Así está desmontando Trump la regulación ambiental y climática de EEUU

Trump ha promovido también 115 intentos de desmontaje y desregulación sobre todo en áreas como la salud, especialmente el Obamacare, y la migración. 

 

Tres descosidos cada mes. Desde que el 20 de enero de 2017, el multimillonario de Nueva York y estrella televisiva Donald John Trump tomara posesión del sillón presidencial y se convirtiera oficialmente en el 45 presidente de Estados Unidos, ése es el promedio de acciones que ha realizado contra el marco normativo o la estructura administrativa norteamericanos con el objetivo de ir desmontando todo lo que suene a protección ambiental o sostenibilidad climática o energética.

Las acciones de Trump no dejan títere con cabeza y se dirigen desde al marco legal del país hasta la arquitectura institucional pasando por el vaciado de fondos de partidas o departamentos dedicados a menesteres ambientales. La última, la comunicación oficial el pasado lunes del Acuerdo del Clima de París.

En total, Trump ha firmado, ordenado o promovido con éxito desde la Presidencia del país 80 acciones en las 146 semanas que lleva en la Casa Blanca para desmantelar la herencia recibida, según el balance realizado por Público tras consultar las bases de datos de diversas organizaciones y universidades, como la Institución Brookings, National Geographic, el Programa de Legislación Ambiental y Energética de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard o el Centro Sabin para Legislación de Cambio Climática de la Universidad de Columbia de Nueva York.

En total, de esos 80 ataques emprendidos por la administración Trump —en forma de órdenes presidenciales, iniciativas en el Congreso o el Senado, decisiones presupuestarias, memorándums o planes de acción y demás artillería política— 24 de ellos ya son efectivos, 26 están aprobados pero aún en desarrollo legal, cuatro están parcialmente efectivos, otros cuatro están aprobados pero su entrada en vigor ha sido pospuesta y cinco de ellos están paralizados por el momento. Apenas 17 han sido rechazados definitivamente en algún momento de su tramitación, lo que implica que los opositores a estas medidas sólo han podido frenar una de cada cinco.

Por supuesto, el recuento de retrocesos y ataques de la administración Trump no sólo se centra en el medio ambiente. Los citados registros señalan otros 115 intentos de desmontaje y desregulación sobre todo en áreas como la salud (especialmente el Obamacare) y la migración, otras de las dos obsesiones de Trump.

Tampoco se salvan otras materias como la vivienda, la privacidad ciudadana, los derechos del consumidor, la educación y la gestión empresarial. Los ataques a los asuntos medioambientales, eso sí, se llevan la palma.

El último y de mayor calado internacional, la comunicación oficial y por escrito de la salida del Acuerdo del Clima de París, que se hará efectiva el 4 de noviembre de 2020. Esta decisión, como el resto de acciones contra el clima llevadas a cabo por la administración Trump, se basa en una ecuación tan simple como falaz: proteger el clima es despilfarrar dinero y cuesta puestos de trabajo.

Cuando Trump anunció esta medida por primera vez el año pasado la defendió, de hecho, con el argumento de que el cumplimiento de los objetivos del acuerdo perjudicaría a Estados Unidos, cuyos trabajadores y contribuyentes "absorberán el coste en términos de pérdida de puestos de trabajo, salarios más bajos, fábricas cerradas y una producción económica muy reducida". Además, se trata de desmontar uno de los grandes logros de la era Obama, y eso es otro aliciente para el magnate norteamericano.

Pero la salida de París es la punta del iceberg de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Entre dichos ataques, los más graves y de mayor calado se encuentran éstos:

Octubre de 2019: El Gobierno de Estados Unidos ordena cortar los fondos destinados a dos comisiones nacionales: el Comisión Federal Asesor sobre Áreas Protegidas Marinas —dirigido por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica— y la Comisión Asesora de Especies Invasoras del Departamento de Interior. La primera fue creada en 2003 y la segunda, en 1999. Asimismo, ese mismo mes la administración Trump retira los fondos al Consejo Asesor Presidencial sobre la Resistencia Bacteriana Antibiótica.

Septiembre de 2019: Rechazo de la regulación de aguas del Gobierno de Obama. Trump ordena a la Agencia de Protección Ambiental (APA) norteamericana que fije unas nuevas reglas que reemplacen a las establecidas en 2015. La nueva normativa dispone de unas coberturas y garantiza unas protecciones menores que la legislación anterior.

En la orden ejecutiva firmada por Trump, éste defiende que su interés pasa por una nación libre de aguas contaminadas, pero también, aclara, por la promoción del crecimiento económico y la erradicación de las normas que causen inseguridad jurídica. Los lobbies relacionados con esta ley ya habían demandado a la administración Obama por implementarla.

Agosto de 2019: El Gobierno norteamericano anuncia que facilitará los requerimientos y reducirá las exigencias a las empresas de petróleo y gas en cuanto a las emisiones de metano, uno de los gases más nocivos para el cambio climático, por encima del dióxido de carbono.

Junio de 2019: Trump firma una orden presidencia en la que ordena reducir un tercio de las comisiones asesoras federales en materias como la energía, el clima y la salud.

Abril de 2019: La APA elabora modifica la Ley de Aire Limpio norteamericana para relajar las exigencias sobre la emisión e incineración de residuos sólidos industriales o comerciales, entre ellos, residuos municipales, hospitalarios o aquellos procedentes de las fábricas. Los criterios modificados habían sido aprobados en el año 2000 —con algunas modificaciones posteriores—.

Diciembre de 2018: El departamento de Interior anuncia sus planes para permitir prospecciones petroleras en millones de hectáreas protegidas hasta el momento de la actividad industrial. La APA añadió además que anularía las normas que limiten las emisiones de carbón en las nuevas plantas de producción de energía.

Julio de 2017: El Servicio de Pesca y Fauna Silvestre y el Servicio Nacional de Pesca Marina promulgan una serie reglas para debilitar la Ley de Especies Protegidas norteamericana. Los cambios introducidos establecen criterios y procesos menos exigentes y más lasos para incluir o eliminar especies animales o vegetales de la Lista de Especies Amenazadas así como para la consideración de hábitats críticos. Después de un proceso legislativo tortuoso, finalmente la nueva norma entra en vigor el pasado mes de septiembre.

Marzo de 2017: Apenas dos meses después de tomar posesión, Donald Trump firma una orden presidencial en la que ordena eliminar muchas de las acciones a nivel federal dirigidas a combatir los efectos del cambio climático. Entre otras cosas, la orden presidencial ordena a la APA revisar y, en su caso, rescindir, regulaciones nacionales sobre la emisión de CO2 en plantas de producción energética existentes, los nuevos estándares de CO2 para las plantas de nueva construcción, los niveles de metano permitidos para la industria del petróleo y del gas. Asimismo, la orden revoca una estrategia para calcular el coste social de las emisiones de gases de efecto invernadero.

En la orden, asegura que la misma "evita las cargas regulatorias que innecesariamente obstruyen la producción de energía, constriñen el crecimiento económico e impiden la creación de empleo. Además, el prudente desarrollo de esos recursos naturales es esencial para garantizar la seguridad geopolítica de la Nación".

Washington

11/11/2019 08:52 Actualizado: 11/11/2019 08:52

Manuel Ruiz Rico

@ManuelRuizRico

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Millones de jóvenes se movilizan en todo el planeta por la justicia climática

Fridays For Future, Extinction Rebellion, By 2020 Rise Up, Ende Gelände o Sunrise denuncian la inacción “criminal” de los gobiernos

 

7,6 millones de personas de 185 países, y 6.135 acciones con el apoyo de 820 organizaciones. Es el balance de la semana global de huelga y movilizaciones –entre el 20 y el 27 de septiembre de 2019- que reivindicó justicia climática y el fin de la era de los combustibles fósiles. ¿Cómo se explica la potencia de estas manifestaciones, en Nueva Zelanda, Italia, Estados Unidos, Chile o India? Uno de los antecedentes significativos se produjo en el verano de 2018, cuando la estudiante de 15 años, Greta Thunberg, inició una sentada de protesta en horario escolar frente al Parlamento de Suecia; fueron los orígenes del movimiento Fridays For Future.

En la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, de 2018, celebrada en Katowice (Polonia), la joven activista afirmó: “Países ricos como Suecia han de empezar a reducir las emisiones al menos un 15% anual, para alcanzar el objetivo del calentamiento global por debajo de los 2ºC” (respecto a los niveles pre-industriales, según los Acuerdos de París); además recordó que cada día se extinguen 200 especies y que el consumo mundial de petróleo suma 100 millones de barriles diarios. Es “el camino de la locura”, subrayó. El 30 de octubre Greta Thunberg declinó el premio medioambiental del Consejo Nórdico dotado con 47.000 euros.

