Del total de conflictos mineros en América Latina, 90% son con empresas canadienses

En América Latina existen alrededor de 200 conflictos sociales ocasionados por la industria minera, 90 por ciento están relacionados con empresas de origen canadiense. Estas compañías son las predominantes entre la industria minera mundial debido a diversas leyes, a las normas fiscales y al apoyo que reciben en el extranjero desde el gobierno de Canadá.


Esto señalan los organizadores de la sesión sobre la industria minera canadiense del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que se realizará en Montreal, Canadá, a partir del próximo 29 de mayo. Advierten que 75 por ciento de las mineras del mundo son canadienses y sus actividades afectan numerosos derechos reconocidos por el derecho internacional.


Los gobiernos, agregan, han apoyado mucho este modelo extractivista y le dan ventajas casi vergonzosas, pues las empresas sacan la riqueza de los países con pagos mínimos de derechos y lo que queda a los pueblos es la destrucción ambiental, señala en entrevista telefónica Gerardo Aiquel, coordinador de esta sesión del TPP en Canadá.


Además, suman la política exterior de ese país a estas empresas. En México la embajadora fue al Congreso el año pasado a decir que se iban a retirar del país si se aplicaba a las mineras la obligación del pago de derechos, recuerda.


No obstante, en Canadá, las mineras tampoco hacen las cosas muy distintas de lo que realizan en otras naciones, explica. Un caso, ejemplifica, es el del poblado Malartic, en el norte de Montreal, donde la minera Osisko invadió el pueblo antes de obtener los permisos ambientales. Las empresas tienen facilidades para hacer la explotación minera sin respeto por la población, señala Aiquel.


En un documento en el que se exponen las acusaciones a la minería canadiense se advierte que esta actividad es un riesgo y una amenaza a la calidad del medio ambiente, a la vida social y económica de las colectividades, a la sobrevivencia de las culturas, a la salud de las personas y, muchas veces, a su integridad física.


Destaca que en ciertos casos, las violaciones son directamente imputables a las empresas, como al instaurar condiciones de trabajo que contravienen normas fundamentales, provocan expulsiones forzadas o utilizan elementos de seguridad para amenazar o reprimir la protesta social. Pero hay casos, agrega, en que las amenazas se hacen en complicidad con los gobiernos de los países donde se instalan, y también hay situaciones en las que son apoyadas por Canadá, de donde son originarias.


Los proyectos mineros afectan las poblaciones que viven en condiciones precarias, en regiones alejadas. Se sitúan frecuentemente en el corazón o en proximidad de los territorios indígenas, afectan los modos de vida y derechos de esos pueblos. En varios países de América Latina se han identificado amenazas graves a los derechos, a la integridad cultural, a la autodeterminación, a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, señala.


Entre los factores que favorecen la falta de justicia y la impunidad ante la expansión de esta industria están la asimetría de las relaciones de fuerza entre las comunidades, las empresas transnacionales y los estados. También se incluyen la represión, la criminalización de quienes defienden sus derechos y la protección de las inversiones en los tratados de libre comercio.


A las empresas se les acusa de la violación al derecho a la vida y a un ambiente sano; el derecho al agua; a la autodeterminación y al derecho a una ciudadanía plena. Mientras, al gobierno de Canadá se le acusa, entre otras cosas, de ejercer una influencia política indebida a través de la red diplomática para facilitar el despliegue de la industria minera en otras naciones.

El TPP es una instancia de opinión que se apoya sobre la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos y en todos los instrumentos de derecho internacional. En esta sesión participarán alrededor de 50 agrupaciones de Canadá y América Latina, convocadas por la Coalición quebequense sobre los impactos socioambientales de las trasnacionales en América Latina y de Justicia Transnacionales Extractivas.

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Ante esa obscura obsesión por el oro, es necesaria una moratoria minera

ALAI AMLATINA, 10/05/2014.- La minería de oro se ha convertido en un flagelo que azota muchos países de América Latina. En algunos sitios operan unas pocas transnacionales gigantes, pero en otras zonas se agolpan cientos a miles de personas, hurgando en los ríos de las selvas o entrañas de las montañas por unos gramos de oro. Mientras que las grandes corporaciones insisten en contar con tecnologías de punta, servir al crecimiento económico y bridar empleo, la minería a pequeña escala, informal o ilegal, está bajo la sombra de la contaminación, la violencia y la pobreza.


En realidad, las dos prácticas son igualmente terribles. En la gran minería del oro se generan toda clase de impactos territoriales y ambientales, y las repetidas promesas de excelencia en tecnología y gestión se han derrumbado. Pascua Lama, una gigantesca operación ubicada en las cumbres andinas compartidas entre Argentina y Chile, repetidamente prometió que sería el ejemplo de desempeño ambiental. La realidad ha sido otra, y ante su mala gestión e incumplimientos, el emprendimiento ha sido multado y suspendido por la justicia chilena.


Es, además, una de las actividades extractivas más ineficientes que se conocen. Entre los 50 primeros productores globales, el promedio alcanzado es de obtener 5 gramos de oro por tonelada de rocas extraída. Ante esa situación a nadie pueda sorprender que sea una actividad de profundos e intensos impactos ambientales.


La pequeña minería del oro tampoco escapa a los problemas. En distintos sitios amazónicos de Colombia, Brasil, Ecuador y Perú, son prácticas que se están hundiendo en la desolación social y ambiental. En regiones como en Madre de Dios (en el sur Perú), se ha convertido en uno de los principales factores de destrucción amazónica y violencia local. Avanza deforestando la selva y contaminando aguas y suelos.


La escala individual o familiar termina siendo un espejismo, ya que suma en una misma región desde cientos a miles de personas, con impactos que se acumulan y multiplican entre sí. La imagen del hombre encorvado, sobre el río, recogiendo arena para procesarla, ya es cosa del pasado en muchos lugares. Se las han ingeniado para transportar y poner en operación enormes maquinarias de dragado en los rincones más apartados de la Amazonia. Esa sostenida expansión sólo es posible porque esa minería ha terminado articulándose con los mercados formales, y su oro puede terminar incluso en las propias corporaciones mineras.


A pesar de todo esto, se insiste en defender la minería en general, y la de oro en particular. Esos proyectos son presentados como bendiciones económicas y éxitos exportadores. Parecería que las necesidades de oro son de una enorme importancia para el bienestar humano y el desarrollo, que se debería justificar toda esta destrucción. ¿Esto es cierto? ¿El oro tiene usos que son indispensables para la calidad de vida de las personas o imprescindibles para alguna cadena industrial clave? Si no exportamos oro, ¿caerá alguna cadena productiva? ¿se desplomarán las economías nacionales? Nada de eso.


Apenas el 10% de la demanda de oro responde a usos tecnológicos o en la medicina. En cambio, todo el resto se divide entre dos usos: joyería (poco más del 40% ), y financiero, manejado por inversores, para acuñar monedas o guardarlo como lingotes en los depósitos de bancos centrales (también poco más del 40%). Por ejemplo, en 2012 se estimó la demanda global en 4 415 toneladas, las que se repartieron entre la joyería (1 896 tons), "inversores" (1 568 tons) y compras desde los bancos centrales (544 tons). Dicho de otra manera, el 90% del oro extraído en todo el planeta es para sostener usos suntuarios, el consumo exhibicionista de joyas, o la especulación y respaldo de las finanzas. Difícilmente puede decirse con seriedad que el bienestar o desarrollo global dependan de seguir con la minería en oro.


