SpaceX y la privatización del espacio

Se acopló ayer a la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) la cápsula tripulada estadunidense Crew Dragon, lanzada el sábado e impulsada por el cohete Falcon 9, ambos propiedad de la empresa SpaceX, del magnate de origen sudafricano Elon Musk.

Aunque tiene algunos aspectos tecnológicos innovadores con respecto de los vuelos espaciales tripulados que se realizan desde hace 60 años, la misión que llevó a dos astronautas de la gubernamental Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio (NASA) a la ISS no es en sí misma una proeza técnica; su relevancia reside, en cambio, en que se trata del primer lanzamiento efectuado por estadunidenses y en territorio estadunidense desde 2011, año en que fue cancelado el programa de los transbordadores espaciales tras 135 misiones y dos accidentes fatales en los que murieron 14 astronautas.

Durante los siguientes nueve años, Rusia fue el único país capaz de llevar a seres humanos al espacio exterior, y sus vehículos Soyuz, el único medio tripulado para transportar pasajeros entre la ISS y la Tierra, lo que fue vivido por sectores políticos y empresariales de Estados Unidos como una prolongada humillación. El fin de los transbordadores no sólo fue causado por la pérdida de dos de sus naves de un total de cinco operativas, sino también por la desmesura de sus costos y lo improcedente de un aparato en el que se combinaban una cápsula espacial, un vector de carga orbital y un avión.

Por añadidura, las misiones terminaron siendo una tarea rutinaria y poco impresionante para la opinión pública; llegaron, así, las presiones para recortar los presupuestos para la NASA, hasta el punto de que esa dependencia, que con las misiones Apolo a la Luna había llegado a ser el máximo estandarte del orgullo estadunidense, perdió la capacidad de enviar personas al espacio.

A partir de 2014 se configuró un nuevo escenario, en el que la dependencia licitó sus instalaciones de lanzamiento entre distintas empresas privadas como Boeing, Blue Origin, Virgin y la propia SpaceX. Asimismo, ofreció contratos a las que fueran capaces de operar misiones tripuladas.

Aunque tanto en Estados Unidos como en Europa las compañías particulares han estado siempre presentes en la industria espacial, tal presencia se limitaba, hasta ahora, a la condición de proveedores de elementos y partes. Durante las etapas iniciales de la conquista del espacio, a lo largo de la competencia entre el Este y el Oeste, y en la posterior etapa de cooperación internacional que tuvo en la construcción de la ISS su logro culminante, se dio por hecho que la conducción y operación de las actividades espaciales correspondía a los gobiernos. Ello no sólo permitía centralizar y planificar el sector, sino que facilitaba los imprescindibles acuerdos normativos internacionales.

El vuelo de la Crew Dragon es la culminación de un proceso en el que Washington parece dejar atrás esa lógica para abrir la inquietante posibilidad de que el espacio exterior se convierta en un escenario no de la competencia entre países, sino entre empresas particulares, lo que podría traducirse, a su vez, en desregulación, rapiña e irracionalidad.

Es claro que el libre mercado no debe enseñorearse del espacio orbital ni de los cuerpos celestes próximos a nuestro planeta y que las autoridades nacionales pueden organizar como lo deseen sus actividades espaciales, pero que ante la comunidad internacional deben figurar como responsables únicas y plenas de lo que hagan más allá de nuestra atmósfera.

Abre Estados Unidos nueva era de viajes privados al espacio

Cabo Cañaveral, Florida., Una nave espacial construida por la compañía SpaceX, de Elon Musk, se alejó ayer de la Tierra con dos estadunidenses a bordo, marcando el inicio de una nueva era de los viajes espaciales comerciales y permitiendo a Estados Unidos enviar astronautas desde su territorio por primera vez en casi una década.

Doug Hurley y Bob Behnken, de la NASA, despegaron a las 3:22 de la tarde a bordo de una cápsula Dragon color blanco y negro con forma de bala, montada en un cohete Falcon 9, desde la misma base de lanzamiento utilizada para enviar a las tripulaciones de Apollo a la Luna hace medio siglo. Minutos después, ingresaron en órbita.

"Encendamos esta vela", dijo Hurley poco antes de la ignición, utilizando las palabras que pronunció Alan Shepard en el primer vuelo espacial estadunidense tripulado por humanos, en 1961.

Los dos astronautas llegarán hoy a la Estación Espacial Internacional, que se localiza a unos 435 kilómetros (250 millas) sobre la Tierra, para sumarse a tres miembros de la tripulación que ya se encuentran allá. Después de una estadía de hasta cuatro meses, regresarán a la Tierra en un amerizaje, algo que no ocurre desde la década de 1970.

"Quizás haya una oportunidad aquí para que Estados Unidos haga una pausa, mire hacia arriba y disfrute de un momento brillante y resplandeciente de esperanza sobre cómo se ve el futuro, de que el país puede hacer cosas extraordinarias incluso en momentos difíciles", dijo el administrador de la NASA, Jim Bridenstine, antes del lanzamiento.

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El gobierno alemán salva a Lufthansa y se queda con un 20 por ciento de la empresa 

Estado será el principal accionista de la aerolínea  

La compañía aérea Lufthansa y el gobierno alemán acordaron un plan de salvación de 9.000 millones de euros que convertirá al Estado en el principal accionista del grupo con el 20% del capital.

 

"Antes de la pandemia del nuevo coronavirus, la compañía tenía buena salud, era rentable y tenía buenas perspectivas de futuro", dijo el ministerio de Economía alemán en un comunicado en el que anunció la mezcla de inversiones del Estado y préstamos, mientras que Lufthansa aseguró que el Estado alemán se retirará como accionista a finales de 2023.

El gobierno aprobó el plan a través del fondo de estabilidad económica del gobierno federal (WSF), creado para amortiguar las repercusiones de la pandemia del coronavirus.

El acuerdo se produce tras largas negociaciones sobre ayudas en un momento en que la compañía, como el conjunto del sector del transporte aéreo, atraviesa una crisis sin precedentes.

Según el acuerdo, el Estado adquirirá el 20% del grupo por 300 millones de euros, es decir, 2,56 euros por acción, un precio muy inferior al del mercado, que le garantizará su presencia en la compañía como accionista principal.

También inyectará 4.700 millones de euros de fondos aunque sin derecho de voto en el marco de una "participación silenciosa", sobre la que Lufthansa pagará un interés progresivo que va del 4% en 2020 y 2021 al 7,5% en 2027, señala el grupo en un comunicado.

Quedan otros 1.000 millones de fondos adicionales, con los que Berlín puede aumentar su participación hasta el 25% y una acción, lo que significa una minoría de bloqueo según el derecho alemán. La convertibilidad podría hacerse "en caso de oferta pública de compra por un tercero" para hacerla fracasar.

El Estado obtiene igualmente dos asientos en el consejo de vigilancia de Lufthansa, pero renuncia a su derecho de voto en las asambleas generales "salvo en caso de oferta de compra".

A todo ello, se suma un crédito de 3.000 millones de euros por el grupo, que no podrá pagar dividendos a sus accionistas. Para el ejercicio 2019, Lufthansa ya había suspendido el pago de dividendos para mantener su solvencia.

El WSF debe vender sus participaciones al precio del mercado para el 31 de diciembre de 2023 si el grupo ha reembolsado los fondos inyectados, precisó la compañía aérea.

Actualmente, cerca de 700 de los 760 aviones del grupo están en tierra y en abril, Lufthansa transportó a unos 3.000 pasajeros frente a 350.000 de antes de la crisis. En el primer trimestre, la pérdida de explotación se elevó a 1.200 millones de euros y debería ser peor en el segundo trimestre.

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Juez de EEUU autoriza liquidación de CITGO valorada en 8.000 mdd

Los activos de CITGO en Estados Unidos están valorados en unos 8.000 millones de dólares.