La huelga mundial por el clima del pasado 15 de marzo movilizó, según fuentes de la organización, al menos a 1,4 millones de jóvenes en 2.418 ciudades de todo el planeta. Tom Kucharz, miembro de Ecologistas en Acción, ha participado en un acto sobre “Crisis climática como consecuencia de la depredación capitalista”, organizado por el Centre de Documentació i Solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica (CEDSALA)-País Valencià. “Más allá de las manifestaciones –subraya el activista-, están produciéndose acciones de desobediencia civil masiva para forzar a los líderes políticos a la toma de decisiones; es muy importante conectar la justicia climática con la agenda social y la lucha en los barrios”, añade.

Los inicios del movimiento Extinction Rebellion (XR) remiten al 31 de octubre de 2018, cuando 1.500 personas participaron en una acción de bloqueo en Parliament Square de Londres, y formularon una “Declaración de Rebelión” contra el gobierno británico por su inacción “criminal” ante la crisis ecológica; “nuestros mares están envenenados y aumenta la acidificación. Las inundaciones y la desertificación harán inhabitables vastas extensiones de tierra, lo que causará migraciones masivas”, alertaron.

El 15 de abril de 2019 grupos Extinction Rebellion desarrollaron acciones de protesta en 80 ciudades de 33 países. En Londres bloquearon cinco puntos neurálgicos de la ciudad, en los que se organizaron asambleas, actividades artísticas y denunciaron, en la sede de Shell, el “ecocidio” perpetrado por la petrolera (fueron escenario de las reivindicaciones, asimismo, las oficinas de Repsol en Madrid, de la empresa Total en París, el entorno del Parlamento Europeo en Bruselas o calles de Ottawa y Estambul). El 7 de octubre de 2019 se convocaron más actos de desobediencia –bloqueo de carreteras, puentes o nudos de transporte, entre otros- en 60 ciudades de todo el mundo. Como ejemplo de la represión, Extinction Rebellion informa que, en la semana de la rebelión entre el 15 y el 25 de abril, la Policía Metropolitana realizó 1.130 arrestos en Londres. La página Web de XR contabilizaba a primeros de octubre 485 grupos de activistas en 473 ciudades de 72 países.

Asimismo respaldan a By 2020 We Rise Up cerca de 50 organizaciones, la mayoría europeas. La Plataforma-Campaña independiente By 2020 tiene como fin contribuir a una conexión entre las luchas (no planificarlas) por la justicia climática y el cambio de sistema. “Durante los últimos días de septiembre de 2019 y en 2020, Europa vivirá varias oleadas de acciones masivas coordinadas: la gente bloqueará gasoductos, puertos, aeropuertos, minas de carbón, la agroindustria, bancos, fábricas de armas y fronteras”, señalan en la página Web.

En este contexto, By 2020 se define como punto de contacto, difusión de acciones y “esfuerzo de coordinación” que no habla en nombre de los grupos locales ni activistas; la Campaña/Plataforma cuenta con un equipo de difusión, traducción, trabajo legal, además de los encargados de la página Web y las redes sociales. En marzo de 2019, hicieron un llamamiento a la “interrupción civil, coordinada y masiva” de un sistema “que lleva a la humanidad al borde del abismo”. Además convocan a reuniones periódicas para la coordinación de estrategias, por ejemplo entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre en Nuremberg. Entre las acciones difundidas por By 2020, figuran las de la semana por el clima de Viena; las de desobediencia civil del pasado 7 de octubre en Madrid; o en Francia, contra la impunidad de las multinacionales.

“¡Paremos el carbón, que todas las aldeas permanezcan!”. Es la consigna con la que el movimiento internacional Ende Gelände convocó -entre el 19 y el 24 de junio de 2019- a la acción directa no violenta en el área de la minería de lignito de Renania; así, más de 6.000 personas bloquearon puntos estratégicos en las zonas que explota la compañía energética alemana RWE; ocuparon vías férreas para el suministro de combustible a la central eléctrica de Neurath, propiedad de RWE; entraron en la mina a cielo abierto de Garzweiler, cerca de Colonia, y pararon excavadoras de carbón, mientras 8.000 personas convocadas por ONG y colectivos locales se manifestaron en apoyo de las poblaciones amenazadas por la minería; asimismo el 21 de junio, 40.000 jóvenes marcharon en la ciudad de Aquisgrán (Renania del Norte-Westfalia), a 50 kilómetros de la mina, con motivo de la huelga por el clima de Fridays for Future; “durante las acciones de desobediencia la policía violó masivamente los derechos civiles”, informó Ende Gelände en un comunicado. Llegados de diferentes ciudades europeas, los activistas partieron de un campamento de protesta ubicado en la ciudad de Viersen.

Entre el 25 y el 29 de octubre de 2018, Ende Gelände convocó a los bloqueos en la mina carbonífera cercana al bosque de Hambach, en Renania; contra las talas forestales y extracción de lignito por la empresa RWE se movilizaron, según los organizadores, 6.500 personas.

En el acto de CEDSALA, Tom Kucharz también ha destacado la lucha de los jóvenes de Sunrise en Estados Unidos, movimiento surgido en 2017. En las redes sociales se presentan con la siguiente disyuntiva: “Nuestro gobierno ha de elegir: proteger los bolsillos de los ejecutivos del petróleo y sus bonos de millones de dólares” o, por otro lado, “nuestro futuro”. Entre los principios de Sunrise figura la no violencia “que nos permite ganar el corazón de la gente”. Se organizan en nodos, radicados en pueblos, ciudades y escuelas de Alaska, California, Florida, Washington o Nueva York. El movimiento respalda a políticos y candidatos que representen a los ciudadanos y no a la industria de los combustibles fósiles, pero –matizan- “no hay amigos ni enemigos permanentes”. Entre los apoyos recibidos por los activistas, destaca el de la congresista Aleixandra Ocasio-Cortez.

Una de las propuestas centrales y con la que interpelan a la política oficial es el New Deal verde; el nuevo acuerdo verde apunta, con la perspectiva de una década, a la “movilización” de la sociedad estadounidense hacia los objetivos del 100% de energías limpias y las emisión cero de gases de efecto invernadero; también a “crear millones de buenos empleos con salarios altos y garantizar la prosperidad y seguridad económica de toda la población de Estados Unidos”. El 10 de diciembre de 2018 mil activistas de Sunrise reivindicaron el New Deal verde en el Congreso (Washington), donde protagonizaron sentadas en las oficinas de dirigentes del Partido Demócrata y mostraron carteles con las consignas “No más excusas” o “Haced vuestro trabajo”; 143 personas fueron arrestadas. Además la policía practicó más de 40 detenciones cuando, en febrero, estudiantes de Kentucky protestaron en las oficinas del senador Mitch McConnell, del Partido Republicano, en el Capitolio; con el lema “Míranos a los ojos”, los estudiantes y los miembros de Sunrise preguntaron si las donaciones que McConnell recibió -en las tres últimas legislaturas- de las compañías del petróleo, gas y carbón (1.542 millones de dólares) eran más importantes que el futuro de la juventud.

Tom Kucharz ha participado en otro debate en Valencia, en el Centre La Nau de la Universitat, sobre Transnacionales, Derechos Humanos y Tribunales de Arbitraje. El investigador social y activista ha destacado, como uno de los ejes de lucha para los movimientos sociales, el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), firmado el pasado 28 de junio tras más de dos décadas de negociaciones; la asociación entre los dos bloques representa –según cifras oficiales- un mercado (integrado) de cerca de 800 millones de consumidores y un 25% del PIB mundial (el actual comercio bilateral de bienes y servicios entre la UE y Mercosur suma 122.000 millones de euros anuales, según la Comisión Europea). La entrada en vigor del acuerdo requiere la aprobación de los parlamentos nacionales.

Integrada por un centenar de organizaciones, la Campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión denuncia que el acuerdo entre la UE y Mercosur tendrá, entre otros efectos, “un impacto negativo incalculable sobre la crisis climática"; según la Campaña, la liberalización comercial “beneficiará principalmente a grandes industrias europeas como la automovilística, química, farmacéutica o la textil; y a los grandes exportadores de productos agropecuarios de los países del Mercosur”; por ejemplo, detallan en un comunicado, “se incrementará el ya descontrolado ritmo de deforestación de la Amazonía y otros ecosistemas como El Cerrado de Brasil o El Chaco de Argentina y Paraguay”, ya muy afectados por la expansión del cultivo de la soja y la ganadería vacuna a gran escala.

