En el negocio de las renovables, las economías de América Latina se están convirtiendo en un importante foco de inversión mientras Europa y Estados Unidos se toman un respiro. El 6% del dinero movilizado el pasado año para financiar proyectos a escala global fue a la región, sobre un total de 268.700 millones de dólares destinados a las denominadas energías limpias.

 

Pese a que América Latina aumentó en un año su peso relativo frente a otras regiones, también se observa que la inversión se contrajo casi un 4% entre 2011 y 2012, según un estudio elaborado por el Fondo Multilateral de Inversiones y Bloomberg New Energy Finance. En cualquier caso, es algo menor si se compara con el declive del 11% reigstrado en el negocio global de las fuentes renovables.


Los técnicos hablan de "nueva frontera" para las inversiones en energías de bajas emisiones de carbono, gracias a que "los marcos legales se expanden y fortalecen" en América Latina. Como señala Greg Watson, del Banco Interamericano de Desarrollo, "el rápido descenso de los costos y el mejor clima de inversión lo hacen un mercado interesante y asequible".


El Fondo Multilateral de Inversiones proporciona asistencia técnica al sector privado en los países latinoamericanos. También da ayudas indirectas, préstamos e invierte en proyectos. Bloomberg New Energy Finance es su socio en Climacopio, una herramienta de evaluación de las energía limpias. Se lanzó el año pasado y pretende ayudar a inversores extranjeros a "navegar" por el sector.


La capacidad total de las energías renovables en los 26 países de América Latina y el Caribe pasó de 11,3 gigavatios en 2006 a 26,6 gigavatios en 2012. Sólo en 2012, la región incorporó 3,3 gigavatios de nueva capacidad renovable, lo que representa un incremento anual del 300%. En cifras de inversión, se movilizaron cerca de 16.800 millones en 2012. El grueso fue al sector eólico, con más de la mitad de la inversión total.


Freno en el crecimiento


El de 2012 fue el segundo año al alza en términos de inversiones a renovables. Aunque los organismos internacionales anticipan una moderación del crecimiento económico, los relatores no esperan bruscas caídas en la financiación de proyectos. "Vemos una actividad robusta, especialmente fuera de Brasil", apunta Ethan Zindler, desde Bloomberg New Energy Finance.


Brasil, como mayor potencia de la región, es también la que ocupa el primer lugar en el Climascopio. Captó cerca de 9.200 millones. Pero si antes se llevaba cerca del 80% de la financiación total, ahora baja al 55%. Esto se debe a que redujo un 36% la inversión en energía limpia, aunque también se explica porque la inversión se está diversificando hacia pequeños países.


Excluyendo Brasil, la financiación en la región se disparó un 164% en 2012, alcanzando 7.500 millones. Chile es el segundo del Climatoscopio, tras multiplicar por cuatro la inversión en energías renovables. República Dominicana y Uruguay también registraron incrementos muy altos. México, que aparece el quinto en la lista, es el segundo país que más invierte, con el 17% del total.


Nicarauga, la tercera


Destaca el tercer puesto de Nicaragua en la clasificación, pese a tener de las rentas por habitante más bajas mientras la que más avanzó en el ranking fue República Dominicana, al subir siete puestos. Por lo general, el costo de la energía sigue siendo alto, lo se ve como una oportunidad para invertir. También se cita la alta demanda y el deseo de estos países de ser autosuficientes.


De hecho, hay un factor geopolítico importante a tener en cuenta al analizar la posición de América Latina como futuro polo de inversión para las renovables. "Muchos países quieren dejar de depender de las importaciones de carbón, gas natural y petróleo, para no depender de sus vecinos", explica Zindler, "eso les motivará a sumar las renovables en el mix final".


Uno de los segmentos de mayor potencial de crecimiento es la energía solar, donde la inversión es del 7%. "Eso está empezando a cambiar, se está sumando capacidad", señala Zindler. Watson añade que el incremento de la demanda del consumidor meterá presión a los gobiernos para buscar nuevas alternativas energéticas a las tradicionales e incentivar las inversiones en renovables.

 

Por SANDRO POZZI Nueva York 16 OCT 2013 - 08:00 CET

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La crisis económica es también una crisis ecológica

Hace poco un compañero sindicalista me retaba, con cariño, a explicar cómo se relacionan crisis económica y crisis ecológica. Recojo el guante y aprovecho para transmitir un mensaje clave. Una salida duradera a la crisis económica pasa necesariamente por luchar al mismo tiempo contra la crisis ecológica. Y será más factible tener éxito en esta tarea si los sindicatos interiorizasen más esta realidad e hicieran de la ecología un eje central de su teoría y práctica.


De hecho, crisis económica, social y ecológica son tres facetas de una misma crisis. Son interdependientes y se retroalimentan entre ellas. No es sorprendente puesto que nuestro modelo de organización social y económica depende de los recursos naturales disponibles y, a su vez, la salud de nuestros ecosistemas (y por tanto de nuestro futuro) dependen de este modelo socio-económico. Por un lado, la globalización y las economías llamadas modernas están totalmente basadas en la energía y materias primas baratas, abundantes y de buena calidad. Por ejemplo, el transporte o el sistema agroalimentario dependen de los combustibles fósiles en general y del petróleo en particular. Por otro lado, los impactos sobre el medio ambiente del sistema económico son hoy patentes. El cambio climático, de origen humano, es una amenaza para las generaciones futuras y nuestra economía: en caso de seguir los escenarios de Business as usual, los costes del cambio climático podrían ser superiores al 20% del PIB europeo en los años venideros.


Para ilustrar este análisis, tomemos el ejemplo de la crisis del 2008. Es evidente que la falta de control y regulación de los mercados, la avaricia del 1% o la desconexión entre finanzas y economía productiva, son elementos esenciales que explican parte de la crisis. Pero no lo explican todo. Como hemos apuntado, nuestra máquina socio-económica tiene un problema de drogadicción con el oro negro. Por desgracia para ella, desde 1999 los precios del petróleo no han parado de aumentar principalmente por los efectos acumulados del techo del petróleo (es decir escasez de oferta), la creciente demanda en constante aumento (principalmente en los países emergentes como China o la India) y la especulación (que se aprovecha de la tensión entre demanda y oferta). Lógicamente, cuando ya no tiene acceso a buen precio a su dosis diaria, la máquina se pone gravemente enferma. Y más aún si de por sí no está en buen estado de salud (al haber por ejemplo comido demasiados "activos tóxicos").


En la actual crisis, tras un aumento continuo desde 1998, el barril de petróleo superó por primera vez los 100 dólares a finales de 2007 y alcanzó su máximo en julio del 2008 con 147 dólares. Como se analizaba antes de la crisis incluso desde la FED (el banco central estadounidense), ese aumento récord de los precios del crudo fue una de las principales fuentes de inflación. Además de suponer un alza de los precios de los alimentos con consecuencias dramáticas para los países del Sur, la inflación supuso una brutal pérdida de poder adquisitivo para las clases medias y bajas y un aumento de las tasas de interés (y de las hipotecas). Al mismo tiempo, un mayor precio del petróleo significó también un mayor precio de la energía y de la gasolina. En un país como Estados Unidos donde el coche es imprescindible para ir a trabajar y por tanto generar un salario que a su vez permita pagar la casa, mucha gente —a quién se le había otorgado hipotecas basuras sin ningún tipo de control— se vio económicamente ahogada entre la "pared hipoteca" y la "espada gasolina". Por tanto, el economista Jeremy Rifkin o el sindicalista Manuel Garí en un reciente artículo en eldiario.es tienen razón en afirmar que la actual crisis económica tiene, como uno de sus principales detonantes, el precio de la energía. Junto con otros factores sistémicos (dominio de la economía financiera, connivencias entre mercados y alta política, agencias de calificación de riesgos al servicio de la banca, etc.), formó parte de un cóctel explosivo que desembocó en la mayor recesión desde 1930.


Pero es que incluso si atendiésemos a los factores sistémicos no ecológicos (que sí o sí tenemos que erradicar), la máquina seguiría enferma porque, en el fondo, tiene un problema de metabolismo. Vicenç Navarro afirma por ejemplo que "si los salarios fueran más altos, si la carga impositiva fuera más progresiva, si los recursos públicos fueran más extensos y si el capital estuviera en manos más públicas (de tipo cooperativo) en lugar de privadas con afán de lucro, tales crisis social y ecológica (y económica y financiera) no existirían" (Público, 07-03-2013). Sin embargo, eso no es suficiente. Incluso si redistribuyéramos de forma equitativa las rentas entre capital y trabajo, y todos los medios de producción estuviesen en manos de los trabajadores, la humanidad seguiría necesitando las 1'5 planetas que consume hoy en día (y no hace falta recordar que "no tenemos planeta B"). Al fin y al cabo, nuestro sistema socio-económico heredado de la revolución industrial es como un aparato digestivo a gran escala con problemas de sobrepeso estructurales. Ingiere recursos naturales por encima de las reservas de la nevera Tierra, los transforma en "bienes y servicios" que (además de ser mal repartidos) no son buenos para la salud de sus glóbulos rojos, y produce demasiados residuos no asimilables por su entorno.


Además este cuerpo tiene una enfermedad añadida: no sabe parar de crecer. Y para alimentar este crecimiento infinito, calculado por el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), necesita absorber muchas proteínas abundantes y baratas (la energía) y quemarlas sin restricción hacia la atmósfera (el 75% de las emisiones de CO2 desde la época preindustrial resultan de la quema de los combustibles fósiles). Eso ocurre en las economías productivistas en general y en España en particular donde, como demuestra Jesús Ramos, "el crecimiento real de la economía española ha ido de la mano de un crecimiento en la misma proporción del consumo de energía". Dicho de manera simplificada, el PIB es una función de la energía disponible. Cuando no hay suficiente petróleo, que representa el 40% de la energía final en el mundo, no hay "suficiente energía" y no hay "suficiente PIB". Es lo que hemos verificado desde 1973: no consumimos menos petróleo por culpa de la(s) crisis sino que estamos en recesión (entre otros motivos) por tener menos petróleo. Y la recesión se hace hoy aún más fuerte en los países con mayor dependencia energética en Europa que, casualidad, son Grecia, Portugal, España e Irlanda...


