Don't be evil ('No seas malo'), antiguo lema corporativo de Google. CC BY SA TANGI BERTIN

El sector ganó prestigio por colocarse a la cabeza de la economía mundial mientras rompía tabúes y diseñaba nuevas formas de organización del trabajo

Hoy Google se enfrenta a motines, Mark Zuckerberg ha pasado de Persona del Año a caer en desgracia y Amazon contrarresta las huelgas poniendo a tuitear a sus empaquetadores

La crisis de identidad no solo afecta a las grandes empresas: fondos de Arabia Saudí financian muchas de las startups de Silicon Valley

Don't be evil ('No seas malo') fue el lema corporativo de Google desde que la empresa necesitó uno, allá por el año 2000. "Don't be evil", seguido de un punto, era lo primero que podía leerse en el código de conducta de sus empleados, un mandamiento fundacional de buenas prácticas que debía impregnar cada iniciativa de la compañía, cada nueva aventura. Hasta este 2018, cuando Google lo eliminó casi por completo.

 

Google no comunicó públicamente el cambio ni dio ninguna explicación. Gracias a la WayBack Machine, una herramienta que registra y archiva una instantánea de todo Internet periódicamente, sabemos que ocurrió entre el 21 de abril, cuando el lema seguía en su sitio de siempre, y el 4 de mayo. En esa fecha ya había sido relegado al último párrafo del documento. Desde entonces, en la primera línea del código de conducta se lee un mucho más tradicional "a Google se le medirá por el estándar más alto posible de ética empresarial".

 

Como buen eslogan, Don't be evil tenía un mensaje literal cargado de simbolismo sobre Google, pero también una connotación más sutil sobre el sector digital. La empresa que marcaba el paso en el ciberespacio transmitía un halo transgresor basado en rechazar las zonas de sombra de cada herramienta, avance o tecnología que influía en todas las demás. Puede que el lema ya no guiara las acciones de su cúpula directiva y que su desaparición sea poco menos que una connotación sutil para sus empleados. Sin embargo, que Google reconozca que la etapa del No seas malo está cerrada encierra otro mensaje literal. Las cosas han cambiado.

En Google, ese mensaje ha llegado desde dentro. Hace años habría sido difícil imaginar que la empresa que desterró las oficinas convencionales para convertirlas en espacios abiertos con hamacas y máquinas recreativas, que animó a sus empleados coger sus portátiles y salir a trabajar al parque, que construyó boleras, campos de vóley-playa y toboganes para que cambiaran de planta a toda velocidad, o que enterró los trajes para institucionalizar las camisetas o la fiesta TGIF (Gracias a Dios Es Viernes, por sus siglas en inglés) se enfrentara una revolución pública de sus empleados. A falta de una, Google ha sufrido varios motines en los últimos meses. Su queja es haber traicionado el Don't be evil.

Hasta 20.000 googlers de 78 de sus oficinas alrededor del mundo salieron a la calle en noviembre en protesta por la actuación de la empresa con algunos de sus altos ejecutivos acusados de acoso sexual. En vez de apoyar señalarlos y llevaros a los tribunales, la actuación de Google fue pagar indemnizaciones para que abandonaran la empresa sin hacer ruido. La gota que colmó el vaso fueron los 90 millones de dólares que abonó a uno de los creadores de Android en plena revolución MeToo.

El reproche ha llegado también a la estrategia de negocio. 4.000 amenazas de dimisión y la consumación de una docena de ellas pararon una colaboración con el Pentágono para aplicar la Inteligencia Artificial de Google a un proyecto militar. Otra protesta, esta vez contra la posibilidad de lanzar una versión censurada del buscador adaptada a las exigencias de las autoridades chinas, dio al traste con el proyecto.

Tener cerca a una multinacional digital ya no es sinónimo de progreso y desarrollo. Al menos para los habitantes de Berlín, que tras varias manifestaciones, consiguieron que Google abandonara su objetivo de crear un campus en la ciudad.

 

Malditos imbéciles

 

"Somos una compañía muy distinta a la que éramos en 2016, e incluso hace un año", afirmó Mark Zuckerberg en el post de Facebook que usó para despedir su fatídico 2018. Si Google es la empresa que mejor ejemplifica el cambio de época que atraviesa el sector digital, el fundador de Facebook es el personaje que mejor ha mostrado cómo ha envejecido el mito de los jóvenes empresarios de Silicon Valley que fundan multinacionales que empiezan desde un garaje. O, en su caso, desde la habitación de una residencia de estudiantes de Harvard.

En 2010, Zuckerberg fue el personaje del año para la revista Time. Tenía 26 años. Había fundado Facebook seis años antes y su cara de adolescente, unido al éxito de su plataforma, encarnaba a la perfección la imagen que promulgaba Silicon Valley: Internet era un mundo nuevo con unas nuevas reglas donde cualquiera con una buena idea y la perseverancia necesaria para trabajar en ella podía triunfar. Ese mismo año se filtró un chat que Zuckerberg mantuvo con un amigo días después de crear Facebook. Zuckerberg reconoció la veracidad de la conversación.

 

Zuck: sí, así que si alguna vez necesitas información sobre alguien en Harvard

Zuck: solo pregunta

Zuck: tengo más de 4000 correos electrónicos, fotos, direcciones...

Amigo: ¿Qué? ¿Cómo has conseguido eso?

Zuck: la gente acaba de enviarlo

Zuck: no sé por qué

Zuck: ellos "confían en mi"

Zuck: malditos imbéciles

 

Casi una década después, Facebook está en problemas y el autor de esas palabras ha mentido a todos para salvar su máquina: a los usuarios les prometió que no vendía sus datos cuando sí lo hacía; a los diputados de EEUU, que no sabía nada de lo de Rusia a pesar de que se enteró mucho antes de que saliera a la luz; y a los europeos, que cumpliría escrupulosamente el Reglamento de Protección de Datos cuando meses después ya se le investiga por intentar varias brechas y hackeos que intentó ocultar.

Aunque la que quizá ha sido la acusación más grave que recibió la plataforma de Zuckerberg en 2018 fue la de ser el vehículo del odio que terminó dando pie a un genocidio. Es lo que concluyeron los investigadores de Naciones Unidas desplazados a Myanmar para estudiar la violencia étnica contra los rohingya que provocó el desplazamiento forzoso de unas 720.000 personas.

 

Fue una consecuencia de su plan para llevar Facebook a los países a donde ni siquiera había llegado Internet. Lo promocionó como una iniciativa altruista para conectar a la red a aquellos que se estaban quedando fuera por motivos económicos. El equipo de la ONU denunció que la red social abrió mercados como este a toda velocidad (Myanmar pasó en dos años de tener menos de un 1% de población con acceso a Internet a tener más usuarios de Facebook que ningún otro país del sureste asiático) sin establecer las mínimas salvaguardas de seguridad, como contratar moderadores capaces de entender birmano. Sin ellos, el conflicto latente en Myanmar prendió en la red social sin nadie que pudiera advertir la propagación de mensajes de odio contra los rohingya.

 

La prueba del algodón: el dinero saudí


Para poner en marcha una plataforma digital capaz de operar a escala planetaria no solo hace falta una buena idea. También mucho dinero. Los fondos de capital riesgo que invierten en el sector tienen diferentes políticas sobre cuándo o cómo reclamar su inversión. No obstante, la relación con algunos choca con la imagen amable y de desarrollo que caracterizaba el sector. El motivo es que es el dinero de Arabia Saudí el que está detrás de ellos.

El Public Investment Fund (PIF), el fondo que la monarquía absolutista utiliza para diversificar sus inversiones fuera del petróleo, es uno de los que más presencia tiene en Silicon Valley. Pero no el único. Según el medio estadounidense Quartz, el dinero saudí ha impulsado a startups como Uber, con 11.321 millones de dólares; Lyft (plataforma similar a Uber) con 4.915 millones; Magic Leap (realidad aumentada) con 1.888 millones; Lucid Motors (coches eléctricos) con 1.131 millones; o Virgin Galactic (aeroespacial) con 280 millones. La inversión de 500 millones de dólares en Tesla que costó el puesto a Elon Musk todavía está en cuestión.

El dinero saudí ha impulsado con más de 10.000 millones dólares a Uber y tiene inversiones importantes en otra decena de empresas de Silicon Valley. Solo una ha suspendido temporalmente sus relaciones con los fondos saudíes tras el asesinato de Jamal Khashoggi

La lista se extiende con otras cinco empresas que han recibido más de 100 millones de dólares cada una para impulsarse. Entre ellas se encuentra Snap, desarrolladora de Snapchat, red social con amplia presencia en España. De las compañías citadas, solo Virgin Galactic ha "suspendido temporalmente" una nueva gran inversión saudí, en torno a los 1.000 millones de dólares, hasta que se aclaren los hechos que han rodeado la muerte del periodista saudí crítico con el régimen de su país Jamal Khashoggi.