23.05.20 - Un juez estadounidense autorizó el viernes avanzar con la liquidación de las refinerías venezolanas CITGO en Estados Unidos (EE.UU.), que fueron confiscadas por el Gobierno del presidente Donald Trump en 2019, para entregar ilegalmente su administración a una junta designada por el opositor derechista Juan Guaidó.

El juez Leonard P. Stark, del Tribunal de Distrito de EE.UU. en Delaware, emitió su fallo luego que la Corte Suprema de ese país avalara una decisión anterior suya en la cual ordenó la venta de CITGO para favorecer a la compañía minera canadiense Crystallex.

Crystallex fue nacionalizada en 2011 por el Gobierno venezolano tras el incumplimiento de una serie de medidas ambientales. La empresa minera canadiense inició una demanda contra el Estado venezolano en cortes de EE.UU.

Tras conocerse la decisión del magistrado estadounidense, el corresponsal de teleSUR en Caracas, Rolando Segura, tuiteó que Guaidó, quien en 2019 se autoproclamó presidente del país suramericano, “sirve, en bandeja de plata al mejor postor, activos de #Venezuela en #EEUU”.

“Juez autoriza liquidación de #CITGO para favorecer a minera de #Canadá, nacionalizada por Chávez. Junta designada por oposición había tomado control de la petrolera valorada (en) 8 mil millones usd”, escribió Segura en el tuit.

Gustavo Borges, director del grupo de investigación Misión Verdad, comentó por su parte en Twitter que “la operación Guaidó se diseñó exactamente para esto: saquear y piratear los preciados activos venezolanos en beneficio de los grandes capitales”.

Por: TeleSUR | Sábado, 23/05/2020 08:06 AM |

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Sábado, 23 Mayo 2020 06:37

La verdad sobre los transgénicos

La verdad sobre los transgénicos

Para saber lo que pasa realmente con los cultivos transgénicos, qué efectos tienen sobre la salud y el ambiente, quién gana y quién pierde, hay que dejar de lado la propaganda de las empresas y aprender de la experiencia real en los países que llevan más de dos décadas plantándolos. Para ello, el Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur, publicado en mayo 2020, es una herramienta imprescindible (http://www.biodiversidadla.org/ Atlas).

Es un trabajo bien documentado, que recoge numerosos textos y material gráfico, compuesto a partir de investigaciones, experiencias y testimonios de primera mano de organizaciones en cada país de la región, en una colaboración entre académicos e investigadores, organizaciones campesinas, ambientalistas y locales. En sus 22 capítulos cubre desde aspectos científicos hasta temas ambientales, de salud y económicos. También presenta alternativas desde las comunidades y organizaciones populares. La coordinación del trabajo estuvo a cargo de Lucía Vicente, Carolina Acevedo y Carlos Vicente, de Acción por la Biodiversidad, Argentina, con el apoyo de Darío Aranda en la sistematización de talleres presenciales realizados en Paraguay en 2019.

Más allá del Cono Sur, es una herramienta de aprendizaje para todas y todos, estemos donde estemos, porque, pese a que casi ha pasado un cuarto de siglo, solamente 11 países concentran 99 por ciento de la siembra de transgénicos en el mundo y cinco naciones de esa región –Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia– están entre ellos. Brasil y Argentina tienen las mayores áreas sembradas a escala global, siguiendo a Estados Unidos, que ocupa el primer puesto.

Más de dos décadas de siembra transgénica han tenido efectos devastadores en la contaminación de aguas y suelos. Hay zonas del río Paraná en las que los lodos de su cauce tienen más glifosato que una plantación de soya. La avalancha de siembras provocó una auténtica epidemia de enfermedades graves en las poblaciones aledañas a las plantaciones, que multiplicaron las cifras de cáncer y abortos espontáneos en zonas rurales y centros periurbanos, pero la contaminación llega incluso a ciudades alejadas de las plantaciones, donde muestras en orina de niñas y niños, así como en leche materna, también mostraron residuos de agrotóxicos.

Los culpables y quienes se beneficiaron son muy pocos. Es ampliamente conocido que las semillas de todos los cultivos transgénicos en el globo están en manos de poquísimas trasnacionales. Actualmente sólo son cuatro, luego de las fusiones en años recientes: Bayer (que compró Monsanto); Syngenta (propiedad de ChemChina); Corteva (fusión de DuPont-Pioneer y Dow Agrisciences) y Basf. Esta última compró parte del negocio transgénico de las anteriores para dejar contentas a las autoridades antimonopolios. Antes eran seis que controlaban todo el mercado global de transgénicos y las autoridades de varios países consideraron, correctamente, que tenían control oligopólico. Condicionaron las fusiones a que vendieran de parte de sus negocios –lo cual favoreció a Basf, que antes tenía menos presencia en transgénicos. Paradójicamente, de seis pasaron a cuatro megaempresas y las autoridades de competencia tan tranquilas.

El Atlas desenreda y revela los nombres locales bajo los que operan estas grandes empresas y cuáles otras trasnacionales completan las cadenas de producción, almacenamiento y exportación, ya que la devastación masiva de salud y naturaleza ha sido principalmente para exportar forraje para cerdos y otros animales en cría industrial en Europa y China. Explica también cómo han ido logrado regulaciones nacionales e internacionales en su favor, incluso infiltrando las propias comisiones de bioseguridad, que nunca los fiscalizaron realmente.

Un aspecto menos conocido que el Atlas muestra en detalle es que la producción transgénica causó una enorme concentración de tierra, con una importante reducción de establecimientos agrícolas, llegando a desaparecer hasta 40 por ciento en algunos rubros y países. El aumento del uso de agrotóxicos creció en forma nunca vista en la historia de la agricultura, Brasil pasó a ser el país con mayor uso de agroquímicos en el planeta. Los promotores de la agricultura industrial suelen decir que el modelo ya existía, y no fue por los transgénicos. Pero el hecho de que más de 90 por ciento de las semillas transgénicas sean tolerantes a agroquímicos permitió dos fenómenos altamente nocivos: aplicar agrotóxicos en grandes volúmenes, porque la semilla sembrada no moría, lo cual creó decenas de diferentes malezas resistentes a los químicos y, por tanto, se aplicó cada vez más veneno. Complementariamente, las empresas rurales buscaron áreas de siembra cada vez más extensas para mecanizar el laboreo y generalizar la fumigación aérea, engullendo o desplazando por la fuerza otras actividades. Asesinatos, represión y persecución a quienes defienden sus territorios y naturaleza marcaron todo el proceso.

El Atlas no sólo documenta el desastre. También recoge y presenta las muchas formas de resistencia y creación, las propuestas y alternativas desde lo legal hasta lo territorial que los pueblos han ido construyendo. Gracias a las y los que han compartido tanta experiencia http://www.biodiversidadla.org/ Atlas

Por Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC

Martes, 19 Mayo 2020 06:44

Oda al glifosato

Oda al glifosato

Esta oda será cada vez más cantada en el mundo, a pesar de que la mayoría de los lectores jamás en su vida haya oído la palabra glifosato. No será, como veremos, un canto agradable. El glifosato es un agente industrial de muerte que está cada vez más cerca de la vida de todo ser humano, especialmente en estos tiempos de pandemia. El glifosato es el herbicida más utilizado en el mundo en agricultura, silvicultura, jardinería e incluso en actividades domésticas. El glifosato es un invento químico, que se comercializó por primera vez en la década de 1970 por la compañía Monsanto, con el nombre de Roundup.

Desde entonces y hasta 2014 el planeta había sido fumigado por más de 8 mil 600 millones de kilogramos de este plaguicida. Este compuesto penetra en el suelo, se filtra en el agua y sus residuos permanecen en los cultivos. Por tanto, está en lo que comemos, en el agua que bebemos y en nuestros propios cuerpos. Su principal uso es en los cultivos transgénicos de maíz, soya y algodón que hoy existen en millones de hectáreas.

A pesar de ser utilizado durante casi medio siglo, el glifosato fue considerado un plaguicida no peligroso. Esta situación se vio favorecida por una exitosa campaña de propaganda por parte de las compañías productoras y por la ausencia de estudios científicos que lo desmintieran.

