¿Qué son las neurociencias sociales?

Si es verdad que el principal problema de salud pública en los estados y las sociedades contemporáneas es la salud mental, las neurociencias sociales contribuyen como pocos campos a la explicación del fenómeno.



Una auténtica revolución científica tiene lugar al interior de las ciencias sociales. El estado de lo que normal o clásicamente se conocía como las ciencias sociales viene cambiando de forma radical. La interdisciplinariedad ya no es un discurso, sino una práctica cotidiana. Uno de los campos de punta que han emergido son justamente las neurociencias sociales.


El concepto nace en 1992, pero ya ha logrado posicionarse gracias a la existencia de una prestigiosa revista con el mismo título (Social neurosciences), y se llevan a cabo reuniones periódicas de congresos internacionales, sociedades nacionales y redes activas de científicos que trabajan en este campo.


La idea de base es que no es posible comprender los comportamientos sociales al margen de la explicación acerca del funcionamiento del cerebro y de la biología. En realidad, los seres humanos poseen tres cerebros en uno, así: el cerebro reptiliano (emociones básicas, primarias), el sistema límbico (sentimientos) y el neocórtex (ideas y conceptos). El mundo humano no es sin la interacción entre los tres tipos de cerebros. Y a su vez, el cerebro incide sobre el cuerpo mismo (soma) y en la forma como nos relaciones, actuamos o dejamos de hacerlo en un momento determinado.


La verdad es que las relaciones y las estructuras sociales inciden profundamente en el funcionamiento y en la propia estructura del cerebro y del propio organismo, algo que ha dado lugar, por otra parte, a uno de los descubrimientos más apasionantes: la cultura y el medioambiente inciden en la estructura: (a) de los genes; (b) de las neuronas y del propio cuerpo. La epigenética estudia exactamente estos aspectos. Ya no existe la cultura, de un lado, y la naturaleza de otro: ambos conforman un continuo dinámico que hace posible la vida, o la impide.


Pues bien, las neurociencias sociales estudia, de una parte, los mecanismos biológicos que subyacen a los procesos y comportamientos sociales. Comprar, sentir afecto o aversión, las relaciones con nuestras mascotas, los aspectos judiciales o los económicos, por ejemplo, son considerados a la luz de la forma el funcionamiento del cerebro, del sistema endocrino y del sistema inmune —los tres conforman una sola unidad, en realidad—, configura un mundo social con tales o cuales características. De otra parte, se trata de estudiar cómo la biología misma —y entonces hablamos a la vez de dos cosas: del enfoque Eco–Evo–Devo (ecología, evolución y desarrollo) y de biología de sistemas— aporta métodos, conceptos y explicaciones para el mundo social.


Digámoslo de manera puntual: ni biologismo, ni sociologismo, por ejemplo. Antes bien, un nuevo campo cruzado que arroja nuevas y mejores luces acerca de lo que clásicamente explicaban la antropología, la economía, la política o la sociología, por ejemplo.


Existen dos grupos de métodos en las neurociencias sociales. De un lado, técnicas propias de la psicología cognitiva y las neurociencias como son las imágenes de resonancia magnético funcional, la electromiografía facial, los electromiogramas, las respuestas galvanizadas de piel, la simulación magnética transcraneal, y varias otras. Sencillamente, se trata de leer las áreas de activación del cerebro en determinadas circunstancias, así como el estudio facial de emociones, circunstancias y eventos, los cuales traducen ideas, conceptos, temores y hasta principios.


De otro lado, al mismo tiempo, existe ya una tradición de métodos narrativos en el ámbito de las neurociencias sociales. En este caso, no de espaldas a los trabajos experimentales y teóricos, se trata de construir relatos en torno al problema de base. De esta suerte, los métodos cuantitativos y los cualitativos confluyen en este novedoso ámbito de trabajo cruzado.


Si es verdad que el principal problema de salud pública en los estados y las sociedades contemporáneas es la salud mental, las neurociencias sociales contribuyen como pocos campos a la explicación del fenómeno. Las enfermedades crónicas, por mencionar un ámbito, emergen como un reto inescapable para la convivencia de un mundo común para todos. Las enfermedades no transmisibles requieren aportes diferentes a los provenientes de la medicina. Pero es igualmente cierto que la cultura, en sentido amplio pero fuerte, constituye un caldo de cultivo para la “transmisión” de patologías y comportamientos erráticos. La no medicalización de la salud abre las puertas, de par en par, a las interacciones entre cultura, medioambiente y biología.


Las neurociencias sociales pueden intervenir de forma positiva en enfermedades biológicamente no transmisibles, pero que culturalmente pueden convertirse en epidemias. Pero con ello, ulteriormente, al final del día, en todos los temas y aspectos que competen a un saber vivir bien, a un saber vivir.


Al fin y al cabo, el cerebro es una instancia social, no ya simplemente personal o biográfica. Pero este es un tema al que apenas la ciencia y la cultura se están aproximando, en perspectiva histórica. El cerebro: la confluencia de tres sistemas distintos que forman una sólida unidad: el sistema endocrino (hormonas), el sistema inmune y el sistema nervioso central. Nuestra mundo, según parece, está cruzado por los tres. Debemos poder comprender esos cruces, entrelazamientos y refuerzos positivos y negativos a la vez. En ellos nos va la vida.


Una observación final: tradicionalmente se cree que existe interdisciplinariedad, en medicina, porque un internista trabaja con enfermeras, con inmunólogos, con oncólogos y terapistas, por ejemplo. O que hay interdisciplinariedad cuando trabajan físicos y biólogos, matemáticos y expertos en computación, por ejemplo. O en otro plano, que hay interdisciplinariedad porque trabajan historiadores y economistas o antropólogos y sociólogos, o politólogos e internacionalistas, por ejemplo. En todos los casos, hay autoengaño por parte de las comunidades académicas y de investigación. Pues la verdadera interdisciplinariedad no sucede al interior de grupos o familias de ciencias o disciplinas. Por el contrario, sucede cuando trabajan familias y grupos distintos y cruzados. Las neurociencias constituyen un ejemplo conspicuo de verdadera interdisciplinariedad. Algo que en nuestros países está aún lejos de suceder.

500 presas amenazan con ahogar el Amazonas


El impacto sobre los ríos amazónicos será 'irreversible' si se construyen todas las represas planeadas


A lo largo del Amazonas hay 140 presas hidráulicas operativas o en construcción y planean construir otras 428. Aunque al final solo se levante una porción de ellas, los científicos creen que su impacto sobre los ríos amazónicos será "desastroso". Un estudio global sobre las consecuencias de tanta represa señala que alterarán el discurrir del río, reteniendo la mayor parte de los sedimentos y nutrientes fluviales que no vivificarán la planicie amazónica, ahogando la vida que depende del río y el océano donde acaba.
En el Amazonas todo es a lo grande. Su tramo principal tiene unos 2.000 kilómetros hasta la desembocadura en el Atlántico, en un estuario con más de 300 kilómetros de ancho. Pero aún hay otros 5.000 kilómetros hasta llegar al extremo contrario, a su cabecera en los andes peruanos, por donde discurren sus afluentes principales. Algunos, como el Madeira, el Negro o el Japurá, están entre los 10 ríos más grandes del planeta. La cuenca del Amazonas ocupa una extensión de 6,1 millones de Km2, 12 veces la de España. Y el agua que discurre por los ríos amazónicos equivale al 20% del agua dulce líquida de la Tierra.


A pesar de tanta enormidad, no hay río que sobreviva a 568 presas. Esa es la principal conclusión de un amplio estudio en el que han participado desde ecólogos hasta ingenieros, pasando por economistas y geólogos de una decena de universidades estadounidenses, alemanas, británicas y brasileñas. Aunque cada presa lleva aparejado su estudio de impacto ambiental, nunca se había estudiado el impacto regional de todas las represas habidas y por haber en la cuenca amazónica. La investigación, publicada en Nature, analiza el coste que tendrán sobre la vida del río, desde las inundaciones estacionales que dan vida a la Amazonia, hasta los sedimentos que dejará de arrastrar hasta la desembocadura.


Los ríos no son solo agua. También transportan grandes cantidades de sedimentos que arrancan de un lado y depositan en el otro. Estos sedimentos son el sustrato mineral de la vida en una amplísima región de más de un millón de Km2, entre humedales y llanuras aluviales. En su último tramo, el Amazonas transporta entre 800 y 1.200 millones de toneladas de limos, arenas y arcillas y al menos la mitad acaban en el océano al año. Con cada presa que se interponga entre el río y el mar, un porcentaje de esos sedimentos quedará atrapados en el hormigón.


"Acuérdense del antiguo Egipto, que dependía de los limos del río que fertilizaban las tierras de la llanura de inundación", dice el investigador de la Universidad de Texas en Austin (EE UU) y principal autor del estudio, Edgardo Latrubesse. "El Nilo es hoy en día un río totalmente regulado artificialmente por megarepresas. Es un caso típico que ejemplifica los tremendos impactos producidos por infraestructuras construidas varias décadas atrás, lo que produjo grandes impactos sociales, ambientales y económicos", añade este experto en geomorfología de los ríos. No es la primera vez que se relaciona la situación del Egipto moderno con la alteración del curso de su gran río.


En el caso que Latrubesse mejor conoce, el amazónico, el impacto combinado de las presas podría provocar que más del 60% de los sedimentos que arrastra el río se queden ahora atascados. "En el Yangtze [donde se levantó la presa de las Tres Gargantas] la retención hoy en día ya es de más de 75% y en otros ríos como el alto Rio Paraná en Brasil, la retención es más del 100%. Valores de más de 70-90% son típicos en el mundo. Esperamos algo similar en el Amazonas si todo fuera construido", sostiene.


Tal interferencia en la dinámica del río tendrá unas "consecuencias desastrosas", en palabras de Latrubesse. Los sedimentos no solo transportan nutrientes a la llanura aluvial, sino que son parte integrante del río: "Se erosionan barrancas, islas y pedazos de la llanura aluvial mientras se generan nuevas áreas por sedimentación", recuerda este investigador. Esta dinámica ayuda a mantener en los trópicos una gran diversidad de ambientes y, para los biólogos, "este proceso de regeneración es un mecanismo muy importante que contribuye a la creación de biodiversidad", concluye.


El problema no será menor en la desembocadura. La columna de agua y sedimentos que acaba en el Atlántico se extiende por más de 1,3 millones de km2 del océano, la mitad de lo que ocupa el Mediterráneo. Además de ser la base de una extensa línea coralina en la costa americana y los manglares de las Guayanas y el norte de Brasil, esta enorme aportación amazónica interviene en el clima regional condicionando la generación y movimiento de las tormentas tropicales del Caribe. La falta de sedimentos en la zona costera también favorecerá la erosión marina y la intrusión salina en los acuíferos.


