En Florencia, Italia, un artista de tiza hace de la acera su lienzo. Él crea sus retratos cerca del Museo Uffizi, famoso por las obras de viviendas de Miguel Ángel, da Vinci y Botticelli.

Mensualmente la prestigiosa publicación National Geographic selecciona las mejores fotos enviadas a la redacción. Aquí te mostramos las escogidas en el mes de abril.

 

Al noreste de Dakar, Senegal, las algas vuelven rojas las aguas saladas del lago Retba. El área está bajo consideración para el listado como sitio del patrimonio mundial de la UNESCO.

 

Mientras practicaba apnea con amigos en la costa de Baja California, el fotógrafo de Your Shot, Jorge Hauser, notó que un “visitante inesperado” nadaba 45 pies más abajo. “Cuando me sumergí, nunca pensé que me pondría al día”, dice Hauser, pero se las arregló para capturar esta toma: las enormes aletas de la ballena se alzan en la oscuridad mientras nada.

 

En una antigua casa de té en Chengdu, China, el fotógrafo de Shot Shot, Handi Laksono, pasó medio día observando a los lugareños. La mayoría de los que entran tienen más de 60 años, dice, y pasarán el tiempo fumando y jugando a las cartas con amigos hasta el almuerzo.

 

Después de poner un nido de huevos, esta tortuga golfina se detiene por un momento en la playa antes de continuar hacia el océano. Para proteger al medio millón de huevos vulnerables depositados en esta playa, se pidió a los voluntarios que montaran guardia. “Seguramente seré uno de ellos”, escribe el fotógrafo de Your Shot, Siddharth Khadanga.

 

Su fotógrafo de Shot, Saulius Damulevicius, tomó este autorretrato en 2016, mientras estaba en la primera expedición lituana de esquí sobre el congelado mar Báltico. “Aunque rompí una de mis fijaciones de esquí e incluso me metí en el agua helada mientras cruzaba la nueva ruta para romper el hielo”, dice, “terminamos nuestra expedición con éxito”.

 

Cada año, a fines de marzo, las amadas flores de cerezo de Tokio explotan en las ramas. Pero la pantalla impresionante es de corta duración. Aquí, los pétalos caídos crean remolinos rosados ​​en el río de abajo.

 

 

Una rana arbórea de ojos rojos se asoma sobre una hoja en San José, Costa Rica. Las ranas pasan la mayor parte de su vida en los árboles, comiendo polillas, grillos y otros insectos.

 

Esta joven no está explorando un planeta lejano: camina por una cantera abandonada en Bogdanovich, Sverdlovsk, Rusia. Su padre, el fotógrafo de Your Shot, Dmitry Elizarov, hizo su traje espacial a mano.

Publicado enFotorreportajes
La Primera Flor y el futuro de la biología

La Primera Flor habría aparecido hace unos 140 millones de años y hoy en día sus descendientes suponen más del 90% de los vegetales vivos en el planeta


El pasado agosto de 2017 se publicó un importante estudio sobre la anatomía de la Primera Flor, el ancestro de todas las plantas con flores que hay en el planeta:producto de un estudio denominado eFLOWER que ha durado más de 8 años y que utilizó rasgos morfológicos y moleculares de más de 800 especies y complejos modelos estadísticos. El modelo resultante pretende estimar la anatomía precisa de la hipotética flor originaria.

Esta Primera Flor habría aparecido hace unos 140 millones de años (200 millones de años después de las primera plantas con semillas) y hoy en día sus descendientes suponen más del 90% de los vegetales vivos en el planeta. Según eFLOWER la flor ancestral sería simétrica bilateralmente, contendría órganos sexuales tanto masculinos como femeninos y muchas de sus estructuras estarían organizadas en verticilos, es decir, en círculos concéntricos alrededor del eje central.


Este detalle concreto ha sorprendido a muchos botánicos que esperaban una organización en espiral más que en verticilos. Pero el detalle que más ha chocado es que en el modelo de eFLOWER algunas estructuras se organizan en verticilos mientras que otras forman una espiral; para muchos botánicos es imposible que en una misma flor puedan coexistir las dos geometrías. Y el problema va más allá del caso concreto de la Primera Flor, ya que la duda pone en cuestión la fiabilidad de los análisis estadísticos tipo ‘Big Data’ en biología que últimamente se han puesto tan de moda.


Los detractores del modelo de eFLOWER sugieren que algunas características que pueden tener sentido en términos numéricos y estadísticos son sin embargo absurdas en términos biológicos, lo que podría limitar la utilidad de estos nuevos análisis en esta y otras disciplinas. Al final se trata de un enfrentamiento entre la botánica, y por extensión la biología, de corte más clásico frente a los nuevos aires de la bioinformática y la ciencia basada en estadísticas.

 

Por José Cervera
01/04/2018 - 20:21h

Motores económicos de la destrucción ambiental

La semana pasada el Panel intergubernamental sobre biodiversidad y servicios de ecosistemas (Ipbes, por sus siglas en inglés) dio a conocer cuatro importantes informes sobre el deterioro ambiental. Se trata de las evaluaciones más importantes sobre el estado del medio ambiente en los pasados 10 años y cubren las regiones de Asia-Pacífico, África, América y Europa-Asia central. Las noticias son alarmantes: la pérdida de biodiversidad está a la par del cambio climático como una de las amenazas más graves para la humanidad. Ambos problemas actúan en retroalimentación y se fortalecen mutuamente en un círculo vicioso.

Cada una de las megarregiones cubiertas por los equipos del Ipbes presenta señales de severos daños en todos los ecosistemas. La pérdida de biodiversidad está acompañada de un grave deterioro en la calidad de los suelos y de una marcada degradación en los acuíferos y cuerpos de agua. Por ejemplo, para África el Ipbes concluye que hacia finales de siglo se habrán extinguido la mitad de las especies de aves y mamíferos del continente debido al cambio climático. El informe señala que se han deteriorado más de 500 mil kilómetros cuadrados en el continente debido a la sobrexplotación, erosión, salinización y diversas formas de contaminación. Y se espera que la presión sobre el medio ambiente se intensifique, porque la población en África pasará de mil 250 a 2 mil 500 millones de personas.

