio altamente productivo en chontaduro”, dice. Su afirmación la confirma Luis Gindrama, el consejero de la comunidad indígena Emberá de este departamento, quien agrega que apenas la palma se terminó, los grupos al margen de la ley que operan en la zona fueron los principales encargados de incentivar la minería ilegal.


Tumaco: los que se resisten a desaparecer


“Cuando se fortaleció la palma de aceite en Tumaco prácticamente se acabaron 35 000 hectáreas de bosque que acogían fauna y flora de la región. Ahora se calcula que hay, apenas, unas 1000 o 1500 hectáreas de selva. Todo está deforestado. Ya no hay árboles nativos como el chanul (Humiriastrum procerum) y el tangare (Carapa guianensis)”, lamenta César Quiñones, del Alto Mira y Frontera. Dice, sin titubear, que esta es una de las pruebas de que el monocultivo “sí tiene consecuencias en el medioambiente”. Y este mismo punto lo resalta Gerardo Arteaga, coordinador del Centro Ambiental de la Costa Pacífica de Corponariño ─autoridad ambiental en Tumaco─, quien asegura que, aunque “no hay ningún impacto ambiental confirmado” que produzca específicamente la palma de aceite, sí es claro que la única gran afectación evidente es que el “bosque nativo ya no está en Tumaco”.


Pero la pérdida del bosque no se puede relacionar solamente con la llegada de la palma de aceite al Pacífico. La extracción de madera, la minería ilegal, la ganadería y los cultivos ilícitos también han tenido responsabilidad en esta catástrofe ambiental. El director ejecutivo de Fedepalma defiende su plantación y considera que, contrario a lo que dicen los miembros de los consejos comunitarios, la palma “ha entrado con posterioridad a recuperar esos suelos previamente degradados”.


Más allá de quién es el responsable, queda claro que restaurar los bosques debe ser una de las prioridades de las autoridades ambientales. En Agrosavia tienen un jardín en el que trabajan para recuperar esas especies nativas de flora que están en peligro de extinción y que son importantes para el ecosistema. Se espera que el próximo año puedan entregar unos 50 000 árboles forestales.


A su vez, César Quiñones resalta que en los territorios donde se murió la palma y no se ha vuelto a sembrar, han emergido rastrojos naturales que están permitiendo que algunas especies de fauna, así sean pocas, retornen al territorio, como el venado (Odocoileus virginianus tropicalis), el tatabro (Tayassu pecari), el saíno (Tayassuidae), el guatín (Dasyprocta fuliginosa), y el conejo (Oryctolagus cuniculus). Ver nuevamente los animales, así sea “uno que otro”, les da un cierto empuje que los hace creer que van por el camino correcto.


Chontaduro y cacao toman fuerza



Los pequeños productores de palma de aceite de Tumaco que se vieron afectados por la enfermedad de la Pudrición del Cogollo (PC) aprendieron de sus errores: ahora optan por no invertir todos sus esfuerzos en este monocultivo. Para ellos, es importante mantener la diversidad característica del Pacífico.


“Después de vivir esa época tan dura que acabó con toda la palma, se recomendó a la gente no colocar los huevos en un solo canasto. Creo que aprendimos la lección y la idea ahora es diversificar y tener plátano, cacao o chontaduro. De tal manera que, si alguien tiene 10 hectáreas de tierra, las distribuya y en algunas tenga palma de aceite y en las restantes otros cultivos”, cuenta Celso Tenorio, de la junta directiva de Palmasur.

El miedo a la propagación de enfermedades ha hecho que los tumaqueños opten por regresar a lo propio ─así sea de a poco─. William Tolosa, ingeniero agrónomo de Agrosavia, cuenta que, mientras antes en Nariño se reportaban solo 54 hectáreas de chontaduro dispersas, ahora calculan la existencia de unas 254 en este departamento. La meta cercana, dice, es entregar en Tumaco unas 60 000 plantas de ese fruto para febrero del próximo año, así como unas 350 000 de cacao.

Este último cultivo parece ir de viento en popa. Liliana Obregón, jefe de la Unidad Técnica de Fedecacao, la federación que reúne a los cacaoteros nariñenses, explica que actualmente hay unas 17 600 hectáreas de cacao en Tumaco, que están beneficiando a unas 5000 familias de manera directa y a otras 1000 indirectamente. Tiene la esperanza de que se pueda aplicar pronto un paquete tecnológico que permita incrementar la producción ─que ahora alcanza los 200 kilos por hectárea al año─ y hacer de este negocio una alternativa de progreso.

Aunque queda mucho camino por recorrer, este cultivo se torna seductor. Tanto así que, de los 900 productores de palma de aceite que estaban en el Alto Mira y Frontera, 500 decidieron reactivar el cacao y combinarlo con chontaduro y algunos árboles frutales. Esperan que el aumento de estas plantaciones fortalezca la imagen de que en Tumaco se produce el mejor chocolate del mundo y se le vaya quitando protagonismo a la coca, que hasta el año pasado tenía 19 517 hectáreas cooptadas en ese municipio ─según el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)─. No la tienen fácil, pero ya tienen terreno ganado. Hace tres años, el Salón del Chocolate de París galardonó a 900 cultivadores de este “alimento de los dioses” con el sello Cocoa of Excellence, que lo reconoce como el mejor del mundo. El sueño es mantener el título.

 

Cultivos prometedores



En Fedepalma no bajan la guardia y siguen trabajando para convertir a la palma africana en un cultivo más resistente a las enfermedades. Según el director, esta actividad agrícola tiene ahora “un manejo agroforestal” y un “mejoramiento genético” con especies del continente americano, como la Elaeis oleífera. Estos híbridos son la apuesta para hacerla más resistente y les quita, según dicel, este título de “monocultivo”.


Pero ahora es la población en Tumaco la que mira con cierta desconfianza esta prometedora plantación. “El sector palmero quiso, después de la crisis, reavivar de forma rápida la planta y les vendieron a las comunidades unos híbridos. Hoy en día, después de cinco o seis años que se deberían ver los resultados, se dan cuenta que no son tan buenos como esperaban. Muchas familias están decidiendo erradicarlos completamente”, dice César, del Consejo de Alto Mira y Frontera.


Y mientras el gremio palmero trabaja en mejorar la palma para que sea más productiva, los cultivos tradicionales no se quieren quedar atrás. William Tolosa, de Agrosavia, cuenta que mientras hace dos años en Tumaco se observaba un solo punto de venta de chontaduro, ahora hay unos seis. “Ya se ven más de 40 ‘platoneras’ vendiendo la fruta en las calles, antes se veían escasamente unas 10”, dice Tolosa, al referirse a esas mujeres que durante años han trabajado en la venta de esta fruta.