Una parte importante de todo ese oro circulante proviene del reuso y reciclaje. Pero la demanda es tan alta, que eso presiona por más extractivismos minero. Consecuentemente, en los últimos años se han sucedido records en la extracción minera de oro; en 2012 alcanzó las 2 982 ton en todo el planeta. El más grande minero del mundo es China (donde se extrajeron más de 400 ton); y recién en el quinto puesto aparece un país latinoamericano (Perú). China se ha convertido también en el primer consumidor de oro a nivel planetario. Sus necesidades se han cuadruplicado en la última década, y se lo usa sobre todo en joyería

Encontramos así que la depredación para obtener oro no alimenta ningún proceso industrial clave, ni ninguna necesidad básica, sino que está atada a las modas de la joyería global, y en especial el consumismo de familias adineradas de China y otros países, o a las necesidades de los financistas. Si América Latina dejara de proveer oro para esos fines, no ocurría ningún colapso; por el contrario, la calidad de vida de muchas comunidades en nuestro continente mejoraría mucho.


La mejor manera de describir lo que ocurre con el oro es rescatando el concepto de "preciosidades", propuesto por Immanuell Wallerstein, a mediados de la década de 1970. Estos son bienes que son caros esencialmente por su valor simbólico. Quienes los poseen y exhiben ostentan riqueza y poder. Otros ejemplos de preciosidades son los diamantes, rubíes y otras piedras preciosas, los tapados de pieles de animales exóticos o el caviar. No desempeñan papeles similares a los de otras materias primas que se comercializan globalmente, como las que se destinan a los alimentos u otras necesidades de las personas, o las que son insumos para procesos industriales, como el hierro. La minería latinoamericana en oro ni siquiera es una "industria", ya que allí no ocurre ningún proceso manufacturero.


Esta condición afecta tanto a la minera de oro en manos corporativas como la informal e ilegal. No puede olvidarse que cualquiera de las dos siguen siendo lo mismo: extractivismo minero. Ambas tienen efectos negativos en las dimensiones sociales, ambientales y económicas. Y las dos están amarradas a los mercados globales, e incluso una se inserta en la otra, para poder exportar oro hacia la globalización.


No puede tampoco olvidarse las responsabilidades gubernamentales en promover condiciones políticas y económicas que reproducen una y otra vez los extractivismos. Han dado todo tipo de cobertura a las grandes empresas, en sus inversiones, en concederles territorios, en asegurar sus exportaciones, en otorgarles subsidios (la mayor parte de ellos encubiertos o indirectos), y han llegado incluso a defenderlas con policías o militares. También son responsables de que innumerables familias no tengan otras salidas que dedicarse a ganarse sus pesitos buscando pepitas de oro en plena selva ya que el propio Estado los ha dejado desamparados, sin contar con otras opciones productivas viables.


Todo esto desemboca en que una vez instaladas las corporaciones o esos miles de mineros, el Estado ya no los puede controlar (o no quiere). Ambos cuentan con poder político. El corporativo es mas sutil pero más firme y ampliado, opera desde las cámaras empresariales y la prensa. El de los mineros artesanales o ilegales descansa en caudillos locales, alcaldes, y hasta algunos legisladores, como se ha señalado en Perú. La violencia y la ilegalidad aparecen en los dos casos, aunque también de manera distinta.


Esta situación debe detenerse, y este tipo de desarrollo debe revertirse cuanto antes. Se debe resolver el drama que significa la minería del oro y otras preciosidades, sea grande, mediana o pequeña, o esté manejada por privados, cooperativas o el propio Estado. Las respuestas deben ser radicales, en tanto el daño ambiental y los impactos sociales se siguen sumando, y son cada vez mas graves. Estos problemas ya no se pueden solucionar con nuevas tecnologías mineras, con responsabilidad social empresarial o algún nuevo tipo de política pública, ya que la explotación aurífera marcha a ritmo de vértigo. La reacción no puede esperar por años y años hasta que los patrones de consumo de los países industrializados y de los nuevos ricos en Asia, entiendan que poco sentido tiene la ostentación de joyas, y hagan caer la demanda global. Tampoco se puede seguir aguardando por un repentino arrepentimiento entre los que animan el mundo de las finanzas. En cambio, las soluciones deben ser construidas por los propios latinoamericanos, ya que ellos son los más interesados en defender su propia población y sus ambientes. Como consecuencia de todo esto, el mecanismo que se debe aplicar es evidente: América Latina la que debe declarar una moratoria de la minería de oro.


Esto implica tanto suspender nuevos emprendimientos mineros, como ir desmontando los actuales. Simultáneamente se debe contar con un marco regulatorio regional que impida el ingreso de oro nuevo desde la minería, con lo cual el sector informal rápidamente desaparecerá. En cambio, se debe permitir y alentar el comercio basado en el reuso y reciclaje del oro que ya fue extraído. A su vez, el Estado debe reorientar todos los recursos financieros, humanos y políticos, que ha usado hasta el día de hoy en sostener a la minería corporativa, para pasar a brindar apoyo y opciones productivas dignas a todas las familias rurales.


No hay que sentir temor ante la idea de una moratoria de la minería del oro. Es el paso necesario para enfrentar una situación que se ha vuelto tan dramática, que no se pueden aceptar postergaciones, si es que realmente se defiende la vida.

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Los ambientalistas ecuatorianos pierden la primera batalla para salvar el Yasuní

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha desechado la petición de consulta popular que hizo el colectivo Yasunidos. Este grupo aspiraba a que la ciudadanía se pronunciara en un referéndum sobre la explotación petrolera del bloque 43, asentado en el Parque Nacional Yasuní. El titular del CNE, Domingo Paredes, ha dicho este martes que solamente se validaron 359.761 firmas de las 757.923 que presentó el colectivo el pasado 12 de abril. Con ese resultado, los jóvenes ambientalistas no alcanzan el mínimo de 600.000 firmas (el 5% del padrón electoral) que se requiere para que se apruebe una consulta popular por iniciativa ciudadana.


El proceso de validación de las firmas tuvo dos fases. En la primera se revisaron los formularios y se descartaron más de 9.200 por errores en el formato o porque las hojas estaban manchadas o mutiladas. Las firmas que constaban en esos formularios también fueron excluidas y esto hizo los ambientalistas se alejaran del proceso.


En la segunda fase se verificó la identidad de cada una de las personas que habían dado su firma, para esto se usó la información del Registro Civil, del Padrón Electoral, la Cancillería y los bancos del Fomento y Pacífico, que pertenecen al Estado. El CNE informó de que en esta parte se detectaron números de identidad incompletos, registros repetidos o sin firma y hasta nombres ficticios como el de Bruce Wayne (Batman) o Darth Vader (Star Wars). Para el titular del CNE estas irregularidades prueban que hubo intención de engañar a la autoridad electoral. "Hay un evidente intento de sorprender al Consejo Nacional Electoral y a la ciudadanía, en detrimento de una consulta popular y en detrimento al sistema democrático", dijo.