En el continente americano, el informe del Ipbes concluye que en promedio la biodiversidad se ha reducido 31 por ciento en toda la región a lo largo de los pasados cinco siglos, pero el cambio climático va a empeorar la situación. Si las tendencias no cambian, para 2050 se habrá perdido otro 10 por ciento de especies. En general, las malas noticias se repiten una y otra vez para las cuatro regiones que cubren los informes del Ipbes. El mensaje general es que la destrucción ambiental provocada por la actividad económica alcanza dimensiones planetarias y pone en peligro la supervivencia de la especie humana.

Sin duda alguna estos estudios tienen una gran importancia para el diseño y aplicación de políticas. Pero es precisamente en la intersección entre actividad económica y daños ambientales donde se encuentra el punto más débil de los estudios del Ipbes.

En efecto, para los arquitectos de los diagnósticos del Ipbes el tema de los motores del deterioro ambiental es su talón de Aquiles. El equipo medular que realizó el estudio conocido como la Evaluación del milenio sobre los ecosistemas (dado a conocer en 2004) es el mismo que promovió la creación del Ipbes. Ya desde aquel trabajo habló de los motores del deterioro ambiental, pero se limitó a encontrarlos en el crecimiento económico y demográfico. Esto es problemático por varias razones.

Una de ellas es que desde hace más de 40 años la economía mundial viene sufriendo una caída en la tasa de crecimiento. En 1964 se expandió a una tasa de 6.7 por ciento, pero en 2015 el crecimiento se había reducido a 2.6 por ciento. A lo largo de esos 50 años la economía global ha sufrido cinco grandes recesiones y siempre la recuperación presentó tasas de crecimiento inferiores a las de la recuperación en la crisis anterior. A lo largo de todo el periodo se observa una tendencia constante hacia menores tasas de expansión. Y ahora viene la pregunta: ¿esa ralentización fue buena para el medio ambiente? La evidencia a nuestro alrededor es clara y los estudios del Ipbes lo constatan: el deterioro ambiental ha continuado intensificándose a lo largo de estos cinco decenios.

El tema del aumento de la población también amerita un análisis más cuidadoso. Y es que la tasa de crecimiento demográfico también ha manifestado una caída muy importante en los decenios anteriores, pasando de 2 a 1.1 por ciento entre 1963 y 2015. Claro que ahora el volumen de la población total hace que el incremento anual sea comparable al de hace 50 años, pero se espera una tasa de 0.5 por ciento en 2050. Hoy, quizás, los fenómenos demográficos más importantes son la urbanización y la migración. Más de la mitad de la población mundial vive ya en ciudades y la tasa de incremento de la población urbana es de 1.5 por ciento. Y ese proceso tiene fuertes implicaciones ambientales por la adopción de patrones de consumo que muchas veces son insostenibles.

Desgraciadamente, hoy los estudios del por ciento no contienen un capítulo dedicado a los motores de la degradación ambiental. Da la impresión de que se quieren evadir las preguntas clave, que se acercan a las definiciones de prioridades políticas. Por ejemplo, en materia de agricultura se dice que es necesario promover prácticas de agricultura sustentable, pero se hace a un lado el hecho de que la pequeña agricultura campesina ha estado bajo un terrible ataque desde hace décadas por los gobiernos neoliberales en el mundo entero. Se necesita ir más allá de las generalidades para abordar un análisis desagregado y con una mejor definición. Sólo así será posible desentrañar las fuerzas económicas que están detrás de la destrucción ambiental.

Twitter: @anadaloficial

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Miércoles, 21 Marzo 2018 18:21

¿Qué es la eusocialidad?

¿Qué es la eusocialidad?

Desde la genética hasta la epigenética, la eusocialidad ha sido confirmada una y otra vez poniendo en claro, a plena de luz del día, que las especies se benefician enormemente más de procesos de ayuda mutua antes que de rivalidad.


El modelo básico más generalizado acerca del origen de la vida y la explicación acerca de la lógica de los sistemas vivos es la teoría de la evolución. El mérito de Darwin consistió en haber explicado un problema que llevaba cien años antes de él sin explicación, a saber: explicar la teoría de la evolución. Y la respuesta de Darwin fue el mecanismo de la selección natural. Los organismos y las especies que logran, como sea, superar las restricciones e imposiciones de la selección, logran adaptarse idóneamente y son, selectivamente, los mejores (fittest).


Es sabido que Darwin no emplea el término “evolución” en su obra cumbre, El origen de las especies por medio de la selección natural (1859), sino hasta la sexta edición, y ello debido al peso que ya había logrado el pensamiento de H. Spencer. Es debido a Spencer que a partir de la sexta edición del libro de Darwin que aparece el concepto de “evolución” expresamente en biología.


Ahora bien, al final de la introducción del libro mencionado, Darwin advierte expresamente que el mecanismo de la selección es la forma como él ha logrado explicar la dinámica de lo seres vivos, su origen, su lógica. Pero que no está para nada seguro que sea la única explicación posible de la evolución.


Numerosas otras alternativas aparecieron ulteriormente para explicar la evolución, acaso el concepto arquimédico de toda la cultura y la civilización contemporáneas. Pero la idea quedó en el ambiente: la competencia y la lucha, la exclusión e incluso la violencia fueron las claves para explicar lo que había sucedido desde las escalas más básicas hasta el surgimiento del Homo sapiens. La lucha por el mejor macho o la mejor hembra, por el cuidado de los críos, por el territorio, digamos.


Esta historia ha cambiado radicalmente en años recientes. El paradigma de la evolución, latu sensu, ya no es la selección en manera alguna. Antecedida por la obra de L. Margulis, específicamente la teoría de la endosimbiosis, la teoría más sólida a la fecha acerca de la vida y los sistemas vivos, se funda en la importancia de la cooperación: cooperación, comensalismo, mutualismo. Esta es la eusocialidad.


Desarrollada originariamente por E. O. Wilson, M. A. Nowak y C. Tarnita, la eusocialidad es el término usado que describe cómo, a partir de los insectos sociales y de otras especies animales, la vida consiste en una gran trama de cooperación centrada en los más jóvenes y en el cuidado del nido, el nicho, el hogar. La teoría es desarrollada entre 2004 y 2010, y constituye la mejor aplicación acerca de un hecho básico: la vida no es un sistema de lucha y competencia, sino de ayuda, de altruismo y de cooperación. Es lo que en términos algo más técnicos Margulis expresa como simbiosis y holobiontes.