Otro punto neurálgico y de batalla, según Kuchard, es el Tratado sobre la Carta de la Energía (TEC), acuerdo comercial y de inversiones que entró en vigor en abril de 1998, y del que son miembros cerca de 50 países, principalmente europeos pero también de Asia. “El tratado permite que los inversores extranjeros puedan demandar a los gobiernos signatarios por cualquier medida adoptada en el sector de la energía que consideren perjudicial para sus ganancias”, resume el informe Un Tratado para gobernarlos a todos, publicado en 2018 por Corporate Europe Observatory (CEO) y el Transnational Institute (TNI); las demandas no se resuelven ante los tribunales ordinarios, sino ante tribunales internacionales de arbitraje entre inversores y estados.

El documento señala que, entre 1998 y mediados de 2018, se habían producido al menos 114 demandas de inversores y multinacionales en virtud del TCE; y que, a finales de 2017, los gobiernos habían sido condenados/accedido a pagar 51.200 millones de dólares en concepto de daños. “El TCE es uno de los obstáculos más importantes para adoptar iniciativas contra el cambio climático por parte de los gobiernos”, concluye la Campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión.

El documento de CEO y el TNI cita ejemplos como el de la multinacional sueca Vattenfall, que presentó en 2012 una demanda contra el gobierno alemán (4.300 millones de euros más intereses) en concepto de indemnización, cuando el ejecutivo decidió el abandono paulatino de la energía nuclear (la compañía se basó en la pérdida de ganancias vinculada a dos de sus reactores nucleares); el informe añade que, en 2017, la empresa británica Rockhopper demandó al Estado de Italia, por la negativa a otorgarle una concesión para las perforaciones de gas y petrolíferas en un yacimiento del Mar Adriático (las reclamaciones se basan en gastos irrecuperables y expectativas de ganancias de la petrolera). Por otra parte, en una carta dirigida a la ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España, Teresa Ribera, la Campaña recuerda que el estado español es, en el marco normativo del TEC, el país más demandado del mundo; de las 46 demandas en relación con los recortes a las energías renovables, 13 habían sido resueltas cuando se remitió la carta (septiembre de 2019); 11 de los fallos resultaron favorables a los inversores extranjeros, lo que implica una condena -al estado español- al pago de cerca de 800 millones de euros en indemnizaciones. 

Por Enric Llopis

Rebelión

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Científicos de todo el mundo plantean seis medidas para hacer frente a la crisis climática

Más de 11.000 profesionales de 153 países suscriben un manifiesto para exigir acciones inmediatas. La declaración va acompañada de más de 40 años de datos que corroboran la emergencia medioambienta

 

En 1979, la comunidad científica se reunió en la que fue la primera conferencia mundial sobre el clima para alertar sobre el cambio climático. Cuarenta años más tarde, más de 11.000 científicos de todo el mundo han suscrito un manifiesto en el que declaran la emergencia climática y plantean seis medidas urgentes para hacerle frente. La declaración, publicada este martes en la revista 'Bioscience', va acompañada de un análisis científico que recopila datos de a lo largo de más de 40 años en los que se puede corroborar el deterioro de los "signos vitales" del planeta.

"Hemos pasado los últimos 40 años en negociaciones globales sobre este problema y, a pesar de ello, se ha seguido actuando como de costumbre; no se ha hecho nada para abordar esta crisis", exclama William Ripple, ecólogo de la Universidad Estatal de Oregón y uno de los impulsores del manifiesto. "La temperatura global está aumentando, los océanos se están calentando y el nivel del mar sube, aumentan los fenómenos meteorológicos extremos... El cambio climático ha llegado y se está acelerando más rápido de lo que muchos científicos esperaban", añade.

"Los científicos tienen la obligación moral de advertir a la humanidad de cualquier gran amenaza. Y, por lo que indican los datos, está claro que estamos ante una emergencia climática", argumenta Thomas Newsome, investigador de la Universidad de Sídney y uno de los firmantes del documento. Ante esto, la recién publicada declaración defiende que "mitigar y adaptarse al cambio climático significa transformar las formas en que gobernamos, administramos, comemos y obtenemos recursos y energía".

El manifiesto, más allá de constatar la gravedad de este problema, plantea seis medidas urgentes para abordar esta crisis medioambiental.

  1. Transición energética

El primer paquete de medidas propuesto por la comunidad científica se centra en la transición energética. Los expertos proponen, entre otras, reemplazar los combustibles fósiles por energías renovables limpias; frenar la extracción de recursos de las reservas de carbón, petróleo y gas natural, eliminar los subsidios a las compañías de combustibles fósiles e imponer tarifas lo suficientemente altas como para restringir el uso de este tipo de fuentes de energía no renovables.

  1. Freno a los gases contaminantes

Los científicos también instan a reducir de manera inmediata las emisiones de gases contaminantes como el carbono, el metano y los hidrofluorocarbonos, unos compuestos responsables del efecto invernadero. Esta medida, implementada de manera urgente, podría reducir a la mitad las estimaciones de calentamiento global para las próximas décadas.

  1. Protección de la naturaleza

Los expertos también reclaman un mayor compromiso con recursos naturales. Entre las medidas propuestas destaca la restauración y protección de ecosistemas como bosques, praderas y humedales. La conservación de estos espacios naturales, además de su valor intrínseco para el mantenimiento de la biodiversidad, contribuiría a la retención de dióxido de carbono atmosférico, un gas clave en el efecto invernadero.

  1. Cambios en la alimentación

La comunidad científica, una vez más, se posiciona sobre la necesidad de cambiar los hábitos alimentarios para hacer frente a la crisis climática. Hace unos meses, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de la ONU ya propuso reducir el consumo de carne para mitigar la huella ecológica. Ahora, los expertos reclaman una dieta basada principalmente en vegetales y con un menor consumo de productos animales. Este cambio podría reducir significativamente las emisiones de metano y otros gases de efecto invernadero y, a su vez, liberaría tierras agrícolas para el cultivo de alimentos humanos en lugar de alimentos para el ganado. Asimismo, los científicos piden frenar el desperdicio de alimentos, ya que, según las últimas estimaciones, hasta un tercio de todos los alimentos producidos terminan en la basura.

  1. Reforma del sistema económico

El manifiesto también sugiere cambios en la esfera económica. Entre las medidas propuestas destaca reformar la economía basada en los combustibles de carbono; reducir la extracción de materiales y la explotación de los ecosistemas para mantener la sostenibilidad de la biosfera a largo plazo; así como alejar los objetivos de crecimiento del producto interno bruto y la búsqueda de la riqueza e ir hacia un modelo de decrecimiento.

  1. Estabilizar la población

El último paquete de medidas propuesto por la comunidad científica intenta hacer frente al problema de la sobrepoblación. Los expertos instan a estabilizar la población mundial, que según las estadísticas aumenta en más de 200.000 personas por día, utilizando enfoques que garanticen la justicia social y económica.

Por Valentina Raffio

El periódico de Aragón

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11.000 científicos advierten a los líderes políticos del "sufrimiento indecible" que vaticina la crisis climática

En un artículo de la revista Bioscience explican que el cambio climático ha llegado antes, más acelerado y con consecuencias más graves

El texto conmemora la primera cumbre climática en Ginebra de 1979 donde ya se alertó sobre "signos alarmantes". Las emisiones de CO2 batieron su récord en 2018

Los investigadores repasan la evolución del cambio climático durante 40 años: "Es necesario un incremento inmenso de esfuerzos a gran escala", concluyen

 

Suben las apuestas. Ante la paradoja que implica que, mientras se acumulan los datos que confirman el calentamiento de la Tierra –responsable del cambio climático–, las emisiones de gases de efecto invernadero llegaran a su máximo histórico en 2018, un grupo de 11.000 científicos han firmado un artículo en el que advierten del "sufrimiento indecible" que vaticina la crisis del clima.

El texto, publicado este martes en la revista Bioscience, ha sido preparado por docenas de especialistas y apoyado por esos 11.000 investigadores de 153 países (incluida España). A modo de celebración del aniversario de la cumbre climática de Ginebra en 1979, el artículo recuerda que "la crisis ha llegado antes y está acelerándose más de lo que los científicos esperaban. Y es más grave de lo anticipado amenazando los ecosistemas y el futuro de la humanidad".

Arranca el documento diciendo que "los científicos tienen la obligación moral de alertar ante cualquier amenaza". Y declaran que "clara e inequívocamente el planeta Tierra afronta una emergencia climática". En sus párrafos y mediante gráficos aportan a los "responsables políticos" además de al público en general toda una batería de datos que ilustran el cambio climático durante los últimos 40 años."La crisis climática está estrechamente vinculada al consumo excesivo del estilo de vida rico", concluyen. 

