Jueves, 20 Septiembre 2012 06:29

Exxon, codicia e imperio

Exxon, codicia e imperio
Ante el Consejo de Relaciones Exteriores, el cabildo de cabildos” del alto capital (financiarizado), vinculado a los Rockefeller y a la planeación bélico-imperial, Rex Tillerson, director ejecutivo de Exxon/Mobil, con la mira en el petróleo y gas de esquisto (shale), habló de “la vasta riqueza” mexicana y se pronunció por “reformas” que les permita tajada en la renta petrolera, reservada a la nación por la Constitución. Financial Times, por su lado, recordó que Peña Nieto (EPN) calificó de “ideologías caducas” todo freno a esa codicia. Con una legitimidad tan cuestionada ¿mentirá al jurar “respetar y defender” una Carta Magna cuyo artículo 27 constitucionalizó el derecho del pueblo a desarrollar y disfrutar sus recursos naturales, una piedra en el zapato imperial desde 1917, combatido desde entonces y formalmente rechazado por Estados Unidos ante la UNCTAD en los años 1960?


Hay gran prisa de Exxon, Chevron et al, por asumir el control y usufructo de los hidrocarburos, desde el megayacimiento de Vaca Muerta en Neuquén, al sur de Argentina (tercera reserva mundial de gas y petróleo shale, después de Estados Unidos y China) a las ricas formaciones geológicas en el norte de México. Así se deja ver en el mandato de la Casa Rosada de proceder a toda costa en Neuquén –con Chevron– y en la orden de EPN a la diputación del PRI para que den prioridad a “reformas” que “abran” el gas de esquisto a la IP, nacional y/o extranjera. La Agencia Internacional de Energía, que “lleva de la mano” a Pemex según intereses y planificación de las petroleras de Estados Unidos, espera (su economista Fatih Biro dixit) que México produzca 40 billones de metros cúbicos de gas para 2035. Se usaría el fracking, es decir, perforación horizontal y alta presión hidráulica sobre la roca porosa, con enorme cantidad de agua, arenas y compuestos químicos tóxicos, metales pesados, sustancias radiactivas, pólvora, etcétera.


Hasta hace poco Exxon negaba la existencia del calentamiento global. Con Tillerson, más sensato que su antecesor ante la evidencia científica de lo antropogénico del fenómeno, la firma reconoció lo insostenible de esa postura. Ahora propone que para seguir con el negocio –y la emisión de gases con efecto invernadero (GEI), se use “geo-ingeniería” para “mitigar” una irreversible y catastrófica dislocación del termostato global. Además, sin sustento científico, el cabildo petrolero y la Casa Blanca consideran al gas de esquisto una panacea para la transición energética, aunque el fracking se asocie a fugas de metano, un GEI mucho más potente que el CO2. ¿Es por eso que la Cámara de Comercio de Esados Unidos recomienda “adaptarse a un clima más cálido”(sic)?


El apremio de las petroleras en Argentina y en México por explotar gas y petróleo de esquisto es por lo fabuloso del negocio, en medio del pico petrolero. La ofensiva de Exxon/Móbil, Conoco/Phillips, Chevron/Texaco, etcétera, en pos de los recursos de “las Américas”, incluidas las arenas bituminosas de Canadá y yacimientos en aguas profundas de Brasil, fue anunciada por el New York Times (20/9/11) que calificó de “nueva Arabia Saudita” a esa vasta región. Un estudio de Citigroup de 2012 informa a sus inversionistas/especuladores que Arabia Saudita, la principal reserva y exportadora de crudo del mundo !pasará a la categoría de importadora neta en 2030! Con una producción de 11 millones de barriles diarios (mbd) hoy exporta 7 millones de barriles diarios y consume todo el gas que produce. Su capacidad ociosa, como la de otros productores del golfo Pérsico, es incierta. Se aumenta la probabilidad de un mega shock petrolero, por lo que, como dicen en Goldman Sachs, señores: ¡hagan sus apuestas!


Mientras el 1 por ciento juega con el clima, se mantienen asimetrías en las emisiones de CO2. En 2010 los 6 mil 980 millones de humanos emitían 4.74 toneladas de CO2 per cápita (t/CO2/capita). Las cifras para “las Américas” son reveladoras: Estados Unidos derrocha 19.65 (id); Canadá 17.55 frente a México con 3.98 y Brasil, 2.43. Aunque es posible un buen nivel de vida con menos despilfarro (Francia, 6.20; Alemania, 10.13; Japón 10.24), para seguir con el “festín fósil”, se explotan las rocas de esquisto y Estados Unidos implanta (México, Colombia) o impulsa (Argentina, Brasil, etcétera) diseños militares de “guerra irregular” para el control de la población ante un esquema extractivista incapaz de generar empleo y bienestar.


Para “sacar el jugo de las rocas” de mil pozos a ser “fracturados” en Vaca Muerta en 2013, dice Diego Urretabizkaya, se utilizarían 30 mil millones de litros de agua y 424 millones de kilos de químicos tóxicos, que “ponen en riesgo a la población neuquina” (Argenpress 5/9/12). Según la AIE en el norte de México se perforarían 60 mil pozos en pocas décadas. Aunque son formaciones geológicas distintas, es posible estimar las astronómicas cifras de millones de metros cúbicos de roca quebrada y de miles de millones de litros de agua y de kilos de tóxicos: enfrentamos gran destrucción humana y la demolición de la vasta franja norte del suelo patrio.


jsaxef.blogspot.com

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Sábado, 08 Septiembre 2012 07:01

Sicco Mansholt y el decrecimiento económico

Sicco Mansholt y el decrecimiento económico
Los economistas ecológicos afirmamos que la economía de los países ricos debería ir hacia un estado estacionario, en expresión de Herman Daly. Eso debería lograrse tras un cierto decrecimiento”, observó Nicholas Georgescu-Roegen ya en 1979.


Esa economía sin crecimiento, ¿sería todavía una economía capitalista? ¿Qué pasa con las ganancias capitalistas y con la acumulación de capital si la economía no crece? La cuestión no es nueva, fue abiertamente debatida en París en 1972 por un presidente de la Comisión Europea, el socialdemócrata holandés Sicco Mansholt, contrario al crecimiento económico tras haber leído el informe de los Meadows del MIT y por su experiencia de varios años como rector de la política agraria europea. El debate, organizado por Le Nouvel Observateur (n. 397, 1972), atrajo a tres mil personas. Tuvo otros protagonistas brillantes: Herbert Marcuse y Edgar Morin (un viejo y un joven filósofo), el sindicalista Edmond Maire, el ambientalista Edward Goldsmith –que había publicado Blueprint for Survival en 1971– y los escritores Philippe Saint Marc y André Gorz. No se habló todavía de cambio climático, pero sí de escasez de recursos, aumento de la población, los absurdos de la contabilidad macroeconómica del PIB, la felicidad, el capitalismo, el socialismo, el militarismo, la tecnología y la complejidad. André Gorz introdujo en este debate la palabra décroissance y afirmó que el capitalismo tal vez pudiera sobrevivir a ese decrecimiento y a un estado estacionario porque la tecnología y el comercio que ahora llamamos “verdes”, podrían ser un nuevo sector de negocios donde invertir capitales y obtener ganancias. Pero no estaba seguro.


Fue notable la intervención de Sicco Mansholt en ese debate de 1972. El había anunciado que prefería el BNB (Bonheur national brut, la felicidad nacional bruta) al producto nacional bruto, siendo criticado tanto por el presidente Georges Pompidou como por Georges Marchais del Partido Comunista francés. Sicco Mansholt, que tenía 63 años, había iniciado el debate europeo con una carta al presidente de la Comisión Europea, Franco Malfatti, en febrero de 1972, tras leer el informe de los Meadows (antes de ser entregado al Club de Roma). La carta a Malfatti está escrita en un contexto de “estanflación” (estancamiento económico combinado con inflación) causado por un descenso de ganancias empresariales por la fuerza de los sindicatos en una época de pleno empleo, año y medio antes de la gran subida del precio del petróleo, en 1973, que desencadenó otro tipo de “estanflación”. Además, la carta fue escrita poco antes de la primera gran conferencia ambiental de Naciones Unidas, en Estocolmo.