 

El trabajo y la vivienda


El sector de plataformas digitales que se enfrentó antes a la caída de su discurso publicitario es el que salió del terreno virtual para afectar directamente la vida de las personas en aspectos como la vivienda o el trabajo. Ciudadanos y ayuntamientos de todo el mundo relacionan la actividad de empresas como Airbnb con la subida del precio de los alquileres, así como de procesos como la turistificación (cuando el alto nivel de turismo transforma la identidad, los rasgos y el carácter propios una ciudad o un barrio) o de gentrificación (desplazamiento de las clases bajas o medias del centro de las ciudades debido a la presión inmobiliaria).

Otra de las principales multinacionales digitales, Amazon, ha dejado de ser protagonista por la revolucionaria gestión del trabajo y robotización que le permiten abaratar costes. Ahora ocupa titulares por las huelgas de trabajadores que enfrenta por toda Europa. Para defender su imagen, la empresa ha puesto en marcha una iniciativa peculiar: selecciona a mozos de almacén y empaquetadores, los sienta delante de un ordenador para que comenten en redes sociales el "paraíso" en el que se sienten al trabajar para "la gran familia de Amazon".

Mientras, la relación de las plataformas con los trabajadores mediante los que prestan servicio se decide en los tribunales. En la actualidad la batalla legal se centra en plataformas como Glovo o Deliveroo, cuyos repartidores denuncian su condición de falsos autónomos. Aunque las sentencias al respecto aún no son firmes, existe el precedente de Uber. La multinacional estadounidentes llegó hasta el Tribunal de Justicia de la UE para defender que tanto los conductores como los viajeros son sus clientes, por lo que no debe ser considerada una empresa de transporte. Perdió.

El ex secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, terminó enemistado con el presidente Donald Trump. En la foto se despide de su personal en Washington, DC.Foto Afp

En una semana tempestuosa al interior y al exterior, Donald Trump se enfrascó en un duelo con su anterior secretario de Estado, el texano Rex Tillerson, ex mandamás de Exxon Mobil: máximo Imperio Privado de EU (https://amzn.to/2E9mf2a), que ha empezado a ser desplazado por los gigantes electrónicos del GAFAT (Google, Apple, Fa cebook, Amazon y Twitter). La querella no es menor ya que Trump favorece también a las petroleras, en particular a las consagradas al canibalismo del fracking (http://bit.ly/2EaefhC), amén de las inmobiliarias y los casinos.

Durante una colecta de fondos en Houston para el MD Anderson Cancer Center, Tillerson, quien fue defenestrado de fea manera, se enteró de su sustitución por Mike Pompeo, ex director de la CIA, mientras se encontraba en un mingitorio (http://bit.ly/2EaCmwA), arremetió contra Trump quien"ganó porque los votantes estaban desenganchados de los temas importantes", en referencia a una presidencia manejada por "128 caracteres" de twitter, lo cual es preocupante ya que "el pueblo estadunidense parece querer saber muy poco sobre los temas" nodales y se sienten "satisfechos" con un twitt.

Aquí Tillerson exagera ya que el twitter, al unísono de las "benditas redes sociales (López Obrador dixit)", forma parte de la panoplia de la comunicación interactiva de los ciudadanos de la cuarta revolución industrial cuando a la medieval plutocracia neoliberal le conviene regresarnos al papiro con el fin de explotar la ignorancia de sus esclavos.

Sobre el zar Vlady Putin, Tillerson comentó que “juega un ajedrez tridimensional (https://bit.ly/2EjoRLZ)”.

Tillerson volvió a fustigar a Trump, en una entrevista con CBSNews, a quien tildó de "indisciplinado (sic), que no lee ni los reportes resumidos y de pisotear las leyes y violar tratados", además de ser "orgullosamente antintelectual (sic), pregonando que su éxito se debe a seguir sus instintos".

El tuit vengativo de Trump no se hizo esperar, amarrando navajas cual su costumbre insana: “Mike Pompeo está haciendo un gran trabajo; no estoy muy orgulloso de su antecesor. Tillerson no tenía la capacidad mental necesaria. Era tonto como una roca (¡súper-sic!) y no pude deshacerme de él lo suficientemente rápido. Él era perezoso como el infierno “ahora es un juego completamente nuevo, gran espíritu en el Departamento de Estado (http://bit.ly/2Eapfv6)”.

Algo ha de saber Tillerson quien se le fue a la yugular a Trump en su borrascosa semana que empezó, en el frente exterior, con la detención de Meng Wanzhou, la princesa tecnológica de Huawei, principal trasnacional de celulares del mundo (http://bit.ly/2E6LhPA), y que concluyó con su enésimo twitt caústico (http://bit.ly/2EdtKW7) donde festeja los "chalecos amarillos" contra el atribulado presidente galo Macron (http://bit.ly/2E9rlvt).

En el frente interno, el polémico fiscal especial Robert Mueller apretó las tuercas de su persecución judicial contra Trump la cual, a juicio de Garrett M. Graff del portal Wired, “se acerca a uno de los peores escenarios con memoranda de sentencia contra los íntimos socios trumpistas: Paul Manafort y Michael Cohen (http://bit.ly/2E9uBXx)”, lo que quizá haya orillado al presidente de EU a remodelar la columna vertebral de su gabinete y acercarse al nepotismo dinástico de los Bush.

Se van su jefe de gabinete, el General retirado John Kelly y el jefe de las fuerzas conjuntas, General Joe Dunford, quien sería sustituido por el General Mark Milley quien favorece un mayor gasto militar (http://bit.ly/2EapRAU).

También es despedida la locuaz embajadora en la ONU, Nikki Haley, quien será sustituida por Heather Nauert, ex conductora de Fox News, lo cual expone el desprecio de Trump por la "inservible" ONU.

En forma espectacular,Trump nominó a Willian Barr como fiscal general, que había servido de 1991 a 1993 con el recién fallecido George H. W. Bush, a quien Trump rindió un homenaje inusitado durante su funeral oficial.

¿Podrá William Barr apagar el incendio judicial contra Trump promovido por Robert Mueller?

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Martes, 04 Diciembre 2018 05:40

Siria y la misteriosa muerte de Khashoggi

Siria y la misteriosa muerte de Khashoggi

Beirut. Los sauditas saldrán impunes. Mohammed bin Salmán también. Tal vez paguen un precio –nos referiremos a eso más tarde–, pero siguen siendo la "visión de luz" contra la "visión de oscuridad" de Irán, en palabras del más egregio ministro saudiárabe del exterior de la historia.

Por desgracia, todos hemos cometido el mismo error en Medio Oriente: pensar que los chicos malos serán derrocados o castigados por sus crímenes y transgresiones y que los chicos buenos (los que sean) acabarán venciendo.

Jamal Khashoggi fue víctima del crimen más abyecto. Pero en la guerra civil sectaria de Medio Oriente, los sunitas tenían que vencer a los chiítas y los sauditas tienen el dinero, y el presidente estadunidense –para quien el epíteto "demente" es hoy tan irrelevante como obvio– se las ha arreglado para afirmar que los sauditas consideraban a Khashoggi "enemigo del pueblo" y miembro de la Hermandad Musulmana. Aunque, eso sí, su asesinato fue "terrible" y "un crimen horrendo". Bien podría ser, anunció el líder del mundo libre esta semana, que Bin Salmán haya tenido conocimiento del hecho. "¡Tal vez sí y tal vez no!"

El relato avanza vacilante, como un viejo jamelgo, y todos trotamos detrás de esa amable y conocida bestia peluda.

Tuvo algo de inevitablemente trágica la más reciente aparición de Adel al Jubair como ministro saudita del exterior en Bahrein, monarquía sunita con una mayoría chiíta en la que el Reino Unido acaba de abrir una nueva base naval junto al cuartel de la Quinta Flota estadunidense. Al Jubair acusó a la prensa –sí, a nosotros, colegas de Khashoggi– de hacer una cobertura "histérica" del asesinato. Fue como si estuviera corriendo la película hacia atrás, hasta la declaración original de inocencia, cuando el reino afirmó que nada tenía que ver con este crimen, que de hecho el periodista había salido vivo del consulado saudita en Estambul y que ellos no tenían idea de qué le había ocurrido. Histeria, cómo no. Cómo se atreven los medios a continuar diciendo que Khashoggi fue asesinado, descuartizado y enterrado en secreto. Y a ver, ¿dónde está el cuerpo?