Los autores del estudio han creado un índice de vulnerabilidad de los ríos al impacto de las presas. Sobre un máximo de 100, algunos ríos de la franja andina, como el Marañón, podrían alcanzar un índice 72. En su cabecera hay construidas o planificadas 104 presas de más de 1 megavatio (MW) de capacidad generadora. Más abajo, el río más vulnerable es el Madeira, uno de los 10 más caudalosos del mundo que por sí solo aporta la mitad de los sedimentos que el Amazonas lleva al mar. Con un índice de vulnerabilidad superior a 80, en el Madeira viven unas 1.000 especies de peces, el triple que en todos los ríos de Europa.


Pero el caso más llamativo quizá sea el del Tapajós, el principal afluente de la margen derecha del Amazonas. En su tronco principal no hay ninguna presa. Sin embargo, es y será uno de los más afectados por la construcción de decenas de represas en sus afluentes creando un sistema interconectado de presas y pantanos artificiales a lo largo de 1.000 Km, casi la distancia que hay entre Madrid y París. Para Latrubesse, "seria imposible construir este tipo de obras de tremendo impacto ambiental en países desarrollados".


La justificación para todo esto era la necesidad de generar la energía sobre la que Brasil, Ecuador, Perú o Bolivia pudieran basar su desarrollo. Sin embargo, las presas hidroeléctricas no parecen la solución. El investigador de la Universidad de Oxford y coautor del estudio, Atif Ansar, recuerda: "Nuestras investigaciones previas han mostrado que, debido al sistemático problema de los sobrecostes y el alargamiento de los plazos, el coste real de las grandes presas es demasiado alto como para recuperarlo". Pero estos trabajos eran económicos, no incluían el impacto ambiental. Ahora, dice, "las grandes presas no solo son inviables económicamente, sino también ambientalmente perjudiciales".

Publicado enMedio Ambiente
China construye planta flotante de energía solar más grande del mundo

El Gobierno chino espera convertirse en el líder mundial en la generación de energía renovable a través de paneles solares.

 


La mayor la planta flotante de energía renovable, con una grilla gigante de paneles solares, ha sido puesta en operación en la prefectura de Huainan, provincia china de Anhui por la compañía de fabricación de inversores fotovoltáicos de Asia, Sungrow Power Supply Co.


Esta impresionante obra de ingeniería, que cuenta con una capacidad de 40 megavatios de salida, ha sido instalada sobre una antigua mina de carbón que con el tiempo se convirtió en un lago debido a las constantes lluvias y el hundimiento de la tierra.


Este proyecto se convierte en otro intento del Gobierno chino de convertirse en el líder mundial en la generación de energía renovable. Sus autoridades planean triplicar la capacidad de generación de energía eléctrica a través de paneles solares hasta alcanzar los 143 gigavatios en 2020, con una inversión de 368 mil millones de dólares en infraestructura para la generación de energía renovable.


Las plantas flotantes de generación eléctrica por la transformación de la energía solar cuentan con múltiples ventajas y han adquirido una gran popularidad a nivel mundial.


Estas construcciones no utilizan el espacio terrestre, tan apreciado en países como China, que mantiene una de las densidades poblaciones más altas del mundo. Este país cuenta con más de 100 ciudades con más de un millón de habitantes.


Los paneles conservan el agua potable debido a que protegen el líquido de la incidencia directa de los rayos del Sol y disminuyen así su evaporación.


El agua, por su parte, actúa como un refrigerante natural y disminuye la temperatura de los paneles, algo que aumenta la eficiencia y el tiempo de vida útil de estos equipos

¡Que brille el oro!, pero bajo las montañas

“Cuando los labios sonríen, 

la pelea empieza a ganarse”.

Manuel Mejía Vallejo

 

La alegría fue la protagonista el pasado 26 de marzo cuando los habitantes del municipio de Cajamarca, Tolima, sentaron un precedente a través de una consulta popular, al decirle no a la explotación minera en su territorio. En este caso la multinacional derrotada, la mismísima Anglo Gold Ashanti (AGA), multinacional surafricana con presencia en diversidad de países donde su estela es de destrucción de la naturaleza, obligando al desplazamiento de sus pobladores al ver cambiado el uso del suelo de donde lograban lo básico para subsistir.

 

Como es sabido, el resultado fue contundente: 5.565 (97,84%) cajamarc unos votaron en contra y solo 68 (1,2%) a favor. Pese a las disputas jurídicas y políticas que determinarán la expulsión definitiva de estas prácticas extractivas en esta región, la frase de Manuel Mejía parece palpar lo que se avecina en todo el país: Una pelea que ya empezó a ganarse.

 

Primera vuelta: suroeste antioqueño

 

Parte del suroeste antioqueño está asentada sobre una zona denominada el Cinturón de Oro de Colombia (COC), una de las más grandes betas de oro descubiertas recientemente en el país.

 

Su extensión asombra a unos y abre el voraz apetito de los negociantes de la vida. Como una serpiente pitón, su cuerpo se extiende desde Marmato (Caldas), siguiendo un flanco de la cordillera occidental hasta terminar en Antioquia en la desembocadura del río San Juan en el Cauca, recorrido que comprende los municipios de Caramanta, Valparaíso, Támesis, Jericó, Tarso, Pueblorrico, Andes y Jardín (ver mapa 1).

 

 

mapa 1 p2

 

 

El brillo de El Dorado sigue encegueciendo luego de cinco siglos. Es así como en la actualidad el 90 por ciento del suroeste antioqueño está solicitado y titulado para exploración minera por parte de empresas transnacionales (ver mapa 2), “entre las que se encuentran la Anglo Gold Ashanti AGA (Sudáfrica), Solvista Gold (Canadá), Continental Gold (Canadá), Tolima Gold (Canadá), Colombian Mines Corporation (Canadá), B2Gold (Canadá), entre otras más”1. Una vez destruido el campo, ¿comeremos metales? ¿Y el paisaje? ¿Y el medio ambiente?

 

mapa 1 p3

 

 

La empresa con mayor número de títulos mineros en la región es la Anglo Gold Ashanti AGA, entre los cuales cuenta con el proyecto Quebradona, que comprende un total de 12.699 ha2, a través de cinco títulos mineros.

 

Este proyecto, legalizado bajo la razón social de Minera Quebradona Colombia S.A, filial de AGA, está ubicado en mayor proporción en jurisdicción del municipio antioqueño de Jericó, extendido en su área rural a lo largo de 19.180 hectáreas, de las cuales 7.600 fueron adjudicadas con licencia de exploración minera (ver mapa 3).

 

 

mapa 2 p3

 

 

 

La empresa tiene su campamento de operaciones en la vereda Quebradona (corregimiento de Pablocabildo) desde donde avanza, año 2010, con perforaciones exploratorias, las mismas que en la actualidad se encuentran en fase de estudio avanzado3. El proyecto se concentra en un importante yacimiento de oro en el que se encuentran además minerales asociados como cobre, plata, molibdeno, zinc y otros metales.

 

La comunidad en alerta

 

No pocos han sido los reclamos de quienes habitan este municipio ante la llegada a sus territorios de esta gigante de la minería, y sobre todo si tenemos en cuenta el pasado sombrío/poco fiable de esta empresa4. El pasado 11 de abril AGA “nuevamente de manera inconsulta e ilegítima intentó instalar en este mismo municipio, corregimiento de Palocabildo, nuevas plataformas de perforación minera. Frente a este hecho, miembros de la comunidad, en su mayoría campesinos y vecinos del lugar, reaccionaron de manera pacífica pero firme en defensa de sus derechos [...] impidiendo que se realizaran dichas actividades”.

 

Según pobladores del municipio, donde pretenden explorar es la zona donde nacen el 80 por ciento de las fuentes hídricas que abastecen a Jericó. Siendo éste, junto con Támesis, una de las mayores potencias hídricas a nivel departamental. “Se nos metieron como pedro por su casa, no nos consultaron, no nos tuvieron en cuenta para nada”, manifiesta Hernando García, campesino de Palocabildo. Desde que llegó AGA al suroeste antioqueño, “amparado en varios títulos mineros otorgados en Bogotá, han desconocido a las comunidades presentes en el territorio, pasando por encima de los instrumentos constitucionales de planificación y ordenamiento municipal”. Desconocimiento que ha generado un rechazo unánime por parte de movimientos y organizaciones ambientales y sociales, campesinos, finqueros, políticos y académicos.

 

Mil y más razones

 

“El regalo más grande que me vas a dar en la vida, mi Señor, no es plata; la lotería que yo te pido es que cuando esté vieja, me vaya a morir a Jericó!”5. Este anhelo de una de las protagonistas del documental: Jericó, el infinito vuelo de los días, parece empañarse con los pronósticos que se avecinan en la región, por lo menos así lo manifiestan sus pobladores. El temor se extiende.

 

La multinacional maniobra con palabras. Enfatiza, una y otra vez, en que las formas de hacer minería han cambiado: “Hemos aprendido a gestionar, reducir y mitigar los impactos de nuestra actividad [...] La buena minería genera riqueza y bienestar bien distribuidos y acelera el difícil camino del desarrollo sin tener que dañar la cultura ni el ambiente”. Probablemente sea verdad que sus prácticas hayan mejorado luego de los daños generados en diferentes partes del mundo, ciertamente, pero lo que no parecen entender (o no quieren entender) el gobierno, en alianza con multinacionales, es que nadie los ha invitado, y que no es grata su presencia en esta región; así lo manifiesta un líder campesino del corregimiento de Palocabildo. “No los queremos aquí perturbando nuestras tierras, nuestra tranquilidad, nuestras familias y nuestra unidad”.

 

La riqueza efímera

 

Para nadie es un secreto que el oro es un “activo refugio”, es decir “en tiempos de incertidumbre, inversionistas suelen colocar capital en este metal en lugar de arriesgarlo en acciones y bonos volátiles”. Es un bien de oferta y demanda que juega en los mercados internacionales, su precio fluctúa de acuerdo a las estrategias de bancos y organismos internacionales “que al usarlo como refugio financiero seguirán generando una demanda y por ende precios atractivos entre tanta inestabilidad macroeconómica internacional”.