Al decantarse por un “crecimiento por debajo de cero”, Mansholt no quería simplemente debatir sino promover políticas públicas europeas dirigidas hacia la conservación y el reciclaje. Le parecía apropiado “que la Comisión se proponga crear un Plan Económico Europeo central. Al hacer esto, nos alejaremos del objetivo de obtener el producto nacional bruto máximo (…)”.


Tuvo propuestas dirigidas contra las ganancias capitalistas, al suprimir la amortización acelerada de bienes de capital que se deduce de los impuestos (y que infla las ganancias) y al protestar contra la obsolescencia de los bienes de consumo duradero. Propuso introducir la certificación de productos reciclables que tendrían desgravaciones fiscales. Un arancel europeo a las importaciones protegería esos productos reciclables certificados, pues en caso contrario la competencia internacional impediría esa producción menos dañina. Era partidario de prohibir la producción de muchos productos no esenciales.


Otros temas como la crítica contra la modernidad de la ciencia cartesiana, la complejidad que produce incertidumbres y que impide usar ingenuamente la noción de “equilibrio ecológico”, fueron discutidos por André Gorz y Edgar Morin en ese debate de Le Nouvel Observateur de 1972. Sicco Mansholt coincidía con otros protagonistas del debate en que el ecologismo no era un lujo de los ricos sino una necesidad de todos, y que los más perjudicados por el urbanismo inhumano de las banlieues eran los pobres. Pero los problemas no eran solamente para los humanos. Mansholt dijo: “estamos aquí para hablar del destino de la raza humana, pero conviene no olvidar los animales ni los vegetales, elementos indispensable del complejo ecológico. La raza humana no debe solamente preocuparse egoístamente de su propia supervivencia”. Eso se acerca al concepto de Derechos de la Naturaleza del artículo 71 de la Constitución de Ecuador de 2008.


Cuarenta años después, falta en la Comisión Europea y en la Socialdemocracia políticos tan atrevidos como lo fue Sicco Mansholt. En Bruselas se critica el PIB, pero predomina todavía la visión de que es posible recuperar el crecimiento económico y lograr la sustentabilidad ambiental gracias al aumento de la eficiencia técnica.

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Lunes, 27 Agosto 2012 06:30

Los seres humanos vivimos a crédito

Desde el pasado 22 de agosto, la Humanidad vive a crédito. En los primeros ocho meses del año, los seres humanos agotaron la totalidad de los recursos que la Tierra es capaz de producir a lo largo del año. El 22 de agosto se alcanzó lo que la ONG Global Footprint Network (GFN) llama el Global Overshoot Day, es decir, “el día del exceso”. Desde 2003, esta ONG mide todos los años la huella ecológica del planeta, el cúmulo de recursos y la forma en que los consumimos. En cada informe constata cómo los recursos se agotan con mayor rapidez. La capacidad de regeneración anual del planeta es limitada. Frente a esto, la capacidad de consumo del ser humano parece ilimitada y el planeta no da abasto para cumplir con las exigencias que la Humanidad le impone. Desde la década del ’70, los seres humanos viven muy por encima de sus medios. El informe de GFN muestra una aceleración constante del agotamiento de los recursos. En 2012, el Global Overshoot Day se alcanzó 36 días antes que en 2011. La curva hacia abajo es constante. Los cálculos de esta ONG se basan en datos científicos que se articulan en torno de una medida, el hag, la hectárea global mediante la cual se compara la biocapacidad del planeta con el consumo de cada país. El resultado de los estudios es catastrófico: para mantener el nivel de vida actual haría falta medio planeta suplementario.


Los cuatro meses que quedan se vivirán entonces a crédito. Los recursos que se utilizarán de aquí a fines de año corresponden a stocks que no se renuevan. “La hora del balance ha llegado”, dice Global Footprint Network en su informe. Este año, la ONG amplió sus cálculos hacia los últimos 50 años. Entre los años ’60 y ahora, los recursos planetarios se dividieron por dos, mientras que las necesidades se incrementaron a niveles extraordinarios, al punto de que se consume un 50 por ciento de lo que la Tierra es capaz de producir. La presión que ejercen los siete mil millones de seres humanos no se ha vuelto desproporcionada. Los principales responsables del déficit son las emanaciones de dióxido de carbono y la explotación de los recursos naturales. “El cambio climático como consecuencia de los gases de efecto invernadero que se emiten más rápido de lo que pueden ser absorbidos por bosques y océanos es la consecuencia más tangible y urgente”, anota la ONG. Pero no es todo. A ello se le agregan “el estrechamiento de los bosques, la pérdida de las especies, el colapso de la pesca, el aumento de los precios de los productos básicos y los disturbios civiles”. El cuadro termina con una conclusión: “Las crisis ambientales y financieras que estamos experimentando son los síntomas de una inminente catástrofe. La Humanidad está simplemente usando más de lo que el planeta puede proveer”.


No todos los países tienen la misma responsabilidad en el desastre. Según Global Footprint Network, Estados Unidos y Brasil alcanzaron antes que nadie el día del exceso, el 26 de marzo y el 6 de julio, respectivamente. Si todo el planeta necesitara los recursos que consumen Estados Unidos y Brasil harían falta 4,16 y 1,9 planetas para satisfacer la demanda. La exigencia sube a más de seis planetas si viviésemos como Qatar. En cambio, si todos los seres humanos vivieran como la India, nos bastaría con el 49 por ciento de los recursos naturales del planeta. En 2008, la huella ecológica de la Humanidad correspondía a 2,7 hag por habitante para una capacidad real de 1,8 hag. De los 149 países estudiados, 60 son responsables de la deuda ecológica. Occidente tiene una influencia decisiva en el deterioro planetario. En un país como Francia las necesidades sobrepasan el 70 por ciento de los recursos presentes. La Argentina tiene una biocapacidad de 8 hag y su huella ecológica llega a 2,8 hag. En los años ’60, la Argentina contaba con casi 14 hag y con una huella ecológica de 4. El informe 2012 revela que entre 1970 y 2008, la biodiversidad planetaria cayó en un 30 por ciento. Según GFN, cada año desaparecen 0,01 por ciento de las especies. El fundador de la ONG, Mathis Wackernagel, recuerda que “el déficit ecológico se agranda de manera exponencial desde hace 50 años”. Por paradójico que resulte, hay una solución que no es un milagro, sino el mismo desastre. El responsable de la ONG resalta que, “a largo plazo, la recuperación sólo podrá tener éxito si está acompañada de reducciones sistemáticas de nuestra demanda de recursos y servicios a los ecosistemas”. Si eso no ocurre, el desastre se encargará de hacerlo. Mathis Wackernagel estima que la tendencia hacia el megaconsumo de los recursos “cambiará un día de dirección. Sea por el impulso de decisiones, sea por el desastre”. La cuestión del uso excesivo de los recursos tiene además impactos económicos potentes. Global Footprint Network recuerda que “dado que el déficit de recursos se hace más grande y que los precios de esos recursos son altos, el costo para las naciones será insoportable”. Buena parte de la Humanidad vive a crédito financiero. Entramos en otra etapa: el crédito ecológico.

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Miércoles, 22 Agosto 2012 09:52

Cambio climático*

Cambio climático*
Epigramas. Aplicaciones de polvos paramagnéticos de rocas y materiales orgánicos mejoran el suelo, aumentan las cosechas, capturan carbono y mejoran el ciclo de nutrientes.

Scotish SEER Research Project. Cameron and Maira Thompson, 2012.

Introducción. Tratamientos que ha estado trabajando el SEER:

–Suelo testigo
–Suelo con composto
–Suelo con estiércol vacuno
–Suelo con fertilizantes N-P-K
–Suelo + polvo de roca paramagnética
–Suelo + composto + polvo de roca paramagnética
–Suelo + estiércol + polvo de roca paramagnética
–Suelo + NPK + polvo de roca paramagnética.