Sin embargo, sanar el enfermo es posible. Primero, se debe hacer un diagnóstico correcto basado en entender que 1) cualquier economía es indisociable de la realidad física que la sostiene 2) como demuestra Tim Jackson en su libro Prosperidad sin crecimiento, no es posible desacoplar de forma convincente el PIB del consumo de energía y de las emisiones de CO2. De hecho, por mucho que disminuyan la intensidad energética y el CO2 emitido por unidad producida, las mejoras tecnológicas se encuentran sistemáticamente anuladas por la multiplicación del número de unidades vendidas y consumidas en términos absolutos (es el llamado "efecto rebote"). Por tanto, el paciente necesita urgentemente deshacerse de su "drogadicción al crecimiento" y adoptar un nuevo estilo de vida saludable. Como cualquier ser humano que una vez llegada su edad adulta sigue madurando sin crecer de tamaño, debe reconocer que su bienestar ya no depende del crecimiento del PIB. Debe también solucionar sus problemas de sobrepeso desde una doble perspectiva de justicia social y ambiental: reducir su huella ecológica hasta que sea compatible con la capacidad del planeta a la vez que redistribuye de forma democrática las riquezas económicas, sociales y naturales.


En este camino hacia la sociedad del vivir bien, los sindicatos (y los intelectuales de izquierdas) son fundamentales. Tras su nacimiento al calor de la revolución industrial, se pueden reinventar a la luz de los límites ecológicos del Planeta. Pueden hacer suya esta nueva realidad social y ecológica, y llevarla a los centros de trabajo. La transición ecológica de la economía puede convertirse pues en el eje de una visión y lucha compartida entre los movimientos obrero y ecologista (y ¡muchos más!). Ya que la crisis económica tiene raíces ambientales, solo habrá economía próspera, paz y justicia social si remediamos también a la crisis.

Por Florent Marcellesi
Coautor de "Adiós al crecimiento. Vivir bien en un mundo solidario y sostenible". miembro del consejo de redacción de la revista Ecología política y coordinador de Ecopolítica. Es también miembro de Equo.


 

Decálogo para la gran transformación ecológica


¿Cuáles tendrían que ser las prioridades para una transición ecológica, social, democrática y ética hacia otros mundos posibles? Tras una breve introducción sobre qué es la crisis ecológica, propongo un decálogo de acción para la gran transformación ecológica.

 

Crisis de modelo: Hoy en día sufrimos las consecuencias de un modelo socio-económico pernicioso y suicida tanto para la justicia social y la solidaridad intrageneracional como para la justicia ambiental y la solidaridad intergeneracional: el "liberal-productivismo". Basado en un crecimiento financiero y material sin límites, no es otra cosa que una fusión progresiva entre los rasgos y estragos estructurales del neoliberalismo dominante desde los años setenta y los del productivismo reinante desde el fin de la II Guerra Mundial. Este modelo genera la tensión actual entre Humanidad y Naturaleza que se manifiesta a través de las principales crisis ecológicas que sufrimos: cambio climático, techo del petróleo, perdida de biodiversidad, deforestación, crisis alimentaria, etc.


Crisis de escasez: Asimismo, detrás de las crisis financieras y especulativas, siempre se encuentran crisis más profundas que tocan lo que solemos llamar la economía real (también llamada economía productiva) y la economía real-real, es decir la de los flujos de materias y energía (que depende por una parte de factores económicos y por otra parte de los límites ecológicos del planeta). En este contexto, la crisis ecológica es principalmente una crisis de escasez: escasez de materias primas y de energía para mantener el ritmo de la economía actual, y aún menos extenderlo a los países del Sur. El modo de producción y de consumo impulsado por el Norte no tiene en cuenta los límites físicos del planeta, tal y como lo deja patente la huella ecológica: la humanidad ya supera en un 50% su capacidad de regenerar los recursos naturales que utilizamos y asimilar los residuos que desechamos. Y sobre todo, existe una profunda desigualdad en el uso de los recursos ambientales disponibles: mientras muchas comunidades humanas consumen por debajo de la capacidad de carga de su territorio, si todas las personas de este mundo consumieran como la ciudadanía española, necesitaríamos tres planetas.


Crisis ética: Desde que entramos en la edad moderna occidental y la revolución industrial, se ha ido apoderando de nuestras mentes el «antropocentrismo tecnocrático», es decir una cosmovisión particular donde la naturaleza es sobre todo el objeto propuesto para nuestro dominio, para nuestro provecho, gracias a la tecnociencia, fuente de la felicidad de los seres humanos. La crisis ecológica es por tanto también una crisis de valores y de civilización donde cada persona y cada sociedad tiene que repensar de forma individual y colectiva el sentido de nuestra existencia y, por consiguiente, nuestro lugar adecuado en la naturaleza. Es necesario contestar de forma democrática a preguntas fundamentales y existenciales: ¿por qué, para qué, hasta dónde y cómo producimos, consumimos y trabajamos?


La humanidad, es decir tanto los individuos como las sociedades que las componemos, está ante una encrucijada: puede decidir, al igual que la civilización maya clásica, cerrar los ojos ante el peligro y caminar sin marcha atrás hacia su derrumbe, o puede decidir rebelarse y perdurar dentro de la llamada "supervivencia civilizada de la humanidad". Para alcanzar este objetivo, es necesario otro modelo de producción y consumo donde reconciliemos, de forma democrática y solidaria, nuestra aspiración individual y colectiva a la buena vida con los límites ecológicos de un planeta finito.


En este camino, planteo diez prioridades hacia aquella transformación ecológica, social, democrática y ética de la sociedad:


1. Establecer los límites y fijar umbrales de recursos y emisiones per capita, así como objetivos de reducción del consumo diferenciando entre países del Norte (contracción, es decir decrecimiento radical de la huella ecológica dentro de los límites ecológicos del Planeta) y del Sur (convergencia, es decir evolución socioecológica hacia un alto bienestar y una baja huella ecológica sin pasar por la casilla del maldesarrollo de los países occidentales). [Para saber más, véase Del desarrollo al posdesarrollo: otra cooperación es posible y deseable]

 

2. Construir una macroeconomía ecológica que integre las variables ecológicas donde la estabilidad no dependa del crecimiento, donde la productividad del trabajo no sea el factor determinante. En este marco, es central superar definitivamente el Producto Interno Bruto (PIB) como indicador principal de riqueza, por ejemplo a través de indicadores construidos de forma participativa y de debates deliberativos —locales, estatales y europeos— sobre qué es la naturaleza de la riqueza, su cálculo y su circulación. Por ejemplo, el estado de Acre, considerado uno de los más pobres de Brasil, ha definido unos indicadores de buen vivir que tienen en cuenta el medio ambiente y su principal riqueza: el bosque amazónico. El proceso se ha llevado a cabo de forma participativa con economistas brasileños y la sociedad civil local —en primer lugar, los pueblos indígenas— y ha contado con el asesoramiento de una ONG y una universidad francesas.

 

3. Relocalizar la economía. Es necesario privilegiar las actividades con utilidad social y ecológica, por ejemplo las de circuitos cortos que generan riqueza a nivel local con baja huella ecológica y con alta capacidad de resiliencia. Es el caso de los grupos de consumo. Creados en Japón en la década de 1960, este sistema pone en contacto directo a las personas que practican una agricultura ecológica y a las personas consumidoras que la utilizan. Llegado a España a finales de los años ochenta y principios de los noventa y, con una nueva oleada desde comienzos de 2000, es hoy en día una realidad en constante y rápida evolución, mezclando grupos autogestionados —difíciles de contabilizar— con cooperativas legalmente estructuradas.(1) Otra iniciativa en auge son las llamadas monedas locales (también llamadas sociales o complementarias), utilizadas para el intercambio de bienes y servicios por una comunidad reducida (un barrio, un pueblo, una ciudad, una provincia) y donde el dinero, controlado por la comunidad, vuelve a ser un medio al servicio de las personas y la economía real (y real-real).(2) Además, para ser de verdad una herramienta transformadora, suele favorecer los intercambios de productos y servicios con alto valor ambiental, ético y social y busca aumentar el poder de control ciudadano sobre la economía.(3) Al mismo tiempo, la relocalización necesita una coordinación y una acumulación de fuerzas supralocales (regional, europea, global) para garantizar solidaridad interterritorial, políticas eficientes ante problemas transfronterizos y globales, y redes potentes capaces de hacer frente y ser alternativas a los poderes políticos y económicos globales. El camino seguido por Via Campesina que lucha a la vez por la relocalización agrícola y por la construcción de alianzas mundiales es en este modo un buen ejemplo de esta dinámica donde la relocalización es un proyecto global.

 

4. A través de un "New Deal Verde", invertir masivamente en sectores sostenibles y empleo verde, es decir en puestos de trabajo que garanticen una conversión ecológica de la economía en sectores sostenibles como las energías renovables, agricultura ecológica, rehabilitación de edificios, gestión forestal sostenible, economía de cuidados, artesanía, economía social y solidaria, etc. Sin duda, vivir bien en un mundo eco-solidario implicará una contracción para los sectores intensivos en energía fósil y/o en especulación financiera y/o perjudiciales para un mundo pacífico (industria manufacturera, sector automovilístico, pesca industrial, bancos y seguros, industria armamentística, etc.), lo cual supone desarrollar una reconversión planificada y participada de las personas trabajadoras hacia los sectores antes mencionados. Según la Organización Internacional del Trabajo, se podrían crear en el mundo hasta 60 millones de empleos verdes y en España hasta 2 millones de aquí a 2020 (hasta 1,37 millones para mejorar el aislamiento y la eficiencia energética de 25 millones de viviendas, 770.000 empleos para movilidad sostenible, 125.265 empleos en energías renovables si este sector pasara a generar un mínimo del 20% de la producción primaria de energía).