De esta suerte, la teoría de la evolución cooperativa (= eusocial) pone de manifiesto una explicación multiniveles de la evolución, así: existe una imbricación entre selección individual y selección grupal, que favorece ampliamente, ya desde los invertebrados hasta los mamíferos superiores más complejos, la cooperación y el beneficio mutuo antes que la competencia y la lucha recíproca. Este modelo ha sido sustentado por nuevas matemáticas de sistemas dinámicos no lineales, que arrojan nuevas y refrescantes luces sobre la lógica de la vida.


Ciertamente, el origen de la eusocialidad ha sido raro en la historia de la vida, debido a que la selección de grupo ha sido excepcionalmente poderosa para relajar la fuerza de la selección individual. Desde la genética hasta la epigenética, la eusocialidad ha sido confirmada una y otra vez poniendo en claro, a plena de luz del día, que las especies se benefician enormemente más de procesos de ayuda mutua antes que de rivalidad.


Digámoslo de manera puntual: los sistemas más complejos son aquellos que poseen eusocialidad, esto es, una condición verdaderamente social. La complejidad se funda en la eusocialidad y a su vez la eusocialidad permite formas, dinámicas y estructuras auténticamente complejas.


Como se aprecia, la biología, la ecología y las propias matemáticas han tomado una ventaja selectiva en el panorama de las ciencias y las disciplinas en este plano. Sin la menor duda, las más rezagadas son las ciencias sociales, por ejemplo, la economía, la administración, la educación y la política, las cuales siguen haciéndose ampliamente posibles a la fecha con base en conceptos (erróneos), como “competencia” y “competitividad”. Competencias argumentativas, crecimiento competitivo de la economía, competitividad empresarial, lucha por el poder, por ejemplo.


¿Cabe mencionar aquí que el 97% de la biomasa son plantas? ¿O que la biomasa de las hormigas es esencialmente igual a la de los seres humanos a todo lo largo de la historia? ¿O que la vida se funda esencialmente en la importancia de las colonias bacteriales y que el microbioma es una instancia fundamental para comprender la salud humana? (Ello sin mencionar el significado del viroma).
Existe en el imaginario social y en la cultura en general una idea equivocada; se trata de la creencia de que la vida es un combate incesante y sólo los más fuertes sobreviven; no los mejores, no los más inteligentes, no lo más buenos. Esta creencia errónea tiene enormes consecuencias en numerosos planos. Frente a este imaginario, bien vale una actualización de lo mejor de la ciencia y la investigación. En este caso se trata de la idea de eusocialidad. El origen de la vida en el planeta fue exactamente el origen de procesos de ayuda mutua, de codependencia, de reciprocidad.
La cultura ha conducido a conceptos como “fuego amigo”, “bajas casuales”, “falsos positivos”, “posverdad” y los ya mencionados de “competencia” y “competitividad”, para no elaborar una lista larga. La ignorancia en ciencia se traduce en políticas peligrosas y en creencias falsas.


La eusocialidad, el hecho de que la vida es una gran red de cooperación y ayuda mutua, y en la que la naturaleza carece de jerarquías. Los sistema vivos generan constantemente las condiciones de posibilidad de su propia existencia, y se hacen posibles con base en aprendizaje mutuo y cooperación recíproca. No es difícil.

PUBLICADO: 19 MARZO 2018

Viernes, 16 Marzo 2018 06:19

Podremos alimentarnos sin morir de sed?

Podremos alimentarnos sin morir de sed?

Ciudad del Cabo se está quedando sin agua. Desde el primero de febrero el límite de consumo por persona es de 50 litros por día. Si no llueve, se calcula que a partir del 11 de mayo no saldrá ni una gota de agua de sus grifos.


Pero este no sólo es un problema de Ciudad del Cabo. En los próximos 30 años tendremos que producir 70 por ciento más de alimentos debido al aumento poblacional y al cambio en la dieta. Un enorme obstáculo para alimentar a 9 mil millones de personas será la disponibilidad de agua dulce. Sin agua, no hay comida; así de simple. Entonces, ¿podremos alimentarnos sin morir de sed?


En los últimos 100 años aumentamos ocho veces la extracción global de agua dulce, hasta llegar a 4 mil kilómetros cúbicos anuales, equivalente a casi cinco veces el lago Titicaca. A escala mundial, de este inmenso mar de agua dulce, 70 por ciento se usa para producir comida.


El cambio climático añade aún más complejidad al desafío de producir alimentos para todos. Bajo un escenario conservador, países como Perú, Ecuador y Colombia experimentarán un aumento en promedio anual de las lluvias de alrededor de 30 por ciento, pero otras regiones como la Patagonia, México y el centro de Brasil se volverán más secos.


América Latina y el Caribe es la región con la mayor disponibilidad de agua dulce, con casi un tercio del volumen del planeta, y con sólo 9 por ciento de la población. En teoría tenemos 24 mil metros cúbicos por persona, un mundo de agua. Sin embargo, esta cifra esconde fuertes diferencias entre países y territorios: un tercio de la población regional vive en zonas áridas y semiáridas. Muchas áreas de Centroamérica, los Andes, el noreste brasileño y el Caribe, sufren carencia recurrente o crónica de agua y los asentamientos de la población no siempre coinciden con fuentes de agua abundantes. Además, existen diferencias climáticas dentro de un mismo país: la precipitación anual de Colombia varía de 300 milímetros al año en la península de La Guajira a 9 mil milímetros en la región del Pacífico.


Como tantas otras cosas, el agua también se reparte de forma desigual en América Latina y el Caribe. El consumo promedio por persona es de 240 litros al día, pero el consumo promedio de una familia acaudalada de Perú, que vive en San Isidro, es 25 veces superior al de una familia pobre de Lurigancho.