El doctor Donald Supkow, 1995, afirma que, cuando el polvo de roca se aplica a la tierra, el calcio y el magnesio reaccionan con el CO2, fijándose como carbonatos. Recomienda aplicar de 2 a 6 toneladas de polvo por hectárea-año para mantener estable el CO2 de la atmósfera. Finura del polvo: malla 300.

Para reducir el efecto de invernadero, se han estado considerando medidas como las siguientes:

–Reducir las emisiones de CO2.
–Secuestrar carbono en los océanos, fomentando algas.
–Recobrar carbono mecánicamente (propuesta del profesor Wally Broker, Ohio University).
–Secuestrar carbón en vegetación y suelos.

El SEER, tras 20 años de experimentos, habla de aplicar dos toneladas de polvo de roca por año y por hectárea para secuestrar “altas” cantidades de carbono.

El doctor Steve Diver, 2012, recomienda no usar polvo de granito por su alto contenido de cuarzo. En cambio, enfatiza usar polvos de rocas volcánicas y polvos de alto valor paramagnético.

1. Cambio climático y glaciación. De acuerdo con los doctores daneses Iversen y Anderson, el presente interglacial (unos 10.800 años) transcurrió así:

–Fase protocrática, 2.800 años, en que la vegetación pionera empezó a formar suelo.
–Fase mesocrática, 3.000 años, óptimo climático y óptima formación de suelo.
–Fase oligocrática, 5.000 años, transformación de minerales por acidificación, desmineralización del suelo.
–Fase telocrática, más o menos 200 años, Revolución Industrial, erosión, envenenamiento del suelo y la comida, fase del cambio climático precursor de la próxima glaciación. Extracción de minerales del suelo por megaproyectos. Los minerales extraídos del suelo por la agricultura se pueden recuperar de las aguas cloacales: constituyen del 4 al 6 por ciento del peso de las cosechas. La megaminería es otro asunto que no trataremos aquí.

En los últimos dos y medio millones de años han ocurrido 25 glaciaciones de aproximadamente 90.000 años de duración cada una, con 25 interglaciales de más o menos 10.000 años cada uno. Si este ciclo se repite, el cambio climático, acelerado por la cultura industrial, nos precipita hacia la próxima glaciación, como los extremos climáticos de la actualidad lo indican. La transición es catastrófica.

2. Qué hacer. Sólo las agriculturas alternativas, no la agricultura convencional (que consiste en transformar petróleo en comida), pueden responder en la ruralidad al cambio climático. Sólo un cambio personal en lo patrones de conducta (otros creen en los decretos del gobierno y en los programas de partido) puede responder al cambio climático en todos los órdenes sociales: la unidad ecología-espiritualidad.

3. Los no creyentes (al estilo Bush and company) respecto del cambio climático confían en que la solución vendrá, como siempre, de la combinación tecnología-voluntad política. Un descreído del cambio climático es como quien se cae del piso 100 pero, cuando va viene en el piso 4, todavía puede decir que todo va bien y que un vientecillo fresco (tecnología) lo acompaña.

4. Conclusión: sea el esquema siguiente, según un estudioso norteamericano cuyo nombre olvido.

¿En qué cuadrante te sitúas?

Si te sitúas en los cuadrantes de “hago algo”, tal vez te decidas por alguna orientación. En la escogencia de esa ruta, podrían ser útiles algunos autores:

Haeckel, 1864, Ecología como biología. Además, Odum y afines.
René Durmont, 1904-2001, Ecología transdisciplinar, la transversalidad de la ecología.
Ivan Ilich, 1926-2002, Ecología radical.
Murray Broockhim, 1926-2006, Ecología social.
André Gorz, 1923-2007, Ecología política.

Este abrebocas de autores no agota la disponibilidad de puntos de vista. Hay muchos más. Estos son sólo ejemplos paradigmáticos.

*Artículo redactado con base en documentos obtenidos por el ingeniero Miguel Vera. Junio de 2012, desde Escocia y Estados Unidos.
Situaciones Opción A Opción B
No hay cambio climático No hago nada Hago algo
Sí hay cambio climático No hago nada Hago algo

Publicado enEdición 183
La crisis mundial y el ambiente en América Latina
La aguda crisis que afecta a la Eurozona y a Estados Unidos no sólo reduce la atracción de esos mercados de trabajo para los latinoamericanos, africanos y mediorientales que allí emigraban ilegalmente sino que, también, al cerrarles la posibilidad de trabajar les obliga a refluir a sus regiones de origen en cantidades cada vez más masivas, unidos esta vez incluso con los más pobres de los que hasta ahora era países ricos. En efecto, no sólo retornan de España los latinoamericanos que allí buscaban trabajo, sino que este año han salido más españoles que los extranjeros que fueron a la península.


De este modo, la presión sobre los recursos locales –tierra y agua, sobre todo– y sobre la desocupación regional, aumenta continuamente y los ingresos locales no disminuyen sólo por el cese o la reducción de las remesas que antes recibían, sino también porque sus parientes deben sostener, al menos parcialmente, a quienes hasta entonces eran el sostén de ellos.


Para algunos países exportadores de alimentos, como Brasil, Uruguay o Argentina, la sequía en Estados Unidos y en Europa, resultante del cambio climático, puede ser beneficiosa porque aumenta el precio de los granos y de los alimentos en general, no sólo por una menor oferta sino también porque la crisis, al reducir la producción industrial y los consumos, aleja a los especuladores del petróleo y de los minerales, cuyos precios se estancan.


Pero el aumento del precio de los alimentos –porque la demanda de éstos no es elástica y todos tratan de seguir comiendo como comían, con crisis o sin ella–, reduce los ingresos de los consumidores, sobre todo en países donde la gente por su pobreza dedica más de dos tercios del ingreso familiar a la compra de alimentos y al pago de servicios (transporte, agua, gas, electricidad).


La carestía de los alimentos principales (trigo, maíz, leguminosas, carne) por otra parte afecta mucho más directamente a los pobres que a los ricos (que tienen otro tipo de consumos), o sea, golpea a la inmensa mayoría de la población que, con los injustos y aberrantes sistemas impositivos de los países dependientes, es la que paga más impuestos bajo la forma sobre todo de IVA y de otras tasas indirectas.


Esta reducción del consumo domiciliario y, por consiguiente del monto de los impuestos que el Estado recauda, afecta las finanzas estatales. Porque, aunque la soya bata récord y esté a 630 dólares la tonelada, quienes la exportan son sólo unas pocas empresas que evaden impuestos mediante triangulaciones y paraísos fiscales. Las ventajas de los altos precios del grano y del bajo precio petrolero para la producción son por lo tanto para ellas, o sea para los que son productores masivos, acopiadores y exportadores trasnacionales y no para las arcas estatales.


Los países centroamericanos viven, sobre todo, de la exportación de mano de obra superexplotada que, como dijimos, ahora les rinde menos. Los países exportadores de petróleo ven afectados sus ingresos por el estancamiento del precio del combustible debido a la baja demanda industrial resultante de la crisis. Los países importadores de alimentos y de petróleo, como la mayoría de los africanos, Cuba o los del Caribe, están apretados crecientemente por el aumento de su factura de importación alimentaria. Incluso los pocos países dependientes que son grandes exportadores de alimentos tienen problemas porque sus otras exportaciones caen y el aumento del precio del trigo o de la soya no compensa esas dificultades en la balanza de pagos.


De ahí la desesperación de todos los gobiernos –“progresistas” o no– por producir cada vez más metales preciosos, atrayendo la inversión de las grandes mineras canadienses o estadunidenses, que están en abierta competencia con la agricultura y la ganadería de las zonas pobres, las cuales son mucho menos lucrativas que la gran minería pero aseguran más empleo local y no afectan tan drásticamente el ambiente como la extracción minera.


De ahí también los conflictos sociales con los pobladores de esas zonas, que desean conservar el uso del agua para la agricultura y para los pueblos así como los bienes comunes (tierra, aire no contaminado, bosques, paisaje). Por eso actualmente, desde Centroamérica hasta Chile y Argentina, a lo largo de las zonas montañosas, las “pobladas” (luchas de toda una comunidad) y las rebeliones campesinas e indígenas se enfrentan con la represión gubernamental de gobiernos que tienen una concepción extractivista y desarrollista y un decisionismo vertical y autoritario.