 

5. Hacer un uso masivo de la reducción de la jornada laboral y del reparto del trabajo, incluyendo el de los cuidados. En este sentido, la propuesta de las 21 horas permite vincular reivindicaciones históricas del movimiento obrero y sindical con las del movimiento ecologista al afirmar que una semana laboral más corta puede ayudarnos al mismo tiempo a proteger el planeta, aumentar la justicia social y el bienestar de la sociedad, y construir una economía próspera sin crecimiento. Entre otras cosas, el reequilibrar los tiempos de vida entre trabajo remunerado y no remunerado, vuelve a dar valor social y económico a los trabajos domésticos y de cuidados (principal e históricamente cubiertos por las mujeres), voluntarios, artísticos, políticos, culturales, autónomos, etc., permite aumentar sustancialmente tanto nuestra incorporación en circuitos cortos de producción y consumo como nuestra capacidad de producir parte de lo que vamos a consumir (alimentos, energía, etc.), apuesta por transformar los aumentos de productividad en tiempo libre no consumista y abre la posibilidad de una reducción de la factura energética.(4)

 

6. (Re)Distribuir la riqueza a través de una renta máxima, una renta básica de ciudadanía y una fiscalidad sobre los capitales y los recursos naturales. En un planeta finito, hace falta una doble dinámica en torno a una «estrategia de máximos» de lucha contra la riqueza en las clases hiperconsumistas (renta máxima, limitación en el consumo de recursos naturales, gravamen del lujo) y una «estrategia de mínimos» de lucha contra la miseria social y ambiental para las clases empobrecidas y que infraconsumen (renta básica, acceso gratuito o barato a los recursos naturales). Para hacerla posible, necesitamos redistribuir la riqueza a través de una reforma profunda del sistema fiscal donde, además de bajar la fiscalidad sobre el trabajo, aumentamos la fiscalidad sobre capitales (lucha contra el fraude y paraísos fiscales, eliminación de todas las deducciones en el impuesto de sociedades, impuesto sobre las transacciones financieras, etc.) y sobre recursos naturales (eliminación de subvenciones a combustibles fósiles, tasa sobre emisiones de carbono, etc.). Por otro lado, necesitamos una mejor distribución inicial de las rentas primarias antes de impuestos, es decir revertir la creciente desigualdad entre salarios y ganancias del capital.

 

7. Convertir la "banca ética" en norma para el sector financiero. Cualquier banco, sea público o privado, no puede invertir en actividades perjudiciales para el medio ambiente o las personas, como puede ser por ejemplo la fabricación de armas.(5) Al contrario, la banca ética, preferentemente pública o cooperativa, se presenta como una alternativa a la banca tradicional y su afán de buscar ante todo la creación de rendimiento económico y valor para sus accionistas y altos directivos. Además de obtener beneficios para garantizar la continuidad de la actividad, la banca ética persigue una economía al servicio de las personas y del medio ambiente. Se rige por criterios positivos (financiación de proyectos que transforman positivamente la sociedad), por criterios negativos (no financiación de proyectos nocivos para la sociedad) y por principios de transparencia, coherencia y participación.(6)

 

8. Desmantelar la lógica social del consumismo. Por una parte, la educación en valores y verde, es decir un educación para "vivir bien con menos", es fundamental para cambiar nuestras mentalidades y revertir la crisis ética hacia otra relación respetuosa con las demás sociedades humanas, nuestro entorno y el resto de seres vivos. Primero, se trata de evolucionar de una sociedad del tener hacia una sociedad del ser donde el estatus social no dependa de la riqueza material sino del bienestar individual, social, comunitario y ecológico. Segundo, como nos lo aconsejan la educación no violenta o las resoluciones pacíficas de conflictos, se trata de enseñar y aprender respeto, escucha activa y empatía. Por otra parte, la regulación de la publicidad comercial, verdadero pilar del sociedad de consumo, es un paso esencial que se puede concretar, por ejemplo, a través de la reducción de su presencia en los espacios y medios públicos o de la creación de un órgano de control independiente.

 

9. Reestructurar nuestras ciudades y territorios. Supone construir "pueblos en transición" a escala humana y local que apuesten por parar el crecimiento de las ciudades (y también la construcción de grandes infraestructuras como nuevos aeropuertos, autopistas y trenes de alta velocidad), reciclar y revalorizar las ciudades existentes (programa masivo de rehabilitación de edificios, utilización de las viviendas vacías, impulso de las cooperativas de viviendas), relocalizar las actividades (además de lo apuntado en el punto 3, los huertos urbanos son un ejemplo magnífico), favorecer una movilidad sostenible (con el peatón y la bici en el centro de las preocupaciones urbanísticas hasta alcanzar en 2030 un reparto modal del 10% para el coche, 30% para el transporte colectivo y 60% para el peatón y la bici), alcanzar la autosuficiencia energética (reducción del consumo, energías renovables locales y eficiencia energética), reequilibrar ciudad y campo (un campo donde la agricultura convencional vuelva a ser la agricultura ecológica, capaz de producir localmente en cantidad suficiente productos de temporada y sanos para consumo local y que apueste por la soberanía alimentaria), democratizar la ciudad (pueblos policéntricos con núcleos urbanos más reducidos que permiten acercar la ciudadanía a los ámbitos de decisión).

 

10. Poner en marcha una democracia participativa como instrumento vertebrador de una transición social y ecológica exitosa. De hecho, la democracia moderna tiene una deuda latente con la ecología política y con su lucha por extender la autonomía personal y la solidaridad colectiva en el espacio (solidaridad transnacional), en el tiempo (solidaridad transgeneracional) y al conjunto de la naturaleza (solidaridad biocéntrica e interespecie). Sobre todo, esta democracia tiene que integrar en sus procesos algunos aspectos que, además de ampliar nuestros círculos de solidaridad, son centrales para la transición hacia una supervivencia civilizada de la especie humana: la cuestión de la autolimitación, la representación de los sin voz, la gobernanza glocal y la capacidad de responder a la urgencia ecológica.
Este esbozo de prioridades podría representar un sustrato mínimo capaz de juntar a multitud de personas y colectivos que desde sus ámbitos particulares ya están impulsando alternativas concretas aquí presentadas. De forma proactiva y propositiva, aliemos y tejamos cada vez más redes y plataformas de resistencia y creativas. Más que nunca necesitamos que cada nodo del cambio se conecte con todos las demás y juntos, con un programa compartido y que respete la diversidad de sus componentes, se conviertan en alternativa viable al sistema actual.

 

Notas:

(1) Solo en Cataluña, se estima que existen alrededor de 3.000 unidades de consumo que cuentan periódicamente con una cesta con productos del campo ecológicos.
(2) En la "ciudad en transición" de Bristol (cuyo zona metropolitana llega al millón de habitantes en Reino Unido), se ha puesto en marcha el Bristol Pound que opera en un rayo de 80km y que incluso el alcalde arropa al declarar que cobrará el 100% de su sueldo en moneda local: http://bristolpound.org/
(3) Para saber más sobre monedas locales: guía para montar una moneda local en Diagonal. Funcionamiento de una moneda local en el caso de Bilbao o mapa de las monedas locales (y también bancos de tiempo y demás instrumentos parecidos) en España.
(4) Por ejemplo si los estadounidenses decidieran acortar su semana laboral a la altura de los países europeos, EEUU consumiría un 20% menos de energía, lo cual supone un acercamiento muy importante a los objetivos del Protocolo de Kyoto (Rosnick, Weisbrot, 2006).
(5) Según la campaña Banca Limpia de Setem, el BBVA invierte en empresas productoras de armas prohibidas más de 1.000 millones de euros; el Santander ha prestado más de 700 millones de euros a fabricantes de armas nucleares, armas de uranio empobrecido y bombas de racimo, prohibidas desde el 2010, y el Banco Sabadell gestiona casi 3 millones de euros en acciones de siete empresas fabricantes de armas nucleares y armas de uranio empobrecido.
(6) Hoy en España existen diversos proyectos de banca ética como Fiare, Triodos Bank, Coop57 u Oikocredit. En el caso de Fiare, cooperativa sin ánimo de lucro creada desde la base (nace en el País Vasco) desde el ámbito de la economía social y solidaria, es una apuesta por una banca ética europea en colaboración con la Banca Popolare Ética de Italia y la NEF de Francia.

 

Publicado en la revista Ecología Política, nº44 (diciembre del 2012).

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La explotación petrolera amenaza al segundo pulmón de América

El Gobierno panameño sacará petróleo en el Tapón de Darién, fronterizo con Colombia. Los críticos alertan del riesgo medioambiental.

El Tapón de Darién, una muralla natural de casi 21.000 kilómetros cuadrados de tupida vegetación, jungla, pantanos, montañas y múltiples accidentes geográficos que comparten Colombia y Panamá y que impide que el sur y el norte de América se unan por la Carretera Interamericana, está ahora en la mira de empresas petroleras tras convertirse en base de narcotraficantes, 500 años después de ser descubierto y recorrido por el conquistador español Vasco Núñez de Balboa.

 

En la culminación de una secuencia de hechos que se remonta a 2010, la Asamblea Nacional de Panamá reformó el 27 de agosto una ley de 1987 para otorgar incentivos fiscales al sector privado para explorar y explotar petróleo en todo el territorio. En mayo de 2010, el presidente panameño, Ricardo Martinelli, afirmó que "en Panamá hay petróleo en el área de Darién. Estamos haciendo los estudios y hemos confirmado que las mismas vetas de Colombia llegan a Panamá".

 

El 23 de agosto de 2011, la Secretaría de Energía de Panamá reveló que de acuerdo con un estudio contratado en 2010 a la compañía estadounidense OTS Latin America LLC, valorado en 400.000 dólares y financiado por la multinacional paraestatal Corporación Andina de Fomento (CAF), en Darién hay reservas por 900 millones de barriles de petróleo. El Estado panameño recibiría más de 20.000 de dólares millones en ganancias por los 90.000 millones que generaría la inversión de las petroleras, según los cálculos del informe. Petroleras de Estados Unidos, Colombia, Brasil, México y Europa han mostrado interés en participar en las posibles licitaciones.

 

 

El diputado Raúl Hernández, del gobernante Partido Cambio Democrático, ha afirmado que la nueva ley "prepara mejores condiciones" para que Panamá fomente y regule la exploración y explotación de yacimientos de petróleo. La meta, según el legislador, es que las empresas contratistas "paguen canon de arrendamientos en tierra firma como en aguas interiores y en el mar un cano superficial".

