El planeta se rebela contra las petroleras, culpables de la tercera parte de las emisiones de CO2

La Justicia holandesa acusa a Shell de agente nocivo del cambio climático, mientras los inversores fuerzan a ExxonMobil a iniciar su ruta verde. El lobby ecologista planta cara al petrolífero en un momento crucial, de crecientes emisiones de CO2 y con un 'mix energético' del 84,3% de combustiones fósiles.

 

El salto hacia la sostenibilidad atraviesa por una senda pedregosa. La carrera verde se ha llenado de obstáculos: más CO2 con un 'mix energético' del 84,3% de combustiones fósiles. Para hacer frente a este paso atrás -en medio de grandilocuentes estrategias en Europa, previsiblemente, a la espera de los objetivos declarados en el Green New Deal, en EEUU y, en menor medida, de Japón y áreas emergentes como China y Rusia, con metas menos exigentes e indeterminadas- en el desafío de alcanzar las emisiones netas cero en 2050, parecen emerger señales nítidas de una creciente conciencia verde. De un combate civil e inversor para acelerar los ritmos hacia la sostenibilidad y contener la batalla contra la catástrofe climática.

El mensaje de Bill Gates en la reciente cumbre de Líderes del Clima, auspiciada por el presidente americano Joe Biden -quien pidió a las elites empresariales nuevas fórmulas para ganar la batalla al cambio climático- pone el dedo en la llaga: "con la tecnología actual, será virtualmente imposible lograr los objetivos de emisiones netas cero de CO2 […] se necesita inversión en innovación y mayores recursos en infraestructuras para la transición energética".

La Agencia Internacional de la Energía (IEA, según sus siglas en inglés) certifica el pesimismo de Gates. Los gases contaminantes aumentarán este año en 1.500 millones de toneladas. Al calor de una más intensa demanda energética mundial, mayoritariamente de combustión fósil -petróleo, carbón y gas-, que sigue acaparando el 84,3% del mix internacional. El acicate: más renovables -enfatiza la IEA- y potenciar la pérdida de peso de los combustibles fósiles en el ciclo de negocios post-covid.

El inicio del despegue de la actividad, pues, no puede sustentarse, una vez más, sobre cimientos altamente contaminantes. Y, en esta tesitura, las supermajors, muchas de las cuales trasladan a sus propios inversores y accionistas -y a las opiniones públicas de los países donde operan- unos planes corporativos de transición a la neutralidad energética nutridos, en mayor o menor grado, de proyectos renovables, han salido a la palestra de la contestación social.

La Justicia holandesa acaba de acusar formalmente a Shell de atentar contra el medio ambiente y de ser la causante de un exceso de emisiones de CO2 por su negocio de gas y petróleo. En Foreign Policy aseguran que esta causa abierta por los jueces neerlandeses invita a un cierto optimismo, porque podría sentar las bases de una oleada de respuesta cívica e inversora contra las multinacionales de este segmento productivo que no pivotan hacia proyectos verdes ni aceleran su transición hacia las fuentes renovables. Como ocurrió en la década de los noventa con las compañías de tabaco. Sin asumir los criterios y compromisos gubernamentales para impulsar esta reconversión industrial.

Y pese a los intentos -reiterados- de no predicar con el ejemplo. Al igual que trataron de hacer las firmas de tabaco. Ni asumir su propio discurso. Porque el propio CEO de Royal Dutch Shell, Ben van Beurden, se encargó a comienzos de la epidemia de la covid, de lanzar una estrategia a largo plazo, en la que se estipulaba el abandono de "los activos energéticos tradicionales" de la supermajor holandesa y que su firma aceleraría su hoja de ruta verde tras la pandemia. Lo llegó a expresar de forma elocuente, en una junta de accionistas de la petrolera anglo-holandesa, con nomenclatura de mercado: "la demanda de crudo caerá masivamente y que nosotros sepamos, la viabilidad de nuestros activos no puede estar en un sector con tan altas dosis de vulnerabilidad y volatilidad".

Como Buerden, otros altos jerarcas de las supermajors han proclamado el final del negocio del crudo. Incluso algunos llegaron a admitir que el techo del petróleo y de sus beneficios era agua pasada. Desde 2016. Tesis a la que se apuntaron naciones productoras como Rusia, mientras no ceja de dominar, junto a Arabia Saudí -otro país con ínfulas transformadoras hacia las energías limpias en su Visión 2030, la estrategia de remodelación económica orquestada por su príncipe heredero, Mohamed bin Salmán- el grifo con el que regulan el número de barriles en el mercado para manejar el precio del combustible fósil por excelencia, desde la ampliada OPEP +.

Con unos resultados históricamente exitosos para sus arcas estatales que, de nuevo, han salido a relucir. Porque la cotización de los contratos de futuro del Brent -de referencia en Europa- y del West Texas Intermediate (WTI) vuelven a sortear la barrera de los 70 dólares. La cota más alta desde octubre de 2018. El cierre de la espita del crudo coincide con la fuga de inventarios en EEUU y otras latitudes industrializadas -y emergentes, como China- ante el comienzo del despegue de la actividad.

Sociedades civiles e inversores claman contra la hipocresía de las petroleras, capaces avanzar el abandono de sus "activos energéticos tradicionales" y proclamar el final de la era del crudo, mientras tratan de expandir el ciclo de los combustibles fósiles

La culpabilidad y responsabilidades de las grandes petroleras en la guerra soterrada que utilizan contra el cambio climático está fuera de toda duda. El estudio revelado por Richard Heede en el Climate Accountability Institute de EEUU, en los prolegómenos de la epidemia, deja constancia de un dato demoledor. Veinte de las mayores firmas petrolíferas mundiales han originado más de la tercera parte de las emisiones de CO2 a la atmósfera desde 1965.

En concreto, el 35% del total del dióxido de carbono y metano emitido en el mundo en la era moderna, de nada menos que 480.000 millones de toneladas. Desde multinacionales privadas como Chevron, Exxon, BP o Shell, hasta estatales como la saudí Aramco o la rusa Gazprom. Sólo las cuatro primeras, sin lugar a dudas, las más poderosas de las supermajors globales por capitalización bursátil hasta la salida a bolsa del gigante saudí, han ocasionado más del 10% de los gases de efecto invernadero desde mediados de los años sesenta. Aunque Aramco ha emitido el 4,38%.

Michael Mann, uno de los mayores científicos sobre el clima, afirmaba a The Guardian que "la gran tragedia de la crisis del carbono es los 7.500 millones de personas que habitan la Tierra serán los que paguen el precio de esta convulsión contaminante", mientras "un par de docenas de empresas petrolíferas siguen acumulando ingresos y beneficios". Mann y Heede, dos de las voces de mayor prestigio mundial en lucha contra la catástrofe del calentamiento global, comparten diagnóstico: "es un dramático fracaso moral de los sistemas políticos permitir que ocurra la degradación del planeta".

Jason Bordoff, director y fundador del Center on Global Energy Policy, pone en valor en Foreign Policy la maniobra de los jueces holandeses. Aunque otorga más expectativas de éxito al tejido social y sus reivindicaciones medioambientales y a las demandas de cambio de los inversores a las empresas con huellas de carbono. Y ensalza la apertura del juicio en la Corte de La Haya, que fue impulsado por los medioambientalistas holandeses, la versión local de Friends of the Earth. Bajo la acusación de que Shell ha sido más responsable de emisiones que la mayoría de países y que su cerca del 2% de culpabilidad en arrojar CO2 ha ocasionado miles de millones de gastos sanitarios a las arcas estatales de los Países Bajos. En la actualidad -aclara la demanda- Shell está entre las 25 empresas más contaminantes.

Como Shell, ExxonMobil está siendo sometida a presiones de accionistas y fondos de inversión. En medio de un clima generalizado de apuesta por los criterios ESG -Environmental, Social and Governance- en los mercados de capitales. "Hay un creciente consenso de que el lema business as usual ya no se sostiene", avisa Glenn Schwartz, responsable de energía en la firma consultora Rapidan, para quien, "las tensiones proceden del tejado, del interior de la casa", en alusión a las reivindicaciones inversoras y accionariales.

De hecho, la IEA acaba de solicitar la prohibición de los motores de combustión en todo el mundo en 2035 y la paralización de los proyectos fósiles. Exxon no sólo ha sido la más rica, sino la más poderosa de las supermajors y la más influyente en la prolongación del lobby petrolífero en EEUU y el resto del planeta. Pero Darren Woods, su presidente ejecutivo, tuvo que presenciar cómo el pasado 26 de mayo, una coalición de activos inversores, agrupados en Engine No.1, un pequeño hedge fund, reclamó cambios en la dirección de la compañía para promover proyectos de bajas emisiones.

En línea con el giro estratégico de firmas energéticas, especialmente europeas. En nombre de sus inversores, el fondo llegó incluso a proponer a cuatro candidatos. Y su iniciativa recibió el respaldo de otros aliados como CalPERS y CalSTRS, representantes de planes de pensiones, y de carteras de inversión de empleados y profesores estatales de California que, en total, gestionan más de 700.000 millones de dólares de activos de las compañías. Además de otros instrumentos de inversión que acaparan 300.000 millones adicionales. En total, menos del 1% del accionariado de ExxonMobil, cuya junta rechazó inicialmente la propuesta. Si bien, apenas dos meses después, acaba de nombrar al tercero de los nombres sugeridos por los inversores. "

La maniobra de Engine No.1 ha creado un antecedente, ha enviado una fuerte señal de que el mercado ya no comulga con las inversiones contaminantes", afirma The Economist en un análisis reciente sobre el gigante americano. En línea con entidades como Institutional Shereholder Services (ISS) o Glass Lewis, el gran duopolio de asesoramiento corporativo, que recomendaron la elección de tres de las cuatro propuestas directivas de Engine No.1 tras la cita de accionistas.