El artículo explica que en la primera Conferencia Mundial del Clima celebrada en Ginebra (Suiza) hace 40 años, en 1979, ya se acordó que se detectaban "signos alarmantes del cambio climático que hacían urgente actuar". Alertas similares se repitieron en citas históricas como en Río de Janeiro (1992), el Protocolo de Kioto (1997) y el Acuerdo de París (2015). "Sin embargo, las emisiones de gases de efecto invernadero están todavía creciendo rápidamente", subraya el texto. "Es necesario un incremento inmenso de esfuerzos a gran escala para conservar la biosfera de manera que se evite un sufrimiento indecible debido a la crisis climática", sentencian.  

A pesar de estas cuatro décadas de negociaciones climáticas, "y salvo alguna excepción, hemos visto que las cosas seguían como estaban". De hecho, este lunes, EEUU notificó oficialmente que inicia el proceso para abandonar el Acuerdo de París.

Por Raúl Rejón

05/11/2019 - 18:18h

Martes, 05 Noviembre 2019 06:19

La mujer resistente al alzhéimer

 María Nelly (derecha), una de las pacientes con alzhéimer hereditario de Antioquía (Colombia) que participa en el estudio de esta enfermedad liderado por Francisco Lopera, junto a su hija Yaned. Steve Russell/Getty Images

 El hallazgo de una paciente casi inmune a la demencia hereditaria temprana abre el camino hacia nuevos tratamientos

Durante generaciones, miles de habitantes de la región colombiana de Antioquia han vivido una de las peores maldiciones que puedan imaginarse. Todos ellos tienen una mutación en el gen de la presenilina 1 que hace que con un 99,9% de probabilidades desarrollen alzhéimer poco después de cumplir los 40 años. El hecho de que gran parte de Antioquia haya sido una región de difícil acceso durante siglos ha favorecido el aislamiento de sus habitantes y ha extendido la enfermedad debido a que muchos están emparentados. Desde que el neurólogo colombiano Francisco Lopera descubrió esta situación hace 30 años, este departamento se ha convertido en el epicentro de la búsqueda del primer tratamiento efectivo contra el alzhéimer hereditario y, posiblemente, también contra su variante esporádica, la más común.

El alzhéimer es devastador por muchas razones. Comienza de forma silenciosa unos 20 años antes de que aparezca ningún síntoma y una vez se diagnostica es demasiado tarde para revertirlo. Aunque se han hecho múltiples intentos de conseguir un fármaco efectivo aún no existe ninguno y muchas grandes farmacéuticas han desistido de desarrollar nuevos fármacos tras resultados negativos. Su incidencia va en aumento por el envejecimiento de la población. Solo en España 800.000 personas sufren la enfermedad y cada año se diagnostican 40.000 casos nuevos, según la Sociedad Española de Neurología. Ni siquiera están claras sus causas.

“En Colombia conocemos ya unos 6.000 miembros de la misma familia, todos emparentados, que tienen esta mutación, así que podemos hacer estudios estadísticamente significativos para demostrar si un fármaco contra el alzhéimer funciona o no”, explica Kenneth Kosik, investigador de la Universidad de California en Santa Bárbara. En 2013 arrancó en Antioquia un ensayo clínico con casi 300 personas, unas con la mutación, otras sin ella, para demostrar si el fármaco crenezumab, desarrollado por la biotecnológica californiana Genentech, propiedad de Roche, puede evitar el alzhéimer. Es un estudio casi imposible de realizar en ningún otro lugar del mundo, pues aquí los médicos saben quién desarrollará alzhéimer con casi total seguridad. Los resultados se esperan para 2022, pero gracias a los análisis médicos de los participantes se ha identificado a la única persona resistente a la mutación patológica y la enfermedad que provoca.

Se trata de una mujer que ahora tiene 73 años y que es la primera entre 6.000 portadores conocidos de la mutación que llegó a los 70 años sin rastro de alzhéimer, explican Lopera, Kosik y otros investigadores de Colombia y EE UU en un estudio publicado hoy en Nature Medicine. La mujer ha pedido a los médicos y científicos que no desvelen su identidad porque quiere mantener su anonimato.

Cuando los responsables del trabajo estudiaron el cerebro de esta mujer, vieron que estaba atestado de proteína beta amiloide, el primer marcador molecular del alzhéimer. Estas placas seniles se empiezan a formar 10 o incluso 20 años antes de que la persona sienta ningún síntoma. Pero para que alguien tenga alzhéimer diagnosticado debe haber un segundo marcador que aparece posteriormente: los ovillos de proteína tau que impiden que las neuronas se comuniquen entre sí y que, por un mecanismo que aún no está claro, podrían desencadenar la muerte neuronal y la destrucción de la memoria que caracteriza la enfermedad, que es la principal causa de demencia a nivel mundial. La paciente colombiana tenía unos niveles de tau muy bajos y no desarrolló alzhéimer.

Los investigadores han averiguado cómo se origina la resistencia de esta paciente al alzhéimer a nivel molecular. Esta mujer lleva dos copias del gen APOE 3 Christchurch, una variante rarísima del gen APOE 3. El APOE es el gen que más contribuye al alzhéimer y existen tres alelos, o variantes. La 2 da menos riesgo de lo normal de sufrir alzhéimer, la 4 lo aumenta significativamente, y la 3 es más o menos neutral. Después de analizar el cerebro de la paciente con máquinas de resonancia magnética, secuenciar su genoma y realizar otras pruebas, la colombiana Yakeel Quiroz, investigadora del Hospital General de Massachusetts, en Boston, ha desarrollado un anticuerpo que imita el efecto de la mutación que llevaba esta paciente. Esto ha desvelado cómo puede ejercer su función protectora.

 “Lo que hemos visto es que la proteína que genera el gen APOE de esta paciente interfiere en la unión de las proteínas APOE y HSPG, que fomenta la acumulación de proteínas amiloides y también tau”, explica Quiroz. Esto puede explicar por qué aunque su cerebro mostraba el primer marcador clásico del alzhéimer, no había muestras del segundo y las neuronas conservaban toda su funcionalidad a pesar de que en teoría el cerebro debería estar devastado por el alzhéimer desde hace 30 años. En su estudio, los investigadores dicen que se podría desarrollar un anticuerpo similar u otra molécula que reproduzca este mecanismo para probar si funciona como primer tratamiento contra el alzhéimer hereditario y, posiblemente, también el esporádico.

Quiroz advierte de que es muy pronto para que este descubrimiento pueda ayudar a las personas que sufren la enfermedad en la actualidad y explica que es necesario aún mucho trabajo. El siguiente paso es caracterizar a la perfección el mecanismo molecular detrás de este efecto protector y, a continuación, empezar un ensayo clínico en pacientes con una molécula que lo imite para ver si también puede proteger a personas que no tienen la mutación de esta paciente. Aunque a nivel molecular el alzhéimer hereditario y el esporádico son muy parecidos, dice Quiroz, también hay que demostrarlo. Es un proceso que en el mejor de los casos puede llevar cinco o incluso 10 años, señala. “La paciente tiene ahora 73 años y vemos que ha empezado a mostrar signos de demencia leve, pero aún así es espectacular, pues debería haber sufrido la enfermedad hace 30 años. Si pudiéramos imitar lo mismo en la población general retrasaríamos la aparición de la enfermedad tres décadas”, resalta. Quiroz añade que tiene hijos, por lo que probablemente hay más personas que llevan su mutación protectora y ahora están intentando encontrarlas.

Otro de los objetivos es encontrar la familia en la que se originó la mutación que condena a sufrir alzhéimer. Kosik explica que su equipo piensa que la variante genética llegó a América desde España con los conquistadores, hace 500 años. Su equipo está colaborando con científicos españoles para intentar localizar familias españolas en las que también haya alzhéimer hereditario, quizás debido a la misma variante en el gen de la presenilina 1. Otra opción es que esa mutación "se haya extinguido", reconoce.

Expertos independientes consultados sobre el trabajo destacan su interés, pero piden cautela. “El trabajo abre claramente un enfoque terapéutico”, opina Alberto Rábano, director del banco de cerebros de la Fundación CIEN, con 155 órganos donados por pacientes del Centro Alzhéimer Fundación Reina Sofía. El experto destaca que este trabajo refuerza la idea de que es la acumulación de la segunda proteína patógena, la tau, la que desencadena la dolencia. “Hay que tener mucha prudencia porque aquí solo se muestra una de las posibles vías por las que aparece la enfermedad, pero tener una sola forma de evitar la acumulación de proteína tau es algo muy importante. Un fármaco de este tipo sería el que habría que dar a las personas con deterioro cognitivo leve a las que hoy en día no podemos ofrecer nada. Este descubrimiento nos obliga a explorar este camino”, resalta.