El rechazo de parte de los Yasunidos no se hizo esperar. En redes sociales acusaron a la autoridad electoral de "fraude" y pidieron al CNE que publique los nombres de todas las personas que han sido dadas de baja. También se hicieron eco de un sondeo de Perfiles de Opinión que reveló que un 72,3% de la población estaba de acuerdo con que se convocara a una consulta popular para cambiar la decisión del presidente del presidente Rafael Correa de explotar el ITT.


Julio César Trujillo, abogado de los ambientalistas, dijo a EL PAÍS que todavía no ha recibido la notificación oficial del CNE y adelantó que los recursos legales que le quedan son acudir al Tribunal Contencioso Electoral y a la Corte Constitucional, aunque no cree que fallen a su favor. "Sabemos que son trámites inoficiosos porque no se aceptará nada. Hay una orden del presidente para que no proceda la consulta popular, pero tenemos que agotar todos los recursos internos antes de ir a los organismos internacionales", dijo.


Trujillo se refiere a las últimas declaraciones de Rafael Correa, sobre todo las que dio durante su gira por Europa, que ya dejaban ver que la consulta no tenía el beneplácito del jefe del Ejecutivo. "Yo no excluyo la consulta, pero el tema se politizó y no voy a caer en esta trampa.", dijo Correa en entrevista con EL PAÍS.


El CNE ha defendido la transparencia del proceso y el argumento que esgrime es la presencia de observadores internacionales de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore). En la revisión de firmas participaron 31 grafólogos, como José Antonio Pardo, grafotécnico delegado de Unasur. Este señaló que el organismo electoral ecuatoriano cumplió con los procedimientos establecidos en el Reglamento de Verificación de Firmas, emitido en agosto del 2013, antes de la entrega de formularios para la recolección de firmas de los proponentes. "Nosotros hemos observado que el CNE ha establecido todas las medidas técnicas y legales que estos procedimientos requieren", dijo.


El portavoz de comunicación del CNE, Mario Calvachi, añadió que la resolución del organismo se comunicará a los Yasunidos después de que el informe de verificación se apruebe en el pleno de la entidad. Además, adelantó que el otro grupo que estaba recogiendo firmas para plantear que se prohiba todo proyecto extractivista en Ecuador tampoco reunió las firmas necesarias para plantear una consulta popular. El Frente de Defensa Total de la Amazonía solo tuvo 200.000 firmas validadas.

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Tabla periódica cuenta con un nuevo elemento


Se ha confirmado el elemento de la tabla periódica número 117: ununseptio (Uus). Este elemento fue descubierto en 2010 físicos rusos y estadounidenses, en conjunto con el Instituto de Investigación Nuclear.


El ununseptio era el elemento químico con más protones que quedaba por confirmar, pero no es el más pesado de la tabla periódica, que es el Ununoctio, con 118 protones. El último elemento agregado a la tabla periódica oficialmente había sido el Flerovio (114) y Livermorio (116) en el 2011.


El nombre de este elemento va en relación a su número atómico en latín (uno uno siete). Es un elemento radiactivo y transactínido que no existe en la naturaleza: es de producción sintética y de carácter superpesado. Se cree que es sólido, aunque su clasificación auténtica aún se desconoce. Además, pertenece al grupo de los halógeno.


Al límite de las posibilidades

 

"Hacer este elemento está en el límite absoluto de lo que es posible en este momento", afirmó el profesor David Hinde, profesor de la Universidad Nacional de Australia. Explicó a su vez que los elementos de la Tabla Periódica más allá de número atómico 104 se conocen como elementos super pesados. Los científicos llaman la "isla de estabilidad", en donde los científicos esperan encontrar núcleos con muy larga vida media, y no inestables. "Aunque los elementos super pesados no se han encontrado en la naturaleza, se pueden producir mediante la aceleración de haces de núcleos", explica el profesor.


La confirmación del elemento se realizó por el equipo del Centro GSI Helmholtz, y apareció hoy en la revista científica Physical Review Letters. El experimento fue realizado por un equipo internacional de químicos y físicos dirigido por el Profesor Christoph Düllmann, que forma parte de la Universidad Johannes Gutenberg de Mainzy del Instituto Helmholtz de Mainz (HIM). El equipo estaba integrado por 72 científicos e ingenieros de 16 instituciones en Australia, Finlandia, Alemania, India, Japón, Noruega, Polonia, Suecia, Suiza, el Reino Unido y Estados Unidos.


(Tomado de Gadgetos)

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Sábado, 03 Mayo 2014 08:21

Yasunizar

Yasunizar

El pasado 11 de abril presidí en Quito (Ecuador) el Tribunal Ético sobre el Parque Nacional amazónico Yasuni. Se trató de una sesión especial del Tribunal Permanente de los Derechos de la Naturaleza, constituido en la tradición de los tribunales de opinión pública internacional de que los grandes inspiradores son el Tribunal (Bertrand) Russell y su sucesor, el Tribunal Permanente de los Pueblos. Estos tribunales fueron creados para denunciar ante la opinión pública mundial graves violaciones de los derechos humanos que los tribunales nacionales e internacionales se revelan incapaces de condenar.

 

Yasuni es considerada una de las regiones del planeta más ricas en biodiversidad y donde viven varios pueblos indígenas, algunos de ellos en aislamiento (no contacto) voluntario. A lo largo de la primera década del milenio, fue germinando en el movimiento ecologista ecuatoriano la idea de que debería ser prohibida la explotación de petróleo en el Yasuni. En 2007, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, asumió como suya esta propuesta y le añadió una condición que la transformaría en una de las formas más innovadoras de cooperación internacional: Ecuador se comprometía a no explotar el petróleo del Yasuni si la comunidad internacional resarciese al país la mitad de los beneficios resultantes de la explotación. Esta propuesta sorprendió al mundo por su carácter innovador: ante la creciente amenaza del calentamiento global, esta propuesta iba mucho más allá del Protocolo de Kioto y de los mercados de carbono, y apuntaba hacia un nuevo paradigma energético menos dependiente de los combustibles fósiles, los grandes responsables del efecto invernadero; por otro lado, la propuesta mostraba que la lucha contra el cambio climático es un problema nuevo que exige otro tipo de cooperación internacional, en la cual debe ser contabilizada la deuda ecológica de los países más desarrollados.


En agosto de 2013, Rafael Correa anunció la cancelación de la propuesta, invocando la falta de respuesta favorable de la comunidad internacional. La verdad es más compleja. A lo largo de varios años, el presidente actuó de manera incoherente y contradictoria, ora distanciándose de la propuesta ora revelando que ya estaba en marcha el llamado Plan B, o sea, la explotación de petróleo en el Yasuni. Con esto, la propuesta, en cuanto propuesta de Estado, fue perdiendo credibilidad, pero curiosamente continuó granjeándose la imaginación de los movimientos de la sociedad civil, no sólo en Ecuador sino también en otros países. Así se fue acuñando el término yasunizar para designar la lucha por la no explotación de petróleo en zonas sensibles, como las islas Lofoten en Noruega, San Andrés y Providencia en Colombia, Lanzarote en las Islas Canarias y Madidi en Bolivia.
Entre tanto, surgió en Ecuador un nuevo movimiento de jóvenes, autodenominados Yasunidos, que han promovido la recogida de firmas para una consulta popular sobre la explotación de petróleo en el Yasuni. Recabaron más de 270.000. Su verificación por parte del Consejo Nacional Electoral está siendo polémica por los estrictos criterios utilizados para validar esas firmas.