En el transcurso de este cambio de criterio, a buen seguro que ha jugado un papel determinante el anuncio de la Administración Biden de adelantar quince años el desafío de alcanzar emisiones netas cero en el sector energético estadounidense en 2050, como se estableció en los Acuerdos de París de 2015. O la más reciente suspensión, por parte de la Casa Blanca, de las perforaciones de petróleo y gas en zonas del Ártico, que atañen al subsuelo de Alaska, y que fueron abiertas a las acciones de exploración y prospección por parte de Donald Trump en las últimas semanas de su estancia en el Despacho Oval. El lobby petrolífero parece replegar alas de Washington.

El futuro inmediato de Exxon o, de forma más precisa, su hipotético viraje hacia las renovables, marcará un cambio de tendencia de las firmas fósiles. O, por el contrario, prolongará aún más la compleja cohabitación, nada pacífica, entre los carburantes limpios y contaminantes. Aunque, por el momento, esta incógnita está por despejar. En 2020, en plena pandemia, y con Trump en la presidencia -con políticas favorables al peligroso método del fracking, de extracción de crudo y gas por fracturación hidráulica y al conjunto de la industria petrolífera estadounidense- Exxon aprobó impulsar en un 25% más la capacidad de sus negocios de gas y oro negro para 2025. Sin que a su consejo ejecutivo pareciera importarle la transición hacia la neutralidad energética.

En defensa -adujeron entonces sus directivos- de un urgente ajuste financiero. De nada menos que la tercera parte de sus gastos de capital entre 2022 y 2025. En un ejercicio, el pasado, en el que perdió casi la mitad de su valor bursátil. Con la mayor firma de gestión de activos, BlackRock, exigiendo el relevo de Woods como CEO y reclamándole responsabilidades por su labor y hegde funds como DE Shaw pidiendo disciplina inversora para proteger sus dividendos. Exxon, además, es junto a Chevron, la supermajor con un mayor nivel de endeudamiento, ajustado a su flujo de caja y a su valor de capitalización. Aunque a escasa distancia de BP, Total y Shell. El repóker del viejo y vetusto club de las grandes petroleras.

Todas ellas, además, con retornos de beneficios todavía por debajo de sus cotas previas al inicio de la covid-19. Y dentro de un sector altamente endeudado para acometer el ciclo de negocios en ciernes, en el que se pretender dar predominio a las energías renovables, como conviene en advertir el triunvirato de agencias de calificación de riesgos S&P, Moody’s y Fitch Rating.

Fondos de inversión presionan a Exxon, el emblema de las ‘supermajors’, para que abandone sus proyectos petrolíferos y de gas; algunos, han forzado cambios directivos, otros, como el poderoso BlackRock, exigiendo responsabilidades a su presidente.

07/06/2021 07:37

Por Diego Herranz

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El ministro de Finanzas de Japón Taro Aso y el presidente del Eurogrupo Paschal Donohoe. — REUTERS

Los ministros de Finanzas de siete superpotencias occidentales acuerdan apoyar un impuesto de mínimo y planetario "de al menos el 15%" que, a falta de mayor concreción, aspira a sentar las bases para comenzar a regular la tributación del capitalismo global, aunque mantiene las incógnitas sobre sus efectos reales en las haciendas estatales y los consumidores.

 

La reunión de ministros de Finanzas del G-7 cumplió las expectativas y solventó con un anuncio tan ambiguo e inconcreto como solemne la sesión preparativa de la cumbre de jefes de Estado de la semana que viene: el ministro británico, Rishi Sunak, fue como anfitrión el encargado de explicar al mundo que su país, EEUU, Canadá, Japón, Alemania, Francia e Italia, las siete principales potencias económicas del mundo siempre que se obvie a China e India, han acordado apoyar el establecimiento de un impuesto global sobre los beneficios empresariales “de al menos el 15%”.

Irónicamente, el mundo se enteraba del acuerdo "histórico" para "reformar el sistema fiscal global" y adaptarlo a la era del capitalismo tecnológico a través de un tweet, es decir, mediante los servicios de uno de esos "gigantes tecnológicos" de los que el ministro considera "crucial" asegurar que "pagan el impuesto adecuado en el lugar correcto", algo que, matizó, tiene "un precio enorme para el contribuyente británico".

La secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, se pronunció en términos similares cuando aseguró que "esta tasa mínima global pone fin a la carrera a la baja del impuesto de sociedades y garantiza justicia para la clase media y los trabajadores de Estados Unidos y de todo el mundo".

La ambigüedad de ambos anuncios, a la espera de que los jefes de Estado de esos siete países amplíen su posicionamiento, resulta tan esperanzadora como inquietante, tanto por lo que dicen como por lo que no.

La ambigüedad como baza de la geopolítica tributaria

Lo que dicen es que esos siete países apoyan que el Impuesto de Sociedades tenga en todo el mundo un tipo mínimo del 15%, y que se trata de una medida que va a resultar positiva para sus respectivas públicas.

Lo que no dicen es cuál va a ser la letra pequeña de esa norma, de lo que dependen en la práctica su eficacia y su equidad.

Y lo que ya estaba dicho de antemano es que se trata de un pronunciamiento de siete países, para nada actores secundarios en el concierto internacional pero que han participado en un foro informal, sobre un asunto que, en todo caso, no comenzará a ser trasladado al terreno práctico antes de los próximos plenarios del G-20 y la OCDE, que sí disponen de capacidad normativa, y que después tendrán que poner en marcha otros como la UE.

La falta de concreción sobre la medida responde, aparentemente, a dos claves lógicas: la reserva de la zona central de la escena para los jefes de Estado y la certeza de que ese posicionamiento de los siete no es el final de un camino sino una de sus primeras etapas, a falta de posteriores negociaciones en eso foros, y eso requiere disponer de un margen para negociar. Siempre que uno esté dispuesto a hacerlo, claro.

Y así está uno de los aspectos clave: el promotor de la iniciativa, el estadounidense Joe Biden, que está trabajando en un tipo del 28% para su país, comenzó en abril proponiendo uno global del 21% que ya se ha quedado en el 15%. Y eso, a falta de que entren en la sala actores como Singapur, Holanda e Irlanda, que han hecho de los impuestos low cost un componente clave de su negocio-país. Todo, mientras otros como China mantienen un estruendoso silencio.

Esa inconcreción impide al mismo tiempo, y más allá de la previsible cantinela liberaloide sobre el riesgo de que las empresas repercutan en sus precios sus costes impositivos, atisbar las consecuencias que una medida de este tipo puede tener para unos ciudadanos convertidos en el principal objeto de negocio de unos gigantes digitales que les dan la apariencia de usuarios. "Si es gratis, es porque el producto eres tú", reza el máximo aforismo de la mercadotecnia virtual.

¿Cuál era el problema a resolver?

La combinación de los paraísos fiscales y los países de baja tributación han servido en las últimas cuatro décadas como base para la generalización de una serie de tinglados societarios que permiten a los grandes emporios canalizar sus beneficios hacia los estados de baja tributación a base de que sus sedes regionales les facturen a las locales cifras millonarias como servicios cuando, en realidad, se trata de meras transferencias.

El impuesto de sociedades global tiene como objetivo evitar ese escaqueo tributario y hacer que las empresas transnacionales paguen impuestos a las haciendas locales en función del negocio realizan y de los beneficios que obtienen en cada territorio.

Esa es la teoría. La práctica dependerá de la letra pequeña, que debe establecer si el impuesto se aplica sobre los beneficios contables o sobre las bases impositivas una vez aplicadas las deducciones, algo que en España permite bajar de un teórico 25% de los beneficios a un 8.3%; cómo será el cobro en cada país y qué parte del negocio puede transferirse a la sede de la empresa, y qué ocurre con los impuestos actuales, ¿Irlanda subirá su 12,5% actual y Suiza su 8,5% al 15%? ¿España restará diez puntos su 25% y Francia bajará a la mitad su 30%?Esos detalles están pendientes de lo que salga del G-20 y la OCDE, y de cómo se interprete esa partitura en la UE o Mercosur amén de las versiones locales, aunque estudios como el reciente de Simulaciones para la UE del cobro del déficit tributario de las multinacionales, elaborado por el Tax Observatory de Gbriel Zucman, dan pistas: los principales beneficiarios de un impuesto global sobre los beneficios empresariales serían los miembros del G-7, con EEUU la cabeza (164.000 millones de euros de 460.000 con un tipo del 25%), mientras que con niveles como el anunciado (15%), otros como España ingresarían 700, que son menos de los estimados para las polémicas tasas Tobin (850) y Google (1.200).

"Sin acuerdo no se puede imponer un tributo a las multinacionales no residentes"

Julio López Laborda, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza y uno de los principales expertos del país en materia tributaria, destaca que "se está dando mucha importancia al establecimiento de un tipo mínimo pero también es relevante el segundo componente, que pretende atribuir a los países el derecho de gravar parte de los beneficios de las multinacionales generados en su territorio", algo que permitiría "avanzar bastante en la limitación de la competencia fiscal y la deslocalización ficticia de los beneficios o profit shifting hacia territorios de baja tributación como los paraísos fiscales, así como en el reparto más justo de la recaudación del IS entre los países".

En este sentido, anota, EEUU ha pasado de rechazar ese segundo componente, el de la presión local, a apoyarlo "esperando que también se traduzca en un aumento de ingresos tributarios para el país", aunque "es importante advertir de que los resultados dependerán mucho de la ambición de las medidas que se acuerden: por ejemplo, no es lo mismo un tipo mínimo del 12,5% que del 21%".

La implementación del impuesto no resultaría, en cualquier caso, sencilla, ya que los Estados pueden "adoptar el Pilar 2 e imponer a sus multinacionales residentes un impuesto equivalente a la diferencia entre el tipo mínimo acordado y la tributación efectiva de las mismas en otros países", pero, al mismo tiempo, "sin acuerdo no puede imponer a las multinacionales no residentes que tributen por los beneficios generados en España, porque no lo permiten las normas vigentes de fiscalidad internacional, en particular, los denominados convenios de doble imposición". Las primeras serían Telefónica, Iberdrola o ACS; las segundas, Amazon, Twitter o Facebook.