Hoy esto ha cambiado radicalmente. En la última década las voces de alarma de las organizaciones civiles defensoras del ambiente, la salud y los derechos humanos impulsaron numerosas investigaciones críticas. Hoy, la quinta edición de la Antología toxicológica del glifosato, de E. Martín Rossi (2020) ofrece una lista de ¡mil 108 artículos científicos que dan fe de los efectos nocivos del plaguicida! Por ello, el glifosato ha sido prohibido o restringido en Austria, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo, Tailandia, Bermudas, Sri Lanka y algunas regiones de España, Argentina y Nueva Zelanda.

Una síntesis de los impactos de este exterminador de las malezas que compiten con los cultivos transgénicos es la siguiente. El glifosato genera encefalopatías, autismo, parkinsonismo, malformaciones y diversos tipos de cáncer, además de afectar los sistemas endocrino, reproductivo, inmunitario, digestivo, hepático, renal, nervioso y cardiovascular de las personas. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras una extensiva revisión de la literatura científica, decidió clasificar al glifosato como probablemente cancerígeno para los humanos. Además, el glifosato resulta tóxico para diferentes especies de crustáceos, moluscos, oligoquetos, algas, hongos, fitoplancton y zooplancton, anfibios, tortugas, arácnidos, aves, mamíferos y, lo más preocupante, a insectos benéficos y polinizadores como abejas, coleópteros y colibríes. Un nuevo reporte del Instituto Ramazzini de Italia (www.glyphosatestudy.org) reveló, además, que el glifosato debilita el sistema inmunitario de los seres humanos por tres vías (por el cáncer NHL, porque destruye una enzima esencial y porque modifica la biota intestinal), y deja desprotegidos a los individuos contra infecciones como el Covid-19.

¿Y en México? En el país la lucha contra el glifosato apenas se inicia. El contubernio de los gobiernos neoliberales con las grandes compañías no sólo biotecnológicas permitió el uso y sobreuso de plaguicidas, de tal suerte que hoy aún están permitidos 140, de los cuales 111 están catalogados como altamente peligrosos en el resto del mundo (ver el libro Los plaguicidas altamente peligrosos en México, coordinado por Fernando Bejarano, 2017). De gran impacto fue el descubrir que hay ¡glifosato en las tortillas! (y otros productos elaborados con maíz importado), según un estudio de las universidades Nacional Autónoma de México y Autónoma Metropolitana de 2017, confirmado un año después por el Health Research Institute en los productos de Maseca. También se ha probado que hay glifosato en los cuerpos de los habitantes de muchas comunidades rurales, incluyendo niños y adolescentes. Ello llevó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a emitir una recomendación a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y otras dependencias para hacer un diagnóstico de la contaminación por plaguicidas; revisar y actualizar las normas oficiales mexicanas, y prohibir en forma progresiva los plaguicidas considerados altamente peligrosos.

El primer paso se ha dado. Las autoridades ambientales bloquearon la importación de 67 mil toneladas de glifosato de 15 compañías. Lo anterior ha provocado ya reacciones diversas. Al igual que el petróleo, las carnes, el excusado, los autos, la Coca-Cola y los celulares, el glifosato es ya un icono de esta tragedia planetaria llamada modernidad, la misma que hoy vive un escenario catastrófico. Cantemos sobre el glifosato denunciando sus impactos sobre la salud humana y la salud del planeta. Es necesario y urgente.

Por Víctor M. Toledo, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

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La necesidad de luchar contra un mundo ‘virtual’

Manifiesto

Contra la doctrina del shock digital

 

Mucha gente habla del «día después», de todo lo que hará falta hacer y conseguir después del coronavirus. Pero, más allá de las enfermedades y duelos personales, ¿en qué estado colectivo nos dejará todo esto? ¿En qué estado psicológico? ¿En qué Estado político? ¿Con qué hábitos relacionales? En este texto, iniciativa del colectivo francés Écran total y del Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre Transiciones Socioecológicas (GinTRANS), se señala el riesgo de que una parte de los buenos propósitos para el día después estén siendo ya de facto neutralizados por la aceleración en curso de los procesos de informatización. Por ello, propone un boicot masivo y explícito a las diferentes aplicaciones móviles que, bajo la premisa de la lucha contra la covid-19, van a suponer la instalación efectiva de un seguimiento generalizado de la población. En el texto se muestra cómo este tipo de aplicaciones son el ejemplo paradigmático de nuestra fascinación ante la tecnología y nuestra dependencia total de ella. Fascinación y dependencia que garantizan la perpetuación del orden político existente, del experimento masivo con la salud de población, sin garantía sanitaria alguna, que implica el incesante aumento de las radiofrecuencias de microondas y de nuestra trayectoria de destrucción ecológica.

Desde la perspectiva sanitaria todavía seguimos sin entender muy bien qué está pasando, y resulta difícil saber con precisión hacia dónde nos dirigimos. Es probable que haga falta bastante tiempo para desentrañar todos los misterios de la epidemia de la covid-19. Es más, la incertidumbre que rodea su origen, su difusión y su letalidad seguirá siendo inescrutable hasta que deje de atacar a tantos países de manera simultánea. Por desgracia, nadie parece saber cuándo llegará esa anhelada paz. A partir de ahora, si queremos continuar adelante con nuestras vidas, no debemos ni sobrestimar ni subestimar a la epidemia en tanto tal.

En contraste con la incertidumbre anterior, lo que sí nos parece bastante claro es que esta crisis sanitaria puede suponer un punto de inflexión que dé lugar a la aparición y estabilización de un nuevo régimen social: un régimen basado en todavía más miedo y aislamiento, un régimen aún más desigual que ahogue toda libertad. Si hacemos el esfuerzo de lanzar este llamamiento es porque creemos que lo anterior sólo es una posibilidad y que se presentarán oportunidades de impedirlo. Pero mientras que las simples ciudadanas y ciudadanos como nosotros aquejamos fuertemente la fragilidad de nuestra existencia frente a la amenaza del virus y de un confinamiento prolongado, el orden político y económico en vigor, sin embargo, parece estremecerse y fortalecerse al mismo tiempo en mitad de este terremoto. Es decir, se nos presenta como frágil y, al mismo tiempo, extremadamente sólido en lo tocante a sus expresiones más «modernas», es decir, las más socialmente destructivas.

Sin duda a casi nadie se le escapa que los gobiernos de muchos países han aprovechado la situación actual para paralizar durante un tiempo indeterminado protestas que, en muchos casos, eran muy fuertes y llevaban activas meses. Pero lo que no resulta menos alarmante es cómo las medidas de distanciamiento social y el miedo al contacto con el otro que ha generado la epidemia se hallan en poderosa sintonía con las principales tendencias de la sociedad contemporánea. De hecho, dos de los fenómenos que la crisis sanitaria ha acelerado hacen plausible pensar en un posible tránsito a un nuevo régimen social sin contacto humano, o con el menor número posible de contactos y regulados por la burocracia: el aterrador aumento del poder de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) sobre nuestras vidas; y su corolario, los proyectos de seguimiento digital de la población amparados en la necesidad de limitar el número de contagios de covid-1.

“Quédate en casa”... usando Internet y sin cuestionar los riesgos para la salud de los dispositivos inalámbricos

Desde los primeros días del confinamiento estuvo claro que uno de los efectos sociales inmediatos de la pandemia, en España y en Francia, sería una profundización de nuestra dependencia de la informática y de los dispositivos inalámbricos (móvil, WiFi, Bluetooth, etc.) Y eso que, al ritmo al que iban las cosas, ¡parecía difícil que pudiera acelerar aún más! Sin embargo, el confinamiento obligatorio en los hogares ha hecho que, para muchos, las pantallas se hayan convertido en casi la única manera de mantener el contacto con el mundo: el comercio digital ha explotado, de hecho hasta la organización de redes locales de aprovisionamiento de verduras y productos frescos ha dependido en muchos casos de internet; el uso de videojuegos ha alcanzado niveles estratosféricos; las consultas de «telemedicina» han aumentado exponencialmente (pese a que lo único que ofrecen es una simple conversación telefónica); también la continuidad de la docencia reglada se ha hecho pasar por el ordenador, ignorando todas las voces médicas que recomiendan limitar la exposición de los niños a las pantallas y a las radiofrecuencias de microondas; y, por último, muchos miles de personas están teletrabajando –se acabó lo de «metro-curro-catre», la cosa se ha quedado en «de la cama al ordenata», «en la cama con la tablet» o «en el catre con el ordenata».