 

Si bien es un metal precioso, en todo el sentido de la palabra6, su uso es bastante limitado: “Según el Consejo Mundial del oro solo 7% de la demanda se usa para producir materiales electrónicos y prótesis dentales. Además, menos de una décima parte tiene valor industrial”. El resto es destinado a joyería y a engrosar los anaqueles subterráneos, donde no brillará ante los ojos de nadie. Y como si fuera poco, con las reservas existentes de oro podría abastecerse la demanda industrial de este metal por 186 años7.

 

Según afirma Jorge Giraldo, decano de Ciencias y Humanidades de la Universidad Eafit de Medellín, la minería a gran escala no es una importante fuente generadora de empleo, “la única manera de generar empleo es generando encadenamientos industriales; si nosotros sacamos el oro y lo mandamos para el exterior, sin generar una industria alrededor de la producción del oro, pues eso finalmente no deja nada, no deja capacidades, no deja un sector industrial nuevo instalado, no deja empleo”.

 

Sin embargo, hay familias jericoanas que le han brindado la bienvenida a la multinacional. La situación económica así lo propicia. El campo en Colombia es un modelo prospero para muy pocos, la mayoría de la población campesina en el país es pobre. AGA llegó generando empleo, más de 200 puestos directos y con salarios superiores a lo que gana un jornalero. Razón por la cual los finqueros entran en preocupación, como lo expresa Edgar Correa, caficultor jericoano, “el campo se está quedando sin trabajadores, muchos quieren irse para las minas”.

 

Todo lo cual no deja de ser una bonanza efímera. En palabras de Alfonso Cardona, investigador de la Ong Conciudadanía: “dedicarse a estas actividades (mineras) es muy transitorio, porque cuando pasa la fase exploración y viene la explotación minera, generalmente no es la gente de los pueblos la que puede ser empleada, sino que vienen técnicos de otras partes”.

 

¿De la cultura del campo, a la cultura minera?

 

En suma, hasta ahora la llegada de la multinacional AGA a la región ha generado, además de afectaciones ambientales, conflictos entre las comunidades. Las estrategias que emplean, según cuenta Sergio Steven Ruiz, es convencer a las comunidades de los beneficios de la minería a través de la compra de insumos a los campesinos, materiales para las escuelas, bonificaciones, etcétera. lo que es aceptado en algunas veredas y rechazado en otras, lo que propicia una ruptura entre la comunidad, y por ende en el tejido social.

 

Manipulaciones, tensiones y rupturas comunitarias que es solo el comienzo de lo que podría venir de imponerse la pretensión de la multinacional en el municipio pues, como es conocido, los cambios culturales trascienden en la medida que se fortalezca la posición minera. Según cuenta el sociólogo Luis Fernando Moncada, puede entenderse un cambio cultural a partir de las nuevas actividades económicas: “Las relaciones que se establecen con las formas de producción, establecen también las formas de vida de las comunidades. La identidad, que es la relación de la comunidad con su ambiente, se ve inmediatamente afectada”, de lo que podemos deducir que estamos ante el riesgo de un inevitable cambio cultural en la región. Y enfatiza Fernando Moncada, “Si se permite que entre la minería, nosotros nos quedaríamos sin pueblo, abría que cambiarle de nombre”.

 

“Es que nosotros queremos vivir como siempre hemos vivido”, dice Sandra Gómez, campesina de la vereda Alacena, quien ve una contradicción en el gobierno al afirmar que el subsuelo le pertenece, mientras que los campesinos no pueden hacer uso de la primera capa vegetal, la que les da vida y tienen por derecho. “Es lo que uno no entiende, al campesino nuestro le decimos que no puede tocar un árbol porque está violando el Distrito de manejo especial e integrado8, pero a unos mineros sí le entregan los títulos para que revuelquen la tierra”, dice Juan Martín Vélez, ex alcalde de Támesis.

 

Contradicción entre minería y agricultura que también resalta cuando se recuerda que desde administraciones pasadas, el Plan Desarrollo de los pueblos de la provincia de Cartama9, entre otros municipios del suroeste antioqueño, han coincidido en prevalecer su vocación “agroambientalmente sostenible y ecoturística”. En un comunicado publicado a raíz de lo ocurrido el 11 de abril ya mencionado, cuando AGA intentó poner en marcha nuevas plataformas de perforación, la comunidad de Jericó y Támesis, dejaron en claro, una vez más, su rechazo a la actividad “minero invasora”, resaltando el valor del agua y la vida por encima del cobre y el oro. “No somos únicamente maximizadores de poder y de dinero, primordialmente deseamos la felicidad”; Tal es el caso de Yolanda, campesina vinculada a un proyecto agroecológico de Semillas de Agua, quien expresa: “Esto no genera mucha plata, porque ser productor agroecológico no es para hacer plata, es para ser feliz, pero eso usted no lo refleja en la economía del país”.

 

“¿Podrá un gobierno crear agua por ley?”

 

Desde que llegó la “locomotora minera” a esta región, tomó cuerpo un sentir mayoritario que proclama la vida por encima del oro. Sentir palpable en cualquier calle o parque de los municipios afectados; la consigna que prevalece es clara: ¡nuestra riqueza es verde, nuestro oro es el agua! Sin embargo, el tren gubernamental, aliado del gran capital internacional, continúa su curso, y el malestar de las comunidades va en aumento.

 

Como quedó constatado en Cajamarca, la sociedad no está quieta, se da mañas, resiste, como una prueba más de “que la conciencia del buen vivir puede derrotar el afán de enriquecerse”.

 

El Gobierno tampoco deja de maniobrar, buscando que sus negocios de riqueza inmediata y pobreza futura pululen. Así lo dejó claro Germán Arce, actual ministro de Minas y Energía, quien ante el resultado arrojado por la consulta popular en Cajamarca sentenció: “El Gobierno presentará al Congreso un proyecto de ley para evitar los choques entre autoridades nacionales y locales por proyectos petroleros y mineros e impedir que las consultas populares los prohíban”. Lo más grave de todo, según lo expresado por Robinson Mejía, líder de la triunfante consulta popular es que “el Ministro de Minas esté insinuando pasar el proyecto por ‘Fast Track’ para evitar el debate y esto iría contra lo formulado por la Corte Constitución en el acto legislativo para la paz”.

 

Según expertos en derecho constitucional, cada vez son más claras y estrictas las leyes a favor de los derechos de las comunidades y autoridades municipales: “De acuerdo a lo establecido por la Corte Constitucional los municipios deben ser consultados frente al desarrollo de este tipo de proyectos que generan alto impacto en el territorio”. Por su parte, la Constitución Política de 1991, contempla la consulta popular como un mecanismo de participación legal de las comunidades.

 

Concientes de los riesgos que esto implica, las comunidades del suroeste antioqueño tejen hilos de resistencia. Ambientalistas, campesinos, indígenas, finqueros, movimientos sociales, estudiantes, académicos, autoridades municipales, entre otros, se articulan a lo largo de la región. “Se está pensando en hacer consultas populares simultáneas en varios municipios, también se está pensando en una revisión de los planes de ordenamiento territorial para que se hagan en los municipios con orientaciones comunes para la protección de las aguas y el medioambiente; y también se está pensando en presentar proyectos de acuerdo municipales que prohíban la megaminería”, dice José Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó, sin dejar de advertir que esto es sólo un camino de los muchos que es necesario explorar y poner en práctica.

 

Fortalezas por fortalecer

 

¿Minería sí? ¿Minería no? Para despejar la duda hay que hacer la aclaración de que hay minería de minería, así como hay territorios de territorios: historia, composición del suelo, tradición comunitaria, entorno, ecosistema, etcétera, esto y mucho más hay que valorar a la hora de enfrentar tal posibilidad.

 

Retomando algunos de estos aspectos, relacionados en el curso de esta nota, es claro que la minería prevista para esta región no es ni necesaria ni ambientalmente viable, son más los perjuicios que los beneficios que traería a la región.

 

Aquí hay un potencial ecosistémico inmenso, con bellos paisajes, abundante agua, producción agropecuaria, integración comunitaria. Si el interés de los gobernantes es por potenciar la región, ¿por qué no proceden desde estas cualidades del territorio?

 

La experiencia reciente de la humanidad, que padece el cambio climático sin comprenderlo en toda su dimensión, nos lo está mostrando: mejorar la condición de vida de los campesinos, indígenas y demás pobladores del campo, como preservar el medio ambiente de los intereses del mercado, resulta prioritario en la actualidad. Así asumimos y así aportamos a la humanidad como un todo. Mientras tanto, mientras se logra una sintonía entre gobierno y comunidades es indispensable seguir luchando, esbozando esa sonrisa que viene creciendo, por la pelea que ya empezó a ganarse!

 

1 Cinturón Occidental Ambiental (COA).
2 Representaciones sociales del agua en un conexto de conflicto socioambiental por exploración minera-corregimiento de Palocabildo Jericó-Antioquia http://www.bdigital.unal.edu.co/56230/1/8026236.2016.pdf
3 Durante esta fase el objetivo y alcances es evaluar el valor potencial, establecer un plan para la fase de perfectibilidad, realizar estudios geotécnicos, hidrogeológicos y metalúrgicos, además de definir y considerar aspectos tales como volúmenes a remover, producción del yacimiento, la viabilidad socio ambiental, infraestructura y especificaciones de los equipos a utilizar (AGA, 2015).
4 En enero del 2011 le otorgaron a AGA el premio a la empresa más irresponsable del mundo, debido a la contaminación de pozos y ríos, y el envenenamiento de personas en Ghana, África (Greenpeace).
5 Documental: Jericó, El infinito vuelo de los días. https://www.youtube.com/watch?v=tpWN9L0LFGI
6 “El oro, en latín aurum, se refiere al resplandor, a la luz, a dorar, dorado, áureo” Museo del Oro, Banco de la República.
7 El alto precio del oro, un metal inútil. http://sostenibilidad.semana.com/opinion/articulo/oro-un-metal-inutil-que-tiene-un-alto-precio/37424
8 Cuchilla Támesis–Jardín (más de 9.000 ha protegidas).
9 Támesis, Jericó, Caramanta, Fredonia, La Pintada, Pueblorrico, Santa Bárbara, Montebello, Tarso, Valparaíso, Venecia.

 


 

Recuadro 

 

Riesgos ambientales y humanos*

 

Es dentro de esta dinámica que el pasado 29 de abril sesionó en el corregimiento de Palermo, municipio de Támesis, el foro: “Impactos de la megaminería en Jericó y Támesis”. El evento, organizado por el colectivo Mesa Técnica Suroeste de Antioquia, tuvo como objetivo informar acerca de la afectación del proyecto minero Quebradona en el territorio de ambos municipios. Acá parte de lo dicho por algunos de los participantes:

 

Jorge Eduardo Cock Londoño, exministro de Mina y Energías, advirtió sobre el riesgo de llevar a cabo una explotación minera a cielo abierto en esta región, pues no hay antecedentes que corroboren las buenas prácticas de la minería moderna, “no es lo mismo hacer minería en territorios desérticos, en tierra pelada, que pelar tierras como las del suroeste antioqueño para hacer minería”. Tierras que por demás son fértiles, con tradición e historia, vocación y potencial agrícola y turístico.

