Lunes, 26 Agosto 2019 06:46

Greta

Greta

Unos 200 presidentes, primeros ministros y cancilleres se preparan para viajar a Nueva York al rito anual de la Asamblea General de la ONU, pero una adolescente sueca de 16 años será la autoridad moral entre tantos adultos que han fracasado en cuidar el futuro de todos.

Su nombre es Greta Thunberg.

Ella llegará después de cruzar el Atlántico en un velero que dejará cero huella de carbón, para participar en una cumbre preparativa de la ONU sobre cambio climático que ocurrirá en paralelo con la reunión de la Asamblea General.

A casi nadie le interesa mucho el elenco internacional que viene, responsables de la condición ecológica cada vez más frágil del planeta, pero millones sí están escuchando la voz del nuevo movimiento mundial para rescatar al planeta.

La voz más reconocida de ese movimiento es Thunberg y su mensaje sencillo: "Tenemos que entender la emergencia de nuestra situación. Nuestro liderazgo ha fracasado. Los jóvenes tienen que obligar a las generaciones viejas a que nos rindan cuentas por el desastre que han creado. Necesitamos enojarnos, y transformar este enojo en acción", declaró a finales del año pasado.

Ante el Parlamento de Inglaterra hace unos meses advirtió que sin atender esta emergencia ahora mismo, las nuevas generaciones “probablemente ya no tienen un futuro. Porque ese futuro fue vendido para que un grupo pequeño de gente ganara montos inimaginables de dinero. Ustedes nos mintieron. Nosotros los niños estamos haciendo esto para despertar a los adultos… estamos haciendo esto porque queremos recuperar nuestras esperanzas y sueños”.

En una cumbre de la ONU celebrada en Polonia a finales del año pasado, Thunberg acusó a los representantes de la clase política mundial: “ustedes no son suficientemente maduros para decir las cosas como son, hasta esa tarea nos la dejan a los niños. Venimos aquí para hacerles saber que el cambio viene, les guste o no…”

Nadie la conocía cuando empezó su huelga escolar solitaria todos los viernes hace un año, abandonando clases para irse a parar frente al Parlamento sueco a exigir acciones inmediatas sobre el cambio climático. Pero con ello inspiró a sus pares, que empezaron a hacer lo mismo, generando el movimiento de los Viernes para el Futuro, que ha movilizado a 2 millones de estudiantes por todo el mundo y fomentando nuevas agrupaciones ecológicas (www.fridaysforfuture.org; rebellion.earth).

Thunberg es la voz más reconocida del gran debate sobre el futuro del planeta. Hasta ofreció el mejor ejemplo de cómo manejar a Trump. Al preguntarle en una entrevista con CBS News si deseaba reunirse con el presidente estadunidense en Nueva York, respondió: "¿Por que debería de perder mi tiempo con él?"

Thunberg, quien ha sido nominada para el premio Nobel de la Paz, y a quien algunos han nombrado como "la voz del planeta", y el nuevo movimiento de jóvenes insisten en que los gobiernos del mundo deberán, mínimo, acotar el llamado Acuerdo de París sobre el cambio climático –del cual Trump anunció la salida de Estados Unidos– pero también atender la "emergencia" con un cambio fundamental, incluyendo proceder a poner fin a la dependencia hidrocarburos dentro de los próximos 12 para evitar los daños irreversibles que pondrán en jaque la viabilidad humana según el consenso de la comunidad científica mundial.

Hace unas semanas el secretario general de la OPEP comentó que este movimiento ha nutrido "la mayor amenaza" contra la industria de los hidrocarburos. Thunberg, al enterarse, tuiteó: "¡Gracias! ¡Nuestro mayor halago hasta ahora!"

Para El 20 de septiembre, Thunberg y otros del movimiento internacional han convocado a lo que llaman "una huelga general para el clima" a escala mundial.

En una colaboración con la banda The 1975, Thunberg recientemente hizo su debut musical, con un mensaje que dice, en parte: “Les pido, por favor, despierten y hagan los cambios necesarios… Todos tenemos que hacer lo que aparenta ser imposible… no podemos salvar al mundo jugando con estas reglas… Es hora de desobediencia civil. Es hora de rebelarse”.

Publicado enMedio Ambiente
Un macroestudio muestra cómo la contaminación mata a corto plazo

Concluye que la exposición a la polución en el aire conduce a un exceso significativo en el número de muertes, dada la exposición generalizada y las grandes poblaciones que viven en zonas urbanas.

La evaluación de la contaminación del aire más grande realizada hasta la fecha —incluye datos sobre más de 650 ciudades de todo el mundo— muestra cómo la exposición a la polución del aire que nos rodea conduce a un mayor riesgo de mortalidad a corto plazo.

El estudio, dirigido por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, en el Reino Unido, y la Universidad de Fudan, en China, cuenta con la colaboración de investigadores del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) e incluye datos de 45 ciudades españolas, entre ellas Madrid, Barcelona y Sevilla, apunta el organismo español en una nota.

Una de las conclusiones de este macroestudio, publicado en en la revista New England Journal of Medicine, es que un aumento diario de 10 microgramos por metro cúbico en partículas en suspensión inhalables (PM10) y finas (PM2.5) se asocia con un aumento en la mortalidad de 0.44% y 0.68%.

Para llegar a esta conclusión, han reunido datos de series temporales de 652 ciudades de 24 países en el período comprendido entre 1986 y 2015. Mediante el uso de métodos estadísticos avanzados, han podido comparar cómo la mortalidad diaria aumenta cuando hay mayores concentraciones de contaminación urbana por partículas en suspensión en el aire, emitidas sobre todo por los tubos de escape de los vehículos.

“Se ha encontrado  que, en promedio, un aumento de 10 microgramos/m3 en partículas inhalables (PM10) –capaces de penetrar hasta los pulmones- y finas (PM2.5) —generadas por la combustión y que pueden penetrar hasta el torrente sanguíneo— se asocia con un aumento en la mortalidad de 0.44% y 0.68%”, explica Aurelio Tobías, investigador del CSIC en el IDAEA, que ha participado en el estudio.

El informe, el mayor de este tipo realizado hasta ahora, viene a apoyar la postura de quienes están a favor de las restricciones al tráfico rodado en las ciudades, por ejemplo, dado que los vehículos a gasolina o diésel son importantes emisores de esas partículas en suspensión inhalables. En declaraciones a El País, el citado estadístico zanja: “Ya no hacen falta más estudios para demostrar algo que es obvio. No buscar medidas para reducir el tráfico en las ciudades carece de sentido”.

22/08/2019 10:40 Actualizado: 22/08/2019 10:40

 

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Tranquilidad cínica en ejecuciones programadas

Como en muchas ocasiones durante estos 22 años, nuestra Comunidad de Paz nuevamente deja constancia ante el país y el mundo sobre los últimos hechos de los cueles hemos sido víctimas al querer seguir en resistencia civil, en la defensa de la vida y del territorio.

Nuestra región se encuentra de nuevo de luto, gracias a la permisividad de la Brigada 17 del Ejército, pues los paramilitares asesinaron a otro joven campesino de nuestro Corregimiento que se negó a someterse a sus imposiciones arbitrarias y absurdas. Una evidencia más de que el paramilitarismo tiene las manos libres para proclamarse dueño de la vida y de la muerte de la población civil. Mientras el Gobierno y su Brigada militar 17 de Carepa afirman que el paramilitarismo no existe y que nuestra Comunidad de Paz inventa crímenes para desacreditarlos, la sangre sigue corriendo en nuestro territorio; los victimarios siguen en libertad y con carta blanca para seguir matando y las listas de próximos ejecutados circulando y sembrando terror, al tiempo que las organizaciones civiles, como las juntas comunales, que debieran reaccionar con energía, guardan silencio y se paralizan.

Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes: 

  • ·El domingo 18 de Agosto de 2019entre las cinco 5 y las 6 de la tarde, fue asesinado el joven WEVER ANDRÉS ARIAS GARZÓN o UBER como lo llamaba la familia entre las veredas La Linda y La Cristalina, del corregimiento de San José de Apartadó. El crimen fue perpetrado por paramilitares que controlan la zona, los cuales ingresaron a la vivienda donde Wever Andrés se encontraba solo en ese momento, pues su compañera se encontraba en San José haciendo mercado. Le hicieron 4 disparos de arma de fuego que acabaron con su vida. Ese mismo día domingo, al enterarse del hecho, nuestra Comunidad de Paz organizó una comisión humanitaria para ir hasta el lugar de los hechos y acompañar a la familia. Se logró salir a las 11:00 de la noche, llegando al lugar a la 1:30 de la madrugada del lunes 19 y acompañar a la familia y amigos que se encontraban allí. Al mismo tiempo se habló con la Defensoría del Pueblo para que realizara las diligencias respectivas para el levantamiento del cadáver. Sólo a las 12:30 del día lunes 19 de agostode 2019, 19 horas después del asesinato, llegaron hasta el sitio miembros de la SIJIN, la Policía y el Ejército supuestamente para hacer el levantamiento del cadáver. Sin embargo un Sargento le dijo a la madre de la víctima que era mejor que los civiles que se encontraban allí recogieran el cadáver y lo llevaran hasta San José donde los esperaría un grupo de la policía, pues ellos estaban muy cansados y no podían llamar un helicóptero.

 

Miembros de nuestra Comunidad le insistieron a la Defensoría del Pueblo de Apartadó que llamara a las autoridades competentes y de allí se comunicaron con el Coronel Pavón, comandante de operaciones, pero él respondió que era la policía la que debería levantar el cadáver y llevarlo a San José. Las dos órdenes contradictorias solo evidenciaban la irresponsabilidad rutinaria de la fuerza pública que busca siempre evadir y sacarle el cuerpo a sus obligaciones.

Ante tanta tardanza, la familia había pensado en un momento levantar el cadáver y llevarlo hasta San José, pero al ver llegar a la fuerza pública esperó a que ésta lo hiciera. No lo hicieron sino que le pidieron a la familia que lo hiciera. Nuestra Comunidad, que estaba un poco alejada para no permanecer junto a gente armada, según sus principios, se acercó a hacerles el reclamo cuando vio que los del GOES se iban a retirar dejando allí el cadáver. Los policías se enojaron, reiteraron que estaban cansados y dijeron que entonces habría que esperar otras 6 horas hasta conseguir un helicóptero y se fueron, anunciando que después recogerían el cadáver.

Mientras los integrantes de nuestra Comunidad regresaban, separados de la fuerza pública y acompañando a la madre de la víctima, fueron alcanzados por familiares y amigos de Wever Andrés, quienes, ante la irresponsabilidad de la fuerza pública, decidieron recoger el cadáver en una hamaca y llevarlo hasta San José.

  • ·Este mismo lunes 19 de Agosto de 2019, el paramilitar alias ARCADIO TAMAYO y su hermano menor se encontraban cerca del río, a 50 metros del casco urbano de San José, pendientes y tomándole fotos a la comisión de nuestra Comunidad que venía de regreso del lugar donde los paramilitares habían asesinado al joven Wever Andrés.
  • ·El martes 20 de Agosto de 2019,nuestra Comunidad se enteró de que los paramilitares amenazaron a la población civil para que no saliera a hacer el levantamiento del cadáver de Wever Andrés, lo que explicaba que ninguna de las Juntas de Acción Comunal se acercó incluyendo a La Asociación Campesina de San José de Apartadó (ACASA) al lugar de los hechos. Seguramente estaban paralizadas por el terror. Según las informaciones que fueron suministradas a nuestra Comunidad, los paramilitares alias ALFREDO o ALFREDITO, alias ARCADIO, alias SANTIAGO, y alias KALET ex combatiente de las Farc y beneficiado en el programa de desmovilizados del Gobierno Nacional, entre otros reclutados por los paramilitares alias RENE y los hermanos CARDONA, han sido los autores materiales acompañados de sus jefes inmediatos de éste y otros asesinatos y se la pasan con todos los demás comandantes paramilitares en medio de la Policía y el Ejército en San José, consumiendo alcohol  y coordinando nuevas acciones criminales.

 

Pero resulta que WEVER ANDRÉS ARIAS GARZÓN ya estaba condenado a muerte, como lo estuvieron otros que fueron ejecutados antes de él. Figuraba en la LISTA DE LA MUERTE DE LOS PARAMILITARES. El martes 18 de septiembre de 2018 fue amenazado de muerte en la vereda La Cristalina, cuando era parte de la familia Guisao, por no aceptar que los paramilitares lo empadronaran para que pudieran tener control sobre su vida y obligarlo a participar en actividades paramilitares (Ver Constancia del 14 de octubre de 2018). Y ya hace algunos meses que vivía independiente con su compañera, Fue incluido en una lista de ocho personas para asesinar el pasado 17 de enero de 2019 (Ver Constancia del 18 de enero de 2019). Luego, el 20 de abril de 2019, los paramilitares habilitaron la lista para volver a asesinar, luego de un receso en el crimen, según ellos, a causa del ruido causado por las constancias públicas, y el 25 de abril de 2019 los paramilitares alias SANTIAGO y alias ARCADIO le prohibieron al joven Wever Andrés tumbar un pequeño rastrojo para sembrar un lote de maíz en su finca, y si lo hacía, tendría que pagar una multa de 5.000.000 (cinco millones de pesos), órdenes que no quiso obedecer y sembró su cultivo de maíz (Ver Constancia del 9 de mayo de 2019). Hoy, 3 meses después, es asesinado por no someterse a sus proyectos de muerte.

Ya son muchas las ocasiones en que hemos dejado constancias de que existe un grupo de personas civiles que vienen siendo amenazadas por los paramilitares, pero las instituciones militares y policiales se hacen los sordos ante las agresiones que sufren los campesinos en la zona. El pasado 22 de diciembre de 2017 dejamos constancia de que había un plan para asesinar a nuestro representante legal German Graciano Posso y 7 días después, el 29 de diciembre, fue el atentado contra su vida, el cual gracias a Dios y a nuestra Comunidad de Paz se pudo resistir (Ver Constancia del 22 de diciembre de 2017). Con esa misma lista que los mismos paramilitares anuncian, están matando, a pesar de que lo hemos advertido al país y al mundo en diversas constancias. Ya van 3 personas asesinadas recientemente de esa lista: el 16 de enero DEIMER USUGA HOLGUÍN; el 7 de julio YEMINSON BORJA JARAMILLO; el 18 de agosto WEVER ANDRÉS ARIAS GARZÓN. Y las autoridades competentes se siguen haciendo las de la vista gorda ante los hechos. Hacemos responsable a la Brigada 17 del Ejército y a la Policía de Urabá por estos crímenes que los paramilitares han perpetrado, pues si se dieran a la verdadera tarea de garantizar la protección de la población civil y no a la complicidad con esos grupos que conviven con ellos desde hace 22 años, no hubieran centenares de personas asesinadas en nuestra región. Al mismo tiempo hacemos responsable al Gobierno Nacional por lo que le pueda pasar en adelante a cualquier miembro de nuestra Comunidad de Paz o a otro poblador de nuestro entorno, pues en las listas de los paramilitares se anuncia que hay miembros de nuestra Comunidad de Paz a la vez que campesinos de nuestros vecindarios. Desde hace 22 años, nuestras Constancias llegan al Palacio Presidencial con censura moral y exigencia de derechos, pero NADA PASA. TODO SIGUE IGUAL.