Además de este cultivo o del cacao, hay otras plantaciones que están esperando ser aprovechadas. Son nativas y poco a poco están disminuyendo. El administrador ambiental Nixon Arboleda, que ha trabajado en las universidades del Valle y del Pacífico, nombra la palma de seje o también conocida como “mil pesos” (Oenocarpus bataua), que es fundamental para el equilibrio del ecosistema ─pues de ella se alimentan diferentes especies de roedores─ y puede producir, según él, un aceite de mejor calidad que el de oliva.


También está la tagua (Phytelephas), conocida como el marfil vegetal, una palma que hace 40 años fue una de las más representativas de Tumaco, cuando las comunidades comercializaban productos como los botones de tagua, tanto al interior como fuera del país. Actualmente no hay personas que vivan de esta plantación ni existe un comercio establecido.


Y por último, no se podía pasar por alto la palma naidí (Euterpe oleracea), que crece en zonas húmedas inundables y presta servicios ecosistémicos ambientales para la fauna nativa del Pacífico. Esta planta, que brinda un aceite de fina calidad y genera un “súper fruto” silvestre llamado açaí, cada vez gana más adeptos por sus propiedades y vitaminas. Brasil es el principal productor de la fruta y tiene un consumo interno que alcanza las 6000 toneladas de pulpa anuales. En Colombia, según un artículo de la Universidad de los Andes, la mayor empresa productora se llama Corpocampo, tiene sembradas aproximadamente 5000 hectáreas entre Buenaventura (Valle) y Putumayo y cuenta con tres plantas de producción en Tumaco (Nariño), Guapi (Cauca) y Puerto Asís (Putumayo).


“Los cultivos de açaí en el Pacífico son un ejemplo de desarrollo sostenible para el agro colombiano. (…) Este cultivo no es agresivo con la selva nativa, puesto que sustituye modelos como la ganadería u otros cultivos extraños a la región, en los cuales es necesaria la deforestación”, resalta la Universidad de los Andes, al mismo tiempo que hace un llamado para fortalecer su producción en el país.


Sin duda, la palma africana deslumbró en este territorio azotado por la violencia y les permitió a los campesinos soñar con un anhelado desarrollo. Ahora la experiencia les está enseñando a volver a lo propio, a retomar las raíces y a luchar porque lo nativo se vuelva productivo. Tienen una ventaja: saben que sus cultivos juegan de locales en una tierra que también debe restaurarse. “La palma africana puede parecer más rentable, pero el único cultivo que siempre se mantendrá vigente es el cacao. No se deja tumbar. Nosotros somos cacaoteros por tradición, y así nos mantendremos”, concluye Liliana de Fedecacao. Los expertos esperan que los demás gremios se empoderen de la misma forma.

 

 

Publicado enColombia
Las mujeres indígenas andinas y amazónicas de Perú promueven una economía basada en la distribución y en los saberes ancestrales que giran en torno a la ecología, el medioambiente y la cultura, lo que les permite vivir en armonía con la naturaleza. Ahora trabajan para visibilizar y que se reconozca su aportación en la lucha mundial contra el cambio climático. (ONAMIAP)

Para los 45 millones de indígenas de América Latina, la vinculación con el medio ambiente va más allá de su potencial uso como recurso, es una conexión espiritual y cultural. Ver un río agonizar por sequía o por contaminación, equivale a ver morir a un familiar.

Así lo expresa Ketty Marcelo, del pueblo Yanesha-Asháninka, en la selva central de la Amazonía peruana. Ha visto morir el río Perené con el que creció y, en los últimos años, ha sido voz de las mujeres indígenas ante el cambio climático y el medio ambiente en las COP de Lima, París, Marrakech y Bonn, y preside la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas de Perú (ONAMIAP, que visibiliza los aportes de estas mujeres en la lucha mundial contra el cambio climático).

Las lagunas de Bolivia están desapareciendo. Los glaciares se derriten en la cordillera peruana: en los últimos 40 años han registrado una pérdida en superficie del 42,64%(respecto al inventario de 1970). El Niño, un fenómeno climatológico extremo cada vez más frecuente, provocó en 2017 inundaciones y, en Colombia, Ecuador y Perú los damnificados se contaron por miles.

Harvey, Irma o María en un solo año: cada vez hay más huracanes en el Atlántico. El aumento de la temperatura está provocando riesgos para la salud en Centroamérica, con mayor propagación de las enfermedades del Zika y Dengue. La deforestación de la Amazonía causa la pérdida de los bosques y la biodiversidad. Estos son algunos de los riesgos que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) resalta, y advierte, al mismo tiempo, que el costo económico del fenómeno es difícil de prever.

Quizá por eso la región avanza en mecanismos políticos. Son las leyes contra el cambio climático. México fue pionera en 2012, aunque ya en 2010 Bolivia aprobó la Ley Madre Tierra con el objeto de “vivir en armonía” con la naturaleza; Brasil, por su parte, trabajaba en estrategias nacionales desde 2009.

A la ley mexicana le siguió la de Guatemala en 2013, la de Honduras en 2014 y, recientemente, la de Perú. Otros países de la región han ido fortaleciendo políticas para la mitigación, la adaptación y la gestión de riesgos y desastres.

América Latina es la segunda región que menos gases de efecto de invernadero emite en el mundo (11,7%), de acuerdo a un informe de Naciones Unidas, pero es altamente vulnerable a los impactos del cambio climático, puesto que los daños causados por eventos climáticos extremos son un nuevo reto a su desarrollo.
Nueva economía del clima

Manuel Pulgar Vidal, líder internacional de Cambio Climático y Energía del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), responde al teléfono desde Colombia, donde la organización que trabaja por la conservación de la naturaleza celebró a principios de mayo su Conferencia Anual, con la celebrada presencia del entonces todavía presidente Juan Manuel Santos.

Las leyes contra el cambio climático son positivas, opina Pulgar Vidal, pero no suficientes: “Los sectores económicos y productivos requieren de acciones muy concretas para reducir las emisiones y en la nueva economía del clima no se puede ser ajeno a consideraciones medioambientales”.

Lo ejemplifica con iniciativas regionales que ya son una realidad. Vehículos eléctricos en ciudades ecuatorianas. Quito como una de las ciudades sostenibles del mundo. Chile, Colombia y México poniéndole precio al carbono. El caso de Colombia, que sin una ley marco, tiene normas de acción climática para la reducción de bolsas de plástico, y, por ejemplo, ha creado el fondo Herencia Colombia –que promueve la sostenibilidad de los ecosistemas y la vida humana, o para la conservación y crecimiento de áreas protegidas, superando la meta global de Aichi de un 10% en áreas marinas–.