Si hubo un asesinato, tendría que haber un cuerpo. Y así, en breve, retrocedemos a Estambul y al sultán mismo, a quien, aunque no culpa el buen rey Salmán, sí le gustaría que se encontrara el cuerpo y tal vez –aquí vamos de nuevo– tenga una cinta más de Khashoggi que enviar a los servicios de inteligencia del mundo. Den por seguro que nuestros líderes políticos no se mancharán los oídos escuchándola; Trump se refirió a la grabación original como "una cinta insoportable". El canadiense Trudeau optó por no escucharla. Pero la verdad es que debieron haber puesto el oído en la bocina: escuchar a un periodista árabe decir a sus asesinos que se estaba sofocando habría sido un símbolo bastante acertado de la democracia actual en Medio Oriente.

Sin embargo, Erdogan debe tener otros planes. Y aquí, sospecho, deberíamos desplazarnos un poco al sur de la Puerta Sublime y extender la mirada sobre las planicies de Idlib, la provincia siria en la que hace tiempo se nos dijo que deberíamos esperar –según advertencias de Trump, la ONU, los británicos, Amnistía Internacional y todo dios– una sangrienta invasión infectada de gas por las fuerzas sirias y rusas para destruir por completo a los combatientes islamitas del Isis, Al Nusrah, Al Qaeda y sus compañeros yihadistas, junto con decenas de miles de civiles. Idlib es el basurero donde se pone a los enemigos del régimen sirio. Su única ruta de escape es por la frontera turca… de donde vinieron en un principio.

Pero, como el sultán no quiere verlos regresar, y como Siria y Rusia no le ven sentido a otro baño de sangre cuando la guerra en Siria prácticamente ha concluido –aunque los lectores pueden verificar esta conclusión contra sucesos futuros–, la pregunta relevante sigue siendo: ¿adónde deben ir esos diversos combatientes islamitas sunitas y sus familias? Puesto que su dinero y armas provienen del Golfo sunita y la fe wahabita sunita fue inspirada por el mismo credo que gobierna a la monarquía saudita, ¿qué mejor ubicación para su guerra futura que una de las vastas extensiones de arena de Arabia Saudita? ¿Podría haber un lugar más humano y conveniente para su "reducación" que los ascéticos páramos del gran desierto de Rub al Jali?

Sin duda los sauditas, que según Trump "se retirarían con gusto de Yemen", podrían albergarlos a todos, salvando –una vez más– a Occidente del "terrorismo mundial" mientras se libran de una segunda cinta de Erdogan y del súbito y muy inconveniente descubrimiento de partes del cuerpo de una víctima cuyo deceso tal vez fue conocido –o tal vez no– por Mohammed bin Salmán. Tal vez lo supo o tal vez no, como debemos decir ahora.

Los rusos sin duda lo aprobarían. Los estadunidenses también. Los sauditas de seguro se sacrificarían por todos nosotros asumiendo una carga tan onerosa como sería el aprisionamiento de las legiones del Isis y Nusrah dentro de su propio desierto. Después de todo, esas legiones de crucificadores y verdugos –hablo del Isis, claro– acatarían sin chistar las reglas de la prisión porque sus custodios serían expertos en cortar en público la cabeza con alfanjes a supuestos drogadictos y asesinos de niños, para no mencionar el desmembramiento de un periodista con una sierra cortadora de huesos.

¿Vemos un acuerdo en proceso sobre este tema? La guerra en Yemen llega a su fin (gracias a los vendedores de armas en Occidente que la hicieron posible) y la guerra en Siria llega a su pacífico final con la bendición de Vladimir Putin. De los 450 mil millones de dólares que Arabia Saudita ha prometido gastar en armas en Estados Unidos –ya no hablemos de un pedazo de papel–, 110 mil millones irán a Boeing, Lockheed Martin, Raytheon "y muchos otros grandes contratistas estadunidenses de defensa". La "visión de luz" de Adel al-Jubair –Arabia Saudita, claro– puede ya marchar a la guerra contra la "visión de oscuridad que busca propagar el sectarismo en toda la región", o sea Irán.

Quizá Khashoggi tuvo cierta visión de oscuridad cuando le pusieron la bolsa de plástico en la cabeza en el consulado saudita el mes pasado, pero en Medio Oriente los chicos buenos no siempre acaban venciendo. Hay que hacer la guerra con Irán. Hay que hacer la guerra contra los chiítas. Israel y Netanyahu –¿advierten cómo esos nombres nos han eludido hasta ahora en nuestro triste recuento?– estarán satisfechos con su alianza "secreta" con los sauditas contra Irán. Boeing y Lockheed Martin florecerán, junto con muchos otros contratistas estadunidenses de defensa. Y el príncipe heredero saudita –a diferencia de Khashoggi– se habrá asegurado una larga vida y un honorable entierro en su vejez. De preferencia en una sola pieza.

The Independent

Traducción: Jorge Anaya

 

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Empresas chinas pagaron 176 millones en sobornos para lograr contratos en Venezuela

Directivos próximos a Hugo Chávez y ejecutivos de PDVSA ocultaron su botín en Andorra

El Gran Volumen, un mega contrato de 20.000 millones de dólares (17.600 de euros) sellado en 2010 entre Venezuela y China, devino en un nido de corrupción. La construcción de infraestructuras energéticas en el país sudamericano amagó un fabuloso negocio de comisiones ilegales. Una investigación de la Justicia de Andorra ha destapado que el empresario de los seguros venezolano Diego Salazar y sus colaboradores cobraron 200 millones de dólares (176,5 millones de euros) de cinco compañías chinas. La red de Salazar escondió su botín en la Banca Privada d'Andorra (BPA). Un banco que fue cerrado en 2015 por las autoridades de este pequeño Principado pirenaico por blanqueo de capitales.


Al gigantesco pastel de obra pública que ofrecía el Gran Volumen solo concurrían empresas chinas. Firmas que acudían a las licitaciones del Gobierno de Venezuela. El desarrollo se enmarcó en un plan concebido en 2007. Los dos países firmaron entonces el acuerdo Fondo de Cooperación Binacional. China otorgaba un préstamo a Venezuela a través del Banco de Desarrollo de China (BDC) y aportaba las dos terceras partes. El Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) fue el encargado de administrar los fondos. Un gran plan para modernizar Venezuela. Y una suculenta oportunidad para tipos como Salazar.


Y es que Salazar no era un empresario más. El ejecutivo de los seguros es primo de Rafael Ramírez, que fue ministro de Energía y Petróleo del país sudamericano entre 2004 y 2012 y presidió Petróleos de Venezuela (PDVSA), la mayor compañía pública del país. Y la jueza andorrana Canòlic Mingorance acaba de desvelar que Salazar contactó con empresas chinas para facilitarles adjudicaciones a cambio de comisiones ilegales. Se sirvió del primer secretario de la embajada de Venezuela en Pekín, Luis Enrique Tenorio. Para ocultar sus beneficios, Tenorio creó una sociedad panameña, Phomphien Corporation, y abrió una cuenta en la BPA de Andorra.
Salazar fue detenido hace un año y se encuentra preso en Caracas.


El circuito Venezuela-China-Andorra funcionó a la perfección. Highland Assets, la sociedad tras la que se ocultaba Salazar y un colaborador, firmó un acuerdo con la compañía china Camc Engineering por el que la asesoraba en la obtención de los contratos millonarios que licitaba el Ministerio de Petróleo y Energía, especialmente de PDVSA y Corpoelec, en el marco de la ola de obras que se ofrecían en el Gran Volumen.


El contrato era confidencial hasta que cayó en manos de la juez Mingorance. La magistrada ha empleado el texto para sustentar parte de su acusación y procesar a Salazar por blanqueo de capitales. El documento establecía que si los chinos conseguían obras por valor de 176 millones de euros, Highland Assets recibiría un 10 por ciento neto del volumen de negocio de Camc Engineering. “Se trata de un contrato de resultados totalmente anormal en el sector de la consultoría, donde el hecho generador de la contraprestación no es la elaboración de informes ni la asistencia, sino resultar adjudicatario”, señala un reciente auto de la juez andorrana.


Tras la firma del acuerdo, la empresa china comenzó a recibir adjudicaciones. La primera, la construcción de la planta de generación eléctrica de El Vigía que sacó a concurso la eléctrica pública venezolana Corpoelec. Y la cuenta andorrana de Salazar con su sociedad panameña Highland Assets recibió el primer pago de 31 millones de euros como “asesoría integral para la ejecución del proyecto de construcción de la planta termoeléctrica El Vigía”


Por cada obra adjudicaba, llegaba a la cuenta andorrana un nuevo pago. Un millón de dólares (882.591 euros) por el proyecto del delta del Orinoco; 400.000 dólares (353.072 euros) por el del río Guarico; 600.000 (529.610 euros) y un millón de dólares (882.591 euros) por el del rio Orinoco; tres millones (2,6 euros) por los proyectos de Fábrica, Tiznado, Piritu Becerrra, Delta Orinoco y Guarico. Entre 2011 y 2012, el chorreo de millones no paró. Y sumó 106 millones de dólares (93,5 de euros)


Al tiempo que las 11 cuentas de Salazar en Andorra engordaban con cifras millonarias, desde las mismas comenzó el riego de sobornos a altos funcionarios venezolanos. Todo, ante los ojos de los directivos de la BPA. Los ejecutivos del banco andorrano no se hicieron preguntas sobre la suculenta actividad del empresario venezolano al que ayudaron a constituir su red de sociedades panameñas.