"El listón queda tan bajo que cualquier empresa podrá saltárselo"

Así, apunta, "los acuerdos no podrán ser muy ambiciosos, ni en la determinación de las empresas afectadas (sectores, tamaños) ni en el importe del tipo mínimo que se fije. Pero, en todo caso, será un avance con respecto a la situación actual".

Por último, López Laborda rechaza que pueda hablarse de un intento de "armonización global" del Impuesto de Sociedades, aunque sí considera que "las propuestas en las que está trabajando la OCDE a instancias del G20 pueden tener efectos de largo alcance". Entre otras causas, añade, porque "los países más grandes han estado desde el principio detrás de los trabajos de la OCDE, en especial, Francia y Alemania, y ahora tienen más interés que nunca en que salgan adelante, porque les pueden proporcionar ingresos adicionales que precisan para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia".

Por su parte, Íñigo Macías, responsable de Investigaciones de Oxfam-Intermon, calificó de "decepcionante e incluso absurdo que el G-7 declare que esto es una ‘transformación integral’ del sistema fiscal internacional", ya que "un mínimo global del 15% se queda corto, no marcará ese punto de inflexión para acabar con el uso abusivo de los paraísos fiscales ni en la competencia fiscal".

"Nos hubiera gustado poder reconocer que este era el gran momento histórico de la reforma del sistema fiscal impulsado por las grandes economías del mundo para que las grandes corporaciones lleguen a pagar los impuestos que les corresponde donde les corresponde", anotó, pero "con este 15% en realidad no hacen más que alinearse con los paraísos fiscales como Irlanda, Suiza o Singapur. El listón queda tan bajo que casi te tropiezas con él y cualquier gran empresa se lo saltará".

05/06/2021 18:03

Eduardo Bayona@e_bayona

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Lunes, 31 Mayo 2021 06:02

Shell

El director de Milieudefensie, Donald Pols, visiblemente feliz con el veredicto.

La sentencia de la corte de distrito de La Haya del pasado 26 de mayo ordena a la compañía anglo-holandesa de energía Shell que actúe para reducir, en el periodo hasta 2030, sus emisiones netas de carbono en 45 por ciento con respecto a los registros de 2019. "El grupo Shell", dijo la jueza responsable, "debe poner de su parte para contener la amenaza del cambio climático".

La demanda fue interpuesta por la organización Milieudefensie, la versión holandesa de Amigos de la Tierra. El argumento de base en este caso fue que los productos de Shell provocan cada año emisiones del orden de mil 600 millones de toneladas de dióxido de carbono, asociado con el llamado "efecto invernadero", equivalentes a 3 por ciento de las emisiones en el mundo y nueve veces más que toda Holanda.

El asunto ya había sido planteado por la propia Shell, que preveía disminuir las emisiones generadas por sus productos en 6 por ciento para 2023, 20 por ciento para 2030, 45 para 2035 y por completo en 2050 (con base en los niveles registrados en 2016).

La sentencia establece un precedente relevante para el control del calentamiento del planeta, cuya referencia política es actualmente el Acuerdo de París firmado en diciembre de 2015 en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Shell argumentó que el problema en cuestión no debe tratarse en los tribunales pues, siendo una cuestión global, requiere de un amplio esquema de inversiones, la transformación tecnológica en la industria energética, la adecuación de toda una enorme serie de productos y servicios relacionados, así como la modificación de los patrones de consumo de la población.

Antes ya, una corte holandesa ordenó al gobierno de ese país acelerar las rebajas en las emisiones de carbono para 2020 hasta 25 por ciento respecto al nivel de 1990; la primera decisión de ese tipo en Europa. Es interesante apreciar el entorno de las iniciativas y las inevitables resistencias políticas y económicas con respecto al tema general del medio ambiente y en especial al impacto sobre el clima.

En esa sentencia se hacía explícito que las causas y consecuencias del cambio climático no pueden limitarse a un solo país, pero que: "el Estado no debe esconderse detrás del argumento de que la solución a este problema global no depende sólo de los esfuerzos holandeses". Al respecto, hay otros argumentos que se exponen en diversos países que eluden las exigencias y disposiciones en el campo energético para contrarrestar el calentamiento global.

En estos asuntos quienes participan en el debate sobre el clima son los gobiernos, los organismos internacionales, las grandes empresas del sector de la energía y organizaciones relacionadas con el activismo por el medio ambiente. No son claras aún las formas en que las sociedades, con toda su diversidad y estructuras desiguales participarán de modo amplio en esta cuestión y los mecanismos que tendrán disponibles para contar con la información adecuada y expresarse al respecto.

Las grandes empresas que explotan el carbón, el petróleo y el gas operan con criterios de distinta índole, pero claramente la rentabilidad es uno de crucial importancia. En el caso de las empresas que son públicas, es decir, que cotizan en los mercados de valores, podría ser que la postura de segmentos de los accionistas presionase para que haya un vuelco en las estrategias medioambientales. No necesariamente ocurre lo mismo con las empresas estatales en la que esas decisiones, con significativos efectos económicos, ocurren con base en criterios políticos, en un sector por naturaleza claramente politizado alrededor del mundo.

Esto representa un conjunto de fricciones en cuanto a la consecución de los objetivos de afectar de modo positivo al cambio climático. Las decisiones son de largo plazo pues el viraje productivo que esto representa es complejo y abarca un amplio conjunto de actividades, mercados e intereses.

Se trata efectivamente de una cuestión global, pero el alineamiento de los intereses privados y estatales es conflictivo. Piénsese en la producción de energías bajas en carbono: electricidad –incluyendo la recarga de vehículos eléctricos–, el uso de hidrógeno, las energías renovables o los biocombustibles. Los patrones de ajuste de una mayor demanda con una mayor producción es el quid de la cuestión. Las medidas para conseguirlo abarcan una gran variedad de acciones del orden privado y público. La energía es un bien de consumo masivo.

Lo que se consigna es una tendencia hacia la mayor presión de los inversionistas para un ajuste ecológico de las empresas del sector de la energía, una creciente acción regulatoria de los gobiernos, el incremento de la conciencia social sobre las emisiones de gases y el efecto invernadero. Los intereses en disputa son muy grandes. Habrá que ver cómo se irá forjando la dinámica en el mercado, en las políticas gubernamentales y entre los movimientos ciudadanos. El objetivo que se ha fijado ahora es contener el promedio de la temperatura en la Tierra por debajo de 2 por ciento.

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Jueves, 27 Mayo 2021 06:02

Pandemia: primer balance global

Pandemia: primer balance global

El Panel Independiente de Preparación y Respuesta ante las Pandemias, establecido por la resolución 73.1 (may 20) de la Asamblea Mundial de la Salud, presentó este mes el informe Covid-19: hagamos que sea la última pandemia. Se trata, me parece, del documento más autorizado y completo de los muy numerosos dedicados a evaluar lo ocurrido y a proponer políticas y acciones en el ámbito de la salud y otras políticas públicas, que permitan aproximar la realidad a la promesa desmedida que encapsula su título. Es un documento de extensión manejable, no alcanza 100 páginas, con un ilustrativo resumen de apenas siete fojas. Ambos documentos pueden leerse en https://theindependentpanel.org/ (hacia finales de mayo, en español sólo aparecía el resumen). El panel ha sido copresidido por Helen Clark, ex primera ministra de Nueva Zelanda, y Ellen Johnson Sirleaf, ex presidente de Liberia, y compuesto por otros 11 integrantes que aportan "una combinación de conocimientos y calificaciones en enfermedades infecciosas, brotes y emergencias; políticas nacionales y globales de salud y financieras, economía, causas de los jóvenes y bienestar de niñas y mujeres".

Como una cadena de omisiones e insuficiencias se califica a las reacciones de gobiernos e instituciones a las primeras manifestaciones de una pandemia de alcance global y evidente gravedad. “La prevención careció de consistencia y de la financiación necesaria. El sistema de alerta fue demasiado lento –y endeble–. La Organización Mundial de la Salud (OMS) no tuvo suficiente poder. La respuesta ha acentuado las desigualdades. Faltó liderazgo político a escala mundial.” Esta desoladora lista de falencias no se había reunido y reconocido con tan meridiana claridad.

A principios de 2020, "demasiados países optaron por esperar y ver qué pasaba en lugar de establecer una estrategia de contención agresiva". El resultado fue la imposibilidad de evitar que la pandemia se propagase por el mundo. "Ni los sistemas nacionales ni los internacionales consiguieron satisfacer las demandas iniciales y urgentes de suministros." Al "menosprecio de la ciencia en la toma de decisiones" –subrayado enfáticamente por el panel– se sumó un respeto constante e invariable a la lógica y operación de los mercados. Los dictados de éstos y de las ganancias privadas se impusieron a la preeminencia debida del interés público y de los imperativos sociales. Esta última conclusión sólo aparece entre líneas en el documento del panel, sin llegar a formularse de manera explícita.

"La falta de planificación y las deficiencias en materia de protección social han hecho que la pandemia amplíe las desigualdades, con una repercusión socioeconómica desproporcionada sobre las mujeres y las poblaciones vulnerables y marginadas, incluyendo a los migrantes y los trabajadores del sector informal. Los efectos sobre las personas con problemas de salud subyacentes se han visto agravados. Asciende a millones la cantidad de niños más desfavorecidos que han tenido que abandonar sus estudios de forma anticipada por la pandemia." Tras su primer año, la pandemia y la forma en que se le hizo frente han arrojado un mundo más desigual; han acentuado las desventajas de los grupos vulnerables, por género, etnia o posición laboral; han detenido y disminuido los avances conseguidos en el combate de otras enfermedades y han afectado el futuro, al impactar negativamente la educación en todos sus grados.