Desde el punto de vista del conocimiento de la enfermedad, el estudio es importante porque “muestra que hay factores genéticos protectores ante la dolencia”, destaca Jesús Ávila, director científico de la Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas. Ávila señala que en 2012 se identificó otra mutación en personas de Islandia que les protegía de los efectos de otra forma de alzhéimer hereditario, en este caso provocado por un defecto en el gen de la proteína precursora amiloidea. Al igual que en Antioquia, este tipo de defectos se hicieron más prevalentes en los islandeses debido al aislamiento de su población y la consanguineidad.

Carlos Dotti, experto en alzhéimer del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, explica que “estos mecanismos no solo están presentes en esta paciente gracias a su mutación, sino que también están fuertemente operativos en individuos de edad avanzada”. “La mayoría de personas de más de 80 años no desarrolla alzhéimer a pesar de que en muchos de ellos la cantidad de placas de amiloide es muy alta, tanto o más que en individuos que sí desarrollaron demencia. Una de las explicaciones más lógicas a la falta de demencia en un ambiente con gran cantidad de amiloide es la robustez de mecanismos de defensa. Lamentablemente, no hay trabajos que demuestren la importancia en los mecanismos de resiliencia para evitar el desarrollo de alzhéimer, pero este estudio sugeriría que mecanismos parecidos al que protege a esta señora podrían estar involucrados”, añade.

Por Nuño Domínguez

5 NOV 2019 - 04:02 COT

EEUU notifica formalmente su salida del Acuerdo de París contra el cambio climático

El Gobierno estadounidense inicia los trámites legales para abandonar el esfuerzo internacional para frenar el calentamiento global

El presidente norteamericano Donald Trump renegó del acuerdo durante su candidatura, anunció que sacaría al país en 2017 y ha aprovechado la primera oportunidad legal

eldiario.es

04/11/2019 - 21:57h

EEUU ha formalizado este lunes su salida del Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático, según informan medios estadounidenses. El Gobierno norteamericano ha hecho oficial el anuncio que realizó hace algo más de una semana: comienza la desconexión legal del país del acuerdo alcanzado en la capital francesa en 2015. Un largo deseo del presidente Donald Trump.

Trump ha aprovechado la primera ventana legal para iniciar los trámites. El propio texto internacional marcaba que las partes que lo hubieran ratificado solo podrían salirse pasados cinco años. En 2020 se cumple el primer lustro de vigencia y EEUU ha comunicado oficialmente que se marcha. 

El Donald Trump candidato llamo "cuento chino" al cambio climático. Luego, una vez tomó posesión, ha admitido que hay algún problema con el clima, pero en junio de 2017 realizó una proclamación solemne sobre su intención de abandonar el Acuerdo de París para salvaguardar la economía de su país. 

Mientras ha llegado esta puerta legal de salida, las delegaciones estadounidenses han acudido a las diferentes cumbres climáticas de la ONU y ha intentado introducir el nuevo discurso de su administración sobre los combustibles fósiles. La COP25 del próximo diciembre en Madrid puede ser la última a la que asistan.

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La periodista Sharon Lerner.

Una investigación en The Intercept muestra las estrategias de las compañías de petróleo y de bebidas para evitar las regulaciones contra el plástico

 

La neoyorkina Sharon Lerner lleva años investigando por qué hemos acabado rodeados de plástico. Su experiencia en reportajes sobre medio ambiente y  productos químicos, algunos de ellos ganadores de varios premios como el que realizó sobre el Teflon, le han demostrado que hay que buscar más allá de lo que vemos.  Como buena periodista, Lerner ha aplicado la famosa máxima de su oficio: “sigue el rastro del dinero” y ha advertido que los 4 billones de dólares que mueve la industria del plástico han ejercido un papel fundamental para que hoy en día se generen más de 300 millones de toneladas de este material. Uno de sus últimos trabajos, que acaba de aparecer en la publicación de periodismo de investigación The Intercept, relata las estrategias de las compañías de petróleo y de bebidas para evitar las regulaciones contra el plástico y revela que la medida favorita de los supermercados y de muchas políticas, el reciclaje, tiene en realidad un lado mucho menos conocido.

¿Quiénes están detrás de los enormes beneficios del plástico?

Los plásticos están compuestos en su mayoría por combustibles fósiles, bien sea carbón, petróleo o gas. Aunque normalmente no lo relacionamos, muchas de las compañías que asociamos a estos combustibles, como Exxon Mobile, Chevron o Shell, están detrás de la producción de plásticos. De hecho, constituyen una de sus mayores fuentes de beneficios.

¿Cómo no nos dimos cuenta de que acabaríamos con un problema de basura tan inmenso?

En realidad sí que hubo una reacción entre los años 50 y 70, al menos en Estados Unidos. Con el aumento de la producción, se empezó a tener conciencia de que los plásticos tenían que desecharse en algún sitio, ya que era un material que no se desintegraba fácilmente, y hubo oposición. Muchos entendieron que, la misma durabilidad que hacía atractivos a los plásticos, creaba un problema ya que podían tardar cientos de años en desaparecer. Y hoy hasta esto es discutible porque parece que lo que ocurre es que el plástico se va descomponiendo en piezas cada vez más pequeñas que acaban en el aire, el agua, la tierra, nuestra comida y hasta nuestros cuerpos.

También en esa época surgió una campaña de anuncios financiada por las compañías de bebidas que empezó a responsabilizar al consumidor de la basura que se estaba generando, ¿qué ocurrió?

A finales de los años 60, varios activistas propusieron un impuesto para las botellas de usar y tirar, y sugirieron que fueran las propias compañías las que se responsabilizaran de la gestión de su propia basura. Como respuesta,  las empresas de bebidas y envases crearon una campaña de marketing con anuncios en televisión a través de la organización Keep American Beautiful, que denunciaba a las personas por no ocuparse de su basura.

¿Qué es lo que pretendían?

Se buscaba responsabilizar al consumidor de la basura y hacer que se sintiera culpable. Uno de esos spots, The Crying Indian (El indio que llora), se convirtió en un anuncio emblemático en Estados Unidos y he encontrado otro anuncio muy representativo de la misma campaña, en el que directamente se compara a la gente con cerdos. Lo curioso es que  las compañías que estaban financiando estos spots, Coca-cola, Pepsi-cola y otros fabricantes de bebidas, al mismo tiempo luchaban contra los impuestos en las botellas de usar y tirar, que es lo que realmente hubiera creado una diferencia.

Coca-Cola ha vuelto a ocupar el primer lugar en el ranking de compañías que más contaminan, según el nuevo informe global que elabora cada año la organización Break Free From Plastic.

Coca-cola es la empresa que más contamina, produciendo hasta tres veces más plástico que las siguientes tres compañías juntas. Hoy en día produce 117.000 millones de botellas de plástico al año. Es importante que miremos la historia para saber por qué estamos aquí, ya que las cosas podrían haber sido diferentes.

Aunque las estrategias se han refinado, ¿por qué la industria del plástico defiende el reciclaje?

Es una manera de dar una imagen de preocupación por el medio ambiente y al mismo tiempo no implica ninguna responsabilidad financiera por su parte ni supone la reducción de la producción de plástico. Las compañías han ensalzado el reciclaje como la única solución pero, aunque parezca una medida fantástica, en la realidad no es posible.

¿Qué problemas tiene el reciclaje del plástico?

En Estados Unidos, por ejemplo, en el año que más plástico se recicló no se llegó ni al 10% de lo que se había consumido. Aunque estamos promoviendo el reciclaje, en realidad no tenemos un sistema para gestionarlo. Y esos plásticos que usamos muchas veces acaban en países más pobres donde se exportan.

En su investigación, usted ha hablado con muchos representantes de la industria. ¿Acaso ellos no están también preocupados?

Yo creo que mucha gente en la industria es consciente de la envergadura del problema. El público está más preocupado y la prohibición de China a seguir aceptando el plástico de Europa y Estados Unidos ha contribuido a que se haga más visible. Además, las redes sociales ofrecen imágenes devastadoras como las del video de la tortuga con la pajita de plástico incrustada en su nariz. Muchas de las personas que trabajan en la industria del plástico viven en una especie de conflicto.