Se llegó al extremo de que la presidenta de Argentina vetó una ley de protección de los glaciares, fuente principal de agua para el país, para no afectar los intereses de las transnacionales mineras y que algunos gobiernos de las provincias andinas reprimen ferozmente protestas antimineras como la de Tinogasta o Faimallá absolutamente legales y legítimas. El presidente peruano Ollanta Humala fue elegido entre otras cosas gracias a sus declaraciones de que entre la sed y el hambre de los peruanos y el oro optaría por su pueblo, pero ahora reprime, con alto costo en heridos, muertos y presos en Cajamarca, una de las zonas donde más apoyo obtuvo, para favorecer el proyecto minero Conga, violentamente resistido por los pobladores y las autoridades locales. El mismo Evo Morales no sólo enfrenta a los pobladores del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), violando lo que establece la Constitución, para construir por su territorio una carretera hacia Brasil sino que también fomenta la minería, entrando en conflicto con los comuneros. El mercado mundial, no el ambiente y el desarrollo humano, es la preocupación principal incluso de gobiernos que dicen luchar contra ese mismo mercado y que se declaran populares. Este giro económico a la derecha les debilita y prepara otros giros políticos derechistas. Nuevamente están en peligro los avances antes duramente conseguidos.

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La Carta Magna es el destino, nuestro destino
Sucesos recientes marcan una trayectoria amenazadora, en forma suficientemente clara, que quizá valga la pena ver hacia el futuro unas cuantas generaciones, hasta el aniversario milenario de uno de los grandes hitos en el establecimiento de los derechos civiles y humanos: la creación de la Carta Magna, la cédula de las libertades inglesas que le fue impuesta al rey Juan en 1215.


Lo que hagamos ahora mismo o dejemos de hacer determinará qué tipo de mundo recibirá al aniversario. No es una perspectiva atractiva –en buena parte porque la Carta Magna está siendo desgarrada frente a nuestros ojos.


La primera edición académica de la Carta Magna fue publicada en 1759 por el jurista William Blackstone, cuya obra fue una de las fuentes de la legislación constitucional de Estados Unidos. Fue intitulada The great charter and the charter of the forest, siguiendo las prácticas previas. Ambas cartas son altamente significativas hoy día.


La primera, la Carta de las Libertades, es generalmente reconocida como la piedra toral de los derechos fundamentales de los pueblos de habla inglesa –o como expresó Winston Churchill, en forma más amplia, “la carta de cualquier hombre que se respete así mismo en cualquier tiempo y cualquier tierra”.


En 1679 la carta se vio enriquecida por la ley de habeas corpus, oficialmente llamada “una ley para mejor aseguramiento de la libertad del sujeto y para prevenir el encarcelamiento allende los mares”. La versión moderna, más severa, es llamada “rendición” –encarcelamiento con fines de tortura.


Junto con buena parte de la legislación inglesa, la ley fue incorporada a la Constitución de Estados Unidos, la cual afirma que “el auto de habeas corpus no será suspendido” salvo en caso de rebelión o invasión. En 1961, la Suprema Corte de Estados Unidos dictaminó que los derechos garantizados por esta ley fueron “considerados por los fundadores como la más importante salvaguarda de la libertad”.


Más específicamente, la Constitución garantiza que “ninguna persona (será) privada de vida, libertad o propiedad sin el proceso debido de la ley (y) un juicio rápido y público” por sus pares.


El Departamento de Justicia explicó recientemente que esas garantías han quedado satisfechas por deliberaciones internas en la rama ejecutiva, como informaron Jo Becker y Scott Shane a The New York Times el 20 de mayo. Barack Obama, el abogado constitucional de la Casa Blanca, estuvo de acuerdo. El rey Juan hubiera asentido con satisfacción.


El principio subyacente de “presunción de inocencia” también ha recibido una interpretación original. En el cálculo de la lista de ejecución de terroristas del presidente “todo varón en edad militar en una zona de ataque” es contado, de hecho, como “combatiente”, a menos que “haya conocimiento póstumo que pruebe su inocencia”, explicaron Becker y Shane. Esta determinación de inocencia posterior al asesinato es suficiente, actualmente, para mantener este principio sagrado.


Esto es sólo una muestra del desmantelamiento de “la carta de todo hombre que se respete a sí mismo”.


La Carta del Bosque que la acompaña es quizá incluso más pertinente hoy día. Demandaba protección del pueblo bajo o vulgo por el poder externo. Ese vulgo era la fuente de mantenimiento para la población en general –su combustible, sus alimentos, sus materiales de construcción. El Bosque no era la tierra llana. Era tierra cuidadosamente nutrida, mantenida en común, con riquezas disponibles para todos, preservada para generaciones futuras. Para el siglo XVII, la Carta del Bosque había caído víctima de la economía de materias primas, de la práctica del capitalismo y de la moralidad. Ya no protegida por cooperativas y por su uso, los comunes estaban restringidos a lo que no podía ser privatizado –una categoría que sigue reduciéndose ante nuestros ojos. El mes pasado, el Banco Mundial decretó que la multinacional minera Pacific Rim puede proceder en su caso contra El Salvador por tratar de preservar tierras y materias primas y comunidades contra la altamente destructiva minería de oro. La protección ambiental privaría a la compañía de ganancias futuras, un crimen según las reglas del régimen de derechos de inversionistas mal llamado “libre comercio”.
Éste es sólo un ejemplo de las luchas que se libran hoy en buena parte del mundo, algunas con violencia extrema, como en Congo, rico en recursos, donde millones de seres humanos han sido asesinados en años recientes para asegurar una reserva amplia de minerales para teléfonos celulares y otros usos, y, por supuesto, amplias utilidades.


El desmantelamiento de la Carta del Bosque trajo consigo una revisión radical de cómo los comunes son concebidos, capturada en 1968 por la influyente tesis de Garret Hardin, que asegura “la libertad en los comunes nos causa ruina a todos”, la famosa “tragedia de los comunes”. Lo que no es de propiedad privada será destruido por la avaricia individualista. La doctrina no carece de ser desafío. Elinor Olstrom ganó el Premio Nobel Memorial en Ciencias Económicas en 2009 por su trabajo para mostrar la superioridad de los comunes administrados por sus usuarios.


Pero la doctrina tiene fuerza si nosotros aceptamos el principio implícito de que los seres humanos están ciegamente impulsados por lo que los trabajadores estadunidenses, en la aurora de la revolución industrial, llamaron “el nuevo espíritu de la era, obtener riqueza olvidándose de todo menos de uno mismo” –doctrina que ellos condenaron amargamente como destructiva, ataque contra la naturaleza misma del pueblo.


Enormes esfuerzos se han dedicado desde entonces a inculcar “el nuevo espíritu de la era”. Grandes industrias dedicadas a lo que el economista político Thorstein Veblem llamó “fabricar deseos” –dirigir a la gente a “las cosas superficiales” de la vida, como el consumismo de modas” en las palabras de Paul Nystrom, profesor de mercadotecnia de la Universidad de Columbia.


De esa forma la gente puede ser atomizada, dedicada sólo a la búsqueda de ganancia personal y alejada de esfuerzos peligrosos, como pensar por su cuenta, unidos y desafiar a la autoridad.


Es innecesario pensar en los peligros extremos planteados por un elemento central de la destrucción de los comunes: la dependencia de combustibles fósiles, que plantea un desastre global. Se puede debatir acerca de los detalles, pero hay escasas dudas serias de que los problemas son demasiado reales y que en la medida que posterguemos su solución más terrible será el legado que dejemos a las próximas generaciones. La reciente conferencia de Río+20 es el esfuerzo más reciente. Sus aspiraciones eran pequeñas y su resultado irrisorio.


A la cabeza en enfrentarse a esta crisis, a lo largo del mundo, se encuentran las comunidades indígenas. La posición más firme ha sido tomada por el país que ellos gobiernan, Bolivia, el país más pobre en Sudamérica y, durante siglos, víctima de la destrucción de sus ricos recursos por occidente.