Pese a lo mencionado, somos una de las regiones con mayor potencial para aumentar de manera significativa su superficie agrícola regada. En la región, dos tercios de este potencial lo tienen cuatro países: Argentina, Brasil, México y Perú. En la región se podría extender el riego a una superficie equivalente a 106 millones de canchas de futbol. Sólo una quinta parte de esa superficie es regada hoy. Esto no es menor: una hectárea regada produce tres veces más comida que una que depende de la lluvia. Pero no estamos haciendo mucho por aprovechar ese potencial. Al ritmo que hemos invertido en las últimas cinco décadas, tardaremos más de 300 años en aprovechar nuestro potencial de riego.


Expandir la superficie regada es caro. Y tiene un lado oscuro desde el punto de vista ambiental y social. Afortunadamente, hoy existen variedades de plantas y animales que permiten producir más alimentos con menos agua. Además, podemos usar el agua de manera mucho más eficiente, si se modernizan los sistemas de riego y se adoptan técnicas que mejoran la calidad del suelo para que almacene más agua por más tiempo.


Implementar estas medidas requiere de un mayor esfuerzo: más inversión pública y privada, más organización social, mejor gobernanza del agua, de los suelos y los sistemas alimentarios. Y políticas públicas que faciliten todo lo anterior.


Entonces, ¿podremos alimentarnos sin morir de sed? La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO es enfática al respecto: sí, ya que podemos producir muchos más alimentos con mucho menos agua. Pero debemos comenzar hoy mismo.


Por JULIO BERDEGUÉ, Representante regional de la FAO, y Elizabeth Coble, consultora de la FAO

 

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Bosques de Antioquia han perdido 65 por ciento de su extensión

El observatorio de Bosques de Antioquia alertó que solamente quedan 35% de los bosques que existían hace 10 años en el departamento de Antioquia. A pesar de que le atribuyen a este fenómeno la ganadería extensiva, las comunidades de la sub región norte de Antioquia han denunciado que, para la realización del proyecto Hidroituango, se deberán talar de 4.500 hectáreas de bosque tropical.

De acuerdo con el observatorio, de los 2.7 millones de hectáreas que había en ese departamento, para 2015 quedaban 2.2 millones. Además, de los bosques andinos, quedan un poco más de 5 mil hectáreas lo que corresponde al 35% del total que había antes. Esto hace al departamento de Antioquia la región con la tasa de deforestación más acelerada del país.


URABÁ HA SIDO LA REGIÓN MÁS AFECTADA POR AFECTACIÓN A BOSQUES ANDINOS


El Observatorio indicó que “la transformación del paisaje está relacionada con el cambio del uso de la tierra para actividades agropecuarias como la ganadería”. Además, la cobertura de bosques en Antioquia tuvo una pérdida de 19.700 hectáreas al año desde 1990 hasta 2015 donde los bosques secos fueron los más afectados pues presentaron una reducción del 55% para ese periodo. (Le puede interesar:“Comunidades fortalecen sus estrategias para conservar los bosques colombianos”)


En su libro presentado este año “Bosques Andinos: estado actual y retos para su conservación en Antioquia”, establece el Observatorio que “los municipios con mayor pérdida de cobertura de bosque fueron Turbo, Murindó, Dabeiba, Mutatá y Chigorodó”. Además, teniendo en cuenta el área de cada lugar, “los que presentaron mayores pérdidas fueron Itagüí, San Juan de Urabá, Carepa, Cisneros y Chigorodó”.


Esto hace que la región del Urabá sea la que mayores pérdidas de bosque andino ha tenido y está asociada a actividades como la ganadería y la deforestación. Además, recalcan que el 100% del agua disponible del Valle de Aburrá proviene de los ecosistemas de bosque andino que está en riesgo.


BOSQUE SECO TROPICAL DE ANTIOQUIA TAMBIÉN ESTÁ EN RIESGO


A este panorama, se suma el peligro que corren los bosques secos tropicales que se encuentran en la sub región norte de Antioquia debido a la realización de mega proyectos como Hidroituango. En diferentes oportunidades, el Movimientos Ríos vivos ha manifestado que, la inundación de la represa, va a afectar toda la flora y la fauna que se encuentra a lo largo de 12 municipios que se verán afectados con la construcción. (Le puede interesar:“ESMAD desaloja a campesinos de Sabanalarga en Antioquia”)


Además, de acuerdo con el Movimiento y según los permisos ambientales que tiene el proyecto, “se tendrían que talar 4.500 hectáreas que hacen parte de la inundación”. Ante esto y teniendo en cuenta la fase en la que se encuentra el proyecto Hidroituango, “hasta el momento han sido taladas 5% del total esas hectáreas”. Esto además de afectar los ecosistemas, pone en riesgo la búsqueda de personas desaparecidas por el conflicto armado.


Contagio Radio
19 febrero 2018

Publicado enColombia
Viernes, 16 Febrero 2018 05:42

Pensar los bienes comunes

Pensar los bienes comunes


Los comunes son los bienes que son de todos y que a todos nos interesa conservar

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Para pensar los bienes comunes “fuera de la caja”, pensad en algo que a todos nos conviene cuidar y mantener en buen estado, pero para lo que no existen incentivos particulares para hacerlo. En este sentido, normalmente, se identifican tres tipos de bienes comunes:


1) Los bienes comunes tradicionales se refieren a recursos de los que toda una comunidad o un pueblo depende: el agua del río que pasa por allí, los pastos, la tierras de cultivo, las zonas de pesca, etc. Se trata de recursos que no pueden dividir fácilmente y que ninguno del pueblo se puede apropiar por sí mismo. Si no lo cuidan, todos mueren de hambre, pero no hay nadie en concreto que tenga un incentivo personal para cuidarlo. De ahí que se tengan que poner de acuerdo para cuidarlo entre todos, estableciendo normas y regulaciones de uso común. Eso es el gobierno de los bienes comunes, o lo que es lo mismo, el gobierno común de los bienes. Elinor Ostrom lo describe brillantemente en el libro que lleva ese título.