“Pocos reconocen el liderazgo de América Latina en la lucha frente al cambio climático. El camino al acuerdo de París tuvo a México recuperando el proceso, tras la pérdida de optimismo en Copenhague 2009; y Perú, junto a Francia, impulsó el acuerdo y logró involucrar a los actores no estatales”, afirma Pulgar Vidal que también fue ministro del Medio Ambiente en Perú.

Este experto resalta el papel de los actores no gubernamentales fortaleciendo la agenda climática: “En los EEUU se ha lanzado una iniciativa equivalente, We are still in, que ha permitido que, sin prejuicio de las decisiones de Trump, el país siga avanzando en acción climática”.

La sociedad civil es clave ante el cambio climático. Elisa Hernández ha recorrido América Latina “con las gafas de desarrollo sostenible y género puestas”. Experta en medioambiente, ha trabajado para organismos internacionales, gubernamentales y asociaciones locales, estudiando el rol de las mujeres indígenas, el derecho al agua y la resiliencia de las comunidades frente al cambio climático.

Afirma que “más allá de las políticas de cada país, es la gente de América Latina la que está llevando a cabo iniciativas sociales muy interesantes como el encuentro Panamazónico o el Tribunal de la Naturaleza, acciones para liderar un cambio de modelo en la región”. Y resalta que uno de los mayores desafíos es “asegurar la participación de las personas en las políticas. Hacer hincapié en las prácticas tradicionales y el respeto a la cosmovisión de las comunidades es fundamental”.

De su experiencia destaca cómo las comunidades se movilizan muy visiblemente en oposición a modelos de desarrollo en los que no tienen participación: “Los escenarios del cambio climático no se conocen con exactitud. Seguramente van a generar situaciones de mayor desigualdad y esto puede exacerbar conflictos a distintos niveles”.

El Atlas Global de Justicia Ambiental sitúa tres países de la región dentro del ranking mundial de conflictos medioambientales: Colombia, Brasil y Perú. Los conflictos, en su mayoría causados por la minería, son una realidad que ya reportan organizaciones como Amnistía Internacional. Dos de sus informes publicados recientemente en Perú, Estado tóxico y Una receta para criminalizar, apuntan a un fenómeno que va en aumento: poblaciones de los Andes y de la Amazonía gravemente afectadas por los metales tóxicos de las industrias extractivas y personas defensoras del medioambiente estigmatizadas y en peligro.

Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú, afirma que América Latina es la región con mayor número de asesinatos de personas defensoras del medioambiente: “2017 fue el peor año en la última década. Hay un uso excesivo de la fuerza. Cuando las personas defensoras de derechos levantan la voz, se les acusa de ir contra el progreso y el sistema penal se utiliza para criminalizarlas. No hemos visto a una autoridad que salga a defenderles y no hay ninguna política de protección”.

Aunque en Perú las organizaciones han dado la bienvenida a la ley de cambio climático, Marina considera que “ratificar el Principio LAC 10 sería un gran paso adelante”. Ese principio, que reconoce que la participación de “todos los ciudadanos interesados” es el modo óptimo “para tratar las cuestiones ambientales”, es el antecedente del Acuerdo Regional de Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Materia Ambiental en América Latina y el Caribe, los tres pilares hacia la gestión del medioambiente y el desarrollo sostenible, aprobado el pasado mes de marzo.
Las mujeres, más afectadas por el extractivismo

¿Por qué un país que aprueba y lidera acciones climáticas promueve, en paralelo, un desarrollo basado en el extractivismo –opción que merma los derechos de las poblaciones–? “Es un gobierno esquizofrénico”.

Así responde la coordinadora del Grupo Perú Ambiente y Clima, Beatriz Salazar, que agrupa a casi un centenar de organizaciones de la sociedad civil que han impulsado la ley contra el cambio climático: “En Perú hay un debilitamiento de los estándares ambientales y se aprueban normas que benefician las inversiones a costa de la vulneración de derechos”.

Rocío Silva Santisteban, periodista peruana que ha investigado cómo las actividades extractivas afectan a las mujeres en América Latina, afirma que “las mujeres defensoras son heroínas” pues se enfrentan casi en solitario a una resistencia que vulnera todos sus derechos.

En Mujeres y conflictos ecoterritoriales concluye que estos conflictos son el gran problema del siglo XXI en la región y que el modelo de desarrollo extractivista es insostenible a largo plazo y, más aún, ante el cambio climático.

Marcelo ha cambiado su río Perené por el río Rímac en Lima. Todas las mañanas le saluda, aunque, como ocurre ahora, baje sucio. Esta portavoz de las mujeres indígenas asegura que seguirá trabajando para que se reconozcan las contribuciones andino-amazónicas de las mujeres: “Ya estamos adaptándonos al cambio climático, nos asociamos en iniciativas productivas como piscigranjas, promovemos la artesanía, los corredores turísticos y queremos visibilizar la economía indígena”. Esta economía, basada en la distribución y en los saberes ancestrales en torno a la ecología, el medioambiente y la cultura, les permite vivir en armonía con la naturaleza.

 

Publicado originalmente en Equal Times

Publicado enMedio Ambiente
“La lucha por la vida, la dignidad y el territorio nos marca otro horizonte de sentido político”

 

La Tinta (Argentina)

 

Carlos Walter Porto Gonçalves analiza en esta entrevista la crisis ecológica, los modelos de desarrollo, el rol de las comunidades indígenas, y el escenario político regional

 

Géografo, militante teórico-político, compañero de ‘Chico Mendes’, discípulo y par de ‘Milton Santos’ son algunas de las tantas definiciones que pueden perfilar a Carlos Walter Porto Gonçalves. Cuando lo presentan y destacan sus pergaminos, como el premio Casa de las Américas por su libro ‘La globalización de la naturaleza y la naturaleza de la globalización’ (2008), agradece pero agrega: “siempre digo que falta decir en mi currículum ‘hijo de obrera y obrero’, eso me marcó más que nada’”.

Este referente intelectual latinoamericano ha desarrollado una vasta producción teórica siempre anclada en el calor de las luchas territoriales. Cuestiones como ‘ruptura metabólica de la naturaleza’, la r-e(x)sistencia de las comunidades campesinas indígenas, la crítica al eurocentrismo, y la crisis cultural, política, productiva del actual sistema de poder han estado entre sus temas de abordaje. Invitado a dictar un seminario al Doctorado en Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca dejó espacio para un intercambio en el que habló de temas que van desde el “monocultivo como modelo de poder” hasta el “nuevo horizonte de sentido político” que marcan las comunidades indígenas frente a “ciclos electorales perversos”.

