Viernes, 24 Julio 2020 06:09

Agro-imperialismo en tiempos de Covid-19

Agro-imperialismo en tiempos de Covid-19

«En América Latina, nuevo epicentro de la pandemia del Covid-19, la matanza ha sido particularmente severa. Con la economía global casi detenida, los agronegocios de la región han continuado funcionando con total impunidad, profundizando su impacto y daño en las comunidades y los ecosistemas. En casi todos los países de la región, las actividades agroindustriales han quedado exceptuadas de la cuarentena ya que se consideran “esenciales”, aunque se centran en las exportaciones y no en proporcionar alimentos a la población local».

Nestlé, la compañía de alimentos más grande del mundo, es famosa por el escándalo. En la década de 1970  se ganó el apodo de “asesina de bebés” por provocar enfermedades y muertes infantiles en comunidades de bajos ingresos al promover la alimentación con biberón de su fórmula infantil y desalentar la lactancia materna. En los últimos años se han presentado  cargos similares contra la compañía por dirigir sus ventas de alimentos chatarra ultraprocesados en comunidades pobres y así contribuir al aumento de las tasas de obesidad y diabetes. Pero hay otro escándalo de proporciones igualmente sombrías que está archivado en la contabilidad de la empresa.

El 23 de abril de 2020, mientras el mundo estaba sumido en la pandemia del Covid-19 y la FAO advertía sobre una inminente crisis alimentaria mundial, los accionistas y ejecutivos de Nestlé  se otorgaron un pago de dividendos récord de 8.000 millones de dólares. En una época de crisis mundial en materia de salud y alimentos, esta ganancia equivale a más que todo el  presupuesto anual del Programa Mundial de Alimentos de la ONU y sería suficiente para cubrir el gasto anual promedio de la atención médica para más de 100 millones de personas en África.

El cuantioso pago de los dividendos de Nestlé de 2020 fue, de hecho, apenas poco más que el año anterior. Esos pagos tan enormes para accionistas y ejecutivos son una práctica habitual para la compañía, así como lo son para todas las grandes empresas transnacionales de la alimentación y el agronegocio, incluso en momentos de catástrofes sanitarias mundiales. Entre otros notables lucros para los accionistas, anunciados en abril de este año, figuran un pago de 2.800 millones de dólares por parte de Bayer AG, la compañía de semillas y agroquímicos más grande del mundo; un pago de 600 millones de dólares de Tyson, el mayor productor avícola del mundo; y un pago de 500 millones de dólares del Grupo WH, la mayor empresa porcina mundial. Cargill, la compañía del agronegocio más grande del mundo, está en vías de superar el pago récord del año pasado de 640 millones de dólares, que alcanza a un pequeño número de miembros de la familia Cargill. El aumento del comercio electrónico, particularmente de alimentos, durante la crisis del Covid-19 aumentó el patrimonio neto de Jeff Bezos, el fundador del gigante del comercio electrónico Amazon, en la impactante cifra de  24.000 millones de dólares. También es un momento de ganancias para los accionistas de actores más pequeños de la industria, como la empresa de plantaciones de palma aceitera y caucho SOCFIN. Las dos familias francesa y belga que son esencialmente las propietarias de la compañía,  recibieron 20 millones de euros (alrededor de 22,5 millones de dólares) en dividendos y remuneraciones de las actividades del grupo SOCFIN, mientras que las comunidades en Nigeria, Ghana y Camerún, donde opera la empresa, no pueden acceder a agua limpia o potable.

Toda esta avaricia de los de arriba deja devastación y muy poco se filtra a los de abajo, donde sus consecuencias son mortales.

 

Una industria poderosa en medio de una “tormenta perfecta”

 

Los y las trabajadoras del sistema alimenticio empresarial, quienes literalmente están muriendo por mantener el estilo de vida de accionistas y ejecutivos, no están bien. Las cadenas de suministro de las grandes compañías de alimentos, que siempre han sido lugares peligrosos para los trabajadores, ahora se han convertido en puntos críticos para las infecciones y la transmisión del Covid-19. En todo el mundo se han producido brotes mortales en plantas de carne, instalaciones portuarias,  almacenes,  fábricas de conserva de pescado,  plantaciones de palma aceitera, granjas frutícolas,  supermercados y todos los demás puntos a lo largo de las cadenas que estas compañías controlan, con la excepción de sus torres de oficinas, por supuesto.

Las grandes compañías cárnicas quizás hayan sido las peores delincuentes. Con la pandemia del Covid-19 en su apogeo,  aceleraron agresivamente sus líneas de producción para incrementar sus exportaciones a China, donde los precios de la carne son inusualmente altos. Esta decisión se tomó con pleno conocimiento de que estos aumentos en el procesamiento hicieron imposible el distanciamiento social y pusieron a sus trabajadores y trabajadoras y a las comunidades vecinas en riesgo de masivos brotes del virus. A fines de mayo, los resultados en las mayores naciones exportadoras de carne fueron terribles: cientos de trabajadores migrantes de fábricas de carne enfermos con Covid-19 en  Alemania y  España, miles de casos de trabajadores enfermos con Covid-19 en la industria del envasado de carne de Brasil, y más de  20.000 trabajadores infectados con Covid-19 en fábricas de envasado de carne de los Estados Unidos, con al menos 70 muertes. Mientras tanto, se están sacrificando cientos de miles de animales  en condiciones atroces porque estas enormes fábricas han tenido que clausurar la producción, y los pequeños mataderos que podrían haber recibido el ganado, hace tiempo se vieron obligados a cerrar sus negocios.

En América Latina, nuevo epicentro de la pandemia del Covid-19, la matanza ha sido particularmente severa. Con la economía global casi detenida, los agronegocios de la región han continuado funcionando con total impunidad, profundizando su impacto y daño en las comunidades y los ecosistemas. En casi todos los países de la región, las actividades agroindustriales han quedado  exceptuadas de la cuarentena ya que se consideran “esenciales”, aunque se centran en las exportaciones y no en proporcionar alimentos a la población local.

Por ejemplo, el gobierno de Ecuador emitió un  decreto de estado de emergencia que paralizó a todo el país, pero asegura que “toda la cadena de exportaciones, la industria agrícola, [la industria] ganadera … seguirá funcionando”. Como resultado, los trabajadores de las plantaciones de bananeras, de palma, piscinas camaroneras, viveros de flores y muchos más, se vieron obligados a continuar trabajando, como si el país no estuviera en una emergencia sanitaria, y exponiéndose al riesgo de contraer el Covid-19.

Del mismo modo, el gobierno de Bolsonaro en Brasil  declaró que las actividades de producción, transporte y logística general de las cadenas alimenticias para exportación eran actividades esenciales que deben seguir funcionando sin restricciones. En este contexto, las exportaciones de carne, soja y otros productos van en aumento, al igual que el número de personas expuestas al Covid-19 a lo largo de las cadenas de exportación. En el Estado brasileño de Rio Grande do Sul, centro de actividades de exportación de carne, más de una  cuarta parte de los nuevos casos de coronavirus confirmados en mayo se dieron entre trabajadores de frigoríficos de carne. Los abogados laborales luchan ahora para  cerrar las plantas infestadas y obligar a las empresas a implementar al menos las medidas básicas para  proteger y cuidar a sus trabajadores durante la pandemia.

Las exportaciones de soja de Brasil, que  aumentaron un 38 por ciento respecto al año pasado, son otro foco potencial del Covid-19, especialmente en los puertos donde circulan constantemente camiones y trabajadores. Cuando el gobierno local de la ciudad portuaria de Canarana en Mato Grosso intentó adoptar medidas  emitiendo un decreto para detener temporalmente la exportación de soja y otros granos a falta de condiciones adecuadas de salud y seguridad, los gigantes del agronegocio Louis Dreyfus y Cargill intervinieron y lograron revertir el decreto en pocos días. Canarana está ahora, a principios de junio, experimentando un aumento de las infecciones por Covid-19.

Todo este frenesí exportador tiene un tremendo impacto en el terreno. Según Deter, el sistema de detección en tiempo real del instituto nacional de investigaciones espaciales de Brasil, la deforestación de la Amazonía en ese país, en el apogeo de la pandemia de coronavirus, ha aumentado más del 50 por ciento en estos tres primeros meses de 2020 en comparación con el primer trimestre del año anterior. Aprovechando la cortina de humo de la pandemia, con menos agentes capaces de llevar a cabo las tareas de inspección,  las actividades del agronegocio y la minería avanzan en áreas protegidas y territorios indígenas, aumentando el riesgo de contagio por Covid-19 en las poblaciones indígenas. Numerosos observadores temen un genocidio como resultado de estos irresponsables avances de las actividades del agronegocio y la minería durante la pandemia.

En Argentina, en plena cuarentena nacional, tampoco han cesado las exportaciones de soja ni la tala de bosques. En uno de los bosques más conservados de todo el ecosistema del Gran Chaco se está preparando deforestar  una superficie de 8.000 hectáreas. Además, basándose en el monitoreo con imágenes satelitales, Greenpeace denunció que desde que comenzó la cuarentena, en el norte del país se  deforestaron más de 10.000 hectáreas.

Tal descarada búsqueda de lucros empresariales está creando una crisis de legitimidad del sistema alimenticio empresarial. Por otro lado, si bien las cuarentenas dificultan la medición, se  perciben cambios en el terreno: vemos a los trabajadores de la industria alimenticia denunciar, organizarse y obtener más apoyo y solidaridad de otros trabajadores; vemos un interés creciente entre los consumidores por alimentos locales saludables así como por el bienestar de los productores de alimentos y agricultores; y ha habido un auge innegable de los esfuerzos desde la comunidad por llevar los alimentos a donde se necesitan a través de la solidaridad, la ayuda mutua, el trabajo voluntario y las cooperativas. Ha habido incluso algunas victorias a nivel político, como la  reciente decisión del gobierno alemán de prohibir mano de obra subcontratada en frigoríficos de carne y otra para evitar que las empresas que reciben ayuda pública  otorguen dividendos.

Pero se trata de una industria poderosa, que dispone de grandes sumas de efectivo y conexiones políticas, y no hay duda de que hará todo lo que esté a su alcance para utilizar este momento de confusión y cuarentena para beneficio de sus intereses. Ya lo hemos visto con la orden ejecutiva que dictó el presidente de los Estados Unidos, Trump, a instancias de JBS, Tyson, Cargill y otras empresas cárnicas para mantener en funcionamiento sus fábricas infestadas de Covid-19. También lo vimos en Brasil, donde el gobierno de Bolsonaro  aprobó un récord de 96 nuevos plaguicidas en los primeros meses de 2020, más que todas las aprobaciones de 2019. El mismo gobierno utilizó deliberadamente la cobertura de la pandemia para tratar de  aprobar una ley que legalizaría el acaparamiento de tierras y la deforestación de 80 millones de hectáreas en las regiones de la Amazonia y del Cerrado. La pandemia también ha sido utilizada como una oportunidad para expandir rápidamente  el comercio electrónico para la compra minorista de alimentos e imponer los organismos modificados genéticamente (transgénicos) en  Etiopía y  Bolivia, donde el gobierno de facto afirmó que la emergencia sanitaria del Covid-19 ha convertido las semillas transgénicas en una necesidad para el país.