El negocio del Gran Volumen se repartió entre varias empresas chinas con las que Salazar y su colaborador Luis Mariano Rodríguez firmaron contratos similares. China Machinery Engineering Corporation (CMEC) se llevó la construcción de la estación eléctrica de emergencia del estado de Zulia y recompensó a Salazar con un pago de 55 millones de dólares (48,5 de euros). Rodríguez percibió 9,5 millones dólares (8,3 de euros). El dinero fue a parar a la cuenta andorrana de la sociedad holandesa Investments and Consulting.


La firma Sinohydro Corp. Ltd selló con PDVSA la construcción por 315 millones de la central de La Cabrera. Cinco días antes, la sociedad panameña de Salazar había firmado un contrato con Francisco Jiménez Villaroel, gerente de la oficina de PDVSA en China, para ayudar a las empresas asiáticas a entrar en el mercado venezolano. La juez resalta que Jiménez carecía entonces de ninguna estructura para prestar esos supuestos servicios. La empresa china no tardó en transferir 50 millones de dólares (44,1 de euros) a la cuenta de Salazar y Eudomario Carruyo, entonces director financiero de PDVSA, recibió en su cuenta de la BPA 7 millones de dólares (6,1 millones de euros)


El caudal de pagos millonarios del Gran Volumen no se detuvo. Nuevas comisiones por La Cabrera, por el proyecto Agrícola Integral Pajuey y Santo Domingo Llano Alto. Y nuevas empresas chinas que colmaron de millones las cuentas andorranas de Salazar y sus colaboradores. Como la firma de fabricación de autobuses Yutong Hongkong Ltd., que le transfirió 11 millones de dólares (9,7 de euros); la petrolera Shandong Kerui Petroleum, que le envíó 17 millones (15 de euros).


Salazar declaró en 2015 en Andorra ante la juez que ahora ha descubierto sus secretos más ocultos. Afirmó que eran las autoridades chinas las que tenían “el poder de decidir que empresas hacían los proyectos”. Sus argumentos no impidieron que fuera procesado el pasado septiembre junto a otras 27 personas acusadas de expoliar 2.000 millones de euros de PDVSA, la joya de la corona del país latinoamericano. Entre los encausados figuran Nervis Villalobos y Javier Alvarado, exministros de Energía de Hugo Chávez.


 Pagos millonarios a ejecutivos de la petrolera estatal venezolana

J. M. I. / J. G.


La investigación de la juez andorrana Canòlic Mingorance ha destapado los sospechosos pagos que recibieron algunos de los principales responsables de la compañía pública Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) y sus filiales. Es el caso de Ramón Arias Lanz, expresidente de PDVSA Ingeniería y Construcción que tenía una cuenta en la Banca Privada d'Andorra (BPA) a nombre de la sociedad instrumental White Snake Properties.


Entre 2011 y 2012, la cuenta de Arias se nutrió de tres traspasos. Uno de 300.000 dólares (265.545 euros) y dos de cinco millones de dólares cada uno (8,8 de euros). Todos procedieron de la cuenta de la sociedad High Advisory and Consulting Ltd, de Luis Mariano Rodríguez, director financiero de Diego Salazar y para los investigadores su supuesto testaferro.


Luis Abraham Bastidas Ramírez, primo de Rafael Ramírez Carreño, y gerente del departamento de logística y servicios generales de la petrolera pública venezolana, abrió su cuenta en la BPA. Con la ayuda de los gestores del banco, creó una sociedad panameña, Tellancourt S. A. En la cuenta asociada a la misma recibió dos transferencias desde la mercantil de Luis Mariano Rodríguez de 600.000 dólares (531.057 euros) y 2.800.000 dólares (2,4 millones de euros).


Tanto Arias como Bastidas justificaron sus ingresos con supuestos contratos de asesoramiento con la sociedad de Rodríguez. Contratos que para los investigadores son ficticios.

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Miércoles, 21 Noviembre 2018 06:17

Unctad y el círculo vicioso de los Medici

Unctad y el círculo vicioso de los Medici

En las pasadas tres décadas el orden económico que emergió de la Segunda Guerra Mundial se erosionó por el abandono de la política de pleno empleo, la mayor movilidad del capital, la reducción del ingreso de la clase trabajadora, el recorte en el gasto social en casi todas las economías del mundo y el aumento del poder de mercado de las grandes corporaciones. Hoy, el fantasma de nuevas guerras comerciales y la gran desconfianza que buena parte del electorado ha manifestado en muchos países frente a las instituciones tradicionales amenazan con aniquilar lo poco que quedó de aquel orden económico que fue testigo de la era dorada del capitalismo.

Hace dos semanas la Unctad dio a conocer su informe anual para 2018 (unctad.org) y ya desde el título, con una referencia a la "quimera del libre comercio", envía un mensaje que nadie debe ignorar. La tesis fundamental del informe es que la globalización neoliberal, que tantas veces fue descrita como ejemplo de eficiencia, flexibilidad y competitividad, ha desembocado en un mundo quebradizo y marcado por un desempeño económico mediocre. Hoy la globalización se caracteriza por mayor desigualdad, una intensa concentración de poder de mercado en unas cuantas megacorporaciones y la subordinación incondicional al mundo de las finanzas.

En este panorama domina un crecimiento débil, alimentado por las altas tasas de endeudamiento que representan una grave amenaza para la economía mundial. Sobre este punto, hasta el Fondo Monetario Internacional ha sonado la alerta y se hace coro de las preocupaciones de la Unctad. Antes de la crisis financiera el nivel de la deuda mundial alcanzaba 142 billones (castellanos) de dólares y hoy ese monto rebasa 250 billones, lo que es equivalente a tres veces los ingresos globales. Los bancos han aumentado su tamaño debido a la inyección de fondos públicos, mientras las actividades del sistema bancario sombra ya son dos veces más grandes que la economía mundial. El endeudamiento creciente, la consolidación del dominio del sector financiero y la creciente desigualdad son los rasgos característicos del estancamiento económico en la globalización neoliberal.

Por el lado de los flujos de comercio internacional sobresale la tendencia a la mayor concentración en casi todas las ramas de la industria. Quizá el dato más impactante es que uno por ciento de las empresas en el mundo concentra 55 por ciento de los flujos de comercio internacional. La administración de precios por estas corporaciones es sólo una de las consecuencias de su mayor poder de mercado y desemboca en lo que el economista Luis Zingales, de la Universidad de Chicago, denomina el "círculo vicioso de los Medici": más dinero trae aparejado mayor poder político, y eso se acompaña de más dinero.

Hoy la mayor parte del comercio de manufacturas se encuentra organizada alrededor de cadenas globales de valor (CGV), que dependen de las grandes empresas que las administran. Durante algunos años muchos pensaron que la inserción en esas CGV permitiría a los países subdesarrollados asimilar tecnologías y construir eslabonamientos para alcanzar el desarrollo industrial. Pero si bien las grandes corporaciones que organizaron esas cadenas de valor permitieron a algunos países vincularse con la división internacional del trabajo al aprovechar su dotación de fuerza de trabajo (mal pagada), lo cierto es que el espejismo de la industrialización sigue alejándose.

La base de datos de la matriz insumo-producto mundial (véase wiod.org) revela que la distribución por países del valor agregado en las manufacturas sigue siendo muy desigual. Entre 2000 y 2014 la participación nacional en el valor agregado mundial declinó en la mayoría de los países, con la excepción de China. Y la participación en las fases de producción (fabricación en sentido estricto) también se redujo, excepto en Canadá y nuevamente en China. La posibilidad de revivir el proyecto de industrialización por medio de un proceso de goteo es un sueño inalcanzable.

La política de establecer zonas económicas especiales dirigidas a fomentar las exportaciones es un subsidio para las grandes corporaciones en su afán por organizar esas CGV, pero no constituye un instrumento para el desarrollo industrial. En cambio, sí contribuyen a la desigualdad creciente al atrapar la economía anfitriona en una espiral de bajos salarios. Si algunos piensan que es posible repetir los logros de China al utilizar ese tipo de instrumentos, deben tomar en cuenta que ese país aplicó al mismo tiempo una vigorosa política industrial y tecnológica, con un decidido apoyo financiero y una gran inversión de largo plazo en educación. Esa combinación de políticas está ausente en la mayor parte de los países que hoy erigen zonas económicas de fomento al comercio internacional.