Sin embargo, las soluciones no llegan. ¿Hay avances en las medidas que se proponen?

Las soluciones al plástico que propone la industria siempre implican continuar con su producción e incluso incrementarla exponencialmente. Una de sus propuestas favoritas, el reciclado químico –que se trata de un proceso en el que los plásticos se descomponen en sus elementos para ser usados de nuevo como combustible– supone un sistema muy ineficiente que requiere del uso de mucha energía y para el que aún no se tiene la tecnología para hacerlo rentable. No se proponen medidas genuinas que, como la mayoría de los expertos señalan, solo puede venir de crear menos plástico.

Por Laura Rodríguez

03/11/2019 - 17:42h

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Adictos al CO₂: cómo cambiar un modelo económico que lleva al desastre

La descarbonización de la economía es urgente. Los expertos proponen medidas fiscales, arancelarias o financieras para que las empresas reduzcan sus emisiones

Tic, tac, tic, tac... La cuenta atrás para salvar el planeta avanza de manera inexorable. Cada año se liberan en el mundo 53,4 gigatoneladas de gases de efecto invernadero, un 78% de los cuales corresponden a emisiones de dióxido de carbono (CO2). Si continúa el actual ritmo de contaminación atmosférica, las temperaturas medias en el año 2100 aumentarían entre 4,1 y 4,8 grados, según los cálculos del consorcio científico Climate Action Tracker.

Revertir la situación actual se antoja difícil, ya que el modelo económico se ha vuelto adicto al CO2. Si en 1950 las emisiones de dióxido de carbono solo eran de cinco gigatoneladas, actualmente superan las 40 gigatoneladas. Además, al analizar el origen de esos gases, la conclusión es que la culpabilidad del calentamiento global está muy concentrada: por países, cuatro naciones o zonas económicas (China, EE UU, UE e India) generan el 60% de las emisiones; por fuentes energéticas, el 80% de las mismas proceden del uso del carbón y del petróleo; y por sectores, la industria y el transporte son responsables del 50% del total, según datos de un reciente informe de Citigroup. Sin intervención política, el crecimiento de las emisiones es imparable en la medida en que la población mundial aumenta y millones de personas se incorporan a la clase media, factores que generan automáticamente una mayor demanda energética. Sobre la mesa empiezan a ponerse propuestas para, en un primer momento, reducir el dióxido de carbono y, a medio plazo, aspirar a una economía de emisiones cero. ¿Querrá alguien ponerle el cascabel al gato?

Solucionar el cambio climático podría ser tan sencillo y tan complejo como aplicar una suma. Según los economistas, para dejar de usar hidrocarburos basta con incorporar en el precio su gigantesco coste ecológico. Según los políticos, nada como una subida en los combustibles para inducir una revuelta. Ted Halstead se ha propuesto despejar la parte compleja de esa ecuación. Desde su Climate Leadership Council, lleva todo el año haciendo circular entre demócratas y republicanos de Washington una iniciativa para fijar un impuesto al carbono que los dos partidos podrían aceptar: incorpora una cláusula anti revuelta social —repartir entre los contribuyentes todo lo recaudado— y cuenta con el visto bueno de Shell, ExxonMobil y British Petroleum, por citar solo tres de las grandes petroleras que figuran en la web de este think tank. “La clave de nuestro programa es que es pro empresa, porque también propone eliminar toda la regulación que se volvería innecesaria con un impuesto al carbono”, explica Halstead en conversación telefónica.

Halstead estima que un 70% de las familias estadounidenses tendrá más ingresos disponibles después de su impuesto. No sólo por la devolución prevista de 2.000 dólares por familia y año sino porque el encarecimiento de los hidrocarburos con relación a las alternativas de energía limpia desincentivará su uso. De acuerdo con los cálculos elaborados por su organización, si el impuesto comienza a aplicarse en 2021, Estados Unidos lograría para 2025 una reducción de 32% en sus gases de efecto invernadero, cuatro puntos porcentuales por encima del objetivo comprometido en el Acuerdo de París.

Demasiado bonito para ser cierto si no fuera por el respaldo de 27 premios Nobel, dos ex secretarios de Estado republicanos (James A. Baker y George P. Shultz), y economistas de la talla de Larry Summers, Janet Yellen y Ben Bernanke, que ven en el crecimiento paulatino del impuesto una forma de dar a la industria las certezas y el tiempo que necesitan para adaptarse. Con un valor de 43 dólares por tonelada de dióxido de carbono emitida (según Halstead, unos 9,5 centavos de dólar por litro de gasolina), el plan es hacer aumentar la tasa a un ritmo del 5% anual.

“Todo el mundo entiende que tenemos que solucionar el problema del clima y lo que estas empresas quieren es resolverlo de la manera más eficiente posible”, dice quien pasó dos años arreglando “reuniones privadas” entre las partes para llegar a un acuerdo. Además de las petroleras y los economistas, el Climate Leadership Council tiene el visto bueno del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y el Instituto de Recursos Mundiales (WRI), entre otras importantes organizaciones ecologistas.

Ritmo lento

Lo cierto es que la solución de ponerle un precio al carbono para desincentivar los hidrocarburos está ganando impulso en todo el mundo. Según un informe publicado en junio por el Banco Mundial, de los ocho países que lo hacían en 2004 se ha pasado a un total de 46, sin contar con otras 28 jurisdicciones territoriales que han comenzado a penalizar con un precio la emisión de gases de efecto invernadero. Un 20% de las emisiones mundiales, dice el informe, ya están sujetas a imposición. El problema, dicen, es que los gravámenes siguen siendo demasiado bajos como para hacer cumplir el Acuerdo de París. De acuerdo con las estimaciones del Banco Mundial, para lograr las reducciones prometidas, los precios del carbono tendrían que estar ya entre los 40 y 80 dólares por tonelada.

En dicho informe, España aparece desde 2014 con una tasa de 17 dólares por tonelada de carbón para algunos tipos de hidrocarburos, pero la experiencia más conocida es sin duda la de British Columbia. La provincia del oeste canadiense lo aplicó de forma generalizada y con aumentos anuales. Empezaron en 2008 con 10 dólares canadienses por tonelada emitida y llegaron en 2012 a 30 dólares canadienses. Igual que la propuesta del Climate Leadership Council, British Columbia también incorporó la idea de devolver a los contribuyentes lo recaudado. Según estimaciones de la Universidad de Ottawa, en ese período logró reducir las emisiones totales de la provincia entre un 5% y un 15% sin perjudicar el crecimiento económico.

Pero encarecer la energía de todo un país es más difícil porque significa perder competitividad con relación a los bienes de otros lugares que no han sufrido ese sobrecoste. Para solucionarlo, la propuesta del Climate Leadership Council contempla la posibilidad de un arancel. “Si EE UU y Europa lo hacen, Canadá se va a sumar y no habría problema porque estaría dentro de lo que permite la Organización Mundial del Comercio”, según Halstead.

El economista Ian Parry, experto en política fiscal medioambiental del FMI, no piensa igual. En su opinión, sí puede haber un problema con el arancel y es el de la dificultad de cálculo. El ejemplo más evidente (y real) es el de un producto fabricado con componentes de varios países, cada uno de ellos con matrices energéticas en las que hay hidrocarburos y renovables. Según Parry, no es el único inconveniente. La rigidez del arancel, dice, terminaría discriminando a los productos de países que reducen sus emisiones vía regulación en vez de poniéndole un precio al carbono.

Parry coincide en que el impuesto al carbono es una de las herramientas más eficaces para reducir emisiones aunque no la única. “Para no aumentar tanto los gastos energéticos, se podría gravar con impuestos las formas de generación de electricidad que sobrepasen una franja de emisiones y subvencionar las que estén por debajo de esa franja”, señala. Y para sustituir la propuesta del arancel, propone un convenio internacional entre los mayores contaminantes: “Si los países principales imponen el impuesto a la vez se terminan las preocupaciones sobre la competitividad”.

La revuelta de los chalecos amarillos en Francia es uno de los fantasmas que sobrevuela cada vez que alguien habla de subir el precio de los combustibles. También, el argumento de Halstead para justificar el reparto integral de la recaudación. Pero, según Parry, el aumento en el precio del diésel no fue el único causante de la protesta contra el Gobierno de Emmanuel Macron. En su opinión, el impuesto habría tenido más aceptación si el encarecimiento de los combustibles hubiera sido paulatino y sin coincidir con una reforma impositiva que parecía favorecer a los ricos.