 

El exministro también advirtió sobre los riesgos generados por las sustancias tóxicas utilizadas en la minería de metales y la gravedad de los accidentes que se producen por fugas en las lagunas de lixiviación, algunos de los cuales han llegado a contaminar cientos de hectáreas adyacentes.

 

Por su parte Julio Fierro, docente e investigador de la Universidad Nacional, adviertió sobre los riesgos de extinción de los acuíferos y contaminación por arsénico: “En la minería subterránea todos los socavones se constituyen como en unos atractores del agua de toda la montaña, por lo que esta tendería a secarse (ver imagen de cuencas en riesgo)”. Tal es el caso de proyectos viales como el de La Línea, Boquerón del Sumapaz y La Miel en Colombia, entre otros.

 

También mencionó que el proyecto Quebradona, en 15 años de producción, podría generar cerca de 150 millones de toneladas de desechos durante, cifra equivalente a la cantidad de desechos urbanos que generaría la ciudad de Medellín durante 200 años, a la tasa del 2016.

 

Para ejemplificar el riesgo de liberación de arsénico en un proyecto como este, explicó los resultados de un estudio que muestra que la presencia de arsénico en el suelo es cinco veces más alta en distritos arroceros cercanos a una explotación minera de Anglo Gold Ashanti en Ghana, África, que en otros distritos arroceros de ese país, por fuera de la zona de influencia de la actividad minera.

 

*   Resumen presentado por Mesa Técnica Suroeste de Antioquia. Morro de Agua.

Publicado enEdición Nº235
Los narcos blanquean su dinero deforestando los bosques de Centroamérica

Un estudio publicado en Environmental Research Letters revela que el narcotráfico es el responsable de hasta el 30% de la deforestación anual en Nicaragua, Honduras y Guatemala
Una de las formas más sencillas para blanquear su dinero consiste en comprar terrenos de bosque y convertirlos en tierra agrícola

 

Los traficantes de cocaína que intentan blanquear sus beneficios de la droga son responsables de la desaparición de millones de hectáreas de bosques tropicales en grandes franjas de América Central, de acuerdo con un informe.
El estudio, publicado este martes en el periódico Environmental Research Letters revela que el narcotráfico es el responsable de hasta el 30% de la deforestación anual en Nicaragua, Honduras y Guatemala, convirtiendo las ricas selvas en tierra agrícola.


"La mayor parte de la deforestación de los narcos que hemos identificado ha tenido lugar en áreas de bosques húmedos y de mucha biodiversidad y en torno al 30% y el 60% de las pérdidas anuales ha tenido lugar en zonas protegidas, poniendo en peligro los esfuerzos de conservación para mantener los bosques sumideros de carbono, los servicios ecológicos y la subsistencia de la población rural e indígena", explica el autor principal del estudio, Steven Sesnie, del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EEUU.


El estudio, que ha utilizado estimaciones de deforestación anuales de 2001 a 2014, se centra en seis países centroamericanos: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. El estudio calcula por primera vez el papel que tiene el tráfico de drogas en la deforestación y no el papel que tiene el cultivo de las mismas.


"A medida que las drogas se trasladan al norte aumenta su valor y los traficantes y los cárteles buscan las formas de introducir su dinero en la economía legal. Comprar terrenos forestales y convertirlos posteriormente en tierra agrícola es una de las principales formas de hacerlo", explica Sesnie.


El autor indica que la mano dura ejercida por Estados Unidos sobre los cárteles de la droga en México y el Caribe a principios de los 2000 concentró las actividades del tráfico de drogas a través del corredor de América Central.


"Actualmente, aproximadamente el 86% de la cocaína traficada en todo el mundo se mueve a través de América Central en su camino a los consumidores de Norteamérica, dejando aproximadamente en la región 5.300 millones de euros en beneficios ilegales", señala Sesnie. Esto ha provocado la pérdida de millones de hectáreas de selva tropical durante una década a causa del blanqueo de capitales de los cárteles, explica el autor.


"Nuestros resultados ponen de manifiesto amenazas clave a lo que queda de bosque tropical húmedo y de zonas protegidas en Centroamérica", afirma Sesnie, añadiendo que las zonas forestales lejanas con un "desarrollo socioeconómico bajo" están particularmente en riesgo.


El informe pide integrar las políticas contra las drogas y las políticas medioambientales tanto a nivel nacional como internacional "para asegurarse de que las presiones de deforestación en lugares de importancia mundial por su biodiversidad no se intensifican a causa de políticas enfocadas únicamente en el narcotráfico".


Traducido por Javier Biosca Azcoiti

Publicado enMedio Ambiente
La ecología política conquista Latinoamérica

En estos tiempos de emergencia planetaria y de máxima explotación social, el trabajo intelectual para tener sentido debe cumplir dos requisitos. Uno es epistemológico, el otro es político. El primero se refiere a dejar de estudiar la realidad de manera fraccionada, obedeciendo a las parcelas de conocimiento que dominan en la investigación especializada y monodisciplinaria. Hoy se debe abordar la compleja realidad del mundo desde ópticas integradoras u holísticas y eso supone la confluencia y colaboración de los científicos sociales con los naturales, el rompimiento de las capillas de las disciplinas y el quiebre de los sectarismos profesionales. El trabajo colectivo y articulado de los investigadores es necesario para que fluya la verdadera orquestación de los saberes. El segundo es político, y por ende cultural y ético. O los investigadores e intelectuales trabajan para mantener y apuntalar el orden actual, que nos lleva a todos hacia un colapso (tecnociencia al servicio del capital corporativo), o realizan una ciencia con conciencia social y ecológica, una ciencia ciudadana. Una ciencia para la liberación y emancipación. La ecología política opera como nueva área del conocimiento que cubre ambas demandas. Por ello se ha ido convirtiendo en un poderoso instrumento de análisis, que ha terminado por conquistar a innumerables pensadores y corrientes de vanguardia de la América Latina, continente en plena ebullición tanto en la dimensión de las ideas como de las praxis políticas.

Su recorrido no es tan reciente. Al menos debemos ha­blar de unas cuatro décadas dedicadas a la construcción de esta nueva área de conocimiento. Aquí debe señalarse la contribución de buen número de autores, así como la realización de eventos, coloquios, seminarios y congresos, y la creación de colectivos de escala regional. Entre los impulsores de este nuevo campo podemos citar a E. Leff, S. Zermeño y Gian Carlo Delgado en México; a A. Escobar, A. A. Maya y J. Carrizosa en Colombia; a H. Alimonda, W. Pengue y H. Sejenovich en Argentina; E. Gudynas en Uruguay; G. Gallopin y A. Elizondo en Chile, y C. Cavalcanti y C.W. Porto-Gonzalvez en Brasil. De especial importancia ha sido el impulso que desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) se ha dado a esta corriente, encabezado por Héctor Alimonda, recientemente fallecido, y cuya visión y esfuerzo lo sitúan como el indiscutible promotor de una ecología política latinoamericana. Entre los eventos que son dignos de citarse por su impacto y repercusiones están el Congreso Latinoamericano de Ecología Política, celebrado en Santiago de Chile en 2014, y el primer Congreso Latinoamericano de Conflictos Ambientales organizado por la Universidad Nacional General Sarmiento en Argentina, donde se presentaron cerca de 600 trabajos y se hizo un recuento del "pensamiento ambiental del Sur", que es el nombre del libro con las conferencias magistrales del acto (en prensa). La última evidencia de este acto de seducción regional ha sido el Seminario Latinoamericano organizado hace unos días en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), que reunió a investigadores de todos los campos del conocimiento (desde biólogos, agrónomos y geógrafos hasta educadores, sociólogos, politólogos y antropólogos ) y a dirigentes, militantes y actores políticos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia y varias regiones de México.

La ecología política en la región se ha ido ensanchando y consolidando en la medida en que las luchas políticas relacionadas con la naturaleza han ido cambiando su epicentro: de las áreas urbanas e industriales hacia las regiones rurales y agrarias. Esto ha permitido la transición desde un ambientalismo urbano, clasemediero, eurocéntrico y un tanto ingenuo, a una verdadera ecología política ligada y comprometida con lo que J. Martinez-Álier llamó el "ambientalismo de los pobres" (véase mi olvidado ensayo sobre el tema en Nexos, 69, 1983). Ello ha sido acentuado con el retorno y la expansión del extractivismo a lo largo y ancho de la región: minería, petróleo y gas, biodiversidad, recursos forestales e hidráulicos, expansión carretera y aun proyectos eólicos, solares y megaturísticos. Por ello la ecología política latinoamericana está básicamente centrada en las luchas que los pueblos rurales llevan a cabo en la defensa de su territorios, sus culturas y sus equilibrios regionales. Aquí no debe olvidarse que en Latinoamérica viven unos 65 millones de campesinos, la mayoría pertenecientes a pueblos indígenas que hablan mil 26 lenguas, además de una nutrida población afrodescendiente con una presencia notable en Venezuela, Colombia y Ecuador, y de un mosaico de pueblos tradicionales en Brasil. Tampoco puede obviarse el hecho de que la población indígena de la región crece a tasas mucho mayores que la de los mestizos, y que estas comunidades tradicionales detentan gigantescos territorios como es el caso de Brasil, Perú, Colombia y México.

En lo general la ecología política ha desatado amplios debates e innumerables reflexiones en torno al destino de la región, ha desechado y sepultado el mito del desarrollo y el crecimiento, ha tomado contacto con las propuestas andinas y mesoamericanas del "buen vivir" o "la comunalidad", ha inducido en cierta forma la aparición de la "Encíclica Verde" (a través de las ideas ecoteológicas de Leonardo Boff), y ha cuestionado tanto las políticas públicas neoliberales como las de los llamados "gobiernos progresistas". En esto último han sido notables las contradicciones con los gobiernos de Brasil, Ecuador, Bolivia y Venezuela (que favorecieron los grandes proyectos mineros, hidráulicos, de maíz y soya transgénicos, carne, petróleo y gas), y su apoyo decidido a las resistencias locales y regionales ante el avasallamiento de las grandes corporaciones favorecidas por los gobiernos. Finalmente debe señalarse que en el supremo debate sobre el devenir del mundo y del planeta, la ecología política al nutrirse de las cruentas luchas que se realizan en el laboratorio latinoamericano, están aportando importantes novedades ante lo que cada vez más será un campo de batalla entre "proyectos de muerte" y "proyectos de vida". Entre colapso y supervivencia.