 

Leonardo Rossi.- Usted explica que el monocultivo, hoy tan extendido a escala global, tiene una profundidad mucho mayor que la mera cuestión técnica ¿podría ampliar esa idea?

Carlos Walter Porto Gonçalves.- En la historia de la humanidad las grandes áreas de monocultivo empiezan en la colonia, no tengo noticias antes. Toda la cultura agraria era de múltiples cultivos. En Brasil el monocultivo de caña empieza en el siglo XVI, y se obliga a producir en grandes áreas una sola cosa para extraer. Nadie hacía eso de manera espontánea, se hizo a fuerza de trabajo esclavo. ¿Cómo va producir alguien eso que no es para sí? Eso se impuso. Mientras que los indígenas, que conocían los territorios, escapaban, los esclavos eran más susceptibles ante esa situación. Entiendo entonces que el monocultivo no es sólo una técnica de producción, es una técnica de poder. El monocultivo se fundó en el trabajo esclavo.

 

Leonardo Rossi.- ¿En qué marco económico-político se asienta ese modelo?

Carlos Walter Porto Gonçalves.- Es importante ver ahí que todos los libros de economía y de historia han instalado que los latinoamericanos somos históricamente exportadores de materias primas. Y esto no es así. Brasil, Haití y Cuba en siglo XVI no exportaban materia prima, exportaban azúcar, un producto manufacturado. Eso es importante explicarlo, porque aquí empiezan las primeras técnicas de industrialización, durante la colonia. Esas prácticas que incipientemente se desarrollan en Cabo Verde explotan acá. Eso nos muestra que la modernidad tecnológica no necesariamente fue liberadora y emancipadora, si no que en este caso fue la condición de la opresión.

Aquí, somos ‘modernos’ hace 500 años, cuando aún no había desarrollo de industria en Europa. Esa condición tecnológica, el ‘agronegocios’, para nosotros tiene 500 años. El ingenio de azúcar en el siglo XVI no fue otra cosa que una tecnología de punta. Eso es importante ponerlo de relieve porque tenemos una ideología tecno-céntrica que sostiene que la tecnología es libertad. Hoy continuamos prisioneros de una lógica desarrollista, tecno-céntrica.

 

Leonardo Rossi.- ¿Cómo analiza la actual expansión del agronegocio y los monocultivos en la región?

Carlos Walter Porto Gonçalves.- Me parece que estamos ante un proceso muy acelerado de expansión. Desde los años setenta para acá un 25 por ciento del territorio brasileño fue arrasado por el agronegocios. Con el soporte del Estado, con las investigaciones que se financian, se apunta actualmente por ejemplo a la tropicalización de la soja. Por caso, no pasaba a esas regiones tropicales y hoy avanza en esas áreas en Brasil, en Bolivia y en otros países de la región. Al igual que con lo que ocurrió antes, vuelvo a destacar que ninguna comunidad que realiza agricultura para alimentarse produce monocultivos. Eso nunca existió. Y ahí también se expone que el monocultivo es una técnica de poder.

 

Leonardo Rossi.- ¿Qué fenómenos está observando con más atención en torno a estos modelos productivos en sus aspectos ecológicos y sociales?

Carlos Walter Porto Gonçalves.- Lo que más preocupa es que hace cincuenta años teníamos 1.200 millones de personas en áreas urbanas y que hoy tengamos 3.600 millones, y que la población rural era de 1.800 millones y hoy es de 3.400. En ese sentido, me gusta destacar que tenemos una visión tan urbano-céntrica, que analizamos que la urbanización es el vaciamiento del campo. ¿Qué pasó en realidad? Nunca hubo tantos campesinos a pesar de que nunca hubo tanta expulsión de comunidades campesinas e indígenas. Entonces no se puede analizar esa dinámica con la mirada europea.

A partir de eso, me planteo cómo se va a alimentar esa gente de la ciudad, mientras también crece el número de gente en el campo. ¿Vamos a seguir despojando? ¿Qué va a pasar con la huella ecológica ante una demanda impresionante en materia de energía? La gente del campo de Asia y África que va a ser despojada a dónde va a ir. Estamos frente a un proceso de des-ruralización que tiende a la sub-urbanización. Las personas se asientan mayormente en sitios donde hay violencia, miseria, fractura social. No hay tal ‘ciudad luz’ prometida.

 

Leonardo Rossi.- Uno de los temas que viene desarrollando relacionado a estos procesos es el de la ‘ruptura metabólica’ de la naturaleza ¿qué apuntes puede brindarnos sobre este aspecto?

Carlos Walter Porto Gonçalves.- Estamos en un proceso acelerado de pérdida de biodiversidad, estrés hídrico, contaminación, lluvias fuera de temporada, inundaciones de gran amplitud. Ya no es un problema local de Argentina, de Colombia, de Perú. Es un proceso global gravísimo, enmarcado en una enorme presión sobre los recursos en el marco de una sociedad regida por la obsolescencia programada. Y en esto me parece central resaltar que el problema no es ‘malthusiano’, porque se prevé una estabilización de la población para el 2050 en 9.000 millones de habitantes.

Por ejemplo, veamos qué pasa con la agricultura industrial que tenemos, que avanza en sitios como la Amazonía. Allí encontramos que el bosque siempre ofreció alimentos, que fue un gran refugio para comunidades esclavizadas que escapaban y sitio de diversos pueblos indígenas, porque esa naturaleza permite un grado de libertad notable a partir de productividad biológica. Ese océano verde, de 800 hectáreas, genera en algunas zonas entre 40 y 70 toneladas de biomasa por hectáreas/año. Y esa misma parcela, cuando se la desmonta para producir soja genera tres toneladas anuales. En el medio perdemos una gran diversidad biológica clave en la dinámica metabólica global del planeta. Asimismo, tenemos hoy dentro de la Amazonía 26.000 proyectos mineros en explotación, y otros 26.000 en exploración para los próximos cinco años. Ese bosque que asimila la energía solar y la transforma en vida, que irriga agua, se convierte ahora en suelo desnudo, donde el sol refleja directamente, una señal de ruptura metabólica asustadora.

 

Leonardo Rossi.- ¿Cómo califica el accionar de las diversas expresiones políticas dominantes (progresistas, nacionales-populares, neoliberales) en torno de estas cuestiones?