Los datos y el análisis de la Unctad revelan que no es posible alcanzar el objetivo de un desarrollo económico saludable con la simple administración del modelo neoliberal.

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El Santander tiene más ingresos que Colombia y Telefónica más que Rumanía

157 multinacionales están entre las 200 “entidades” más ricas del mundo, en una lista que incluye a los Estados soberanos. La multinacional de la distribución Walmart es la compañía más rica, por debajo de nueve países.

 

Las diez multinacionales más grandes de la tierra acumulan, combinadas, más riqueza que los 196 Estados menos prósperos. Walmart, State Grid, Sinopec Group, China National Petroleum, Royal Dutch Shell, Toyota, Volkswagen, BP, Exxon Mobile y Berkshire Hathaway ingresan, cada una, más dinero que los 196 Estados menos ricos de las 222 países del mundo.


Un año más, el informe de Global Justice Now!, combinando la lista de riquezas de la revista Fortune y el “libro de hechos” de la CIA sitúa a la multinacional de la distribución Walmart como la décima entidad más rica, por encima de España, que ocupa el undécimo puesto en ingresos con 492 billones de dólares (492.400.000.000 euros).


Estados Unidos, con ingresos por valor de 3.336.000.000.000 —tres mil trillones— y China, 2.500 trillones, son las principales potencias de la lista. No obstante, es importante destacar el control por parte del Gobierno chino de tres de las cuatro principales corporaciones más ricas del mundo.


Con la notable excepción de Walmart, las principales compañías del mundo se dedican al sector energético o a la automoción. Apple, en el puesto 29, y más rica que Suiza o Noruega, es la primera de las tecnológicas. Amazon, la que más ha subido respecto a los datos publicados en 2017, en un año ha pasado del puesto 73 al 40.


Santander, primera entidad española


Entre las multinacionales con origen español, el Santander ocupa el puesto 109, con unos ingresos el año pasado de 87 mil millones de euros, más que los de Colombia o Irlanda. Telefónica se encuentra cien puestos más abajo, por delante de Rumanía. El BBVA está en el puesto 278, Repsol en el 318, ACS en el 341, Iberdrola en el 391 —por encima de Ecuador—, Gas Natural en el puesto 491 y Mapfre en el 503 —con más ingresos que Marruecos—.


Global Justice Now! realiza este ránking a modo de denuncia de la acumulación por parte de las corporaciones. Uno de sus portavoces, Nick Dearden, señala cómo ese poder está "en el corazón" de problemas comunes a la humanidad como la desigualdad y el cambio climático. Asimismo, critica la presión de estas corporaciones del tamaño de Gobiernos para evitar la rendición de cuentas en términos de violación de derechos humanos o una mayor regulación de su actividad fiscal.


Esta semana se celebra en Ginebra la cuarta reunión del grupo de trabajo intergubernamental encargado de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para obligar a las transnacionales a respetar los derechos humanos por todo el mundo, un tratado al que se opone la Unión Europea y países como México o Rusia. Estados Unidos ha declinado trabajar en este grupo de trabajo desde un principio.

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De qué va el tratado de la ONU sobre empresas y derechos humanos

En Ginebra, países y organizaciones civiles están trabajando para acordar un tratado vinculante para que las empresas paguen por las violaciones a los derechos humanos de sus empresas filiales

 “Un tratado internacional para las grandes corporaciones en materia de derechos humanos no es necesario y genera inseguridad jurídica”. “Generar nuevas obligaciones para las empresas transnacionales socava la soberanía de los Estados”. “Con un acuerdo vinculante como el que se plantea, la inversión extranjera puede reducirse”. Intervenciones como estas se están volviendo a escuchar esta semana en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, donde se celebra la cuarta reunión del grupo de trabajo intergubernamental encargado de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para obligar a las transnacionales a respetar los derechos humanos por todo el mundo. Y al igual que en anteriores reuniones, la Unión Europea (UE) y países como Rusia, Brasil, Perú, Chile o México insisten en rechazar la creación de nuevas normas para controlar a las grandes corporaciones. 

Por su parte, “las personas afectadas por las operaciones de las transnacionales han intentado durante décadas acceder a la justicia. Pero el sistema actual no nos lo permite y la impunidad persiste”. Pablo Fajardo, representante de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Chevron-Texaco (UDAPT), ha recalcado así la necesidad de un tratado que sirva para enfrentar las violaciones de los derechos humanos cometidas por las multinacionales. Lo ha hecho junto a otras activistas sociales y también europarlamentarias, ante la sede de la ONU, en una rueda de prensa de la campaña global que aglutina a organizaciones sociales, sindicales, ecologistas, de mujeres, de pueblos indígenas y de defensa de los derechos humanos que han llegado a Ginebra para reiterar la impunidad con que operan las empresas transnacionales.


Durante toda la semana, se están escenificando una vez más las relaciones de poder para tratar de impedir que un organismo internacional como Naciones Unidas pueda limitar el poder de las grandes corporaciones. Para eso, vuelven a ponerse sobre la mesa los mecanismos habituales para desactivar la presión de las organizaciones sociales: eternizar los procesos, incrementar la burocracia, fomentar la ambigüedad de los textos, centrar el debate en las cuestiones procedimentales.


Este año, la novedad es que ya hay un primer borrador del texto del tratado. Por eso, más allá de la necesidad de que el gobierno español y la UE —como así lo mandatan las resoluciones aprobadas en sus respectivos parlamentos— se comprometan a participar en el proceso de negociación del tratado vinculante, vale la pena centrarse en el análisis de sus contenidos. Veamos los que, a nuestro entender, son los seis elementos fundamentales.


1. NO ES ESPECÍFICO PARA LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES


Como dice el texto al principio, el objeto del instrumento internacional es el cumplimiento de los derechos humanos por parte de todas las personas físicas y jurídicas con actividades de carácter transnacional. Y eso desdibuja todo el tratado, porque este proceso nació justamente con el propósito de elaborar una herramienta que de manera específica enfrentara la impunidad de las multinacionales y de toda su cadena de valor. Hay que recordar que, a día de hoy, no existe ningún mecanismo eficaz a nivel global para controlar a unas corporaciones que pueden eludir con facilidad las legislaciones estatales a través de complejos entramados societarios.


“La mayoría de los Estados y partes interesadas tienen problemas con la nota a pie de página [en la resolución 26/9] que restringe el alcance a las empresas transnacionales”. En cada reunión, la UE y los lobbies empresariales han insistido en la “discriminación” que eso significa, defendiendo la necesidad de ampliar el alcance a todas las empresas con el fin de debilitar las medidas dirigidas a las multinacionales. Y parece que sus exigencias han acabado por tener eco en el borrador del tratado, pues se elimina uno de los elementos estratégicos que dotaban de identidad a este proceso: la búsqueda de una fiscalización jurídica efectiva de las grandes corporaciones, para cuyo control el derecho de los Estados no resulta suficiente. Es una de las principales renuncias del texto.


2. SITÚA EN EL CENTRO LAS OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS

El texto del tratado se ha construido en base al desarrollo de normas estatales. Así, solo establece obligaciones para los Estados, ignorando que tanto los de origen como los que son destino de las inversiones no son neutrales: forman parte de los ejes que favorecen la arquitectura de la impunidad de las empresas transnacionales.


Los acuerdos y tratados de comercio e inversión que firman los Estados, los contratos que estos establecen con las compañías multinacionales y todas aquellas políticas que inciden en la desregulación de los derechos sociales —mientras regulan con fuerza los “derechos” de las grandes corporaciones— son las piezas fundamentales de la armadura jurídica que blinda los intereses de las empresas transnacionales. Dejar en manos de los Estados-nación la posibilidad de controlar a estas empresas significa básicamente continuar como hasta ahora; significa que no hay ningún avance en la creación de contrapesos suficientes para hacer responsables a las grandes corporaciones de la violación de derechos humanos.


3. NO INCORPORA MECANISMOS DE RESPONSABILIDAD LEGAL


Dado que las empresas transnacionales operan en un contexto global, parece necesario incorporar en el tratado tanto sus obligaciones directas como también las de sus directivos, independientemente de las normas reconocidas por los Estados donde localicen sus actividades. Se evitaría así que la responsabilidad de las grandes compañías se diluyera con la desregulación de las normas sobre derechos humanos, y se pondría freno a la deslocalización de las empresas hacia aquellos países con legislaciones más débiles en materia social, ambiental, fiscal o laboral.