Publicado enMedio Ambiente
Miércoles, 17 Mayo 2017 06:40

Medioambiente e igualdad social

Medioambiente e igualdad social

¿Puede la naturaleza hablar? ¿Puede la naturaleza contarnos los males que le afectan? Descontando el lenguaje verbal creado por el ser humano, la naturaleza no verbaliza; lo que sí tiene es una capacidad infinita de comunicar, mediante otros lenguajes no proposicionales, un conjunto de conmociones que la están perturbando. El calentamiento global es uno de estos cambios dramáticos que a diario la naturaleza nos informa. Cambios abruptos del clima, sequias en regiones anteriormente húmedas; deshielo de glaciales, cataclismos ambientales, huracanes con fuerza nunca antes vista, desbordes crecientes de ríos., etc., son solo unos de los cuantos efectos comunicacionales con los que la naturaleza informa de lo que le está sucediendo.


No obstante, la manera en que las catástrofes ambientales afectan la vida de la humanidad no es homogénea ni equitativa; mucho menos lo es la responsabilidad que cada ser humano tiene en su origen.


Clase y raza medioambiental


En la última década, se puede constatar que las catástrofes naturales más importantes están presentes por todo el globo terráqueo, sin diferenciar continentes o países; en ese sentido, existe una especie de democratización geográfica del cambio climático. Sin embargo, los daños y efectos que esos desastres provocan en las sociedades, claramente están diferenciados por país, clase social e identificación racial. De manera consecutiva, hemos tenido en el periodo 2014-2016, los años más calurosos desde 1880, lo que explica la disminución en el ritmo de lluvias en muchas partes del planeta. Aun así, los medios materiales disponibles para soportar y remontar estas carencias y, por tanto, los efectos sociales resultantes de los trastornos ambientales, son abismalmente diferentes según el país y la condición social de las personas afectadas. Por ejemplo, ante la escasez de agua en California, la gente se vio obligada a pagar hasta un 100% más por el líquido elemento, aunque esto no afectó su régimen de vida. En cambio, en el caso de la Amazonía y las zonas de altura del continente latinoamericano se tuvo una dramática reducción del acceso a los recursos hídricos para las familias indígenas, provocando malas cosechas, restricción en el consumo humano de agua y ‒especialmente en la Amazonía‒ parálisis de gran parte de la capacidad productiva extractiva con la que las familias garantizaban su sustento anual.


Asimismo, el paso del huracán Katrina por la ciudad de Nueva Orleans en 2005, dejó más de dos mil muertos, miles de desaparecidos y un millón de personas desplazadas. Pero los efectos del huracán no fueron los mismos para todas las clases e identidades étnicas. Según el sociólogo P. Sharkey [1] , el 68% de las personas fallecidas y el 84% de las desaparecidas eran de origen afroamericano. Ello, porque en las zonas propensas a ser inundadas, donde el valor de la tierra es menor, viven las personas de menos recursos; mientras que los que habitan en las zonas altas son los ricos y blancos.


En este y en todos los casos, la vulnerabilidad y el sufrimiento se concentran en los más pobres (indígenas y negros), es decir, en las clases e identidades socialmente subalternas. De ahí que se pueda hablar de un enclasamiento y racialización de los efectos del cambio climático.


Entonces, los medios disponibles para una resiliencia ecológica ante los cambios medioambientales dependen de la condición socioeconómica del país y de los ingresos monetarios de las personas afectadas. Y, dado que estos recursos están concentrados en los países con las economías dominantes a escala planetaria y en las clases privilegiadas, resulta que ellas son las primeras y únicas capaces de soportar y disminuir en su vida esos impactos, comprando casas en zonas con condiciones ambientales sanas, accediendo a tecnologías preventivas, disponiendo de un mayor gasto para el acceso a bienes de consumo imprescindibles, etc. En cambio, los países más pobres y las clases sociales más vulnerables, tienden a ocupar espacios con condiciones ambientales frágiles o degradadas, carecen de medios para acceder a tecnologías preventivas y son incapaces de soportar variaciones sustanciales en los precios de los bienes imprescindibles para sostener sus condiciones de vida. Por tanto, la democratización geográfica de los efectos del calentamiento global se traduce, instantáneamente, en una concentración nacional, clasista y racial del sufrimiento y el drama causados por los efectos climáticos.


Este enclasamiento racializado del impacto medioambiental se vuelve paradójico e incluso moralmente injusto cuando se comparan los datos de las poblaciones afectadas y de las poblaciones causantes o de mayor incidencia en su generación.
La nueva etapa geológica del antropoceno ‒un concepto propuesto por el Premio Nobel de Química, P. Crutzen‒, caracterizada por el impacto del ser humano en el ecosistema mundial, se viene desplegando desde la Revolución Industrial a inicios del siglo XVIII. Y, desde entonces, primero Europa, luego Estados Unidos, y en general las economías capitalistas desarrolladas y colonizadoras del norte, son las principales emisoras de los gases de efecto invernadero que están causando las catástrofes climáticas. Sin embargo, los que sufren los efectos devastadores de este fenómeno son los países colonizados, subordinados y más pobres, como los de África y América Latina, cuya incidencia en la emisión de CO2 es muchísimo menor.


Según datos del Banco Mundial [2] , Kenia contribuye con el 0,1% de los gases de efecto invernadero, pero las sequías provocadas por el impacto del calentamiento global llevan a la hambruna a más del 10% de su población. En cambio, en EEUU, que contribuye con el 14,5%, la sequía solo provoca una mayor erogación de los gastos en el costo del agua, dejando intactas las condiciones básicas de vida de su ciudadanía. En promedio, un alemán emite 9,2 toneladas de CO2 al año; en tanto que un habitante de Kenia, 0,3 toneladas. No obstante, quien lleva en sus espaldas el peso del impacto ambiental es el ciudadano keniano y no el alemán. Datos similares se puede obtener comparando el grado de participación de los países del norte en la emisión de gases de efecto invernadero, como Holanda (10 TM por persona/año), Japón (7 TM), Reino Unido (7,1 TM), España 5 TM), Francia 8% TM), pero con alta resilencia ecológica; frente a países del sur con baja participación en la emisión de gases de efecto invernadero, como Bolivia (1,8 TM), Paraguay (0,7 TM), India (1,5 TM), Zambia (0,2 TM), etc., pero atravesados de dramas sociales producidos por el cambio climático. Existe, entonces, una oligarquización territorial de la producción de los gases de efecto invernadero, una democratización planetaria de los efectos del calentamiento global, y una desigualdad clasista y racial de los sufrimientos y efectos de las conmociones medioambientales.


Medioambientalismos coloniales
Si la naturaleza comunica los impactos de la acción humana en su metabolismo de una forma jerarquizada, también existen ciertos conceptos referidos al medioambiente, parcializados de una manera todavía más escandalosa; o, peor aún, que legitiman y encubren estas focalizaciones regionales, clasistas y raciales.


Como señala McGurty [3] para el caso norteamericano en la década de los 70 del siglo XX, lo que hizo posible que el debate público sobre las demandas sociales de las minorías étnicas urbanas, e incluso del movimiento obrero sindicalizado, fuera soslayado, llevando a que la “temática social” perdiera fuerza de presión frente al gobierno, fue un tipo de discurso medioambientalista. Un nuevo lenguaje acerca del medio ambiente, cargado de una asepsia respecto a las demandas sociales, que ciertamente puso sobre la mesa una temática más “universal”, pero con responsabilidades “adelgazadas” y diluidas en el planeta; a la vez que distantes política y económicamente respecto a las problemáticas de las identidades sociales (obreros, población negra). Aspecto que no deja de ser celebrado por las grandes corporaciones y el gobierno que ven encogerse así sus deudas sociales con la población.


Por otra parte, el sociólogo francés Keucheyan [4] subraya cómo en ciertos países como Estados Unidos, el “color de la ecología no es verde sino blanco”; no solo por la mayoritaria condición social de los activistas ‒por lo general, blancos, de clase media y alta‒, sino también por la negativa de sus grandes fundaciones a involucrarse en temáticas medioambientales urbanas que afectan directamente a los pobres y las minorías raciales.


Al parecer, la naturaleza que vale la pena salvar o proteger no es “toda” la naturaleza ‒de la que las sociedades son una parte fundamental‒, sino solamente aquella naturaleza “salvaje” que se encuentra esterilizada de pobres, negros, campesinos, obreros, latinos e indios, con sus molestosas problemáticas sociales y laborales.


Todo ello refleja, pues, la construcción de una idea sesgada de naturaleza de clase, asociada a una pureza original contrapuesta a la ciudad, que simboliza la degradación. Así, para estos medioambientalistas, las ciudades son sucias, caóticas, oscuras, problemáticas y llena de pobres, obreros, latinos y negros, mientras que la naturaleza a proteger es prístina y apacible, el santuario imprescindible donde las clases pudientes, que disponen de tiempo y dinero para ello, pueden experimentar su autenticidad y superioridad.


En los países subalternos, las construcciones discursivas dominantes sobre la naturaleza y el medioambiente comparten ese carácter elitista y disociado de la problemática social, aunque incorporan otros tres componentes de clase y de relaciones de poder.


En primer lugar se encuentra el estado de auto-culpabilización ambiental. Eso quiere decir que la responsabilidad frente al calentamiento global la distribuyen de manera homogénea en el mundo. Por tanto, talar un árbol para sembrar alimentos tiene tanta incidencia en el cambio climático como instalar una usina atómica para generar electricidad. Y como en la mayoría de los países subalternos existe una apremiante necesidad de utilizar los recursos naturales para aumentar la producción alimenticia u obtener divisas a fin de acceder a tecnologías y superar las precarias condiciones de vida heredadas tras siglos de colonialidad, entonces, para estas corrientes ambientalistas, los mayores responsables del calentamiento global son estos países pobres que depredan la naturaleza. No importa que su contribución a la emisión de gases de efecto invernadero sea del 0,1% o que el impacto de los millones de coches y miles de fábricas de los países del norte afecte 50 o 100 veces más al cambio climático. Surge así una especie de naturalización de la acción anti-ecológica de la economía de los países ricos, de sus consumos y de su forma de vida cotidiana, que en realidad son las causantes históricas de las actuales catástrofes naturales. Dicha esquizofrenia ambiental llega a tales extremos, que se dice que la reciente sequía en la Amazonía es responsabilidad de unos cientos de campesinos e indígenas que habilitan sus parcelas familiares para cultivar productos alimenticios y no, por ejemplo, del incesante consumo de combustibles fósiles que en un 95% proviene de una veintena de países del norte, altamente industrializados.