La urgencia inmediata, reconocida por el panel, es "acabar con la pandemia". Para ello se requiere que los países de ingresos altos se comprometan a suministrar vacunas, a través de canales multilaterales como Covax, “a los 92 países de ingresos bajos y medianos […] al menos mil millones de dosis al 1º de septiembre de 2021 a más tardar y más de 2 mil millones de dosis para mediados de 2022”. Se requiere, además:

"[Un] acuerdo sobre la concesión voluntaria de licencias y la transferencia de tecnología [sobre] las vacunas", en cuya ausencia y tras un plazo de tres meses, "debe entrar en vigor de forma inmediata una renuncia a los derechos de propiedad intelectual" en términos del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC.

Los 19 mil millones de dólares que se estima necesarios para "vacunas, medios de diagnóstico, tratamientos y fortalecimientos de los sistemas de salud" deberán ser movilizados, en 60 por ciento, por el G7 y el resto "por otros miembros del G20 y otros países de ingresos altos", junto con la aprobación de "una fórmula basada en la capacidad de pago para financiar dichos bienes públicos universales de manera continuada".

Las siete recomendaciones puntuales del panel "para garantizar que un futuro brote no se convierta en pandemia" se expondrán y analizarán en la siguiente nota, en dos semanas.

Mauricio de Maria y Campos (1943-2021)

In memoriam

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Lunes, 24 Mayo 2021 05:44

La agricultura, rehén de gigantes

La agricultura, rehén de gigantes

Los gigantes tecnológicos de la comunicación se abalanzan sobre la agricultura y la alimentación. Su objetivo principal no es ofrecer asistencia a los millones de campesinos, sino integrarlos en una red numérica global controlada de forma centralizada. Para promover, cuando no obligar, la compra exclusiva de sus insumos, máquinas o servicios financieros.

Más que de una ficción futurista, se trata del anticipo de un drama alimentario mayor. Los gigantes tecnológicos de la comunicación y la distribución se abalanzan sobre la agricultura y la alimentación. Una incursión desastrosa para la pequeña producción y el mundo del trabajo rural.

Hace apenas algunos años la empresa japonesa Fujitsu, especializada en computadoras, tabletas táctiles y periféricos, inició un llamativo proyecto piloto: instaló en las afueras de Hanoi, Vietnam, una granja de alta tecnología más parecida a una fábrica que a una chacra tradicional (foto principal). Produce lechuga en estantes dispuestos verticalmente en un ambiente climatizado, completamente cerrado y manejado por computadoras centralizadas en Japón.

Las mismas están conectadas a una “nube” -infraestructura digital de almacenamiento de datos y servicios informáticos disponible a través de Internet-, que Fujitsu opera en sociedad con Aeon, uno de los más grandes comercios minoristas nipones en el rubro alimenticio. ¿Por qué destinar una cantidad tan grande de recursos y energía para la producción de unas pocas bandejas de lechuga sin mucho valor real en el mercado?

Esta granja es, al mismo tiempo, impresionante e incomprensible, señala la ONG GRAIN (“grano” o “semilla”, en francés) en un estudio al que hace referencia el cotidiano suizo Le Courrier en su edición del lunes 3 de mayo.

También a las afueras de Hanoi, Fujitsu desarrolla el proyecto piloto de otra unidad agrícola, aunque con un carácter diferente. Está ubicada en un terreno exterior, común y corriente, que no la distingue de las granjas vecinas. Sin embargo, su particularidad distintiva es que todos sus trabajadores usan teléfonos móviles inteligentes provistos por la compañía y sus movimientos son monitoreados. Las horas que trabajan, su productividad, los insumos que aplican, son cuidadosamente anotados y archivados en Japón, en la “nube” de la compañía. Fujitsu utiliza la tecnología digital más moderna para maximizar el rendimiento de la mano de obra.

En Silicon Valley, Estados Unidos, los cultivos verticales siguen siendo emprendimientos mimados. Desde 2014 han recibido 1800 millones de dólares de parte de grandes inversores en tecnología, como el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y el SoftBank de Japón.

Paradójicamente, a pesar de los grandes caudales financieros que reciben, las granjas de alta tecnología que han construido estas empresas sólo ocupan, en todo el mundo, el equivalente de unas escasas 30 hectáreas de tierra, sostiene la ONG autora del informe. GRAIN es una pequeña organización internacional sin fines de lucro que apoya a campesinos y agricultores, así como a movimientos sociales de África, Asia y América Latina en sus luchas por lograr sistemas alimentarios basados en la biodiversidad y gerenciados comunitariamente. 

La cosecha de datos

En el universo de la tecnología digital, el poder se basa en los datos. Es decir, en la capacidad de recolectar y procesar cantidades masivas de información, lo que se denomina “Big Data”.

Como en otros sectores de la economía, las grandes corporaciones -ya sea compañías tecnológicas, proveedores de redes de comunicación, cadenas de comercio minorista, compañías productoras de alimentos, agronegocios o bancos- compiten por recolectar tantos datos como sea posible a partir de todos los puntos del sistema alimentario. Y obtener así ganancias monstruosas a partir del uso de esos mismos datos.

Alianzas, fusiones y compras realizadas entre corporaciones favorecen lo que GRAIN describe como “una captura corporativa mucho más profunda y completa de datos provenientes del sistema alimentario”.

Los principales actores son las compañías globales de tecnología, conocidos como los Gigantes Tecnológicos, o Big Tech.

Microsoft, por ejemplo, impulsa la plataforma Azure FarmBeats de agricultura digital, con un enorme sistema tecnológico que se centraliza en la “nube” de la compañía.

La plataforma está siendo diseñada para proporcionar a los agricultores información y análisis en tiempo real sobre las condiciones de suelos y agua, el crecimiento de sus cultivos, plagas y enfermedades, así como el pronóstico del tiempo y los cambios del clima que podrían enfrentar. El valor de esta información y de la asesoría correspondiente dependen del volumen y la calidad de los datos que Microsoft puede recolectar y analizar con sus algoritmos, razón por la cual se asoció con compañías líderes en el desarrollo de drones agrícolas y dispositivos con sensores. Y también con compañías que desarrollan tecnologías que pueden recibir y trabajar con la información que recopila FarmBeats -tractores de alta tecnología, drones, aplicadores de plaguicidas y otros dispositivos y máquinas conectadas a la “nube” de Azure.

La brecha digital

¿Qué relación tiene esta nueva tendencia inversionista con las realidades y necesidades de los 500 millones de establecimientos o fincas de campesinas y campesinos que producen gran parte de los alimentos del mundo?

Las aplicaciones de esta alta tecnología, como tractores sin conductor y drones regadores de pesticidas, no se dirigen, necesariamente, a beneficiar a estos grupos de pequeños productores. No se preocupan por brindarles consejos y asistencia técnica. El objetivo principal de las multinacionales que invierten en la agricultura digital es integrar a millones de campesinos en una amplia red numérica controlada de forma centralizada. Para promover, cuando no obligar, la compra exclusiva de sus productos, sean insumos, máquinas o servicios financieros.

Los Big Tech no van a ayudar a los pequeños agricultores a promover sus conocimientos, sus semillas autóctonas o su sabiduría propia con respecto a la cría de ganado. Por el contrario, promueven el conformismo y la disciplina financiera: los mini productores integrados a la red deben comprar a crédito los insumos promovidos; deben seguir los consejos del asistente virtual para tener derecho al costoso seguro de cosecha; deben vender la cosecha a la empresa a un precio no negociable; y se comprometen a aceptar como forma de pago la moneda digital que la gran transnacional les impone.

Por otra parte, argumenta GRAIN, el desarrollo de este tipo de agricultura digital va de la mano con la presencia también activa de esos Big Tech -cuando no monopólica y dominante- en la distribución de los alimentos y la venta al por menor. Buscan “reemplazar rápidamente a los pequeños comerciantes, vendedores ambulantes y otros actores locales”. Este mecanismo tiene como horizonte convertir “a los pequeños agricultores y vendedores minoristas de hoy en la mano de obra del futuro de las empresas de alta tecnología”.

La voracidad del lobo

Los actores más grandes en el ámbito de los agronegocios tienen aplicaciones que actualmente cubren millones de hectáreas de campos de cultivo. Y logran que los agricultores les proporcionen informaciones locales sobre sus prácticas a cambio de asesorías y descuentos en el costo de los productos que estas corporaciones prácticamente les obligan a utilizar.

La transnacional alemana Bayer, la más grande del mundo en semillas y pesticidas, reconoce que su aplicación ya se está usando en fincas -unidades productivas- que cubren más de 24 millones de hectáreas en Europa, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina.

La multinacional germana -al igual que las otras dedicadas a agronegocios-, debe arrendar de una de las compañías de los Gigantes Tecnológicos la infraestructura digital que necesita. En este caso se trata de Amazon Web Services (AWS), la plataforma de servicios en la “nube” más grande del mundo, por delante de Microsoft, Google y Alibaba. Amazon, que al igual que Microsoft desarrolla su propia plataforma de agricultura digital, puede utilizar los datos recolectados por Bayer y otras numerosas compañías que utilizan sus servicios en la “nube”. Por lo tanto, tiene una enorme ventaja sobre los otros competidores, no solo en términos de cantidad de datos a la que tiene acceso, sino también en términos de su capacidad para analizarlos y obtener así ganancias significativas de los mismos.

Microsoft desarrolló el proyecto Farm Beats y la Iniciativa Microsoft 4Afrika con AGRA (Alianza para la Revolución Verde) con el fin de desarrollar la agricultura digital en Kenia, Nigeria, Ruanda, Gana, Tanzania, Uganda, Malaui y Etiopía.

Amazon adquirió Whole Food por 16000 millones de dólares e invirtió más de 500 millones de dólares en el sector alimentario en India y Australia.

Apple, junto con Argwold, desarrollaron su reloj de precisión para utilizarlo en la agricultura de punta. Facebook invirtió en Reliance Jio, el operador de red móvil más grande de India. Google promueve junto con la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) el mapa de la tierra (Earth Map) el cual permite una recolección masiva de datos sobre clima, medio ambiente y agricultura.