En este contexto se constituyó el Tribunal Ético sobre el Yasuni. Como es habitual en tribunales de este tipo, fueron invitados a declarar representantes del Gobierno que, como también es usual, declinaron participar. Después de las alegaciones iniciales del procurador, un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, declararon varios especialistas en biología, botánica, geología, ingeniería de petróleos, flora y fauna amazónica. Además, declararon dos mujeres indígenas, representantes de los pueblos contactados que viven en el Yasuni. Considerando la urgencia de iniciar una transición energética que permita superar la fase de los combustibles fósiles, cuyos límites biofísicos están a la vista; considerando que no existe ninguna tecnología que elimine los riesgos para las comunidades indígenas no contactadas o garantice que no se produzcan fugas y contaminación de aguas, el tribunal decidió proponer al Gobierno que no se explotase, iniciar una campaña internacional en defensa del Yasuni y crear un observatorio permanente con el objetivo de seguir el desarrollo del caso Yasuni.

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El crecimiento de Estados Unidos se estanca en el primer trimestre

Las fuertes nevadas y el intenso frío que azotó buena parte de Estados Unidos al arrancar el año restringió de forma brusca la actividad económica en el primer trimestre, hasta el punto de estancar la expansión de la primera potencia mundial. Su PIB creció entre enero y marzo a una tasa anualizada de apenas el 0,1%, el ritmo más bajo desde final de 2012. El dato constrasta con el del trimestre precedente, que fue del 2,6%, y se queda aún más lejos si se compara con el 4,1% del tercer trimestre de 2013. Pese a ello, la Reserva Federal sigue retirando el estímulo.


Es de las tasas de crecimiento más bajas que registra EE UU desde el final de la Gran Recesión, hace cinco años. El crudo invierno provocó que se frenara de golpe la actividad en el sector inmobiliario y que cayera un 2,1% la inversión empresarial. También cayeron un 7,6% las exportaciones y de nuevo se contrajo el gasto público. Lo único que pareció aguantar fue el consumo, que subió un 3%, solo tres décimas menos que en el cuarto trimestre, aunque lo apoyó el gasto en calefacción por el frío y en salud por la entrada en vigor de Obamacare.


Se trata la primera lectura del indicador, sujeto aún a dos revisiones que pueden hacerlo ir en cualquier sentido. El dato se conocía horas antes del que la Reserva Federal se pronunciara sobre su estrategia monetaria. El equipo que preside Janet Yellen ya contaba con esta moderación temporal, pero quizás no tan intensa. Wall Street tampoco esperaba un rendimiento tan decepcionante, al anticipar que hubiera bajado al 1,2%. La autoridad monetaria decidió en todo caso mantener el piloto automático y recortó otros 10.000 millones la compra de deuda.


Era también lo esperado. El banco central estaba adquiriendo deuda pública e hipotecaria a un ritmo de 55.000 millones de dólares mensuales. El primer recorte se decidió en diciembre. La nueva rebaja es la cuarta consecutiva y deja el programa al nivel con el que empezó la tercera ronda de estímulos en septiembre de 2012. Ahora comprará 20.000 millones en hipotecas y 25.000 millones en bonos. La idea es tenerlo desmantelado para el próximo otoño. El primer alza de tipos de interés no llegaría hasta mediados de 2015.La Fed señala en el comunicado que la actividad económica "repuntó recientemente" y que el mercado labora mejoró. La esperanza es que el crecimiento se acerque al 3% en el segundo trimestre. Yellen dijo hace dos semanas que ve posible que la economía de EE UU esté plenamente recuperada de la Gran Recesión para final de 2016, momento en el que espera se logre de nuevo el pleno empleo. Eso, añadió, es también un "recordatorio" del trabajo que queda por delante. El sector privado creó 220.000 empleos en abril. El indicador de paro se publica este viernes

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Fracking: emisión de metano mucho peor, según Proceedings of the National Academy of Sciences

Las rigurosas críticas contra el fracking no alcanzan en cantidad a sus publicistas lubricados por el lobby del gas shale y sus banqueros de Wall Street, pero sí los rebasan en calidad, como las publicaciones del más alto nivel científico, como Scientific American (11/4/14), Science y ahora Proceedings of the National Academy of Science (PNAS).


Más allá de la gradual desintoxicación de la opinión pública desinformada masivamente sobre el gas shale por sus grupos de interés petroleros/financieros de Wall Street, hasta la popular publicación USA Today (9/3/12) expone a contracorriente propagandística que el desregulado fracking está vinculado a los sismos en Ohio.


En la fase presente se puede concluir categóricamente que el tóxico fracking causa sismos, al contrario de las alucinaciones de la mendaz cuan anticiudadana Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) del México neoliberal itamita.


Lo único que está en tela de juicio es su magnitud cuando sus panegiristas invocan que sus sismos provocados no rebasan los 4 grados Richter, frente a sus feroces críticos que invocan su efecto mariposa y su acumulado efecto retardado. Son muchas las depredaciones que causa el fracking y hasta por beneficio de la disquisición podríamos incluso admitir que sólo provoca micro-sismos y no megasismos.

Pero lo innegable del tóxico fracking es su uso/abuso del agua en zonas de sequía (Texas y California), no se diga la contaminación de sus escasos mantos freáticos por las 100 misteriosas (¡supersic!) sustancias químicas que son inyectadas en forma simultánea.


Los hallazgos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de la ONU sobre la exacerbación del calentamiento global debido a la alta emisión de gases de efecto invernadero, primordialmente metano, parece ser motivo del mercadeo de sus proponentes, cuando el fracking ha sido prohibido en prácticamente toda la Unión Europea (UE).


El estudio del PNAS es transcendental, pues vuelve a poner en tela de juicio la emisión del metano, ya que en forma extraña el IPCC ha renegado de sus hallazgos previos y ha sufrido una reconversión ideológica, llegando hasta sentenciar insólitamente que el fracking "es una razón importante para la reducción (¡supersic!) de emisiones de gases invernadero en EU", dejando la puerta abierta para más estudios al respecto.


Pero ahora que ha surgido la virtual guerra del gas natural entre Rusia y la UE debido a la crisis ucrania, los fanáticos neoliberales de Bruselas, pese a todas las evidencias contrarias (Bajo la Lupa, 23/4/14), pretenden abrir las llagas cicatrizadas del gas shale que los propagandistas del lobby gasero/petrolero de Texas, al unísono de los financieros de Wall Street, exigen utilizar para paliar el chantaje ruso.


Más allá del debate sobre el fracking y sus efectos deletéreos en las fracturas tectónicas del planeta –amén de la sequía que provoca, contaminación de mantos freáticos, daño a la salud pública por las misteriosas 100 sustancias químicas inyectadas–, específicamente su elevada emisión del metano, mayor que el bióxido de carbono, es de nueva cuenta puesta en la picota nada menos que por la publicación oficial de la Academia Nacional de Ciencias de EU, PNAS, que ha tenido a varios premios Nobel de ciencias en su seno, con un gran impacto en los científicos tanto de EU como del mundo. El PNAS exhuma la toxicidad del fracking por su emisión subreportada de metano que exacerba el cambio climático mucho más que el bióxido de carbono.