 

Los efectos ambientales son la cara B de la cuestión. "El riesgo de someter al Darién a la exploración y explotación de petróleo es muy grave", advirtió la ambientalista panameña Raisa Banfield, directora ejecutiva de la Fundación Panamá Sostenible, organización no estatal de ese país. "Los bosques del Darién representan un pulmón importante: son el segundo pulmón más importantes del continente después del Amazonas y junto con el de la Biosfera Maya, en El Petén en Guatemala", explicó Banfield a este diario.

 

"Justo en las costas donde se pretende explorar también hay una riqueza de biodiversidad enorme. De ahí depende la pesca en el Pacífico panameño. Es decir, los valores ecológicos en riesgo son muchísimos, sin mencionar a todo el desplazamiento a que serían sometidas las comunidades mayoritariamente humildes, campesinas e indígenas, por la exploración petrolera", añadió.

 

Un alegato es que Panamá debe reducir su dependencia de petróleo importado, recordó. El monto de la factura de petróleo de Panamá pasó de 447 millones en 2000 a 2.250 millones en 2012, según cifras oficiales.

 

 

Es contradictorio, insistió, que el gobierno impulse la producción y consumo de etanol para mejorar la calidad ambiental, pero con el plan del petrolero "somete al país a la vulnerabilidad de sus ecosistemas. Es mero interés comercial y no obedece a un desarrollo sostenible. Es más el daño que tendremos versus el beneficio". Este diario solicitó, sin éxito, una opinión de la Secretaría sobre los reiterados cuestionamientos ambientales.

 

Sin embargo, la panameña Renza Samudio, siendo directora de Hidrocarburos de la Secretaría, alegó el 13 de septiembre de 2011, citada por el diario La Prensa, de la capital panameña, que la explotación se realizaría "fuera de las zonas naturales protegidas" del Darién e identificó dos cuencas del Tapón en el Pacífico como objetivos del plan petrolero: Garachiné-Sambú y Bayano-Chucunaque-Atrato.

 

El área protegida del Darién es de 5.790 kilómetros cuadrados en el lado panameño. La cuenca de Garachiné-Sambú es de 7.410 kilómetros cuadrados y la de Bayano-Chucunaque-Atrato tiene 7.630 kilómetros cuadrados, según datos oficiales.

 

"Debió de existir una consulta pública, porque se afectarán derechos de terceros", adujo el abogado panameño Harley Mitchell, exdirector legal de la Autoridad del Ambiente de Panamá. "Las exploraciones petrolíferas vienen acompañadas de la necesidad de expropiaciones, de remover recursos naturales en el área superficial de los yacimientos, del uso de agua en proporciones que las poblaciones no están acostumbradas y otros asuntos que afectan la vida de la gente que está cerca de estos yacimientos", dijo Mitchell a EL PAÍS.

 

Colindante con los océanos Atlántico y Pacífico, el Tapón se extiende del norte de los departamentos colombianos del Chocó y Antioquia a la oriental provincia panameña del Darién y a comarcas indígenas y comunidades. La zona fue recorrida por Núñez de Balboa en la expedición que el 25 de septiembre de 1513 le permitió ser el primer europeo en avistar el Mar del Sur, hoy Océano Pacífico, en uno de los principales descubrimientos de la conquista española en el Nuevo Mundo.

 

Una grave amenaza que en los últimos años golpeó a la remota selva es que ha sido santuario de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y punto de acopio y pasadizo de droga transportada por mar y tierra de Colombia en ruta a México y Estados Unidos, vía Centroamérica. La primera plantación de hoja de coca en suelo centroamericano fue hallada en un operativo de soldados colombianos y policías panameños en junio anterior en el Darién, junto a un laboratorio artesanal para producir cocaína.

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El movimiento ecologista y la defensa del decrecimiento

Desde sus inicios, el movimiento ecologista ha tenido dos vertientes o versiones. Una asume que el mayor problema que tiene la humanidad debido al deterioro del medioambiente se debe al crecimiento demográfico que, al generar el consumo de más y más recursos, llegará a determinar un deterioro total del medioambiente, que será inhabitable.
 


El autor más conocido de esta versión (que fue homenajeado por el gobierno de la Generalitat en 2009), que podríamos llamar malthusiana, es Paul Ehrlich que terminaba su famoso libro The Population Bomb con este párrafo “La causa más importante del deterioro ambiental a nivel mundial es fácil de ver. La raíz del problema es que cada vez hay más coches, más fábricas, más detergentes, más pesticidas, menos agua, demasiado dióxido de carbono, resultado de que hay demasiada población en el mundo”.


 
De esta explicación de la crisis medioambiental, Paul Ehrlich deriva su propuesta de solucionarla centrándose en controlar el tamaño de las poblaciones e intentar reducir su crecimiento. Esta versión aparece de muchas maneras y con distintos matices. Suele ir acompañada de la teoría de las limitaciones de los recursos que se están consumiendo y, entre ellos, los recursos energéticos son un ejemplo claro. La futura limitación de las fuentes de energía no renovables tiende a ser el caso citado como causa de alarma y preocupación por los autores pertenecientes a esta tradición.


 
La otra versión del movimiento ecologista es la que centra la causa del deterioro ambiental, no tanto en el crecimiento de la población, sino en el crecimiento de la utilización de tecnologías o sustancias tóxicas y contaminantes, que pueden sustituirse, independientemente del crecimiento de la población. Su máximo exponente es Barry Commoner que fue el fundador del movimiento ecologista progresista en EEUU y que, diferenciándose de la versión conservadora –que se caracterizó por su determinismo demográfico-, centró sus propuestas en el cambio y sustitución de los recursos y tecnología utilizados, cuestionando la inevitabilidad del deterioro medioambiental que Ehrlich consideraba como consecuencia del crecimiento demográfico. Barry Commoner mostraba la reducción del dióxido de carbono (resultado de sustituir el tráfico de mercancías por carretera por el de tráfico ferroviario, basado en la electricidad) como ejemplo de la reversibilidad del daño medioambiental. Barry Commoner no ponía el énfasis en el crecimiento demográfico sino en la utilización de productos que afectan negativamente al medioambiente y, por lo tanto, a la humanidad. La solución es encontrar sustitutivos a los productos contaminantes. La sustitución de la energía nuclear por las energías renovables como la solar es un ejemplo de ello.


 
En varios escritos, que se han convertido en clásicos, Commoner analizó la contaminación atmosférica (debida al dióxido de carbono) en varios países desarrollados y subdesarrollados, mostrando que la variable más importante para explicar la calidad ambiental no era la población sino la tecnología utilizada, de manera que países con escasa población podían ser muy contaminantes y países muy poblados no tenían que ser contaminantes, pues podían utilizar tecnologías que no afectaban negativamente al ambiente (Commoner, Barry “Rapid Population Growth and Environmental Stress” y “Population, Development, and Environment: Trends and Key Issues in the Developed Countries”, ambos publicados en el International Journal of Health Services, Volumen 21, 1991 y Volumen 23, 1993). La población podía ser una variable influyente en el crecimiento de la toxicidad en el medioambiente, pero el impacto de la tecnología utilizada era varias veces superior al impacto generado por el tamaño de la población. Barry Commoner cuestionaba el catastrofismo que suele caracterizar la versión ecologista conservadora, refiriéndose al mejoramiento de las aguas en varios ríos estadounidenses, resultado de la regulación del flujo de sus aguas.
 


Esta concienciación de la importancia de la utilización de estas tecnologías y productos contaminantes llevó a Barry Commoner a analizar porqué unas tecnologías eran utilizadas más que otras. Y ello le llevó al estudio de la estructura económica y energética de un país, concluyendo que la estructura de poder que sostiene el tipo de producción era el causante del deterioro ambiental. Y le preocupaba mucho, por ejemplo, la enorme concentración de la propiedad de las energías no renovables que coincidía con la de las renovables. Y de ahí deriva el problema.


 
Las teorías del decrecimiento


 
Una situación semejante existe ahora en algunas de las teorías del decrecimiento. En un momento en el que la economía no crece, causando enormes daños, como el elevado desempleo, aparecen teorías económicas que sostienen que el crecimiento económico es malo, pues consume más y más recursos que son finitos, cuya desaparición causará gravísimos daños, considerando el decrecimiento como una evolución positiva, forzándonos a todos a ser más austeros en nuestro consumo. Como millones de seres humanos ya viven en condiciones de gran austeridad, no queda claro qué es lo que tienen que hacer los países austeros, excepto desincentivar que se consuma más. Su solución, por lo tanto, se aplicaría a los países de gran consumo, comúnmente conocidos como “países económicamente desarrollados”. Y es ahí donde se centra la propuesta de reducir el consumo que se considera un despilfarro de recursos finitos e insustituibles.


 
El problema con esta propuesta es (tal como Barry Commoner criticaba a Paul Ehrlich) que asume erróneamente que solo hay un tipo de consumo y actividad económica y que hay solo una manera de crecer económicamente (además de sostener también la finitud de recursos y/o su falta de sustituibilidad).


 
El crecimiento es una categoría contable y tiene un carácter genérico que nos dice muy poco. Se puede crecer económicamente produciendo prisiones y tanques y se puede crecer construyendo escuelas e investigando cómo curar el cáncer. Se puede crecer construyendo grandes edificios o manteniendo los ya existentes para hacerlos más ahorradores de energía y habitables. Ser anticrecimiento, sin más, es una actitud que refleja un cierto inmovilismo que perjudicará a los más débiles de la sociedad como ya estamos viendo ahora, cuando las sociedades están decreciendo. La cuestión no es, pues, crecimiento o decrecimiento sino qué tipo de crecimiento, para qué y para quién. Hoy las necesidades de la población mundial son enormes. Exigir que el mundo deje de crecer es equivalente a negar la posibilidad de mejorar. Ni que decir tiene que existen ya los recursos para permitir una vida digna a todos los ciudadanos del mundo. Ahora bien, alcanzar esta realidad requerirá una enorme redistribución de los recursos que será necesaria pero insuficiente, pues habrá la necesidad de producir más y mejor para satisfacer las enormes necesidades, definidas estas democráticamente.