Parry no cree que haya que devolver absolutamente todo lo recaudado, una parte de la propuesta del Climate Leadership Council que considera “dogmática”, pero es consciente de la necesidad de presentar un impuesto políticamente viable. Para lograrlo sugiere que parte del dinero se devuelva a los más afectados por la tasa pero que también pueda destinarse a hospitales, carreteras, inversiones productivas o en energías renovables. “Es algo muy específico que variará de país en país, pero devolver todo lo recaudado no es la única forma de conseguir el apoyo político necesario”, dice.

Otras alternativas

El impuesto al carbono no es la única fórmula diseñada por economistas para reducir el uso de hidrocarburos. La Unión Europea logra un objetivo similar mediante el mercado de derechos de emisión (además de los impuestos sobre el carbono que varios Estados miembros aplican de forma puntual). En el mercado de derechos, con el que China también está experimentando, se establece un máximo de emisiones de CO2 por industria y año. Las empresas que emiten menos de lo que tenían autorizado venden a las que se pasan los derechos de emisión inutilizados. De esa forma, las que necesitan emitir más terminan pagando un plus por su carbono; las que reducen sus emisiones tienen el incentivo de un ingreso extra; y las autoridades saben exactamente el nivel de reducción anual de CO2.

El problema es que durante mucho tiempo el precio fijado libremente para intercambiar esos derechos fue demasiado bajo: desde 2012 hasta 2018 no llegó a los 10 euros por tonelada de CO2. Según la directora del Centro de Energía, Clima y Recursos del Ifo Institut de Múnich, Karen Pittel, se lograba el objetivo de reducción de emisiones, pero las empresas “no invertían lo suficiente en desarrollar las infraestructuras limpias que necesitaban para enfrentar las futuras reducciones de emisiones”. Traducido en términos de mercado, el precio de los derechos de emisión no estaba bien valorado y se corría el riesgo de sufrir un salto abrupto cuando las empresas comenzasen a tener problemas con sus objetivos de reducción.

Aunque ese peligro está hoy parcialmente neutralizado, con las emisiones cotizando en torno a los 25 euros por tonelada en la UE, el precio de contaminar sigue lejos de las estimaciones del Banco Mundial para evitar un calentamiento superior a 1,5 grados. Por suerte, para luchar contra el cambio climático también hay herramientas financieras. Además de los bonos verdes para inversiones sostenibles, que en los ocho primeros meses de 2019 recaudaron 150.000 millones de dólares, la novedad en ese campo es el programa lanzado por el Consejo de Estabilidad Financiera en Basilea (FSB) para homogeneizar y publicar información sobre los riesgos corporativos frente al cambio climático. El primer objetivo del TCFD, como se llama el programa por sus siglas en inglés, es mejorar la valoración de los riesgos del calentamiento. En última instancia confían en que sirva también para redirigir flujos de capitales hacia inversiones sostenibles.

Según James Rydge, de la London School of Economics (LSE), los esfuerzos de adaptación de las empresas no servirán de nada si no incluyen a los empleados. “Si uno se olvida de las personas y solo se concentra en reducir emisiones corre el riesgo de dar alas a gente como Trump y otros populistas que terminan significando un retroceso para la lucha contra el calentamiento”, advierte. Rydge se ocupa de formar a inversores institucionales para que incluyan la variable social en sus decisiones. “A los que son dueños de grandes partes de empresas, les decimos que pueden hacer presión sobre los consejos de dirección para asegurarse de que tienen buenas políticas sociales y buenos programas de transición para los empleados; y a los que están decidiendo dónde poner su dinero o de dónde sacarlo, les formamos para que tengan en cuenta si entran o salen de empresas con políticas justas para los trabajadores”, comenta.

Volviendo a la propuesta del Climate Leadership Council, su novedad es haber conseguido el apoyo de republicanos, ecologistas y petroleras. Según Halstead, su solución es la favorita de las empresas porque se aplica a todas por igual, de acuerdo con un cronograma y sin un gobierno eligiendo ganadores y perdedores. Pero aceptar un plan de imposición progresiva no significa que las petroleras dejen de velar por su negocio. Y eso, según las tesis del economista alemán Hans-Werner Sinn, podría convertirse en un obstáculo para el mismo impuesto que dicen apoyar.

En su libro La paradoja verde, Hans-Werner Sinn describió cómo la amenaza de imposiciones futuras puede acelerar la extracción de hidrocarburos hoy. Y cuando el exceso de oferta hace bajar los precios, se corre el riesgo de neutralizar el encarecimiento buscado con el impuesto. De hecho, según Pittel, podríamos estar ya inmersos en una paradoja verde: “Podría ser que las petroleras ya estén temiendo políticas más estrictas en el futuro y prefieran vender hoy el petróleo a un precio inferior”, subraya.

Halstead no cree que eso vaya a ocurrir con la propuesta del Climate Leadership Council porque su plan contiene una cláusula que lo protege de hidrocarburos excepcionalmente baratos: si no logran los objetivos de reducción programados, dice, los impuestos se modificarán al alza. ¿Pero hasta qué nivel habría que subirlos? En un estudio publicado en 2016, el economista del MIT Cristopher Knittel argumentaba que la bajada en los precios del petróleo habría hecho necesario un impuesto de 700 dólares por tonelada de carbono para que en Estados Unidos el coche eléctrico fuera competitivo frente al tradicional.

Afortunadamente, dice Knittel, el coste de las baterías ha bajado desde entonces y los vehículos eléctricos están mucho más cerca de convertirse en una buena decisión económica, además de ecológica. “En Estados Unidos, cuando haya un impuesto de unos 50 dólares por tonelada empezaremos a ver a los consumidores pasándose a los híbridos enchufables”, dice en referencia a los coches que llevan baterías para viajes de hasta 50 kilómetros junto a un motor de combustión para trayectos más largos.

Consumidores, votantes, multinacionales, ecologistas y políticos de partidos enfrentados... Ponerlos a todos de acuerdo no va a ser fácil pero tal vez no haya otra solución si el objetivo es detener la catástrofe. “Nunca antes hubo una coalición como esta”, dijo Halstead sobre su alianza de petroleras y ecologistas. Tal vez sea cierto. Lo que es seguro es que nunca antes hizo tanta falta.

Por Francisco de Zárate

Madrid 2 NOV 2019 - 18:31 COT

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Ecoansiedad: cuando el colapso climático produce depresión

Algunos científicos británicos han reclamado, a través de una carta, apoyo psicológico para poder afrontar la realidad de sus propias investigaciones. La crisis climática, un problema multidimensional, también puede tener graves consecuencias negativas para la salud mental: ansiedad, depresión o, incluso, suicidios.

 

La crisis climática está derritiendo los polos, extinguiendo especies, colapsando ecosistemas, enturbiando los aires de gases contaminantes, provocando conflictos humanitarios y dando pie a pugnas por el control de unos recursos cada vez más escasos. La situación de emergencia es total. Los efectos del calentamiento global se extienden como un cáncer sin dejar ni un poso de naturaleza inmaculada. Pero las consecuencias del antropoceno –una época geológica marcada por los impactos del ser humano en la naturaleza– también llegan a las mentes, que se ven acorraladas por una suerte de ansiedad que nace de la mezcolanza de miedos y frustraciones ante el colapso de la vida que anuncia la ciencia.

El conocimiento de la encrucijada climática y el estudio intensivo puede suponer, si no hay un tratamiento emocional oportuno, un problema para la salud mental de aquellas personas que guardan un cierto apego con la naturaleza y los entornos. Tanto es así, que el pasado mes de septiembre los científicos británicos Timothy A.C. Gordon, Andrew N. Radford y Stephen D. Simpson publicaron una carta en la revista Science en la que reclamaban apoyo psicológico para poder digerir los resultados negativos de algunas de sus investigaciones.

“La ilusión generalizada de que los científicos deben ser observadores desapasionados está peligrosamente equivocada. Por el contrario, el dolor y la recuperación postraumática pueden fortalecer la resolución e inspirar la creatividad científica. Para comprender y encontrar soluciones para nuestros ecosistemas naturales cada vez más dañados, los científicos ambientales deben poder llorar y recibir apoyo a medida que avanzan”, escribían los expertos.

Esta situación, no obstante, no se restringe sólo a personas vinculadas a la ciencia y al estudio académico del cambio climático. La creciente ola ecologista ha provocado que la ecoansiedad también afecte a la salud mental de algunas personas concienciadas con el devenir del planeta. “Te sientes muy pequeño, sin capacidad de hacer nada”, expone Paula Mancebo, una joven de 20 años que se ve atosigada por un sentimiento depresivo fruto de la coyuntura ecológica del momento. “Tengo épocas de no poder dormir y tener pesadillas sobre el tema”, añade.