La financiarización de la plusvalía medioambiental


Un segundo componente de esta construcción discursiva de clase es una especie de “financiarización medioambiental”. En los países capitalistas desarrollados ha surgido una economía de seguros, expansiva y altamente lucrativa, que protege a empresas, multinacionales, gobiernos y personas de posibles catástrofes ambientales. Así, el desastre ambiental ha devenido en un lucrativo y ascendente negocio de aseguradoras y reaseguradoras que protegen las inversiones de grandes empresas, no solo de crisis políticas, sino de cataclismos naturales mediante un mercado de “bonos catástrofe” [5] , volviendo al capital “resilente” al calentamiento global. Paralelamente a ello, en los países subalternos emerge un amplio mercado de empresas de transferencia de lo que hemos venido a denominar plusvalía medioambiental.
A través de algunas fundaciones y ONG, las grandes multinacionales del norte financian, en los países pobres, políticas de protección de bosques. Todo, a cambio de los Certificados de Emisión Reducida (CER) [6] que se cotizan en los mercados de carbono. De esta manera, por una tonelada de CO2 que se deja de emitir en un bosque de la Amazonía gracias a unos miles de dólares entregados a una ONG que impide su uso agrícola, una industria norteamericana o alemana de armas, autos o acero, que utiliza como fuente energética al carbón y emite gases de efecto invernadero, puede mantener inalterable su actividad productiva sin necesidad de cambiar de matriz energética o de reducir su emisión de gases ni mucho menos parar la producción de sus mercancías medioambientalmente depredadoras. En otras palabras, a cambio de 100.000 dólares invertidos en un alejado bosque del sur, la empresa puede ganar y ahorrar cientos de millones de dólares, manteniendo la lógica de consumo destructiva inalterada.


Así, hoy el capitalismo depreda la naturaleza y eleva las tasas de ganancia empresarial. Convierte la contaminación en un derecho negociable en la bolsa de valores. Hace de las catástrofes ambientales provocadas por la producción capitalista, una contingencia sujeta a un mercado de seguros. Y finalmente transforma la defensa de la ecología en los países del sur, en un redituable mercado de bonos de carbono concentrado por las grandes empresas y países contaminantes. En definitiva, el capitalismo esta subsumiendo de manera formal y real la naturaleza, tanto en su capacidad creativa, como el mismísimo proceso de su propia destrucción.

Por último, el colonialismo ambiental recoge de su alter ego del norte el divorcio entre naturaleza y sociedad, con una variante. Mientras que el ambientalismo dominante del norte propugna una contemplación de la naturaleza purificada de seres humanos ‒su política de exterminio de indígenas le permite ese exceso‒, el ambientalismo colonizado, por la fuerza de los hechos, se ve obligado a incorporar en este tipo de naturaleza idealizada, a los indígenas que inevitablemente habitan en los bosques. Pero no a cualquier indígena porque, para ellos, el que cultiva la tierra para vender en los mercados, el que reclama un colegio, hospital, carretera o los mismos derechos que cualquier citadino, no es un verdadero sino un falso indígena, un indígena a “medias”, en proceso de campesinización, de mestización; por tanto, un indígena “impuro”. Para el ambientalismo colonial, el indígena “verdadero” es un ser carente de necesidades sociales, casi camuflado con la naturaleza; ese indígena fósil de la postal de los turistas que vienen en busca de una supuesta “autenticidad”, olvidando que ella no es más que un producto de siglos de colonización y despojo de los pueblos del bosque.


En síntesis, no hay nada más intensamente político que la naturaleza, la gestión y los discursos que se tejen alrededor de ella. Lo lamentable es que en ese campo de fuerzas, las políticas dominantes sean, hasta ahora, simplemente las políticas de las clases dominantes. Por eso, aun son largos el camino y la lucha que permitan el surgimiento de una política medioambiental que, a tiempo de fusionar temáticas sociales y ecológicas, proyecte una mirada protectora de la naturaleza desde la perspectiva de las clases subalternas, en lo que alguna vez Marx denominó una acción metabólica mutuamente vivificante entre ser humano y naturaleza [7] .


Por Álvaro García Linera, Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia

________________________________________
[1] P. Sharkey, “Survival and death un New Orleans: an empirical look at the human impact of Katrina”, en Journal of Black Studies, 2007; 37; 482. En: http://www.patricksharkey.net/images/pdf/Sharkey_JBS_2007.pdf.
[2] Databank-Banco Mundial 2013.
[3] E. McGurty, Transforming Environmentalism, Rutgers University Press, New Brunswick, 2007.
[4] R. Keucheyan, La naturaleza es un campo de batalla, Clave Intelectual, España, 2016.
[5] Banco Mundial, “ Seguro contra riesgo de desastres naturales: Nueva plataforma de emisión de bonos de catástrofes”, en http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2009/10/28/insuring-against-natural-disaster-risk-new-catastrophe-bond-issuance-platform.
[6] BID/ BALCOLDEX, “Guía en Cambio Climático y Mercados de Carbono”, en https://www.bancoldex.com/documentos/3810_Guia_en_cambio_clim%C3%A1tico_y_mercados_de_carbono.pdf
[7] Marx, El Capital, Tomo III; Ed. Siglo XXI, pág. 1044, México, 1980.

Publicado enMedio Ambiente
Viernes, 28 Abril 2017 15:41

Medellín. El aire que nos ahoga

Medellín. El aire que nos ahoga

Los pobladores del Área Metropolitana del Valle de Aburrá se ahogan en medio de la contaminación ambiental. El aire que respiran ya no procura vida sino muerte: de hecho un estudio realizado en el 2011 confirmó que el 9,2 por ciento de los decesos naturales en la región eran atribuibles a la contaminación del aire. Seis años después, cinco alertas naranja declaradas durante el mes de marzo del 2017 y una alerta roja en lo corrido de abril, así lo confirman. Las medidas de control hasta ahora tomadas no remedian de manera estructural la situación.

 

Cinco alertas naranja y la situación de contingencia ambiental por contaminación o baja calidad del aire, declaradas durante el mes de marzo, y una alerta roja en lo corrido de abril, obligando a restringir el tráfico automotor, elevaron al escenario nacional, como noticia ambiental, a Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá.

 

¿El origen del problema? La falta de prevención y atención estructural a una situación explicable en un modelo de desarrollo urbano mal concebido, insostenible, que no parte de las condiciones geográficas y ambientales del territorio, ni de las necesidades e intereses de su población en términos de equidad, justicia y democracia.

 

Un urbanismo sin planeación de largo plazo, sin controles adecuados, determinado por los intereses particulares y del mercado, que no incluye las demandas y propuestas de las comunidades en general y que desconoce las alternativas de la ciudadanía, sostenibles, imaginadas y propuestas por centros académicos y organizaciones sociales y ambientalistas. Un modelo de ciudad depredador, que ocupa de manera inadecuada las montañas, destruyendo su paisaje natural protector, modelo que ha hecho del uso y abuso del vehículo movido por gasolina, la más clara expresión del individualismo indolente. Estas y otras razones son algunas de las explicaciones y manifestaciones de esta problemática.

 

El territorio

 

Es importante comprender que nos referimos a una aglomeración urbana localizada en un angosto valle rodeado de montañas. El Área Metropolitana está conformada por 10 municipios localizados en una porción reducida (1.9%) del territorio del departamento (ver recuadro). De ellos, el de Medellín, considerada la segunda ciudad en importancia en Colombia, contaba para el 2015 con una población de 2.464.322 habitantes1,

 

Un valle sobrepoblado, y que sigue construyendo a diestra y siniestra, sin respetar las montañas y los bosques; que sigue canalizando todas las quebradas, vistas por los industriales del cemento como un obstáculo para el crecimiento así concebido, sin considerarlas como una bondad del territorio. Esta presencia generosa del agua en este valle, así vista, terminó como un riesgo para la vida, en vez de baluarte para la existencia de sus habitantes. La ciudad metropolitana, construida en contra del agua, terminó por darle la espalda a una de las expresiones de su rica biodiversidad.

 

Heredamos lo encementado. Valle de Aburrá, superpoblado y “desarrollado” sobre un modelo económico basado en la industria y los servicios, en el extractivismo de minas a cielo abierto que explotan materiales diversos, y un crecimiento inusitado y sin control del parque automotor. Que ente la concentración violenta de la tierra en la región, y el consustancial desplazamiento de población alberga de manera insostenible –en condiciones de insalubridad y pobreza–, a gran parte de su población, erigiéndola como la ciudad más inequitativa del país.

 

Lo que ahora reciben sus habitantes no es casual. Polución y contaminación fueron denunciadas desde la década del 70. “Si bien la contaminación atmosférica generada por injerencia humana existía en la ciudad desde muchos años atrás, principalmente por las desechos atmosféricos generados por una ciudad industrial en constante crecimiento, es solo a partir de los años setenta que la polución atmosférica causada por la industria y el parque automotor se manifiesta como un problema grave y comienza a incursionar desde una perspectiva tecnológica y medioambientalista en la academia, el sector industrial, el gobierno y la ciudadanía”2.

 

La comunidad de la comuna de Guayabal, en especial la gente del barrio Campoamor, se levantó contra la presencia de Sulfácidos, una empresa que, como comprobaron en aquella lucha, enfermaba a la comunidad3.

 

También tomó forma, ya en la década de los 80, una larga lucha contra Andercol por la misma razón, la contaminación atmosférica y un conflicto de ocupación que pervive, pues a lo largo y ancho del angosto valle, los asentamientos humanos y las industrias, los talleres y las chimeneas se entremezclan de tal manera que la población sufre las consecuencias negativas de los impactos ambientales de la producción industrial y de un tráfico automotor sin control y siempre en crecimiento4.

 

Contradicción sin resolución positiva para sus pobladores. Y si bien en este conflicto puede considerarse como problema principal el parque automotor, pues de acuerdo con las más recientes cifras de la Secretaría de Movilidad de Medellín y la Encuesta de Origen y Destino del Área Metropolitana, en la capital antioqueña circulan 343 vehículos por cada 1.000 habitantes, no podemos olvidar las industrias pequeñas y grandes, la construcción acelerada, la contaminación del suelo y las aguas, la perdida de al biodiversidad, pues solo una mirada de conjunto permitirá la comprensión ecológica de la problemática y la construcción de alternativas estructurales y permanentes ante la misma.