Alibaba encabeza las fusiones de comercios minoristas de alimentos, que operan tanto a nivel presencial como por Internet, con una inversión de 12700 millones en ese rubro. E invierte otros 3600 millones para adquirir la cadena comercial minorista francesa Auchan.

En 2019, la multinacional química y agroalimentaria suiza Syngenta compró Cropio, una empresa de plataforma digital, para avanzar hacia la agricultura digital. Y en este universo de aceleradas fusiones y alianzas, se suman la multinacional alemana BASF -con la Xarvio y la Bosch-; así como las americanas CORTEVA -con Granular- y FMC Corp. que anunció el lanzamiento de Arc farm intelligence.

Alternativas posibles

Existen hoy un gran número de iniciativas que apuntan a romper la dependencia de los servicios digitales que los gigantes tecnológicos controlan y las corporaciones les imponen cada vez más a los pequeños productores rurales.

Por ejemplo, la “FarmHack”, una comunidad de agricultores a nivel mundial que desarrolla y adapta sus herramientas y comparte esta información de manera gratuita por Internet. Varias empresas creadas recientemente promueven nuevas formas, más equitativas, de intercambio de información surgidas de iniciativas colectivas y sin derechos excluyentes de propiedad intelectual. Lo hacen no sólo dentro de comunidades locales, sino también con pequeños productores/as que enfrentan condiciones similares -por ejemplo, técnicas de control de plagas en el mundo entero.

Durante la pandemia, en muchos lugares del planeta, los agricultores aprovecharon las redes sociales o herramientas de comercio electrónico a través de Internet para organizar mercados alternativos. En Karnataka, India, comenzaron a usar Twitter para publicar videos sobre su producción y establecer contactos directos con los compradores. Otros revivieron sistemas tradicionales de trueque para superar la falta de dinero en efectivo y para generar una oferta que permitiera responder a la demanda.

En el Brasil pandémico, a partir del cierre de los mercados al aire libre y la concentración de la distribución en los grandes supermercados -donde los pequeños agricultores no tienen acceso directo-, el Movimiento de Pequeños Agricultores y el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST) promovieron la venta sin intermediarios de productos agrícolas o la distribución gratuita de los mismos.

El tipo de agricultura y de alimentación sigue estando en el centro de un gran debate de la sociedad mundial, el cual seguirá intensificándose de cara a la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios convocada para el último trimestre del año por las Naciones Unidas. Los gigantes tecnológicos extienden sus tentáculos y tratan de devorar todo los que sea pequeña o mediana producción agrícola. Y en una relación de fuerzas desfavorable, los pequeños responden con organización, creatividad y propuestas alternativas de gran mérito. Dos visiones del campo, dos concepciones contradictorias sobre la Tierra, la vida y el derecho a alimentarse.

Por Sergio Ferrari | 24/05/2021

Publicado enEconomía
Sábado, 22 Mayo 2021 06:55

Jack y los frijoles digitales

Jack y los frijoles digitales

Seguramente la mayoría nos preguntamos con qué se come eso de la agricultura digital. Quizá pensamos en tractores con GPS o en la robotización de algunas tareas del campo. El uso de drones en el campo, sea para mapear o fumigar parcelas e invernáculos se ha extendido mucho. No obstante, esos son apenas los primeros pasos. El tema se torna más complicado si nos referimos también al proceso de digitalización en la alimentación. Hemos visto la entrada de grandes empresas tecnológicas en el mercado de alimentación mediante la compra de supermercados y de las plataformas de ventas y entregas de alimentos en línea. Existen, además, otros métodos, más sutiles, incluso subliminales, de usar nuestros datos extraídos de redes sociales, registros informáticos, desde los que entregamos con simples tarjetas de fidelidad a negocios a datos bancarios, laborales, etcétera. Esos datos están siendo utilizados y reempacados en mensajes para convencernos o "empujarnos" a consumir ciertos alimentos.

¿Quién gana con toda esta trama y qué impactos tiene sobre nosotros, el ambiente, la salud? Para las personas que tienen estas preguntas y poco tiempo para investigar, quiero recomendarles algunos materiales nuevos y de fácil acceso sobre el tema.

El cuento ilustrado Jack y el gigante de la nube parafrasea la conocida historia infantil de los frijoles mágicos, donde al joven campesino Jack o Juanito, al verse necesitado de dinero, sale a vender la vaca de la familia. En este caso, Jack se encuentra con un vendedor corporativo que lo deslumbra con las maravillas de la "agricultura de precisión", que le asegura los sacará de la pobreza. Para entrar en este mundo extraordinario Jack se suscribe a una plataforma digital diseñada para el campo. A cambio de compartir información en tiempo real sobre su parcela, recibirá todo tipo de consejos sobre agricultura, cultivos, clima, plagas, qué agrotóxicos debe usar, dónde regar o fertilizar, etcétera. Claro, las cosas no son tan simples y Jack finalmente descubre el verdadero plan de losdueños de la nube (https://tinyurl.com/yprp4926).

Pese a sonar como cuento, la historia de Jack es un resumen de lo que ofrecen programas como FieldView, de Bayer-Monsanto, FarmBeats, de Microsoft, u otros similares de otras corporaciones de agronegocios y tecnología.

Como le sucede a Jack, el problema para quienes entran en estas plataformas no es solamente que no les da de comer, sino también que otros agricultores y campesinos han caído en la misma trampa y la extracción de datos de todo su territorio alimenta una nube gigantesca, que provee a las corporaciones con extensos mapas y nuevas formas de controlar el campo y la alimentación.

En ese sentido, el video corto El Gran Hermano llega al campo: asalto digital a la alimentación , del grupo ETC, provee una visión panorámica del tema desde las semillas al consumo en los hogares. Es una animación producida en colaboración con Freehand Studio, un interesante grupo de producción artística en Kenia (https://tinyurl.com/26wmvyxr).

El video muestra cómo a las grandes corporaciones que dominan las semillas y agrotóxicos (Bayer, Corteva Agriscience, Syngenta Group y BASF) se han sumado otras muy poderosas, que incluyen, por ejemplo, a las grandes gestoras de activos comoBlackRock. Inversionistas especulativos que al igual que las grandes titanes tecnológicas (Amazon, Microsoft) ni siquiera provienen de las áreas de agricultura o alimentación y, sin embargo, están adquiriendo cada vez más poder sobre éstas. La meta es convertir todo lo que se pueda a "datos" que son el sustrato básico de los sistemas de Big Data (datos masivos), para su venta con diversos usos.

“El sistema alimentario está lleno de cosas que se pueden convertir en ‘datos’: ADN en las semillas, datos de agua y suelo en las granjas, datos sobre el traslado de productos básicos del campo a la fábrica y a la mesa y, por supuesto, todo las ventas de comestibles y los datos del consumidor”, explica el video (https://tinyurl.com/26wmvyxr).

Para conocer un poco más sobre el tema, es útil también la publicación de Grain, "Control digital: Cómo se mueven los Gigantes Tecnológicos hacia el sector de la alimentación y a la agricultura (y qué significa esto)" (https://tinyurl.com/c8z57rrp). Este documento explica los actores y motivos para este avance de las corporaciones tecnológicas en la agricultura y alimentación. También reconoce para muchos sistemas campesinos, el uso de algunas herramientas de comunicación digital ha sido útil para establecer relaciones directas con grupos de consumidores urbanos, entre otros. No obstante el trasfondo y consecuencias de qué se extrae, quién controla los datos, quién controla estos nuevos instrumentos digitales y a quién benefician va mucho más allá de esas comunicaciones.

Finalmente, para entender este trasfondo corporativo y cómo se relaciona con la pandemia de Covid-19, se puede consultar la versión actualizada de La insostenible agricultura 4.0, de Pat Mooney y Grupo ETC (https://tinyurl.com/vznx2aah).

Silvia Ribeiro, Investigadora de Grupo ETC

La propuesta de suspender las patentes de la vacuna anti-Covid divide a la UE

Bruselas. Los líderes de la Unión Europea (UE) están divididos sobre si seguir a Washington en el apoyo a la liberación de las patentes de las vacunas contra el Covid-19, ya que muchos sostienen que esto llevaría años y no abordaría la cuestión inmediata de fabricar más dosis para acabar con la pandemia.

Los líderes del bloque de 27 países debatirán la idea de suspender las patentes en una cumbre de dos días que comenzó ayer en la ciudad portuguesa de Oporto, pero es poco probable que formulen una posición unida firme, más allá de una disposición general a debatir la cuestión.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respaldó el miércoles la renuncia a los derechos de propiedad intelectual de las vacunas, a lo que las farmacéuticas respondieron que no son las patentes, sino las restricciones en el comercio internacional, lo que impide la distribución de los inmunológicos.

Algunos miembros de la UE sostienen que el proceso de liberación, que se llevaría a cabo en la Organización Mundial del Comercio, podría durar dos años, lo que lo haría irrelevante para controlar rápidamente la pandemia.

Los miembros de la UE creen que la mejor manera de acabar rápidamente con la pandemia, evitando la aparición de nuevas variantes del coronavirus, es impulsar la producción de vacunas y venderlas o donarlas a países de todo el mundo.

"Estamos abiertos a discutir la idea, las opciones relativas a las patentes, para ver cómo esto podría ayudarnos a lograr el objetivo de acelerar la producción y las entregas en todo el mundo", indicó una portavoz de la Comisión Europea en una sesión informativa periódica.

La UE, que está entre los mayores productores de vacunas del mundo, es también el principal exportador de estas sustancias, con 200 millones de dosis enviadas fuera del bloque, a diferencia de Estados Unidos o Reino Unido, que no exportan los biológicos que fabrican.

La titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó que la UE está "lista para discutir" tal levantamiento, a fin de determinar si era una "solución efectiva y pragmática", pero en rueda de prensa matizó: "A corto y medio plazo, este levantamiento no resolverá los problemas, no proporcionará ni una sola dosis de vacuna".