Por supuesto, los grandes medios de comunicación no encuentran nada preocupante en esta reducción masiva de todas las actividades humanas a una sola. Todo lo contrario, cuanto más dependa una iniciativa solidaria de una web, una plataforma virtual o un grupo de mensajería, más la aplauden. De hecho, animan a que cada cual acepte resignadamente que la única opción es tomar el aperitivo juntos pero solos, «por» Skype, y hasta han sido capaces de encontrar a creyentes deseosos de comulgar en Semana Santa a través de una pantalla.

Esta intensa campaña de promoción de la vida digital no produce, sin embargo, alarma alguna en el ámbito del pensamiento: nadie parece encontrar preocupante la informatización total del mundo y el aumento de la exposición continuada a las radiofrecuencias. A ambos lados de los Pirineos, periodistas, economistas y hombres de Estado nos instan a romper nuestra dependencia de la industria china en sectores como el médico o el textil. Pero su deseo de independencia nacional no suele llevarles a inquietarse por el hecho de que todo el sector de las TIC dependa de las minas y las fábricas asiáticas, muy a menudo de instalaciones industriales gigantescas cuya «relocalización» resulta difícil concebir. Se alzan otras voces que van más allá de la crítica a la globalización del comercio y reivindican un cambio profundo en «nuestro modelo de desarrollo». Sin embargo, lo más habitual es que pasen por alto el papel central de lo digital en dicho modelo y que, por tanto, no señalen que poco cambiará en materia de precariedad social y ecología si continuamos haciendo todo a través de internet y expuestos a los cada vez más insostenibles niveles de radiación de los dispositivos inalámbricos.

En lo que respecta al presidente Macron, sus intervenciones más recientes han hecho repetidamente referencia al Consejo Nacional de la Resistencia y su espíritu de compromiso social. Sin embargo, en la práctica su proyecto de hacer de Francia una start-up nation nunca se ha detenido. Por el contrario, ha experimentado un salto cualitativo. Algo similar podríamos decir del gobierno de coalición PSOE-Podemos. Sus reiteradas referencias a los Pactos de la Moncloa y al espíritu social de la Constitución no han impedido que el proyecto de digitalización de la sociedad, que desempeñó un papel central en el discurso de investidura de Pedro Sánchez, se mantenga intacto. Esta nueva era de trabajo virtual es la más propicia para rematar la ofensiva contra los y las trabajadoras asalariadas que se puso en marcha bastante antes de la llegada del coronavirus: destrucción masiva de puestos de trabajo por la aparición de nuevas aplicaciones, plataformas y robots; reducción del trabajo relacional, sustituido por respuestas automatizadas gobernadas por algoritmos; pérdida de sentido en el trabajo según éste va siendo progresivamente sustituido por absurdas rutinas burocráticas; aumento de la explotación y debilitamiento de la capacidad de resistencia de las y los trabajadores, que cada vez se encuentran más aislados.

De este modo, el confinamiento ha supuesto una oportunidad inigualable para dirigirse todavía más rápidamente al objetivo que, en Francia, marcaba al plan de Acción Pública 2022: sustituir todos los servicios públicos por portales online. Como ya se ha podido comprobar con el cierre de las ventanillas físicas en las estaciones de tren, esta digitalización acelera la privatización de los servicios públicos al transferir el trabajo antes presencial a plataformas comerciales caracterizadas por sus prácticas opacas y responsables de la creación masiva de perfiles usando los datos de los usuarios. Esta transformación supone, además, una exclusión violenta de los usuarios poco o nada conectados –hasta una quinta parte de la población, en la que se incluyen las personas mayores, las más vulnerables económicamente y las recalcitrantes. Tiende a obligar a sectores de la población en vías de empobrecimiento masivo a comprar en ocasiones tantos equipos informáticos «básicos» (PC, smartphone, impresora, escáner…) como miembros de la familia. Esta transformación, en suma, nos empuja hacia un mundo profundamente deshumanizado y kafkiano.

«La digitalización de todo lo que puede ser digitalizado es el medio del que se ha dotado el capitalismo del siglo XXI para poder seguir abaratando costes […]. Retrospectivamente, es posible que esta crisis sanitaria aparezca como un momento de aceleración de la virtualización del mundo, como el punto de inflexión de la transición desde el capitalismo industrial al capitalismo digital. Y, por tanto, de su corolario: el hundimiento de las promesas humanistas de la sociedad [de servicios]». Este análisis de sentido común no proviene de un enemigo acérrimo del neoliberalismo que expresara su rabia ante las decisiones tomadas en los últimos cuarenta años bajo la presión de los medios empresariales. Viene, en cambio, de un economista de centro-izquierda que forma parte del Consejo asesor del periódico Le Monde. Una declaración así basta para comprender que, si es cierto que se está desarrollado una «doctrina del shock», el centro de la misma está frente anuestras narices: la intensificación de la digitalización de la vida cotidiana y económica. 

Nos parece, por tanto, que resulta más que legítimo hablar de una doctrina del shock digital, en el sentido de que la crisis sanitaria ha sido la oportunidad perfecta para reforzar nuestra dependencia de las herramientas informáticas y desarrollar muchos proyectos económicos y políticos previamente existentes: docencia virtual, teletrabajo masivo, salud digital, Internet de las Cosas, robotización, supresión del dinero en metálico y sustitución por el dinero virtual, promoción del 5G, smart city… A esa lista se puede añadir los nuevos proyectos de seguimiento de los individuos haciendo uso de sus smartphones, que vendrían a sumarse a los ya existentes en ámbitos como la vigilancia policial, el marketing o las aplicaciones para ligar en internet. En conclusión, el peligro mayor al que nos enfrentamos no es que las cosas «se queden como estaban», sino que vayan a bastante peor.

¿Cuándo China despierta en nuestro interior?

Ya casi nadie duda de que la salida del confinamiento, o la “desescalada” paulatina, en muchos Estados europeos va a suponer la puesta en marcha de nuevos dispositivos de vigilancia a través de los smartphones. Si tenemos en cuenta que al miedo de enfermar se le suma ya el hastío y la imposibilidad económica de seguir confinados durante meses, lo anterior no puede ser considerado más que un enorme chantaje de los gobiernos al conjunto de la población.

Percibamos la dimensión del timo: en un contexto de grave penuria de instrumentos básicos en la lucha contra el contagio (carencia de suficientes mascarillas y batas en los hospitales, escasez de sanitarios y de camas y, para colmo, poquísimos test de detección disponibles), se nos ofrece en su lugar un invento de ciencia ficción: aplicaciones para la detección digital de la transmisión del coronavirus. Aunque sigue sin asegurarse un apoyo económico masivo y estructural a los hospitales públicos para que puedan hacer frente a una crisis que ha venido para quedarse, sin embargo no se duda en atravesar un nuevo Rubicón en el rastreo sistemático de los desplazamientos y las relaciones sociales, por ahora únicamente de aquellos que den su consentimiento explícito. Los resultados médicos de esta estrategia son más que dudosos, en cambio las consecuencias políticas no dejan lugar a dudas.