El muy solvente portal The Christian Science Monitor divulga a un nivel más popular los hallazgos estrujantes del PNAS que explaya Nicholas Cunningham: "Las emisiones de metano por fracking pueden ser mucho mayores que las estimadas previamente". Los "resultados son perturbadores porque el gas shale ha sido publicitado por los supuestos beneficios (sic) de sus emisiones cuando se comparan al carbón". Ahora resulta que Belzebú es mejor que Nosferatu.


El estudio del PNAS, encabezado por científicos de Purdue y Cornell, sugiere que "las emisiones de metano de gas shale podrían ser mayores a lo previamente pensado", basado en la medición de emisiones fugitivas (sic) de metano en Pensilvania por una aeronave sobre los sitios de exploración mediante la colecta de muestras. Cunningham juzga que los hallazgos son perturbadores.


El problema con la medición del metano es dónde (centro o periferia de la perforación) y cuándo se mide (su fase de extracción). Cunningham juzga que "se necesitan más estudios, pero la evidencia (¡supersic!) sugiere que existe una posibilidad que el gas shale no es mejor para el clima que el carbón".


Otro problema es que este tipo de publicaciones del más alto rigor científico no sean conocidas por la opinión pública, lo cual radica en el secuestro y/o el dominio catastral de los interesados multimedia por las megatrasnacionales gaseras/petroleras vinculadas a Wall Street, como es el caso flagrante del mayor banco invisible de inversiones del mundo BlackRock que controla a las principales petroleras de EU, no se diga a sus gaseras y multimedia.


Y ahora nos vamos con el árbitro: la polémica Agencia de Protección (¡supersic!) al Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés), cuya supuesta neutralidad ha sido cuestionada cuando su reglamentación tendrá efecto en 2015 para "gobernar los nuevos sitios de fracking" y que obligará a los operarios a capturar el metano emitido.


Lo mejor que se puede decir de la parcialidad flagrante de la EPA, que ha beneficiado a las gaseras/petroleras texanas y a los inversionistas de Wall Street, es que sus supuestas regulaciones han sido muy laxas, por no decir inexistentes, y sólo sirven para engañar con el espejismo de la revolución energética estadunidense del siglo XXI.


Según Cunningham, el estudio del PNAS también sugiere que la EPA no posee siquiera los datos básicos para regular, por lo que se duda mucho que sus futuras reglamentaciones sean apropiadamente calibradas. ¡Uf!

Esta EPA se parece mucho a las vilipendiadas agencias bananeras, como el enterrado IFE, el sesgado Ifetel/Cofetel y la opaca Ifai del México neoliberal itamita.


Abandonando el bioético principio de precaución, lo peor es que el México neoliberal itamita, con la tercera mayor reserva de gas shale del mundo y sus marionetas adoctrinadas en la mendaz CNH, cada vez menos representativos de los ciudadanos, luego saldrán a rumiar los hallazgos sesgados de la EPA y se concretarán a obedecer las órdenes de la Seguridad Energética de Norteamérica en detrimento de la salud pública.


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El negocio de los desastres climáticos

Los desastres medioambientales son un buen negocio. Con el ingenio que lo caracteriza para la invención de nuevos instrumentos de rentabilidad, el mundo financiero ha creado un nicho para seguros contra desastres climáticos y naturales cada vez más popular entre países afectados por estos fenómenos.


Los bonos CAT (Catastrophe Bonds) son la estrella indudable de este firmamento que también tiene otros protagonistas como el derivado climático o la hipoteca medioambiental. Entre 2003 y 2013 se emitieron unos 40 mil millones de dólares de "bonos CAT" (CAT bonds), 10 veces más que hace una década.


El negocio parece redondo. Los Estados se protegen contra catástrofes que demandarían una inversión por fuera de sus posibilidades y los inversores cobran primas altísimas ante eventualidades que raramente ocurren. Según la revista británica The Economist, de las 200 obligaciones catástrofe emitidas desde los '90, sólo tres terminaron con una indemnización. El académico estadounidense Chris Williams, autor de Ecología y Socialismo, indicó a Carta Maior tres factores que están contribuyendo a este boom de los seguros contra desastres naturales.


"Por un lado, la financiarización de la economía mundial. Hace 30 años, las finanzas constituían un 7 por ciento de la economía. Hoy son el 25 por ciento. El capital busca cada vez más su rentabilidad no en el sector productivo sino en el financiero-especulativo. La catástrofe medioambiental le da una oportunidad perfecta por la creciente frecuencia de desastres naturales. Si uno añade a esto los problemas fiscales que están experimentando muchos países, el negocio está listo."


Williams pone el ejemplo del bono CAT emitido por el servicio de transporte de su propia ciudad, la Red de Transporte Público de Nueva York, el MTA, después del huracán Sandy de 2012. "Estamos viendo una gran transferencia de fondos públicos al sector privado, porque cuando uno mira la infrecuencia con que se pagan los bonos debido a las condiciones de pagos y las exclusiones, uno se da cuenta de que los inversores terminan ganando mucho dinero. Por otro lado, hay un fuerte riesgo financiero si llega efectivamente a repetirse el Sandy y tienen que pagar. ¿Tienen las aseguradoras y reaseguradoras realmente los miles de millones de dólares que tienen que desembolsar? Es una pregunta que nadie quiere hacerse porque muchas de esas compañías están tan apalancadas (se endeudaron tanto) que nadie sabe si tendrían el dinero."


A la carga


En febrero de este año, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (Unisdr) encabezó una misión ante el Congreso filipino para promocionar el Philippine Risk and Insurance Scheme for Municipalities, después de que el supertifón Haiyan dejara más de seis mil muertos y un millón y medio de viviendas destruidas o dañadas.


"Filipinas tiene unos 20 tifones por año. Lo que necesitamos es un esquema simple que pueda suministrar protección a las municipalidades antes de la próxima temporada", justificó Margareta Wahlström, directora de Unisdr.

 


Los daños materiales del tifón Haiyan rondan los 13 mil millones de dólares, suma astronómica para un país de las características de Filipinas. Si el impacto de los desastres naturales es un golpe para países ricos, puede resultar devastador para naciones en desarrollo o pobres como Haití. El menú de opciones de los Estados es reducido: la asistencia internacional, el endeudamiento y aumento impositivo (que toman tiempo) o los fondos que hayan previsto presupuestariamente para este propósito.

 


Estos fondos se programan para eventos de baja o mediana intensidad, pero no para grandes tragedias, ya que los Estados no pueden congelar enormes sumas que limitarían otras partidas presupuestarias (educación, salud, defensa) para hechos hipotéticos (terremoto, inundación, tsunami, etcétera). De ahí que con frecuencia resultan insuficientes. En 1996, México creó un fondo para desastres naturales llamado Fonden (Fondo de Desastres Naturales) que hizo agua en 2010 cuando el país tuvo que enfrentar desastres naturales en 18 de los 31 estados y en 850 de las 2500 municipalidades.


"En este sentido –le pregunta Carta Maior a Williams–, ¿no dan los seguros una solución? Es decir, ganan dinero, pero se exponen y, en caso de tragedia, ofrecen una salida a Estados con recursos que, por definición, son finitos."