 
Esta redistribución no pasa necesariamente por una reducción del crecimiento de los países desarrollados como algunas voces del movimiento por el decrecimiento están sugiriendo. En realidad, y tal como he indicado anteriormente, el tema relevante no es el crecimiento sino el tipo de crecimiento. La sustitución del transporte de mercancías en camión por un sistema ferroviario no contaminante para ahorrar energía o la sustitución del coche contaminante por el coche eléctrico o del coche individual por el transporte público colectivo no suponen necesariamente un crecimiento menor sino otro tipo de crecimiento. Esto es lo que algunos defensores del decrecimiento parecen ignorar. Es necesario redefinir lo que se entiende por crecimiento pero me parece erróneo asumir que hay solo una forma de crecer y concluir, con ello, que el crecimiento económico es intrínsecamente negativo. Como también me parece erróneo asumir que la inteligencia humana, puesta al servicio de las necesidades de la población en lugar de optimizar la acumulación del capital, no pueda redefinir los recursos materiales, de manera que enriquezcan en lugar de que deterioren la calidad medioambiental del planeta. Ejemplos de que ello es posible ya tenemos, como bien documentó Barry Commoner.


 
Una última observación. Nada de lo que he dicho puede interpretarse como una dilución de mi compromiso en cuanto a la necesidad de tomar medidas radicales para prevenir el deterioro medioambiental y aplaudo el esfuerzo de movimientos ecologistas a favor de concienciar a la ciudadanía del grave problema que se ha creado con el crecimiento actual, poco respetuoso, cuando no hostil, con la calidad medioambiental de donde las poblaciones viven. Pero, es este mismo compromiso el que me exige ser crítico con aquellas voces que parecen añorar nostálgicamente un mundo pasado, negando la posibilidad del progreso. Hace años, debatí con Ivan Illich, criticando su postura opuesta a la universalización de los servicios sanitarios, por considerar que negaban al ser humano su característica de ser autónomo, creando dependencias del sistema médico. Este mirar atrás puede verse fácilmente como una mera actitud regresiva. Y es ahí donde creo que se puede llegar con este discurso anticrecimiento. Se tiene que exigir otro tipo de crecimiento, un crecimiento que responda a las necesidades humanas y no a la necesidad de acumular capital, pero esto es muy distinto a paralizar todo el crecimiento. Me parece un profundo error

 


Por Vicenç Navarro, catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

 

29 ago 2013

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Propone Correa en Ecuador terminar con diarios de papel

El presidente ecuatoriano Rafael Correa se pronunció hoy porque ya no haya diarios en papel en el país y que sean todos digitales, para, dijo, evitar la tala indiscriminada de bosques. Planteó que la iniciativa sea incluida en una eventual consulta popular en la que los ecuatorianos también decidirán si permiten la explotación de petróleo en un parque nacional en la Amazonia.

 

El gobernante formuló la propuesta en su cuenta de Twitter, en la que se refirió con tono irónico a las críticas y los análisis aparecidos en los periódicos ecuatorianos sobre la decisión de permitir la explotación petrolera en la reserva amazónica Yasuní.

 

“Ahora los mayores ecologistas son los diarios mercantilistas. Bueno si vamos a consulta popular propondremos también diarios...”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter, que de inmediato completó: “solamente digitales para ahorrar papel y evitar tanta tala indiscriminada de árboles. Veremos quién es quién. No se dejen engañar”.

 

En la misma red social, Correa añadió que “hay grupos que están politizando el Yasuní-ITT para derrotar al gobierno y manipulan sobre todo a los jóvenes”, en referencia a un ambicioso proyecto de explotación petrolera en el parque nacional Yasuní.

 

Correa decidió el jueves pasado poner fin a ese proyecto ecológico que consistía en no explotar y mantener bajo tierra, en una prístina región de la Amazonia, 846 millones de barriles de petróleo pesado a cambio de recibir 3 mil 600 millones de dólares por parte de la comunidad internacional. Pero el proyecto fracasó y luego de seis años apenas logró obtener fondos por 13.3 millones de dólares.

 

“Con profunda tristeza, pero también con absoluta responsabilidad con nuestro pueblo y con la historia, he tenido que tomar una de las decisiones más difíciles de mi gobierno. He firmado el decreto ejecutivo para la liquidación de los fideicomisos Yasuní-ITT y, con ello, poner fin a la iniciativa”, expresó Correa el viernes pasado.

 


Para llevar a consulta popular la explotación de crudo en el parque nacional los ecologistas y organizaciones sociales deben recoger cerca de 600 mil firmas de apoyo.

 

El domingo, voces dentro del propio gobierno se pronunciaron en favor de la consulta popular, informó el diario El Universo.

 

La gobernadora del estado de Guayas, confirmó que la explotación de parte del Yasuní siempre estuvo dentro del plan B del gobierno: “Es importante aclarar que la decisión explotar 0.1% #Yasuní estaba contemplado dentro del Plan B. Es decir, siempre existió un plan alternativo”, indicó en Twitter.

 

La ministra de Ambiente, Lorena Tapia, dijo al diario oficial El Ciudadano: “que la ciudadanía no dude ni un sólo momento que este es un proyecto responsable (explotar el Yasuní) y como ministra del Ambiente asumiré con total responsabilidad, para probar que la autoridad ambiental está comprometida. Tenemos un criterio de control y fiscalización estricto”.

 

La iniciativa comenzó en 2007 impulsada por el presidente ecuatoriano con el propósito de proteger el parque nacional Yasuní, declarado en 1989 por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (Unesco) como reserva mundial de la biósfera por su gigantesca diversidad animal y vegetal. Allí también habitan dos grupos indígenas en aislamiento voluntario: los tagaeri y los taromenane.

 

Frente a la decisión, se generó en Ecuador una corriente liderada por grupos ecologistas y amazónicos, que pide consultar a los ciudadanos sobre iniciar o no con la explotación del petróleo en esta zona.

 

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Rafael Correa pone fin a la iniciativa Yasuní ITT

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció este jueves la eliminación de la iniciativa Yasuní-ITT, porque, dijo, el mundo “ha fallado” al no contribuir con el proyecto que pretendía proteger un sector de la selva amazónica y dejar bajo tierra un importante yacimiento petrolífero a cambio de una compensación económica.

 

“Con profunda tristeza, pero con absoluta responsabilidad con nuestro pueblo y con la historia, he tenido que tomar una de las decisiones más difíciles de mi gobierno… he firmado el decreto ejecutivo para la liquidación de los fideicomisos Yasuní-ITT y con ello poner fin a la iniciativa”, dijo el mandatario.

 

En cadena de radio y TV, dijo que “la iniciativa se adelantó a los tiempos, y no pudo o no quiso ser comprendida” por la comunidad internacional.

 

“El factor fundamental del fracaso (del proyecto) es que el mundo es una global hipocresía”, aseguró el mandatario en un mensaje a la nación.

 

Añadió que también solicitó a la Asamblea “la declaración de interés nacional el aprovechamiento del petróleo en el Yasuní, utilización que afectará … menos del 1% del parque Yasuní, que tiene más de un millón de hectáreas”.

 

Posteriormente en Twitter, el mandatario indicó que sería el uno por mil y no el 1%. “Cometí un error: debí decir que se afectará menos del UNO POR MIL (no 1%) de nuestro Yasuní”, tuiteó.

 

Correa explicó que el aprovechamiento de las reservas del ITT arrojaría un valor presente neto de $18.292 millones que se destinarán “a vencer la misería, especialmente de la Amazonía”.

 

De estos recursos, especificó que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de la Amazonía recibiría casi $258 millones por la ley 010, y $1.882 millones por la repartición del 12% de los excedentes petroleros alrededor.

 

El mandatario anunció que en los próximos días se lanzará una campaña comunicacional para explicar las técnicas de extracción de última generación que se emplearán.

 

Correa propuso en 2007, durante una asamblea de la ONU, dejar ese crudo bajo tierra y evitar con ello la emisión de 400 millones de toneladas de CO2, responsable del calentamiento global.

 

A cambio pidió a los países una compensación de 3.600 millones de dólares en 12 años por la contribución a la lucha contra el calentamiento global.

 

Apoyada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la propuesta, sin embargo, no obtuvo la respuesta deseada, admitieron las autoridades.

 

Las siglas ITT corresponden al bloque Ishpingo, Tambococha y Tiputini con reservas estimadas de 846 millones de barriles de petróleo, que representan el 20% de los depósitos de Ecuador, el socio más pequeño de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Fuente: http://www.eluniverso.com/noticias/2013/08/15/nota/1294861/rafael-correa-pone-fin-iniciativa-yasuni-itt


El sueño terminó
En el libro “Yasuní. El tortuoso camino de Kioto a Quito”, la ambientalista Esperanza Martínez de Acción Ecológica narra el largo camino que tuvo un hito en 2007 con la iniciativa oficial de Yasuní ITT (un bloque en el oriente del Parque Nacional Yasuní, donde se encuentran los campos petroleros Ishpingo-Tiputini-Tambococha). Si bien existe un apoyo al proyecto promovido por el gobierno, en base a la iniciativa de la sociedad civil, ya se alertaba en la publicación de 2009 que “es necesario superar la visión que arbitrariamente pretenden reducir la propuesta de No explotación del crudo a un modelo de compensación”.

 

El 17 de abril de 2010, ComAmbiental registró una visita de Acosta a la Argentina, quien ya se había alejado del gobierno de Correa por diferencias en sus políticas extractivistas. Entre las contradicciones, se encontraba la actitud soberana en el juicio contra Texaco-Chevron por la contaminación de la Amazonía. Sin embargo, ya en ese entonces también había otros proyectos petroleros que se ubican en zonas aledañas a Yasuní y que aguardan su aprobación oficial.

 

Respecto a Yasuní ITT, Acosta informó que representa el 20 por ciento de sus reservas de hidrocarburos, en una región de gran biodiversidad que alberga a comunidades indígenas en aislamiento voluntario. Como contrapartida, el gobierno ecuatoriano impulsaba la creación de un fondo de 3.500 millones de dólares provisto por los países ricos en concepto de co-responsabilidad por la biodiversidad preservada y las emisiones de carbono mitigadas.

 

En junio de 2012, ComAmbiental entrevistó a Acosta en Quito, y lo interrogó sobre Yasuní ITT:

 

-En esta estrategia del gobierno, de transformar los principios constitucionales, un caso emblemático es el Yasuní ITT...
-Sin ninguna duda ese un proyecto emblemático, fundamental, fundacional. Y ese es un punto donde se va a poner a prueba cuánto el gobierno se juega por la Constitución, por el Buen Vivir, por los Derechos colectivos y los Derechos de la Naturaleza.