 

En la columna de Juan Carlos Posada publicada en La Urbe, titulada “Medellín se ahoga en su Valle”, se expresa que “la mayor causa de contaminación en Medellín es el crecimiento del parque automotor. Según cifras del Área Metropolitana, entre 2005 y 2015, se pasó de tener 478.000 vehículos a 1’347.736, entre carros particulares, motos, buses, camiones y taxis. Un incremento del 80 por ciento. En cuanto a las motos, las que mayores índices de crecimiento registran en la ciudad, pasaron de ser 139.000 a 710.186 en el mismo periodo: un aumento anual del ocho por ciento. Entre estas, las motos cuatro tiempos son las que más contaminan, por su cantidad, después de los camiones. Tan solo las motos aportan 255 toneladas al año de PM 2,5, y los camiones, 611. Son precisamente las motos cuatro tiempos las únicas que no tienen una restricción de movilidad en la ciudad como el Pico y Placa5.

 

Y es absurdo pretender que deben construirse más kilómetros de vías, dejando de mencionar la urgencia de intervenir, de manera contundente, el mercado de vehículos. El escritor Pablo Montoya ha sido vocero del malestar y la indignación que produce la situación y, sobre todo, las ambiguas e improvisadas respuestas de los gobernantes locales. Dice lo siguiente, invitando a una firmatón contra esta situación: “La situación que vivimos ahora es producto de una serie de políticas equívocas que han convertido nuestro entorno en un infierno donde reinan los altos índices de contaminación ambiental, y que requiere más que unas horas de pico y placa, y días sin carro, que si bien son medidas necesarias, en el fondo, son insuficientes sino se realizan planes estructurados y a largo plazo que conlleven a una ciudad y sociedad limpia y no a esta encrucijada insoportable de mugre, humo, polución y muerte a la que hemos llegado”6.

 

Durante el año 2000 se estableció un convenio denominado Redaire entre las universidades y las autoridades ambientales, con el claro objetivo de monitorear la situación, ya de por sí muy grave y tomar decisiones. Inician así una serie de encuentros entre Secretarias, universidades, el sector industrial privado, hasta firmar en 2007 un pacto por la calidad del aire. Al año siguiente se acordó con Ecopetrol un plan de mejora de los combustibles. Desde aquella época se ha tratado de mantener una información accesible a la ciudadanía, destacando esfuerzos del Área Metropolitana por divulgar la problemática mediante campañas significativas como “Si te falta el aire, respira profundo, date un respiro, días de aire, airéate”. Convocatorias loables pero que no tiene como trasfondo la toma de medidas estructurales.

 

Los debates abiertos también interrogan sobre lo que está ocurriendo, pero las decisiones políticas y las medidas administrativas tomadas no se compadecen con la realidad que sufren millones de personas. Los intereses económicos parecen prevalecer por sobre el interés general.

 

No hay capacidad institucional para atender la problemática. Hay controles tecno-mecánicos y de emisiones, se controlan los centros de diagnóstico automotor, el control de emisiones en vía, el control de empresas con transporte de carga. Todo lo cual, es evidente, no es el núcleo de la problemático. Además de esto, es urgente operativizar las medidas radicales que amerita la situación.

 

Con las uñas, valga la expresión, profesionales del área metropolitana y universidades, bosquejaron un sistema de gestión del aire que por sus enfoques y metodologías tiene reconocimiento en el país, pero que no se asume ni se apoya como la situación requiere. Se desconocen las alertas que realiza el Siata7 y no se implementa con rigor el acuerdo 15 de 2016 que fue ampliamente construido ante la crítica situación del aire que padece esta parte del país.

 

La respuesta más significativa la dieron las Universidades agrupadas en el G8, cuyas recomendaciones pueden leerse en recuadro adjunto.

 

De todas formas, estas propuestas son una especie de plan mínimo. La situación implica medidas más drásticas y compromisos políticos ciertos. La agenda política de la ciudad metropolitana tiene que estar atravesada por temas trascendentales como la calidad de la vida, las políticas ambientales municipales y metropolitanas. Es imposible seguir viviendo así. Como también lo afirma Pablo Montoya: “El imparable y peligroso flujo automotriz, la ausencia de un verdadero y eficaz transporte público, la desaparición progresiva de pulmones verdes, el control irregular a los desechos sólidos y gases contaminantes derivados de las actividades de la industria, el desmesurado lobby de las empresas transportadoras, inmobiliarias y constructoras, y la preocupante falta de programas reales de educación para promover la conciencia ambiental en los ciudadanos, son caras que muestran con claridad la dimensión de la alerta que se ha desatado”.

 

Es urgente tomar medidas que tienen ejemplo en las decisiones que aplican muchas ciudades del mundo: liberar la ciudad de vehículos y promover una movilidad sustentable, que no depende del petróleo; peatonalizar y construir senderos verdes para caminar e ir en bicicleta, reconstruyendo paisajes para que por ellos puedan fluir éstas. Liberar los centros y muchas otras vías de autos privados y permitir solo el transporte público. Crear zonas sin automóviles. Y generar condiciones para vehículos con fuentes energéticas distintas al petróleo. Retirar el parque automotor viejo y restringir al máximo la compra y uso de vehículos contaminantes. Desarrollar plenamente el transporte público eléctrico, en lo cual ha avanzado en algo.

 

Es necesario asumir los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS)8, referente para varios estudios, según los cuales toda la población del área metropolitana está seriamente afectada en su salud y, por ende, en sus derechos a un aire limpio como parte constitutiva del derecho a una ambiente sano.

 

Al mismo tiempo, que informe de manera adecuada sobre lo que está ocurriendo. La información, que también es nuestro derecho, es precaria y no reconoce la gravedad del problema. Es necesario medir y monitorear, pero es más importante actuar en consecuencia con la situación.

 

Ante una crisis de civilización se impone como respuesta posible la ética del bien común, basada en los principios de responsabilidad y de precaución. Como afirma Hans Jonas9, la responsabilidad emana de la libertad, es la carga de la libertad. En una sociedad tecnológica este principio es acuciante como manera de convivir entre los seres humanos y con la naturaleza, teniendo precaución ante la incertidumbre. Es necesario actuar y aplicar el principio de responsabilidad y el principio de precaución, que son los principios que estructuran el derecho ambiental y dan el enfoque de prevención y actuación que requieren las circunstancias.

 

Es necesario medir, monitorear, con el sentido de garantizar información adecuada para asumir las medidas necesarias de autocuidado y poder exigir al estado, y a los particulares implicados en la contaminación, el respeto a los derechos y los cambios y medidas pertinentes. Es necesario aplicar con rigor los instrumentos normativos que se posee, como el acuerdo 15 de 2016, no birlar sus orientaciones y respetar la voz de la gente experta.

 

Esta situación persiste. La última notica del 10 de abril publicada en un diario capitalino10 dice: Si bien durante este domingo hubo remoción de contaminantes del valle de Aburrá, “el evento de precipitación de la tarde nuevamente estabilizó de manera temprana la atmósfera, impidiendo una dispersión más eficiente de contaminantes”, informó la autoridad ambiental. También señala la noticia que “Por tal razón, las concentraciones de material partículado PM 2.5 permanecen por encima del umbral de Índice de Calidad del Aire (ICA) Naranja, clasificado como peligroso para ancianos, niños, mujeres en embarazo y personas con enfermedades respiratorias”.

 

La situación no puede seguir así y es muy preocupante la escasa participación ciudadana en tan delicada crisis. Es necesario que las iniciativas ambientalistas se movilicen, que centremos la atención en esta problemática y exijamos la plena información. Si no asumimos la deliberación pública y la movilización social, seguirán improvisándose medidas, sin resolver de fondo la situación, prolongando así esta grave situación, con efectos inmediatos y acumulativos sobre nuestra salud, con el consecuente aumento del número de personas que diariamente mueren por esta causa. Ya lo confirmó en el 2011 el estudio realizado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá al concluir que el 9,2 por ciento de las muertes naturales en la región eran atribuibles a la contaminación del aire.

 

* Antropólogo y ambientalista.
1 Consultado el 5 de abril en: http://www.medellincomovamos.org/la-ciudad/
2 Véase David Sierra Márquez, Una historia social y ambiental de la contaminación atmosférica en la ciudad de Medellín durante los años setenta, monografía de grado, Universidad de Antioquia Facultad de Ciencias Sociales y Humanas Departamento de Historia Medellín, Colombia, 2015.
3 Esta disputa socio-ambiental está descrita como “un estudio de caso que analizará el desarrollo de un conflicto socio-ambiental urbano que vivió un barrio obrero de la ciudad de Medellín llamado Campoamor entre 1958 y 1976, a raíz de la emanación de desechos atmosféricos por una empresa productora de ácido sulfúrico (Sulfácidos S.A.)2 que afectó la salubridad y los bienes materiales de los vecinos del sector.
4 El conflicto socio ambiental, expresado en la contaminación atmosférica, siempre ha involucrado a los industriales, el estado y las comunidades, realzando el debate sobre el tipo de sociedad que soñada y la relación de ésta con la naturaleza, con el entorno, con la construcción socio ecológica del territorio.
5 Juan Diego Posada, Medellín se ahoga en su Valle, http://delaurbe.udea.edu.co/2016/10/21/medellin-se-ahoga-en-su-valle/ Consultada el 12 de abril.
6 La carta pública a través de la plataforma Change.org, donde consigue sumar más de diez mil firmas.
7 La cantidad de material contaminante en Medellín y los municipios cercanos es registrado por el Sistema de Alertas Tempranas (Siata), organismo a cargo del Área Metropolitana. El año anterior, los análisis de esa entidad revelaron niveles de contaminación en el aire que forzaron la declaratoria de una alerta roja ambiental.
8 El ente encargado de la medición del aire, a nivel internacional, es la Organización Mundial de la Salud (OMS), que posee registros en sus bases de datos de tres mil ciudades en 103 países. Según la OMS, los niveles de contaminación se miden por el material particulado (PM por sus siglas en inglés) y se clasifican entre PM 10 y PM 2,5. Para que una ciudad pueda tener un aire respirable, estas partículas deben circular en un número menor a diez por ciento en el ambiente. Cualquier ciudad que sobrepase la cifra, se considera una ciudad con aire contaminado. (Juan Diego Posada, Medellín se ahoga en su Valle, http://delaurbe.udea.edu.co/2016/10/21/medellin-se-ahoga-en-su-valle/Consultada el 12 de abril
9 Hans Jonas, El principio de responsabilidad, ensayo de una etoca para la civilización tecnológica, Editorial Herder, Barcelona, 1995
10 http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/sigue-alerta-naranja-por-la-calidad-del-aire-en-medellin-76690

 


 

Recuadro 1

 

El Área Metropolitana

 

La integran los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas. Cuenta con 3’777.009 habitantes, el 58.50 por ciento de la población de Antioquia, de los cuales 3’597.988 (95.26%) se encuentran en la zona urbana y 179.021 (4.746%) en la zona rural, lo que evidencia una alta concentración poblacional en una porción reducida (1.9%) del territorio.