 

El agronegocio como gran ganador de la nueva ola de ajuste estructural

 

Lo peor todavía está por venir. Numerosos gobiernos están empleando firmas consultoras internacionales, como  McKinsey, para darle forma a sus planes de abrir nuevamente sus economías. Estas empresas herméticas que están profundamente conectadas con las  empresas más grandes del mundo, incluidas aquellas del sector agroalimenticio, influirán sin duda en quienes emerjan como ganadores y perdedores de las respuestas pandémicas: trabajadores o jefes, mercados de agricultores o gigantes del comercio electrónico, pescadores o la industria de arrastre.

También estamos viendo que el FMI y el Banco Mundial usan sus fondos de emergencia del Covid-19 para presionar a los países a implementar reformas favorables a los agronegocios. En  Ucrania, por ejemplo, se implementó una ley que privatiza las tierras agrícolas a pesar de la oposición de la mayoría de los ucranianos. En los próximos meses, ese tipo de presiones aumentarán.  Decenas de países se encaminan a situaciones de incumplimiento, y esas deudas deberán negociarse no solo con el FMI y los prestamistas bilaterales sino también con acreedores privados que  ya han indicado que no están interesados en siquiera retrasar el pago de la deuda y los intereses durante esta crisis sanitaria. Se viene una nueva ola de ajuste estructural que se centrará en gran medida en aumentar la inversión extranjera en el agronegocio así como las exportaciones de productos agrícolas para pagar a los predadores.

Esta vez, sin embargo, a los gobiernos les resultará increíblemente difícil imponer una nueva ronda de agro-imperialismo a poblaciones que ya han tenido más que suficiente, y que están cada vez más ávidas de las alternativas que los movimientos sociales han estado promoviendo durante décadas.

23 julio 2020 

Publicado originalmente en GRAIN

Publicado enMedio Ambiente
Una mirada urgente al sistema alimentario industrial

Una investigación colectiva por abajo

 

En estos momentos en que desde múltiples espacios nos insisten en que debemos replantearlo todo y nos instan a seguir las plataformas de articulación plenas de “propuestas”, configuradas por núcleos de personajes públicos visibles, queremos presentar (ni siquiera proponer), una manera colectiva, de gran mutualidad, modesta pero no por eso descuidada o poco eficaz, con la que muchas personas, colectivos y organizaciones de varias regiones y países decidieron reunir su trabajo colectivo e individual de muchos años y configurar, con investigación de base, y mucho trabajo documental realizado por investigadoras e investigadores con gran compromiso social, una exhaustiva sistematización, un detallado perfil, del sistema agroindustrial en el Cono Sur. Se trata del Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur, y ya circula en su versión electrónica e impresa.

Aquí el gran logro, lo que realmente tenemos que celebrar, es que esta sistematización haya sida tejida por abajo, desde el centro mismo de los acontecimientos que el propio texto intenta aprehender.

Dicen sus autoras y autores: “El Atlas que estamos compartiendo es el fruto de más de treinta años de análisis, investigaciones y luchas desde los territorios de miles de luchadoras y luchadores, investigadoras e investigadores, comunicadoras y comunicadores que nunca se resignaron a ver sus territorios usurpados por un modelo de agricultura que olvidó su esencia y su sentido: producir alimentos saludables para los pueblos”.

El punto nodal del documento se centra en entender los motivos y razones de la transformación de los enclaves rurales que configuraron el devastador panorama que atestiguamos ahora.

Y el punto nodal del proceso es que no es el fruto académico de un grupo de investigadores que desde una plataforma interdisciplinaria hayan decidido allegarse información: este documento es el fruto de el tejido y la vinculación que como una hermosísimo tapiz, ha ido configurando el trabajo de base y articulación de comunidades, colectivos, redes, organizaciones que van contribuyendo en lo posible a hacer inteligibles los agravios, las amenazas, los ataques, las persecuciones que han venido sufriendo en sus localidades, en sus regiones, en sus territorios, en sus quehaceres, en su posibilidad de continuar la vida y encontrar salidas dignas y propuestas en común imaginando otro futuro.

Un Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur ofrece respuestas contundentes. Es el acaparamiento y la destrucción que se recrudecieron cuando la soja [soya] transgénica —y casi al mismo tiempo el maíz transgénico— se introdujeron por vez primera en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Ésos son los países que el Atlas delimita geográficamente para la investigación.

“En estos países y a partir de 1996 se implantó el cultivo de la soja transgénica resistente al glifosato de manera masiva. Tal fue la contundencia de esta imposición que en 2003 Syngenta publicó un aviso publicitario de uno de sus servicios con un mapa de la región y un título emblemático: La República Unida de la Soja.” Lo que hoy está claro es que “los pueblos no se resignaron a ese sometimiento y que hoy buscan nuevos caminos para construir autonomía y soberanía”, declara en el prólogo el colectivo que armó el documento, y esa convicción es parte de las motivaciones para tejer esta sistematización.

Esta declaración es clave. Es crucial resistir a la República Unida de la Soja para que nunca se concrete su dominio. Sus ámbitos siguen y seguirán siendo un espacio en disputa conforme crece la comprensión de las condiciones impuestas por las corporaciones y gobiernos implicados, y al visibilizarse la lucha de las comunidades que habitan esos territorios a contrapelo de los designios de las corporaciones.

En su propio prólogo al Atlas, Marielle Palau, investigadora de la organización Base-IS de Paraguay, insiste en que se trata de “una lucha con un carácter propositivo, explícita o implícitamente, pues apunta a la soberanía alimentaria como propuesta no sólo de producir y consumir alimentos sanos, sino como la base de un modelo productivo y de consumo alternativo al impuesto por el capitalismo”. En esa propuesta la labor de las mujeres es centro de las acciones y los cuidados, y es valorada a plenitud.

El Atlas concluye algo que tal vez es obvio pero que hay que resaltar vez tras vez: La imposición de este modelo depredador no fue natural ni es el devenir lógico de la agricultura. Como dice Marielle, nos persuadieron del “mito del desarrollo”: “si seguíamos sus recetas en pos del progreso y rechazábamos los saberes ancestrales de nuestros pueblos originarios y campesinos, alcanzaríamos el nivel de vida —de consumo, en realidad— que ellos ostentan. El tiempo nos viene demostrando que fueron simples espejitos”.

El arrasamiento visible en los territorios, a treinta años de instaurarse, comenzó súbito y brutal, pero como modelo fue cobrando fuerza viral, apoderándose de más y más tierra, escindiendo a la gente de sus estrategias de sobrevivencia, extendiendo sus tentáculos en las comunidades y en los gobiernos locales, hasta convertirse no sólo en una fuerza devastadora y de acaparamiento, sino en un tinglado de autoridades públicas y privadas con poderes para disponer y desterrar, reprimir y asesinar.

La invasión de los agronegocios “significó la imposición masiva de un monocultivo en un extenso territorio que avanzó a una velocidad como nunca antes había ocurrido en la historia de la agricultura […], y con ésta el glifosato y otros tantos agrotóxicos con dramáticas consecuencias en la salud de las familias cercanas a las producciones, en los suelos, y una pérdida considerable de biodiversidad”, dicen en el prólogo.

Hay que resaltar una y otra vez que el acaparamiento de enormes extensiones de tierra para imponer estos monocultivos, nocivos en sí mismos, es un hito y le da una vuelta de tuerca a la historia económica y social del continente y del mundo.

En este periodo las corporaciones intentan borrar el recuerdo de los saberes y los cuidados ancestrales que las comunidades mantenían.

Tales corporaciones, y los gobiernos cómplices, intentan normalizar que la agricultura sea industrial, con sus paquetes tecnológicos de semillas de laboratorio con devastadoras implicaciones para la biodiversidad, e insumos químicos bestiales, verdaderos agrotóxicos que envenenaron y siguen envenenando la vida entera de las regiones donde ocurre toda esta normalización y este experimento de olvido.

Dice Damián Verzeñassi, epidemiólogo promotor de la llamada “epidemiología popular y de los campamentos de observación e intervención sanitaria por abajo, “éstos son territorios que han sufrido la invasión del modelo agroindustrial de transgénicos dependientes de venenos. Un modelo que se impuso sin consultas a los pueblos, a fuerza de falacias, desalojos compulsivos de comunidades, destruyendo nuestros montes nativos, entre otras prácticas, con la voracidad característica del neoliberalismo. De la mano de los OGMs, el incremento en el uso de venenos trajo aparejado el desarrollo de especies resistentes a los agrotóxicos, y la aparición de problemas de salud en las comunidades cercanas a los territorios fumigados”.

Entonces, en treinta años, el cultivo de los transgénicos pudo alterar diametralmente el destino de una vasta región. “Se incrementó el uso de agrotóxicos”, se expulsó de sus territorios a pueblos indígenas, a poblaciones campesinas y productoras, “violando sistemáticamente derechos humanos”. También se comenzó a criminalizar “el uso de semillas nativas y criollas, destruyendo suelos y economías regionales”.

El arrasamiento impulsó el afianzamiento de los negocios de la mano de lo que en el Atlas se le llama, con gran tino, “andamiaje institucional”.

Por fortuna, las sociedades campesinas, y segmentos de las sociedades urbanas que no producen alimentos, han emprendido un proceso para reconstituir su condición y sistematizar sus agravios, haciendo conciencia de lo urgente de la resistencia contra ese sistema. Este Atlas es una parte fundamental de ese largo proceso de toma de conciencia.

Así, descubrieron la letalidad y el desprecio de tales sistemas agroindustriales (anclados en el patriarcado y el colonialismo) hacia las comunidades, hacia las personas —en especial hacia las mujeres y los niños—, pero también hacia los animales, las plantas, los seres vivos, el entorno, los bienes comunes —el agua, el bosque, los suelos, el aire—, pues arrasan con todo, lo envenenan todo, sin asumir su responsabilidad en lo absoluto.

Estamos ante una renovada voluntad de las comunidades y las organizaciones por denunciar tal violencia, por establecer y mantener las luchas y a la par forjar una nueva mirada que abreve de los saberes ancestrales y los conjunte con los conocimientos de una ciencia digna y responsable que acompañe más visiones alternativas, una agricultura ecológica con raíz campesina.

Marielle Palau apunta el rasgo fundamental del documento: “el Atlas nos ayuda a superar la mirada fragmentada de la realidad”. Sólo reuniendo desde muchas puntas podemos conjuntar una mirada más abarcadora.

Hoy miramos el panorama completo gracias a que el Atlas nos reconfigura el proceso histórico, los motivos y las condiciones del acaparamiento: verdadero reordenamiento territorial que desplaza poblaciones y las somete a las precarias condiciones de vida que promueven los monocultivos industriales.

Este Atlas cubre la ausencia de un informe abarcador que sistematice la información disponible y que la vuelva “accesible a las comunidades locales y a las organizaciones que trabajan en los territorios”, pero también sirve de herramienta detallada para sistematizar la información de tantos años. Arroja luces sobre los puntos cruciales para mantener, profundizar y hacer efectivas las luchas.

Éste es el fruto de un trabajo colectivo y respetuoso entre la gente de las localidades, las comunidades, las organizaciones y las personas que desde la academia sistematizaron, aportaron evidencias y establecieron conexiones, sopesando los datos, las experiencias, los testimonios y las visiones de las condiciones de cada región. Su proceso de creación y elaboración, y la herramienta sintetizadora que lograron es algo que nos inspira para el trabajo futuro.