2) Los bienes planetarios se refieren a la atmósfera, los océanos, la biodiversidad que son patrimonio de toda la humanidad (y del resto seres vivos). Nadie en concreto parecer tener responsabilidad de cuidarlos, no se obtiene un beneficio particular por cuidarlos con respecto a quienes no los cuidan. Más bien es al contrario,

contaminando estos recursos es como obtenemos beneficios particulares. De ahí que hagan falta acordar normas y regulaciones para reducir la contaminación, y por eso todos los países del planeta se reúnen en cumbres sobre el clima, para no llegar a ningún acuerdo porque sus gobiernos están más interesados en ventajas particulares que en el bien común. (nótese la polisemia de “bien común” como recurso común y como algo que es bueno para todos).


3) Los comunes digitales, se refieren al conocimiento compartido que es gratis y está accesible para todos, pero para el que hace falta un sistema de gestión de ese conocimiento para asegurar que tiene cierta fiabilidad y validez. Ahí está la Wikipedia con sus reglas y distribución de tareas para permitir que el resultado tenga una fiabilidad bastante aceptable; o las comunidades de software libre que trabajan coordinadamente de acuerdo a normas y protocolos propios para crear algunos de los mejores programas informáticos que existen.


La clave de todos estos sistemas de gobierno común está en que los acuerdos entre las partes son la forma más eficiente de gestionar estos recursos. Lo que lo diferencia de las otras dos formas de gestión conocidas: la centralizada y la de mercado.


En todos estos casos, una autoridad central tendría muy difícil legitimarse como propietaria o administradora del bien; y si lo hiciera, le sería muy difícil gestionarlo eficientemente, por falta de información, conocimiento y capacidad de acción.


También son recursos difíciles de gestionar por un sistema de mercado, puesto que para que los agentes económicos colaboraran en el cuidado del bien, habría que crear incentivos económicos particulares para orientar su acción, lo que en la práctica requiere (de nuevo) una regulación centralizada. Un ejemplo de este intento sería el mercado de venta de derechos de emisión de CO2, sin embargo, su eficacia para reducir la contaminación es muy limitada, porque sigue apelando a incentivos particulares.


En definitiva, los comunes muestran la necesidad de un sistema de acuerdos colectivos para regular en base al interés común (=conservar el recurso en buen estado) y no al interés particular (=hacer el mayor uso del mismo). Esa es la clave del concepto de procomún que se puede aplicar a muchos ámbitos.
Ahora, pensad “fuera de la caja”:


Podemos aplicar esta idea, por ejemplo, al concepto de privacidad y al modo en que es explotada en los reality shows. Todos tenemos una intimidad y a todos nos conviene que exista un respeto por la intimidad de los demás, en base a eso valoramos una serie de normas (de forma explícita o implícita) para el respeto a la intimidad de los demás. En las relaciones sociales (digitales o no) esto implica un código de conducta de respeto hacia los demás. Renunciamos al beneficio que podríamos obtener faltando al respeto o apelando a los trapos sucios de los demás para facilitar una cultura del respeto de la que nos beneficiamos.


También podemos aplicar esta idea a la comunicación pública en general, y en particular al modo en que apela a las emociones de la gente. Desde un respeto al bienestar común, renunciaremos a estimular determinadas emociones negativas (racismo, sexismo, odio, etc.) porque no queremos vivir en una sociedad en la que esas emociones sean predominantes, aunque en el corto plazo podamos obtener un beneficio apelando a alguna de ellas.


En estos dos casos no hay normas explícitas de gestión comunitaria, ni hay un bien o recurso material concreto que gobernar, pero en la práctica funciona el mismo principio de actuar en base a un sentido colectivo de respeto a un un interés común. En este sentido, los modos de gobierno de los bienes comunes (los tradicionales de Ostrom o los digitales como la Wikipedia) nos pueden ser útiles para pensar cómo se podría mejorar la gestión de otras cuestiones que nos afectan a todos y que a todos nos interesa cuidar y mantener.


Los comunes son los bienes que son de todos y que a todos nos interesa conservar

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18 mineros ilegales mueren en un enfrentamiento con el Ejército venezolano en la región de Guayana

El Gobierno de Venezuela los identifica como grupos de delincuentes que ejercen el control de la explotación de oro


El Ejército venezolano tuvo un enfrentamiento con un grupo de mineros ilegales en el yacimiento de oro de Cicapra, cerca de la zona selvática de Guasipati, en el sur del país. El combate resultó en 18 muertos: una mujer y 17 hombres, quienes portaban armas tipo militar.


El procedimiento es una de varias estrategias de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para recuperar el control económico de las intrincadas zonas selváticas contiguas a la Amazonia venezolana, donde ha proliferado la minería ilegal realizada por bandas criminales en los últimos cinco años. De acuerdo con un reporte de Región Estratégica de Investigación Penal (Redip), los cuerpos de los contrabandistas no pudieron ser identificados.


Los yacimientos auríferos en zonas específicas de las regiones selváticas de Venezuela han ido deviniendo lentamente en espacios controlados por la delincuencia, en los cuales han tenido lugar crímenes que han producido estupor en la sociedad. En algunas de estas poblaciones, son los capos de la zona, llamados pranes en la jerga carcelaria, los que controlan el flujo del comercio e imponen abiertamente sus intereses. Una de las más comentadas ha sido la masacre de Tumeremo, en la cual 17 mineros fueron asesinados por Jamilton Ulloa Suárez, un capo de origen colombiano conocido como El Topo.


Tal circunstancia ha ameritado la presencia activa de equipos especializados del Ejército venezolano. Ulloa, como otros hampones que dominaban estos espacios, fue ultimado en un operativo militar.


El deterioro de las actividades económicas vinculadas con la minería se ha consolidado durante el gobierno de Nicolás Maduro. En un esfuerzo especial para diversificar las fuentes de ingreso de la República, su administración ha decidido llevar adelante el megaproyecto del Arco Minero del Orinoco, una ambiciosa plataforma de inversión y explotación minera en la región de Guayana, al sur del río, que incluye capitales extranjeros especializados. El Gobierno venezolano busca convertir en ingresos líquidos los abundantes recursos existentes en la zona, como los minerales estratégicos. Algunos de estos espacios son ya teatro de operaciones de estos grupos delincuenciales.