"Ese es el argumento que usan –responde–. Pero la realidad es que este seguro termina desviando la inversión que necesitamos hacer para evitar que la catástrofe ocurra en primer lugar. El seguro instala la idea de que estamos protegidos y, por lo tanto, no hay que gastar en prevenir. Pero además, si seguimos con el ejemplo del MTA en Nueva York, una de las razones por las que ha habido tantos recortes presupuestarios en los últimos tiempos es porque están pagando deudas incurridas con el sector privado. De modo que el MTA está pagando esta deuda de sus propios ingresos de boletería, lo que lo limita para hacer las tareas de prevención que se requieren."


Según un reciente informe publicado por New England Journal of Medicine, el número de desastres naturales se triplicó entre 2000-2009 en comparación con la década 1980-1989. En las últimas dos décadas, unas 217 millones de personas han sido afectadas cada año por desastres naturales.


–En otras palabras –dice Carta Maior a Williams–, la tendencia es a un aumento de este tipo de eventos en un contexto económico internacional complicado. ¿No es inevitable que siga este boom de los bonos CAT y nuevas variantes para fenómenos medioambientales?
–Es la tendencia. Cuando se emitió el bono para el MTA hubo un exceso de interesados. Estamos hablando de un mercado que en los últimos tres o cuatro años se ha convertido en un negocio multibillonario. Esto se ve intensificado por los problemas fiscales. Pero más allá de este cuadro, el interrogante es cómo vamos a lidiar con estos fenómenos a mediano y largo plazo. Faltan soluciones sistémicas. Esto no es una mera cuestión tecnológica, ni se va a solucionar a través del mercado o por una mayor conciencia individual. Se necesita una alternativa al actual sistema de producción y distribución para lograr una solución duradera y sustentable.

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Rusia abre la llave del suministro de petróleo del Ártico

Rusia se convirtió hoy en el primer país en suministrar petróleo del Ártico, con el envío al continente de una partida de crudo extraído en la plataforma flotante Prirazlómnaya en el mar de Bárents, lo que provocó la indignación de Greenpeace.

"El proyecto influirá positivamente en el aumento de la presencia de Rusia en los mercados energéticos internacionales", afirmó el presidente ruso, Vladímir Putin, durante un puente televisivo con la plataforma ártica. Putin aseguró que el proyecto operado por Gazprom, consorcio que comercializa petróleo y gas, representa el comienzo de "la explotación a gran escala de los recursos naturales del Ártico por parte de Rusia".
Y destacó que, pese a las extremas condiciones climatológicas de la zona, dos rompehielos transportarán crudo al continente durante casi todo el año, lo que ha disparado todas las alertas de los ecologistas.


Greenpeace considera que la plataforma es una amenaza para la zona y ha pedido a la ONU que declare el Ártico santuario ecológico donde esté prohibido tanto la extracción de petróleo como la pesca intensiva, al igual que en la Antártida. "Este es un momento crucial para el Ártico y el mundo en general. Pese al tono festivo del presidente (ruso), el cargamento contiene petróleo de muy baja calidad y representa un gran riesgo para el prístino entorno del Ártico", aseguró hoy Kumi Naidoo, director ejecutivo de Greenpeace Internacional, en un comunicado.
Naidoo denunció que las compañías estatales rusas apuestan por que el Ártico provea una "nueva fuente de energía e ingresos durante las próximas décadas", planes que son secundados por otros consorcios internacionales como Shell, ExxonMobil y Statoil. "Greenpeace continuará oponiéndose junto a millones de sus partidarios a que cualquier petrolera intente perforar en el Océano Glacial Ártico", aseguró.


Naidoo subrayó que el rompehielos ruso Mijaíl Uliánov partió hoy con destino al continente con la primera partida de crudo de Prirazlómnaya con varias semanas de retraso sin motivo aparente. Y recalcó que la calidad del hidrocarburo era tan baja que Gazprom tuvo problemas para encontrar comprador y que el yacimiento tiene unas reservas mucho menores de lo anunciado, lo que no justificaría el riesgo que supone su explotación. El presidente de Gazprom, Alexéi Miller, se desplazó a la plataforma, que se encuentra a unos 60 kilómetros de la costa, para presidir el inicio de la comercialización del petróleo ártico.


Adelantándose a las críticas de los ecologistas, Miller aseguró hoy que Prirazlómnaya garantiza no sólo la explotación de petróleo en condiciones climatológicas extremas, sino también observa las medidas internacionales de seguridad más estrictas. "Aquí, en la plataforma, las exigencias ecológicas son ley. El proyecto descarta completamente la posibilidad de un vertido de crudo tanto durante la extracción como durante el transporte", dijo.


Miller explicó que Gazprom ha utilizado un sistema de "vertido cero", por lo que durante la perforación y producción en el mar no cae ni una gota de petróleo. Por su parte, el ministro de Energía ruso, Serguéi Donskói, secundó al jefe de Gazprom al indicar que, "dado que la extracción es mínima, los riesgos ecológicos del proyecto no son muy altos". "Con todo, el proyecto debe respetar todas las normas establecidas por la ley. Lo importante es que no surja ninguna duda, en particular en materia ecológica", subrayó.


La protesta con el Arctic Sunrise


En septiembre del pasado año el rompehielos de Greenpeace Arctic Sunrise intentó obstruir la explotación de Prirazlómnaya, a la que se intentaron encaramar varios activistas, acción que terminó con la detención de sus 30 tripulantes. Los activistas fueron juzgados, acusados primero de piratería y después de gamberrismo, lo que conlleva varios años de cárcel, y pasaron dos meses en prisión preventiva, en un proceso judicial que se convirtió en un incidente diplomático internacional.


Entonces, Putin describió como "nobles" los objetivos de Greenpeace, pero tachó de "incorrectos" sus métodos, y aseguró que nada ni nadie impedirá que Rusia explote los ingentes recursos naturales del Ártico. Al respecto, Donskói adelantó hoy que a finales de año su ministerio presentará una solicitud formal para ampliar la plataforma continental rusa en el Ártico con el fin de explotar una zona que tendría más de 5.000 millones de toneladas de combustible.


Gazprom, que ha invertido 90.000 millones de rublos (unos 2.500 millones de dólares) en el yacimiento, tiene previsto extraer 300.000 toneladas de petróleo este año y alcanzar los 6 millones de toneladas a partir de 2020. El yacimiento Prirazlómnoye fue descubierto en tiempos soviéticos (1989) y tiene unas reservas estimadas en 71,9 millones de toneladas de crudo.

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Venezuela: El "socialismo" petrolero en su laberinto

Crisis económica, desabastecimiento y polarización, dibujan un escenario en el que está en juego la continuidad del proceso bolivariano, pero también la soberanía de un país que se atrevió a desafiar la dependencia de una superpotencia que considera el Caribe como "un mar cerrado".

 

Llenar un tanque de 70 litros de gasolina vale la mitad del precio de una botella de medio litro de agua mineral. Lo mismo que un cigarrillo detallado (suelto), cinco bolos (bolívares fuertes). La última semana de marzo el dólar paralelo estaba a 52 bolívares, nueve veces más que el oficial que había alcanzado semanas atrás la astronómica cifra de cien bolívares.


Esta distorsión de los precios es el emergente de una economía deformada, que ya no funciona como una economía capitalista tradicional (dominada por los monopolios privados) y parece encontrarse a medio camino de la economía llamada socialista (monopolio estatal), con las tensiones y contradicciones que supone semejante tránsito. En suma, la economía es escenario de una aguda lucha de clases, en el sentido más tradicional del concepto.