Después del ignominioso colapso de la cumbre de cambio climático global en Copenhague, en 2000, Bolivia organizó una cumbre de pueblos con 35 mil participantes de 140 países. La cumbre hizo un llamado para la severa reducción de emisiones y una Declaración de Derechos de la Madre Tierra. Ésa es una demanda clave de las comunidades indígenas de todo el mundo.


La demanda es ridiculizada por los occidentales sofisticados, pero a menos que podamos adquirir algo de la sensibilidad de las comunidades indígenas es muy probable que ellos rían al último –una risa de amarga desesperación.

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“El futuro que queremos” desde la perspectiva boliviana
Río de Janeiro, Brasil – Junio 20, 2012 – Las primeras secciones (1 y 2) del documento “El futuro que queremos” se denominan “Nuestro futuro común” y “Renovando nuestros compromisos políticos” y presentan el acercamiento conceptual de la Declaración y los principales aspectos políticos. En este contexto, la Declaración ha finalmente reivindicado los Principios de Río 1992 y de la Agenda 21 que estaban siendo puestos en duda por algunos países desarrollados.

 
Para el Estado Plurinacional de Bolivia es importante que el párrafo 39 reconozca al planeta tierra como nuestro hogar y se haya manifestado que la expresión Madre Tierra sea común para varios países y regiones, notando que algunos países han reconocido los derechos de la naturaleza para la promoción del desarrollo sostenible. A su vez, el párrafo 40 hace un llamado a una visión holística del desarrollo que guíe a la humanidad a la armonía con la naturaleza y a la restauración de la integridad y salud de los ecosistemas de la Tierra.

 
Sin embargo, en el párrafo 7 todavía persiste la lógica antropocéntrica en la que prima el hombre sobre la naturaleza, colocándolo en el centro del desarrollo sostenible. Asimismo, si bien el párrafo 49 enfatiza la importancia de la participación de los pueblos indígenas no convoca la aplicación o suscripción universal a la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas.

 
La sección 3, denominada “Economía verde”, sin lugar a dudas se ha constituido en la sección más polémica de la Declaración, en tanto que la sociedad civil y las organizaciones sociales han identificado que a través de este término se está aceptando la incorporación del capitalismo en la naturaleza, promoviéndose la mercantilización de las funciones ambientales y procesos naturales con serias implicaciones sobre el medio ambiente y los medios de vida de las comunidades indígenas y poblaciones locales.

 
En esta sección el Estado Plurinacional de Bolivia ha logrado tres importantes aspectos. En primer lugar, se ha promovido el “reconocimiento de diferentes enfoques, visiones, modelos y herramientas” para lograr el desarrollo sostenible (párrafo 56). De este modo, se ha avanzado en el hecho de que los países que no comparten sus postulados no tienen por qué aparecer como prisioneros de la “economía verde” en el futuro. En segundo lugar, se ha logrado degradar a la “economía verde” a una simple herramienta para el desarrollo sostenible (el mismo párrafo 56). En tercer lugar, se ha conseguido diluir el significado y el alcance de la “economía verde” introduciéndose una serie de salvaguardas que incluyen el respeto a la soberanía de los países a sus recursos naturales; la promoción de un crecimiento económico inclusivo y sostenible; fortalecimiento de la población indígena y comunidades tradicionales; manejo sustentable de los recursos naturales; preservación y respeto a enfoques de no mercado que contribuyan a la erradicación de la pobreza (párrafo 58).

 
Entonces, se ha conseguido hacer inaplicable un enfoque mercantilista de la economía verde y neutralizarlo en la práctica. Sin embargo, es de esperar que los países desarrollados sigan insistiendo en la puesta en marcha de este enfoque y dirigiendo los recursos financieros y asistencia técnica y tecnológica a los países en desarrollo que escojan soberanamente avanzar en la implementación de proyectos de economía verde.

 
La sección 5 se denomina “Marco para las acciones a seguir”. El mayor logro del Estado Plurinacional de Bolivia en esta sección ha sido la eliminación de los mecanismos de mercado, pago por servicios ambientales, incorporación de los costos ambientales en la economía y evitar un enfoque muy climatizado y/o ambiental del desarrollo y la lucha contra la pobreza. Bolivia también ha logrado eliminar cualquier mención en el texto al mecanismo REDD+ que está vinculado a la mercantilización de los bosques.

 
Un problema que todavía persiste en el documento es el rol excesivo que se le ha asignado al sector privado, ya no como un grupo más de la sociedad civil, sino como una entidad de financiamiento del desarrollo sostenible, a través de las alianzas publico-privadas, lo que debilita el concepto de cooperación internacional a favor de las inversiones privadas. Por otra parte, no se ha podido lograr que los países desarrollados trabajen en medios de implementación coherentes para lograr el desarrollo sostenible.

 
Con relación a la seguridad alimentaria, se han reafirmado los compromisos con el derecho humano a la alimentación y el acceso a la nutrición, la seguridad alimentaria y el acceso a alimentos suficientes, nutritivos y seguros para eliminar el hambre. También se reconoce el rol de las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y los pequeños productores campesinos en la agricultura y de sus prácticas productivas que preservan el medio ambiente, reducen la degradación de la tierra, promueven la seguridad alimentaria y fortalecen la producción nacional.

 
En el tema del agua, Bolivia ha logrado reafirmar los compromisos sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, aunque en un lenguaje más diluido que el de la Resolución promovida por el Estado Plurinacional de Bolivia. También se resalta la importancia crítica del agua para ejercer el derecho al desarrollo, la erradicación del hambre y la pobreza, la salud pública, la agricultura, la seguridad alimentaria, la generación de energía hidroeléctrica, la forestación y el desarrollo rural.

 
Con relación al tema de la biodiversidad, Bolivia ha insistido para que fueran retiradas del documento todas laspropuestas que mercantilizaban la naturaleza, como es el pago por los servicios de los ecosistemas.
 

Con referencia a la sección 6 de “Medios de implementación”, que es también una de las partes más controversiales de la Declaración, ya que se están debilitando de manera sistemática los compromisos y esfuerzos de los países desarrollados para promover e impulsar el desarrollo sostenible en el mundo. En esta sección simplemente se han reafirmado los medios de implementación prometidos en las Cumbres de 1992 y 2002 y otras. También se establece dar inicio a un proceso intergubernamental para determinar necesidades financieras y evaluar necesidades adicionales para proponer opciones para una Estrategia para el Financiamiento del Desarrollo Sostenible. Esta propuesta ha sido desarrollada conjuntamente por el Brasil, Bolivia y la India.

 
Este es uno de los temas donde existe un importante retroceso ya que se han introducido en el lenguaje los cambios que se han venido dando en los últimos años con el impulso a una arquitectura de la ayuda internacional en el marco de la movilización de recursos de la inversión privada, el comercio para la ayuda, y la exigencia para que los propios países en desarrollo contribuyan financieramente a su desarrollo.

 
Por René Orellana y  Diego Pacheco integran el Equipo de Negociación de la Delegación boliviana para el Cambio Climático y Río+20

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"Indígenas reciben migajas por su riqueza natural"
En América Latina el problema para que los pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos es la falta de voluntad de los gobiernos y la vigencia del colonialismo, aseveró la presidenta del Foro Permanente de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas (FPNUPI), Mirna Cunningham Kain (1947).

El elemento central que está presentándose como una violación a los derechos de los pueblos indígenas en la región es el tema de la consulta sobre las concesiones para la explotación de los recursos naturales en sus territorios.

"Nosotros planteamos que la consulta en sí es apenas un procedimiento para el ejercicio del derecho a la libre determinación", indicó la reconocida activista misquita nicaragüense, entrevistada cuando estuvo en México en días pasados.

Subrayó que es urgente cambiar la perspectiva mental y el discurso con el que los gobiernos y empresas se acercan a los pueblos indios para realizar dicha consulta, porque muchas veces se ve a éstos "sólo como el grupo vulnerable que está en las zonas donde se va a hacer la inversión, entonces les van a ofrecer algo, algún empleo... migajas".