Carlos Walter Porto Gonçalves.- El Ciclo Progresista, como dice (Maristella) Svampa, reflejó el ‘consenso de las comoditties’, el modelo desarrollista con avance de los monocultivos, de la gran minería más allá de los matices gubernamentales que había. Y ahí hay un dilema en el que todos estamos metidos. Existe una condición de miseria en la ciudad que es muy susceptible al cortoplacismo, a las demandas inmediatas, a vivir de las ‘migajas’ de estos modelos productivos, y la gente acepta eso y es entendible que lo acepte. No tenemos un horizonte político claro para salir de inmediato de eso. No es fácil.

Veamos la elección de Ecuador, que se decidió dentro de dos referencias de la misma lógica de explotación minera, petrolera. Uno de los candidatos con la máquina del Estado (Lenin Moreno) y el otro un banquero (Guillermo Lasso). Pero vemos también que más de un cinco por ciento votó Pachakuti (Acuerdo Nacional por el Cambio), que tiene que ver con pensar estas ideas que estamos planteando.

Frente a esa maquinaria sacar cinco por ciento, con estas ideas es fantástico. Ahora visto desde lo electoral es poco. Pero creo que más de fondo existe una crisis de estos ciclos electorales perversos, que producen dependencia, cooptación. Y es una crisis que va mucho más allá, que tiene que ver con estos procesos de desarrollo, donde colapsan las ciudades, donde no alcanza el agua, donde se saturan las zonas suburbanas, como problemas derivados de todo ese despojo de las áreas rurales que ensanchan la brecha metabólica y eso ya no tiene cómo continuar.

 

Leonardo Rossi.- ¿Qué rol juegan las comunidades, organizaciones y colectivos indígenas en este escenario?

Carlos Walter Porto Gonçalves.- Desde la Caída del Muro, la crisis de la izquierda abrió espacios a referenciar la lucha por la tierra desde otros léxicos teóricos, ya no desde una perspectiva sindical campesina clásica, sino desde lucha por la vida, por la dignidad y por el territorio. Esa fue una de las consignas de grandes movimientos que irrumpen desde finales de los ochenta. Y ese es otro horizonte teórico-político por fuera de las grandes estructuras partidarias, y lo marcan los movimientos indígenas y campesinos.

 

Leonardo Rossi.- ¿Qué espacios pueden pensarse a partir de esos horizontes?

Carlos Walter Porto Gonçalves.- Primero entiendo importante entender que atravesamos un ‘caos sistémico’, como dice (Immanuel) Wallerstein, y una ‘crisis de un patrón de saber-poder’ moderno, colonial, capitalista, patriarcal que tiene 500 años, como planta Aníbal Quijano. Si entendemos que es una crisis de larga duración no tenemos horizonte de largo plazo.

Hay que apoyar, por ejemplo, las experiencias urbanas de ayuda mutua, las mingas, las ferias, otras formas de economía que están disponibles y que mucha gente desarrolla para vivir. Todo ese repertorio de prácticas, que suele ser parte de una memoria indígena, nos sirve de referencia para fundar otro horizonte de sentido político.

 

Leonardo Rossi.- Un texto suyo reciente destaca que ‘se han formado muchos líderes pero pocas comunidades’ ¿cómo incorpora esa definición en este planteo de fundar nuevos horizontes políticos-epistémicos?

Carlos Walter Porto Gonçalves.- Fue una frase de un afro de Maranhao (Brasil), durante un congreso de la Comisión Pastoral de la Tierra (CTP), y realmente me conmovió. Justamente plantea eso, que durante las últimas décadas la formación política se centró en formar grandes líderes, que finalmente terminaron abasteciendo partidos y sindicatos pero no se construyeron lazos en las comunidades. Creo que es una gran verdad, porque la formación política también está en crisis y necesita un cambio en los procesos, en valorar las experiencias prácticas comunitarias. Pero me parece también que esa lucha emancipadora existe y avanza en varios lugares.

En México, el zapatismo es una referencia, pero existen a lo largo de ese país muchas otras, lo mismo en Colombia, y otros países con comunidades afro, indígenas, campesinas. Hoy, por ejemplo en Brasil, la CTP habla de territorio, más que nunca, y es una organización con extensión en todo el país. Se está trabajando en la recuperación de territorios, en pensar las cualidades territoriales locales y es importante ver cómo vamos conectando estas experiencias. Entonces frente a toda esa esquizofrenia política que mencionaba antes, donde estamos acabando el mundo, tenemos procesos locales muy ricos que me permiten tener esperanza.

 

Fuente:http://latinta.com.ar/2017/04/la-lucha-por-la-vida-por-la-dignidad-y-por-el-territorio-nos-marca-otro-horizonte-de-sentido-politico/

 

Publicado enPolítica
Martes, 17 Enero 2017 06:57

Lo primero es la desigualdad

Lo primero es la desigualdad

El dato surge de una investigación de la ong Oxfam. En Argentina, el 1 por ciento concentra el 36 por ciento de la tierra.


El 1 por ciento de las estancias más grandes de América Latina acapara la mitad de la tierra agrícola y el 80 por ciento de las fincas cuentan con solo el 13 por ciento del territorio. “América latina es la región del mundo más desigual en la distribución de la tierra”, asegura una reciente investigación de la ONG internacional Oxfam. En Argentina, el 1 por ciento de las estancias más grandes concentra el 36 por ciento de la tierra. La injusta distribución tiene directa relación con el avance minero, petrolero, agronegocio y forestal. “El extractivismo ha dado lugar a una crisis de derechos humanos en la región, amenaza derechos y libertades fundamentales”, alerta Oxfam.


“Desterrados: tierra, poder y desigualdad en América Latina”, es el nombre de la investigación que, en base a datos oficiales, analiza la situación de todos los países de la región. Colombia es el país más desigual en el reparto de la tierra. El 0,4 por ciento de las explotaciones agropecuarias domina el 68 por ciento de la tierra del país.


Sigue Perú, donde el 77 por ciento de la tierra está en manos del 1 por ciento de estancias. Le siguen Chile (74 por ciento) y Paraguay (71). En Bolivia el 1 por ciento de las chacras maneja el 66 por ciento de la tierra, y en México el 56 por ciento. En Brasil, el 44 por ciento del territorio agrícola es para el 1 por ciento de las fincas. En Argentina, el 36 por ciento está en manos de esa mínima porción de estancieros y pooles de siembra.