Von der Leyen puso énfasis en que Europa es "la única región democrática del mundo que exporta a gran escala", alrededor de 50 por ciento de su producción. Hasta ahora se han enviado 200 millones de dosis, dijo.

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Varias personas protestan ante las oficinas de Johnson & Johnson en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) pidiendo que liberalicen las patentes. Nic Bothma / EPA - EFE

En qué consiste? ¿Qué ocurrirá ahora? ¿Cuánto se tardará en aplicar? ¿Será suficiente para aumentar la producción? Esto es lo que se sabe y lo que no sobre el apoyo de EEUU a la suspensión temporal de las protecciones de propiedad intelectual de las vacunas anti-COVID y sus consecuencias

 

Estados Unidos ha asombrado al mundo con su apoyo a la suspensión temporal de las patentes de las vacunas contra la COVID-19. La medida ha sido calificada de "trascendental" e "histórica" por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero, para muchos, aunque importante, es solo el primer paso y aún queda camino por delante para aumentar el suministro de dosis y acabar con la enorme brecha en la vacunación entre países ricos y pobres.

De momento, sobre la medida, hay poco conocido y mucho por saber. "Muchos se preguntan si la exención acelerará las cosas. Esa es la pregunta clave. Y la respuesta es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el statu quo no está funcionando. La exención es una parte necesaria de un cambio más transformador", resume Matthew Herder, director del Instituto de Derecho de la Salud de la Facultad de Derecho de Schulich, en Canadá.

¿Qué ha anunciado EEUU?

Katherine Tai, representante de Comercio Exterior estadounidense, comunicó este miércoles en un tuit el apoyo del Gobierno de Joe Biden y Kamala Harris a la exención de las protecciones de propiedad intelectual para las vacunas contra la COVID-19.

"El Gobierno cree firmemente en las protecciones de la propiedad intelectual, pero en aras de poner fin a esta pandemia, apoya la exención de esas protecciones para las vacunas COVID-19", dice el comunicado de Tai. Su argumento: "Las circunstancias extraordinarias de la pandemia exigen medidas extraordinarias".

La decisión supone un giro de 180 grados en la posición que Washington había mantenido hasta ahora en los debates sobre el levantamiento de los derechos de propiedad intelectual durante la pandemia. Llega tras meses de rechazo, y en un momento en el que EEUU –uno de los países ricos que han acaparado vacunas– figura entre los más avanzados en la inmunización: un 32% de la población está completamente vacunada y se han puesto alrededor de 75 dosis por cada 100 habitantes.

La presión por parte organizaciones de la sociedad civil, expertos y líderes mundiales hacia los gobiernos y las farmacéuticas para que apoyen esta medida ha sido cada vez mayor, mientras el virus sigue haciendo estragos en lugares como India y la desigualdad en la distribución de las vacunas persiste. La Organización Mundial de la Salud también ha abogado por la medida y ha elogiado a EEUU por su decisión, al igual que numerosas organizaciones sociales.

¿Es una idea nueva?

No. En la Organización Mundial del Comercio (OMC) se ha debatido hasta nueve veces desde octubre una propuesta que presentaron India y Sudáfrica a favor de una exención temporal de derechos de propiedad intelectual, algo previsto en el seno del organismo. La iniciativa ha recabado en todos estos meses el respaldo de decenas de países, principalmente los de menores ingresos, que defienden que puede ayudar a expandir el acceso a las vacunas.

Ahora, hasta 60 países copatrocinan la propuesta, a la que hasta el momento se habían opuesto sistemáticamente un grupo de miembros, principalmente aquellos con industrias farmacéuticas y biotecnológicas importantes, entre ellos, Australia, Brasil, Reino Unido, Japón y la Unión Europea, además de EEUU.

¿Qué pasa con esta propuesta?

La propuesta de India y Sudáfrica no se ciñe solo a las patentes, que otorgan a las empresas un monopolio sobre la producción y buscan proteger sus invenciones de la competencia durante un tiempo limitado. Tal y como está planteada en este momento, si saliera adelante, se suspenderían de manera temporal, mientras dure la pandemia, varias provisiones del llamado Acuerdo de los ADPIC, que es el marco normativo internacional del sistema de propiedad intelectual en el comercio: derechos de autor y los que se derivan de ellos, dibujos y modelos industriales, patentes y protección de la información no divulgada.

Sin embargo, tras meses de estancamiento en los debates y posturas enfrentadas, los impulsores de la propuesta anunciaron hace una semana que revisarán el texto en un intento de conciliar posiciones. Los detalles sobre los cambios se desconocen, pero se está trabajando en un calendario para discutirlos. Sobre la mesa está la posibilidad de reunirse en la segunda quincena de mayo. El texto revisado se presentaría, según fuentes de Ginebra, en la reunión formal del Consejo de los ADPIC, prevista para principios de junio.

Este movimiento se produjo pocos días antes de que EEUU se pronunciara a favor de una exención. Pero en su escueta declaración, Tai solo mencionó tal medida para las vacunas, mientras la iniciativa de India y Sudáfrica también se refiere a medicamentos, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías. Esto, a juicio de algunas fuentes consultadas por elDiario.es, puede anticipar ciertas líneas rojas. Tras el anuncio de EEUU, las organizaciones sociales han pedido que no se ciña solo a las vacunas, sino que cubra igualmente otras herramientas médicas para la COVID-19.

"El peligro siempre está en los detalles. La transparencia y la publicación de los textos de negociación son fundamentales en todos los asuntos comerciales relacionados con la propiedad intelectual", ha dicho Tahir Amin, abogado experto en propiedad intelectual, en Twitter. "Tenemos que asegurar que se mantenga el espíritu de la propuesta presentada en octubre y no quede en una versión descafeinada del texto inicial", dice a elDiario.es Vanessa López, directora de Salud por Derecho, quien cree que la suspensión temporal de las patentes "puede marcar un antes y un después" en la lucha contra el virus.

¿Qué ocurrirá ahora?

Ahora toca negociar. La representante de EEUU ha dicho que el país participará "activamente" en las negociaciones para que haya una exención. Para que haya un acuerdo concreto, tiene que estar por escrito, y ahora toca hablar de qué se quiere hacer específicamente, cómo se quiere hacer, durante cuánto tiempo y con qué condiciones, y cómo se plasma eso en un texto que convenza a todo el mundo.

"Habrá que negociar hasta llegar a los elementos más técnicos, como qué aspectos de los acuerdos deben ser levantados, ya que no solo hay que considerar las patentes, sino los secretos comerciales, diseños industriales, copyright, etc.", dice Adrián Alonso Ruiz, investigador en políticas de innovación y acceso a medicamentos, que considera que la propuesta es positiva.

¿Cuánto pueden tardar?

EEUU ha dejado claro que estas negociaciones "llevarán tiempo" dada "la naturaleza basada en el consenso de la institución y la complejidad de los temas involucrados". La directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, ha defendido que se debe responder "urgentemente porque el mundo está mirando y la gente está muriendo", y pide que el texto revisado se ponga sobre la mesa cuanto antes.

En la OMC hay una "regla de oro": las medidas se adoptan por consenso de todos los miembros, una de las razones por las cuales el debate ha permanecido bloqueado hasta este momento. "Las normas de la OMC permiten que se adopte una exención por mayoría de tres cuartos, pero en la práctica la OMC nunca ha abandonado la toma de decisiones por consenso en favor de una votación", ha dicho Thomas Bollyky, director del programa de salud global del Consejo de Relaciones Exteriores.

En otras palabras, hay que esperar, ya que la iniciativa requiere también el apoyo del resto de países para salir adelante. Algunas voces consideran que el cambio de rumbo de EEUU, la mayor potencia económica, puede persuadir a los países detractores para que se comprometan y lleguen a algún tipo de acuerdo. Nueva Zelanda apoyó a las pocas horas la idea de trabajar por una exención.

Este jueves, Ursula von der Leyen dijo que la UE "está lista para discutir" cómo una renuncia de la protección de la propiedad intelectual para las vacunas "podría ayudar a lograr el objetivo de combatir esta crisis".

"Es tarde para seguir debatiendo, necesitamos que la UE abandone el bloqueo para salvar millones de vidas en todo el mundo", dice López. El Gobierno de España ha apoyado este jueves la postura de EEUU y ha dicho que "marca el camino", aunque pide ir más allá.

Los países a favor de la medida han defendido estos meses que los problemas actuales en el acceso a las vacunas solo pueden abordarse eficazmente mediante la exención, pero hasta hace una semana algunas delegaciones seguían sin estar convencidas y otras han argumentado que podría ser contraproducente. Las organizaciones sociales vaticinan que el Gobierno de EEUU se enfrentará ahora a una "intensa presión" por parte de la industria farmacéutica para diluir los acuerdos.

Krishna Udayakumar, director del Duke Global Health Innovation Center, cree que no se puede esperar que la negociación en la OMC sea sencilla o rápida. "Existe el riesgo de que las negociaciones se empantanen y no se llegue a un consenso". También, dice, teme que se caiga en la complacencia a la hora de abordar las necesidades "más amplias" de aumentar la fabricación de vacunas.

¿Y si hay un consenso en la OMC?

A grandes rasgos, si se adoptara la exención, podría permitir a las empresas de todo el mundo que están desarrollando vacunas hacerlo sin temor a ser demandadas por otra compañía que posee la patente del producto. Es probable que tenga que acordarse una compensación económica. A falta de más detalles, hay quienes señalan que una posible limitación puede ser que no cambien las legislaciones nacionales. Es decir, que haya países que sigan protegiendo las patentes conforme a sus leyes, cuya modificación puede ser difícil y lenta.

"Una vez adoptado el levantamiento, quizás algunos países tienen que reformar su legislación nacional para adaptarla, lo que supondrá trámites parlamentarios e implementación, así como la identificación de fabricantes interesados en participar en la producción", dice Alonso Ruiz.

¿Cómo ha reaccionado el sector al anuncio de EEUU?