“No queda claro que las violaciones solo corresponden a los Estados y puede parecer que hay obligaciones directas sobre las empresas”, declara sin embargo el representante de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) para rechazar cualquier atisbo de normas internacionales que pueda afectar a sus intereses de negocio. Pero, efectivamente, no se incorporan mecanismos de responsabilidad legal ni del cumplimiento de leyes. En su lugar el borrador plantea la “diligencia debida”, un mecanismo unilateral de las empresas para que ellas mismas vigilen sus actividades. Que, dicho sea de paso, también es rechazado por la OIE.


4. No clarifica la responsabilidad en la cadena de valor


En el borrador del tratado no se recoge con claridad otra cuestión central: la responsabilidad solidaria de las empresas transnacionales en las violaciones de los derechos humanos cometidas por sus filiales, subcontratistas y proveedoras. Las grandes corporaciones, aún con una enorme complejidad societaria, tienen un centro donde se establece el modelo de negocio y se toman las decisiones fundamentales. La vaguedad del texto para señalar este aspecto y obligar a clarificarlo favorece que las casas matrices se desliguen de la responsabilidad que tienen en relación a las actividades de todo su perímetro empresarial.


Un elemento que podría corregir este punto débil son las obligaciones extraterritoriales de los Estados. A través de ellas, por poner un ejemplo, los pueblos indígenas de México afectados por Iberdrola, Naturgy y Acciona podrían demandar a estas empresas ante tribunales españoles, ya que han incumplido el derecho internacional a una consulta previa, libre e informada sobre el uso de sus territorios. Esta cuestión de la extraterritorialidad sí está recogida en el borrador, aunque de una forma muy poco precisa. Se echa en falta el trabajo avanzado desde 2011 en los Principios de Maastricht sobre las obligaciones extraterritoriales, un punto de referencia importante para avanzar en la responsabilidad del Estado en relación con las personas que viven en otros países.


5. NO SE SUBORDINA EL COMERCIO A LOS DERECHOS HUMANOS


El tratado no menciona la jerarquía normativa por la que los acuerdos y tratados de comercio e inversión tienen que estar subordinados al cumplimiento de los derechos humanos. En ese sentido, el texto no incluye obligaciones que garanticen esta prioridad y le den plena exigibilidad y justiciabilidad. Para eso bastaría con invocar la prioridad de una norma jerárquicamente superior a través del artículo 53 de la Convención de Viena, que establece la nulidad de todo aquel tratado que contravenga cualquier norma imperativa del Derecho Internacional —como las de derechos humanos, sin ir más lejos—.


Tampoco aparecen por ningún lado disposiciones en relación a las instituciones económico-financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cómplices y colaboradoras en numerosos casos de violaciones de derechos humanos cometidas por empresas transnacionales. Ambas cuestiones se podrían incorporar sin mayor problema, como señala la campaña global Desmantelemos el Poder Corporativo. En su contribución escrita dirigida a la ONU, esta campaña propone partir del hecho de que “los Estados parte reconocen la supremacía del Derecho Internacional de los Derechos Humanos sobre todo otro instrumento jurídico, en particular los concernientes a comercio e inversión”. Tampoco parece nada demasiado revolucionario; de hecho, en el documento oficial previo al borrador se incluía.


6. FALTAN ÓRGANOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO


En el borrador del tratado destaca la ausencia de las instancias necesarias para realizar un control jurídicamente vinculante. Como diría el jurista Alfred de Zayas, se trata de un instrumento “sin dientes”; por tanto, poco o nada efectivo. No se menciona la creación de un centro internacional para el seguimiento de la actividad empresarial y la recepción de las denuncias por parte de las comunidades afectadas. Ni tampoco la posibilidad de poner en marcha un tribunal internacional para juzgar a las compañías y sus directivos.


Según el texto, se crea un comité… que no tiene la capacidad de investigación ni la posibilidad de recibir denuncias. De forma que el acceso a la justicia de las comunidades afectadas queda únicamente en manos de los Estados, o sea como está actualmente. Es verdad que se propone la cooperación judicial entre Estados, pero hay una excesiva fe en su buena voluntad para perseguir la violación de los derechos humanos por parte de las multinacionales. Esta ausencia en parte podría haberse enmendado si en el protocolo de aplicación del tratado se hubiesen recogido estas instancias, en vez de establecer un mecanismo nacional que únicamente puede realizar recomendaciones y acompañar en la realización de acuerdos entre las partes —pero deja de actuar si las partes recurren a sistemas judiciales—.

OMAL
@OMAL_info

publicado
2018-10-19 05:01:00


*El artículo lo han escrito Erika González, Juan Hernández Zubizarreta, Gorka Martija y Pedro Ramiro, del Oservatorio de munti9nacionales en América Latina (OMAL) - Paz con dignidad

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Tratados comerciales, jaque mate a la democracia

La democracia es, sin duda, una de las principales víctimas de la profunda crisis actual. Asistimos al desmantelamiento progresivo de principios políticos que no hace mucho tiempo parecían hegemónicos: soberanía popular, derechos humanos, ciudadanía, representatividad, separación de poderes, primacía de lo político sobre lo económico… que se convierten ahora en papel mojado. 

No nos engañemos, estos principios siempre fueron más un relato que una realidad, ocultando en sus prácticas una matriz colonial, patriarcal y clasista, sostenida sobre notables desigualdades y desde el uso de una violencia estructural. Pese a ello, conformaban un modelo de democracia de baja intensidad que permitía, fundamentalmente en el Norte global, ciertos espacios de decisión popular. Precisamente hoy no solo estos, sino incluso el mismo relato del Estado de derecho y de la arquitectura multilateral de defensa de los derechos humanos están en el punto de mira del sistema.


Ya no le son funcionales: el capitalismo es incompatible con la democracia y, para que pueda sobrevivir en un momento especialmente crítico, lanza un jaque mate al imaginario y al modelo vigente desde mediados del siglo pasado. En este sentido, el triángulo conformado por el enorme excedente económico generado por la financiarización de la economía global –que necesita febrilmente encontrar espacios de reproducción–, las escasas expectativas de crecimiento y acumulación para las próximas décadas, así como el colapso ecológico en ciernes fruto del cambio climático y del agotamiento de las fuentes de energía fósil, provoca una tormenta perfecta en la que el poder corporativo –comandado por las empresas transnacionales– impulsa una ofensiva salvaje.


Se pretende así redefinir el proyecto político-cultural del capitalismo para las próximas décadas, en función de un principio básico: para superar este momento crítico, ya nada puede quedar fuera de la órbita capitalista, todo debe convertirse en un espacio de acumulación, sin traba alguna. Toda barrera a los mercados globales y a los negocios internacionales debe ser derribada: barreras geográficas, que impidan avanzar en el viejo sueño húmedo de un único mercado mundial auto-ultrarregulado; barreras sectoriales, que permitan arrasar con todo ámbito público y/o común en favor de lo privado y corporativo; y, por supuesto, barreras políticas, que pongan coto a la soberanía popular frente a la primacía del capital.


En esta lógica se inscribe el creciente autoritarismo, así como el ascenso del fascismo social y político. Por poner algunos ejemplos, hemos visto una Troika capaz de imponer una deuda ilegal e ilegítima al pueblo griego, a pesar del masivo rechazo en referéndum; una policía que reprime con saña en Cataluña frente a una ciudadanía decidida a votar, sin ningún tipo de consecuencia política; una Unión Europea que practica sistemáticamente la necropolítica, y que se pasa por el arco del triunfo el marco internacional de los derechos humanos; un sistema judicial convertido en sujeto político, que permite a los poderes fácticos avanzar allí donde estos no alcanzan, como se ha constatado en Brasil, Ecuador y el Estado español; un sector financiero que impone su poder sobre los pueblos, haciendo que estos acudan al rescate de sus desmanes; unos crecientes espacios de no-derecho, como Guantánamo, que normalizamos; y una extrema derecha que amplía sus espacios –incluso gubernamentales– fomentando la guerra entre pobres y las lógicas excluyentes.


Pero la puntilla a este proceso de desmantelamiento de los mínimos democráticos a escala global tiene nombre propio: los tratados comerciales. Asistimos a una nueva oleada de acuerdos de este tipo (CETA, JEFTA, USMCA, TISA, TTIP, etc.), que pretende completar el proyecto de la globalización neoliberal imponiendo una constitución económica de carácter poliédrico. Hablamos de constitución precisamente porque aspira situarse en la cúspide de la pirámide político-jurídica delimitando, como suelen hacer las constituciones, el marco de lo posible: qué se prioriza y qué no, a qué se le concede valor y a qué no. Hablamos de constitución económica a escala global porque lo que trata de imponer precisamente es la hegemonía indiscutible de la lex mercatoria , la primacía y blindaje de los negocios de las empresas transnacionales a escala internacional. Y hablamos de constitución de carácter poliédrico porque sus contenidos no se plasman en un único documento con su articulado específico, sino que este se vierte en múltiples y muy diversos tratados que, dentro de una estrategia dinámica, flexible y progresiva, incorporan parámetros similares.