De nuevo agradecemos a las muchas voces de ánimo que recibimos a diario desde el país y del mundo que nos brindan fuerte apoyo moral y político para continuar en nuestra resistencia ética y nunca callarnos ante los crímenes de lesa humanidad. A todas y a todos nuestra profunda gratitud.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Agosto 21 de 2019

Publicado enColombia
La OMS urge a investigar el impacto de los microplásticos en la salud

Las pruebas toxicológicas de microplásticos se han centrado en el ecosistema marino dejando a un lado el riesgo en humanos

Con las investigaciones actuales – pocas y no todas fiables- es imposible conocer el riesgo que puede comportar la ingesta de microplásticos en los humanos, advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un informe publicado hoy. Se necesita “urgentemente saber más, porque esas partículas están por todas partes incluso en el agua potable y hay que detener su aumento en todo el mundo”, señala María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente del organismo. La información actual sobre detección de las diminutas partículas plásticas en agua dulce, potable o residual aparece en 50 investigaciones (solo nueve se centran en el agua potable), pero al no seguir métodos estándar para el muestreo y análisis son “difíciles” de comparar, juzga el informe Microplásticos en agua potable.

Hay estudios que sugieren una absorción e impacto muy limitado de mircroplásticos de menos de 50 micras (0,05 milímetros) en animales de laboratorio a altas concentraciones, “pero se desconoce el impacto en seres humanos”. Las pruebas toxicológicas se han dirigido principalmente a organismos acuáticos. Además, según un análisis que resume los últimos conocimientos sobre la materia, "no es probable que los microplásticos de más de 150 micrómetros sean absorbidos en el cuerpo humano y se espera que la entrada de partículas más pequeñas sea limitada". "Sin embargo", añade la OMS,  "la absorción de partículas microplásticas muy pequeñas, incluso en el rango de tamaño nano, puede ser mayor, aunque los datos son extremadamente limitados".

A pesar del desconocimiento, la OMS llega a unas conclusiones preliminares. Parten del hecho de que los humanos consumen desde hace décadas estas sustancias “sin que existan indicaciones de efectos adversos sobre la salud”. Además, se han desarrollado métodos de depuración, que lograrían poner freno al 90% de los microplásticos en las aguas residuales, plantea el informe como solución. Una medida que choca con el grado de implementación de esa tecnología, que disminuye en países con ingresos medios y bajos. En ellos, el 67% de la población “carece de acceso a las conexiones de alcantarillado y alrededor del 20% de las aguas residuales domésticas que llegan a los colectores no se somete a tratamiento (UNICEF / OMS, 2019)”. En un contexto donde, además, prima la lucha contra la exposición a patógenos de aguas no tratadas, que provocan enfermedades diarréicas mortales, los microplásticos quedan relegados a un plano secundario.

Tampoco es fácil encontrar datos de qué ocurre con los desechos del tratamiento de las aguas ni del impacto que provocan en el entorno. “Los plásticos no se destruyen totalmente, sino que se transfieren de una parte a otra”, igual que ocurre con los lodos de las depuradoras que se usan como abono agrícola, concreta la OMS. Al final pueden acabar en los oceános, “el sumidero definitivo de gran parte de los restos plásticos del mundo”. En estas aguas, las piezas de plástico grandes se convierten en perjudiciales para la vida marina. “Es importante aclarar que los riesgos para el ecosistema acuático no equivalen necesariamente a peligros para la salud humana”. Las dudas se aclararían con "investigaciones bien diseñadas" que permitieran comprender mejor de dónde proceden los microplásticos que se detectan en el agua potable, además de la eficacia de diferentes procesos de tratamiento", pide la OMS.

Julio Barea, responsable de la campaña de plásticos de Greenpeace, corrobora esa falta de datos. "Nosotros llevamos años pidiendo más estudios y nos alegramos de que instituciones de este tipo den la voz de alarma", comenta. El problema fundamental de los microplásticos, en su opinión, es su capacidad de que se les adhieran otros contaminantes y químicos. Recuerda el caso del bisfenol A, un compuesto químico muy utilizado en la fabricación de plásticos que está reconocido como un "disruptor endocino". "Ya sabemos que hay que eliminarlo y se ha prohibido en los biberones, pero continua utilizándose en otros muchos envases", explica. Son sustancias capaces de alterar el sistema hormonal y generar su disfunción, provocando desde cánceres a problemas en la función reproductora, trastornos metabólicos o cardiovasculares, entre otras dolencias.

La producción mundial de plástico ha aumentado de forma más o menos exponencial desde la década de 1950. El millón y medio de toneladas de entonces se convirtió en 322 millones en 2015 en Europa y en 348 en 2017, según datos de la Unión Europea. Si se añaden las fibras, la cantidad sube a 381 millones de toneladas. Al ritmo de crecimiento actual tanto de población como de consumo, se prevé que la fabricación se duplique en 2025 y se triplique en 2050, según la FAO. Un nivel de crecimiento que si se confirma, aumentará los riesgos tanto para el medio ambiente como para los humanos, asegura la OMS.

Por Esther Sánchez

Madrid 22 AGO 2019 - 03:16 COT

Publicado enSociedad
Jueves, 22 Agosto 2019 05:38

La guerra del agua

La guerra del agua

Se dice que las futuras guerras serán por el agua, pero lo cierto es que hoy ya se libera una lucha entre la apropiación del agua por parte de las transnacionales, frente a millones de ciudadanos que no tienen acceso al líquido elemento. Es una lucha entre la codicia del lucro privado y el derecho humano al agua de millones de ciudadanos.

Si bien es cierto que hay suficiente agua dulce en el planeta, el problema es que su distribución no es la adecuada ni la más justa.

El 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y acuíferos se utilizan para el riego y solo el 10% se destina al abastecimiento de agua potable para la ciudadanía.

Según la ONU, 3 de cada 10 personas en el mundo carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura.

En cuanto a América Latina y el Caribe, más de un tercio no tiene acceso al agua "gestionada de forma segura".

Alrededor del líquido elemento se disputan grandes intereses y se generan conflictos como los que viven muchos países como Honduras, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, etc. Al otro lado del mapa mundial, Palestina, la República Democrática del Congo, son países donde el acceso al agua hace la diferencia entre la vida y la muerte.

El agua es un derecho humano

Luego de intensos esfuerzos, el año 2010, Bolivia junto a otros países logró que la Asamblea General de la ONU reconociera explícitamente que "el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos".

A los países les queda claro que deben buscar soluciones al problema. Para ello los Gobiernos ejecutan diferentes esquemas. Pero la preocupación surge cuando los Parlamentos y Gobiernos buscan 'transferir' a la empresa privada la responsabilidad que le toca asumir al Estado.

El caso de la República de El Salvador

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en El Salvador más del 40% de sus habitantes vive en situación de pobreza.

Los datos que publica el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales son aún más lapidarios puesto que "más de 1,5 millones de personas no tienen acceso al agua y el 75% de las grandes industrias carecen de sistemas de tratamiento de aguas servidas".

El 90% de los ríos del país están contaminados por vertidos domiciliares sin tratamiento y casi el 60% de la población rural no tiene acceso al agua.

A esta calamitosa situación se suma que la mora en el pago del servicio fue tan alta, que en enero de 2019, el entonces presidente Sánchez Cerén exoneró a los usuarios en mora, de los intereses moratorios y los recargos por pago extemporáneo, permitiéndoles obtener la reconexión del vital líquido.