Una de las distorsiones evidentes puede palparse recorriendo los diversos barrios de una ciudad de millón y medio de habitantes, como Barquisimeto, capital del estado occidental de Lara: en los barrios populares se aprecian colas frente a tiendas y supermercados, de diferente extensión pero casi diarias; en los barrios de clases medias altas como Fundalara, no se ven colas y los comercios parecen bien abastecidos. Las familias salen de los comercios con pequeñas bolsas de alimentos, mientras en los barrios populares las amas de casa acarrean grandes bultos para aprovisionar sus familias numerosas.


La principal diferencia es que en los barrios altos pueden verse, con la misma cotidianeidad que se observan colas en los populares, manifestaciones de estudiantes que portan banderas venezolanas en lo alto, sin que nadie los moleste y aplaudiendo algún que otro bocinazo de apoyo. La última semana de marzo la impresión es que tanto las colas como las protestas tendían a disminuir.

 

Empate catastrófico


La imagen de una sociedad dividida en partes casi iguales, y además polarizada, parece la más cercana a la realidad. Las elecciones presidenciales que llevaron a Nicolás Maduro a la presidencia, casi un año atrás, reflejaron ambos hechos al marcar una diferencia del 1,5 % entre el actual presidente y el aspirante opositor Henrique Capriles.


La división tiene, además, una lectura territorial necesaria que puede contribuir a explicar la situación actual. En los estados de Zulia, Táchira y Mérida, entre otros, ganó la oposición. Se trata de la región que limita con Colombia donde las protestas alcanzaron durante el mes de febrero una situación de "zona liberada", como en la capital de Táchira, San Cristóbal, cuya universidad pública fue incendiada por los manifestantes con, por lo menos, la complicidad de las autoridades municipal y estatal vinculadas a la oposición.


Desde el oficialismo se denuncia la participación de paramilitares colombianos afines al ex presidente Álvaro Uribe en las protestas y, de modo particular, en las amenazas selectivas a militantes chavistas. La oposición, a su vez, denuncia malos tratos y torturas a los detenidos. Ambos hechos parecen plausibles, aunque no existen pruebas contundentes que los avalen.


Dos hechos parecen evidentes. Que la represión estatal provocó la muerte de varios manifestantes, y que tanto la oposición como los grupos chavistas utilizan armas de fuego. El periodista Aram Aharoninan, ex director de Telesur, asegura que de los 40 muertos entre el 12 de febrero y fines de marzo, 22 fueron "asesinatos selectivos de líderes de base bolivarianos, realizados por mercenarios paramilitares colombianos aliados de las fuerzas de la burguesía venezolana" (Rebelion, 1 de abril de 2014).


La Fiscalía General de la República difundió datos, cuando la cifra de muertos era de 31, de que entre los 461 heridos en las manifestaciones había 143 policías. Varios uniformados fueron muertos. De casi dos mil detenidos, sólo 168 permanecen tras las rejas.


Durante el mes de febrero, Venezuela fue escenario de una doble escalada y de un amago de negociación: la escalada de la derecha más ultra, liderada por el detenido Leopoldo López y la diputada Corina Machado pero no acompañada por la Mesa de Unidad Democrática (MUD) encabezada por Capriles quien en plena crisis afirmó que "el único camino es la vía electoral".


La ofensiva de la derecha ultra conoció un viraje cuando irrumpieron las fuerzas chavistas, en particular los motorizados, miles de militantes en motos que son una de las más activas fuerzas organizadas del oficialismo. Contra ellos, la oposición cruzó cables en las calles a la altura de la cabeza.


Incluso el presidente Maduro apoyó públicamente la aparición de los motorizados denunciado que cinco de ellos fueron muertos por francotiradores. "Este golpe de Estado continuado que ya está derrotado, pero que sigue haciéndole daño al pueblo, ha permitido que los motorizados irrumpan como un actor para el bien de la patria. Ahora ustedes son visibles, ya no serán más estigmatizados. Los motorizados actuarán haciendo la paz y en este momento están derrotando un golpe de Estado" (El Nacional, 13 de marzo de 2014).

 

La mala economía


En la comunidad Abya Yala, en las afueras de Barinas, tierras tan secas como fértiles que esperan ansiosas el comienzo de la temporada de lluvias, Ignacio y Edis detallan cómo trabajan la producción de alimentos sin agrotóxicos en base al control biológico de las plagas. Producen hortalizas y frutas, cerdos y aves, que llevan al mercado de la Cooperativa de Autogestión Comunitaria integrada en una de las mayores redes cooperativas de abastecimiento, Cecosesola.


Ignacio, veterinario y productor uruguayo que lleva ocho años en Venezuela, es miembro de una cooperativa cercana que se destaca por una fuerte producción de yuca orgánica. Vive en una cooperativa de reforma agraria, también en las cercanías del capital del estado. Alucina con la tierra porque aquí se pueden cultivar los doce meses del año, mientras en Uruguay sólo es posible hacerlo durante cinco meses. Aunque sigue apoyando el proceso, sostiene que "la inmensa mayoría de los beneficiarios de la reforma agraria no trabajan la tierra y la abandonan".


Sabe de lo que habla. Y tiene perfecta conciencia que está tocando un punto neurálgico de la economía bolivariana. Su relato a escala micro se ve reforzado por los datos macro: 56,2 por ciento de inflación en 2013, déficit fiscal cercano al 15 por ciento, caída de las reservas internacionales, importante escasez de alimentos.


Lo más grave es que las cosas vienen empeorando. Hasta mediados de 2013 no faltaban alimentos ni había colas. La inflación venía cayendo hasta 2008, para remontar hacia 2011. Datos a los que debe sumarse una aguda evasión de divisas y que en su conjunto reflejan un problema estructural que los sucesivos gobiernos no han resuelto y que eclosiona con la muerte de Chávez.


El periodista Modesto Emilio Guerrero, venezolano radicado en Argentina, quien apoya el proceso bolivariano, se pregunta cómo es posible que haya desabastecimiento cuando el gobierno controla el 36 por ciento del sistema de distribución de alimentos.


Señala que las 240 empresas creadas, y otras muchas nacionalizadas y estatizadas, no están consiguiendo un aumento de la producción. "Hay dos pbi en Venezuela, el petrolero y el no petrolero. El petrolera está intacto, no hay problemas. El pbi no petrolero es el que está liquidado, el privado y el estatal" (Notas, 21 de marzo de 2014).


Es cierto que el desabastecimiento se explica, en cierta medida, por el contrabando de productos con precios regulados hacia Colombia. Pero hay mucho más. El sector privado no crece porque la burguesía no está invirtiendo. Pero Venezuela cuenta con dos enormes plantas de aluminio que no son competitivas y la planta de acero que fue propiedad de Techint y cuya calidad productiva cayó luego que la empresa fue nacionalizada en mayo de 2009. "¿Le vas a echar la culpa al imperialismo?", dice Guerrero en alusión a quienes sólo esgrimen ese argumento para eludir responsabilidades.


Su explicación va por el lado de la cultura política. Quien fue representante de la Unión Nacional de Trabajadores, creada por los seguidores de Chávez en 2003, señala que la ineficiencia de estas grandes empresas se debe a "la burocracia sindical, que efectivamente protege un tipo de industria para pagar salarios del Estado. El Estado paga salarios para que no haya crisis social".