“La extrema desigualdad en el acceso y control de la tierra es una de las causas de los niveles intolerables de pobreza. Sin políticas que aborden este reto (la tierra) no será posible reducir la desigualdad económica y social”, afirma la investigación de Oxfam e interpela la concentración de tierra en pocas manos: “Es un orden social arraigado y más cercano al feudalismo que a una democracia moderna”.


La investigación, de cien páginas y con extensa bibliografía de referencia, vincula claramente la extrema desigualdad al modelo de explotación de recursos naturales. “El extractivismo se ha hecho con el territorio”, resume la investigación y advierte que tanto gobiernos de izquierda como derecha han optado por favorecer la explotación petrolera, minera, forestal y el agronegocio. “La explotación minera y petrolera se aceleró a partir del 2000. La nueva oleada fue atraída por reformas estructurales que desprotegían los territorios comunales y relajaban los controles medioambientales”, explica. Entre los numerosos ejemplos, cita la situación de Colombia, que en 2002 contaba con un millón de hectáreas en concesión minera y en 2015 ya era de 5,7 millones de hectáreas (el cinco por ciento del territorio nacional).


Precisa que la soja, la palma de aceite y la caña de azúcar tuvieron una “expansión sin precedentes en las últimas dos décadas”. En el apartado “geopolítica de la soja”, destaca que los gobiernos “han impuesto un modelo de organización territorial a la medida de las necesidades de transnacionales”. En base a datos de 2014, precisa los datos del monocultivo: el 68 por ciento del territorio cultivado de Paraguay tiene soja, le siguen Argentina (49), Uruguay (45), Brasil (37) y Bolivia (30 por ciento). “Los cincos países conforman lo que se conoce como ‘repúblicas unidas de la soja’, producen más de la mitad de la soja del mundo”, detalla Oxfam.


Las pequeñas explotaciones agropecuarias son mayoría, pero tiene muy poca tierra. En Colombia, el 84 por ciento de las fincas ocupa solo el cuatro por ciento de la superficie agrícola. Paraguay es otra mala referencia: el 91 por ciento de las chacras cuenta con sólo el seis por ciento de la tierra. En Argentina, el 83 por ciento de las explotaciones agropecuarias tiene sólo el 13 por ciento del territorio.


“La tierra se encuentra cada vez más concentrada en menos manos y sometida a un modelo de extracción y explotación de los recursos naturales que, si bien ha ayudado a crecer a las economías de la región, también ha acentuado la desigualdad. Los beneficios de este modelo extractivista se concentran en manos de unas élites”, resume la investigación. El informe llama a una “urgente y necesaria nueva distribución de la tierra en América latina”.


Entre los sectores más perjudicados se encuentran campesinos y pueblos originarios. “La impunidad con la que se asesina a los activistas indígenas debe terminar. Es urgente que los gobiernos en todo el mundo actúen de forma inmediata para protegerlos”, destaca el informe


La injusta distribución de la tierra se profundiza con el uso de violencia. “Con la expansión de las actividades extractivas se han multiplicado los conflictos territoriales y se han disparado de forma alarmante los índices de violencia contra quienes defienden el agua, los bosques y los derechos de las mujeres y las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Estos grupos son marginados, perseguidos, agredidos y criminalizados por defender su derecho a la tierra”, denuncia Oxfam.

Publicado enInternacional
Viernes, 23 Mayo 2014 10:21

Un mundo sin abejas

Un mundo sin abejas

Desde hace ya algunos años, y sin que nosotros nos enteremos lo suficiente, las abejas se han visto afectadas por el síndrome de colapso de colmenas (Colony Collapse Disorder= CCD); que se manifiesta con abejas muertas en la colmena, con su población diezmada o con sus nidos en estado de abandono. Este problema se extiende a través de todo el planeta y pone en riesgo la existencia de estos insectos. Las causas del colapso de las abejas son diversas y van desde la utilización indiscriminada de insumos químicos en los cultivos, en especial los pesticidas, hasta la deforestación de bosques y los monocultivos. Las abejas son insectos de metamorfosis completa, sensibles al deterioro ambiental, que cumplen un papel primordial en la seguridad alimentaria debido a su importancia como agente polinizador. Ellas son las encargadas de polinizar un tercio de nuestros alimentos directa o indirectamente.

 

Existen zonas en el mundo donde la población de abejas ha desaparecido completamente, las causas sin embargo no pueden ser atribuidas a un solo elemento sino que, por el contrario ha sido el entrelazamiento de diversos factores generándose el síndrome de colapso de colmena CCD.

 

Estos insectos por ser tan susceptibles a la degradación ambiental, casi no se observan en las ciudades a excepción de las grandes extensiones de zonas verdes y sus alrededores. Las alarmas se encienden al notar que esta problemática tiende a extenderse a las zonas rurales donde la implementación de paquetes tecnológicos de la revolución verde ha degradado el entorno, reemplazando los bosques nativos, contaminado las aguas, deteriorando los bancos genéticos, y generando una dependencia tecnológica. Estos paquetes en muchos casos no fueron desarrollados para países como el nuestro, por lo cual no responden a nuestras necesidades, nuestra cultura, ni a nuestro entorno, generando desbalances en los ecosistemas y en nuestras formas de producción.

 

Cientos de hectáreas de bosques han sido taladas, con fines maderables o de expansión de la frontera agrícola, destruyendo el hábitat natural de estos insectos, reduciendo la oferta floral a unos cuantas plantas entre las que ya se cuentan y toman cada vez más fuerza las de origen transgénico, de las cuales no se conoce con certeza su efecto residual en las abejas en los productos de la colmena, ni el impacto que esto pueda tener en la salud humana.

 

Uno de los productos más utilizados y peor utilizados en el agro colombiano son los llamados pesticidas los cuales generalmente son usados de forma indiscriminada y que ha traído como consecuencia la devastación de cantidad de especies benéficas, como es el caso de las abejas y la generación de resistencia a estos productos de las mal llamadas plagas.

 

Al desaparecer la población de abejas el primer golpe seria en términos económicos ya que sin estos pequeños seres la polinización deberá comenzar a hacerse manualmente como sucede ya en algunos cultivos en el mundo, elevando así los costos de producción, de igual manera el color y la textura de muchos frutos desaparecería de nuestra cotidianidad, pero lo realmente preocupante no está en la elevación de costos sino en los millones de especies de plantas que desaparecerán de continuar en esta dinámica productivista y extractiva en la cual no tenemos presente las lógicas y los intereses de los seres vivos con los que compartimos el planeta. La humanidad debe entender que no está sola y que la vida en la tierra son más que materias primas destinadas para el lucro, que no solo elementos como el oro, las divisas o el dólar tienen un valor, que lo realmente valioso a veces esta frente a nosotros imperceptible, silencioso, creando los hilos que hacen posible la existencia y la vida en la tierra.