Como era de esperar, está en contra. La Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas, que agrupa a compañías de todo el mundo, ha dicho en un comunicado que la decisión de EEUU es "decepcionante" y que una exención "es la respuesta simple pero incorrecta a un problema complejo". "No aumentará la producción ni proporcionará las soluciones prácticas necesarias para combatir esta crisis de salud global. Por el contrario, es probable que provoque trastornos", dice el texto.

"En medio de una pandemia mortal, la administración Biden ha dado un paso sin precedentes que socavará nuestra respuesta global a la pandemia y comprometerá la seguridad", se queja la Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA).

En general, el sector ha defendido en los últimos meses que la medida podía sentar un precedente "peligroso" y corre el riesgo de socavar la innovación en el sector farmacéutico.

"Tal vez el estribillo más común en el sector es que compartir la propiedad intelectual significa que las empresas y sus inversores tienen que renunciar a los altos rendimientos que garantizan las patentes y otras formas de monopolio. Como resultado, no habrá más incentivos para la innovación farmacéutica. Este es un argumento extraño en el contexto de las vacunas anti-COVID-19, porque las empresas se libraron en gran medida de los riesgos con grandes cantidades de financiación pública", dice Ellen 't Hoen, directora de Medicines Law & Policy, en un artículo.

¿Una exención será suficiente para incrementar la producción?

Existe cierto consenso entre los expertos y activistas partidarios de la medida, y es que tienen que ocurrir más cosas. En otras palabras, una exención de las patentes por sí sola no aumentaría el suministro mundial de vacunas, tiene que formar parte, dicen, de un paquete más amplio.

En primer lugar, hay que asegurar que tal medida vaya acompañada de lo que se conoce como "transferencia de tecnología", porque tan importante como tener los derechos para hacer una vacuna es tener los conocimientos técnicos para hacerla, que tendrían que ser proporcionados por las compañías desarrolladoras, y para eso se necesita su colaboración.

"Las transferencias de tecnología requieren que ambas partes, las empresas originarias de vacunas y las empresas receptora de vacunas, colaboren y compartan sus conocimientos. Si la empresa de vacunas originaria es reacia a colaborar, la renuncia a la propiedad intelectual por sí sola tendrá un impacto limitado", dice Julien Potet, de Médicos Sin Fronteras.

Por esta razón, hay quienes defienden que sin un apoyo mecanismos de transferencia de tecnología y know-how, difícilmente se podrán fabricar más vacunas. Pero, hasta la fecha, ningún fabricante de preparados eficaces contra el coronavirus se ha unido al Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP) de la OMS, plataforma creada para facilitar la puesta en común de estos avances.

En segundo lugar, muchas voces defienden que hace falta una inversión masiva en capacidad de producción, ya que podría hacer falta modernizar y construir fábricas, y producir más materias primas o ingredientes básicos, y otros elementos necesarios, como los viales o las jeringuillas. "Tenemos que sentar, de manera urgente, las bases de todo un sistema de abastecimiento que responda a las necesidades globales, no solo de ahora, también de las que lleguen con las nuevas variantes", señala López.

Alonso Ruiz explica que, una vez aprobada la medida, "hay que ver la capacidad y las ganas de la industria en entrar en acuerdos de transferencia tecnológica, habrá que coordinar la inversión económica para aumentar la capacidad de producción de materias primas, de líneas de fabricación, de cadenas de suministro". "Habrá que evaluar las plantas de fabricación, asegurarse de que los lotes de fabricación son de calidad y que responden a los requerimientos de las agencias reguladoras. Básicamente, ahora mismo nos enfrentamos a muchos de los problemas que teníamos ayer, pero hemos quitado una de las barreras".

Belén Tarrafeta, farmacéutica experta en gestión sanitaria y acceso a medicamentos, piensa que la exención es necesaria y un movimiento histórico, pero cree que "no va a resolver todos los problemas". "A corto plazo la redistribución de vacunas sigue siendo un problema a resolver, igual que el suministro de materias primas, y las limitaciones a las exportaciones de suministros necesarios para fabricar las vacunas".

Por estas razones, algunas voces creen que una exención no va a tener un efecto inmediato en la producción. "Recordamos que esta iniciativa fue propuesta en octubre del año pasado. Si se hubiese aprobado entonces, ya habría mucho camino andado", responde López. "No hay fórmulas mágicas que vayan a acabar con el problema de acceso a las vacunas de un día para otro y, al igual que las compañías propietarias del conocimiento y de las patentes han necesitado su tiempo, también lo necesitarán los nuevos fabricantes que se incorporen al mercado".

No obstante, también hay quienes piensan que si se adopta o avanza una exención, esta podría tener otros efectos de inmediato, como que las empresas entren en acuerdos de licencia voluntarias para intentar evitar que se adopte o para mitigar sus efectos. 

¿Habría capacidad de fabricación?

A lo largo de estos meses, países a favor de la medida, como Sudáfrica, han defendido que podría permitir "de inmediato a los países aprovechar la capacidad de producción no utilizada, accediendo a la capacidad sobrante en el mundo en desarrollo", lo que a su vez permitiría satisfacer la demanda de vacunas.

Sin embargo, uno de los argumentos más repetidos en contra de la exención y el intercambio de propiedad intelectual es que, en general, no hay productores de vacunas inactivos que puedan hacer uso de ella. 

"Este no parece ser el caso. Teva, una gran empresa farmacéutica israelí, intentó en vano obtener los derechos para producir las vacunas contra el coronavirus y recientemente anunció que abandonará la búsqueda de colaboradores. Empresas de Canadá, Bangladesh, Corea del Sur y Pakistán se han encontrado en la misma situación", escribe Ellen 't Hoen.

Tarrafeta cree que no está claro el problema que hay que resolver y "cuáles son las expectativas para resolverlo, también los tiempos". "Si el problema es la capacidad de producción global de vacunas, habrá que definir cuál es la capacidad total que necesitamos y para cuándo, y cuál es la capacidad actual. Esa capacidad de fabricación tiene que ir pareja a la capacidad de absorción –distribuir vacunas, organizar campañas...– de los sistemas sanitarios".

"Si lo que de verdad se necesita es aumentar la capacidad de producción con nuevos sitios de fabricación –como una medida esencial para asegurar una producción estable a largo plazo, es decir, no para los próximos seis meses, sino para los próximos años–, entonces la exención es necesaria como una primera medida, pero deberá ir acompañada por una transferencia tecnológica de la industria actual a nuevos fabricantes que creo que será difícil que se pueda forzar", señala.

Las formulaciones de vacunas son complejas. Pfizer, por ejemplo, ha asegurado que su vacuna de ARNm, una tecnología nueva, necesita 280 componentes de 86 proveedores en 19 países. También, dicen, necesita equipo y personal altamente especializado, "y transferencias de tecnología complejas que requieren mucho tiempo entre socios y redes globales de suministro y fabricación".

Según datos recopilados por la organización especializada Knowledge Ecology International (KEI), los fabricantes de vacunas contra el coronavirus generalmente comienzan a entregar los primeros lotes en menos de seis meses tras la transferencia de tecnología.

Potet, de MSF, cree que si hay un producto que podría beneficiarse rápidamente de una exención de propiedad intelectual, son los medicamentos de moléculas pequeñas, porque resulta "más fácil copiarlos" que las vacunas, mediante ingeniería inversa. "Producir a escala test de saliva que sean eficaces y de calidad podría permitir contener brotes de COVID-19 de manera mucho más eficiente", opina Tarrafeta.

Pero Estados Unidos, de momento, se ha limitado a las vacunas en su anuncio. "Una de las razones por las que EEUU apoyará una exención para las vacunas, pero no para los productos terapéuticos o de diagnóstico, es que las vacunas en los mercados extranjeros nos protegen. Las terapias y los diagnósticos en los mercados extranjeros no lo hacen", ha concluido James Love, director del KEI.

Por Icíar Gutiérrez

6 de mayo de 2021 22:53h

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Una casa en la localidad de Ittoqqortoormiit, en la costa este de Groenlandia. Rob O

El nuevo Gobierno es una coalición de izquierdas liderada por un primer ministro de 34 años ecologista que se opone al proyecto para explotar los mayores yacimientos de uranio y tierras raras en el mundo

 

Durante la mayor parte del año la nieve y el hielo cubren las escarpadas montañas del sur de Groenlandia, peinadas por un viento feroz y constante que sopla desde el mar. No es hasta finales de primavera cuando el deshielo desvela el paisaje que impresionó al explorador en tiempos de los vikingos, Erik el Rojo, cuando descubrió una zona de fiordos con prados verdes, fuentes termales, y la mayor biodiversidad de vegetación que se puede encontrar en la isla. 

Hoy el sur de Groenlandia es conocido como "el granero" ártico por ser la única zona en la isla donde el deshielo permite la agricultura y la cría de renos y ovejas en granjas. Un paisaje que también ha ayudado a desarrollar un incipiente sector turístico atraído por los vestigios milenarios vikingos e inuit de Kujataa, protegidos como patrimonio Mundial de la Unesco. 

Es en el subsuelo de este remoto y frágil ecosistema donde se han descubierto los yacimientos sin explotar de tierras raras más grandes en el mundo: un conjunto de 18 elementos minerales claves para la fabricación de teléfonos móviles, coches eléctricos, turbinas eólicas y armas. Actualmente en Groenlandia hay activas 90 licencias de explotación minera, pero en el último año la atención internacional y la controversia se ha levantado con el yacimiento de Kuannersuit, la segunda mina de tierras raras conocida más grande en el mundo, situada a unos pocos kilómetros de la localidad de Narsaq, en el sur de la isla. 

Los expertos y grupos ecologistas locales advierten del grave impacto ecológico de este proyecto, ya que con la extracción de minerales también se extraería una cantidad importante de uranio. "El polvo radioactivo y los residuos afectarían a la pesca, la agricultura y la ganadería en la zona", advierte Niels Henrik Hooge, miembro de NOAH en Dinamarca. Según los informes de impacto ambiental, el proyecto de Kuannersuit implicaría un aumento del 45% de las emisiones de Co2 en Groenlandia, un factor que se suma al retroceso año tras año de la capa permanente de hielo en la isla. 