Mencionó que gobiernos y empresas ven a los pueblos indios como sujetos minorizados, que es la forma como históricamente se les ha tratado, sin tomar en cuenta que ellos son los dueños del territorio y los recursos "y por tanto vos te acercás a un dueño donde quieres hacer una inversión planteándole que quieres ser socio de ellos, pero no los están viendo como titulares plenos de derecho"; eso es colonialismo.

Más bien, lo que se debiera considerar, enfatizó, son los mecanismos para que los pueblos indígenas tengan acceso al beneficio de esos proyectos, "cómo pueden ser cogestores, coadministradores, cómo pueden ser socios", añadió.

Doctora honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México (2010), ex presidenta del Consejo Autónomo de la Región Atlántica Norte en la ciudad de Bilwi, estado de Puerto Cabezas, en Nicaragua, Cunningham ha recorrido un largo camino en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres, tanto en su país como a escala internacional.

La presidenta del FPNUPI señaló que ante la escasez de recursos naturales y los problemas del cambio climático, el colonialismo vigente de los grupos de poder ve que las zonas donde todavía hay recursos naturales son aquellas donde viven los pueblos indígenas y entonces buscan apoderarse de ellas en forma mucho más agresiva, "violando de forma premeditada los derechos de las comunidades, utilizando argumentos que ya no son válidos", pues aplican los mismos principios de hace 500 años.

"Adoptan modalidades de colonización que en muchos casos son tanto o más agresivas que lo que pasó hace muchísimos años", pese a que teóricamente hay grandes avances en el tema de los derechos humanos individuales y colectivos.

La aplicación de esos principios de hace 500 años es "totalmente malvada, porque nadie puede alegar ignorancia ante los instrumentos internacionales de derechos humanos", como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indios o el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), subrayó.

Cunningham explicó que precisamente el tema central de la próxima sesión del FPNUPI, que se llevará a cabo del 7 al 18 de mayo próximos en Nueva York, es el análisis de la doctrina del descubrimiento de la colonización y cómo se sigue manifestando en la actualidad. "Se tocarán los factores filosóficos, jurídicos y legales; los argumentos que se utilizaron para justificar la conquista de nuestros territorios y de nuestro patrimonio natural y cultural. Uno creería que eso fue hace más de 500 años, pero sigue vigente; están en la reconquista y la recolonización", subrayó.

Citó como ejemplo los problemas que enfrentan los pueblos indígenas en muchos países de América Latina, que cuentan con proyectos de inversión de empresas trasnacionales o megaproyectos nacionales que pretenden realizarse en sus territorios sin que se aplique el principio de consulta previa, informada, de buena fe, contenido en la DNUDPI, pero también en el convenio 169, ratificado por casi todos los países de la región.

“Para nosotros es claro –dijo– que el tema central no es si se hace o no una buena consulta, sino si se respeta o no el acuerdo de la consulta”. El tema central es que, desde 2007, tenemos un instrumento internacional que es la DNUDPI, que reconoce su derecho a la libre determinación y a tener participación plena y efectiva en la toma de decisiones que les conciernen.

Entonces, "la verdad es que pareciera como que se está jugando a inventar mecanismos para trazar el ejercicio de esos derechos; nosotros siempre alertamos que no debemos confundir el procedimiento en sí con el ejercicio real del derecho".

Subrayó que además de los gobiernos, las corporaciones y las empresas "definitivamente no pueden evadir su responsabilidad de asegurar que en la zona donde ellos trabajen se respeten los derechos humanos" y los derechos colectivos de los pueblos.

Las empresas tienen que entender que pierden más si no hacen la consulta, porque la gente les va a detener sus proyectos, o sea, los pueblos van a demandar el respeto a sus derechos; entonces el argumento de no invertir en una consulta a la larga se revierte contra ellos, porque posteriormente no hay condiciones de gobernabilidad para invertir.

Afirmó que en todos los países de América Latina se ve el interés de los gobiernos, manifestado muchas veces por los presidentes, de que van a hacer la consulta mencionada, "pero no hay necesidad de respetar los acuerdos, y esto lo vimos en Bolivia, en el caso del Tipnis (donde indígenas de tierras bajas se oponen a la construcción de una carretera por su territorio), y lo vemos con la aprobación de una ley del derecho a la consulta, pero prácticamente obligando a la gente, o sea, una ley del derecho a la consulta sin consultar cómo hacerla".

Mencionó que "en Chile se ha discutido también un proceso de la consulta de la consulta, sin haber mucho avance; en México se analiza el tema en el Congreso, sin prosperar; Guatemala también tiene una ley en el parlamento que tampoco ha podido avanzar, en tanto que el Estado guatemalteco se niega a reconocer más de 33 consultas dirigidas por los propios pueblos indígenas en zonas afectadas por la minería; en Perú se ha dado un paso con la reglamentación de una Ley de Consulta Previa, después de la masacre de Bagua hace dos años; el tema está también en Argentina..."

Sin embargo, remarcó Cunningham, la ausencia de mecanismos para la consulta, vinculada, por ejemplo, a las industrias extractivas, no es el problema principal porque, por ejemplo, México ha ratificado desde 1990 el convenio 169 de la OIT, y éste es un instrumento que tiene como eje central para su implementación la consulta... Entonces, una ley lo que vendría a hacer es fortalecer, profundizar, definir mecanismos de cómo realizar la consulta, pero el derecho a ella está reconocido desde hace muchos años”, indicó.

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Lunes, 02 Abril 2012 06:00

El mundo maravilloso del capitalismo

La búsqueda de la verdad política siempre será una tarea dura, aun en nuestros tiempos cuando la ciencia ha puesto en nuestras manos un gran número de conocimientos. Uno de los más importantes fue conocer y estudiar el fabuloso poder de la energía contenida en la materia.

 
El descubridor de esa energía y su posible empleo era un hombre pacífico y bonachón que, a pesar de su repudio a la violencia y a la guerra, solicitó su desarrollo a Estados Unidos, presidido entonces por Franklin D. Roosevelt, de conocida posición antifascista, líder de un país capitalista en profunda crisis, que había contribuido a salvar con fuertes medidas que le ganaron el odio de la extrema derecha de su propia clase. Hoy ese Estado impone al mundo la más brutal y peligrosa tiranía que ha conocido nuestra frágil especie.

 
Los despachos procedentes de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN se refieren a las fechorías cometidas por ellos y sus cómplices. Las ciudades más importantes de Estados Unidos y de Europa reflejan constantes batallas campales entre los manifestantes y la policía bien entrenada y alimentada, con carros blindados y escafandras, repartiendo golpes, patadas y gases contra mujeres y hombres, torciendo manos y cuellos de jóvenes y viejos, mostrando al mundo las cobardes acciones que se cometen contra los derechos y la vida de los ciudadanos de sus propios países.

 
¿Hasta cuándo pueden durar semejantes barbaries?

 
Para no ser extenso, ya que estas tragedias se irán presentando cada vez más por la televisión y la prensa en general, y serán como el pan que cada día se niega a los que menos tienen, citaré el despacho cablegráfico, recibido hoy, de una importante agencia de noticias occidental:

 
“Buena parte de las costas japonesas del Pacífico podrían quedar inundadas por una ola gigantesca superior a los 34 metros (112 pies) si se produjera un sismo poderoso, según los cálculos revisados de un panel del gobierno.

 
“Cualquier tsunami desencadenado por un terremoto de magnitud 9 en la depresión de Nankai, que va desde la principal isla nipona de Honshu hasta la isla sureña de Kyushu, podría alcanzar los 34 metros de altura, señaló el comité.

 
“Un cálculo anterior en el 2003 estimaba que la altura máxima de dicha ola sería inferior a los 20 metros (66 pies).”

 
“La planta de Fukushima había sido diseñada para resistir un tsunami de 6 metros (20 pies), menos de la mitad de altura de la ola que la impactó el 11 de marzo del 2011.”

 
Pero no hay razones para preocuparse. Otro despacho fechado hace dos días, el 30 de marzo, nos puede tranquilizar. Procede de un medio realmente bien informado. En breves palabras sintetizaré: “Si usted fuera futbolista, jeque árabe o directivo de una gran multinacional ¿Qué tipo de tecnología le haría suspirar?