Por GRAIN | 20/07/2020 |

Pueden descargar desde aquí el Atlas del Agronegocio Transgénico en el Cono Sur. Monocultivos, resistencias y propuestas de los pueblos

Fuente: https://grain.org/es/article/6475-una-mirada-urgente-al-sistema-alimentario-industrial-una-investigacion-colectiva-por-abajo

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Sábado, 25 Abril 2020 06:35

Gestando la próxima pandemia

La cría industrial de animales en confinamiento (avícola, porcina, bovina) es una verdadera fábrica de epidemias animales y humanas. Grandes concentraciones de animales, hacinados, genéticamente uniformes, con sistemas inmunológicos debilitados, a los que se administran continuamente antibióticos, por lo que, según la OMS, son la principal causa de generar resistencia a antibióticos a escala global

Esta pandemia ha causado la caída de muchos velos que ocultaban mecanismos perversos del sistema capitalista globalizado.

Uno de los velos que se ha hecho pedazos, dejando al descubierto una fétida realidad, es el rol del sistema alimentario agroindustrial, principal factor de producción de epidemias en décadas recientes.

La cría industrial de animales en confinamiento (avícola, porcina, bovina) es una verdadera fábrica de epidemias animales y humanas. Grandes concentraciones de animales, hacinados, genéticamente uniformes, con sistemas inmunológicos debilitados, a los que se administran continuamente antibióticos, por lo que, según la OMS, son la principal causa de generar resistencia a antibióticos a escala global. Un perfecto caldo de cultivo para producir mutaciones de virus más letales y bacterias multirresistentes a los antibióticos, que con los tratados de libre comercio se distribuyen por todo el globo.

El biólogo Rob Wallace, autor del libro Big farms make big flu, documenta este proceso analizando los brotes de nuevos virus de origen animal, las gripes aviar y porcina, ébola, zika, VIH y otros. Gran parte se originó en criaderos, otros en animales silvestres, como el nuevo coronavirus que proviene de murciélagos. Estudios recientes indican que no llegó directamente a los humanos, sino hubo intermediarios. El secuenciamiento genómico señala pangolines, pequeños mamíferos asiáticos. Podrían haber sido otros, por ejemplo, los megacriaderos de cerdos que existen en Hubei, provincia de la que Wuhan es capital. Grain compiló datos al respecto (https://tinyurl.com/ybdvmegz).

Al tiempo que se detecta el Covid-19, los grandes criaderos de cerdos en China son devastados por otro virus que afecta y mata a millones de cerdos: la peste porcina africana, que afortunadamente no ha mutado aún en virus infeccioso para humanos, pero crece por China y Europa ( https://tinyurl.com/y9f98atd ).

La relación entre ganadería industrial y epidemias-pandemias va más allá de los grandes criaderos. Como explico en otro artículo (Desinformémonos, https://tinyurl.com/ydenks9z), hay causas concomitantes: la cría masiva de animales confluye con la destrucción de hábitats naturales y de biodiversidad, que hubieran funcionado como barreras de contención de la expansión de virus en poblaciones de animales silvestres.

Los principales responsables de esta destrucción de ecosistemas son el sistema alimentario agroindustrial en su conjunto, el crecimiento urbano descontrolado y el avance de megaproyectos para servicio de los anteriores, como minería, carreteras y corredores comerciales, como por ejemplo el Corredor Transístmico.

El sistema alimentario agroindustrial juega el papel principal: según la FAO, la causa mayoritaria de deforestación en el mundo es la expansión de la frontera agropecuaria industrial. En América Latina causa 70 por ciento de la deforestación, y en Brasil hasta 80 por ciento.

De toda la tierra agrícola del planeta, 78 por ciento (!) se usa para la industria pecuaria a gran escala: sea para pasturas o siembra de forrajes. Más de 60 por ciento de cereales que se siembran globalmente son para alimentar animales en confinamiento (Grupo ETC, https://tinyurl.com/y7lszo4n).

En cada paso de la cadena alimentaria agroindustrial, 4-5 grandes trasnacionales dominan más de 50 por ciento del mercado global. (Ver Tecno-fusiones comestibles, mapa del poder corporativo en la cadena alimentaria, Grupo ETC, 2020 https://tinyurl.com/y8bwd6k3).

Por ejemplo, solamente tres empresas (Tyson, EW Group y Hendrix) controlan toda la venta de genética avícola en el planeta. Otras tres la mitad de toda la genética porcina. Y unas pocas más la genética bovina. Esto causa una enorme uniformidad genética en los criaderos, que facilita la trasmisión y mutación de virus.

Igual sucede con las empresas del comercio mundial de commodities agrícolas (granos y oleaginosas), controlado casi en totalidad por seis empresas: Cargill, Cofco, ADM, Bunge, Wilmar International y Louis Dreyfus Co, que comercian los forrajes que van a la cría industrial de animales, principalmente soya y maíz transgénico.

Las mayores procesadoras de carne avícola, porcícola y vacuna son actualmente JBS, Tyson Foods, Cargill, WH Group-Smithfield y NH Foods. WH Group, de China, es la mayor empresa porcícola del globo y domina en América del Norte, dueña de Granjas Carroll, donde se originó la gripe porcina.

Es significativo el caso de Cargill, que siendo la mayor empresa global de comercio de commodities agrícolas pasó de proveer forrajes a ser además criadora, siendo la tercer compañía mundial de cárnicos (aves, cerdos, vacas).

Pese a los desastres que está causando la pandemia de Covid-19, esas empresas siguen sus actividades, gestando la próxima pandemia, que podría incluso ocurrir mientras la actual sigue activa.

Es hora de terminar con este sistema agroalimentario absurdo y dañino, que solamente beneficia a las corporaciones. Es el principal factor de cambio climático y pese a utilizar de 70 a 80 por ciento de la tierra, agua y combustibles de uso agrícola, sólo alimentan a 30 por ciento de la población mundial (ETC Group, https://tinyurl.com/yxv3dz8s).

Por Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC

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Viernes, 03 Abril 2020 06:27

Mucha tierra en pocas manos

Mucha tierra en pocas manos

Avance de cultivos transgénicos e injusta distribución de la tierra son caras del mismo modelo.

En las últimas tres décadas desaparecieron miles de establecimientos agropecuarios (los más pequeños) y un puñado de hacendados controla cada vez más hectáreas. Una deuda eterna: la redistribución de tierras.

En el Cono Sur se desarrolla una reforma agraria, pero al revés: donde unos pocos tienen mucho y donde muchos no tienen casi nada. Es la situación de la tierra en Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. En los últimos veinte años, agronegocio transgénico mediante, se agravó el problema. Detalle: ningún gobierno, de ningún signo político, cuestionó en los hechos esta injusticia fundamente del continente. El avance territorial empresario conlleva represión y asesinatos. La Vía Campesina exige reforma agraria popular.

En Argentina desapareció el 41 por ciento de las explotaciones agropecuarias en sólo treinta años (entre 1988 y 2018). Se trata de 169.000 chacras, según datos oficiales del último Censo Nacional Agropecuario (CNA). Al mismo tiempo aumentó la superficie promedio de las fincas. Pasó de 469 hectáreas a 690 hectáreas. También se confirma la tendencia de mucha tierra en pocas manos: el 1 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla el 36,4 por ciento de la tierra. Mientras que el 55 por ciento de las explotaciones (de menos de 100 hectáreas) cuenta con solo el 2,2 por ciento de la tierra.

En Paraguay, entre 1991 y 2008, desaparecieron 18.300 fincas. Al mismo tiempo que aumentó la superficie cultivada en siete millones de hectáreas (de 24 millones a 31). Según estudios de la organización paraguaya Base-Is (Investigaciones Sociales), la agricultura campesina representa el 91 por ciento de las fincas pero cuenta con sólo el seis por ciento de la superficie. En el otro extremo, el agronegocio abarca el tres por ciento de las fincas, pero controla el 85 por ciento de la tierra del país.

En Bolivia la injusta distribución de la tierra tiene directa relación con las regiones. La Fundación Tierra, en base a datos oficiales, afirma que en el altiplano y valles se encuentran el 83 por ciento de las UPA (Unidades de Producción Agropecuaria), la enorme mayoría son de base campesina-indígena. En esas regiones está el 38 por ciento de la superficie cultivada del país. Por otro lado, en el departamento de Santa Cruz de la Sierra se ubica el 16 por ciento de las unidades productivas, que abarcan el 62 por ciento de la tierra cultivada del país.

En Uruguay desapareció el 40 por ciento de las explotaciones de menos de 20 hectáreas y el 31 por ciento de las explotaciones menores a 100 hectáreas. Mientras que aumentaron un cuatro por ciento las explotaciones de más de 2500 hectáreas. Sucedió en el periodo 2000-2011 e implicó la desaparición de 12.241 chacras.

Pablo Galeano, de las organización Redes-Amigos de la Tierra Uruguay, confirma que la causa de la desaparición de fincas es el avance del agronegocio. En paralelo existe un proceso por el cual cada vez más productores abandonaron la gestión de sus campos para arrendar a pooles (grupo de empresarios) de siembra. De este modo, quien era productor pasó a convertirse en rentista. El mismo fenómeno se dio en Argentina, Paraguay y Bolivia.

En Brasil el censo agropecuario de 2017 mostró que el número de establecimientos se redujo, con apropiación territorial por parte de los grandes propietarios. En Brasil existen 5.072.152 establecimientos agrícolas, en 350.253.329 hectáreas. En comparación con el censo de 2006 esta superficie creció en 16,5 millones de hectáreas, a pesar de la desaparición de 103.484 unidades productivas. Brasil cuenta con 3287 fincas que controlan el 47,5 por ciento de la tierra cultivada (166 millones de hectáreas).

 Avance territorial

Argentina contaba con 6,6 millones de hectáreas con soja (convencional) en 1996. Y llegó al pico máximo de 20,5 millones hectáreas de soja transgénica en 2015. El maíz pasó de 4,1 millones de hectáreas en 1996 a 6,9 millones en 2015. En Paraguay se pasó de 1,1 millones de hectáreas con soja en 1997 a 3,4 en 2018. El maíz también se multiplicó: de 356.600 hectáreas en 1997 se llegó a un millón en 2016. En Bolivia se pasó de 200.000 hectáreas con soja en 1990 a 1,2 millones en 2017. Por su parte, Uruguay pasó de 9000 hectáreas con soja en el año 2000 a 1,1 millones en 2018. A fines de la década del 90 Brasil contaba con tres millones de hectáreas declaradas. En la cosecha 2019 llegó a 36 millones de hectáreas.

El agronegocio avanzó sobre nuevas áreas, que estaban en manos de campesinos, indígenas, agricultores familiares. Zonas que eran de producción diversificada, con cuidado del monte nativo.

En Argentina los territorios campesinos indígenas más afectados por el avance transgénico están ubicados en las provincias del llamado Gran Chaco Americano: Formosa, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe, y partes de Córdoba, San Luis, Santa Fe y Catamarca.

El informe oficial “Relevamiento y sistematización de problemas de tierras de los agricultores familiares en Argentina”, de 2013, señala un piso de 9,3 millones de hectáreas en conflicto.

En Bolivia el avance del modelo sojero se dio fundamentalmente en Santa Cruz de la Sierra. Ese departamento es desde hace tres décadas el mayor centro de la economía boliviana, donde la agroindustria es una de las actividades más importantes. Entre 1990 y 2010 la superficie cosechada se expandió más de seis veces, pasó de 143.372 hectáreas a 922.115 hectáreas.