Los parámetros compartidos por esta poliédrica constitución económica global se podrían resumir en cuatro apuestas complementarias.


En primer lugar, todos los nuevos tratados sin excepción incorporan una definición ampliada de comercio internacional, que ahora también incluye inversión, servicios, finanzas, bienes naturales, compra pública, comercio digital, innovación, competitividad, etc. Todos estos ámbitos, por tanto, entran indefectiblemente en el marco de los negocios de las grandes empresas, arrebatándolos así del debate político y de la órbita de la soberanía popular.


Además, los acuerdos comerciales posicionan, cual tabla de mandamientos corporativos, una serie de valores de gran exigibilidad, justiciabilidad y capacidad de coerción a escala global, delimitando el nuevo marco de lo posible: el acceso al mercado sin trabas para las grandes empresas se convierte en máxima; la primacía de la seguridad de la inversiones y de los beneficios empresariales se impone al mandato democrático y popular; la armonización normativa a la baja en derechos colectivos se asume como ofrenda en el altar de la competitividad, creando toda una estructura multilateral en su defensa; y se fomenta la mercantilización de todo sector público y/o comunitario, impidiendo en sentido contrario todo proceso de nacionalización, republificación o de propiedad y gestión colectiva sin ánimo de lucro, una vez firmados los acuerdos.


En tercer lugar, los tratados añaden nuevas estructuras regionales y multilaterales favorables al proyecto del poder corporativo, en este caso con la tarea específica de incidir en pos de la convergencia reguladora, esto es, de la desregulación de normativas ambientales, económicas, sociales y laborales. Si los organismos económicos multilaterales y los espacios regionales como la Unión Europea ya incidían en este sentido, ahora contarán con el apoyo incuestionable de estos espacios, con capacidad política de imponer y/o presionar en favor de un comercio y una inversión internacional sin trabas.


En cuarto y último término, la nueva oleada de acuerdos expande el radio de acción de una justicia privatizada en defensa de la inversión extranjera y bajo la égida de los mandamientos corporativos. Se impone de esta manera a escala mundial el modelo de los tribunales de arbitraje, guardianes de los mandamientos corporativos y ajenos a todo principio de igualdad jurídica, en los que una serie de árbitros privados tienen la capacidad de imponer sus laudos a los Estados. Estos pueden ser denunciados por las grandes empresas si vieran sus beneficios pasados, presentes e incluso futuros alterados, mientras que los Estados no cuentan con la capacidad de denunciar a las empresas, inclinando definitivamente la balanza político-jurídica en favor de lo privado frente a lo público.


El círculo se cierra: la nueva oleada de tratados comerciales amputa definitivamente el poder de lo público, de las instituciones. Sus capacidades legislativas, ejecutivas y judiciales están ahora mediatizadas por los mandamientos corporativos convertidos en constitución, subordinadas a todo un entramado multilateral y regional en favor del poder corporativo, y bajo una justicia ad hoc que amedrenta y penaliza a quienes osen salirse del marco de lo posible. Se limita entonces el papel de los Estados a la seguridad y a la desregulación de derechos, mientras que las empresas multinacionales emergen como verdadero gobierno de facto. La democracia, esto es, el poder del pueblo, se relega a la formalidad de gestionar las migajas desechables para el mercado. Una democracia de intensidad mínima, que ahora sí ya empezaría donde terminan los negocios.


Este proyecto sigue vivo, pese al fracaso temporal del TTIP y a la guerra comercial, ya que con matices e intensidades diferentes sigue siendo defendido por las élites globales. Por eso sigue siendo necesario hacerlo descabalgar, impedir su aprobación e implementación. Igual que lo es luchar contra el sistema que lo impulsa, ampliando en sentido contrario la democracia que nos quieren arrebatar: revirtiendo la escala local-global, redefiniendo las soberanías desde miradas inclusivas, implementando procesos de democracia a todos los niveles. Si democracia y capitalismo son incompatibles, sabemos de qué lado estamos.

Por Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate*
OMAL / La Marea
Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate es autor del libro ‘ Mercado o democracia. Los tratados comerciales en el capitalismo del siglo XXI’ (Icaria, 2018).

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Caos climático, capitalismo y geoingeniería

Se acaba de hacer público un nuevo informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, referencia científica de Naciones Unidas en el tema) que alerta sobre la necesidad urgente de cambios y reducciones drásticas de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para detener el calentamiento global y que no sobrepase 1.5º C respecto de niveles preindustriales. El informe es una advertencia importante e insoslayable en cuanto a la gravedad del cambio climático y las reducciones que son necesarias. Ya con el aumento de 1º C sufrimos extremos climáticos devastadores en muchas regiones del mundo. Cada décima de grado implica nuevos riesgos, amenazando de extinción ecosistemas enteros.

El IPCC señala claramente las causas del cambio climático a escala global: la emisión de GEI debido principalmente a que energía, industria y agricultura industrial se basan en combustibles fósiles: petróleo, gas y carbón.

Sin embargo, el informe falla en las propuestas sobre los caminos a tomar, ya que no cuestiona el statu quo económico ni la inequidad global sobre quienes han provocado y deben hacer inmediatamente una fuerte reducción de emisiones. Por evitar cuestionar los temas de fondo, incluye en sus propuestas tecnologías de alto riesgo, como las de geoingeniería, que no son ninguna solución e incluso podrían empeorar el desequilibrio climático.

Se evidencia así la relación entre la geoingeniería y la preservación del capitalismo: para poder seguir con el modelo de desarrollo y producción industrial que ha provocado el desastre climático, se plantea usar tecnologías de alto riesgo para que algunos puedan sobrevivir conservando sus privilegios, aunque implique toda una serie de nuevas amenazas ambientales y sociales para millones de otras personas.

Por ello y coincidiendo con el informe del IPCC, 110 organizaciones internacionales y nacionales y seis premios nobel alternativos publicaron un Manifiesto contra la geoingeniería, en el que grandes redes, como Amigos de la Tierra Internacional, Vía Campesina, Red Indígena Ambiental, Alianza de Justicia Climática y Marcha Mundial de Mujeres, exigen un alto a la geoingeniería y a los experimentos propuestos, varios de ellos sobre territorios indígenas, tanto por los impactos en la biodiversidad, las comunidades y pueblos, como por la desviación que significa de la atención hacia soluciones verdaderas. (https://tinyurl.com/yakb6ghb)

Pese a que hay tecnologías de geoingeniería contempladas en tres de los cuatro escenarios planteados por el IPCC, el panel también reconoce en su primer escenario que es posible limitar la temperatura sin usar esas tecnologías, que existen otras vías, como proteger y restaurar ecosistemas naturales y realizar cambios en la agricultura y otros sectores, que evitan emisiones y pueden absorber y retener los gases de efecto invernadero. En ese escenario ¬¬–el único justo– el IPCC plantea la necesidad de reducir las emisiones de Co2 en 45 por ciento hasta 2030.

Esta cifra parece alta, pero hay que recordar que solamente 10 países, con Estados Unidos a la cabeza, son los responsables históricos de dos tercios de los gases emitidos y que actualmente 10 naciones son responsables de más de 70 por ciento de las emisiones, entre las cuales se mantienen Estados Unidos y las que integran la Unión Europea. Esos 10 países emiten dos veces más GEI que la totalidad de los otros 175.

Es una imagen clara de injusticia climática global, pero es preciso agregar también la inequidad dentro de los países. Según Kevin Anderson, experto en cambio climático de la Universidad de Manchester, 50 por ciento de las emisiones de carbono provienen de las actividades del 10 por ciento más rico de la población mundial, y si consideramos el 70 por ciento de las emisiones son provocadas por solamente 20 por ciento de la población. Anderson explica que si se estableciera un límite a la "huella de carbono" (consumo y producción) de 10 por ciento de los individuos que son los mayores emisores, para que ésta sea equivalente a la huella de carbono de un ciudadano europeo medio (considerablemente alta para la gran mayoría de países), las emisiones globales de carbono se reducirían en un tercio en uno o dos años. (https://tinyurl.com/yalat5wg)

En lugar de analizar ese tipo de propuestas, el IPCC plantea el concepto falto de lógica de "emisiones negativas". Significa que se pueden seguir emitiendo gases si se contrarrestan con tecnologías de geoingeniería, entre las que incluye bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, captura directa de aire, cambio de la química de los oceános y otras, aunque reconoce que no está probada su viabilidad económica, técnica ni ecológica y que tendrían fuertes impactos negativos sobre la biodiversidad y seguridad alimentaria, entre otros.