El hecho de saberse continuamente vigilado es fuente comprobada de conformismo y sumisión a la autoridad, incluso cuando no se vive en una dictadura. Desde el gobierno nos aseguran que los datos recogidos por las aplicaciones de seguimiento de las personas infectadas por la covid-19 serán primero anonimizados y posteriormente destruidos. Sin embargo, basta con leer la parte de las memorias de Edward Snowden donde éste habla de la vigilancia virtual para darse cuenta de que nadie puede garantizar algo así. Es más, un vistazo a la historia reciente de la tecnología muestra que los dispositivos liberticidas que se introducen en tiempo de crisis casi nunca desaparecen: si se extienden a gran escala, y bajo la égida del Estado, las aplicaciones de seguimiento se quedarán y será muy difícil impedir que se extiendan al conjunto de la población. Basta con pensar en la identificación a través del ADN, que en Francia se instaló a finales de los años 1990 como reacción frente a una serie de crímenes sexuales y de la que los ministros de la época afirmaban que siempre se mantendría limitada a criminales de alto nivel. Hoy en Francia cuando a uno lo arrestan por quedarse más de lo debido en una manifestación la identificación a través del ADN es casi automática. Es más, quizá bastaría con reflexionar sobre un punto básico: no tenemos la menor idea de cuánto durará este episodio pandémico en el que llevamos sumidos desde comienzos de marzo, ¿seis meses, tres años, más aún?

Sea como fuere, esta crisis ha venido atravesada por la idea de que para encontrar modelos realmente eficaces en la lucha contra el coronavirus es necesario dirigir la atención hacia Asia en general, y hacia China en particular. En Francia los medios de comunicación y los políticos hacen sobre todo referencia a Corea del Sur, Taiwán o Singapur, donde la hipermodernidad tecnológica no se asocia (con o sin razón) al despotismo político. En España, sin embargo, el estallido de la crisis sanitaria fue testigo de cómo algunos de los principales periódicos del país se preguntaban abiertamente si la «democracia» no era un lastre que condenaba a una lucha ineficaz contra el virus. Al mismo tiempo, algunos «camisas viejas» del liberalismo hacían expresa su admiración por el autoritarismo chino high tech y su efectividad: geolocalización de teléfonos móviles, sistemas de calificación social alimentados por los datos que los ciudadanos vuelcan constantemente en internet, reconocimiento facial, uso de drones teledirigidos para vigilar y sancionar a la población. Este cambio de mirada es uno de los elementos clave del cambio de rumbo que estamos quizá viviendo: durante décadas nos hemos acostumbrado a leer nuestro futuro con las lentes que nos ofrecían los cambios en la sociedad norteamericana. Hoy, de manera súbita, parece que es la China post-maoísta la que define nuestro destino, ella que ha sido capaz de hacer un uso sin complejos de las innovaciones de Sillicon Valley.

El crecimiento de la tecnología únicamente puede ser fuente de colapsos ecológicos y sanitarios

Por lo pronto la decisión de las autoridades políticas europeas de hacer un uso masivo de aplicaciones de seguimiento a través de smartphone como medida de control de la covid-19 no es más que una forma de bluff. Una suerte de medida de acompañamiento psicológico que tiene sobre todo como fin el dar la impresión de que se toman medidas, que los gobiernos son capaces de hacer algo, que tienen ideas para poner la situación bajo control. Sin embargo, en países como los nuestros o como Italia, es evidente que no controlan nada. Por el contrario, lo que vemos es que gobiernos de toda Europa se doblegan a las exigencias patronales de vuelta al trabajo y reactivación de la economía, lo que hace todavía más urgente sacarse de la chistera alguna aplicación mágica, la única medida con la que parecen contar para proteger a la gente.

De hecho, para lo que sirven dispositivos como la geolocalización digital es para garantizar el mantenimiento de una organización social patológica, pretendiendo al mismo tiempo limitar el impacto de la epidemia que actualmente sufrimos. El seguimiento del coronavirus tiene como objetivo preservar (por ahora) un tipo de mundo donde nos desplazamos demasiado, para nuestra salud y para la de la Tierra; donde trabajamos cada vez más lejos de casa, cruzándonos en el camino con miles de personas que no conocemos; donde consumimos los productos de un comercio mundial cuya escala excluye cualquier posibilidad de regulación moral. Lo que los promotores de la geolocalización buscan preservar no es, prioritariamente, ni nuestra salud ni nuestro «sistema de salud», sino la sociedad de masas. De hecho, una sociedad de masas aún más profunda, en el sentido en el que los individuos que la componen estarán todavía más aislados y encerrados sobre sí mismos por culpa del miedo y la tecnología.

Ahí donde la pandemia actual debería incitarnos a transformar radicalmente una sociedad en la que la urbanización desbocada, la contaminación del aire, la contaminación electromagnética y el exceso de movilidad pueden tener consecuencias incontrolables, sin embargo el desconfinamiento gestionado a través del big data amenaza con hacernos profundizar todavía más en ella. La emergencia de la covid-19, como las de otros virus desde el año 2000, está estrechamente vinculada para muchos investigadores con la desforestación. Ésta genera contactos imprevistos entre diversas especies animales y seres humanos. Otras investigaciones apuntan a la ganadería intensiva de concentración, saturada de antibióticos mutágenos. Decir que la respuesta a la covid-19 tiene que ser tecnológica, como leemos en muchísimos medios, es continuar con la huida hacia adelante de una lógica de dominio y control de la naturaleza ilusoria y, como muestra cada día la crisis ecológica, condenada al fracaso. El impacto de la industria de las TIC sobre los ecosistemas es ya insostenible: además de los riesgos para la salud de la población y los demás seres vivos, la industria de las TIC ha ha creado una auténtica fiebre de los metales que devasta algunas de las zonas mejor conservadas del planeta, se apoya sobre una industria química especialmente contaminante, engendra montañas de residuos y, debido a la multiplicación de los data center y al aumento permanente del tráfico en internet, obliga a las centrales eléctricas a funcionar a toda máquina. Éstas emiten ya una cantidad de gases de efecto invernadero equiparable a la asociada al tráfico aéreo.

Más aún, el modo de vida conectado, sobre todo en su aspecto inalámbrico, es globalmente nocivo para nuestra salud. Adicciones, dificultades relacionales y de aprendizaje entre los más pequeños, pero también electrosensibilidad: se estima que 1.500.000 personas (3% de la población), el 90% mujeres, padecen en España enfermedades de sensibilización central (fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple y sensibilidad electromagnética). Además, cada vez más investigaciones identifican estas enfermedades emergentes como enfermedades neurológicas producidas por estrés oxidativo celular relacionado con factores ambientales (productos químicos y ondas electromagnéticas). Unas cifras que invitan a poner en marcha investigaciones profundas para comprender cómo aparecen y actúan. A lo anterior hay que sumarle la posibilidad, contemplada por la OMS, de que las ondas electromagnéticas artificiales sean cancerígenas. Ante las evidencias de los vínculos establecidos entre tumores de corazón en ratas y ondas 2G/3G por el National Toxicology Program de los EEUU en 2018, la ausencia de un consenso científico total, sólo ha servido para liberar de su responsabilidad a la industria de la telefonía móvil que, acogiéndose a la incertidumbre, justifica una huida hacia adelante sin aplicar nunca el principio de precaución.

Por último, en la primera línea de la doctrina del shock desplegada por los gobiernos, se encuentra la simplificación de la instalación de antenas de retransmisión, contra las que muchos vecinos y asociaciones vienen luchando (alegando sus posibles efectos sobre la salud). En Francia, la Ley de urgencia del 25 de marzo de 2020 permite la instalación de antenas sin aprobación de la Agencia Nacional de Radiofrecuencias. Al mismo tiempo, la explosión del uso de internet ligada al confinamiento justifica en muchos lugares, sobre todo en Italia, continuar el desarrollo de la red 5G. En España, aunque vivimos un parón momentáneo, todo apunta a que el proyecto se retomará con nuevo ímpetu al final de este mismo año. Mientras que investigadoras, científicos, ciudadanas y ciudadanos del mundo entero llevan años oponiéndose a esta innovación, la prensa corre un velo sobre esta inquietud recubriéndola de noticias sobre una cuestionable vinculación entre la extensión de la covid-19 y las ondas del 5G. Las GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft) han llegado incluso a eliminar gran cantidad de publicaciones virtuales que llamaban la atención sobre los efectos de esta nueva etapa de intensificación de los campos electromagnéticos artificiales. Sin embargo, esas inquietudes son perfectamente legítimas: por un lado, porque desplegar una fuente de contaminación electromagnética que va a multiplicar por dos todas las fuentes ya existentes sin conocer a ciencia cierta sus efectos es una aberración desde el punto de vista del principio de precaución. Por otro, porque un peligro absolutamente comprobado del 5G es que está destinado a servir de base para la extensión de los objetos interconectados, los coches automáticos y, en general, una sociedad hiperconsumista cuyos efectos sociales, sanitarios y ecológicos son insostenibles.