En Paraguay se avanzó sobre los territorios campesinos e indígenas de los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa. Región de los pueblos Avá y Mbyá Guaraní principalmente.

En Brasil la primera fase de avance transgénico fue desde el sur hacia el oeste y el norte del país. Especialmente desde Río Grande do Sul hasta Mato Grosso, Goiás y Bahía. El proyecto actual de agronegocio, en su segunda fase, apunta a la región de «Matopiba”, 73 millones de hectáreas que incluye los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía, entre otros.

Violencia

En las últimas décadas se repitieron hechos de criminalización, violencia y represiones en todos los países donde está presente el extractivismo. La ONG internacional Global Witness realiza informes sobre el asesinato de activistas defensores de la tierra y el medio ambiente. En 2017 contabilizaron la muerte de 201 personas, la mayoría en América Latina, considerada por la ONG como la «región más peligrosa del mundo para las y los defensores» del ambiente. Sólo en Brasil se registraron ese año 57 personas.

El agronegocio avanzó con violencia: en algunos casos con paramilitares y poderes políticos y judicial cómplices, en otros con el abandono del Estado. Un caso emblemático es la llamada «Masacre de Curuguaty», en Paraguay. Es la matanza del 15 de junio de 2012, donde fueron asesinados once campesinos y seis policías, en el marco de un desalojo irregular.

La masacre ocurrió en la finca llamada Marina Kue, departamento de Curuguaty, a 300 kilómetros de Asunción, donde jueces, fiscales y policías ejecutaron un operativo irregular para expulsar a 60 campesinos que ocupaban la tierra. De acuerdo a investigaciones de organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos, la actuación de jueces, fiscales y la policía estuvo marcada por la irregularidad, la ilegalidad y la violación de protocolos de actuación, situación documentada en el «Informe de derechos humanos sobre el caso Marina Kue»1. Incluso se confirmaron violaciones de garantías elementales de detenidos y hasta la ejecución extrajudicial de siete campesinos.

La masacre fue utilizada por la clase propietaria del país para ejecutar un golpe de Estado parlamentario contra el entonces presidente Fernando Lugo.

Once campesinos permanecieron injustamente presos durante seis años. Hasta julio de 2018, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la condena.

La organización Base-Is explica que la criminalización en Paraguay se encuentra entre las más altas de los países de la región. Entre 2013 y 2018 se identificaron 512 campesinos y campesinas imputadas, 413 detenciones y 50 condenados2.

Un hecho histórico de violencia en Brasil sucedió el 17 de Abril de 1996, cuando 20 miembros del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) fueron asesinados por la policía militar del estado de Pará. La organización internacional Vía Campesina respondió con acciones de solidaridad y exigencia de justicia, movilizó a comunidades campesinas en todo el mundo. Y declaró el 17 de abril como el “Día Internacional de la Lucha Campesina” para mantener viva en la memoria y denunciar la criminalización.

En 2017 se contabilizaron en Brasil 28 asesinatos de personas que resisten el avance del agronegocio. Según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT –organización referente en todo lo referido al estudio de la lucha rural–), en 2017 se contabilizaron 1124 casos de violencia contra ocupaciones y tierras campesinas. Con 118.000 familias afectadas3.

La violencia contra campesinos, indígenas y activistas socioambientales se incrementó luego del golpe de estado parlamentario con Dilma Rousseff (2016).

La deuda eterna

La Vía Campesina es el movimiento internacional que nuclea a productores familiares, campesinos, indígenas, pescadores artesanales y trabajadores de la tierra. Desde su nacimiento una de sus banderas principales fue la reforma agraria. El documento publicado en su sitio “El nuevo llamado a la reforma agraria en el siglo XXI” (de junio de 2019) hace un repaso histórico de las distintas particularidades de la lucha por la tierra en los últimos treinta años. Recuerda que el Banco Mundial y distintos gobiernos impulsaron “reformas agrarias” que tenían como fin la mercantilización de la tierra y, finalmente, la entrega de esas parcelas a grandes empresas.

También señala que un punto de inflexión se dio en 2016, en la Conferencia Internacional de la Reforma Agraria realizada en Marabá (Brasil). El documento final de ese encuentro advirtió sobre los peligros de una “creciente alianza nacional e internacional entre las industrias extractivas y la agroindustria, el capital internacional, los gobiernos y, cada vez más, los medios masivos de comunicación”.

Se concluyó que “ya no es posible crear alianzas entre los campesinos y el capital doméstico a favor de una reforma agraria clásica” (como se creía en décadas pasadas). La Vía Campesina llamó a “una reforma agraria popular, no sólo para los campesinos sin tierra” sino también para los sectores populares urbanos, “ambos son víctimas del acaparamiento de tierras y el desplazamiento provocados por el capital especulativo”. Detalló que la especulación inmobiliaria en la ciudad, los altos precios de alquileres y viviendas, son parte también de un modelo que prioriza el dinero por sobre los derechos humanos.

“La nueva propuesta es por una alianza política entre los trabajadores del campo y la ciudad (…) En el campo, éstos son los campesinos, las familias agricultoras, los trabajadores sin tierra, los pueblos originarios, los pastores, los pescadores artesanales y otros pequeños productores de alimentos. En la ciudad, éstos son los habitantes de las barriadas y las favelas, cuya población sigue aumentando como parte del rápido crecimiento de las periferias urbanas”, señala La Vía Campesina.

La reforma agraria popular no es solo entrega de tierras. Se trata de realizarla con participación protagónica de los sectores involucrados. Debe contemplar, según los movimientos campesinos, comercio justo, créditos flexibles, seguros para las cosechas, educación, infraestructura rural, acceso democrático al agua y a las semillas, entre otros aspectos. El marco global de la reforma agraria es la soberanía alimentaria, que implica el territorio para producir alimentos para el pueblo y no para producir commodities para exportación.

Por Darío Aranda | 03/04/2020

Este artículo es parte del proyecto Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur realizado con el apoyo de Misereor.

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#AtlasOGMConoSur | En las últimas décadas desaparecieron miles de establecimientos agropecuarios y un puñado de hacendados controla cada vez más hectáreas. Una deuda eterna: la redistribución de tierras.

#AtlasOGMConoSur | En Argentina desapareció el 41% de las explotaciones agropecuarias en treinta años (entre 1988 y 2018). Se trata de 169.000 chacras, según datos oficiales del último CNA.

#AtlasOGMConoSur | En las últimas décadas se repitieron hechos de criminalización, violencia y represiones en todos los países donde está presente el extractivismo.

#AtlasOGMConoSur | La reforma agraria popular no es solo entrega de tierras, debe contemplar, comercio justo, créditos flexibles, educación, infraestructura rural, entre otros aspectos.

Referencias:

[1] – http://codehupy.org.py/wp-content/uploads/2017/03/Informe-de-DDHH-sobre-el-caso-Marina-Kue.pdf

[2] – Abel Irala (2018). El “Delito” de la Oposición a los Agronegocios. Paraguay.

[3] –  Informe Conflicto en el Campo 2017. CPT, 2018 – www.cptnacional.org.br/publicacoes-2/destaque/4371-conflitos-no-campo-brasil-2017

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Agencia-de-Noticias-Biodiversidadla/Mucha-tierra-en-pocas-manos

Publicado enInternacional
“El negocio agroalimentario pondría en riesgo millones de vidas”. Entrevista a Rob Wallace

El coronavirus tiene al mundo en estado de shock. Pero, en lugar de combatir las causas estructurales de la pandemia, el Gobierno se centra en medidas de emergencia. Conversamos con Rob Wallace (biólogo evolutivo) sobre los riesgos de la COVID-19, la responsabilidad del negocio agroalimentario y las soluciones sostenibles para combatir las enfermedades infecciosas. La entrevista la realizó Yaak Pabst.

¿Cuán peligroso es el nuevo coronavirus?

Depende del momento en que se encuentre el brote local de COVID-19: en la fase inicial, en el pico o en fase tardía. También depende de lo buena que sea la respuesta sanitaria de tu región y su demografía, depende de tu edad, de si estás en riesgo inmunológico o de tu salud, en general. Por plantear una posibilidad que hace imposible el diagnóstico: ¿tu inmunogenética, la genética subyacente a tu respuesta inmunitaria, se alinea con el virus?

Así, pues, ¿todo este barullo con el virus es una simple táctica para asustar?

Ciertamente, no. Al principio del brote en Wuhan, la COVID-19 estaba en una tasa de letalidad de entre el 2 y el 4%. Fuera de Wuhan, la tasa parece caer al 1%, o a menos, pero también parece alcanzar el máximo en otros sitios, aquí y allí, incluyendo a lugares como Italia y Estados Unidos. Su alcance no parece muy grande en comparación con, por ejemplo, el del síndrome respiratorio agudo grave (10%), la gripe de 1918 (5-20%), la “gripe aviar” H5N1 (60%) o, en algunos lugares, el Ébola (90%). Pero, ciertamente, supera al de la gripe estacional (0,1%). Sin embargo, el peligro no es sólo una cuestión de letalidad. Tenemos que luchar contra la denominada penetrancia o tasa de ataque comunitario: en cuánta de la población mundial ha penetrado el brote.

¿Podrías ser más concreto?

La red global de viajes está en un nivel récord de conectividad. Sin vacunas o antivíricos específicos para los coronavirus ni, en este momento, ninguna inmunidad colectiva contra el virus, incluso una cepa de sólo el 1% de mortalidad puede suponer un peligro considerable. Con un período de incubación de más de dos semanas y pruebas cada vez mayores de que se da algún tipo de transmisión antes de contraer la enfermedad —antes de saber que estamos infectados—, probablemente pocos lugares estarían libres de infección. Si la COVID-19 registra, digamos, una letalidad del 1% en el proceso de infección de cuatro mil millones de personas, eso serían cuarenta millones de muertos. Una proporción pequeña de un número grande puede seguir siendo un número grande.

Ésas son cifras estremecedoras para un patógeno supuestamente menos virulento...

Sin duda, y estamos solamente en el comienzo del brote. Es importante comprender que muchas infecciones nuevas pueden cambiar en el transcurso de la epidemia. Se puede atenuar la infecciosidad, la virulencia o ambas. Pero, por otra parte, otros brotes aumentan en virulencia. La primera ola de pandemia gripal de la primavera de 1918 fue una infección relativamente leve. Fueron la segunda y la tercera olas, de invierno de ese año y de 1919, las que mataron a millones de personas.

Pero los escépticos con la pandemia argumentan que el coronavirus ha infectado y matado a menos pacientes que la típica gripe estacional. ¿Qué piensas de eso?

Sería el primero en celebrar que este brote se quedara en nada. Pero esos esfuerzos por negar el posible peligro de la COVID-19 citando otras enfermedades mortales, especialmente la gripe, es un recurso retórico para presentar la preocupación por el coronavirus como fuera de lugar.

Así que la comparación con la gripe estacional cojea...

Tiene poco sentido comparar dos patógenos en fases distintas de sus curvas epidémicas. Sí, la gripe estacional infecta a muchos millones de personas a escala mundial y mata, según cálculos de la OMS, a más de 650.000 personas al año. Sin embargo, la COVID-19 no ha hecho más que empezar su trayecto epidemiológico. Y, a diferencia de la gripe, no tenemos vacuna ni inmunidad colectiva para ralentizar la infección y proteger a las poblaciones más vulnerables.