Como proyecto, el Arco Minero del Orinoco ha sido duramente criticado por organizaciones ambientalistas, partidos políticos, sindicatos, e incluso por voceros disidentes del chavismo, ubicados a su izquierda, como la exministra Ana Elisa Osorio. Ellos argumentan que el desarrollo de esta iniciativa traerá trastornos ambientales irreversibles, con graves consecuencias para los recursos hídricos, y agudizará el problema de la descomposición social en amplias zonas del territorio nacional que hoy están casi despobladas. Los defensores del proyecto sostienen precisamente lo contrario: que el Arco Minero ha llegado para enfrentar y resolver estos problemas, al regularizar y normas los usos y promover el desarrollo.

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'Ni un pozo más': Ecuatorianos dicen 'No' a la extracción petrolera en el Amazonas

Se ampliará la zona intangible, libre de extracción de cualquier tipo, incluyendo la petrolera, dentro del Parque Nacional Yasuní.

 

El pasado domingo 4 de febrero, los ecuatorianos se pronunciaron a favor de reducir el área de extracción petrolera y ampliar la zona protegida en el Parque Nacional Yasuní, ubicado en la región amazónica ecuatoriana.

 

Los ciudadanos respondieron de forma positiva a la pregunta 7 de la consulta popular, que convocó el presidente Lenín Moreno. La interrogante era: ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? Los resultados fueron claros: el 67,3 % dijeron 'Sí' y solo el 32,7% que 'No' (con el 99,62 % de las actas procesadas por el Consejo Nacional Electoral —CNE—).

 

En las provincias donde se encuentra el Yasuní, que son Pastaza y Orellana, el resultado a favor del 'Sí' fue aún mayor: en la primera, el 83,36 % de los votantes dieron su afirmación a la pregunta; y en la segunda, lo hicieron el 75,48 %.

 

El Yasuní, Reserva de la Biosfera

 

El Yasuní es una de las zonas más biodiversas del planeta, con más de 2.100 especies de flora identificadas, aunque se estima que son más de 3.000; y unas 598 especies de aves, unas 200 de mamíferos, 150 de anfibios y 121 de reptiles. El parque se creó en 1979, abarcando un área de 1.022.736 hectáreas, y 10 años después, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró a ese territorio como Reserva de Biosfera.


El Yasuní, además de ser el albergue de una gran biodiversidad, es el hogar de varias etnias indígenas: Waorani, Shuar, Kichwa, Tagaeri y Taromenane, estas dos últimas son pueblos en aislamiento voluntario. En 1999 se creó, por decreto del entonces presidente Jamil Mahuad, la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane (ZITT); no obstante, fue durante el mandato de Alfredo Palacio (2005-2007) que se delimitó el área, abarcando un total de 758.773 hectáreas, un lugar seguro para los pueblos ancestrales y libre de la extracción de cualquier tipo, incluyendo la petrolera.

 

¿Qué significa y cuál es el alcance de la medida consultada?

La pregunta apunta a dos temas: Ampliar la ZITT y disminuir el área de explotación petrolera.


1.- Ampliar la ZITT


En concreto, a las 758.773 hectáreas protegidas se le sumarán "al menos 50.000", como decía la consulta. El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, ya adelantó que serán específicamente 62.188 hectáreas adicionales.


Grupos ecologistas, entre ellos YASunidos, llamaron a votar 'Sí' en la reciente consulta, bajo el lema 'Ni un pozo más', aunque reconocieron que había muchos puntos que no estaban bien definidos en el plebiscito sobre este tema. Pedro Bermeo, vocero de YASunidos, señaló que, aunque "no es claro, no dice cuándo, dónde ni cómo", el hecho de que el Estado "reconozca la existencia de los Pueblos Aislados —o más bien pueblos acorralados— es muy positivo para la supervivencia de estos pueblos, más aún ampliar la ZITT".



2.- Reducir la explotación petrolera en el parque


La parte final de la interrogante decía: "reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas".


Se refiere en concreto a las 1.030 hectáreas que la Asamblea Nacional aprobó que fueran espacio para la extracción petrolera en Yasuní, específicamente en el llamado eje Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), que comenzó a explotarse en 2016, una zona que tiene el 42 % de las reservas de crudo del país. La aprobación se hizo por solicitud del entonces presidente Rafael Correa, luego que no tuviera éxito la iniciativa Yasuní ITT, que buscaba una contribución internacional de 3.600 millones de dólares, percibidos a lo largo de 12 años, a cambio de dejar el crudo de la zona bajo tierra.


Bermeo señala que tienen estudios técnicos basados en los informes de la misma Petroamazonas, que trabaja en la zona, que demuestran que ya están explotadas más de las 300 hectáreas en el Yasuní que propone el gobierno, "por lo que daremos la pelea para que se pare ahí".


"No se sabe si la ampliación de la zona intangible es hacia el norte, sur, este u oeste y tampoco se sabe dónde estarán las 300 hectáreas", dijo, por su parte, Ramiro Ávila Santamaría, abogado, experto en derechos humanos y ambientales, y catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar, quien considera que no hay claridad con lo que pretende el gobierno en el Yasuní.


Mientras, ya se sabe que una comisión técnica integrada por los ministerios de Hidrocarburos, Justicia y Ambiente, será la encargada de evaluar las áreas que serán incluidas a la ZITT, informó el ministro Pérez.

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La minería, a pesar de todo el costo ambiental que acarrea para quienes habitan los territorios bajo explotación, así como para la misma naturaleza y las otras especies que la habitan, es defendida desde el Estado por el dinero que pagan las mineras al fisco nacional. En el caso de Cerrejón, ¿cuánto cancela este grupo minero por estos rubros y cuánto ahorra por exenciones de distinto orden? Las sumas y restas arrojan muchas preocupaciones y revelan algunas verdades que ponen en duda las pretendidas ventajas para el país de ampliar la explotación de carbón en La Guajira.

 


El pasado mes de noviembre la Corte Constitucional tomó la decisión de suspender el desvío del arroyo Bruno en La Guajira que pretendía hacer la empresa Cerrejón para extraer el carbón localizado en el cauce de este arroyo. La Corte argumenta que el proyecto de expandir esta mina puede atentar contra derechos fundamentales de la población local, tales como el agua, la seguridad alimentaria y la salud. Por su parte, la empresa sostiene que las obras de este proyecto fueron aprobadas desde 1998 por el Ministerio de Ambiente e incluidas en el Plan de Manejo Ambiental vigente desde 2005 y aprobado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla)1. La solicitud específica de desviar este arroyo fue aprobada por la Anla mediante la Resolución 759 del 14 de julio de 2014.