Desde Narsaq la activista Gretha Nielsen, miembro de la organización Urani? Naamik ("no al uranio"), dice: "La empresa explotadora nos dice que el proyecto traerá riqueza y puestos de trabajo para la comunidad, pero sabemos del impacto negativo de las minas de uranio en otros sitios del mundo y tenemos miedo que esto también pase aquí".  

Unas elecciones claves para la extracción de minerales

En los últimos meses se ha intensificado mucho el debate sobre el papel de la minería en la economía de Groenlandia, hasta convertirse en una de las principales razones del adelanto en las elecciones principios de abril. 

A pesar de que Groenlandia tiene un gobierno autónomo, continúa formando parte de Dinamarca, país que colonizó la isla ártica hace 300 años. En 2009, el Parlamento danés aprobó el nuevo Estatuto de Autonomía, en el que se reconoce el derecho a la autodeterminación y otorga al Gobierno de Nuuk las plenas competencias en la gestión de áreas estratégicas como la explotación de los recursos naturales y mineros, mientras que desde Copenhague se siguen dirigiendo las políticas de defensa y política exterior. 

Sin embargo, los anhelos de independencia de la mayoría de partidos políticos y de los groenlandeses chocan frontalmente con la realidad económica de la isla, que hace que su autosuficiencia sea hoy un objetivo aún muy lejos de alcanzar: Groenlandia depende casi exclusivamente de dos fuentes de ingresos: la pesca (que representa el 90% de las exportaciones) y la aportación anual de 500 millones de euros por parte de Dinamarca, lo que supone casi la mitad del presupuesto público. 

"En los últimos años el debate ha girado en torno a la explotación más intensa de los recursos naturales", explica el politólogo e investigador de la Universidad de Copenhague, Kristian Søby: "Hasta ahora, el partido socialdemócrata Siumut, que había estado al frente del Ejecutivo durante 40 años, mantenía una posición favorable a la explotación minera, con el objetivo de diversificar la economía y alcanzar un mayor grado de independencia de Dinamarca". 

Pero las elecciones del 6 de abril, que se plantearon como un plebiscito sobre la minería en Kuannersuit, dejaron un claro mensaje en las urnas hacia las empresas internacionales interesadas en los recursos del subsuelo ártico. El partido de izquierdas, ecologista e independentista inuit Ataqatigiit (IA), con un 36,6% de los votos, alcanzó un resultado histórico con una posición clara y firme en contra del proyecto: "Tenemos algo que el dinero no puede comprar, haremos todo lo posible para parar la minería en Kuannersuit", aseguró el nuevo primer ministro, Mute Egede, de 34 años, después de formar un Gobierno de coalición con otras fuerzas progresistas. "Por el momento, todo apunta a que el proyecto minero quedará parado, probablemente durante bastante tiempo", vaticina Kristian Søby. 

El ártico, centro de interés geoestratégico 

La importancia de los minerales de Groenlandia está en el punto de mira geoestratégico, especialmente desde que China controla y procesa más del 70% de los minerales de tierras raras en el mundo. En un principio, la licencia para explotar el yacimiento de Kuannersuit se otorgó en 2007 al conglomerado australiano Greenland Minerals, cuyo principal accionista es la empresa china Shenghe Resources.

"El proyecto minero de Kuannersuit supone una inversión a medio plazo mucho mayor que el conjunto del PIB de Groenlandia", explica Jesper Zeuthen, profesor en la Universidad de Aalborg y experto en la presencia de China en la región ártica. "La dependencia política y económica de Groenlandia con China preocupa en Dinamarca, pero también en Estados Unidos", asegura el profesor, que explica así el intento fallido en 2019 por parte del expresidente Donald Trump de "comprar" el territorio prometiendo inversiones millonarias.

Si el proyecto Kuannersuit se llevara a cabo, supondría que en Groenlandia se extraerían el 10% de minerales raros en el mundo, el mayor yacimiento fuera de China. Además, las consecuencias del calentamiento global han abierto la veda a las potencias mundiales para explorar nuevas rutas de transporte marítimo que hace décadas eran imposible por el hielo, y a facilitar el acceso a los recursos naturales como el gas y el petróleo que atesora el ártico. 

Una vía verde hacia la independencia

"El debate en Groenlandia no está en si debe ser un país independiente, si no en como conseguirlo", señala Kristian Søby. "El incremento del interés internacional, no solo en los recursos minerales, sino también en la construcción de nuevas infraestructuras o en el desarrollo del turismo, es una buena señal para las aspiraciones de los groenlandeses".

Para la activista Gretha Nielsen, el futuro de su país pasa por un camino más verde hacia la independencia: "Tenemos que mejorar la economía, pero también las condiciones de vida de los groenlandeses". Según Nielsen, la prioridad debería ser buscar alternativas económicas como la agricultura, la inversión en productos pesqueros o el turismo responsable, sin perder de vista el equilibrio con el cuidado del medioambiente: "No podemos basar toda nuestra economía en un proyecto minero. En los próximos años Groenlandia debería ser el territorio clave para la protección del ártico". 

Por Òscar Gelis Pons

Copenhague — 30 de abril de 2021 22:27h

@Oscargls

Publicado enMedio Ambiente
Zhang Yiming, fundador de ByteDance, donde posa en su sede en Pekín en 2019.Gilles Sabrie / Bloomberg

Por primera vez, la ciudad china adelanta a Nueva York y se coloca como la localidad que acoge al mayor número de grandes fortunas del mundo

Ni Nueva York, ni Londres, ni París. Por primera vez, Pekín se ha convertido en la ciudad que concentra mayor número de supermillonarios en todo el planeta, en una ilustración de la fuerza de su economía —la única de las grandes que creció el año pasado— mientras el resto del mundo lucha aún por superar la pandemia de la covid 19. La capital china, de 20 millones de habitantes, es el hogar de cien de las personas más ricas del mundo, mientras que su inmediata competidora, Nueva York, acoge a 99, según un estudio de la revista Forbes.

En total, un 10% de los 2.750 mayores millonarios mundiales residen en cuatro ciudades chinas: además de Pekín, las urbes favoritas de los magnates chinos son Shanghái, la capital económica del país; Shenzhen, la capital tecnológica, y Hangzhou, sede del gigante del comercio electrónico Alibaba. Esta última ciudad, en el este de China, se sitúa por primera vez entre las diez metrópolis con mayor concentración de superricos y expulsa de la lista a Singapur.

Entre las cuatro provincias han sumado 96 nuevos supermillonarios —aquellos que poseen una fortuna personal superior a los mil millones de dólares—, mientras que las otras seis en la lista de diez ciudades con mayor número de ricos “solo” agregan 53 más. En Pekín, el elenco de magnates creció en 33 personas a lo largo del año pasado.

Las fortunas del centenar de los más ricos en Pekín acumulan 484.300 millones de dólares, más que todo el PIB anual de Argentina (unos 450.000 millones de dólares) y el doble del de Portugal. Entre ellos, el más adinerado es el fundador de Bytedance, la empresa propietaria de la red social TikTok (o Douyin, su versión china), Zhang Yiming, que tras ver doblar su valor es dueño de 35.600 millones de dólares, según los cálculos de Forbes.

Entre los magnates pequineses que han cruzado este año el umbral de las grandes fortunas, el que acumula un mayor peculio personal es el fundador de la cadena de jugueterías PopMart, Wang Ning, que con solo 34 años suma 5.800 millones de dólares tras la salida de su empresa a Bolsa en Hong Kong el pasado diciembre.

Pero si Pekín ostenta el número uno entre las ciudades con mayor número de millonarios, la segunda, Nueva York, le supera en riqueza total de los suyos. Los Cresos de la Gran Manzana, que incorporó a siete nuevos superricos a su lista el año pasado, acumulan 560.500 millones de dólares entre sus respectivas fortunas personales. Una cantidad superior en 80.000 millones de dólares a la que suman sus homólogos de la capital china, que supera el PIB anual de Suecia y el de Bélgica, y que equivale a la suma de los de Chile, Perú y Costa Rica. El neoyorquino con más posibles es su exalcalde Michael Bloomberg, al que se le calculan bienes por valor de 59.000 millones de dólares.

Donde China recupera el liderazgo es en el número de nuevos supermillonarios: de los 388 que contaba el año pasado ha pasado en 2021 a 626, y queda solo por debajo de Estados Unidos, que presenta 724 fortunas superiores a los mil millones de dólares. Entre los magnates chinos que aparecen listados este año, 205 figuran por primera vez, mientras que otros 53 son empresarios que reaparecen después de que sus nombres salieran del Olimpo de los más ricos en años anteriores. Los chinos más ricos controlan bienes por un valor total de 2,5 billones de dólares, más del doble de los 1,2 billones del año pasado.

Muchas de las nuevas entradas que aporta China a la lista de las mayores fortunas han labrado su riqueza en el pujante sector tecnológico de su país, que el año pasado registró un crecimiento explosivo durante la pandemia tras dispararse la demanda de mayor ocio en internet y las compras electrónicas. Entre los mayores millonarios del gigante asiático figuran personalidades desde Jack Ma, fundador del gigante del comercio electrónico Alibaba y que desde el año pasado arrastra un insistente escrutinio de las autoridades, a Lei Ding, propietario de la firma de juegos online NetEase. La fortuna del primero asciende, según Forbes, a 48.400 millones de dólares. La del segundo, a 33.000 millones.

Aunque el hombre más rico de China no ha hecho su dinero con el sector tecnológico. Tampoco reside en Pekín, sino en Hangzhou. Es Zhong Shanshan, al que la revista le calcula bienes por valor de 68.900 millones de dólares después de la salida a Bolsa de su compañía de agua embotellada, Nongfu Spring, en septiembre pasado.

Por Macarena Vidal Liy

Pekín - 20 abr 2021 - 5:20 CEST

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