 
“Recientemente, unos conocidos almacenes de lujo en Londres inauguraron una sección entera dedicada a amantes de la tecnología con abultadas billeteras.

 
“Televisores de un millón de dólares, cámaras de video Ferrari y submarinos individuales son algunos de los fetiches para hacer las delicias del millonario.”

 
“El televisor del millón de dólares es la joya de la corona.”

 
“En el caso de Apple, la empresa se compromete a entregar sus nuevos productos el mismo día de lanzamiento en el mercado.”

 
“Pongamos que hemos salido de nuestra mansión y ya estamos cansados de rondar por ahí con nuestro yate, limousine, helicóptero o jet. Todavía nos queda la opción de comprar un submarino individual o para dos personas.”

 
La oferta prosigue con celulares con carcasa de acero inoxidable, procesador de 1,2 GHz y 8 G de memoria, y tecnología NFC para realizar pagos a través del celular. Videocámara con sello Ferrari.

 
¡Verdad compatriotas que el capitalismo es cosa maravillosa! Quizás nosotros seamos culpables de que cada ciudadano no tenga un submarino particular en la playa.

 
Son ellos y no yo quien mezcló en este mismo saco a los jeques árabes y los directivos de las grandes transnacionales con los futbolistas. Al menos estos últimos entretienen a millones de personas y no son enemigos de Cuba. Debo aclararlo.
 


Fidel Castro Ruz
 
Abril 1 de 2012
 
8 y 35 p.m.
 

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Miércoles, 28 Marzo 2012 11:04

De la resistencia a la esperanza

De la resistencia a la esperanza
En Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, conjuntamente con otras organizaciones sociales, llevaron adelante la Marcha Plurinacional por el Agua, por la Vida y la Dignidad de los Pueblos, del 8 al 22 de marzo de 2012, con una plataforma de 19 puntos entre los que constaban la oposición a la megaminería a cielo abierto, la defensa del agua, el rechazo a la criminalización social, entre otras;  demandaban, además, el cumplimiento de los derechos que constan en la Constitución y que no han sido ni cumplidos ni respetados por el gobierno de Alianza País.

En Bolivia, en cambio, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, CIDOB, con el apoyo del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo, CONAMAQ, y otras organizaciones sociales, en especial aquellas de los territorios indígenas del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure), realizaron, en septiembre de 2011, la VIII Marcha Indígena por la defensa del TIPNIS, los derechos territoriales, el medio ambiente, las áreas protegidas, los derechos colectivos y la libre determinación de los pueblos indígenas, y anuncian la realización de la IX Marcha para el 25 de abril de 2012 que, además, cuenta con el apoyo de la histórica COB (Central obrera boliviana).

Las organizaciones bolivianas realizan esta marcha en oposición a la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, que partiría en dos el TIPNIS y lo integraría a los procesos de mercantilización y privatización territorial contenidos en los planes de integración de la IIRSA (Iniciativa de Integración de la Infraestructura de Sud América) y que, según las organizaciones indígenas, expresa el compromiso cada vez creciente del gobierno de Evo Morales con las transnacionales de la minería, el petróleo, el agronegocio e, incluso, el narcotráfico.

Es significativo que en ambos países las organizaciones indígenas y sociales se opongan a gobiernos que se han autocalificado de izquierda y que gozan de un amplio reconocimiento a nivel mundial como gobiernos progresistas y críticos al neoliberalismo. También es significativa la forma por la cual ambos gobiernos, tanto Alianza País en el Ecuador, cuanto el Movimiento Al Socialismo, MAS, en Bolivia, se han confrontado a estas marchas y han utilizado todos los recursos del Estado para boicotearlas, deslegitimarlas, manipularlas, minimizarlas y, finalmente, reprimirlas. Son comunes los argumentos utilizados por ambos regímenes tanto para legitimarse a sí mismos cuanto para desacreditar a las organizaciones sociales, así como son parecidas las estrategias de cooptación, división social y confrontación con organizaciones o redes clientelares creadas por estos gobiernos.

Así por ejemplo, en Ecuador, Alianza País utiliza el respaldo de organizaciones relativamente pequeñas como la FEI, o la Red Agraria, para oponerlas a la CONAIE; moviliza también al sector público y a los receptores de las transferencias monetarias condicionadas, el Bono de Desarrollo Humano, para crear la sensación de un enorme y multitudinario apoyo a su favor. En Bolivia, el MAS llegó a inventarse un movimiento social, el CONISUR (Consejo Indígena del Sur), para confrontar a la CIDOB y la CONAMAQ y, de paso, incumplir con los compromisos que la VIII marcha en defensa del TIPNIS le había obligado a suscribir.

Ahora bien, es necesario referir y contextualizar estas marchas indígenas y sociales, que no solamente se producen en Ecuador y Bolivia sino en toda Abya Yala, al interior de las resistencias a los procesos de acumulación por desposesión que caracterizan al posneoliberalismo, es decir, aquel momento de la historia en el cual aparentemente en Abya Yala (América) se ha superado el neoliberalismo duro del Consenso de Washington para entrar, en cambio, en la privatización de los territorios, los recursos naturales y la criminalización social.

La presión extractivista de las transnacionales, sobre todo de la megaminería a cielo abierto y el agronegocio (soja transgénica, maíz transgénico, biocombustibles, etc.), está provocando una fuerte disputa sobre los territorios, los recursos naturales y la soberanía estatal. El despojo, la expropiación, y la violencia del extractivismo están generando el mismo miedo social y la misma pobreza que en su tiempo provocaron las políticas de shock del FMI.

El extractivismo, de otra parte, está transformando los sistemas políticos de la región hacia modelos de dominación política cada vez más autoritarios, violentos, panópticos y clientelares.

En esa dinámica, la criminalización social, la represión y la eliminación de las resistencias sociales, van de la mano del incremento del gasto fiscal en salud y educación, así como de un amplio abanico de transferencias monetarias condicionadas, creadas, además, desde el Banco Mundial (en Ecuador: Bono de Desarrollo Humano; en Bolivia: Bono Juancito Pinto).

Este proceso simultáneo de criminalización y asistencialismo clientelar, a veces se acompaña de una retórica nacionalista y de una fuerte crítica al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, por parte de Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia. Una crítica que ha demostrado ser irrelevante cuando se trata de entregar los recursos naturales a las transnacionales. Sin embargo, esto ha conducido a que varios sectores de izquierda a nivel mundial, apoyen a estos gobiernos incluso en contra de las organizaciones sociales que luchan y resisten al extractivismo.

La marcha organizada por la CONAIE en Ecuador en contra de la minería a cielo abierto y en defensa del agua, así como la marcha en defensa del TIPNIS que realizaron la CIDOB y la CONAMAQ en Bolivia, indican una recuperación del movimiento social y de sus posiciones críticas, y el fracaso de la intención gubernamental de adscribir a estas organizaciones y movimientos sociales a sus propias dinámicas. Estas marchas tienen varios puntos en común y están generando un proceso de transición política en Abya Yala, que es necesario señalar.

Uno de los primeros aspectos que comparten las organizaciones sociales de Bolivia y Ecuador es que sus movilizaciones han logrado arrebatar la iniciativa política a sus respectivos gobiernos y están llevando al debate político y sus definiciones por fuera de las coordenadas del liberalismo. Los movimientos sociales no esperan el tiempo electoral, ni tampoco confían en las instituciones del sistema político liberal (como el parlamento) para frenar al extractivismo, porque saben que la definición y disputa real se juega por fuera de los márgenes del sistema político.

Es una ingenuidad pensar que la acumulación del capital, sobre todo en su fase de desposesión y extractivismo, pueda contenerse solamente utilizando las instituciones liberales. En general, esas instituciones sirven para imponer las prioridades que nacen desde la acumulación del capital y casi siempre son de una sola vía, aquella que nace desde el poder. Precisamente por ello han recuperado la movilización, porque saben que fue con la movilización que pudieron frenar el neoliberalismo, e intuyen que será con la movilización que detendrán al extractivismo.