Aun cuando la comparación es confundente, ambas enfermedades corresponden a virus, incluso a un grupo específico: los virus ARN. Ambas pueden causar enfermedad. Ambas afectan a la boca y la garganta y, a veces, también a los pulmones. Ambas son muy contagiosas.

Ésas son similitudes superficiales, que soslayan una parte decisiva en la comparación de ambos patógenos. Sabemos mucho sobre la dinámica de la gripe. Sabemos muy poco de la COVID-19. Está llena de interrogantes. De hecho, muchas cosas de la COVID-19 son incognoscibles hasta que el brote se desarrolla plenamente. Al mismo tiempo, es importante comprender que no se trata de COVID-19 versus gripe. Se trata de COVID-19 y gripe. La aparición de múltiples infecciones susceptibles de convertirse en pandémicas y atacar conjuntamente a poblaciones debería ser la preocupación central.

Has estado investigando las epidemias y sus causas durante varios años. En tu libro Big Farms Make Big Flu (Las grandes granjas producen grandes gripes) intentas establecer esas relaciones entre agricultura industrial, agricultura ecológica y epidemiología viral. ¿Cuáles son tus descubrimientos?

El verdadero peligro de cada nuevo brote es la incapacidad o —mejor dicho— la negación oportunista a comprender cada nueva COVID-19 como un incidente no aislado. El incremento de la aparición de virus está estrechamente vinculado a la producción alimentaria y los beneficios de las empresas multinacionales. Cualquiera que pretenda entender por qué los virus son cada vez más peligrosos debe investigar el modelo industrial de agricultura y, más concretamente, de la producción de ganado. Actualmente, pocos Estados y pocos científicos están preparados para ello. Todo lo contrario. Cuando surgen nuevos brotes, los Gobiernos, medios de comunicación e incluso la mayor parte del establishment médico están tan centrados en cada emergencia individual que soslayan las causas estructurales que están convirtiendo, uno tras otro, a múltiples patógenos marginales en una repentina celebridad mundial.

¿De quién es la culpa?

He dicho que de la agricultura industrial, pero hay que ampliar el foco. El capital encabeza, a escala mundial, la apropiación de los últimos bosques primigenios y de las tierras cultivadas por pequeños propietarios. Esas inversiones implican deforestación y desarrollo, que conducen a la aparición de enfermedades. La diversidad funcional y la complejidad que representan esas enormes extensiones de tierra se están simplificando de tal modo que patógenos previamente encerrados se están esparciendo sobre el ganado y las comunidades humanas locales. En suma, habría que considerar como principales focos de enfermedades a los centros de capital, lugares como Londres, Nueva York y Hong Kong.

¿Para qué enfermedades es ése el caso?

En este momento, no hay patógenos independientes del capital. Incluso los más remotos están afectados por éste, aunque sea distalmente. El Ébola, el Zika, los coronavirus, la fiebre amarilla otra vez, una miríada de gripes aviares y la peste porcina africana están entre los muchos patógenos que hacen su camino desde los interiores más remotos hasta los nudos periurbanos, capitales regionales y, últimamente, las redes globales de viajes. Desde los murciélagos de fruta en el Congo hasta matar en pocas semanas a la gente que toma el sol en Miami.

¿Cuál es el papel de las empresas multinacionales en este proceso?

En este momento, el planeta Tierra es el planeta Granja, tanto en biomasa como en tierra utilizada. El negocio agroalimentario está intentando monopolizar el mercado alimentario. La práctica totalidad del proyecto neoliberal se centra en apoyar los esfuerzos de empresas sitas en los países más industrializados por robar la tierra y los recursos de los países más débiles. Como resultado de ello, muchos de esos nuevos patógenos, que antes las ecologías de bosques largamente evolucionados mantenían bajo control, ahora brotan libremente y amenazan al mundo entero.

¿Qué efectos tienen en esto los métodos de producción del negocio agroalimentario?

La agricultura guiada por el capital que sustituye a las ecologías naturales ofrece los medios precisos para que los patógenos pueden evolucionar hasta convertirse en los fenotipos más virulentos e infecciosos. No podrías diseñar un sistema mejor para engendrar enfermedades mortales.

¿Por qué?

El aumento del monocultivo genético de los animales domésticos elimina cualquier cortafuegos inmunitario que pueda haber para frenar la transmisión. Tamaños y densidades de población mayores facilitan mayores tasas de transmisión. Esas condiciones de masificación debilitan la respuesta inmunitaria. Alta producción, un componente de cualquier producción industrial, proporciona constantemente suministro renovado de material propenso, el combustible para la evolución del virus. En otras palabras, el negocio agroalimentario está tan centrado en los beneficios que la selección de un virus capaz de matar a mil millones de personas se trata como un riesgo que vale la pena correr.

¡¿Qué?!

Esas empresas sólo pueden externalizar sobre cualquier otro los costes de sus operaciones epidemiológicamente temerarias. Desde los propios animales hasta los consumidores, los agricultores, las ecologías locales y los Gobiernos de todos los ámbitos. Los daños son tan grandes que, si tuviéramos que devolver esos costes a los balances de las empresas, el negocio agroalimentario, tal y como lo conocemos, se acabaría para siempre. Ninguna empresa podría soportar los costes de los daños que provoca.

En muchos medios de comunicación se dice que el punto de arranque del coronavirus está en un “mercado alimentario exótico” en Wuhan. ¿Es eso cierto?

Sí y no. Hay pruebas espaciales a favor de esa idea. El rastreo de infecciones relacionadas nos lleva al mercado mayorista de mariscos de Wuhan, donde se vendían animales salvajes. El muestreo ecológico parece ubicar en el extremo occidental el lugar donde se capturaba a los animales salvajes. Pero ¿cuán atrás y con cuánta amplitud deberíamos investigar? ¿Cuándo comenzó exactamente la situación de emergencia, en realidad? El poner el foco en el mercado soslaya los orígenes de la agricultura silvestre fuera de las zonas interiores y su creciente capitalización. En conjunto, y en China, los alimentos silvestres se están convirtiendo en un sector económico más formalizado. Pero su relación con la agricultura industrial va más allá del hecho de compartir la fuente de ingresos. A medida que la producción industrial —porcina, aviar y similares— se expande hacia los bosques primigenios, ejerce presión sobre los operadores de alimentos silvestres para adentrarse más en el bosque en busca de poblaciones de recursos, lo que incrementa el punto de contacto con, y la propagación de, nuevos patógenos, incluyendo a la COVID-19.

La COVID-19 no es el primer virus desarrollado en China que el Gobierno intenta ocultar.

Así es, pero eso no es ninguna excepción china. Los EE UU y Europa también han servido de zonas de impacto para nuevas gripes, recientemente las H5N2 y HRNx, y sus multinacionales y proxies neocoloniales provocaron la aparición del Ébola en África occidental y del Zika en Brasil. Los funcionarios de la salud pública estadounidenses encubrieron al negocio agroalimentario durante los brotes de H1N1 (2009) y H5N2.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado ahora “emergencia sanitaria internacional”. ¿Es correcto ese paso?

Sí. El peligro de un patógeno así es que las autoridades sanitarias no sean capaces de comprender la distribución del riesgo estadístico. No tenemos ni idea de cómo puede responder el patógeno. En cuestión de semanas pasamos de un brote en un mercado a infecciones expandidas por todo el mundo. El patógeno podría agotarse. Eso sería genial. Pero no sabemos si eso pasará. Una preparación mejor aumentaría la probabilidad de reducir la velocidad de fuga del patógeno.

La declaración de la OMS también es parte de lo que llamo teatro pandémico. Las organizaciones internacionales han muerto ante la inacción. Me viene a la memoria la Liga de Naciones. Las organizaciones de Naciones Unidas siempre andan preocupadas por su relevancia, poder y financiación. Pero ese accionismo también puede converger con la preparación y prevención actuales que el mundo necesita para interrumpir las cadenas de transmisión de la COVID-19.

La reestructuración neoliberal del sistema de asistencia sanitaria ha empeorado tanto la investigación como la asistencia general a los pacientes, por ejemplo, en los hospitales. ¿Qué diferencias podría marcar un sistema sanitario mejor financiado para combatir el virus?

Existe la terrible pero reveladora historia del empleado de una empresa de productos sanitarios que, tras regresar de China con síntomas similares a la gripe, hizo lo correcto, por su familia y su comunidad, y solicitó a un hospital local que le hiciera la prueba de COVID-19. Le preocupaba que la mínima reforma sanitaria de Obama no cubriera el coste de las pruebas. Y tenía razón. De repente se encontró con una deuda de 3.270 dólares. Una reivindicación estadounidense podría ser la promulgación de una orden de emergencia que estipule que, durante el brote de una pandemia, todas las facturas médicas relacionadas con las pruebas de infección y el tratamiento tras un positivo las pague la Administración federal. Queremos animar a la gente a que busque ayuda, en lugar de esconderse —e infectar a otros— porque no puede permitirse pagar el tratamiento. La solución evidente es un servicio nacional de salud —plenamente dotado y equipado para lidiar con este tipo de emergencias de ámbito comunitario— para que no surja nunca el ridículo problema de que se desincentive la cooperación comunitaria.

Tan pronto como se descubre el virus en un país, los Gobiernos reaccionan con medidas autoritarias y punitivas, tales como la cuarentena obligatoria de regiones y ciudades enteras. ¿Están justificadas esas drásticas medidas?

Utilizar un brote para probar lo último en control autocrático tras el brote es capitalismo del desastre descarrilado. Desde el punto de vista de la salud pública, preferiría equivocarme por exceso de confianza y compasión, que son variables epidemiológicas importantes. Sin ellas, las Administraciones pierden el apoyo de la población. El sentido de la solidaridad y el respeto común son decisivos para obtener la cooperación que necesitamos para sobrevivir juntos a esas amenazas. Las cuarentenas autoimpuestas con el correspondiente apoyo de controles por parte de brigadas vecinales entrenadas, camiones de suministro alimentario puerta a puerta, permisos de trabajo y seguro de desempleo pueden producir ese tipo de cooperación, todos estamos unidos en esto.

Como quizá sepas, en Alemania, con Alianza por Alemania (AfD) tenemos de facto un partido nazi en el parlamento, con 94 escaños. La ultraderecha nazi y otros grupos, junto a políticos de AfD, utilizan la crisis del coronavirus para su agitación. Difunden informes falsos sobre el virus y exigen más medidas autoritarias al Gobierno: restricción de vuelos y suspensión de entradas de migrantes, cierre de fronteras y cuarentenas forzadas...

La prohibición de viajar y el cierre de fronteras son exigencias con las que la extrema derecha quiere racializar lo que ahora son enfermedades globales. Esto, por supuesto, es un sinsentido. En este momento, como el virus está a punto de propagarse por todas partes, lo razonable es trabajar en el desarrollo del tipo de resistencia de la salud pública en que no importe quién muestre una infección y tengamos los medios para tratarle y cuidarle. Por supuesto, detengamos en primer lugar el robo de tierra al pueblo en el extranjero que provoca los éxodos y podremos evitar la aparición de patógenos.

¿Cuáles serían los cambios sostenibles?