 

*Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Recuadro
El mayor enemigo de las abejas es la desinformación que las personas tienen sobre estos animales, en Colombia existen aproximadamente 1000 especies de abejas de las 25000 que se presume existen en la tierra estos pequeños animales son relacionados comúnmente con sus picaduras y con la producción de miel, sin embargo no todas las abejas pican y no todas son productoras de miel, algo que comúnmente se ignora de estos insectos es su efecto polinizador, que no es otra cosa que la unión de gametos masculinos y femeninos en las flores (polen) lo cual permite la formación de diversos frutos y semillas que garantizan la continuidad de la vida en la tierra y la alimentación humana directa o indirectamente.

Publicado enEdición Nº202
La idea de extender el cultivo de los agrocombustibles en el mundo y particularmente en los países del Sur es desastrosa.  Ella forma parte de una perspectiva global de solución a la crisis energética.  En los próximos 50 años tendremos que cambiar de ciclo energético, pasando de la energía fósil, que es cada vez más rara, a otras fuentes de energía.  En el corto plazo es más fácil utilizar lo que es inmediatamente rentable, es decir los agrocombustibles.  Esta solución, al reducirse las posibilidades de inversión y al esperar ganancias rápidas, parece la más requerida a medida que se desarrolla la crisis financiera y económica.
 
Como siempre, en un proyecto capitalista, se ignora, lo que los economistas llaman, las externalidades, es decir, lo que no entra dentro del cálculo del mercado, para el caso que nos preocupa, los daños ecológicos y sociales.  Para contribuir a la solución de la crisis energética con un porcentaje de entre el 25 y el 30% de la demanda, se tendrá que utilizar centenas de millones de hectáreas de tierras cultivables para la producción de agroenergía, en su mayor parte en el Sur, ya que el Norte no dispone de la superficie cultivable suficiente.  Se tendrá, igualmente, según ciertas estimaciones, que expulsar de sus tierras a por lo menos 60 millones de campesinos.  El precio de estas “externalidades” no pagado por el capital sino por la comunidad y por los individuos, es espantoso
 
Los agrocombustibles son producidos bajo la forma de monocultivos, que destruyen la biodiversidad y contaminan los suelos y el agua.  Personalmente, he caminado kilómetros en las plantaciones del Chocó, en Colombia, y no he visto ni una ave, ni una mariposa, ni un pez en los ríos, a causa del uso de grandes cantidades de productos químicos, como fertilizantes y plaguicidas.  Frente a la crisis hídrica que afecta al planeta, la utilización del agua para producir etanol es irracional.  En efecto, para obtener un litro de etanol, a partir del maíz, se utiliza entre 1200 y 3400 litros de agua.  La caña de azúcar también necesita enormes cantidades de agua.  La contaminación de los suelos y del agua llega a niveles hasta ahora nunca conocidos, creando el fenómeno de “mar muerto” en las desembocaduras de los ríos (20 Km² en la desembocadura del Mississippi, en gran medida causado por la extensión del monocultivo de maíz destinado al etanol).  La extensión de estas culturas acarrea una destrucción directa o indirecta (por el desplazamiento de otras actividades agrícolas y ganaderas) de los bosques y selvas que son como pozos de carbono por su capacidad de absorción.
 
El impacto de los agrocombustibles sobre la crisis alimentaria ha sido comprobado.  No solamente su producción entra en conflicto con la producción de alimentos, en un mundo donde, según la FAO, más de mil millones de personas sufren de hambre, sino que también ha sido un elemento importante de la especulación sobre la producción alimentaria de los años 2007 y 2008.  Un informe del Banco Mundial afirma que en dos años, el 85% del incremento de los precios de los alimentos que precipitó a más de 100 millones de personas por debajo de la línea de pobreza (lo que significa hambre), fue influenciado por el desarrollo de la agroenergía.  Por esta razón, Jean Ziegler, durante su mandato de Relator Especial de las Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación, calificó los agrocombustibles de “crimen contra la humanidad”, y su sucesor, el belga Olivier De Schutter, ha pedido una moratoria de 5 años para su producción.
 
La extensión del monocultivo significa también la expulsión de muchos campesinos de sus tierras.  En la mayoría de los casos, aquello se realiza por la estafa o la violencia.  En países como Colombia e Indonesia, se recurre a las Fuerzas Armadas y a los paramilitares, quienes no dudan en masacrar a los defensores de sus tierras.  Miles de comunidades autóctonas, en América Latina, en África y en Asia, son desposeídas de su territorio ancestral.  Decenas de millones de campesinos ya han sido desplazados, sobre todo en el Sur, en función del desarrollo de un modo productivista de la producción agrícola y de la concentración de la propiedad de la tierra.  El resultado de todo esto es una urbanización salvaje y una presión migratoria tanto interna como internacional.
 
Es necesario igualmente anotar que el salario de los trabajadores es bien bajo y las condiciones de trabajo generalmente infrahumanas a causa de las exigencias de productividad.  La salud de los trabajadores es también afectada gravemente.  Durante la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre las empresas multinacionales europeas en América Latina, realizada paralelamente a la Cumbre europea-latinoamericana, en mayo del 2008, en Lima, fueron presentados muchos casos de niños con malformación, debido a la utilización de productos químicos en el monocultivo de plátano, soya, caña de azúcar y de palmeras.
 
Decir que los agrocombustibles son una solución para el clima, está igualmente a la moda.  Es verdad que la combustión de los motores emite menos anhídrido carbónico en la atmosfera, pero cuando se considera el ciclo completo de la producción de la transformación y de la distribución del producto, el balance es más atenuado.  En ciertos casos, se convierte en negativo en relación a la energía fósil.
 
Si los agrocombustibles no son una solución para el clima, si solo lo son de una manera marginal, para mitigar la crisis energética, y si ellos acarrean importantes consecuencias negativas, tanto sociales como medio ambientales, tenemos el derecho de preguntarnos por qué ellos tienen tanta preferencia.  La razón es que a corto y mediano plazo ellos aumentan de manera considerable y rápidamente la tasa de ganancia del capital.  Es por esto que las empresas multinacionales del petróleo, del automóvil, de la química y del agronegocio, se interesan al sector.  Ellos tienen como socios al capital financiero (George Soros, por ejemplo), los empresarios y los latifundistas locales, herederos de la oligarquía rural.  Entonces, la función real de la agroenergía es en la práctica ayudar a una parte del capital a salir de la crisis y a mantener o eventualmente aumentar su capacidad de acumulación.
 