Durante su gestión Sánchez Cerén promovió una reforma constitucional al artículo 69 de la Constitución Política del Estado de El Salvador, para garantizar el derecho humano al agua y la alimentación. Dicha iniciativa incluso contó con el apoyo de la ONU, pero la oposición no lo permitió.

Un derecho humano incompatible con el interés privado

La sociedad salvadoreña en su conjunto entiende que es vital resolver el problema, por ello el Congreso lleva ya varios años buscando aprobar una Ley de Aguas.

Si bien el actual anteproyecto define que "el derecho humano al agua y el saneamiento es fundamental e irrenunciable", no obstante, lo que preocupa a la población es la posible privatización del sector mediante la creación de un 'ente rector' o figura similar, con participación de las empresas privadas.

La Procuraduría de El Salvador lamentó la propuesta de conformar una Junta Directiva de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), con participación del sector privado. Argumenta que, por la naturaleza de ese sector, su objetividad puede estar gravemente comprometida.

Según la Alianza contra la privatización del Agua "se trata de un proyecto exclusivo para las clases altas de nuestro país" por tanto se hace necesario frenar este matrimonio declarado entre empresa privada y Estado que atenta contra el agua, el medio ambiente y la vida.

Otro aspecto que genera preocupación son los permisos que podría otorgar el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Informar mediante un cartelito

El artículo 70 del anteproyecto propone que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá autorizar a particulares a través de un permiso, el uso o aprovechamiento del agua y "solo en casos excepcionales se hará divulgación pública sobre el proyecto en cuestión, y los posibles afectados tendrán 10 días para reaccionar".

Se dispone además que, en los casos excepcionales, se haga una publicación nacional en la prensa y además "por medio de un cartel". Dicho anuncio de cartel deberá ser fijado en las alcaldías municipales correspondientes.

¿Se imagina usted a padres, madres, campesinos, trabajadoras de maquilas, estudiantes, vigilando a diario las alcaldías para enterarse de si han colgado algún cartelito por ahí, que le signifique a la larga, riesgo de enfermedades e incluso su vida?

La carga de la prueba cae en los posibles afectados

Más aún, el artículo 85 propone que, en el caso de los proyectos grandes, los afectados deberán exponer "razones de hecho y de derecho para no conceder la autorización" y deben adjuntar "las pruebas que tengan en su poder o señalando donde se encuentran, si estas existieren".

Al leer esto uno se pregunta, ¿y dónde está el Estado? ¿Por qué deben ser los ciudadanos de a pie, quienes deban demostrar la inviabilidad de un proyecto? ¿acaso no es el Estado el llamado a buscar el bienestar de sus ciudadanos?

Estas son apenas algunas pinceladas, que justifican claramente la preocupación de la gente.

Chile y Bolivia, dos antípodas

En febrero de 2000, el entonces presidente y exdictador de Bolivia Hugo Banzer, azuzado por el Banco Mundial, privatizó el servicio de suministro de agua a Cochabamba. Bolivia ese tiempo vivía uno de los momentos históricos más nefastos por la imposición del modelo neoliberal que solo dejó pobreza y debilitó al Estado.

El contrato de privatización del agua fue adjudicado a un consorcio multinacional. Poco después, surgieron quejas sobre el aumento de las tarifas del agua, que se incrementaron hasta llegar a un 300%.

El pueblo cochabambino organizado logró la anulación del contrato de privatización en una movilización conocida como "la guerra del agua".

Con tal nefasta experiencia, el pueblo boliviano el año 2009 aprobó en la nueva constitución política que "el agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo".

La carta fundamental de Bolivia define que los recursos hídricos en todos sus estados, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y que cumplen una función social, cultural y ambiental, por tanto "no podrán ser objeto de apropiaciones privadas".

En Chile la propiedad del agua fue privatizada

La Constitución Política adoptada en 1980 durante la dictadura de Pinochet, define el agua como un bien privado y no como un derecho humano, al otorgar "la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes" donde "los derechos de los particulares sobre las aguas, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos".

El código de aguas de Chile indica que el derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, quien podrá usar, gozar y disponer de él y puede ser incluso hipotecado.

Como resultado de ésta política, según el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, las empresas estatales y municipales cubren un 4,3% de los servicios de agua potable, mientras que las empresas privadas manejan el 95,7% del mercado.

Según la misma fuente, la falta de prevención en la garantía del derecho humano al agua potable significó, en los últimos años, cortes significativos de ese servicio para los usuarios.

Por su parte, el movimiento por la defensa del agua, la tierra y la protección del medio ambiente (MODATIMA) afirma que "el agua no es, ni puede continuar siendo una mercancía, por tanto no debe continuar privatizada, ni dejada al arbitrio de las especulaciones del mercado".

La lucha por hacer valer el derecho humano al agua es tortuosa para los activistas sociales que se manifiestan por la necesidad de recuperar y defender el agua.

¿Estados al servicio de las compañías transnacionales?

Lo que ocurre actualmente en Chile como en El Salvador debe servir de espejo y alerta por lo que pueda suceder o ya está sucediendo en muchos países donde pretenden privatizar el agua.

La privatización, a menudo, es presentada como la única forma de hacer más eficiente la prestación de algún servicio o la administración y explotación de algún recurso.

Este no debería ser el caso del agua, pues al tratarse de un derecho humano, es completamente impropio 'delegar' su gestión o su propiedad a la empresa privada.

Cuando el Estado se desentiende de sus obligaciones frente a sus ciudadanos, y transfiere o delega sus deberes al sector privado, este último, por su naturaleza, lo que hará es convertir a los ciudadanos en clientes, y el agua en una mercancía.

El ser cliente significa que, si la persona no tiene capacidad de pago, pierde el derecho al servicio. Así de simple. Es cuestión de estar dentro o fuera del mercado. Estar 'fuera del mercado" implicará mayor pobreza, enfermedades y muerte.

En la lógica de apropiación privada del agua subyace una cruda verdad, que en términos económicos se denomina "demanda inelástica", entendida como aquella demanda de mercado que no sufre variación, a pesar de que el precio del producto se eleve.

Esto ocurre con la demanda del agua, por el hecho de ser un elemento vital para la vida que no tiene sustitutos. Esta característica proporciona a las compañías privadas la certeza de que su requerimiento no disminuirá, incluso si los ingresos de la familia bajan o si el precio se incrementa.

Es justamente por esta razón que la responsabilidad de los Estados en la protección de la vida y los derechos de sus ciudadanos es mayor y no debe ser transferida a terceros. Son los Estados los que deben buscar ser eficientes y justos.

Por María Luisa Ramos Urzagaste

Sputnik Mundo

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gingivitis

La gingivitis, una infección de las encías, parece estar conectada las enfermedades inflamatorias más conocidas, incluyendo la ateroesclerosis y el Alzheimer

 Uno de los errores monumentales de la ciencia médica fue creer durante décadas que las úlceras de estómago se debían a una combinación de estrés y comida picante. La cura era antiácidos y cirugía.

Barry Marshall, un científico australiano, descubrió que se trataba de una infección por una bacteria llamada Helicobacter pylori, pero las instituciones médicas no quisieron creerlo. Entonces Marshall se bebió un cultivo del estómago de uno de sus pacientes con úlcera, empezó a desarrollar todos los síntomas, y se lo curó en unos días con antibióticos, que es como se trata hoy esta enfermedad.

Durante más de 20 años se ha trabajado con la hipótesis de que la enfermedad de Alzheimer la causa laacumulación de un péptido llamado β-amiloide, porque se han encontrado placas de este compuesto en los cerebros de las víctimas de la enfermedad.

Esto recuerda a la falsa hipótesis de que el colesterol es la causa de la ateroesclerosis, hoy desprestigiada, simplemente por descubrir placas de colesterol en las arterias de los enfermos. Por desgracia las cosas no son tan simples.