Frenar la escalada

Si quisiéramos resumir la situación podríamos decir que los tecnócratas de todo el mundo pretenden protegernos del coronavirus hoy acelerando un sistema de producción que ya compromete nuestra supervivencia en el futuro presente. Es absurdo, además de estar destinado al fracaso.

Lo que hace falta no son tecnologías que nos hagan más irresponsables, decidiendo por nosotros dónde podemos ir y qué podemos hacer. Lo que necesitamos es ejercer nuestra responsabilidad personal y colectiva para luchar contra las flaquezas y el cinismo de los dirigentes. Necesitamos construir desde la base, y con ayuda de epidemiólogos, médicos y sanitarios, reglas de prudencia colectiva razonables y sostenibles a largo plazo. Y para que estas inevitables restricciones tengan sentido, no sólo necesitamos saber en tiempo real el estado de las urgencias. Necesitamos una reflexión colectiva y consecuente sobre nuestra salud, sobre los medios necesarios para protegernos de las muchas patologías ligadas a nuestra forma de vivir: los futuros virus, pero también los factores de «co-morbilidad» como el asma, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y, por supuesto, el cáncer.

Lo que esta crisis saca de nuevo a la luz es el problema de la dependencia de un sistema de aprovisionamiento industrial que saquea el mundo y debilita nuestra capacidad de oponernos de manera material y concreta a las injusticias sociales. Desde nuestro punto de vista, el único modo de garantizar nuestra capacidad de alimentarnos, cuidarnos y cubrir nuestras necesidades básicas en las crisis que están por venir es hacemos colectivamente cargo de nuestras necesidades materiales, desde la base y en alianza con muchos de los y las profesionales hoy responsables de dichas tareas. Y para ello resulta imprescindible comprender que la informatización se opone frontalmente a esa necesaria construcción de autonomía: la digitalización se ha convertido en la piedra angular de las grandes industrias, de las burocracias estatales, y en general de todos los procesos de administración de nuestras vidas que se rigen por las leyes del beneficio y el poder.

Se ha vuelto habitual escuchar que en algún punto de esta crisis será necesario pedir cuentas a los dirigentes. Y, como es habitual, no faltarán las reclamaciones en materia de dotación presupuestaria, de abuso patronal y bancario o de redistribución económica. Sin embargo, junto a estas indispensables reivindicaciones, tienen que venir otras que o partan de nosotros mismos o se obtengan mediante la lucha contra quienes hoy están tomando las decisiones. Al menos si queremos poder conservar nuestra libertad, es decir, si queremos conservar la posibilidad de combatir contra las lógicas de la competencia y la rentabilidad, y construir un mundo donde el miedo al otro y la atomización de la población no se instalen de manera indefinida.

  1. Durante las últimas semanas se ha hecho habitual que muchas personas dejen sus smartphones en casa cuando salen. Llamamos a la generalización de este tipo de gestos y al boicot de las aplicaciones públicas y privadas de seguimiento digital. Más allá de lo anterior, invitamos a todas y todos a reflexionar profundamente sobre la posibilidad de abandonar su teléfono inteligente y reducir en gran medida su uso de la tecnología inalámbrica. Volvamos, por fin a la realidad.
  2. Llamamos a la población a informarse sobre las consecuencias económicas, ecológicas y sanitarias del despliegue de la red 5G y a oponerse activamente al mismo. Más aún, invitamos a todas y todos a informarse sobre las antenas de telefonía móvil que ya existen cerca de su casa y a oponerse a la instalación de nuevas antenas transmisoras.
  3. Llamamos a una toma de conciencia de los problemas asociado a la digitalización en curso de todos los servicios públicos. Uno de los desafíos en el periodo post-confinamiento (¿o en los periodos entre confinamientos?) será lograr que la atención presencial siga disponible, o vuelva a estarlo, en ciudades y pueblos, en estaciones de tren, en la Seguridad social, en las administraciones locales, etc. Merecería la pena luchar por la defensa del servicio postal (esencial, por ejemplo, para la circulación de ideas más allá del mundo virtual) y la conservación de un servicio de teléfono fijo que funcione bien y sea independiente de la contratación de internet.
  4. Otra batalla crucial para el futuro de la sociedad es el rechazo de la escuela digital e inalámbrica. La crisis que estamos atravesando se ha aprovechado para normalizar la educación a distancia a través de internet, y sólo una reacción contundente de profesores y familias podrá impedir que se instale definitivamente. Pese a que la escuela es susceptible de críticas desde muchos puntos de vista diferentes, estamos convencidos de que estas últimas semanas se habrá hecho evidente para muchos que sigue teniendo sentido aprender juntas y que es muy valioso para los más pequeños estar en contacto con maestros y maestras de carne y hueso.
  5. La economía no está ni ha estado nunca paralizada, por lo que tampoco deberían estarlo los conflictos sociales. Apoyamos a todas las personas que han sentido su integridad en riesgo, desde un punto de vista sanitario, en su puesto de trabajo habitual o durante sus desplazamientos. Sin embargo, queremos también llamar la atención sobre los abusos y el sufrimiento que acompañan al marco del teletrabajo a domicilio. Algunos llevamos años denunciando la informatización del trabajo, y nos parece evidente que la extensión del teletrabajo forzado es un proceso al que tenemos que oponernos a través de nuevas formas de lucha y boicot.
  6. Es muy probable que, desde el punto de vista económico, los meses siguientes puedan ser terribles. Es posible que vivamos un empobrecimiento masivo de la ciudadanía, al igual que no deberíamos descartar colapsos bancarios y monetarios. Frente a estos peligros, es necesario que pensemos en cómo vamos a comer y cómo vamos a cultivar las tierras que nos rodean, cómo nos vamos a integrar en las redes de aprovisionamiento de proximidad y, sobre todo, en cómo extender lo anterior para que esté al alcance de la mayoría de la población. De igual modo deben ser cuestiones prioritarias el garantizar la supervivencia de las y los agricultores que producen comida sana cerca de donde vivimos y el apoyo a todos los nuevos que decidan instalarse. Lo que hemos dicho anteriormente explica por qué creemos que recurrir a la alta tecnología no puede en ningún caso ser una solución humana y perenne.
  7. Por último, todo apunta a que en los próximos meses nos va a tocar defender maneras de poder encontrarnos físicamente, inventar o retomar espacios de discusión pública en estos tiempos difíciles en los que se darán muchas batallas decisivas. Sin duda, todo lo anterior tendrá que hacerse con la idea en mente de minimizar los riesgos de contagio. Pero la vida digital no puede ser un sustituto permanente de la vida real, y los sucedáneos de debate que hoy se realizan por internet no podrán nunca reemplazar la presencia en carne y hueso y el diálogo de viva voz. Cada cual debe reflexionar desde este momento sobre el modo de defender el derecho de reunión (reuniones de vecinos, asambleas populares, manifestaciones), sin el cual los derechos políticos son imposibles y sin el cual es imposible construir una posición de fuerza, imprescindible para dar existencia a cualquier tipo de lucha.