¿Cuánto gana el Estado, en lo económico, por una decisión como la tomada por la Anla?

 

Sin entrar en una discusión jurídica, es bueno tener en cuenta diversos aspectos abordados explícitamente por la Constitución Política y que son relevantes para un análisis económico de la explotación minera:

 

  • Como propietario de los recursos del subsuelo, el Estado debe velar porque los resultados de su explotación deben cumplir con principios de eficiencia, economía, equidad y valoración de costos ambientales (Art. 267). Esto implica realizar análisis económicos de las condiciones en que se lleva a cabo la explotación de estos recursos, para evaluar si el Estado obtiene una contraprestación adecuada por dicha explotación, garantizando una distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano, orientado todo ello al cumplimiento de los objetivos del Estado Social de Derecho (Art. 334).
  • Las regalías constituyen la contraprestación que recibe el Estado por otorgar el derecho a la explotación de los recursos del subsuelo a los particulares (Art. 360).
  • Además de recibir las regalías como contraprestación por la explotación de un recurso del subsuelo, el Estado debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Es este sentido, las regalías no pueden destinarse para cubrir los costos de dichas obligaciones, ya que ellas deben ser asumidas de manera obligatoria por quienes realizan la explotación de los recursos del subsuelo (Art. 80).
  • Las empresas que participan en la actividad económica no solo tienen derechos, sino que tienen deberes constitucionales que deben cumplir (Art. 333).
  • Todo lo anterior, en cumplimiento del derecho de las personas a un ambiente sano, garantizando su participación en las decisiones que las afecten y protegiendo la integridad ambiental (art. 79).

 

En este contexto, para una evaluación económica de la concordancia de la intervención del cauce natural del arroyo Bruno con los postulados constitucionales enunciados, debemos tener en cuenta el análisis de dos insumos fundamentales:

 

La valoración económica de los costos ambientales, tomando como punto de partida inicial las referencias a este aspecto contenidas en los actos administrativos de la Anla.

 

La contraprestación económica que recibiría el Estado a través de las regalías, tomando como referencia las contraprestaciones que el respectivo operador ha transferido al Estado.

 

Consideraciones que nos obligan a: 1) una reflexión sobre la valoración económica de los costos ambientales; y 2) un análisis de las regalías pagadas por la empresa al Estado.

 

Valoración económica de los costos ambientales

 

Proceder con esta valoración prevista en los estudios de impacto ambiental y en sus respectivos planes de manejo, obliga a evaluar dos componentes centrales: la magnitud de los impactos sociales y ambientales que se generarían como resultado de la actividad propuesta; y los recursos económicos que tiene que invertir el operador de la extracción minera para cubrir los costos requeridos para prevenir, mitigar, reparar o compensar los impactos negativos identificados.

 

Pues bien, al revisar la Resolución Nº 759 emitida por la Anla el 14 de julio de 2014, no se encuentra referencia alguna a la valoración económica de los impactos ambientales y sociales que se generarían con la intervención del cauce del arroyo Bruno. Tampoco hay referencia a cuáles son los recursos comprometidos por parte del operador para implementar el plan de manejo a que se refiere la mencionada Resolución.

 

En relación con el primer aspecto, esta valoración es imprescindible al menos en dos componentes básicos de un plan de manejo: 1) hay ciertos impactos negativos que, por exigente que sea un plan de manejo, no logran ser prevenidos, mitigados ni reparados. En consecuencia, debe recurrirse a una compensación de los mismos. 2) como su nombre lo indica, mitigar un impacto implica que se atenúa su efecto, pero que una porción del mismo prevalece y por tanto también debe ser compensado2.

 

La valoración económica de los impactos a ser compensados, así como de la porción de los impactos mitigados que prevalece, se requiere para determinar si las compensaciones incluidas en el plan de manejo guardan correspondencia con los impactos a compensar. La valoración económica es entonces el procedimiento para adelantar este análisis.

 

Por otra parte, un plan de manejo es una obligación contractual acordada entre el Estado (representado en este caso por la Anla) y el operador (la empresa Cerrejón), donde se fijan las inversiones y los costos de operación requeridos para implementar este plan. Como en cualquier relación contractual de esta naturaleza, la cual implica una inversión a cargo del particular, el acto administrativo debería aludir tanto a los montos a ser asignados, como a la correspondencia entre estos montos y las acciones propuestas.

 

Adicionalmente, el Código de Minas (Ley 685 de 2001) establece en su artículo 280 que la empresa minera debe suscribir una póliza de garantía de cumplimiento minero-ambiental, la cual debe ser aprobada por la respectiva autoridad y que, entre otras, ampare el cumplimiento de las obligaciones mineras y ambientales. Es decir, que ampare el cumplimiento del plan de manejo ambiental, lo cual supone una cuidadosa revisión de los costos de implementación de dicho plan. Nuevamente, los actos administrativos aquí referidos no hacen mención alguna al cumplimiento de esta obligación.

 

La ausencia en el acto administrativo de la Anla de estos componentes de valoración de costos ambientales, llevan a emitir como concepto que es conveniente mantener la suspensión de la intervención del cauce natural del arroyo Bruno ordenada por la Corte Constitucional. Suspensión que debe mantenerse, por lo menos, hasta tanto la Anla como representante del Estado, demuestre, además de otros requisitos imprescindibles, que se está cumpliendo a cabalidad con una adecuada valoración de los costos ambientales que permita tener certeza económica del cumplimento de las obligaciones constitucionales a cargo del operador.

 

 

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Las regalías como contraprestación económica a favor del Estado

 

Además de cumplir con todas las obligaciones sociales, ambientales y tributarias que son connaturales a cualquier agente que realice una actividad económica, en el caso de la explotación de recursos del subsuelo existe una obligación adicional, establecida en la propia Constitución Política: el pago de las regalías a favor del Estado, como contraprestación económica por explotación del recurso del subsuelo de su propiedad. Estas regalías, que representan conceptualmente la participación del Estado como propietario de los recursos del subsuelo en las utilidades de su explotación, no deberían excluir el pago de ningún tipo de impuestos. Sin embargo, esto no sucede en el marco de la legislación vigente en el país. En efecto, el Código de Minas prohíbe expresamente (artículo 231) que los departamentos y municipios cobren impuestos directos o indirectos a la actividad minera que se desarrolle en su territorio.