Varios factores, como el hecho de que el IPCC tiene representantes de empresas petroleras entre los autores del informe, explican esta enorme contradicción entre alertar sobre la realidad climática e incluir propuestas que la empeorarán.

Las organizaciones que firman el Manifiesto contra la geoingeniería seguirán en el camino de la resistencia y las alternativas reales.

Por 

Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC

 

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El futuro del planeta, en manos de unos ricos que no pagan su deuda

Mientras el informe del IPCC deja claro que los esfuerzos para contener el aumento de temperatura global por debajo de 1,5 grados deben ser mucho más rápidos y mayores, el principal instrumento económico para la adaptación, el Fondo Verde para el Clima, no tiene apenas fondos. Los países ricos son los que más deben aportar, pero las negociaciones siguen encalladas.

Por si aún no había quedado suficientemente claro, el último informe del Grupo de Expertos Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) viene a afianzar un hecho que se lleva corroborando año tras año: si queremos limitar el aumento de temperatura medio del planeta por debajo de los 1,5 grados, los esfuerzos a realizar deben ser mucho mayores y más rápidos de lo que hoy tienen acordado las naciones y organizaciones que rigen el mundo. Es más, el documento se ha centrado en las consecuencias que implicaría quedarse en un incremento de 1,5 grados o llegar a los 2. Y este segundo escenario es catastrófico, especialmente, por supuesto, para los más pobres.


“El informe del IPCC ha encontrado que el factor sobre el que más impacta ese aumento de 1,5 grados a 2 es el agua”, señala Alejandro González, responsable de Cambio Climático de InspirAction. Si con 1,5 el nivel del mar subirá entre 26 y 77 centímetros, con 2 grados esa cifra aumentará 10 cm, lo que se traduce, según el informe, en 10 millones de personas más afectadas, básicamente en las zonas más desfavorecidas.


“Ese medio realmente marca una diferencia muy importante, por eso tenemos que ser mucho más ambiciosos”, apunta Tatiana Nuño, responsable de Energía y Cambio Climático en Greenpeace. Y en lugares como el Estado español es crucial. Como indica Javier Andaluz, responsable de Cambio Climático de Ecologistas en Acción , “en los países mediterráneos puede ser la diferencia entre adaptación o pérdidas y daños irreversibles”.


Un cambio tan drástico y una aceleración de los objetivos y ambiciones necesitan de acuerdos políticos y dinero, mucho dinero. “El instrumento clave para la adaptación es el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) y por lo que sabemos hasta ahora el dinero no está puesto sobre la mesa”, denuncia Andaluz.


El compromiso adquirido es movilizar 100.000 millones de dólares para conformar este fondo, pero desde el mismo dejan claro que, a día de hoy, solo hay un 10% de esa cifra: 10.200 millones. “El nivel de urgencia que tenemos es tal que los países ricos, que son los responsables de todo esto, no solo tienen que realizar las medidas de mitigación, sino que tienen que contribuir a que no haya emisiones extra en los países más desfavorecidos”, apunta González. Por ello , la demanda por parte del llamado G77 —en el que se agrupan los países con menos capacidad económica y del que forman parte 134 naciones— más China de que haya una inversión mayor por parte de los más poderosos va a ser una de las claves de la próxima Cumbre del Clima (COP24), que se celebrará en diciembre en Katowice (Polonia).


Sin embargo, tal como señala el experto de InspirAction, “no hay un compromiso claro y firme de que esos países ricos vayan a comprometer los fondos que habían acordado para capitalizar el GCF”. La última cumbre preparatoria interseccional con este punto en la agenda tuvo lugar en septiembre en Bangkok y dejaba un panorama oscuro. “Quedó claro que el G77 y China no van a avanzar y a seguir bajo el Acuerdo de París si no está el dinero y las transferencias de capacidades puestas sobre la mesa”, indica Andaluz, “y eso debe salir de los más ricos”. Pero a pesar de la urgencia, las posiciones en cuanto a financiación quedaron enconadas en dos posiciones: la de los que más tienen, básicamente el Grupo Paraguas —que incluye a Estados Unidos, Canadá, Rusia, Japón y Australia— más la Unión Europea, y la del G77.


Poderosos contaminantes


La responsabilidad histórica de los más ricos no está en duda. Tampoco que, hoy en día, los que más tienen son los que más contribuyen al cambio climático. Un informe de Oxfam International ya indicaba en 2015 que el 10% de la población con más recursos es la responsable de la mitad de las emisiones globales, mientras que la mitad más pobre del mundo en términos de población —3.500 millones de personas— solo producen el 10% de las emisiones. Por ello, como indican desde el colectivo Contra el Diluvio, “con la desigualdad actual, si conseguimos que el 10% más rico del mundo emita al nivel del europeo medio reduciríamos rápidamente las emisiones de CO2 en un tercio”.


En la misma línea, el informe Equidad y aumento de ambición: hacia un Diálogo Facilitado que sea efectivo en 2018 , firmado por más de un centenar de organizaciones de todo el globo en diciembre de 2017, remarca que “los compromisos de los países más enriquecidos no llegan a cubrir lo que sería una contribución justa”. Para no sobrepasar las 450 ppm de concentración de C02 en la atmósfera en 2020 —escenario que se equipara con un calentamiento no superior a 2ºC, siendo actualmente de 405 ppm—, el documento ya resaltaba la necesidad de “destinar más de 375.000 millones de dólares anuales en los países del Sur global, que deberán llegar a 1,3 billones de dólares en 2035”.


Con cifras pero sin fondos


Con estos hechos sobre la mesa, llama la atención la falta de acuerdo sobre los 100.000 millones que el GCF necesitaría para el año 2020, más teniendo en cuenta que esa cuantía es calificada por las organizaciones sociales como arbitraria. “Esa cifra se dice al tran tran, se pone sobre la mesa para encauzar unas negociaciones que ya estaban vendidas”, apunta González, quien destaca que “no se decide si van a ser préstamos, préstamos a fondo perdido, donaciones… cuáles son las características de esos préstamos o de las aportaciones de los países”. Además, el experto recuerda que “enseguida salieron voces como Oxfam o Amigos de la Tierra calculando que esa cantidad debía de ser al menos del doble”.


De hecho, el informe Equidad y aumento de ambición señalaba hace diez meses que un Fondo Verde para el Clima presupuestado con 100.000 millones de dólares se encontraba “muy lejos de las necesidades reales”, y destacaba que la adaptación de los ecosistemas, naturales y humanos “supondrá un coste de entre 140.000 y 300.000 millones de dólares anuales en 2030, y que se multiplicará por cinco en 2050”.


Financiación privada


Con este panorama y la falta de acuerdos, los gobiernos giran la mirada hacia las empresas, lo que tiene sus peligros, según denuncian desde las organizaciones sociales. “Cada vez surge con más interés que las grandes empresas pongan ese dinero que falta en el Fondo Verde para el Clima”, indica Andaluz.


“Las grandes compañías están haciendo un doble juego”, destaca por su parte el responsable de InspirAction. “Por un lado, desde la cumbre de Addis Abeba [para la Financiación del Desarrollo Sostenible de 2015 ] se dice que los Objetivos de Desarrollo Sostenible no se podían sostener con financiación pública y debía entrar la privada; y no un porcentaje, sino que el grueso debía venir de multinacionales, con la consiguiente desvirtuación de la agenda de desarrollo, con una serie de injerencias de modelos de negocio, etcétera…”. Por otro, la llegada al GCF de “empresas y fondos de inversión para intentar capitalizar iniciativas para desarrollar proyectos”.


Así están las cosas. Multinacionales y sus modelos de negocio en la base de la lucha global contra el clima. El futuro del planeta, en manos del capital y supeditado al beneficio. Lo dice hasta el GCF: “Responder al desafío climático requiere la acción colectiva de todos los países, ciudades, empresas y ciudadanos privados”. Un fondo que busca 100.000 millones de dólares anuales desde 2020 que puedan llegar “desde diversas orígenes”.


Mientras tanto, el informe del IPCC deja clara la situación: el ritmo actual de emisiones el aumento de 1,5ºC será un hecho en algún momento entre 2030 y 2052. Y la cosa irá a peor. “Estamos en la trayectoria de un aumento de entre 3 y 4 grados”, expone la responsable de Greenpeace, “así que necesitamos transformaciones muy rápidas y muy urgentes en todos los ángulos de gran alcance, donde se incluye el sistema energético, el transporte, el modelo de consumo, al consumir menos carne, la agricultura…

”.
Tras el fiasco de Bonn y el fracaso de Bangkok y del resto de reuniones intermedias, el horizonte está puesto en Katowice.

Por Pablo Rivas
@CeboTwit

publicado
2018-10-13 07:01:00

Publicado enMedio Ambiente