Hoy en día los medicamentos para tratar el Alzheimer se basan en bloquear esta proteína. Recientemente esta hipótesis ha sufrido un tremendo revés al descubrir que personas con altísimos niveles de β-amiloide que no desarrollan Alzheimer, del mismo modo que personas con altos niveles de colesterol no desarrollan aterosclerosis.

Poco después, en un revolucionario estudio llevado a cabo por investigadores ocho universidades de distintos países, desde Polonia hasta Nueva Zelanda, se ha descubierto que la enfermedad de Alzheimer puede estar causada por una infección. La bacteria responsable de la infección es Porphyromonas gingivalis, la que produce la gingivitis y la periodontitis. Se encontró ADN de la bacteria en el cerebro de pacientes de Alzheimer, así como sus enzimas tóxicas, llamadas gingipainas.

¿Cómo llegan las bacterias que inflaman tus encías al cerebro? La bacteria P. gingivalis es especialmente astuta. La respuesta inflamatoria es por lo general la forma en que tu organismo mata a las bacterias. Sin embargo las gingipainas de la P. gingivalis debilitan la respuesta inflamatoria y hacen que siga indefinidamente. Esto hace que los tejidos alrededor de la infección se degraden, y se conviertan en más alimento para la bacteria.

Cuando esta bacteria pasa a la sangre, cambia las proteínas que la recubren para pasar desapercibida, y se oculta dentro de los propios glóbulos blancos, esperando para atacar, invisible al sistema inmunitario y los antibióticos. Cuando la infección llega al cerebro, produce la inflamación crónica que da lugar al Alzheimer. Las placas de β-amiloide podrían ser la forma en la que el cerebro se defiende de la infección, no la causa de la enfermedad. Un mecanismo parecido se había observado antes con el virus del herpes.

Por si fuera poco, la bacteria P. gingivalis y sus gingipainas tóxicas también oxidan las proteínas que transportan el colesterol, que es el proceso por el cual se desarrolla la aterosclerosis.  

Todavía es pronto para asegurar que esta infección es la causa única del Alzheimer, pero otros estudios han podido observar que las personas con periodontitis tienen mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y diabetes. ¿Qué tienen en común estas enfermedades? La inflamación crónica, que es precisamente la que puede causar una infección por bacterias o virus que no se ha curado.  

Es de esperar que estos mecanismos de la enfermedad se refuercen unos a otros. Las infecciones debilitan el producen inflamación crónica, que debilita el sistema inmunitario, que abre la puerta a nuevas infecciones y más inflamación, que produce daños en nuestras arterias, en los depósitos de grasa y en nuestro cerebro.

Mientras se desenmaraña el mecanismo exacto, usa seda dental.

Por Darío Pescador

19/08/2019 - 22:33h

Lunes, 19 Agosto 2019 06:58

Romper cadenas

Durante una protesta de la ultraderecha que se llevó a cabo el fin de semana en un parque de Portland, Oregon, los asistentes hacen una señal de Ok, gesto que al parecer tiene connotaciones con la supremacía blanca.Foto Afp

Este mes marca el aniversario 400 del inicio de la migración forzada a Estados Unidos, cuando en agosto de 1619 un buque apareció frente las costas de Virginia con más de 20 esclavos africanos originarios de Angola. Estos primeros esclavos fueron aparentemente robados por piratas de un barco español que iba rumbo a México y que los había recibido, a su vez, de los portugueses, imperios que lucraron no sólo con los recursos naturales de otros países, sino también con el gran negocio de secuestros y compraventa de seres humanos.

Eran los primeros de los 400 mil a 600 mil esclavos transportados de África a Estados Unidos, alrededor de 5 por ciento del total de aproximadamente 12 millones de esclavos originarios de África que fueron comercializados por los europeos en la migración masiva forzada más grande de la historia hasta la Segunda Guerra Mundial.

Para 1860, justo al estallar la Guerra Civil (que entre otras cosas llevó a la abolición de la esclavitud después de casi 250 años), la población esclava estadunidense era de casi 4 millones, 13 por ciento de la población total. Esta historia, esta migración forzada, en cadenas, fue parte integral de la creación de este país que desde sus inicios se ha proclamado como el faro mundial de la libertad.

"Sí, todos nuestros ancestros llegaron en barco a este país, pero algunos arribaron por su propia voluntad en las cubiertas de los barcos; otros, involuntariamente, encadenados en las bodegas de carga debajo", solía recordar el reverendo Jesse Jackson sobre los orígenes de Estados Unidos.

Fue la mano de obra esclava la que generó gran parte de la riqueza de las 13 colonias y que sentó las bases económicas del país que surgió oficialmente con la Declaración de Independencia de 1776. Por ello, algunos historiadores afirman que la fecha de nacimiento real de este país es 1619, cuando apareció ese barco con los primeros esclavos que fueron vendidos a los colonialistas ingleses.

Los orígenes de este país se construyen sobre el robo y genocidio contra los indígenas de estas tierras, y por la mano de obra de esclavos africanos. Por lo tanto, algunos historiadores recuerdan una y otra vez que el cuento de un país basado en los conceptos nobles escritos en su Declaración de Independencia (redactada por Thomas Jefferson, dueño de esclavos) y poco después en su Constitución, proclamando una nación basada en la libertad, la igualdad ante la ley, y la libre determinación de sus habitantes es en parte mentira. Ocho de los primeros 12 presidentes de esta república eran dueños de esclavos.

Hoy día, 400 años después, los afroestadunidenses (en gran parte descendientes de los esclavos) son 13 por ciento de la población, y por múltiples indicadores socioeconómicos, aún los más oprimidos de estas tierras. Los hogares afroestadunidenses tienen 10 centavos en riqueza por cada dólar en hogares blancos; el ingreso medio de los blancos es 10 veces más que el de los negros (Pew Research). Hoy día hay más afroestadunidenses encarcelados o bajo algún tipo de supervisión judicial en Estados Unidos, que esclavos en 1850 (Prof. Michelle Alexander, autora de The New Jim Crow). Los hombres afroestadunidenses corren mucho mayor riesgo de ser asesinados por la policía que los varones blancos (Academias Nacionales de Ciencias).

Son las luchas de resistencia y liberación que iniciaron tambien hace cuatro siglos –las de los indígenas, los afroestadunidenses, las mujeres y subsecuentes olas de inmigrantes– las que han exigido que este país, el cual han construido, cumpla con sus promesas de libertad y democracia. Por eso mismo, no se puede reducir a Estados Unidos a un país de "gringos"; no todos comparten el mismo origen, la misma experiencia y ni la misma cultura.

Toni Morrison, la gran escritora afroestadunidense premio Nobel, quien falleció el 5 de agosto, escribió en The New Yorker poco despues de las elección de 2016 que parte del voto por Trump fue "no tanto por ira, sino por estar aterrorizados" de que están perdiendo su "privilegio blanco".

No hay manera de entender el presente estadunidense sin tomar en cuenta este conflicto histórico y las luchas por romper cadenas, algo tan antiguo como este país.