 

Fuente. (Gobernación de Antioquia, 2016).

 


 

Recuadro 2


Decálogo por un aire respirable

 

1. Caminar debe ser la primera opción para movilizarse.
2. Las distancias medianas deben recorrerse en vehículos no motorizados pues ellos no contaminan.
3. Para distancias largas preferir el trasporte público o buscar compartir el vehículo privado, hábitos de uso que hacen la vida más eficiente, saludable y colaborativa.
4. Atender en forma rigurosa el estado técnico-mecánico de los vehículos ya que el deterioro incrementa la contaminación y decrementa la salud.
5. Contemplar la posibilidad de realizar trabajo en casa, suprimiendo algunos viajes que puedan ser reemplazados por reuniones virtuales o teleconferencias.
6. Planificar los horarios sociales y laborales de tal manera que se evite el tiempo pico de la movilidad en masa.
7. Estimular una cultura de respeto a las normas que ordenan las relaciones propias de una movilidad que incremente el bienestar de la ciudadanía.
8. Tanto los vehículos, camiones, buses, automóviles, motos, bicicletas, como los peatones, tienen derecho a coexistir en la calle, derecho que trasciende al disfrute si la cortesía hace presencia.
9. Integrantes importantes de la sociedad como niños, ancianos, mujeres gestantes y personas discapacitadas, deben ser acogidas por todo el sistema de movilidad con paciencia y respeto; las autoridades tienen la obligación de velar por ellos.
10. Aumentar los espacios verdes en la ciudad, pues son sinónimo de aire sano y bienestar ciudadano, además son elementos determinantes del sistema de movilidad en términos físicos, ambientales, sociales y culturales.

 

* Participan de esta iniciativa las universidades de Antioquia, Universidad Eafit, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad CES, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, Universidad de Medellín, Universidad de Antioquia, Corporación Universitaria lasallista y la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Un grupo de profesionales de algunas de ellas (Eafit, la Escuela del Hábitat de la Universidad Nacional, Universidad de Antioquia) elaboraron este decálogo.

 


 

Recuadro 3


La destrucción de un bien común

 

Nos adentramos ante una película de horror. El aire, aquello que hace décadas pensabamos que nunca sería privatizado, ahora ya lo es. Al hacerlo, destruyeron un bien común, como el agua. Contaminado, irrespirable, ya no es sustento de vida sino de muerte. Así terminó siendo producto del irracional e irresponsable proceder de industriales, urbanizadores, comerciantes, productores de vehículos –y usuarios–, gobernantes, etcétera.

 

De esta realidad, las ciudades y sus entornos, son la expresión más clara, expresión, además, de nuestra estupidez y de la manera prepotente de concebir la tecnología, no dispuesta al bien vivir sino a la acumulación y la renta, sin hacer caso de los límites, lo que nos lleva inexorablemente a la destrucción de las condiciones que permiten la vida, la trama de ella y de nuestra especie.

 

Como es conocido, todos los organismos vivos somos carbono, hidrógeno, oxígeno; el aire nos proporciona estos elementos de tal manera que podemos ser y estar en este mundo. Junto con el agua, el clima, los mares, la lluvia, el paisaje y toda la naturaleza, el aire constituye la base de nuestra existencia, así como la de todos los seres y las cosas del mundo. El aire y el agua son los bienes comunes por excelencia, esta mezcla de elementos son la garantía de la vida.

 

Sin aire limpio es imposible nuestra existencia, así lo recoge la Constitución Nacional en su Artículo 79. “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”.

 

Un ambiente sano es imposible sin aire limpio, contaminarlo y no velar por su calidad torna imposible una vida saludable y puede llevar a la muerte. Por ello su contaminación refleja con toda nitidez la crisis ambiental hoy expresada como crisis de la civilización humana, la cual solo tiene una alternativa de solución: una nueva cultura ambiental que rompa de manera radical con un estilo de producción y vida que es imposible, que no es ni sostenible ni sustentable.

Publicado enEdición Nº234
La minera AngloGold suspende trabajos en Colombia tras el rechazo de un pueblo a su proyecto

Hace un mes, una pequeña población colombiana se opuso en una consulta popular a la explotación minera

 

Justo un mes después de que el nombre de un pequeño pueblo, Cajamarca, saltó a las noticias por rechazar el proyecto minero La Colosa, la compañía responsable, AngloGold, suspende operaciones en Colombia. La empresa, de origen sudafricano, explica que después de 14 años de labores en la zona detienen su trabajo en la región, acatando la voluntad popular que se opuso a la explotación minera en su territorio. Un resultado abrumador de 6.165 votos contra 76 terminó empujando a la minera a parar el proyecto y abrió un debate nacional sobre la soberanía de los municipios y la participación cuando se decide sobre la exploración de sus tierras.


La meta de AngloGold era extraer 28 millones de onzas de oro en una zona que hace de despensa agrícola y tesoro hídrico en Colombia. De un pueblo que el mes pasado le dio valor en las urnas a un mecanismo democrático, poco usado hasta ahora. La empresa argumentaba recientemente que el impacto que se había generado desde que hace presencia en ese territorio era de baja intensidad, puntual, mitigable y compensable. Sus razones fueron respaldadas por voces como la del director de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -Andi- que también estuvo en contra de la consulta. Bruce Mac Master aseguraba que en el tema ambiental existen normas y entidades que estudian si un proyecto es viable o no. “Es absurdo atacar los proyectos considerados como viables y sostenibles, afectando a toda la población que se puede beneficiar de los mismos”. Sin embargo, fue más fuerte la voz del pueblo que, desde que se conocieron las pretensiones de la minera, estuvo acompañada por la de ambientalistas, académicos y juristas.


“Los explosivos usados para minería a cielo abierto contaminan el aire con metales pesados, presentes en el subsuelo. El drenaje ácido de las minas a cielo abierto libera cadmio y arsénico, tóxico para el ambiente y la gente”, razonaba Carlos Lozano Acosta, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, una de las organizaciones que lideró el proceso para que fueran los ciudadanos los que decidieran si querían o no que en su región se realizaran explotaciones.
Renzo García, del comité ambiental que promovió la consulta, advierte que la decisión de la empresa es “positiva”, pero no suficiente. Exige, como vocero de la comunidad, que se cumpla al pie de la letra lo que dispone la consulta popular.

“Se tiene que acatar como es. No se trata de suspender, ellos tienen que renunciar a ese proyecto porque el pueblo así lo quiso”, asegura desde Cajamarca a ELPAÍS. Dice que esta lucha, que comenzó hace varios años, demuestra que la defensa de la vocación agropecuaria es posible y debe servir de ejemplo a otras regiones. “Es un mensaje de esperanza para todos los que tenemos que padecer los estragos ambientales de estos grandes proyectos mineros”, agrega.


Con la decisión de la compañía, al menos 400 trabajadores quedarán sin empleo, se reducirán al mínimo los gastos operativos y se suspenderán las inversiones sociales que, según la empresa, llegan a los 6.000 millones de pesos colombianos.

Bogotá 27 ABR 2017 - 20:19 COT

Publicado enMedio Ambiente
Contaminantes del agua subterránea ponen en riesgo el suministro mundial

El recurso más reciente contiene más carbono radiactivo por haber estado expuesto a la atmósfera y al suelo afectado por los ensayos nucleares, según investigación presentada en Viena

La actividad humana es una amenaza para la pureza de las reservas de agua conservadas en el subsuelo durante milenios y que se pensaba eran ajenas a la contaminación, reveló un estudio.

Aunque se encuentre a más de 250 metros de la superficie terrestre, la denominada agua "fósil" subterránea –porque tiene más de 12 mil años de antigüedad– presenta rastros de lluvia actual, precisa el estudio publicado este martes.

Ello sugiere que los pozos profundos, que se suponía eran capaces de llevar agua antigua a la superficie, "son vulnerables a los contaminantes derivados de actividades modernas" en la superficie, agrega Scott Jasechko, de la Universidad de Calgary, Canadá, coautor de la investigación.

Proceso milenario

Se trata de agua de lluvia o procedente del deshielo que se filtra a través de las capas rocosas superiores de la Tierra para acumularse en acuíferos subterráneos, proceso que puede llevar miles o incluso millones de años y que fue formando las reservas más grandes de agua dulce no congelada presente en los continentes.

El recurso subterráneo llega a la superficie por medio de pozos profundos destinados al consumo humano o la irrigación y abastece cerca de un tercio de las necesidades humanas, incluyendo agua potable para miles de millones de personas.

En éste, el más reciente estudio sobre el tema, presentado en una reunión en Viena de la Unión Europea de Geociencias, Jasechko y su equipo se propusieron determinar qué proporción del agua subterránea tiene más de 12 mil años de antigüedad.

Recurrieron a la firma de carbono del agua "fósil", es decir, situada a más de 250 metros, para diferenciarla de los recursos más jóvenes.

El agua más reciente contiene más carbono radiactivo por haber estado expuesta a la atmósfera y al suelo contaminado por los ensayos nucleares desde los años 50.

Las aguas fósiles, en comparación, se mantuvieron aisladas bajo tierra mucho tiempo sin que la actividad humana las alterara.

La comparación demostró que "una proporción sustancial del agua dulce mundial es de edad fósil, acumulada hace más de 12 mil años", indicó.

"En contraste, sólo una pequeña proporción de agua subterránea se acumula en un periodo correspondiente a la vida humana de años o décadas."

Los investigadores realizaron luego una estimación del grado de contaminación potencial.

Inesperadamente, concluyeron que el agua resultante de la lluvia y la nieve actuales "a menudo" se mezcla con las reservas fósiles subterráneas.

La mitad de los pozos de agua subterránea que estudiaron contenía tritio, un isótopo radiactivo del hidrógeno hallado en el recurso mucho más joven.

"Esta observación pone en tela de juicio la percepción de que las aguas subterráneas son en buena medida inmunes a la contaminación moderna", señala el estudio, publicado en Nature Geoscience.

Eso significa que los pozos de agua fósil, y probablemente los acuíferos de los cuales forman parte, "son más vulnerables a los contaminantes modernos de lo que se pensaba".