En cierta medida, ese desasosiego emocional va ligado una sensación de frustración debido al escaso poder de las acciones individuales. “En mi caso va asociado a un fuerte sentimiento de culpa, especialmente cuando hay una noticia de una catástrofe natural o aprendo algo nuevo sobre el tema”, explica esta estudiante, que ha visto en la creciente movilización social climática una buena válvula de escape.

Alejandro Martínez, uno de los portavoces de Fridays For Future (FFF) también reconoce padecer una congoja emocional derivada de la incertidumbre climática del momento. “Los mayores picos de ansiedad vienen en ese momento en el que leo algún informe o algún reportaje y contrasto con la falta de voluntad política para buscar soluciones”, argumenta, para describir la aflicción como “una especie de opresión” que dice sentir “de una forma muy continuada”.

Más calor, más suicidios

Las acciones del ser humano sobre la tierra, supeditadas al uso constante de combustibles fósiles, están provocando un aumento de las temperaturas de la Tierra. Sin embargo, la subida de los termómetros globales no sólo está empezando a desvelar repercusiones materiales y físicas, sino que también empieza a causar estragos en la salud mental.

Así lo refleja una investigación científica publicada por la revista Natureque refleja cómo las subidas de temperaturas guardan una relación con un aumento de la tasa de suicidios (del 0,7% en los condados de EEUU analizados y del 2,1% en las regiones mexicanas estudiadas).

Aunque se trata de cifras difícil de vincular, los análisis de esta investigación reflejan también cómo durante los meses en los que el calor incrementa los comportamientos sociales, estudiados a través de comentarios en las redes, se tornan más pesimistas. ”El análisis del lenguaje depresivo en más de 600 millones de actualizaciones de redes sociales sugiere que el bienestar mental se deteriora durante los períodos más cálidos”, defiende el estudio.

Las depresiones y los picos de estrés se podrían convertir en un problema social cada vez más común como resultado del incremento de catástrofes naturales que traerá consigo el cambio climático. Aunque los suicidios por causa del aumento de las temperaturas son una de las consecuencias más estudiadas por los expertos, la lista de elementos traumáticos es bien grande. Entre ellos, la psicóloga Susan Clayton cita en un reciente artículo los efectos que las migraciones forzadas pueden tener en las mentes, además de los conflictos emocionales ligados a la falta de acceso a los recursos naturales.

Esta es una realidad importante, si se tiene en cuenta el último informe de las ONU que estimaba que el cambio climático y la subida de los niveles del mar podría obligar a cerca de 1.500 millones de personas a verse desplazadas de sus territorios.

Tejer mecanismos de resiliencia

La realidad de la catástrofe se presta difícil de afrontar y, en ocasiones, la ciudadanía recurre al zapping cuando los huracanes desolan ciudades costeras y se dedica a pasar con desgana las páginas que recogen los últimos informes científicos. En cierta medida, esta evitación de la realidad climática ha llevado a las sociedades a entender los fenómenos meteorológicos como problemas aislados y disociados de las acciones globales de los seres humanos, tal y como denunciaba Naomi Klein en La doctrina del Shock.

Esta otra práctica, la de negacionismo, se asocia a un mecanismo de “indefensión aprendida”, según explica Miguel López-Cabanas, doctor en psicología. “Hay un cierre perceptivo del riesgo, que es lo que pasaba con el tabaco hace muchos años”, expone el experto. “Se puede producir el fenómeno de ansiedad si ese riesgo se ve que es tan elevado y no se puede hacer nada para evitarlo”, añade.

En ese sentido, se debe trazar un eje de actuación que permita evitar la caída en el negacionismo, pero que también sea capaz de que los individuos no se sientan desbordados por un problema tan multidimensional como el cambio climático. Así lo entiende este experto en psicología social, que pone énfasis en la necesidad de desarrollar resiliencia para amortiguar el impacto emocional que puedan generar los cambios provocados por una crisis climática cada vez más irreversible.

"Es preciso que se que se den todos los datos reales y las proyecciones de los mismos, pero también hay ofrecer alternativas para fomentar conductas de afrontamiento. Eso se desarrolla informando, formando y empoderando a la población", comenta. 

"Hay que tener el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad", zanja citando a Gramsci.

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Martes, 29 Octubre 2019 06:28

Trump mata a Bagdadi... y revive al Isis

Trump mata a Bagdadi... y revive al Isis

Por lo regular, el Señor da y el Señor quita. Pero esta semana, en la Casa Blanca celestial, las cosas funcionaron al revés. El señor Trump le quitó la vida a Abú Bakr al Bagdadi y luego revivió al Isis al decirnos que había amagado con enviar a los asesinos sobrevivientes de su organización a las fronteras de Reino Unido y de otras naciones europeas.

¡Cómo se habrán reído los chicos del Isis al escuchar esa oferta extraordinaria! Cómo sus camaradas que están en gestación dentro de nuestras fronteras se habrán animado con esa sugerencia. Durante años nos hemos indignado con el vicioso culto del Isis, pero no contábamos con el culto de Trump.

Cierto, la locura particular de Trump no es tan costosa en vidas inocentes como la del Isis (a menos, claro, que uno sea palestino o kurdo o uno de los 60 mil presos políticos de Al Sisi). Y, dado que los estadunidenses y los rusos ya han afirmado antes que habían matado a Al Bagdadi, tal vez sea prudente dejar pasar los tres días de rigor por si acaso el malvado brinca por allí en otro video. Quizá recuerdan que a Osama lo matamos cuatro veces antes de que fuera cierto.

Pero esta vez Trump hasta dio las gracias a Rusia, Siria e Irak… ¿con Siria se habrá referido acaso al régimen de Assad? De ser así, sin duda es algo que deberá debatirse en el palacio presidencial de Damasco, cuyo ejército ha estado combatiendo al Isis –entre muchos otros– durante más años que el ejército estadunidense.

Pero también dijo Trump que el apoyo de las naciones europeas fue una "tremenda decepción" porque no quieren repatriar a sus nacionales que son miembros del Isis, y añadió: “Yo les dije realmente: si no los reciben, voy a ponerlos allí en sus fronteras y pueden divertirse capturándolos de nuevo… Podrían regresar… no pueden volver a nuestro país. Tenemos mucha agua entre nuestro país y ellos”.

Bueno, eso no sólo fue extraño, sino que sencillamente es el lenguaje del manicomio. Fue una verdadera motivación para los sobrevivientes del Isis.

Si fue como "ver una película", entonces, claro, tenía que venir con el toque hollywoodesco de Trump.

Y, por supuesto, Trump nos dijo que Al Bagdadi “murió como un perro, como un cobarde… llorando, gimiendo y gritando”. Bueno, puede ser. Más bien parece la forma en que mueren los niños. Sus tres hijos, para ser precisos. Es un poco difícil imaginar a Al Bagdadi gritando y llorando en su túnel "sin salida" mientras tanteaba para detonar su cinturón suicida (prueba, desde luego, de que siempre supo que Estados Unidos iría por él). En cuanto a que el mundo "es ahora un lugar mucho más seguro", bueno, habrá que esperar. Estos cultos islamitas tienen por lo regular un líder en crisálida esperando tomar el lugar del difunto. O una versión todavía peor de su propia cruel institución.

Como de costumbre, tendremos también que esperar unos días más para saber cuántos otros inocentes fueron abatidos en esta incursión. Sugerir que todos eran miembros del Isis tiene también algo de hollywoodesco.

Tengamos algo por seguro: la historia original del ataque a Al Bagdadi va a cambiar. Nos enteraremos de otras cosas. ¿Hubo involucramiento israelí? ¿Cuánta ayuda dieron los rusos? ¿O los sirios? ¿O los kurdos? ¿O tal vez el mismo Isis, si ya estaba cansado de su abyecto liderazgo? O fue sólo algún tipo interesado en los 25 millones de dólares de recompensa…

Pero, por el momento, Trump tiene un halo refulgente a los ojos de sus partidarios republicanos. Si su ejército –y recuerden, dado el apoyo de los militares a Trump, probablemente es "su" ejército– puede acabar con el terrorista más buscado del mundo, ¿entonces qué es esta tontería del juicio político que preparan sus enemigos internos demócratas? ¿Cómo se puede comparar abatir a Al Bagdadi y hacer un mundo más seguro con esas ridiculeces sobre Ucrania?

Y Trump pudo observarlo casi todo en vivo, así como Obama presenció la muerte de Osama. Bueno, en una era en que se puede transmitir por Internet la muerte de inocentes, por lo menos ahora pescaron a los chicos malos.

Traducción: Jorge Anaya

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