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Sábado, 17 Agosto 2019 05:56

Transgénicos traen cáncer y muertes

“Las docentes rurales somos testigos privilegiadas del costo humano de este modelo basado en transgénicos y agrotóxicos” , dice Ana Zabalo

Ana Zabaloy era maestra de una escuela rural en San Antonio de Areco, Argentina. También fundadora del movimiento "Red federal de docentes por la vida", en defensa de la salud y contra los agrotóxicos. A diario veía en la escuela cómo los niños se enfermaban por la fumigación con glifosato en campos de soya transgénica cercanos a la escuela. Decidió proteger a los niños, apoyar a las familias para protestar, juntarse con otros docentes para informar de los riesgos, denunciar la situación de cáncer, malformaciones y enfermedad en que los ha puesto la siembra de transgénicos. El 11 de junio pasado murió por las causas que denunciaba. Un mes después, el movimiento tuvo su primer plenario nacional con docentes de nueve provincias de Argentina, todos en escuelas en la misma situación. (Darío Aranda, tinyurl.com/y5ez2gs6)

En Argentina, tercer productor mundial de cultivos transgénicos, este movimiento se suma a otros, como las asambleas de vecinos de pueblos fumigados, las madres de pueblos fumigados, la red de abogados y la de médicos de pueblos fumigados, y a las protestas de organizaciones sociales y ambientalistas en áreas urbanas y rurales. La fumigación aérea de glifosato y otros agroquímicos cada vez más tóxicos es un componente esencial y sine qua non de la siembra de transgénicos en todos los países donde se les permite proliferar. Es un cáncer que se extiende de la mano de Bayer, Monsanto, Syngenta, Corteva (derivada de Dow-DuPont).

El 89 por ciento de los cultivos sembrados actualmente en el mundo son tolerantes a uno o varios agrotóxicos, además de insertarle también genes insecticidas. Los eventos transgénicos más recientes tienen tolerancia a glifosato (probable cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), además de los herbicidas dicamba y/o 2-4 d, en la misma categoría de peligrosidad. Sólo 10 países tienen 98 por ciento del área sembrada con transgénicos a escala global y entre Estados Unidos, Brasil y Argentina tienen 78 por ciento.

En Estados Unidos hay 18 mil 400 juicios iniciados contra Monsanto-Bayer por causar cáncer a los demandantes o a sus familiares con glifosato, principal herbicida usado con los cultivos transgénicos. Las pruebas aportadas en los juicios muestran que Monsanto sabía de la peligrosidad del glifosato, pero la ocultó. Las víctimas ganaron a Monsanto en los tres primeros juicios, a quienes Bayer-Monsanto tiene que pagar 180 millones de dólares por daños causados y multas, por habérsele comprobado malicia e intencionalidad, al ocultar los riesgos que corrían los que usan y se exponen al glifosato.

Además, hay centenares de otros juicios en curso contra Monsanto-Bayer por todo el medio oeste de Estados Unidos, porque la deriva del herbicida dicamba aplicada a la soya transgénica RoundReady X-tend (tolerante a glifosato y dicamba) mató sus cultivos y hasta sus árboles. Imaginen el efecto en las personas, las expuestas directamente, las que beben agua que cruza las áreas fumigadas, las que consumen alimentos con residuos de esos potentes agrotóxicos.

Este es el contexto en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenció este 14 de agosto que Yucatán no puede declararse "estado libre de transgénicos", en respuesta a una controversia constitucional planteada por el gobierno de Peña Nieto reclamando que sólo la Secretaría de Agricultura puede tomar tal decisión. En efecto, esa es la letra de la Ley de Bioseguridad, que por esa y otras razones fue bautizada como ley Monsanto, por ser una norma para servir a los intereses de las empresas de transgénicos. Es una disposición que urge derogar o cambiar radicalmente para que sirva a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, del maíz nativo, la salud, la biodiversidad y la soberanía alimentaria, todo lo cual los transgénicos minan e impiden.

De la decisión de la Suprema Corte se deriva que quien debería declarar el "estado libre de transgénicos", que demandan las comunidades y pobladores de Yucatán, es la actual Sader, cuyo titular es Víctor Villalobos, un viejo agente de las trasnacionales de transgénicos.

En cualquier caso, esta decisión de la Corte no significa que Monsanto puede proceder a sembrar soya o maíz transgénico en Yucatán. Están en pie otras demandas presentadas y ganadas por apicultores, organizaciones y comunidades en Yucatán, Campeche y Quintana Roo contra la siembra de transgénicos en la península, que obliga a las autoridades a realizar consultas con las comunidades antes de cualquier siembra. Están pendientes desde hace años, pero fueron saboteadas por la propia Comisión de Bioseguridad (Cibiogem) a través de su entonces secretaria ejecutiva Sol Ortiz, que intentó manipular las consultas para dificultar la participación de los pueblos y tener que oír sus posiciones. Ya en el gobierno de AMLO, Villalobos se la llevó a trabajar con él, un nombramiento absurdo pensando en el interés público, dado el historial del personaje, pero muy coherente con la posición de Villalobos en favor de los transgénicos y los intereses de las trasnacionales.

Los transgénicos sólo traen enfermedad, devastación y muerte, como se ha comprobado en los países que lo siembran. Urge concretar con un decreto de prohibición las promesas del gobierno de que no se sembrarán transgénicos ni en la península ni en ninguna parte de México.

* Investigadora del Grupo ETC

 Terrenos destruidos de la comunidad campesina Guayaqui Cua, en Paraguay. SANTI CARNERI

Una persona murió envenenada y 22 más, entre ellos varios niños, resultaron intoxicadas, por el uso de agroquímicos en empresas productoras de soja transgénica en un pequeño pueblo paraguayo de 400 habitantes. Era 2011. Tras ocho años en los que la Justicia del país sudamericano no ha condenado a los culpables ni ha resarcido a las víctimas, un dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas hace ahora responsable al Estado paraguayo por no prevenir la situación ni tomar medidas para la conservación de la vida y del ambiente.

El dictamen señala que Paraguay “no ejerció controles adecuados sobre actividades contaminantes ilegales” y concluye que “las fumigaciones masivas con agrotóxicos constituyen amenazas a la vida de las víctimas que eran razonablemente previsibles por el Estado parte”. Por lo tanto, declara “la violación del derecho a la vida y del derecho a la vida privada, familiar y domicilio”. El comité de la ONU llama, además, a Paraguay a acometer una investigación efectiva y exhaustiva sobre fumigaciones con agroquímicos, y le insta a sancionar a todos los responsables y reparar a las víctimas.

El uso masivo de agroquímicos que exige el cultivo extensivo de granos genéticamente modificados tiene consecuencias mortales en América del Sur. En la bautizada, popularmente, como "república unida de la soja" —Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay— se cultivan millones de hectáreas de tierra de soja transgénica que alimenta a buena parte del ganado de Europa y China. Sin embargo, su población rural —muy arraigada a su tierra y que trabaja para vender a pequeña escala— vive en situación de permanente crisis, sin acceso a servicios públicos y asediada por latifundios que incumplen las normativas ambientales, dañando su forma de vida y sus cosechas.

“Es un dictamen histórico por el reconocimiento del vínculo entre los daños severos al medioambiente y el disfrute de derechos fundamentales, civiles y políticos. Cientos de casos similares en todo el mundo podrían ser sometidos a nuestra consideración”, subraya Hélène Tigroudja, miembro del Comité.

“El Comité sienta una jurisprudencia histórica que relaciona el disfrute de los derechos humanos con la protección del medioambiente en una decisión de resonancia global”, completa, en declaraciones a EL PAÍS, el abogado paraguayo Hugo Valiente, miembro del equipo de letrados de las víctimas que presentó el caso en 2013. Es la primera vez, subraya, que un órgano aplica la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos de 2018. “Momentos así me reconcilian con el derecho en su sentido más legítimo y verdadero: el derecho como ley del más débil”, explica.

Rubén Portillo murió envenenado a los 26 años en el mismo lugar en que nació. Vivía con su compañera, su hijo y su madre cerca del río Kuairú en una de las pocas casitas sin agua corriente de Yerutí, a unos 120 kilómetros de la frontera con Brasil. La colonia de familias campesinas se formalizó en 1991 y está administrada por el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), la institución gestora de la política de acceso a la tierra en Paraguay. Rubén nació dos años después, cuando Yerutí (paloma o canto de las aves en guaraní) era aún un paraíso natural. Unas 1.225 hectáreas fueron entonces repartidas en 93 lotes entre bosques subtropicales, esteros y arroyos. Alejados de todo, sin servicios públicos ni carreteras, pero con tierra roja y fértil para cultivar.