Para reducir la aparición de nuevos brotes de virus, la producción de alimentos tiene que cambiar radicalmente. La autonomía agrícola y un sector público robusto pueden contener los trinquetes ecológicos y las infecciones desbocadas. Introducir diversidad en el ganado y los cultivos —y la resilvestración estratégica— tanto a escala de explotaciones como regional. Permitir a los animales destinados a la alimentación que se reproduzcan in situ, para que transmitan las inmunidades que están probadas. Conectar la producción justa con la circulación justa. Ayudar a la producción agroecológica subvencionando los programas de apoyo a precios y compra por parte de los consumidores. Defender estos experimentos tanto de las obligaciones que impone la economía neoliberal a individuos y comunidades por igual y de la amenaza de la represión dirigida por el capital.

¿Qué llamamiento deberían hacer los socialistas ante la dinámica de incremento de brotes de enfermedades?

El negocio agroalimentario como modo de reproducción social debe acabar para siempre, aunque sólo sea por razones de salud pública. La producción de alimentos altamente capitalizada depende de prácticas que ponen en peligro a la totalidad de la humanidad, en este caso contribuyendo a desatar una nueva pandemia letal. Deberíamos exigir la socialización de los sistemas alimentarios, de tal manera que, en primer lugar, patógenos tan peligrosos como éste no aparezcan. Eso requerirá, en primer lugar, la reintegración de la producción alimentaria en las necesidades de las comunidades rurales y prácticas agroecológicas que protejan al medio ambiente y a los agricultores, ya que cultivan nuestros alimentos. En términos generales, debemos reparar la grieta metabólica que separa a nuestras ecologías de nuestras economías. En resumidas cuentas, tenemos un planeta que ganar.

Por Rob Wallace 

Biólogo evolutivo. Es autor de 'Big Farms Make Big Flu' (Las grandes granjas producen grandes gripes)

28/03/2020

Fuente:

Marx21, 11 de marzo de 2020, https://www.marx21.de/coronavirus-agribusiness-would-risk-millions-of-deaths/

Traducción:

Daniel Escribano

Publicado enSociedad
Greenpeace alerta del aumento del riesgo de transmisión de enfermedades por la destrucción ambiental

Entre los años 2001 y 2018 la cubierta arbórea se ha reducido un 9%, con la pérdida de 361 millones de hectáreas, según los datos del observatorio Global Forest Watch. Una destrucción de ecosistemas que está acelerando la sexta extinción masiva de especies, con más de un millón de especies en peligro de extinción, como alertaba hace más de un año la Plataforma Intergubernamental sobre la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos (IPBES) de Naciones Unidas.

Esa destrucción de la biosfera, cuyas consecuencias en cadena derivan en la aniquilación de grupos de especies completas, además de suponer la emisión a la atmósfera 98,7 gigatoneladas de dióxido de carbono que en nada ayudan a frenar la emergencia climática, tiene consecuencias en la vida microscópica que afecta a los humanos, virus y bacterias incluidas.

La tala y la deforestación, en particular en los bosques tropicales de la Amazonia y la Cuenca del Congo, con una biodiversidad muy superior a la media del planeta, está permitiendo que los seres humanos entren en contacto con poblaciones de fauna silvestre portadoras de virus, bacterias y otros microorganismos (patógenos zoonóticos) a los que generalmente no habían estado expuestos. Así lo advierte Greenpeace, una organización que añade que “el deterioro ambiental está agravando la permanencia entre la población de estas enfermedades zoonóticas, al mismo tiempo que se espera que la deforestación aumente los brotes de enfermedades zoonóticas”.

“Si no asumimos el valor de los servicios que nos ofrecen los ecosistemas, la necesidad de gestionar correctamente los recursos naturales y el hecho de que vivimos en un planeta con límites biofísicos, nos veremos abocados a crisis cada vez más frecuentes y más severas, a las que pondremos el adjetivo de sanitarias, climáticas o migratorias, pero que tienen como elemento común un problema sistémico”, expone Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace España.

El 58% de las enfermedades infecciosas proceden de los animales; así como el 73% de los patógenos emergentes o reemergentes. “Más de dos tercios de esas patologías se originan en la fauna silvestre y, en el último medio siglo, se ha producido un gran aumento de las enfermedades emergentes que se han atribuido a la invasión humana del hábitat, en particular en los ‘puntos calientes’ de las enfermedades en las regiones tropicales”, indican desde Greenpeace. 

Además, un estudio afirma que alrededor del 30% de los brotes de enfermedades nuevas y emergentes, como los virus Nipah, Zika y el Ébola, están relacionados con estos cambios de uso de la tierra realizado por el ser humano.

Soja, palna, ganadería e industria

Los principales motores actuales de deforestación global son la transformación de bosques en cultivos, especialmente grandes áreas de monocultivos de plantas como la soja o la palma aceitera para las industrias alimenticia y de biocomubustibles, pero también para otras producciones industriales como el caucho o la pasta de papel; la creación de pastos para ganado a costa de inmensas zonas arbóreas; y la explotación maderera.

El modelo de consumo incide especialmente en esta problemática. “El sector cárnico español, de manera especial la ganadería estabulada en régimen intensivo, demanda gran cantidad de piensos, para los que es necesario importar ingentes cantidades de soja”, denuncian desde Greenpeace. España es líder en la producción de piensos ganaderos y en importación de soja dentro de la UE, con un un 40% de la soja importada en 2017 perocedente de Brasil y un 32% de Argentina, países afectados por intensos procesos de deforestación, precedidos por la quema de la selva. 

Según fuentes del sector de fabricación de piensos, recogidas en el informe Enganchados a la Carne, publicado por Greenpeace España en junio de 2019, una tonelada de esa soja se ha importado con un certificado de sostenibilidad. Asimismo, la organización añade que, el pasado mes de febrero, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dio a conocer los resultados de una investigación del Seprona donde se ponía de manifiesto la complicidad del sector de la madera en España con los graves problemas de la tala ilegal y el contrabando mundial de maderas preciosas.

21 marzo 2020 

Este material se comparte con autorización de El Salto

Publicado enMedio Ambiente
Domingo, 25 Agosto 2019 06:25

Corte raso

Corte raso

En plena cruzada para aumentar su frontera agrícola y minera, Brasil arde con más de mil incendios por día. Al fuerte aumento de la deforestación en lo que va de su mandato, Bolsonaro respondió echando al director del organismo que alertó de la situación. Su política ambiental genera resistencias incluso en la bancada ruralista y dificulta las relaciones diplomáticas brasileñas.

 

El cielo paulista se oscureció de repente, y las tres de la tarde se hicieron las tres de la madrugada. A miles de quilómetros de la metrópolis, vastas extensiones de la selva amazónica ardían desde hacía más de diez días. Hasta hoy arden. La señal del 19 de agosto fue clara: la destrucción de la Amazonia nos afecta a todos. La cantidad de queimadas, como se conoce a las quemas de extensiones de selva para convertirlas en áreas de cultivo, es la mayor registrada por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (Inpe, por su sigla en portugués). Sólo en agosto y hasta el martes 20 se constataron 23 mil focos de incendio en la Amazonia, más de mil por día. Desde enero, son más de 53 mil. La cantidad de incendios y la llegada de un frente frío sería la causa del desplazamiento de las cenizas hasta San Pablo.

En el norte, en el estado de Pará, estancieros promovieron el “Día del fuego”, el pasado sábado 10. Según dijo al diario local Folha do Progresso uno de los organizadores, la idea era “mostrarle al presidente que queremos trabajar y la única forma es desmontando. Para limpiar nuestras pasturas es (necesario) el fuego”. Según el Inpe, en esa región los focos aumentaron 300 por ciento con relación al día anterior. Jair Bolsonaro se desmarcó y levantó la sospecha de que podían ser incendios criminales promovidos por “oenegeros”, en respuesta a los recortes del gobierno en los fondos de preservación de la Amazonia. Marina Silva, ex ministra de Medio Ambiente y candidata a la presidencia en la última elección por el partido Rede, escribió: “La Amazonia está siendo quemada por una mezcla de ignorancia e intereses truculentos. El gobierno está inaugurando un tiempo de delincuencia libre, en el que se puede agredir la naturaleza y las comunidades sin miedo de punición”. Y quizás ahí esté el punto central. Los efectos de estas queimadas pueden ser gravísimos y su alcance, todavía incierto. Pero más grave aun es el contexto en el que se encuadran.

OSCURANTISMO. 

La reciente divulgación por parte del Inpe de datos sobre la deforestación de la Amazonia puso el tema en el centro de la discusión pública brasileña y generó polémica a nivel internacional. El instituto ya había señalado un importante aumento del desmonte en junio de este año, un 88 por ciento mayor con relación al mismo mes del año pasado. Los datos fueron recogidos por el sistema satelital Deter, que rastrea el desmonte en tiempo real y genera alertas para colaborar con los organismos de fiscalización. Las reacciones del gobierno no se hicieron esperar y, en vez de hablar de la fiebre, el presidente le pegó al termómetro. El 19 de julio, Bolsonaro atacó los datos publicados y dijo que el presidente del Inpe, Ricardo Galvão, “podría estar al servicio de alguna Ong”. Galvão respondió, al día siguiente, que Bolsonaro no puede actuar “como si estuviera en una conversación de bar” y agregó que lo del presidente eran “comentarios impropios y sin ningún fundamento (…), ataques inaceptables no solamente a mí, sino a las personas que trabajan por la ciencia de este país”. El jerarca afirmó que no renunciaría, pero la situación se volvió insostenible, y el 2 de agosto fue destituido. Pero nuevos datos, divulgados el 6 de agosto, mostraron un aumento de la deforestación ocurrida en julio: 278 por ciento más en relación con julio de 2018. En total, el aumento de los últimos 12 meses es de 40 por ciento respecto de los 12 meses previos, y esa tendencia seguramente se confirmará con los datos que se emiten anualmente, que se esperan para fines de octubre. Carlos Nobre, doctor en Meteorología por el Mit que trabajó en el Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia y se desempeñó como investigador del Inpe durante 35 años, dijo a Brecha sobre la salida de Galvão que “la destitución de un científico renombrado, que es uno de los mejores gestores de instituciones científicas que Brasil ha producido en las últimas décadas, es una pésima señal y transmite una inseguridad muy grande sobre el papel de las instituciones públicas de ciencia”. Nobre entiende que el mensaje es “anacrónico” y remite a la idea de que “las instituciones no sirven a la sociedad, sino al gobierno, y que si el gobierno está insatisfecho con un dato que las instituciones difunden como parte de su misión, se las obliga a alinearse en una posición política de sólo divulgar lo bueno”. Sin embargo, “los satélites no mienten”, recordó Nobre. Por eso, el científico afirmó que la estrategia de atacar al mensajero es de tiro corto: “Existen numerosos sistemas de monitoreo de alta calidad en varias partes del mundo, que miden lo que acontece con la vegetación en todo el planeta, principalmente en las selvas tropicales. No tendría ningún sentido intentar esconder lo que pasa en la Amazonia o enojarse por la divulgación de lo que está ocurriendo: esa política no lleva a ningún lado”.

TAL ASTILLA. 