 

En relación con las regalías, uno de los argumentos recurrentes de las autoridades nacionales para impulsar el sector minero es la importancia que ellas tienen para generar ingresos para el Estado. Al respecto, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 plantea la estrategia de consolidar el sector minero como impulsor del desarrollo sostenible del país, con responsabilidad social y ambiental, con el siguiente argumento3:

 

El sector minero es una importante fuente de recursos para la inversión pública y el desarrollo económico del país. Con el fin de aprovechar esta oportunidad de recursos de manera ordenada, aportando al desarrollo social, en armonía con el medio ambiente y con otras actividades productivas, el Gobierno nacional incentivará la inversión privada a través del establecimiento de un esquema regulatorio organizado y transparente, y de la dotación de bienes públicos al servicio del sector, desde una visión territorial y ambientalmente responsable.

 

En esta misma dirección, el Ministerio de Minas y Energía en su Política Minera 2016-2025 plantea que este sector es una fuente de ingresos importante a nivel nacional y local y resalta que “solo con los recursos obtenidos por regalías entre 2010-2015, que ascienden a $9.7 billones, se pueden financiar dos años completos del programa social Familias en Acción”4.

 

Teniendo en cuenta estos argumentos, ¿cómo se han aplicado las regalías al grupo Cerrejón en los últimos años?


Para mirar la evolución de las regalías causadas a favor del Estado por la extracción de carbón por el grupo Cerrejón, se cuantifica el volumen de carbón extraído entre 2002 y 2015, en cuatro contratos reportados a nombre de este grupo (tabla 1); información que se complementa con el valor de las regalías anuales pagadas por el grupo Cerrejón al Estado (tabla 2), para poder analizar el valor pagado por tonelada de carbón extraído, en cada uno de los contratos (tabla 3).

 

 

tablas

 

 

Las cifras indican que efectivamente la empresa ha pagado por regalías sumas importantes, superando en muchos años los 300 mil millones de pesos. No hay duda en ello, pero sí amerita un análisis complementario. En primer lugar, para identificar si esta actividad sí está generando recursos adecuados al Estado es bueno revisar el valor pagado por las regalías correspondientes al denominado contrato Comunidad. Como se observa en la tabla 3, en casi todos los años por este carbón se pagaron regalías apenas simbólicas, de menos de mil pesos por tonelada, mientras que en los otros contratos se pagaron casi siempre por encima de 10 mil pesos e incluso en algunos años por encima de 30 mil pesos por tonelada extraída. Situación originada en el hecho que dicho contrato opera en lo que se denominan “títulos de propiedad privada”, los cuales por decisión de las autoridades nacionales pagan una tarifa apenas simbólica por concepto de regalías. Esta situación tiene serias repercusiones sobre la participación del Estado en las regalías, toda vez que este contrato tiene un peso significativo en la extracción total de carbón en La Guajira, especialmente entre los años 2010 y 2014 cuando alcanzó a representar una quinta parte del total del carbón explotado por este grupo empresarial.

 

Por otra parte, esta empresa se vio favorecida desde el año 2005 por un concepto de la Dian que les permitió a las empresas mineras deducir las regalías como un costo de producción en la liquidación del impuesto a la renta. Concepto que significó importantes ahorros en el pago de impuestos y que recientemente fue declarado nulo por el Consejo de Estado.

 

Estos privilegios para una empresa como el grupo Cerrejón no paran allí. En efecto, entre los años 2002-2011 la empresa se benefició de una norma que estaba especialmente orientada a favorecer las empresas emergentes que operaban en la frontera: la exención del pago de impuestos a los combustibles en las áreas de frontera. Durante este período, los ahorros en costos de combustible le pudieron significar a la empresa sumas que representaron más de tres veces las regalías pagadas en el mismo período de tiempo.

 

Para una síntesis de estos beneficios para una empresa como Cerrejón, y los consecuentes costos para las finanzas del Estado, la siguiente gráfica muestra unas cifras que ilustran esta situación. Por una parte, las barras positivas muestran lo efectivamente pagado por la empresa por concepto de regalías. Y sin contabilizar lo que dejaron de recibir los municipios y el departamento de La Guajira por la exoneración del pago de impuestos territoriales, las barras negativas muestran los tres tipos de beneficios empresariales otorgados a la empresa, en contravía de los intereses colectivos del país: las regalías omitidas en el contrato Comunidad; el impuesto a la renta dejado de recibirse por la deducción de las regalías como costo de producción; y las ventajas que durante muchos años tuvieron de no pagar ningún impuesto sobre los combustibles.

 

En conclusión, como se observa en el gráfico, las ventajas económicas recibidas por la empresa durante muchos años, todas ellas a costa del interés colectivo expresado en las finanzas del Estado, prácticamente han anulado las regalías causadas. De allí que la suspensión de la ampliación de las actividades extractivas que se pretendían realizar en el cauce del arroyo Bruno es más que justificada, por lo menos y entre otras cosas, hasta tanto no se evalúe si esta explotación sí deja algún beneficio para el país. Y por supuesto, que se tengan en cuenta antes de cualquier decisión al respecto, los intereses de las comunidades locales.

 

* Economista. Integrante del Comité Académico del Foro Nacional Ambiental.
1 Cerrejón. Decisión de la Corte Constitucional afecta plan minero de Cerrejón. 19 de diciembre de 2017 (www.cerrejon.com)
2 Como lo expresa el Diccionario de la Real Academia Española, mitigar significa “moderar, aplacar, disminuir o suavizar algo riguroso o áspero”.
3 Departamento Nacional de Planeación, DNP. Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país. Bogotá, D.C., 2015, p. 238.
4 Ministerio de Minas y Energía. Política Minera de Colombia. Bases para la minería del futuro. Bogotá D.C., abril de 2016, p. 9.

Publicado enEdición Nº242