Durante casi 15 años, las familias trabajaron sus tierras con éxito pese a las grandes dificultades del entorno: produjeron toneladas de comida, criaron miles de animales de forma sostenible, levantaron sus escuelas e hicieron sus propios caminos. Hasta que, de pronto, en 2005 los bosques a su alrededor comenzaron a ser talados. Donde antes había una selva con árboles centenarios como el lapacho, manantiales, guaridas de armadillos y jaguares, algunas empresas brasileñas sembraron plantaciones extensivas de monocultivos mecanizados de semillas de soja transgénica.

Un oasis entre la soja

Yerutí quedó como un oasis en el medio de un desierto verde: desde allí, se mire donde se mire, las plantas de medio metro de soja se extienden hasta el horizonte. Solo a veces, la silueta de un árbol solitario queda como testimonio de la naturaleza nativa. Toda la región agrícola de Paraguay fronteriza con Brasil es hoy la zona de mayor expansión del agro-negocio. Y sigue creciendo en toda la mitad oriental del país. En 2005, justo enfrente de la chacra de Rubén plantaron un sojal de la empresa brasileña Condor. Lo fumigaban masivamente mediante lanzamiento de agrotóxicos desde tractores y avionetas, “sistemáticamente incumplieron la normativa ambiental de derecho interno”, según el dictamen de la ONU hecho público este miércoles en Ginebra (Suiza).

“Primero murieron las gallinas, no sabemos por qué. Comenzaron a enfermarse los chanchos y un tiempo después falleció mi hermano”, cuenta la hermana de Rubén Portillo, Norma, que denunció ante las autoridades el caso junto las organizaciones Base Is y la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy). Rubén tenía el cuerpo lleno de llagas, su hijo también. En enero, su situación empeoró y fue llevado a un centro de salud donde fue tratado por los vómitos. Como no mejoraba, y dada su debilidad —ya ni siquiera podía mantenerse en pie— sus familiares lo llevaron al hospital, ubicado a más de cuatro horas de recorrido. Falleció en el camino.

Portillo no fue el único que enfermó: como en épocas de siembra de soja de años anteriores, otras 22 personas presentaron síntomas similares —náuseas, mareos, dolor de cabeza, fiebre, diarrea y lesiones en la piel, entre otros—, pero sobrevivieron para denunciarlo.

“Los dos caminos de tierra que conectan la colonia con la carretera principal asfaltada atraviesan grandes extensiones de cultivos, sin que ningún trecho cuente con la protección adecuada. En consecuencia, los integrantes de la comunidad que necesiten acceder a la carretera principal están expuestos a los agrotóxicos”, dice el comité independiente, compuesto por 18 expertos internacionales de la ONU.

Paraguay es el cuarto exportador de soja de América y el sexto exportador mundial del grano, según la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco). Más de un millón de toneladas de agroquímicos ingresan al país anualmente. Son fertilizantes, secantes, insecticidas y funguicidas que se aplican en más de 3 millones de hectáreas empleadas en el cultivo de soja y otros granos que el país exporta. Entre esos químicos existen varios prohibidos en el mundo por los daños que pueden provocar a la salud humana y al medioambiente, como el glifosato y el acefato, entre otros.

La Federación Nacional Campesina estima que se utilizan unos 60 millones de litros de agroquímicos al año. En este caso, según el dictamen, las empresas Cóndor, Hermanos Galhera Agrovalle del Sol y Emmerson Shimin usaron al menos dos prohibidos hace 20 años en Paraguay: Aldrin y Lindano.

“No basta con que el Estado no mate a las personas, sino que tiene que garantizarles una vida digna. El estado se decía sin competencia y el comité le ha demostrado por qué sí la tiene. El Estado, durante el proceso, dijo que era un caso aislado, pero hay muchos más. Y con esto se abren las puertas para que estos casos encuentren una respuesta”, detalla la abogada Julia Cabello. “Ahora debe haber medidas de reparación”, añade.

En Paraguay más de un millón de personas han migrado del campo a la ciudad en la última década por el aumento de los latifundios para los cultivos mecanizados, según la Federación Nacional Campesina, que calcula que se utilizan unos 60 millones de litros de agroquímicos al año para la soja. El país sudamericano tiene uno de los mayores índices mundiales de desigualdad de la tierra, un 2,5% de los propietarios son dueños de aproximadamente el 85% de la superficie cultivable, según Oxfam.

Por Santi Carneri

Asunción 16 AGO 2019 - 11:33 COT

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Lunes, 12 Agosto 2019 05:57

Los señores de la guerra

John Bolton, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, y Biniamin Netaniahu (derecha), primer ministro israelí, durante la visita del primero a Israel en agosto de 2018 / Foto: Afp, Pool, Sebastian Scheiner

En la búsqueda de un enemigo común con el que unificar a sus seguidores, la Casa Blanca acompaña su promoción de la xenofobia dentro de Estados Unidos con una política exterior cada vez más agresiva. A cargo de esta última tendencia está un grupo de creyentes en el “destino manifiesto” que, tras instigar la guerra de Irak en 2003, hoy impulsan las sanciones contra Venezuela y sueñan con una invasión a Irán.

 

El martes 6, durante la llamada Conferencia por la Democracia en Venezuela, realizada en Lima, John Bolton, asesor en seguridad nacional y uno de los hombres más escuchados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, repitió una de sus frases más habituales de los últimos tiempos: “El tiempo del diálogo ya pasó, ha llegado el momento de pasar a la acción”. La utilizó para anunciar un bloqueo a los bienes del gobierno venezolano y la amenaza de sanciones a cualquier empresa internacional que comercie con Caracas. Meses atrás la había empleado para barajar abiertamente la posibilidad de una intervención militar contra Venezuela, y antes y después para alentar una guerra contra Irán. Bolton es, junto al vice Mike Pence, el canciller Mike Pompeo, el secretario de Defensa Patrick Shanahan, y, fuera del gabinete de gobierno, figuras como los senadores Marco Rubio y Tom Cotton y el ex alcalde de Nueva York y abogado presidencial Rudy Giuliani, parte de los superhalcones que marcan la política exterior washingtoniana.

Con una tradición de duro entre los duros en todo puesto que haya ocupado (en el Departamento de Estado, en el Departamento de Justicia, en la Usaid, como embajador ante la Onu), el septuagenario hombre de los bigotes tan raros para la usanza local es uno de esos conservadores de pura cepa que cree en el “destino manifiesto” de Estados Unidos. Es también un convencido de que la “primera potencia mundialno puede esperar a que un conflicto estalle para involucrarse en él y correr el riesgo de hacerlo de manera tardía, sino que debe estar en el origen de conflictos preventivos que le permitan reafirmar permanentemente su poder”, según dijo años atrás en una de sus (muy bien pagas) columnas en el muy derechista canal Fox News, propiedad del multimillonario Rupert Murdoch, íntimo amigo de Donald Trump. Cuando ejerció como subsecretario de Estado, entre 2001 y 2005, bajo el gobierno de George W Bush, Bolton fue quien armó el retiro de Estados Unidos de la Corte Penal Internacional, con el argumento de que los soldados y gobernantes de “la primera potencia mundial” no pueden ser sometidos a control externo alguno por sus actuaciones en defensa del “mundo libre”. En el mismo período, estuvo entre los principales promotores de la invasión a Irak de 2003, y a él se le atribuye la política de fake news que la justificó, como el invento de la posesión de armas de destrucción masiva por el régimen de Sadam Hussein. Cuando, entre 2005 y 2006, fue embajador del gobierno de Bush ante la Onu (una paradoja tratándose de una “institución despreciable”, como la calificó, y de un defensor ardiente del unilateralismo estadounidense) promovió la aplicación de sanciones internacionales cada vez más duras contra Irán, Corea del Norte y Venezuela. Ya manejaba entonces Bolton la posibilidad de una intervención militar contra Teherán, una alternativa que con los años fue alentando con menos tapujos. En 2015 le propuso a Barack Obama que Estados Unidos bombardeara las instalaciones nucleares iraníes. Obama no lo escuchó y poco después su administración fue parte del acuerdo internacional a seis sobre el programa atómico de la república islámica, que Trump denunciaría en mayo de 2018, ya con Bolton incorporado al gobierno. Como otros halcones republicanos, Bolton está obsesionado con provocar un “cambio de régimen” en Irán antes del cierre de 2019, año del 40 aniversario de la caída del sha y de la “imperdonable afrenta” que significó para Estados Unidos la toma de su embajada en Teherán. Cuando en febrero pasado las autoridades de Irán conmemoraban la revolución de 1979, Bolton subió un video a la cuenta de Twitter de la Casa Blanca en el que amenazaba al gobierno de ese país: “No creo que lleguen a festejar otro aniversario”, les advertía.