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Notas

  1. Extracto de la entrevista a Daniel Cohen en Le Monde del 3 de abril de 2020. Que lo citemos aquí no implica en ningún caso que estemos en sintonía con el tipo de categorías que Cohen utiliza: en realidad lo digital no es más que una profundización del carácter industrial del capitalismo, y la sociedad post-industrial de la que él habla simplemente no existe. 
  2. Referencia a la fórmula y la obra de Naomi Klein, La doctrina del shock, que se tradujo en España en el año 2007 y fue publicada por la editorial Paidós. En el libro este término se ejemplificaba con las oportunidades que el huracán Katrina, que impactó Luisiana en 2005, ofreció a las clases empresariales norteamericanas.
  3. Para profundizar en esta cuestión, acúdase al capítulo 2 de la traducción del libro del Grupo MARCUSE La libertad en coma: contra la informatización del mundo, Madrid 2019, Ediciones El Salmón.
  4. Edward Snowden, Vigilancia permanente, Madrid 2019, Planeta. Siendo más precisos, en lo que Snowden insiste es en la imposibilidad de hacer desaparecer por completo los datos que se registran. En lo relativo a la imposibilidad de anonimizar, recoomendamos el análisis de Luc Rocher que se reseña en el artículo «No existe el anonimato, gracias a tus datos pueden rastrearte y encontrarte», publicado el 31 de julio de 2019 en el periódico ABC.
  5. Recomendamos revisar el análisis a ese respecto que ha realizado la asociación La Quadrature du Net, publicado en su página web el 14 de abril, que entre otras cosas llama la atención sobre la poca fiabilidad de la tecnología Bluetooth, su escasa precisión a la hora de indicar contactos entre personas diagnosticadas como «positivas», en particular en zonas muy pobladas, y la dificultad de activarla o utilizarla para mucha gente.
  6. Ver los estudios de Alfonso Balmori.
  7. Se puede revisar, entre otros materiales, la síntesis de Cécile Diguet y Fanny Lopez, L’impact spatial et énergétique des data centers sur les territoires, disponible en www.ademe.fr

Por Jorge Riechmann / Adrián Almazán y 300 firmas más 3/05/2020

Firmado por los siguientes colectivos y personas:

Anticapitalistas (confederal)

Redacción de la revista L’Âge de faire (Alpes de Haute-Provence)

Association Résistance 5G Nantes

Blog "El Rumor de las Multitudes", periódico El Salto

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La pandemia del desempleo y el negocio del rescate

Mientras en medio de un confinamiento cuasi global de masas, las grandes corporaciones mediáticas y de la tecnología digital nos suministran a diario el macabro conteo de los muertos por y con el Covid-19, en las sombras, un puñado de oligopolios de las industrias financiera y bancaria se frota las manos con el "negocio del rescate".

Ante la emergencia del "año de la peste" con su caótica danza de las cifras (Mike Davis dixit), el papel de un reforzado Estado interventor ha vuelto a ocupar un lugar central y muchos economistas avizoran que a la salida de la pandemia ya nada será igual. Que sucumbiría el "Estado nana" neoliberal −como lo llamó Noam Chomsky hace 20 años− que privatizó y concentró las ganancias en el llamado 1% y socializó los costos; que ante la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, ese ­po­deroso Estado de bienestar al servicio de la plutonomía (Citicorp), que sujeta a la disciplina del mercado a los pobres y los trabajadores, mientras redistribuye la riqueza de abajo hacia arriba, tendrá ahora que cambiar.

"La gran transformación" fue el lema del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, en 2012, que según su entonces presidente, Klaus Schwab, obligaba a buscar nuevos modelos de poder político, económico y social, un crecimiento sostenible y la creación de empleo, mientras continuaban los efectos de la crisis financiera de 2008-09. Viniendo de Schwab, y dado que Davos es el centro neurálgico de la ideología que sustenta al capitalismo neoliberal, no dejaba de ser un cínico guiño intelectual a Karl Polanyi, quien en 1944 escribió La gran transformación.

En su obra, Polanyi predijo una "crisis de civilización" y refirió que tras la Gran Depresión (crac de 1929), todos los regímenes de la época –fuera la Alemania nazi, el estalinismo soviético o el New Deal de Roosevelt− coincidieron en descartar el laissez-faire (la doctrina de "dejar hacer, dejar pasar" caracterizada por una abstención de dirección o injerencia gubernamental en los asuntos económicos), y lo que siguió fue la Guerra Civil española, las invasiones a Etiopía y a China y la Segunda Guerra Mundial, con su deriva, la caída del patrón oro, el equilibrio de las potencias, el Estado liberal y el mercado autorregulado, que habían regido el mundo durante los anteriores 100 años.

Tras la "crisis del Covid-19", ¿qué caerá ahora? ¿El dólar? ¿El capitalismo financiero? ¿La hegemonía de Estados Unidos en el mundo? ¿O la reforzada intervención del Estado llevará a una reorganización hegemónica del capitalismo tutelada por EU, China y Rusia, con una criptomoneda global y una nueva élite financiera trasnacional? ¿A un reforzado Estado panóptico digital, de vigilancia y castigo masivo militarizado urbi et orbi y con el distanciamiento social como paradigma? ¿ De la mano de próximas pandemias surgirán nuevas tesis ­reaccionarias neomalthusianas?

Según el Instituto de Finanzas Internacionales, el endeudamiento mundial alcanzará 265 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2020. Y debido a que las medianas y pequeñas empresas nacionales son los últimos eslabones de grandes cadenas industriales y de suministro global, profundamente integradas e hiperespecializadas, la actual desconexión intracadenas de valor generará miles de quiebras.

Así, de la gran depresión de 2020 −que venía incubándose desde 2018 y el Covid-19 sólo vino a agravar− emergerá un nuevo fenómeno que cobrará muchas vidas: la "pandemia del desempleo". Para el gran capital, el desempleo masivo significa población "sobrante", no funcional y que puede "desaparecer". Sólo de febrero a abril se perdieron en Estados Unidos 15 millones de empleos formales y la Reserva Federal (Fed) estima que otros 47 millones de puestos de trabajo se perderán en el segundo trimestre del año; lo que de manera conservadora significaría una tasa de desempleo de 32 por ciento.

A su vez, los estados, las instituciones y el ciudadano de a pie dependen en gran medida de la banca privada para desarrollar tareas básicas, como pagar (o cobrar) salarios, pensiones y prestaciones por desempleo o recaudar impuestos, establecer una empresa, ob­tener una tarjeta de crédito o acceder a una vivienda mediante alquiler o hipoteca.

Es previsible que en la inmediata pospandemia las bancarrotas estarán a la orden del día, y para que las grandes corporaciones financieras davosianas y los megabancos de la plutocracia puedan seguir acumulando vía la "economía de casino", los estados "nana" utilizarán fondos públicos para salvarlos –socializando las pérdidas y privatizando las ganancias− y la industria del rescate, con sus malas prácticas y conflictos de interés, volverá a hacer su agosto.

Es el caso de BlackRock, la mayor firma de gestión de activos del mundo −que además opera a dos bandas como consultora de bancos y gobiernos, el de México incluido−, que ha sido llamada por la Reserva Federal para gestionar de 6 a 10 billones de dólares de bonos y compras de activos respaldados por hipotecas. La división Financial Markets Advisory, que realiza labores de consultora, actuará como gestora de inversión de dos vehículos respaldados por la Fed que comprarán deuda corporativa y un programa que comprará activos respaldados por hipotecas, emitidos por agencias gubernamentales. Con lo que Black­Rock y su director, Larry Fink –que controlan más de la mitad de las cuentas de pensiones en México− se beneficiarán (ya que podrían invertir en esos activos), cayendo en un virtual conflicto de interés, como sugirieron The Wall Street Journal y el Financial Times.

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Trump acuerda un rescate con las aerolíneas de Estados Unidos

El Tesoro destinará más de 25.000 millones de dólares para evitar quiebras y despidos masivos en un sector devastado por la pandemia

La Administración de Donald Trump ha llegado este martes a un acuerdo con las principales líneas aéreas del país sobre los términos de un rescate económico para evitar quiebras y por tanto despidos en un efecto dominó en un sector que emplea a más de 750.000 personas. Desde que comenzara la pandemia de coronavirus, el número de pasajeros en las aerolíneas ha caído más de un 96% desde que empezó la crisis y las empresas se han visto forzadas a cancelar más del 70% de los vuelos. Una asociación aérea internacional cifra en más de 300.000 millones de dólares las pérdidas de la industria a nivel global y decenas de miles de empleados los que han sido dados de baja sin sueldo. Otras muchas miles de personas también han perdido empleos indirectamente relacionados con ese sector.