En efecto, el proceso agroenergético se caracteriza por una sobreexplotación del trabajo, el desconocimiento de las externalidades, la transferencia de fondos públicos hacia el sector privado, permitiendo ganancias rápidas, pero también una hegemonía de las compañías multinacionales y una nueva forma de dependencia del Sur con respecto al Norte.  Todo aquello es presentado con la imagen de benefactores de la humanidad ya que producen "energía verde".  En lo que concierne a los gobiernos del Sur, ellos ven ahí una fuente de divisas útiles de mantener, entre otros, el nivel de consumo de las clases privilegiadas.
 
Por lo tanto, la solución es reducir el consumo, sobre todo del Norte e invertir en nuevas tecnologías (solar especialmente).  La agroenergía no es un mal en sí y puede aportar soluciones interesantes a nivel local, a condición de respetar la biodiversidad, la calidad de los suelos y del agua, la soberanía alimentaria y la agricultura campesina, es decir, lo contrario de la lógica del capital.  En Ecuador, el Presidente Correa ha tenido el coraje de detener la explotación del petróleo de la reserva natural del Yasuni.  Esperemos que los gobiernos progresistas de América Latina, de África y de Asia, tengan la misma firmeza.  Resistir en el Norte como en el Sur, a la presión de los poderes económicos es un problema político y ético.  Por lo tanto, denunciar el escándalo de los agrocombustibles en el Sur se constituye en un deber
 
- François Houtart esex-catedrático de la Universidad Católica de Lovaina, fundador del Centro Tricontinental y autor del libro: El Escándalo de los Agrocombustibles para el Sur, Ediciones La Tierra y Ruth Casa editorial, Quito, 2011.
 
 
 
http://alainet.org/active/47497
Publicado enInternacional

Río de Janeiro, 4 de octubre. El avance de agronegocios con monocultivos de soya –cuyo precio en el mercado internacional ha estado al alza– o de caña de azúcar –orientada al uso de biocombustibles– es responsable en Brasil de la expansión de grandes propiedades, cada día más concentradas en menos manos, según organizaciones campesinas, analistas del sector y fuentes oficiales.

Así lo revela, por ejemplo, el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) en su recientemente publicado Censo Agropecuario de 2006, que tomó como base de trabajo más de cinco millones de fincas rurales y manejó un índice que mide la concentración de la propiedad rural, el cual quedó muy cerca de su nivel máximo de acaparamiento de tierras.

El índice, que relaciona el área total de cultivos con la cantidad de dueños de las tierras, llegó en 2006 a .872, en un rango máximo de “1”. Esto significó un avance en la concentración de .016, es decir, 1.9 por ciento, con relación al censo agropecuario anterior, cuando fue de .856.

El censo determinó que la concentración aumentó en todos los estados, mientras se acentuaba la pérdida de fuentes de trabajo.

Algunos de los datos más reveladores por estados corresponden a los de Sao Paulo, donde el avance de los cultivos de caña de azúcar impulsó un aumento de 6.1 por ciento en la concentración de la tierra en la década de referencia.

En el sudoccidental estado de Mato Grosso do Sul fue de 4.1 por ciento, y en el norteño de Tocantins de 9.1 por ciento.

En Mato Grosso do Sul, donde el índice de desigualdad en la tenencia de la tierra llegó a .865, se estimuló desde la década pasada la producción de soya y de ganado vacuno, mientras que en el nororiental estado de Alagoas, donde alcanzó .871, creció la explotación de caña de azúcar.

La socióloga Brancolina Ferreira, del también estatal Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), destacó que el acaparamiento de tierras aumentó incluso en zonas donde había gran número de familias asentadas por disposición gubernamental, como parte de la reforma agraria.

Joao Pedro Stedile, de la coordinación nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST), no se sorprendió por los resultados.

“Es el retrato que refleja lo que ya hemos denunciado en la práctica y es que en los últimos 10 años hubo una brutal concentración de la propiedad de la tierra”, apuntó.

Según el estudio del IBGE, las propiedades mayores de mil hectáreas controlan nada menos que 46 por ciento del agro, mientras que las fincas con menos de 10 hectáreas ocupan 2.7 por ciento.
“Yo creo que ahora debemos ser el país con mayor concentración de la propiedad en el mundo”, lamentó.

Stedile atribuyó esa tendencia a la expansión de agronegocios de exportación, que necesita grandes extensiones e inversiones para producir a gran escala.

“Eso confirma que la agricultura brasileña pasó a ser dominada por el gran capital internacional, que se unió a los hacendados para aplicar el modelo del agronegocio”, agregó.

Lo que ahora muestran los números era evidente en la expansión de los monocultivos de caña, naranja, eucaliptos y de la ganadería extensiva, de acuerdo con el MST.

Según el Instituto de Colonización Agraria, durante la gestión gubernamental de Luiz Inacio Lula da Silva, de 2003 a 2008, se entregaron parcelas para cultivo a 519 mil familias, que equivale a 59 por ciento de la dotación total en la historia del país. En ese mismo periodo, se destinaron créditos por cuatro mil 352 millones de reales (mil 275 millones de dólares).

Esos avances son parte de una reforma agraria que es “apenas de compensación social” y que no “ataca la gran propiedad de la tierra en Brasil”, señaló Stedile.

Junto a otros movimientos sociales y campesinos, el MST dice que “es hora de debatir con urgencia” cuál es el modelo que el país quiere: si el del agronegocio “aliado a empresas nacionales que controlan la producción y el comercio de granos y materias primas”, o el de agricultura familiar y de reforma agraria.

El censo de 2006 reveló que la agricultura familiar emplea 74 por ciento de los trabajadores en el campo y produce 85 por ciento de todos los alimentos de Brasil, es decir, 87 por ciento de mandioca y 70 por ciento de frijol, entre otros.

“El agronegocio está preocupado, en cambio, por producir dólares con la exportación”, dijo Stedile.

Ferreira, del IPEA, considera que para combatir la desigualdad en el campo es necesario “terminar la reforma agraria”, revisar algunos dispositivos legales, invertir en la estructuración productiva de los asentados, darles una asistencia permanente de calidad, acabar con el analfabetismo y elevar los índices de escolaridad.

Stedile va más allá. Reivindica lo que llama “una reforma agraria popular”, basada en la desconcentración de la tierra, en la priorización de la producción de alimentos para el mercado interno y en el incentivo de pequeñas agroindustrias en forma de cooperativa.

Destaca otras necesidades, como adoptar técnicas de producción agrícola basadas en la agroecología.

Ips
 

Publicado enInternacional