SIMILITUDES. En mayo pasado, el New York Times reveló, basándose en fuentes del Pentágono, que durante una reunión de los principales asesores de seguridad de Trump, tanto Bolton como el entonces subsecretario de Defensa, Shanahan, defendieron el envío a Oriente Medio de “120 mil militares”, una cifra que se acerca mucho a la del contingente que invadió Irak 15 años atrás. Hay muchas similitudes entre aquella intervención y este proyecto de intervención, escribió en 2018 Peter Beinart, profesor de periodismo en la City University de Nueva York. “En los dos casos –apuntó en The Atlantic–, los dirigentes estadounidenses temían que un ex aliado en Oriente Medio se liberara de las cadenas que lo atenazaban. En los dos casos, esos dirigentes defendían una política más agresiva, apoyada en declaraciones que intentaban meter miedo sobre los programas nucleares del régimen en cuestión. En los dos casos, los inspectores internacionales contradecían esas declaraciones alarmistas. En los dos casos, los aliados europeos de Estados Unidos defendían a los inspectores y advertían sobre el caos que una política agresiva podría generar. En los dos casos, los halcones de Israel respondían desacreditando a las inspecciones. En los dos casos, los dirigentes actuantes eran Biniamin Netaniahu y John Bolton” (8-V-18). Año y pico después, el cuadro y los actores principales se repiten como un calco.

La perspectiva de un ataque a Irán, promovida también por el secretario de Estado, Mike Pompeo (“hay que lanzar 2 mil bombas” sobre Teherán, dijo tiempo atrás), fue justificada en las semanas pasadas por los incidentes entre fuerzas navales iraníes y petroleros estadounidenses y “aliados” en el estrecho de Ormuz y por el derribo de un dron estadounidense en el cielo iraní (“¿Qué tenía que hacer un dron estadounidense allá lejos? ¿Qué hubiera hecho Estados Unidos si un dron iraní sobrevolara nuestro cielo?”, se preguntó el senador demócrata –y socialista– Bernie Sanders), así como por “el desarrollo vertiginoso” (palabras de Bolton) del programa nuclear iraní. “El gobierno de Trump miente como ningún otro (…). El propio Bolton ha sido acusado en el pasado de falsificar informaciones de inteligencia para justificar acciones contra Irak y Cuba. La manera en que utiliza ahora la amenaza iraní recuerda (…) los episodios previos a la guerra de Irak”, escribió a su vez Max Boot, un neoconservador que en su momento defendió la intervención en Bagdad y es hoy uno de los editorialistas de derecha más críticos de la política agresiva de Estados Unidos (The Washington Post, 7-V-19).

A LA FUERZA. Bolton es también partidario de “liquidar” al gobierno norcoreano, un objetivo que el extraño idilio que mantiene Trump con Kim Jong-un ha por el momento postergado. Y tiene por supuesto a Cuba y a Venezuela entre ceja y ceja. Ha sido uno de los apoyos más constantes del opositor venezolano Juan Guaidó y uno de los primeros en lanzar la idea de una intervención militar “contra la dictadura de Maduro”. Venezuela “tiene el petróleo que necesitamos”, habría afirmado durante una reunión en la Casa Blanca. Andrew McCabe, ex número dos del Fbi despedido por Trump, cuenta en su reciente libro The Threat, publicado en febrero de este año, que el presidente formuló declaraciones similares en 2017. Venezuela –dijo Trump según McCabe– “es el país con el quedeberíamos estar en guerra. Tiene todo ese petróleo y están en nuestra puerta trasera”.

En la reunión de Lima de esta semana, Bolton estuvo acompañado, entre otros, por Elliott Abrams, el enviado de Trump para Venezuela. Diplomático de carrera desde hace cuatro décadas, Abrams participó en “muchos de los actos más horrorosos de Estados Unidos” en ese período, señaló la publicación digital The Intercept (1-II-19). Encubrió, por ejemplo, la masacre de El Mozote, en El Salvador, en 1981, en la que fuerzas militares entrenadas y financiadas por Estados Unidos asesinaron a unos 1.200 indígenas acusados de colaborar con la guerrilla, entre ellos unas 500 mujeres y niños. Fue también un protector del general y masacrador guatemalteco ya fallecido Efraín Ríos Montt, y un promotor, desde los primeros años ochenta, época del sandinismo “originario”, de una invasión a Nicaragua. En 2002 estuvo entre los autores intelectuales del golpe de Estado contra Hugo Chávez. Y es un mentiroso consuetudinario. En 1991, no tuvo problema alguno en admitir ante el Congreso que había ocultado información al declarar sobre el caso Irán-contras.

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Poco después de haberlo designado asesor en seguridad, Donald Trump dijo de John Bolton, casi bromeando: “Algún día me llevará a hacer una guerra”. Por ese camino va el gobierno, afirma Max Boot, para quien es muy probable que Bolton y acólitos acentúen las provocaciones a sus enemigos (llámense Irán, Venezuela, Cuba) para desatar un conflicto. Lo único que entienden como estrategia diplomática es “la relación de fuerzas”,dice.Ni siquiera piensan en el día después, en lo que vendrá tras las guerras, más allá de los beneficios inmediatos que Estados Unidos, sus empresas y sus aliados más carnales (Israel o Arabia Saudita, para el caso de Oriente Medio) puedan obtener. ¿Qué pasaría a mediano plazo en Irán si la república islámica cayera?, se pregunta por ejemplo la investigadora Suzanne Maloney. Los precedentes de Irak y Libia, donde el caos que siguió al derrocamiento sangriento de los gobiernos respectivos se volvió incluso contra los propios occidentales, no son muy alentadores, concluye esta especialista en Irán en la Brookings Institution (Mediapart, 11-V-18).

Ilhan Omar, una de las cuatro legisladoras demócratas “rebeldes” a las que Trump invitó hace algunas semanas a “volver a su país” (ella nació en Somalia), dijo tiempo atrás que está en el Adn imperial de buena parte de los dirigentes estadounidenses intentar derrocar a gobiernos que no les son afines. Al interrogar en el Congreso a Elliot Abrams sobre la política hacia Venezuela, en febrero, Omar le preguntó: “¿Apoyaría a una facción armada en Venezuela que cometa crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio si cree que beneficia los intereses de Estados Unidos, como hizo con Guatemala, El Salvador o Nicaragua?”. “No voy a responder a esa pregunta”, contestó el funcionario.

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