Explica que en Techint la producción era superior cuando era propiedad de la multinacional. Las empresas estatizadas repiten la historia del socialismo real, que hace que donde se producen transformaciones radicales "brota del propio organismo revolucionario, social, un cuerpo venenoso, gangrenoso, que es la llamada burocracia", que en Venezuela se hizo burguesa y corrupta.

 

Sembrar petróleo


Arturo Uslar Pietri, uno de los más destacados intelectuales latinoamericanos, publicó en fecha tan temprana como 1936 un artículo periodístico que hizo historia, titulado "Sembrar el petróleo". Señalaba dos hechos: que la industria petrolera tendría un carácter efímero y además destructivo. En el primer aspecto parece haber errado, en el segundo acertó como pocos.


Ciertamente, la explotación del petróleo se extiende por más de un siglo y Venezuela ha superado a Arabia Saudí como la mayor reserva de hidrocarburos del mundo. Hay petróleo para rato. Pero además consideró que la economía extractiva destruye un país. "La economía destructiva es aquella que sacrifica el futuro al presente", porque su productividad "depende por entero de factores y voluntades ajenos a la economía nacional".


Sostuvo que la explotación de las riquezas del subsuelo podrían "llegar a hacer de Venezuela un país improductivo y ocioso, un inmenso parásito del petróleo, nadando en una abundancia momentánea y corruptora y abocado a una catástrofe inminente e inevitable". La única forma de evitar esa deriva catastrófica sería promover la agricultura y la industria, o sea el trabajo productivo. El petróleo es una mina, y las minas no se producen, se explotan; son riqueza, no economía. En la misma sintonía que Juan Pablo Pérez Alfonzo, ministro de Rómulo Bentancourt, quien definió al petróleo como "excremento del diablo".


Uslar Pietri escribió que "la única política económica sabia y salvadora que debemos practicar, es la de transformar la renta minera en crédito agrícola, estimular la agricultura científica y moderna, importar sementales y pastos, repoblar los bosques, construir todas las represas y canalizaciones necesarias para regularizar la irrigación y el defectuoso régimen de las aguas, mecanizar e industrializar el campo, crear cooperativas para ciertos cultivos y pequeños propietarios para otros".


Asombroso porque anticipó en setenta años la propuesta de Chávez, con quien simpatizó en sus primeros años. No contó, empero, con la nueva burguesía nacida del corazón del proceso, la llamada boliburguesía.


Las cosas en realidad se agravaron. En 2013 el petróleo representó el 96 por ciento del valor de las exportaciones. Un miembro del gabinete confiesa, en una cena privada, que los intentos por crear una industria textil bolivariana mediante la donación de miles de telares y máquinas a familias que se comprometieron en la producción, tuvo un efecto tan contrario como inesperado: hoy trabajan como maquilas para las multinacionales. Millones de bolívares echados al cesto. O peor, entregados involuntariamente al "enemigo".


Hablemos de socialismo


La debacle económica no lo explica todo. Pero sobre ella muerden la oposición y la Casa Blanca, que no deja de recordar el aserto del teórico geopolítico con mayor influencia sobre la política exterior de Estados Unidos, Nicholas Spykman, recordado oportunamente por el profesor brasileño José Luis Fiori. Los países caribeños, incluyendo claro a Colombia y Venezuela, son parte de una región "donde la hegemonía de Estados Unidos no puede ser cuestionada" (Valor, 29 de enero de 2014).


Spykman consideró que la geografía es el factor fundamental de la política exterior porque es el más permanente, y se esmeró en dividir el planeta en zonas donde la superpotencia debería desarrollar acciones diferenciadas. Sobre el Caribe, dijo: "Para todos los efectos se trata de un mar cerrado cuyas llaves pertenecen a los Estados Unidos, lo que significa que quedarán siempre en una posición de absoluta dependencia de los Estados Unidos". Eso explica no sólo la actitud de la Casa Blanco hacia Cuba, sino incluso la imponente reacción militar cuando el terremoto en Haití que llevó a una masiva intervención en la isla.


Así las cosas, es posible que el apoyo del gobierno estadounidense a la rebelión de la derecha ultra esté más relacionado con el viraje de Venezuela hacia Rusia y China que ante un inexistente proceso hacia el socialismo. Vale aclarar que en Venezuela nunca hubo una revolución, en el sentido clásico y habitual del término, sino una ocupación progresiva y pacífica del Estado "realmente existente". O sea, un proceso reformista, también en el sentido clásico.


El socialismo, siguiendo a sus fundadores, debe asentarse en el trabajo y la producción, no en el reparto de la renta extractiva, aunque éste haya conseguido disminuir la pobreza, mejorar la vida de los sectores populares y abrirles nuevas perspectivas vitales. En ese sentido, la famosa "expropiación de los expropiadores" no es sino la restitución de medios sustraídos a los productores que no puede ser repetida hasta el infinito. Sembrar el petróleo es tanto como sembrar la corrupción. El socialismo no puede ser sembrado, sino laboriosamente construido durante largo tiempo. En este punto, no hay atajos.


Venezuela vive un "empate catastrófico", término usado por el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, para describir una situación en la que ninguno de los contendientes logra imponerse. Por eso, el camino más probable es un pacto que evite que el país pueda enrumbarse hacia una guerra interna similar a la de Siria, o a una situación de desgobierno como en Libia luego de la caída de Muamar el Gadafi.


La participación de los más importantes empresarios en la reunión con el gobierno el 27 de febrero, la Conferencia Nacional de Paz, puede considerarse un primer paso en esa dirección.


Aunque no participaron miembros destacados del MUD, la presencia del presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, y el presidente de Empresas de Alimentos Polar, Lorenzo Mendoza, dice que la burguesía tradicional venezolana está optando por un camino propio y que no parece doblarse ante los dictados de los ultras ni de Washington.


El Pacto de Puntofijo es el antecedente obligado. Caída la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y para garantizar una mínima estabilidad democrática, los dirigentes de la socialdemócrata Acción Democrática, los socialcristianos de Copei y la centroizquierda Unión Republicana Democrática, firmaron un acuerdo el 31 de octubre de 1958 que garantizó la gobernabilidad durante medio siglo.


Los partidos se comprometieron a respetar el resultado de las elecciones, gobernar en conjunto sobre la base de un programa mínimo común y a integrar el gabinete con miembros de los dos partidos (urd se retiro del pacto en 1962). La cuestión central era garantizar la democracia frente a los alzamientos militares.


Ahora las cosas son más complejas. Un acuerdo entre la oposición y el gobierno con apoyo de los empresarios, debe neutralizar a la derecha ultra pero también a las bases chavistas, "los colectivos" de las comunas, los motoristas y todos los sectores organizados que han surgido desde el golpe de 2002.


Podar estos sectores del procesobolivariano, rechazados tanto por la burguesía tradicional como por la boliburguesía incrustada en el gabinete, sería tanto como poner fin al proceso de cambios para garantizarle a la burguesía emergente la continuidad de sus privilegios. Pero a la vista de lo sucedido en Ucrania, donde los de afuera se montaron en las manifestaciones, semejante pacto puede allanar el camino de la intervención estadounidense.


Por Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe el Informe Zibechi cada mes para el Programa de las Américas (www.cipamericas.org/es).

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