 

-Lo que observo también es que se transforma en una “espada de Damocles”. En tanto en que se difunden las razones por las que es muy importante conservar el Yasuní, por la diversidad biológica y cultural que alberga, y por otra parte si no se consigue el objetivo monetario se procederá a realizar la extracción.
-Yo creo que la figura es adecuada. Para el gobierno se ha transformado en una “espada de Damocles”. O pongámoslo en términos más andinos, en una papa caliente. Porque el gobierno no sabe cómo desembarazarse del compromiso que adquirió. Yo creo que hay suficientes fuerzas del gobierno que impulsarían la explotación del petróleo. Pero como paulatinamente se ha ido consolidando en la sociedad ecuatoriana, y a nivel mundial, la importancia del Yasuní, le resulta muy complejo dar marcha atrás.

 

Además, no nos olvidemos, estamos en pleno proceso electoral [que luego ganó Correa], y como la Iniciativa Yasuní ITT tiene una altísima aceptación popular, el Presidente no quiere correr el riesgo de iniciar una actividad de explotación. Por eso es muy importante que la sociedad civil, de dentro y fuera de Ecuador, se apropie del proyecto, y le mantenga permanentemente caliente la papa. Que sea difícil para el Presidente tomar una decisión contraria a los intereses de los pueblos originarios, de la naturaleza y del equilibrio ambiental. Además, que no eche abajo un proyecto que puede cambiar el mundo en muchos aspectos. Es, sin lugar a dudas, vuelvo a la idea, una “espada de Damocles”.

 

Esta espada de Damocles es la que ahora cae sobre Correa, puesto que todo aquello que se dijo sobre las bondades de conservar el Yasuní, le juega en contra con el gran paso atrás dado. ”Durante seis años hicimos lo que pudimos. Necesitamos nuestros recursos naturales para superar la pobreza y la miseria. Cerca de 18 mil millones de dólares otorgaría la explotación del 1 por mil del parque Yasuní ITT”, expresó Correa y se publicó en la cuenta oficial de la Presidencia. Frente “al hacer lo que se puede”, es cierto que la responsabilidad primaria del cambio climático es de los países desarrollados. Sin embargo, seguir apostando al mismo modelo para “superar la pobreza” no da esperanzas de que surjan nuevos vientos del sur. En este sentido, la injusticia internacional no puede justificar que se avance sobre territorio de pueblos originarios que se mantienen en aislamiento voluntario, fuera del mundo auto-destructivo.
En ese sentido, este sueño terminó por convertirse en una pesadilla.

 

No obstante ello, Acosta mantiene el espíritu, en declaraciones recientes por las redes sociales, aseguró: “La Iniciativa Yasuní no ha muerto, simplemente retorna a sus orígenes, a la sociedad civil. Seguimos en la lucha”.

 

El Universo (Ecuador) / Comambiental

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Miércoles, 14 Agosto 2013 06:23

Cambio climático: 2020 será demasiado tarde

Cambio climático: 2020 será demasiado tarde

 
ALAI AMLATINA, 13/08/2013.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publicó un reporte especial sobre el futuro del clima y las negociaciones internacionales con un llamado de atención urgido a los gobiernos: el año 2020 será demasiado tarde para tomar decisiones(1). A juicio de la agencia algunas medidas deben ser adoptadas antes de esa fecha si se quiere “mantener vivo el objetivo de 2° C” y el sector energía debe reducir sus emisiones a partir de ahora a una tasa de 5% anual.


 
Evitar el cambio climático peligroso implica mantener un nivel de concentración de gases de efecto invernadero por debajo de las 450 ppm que asegure un aumento de la temperatura media del planeta no superior a los 2° C. Esta es la meta que se trazó la Convención de Cambio climático en 2009.


 
La última ronda de negociaciones de la Convención de Cambio Climático (Doha, diciembre de 2012) estableció una nueva hoja de ruta –Doha Climate Gateway- estableciendo el año 2015 como fecha límite para alcanzar una serie de acuerdos que entrarán en vigor en el año 2020. Pero lo que viene a alertar este informe es que esa es una fecha demasiado retrasada para asegurar el mantenimiento de la estabilidad climática en virtud de las emisiones que se habrán acumulado hasta entonces.


 
El sector energía es responsable por el 80% de las emisiones globales y se espera que para el año 2020 estas alcancen un nivel de 4 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente (GtCO2e) por encima de la trayectoria consistente con el objetivo de los 2° C. Para lograr esta meta es necesario que las emisiones alcancen su “pico” en 2020 y luego comiencen a declinar vigorosamente. Con las emisiones creciendo constantemente y un acuerdo que recién comience a implementarse en esa fecha, esto resultará imposible.


 
Las medidas


 
En virtud de ello la agencia propone 4 medidas urgentes a ser aplicadas con el fin de “comprar un tiempo precioso mientras las negociaciones continúan”. La primera de ellas es la adopción de medidas específicas de eficiencia energética, lo cual podría aportar la mitad de las reducciones necesarias. Una segunda propuesta es limitar la construcción y uso de las plantas de generación de electricidad a carbón (21% de las reducciones). La tercera medida es minimizar la fuga de metano proveniente de las actividades de explotación gasífera y petrolera (18% de las reducciones). Y finalmente, acelerar el desmantelamiento de los subsidios al consumo de combustibles fósiles que en 2011 alcanzaron 523 mil millones de dólares.


 
El documento recuerda que para tener un 50% de posibilidades de no sobrepasar el objetivo de los 2° C, el total de emisiones posible hasta durante la primera mitad de este siglo es de 1440 GtCO2e. De este “presupuesto de carbono” 420 Gt ya han sido emitidas entre 2000 y 2011 y otras 136 Gt serán emitidas de sectores no energéticos (agricultura, deforestación, etc.) hasta 2050. Esto deja un máximo posible de emisiones de 884 Gt del sector energía para esa fecha, para lo cual es necesaria una reducción de las emisiones del sector a una tasa de 5% anual.


 
El gas natural en cuestión


 
El gas natural ha aparecido en los últimos años como un sustituto menos contaminante del carbón lo que ha llevado a un desarrollo importante de su exploración y explotación, particularmente en el llamado gas “no convencional” (“shale” y “tight” gas).


 
El gas natural es alentado por presentar menores emisiones de carbono por unidad de energía consumida. Sin embargo esta misma condición hace que en términos absolutos las emisiones aumenten (una especie de “paradoja de Jevons” climática). En 2012 las emisiones globales del CO2 del sector energía aumentaron en 400 Mt respecto al año 2011 (1,4%). Este aumento responde al incremento del uso del gas natural (2,7%), petróleo (1,1%) y carbón (0,6%). Si se analiza la responsabilidad de cada uno de estos fósiles en el aumento global de emisiones energéticas vemos que un 44% corresponde al gas natural, 44% al carbón y 12% al petróleo.


 
Las termoeléctricas de ciclo combinado a gas, producen la mitad de las emisiones por kWh que aquellas a base de carbón. Pero parte de esta ganancia se pierde por las emisiones furtivas de metano derivados de la producción y distribución de gas natural. Solo un tercio de las reducciones necesarias pueden lograrse por el cambio de carbón a gas en el sector eléctrico lo que está indicando que el cambio del combustible no es la opción más apropiada.


 
El sentido de la urgencia


 
Estas medidas que la AIE propone son las que encuentra económicamente viables en el contexto actual. No significa ninguna amenaza para el crecimiento económico ni alentará una recesión planetaria. No son medidas de fondo, son paliativas. Pero más allá de que sus propuestas sean las más apropiadas o no, lo que debe llamar la atención es su mensaje central: no se puede esperar por las negociaciones de la Convención de Cambio Climático. Estas llegarán muy tarde.


 
Los gobiernos de cada uno de los países del mundo, pero sobre todo aquellos que presentan matrices energéticas más contaminantes, deberían tomarse un poco en serio la advertencia y no posponer decisiones a la espera del 2020. Para ese entonces, las medidas a tomar serán mucho más costosas y quizá el cambio climático ya sea una realidad irreversible.


 
1) Redrawing the energy-climate map. World Energy Outlook Special Report. OECD/IEA, 2013
 

Por Gerardo Honty, analista en energía y cambio climático del CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social)

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El mítico shale gas de “Norteamérica” (EU/México/Canadá): ¿burbuja a punto de estallar?

La xeno-privatización” anglosajona (ver Bajo la Lupa, 24/7/13) propalada por el Centro Woodrow Wilson (WWC)/ITAM/Imco, bajo la batuta del estadunidense Duncan Wood, finca todos sus endebles argumentos tanto en la etérea “competencia” como en la burbuja del shale gas (gas esquisto/lutitas) a punto de estallar, si hacemos caso al connotado geopolitólogo alemán-estadunidense F. William Engdahl (Global Research, 13/3/13).

 

¿Cuál “competencia”? Más bien “incompetencia”: Pemex, sin bancos de apoyo y castrado fiscal y financieramente, claudicaría ipso facto frente a sus “competidores” foráneos asociados a la banca de Wall Street/la City, cuando el “México neoliberal” desmanteló deliberadamente 92 por ciento de su banca nacional, en términos de “capitalización de mercado”: la máxima, insensata, entrega global.

 

Ya había expuesto en forma dialéctica tanto la tesis de los turiferarios a ultranza de la revolución energética del siglo XXI, así como la antítesis de sus feroces detractores (ver Bajo la Lupa, 29/4/12, y colaboraciones posteriores).

 

En su libro Mitos, mentiras y guerras del petróleo, F. William Engdahl maneja al petróleo como una joya estratégica del máximo nivel jerárquico, lo cual reconoció el mismo Henry Kissinger, a quien cita: “Si controlas el petróleo, controlas a países enteros”.

 

Pero también lo contrario es cierto, según Engdahl: “Si el petróleo no puede ser controlado, los poderes controladores pierden su dominio sobre los otros países y entonces organizan las guerras”. ¡Irrefutable!