Empero, este cambio de las reglas de juego resiente a los gobiernos que quieren que la conflictividad social se procese desde las coordenadas disciplinarias del liberalismo. Estos gobiernos están plenamente conscientes del rol político que tiene la movilización, porque cuando estuvieron del otro lado de la orilla apostaron todo, precisamente, a la movilización social. Su constitución como opciones políticas nació con la movilización, por ello ahora pretenden controlarla y asumirla como prerrogativa propia. En virtud de que estos gobiernos nacieron desde la movilización y la resistencia al neoliberalismo, asumen que tienen patente de corso sobre la movilización social. Por eso, los gobiernos de Ecuador y Bolivia, han acusado a los movimientos sociales de estar respaldado por la CIA norteamericana, por la derecha oligárquica, por los grupos tradicionales de poder que utilizan al  movimiento social para restaurar el statu quo, etc. Todo con tal de evitar que la movilización social regrese nuevamente a los movimientos sociales.

Asimismo, han acusado a las organizaciones sociales de aprovechar las movilizaciones para posicionarse electoralmente y han negado validez a la agenda de los movimientos sociales, haciendo uso, de esta manera, de la misma retórica que utilizaban los regímenes neoliberales para desacreditar a las movilizaciones sociales. Han intentado, incluso, desprestigiarlas utilizando criterios racistas, sexistas, machistas y xenófobos. Los gobiernos “progresistas” de Ecuador y Bolivia tienen miedo cerval a la movilización social porque saben que éstas pueden generarles un vacío político cuyas consecuencias no quieren ni siquiera imaginar.

En ambos países, los gobiernos también han utilizado sus redes clientelares para movilizarlas en contra de los movimientos sociales y han tratado de provocarlos generando confrontaciones, para luego acusar al movimiento social de violento y, en consecuencia, deslegitimarlo y reprimirlo. De hecho, el gobierno de Bolivia ha acusado a las víctimas de la represión gubernamental durante la VIII Marcha en defensa del TIPNIS de ser ahora ellos los victimarios y los ha acusado de intento de homicidio (aunque no dicen a quién).

No obstante, tanto la CONAIE del Ecuador y sus aliados, cuanto la CIDOB y la CONAMAQ de Bolivia, han superado esa intención de sus respectivos gobiernos de que su movilización sea reducida a las coordenadas del liberalismo, y han sostenido su resistencia en el espacio que mejor conocen y procesan: la movilización social. Esa movilización tensa la cuerda del liberalismo y agota a los gobiernos de Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia y, al mismo tiempo, fortalece a los movimientos sociales.

Las movilizaciones sociales están recuperando nuevamente el sentido de la política como praxis histórica, pero en un nivel diferente porque una cosa era confrontar a regímenes expresamente neoliberales y otra a los gobiernos progresistas posneoliberales. Su tarea es quizá más compleja que antes porque tienen que demostrar que la adscripción a la izquierda que hacen estos gobiernos es solamente un simulacro del poder.

Una segundo punto común a ambos procesos es que al recuperar la agenda política y su discurso, los movimientos sociales están desalojando del espacio de la izquierda política tanto a Alianza País en Ecuador, cuanto al MAS en Bolivia, y de esta manera los están empujando hacia el centro político. Ahora bien, el centro solo existe desde la mirada de la derecha política. Se trata de una jugada importante porque estos regímenes se legitimaban, precisamente, en una ideología crítica al capitalismo y que establecía una relación simbólica importante con la historia de movilización, resistencia y lucha social de los movimientos sociales de ambos países.

La adscripción a la izquierda se convertía en un dispositivo ideológico fundamental para mantener la hegemonía política y movilizar a la población en función de sus prerrogativas. Este desplazamiento hacia el centro hace que la referencia a cualquier discurso de izquierda por parte de Alianza País en el Ecuador o el MAS en Bolivia, sea asumido más como un recurso de mercadeo y publicidad política que como un compromiso real. Esto implica que ambos partidos políticos no son ya una opción de cambio sino una solución de continuidad con el posneoliberalismo.

Un tercer punto en común está en la agenda que ambos movimientos sociales han logrado posicionar con fuerza: el modelo extractivista como eje central que caracteriza a estos gobiernos posneoliberales. Se discute ampliamente en Ecuador sobre la megaminería a cielo abierto y la defensa del agua gracias a la CONAIE y sus aliados. El Presidente ecuatoriano, Rafael Correa, en esta discusión y como es lógico en un gobierno posneoliberal, defiende con ahínco y devoción a las corporaciones mineras transnacionales. En Ecuador, la CONAIE ha logrado provocar un amplio debate sobre el agua, la tierra y los territorios, en un contexto en el que existe una Constitución que, al menos teóricamente, le es favorable. De esta forma, la CONAIE ha recuperado su rol político de subrayar aquellos temas del debate político que son prioritarios para el país. La agenda de la política regresa, nuevamente, hacia los movimientos sociales.

En Bolivia, la defensa del TIPNIS ha creado las condiciones para que los movimientos sociales sitúen el debate en un contexto más geopolítico. La defensa del TIPNIS se hace en contra de la IIRSA y de las pretensiones geopolíticas de la burguesía brasileña (de hecho, la empresa que construirá la carretera en el TIPNIS es la brasileña OAS). El movimiento social boliviano, sobre todo luego de las movilizaciones en contra del presidente Morales que pretendía aplicar un ajuste macrofiscal en el mismo estilo de aquellos aplicados por el FMI, incrementando el precio de la gasolina, en diciembre de 2010, ha comprendido que en el momento posneoliberal la resistencia es, básicamente, geopolítica. Es ésta una dimensión aún ausente en el movimiento social ecuatoriano.

Un cuarto punto en común a ambos procesos hace referencia a la forma por la cual se interrogan sobre el futuro político. ¿Cuáles son las opciones luego de Correa en Ecuador y Morales en Bolivia? Poco a poco, los movimientos sociales empiezan a comprender que las opciones reales no pasan necesariamente por el sistema político liberal; comprenden también que ese sistema político, a pesar de todas las referencias a la democracia y a la participación, en realidad debe ser comprendido siempre como un sistema de dominación. Ahora entienden que la democracia quizá se encuentre por fuera de ese sistema político liberal. Esta comprensión de la democracia como una apuesta por descolonizarla del liberalismo, es correlativa a aquella otra constatación de que el desarrollismo que hacen gala los gobiernos progresistas de la región, es otra expresión de la acumulación por desposesión del capitalismo. Ni desarrollismo económico ni democracia liberal, sino democracia social y comunitaria, y Buen Vivir. Alianza País en Ecuador, y el MAS en Bolivia, no son alternativas al desarrollismo, en realidad expresan otras formas de desarrollismo y liberalismo, vale decir, capitalismo.

Es por ello que se ha suscitado un fuerte debate sobre las propuestas emancipatorias de los movimientos sociales. En Bolivia se ha tratado de trivializar y banalizar la propuesta emancipatoria del movimiento indígena etiquetándola como pachamamismo. En Ecuador también se ha producido ese debate en contra del concepto del sumak kawsay (Buen Vivir). Sin embargo, los movimientos sociales comprenden claramente que el extractivismo y el desarrollismo son incompatibles con el Buen Vivir, cualquiera sea su definición, y que mientras más avance el extractivismo más en peligro está la supervivencia de la vida humana, lo que recuerda las derivas biopolíticas del posneoliberalismo, de ahí que en ambos países una consigna común del movimiento social sea la defensa de la vida.

Los movimientos sociales también comprenden que en el liberalismo los gobiernos, de forma independiente de su color político que, incluso, puede tener los colores de la wiphala (el arcoiris), ahora está del lado del poder, y que ese poder apuesta con todo por la violencia y la desposesión extractiva. En los movimientos sociales de Ecuador y Bolivia, hay una percepción cada vez más clara que Rafael Correa y Alianza País, así como Evo Morales y el MAS, son los rostros que asume el nuevo poder, son las nuevas amenazas a la vida, a la soberanía y a la paz. En estos dos países, gracias a los movimientos sociales, radican las esperanzas más firmes del movimiento social de continente por superar el momento posneoliberal y las tentaciones de los gobiernos progresistas.

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