La línea del nuevo gobierno en política ambiental ya había quedado clarísima en diciembre pasado, con la elección del ministro que se encargaría de implementarla. Ricardo Salles es un cuadro de la derecha reaccionaria, ligado fuertemente a los ruralistas. Actualmente miembro del partido Novo, y fundador del movimiento conservador Endireita Brasil, durante la campaña repartió un panfleto con un paquete de balas en el centro y con sus destinatarios alrededor: “Contra la plaga del jabal픓Contra la izquierda y el Mst (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra)“Contra el robo de tractores, ganado e insumos”“Contra los bandidos en el campo”. Impulsor de una línea dura de la defensa de la propiedad privada, en una entrevista publicada en su cuenta de Youtube y citada por el portal Nexo, manifestó: “Tenemos que garantizar un ambiente seguro, estable y previsible para que la producción rural pueda ir hacia adelante”. Léase: para aumentar su área de expansión, o sea, aumentar el desmonte. En esa misma entrevista, Salles se quejaba de “esas invasiones, esas cosas del Mst, de los quilombolas e indios que amenazan la propiedad productiva. Eso es un gran atraso, y precisamos defender al productor para que trabaje en paz. El productor rural siempre fue cuidadoso, consciente de sus deberes, y ahora es amenazado todos los días a causa de esa falta de seguridad jurídica y del exceso de Estado”. En la disminución del papel del Estado, precisamente, está enfocado el gobierno.

Para Telma Monteiro, pedagoga brasileña que se dedica desde hace años a la investigación de las políticas ambientales y los procesos de licitación de grandes obras en la Amazonia, esa es la cruzada del ministro elegido por Bolsonaro: “Está ahí con un papel muy específico, que es acabar con las leyes ambientales y desmontar la estructura de gobernanza ambiental que se ha construido en el país a lo largo de los años”. De acuerdo con Monteiro, estas estructuras no siempre funcionan para el bien del medio ambiente, pero al menos permiten que exista un cierto contrapeso de la sociedad civil. Cree que el objetivo del gobierno es abrirle paso a los monocultivos y acabar con ese contrapeso, y de ahí el discurso tan radical contra las oenegés y las organizaciones sociales: “El agronegocio precisa expandirse, y esa expansión solamente se puede dar en regiones que todavía no fueron deforestadas. Para eso está Salles, para trabajar desde adentro a favor de los ruralistas y contra la preservación ambiental”. La investigadora afirmó a Brecha que Salles “no está informado, no conoce la Amazonia ni sus problemas, ni a las poblaciones indígenas, no sabe para dónde ni cómo corren los ríos, ni qué es lo que pasa en el suelo de la selva”. Para Monteiro, la situación actual de deforestación puede alcanzar niveles mucho más dramáticos, porque “si se atacan las estructuras que cohíben el desmonte, caminamos hacia el caos total”.

Ni siquiera dentro de los sectores ruralistas hay consenso sobre esta cruzada antiambiental. Katia Abreu, una de las más radicales defensoras del agronegocio, ministra de Agricultura de Dilma Rou-sseff entre enero de 2015 y mayo de 2016, y actualmente líder de la bancada ruralista en el Senado, dijo en una entrevista a O Estado de São Paulo publicada el lunes 13 que “los agricultores que están alegres hoy, van a llorar mañana”. Abreu, que fue una de las voces más expresivas del antiambientalismo, cree que Bolsonaro está “transfiriendo toda su visión reaccionaria al agro” y que ese discurso, además de “alimentar el desmonte”, puede “cerrarle mercados a los productos brasileños”. La senadora incluso defendió el trabajo de muchas oenegés y lo calificó como “serio”, a contramano del gobierno. El propio Blairo Maggi, ex ministro de Agricultura de Temer y uno de los pesos pesados del agronegocio, manifestó a Valor Económico que el discurso “agresivo” de Bolsonaro genera “confusión” y puede llevar al sector al “punto cero”, poniendo en peligro el acuerdo comercial con la Unión Europea.

HACHAN, TIRAN, ROMPEN, SACAN. 

A comienzos de mayo, y en un hecho inédito, los ocho ex ministros brasileños de Medio Ambiente vivos se reunieron y lanzaron una carta en la que denunciaron que “la gobernanza socioambiental en Brasil está siendo desmontada, en afrenta a la Constitución”. Afirmaron que “en las últimas tres décadas, la sociedad brasileña fue capaz, a través de sucesivos gobiernos, de diseñar un conjunto de leyes e instituciones aptas para enfrentar los desafíos de la agenda ambiental del país”, pero que actualmente se asiste a “una serie de acciones sin precedentes, que vacían la capacidad de formulación e implementación de políticas públicas por parte del Ministerio de Medio Ambiente”. También cuestionaron “el discurso contra los órganos de control ambiental, en especial el Ibama (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables) y el Icmbio (Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad), los cuestionamientos a los datos de monitoreo del Inpe”, que “se suman a una crítica situación presupuestal y de personal de estos órganos”. Todo esto, sostuvieron, refuerza “la sensación de impunidad, que es la señal para más desmonte y más violencia”.

En su respuesta, Salles recayó en los mismos clichés que acostumbra el presidente y escribió: “Lo que viene perjudicando la imagen de Brasil es la permanente y bien orquestada campaña de difamación promovida por oenegés y supuestos especialistas, para dentro y fuera del país, ya sea por prejuicios ideológicos o por una innegable contrariedad a las medidas de moralización contra la farra de los convenios, los eternos estudios, los recursos transferidos, los patrocinios, los viajes, los seminarios y charlas”. El ministro, al igual que Bolsonaro, sostiene que existe un componente ideológico que vicia el accionar tanto de los órganos estatales de control ambiental como del Fondo Amazonia (FA), un mecanismo creado en 2008, durante la presidencia de Lula da Silva, para captar recursos de Estados extranjeros y de empresas con el objetivo de financiar proyectos de “preservación ambiental” y “desarrollo sustentable en la Amazonia”. En una conferencia de prensa en San Pablo, en mayo de este año, Salles dijo que habían encontrado “irregularidades en el cien por ciento de los contratos (del FA) con oenegés” y cuestionó los resultados de los proyectos financiados y la gestión de sus recursos (más de 840 millones de dólares). Sin embargo, en una relatoría citada por O Globoeste martes 14, el Tribunal de Cuentas de la Unión –que comenzó una auditoría del fondo a fines del año pasado– elogió la transparencia en la información y la gestión de recursos del FA, contradiciendo al ministro. De todas maneras, el gobierno ya afirmó que quiere utilizar esos recursos para indemnizar ruralistas afectados por expropiaciones de tierras para unidades de preservación ambiental. La reacción de las embajadas de Alemania y Noruega, principales financiadoras del fondo, fueron inmediatas. El jueves 15, Noruega suspendió el pase anual de recursos para el FA, equivalente a 33 millones de dólares, y siguió así los pasos de Alemania, que había hecho lo propio días atrás. El ministro de Clima y Medio Ambiente noruego, Ola Elvestuen, dijo que los aumentos en los índices de destrucción de la Amazonia demuestran que “el gobierno brasileño ya no quiere parar el desmonte”.

Guilherme Carvalho, doctor en desarrollo sustentable del trópico húmedo por la Universidad Federal de Pará y coordinador en la Amazonia de la Ong Fase, llamó la atención, en diálogo con Brecha, sobre el papel de los diferentes niveles de gobierno en el debilitamiento de las políticas ambientales: “El gobierno federal es el eje propulsor, pero este es un proyecto de todo el bloque de poder que está en control del Estado. Los gobiernos estatales y municipales también desarrollan una serie de políticas en la misma línea. Muchos alcaldes usan la revisión de los planos de directrices municipales para poder abrir más áreas para grandes empresas, e intentan que cada vez más las licitaciones sean realizadas por las intendencias y las alcaldías, donde las empresas tienen un poder de lobby todavía mayor que en instancias superiores. Si estos gobiernos pasan a tener la responsabilidad de adjudicar los proyectos en la región, gran parte de la Amazonia va a caer”.

PRECISAMOS PARAR. 

En un texto de 1977 llamado Brasil: tierra de los indios, el reconocido antropólogo brasileño Darcy Ribeiro escribía: “Los efectos del impacto de la civilización sobre las poblaciones indígenas son tan dramáticos y destructivos que, sin duda, las tribus indígenas de Brasil que todavía sobreviven desaparecerán si no son objeto por parte del gobierno federal de una protección específica y más eficaz que la actual. Esto significa que todavía no se interrumpió la guerra secular de diezmado y opresión: continuamos matando a nuestros indios. ¡Precisamos parar!”. Cuarenta y dos años después, la administración liderada por Jair Bolsonaro se empeña en atacar justamente el único punto que para Darcy Ribeiro podría garantizar la supervivencia indígena: la protección del gobierno federal. En el primer día de mandato, el presidente transfirió la responsabilidad de la demarcación y regulación de las tierras indígenas de la Fundación Nacional del Indio (Funai) al Ministerio de Agricultura, liderado por Tereza Cristina, ex líder de la bancada ruralista en el Congreso. El propio Congreso, al analizar a fines de mayo esa decisión presidencial, devolvió la potestad a la Funai, pero Bolsonaro insistió y emitió un nuevo decreto para revertir la decisión. En ese momento, dijo: “El que demarca tierra indígena soy yo. El que manda soy yo”. El pasado 1 de agosto, y por unanimidad, el Supremo Tribunal Federal mantuvo la responsabilidad de la Funai, tras una sesión en la que el magistrado Celso de Mello dijo haber visto “resquicios indisfrazables de autoritarismo” en el accionar del presidente. Diez días después, durante un evento en Pelotas, Río Grande del Sur, Bolsonaro afirmó: “Caca de indio petrificada dificulta la licitación de obras importantes”. Luego dijo que es necesario “integrar a los indios a la sociedad y buscar un proyecto para el Brasil”. La referencia a las heces viene de una de sus declaraciones previas, cuando había dicho que se podía resolver la cuestión ambiental “haciendo caca día por medio”. En otras ocasiones, el presidente ya había defendido la integración forzada de los indígenas, que, según dijo en enero de este año, “viven aislados y son manipulados por oenegés”. Otro de los ataques del gobierno a los pueblos originarios fue la amenaza –realizada en marzo– del eventual cierre de la Secretaría Especial de Salud Indígena, que depende de recursos del gobierno federal. De concretarse, la atención de los indígenas pasaría a depender de recursos municipales y ellos engrosarían las ya saturadas filas de los hospitales. Luego de protestas en varias regiones del país, el gobierno reculó.

Cleber César Buzatto, secretario ejecutivo del Consejo Indigenista Misionero, una organización religiosa que actúa junto con los pueblos indígenas de Brasil desde 1972, dijo a Brecha que hay en marcha un cambio radical, fundamental para entender la gravedad del momento actual: “A través del discurso de Bolsonaro, el gobierno no solamente da indicios de omisión, sino que señala hacia dónde pueden y deben ir los agresores de los pueblos indígenas, y los incentiva. Por eso su discurso es mucho más grave que una simple ‘carta blanca’. No sólo es una especie de autorización: es combustible”. La omisión del Estado, explica, siempre existió y permanece. Pero ahora “es el propio gobierno el que dirige las amenazas y los procesos de agresión y ataque”. Buzatto observa un “aumento significativo de denuncias y reclamos sobre nuevos procesos de invasión” que indica que “está en curso en Brasil una nueva fase de saqueo, de robo de tierra indígena, en la que se ataca incluso tierras ya demarcadas y debidamente regularizadas que ahora pasan a ser loteadas, comercializadas ilegalmente o víctimas de deforestación con corte raso”. Esto se suma al congelamiento en la demarcación de nuevas tierras indígenas, que “aumenta el potencial de conflicto en las regiones y acaba eternizando la situación de vulnerabilidad socioeconómica que sufren estos pueblos”. Para Buzatto, en esta nueva fase, “se corren riesgos muy serios de que ocurran genocidios, especialmente en la región amazónica, contra pueblos que desde el punto de vista numérico son menores, o grupos aislados, libres, que viven sin contacto”. Pero siempre, y como hace más de 500 años, hay lugar para la esperanza: “Los pueblos originarios han demostrado que no van a alterar su posicionamiento y su disposición para luchar y resistir. No se han amedrentado. Esto alimenta la esperanza de que ese proyecto genocida del gobierno sea vencido por los pueblos como fue vencido el proyecto genocida de la dictadura militar”.