 

La tesis nodal de Engdahl radica en que las cuatro grandes trasnacionales anglosajonas (ExxonMobil/Chevron/BP/Shell) con un puñado de bancos de Wall Street controlan “la mayor materia prima esencial global”: el petróleo.

 

Este relevante aspecto no es abordado por el núcleo que encabeza Duncan Wood y que constituye la quintaesencia de la “reforma Peña/Videgaray/Aspe” (ver Bajo la Lupa, 10/7/13) y su excrecencia panista.

 

En su clásico libro Un siglo de guerra: la política petrolera anglosajona y el nuevo orden mundial, Engdahl se ha consagrado de lleno a la manipulación geopolítica de los hidrocarburos por Estados Unidos y Gran Bretaña.

 

Engdahl desmonta el espejismo de la “nueva Arabia Saudita” que sería Estados Unidos gracias a su próxima “autosuficiencia energética” y pone en tela de juicio el aserto de Obama de que Estados Unidos detenta “un abasto de gas natural que puede durar casi 100 años”.

 

Una cosa es que la producción petrolera de Estados Unidos se haya incrementado dramáticamente 38 por ciento desde 2008 (el equivalente a toda la producción de Nigeria, la séptima productora de la OPEP) y otra es que perdure su bonanza artificial más de 12 años.

 

La crítica del geopolitólogo es feroz: la revolución del shale gas “se basa en una burbuja (¡supersic!)”. Se trata de “una exageración de los brujos de Wall Street” y “cada vez es más claro que es un flash (sic) de corto plazo en la criba energética, un nuevo fraude (¡supersic!) Ponzi, construido cuidadosamente con la ayuda de los mismos bancos de Wall Street y sus amigos analistas del mercado, muchos de los cuales aportaron la burbuja dot.com de 2000 y, más espectacularmente, la burbuja inmobiliaria del 2000 al 2007 en Estados Unidos”. ¡Uf!

 

Atribuye el silencio sobre “las fortunas declinantes del shale gas y el petróleo” a las “rendijas legales de Halliburton” (“Halliburton loopholes”), que con los intereses trasnacionales de Wall Street y de la industria petrolera tratan de mantener vivo “el mito de la revolución del shale gas”.

 

Lo alarmante es que son “los profesionales de la industria petrolera” quienes están desmontando el mito.

 

Un asunto muy grave es que el contenido del líquido que se inyecta para el fracking constituya “un secreto (¡supersic!) de las empresas”, más allá de que un pozo promedio requiera hasta 13 millones de litros de agua, que se triplican con la “re-fracturación”.

 


Lo peor es que gracias a las influencias del entonces vicepresidente Dick Cheney, el gran patrón de Halliburton tras bambalinas (como lo es Condoleezza Rice con Chevron; ver su foto con el consejo consultivo “mexicano” del WWC http://es.scribd.com/doc/156213455/Rice-y-WWC), contó con la complicidad del Congreso en 2005 que exentó a la industria del fracking de la supervisión regulatoria de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) bajo la “Enmienda del Agua Potable Segura”, lo cual representa una amenaza a la salud pública (http://www.alternet.org/fracking/us-sues-exxon-fracker-pennsylvania-over-polluted-drinking-water).

 

No se puede ser muy estricto con Duncan Wood ni con el presidente del Imco, Valentín Diez Morodo, quienes cumplen misiones asignadas de desinformación para “xeno-privatizar” Pemex con el fin de favorecer unilateralmente a las trasnacionales anglosajonas en detrimento de la independencia/libertad/seguridad energética de México.

 

El empleado de Diez Morodo, el castastrofista Juan Pardinas Carpizo, es muy dado a eyectar demenciales cifras alegres y acaba de salir con que se necesitan 800 mil millones de dólares (¡supersic!): 16 veces más de las de por sí exageradas cifras de su aliado filopanista Héctor Moreira, “consejero profesional de Pemex” colocado por Calderón (ver Bajo la Lupa, 24/7/13).

 

Las cotizaciones de los hidrocarburos son controladas por la omnipotente banca de Wall Street/LaCity, como demostró Philip Verleger (ver The International Economy, invierno de 2007).

 

La burbuja financierista del shale gas ya empezó a estallar y sus efectos reverberantes pronto se notarán en los mercados.

 

¿La segunda productora de gas de Estados Unidos, Chesapeake Energy, tendrá la misma suerte que la quebrada gasera texana Enron (muy cercana a los Bush)?

 

Chesapeake Energy, amén de los desfalcos de su polémico director Aubrey McClendon –defenestrado por los furiosos accionistas defraudados–, ostenta una deuda de 20 mil 500 millones de dólares con sus acreedores, tasada como “deuda chatarra”.

 

F. William Engdahl cita a Bill Powers, analista financiero de Powers Energy Investors, quien anuncia que lo sucedido con Chesapeake Energy “es una gran indicación de que la burbuja del precio del gas natural se encuentra a punto de estallar”.

 

Extraña empresa, Chesapeake Energy, que no hace dinero perforando los pozos de shale gas.

 

Los críticos, citados por Engdahl, apuntan que “los métodos complejos (¡supersic!) de contabilidad de Chesapeake Energy hacen casi imposible para los analistas y los accionistas determinar cuáles son los riesgos”.

 

Engdahl es inmisericorde: “La muy cantada revolución del shale gas en Estados Unidos se está colapsando junto a las acciones de Chesapeake Energy”.

 

Duncan Wood representa la quintaesencia de la “reforma Peña/Videgaray/Aspe”, ¿apostaron insensatamente a la burbuja del shale gas a punto de estallar?

 

Lo trágico consistiría en que la burbuja del shale gas en México estalle y que la polémica “reforma Peña/Videgaray/Aspe” sirva, por la vía del artilugio financierista, para propalar el espejismo de la “revolución energética del siglo XXI”.

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Domingo, 28 Julio 2013 05:47

China doma sus ríos

China doma sus ríos

Los dirigentes chinos han soñado históricamente con dominar la naturaleza, invertir el curso de los ríos y domar las aguas para ponerlas al servicio de la economía y el poder. Algunas secciones del Gran Canal -el río artificial más largo del mundo, casi 1.800 kilómetros, que une Pekín y Hangzhou (capital de la provincia de Zhejiang)- fueron construidas hace más de 2.400 años. Y Mao Zedong, el fundador de la China comunista, no fue ajeno a esta visión. En 1952, preocupado por la escasez de agua en el norte del país, dijo tras una visita al río Amarillo: "El sur tiene cantidad de agua y al norte le falta. Si es posible, ¿por qué no tomar prestada alguna?".


 
El Gran Timonel murió en 1976 sin llegar a ver realizado su sueño. En 2002, medio siglo después de aquella frase premonitoria y tras innumerables debates y rediseños, el Gobierno aprobó el llamado Proyecto de Trasvase de Agua Sur-Norte. Contempla la construcción, en un plazo de otros 50 años, de las infraestructuras necesarias para desviar 44.800 millones de metros cúbicos anuales de agua desde diversos puntos del río Yangtsé y su cuenca, hacia el norte y el noroeste del país, con un coste inicial estimado en 500.000 millones de yuanes (61.400 millones de euros).


 
El caudal que será transferido es similar al del río Amarillo y pretende paliar las tradicionales sequías y falta de agua en China septentrional, agravadas en las últimas décadas debido al rápido desarrollo del país y el incremento de habitantes en ciudades como Pekín y Tianjin, con la consiguiente sobreexplotación de los acuíferos. El norte tiene alrededor de la mitad de la población de China, el 19% de los recursos de agua dulce, y recibe la cuarta parte de precipitaciones de lluvia que el sur.


 
El proyecto -formado por canales, presas y túneles- consta de tres rutas independientes, con una longitud conjunta de unos 5.600 kilómetros. La primera de ellas, la oriental, será inaugurada este otoño después de 11 años de obras. Esta vía, de 1.156 kilómetros, lleva el agua hacia el norte por las provincias costeras, con 13 estaciones de bombeo. Comienza en Jiangdu (provincia de Jiangsu), en el delta del Yangtsé, y concluye en la provincia de Shandong. Un tramo de 7,8 kilómetros cruza el río Amarillo por medio de dos canalizaciones de 9,3 metros de diámetro a 70 metros bajo el lecho de río. Proporcionará agua a zonas rurales e industrias. En mayo y junio pasados, han sido realizadas las pruebas de esta ruta, y, según ha asegurado en la prensa china Zhang Jinsong, subdirector de la oficina en Jiangsu del trasvase, la calidad del agua cumple ya los niveles de seguridad. Zhang afirma que ahora se vierte al Yangtsé un 85% menos de contaminantes que en 2000.

 


Los trabajos de la ruta oriental, que alcanzará Tianjin en una segunda fase, se han visto afectados por retrasos debido al efecto sobre el agua de la polución generada por fábricas y granjas, pero será la primera sección en ser inaugurada porque aprovecha las infraestructuras del Gran Canal, una vía utilizada a lo largo de las dinastías imperiales para transporte -en particular de grano-, comercio e irrigación, pero también como arma devastadora, capaz de anegar regiones y frenar el avance de ejércitos enemigos. Cuando esté finalizado, el trasvase oriental canalizará 14.800 millones de metros cúbicos anuales a las provincias de Jiangsu, Anhui, Shandong, Hebei, y Tianjin.


 
La segunda ruta, la central, será la que sacie la sed de Pekín y las zonas rurales en su camino. Nace en la presa Danjiangkou, situada en el río Han -afluente del Yangtsé-, en la provincia central de Hubei. La presa ha tenido que ser elevada 14,6 metros para subir el nivel del embalse de 162 metros a 176,6 metros, para generar la altura que permita al agua viajar por gravedad hacia el norte. Esto sumergirá 300 kilómetros cuadrados de terreno. Las obras han obligado a desplazar a unas 350.000 personas. La vía central tiene un caudal de 13.000 a 14.000 millones de metros cúbicos anuales, una longitud de 1.274 kilómetros -más otros 141 kilómetros de una derivación de la provincia de Hebei a Tianjin- y dos túneles de 7,2 kilómetros bajo el río Amarillo. Debió ser inaugurada a tiempo para los Juegos Olímpicos de Pekín, en 2008. Fue retrasada, primero a 2010 y luego a 2014. El proyecto, que comenzó en 2003, se ha visto afectado por la grave contaminación que sufren partes del embalse; un problema que han empeorado la implementación laxa de las leyes medioambientales y la falta de fondos del Gobierno central para ayudar a las administraciones locales a hacer frente al tratamiento de las aguas que son vertidas al embalse, según un informe hecho público el mes pasado por la Conferencia Consultiva Política China, un órgano anexo al Parlamento sin capacidad de decisión. Se prevé que el agua del Yangtsé llegue a Pekín en otoño del año que viene.