El Departamento del Tesoro ha anunciado que American Airlines, Delta Airlines, United Airlines y Southwest -las cuatro grandes, además de algunas otras- han aceptado la ayuda del Gobierno a pesar de que estaban reticentes por las contrapartidas que puedan tener de intervencionismo estatal. Según ha asegurado en un comunicado el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, “se está trabajando para estudiar y aprobar que otras empresas de transporte aéreo más pequeñas tengan también ayuda lo más pronto posible”. El Tesoro ha informado que la discusión afectará también a las compañías de carga.

A pesar de que el Tesoro no ha dado cifras, los distintos medios norteamericanos estiman que el rescate ascenderá a unos 25.000 millones de dólares que ya están suscritos dentro del histórico plan de 2,2 billones de dólares aprobado por Trump para apuntalar la economía y tiene como objetivo que las aerolíneas puedan afrontar el pago de nóminas. American Airlines, por ejemplo, recibirá casi 6.000 millones de dólares.

Mnuchin ha dicho en el comunicado que el programa “apoyará a los trabajadores estadounidenses y ayudará a preservar la importancia estratégica de la industria de las aerolíneas, al tiempo que permitirá una compensación adecuada a los contribuyentes”. Según el paquete de estímulo económico, las empresas privadas que reciban las ayudas del Gobierno deberán mantener el 90 % de la plantilla que tenían a fecha del 24 de marzo y restablecer, una vez pase el estado de emergencia, el 90 % de la plantilla que tenían a 1 de febrero. Los empleados deberán mantener su sueldo íntegro.

El rescate anunciado tiene contrapartidas: las compañías deben reembolsar un 30% del dinero que reciban y el Gobierno federal debe recibir una suerte de garantías a cambio de su ayuda, productos financieros que pueden ser convertidos en acciones. Estas deben equivaler al 10% del valor de la ayuda que cada una reciba. A pesar de que la Administración no ha desvelado los términos del acuerdo, fuentes próximas al pacto citadas por las agencias de prensa, aseguran que el Estado pasará a ser accionista minoritario de las compañías firmantes.

Uno de los principales sindicatos del sector, Asociación de Asistentes de Vuelo, ha calificado los términos del acuerdo de “éxito sin precedentes” pero ha acusado a Mnuchin de hacer política con la ayuda en lugar de “llegar a un acuerdo en el Congreso de manera bipartidista”.

Washington - 14 abr 2020 - 18:20 COT

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El gasto militar mundial es un 50% más alto que al final de la Guerra Fría

Una campaña internacional reclama a los líderes mundiales que destinen el presupuesto armamentístico a hacer frente al coronavirus. Este viernes comienza un mes de acción global en distintos países.

Allá donde hay armas quieren ver vacunas. Allá donde se preparan ejércitos, plantean que se entrenen médicos. En plena emergencia sanitaria por el coronavirus, el International Peace Bureau (IPB), considerada la organización pacifista y antimilitarista más antigua del planeta, ha emprendido una campaña mundial para pedir a las grandes potencias que destinen su astronómico presupuesto militar a la sanidad.

No hay tregua en las oficinas –ahora instaladas en las habitaciones de casa– del IPB. Estos días, las organizaciones que forman parte de esta plataforma apuran detalles de lo que será un mes intenso: desde este viernes 10 y hasta el próximo 9 de mayo inclusive, sus participantes llevarán a cabo la campaña de acción global para la reducción del gasto militar. En total, se estima que habrá un centenar de acciones en una treintena de países.

"La idea inicial era hacer un enfoque más centrado en el cambio climático, pero ocurrió lo que todos sabemos", dice a Público Jordi Calvo, coordinador del Centro Delàs de Estudios por la Paz y vicepresidente de la Junta del IPB. "Lo que todos sabemos" es, nada más y nada menos, que una pandemia global, con miles de muertes a sus espaldas y un cambio drástico en la vida cotidiana de millones y millones de personas.

De ahí, precisamente, la clave de la acción global de este año. "¿Cuánto dinero hemos dedicado a investigar en salud y cuánto al ámbito militar y a la compra de armamento?", resume Calvo. "Ahora estamos pagando esa mala gestión de lo público y ese análisis equivocado", subraya.

El IPB reclama "una reducción dramática del gasto militar en favor de la asistencia sanitaria"

Precisamente por eso, el IPB reclama "una reducción dramática del gasto militar en favor de la asistencia sanitaria y para satisfacer las necesidades sociales". "Es el momento de abrir una nueva página en las relaciones mundiales y poner las tensiones geopolíticas a un lado, para acabar con las guerras, para un alto el fuego en aquellos múltiples conflictos en todo el mundo, los cuales pueden dificultar un esfuerzo de solidaridad global", sostiene la ONG, creada en 1891 en Berlín –hoy tiene su oficina descentralizada en Barcelona– y galardonada en 1910 con un Premio Nobel de la Paz.

Según datos de esta organización, "el gasto militar es un 50% más alto hoy que al final de la Guerra Fría". "Se sitúa en la asombrosa cifra de 1,8 billones de dólares al año, mientras que la OTAN exige más aumentos a sus miembros", destaca en el manifiesto elaborado para reclamar, precisamente, que esta situación se revierta.

Según datos publicados por el Centro Delàs en abril de 2019, por entonces España se mantenía en el decimosexto puesto del ranking de países que más dinero dedican a Defensa, "con un gasto de 18.200 millones de dólares según datos del SIPRI (Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo) y cerca de 20.000 millones de euros según el cálculo del Centro Delàs".

La lista estaba encabezada por EEUU, que había aumentado su gasto militar hasta los 649 mil millones de dólares, un 4,6% más que el año anterior. Esa cifra representaba el 36% del gasto militar mundial en 2018. "Su gasto militar es el mismo que el de los 7 siguientes países que más gastan", destacaba el informe dado a conocer por el Centro Delás.

En segundo lugar estaba China, que había su gasto en un 5% hasta los 250 mil millones, "lo que representa el 14% del total mundial". De hehco, Estados Unidos y China juntos "representan la mitad del gasto militar mundial", seguidos por Arabia Saudí, India, Francia y Rusia.

Cambio de prioridades

Ahora, con los alarmantes datos del coronavirus sobre la mesa, el IPB encabeza esta campaña para pedir un urgente cambio de prioridades. "Pedimos a los países más ricos del mundo que se cuestionen lo que han hecho hasta ahora: se han dedicado demasiados recursos para militarizarnos. Ahora hay que utilizar estos recursos para hacer frente a las crisis sanitarias", explica Calvo, quien advierte sobre el carácter "económico y social" de la crisis que se avecina y que será sufrida, con especial intensidad, "por las comunidades más vulnerables".

En tal sentido, el IPB acompaña las jornadas de acción global con una recogida de firmas virtual para instar a los líderes del G20 a "levantar la sombra de la guerra y la política militar que ha arruinado la cooperación mundial en los últimos años y trabajar para asegurar que prevalezca un espíritu de paz y solidaridad".

"El G20 es responsable por el 82% del gasto militar mundial, representa casi todas las exportaciones de armas, y tiene en su territorio colectivo el 98% de las bombas nucleares del mundo. El G-20 es una plataforma compartida que reúne los intereses de los principales actores de la carrera de armamentos mundial", remarca.

Las firmas que se recojan serán llevadas a la próxima reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas, prevista para septiembre próximo. Allí pedirán a los líderes mundiales que "actúen por una cultura de paz" y reduzcan drásticamente el gasto militar "en favor de la sanidad pública y la atención a las necesidades sociales y medioambientales".

10/04/2020 08:05

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