Por Marcelo Aguilar

23 agosto, 2019


Aumento en la aprobación de agrotóxicos

El señor de los venenos

En lo que va del año, el gobierno de Bolsonaro liberó 262 agrotóxicos. Un récord. La explosión vino después del impeachment. Empezando en 2016, que había tenido el número más alto de liberaciones de los últimos seis años (106), los permisos casi se duplicaron en 2017 (203), siguieron aumentando en 2018 (239) y en lo que va de 2019 (262). En la última tanda de productos aprobados, en julio de este año, 18 son “alta o extremadamente tóxicos”, según Greenpeace. De los liberados el año pasado, 43 por ciento entran en esa categoría, y dentro de ese grupo, 31 por ciento no son permitidos en la Unión Europea. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, hay más de 2 mil productos esperando aprobación. Mientras tanto, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil aprobó, el último mes, nuevas reglas para clasificar a los agrotóxicos, lo que generó una disminución drástica de los considerados como “extremadamente tóxicos”. Esto ocurre, entre otras cosas, porque la agencia utilizará solamente el riesgo de muerte para definir su clasificación, dejando de lado irritaciones en la piel o problemas respiratorios.

Franciléia Paula de Castro, ingeniera agrónoma, magíster en salud pública e integrante de la Campaña Permanente Contra los Agrotóxicos y por la Vida, dijo a Brecha que “la liberación de estos nuevos registros no tienen nada que ver con la eficiencia agronómica. Es una acción volcada hacia los intereses de las industrias químicas y de la bancada ruralista”. Paula describió otro de los puntos graves: “¿Quién fiscaliza los agrotóxicos en Brasil? Los órganos que defienden liberar nuevos productos y vuelven más laxas las normas, como la de la clasificación toxicológica, son los mismos que deberían fiscalizar. Esa es una gran fragilidad a nivel institucional y es lo que permite esa liberación abusiva de nuevos registros”.

 

Las consecuencias de la deforestación

El rastro del Capitán Motosierra

En medio de las polémicas, Bolsonaro ironizó diciendo que él era el “Capitán Motosierra”. Pero aunque el presidente se los tome con poca seriedad, los efectos de su política son extremadamente graves. En 1989, Carlos Nobre hizo la primera investigación y alertó sobre la posibilidad de que la deforestación en la Amazonia podría llevar a una “sabanización” de la región: incluso parando el desmonte, la selva no volvería y el paisaje se convertiría en una sabana biodegradada. Nobre dice que hoy en día se conoce mucho mejor la relación entre el desmonte, el calentamiento global y el aumento de los incendios forestales, y que al analizar estos factores, la academia llegó a la siguiente conclusión: “Si el desmonte pasa del 25 por ciento del área de la selva, llegaríamos a un punto de ruptura, en el que la vegetación comenzaría a desaparecer de a poco durante los próximos 30 o 40 años, y perderíamos así hasta el 60 por ciento de la selva. De hecho, la deforestación en la cuenca amazónica está entre el 15 y el 17 por ciento, no estamos lejos de ese riesgo”. Nobre explicó lo que está en juego y lo que se puede perder: “En primer lugar, si eliminamos la selva, la temperatura aumentará entre 1 y 3 grados no solamente en la Amazonia, sino también en el centro del país, por causa de los vientos. Estás calentando una región que ya de por sí es caliente. Eso tiene enormes perjuicios para la salud humana y para la propia agricultura de esa región, con picos de calor que disminuyen muchísimo su productividad”. Por otro lado, sostuvo que “el proceso de sabanización tiene un lastre enorme de extinción. Estamos hablando de que desaparecerían de la tierra decenas de miles de especies”. Para el científico, es necesario ir en sentido contrario: “Restaurar selvas en todo el planeta, y sobre todo en los trópicos, es un mecanismo fantástico para retirar gas carbónico de la atmósfera. Necesitamos políticas de restauración forestal”. Y cambiar el paradigma: “Es necesario basar la economía en la biodiversidad, en la selva viva. Su potencial económico es muy superior al de la carne o la soja”.

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El suministro mundial de alimentos está seriamente amenazado debido a la pérdida de biodiversidad

Según la ONU, las plantas, los insectos y los organismos imprescindibles para la producción de alimentos están en rápido declive.

Cosecha de zanahoria ecológica en Alemania. La agricultura orgánica representa solo el 1 % de las tierras agrícolas globales. Fotografía: Julian Stratenschulte / EPA
La capacidad mundial de producción de alimentos se está debilitando debido a la incapacidad humana para proteger la biodiversidad, según afirma el primer estudio de la ONU sobre plantas, animales y microorganismos que ayudan a poner comida en nuestros platos.


La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura publicó esta dura advertencia después de que científicos encontraran pruebas de que los sistemas de apoyo naturales que forman la base de la dieta humana se están deteriorando por todo el mundo debido a que granjas, ciudades y fábricas devoran tierras y vierten productos químicos.
El informe publicado el viernes indicaba que durante las últimas dos décadas, aproximadamente el 20 % de la superficie cubierta de vegetación de la tierra ha perdido productividad.
Observaba una perdida “debilitadora” de biodiversidad del suelo, de bosques, praderas, arrecifes de coral, manglares, praderas marinas y de diversidad genética de especies de cultivos y ganado. En los océanos, una tercera parte de las zonas de pesca están siendo sobrexplotadas.


El estudio, que cotejó datos a nivel mundial, artículos académicos e informes realizados por gobiernos de 91 países, señalaba que muchas de las especies que están implicadas indirectamente en la producción de alimentos, tales como pájaros, que se alimentan de las plagas de los cultivos, y los árboles de los manglares, que ayudan a purificar el agua, son menos abundantes que en el pasado.


Encontró que el 63 % de las plantas, el 11 % de los pájaros y el 5 % de los peces y los hongos estaban en declive. Los polinizadores, que son esenciales para tres cuartos de los cultivos del mundo, están amenazados. Además del declive bien documentado de abejas y otros insectos, el informe dice que el 17 % de los vertebrados polinizadores, como los murciélagos y los pájaros, estaban en peligro de extinción.


Una vez que se pierdan, las especies que son imprescindibles para nuestros sistemas alimentarios ya no se podrán recuperar, decía el informe. “Esto coloca al futuro de nuestros alimentos y a nuestro medioambiente bajo una grave amenaza”.


“Los cimientos de nuestros sistemas alimentarios se están debilitando”, escribió Graziano da Silva, director general de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, en una introducción del estudio. “Partes del informe mundial son una lectura sombría. Es verdaderamente preocupante que en tantos sistemas de producción en tantos países, la biodiversidad para los alimentos y la agricultura y la labor que ejerce en el ecosistema esté en declive”.


En muchos casos la agricultura es la culpable, dijo, debido a los cambios en el uso de las tierras y su gestión insostenible, tales como la sobreexplotación del suelo y la dependencia de pesticidas, herbicidas y otros agroquímicos.


La mayoría de los países dijeron que la principal causa de pérdida de biodiversidad era la conversión en el uso de la tierra, los bosques se cortaron para crear tierra cultivable, las praderas se cubrieron de cemento para las ciudades, fábricas y carreteras. Otras causas incluían la sobreexplotación de las fuentes de agua, la contaminación, la propagación de especies invasivas y el cambio climático.


La tendencia va hacia la uniformidad. Aunque el mundo produce más alimentos que en el pasado, depende de monocultivos en constante expansión.


Dos tercios de la producción de cultivos provienen de solo nueve especies (caña de azúcar, maíz, arroz, trigo, patatas, soja, fruto de la palma de aceite, remolacha de azúcar y mandioca) mientras que la mayor parte de las demás 6.000 especies de plantas cultivadas están en declive y las fuentes de alimentos silvestres son cada vez más difíciles de encontrar.
Aunque los consumidores todavía no hayan notado ningún cambio cuando van de compras, los autores del informe dijeron que eso podía cambiar.


“Los supermercados están llenos de comida, pero la mayoría es importada de otros países y no hay mucha variedad. La dependencia en unas pocas especies significa que somos más susceptibles a los brotes de enfermedades y al cambio climático. Hace que la producción de alimentos sea menos resistente,” alertaba Julie Bélanger, el coordinador del informe.
Como ejemplos, el informe relata como la excesiva dependencia de una variedad reducida de especies fue uno de los factores determinantes de la hambruna causada por el mildiu de la patata en Irlanda en la década de 1840, las pérdidas de cosechas en los EE.UU. en el siglo XX y las pérdidas en la producción de taro en Samoa en la década de 1990.


“Tenemos la necesidad urgente de cambiar la forma en la que se producen los alimentos y de asegurar que la biodiversidad no es algo que pasemos por alto sino que es tratada como una riqueza irremplazable y una pieza fundamental de las estrategias de gestión,” dijo Bélanger.


El informe encontró pruebas de que la actitud y las prácticas estaban cambiando lentamente. En los últimos años ha aumentado la adopción de una gestión sostenible de bosques, el diseño de ecosistemas en la pesca, la acuaponía y en policultivos. Pero los autores dicen que el avance ha sido insuficiente. La agricultura ecológica, por ejemplo, ocupa ahora 58 millones de hectáreas en todo el mundo, pero esto solo supone el 1% de la tierra cultivable mundial.


El informe señalaba que los gobiernos muestran un mayor interés por la biodiversidad, un tema que pocas veces recibe la misma atención que el cambio climático. Muchos estados han anunciado pérdidas económicas causadas por la desaparición o el desplazamiento de ecosistemas. Irlanda, Noruega, Polonia y Suiza notaron una disminución en las poblaciones de abejorros. Egipto estaba preocupado por su industria pesquera debido a que los peces estaban migrando hacia el norte por el aumento de la temperatura del mar. Gambia dijo que había comunidades que se estaban viendo forzadas a comprar productos caros producidos industrialmente porque las fuentes de alimentos silvestres eran cada vez más escasas.


La crisis de la biodiversidad entrará en la agenda mundial y se debatirá en el próximo G7 de abril, en un Congreso Mundial sobre la Conservación en junio, y luego en una importante conferencia de la ONU en Pekín el año que viene.


“Por todo el mundo, la biblioteca de la vida que ha evolucionado durante miles de millones de años –nuestra biodiversidad- está siendo destruida, envenenada, contaminada, invadida, fragmentada, saqueada, drenada y quemada a un ritmo nunca visto en la historia humana”, dijo el presidente de Irlanda, Michael Higgins, en la conferencia sobre la biodiversidad el jueves en Dublín. “Si fuésemos mineros del carbón estaríamos hasta la cintura de canarios muertos”.

Por Jonathan Watts
The Guardian

Traducido por Eva Calleja

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