 
La ruta occidental tomará agua en el curso alto del Yangtsé y ríos de las zonas montañosas de las regiones de Qinghai y Tíbet y la canalizará a una altitud de 3.000 a 5.000 metros hasta el Amarillo. Los ingenieros han efectuado los estudios correspondientes, pero muchos expertos aseguran que el proyecto será extremadamente caro y difícil. De momento, el trazado occidental es solo un proyecto.


 
Los críticos aseguran que generará más problemas que beneficios. Afirman que supone un malgasto ingente de recursos y provocará escasez de agua en el origen. El río Han, por ejemplo, tendrá que ceder entre el 25% y el 30% de su caudal, y para compensar esta pérdida se derivará agua del Yangtsé a su propio afluente. Además, afirman que el plan es terreno para la corrupción, inducirá graves efectos medioambientales y tiene un alto coste social, debido a los cientos de miles de personas que ha obligado a desplazar. Muchas de ellas se quejan de haber sido mudadas a viviendas de baja calidad y haber perdido sus medios de vida. Algunos campesinos tenían frutales en zonas montañosas y ahora no saben cómo cultivar arroz en las llanuras. El cierre de muchas fábricas contaminantes ha generado, en paralelo, desempleo.


 
"Aunque el trasvase de agua enriquecerá el suministro de agua en el norte, su impacto en el ecosistema es irreversible", ha asegurado Ma Jun, director del Instituto de Asuntos Públicos y Medioambientales y uno de los expertos medioambientales más renombrados de China, al diario China Daily.


 
Para los dirigentes de este país acostumbrado a las proezas de ingeniería civil, como la Gran Muralla o la presa de las Tres Gargantas, el precio pagado para llevar a cabo esta obra de titanes es menor que los beneficios que, según dice, aportará a cientos de millones de personas. Pero algunos expertos insisten en que sin medidas adicionales como fomentar el ahorro de agua y mejorar las prácticas agrícolas, algunas de las cuales están siendo implementadas por el Gobierno, el trasvase Sur-Norte no hará más que retrasar algunos años el problema de la sequía y la escasez de recursos hídricos en el norte de China.

 

Jose Reinoso Pekín 27 JUL 2013 - 22:50 CET

Publicado enInternacional
Domingo, 14 Julio 2013 05:50

Latinoamérica se 'desindustrializa'

 Latinoamérica se 'desindustrializa'

México y Sudamérica vienen gozando desde hace más una década de altos precios de las materias primas. Este año se han abaratado algo, pero pocos se animan a predecir que este ciclo positivo, por de más extenso, se acabará pronto. El índice de productos básicos DJ-UBS, que sigue el desempeño de 22 bienes básicos, cayó el 10,5% en la primera mitad de 2013. La pregunta que cada vez se formulan más economistas y hasta presidentes es qué más pueden exportar los países latinoamericanos. Si se acaba la bonanza de las materias primas, la respuesta se tornará más urgente.


Lo que ha ocurrido en los últimos años es que muchos países de la región descansaron en las altas cotizaciones de los bienes básicos para crecer y se preocuparon poco por desarrollar la industria o los servicios exportables. Varios países han padecido la llamada enfermedad holandesa, es decir, el fenómeno que sufrió Holanda en los 60, después de descubrir que tenía gas natural cerca del mar del Norte. Cuando comenzó a explotarlo, el florín se apreció tanto por el ingreso de divisas que terminó afectando la competitividad de su sector manufacturero. Lo mismo le ha sucedido en los años previos a 2013 a las monedas latinoamericanas no solo por la exportación de las encarecidas materias primas sino también por el abundante ingreso de capitales especulativos ante los tipos de interés bajos de los países desarrollados. En los últimos meses este proceso se ha revertido un poco ante las expectativas del fin de la política monetaria laxa de EE UU ante la recuperación de su economía.
 


La bajada de los precios de los bienes básicos sorprende a Latinoamérica en pleno debate sobre su desindustrialización. Algunos economistas consideran que es normal en una economía contemporánea más orientada a los servicios, pero otros advierten de que no lo es, ponen el ejemplo de Asia y hasta de EE UU o la Unión Europea en sus intentos de reconstituir el sector fabril.

 


En 2001/2002, el 27,6% de las exportaciones latinoamericanas era de materias primas, el 16,6% de manufacturas derivadas de recursos naturales y el 55,8% de otros bienes industriales. En 2010, los productos básicos representaban el 42,4%, las manufacturas derivadas, el 17,7% y el resto, solo el 39,9%, según un estudio de Sebastián Herreros y José Durán Lima, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el que advierten de que “la tendencia a la reprimarización de las exportaciones regionales es fuente de preocupación”. Ambos autores comparan el valor de las monedas entre 1990 y 2009 y alertan de que “los elevados niveles de apreciación conspiran contra la competitividad de las exportaciones”. Hasta ese momento, Venezuela –después devaluó varias veces-, Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y Uruguay lideraban en apreciación, mientras que solo Argentina, Nicaragua, Panamá y Perú habían depreciado, pero en los últimos cuatro años la competitividad cambiaria de casi todos se redujo aún más.


 
Brasil pasó de que sus exportaciones de manufacturas no derivadas de recursos naturales supusieran el 71% del total en 2000 al 44% en 2010, según una investigación de Facundo Albornoz, de la Universidad de San Andrés (Argentina). México, con su industria de maquila (ensamblaje) de exportación a EE UU, pasó del 86% al 73%; Argentina, del 43% al 37%; Colombia, del 41% al 25%; Chile, del 30% al 23%; Perú, del 32% al 17% y Costa Rica, con desarrollo tecnológico, del 68% al 60%.


 
Albornoz también distingue las exportaciones diferenciadas, es decir, las de aquellos productos en los que no existe un mercado de referencia que determine su precio, como sucede con las materias primas agrícolas, minerales e industriales. Las exportaciones diferenciadas de Brasil retrocedieron del 52% del total en 2000 al 28% en 2010; las de México, del 81% al 56%; las de Colombia, del 32% al 16%; las de Chile, del 17% al 11%; las de Perú, del 17% al 10% y las de Costa Rica, del 70% al 55%. La excepción hasta 2010 era Argentina, donde se mantuvieron en el 30%.“Argentina había empezado a exportar cosas no tradicionales, como químicos, productos de diseño, medicamentos, por la competitividad del tipo de cambio, pero eso seguro se fue frenando desde 2008 por la apreciación cambiaria derivada de la inflación”, comenta Albornoz.

 


La mayoría de las exportaciones industriales de Latinoamérica se destina a la propia región y a EE UU, que compra sobre todo productos de las maquilas de México y Centroamérica. La competencia de China ha desplazado manufacturas latinoamericanas en la región, EE UU y la UE. Los principales países afectados han sido Brasil, México, Argentina y Colombia en productos como derivados de madera, químicos, maquinaria, eléctricos, de comunicación, metalúrgicos, coches y ordenadores, según el informe de Herreros y Durán.


 
Otro reporte de la CEPAL, elaborado por Nanno Mulder, muestra que en 2002 la industria proveía el 21% de los empleos en Latinoamérica y suponía el 18% del PIB. En 2010, había crecido el empleo manufacturero hasta representar el 22%, pero venía en descenso respecto a 2007 (24%), mientras el peso en el total de la economía se redujo al 17%. Mulder recuerda que en Asia-Pacífico la industria representa más del 30% del PIB y genera más del 25% de los puestos de trabajo. El investigador de CEPAL advierte de que América Latina sufre una “desindustrialización prematura”, con bajos niveles de ingreso y productividad, a diferencia de lo que ha sucedido en economías avanzadas, donde las fábricas cedieron lugar al desarrollo de servicios cuando aquellas dos variables eran más elevadas. El fenómeno descripto por Mulder “podría tener como consecuencias un estancamiento de la inversión, una desaceleración del crecimiento, un aumento en el desempleo y la informalidad laboral, un incremento de la restricción externa (escasez de divisas, lo que impacta en el pago de importaciones y deuda externa). Con la productividad estancada, las exportaciones manufactureras se vuelven competitivas únicamente vía precio, es decir, tipo de cambio”, señala Mulder.


Algunos gobiernos han reaccionado ante la desindustrialización adoptando ciertas medidas. Mulder explica que Argentina ha intervenido en el mercado cambiario, mientras que Brasil y Colombia han introducido controles de capitales para frenar la apreciación de sus monedas –ahora el Gobierno de Dilma Rousseff los está eliminando ante la salida de fondos por las expectativas de cambio en la política monetaria de EE UU-. Argentina y Brasil han apoyado directamente a determinados sectores y han aplicado barreras proteccionistas, generalizadas en el caso del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y puntuales en las del de Rousseff. Costa Rica y algunos estados de México han aplicado incentivos para que sus industrias se integren en cadenas productivas globales. Pero Mulder se pregunta si los países de la región tienen una visión de largo plazo sobre el desarrollo y promueven la inserción de sus plantas en esas cadenas, el añadido de valor a las exportaciones primarias, la inversión en investigación y desarrollo (I+D) y la mejora de la calidad educativa y del clima de negocios.


 
Alguno podría pensar que las exportaciones manufactureras solo perdieron peso relativo sobre las totales únicamente por una cuestión del aumento de precio de las materias primas, pero Albonoz recuerda que la participación latinoamericana en el comercio mundial de bienes industriales no derivados de recursos naturales se redujo del 4% en 2000 al 3% en 2010. Las exportaciones latinoamericanas de ciertos productos crecieron muchos menos en esa década que las de sus competidores en el resto del mundo. Los distintos informes contienen estadísticas hasta 2010, pero Albornoz opina que la desindustrialización “se consolida y acentúa”.

 

Por: Alejandro Rebossio| 13 de julio de 2013

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